DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 28 de septiembre de 2004	Sesión No. 10

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 381 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:01 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 28 de septiembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 239 aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el jueves 30 de septiembre, a las 10 horas, en el monumento erigido en su memoria en la Plaza de la Ciudadela, situada en avenida Balderas esquina con Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

Del Congreso de Nuevo León.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política con proyecto de

- Acuerdo, por el que se reforma y adiciona el Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez. (Votación)

- Acuerdo, por el que se modifica el programa de comparecencias ante comisiones ordinarias de funcionarios del Ejecutivo federal, que se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fecha de comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores. (Votación)

Oficios de la Cámara de Senadores

En el que transcribe punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a incluir, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una partida destinada a la zona federal marítimo-terrestre en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. (Turno a Comisión)

En el que transcribe puntos de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, incremente el monto previsto para las instituciones de educación superior pública y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. (Turno a Comisión)

En el que transcribe punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 garantice mayores recursos a los programas agrarios, agropecuarios y de desarrollo rural. (Turno a Comisión)

En el que transcribe puntos de acuerdo por los que exhorta a la Cámara de Diputados a tomar las medidas financieras adecuadas que permitan fortalecer Radio Educación y resolver la realidad laboral de sus trabajadores y las áreas de la cultura en la Administración Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. (Turno a Comisión)

En el que transcribe punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a establecer en el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 los recursos necesarios destinados a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. (Turno a Comisión)

En el que remite punto de acuerdo del Congreso de Coahuila por el que solicita que se establezca una partida especial en el Presupuesto de Egresos de 2005 para la liquidación de la compensación económica de los trabajadores braceros mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que remite punto de acuerdo del Congreso de Puebla por el cual solicita que se analicen, discutan y, en su caso, aprueben las reformas de diversos ordenamientos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia. (Turno a Comisión)

Minutas

Proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 145 y se adiciona el 145-A del Código Fiscal de la Federación. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. (Turno a Comisión)

Proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejeda Colín para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de servicios ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud, en materia de insumos para la salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social; y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez y Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, en materia de farmacopea, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Para la formación de ley que adiciona diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Nezahualcóyotl.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se convoca a sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 7 de octubre de 2004 para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y de Quintana Roo.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo con relación a la proposición para exhortar a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en torno al otorgamiento de permisos de caza.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo con relación a la proposición para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar confinamientos para residuos sólidos con tecnología de punta.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo con relación a la proposición relativa a la problemática de los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo con relación a la proposición para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, en la bahía de Zihuatanejo.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, con puntos de acuerdo con relación a la proposición para exhortar al Ejecutivo Federal a revisar, a través de las Secretarías de Salud, y de Economía, las normas oficiales mexicanas NOM-086-SSA1-1994 y NOM-051SCF1-1994.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo con relación a la proposición para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes la construcción de accesos y salidas a la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno en el cruce con la carretera del municipio de Acatic, Jalisco

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de la Función Pública informe sobre los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que esa Secretaría esté o haya rea-lizado a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y al Comité Provida, AC, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología a cumplir el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se finiquite el proceso de descentralización de los servicios de salud del Distrito Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una subcomisión o grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que investigue e informe al Pleno sobre los sucesos ocurridos en Guadalajara, Jalisco, el pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar presupuesto para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, particularmente por lo que corresponde al territorio del estado de México, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a regularizar la actividad económica informal, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Legislaturas locales a reformar sus respectivas Leyes de Planeación estatal para considerar la planeación de largo plazo, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual solicita que se cite a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al secretario del Trabajo y Previsión Social para que informe si existe ya un acuerdo, bajo su coordinación, a fin de impulsar una reforma fast track de la Ley Federal del Trabajo en el presente periodo de sesiones, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República, suscrita por las diputadas Adriana González Furlong y Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer su facultad de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presupuestación respecto al Programa de Empleo Temporal, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar los cambios conducentes a mejorar la operación del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al municipio de Tehuacán a destinar los recursos necesarios a fin de realizar la obra de riego de la presa Valsequillo, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el titular del Poder Ejecutivo Federal, instituya el Día Nacional del Bracero, a cargo del diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Subsecretaría de Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente acerca de si Líneas Aéreas Azteca ha cumplido los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la agenda de los temas estructurales prioritarios se incorpore el correspondiente a la rectoría de las aguas nacionales, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a garantizar que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal de largo plazo, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres niveles de gobierno, congresos locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable y en actividades secundarias en las regiones y comunidades del territorio nacional, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social a respetar los derechos humanos de sus agremiados y de los derechohabientes del IMSS, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas, que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que al municipio de Mexicali, Baja California, sea suministrada directamente la energía eléctrica por la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada a cumplir integral y suficientemente con la mayor brevedad las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de esa entidad, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Poder Ejecutivo Federal el diseño y la operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del Gobierno Federal en los estados que sirva para descentralizar funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente asma, como problema grave de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Salud a efecto de revisar y reformular los formatos o modelos que se utilizan actualmente para extender los certificados de defunción y muerte fetal, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que provea indicadores suficientes para la medición de la pobreza, a cargo del diputado Julio Boltvinik Kalinka, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezcan ante la Comisión de Comunicaciones el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el administrador general de Aduanas, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio nacional, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviarle los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en 2004 a nivel de capítulo, concepto de gasto y evaluación de los resultados de cada programa, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al director general del IMSS que investigue por qué se omitió atención médica al señor Jesús Salvador García Álvarez, trabajador de la empresa Hulera Euzkadi, SA de CV, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social del gobierno del estado de Chiapas y del Gobierno Federal a efecto de que durante el actual proceso electoral no se politicen acciones y programas públicos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los centros integralmente planeados, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a retomar como función básica de la institución otorgar créditos para el impulso de la inversión en ese sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destinen y etiqueten 2 mil millones de pesos para la comercialización del frijol, así como para el fondo de apoyo a la cadena agroalimentaria del frijol, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se incluya una partida especial para el embovedado y saneamiento del arroyo El Orito, situado en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso que el Canal cuente con un noticiario especializado, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal a redoblar esfuerzos con objeto de celebrar los convenios internacionales que permitan establecer las medidas y mecanismos bilaterales para reducir las comisiones y proveer reglas a efecto de fijar un tipo de cambio más justo en las transferencias de remesas, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al apoyo solidario de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL, respecto al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, a nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a evitar la destrucción de la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, actualizar el programa de manejo e impulsar un paquete de inversiones destinadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales contenidos en ese sitio, a cargo el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a llevar a cabo acciones que resuelvan la problemática ambiental de Valle de Bravo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta Directiva, al Colegio Académico y al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que, en observancia de la Ley Federal del Trabajo, la institución mantenga en operación los tres Centros de Desarrollo Infantil, creados para la atención y el desarrollo de los hijos de las y los trabajadores de la Universidad, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Agustín Rodríguez Fuentes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Senado de la República que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la firma del acuerdo de entendimiento sobre los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento (OVM/AFP), signado por el director de Asuntos Internacionales de la Sagarpa, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a suscribir, mediante la Secretaría de Salud de dicha entidad, un convenio para que el Hospital Naval del municipio de Centla, Tabasco, preste servicios de salud a la población abierta, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Comunicaciones y Transportes que informe y explique la política que está implementando la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante con relación al servicio de pilotaje en los puertos de Huatulco, Oaxaca; Cabo San Lucas, Baja California Sur; e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para incluir el artículo 29 en el Capítulo III del Título Tercero del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, relativo a la materia de comunicación social, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Solicitudes de excitativas

A las Comisiones de Economía, y de Desarrollo Social, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A las comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre el proceso electoral en el estado de Tlaxcala, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cinco diputadas y diputados, a las diez horas del jueves veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo octogésimo tercer aniversario de la Consumación de la Independencia Nacional. El Presidente informa que con oportunidad y por oficio designará a la comisión que representará a la Cámara de Diputados.

La Asamblea guarda un minuto de silencio con motivo del trigésimo quinto aniversario luctuoso del ex Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Adolfo López Mateos, en atención a una solicitud hecha desde su curul por el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Dos, con las que informa de cambios en la integración de las comisiones de Desarrollo Social, de Fortalecimiento del Federalismo y de Turismo y del Grupo de Amistad México -- Costa Rica. De enterado.

Con la que informa de cambios en la integración de la delegación de diputados que participará en la Séptima Reunión Interparlamentaria Cuba -- México. De enterado.

Con acuerdo para constituir e integrar el Grupo de Trabajo encargado de procesar las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria. Se aprueba en votación económica.

Con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Transportes. Se aprueba en votación económica.

La Cámara de Senadores remite cinco minutas proyectos de decreto por los que se concede el permiso necesario a los ciudadanos Felipe Larios Cortés, Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez y Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil, el Reino de España y el gobierno de la República Francesa, respectivamente; y al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados en relación con:

Productores de los distritos de riego cero veintiséis y cero cincuenta. Remítase copia a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, y al promovente, para su conocimiento.

La publicación del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo. Remítase copia a la Comisión de Energía y al promovente, para su conocimiento.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto para convocar a una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados el siete de octubre de dos mil cuatro, para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que ratifique el acuerdo setecientos setenta y tres / dos mil, de fecha veintidós de noviembre de dos mil, y deje sin efecto el acuerdo doscientos setenta y nueve / dos mil tres, publicado en el Diario Oficial el cuatro de noviembre de dos mil tres. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, a vigilar el cumplimiento de la norma oficial mexicana cero ochenta y tres -- ECOL -- mil novecientos noventa y seis, sobre las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición de residuos sólidos municipales. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en coordinación con la Secretaría de Marina, realice auditorías ambientales a las plataformas petroleras ubicadas en la sonda de Campeche. Hablan en pro los diputados: Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Javier Lara Arano, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para solicitar a diversas autoridades federales, estatales y municipales, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la comunidad coralina conocida como Los Jardines, en Playa del Carmen, Quintana Roo, exhortando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar la autorización para la construcción de un muelle en esa playa. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo, a que instituya el Día Nacional de las Personas Zurdas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a que por medio de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de la República, inicie una investigación por la presunta venta de exámenes de residencia médica, abriendo en su caso la averiguación previa correspondiente. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y nueve de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y tres votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica, la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen el diputado Jaime Fernández Saracho, del Partido Revolucionario Institucional. No habiendo nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y un votos en pro, ninguno en contra y siete abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un artículo cuarenta y uno - bis a la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. El diputado Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, mismo que se aprueba por trescientos cuarenta y cuatro votos en pro y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona un artículo cincuenta y uno -- bis a la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone modificaciones el diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional. Por instrucciones de la Presidencia y en atención a una solicitud hecha desde su curul por el diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas y la Asamblea las aprueba en votación económica. No habiendo registro de oradores, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con las modificaciones admitidas, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y siete votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Desde su curul el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, solicita una moción de orden que la Presidencia atiende.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y seis y cuatrocientos veintiuno de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, sube a la tribuna la diputada María del Rocío Jaspeado Villanueva, del Partido Acción Nacional.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general en votación económica y sin que se reserven artículos, la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que arroja los siguientes resultados: trescientos cincuenta y ocho votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y seis y cuatrocientos veintiuno de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Es de segunda lectura. El diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Sin nadie que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y cinco votos en pro y tres abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona el artículo trescientos veintinueve y reforma los artículos trescientos treinta y tres, cuatrocientos sesenta y uno, cuatrocientos sesenta y dos y cuatrocientos sesenta y dos bis de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Sin que se registren oradores, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y dos votos en pro, ninguno en contra y siete abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo ochenta y siete de la Ley de Instituciones de Crédito. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión fundamenta el dictamen el diputado José López Medina, del Partido Revolucionario Institucional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos treinta y cinco votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo ciento noventa y cuatro -- M de la Ley Federal de Derechos. Es de segunda lectura. Fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional. No habiendo nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y un votos en pro, cinco en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa que a solicitud de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, se retira el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiséis y setenta y tres, fracción vigésima novena -- D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, fundamenta el dictamen. Sin registro de oradores, se recoge la votación respectiva en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y nueve votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, da lectura a un pronunciamiento de las comisiones conjuntas de Equidad y Género de las cámaras de Diputados y de Senadores, constituidas en Comisión Bicamaral Parlamento de Mujeres de México, sobre el caso de la escritora Ninnet Torres Villarreal.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Al respecto, fijan la posición de su grupo parlamentario las diputadas: María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta una interpelación del diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional; y Blanca Eppen Canales, del Partido Acción Nacional.

La Presidencia informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a las comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos, a que acudan a una reunión a la región norte el estado de Chiapas, para detectar la problemática social e impacto ambiental que esa paraestatal genera en los municipios chiapanecos. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se concede la palabra al diputado Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información relativa al incidente en su delegación en el estado de Tlaxcala, por el presunto manejo del padrón del Programa Oportunidades con fines electorales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social. El diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la palabra en contra del turno y la Presidenta informa que se la concederá en contra de la proposición. Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, habla en cuatro ocasiones, la primera para solicitar aclaraciones sobre los fundamentos para conceder la palabra al diputado Domínguez Ordóñez, y la Presidenta instruye a la Secretaría a dar lectura al artículo decimotercero del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación; la segunda para hacer comentarios de procedimiento y la Presidenta instruye a la Secretaría a dar lectura al inciso b) del artículo antes referido; la tercera para reiterar sus comentarios y la Presidenta hace las aclaraciones que corresponden; y la cuarta para hacer observaciones sobre trámites dictados por la Presidenta. También desde su curul hablan los diputados: Luis Eduardo Espinoza Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, y José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, ambos para hacer comentarios de procedimiento y la Presidenta instruye a la Secretaría dar lectura de nueva cuenta al artículo referido. El diputado de la Vega Asmitia, así como la diputada Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, solicitan se consulte a la Asamblea si autoriza que se le conceda la palabra al diputado Domínguez Ordóñez. Desde su curul el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, hace aclaraciones de procedimiento. Se concede la palabra, para hablar en contra, al diputado Florentino Domínguez Ordóñez, y para hablar en pro a la diputada Martha Palafox Gutiérrez, ambos del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea, en votación económica, admite la proposición y la Presidencia la turna a la Comisión de Desarrollo Social.

Desde su curul el diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, solicita adelantar una proposición con punto de acuerdo y la Presidenta informa que la solicitud se desahogará al término de la presentación de la siguiente proposición.

El diputado José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que incluya al estado de Tlaxcala en el Plan Puebla -- Panamá. Se turna a la Comisión de Gobernación. Desde su curul la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, informa que la proposición de referencia está también suscrita por ella.

La Presidenta informa de la recepción de una solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, y de los coordinadores de los grupos parlamentarios para adelantar la presentación de una proposición con punto de acuerdo e instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si son de atenderse ésta solicitud y la anteriormente presentada por el diputado José Adolfo Murat Macías. Desde su curul hablan los diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que en su caso se presente primero la proposición del diputado Murat Macías y posteriormente la de la diputada de la Peña Gómez y la Presidenta hace aclaraciones sobre el orden en que se recibieron las respectivas solicitudes; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, para pedir que ambas solicitudes se desahoguen por separado.

Desde su curul la diputada de la Peña Gómez informa que la proposición que presentará es a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Equidad y Género y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; la Asamblea, en votación económica autoriza se adelante ese punto del orden del día y en consecuencia, se le concede la palabra a la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno del estado de Baja California, cumpla con las obligaciones contraídas en el caso de Paulina Ramírez Jacinto, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin debate aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

La Asamblea, en votación económica, autoriza adelantar la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del órgano interno de control en la Secretaría de Educación Pública, a fin de que decrete la suspensión del proceso de licitación pública internacional denominado Enciclomedia y la Presidencia concede la palabra al diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, para presentarla y quien solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, con el apoyo de otros diputados, solicita votación nominal del punto de acuerdo y por doscientos treinta votos en pro, ciento veinticuatro en contra y nueve abstenciones, se aprueba. Comuníquese.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta informa que la última votación nominal servirá de registro final de asistencia y levanta la sesión a las quince horas con siete minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el martes veintiocho de septiembre de dos mil cuatro a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

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VISITANTES extranjeros

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados una delegación de legisladores del Partido Demócrata del Caucus Mexicano-Americano del estado de Texas, está encabezada por el representante Pete Gallego, presidente de este Caucus, a quien acompañan el senador Mario Gallegos y los representantes Joaquín Castro, Jessica Farrar, Roberto Alonzo, Trey Martínez-Fischer, José Menéndez, Joe Moreno, Dora Olivo y Miguel Wise.

Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida y les desea que su estancia en nuestro país, y particularmente en el Congreso mexicano, fortalezca los lazos de amistad, de respeto y cooperación tradicionales en la relación entre el estado de Texas y México.

¡Bienvenidos!

Continúe la Secretaría.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, ha programado la Ceremonia Cívica Conmemorativa del CCXXXIX (239) aniversario del natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón (1765-1815), el próximo jueves 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria en la Plaza de la Ciudadela, ubicada en avenida Balderas, esquina con Emilio Dondé, delegación Cuauhtémoc.

Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angélica Barona del Valle, Directora de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana.»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia designará mediante oficio a quienes nos representen en este evento.

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REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sírvase la Secretaría ordenar el cierre del sistema electrónico con base en los acuerdos aprobados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Hay una asistencia de 393 diputadas y diputados.

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ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.

Diputados Graciela Larios Rivas, Antonio Morales de la Peña, Marcos Morales Torres, Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada hoy, la LXX Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda del estado, relativo a la propuesta del C. diputado José Juan Elizondo Esparza, integrante de esta Legislatura, mediante el cual propone solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 determine y otorgue recursos económicos suficientes que permitan atender la obra de ampliación de segunda línea del Metro, aprobándose el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero.- La LXX Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León solicita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que, en el ejercicio de sus atribuciones de presupuestación, determine una partida de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 para la realización de la obra de ampliación de la segunda línea del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, de la estación General Anaya hasta la avenida Sendero, en los límites de San Nicolás y Escobedo, Nuevo León.

Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, de conformidad al artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado.

Tercero.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto.

Agradeciéndoles nos hagan saber el trámite dado al acuerdo anteriormente descrito, reciban un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 8 de septiembre del 2004.--- Dip. Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), Secretaria; Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISIONES LEGISLATIVAS
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c) en relación con el artículo 44, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el Diputado Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Sustitución de la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, por la Diputada María de las Dolores Padierna Luna, como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

Baja de la Diputada María de las Dolores Padierna Luna, como integrante de la Comisión de Energía.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 27 de septiembre de 2004.--- Diputado José González Morfín.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

Activen el sonido en la curul del diputado Lastra.

¿Con qué objeto, diputado?

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Lucio Galileo Lastra Marín (desde su curul): Para pedir que se ratifique el quórum, ya que es la finalidad.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado, bastaría una declaración de éste su servidor en el ejercicio de la Presidencia. Sin embargo, se ruega a la Secretaría volver a cantar el quórum con el que cerramos el sistema electrónico.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Con gusto, diputado Presidente.

El quórum es de 396 compañeros diputadas y diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c) en relación con el artículo 44, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el Diputado José Antonio de la Vega Asmitia, Subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Sustitución del Diputado Ramón Galindo Noriega, por la Diputada María Eloisa Talavera Hernández, como integrante de la Comisión de Economía.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 27 septiembre de 2004.--- Diputado José González Morfín.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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BENITO JUAREZ GARCIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se reforma y adiciona el acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c) y 42, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

CONSIDERANDOI. Que el artículo 34, párrafo 1 inciso c) de la Ley Orgánica, establece la facultad de la Junta de Coordinación Política para proponer al Pleno la integración de comisiones;

II. Que el artículo 42, párrafo 1 del citado ordenamiento legal, otorga al Pleno de la Cámara de Diputados la atribución de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico;

III. Que en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados conoció y aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de constituir una comisión especial encargada de organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo Federal, todas las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor de Benito Juárez dentro del territorio nacional y en el ámbito internacional;

IV. Que de conformidad con el artículo tercero del Acuerdo de constitución de la comisión especial a la que se refiere el numeral antecedente, su presidencia sería rotativa en orden creciente a partir de la fecha de instalación y hasta 30 de abril de 2006;

V. Que dada la relevancia que reviste la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, es menester fortalecer a esta comisión especial e impulsar decididamente sus trabajos.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c) y 42, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados el siguienteAcuerdo

Primero: Se adiciona un tercer párrafo al artículo primero en los siguientes términos:

``La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados, el cual conocerá de los informes que periódicamente le presente, dará seguimiento a sus acuerdos y prestará el apoyo necesario a fin de que la comisión cumpla con sus planes y programas de trabajo''.

Segundo: Se modifica el párrafo segundo del artículo tercero para quedar como sigue:

``La Comisión contará con una Presidencia rotativa en orden creciente a partir de la fecha de instalación durante los siguientes períodos:

De la fecha de instalación al 30 de noviembre de 2004, Grupo Parlamentario del Partido Convergencia;

Del 10 de diciembre de 2004 al 11 de marzo de 2005, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

Del 12 de marzo al 23 de junio de 2005, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

Del 24 de junio al 5 de octubre de 2005, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

Del 6 de octubre de 2005 al 17 de enero de 2006, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

Del 18 de enero al 30 de abril de 2006, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional''.

Tercero: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación, a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa.

Continúe la Secretaría.

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ANALISIS IV INFORME DE GOBIERNO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

La Junta de Coordinación Política, en relación con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la Glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente de la República, Licenciado Vicente Fox Quesada, aprobado por el Pleno el día 7 de los corrientes, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, le solicita atentamente someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente

Acuerdo

PRIMERO.- Se modifica el programa de comparecencias ante comisiones ordinarias de los funcionarios del Ejecutivo Federal, que se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 7º, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fecha de comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, para quedar como sigue:

Miércoles 27 de octubre, 10:00 horas

Comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores

Comisión de Relaciones Exteriores

Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

SEGUNDO. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados en la próxima sesión que celebre.

TERCERO. En términos del artículo 93 constitucional y el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice la comunicación correspondiente.

CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.. Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión formula un respetuoso exhorto a la H. Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 una partida presupuestal destinada a recuperar la zona federal marítimo-terrestre en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.''

Atentamente.

México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente

Punto de Acuerdo``Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2005 incremente sustancialmente el monto previsto por el Ejecutivo federal a las instituciones de educación superior pública.

Segundo. Se solicita a la colegisladora considere un incremento extraordinario en 100% al presupuesto destinado al gasto de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, para el ejercicio del año 2005, como medida para compensar el trato diferencial que dicha institución ha experimentado en el suministro de recursos públicos.''

Atentamente.

México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, establezca la obligatoriedad de que las reglas de operación aplicables a los programas agrarios, agropecuarios y de desarrollo rural que implementa el Ejecutivo federal, ya sea de manera directa o a través de convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, sean sencillas, garanticen la agilidad en la ministración de los recursos y eviten el abuso de autoridad y el dispendio innecesario en la administración de los propios recursos.''

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Educación y Cultura con el siguiente

Punto de Acuerdo``Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para que continúen los trabajos relativos a lograr la conclusión del catálogo de puestos de Radio Educación.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que lleve a cabo el estudio correspondiente en las entidades del área de cultura a efecto de garantizar los legítimos derechos de los trabajadores de base en relación con los tabuladores y en las características de los puestos correspondientes.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que tome las medidas financieras adecuadas que permitan fortalecer Radio Educación y solventar la realidad laboral de sus trabajadores y las demás áreas de la cultura de la Administración Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación.''

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente

Punto de Acuerdo``Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, establezca los recursos necesarios destinados a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.''

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de Coahuila acuerdo por el que solicita que se establezca una partida especial en el Presupuesto de Egresos de 2005 para la liquidación de la compensación económica de los trabajadores braceros mexicanos.

La Presidencia dispuso que dicho acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Sen. Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.--- Xicoténcatl No. 9, Centro Histórico.--- México, DF.

En sesión celebrada el 7 de septiembre de 2004, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre ``fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros'', la cual fue presentada por las diputadas María Beatriz Granillo Vázquez y Mary Thelma Guajardo Villarreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse dicho asunto, la propia Diputación Permanente de este Congreso aprobó un punto de acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este Congreso local gire atento oficio al Congreso de la Unión, solicitando se establezca una partida especial en el presupuesto de egresos de 2005 para la liquidación de la compensación económica a los trabajadores braceros mexicanos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica este punto de acuerdo a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 8 de septiembre de 2004.--- Prof. Lic. Alfonso Martínez Pimentel, Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Punto de acuerdo que presenta la diputada María Beatriz Granillo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros.

Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y público asistente:

Para admitir la importancia del asunto que hoy presento, debemos empezar por aceptar que se trata de un asunto de estricta justicia, y de las más sentidas, la justicia social. Se entiende que todos los que ejercemos la función pública de cualquier naturaleza y nivel, tenemos una deuda mayor con estos trabajadores coahuilenses de la tercera edad y con grandes apuros económicos, que no están pidiendo otra cosa más que se le devuelva lo que les pertenece, sus ahorros como braceros, para lo cual, todos debemos hacer nuestra parte para que esto suceda.

Tenemos por conocido que a través de la Secretaría de Gobernación: a) se dispuso el levantamiento de un padrón de ex braceros en sus oficinas estatales emplazadas para tal efecto; b) se estableció un plazo para poder integrar el padrón y que fue del 7 de abril al 15 de octubre de 2003; c) y que se cumplieron los requisitos y condiciones para componer el padrón de ex braceros, todo ello contemplado dentro de las acciones dispuestas en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Asistencia para los ex Braceros del Periodo 1942-1966. Disposiciones que nuestros ex braceros coahuilenses cumplieron cabalmente.

De la Ley en comento, se hace necesario precisar lo siguiente:

1. Este fideicomiso sería público y contaría con un comité que integraría un representante de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de la Función Pública; así como cinco representantes de los trabajadores braceros mexicanos, acreditados ante la Segob.

2. El fondo del cual se obtendrían los recursos para la liquidación de la compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros provendría de una partida de especial del presupuesto de egresos aprobado para el 2004 o el 2005.

3. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Asistencia para los ex Braceros del Periodo 1942-1966 será con una entrega de asistencia inicial del veinticinco por ciento del monto total de la misma, para diferir el setenta y cinco por ciento restante en pagos mensuales de dos mil pesos, hasta su liquidación total.

Vale la pena mencionar que el monto de compensación destinado a cada ex trabajador sería de 100 mil pesos en moneda nacional. Y que esta cantidad está lo suficientemente justificada si consideramos que a todos ellos se les hicieron descuentos por diversos conceptos, sin recibir nada a cambio en su inmensa mayoría. Además que también se les rebajaba de sus ingresos una cantidad para destinarla a un fondo para el retiro y otro tanto para el Seguro Social.

Como quiera que sea, sólo con el dinero del Fondo de Ahorro Campesino, más los intereses acumulados en décadas, bastaría para satisfacer la demanda de los 100 mil pesos que nuestros padres y abuelos reclaman.

No omito decir, que éste H. Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en la quinta sesión de su Diputación Permanente, correspondiente al primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional de la LVI Legislatura, celebrada el día 11 de febrero del año 2003, aprobó por votación unánime de sus integrantes el siguiente acuerdo en el numerado 2: ``Solicítese oficialmente al Congreso de la Unión información sobre los trabajos y conclusiones de la Comisión Especial para el seguimiento de los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros hasta esta fecha''.

Del análisis del cuerpo que sustenta el punto de acuerdo mencionado en el párrafo anterior, en el cual se emiten una serie de argumentos válidos, vigentes e irrefutables que por economía procesal solamente invoco, teniéndolos por todos conocidos por tratarse de una acción consentida y aprobada por unanimidad.

En atención a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a éste órgano legislativo su voto unánime para el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que este Congreso local gire atento oficio al Congreso de la Unión y/o su Comisión Permanente, solicitando se establezca una partida especial del Presupuesto de Egresos de 2005 correspondiente, para la liquidación de la compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros.

Segundo. Que este Congreso local gire atento oficio al Congreso de la Unión y/o su Comisión Permanente, solicitando su intervención a efecto de que en observancia de lo dispuesto se otorgue una asistencia social de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.) con un pago inicial de $20,000.00 y lo restante en pagos mensuales diferidos de $2,000.00 hasta su total liquidación.

Democracia ya. Patria para Todos.

Dip. Mary Thelma Guajardo Villarreal (rúbrica), Coordinadora.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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SEGURIDAD PUBLICA
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Remito a ustedes acuerdo del Congreso del estado de Puebla por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene, analice, discuta y, en su caso, apruebe las reformas de diversos ordenamientos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, recibido en esta Cámara.

Atentamente.

México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LV Legislatura.--- Honorable Congreso del Estado de Puebla.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Nos permitimos informar a esa soberanía que, en sesión celebrada con esta fecha, el Pleno del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla aprobó el punto de acuerdo por virtud del cual se hace un atento exhorto a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene, analice, discuta y, en su caso, apruebe las reformas de diversos ordenamientos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, para que las entidades federativas estén en posibilidad de combatir el delito de narcomenudeo y así atender el reclamo de la sociedad. Para tal efecto, nos permitimos anexar copia del mismo para lo legalmente procedente.

Sin otro particular, reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

``Sufragio Efectivo. No Reelección.''

H. Puebla de Z., a 29 de julio de 2004.--- La Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Puebla: Diputados: Carlos Manuel Meza Viveros, Presidente; José Roberto Grajales Espina, vicepresidente; Armando Pascual Herrera Guzmán, Martín Márquez Silva, secretarios (rúbricas).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- LV Legislatura.--- Honorable Congreso del Estado de Puebla.

El honorable Quincuagésimo Quinto Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

Que en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo emitido por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del H. Congreso del estado, por virtud del cual se exhorta a la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que, en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene, de inmediato analice, discuta y, en su caso, apruebe las reformas de diversos ordenamientos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, para que las entidades federativas estén en posibilidad de combatir el delito de narcomenudeo y atender así el reclamo de la sociedad.

Que el consumo de drogas en nuestro país se ha incrementado considerablemente debido al aumento del tráfico de esas sustancias en cantidades pequeñas, que ha constituido el llamado delito de ``narcomenudeo''. El incremento se ha generado debido a que el consumo de drogas entre niños y jóvenes aumentó en 300% respecto de años anteriores, lo cual indica que México, de ser una nación de ``tránsito'' del narcotráfico, se ha convertido en una nación ``consumidora''. Lo grave del asunto es que ese consumo de narcóticos se presenta en la población juvenil, en tanto que le da características de futuro.

Que el abuso en el consumo de narcóticos provoca la elevación de los índices delictivos, respecto a la comisión de todo tipo de ilícitos. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud realizado en áreas urbanas, uno de cada dos delincuentes sentenciados cometió su primer ilícito bajo los efectos de las drogas. El mismo estudio reveló que, en el momento de delinquir, 29 por ciento de los sentenciados había fumado marihuana, otro 10 ingirió pastillas sicotrópicas, y 9 por ciento accedió a inhalables o solventes.

Que actualmente el combate de las drogas se ha realizado exclusivamente por autoridades federales, dada la competencia que tienen en términos de la Constitución General de la República, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud.

Que quienes tienen los primeros contactos con los traficantes y consumidores de drogas son las autoridades estatales y las municipales en actividades de vigilancia o prevención de los delitos, sin que puedan actuar en forma directa, en virtud de que --como se ha dicho-- esto corresponde al ámbito federal.

Que derivado de la Reunión legislativa de los estados centro país sobre seguridad pública, celebrada el pasado 23 de julio del año en curso, y considerando que existe una iniciativa de reformas de la Constitución General de la República y de diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en las que se prevé que el delito de tráfico de drogas pueda ser del conocimiento de las autoridades locales, y que es necesario que dichas reformas se agilicen para estar en posibilidades de combatir de manera eficaz el delito de narcomenudeo en nuestro estado, esta Legislatura considera oportuno y conveniente exhortar al Congreso federal para que se agilicen estas reformas y con ello estar en posibilidad de cumplir un reclamo de la sociedad, atacar con mayor eficacia la delincuencia, sobre todo tratándose de actividades ilícitas como el narcomenudeo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, fracción XI, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 130 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que, en cumplimiento de las obligaciones legales que tiene, de inmediato analice, discuta y, en su caso, apruebe las reformas de diversos ordenamientos relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia, para que las entidades federativas estén en posibilidad de combatir el delito de narcomenudeo y atender así el reclamo de la sociedad.

Segundo. Envíese el presente acuerdo a las entidades federativas participantes en la Reunión legislativa de los estados centro país sobre seguridad pública, en cumplimiento del compromiso asumido en dicha reunión.

Notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar.

Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Diputados: Carlos Manuel Meza Viveros, Presidente; José Roberto Grajales Espina, vicepresidente; Armando Pascual Herrera Guzmán, Martín Márquez Silva, secretarios (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

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CODIGO FISCAL
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 145 Y ADICIONA EL 145-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.MINUTA PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL ARTICULO 145 Y ADICIONA EL 145---A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Artículo único.- Se REFORMA el artículo 145 y se ADICIONA el artículo 145-A, ambos del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 145.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución.

Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendente a evadir su cumplimiento: En este caso, la autoridad trabará el embargo.

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme.

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.

Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 141 se levantará el embargo.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 41, fracción II de este Código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

Artículo 145-A.- Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente cuando:

I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.

II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes.

III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado.

IV. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan en esos lugares. Una vez inscrito el contribuyente en el citado registro y acreditada la posesión o propiedad de la mercancía, se levantará el aseguramiento realizado.

En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo.

El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que se refieren los artículos 46-A y 48 de este Código en el caso de las fracciones II y III, y de 18 meses en el de las fracciones I y IV, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de surtir efectos el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente de ejecución.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los embargos precautorios realizados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, quedarán sin efectos y se convertirán en aseguramiento precautorio en los términos del artículo 145-A.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 194 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

...

...

El banco entregará al librador los esqueletos necesarios para el libramiento de cheques, mismos que deberán ser elaborados en papel seguridad y contar con sellos de agua.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, DF, a 23 de septiembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mirella Martínez Acosta, José Alejandro Jácquez Escobar, Rogelio Vázquez Lerma, Mayra Angélica García Vega, Silvia Marvelia Castañeda Solano, Salomón Murillo Villanueva y Ricardo Tejeda Colín, para que puedan prestar servicios de carácter diverso, en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

Atentamente.

México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mirella Martínez Acosta, para que pueda prestar sus servicios como Asistente de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano José Alejandro Jácquez Escobar, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Rogelio Vázquez Lerma, para que pueda prestar sus servicios como Mecánico de Mantenimiento en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Mayra Angélica García Vega, para que pueda prestar sus servicios como Operadora de Teléfono en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Silvia Marvelia Castañeda Solano, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Salomón Murillo Villanueva, para que pueda prestar sus servicios como Auxiliar de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ricardo Tejeda Colín, para que pueda prestar sus servicios en Ingeniería Eléctrica en la Sección de Mantenimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, DF, a 21 de septiembre de 2004.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en materia de servicios ambientales.El diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez: Con su permiso, señor Presidente.

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversos artículos en materia de servicios ambientales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Exposición de Motivos

El desarrollo económico de México a lo largo del último siglo se ha caracterizado por un importante crecimiento en todos los órdenes de la vida nacional, desde una perspectiva histórica se ha integrado al país, se ha pugnado por consolidar la planta industrial, incrementar la superficie agropecuaria, se han mejorado las condiciones de vida de muchos mexicanos, entre otros logros nacionales. A pesar del estancamiento económico y las recurrentes crisis provocadas por el actual modelo económico, nuestros principales activos culturales, naturales y económicos nos permiten abrigar la expectativa de una estabilización y recuperación en el futuro cercano.

Hoy se ha puesto de manifiesto que el crecimiento sostenido en la segunda mitad del siglo pasado conllevó la acumulación de un impresionante pasivo ambiental, que no fue previsto en su momento y que se revierte implacablemente. Todo esto, según lo demuestran las alarmantes cifras oficiales sobre deforestación, contaminación del agua, aire y suelo; manejo inadecuado de residuos municipales y peligrosos; crecimiento desordenado de centros de población, así como la galopante pérdida de ecosistemas y especies biológicas.

El daño ambiental provocado inadvertidamente por el proceso anárquico de desarrollo de México es lo que los economistas han identificado como las externalidades del modelo económico y que se ha aplicado históricamente en el país, efectos negativos que en un principio atentaron contra la salud humana y en forma de contaminación del aire atmosférico y el agua para uso potable, después impactó negativamente sobre las selvas, bosques, desiertos y ecosistemas acuáticos, destruyendo la riqueza biológica nacional para finalmente atentar contra la base económica sobre la que se sostiene la nación, esto es la calidad y cantidad de los recursos naturales estratégicos apropiables; el agua empleada en el metabolismo urbano e industrial; los recursos forestales; el acervo genético endémico y la vida silvestre aprovechable.

Con la entrada en vigor del marco jurídico ambiental en la década de los setenta se inició un largo y penoso proceso de contención y reversión del deterioro ambiental, no obstante, ni con la fuerza del Estado Mexicano se ha logrado un balance positivo. El saldo actual revela que conforme más avanzamos en el conocimiento del diagnóstico ambiental de nuestro país, mayores problemas emergen, por lo que los sitios contaminados se incrementan año con año y la superficie de suelo deforestado se amplía constantemente.

Los esfuerzos gubernamentales crecen a una velocidad muy por debajo de la observada en el deterioro ambiental, tornándose en un imperativo insoslayable: una mayor participación de la sociedad en la contención del deterioro ecológico de la nación.

Los costos ambientales que este desarrollo ha significado para el país son motivo de una profunda preocupación, toda vez que el pasivo ambiental acumulado alcanza magnitudes extraordinarias, al grado que los bosques y aguas nacionales presentan niveles de deterioro tan graves que adquieren ya dimensiones de problemas de seguridad nacional, según las propias palabras del Ejecutivo Federal.

Ni qué decir del costo que significaría restaurar cuencas hidrológicas altamente contaminadas como la de los ríos Lerma y Blanco, las que resultarían extremadamente prohibitivas.

La situación ambiental que se reporta en el país, pone de manifiesto que la estrategia de aplicar la ley desde una visión punitiva, no ha sido suficiente para mejorar la calidad de los elementos del medio ambiente, que es preciso sumar otras estrategias, incluidas las de mercado.

Se reconoce que muchos procesos ecológicos que ocurre en la naturaleza, contribuyen de manera importante en la vida económica nacional y que no se tasan apropiadamente, en virtud de que al ser bienes comunes, no poseen valor de uso.

Esta situación exige una mayor intervención del Estado Mexicano, que por la vía del subsidio, incentive a los dueños de estos predios a que inviertan sus esfuerzos en conservarlos para bien del país.

Los diversos ecosistemas mexicanos propulsionan servicios ambientales que por hoy no son valorados y en consecuencia no pueden conservarse exitosamente en el texto de diversas leyes supletorias de la ambiental, como es el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal, Ley General de Vida Silvestre y la Ley Aguas Nacionales, que consignan ya los servicios ambientales.

Concebidos éstos como beneficio que disfruta la sociedad, varios de ellos se han identificado incluyendo la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono atmosférico para evitar el cambio climático, la atracción del turismo ecológico, la reducción de desastres hídricos y la recarga de acuíferos.

El subsector forestal ha diseñado una estrategia de servicios ambientales que atiende los servicios hidrológicos y la captura de carbono, con recursos fiscales se incentiva a los productores, dueños de predios, en particular los situados en las zonas montañosas, con el propósito de reducir la frecuencia de desastres en eventos de precipitación pluvial extrema y eliminar los problemas de azolve relacionados con la erosión, entre otros.

Las líneas de políticas públicas se enfocan a las áreas forestales que actualmente no generan ingresos para sus propietarios y que por lo mismo, están en mayor riesgo de deforestación por cambio de uso de suelo.

No obstante, la lista de servicios ambientales está lejos de ser una exhaustiva y falta mucho para valorarlos económicamente, de tal modo que los poseedores de los predios pueden llegar a verse beneficiados a reorientar el aprovechamiento de sus propios recursos naturales desde una perspectiva sustentable.

Si como se mira, estamos inmersos irreversiblemente en una economía de libre mercado, no podemos menos que valorar nuestros activos naturales en su justa dimensión. Es imperativo que nuestros competidores no nos vean como un paraíso ecológico, en donde pueden implantar sus procesos industriales, comerciales y de servicio sin pagar debidamente por los daños ambientales que causen y sin compensar los costos que los servicios ambientales se significan para sus procesos e insumos.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 25, 40 y 73, fracción 29-G, constitucionales, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente

Proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos relacionados con los servicios ambientales de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero. Se reforman y adicionan las fracciones XXXV, XXXVII y se corre la numeración del artículo 3° fracción XXI del artículo 5° fracción XXI del artículo 15, fracción VI del artículo 22 Bis para quedar de la siguiente manera:

``Artículo 3° fracción XXXV. Servicios Ambientales.

Los beneficios que obtiene la sociedad de los diferentes ecosistemas, bosques, selvas, desiertos, matorrales, montañas, humedales, ríos, aguas subterráneas, manglares, arrecifes marinos y litorales, tales como la provisión y calidad de agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, hábitat de la vida silvestre, paisaje y la recreación, entre otros.

Fracción XXXVII. Valoración de servicios ambientales.

Es el proceso mediante el cual se asigna valor de uso económico a los diferentes servicios que le prestan a la sociedad los ecosistemas.

Artículo 5° fracción XXI. La identificación, valoración y fomento de los servicios ambientales.

Artículo 15 fracción XXI. La valoración económica en los servicios ambientales que prestan a la sociedad los diversos ecosistemas del país, permitirá eliminar gradualmente las externalidades negativas causadas por el desarrollo económico.

Artículos 22 Bis fracción VI. La conservación de los ecosistemas naturales protegidos o no, que se distingan por prestar servicios ambientales a la sociedad.''

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Diputados.- LIX Legislatura.-

Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de servicios ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe Diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos relacionados con los Servicios Ambientales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo económico de México a lo largo del último siglo se ha caracterizado por un importante crecimiento en todos los órdenes de la vida nacional.

Desde una perspectiva histórica, se ha integrado al país, se ha pugnado por instalar y consolidar la planta industrial, incrementar la superficie agropecuaria, se han mejorado las condiciones de vida de muchos mexicanos, entre otros logros nacionales.

A pesar del estancamiento económico y las recurrentes crisis provocadas por el actual modelo económico y el entorno económico internacional adverso, nuestros principales activos culturales, naturales y económicos nos permiten abrigar una sólida confianza y la expectativa de una estabilización y recuperación en el futuro cercano.

Hoy se ha puesto de manifiesto que el crecimiento sostenido en la segunda mitad del siglo pasado, conllevó la acumulación de un impresionante pasivo ambiental, que no fue previsto en su momento, y que se nos revierte implacablemente.

Todo esto, según lo demuestran las alarmantes cifras oficiales sobre deforestación, desertificación, contaminación de agua, aire y suelo, generación y manejo inadecuado de residuos municipales y peligrosos, crecimiento desordenado de centros de población en todos sus órdenes, así como la galopante pérdida de ecosistemas y especies biológicas.

El daño ambiental provocado inadvertidamente por ese proceso anárquico del desarrollo en México, es lo que los economistas han identificado como las externalidades del modelo económico que se ha aplicado históricamente en el país.

Efectos negativos que en un principio atentaron contra la salud humana en forma de contaminación crónica del aire atmosférico y el agua para uso potable.

Después impactó negativamente sobre las selvas, bosques, desiertos, humedales y ecosistemas acuáticos, destruyendo la riqueza biológica nacional, para finalmente atentar contra la base económicas sobre la que se sostiene la nación.

Esto es, la calidad y cantidad de los recursos naturales estratégicos apropiables: el agua empleada en el metabolismo urbano e industrial; los recursos forestales; el suelo fértil; la acuacultura; el acervo genético endémico y la vida silvestre aprovechable.

Con la entrada en vigor del marco jurídico ambiental en la década de los setenta, se inició un largo y penoso proceso de contención y reversión del deterioro ambiental.

No obstante, ni con toda la fuerza del Estado Mexicano se ha logrado un balance positivo.

El saldo actual revela que conforme más avanzamos en el conocimiento del diagnóstico ambiental de nuestro país, mayores problemas emergen, por lo que los sitios contaminados se incrementan año con año, la superficie de suelo deforestado se amplia constantemente, el número de especies de flora y fauna con categorías de amenazada, aumentan sensiblemente.

Los esfuerzos gubernamentales crecen a una velocidad muy por debajo de la que observa el deterioro ambiental, tornándose en un imperativo insoslayable una mayor participación de la sociedad en la contención del deterioro ecológico de la nación.

Dentro de los principios de política ambiental que aplica México, los relacionados con los costos ambientales que este desarrollo ha significado para el país, son motivo de una profunda preocupación, toda vez que el pasivo ambiental acumulado, alcanza magnitudes extraordinarias, al grado que los bosques y aguas nacionales presentan niveles de deterioro tan graves, que adquieren ya dimensiones de problemas de seguridad nacional, según las propias palabras del Ejecutivo federal.

Ni que decir del costo que significaría restaurar cuencas hidrológicas altamente contaminadas como las de los ríos Lerma y Blanco, las que resultarían extremadamente prohibitivos.

Lo mismo se desprende de la recuperación de las áreas deforestadas, la remediación de suelos contaminados, el rescate de las especies biológicas amenazadas, la limpieza de las cuencas atmosféricas en las ciudades.

La política ambiental que ha implantado el Estado mexicano prevé la aplicación de diversos instrumentos orientados a incentivar la participación de los particulares a efecto de inducir la corresponsable reciprocidad en la atención del complejo proceso de reducir las fuentes de deterioro ambiental, que incluya los procesos industriales, la innovación tecnológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

En ese contexto los instrumentos económicos en materia ambiental, cuya aplicación se extiende a diversos campos, ofrece una opción que coadyuva de manera efectiva en la solución de aquellos problemas que por la vía del control y el comando han sido insuperables.

No obstante, estos instrumentos están en proceso de desarrollo, toda vez que no pueden generalizarse ni constituyen la única opción.

La situación ambiental que se reporta en el país, pone de manifiesto que la estrategia de aplicar la Ley desde una visión punitiva, no ha sido suficiente para mejorar la calidad de los elementos del medio ambiente, que es preciso sumar otras estrategias, incluidas las de mercado.

Se reconoce, en primera instancia, que muchos procesos ecológicos que ocurren en la naturaleza contribuyen de manera importante en la vida económica nacional y que no se tasan apropiadamente, en virtud de que al ser bienes comunes no poseen valor de uso.

El Estado ha tutelado varios de estos bienes y los protege normativa y programáticamente, pero muchos espacios cuyo régimen de propiedad es particular o comunal, no cuentan con las capacidades necesarias para garantizar la protección y funcionamiento adecuado de los ecosistemas que poseen.

Esta situación exige una mayor intervención del estado mexicano, que por la vía de la subsidiariedad incentive a los dueños de estos predios a que invierta sus esfuerzos en conservarlos para bien del país.

Los diversos ecosistemas mexicanos, que incluyen a los bosques, las selvas, los ríos, los lagos y lagunas, los humedales, el desierto, las montañas y los matorrales, proporcionan numerosos servicios ambientales, que hoy por hoy, no son valorados adecuadamente y en consecuencia, no pueden conservarse exitosamente.

En el texto de diversas leyes supletorias de la ambiental, como es el caso de las Ley General de Desarrollo Forestal, Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales, se consignan ya los servicios ambientales.

Concebidos estos como beneficios que disfruta la sociedad, varios de ellos se han identificado, incluyendo la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento del acervo de recursos genéticos, la captura de carbono atmosférico para evitar el cambio climático, la atracción de turismo ecológico, la protección de cuencas hidrográficas, la reducción de desastres hídricos y la recarga de acuíferos.

En el subsector forestal se ha diseñado una estrategia de mercado de servicios ambientales que contempla específicamente los servicios hidrológicos.

Con recursos fiscales se incentiva a los productores dueños de predios, en particular los situados en las zonas montañosas, con el propósito de reducir la frecuencia de desastres en eventos de precipitación extrema, eliminar los problemas de azolve relacionados con la erosión y mejorar la calidad del agua de los cursos fluviales.

Las líneas de políticas públicas se enfocan a las áreas forestales que actualmente no generan ingresos como tales para sus propietarios y que por lo mismo están en mayor riesgo de deforestación por cambio de uso de suelo.

En el plano internacional también se maneja un mercado de servicios ambientales, en donde la Captura de carbono se ha valorado con precisión y se ha desarrollado un esquema completo de asignación de recursos económicos para los poseedores de predios con cubiertas forestales y reciben en diversos países del mundo, incluido México, los beneficios de este instrumento económico.

No obstante la lista de servicios ambientales está lejos de ser exhaustiva en cuando a la identificación de los mismos y falta mucho para valorarlos económicamente, de tal modo que los poseedores de los predios pueden llegar a verse beneficiados al internalizar los costos del desarrollo económico y reorientar el aprovechamiento de sus propios recursos naturales desde una perspectiva sustentable.

Si como se mira, estamos inmersos irreversiblemente en una economía de libre mercado, no podemos menos que valorar nuestros activos naturales en su justa dimensión.

Es imperativo que nuestros competidores no nos vean como un paraíso ecológico, en donde pueden implantar sus procesos industriales, comerciales y de servicios, sin pagar debidamente por los daños ambientales que causen y sin contemplar los costos que los servicios ambientales le significan a sus procesos e insumos.

En consecuencia con fundamento en los artículos 25, 40 y 73, fracción XXIX-G, constitucionales, se propone la reforma y adición al tenor del siguiente

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos relacionados con los servicios ambientales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

Artículo Primero.- Se reforman y adicionan las fracciones XXXV y XXXVII, se corre la numeración del artículos 3, fracción XXI, del artículo 5, fracción XXI, del artículo 15, fracción VI, del artículo 22 Bis para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3.

XXXV. Servicios ambientales: Los beneficios que obtiene la sociedad, de los diferentes ecosistemas, bosques, selvas, desiertos, matorrales, montañas, humedales, ríos, aguas subterráneas, manglares, arrecifes marinos y litorales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, hábitat de la vida silvestre, paisaje y la recreación entre otros.

XXXVI. ...

XXXVII: Valoración de servicios ambientales: Es el proceso mediante el cual se asigna valor de uso, económico, a los diferentes servicios que le prestan a la sociedad los ecosistemas.

XXXVIII. ...

Artículo 5

XXI. La identificación, valoración y fomento de los servicios ambientales.

Artículo 15

XXI. La valoración económica de los servicios ambientales que prestan a la sociedad los diversos ecosistemas del país, permitirá eliminar gradualmente las externalidades causadas por el desarrollo económico.

Artículo 22 Bis

VI. La conservación de los ecosistemas naturales, protegidos o no, que se distingan por prestar servicios ambientales a la sociedad. Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, septiembre 28 de 2004.--- Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señor diputado Rovirosa Ramírez.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Queremos dar la bienvenida a un grupo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que el día de hoy nos acompañan en la sesión.

¡Bienvenidos jóvenes!

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud en materia de insumos para la salud.

El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, señor diputado.

El diputado José Angel Córdova Villalobos: Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa por la cual se reforman los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el año del 2002 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha buscado reducir su carga normativa como lo son las normas oficiales mexicanas que se encuentran a cargo de la misma.

La carga normativa en el subcomité de insumos para la salud, es significativa, sobre todo por lo que hace a las normas oficiales mexicanas que regulan los demás insumos para la salud, entre los que se encuentran los dispositivos médicos.

Conforme a un análisis técnico, económico y jurídico, se considera viable cancelar estas normas e incluir todas aquellas especificaciones técnicas de los insumos para la salud en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Como bien sabemos la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, es base del sector salud en nuestro país, dada la importancia de este documento que está legalmente instituido en país, tanto por la Ley General de Salud como por los reglamentos respectivos, en donde se establecen los métodos de análisis y especificaciones técnicas que deben de cumplir los medicamentos, productos biológicos y biotecnológicos que se consumen en México.

Se puede destacar que las instituciones del sector académico han utilizado la farmacopea, como el instrumento de control de calidad a conocer y aplicar, razón por la cual, es consultada y probada múltiples veces en las aulas de docencia.

La Ley General de Salud establece en su artículo 195 que los medicamentos serán normados por la farmacopea mexicana, por lo tanto, su alcance es en todo el territorio nacional e incide en toda la población mexicana.

Con estas reformas se permitiría que en la farmacopea se concentraran las especificaciones técnicas de los insumos para la salud, incluyendo no sólo los medicamentos, sino los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumo de uso odontológico, material quirúrgico de curación y productos higiénicos, básicamente lo que engloba las normas que se pretenden omitir, las cuales se especifican en el extenso publicado de la iniciativa.

El cumplimiento del mandato constitucional por el cual se elevó a garantía social el derecho a la protección de la salud de la población involucra un desarrollo significativo de las normas, sistemas, procedimientos y recursos que regulan y condicionan la organización y funcionamiento del sector salud; el que todas las especificaciones técnicas de los insumos para la salud se contengan en la farmacopea, presenta la gran ventaja de la actualización permanente de estas especificaciones, atendiendo a los grandes avances que se presentan hoy día en el campo de los insumos para la salud, incluyendo dispositivos médicos.

A esta iniciativa se anexa una relación de todas y cada una de las normas oficiales mexicanas en las que se señalan las especificaciones sanitarias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos ya señalados.

Unico. Se reforman los artículos señalados de la Ley General de Salud:

Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este título. Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. La Secretaría de Salud mantendrá permanentemente actualizada la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual contará con un órgano asesor.

Artículo 201. La Secretaría de Salud determinará los tipos de establecimientos dedicados al proceso de los productos a que se refiere este título, que deberán efectuar su control interno con base en las disposiciones aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados, llevarán etiquetas que deberán cumplir con las disposiciones aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y en el caso de alimentos o bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Artículo 258. Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XI del artículo anterior y los relativos a las demás fracciones cuando se dediquen al proceso de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta ley, deben de contar con la licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Los establecimientos diversos a los referidos en el presente párrafo, sólo requieren presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud.

Artículo 264. El proceso, uso y mantenimiento de equipos médicos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación, se ajustarán a las disposiciones aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, incluso en la eliminación de desechos de tales materiales, sin perjuicio de la intervención que corresponda a las autoridades competentes.

Artículo 286 Bis. Se modifica el segundo párrafo para decir: ``...la Secretaría podrá aleatoriamente muestrear y analizar los productos importados aun cuando cuenten con certificación sanitaria, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se encuentre que el producto muestreado no cumple con las normas citadas, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento y si esto no es posible procederá en los términos de esta ley''.

Y en el párrafo tercero: ``...los productos nuevos o aquellos que vayan a ser introducidos por primera vez al país previa su internación, serán muestreados y analizados en laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las disposiciones aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos''.

En fin, el artículo 370. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por tiempo indeterminado con las excepciones que establezca esta ley. En caso de incumplimiento de esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, de las disposiciones generales que emita la Secretaría de Salud o de las aplicables de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, las autorizaciones serán revocadas.

Solicito muy atentamente sea publicado el texto íntegro de la presente iniciativa. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud, en materia de insumos para la salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

Honorable Asamblea:

El suscrito, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa, por la cual se reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis. y 370, de la Ley General de Salud, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el año 2002, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha buscado reducir su carga normativa, para reducir, entre otras, las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentran a cargo de la Cofepris.

La carga normativa en el Subcomité de Insumos para la Salud es significativa, sobre todo por lo que hace a las Normas Oficiales Mexicanas que regulan los demás insumos para la salud, entre los que se encuentran los dispositivos médicos.

Ahora bien, conforme al análisis técnico, económico y jurídico, se considera viable cancelar estas NOM e incluir todas aquellas especificaciones técnicas de los insumos para la salud en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM).

Como bien sabemos, la FEUM es de suma importancia, es parte del sustento o base del sector salud en nuestro país. Éste es el documento oficial, elaborado y publicado por la Secretaría de Salud, legalmente instituido en nuestro país, tanto por la Ley General de Salud como por los Reglamentos respectivos, en donde se establecen los métodos de análisis y las especificaciones técnicas que deben cumplir los medicamentos, productos biológicos y biotecnológicos que se consumen en México.

El propósito de la FEUM es coadyuvar a mejorar la Salud Pública precisando las especificaciones, tolerancias y procedimientos que aseguren la calidad de los medicamentos utilizados en México, en especial los incluidos en el Cuadro Básico. Esto se logra mediante el establecimiento de normas reconocidas que puedan ser utilizadas por profesionales de la salud en diversos lugares.

Por otra parte su incidencia en la actividad farmacéutica nacional la encontramos en diversas y amplias áreas de impacto nacional, por ejemplo, en los registros sanitarios de productos farmacéuticos y en los procesos de verificación sanitaria.

Se puede destacar que las instituciones del sector académico han utilizado la FEUM como el instrumento de control de calidad a conocer y aplicar, razón por la cual, es consultada y probada múltiples veces en las aulas de docencia.

La Ley General de Salud establece en su artículo 195 que los medicamentos serán normados por la Farmacopea mexicana, por tanto, su alcance es en todo el territorio nacional e incide en toda la población mexicana.

Todos los sectores públicos y privados participan en distintas etapas. Dentro del Consejo Técnico, los expertos representan a diversos sectores. Los casi 150 expertos actuales están divididos en: instituciones del gobierno o sector salud, instituciones de educación superior, y agrupaciones industriales, asociaciones profesionales y gremiales. Consideramos que el incremento es una respuesta directa al fortalecimiento que la FEUM ha tenido en sus áreas técnicas y administrativas.

De lo anterior se enfatiza que se permitiría que en la FEUM se concentraran las especificaciones técnicas de los insumos para la salud, incluyendo no solo los medicamentos, sino los equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico, de curación y productos higiénicos. Básicamente lo que engloba a las normas que se pretenden omitir, las cuales se especifican a continuación:

NOM a cargo de Insumos para la Salud

1. NOM-015-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con filtro sin aguja.

2. NOM-016-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los condones de hule látex.

3. NOM-017-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los reactivos hemoclasificadores para determinar grupos del sistema ABO.

4. NOM-018-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias del reactivo anti Rh para identificar el antígeno D.

5. NOM-019-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias del reactivo antiglobulina humana para prueba de Coombs.

6. NOM-051-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables de plástico.

7. NOM-052-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje urinario de hule natural estéril modelo Foley.

8. NOM-062-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los marcapasos (generador de pulso).

9. NOM-063-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de las válvulas cardiacas.

10. NOM-064-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

11. NOM-066-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de las incubadoras para recién nacidos.

12. NOM-067-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de las suturas quirúrgicas.

13. NOM-068-SSA1-1993. Que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable.

14. NOM-076-SSA1-1993. Que establece los requisitos sanitarios del proceso y uso del etanol (alcohol etílico).

15. NOM-077-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica.

16. NOM-078-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica.

17. NOM-079-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje biliar en forma de ``T'' modelo Kehr, estériles y no estériles.

18. NOM-080-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los estuches de diagnóstico para otorrinolaringología.

19. NOM-081-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres para embolectomía modelo Fogarty.

20. NOM-082-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje biliar en forma de ``T'' modelo Catell, estériles y no estériles.

21. NOM-083-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios.

22. NOM-084-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos de hule látex natural para canalización tipo Pen-rose.

23. NOM-085-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de hule látex natural para cirugía y exploración en presentación estéril y no estéril.

24. NOM-094-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicón para drenaje urinario modelo Foley.

25. NOM-095-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias del dispositivo intrauterino ``T'' de cobre modelo 380ª.

26. NOM-096-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de polivinilo para exploración (examen) en presentación estéril y no estéril.

27. NOM-097-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural para drenaje urinario modelo Nelaton.

28. NOM-098-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para derivación de líquido cefalorraquídeo.

29. NOM-099-SSA1-1994. Que establece las especificaciones sanitarias de los anillos para valvuloplastia.

30. NOM-133-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas desechables.

31. NOM-134-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de plástico, grado médico con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, con orificio: tipo Murphy y sin globo tipo Magill.

32. NOM-135-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de la sonda para el control de la epistaxis.

33. NOM-136-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para recolección de orina.

34. NOM-137-SSA1-1995. Información regulatoria-especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera.

35. NOM-138-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de 96º G.L., sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol.

36. NOM-139-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para recolectar sangre.

37. NOM-140-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para fraccionar sangre.

38. NOM-148-SSA1-1995. Que establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsia desechables y estériles tipo Tru-Cut.

39. NOM-149-SSA1-1996. Que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para alimentación.

40. NOM-150-SSA1-1996. Que establece las especificaciones sanitarias del equipo para hemodiálisis temporal, yugular o femoral, adulto e infantil.

41. NOM-151-SSA1-1996. Que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para ostomía (colostomía, ileostomía, urostomía y drenaje).

42. NOM-152-SSA1-1996. Que establece las especificaciones sanitarias de los catéteres para diálisis peritoneal infantil y adulto.

43. NOM-153-SSA1-1996. Que establece las especificaciones sanitarias de los implantes metálicos de acero inoxidable para cirugía ósea.

44. NOM-155-SSA1-2000. Que establece las especificaciones sanitarias de la cánula para traqueostomía de cloruro de polivinilo.

45. NOM-161-SSA1-1998. Que establece las especificaciones sanitarias para la sonda gastrointestinal desechable, con marca radiopaca, modelo Levin.

El cumplimiento del mandato constitucional, por el cual se elevó a garantía social el derecho a la protección de la salud de la población, involucra un desarrollo significativo de las normas, sistemas, procedimientos y recursos que regulan y condicionan la organización y funcionamiento del sector salud.

Todo lo anterior, encuentra sustento en el hecho de que no existe razón alguna para distinguir el ordenamiento legal en donde se contengan las especificaciones técnicas de los medicamentos y los demás insumos para la salud, debiendo operar el principio de derecho según el cual a igual razón debe recaer igual consideración.

El que todas las especificaciones técnicas de los Insumos para la Salud se contengan en la FEUM presenta la gran ventaja de la actualización permanente de estas especificaciones, atendiendo a los grandes avances que se presentan hoy en día en el campo de insumos para la salud, incluyendo dispositivos médicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370, de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 195

La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este título. Los medicamentos y demás insumos para la salud, estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría de Salud mantendrá permanentemente actualizada la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual contará con un órgano asesor.

Artículo 201

La Secretaría de Salud determinará los tipos de establecimientos dedicados al proceso de los productos a que se refiere este título, que deberán efectuar su control interno con base en las disposiciones aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 210

Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las disposiciones aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Artículo 258

Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XI, del artículo anterior y los relativos a las demás fracciones cuando se dediquen al proceso de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta Ley, deben contar con la licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Los establecimientos diversos a los referidos en el presente párrafo sólo requieren presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud.

Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XI, del artículo anterior y las relativas a las demás fracciones cuando se dediquen a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado y manipulación de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta Ley, deben poseer y cumplir lo establecido en la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales para productos o actividades específicas elaborados por la propia Secretaría. Los diversos establecimientos a los contemplados en el presente párrafo únicamente deben poseer y cumplir lo establecido en los suplementos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la venta y suministro de medicamentos.

Artículo 264

El proceso, uso y mantenimiento de equipos médicos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación se ajustarán a las disposiciones aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, incluso en la eliminación de desechos de tales materiales, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Las etiquetas y contraetiquetas de los equipos y agentes de diagnóstico deberán ostentar, además de los requisitos establecidos en el Artículo 210 de esta ley, la leyenda: ``Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina''; la indicación de los isótopos que contienen actividad, vida media de los mismos y tipo de radiaciones que emiten, así como el logotipo internacional reconocido para indicar los materiales radiactivos.

Artículo 286 Bis

La importación de los productos y materias primas comprendidos en este título que no requieran de autorización sanitaria previa de importación, se sujetará a las siguientes bases:

I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las disposiciones reglamentarias de esta ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Comercio y Fomento Industrial, conforme a los acuerdos de coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo y destino de los productos;

II. La Secretaría podrá aleatoriamente muestrear y analizar los productos importados, aun cuando cuenten con certificación sanitaria a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando se encuentre que el producto muestreado no cumple con las normas citadas, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento, y si esto no es posible, procederá en los términos de esta Ley. Además, en estos casos se revocará la autorización del laboratorio que expidió el certificado; y

III. Los productos nuevos o los que vayan a ser introducidos por primera vez en el país, previa su internación serán muestreados y analizados en laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las disposiciones aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 370

Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por tiempo indeterminado, con las excepciones que establezca esta ley. En caso de incumplimiento de esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, de las disposiciones generales que emita la Secretaría de Salud, o de las aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, las autorizaciones serán revocadas.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Córdova.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley General del Trabajo.

La diputada Angélica de la Peña Gómez: Buenos días, señora Presidenta, con su permiso. Señoras; señores legisladores: el día de hoy estamos, pasando a esta tribuna para hacer llegar una serie de reformas, de adiciones y eventualmente alguna derogación a la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de adolescentes.

¿Por qué no de trabajo infantil? Bueno, pareciera que es obvio que estemos planteando aquí trabajo de adolescentes cuando hacia fuera siempre se habla del trabajo infantil y justamente lo que estamos tratando con estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, es de proteger a las niñas y a los niños menores de 14 años contra el trabajo infantil.

Las reformas que presentamos a la Ley del Trabajo en función de lo que establece nuestra Constitución, plantean diversas disposiciones que protegen el trabajo entre 14 y 16 años y sobre todo define también otras formas de trabajo que pueden ser permitidas para quienes son menores de 18 años, es decir, la franja entre los 14 y 18 años.

Estas reformas que nosotros presentamos queremos que se inserten en la mesa de discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que está realizando esta Cámara junto con el Senado, de tal forma que puedan quedar protegidos contra diversas formas de trabajo que pueden ser lesivas para la dignidad humana, para el desarrollo de la persona de las y los adolescentes entre los 14 y 16 años y protegerles hasta 18 años de edad.

El tema sobre trabajo infantil no puedo dejar de mencionarlo a propósito de que estamos presentando estas iniciativas, porque pareciera que en México pueden imponerse las voces que quieren reconocer el trabajo infantil como una forma a la que se le tiene que proteger desde el punto de vista del derecho laboral.

Yo quiero utilizar mi tiempo más que en leer la exposición de motivos y las reformas que están inscritas en la Gaceta Parlamentaria para que ustedes las conozcan, yo quiero utilizar mi tiempo para mencionar mi preocupación respecto de estas voces que pretenden reconocer el trabajo infantil, es decir, de las niñas y los niños menores de 14 años.

No es una utopía aspirar a que se erradique el trabajo infantil. No debe ser una utopía ni siquiera aspirar como lo dice el Convenio 138 de la OIT, aspirar a definir la edad mínima para admisión del trabajo, de 15 años. Sin embargo, sabemos que ahora nuestro país no tiene las condiciones para que emprendamos una reforma de esa magnitud. Pero el mismo Convenio 138 de la OIT nos define cuáles deben ser las formas que cada país, cada Estado del mundo que lo apruebe, tiene que ir tomando para que efectivamente se empiece a erradicar el trabajo infantil y se garantice que las niñas y los niños dejen de trabajar, para que jueguen, para que se eduquen, para que se formen, para que pueda desarrollarse en función de que vivan plenamente cada una de las etapas de su vida.

Por lo tanto, yo quiero invitar a las legisladoras y a los legisladores para que en su momento, cuando se estén discutiendo estas reformas, podamos considerar que en primer lugar no puede ser modificado y menos atentada la Constitución cuando define que quienes tienen menos de 14 años se les prohibe su trabajo infantil.

Ahora bien, las condiciones económicas ---como yo decía--- mantienen a muchos niños y a muchas niñas en distintos lugares de la República, en distintas formas de trabajo: en el campo, como trabajadores domésticos. Hay peores formas de trabajo infantil que efectivamente tienen que ser reconocidas, como es el caso de la explotación sexual comercial infantil; hay otras formas que también son graves y que lesionan la dignidad humana de los niños, como es el trabajo en minas, en algunas labores inclusive en el campo, en los rastros, cargando más peso de los que tienen que ser considerados para una persona de su edad, de su desarrollo humano.

Sin embargo, yo creo que también cuando llegue el momento de la definición del presupuesto por esta Cámara, tendríamos que estarnos poniendo de acuerdo para poco a poco plantearnos el ir erradicando verdaderamente el trabajo infantil, edad por edad, zona por zona del país.

Sabemos que son las condiciones de pobreza, que son las condiciones de extrema pobreza lo que obliga a que una familia mande a su niño o a su niña a trabajar.

Sabemos que la situación de abandono en la que se encuentran también muchos niños y muchas niñas, orillan a que busquen la manera de obtener su sustento. Otros más, que quisieran aprovechar sus tiempos libres en vez de jugar, para ir a trabajar y tener condiciones de seguir estudiando.

Yo creo, yo creo y estoy muy pero muy cierta de eso, de que nosotros podemos definir una serie de políticas para que en coadyuvancia con los ámbitos de la Administración Pública Federal y también a nivel estatal y local, podamos poco a poco empezar a aspirar a que efectivamente la erradicación del trabajo infantil sea una realidad en nuestro país.

¿Cómo lo podemos hacer? No quiero mencionarlo ahora. El mismo Convenio 138 nos establece que tenemos que ir tomando medidas poco a poco para que vayamos tendiendo a buscar que se elimine el trabajo infantil.

¿Qué nos cuesta empezar a definir que todos los niños menores y todas las niñas menores de 10 años ya no trabajen en este país? ¿Cuánto nos puede llevar? ¿Qué cantidad pudiéramos dedicar a eso? Uno, dos años, además, pues aspirémoslo. Lo importante es que empecemos.

Lo importante es que tomemos en cuenta que ésa es una rea-lidad que se vive en nuestro país; que no podemos ocultar y que tenemos que empezar a tomar decisiones para que año con año, poco a poco, vayamos tomando una edad en que efectivamente poco a poco los niños y las niñas van siendo lo que tienen que ser: niñas, niños que trabajan, que dejan de trabajar porque se incorporan al estudio.

En fin, yo hago llegar estas iniciativas para que se pongan a discusión de la mesa que ya está reformando la Ley Federal del Trabajo, para que junto con la perspectiva de género que estamos impulsando, también estas iniciativas tengan perspectiva de infancia.

Muchas gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La suscrita, diputada federal Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La niñez es una etapa de la vida del ser humano en donde es imprescindible para su formación el juego, porque de esta manera también aprende y crece, desarrollando sus potencialidades. Niñas y niños que trabajan no conocen otro juego que no sea el de sobrevivir. Las niñas y los niños que trabajan no sólo corren el riesgo de abandonar sus estudios, sino que también olvidan el significado de la palabra futuro.

Siendo el trabajo infantil un fenómeno universal, ha sido a su vez sujeto de estudios, análisis, conferencias, debates, foros, marchas, convenios y congresos, entre otros, donde de diversas maneras se ha manifestado la intención de erradicarlo, particularmente en sus peores formas. Las tres cuartas partes del trabajo de niñas y de niños son consideradas por la OIT como peores formas.

Según datos del UNICEF, más de cincuenta millones de niñas y de niños en todo el mundo realizan alguna forma de trabajo, violándose las leyes laborales que lo prohíben y realizándose en muchas de las veces en condiciones deplorables y de alto riesgo para su persona.

El desarrollo económico no sostenido o emergente, además de la falta de apoyo gubernamental de algunos países, empeora la situación del trabajo infantil, como es el caso de México, donde cualquier tipo de trabajo infantil contribuye a permanecer en la pobreza, teniendo un suceso negativo en el desarrollo social, cultural, económico, etcétera. México cuenta con aproximadamente 3.5 millones de niñas y de niños vinculados al trabajo infantil.

Existen diversos instrumentos de carácter internacional a fin de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en este tema, como:

La Convención sobre los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es parte, reconoce en el artículo 32 ``el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social''.

Además, los artículos 34, 35 y 36 de la Convención abordan diferentes aspectos de la explotación infantil. El artículo 34 compromete a los Estados parte ``a proteger a niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias''. Este artículo habrá de leerse junto con la disposición general del artículo 19 de la Convención, que protege a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental.

Por su parte, el Comité de los Derechos de la Niñez, establecido con arreglo a la Convención sobre los Derechos de la Niñez, encargado para supervisar el acatamiento de sus disposiciones por los Estados parte, ha hecho recomendaciones sobre la forma de lograr la eliminación de la esclavitud infantil. El Comité ha prestado especial atención a que niñas, niños y adolescentes estén libres de la explotación económica y de la discriminación, junto con sus derechos a una buena educación y adecuado apoyo familiar. El Comité ha determinado que la enseñanza obligatoria es un factor importante para eliminar el trabajo infantil y ha coordinado su mandato con la labor de la OIT y del programa para niñas, niños y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles del UNICEF.

El ingreso generado por niñas, niños y adolescentes trabajadores ha sido utilizado por las familias como una estrategia de sobrevivencia ante el desempleo y el deterioro de los salarios. Una investigación del UNICEF en América latina ha evidenciado que, debido al trabajo de niñas, niños y adolescentes, el poder adquisitivo de las familias aumenta como máximo entre 10 y 20%, continuando en los mismos niveles de pobreza. No resuelve sus problemas de pobreza y genera solamente una situación constante de pobreza. En contraposición, encontramos que, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, los beneficios económicos de la eliminación del trabajo infantil serán siete veces mayores que sus costos, aunado a los beneficios sociales, educativos y humanos.

A más de cinco años de que nuestro país ratificó el Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, una de cada seis personas menores de 18 años está implicada en alguna forma de trabajo infantil. México trabaja con organizaciones de empleados y trabajadores, organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil, así como con otros gobiernos, con objeto de garantizar el avance hacia la abolición del trabajo infantil.

El Convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo, y su recomendación anexa número 146 son los principales instrumentos internacionales dedicados a la erradicación del trabajo infantil en general. Este convenio y su recomendación exigen a los Estados ratificantes que apliquen progresivamente políticas nacionales de aumento de la edad mínima de admisión al trabajo para garantizar el desarrollo físico y mental más pleno de las y los jóvenes. A pesar de que nuestro país no ha ratificado este Convenio y que en la presente iniciativa se mantiene la prohibición para el trabajo de personas menores de 14 años, consideramos oportuno que nuestro país se sume a ratificar este instrumento, aunque inicialmente se conserve la edad de catorce años para ingresar en el trabajo, con el compromiso de aumentar progresivamente esta edad a fin de lograr la erradicación total del trabajo infantil cuando las condiciones de desarrollo económico de nuestro país lo permitan.

La Convención sobre la Esclavitud, en la que se incluyó una referencia específica a la explotación de las personas menores de edad, además de la prohibición explícita de la servidumbre por deudas de adultos, niñas y niños.

Las escasas estadísticas nos indican que son más los niños que las niñas que trabajan. Sin embargo, cabe advertir que el trabajo de las niñas suele ser subestimado por las encuestas y las estadísticas, ya que éstas no toman en cuenta los trabajos caseros que las niñas en su gran mayoría desempeñan de tiempo completo en el domicilio de sus madres, padres o ambos para permitir que éstos ejerzan un oficio remunerado.

La niñez y la adolescencia que realiza el servicio doméstico son susceptibles de ser víctimas de diversos tipos de explotación, como la económica, donde se les obliga a trabajar largas jornadas sin recibir salarios adecuados al tiempo de trabajo, sin tener protección legal, trabajando muchas veces en condiciones degradantes, siendo privados de sus derechos. El trabajo infantil doméstico debe ser considerado ``una peor forma de trabajo infantil'', por lo que tiene que ser eliminado con la mayor brevedad. En el mismo sentido, de acuerdo con un informe preparado por el Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, todas las personas trabajadoras y trabajadores domésticos menores de 18 años están en situación de riesgo, sin excepción, debido a la naturaleza de las tareas que deben realizar, que no son sólo ampliamente aceptadas, sino que con frecuencia son consideradas una alternativa ``más conveniente'' para hijas e hijos de familias pobres.

Existe una diferencia entre los tres tipos de adolescentes que trabajan: el primero pertenece a las y los que dentro de las familias campesinas o artesanales trabajan para ellas mismas, en razón de su situación de pobreza, la falta de infraestructura o la ausencia de garantías sociales, necesitando los brazos de adolescentes, quienes pueden trabajar algunas horas al día e ir a la escuela; en este caso no se puede hablar de explotación sino sólo de miseria. La segunda tipología corresponde a aquella en que las y los adolescentes son explotados por un patrón externo, y muchas veces por redes. Por último, encontramos las peores formas de trabajo, definidas en el Convenio 182 de la OIT, el tipo de trabajo extremo tiene que ver con la violación de los derechos humanos básicos de adolescentes; es decir, el derecho a la educación y el derecho a no ser explotados ni abusados, así como el derecho a ser excluido de trabajos dañinos para su desarrollo integral.

Como mecanismo para combatir el trabajo de adolescentes se encuentra la lucha continua en diversos frentes, de tal forma que las y los que trabajen tengan elementos que los amparen como trabajadores, así como la creación de infraestructuras que les permita capacitarse para que en el futuro tengan mejores oportunidades de empleo, siendo más sobresaliente el hecho de denunciar los abusos de los que está plagado este fenómeno complejo inserto en un orden social discriminatorio hacia las niñas y los niños que es el trabajo Infantil en cualquiera de sus formas.

Conforme a lo anterior y atendiendo a la urgente necesidad de prohibir el trabajo de personas menores de 18 años en las peores formas de trabajo y de vigilar la correcta observación de las condiciones del trabajo de personas mayores de 14 años y menores de 18 en las labores que por su naturaleza puedan desarrollar, esta iniciativa con proyecto de decreto propone que en la Ley Federal de Trabajo:

Se reformen los artículos 5, 22, 23, 177, 179, 180, 541, 691, 988 y 995, así como el encabezado del Título Quinto de la Ley Federal del Trabajo, con objeto de sustituir el término menor, por ser peyorativo desde la teoría integral de derechos humanos de la infancia, toda vez que esta voz, como define el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, se refiere a ``menos importante en relación con algo del mismo género''.

Se modifique el artículo 23, para dar a madres, tutores o custodios la posibilidad de otorgar autorización para trabajar a las personas mayores de 14 años pero menores de 16 años, reconociendo de esta forma que en México 28% de las familias son sustentadas por mujeres.

Se modifique el artículo 29 de la ley, con objeto de regular el trabajo de personas mayores de 14 años y menores de 18, técnicos, profesionales, artistas y deportistas fuera de la República Mexicana al necesitar permiso expreso de sus madres, padres, tutores o custodios.

Se modifique el artículo 173, para ampliar la protección y vigilancia de la Inspección del Trabajo a las personas mayores de 14 años y menores de 18.

Se modifique el artículo 174, con objeto de garantizar la gratuidad al obtener un certificado médico en cualquier institución pública de salud que acredite la aptitud para el trabajo de las personas mayores de 14 años pero menores de 16.

Se modifique el inciso b de la fracción primera del artículo 175 de la ley, con objeto de cambiar el concepto subjetivo de la afectación de la moralidad o buenas costumbres al de desarrollo humano, integral y armónico.

Se modifique el artículo 175 de la ley, en su fracción primera, con objeto de ampliar la protección de las personas mayores de 14 años y menores de 16, adicionando incisos al mismo, con el fin de que no realicen trabajos en minas y buques; trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo mental normal; en la maquila; en la construcción, cuando éstos impliquen un esfuerzo no acorde con su edad o que conlleven un peligro; de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal; y los que obstaculicen o interrumpan su formación educativa, cuidando que las personas comprendidas en este rango de edades atiendan primordialmente a su formación educativa.

Se modifique el artículo 175 de la ley, en su fracción segunda, con objeto de ampliar la protección de las personas mayores de 14 años y menores de 18, adicionando incisos con el fin de que no realicen trabajos o labores peligrosas, insalubres, tóxicas o que se desarrollen bajo temperaturas extremas; como pañoleros y fogoneros en buques; que supongan el porte, uso o manipulación de armas blancas, de fuego o explosivos; que socaven su dignidad o autoestima; que impliquen condiciones especialmente difíciles, como trabajos con horarios prolongados o en días de descanso obligatorio, domingos y tiempo extra.

Se modifique el artículo 176, con el fin de ampliar la protección de las personas mayores de 14 años y menores de 18 para no realizar trabajos o labores peligrosos o insalubres.

Se modifique el artículo 178, para enfatizar la prohibición de la utilización del trabajo de las personas menores de 18 años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio.

Se modifique el párrafo segundo del artículo 180, con objeto de obligar a los patrones a llevar un registro de inspección especial ante la Inspección del Trabajo cuando éstos tengan a su servicio personas menores de 16 años.

Se deroguen los artículos 191 y 267, trasladando las prohibiciones establecidas al artículo 175 de la misma ley.

Se modifique la fracción séptima del artículo 423, con el fin de que en el Reglamento Interno de Trabajo se especifiquen las labores peligrosas e insalubres que no deberán ser desempeñadas por personas menores de 18 años, obligando de esta forma a los patrones a identificarlas y señalarlas expresamente.

Se adicione un párrafo segundo al artículo 493, con el fin de determinar el pago de la indemnización correspondiente al monto por incapacidad permanente total cuando la incapacidad parcial consista en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su función en caso de que éste sea menor de 18 años.

Se modifique el artículo 995, a fin de aplicar una sanción adecuada a todos los patrones que incumplan las disposiciones contenidas en esta ley en todo lo relacionado con el trabajo de las personas menores de edad.

Se adicione el artículo 995 Bis de la ley, a fin de que las personas menores de edad no realicen actividades consideradas como las peores formas de trabajo descritas en el artículo 175, aplicando una mayor sanción a todos los patrones que los contraten para ello.

Se modifique el artículo 998 de la ley, con objeto de que los patrones que tengan a su servicio trabajadoras y trabajadores domésticos les faciliten las condiciones necesarias para completar su educación obligatoria.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 años y menores de 18, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se modifican, adicionan o derogan los siguientes artículos de la Ley Federal de Trabajo: 5, 22, 23, 29, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 191, 267, 423, 493, 541, 691, 988, 995, 995 Bis y 998, así como el encabezado del Título Quinto de la misma ley, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 5

...

I. Trabajos para personas menores de catorce años;

Fracciones II. y III. ...

IV. Horas extraordinarias de trabajo para personas menores de dieciséis años;

De la fracción V. a la XI. ...

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para personas menores de dieciséis años; y

XIII. ... ...

Artículo 22

Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores de catorce años y de las personas mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23

Las personas mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Las personas mayores de catorce y menores de dieciséis necesitan autorización de sus madres, padres, tutores o custodios y, a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del Trabajo o de la autoridad política.

Las personas trabajadoras menores de dieciocho años deberán percibir el pago de sus salarios conforme a lo que estipula la ley y podrán ejercitar las acciones que les correspondan.

Artículo 29

Queda prohibida la utilización de personas menores de dieciocho años para la prestación de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas y deportistas, siempre y cuando obtengan el permiso expreso de sus madres, padres, tutores o custodios y las condiciones del trabajo no contravengan las disposiciones establecidas en esta ley.

Título Quinto Trabajo de Personas Adolescentes Mayores de Catorce Años

Artículo 173

El trabajo de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo.

Artículo 174

Las personas menores de dieciséis podrán obtener en cualquier institución pública de salud un certificado médico gratuito que acredite su aptitud para el trabajo; además, una vez que adquieran la condición de trabajadora o trabajador, deberán someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175

Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores:

I. De dieciséis años, en: a. ...

b. Trabajos susceptibles de afectar su desarrollo humano integral y armónico;

c. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo;

d. Trabajos subterráneos, submarinos, minas y buques;

e. Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico y mental normal;

f. ...

g. Trabajo en maquila;

h. Trabajos en la construcción que impliquen un esfuerzo no acorde con su edad o que conlleven algún peligro;

i. Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal;

j. Trabajos que obstaculicen o interrumpan su formación educativa; y

k. Los demás que determinen las leyes.

II. De dieciocho años, en: a. ...

b. Labores peligrosas, insalubres, tóxicas o que se desarrollen bajo temperaturas extremas;

c. El trabajo en buques de pañoleros y fogoneros;

d. Actividades que supongan el porte, uso o manipulación de armas blancas, de fuego o explosivos;

e. Trabajo en el que se deba operar maquinaria peligrosa;

f. Trabajos que socaven su dignidad o autoestima;

g. Los que impliquen condiciones especialmente difíciles, como trabajos con horarios prolongados o en días de descanso obligatorio, domingos y tiempo extraordinario; y

h. Las demás que determinen las leyes.

Artículo 176

Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el artículo anterior son las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se prestan, por la composición de la materia prima que se utiliza o por los procesos que deban realizarse, sean capaces de actuar nocivamente sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de las personas menores de dieciocho años.

...

Artículo 177

La jornada de trabajo de las personas menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de tres horas. Entre los distintos periodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.

Artículo 178

Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores de dieciocho años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio.

Artículo 179

Las personas menores de dieciséis años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Artículo 180

Los patrones que tengan a su servicio personas menores de dieciséis años están obligados a:

I. ...

II. Llevar un registro de inspección especial ante la Inspección del Trabajo, con indicación de la fecha de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo;

De la fracción III. a la V. ...

Artículo 191

Derogado.

Artículo 267

Derogado.

Artículo 423

...

De la Fracción I. a la VI. ...

VII. Labores insalubres y peligrosas, mismas que en ningún caso deberán ser desempeñadas por personas menores de dieciocho años y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

De la fracción VIII. a la XI. ...

Artículo 493

...

En el caso del párrafo anterior, si la trabajadora o el trabajador fuera una persona menor de dieciocho años, la Junta de Conciliación y Arbitraje determinará que el pago de la indemnización será el correspondiente al monto por incapacidad permanente total.

Artículo 541

...

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y personas menores de dieciocho años, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;

De la fracción II. a la VIII. ...

...

Artículo 691

Las personas menores de dieciocho años trabajadoras y trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de personas menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tendrá la obligación de designarles un representante.

Artículo 988

Las personas mayores de catorce años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

...

Artículo 995

Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de las personas menores de dieciocho años y mayores de catorce se impondrá multa por el equivalente de 100 a 200 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992.

Artículo 995 Bis

Al patrón o contratista que viole lo dispuesto en el artículo 175 se impondrá una multa por el equivalente de 200 a 500 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992.

Artículo 998

Conforme a lo dispuesto en el artículo 992, al patrón que no facilite las condiciones necesarias a la trabajadora o trabajador doméstico para completar la educación obligatoria se impondrá multa por el equivalente de diez a veinte veces el salario mínimo general vigente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Angélica de la Peña Gómez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con la opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cancela su turno para presentar la iniciativa que reforma el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

En esta ocasión, vengo a poner a consideración de esta soberanía, una iniciativa que representa un esfuerzo más de esa necesidad de mejoría constante en el sistema tributario que nos rige, al procurar no afecte la intrínseca relación entre el capital y el trabajo, ni se perturbe el desarrollo económico de la Nación ni la seguridad jurídica y la transparencia y claridad que deben contener los impuestos y todo ello repercute en la importante tarea indispensable en la actualidad que vivimos de la creación de nuevos empleos y que satisfagan debidamente las necesidades de los trabajadores.

La iniciativa que nos ocupa tiene el objetivo de corregir un grave caso de duplicidad impositiva que afecta no sólo a las empresas o patrones en general, sino también directamente a todos y cada uno de los trabajadores que se ven beneficiados con la obtención del derecho constitucional del reparto de utilidades de las empresas.

Con esta propuesta se logrará armonizar las disposiciones legales relativas con las recientes resoluciones de nuestro máximo tribunal sobre la materia permitiendo así hacer más justo el sistema impositivo al extender ventajas de tales resoluciones con la generalidad de la ley, no únicamente a los sujetos implicados en tales resoluciones, sino a todos los destinatarios de las normas.

Para el que presenta esta iniciativa no pasa inadvertido que la modificación de la regulación impositiva del reparto a los trabajadores de las utilidades de las empresas, ha sido incluida en la denominada Miscelánea Fiscal, que hace unos días nos presentó el Ejecutivo. Sin embargo, dicho planteamiento a nuestro parecer, provocaría en la ley cierta distorsión que es necesario evitar, muy al margen de que dicho pronunciamiento confirma la impostergable necesidad de modificar la regulación sobre el particular.

Es de subrayarse que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas históricamente se le concibe como un producto de la lucha de clases y un logro del movimiento obrero que se concreta en la Constitución.

En el artículo 123 de nuestra Carta Magna, se reflejan los derechos de carácter social, se prevén los reclamos del sector que impulsó el movimiento revolucionario, teniendo como principio rector la dignidad del trabajador como persona, para mejorar su nivel de vida y las condiciones de trabajo que trae consigo la exigencia de un trato igualitario y respetuoso.

Por cuanto hace al reparto de utilidades de los trabajadores, logro que quedó plasmado en la Constitución desde 1962.

Durante largo tiempo privó el criterio, afortunadamente superado de dar sólo importancia y protección al capital, dentro del desarrollo de la producción. Sin embargo, fue a raíz de la lucha revolucionaria-obrera, que se elevó a rango constitucional el pleno reconocimiento de participar en las utilidades de las empresas bajo la consideración de que las ganancias son producto-resultado de la combinación de dos factores: el trabajo y el capital y no solamente el capital como erróneamente se creía anteriormente.

Es claro que hoy día con las disposiciones aún vigentes sobre la imposición del reparto a los trabajadores en las utilidades de las empresas se crea un problema de doble tributación, no en cuanto a que dos entes incidan sobre un mismo objeto, sino que la misma riqueza, el mismo acto, cause impuesto en dos personas distintas, transgrediendo flagrantemente la capacidad contributiva, el principio de simetría de la imposición y la realidad económica, ya que por un lado se obliga a los empleadores a que el monto pagado por tal concepto forme parte de la riqueza gravada por el impuesto que no sea deducible, y por ende esté sujeto a imposición a su cargo y por otro al mismo tiempo que este mismo objeto de impuesto que es la misma riqueza, acarreé un impuesto para los propios trabajadores que reciben su participación en la utilidad de las empresas, es decir, se causa precisamente sobre el total de la utilidad empresarial, volviéndose a gravar la misma utilidad, en la parte que le corresponde a los trabajadores con el impuesto sobre la renta en el título de Personas Físicas.

La propuesta que presentó el Ejecutivo implicaría una distorsión al sistema, alterando la base del impuesto sobre la renta, pues dicha iniciativa señala que: ``la prestación a considerarse en la utilidad fiscal, es la pagada y no la devengada...'', como debería de ser en razón de que la base del impuesto sobre la renta en general se determina de ingresos menos deducciones, esto es, por el método devengado, y si por otro lado en un año los trabajadores no cobran su participación de utilidades que les corresponde, esto no vuelve a la empresa, puesto que de conformidad con el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, tiene que acumularse dicha prestación a las del año siguiente para los trabajadores que tengan derecho.

Se propone con esta iniciativa introducir elementos nuevos al concepto de ``renta gravable'', por dos razones:

Primero. Para hacerla acorde con la terminología de la Constitución, y

Segundo. Porque el pago a los trabajadores de las utilidades de las empresas no es una deducción, precisamente porque no se trata de un gasto propio de la actividad de la empresa como determinan nuestros tribunales, sino que esa utilidad debe separarse para que sea repartida al sujeto que efectivamente la percibe. Con ello se determinará la utilidad conforme a las reglas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así, el empresario debe separar de la renta gravable la parte que a los trabajadores les corresponde. De tal manera que las pérdidas fiscales que eventualmente sufra se amorticen únicamente conforme lo señala la Ley Federal del Trabajo, o sea, contra las utilidades fiscales, dejando intocable así el derecho de los trabajadores para que no les afecte en la amortización de las pérdidas.

También es necesario modificar el procedimiento para efectuar el cálculo de la utilidad física neta del ejercicio, con objeto de no duplicar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Por todo esto, los exhorto, compañeros diputados, a que mejoremos el sistema fiscal, a que evitemos cualquier doble tributación que no se justifique en hechos que impliquen riqueza y menos que persistan gravámenes que no se funden en la realidad económica, así como fortalecer y garantizar la justicia a los que responde o debe de responder el sistema tributario y que eliminemos cualquier distorsión legal. Todo esto para tener un sistema más competitivo y que genere mayores empleos para nuestro país.

Solicito, señora Presidenta, se turne a la Comisión de Hacienda esta propuesta. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Juan Carlos Pérez Góngora, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de participación de utilidades a los trabajadores de las empresas.

Exposición de Motivos

La iniciativa que se propone tiene por objeto adecuar las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta a las recientes resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Históricamente, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se concibe también como un producto de la lucha de clases y del movimiento obrero positivizado en la Constitución de 1917, primera en el siglo XX en incluir derechos de carácter social.

En el artículo 123 de nuestra Carta Magna se prevén los reclamos del sector que impulsó el movimiento revolucionario, teniendo como principio rector la dignidad del trabajador como persona, para mejorar su nivel de vida y las condiciones de trabajo, que trae consigo la exigencia de un trato igualitario y respetuoso, lo cual se logra sin convertir a la figura de la participación en las utilidades de una empresa en especie de contrato de sociedad, toda vez que el trabajador no soporta las pérdidas como lo haría un socio normal.

En atención a su fuente, es un deber legal, en oposición a consensual, ya que la obligación está impuesta en la fracción IX del Apartado ``A'' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los numerales 117 a 130 de la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto no surge del acuerdo de voluntades de las partes que se establece en los contratos colectivos.

Durante largo tiempo privó el criterio de dar sólo importancia y protección al capital, dentro del desarrollo de la producción; sin embargo fue a raíz del movimiento revolucionario obrero que se elevó a rango constitucional el reconocimiento de participar en las utilidades de las empresas bajo la consideración de que las ganancias son producto o resultado de la combinación de dos factores: el trabajo y el capital y no solamente del capital como se creía antes.

No obstante dicha claridad en el concepto, en materia tributaria se han tenido diversos dislates al grado que los particulares han tenido que acudir a los tribunales a dirimir sus diferencias, siendo la más reciente la impugnación de la fracción XXV del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor que desconoce como gasto deducible el pago de dicha participación, a pesar de que el mismo no deriva de un concordato entre patrón y trabajador como podrían ser los salarios, sino de una obligación impuesta por la ley de pagar a los trabajadores la parte de la utilidad que a ellos les corresponde por ser ellos quienes con su trabajo y esfuerzo contribuyeron a su generación.

Toda la problemática se sitúa en que para los contribuyentes el pago de la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas es un gasto estrictamente indispensable en virtud de que aunque no lo quiera hacer, por ministerio de ley debe hacerse la erogación, al igual que las cuotas al Seguro Social que aunque el patrón no quiera asegurar a sus trabajadores, la ley lo obliga y por tanto se convierte en un gasto estrictamente indispensable; en tanto que los Tribunales han resuelto que lo estrictamente indispensable no está en el carácter coercitivo del pago, sino del cumplimiento de la segunda parte de la oración prevista en la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que lo estrictamente indispensable es para cumplir los fines de la actividad del contribuyente, lo cual es obvio que la participación a los trabajadores en las utilidades no cumple con este requisito pues para ello implicaría que si no se paga la participación que a los trabajadores les corresponde, los fines de la actividad dejarían de cumplirse, situación que no acontece.

Como se aprecia, ambas posturas desde sus particulares argumentaciones tienen razón y toda la problemática deriva de un error legislativo de añeja concepción en que se ha soslayado su solución, pues en unos casos se pretendió resolver en 1933 reformando después en 1986 donde en el artículo 14 de la Ley anterior, se elaboró una fórmula para determinar la base, la cual discrepa con la prevista en la Constitución por lo cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional1 por engendrar una utilidad ficticia que riñe con el espíritu y el texto constitucional. No es óbice que dicha ley haya sido abrogada pues en la actual fue sustituido por el artículo 16 que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad y que también el Máximo Tribunal emitió Jurisprudencia declarándolo inconstitucional2 por lo que es inexcusable su derogación por el riesgo inminente que su existencia provoca conforme a la fracción XVI del artículo 107 Constitucional pues riñe con el Estado de Derecho que una disposición declarada inconstitucional, se pretenda seguir aplicando y generando conflictos jurisdiccionales que desprestigian al fisco federal.

La proscripción de la deducción del pago a los trabajadores de la participación en las utilidades y sus múltiples conflictos y amparos así como el que ha generado la existencia del artículo 16, se resolverían fácilmente enfrentando el problema que por tantos años se ha soslayado, o sea haciendo acorde el lenguaje utilizado por la Constitución General de la República que riñe con el contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En efecto, en el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 Constitucional se precisa que la utilidad a repartir será la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por su parte el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, por mandato de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución General de la República es el órgano encargado de regular la participación de las utilidades entre los trabajadores teniendo entre sus facultades, entre otras la de fijar el porcentaje en que participarán y en el Resolutivo 13° precisa que el 10% se aplicará sobre la renta gravable en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, indicando su Resolutivo No. 14 que el concepto de renta gravable citado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, equivale y corresponde a los ingresos gravables que contiene la Ley del Impuesto sobre la renta por lo que el 10% se aplicará sobre dichos ingresos gravables y finalmente el Resolutivo No. 18 confirma rentas gravables son las utilidades fiscales de las sociedades mercantiles y demás contribuyentes, por lo que no cabe duda que la base de la participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas es la prevista en el artículo 10 y no la del artículo 16 por lo que se sugiere su derogación.

En la Cuarta Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1996, con motivo de la revisión del porcentaje del reparto se confirmó en el Resolutivo N° 2 que será del 10%, mismo que hasta la actualidad está vigente.

Así las cosas, se propone a esa Soberanía se apruebe la presente Iniciativa que consiste en introducir el concepto de ``renta gravable'' previsto en la Constitución General de la República, en la Ley Federal del Trabajo y en la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, para resolver de una vez por todas que las utilidades de las empresas corresponde a dos sujetos: los trabajadores y al empresario y que la base de dicha distribución, es la renta gravable en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con dicha solución se da cumplimiento a dos resoluciones emanadas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, consistentes en que el pago a los trabajadores de las utilidades de las empresas no es un gasto deducible3 y de que la base del reparto, es la utilidad gravable en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En efecto, por años, el pago a los trabajadores en las utilidades de las empresas ha entrañado un problema de doble tributación, debido a que el Impuesto corporativo (el que es a cargo de la empresa) se causa precisamente sobre el total de la utilidad empresarial, y nuevamente se volvía a gravar la misma utilidad, en la parte que le corresponde a los trabajadores con el mismo impuesto sobre la renta en el título de personas físicas.

Este problema de doble tributación no era el único en la Ley del Impuesto sobre la Renta, también se presentaba en la distribución de ganancias o utilidades entre los socios, sin embargo en este último caso ya se resolvió en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde se precisa que cuando la sociedad distribuya dividendos, éstos deberán causar el impuesto sobre la renta, excepto si dicha distribución proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta, es decir de las utilidades que ya causaron el impuesto corporativo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar su fallo negativo de que el pago a los trabajadores de las utilidades de las empresas que les corresponde no es deducible fue precisamente porque no se trata de un gasto propio de la actividad de la empresa, sino que esa utilidad debe separarse para que sea repartida de acuerdo al sujeto que la percibe; así las cosas, se sugiere incorporar el concepto constitucional de ``renta gravable'' que resolverá toda la problemática ya que vendría a ser la utilidad que se determine conforme a las reglas de la Ley del Impuesto sobre la Renta o sea que el total de ingresos acumulables disminuidas únicamente por las deducciones autorizadas; y para llegar a la utilidad fiscal cuyo impuesto causaría el empresario debe separarse de la renta gravable la parte que a los trabajadores les corresponde, de tal manera que las pérdidas fiscales que eventualmente se llegaren a sufrir se amorticen únicamente conforme lo señala la Ley Federal del Trabajo o sea contra las utilidades fiscales, dejando intocable así el derecho de los trabajadores que a ellos no les afecte la amortización de pérdidas.

En virtud de la presente propuesta, se considera necesario también modificar el procedimiento para efectuar el cálculo de la Utilidad fiscal neta del ejercicio con objeto de no duplicar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Por otra parte y dado que no debe sujetarse la deducibilidad de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en un porcentaje, es necesario dejar sin efectos la fracción XIV del artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2003, estableciendo un párrafo en que se deja sin efectos dicha fracción también respecto de 2004, permitiendo la deducción de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas también para ese ejercicio.

Si bien en la iniciativa de reforma que presentó el Poder Ejecutivo a esta Cámara se contempla la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, autorizar la propuesta del ejecutivo implicaría distorsionar la base del Impuesto sobre la Renta, ya que en la mencionada propuesta se señala que dicha prestación que se deduce de la utilidad fiscal será la pagada, debiendo establecerse que sea la devengada esto porque:

1º La base de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ingresos-Deducciones) es por el método devengado.

2.º Si en un año los trabajadores no cobran la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que les corresponde, ese monto no vuelve a la empresa puesto que de conformidad con el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo se tiene que acumular dicha prestación a la del año siguiente a los trabajadores que tengan derecho a ella.

Por otra parte la propuesta del ejecutivo está limitando la deducibilidad de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas para el ejercicio de 2004, toda vez que la reforma propuesta deja con efectos para 2004, la deducción de sólo el 40% como marca la fracción XIV del Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2003, lo cual acarrea un perjuicio a las empresas que tributan en México.

En tales condiciones se somete a la aprobación de esa Soberanía, el siguiente decreto:

Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta en torno a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas

Artículo Primero. Se reforman las fracciones I y II de artículo 10, el tercer párrafo del artículo 88, el primer párrafo del artículo 127, el primer párrafo del artículo 130 y, el primer párrafo del artículo 132, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; se adiciona una fracción III al artículo 10 del mismo ordenamiento; y se derogan los artículos 16 y, la fracción XIV del segundo transitorio para el ejercicio de 2003, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 10... ...

El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:

I. Se obtendrá la renta gravable disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título.

II. A la renta gravable se le disminuirá la participación que le corresponde en el ejercicio a los trabajadores en las utilidades de la empresa , misma que se gravará en los términos del Título IV, Capítulo I de esta Ley, y el resultado será la utilidad fiscal.

Procederá la disminución de la renta gravable en el monto de la participación de las utilidades a los trabajadores para obtener la utilidad fiscal, únicamente cuando existan trabajadores con derecho a ella en el ejercicio, de lo contrario, el monto de la renta gravable será igual a la utilidad fiscal.

III.- A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.

... ...

Artículo 16.- Se deroga

Artículo 88....

...

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar el resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 10 de esta Ley, y el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa correspondiente al ejercicio y las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley citada.

...

Artículo 127.- Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará sobre la utilidad fiscal del período la cual se obtendrá disminuyendo de la renta gravable, el porciento que señale la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas en los términos del artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. La renta gravable se obtendrá restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido.

...

...

...

...

Artículo 130.- Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 177 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la renta gravable la participación que corresponda en el ejercicio de que se trate a los trabajadores en la utilidad. Para obtener la Renta Gravable se restará de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada, se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resultado será la utilidad gravable.

...

I. ...

...

...

...

II. ...

...

...

Artículo 132.- Procederá la disminución de la renta gravable en el monto participación de las utilidades a los trabajadores para obtener la utilidad fiscal, únicamente cuando existan trabajadores con derecho a ella en el ejercicio de que se trate, de lo contrario, el monto de la renta gravable será igual a la utilidad.

...

Artículo Segundo. Artículos Transitorios:

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º. de enero de 2005.

Artículo Segundo. para determinar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 14 de la ley, a la utilidad fiscal que servirá para calcular el coeficiente de utilidad de los ejercicios 2000 a 2004, se le disminuirá la participación de utilidades que le haya correspondido a los trabajadores en dichos ejercicios.

Artículo Tercero. Se deroga la fracción XIV del artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Cuarto. Para efectos del ejercicio de 2004 podrán los contribuyentes efectuar la disminución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas en los mismos términos que señala la Ley de ISR vigente para el ejercicio de 2005.

Palacio Legislativo México DF, a 21 de septiembre de 2004.

Notas

1 Renta. El artículo 14 de la ley del impuesto relativo viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución federal.

Novena época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, Agosto de 1999. Tesis: P./J. 76/99. Página: 21.

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contraría el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la Constitución, al establecer una renta gravable diversa a la prevista en éste.

Novena época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, Junio de 1999. Tesis: P./J. 48/99. Página:

2 Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que la regula, vigente a partir del 1 de enero de 2002, transgrede el artículo 16 de la Constitución federal.

Novena época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVIII, Julio de 2003. Tesis: 2a. XC/2003. Página: 255.

3 Amparo en revisión 593/2004 promovido por Luxottica México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Amparo en revisión 110/2004 promovido por Transportadora de Alimento, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Pérez Góngora.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, General de Educación, de Asistencia Social y General de Salud para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez y Guillermo Enrique Tamborrel Suárez.

Tiene la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna para presentar para su análisis y dictamen una iniciativa de reformas a diversas disposiciones que tiene por objeto reforzar las acciones encaminadas a prohibir, sancionar y eliminar la violencia en la familia.

La violencia es un problema mundial que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las culturas, clases sociales y edades. En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se reconoce a la violencia como un problema de salud pública en el mundo.

Cada año más de 1 millón 600 mil personas pierden la vida de manera violenta. La violencia es una de las peores formas de discriminación y de violación de los derechos humanos. La violencia es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países, al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales adversos a nivel personal. La violencia afecta el bienestar, la seguridad y las posibilidades de educación y de desarrollo.

De los diferentes tipos de violencia sobresale la violencia doméstica, la que se da en gran parte de los hogares y que si bien nos afecta a todos sus efectos son más perniciosos en niños, niñas, mujeres, personas de la tercera edad y discapacitados.

Pese a que es un fenómeno que se ha dado desde tiempos remotos es en años recientes cuando el maltrato de niñas, niños y mujeres en el ámbito familiar ha venido transitando de un tema vedado, oculto, a un problema de salud pública.

Las víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar tienen en común su vulnerabilidad, la cual obedece a muy diversos factores: su condición, dependencia económica y/o afectiva, su desvinculación del medio socioeconómico, su imposibilidad de tener acceso a los espacios de procuración de justicia, la falta de capacidad jurídica, entre otros muchos aspectos.

Con respecto al maltrato infantil se reconoce que en la mayoría de las ocasiones se presenta en un contexto de violencia intrafamiliar. Ocurre en todos los niveles económicos, sociales e intelectuales.

Asimismo se sabe que son las madres quienes ejercen el maltrato infantil con mayor frecuencia, seguidas por los padrastros, los padres, las madrastras y los abuelos.

En el caso de la violencia contra las mujeres, diversos estudios han demostrado que este tipo de violencia no distingue grupos socioeconómicos, edad o niveles educativos. La violencia se observa en las calles, en los lugares de trabajo y más aún su presencia se manifiesta en lugares tan privados como el seno del hogar.

Según registros de organizaciones internacionales, dependiendo del país, de un 25 a un 75 por ciento de las mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares en forma habitual. En las encuestas oficiales realizadas hasta el momento en la República Mexicana, orientadas a cuantificar el problema de la violencia, sobresale la encuesta sobre violencia intrafamiliar del INEGI de 1999. El origen de la familia antecede al Estado, ésta debe existir por y en función de ella. No hay Estado sin familia, por ende sus políticas deben estar orientadas a su promoción, su fortalecimiento y cuidado.

Para Acción Nacional el cuidado de la familia no es sólo una obligación moral, es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa.

Efectivamente, para construir una sociedad más equitativa y democrática, es necesario actuar desde la familia, puesto que ella es esencial para la realización del bien común. Es en la familia donde se viven y se sienten los éxitos y los fracasos derivados de las decisiones, las leyes y las políticas gubernamentales.

Por todo lo anterior, en Acción Nacional consideramos necesario ajustar los ordenamientos legales pertinentes, para erradicar y penalizar severamente cualquier forma de violencia familiar, protegiendo siempre los derechos de los más vulnerables.

Es la Constitución en su carácter de norma superior, la que establece las competencias de la Federación y de los estados, particularmente en el caso de la violencia intrafamiliar.

En una interpretación rígida del artículo 124 constitucional, se entenderá que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia citada, por lo que esto quedaría reservado a los estados. Pero a partir del 1º de enero de 1999, el proceso de democratización y distribución de competencias entre el Poder Federal y los órganos locales del Distrito Federal, limitaron las facultades del Congreso de la Unión en esta materia.

Por eso, particularmente en la Cámara de Diputados, el tema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres ha sido una preocupación constante.

De acuerdo con diferentes estudios, los patrones culturales y los estereotipos sexistas fomentan y agudizan el problema de la violencia.

Sí estamos de acuerdo en que la educación y la transmisión de valores son fundamentales para erradicar estas manifestaciones. Se deben llevar a cabo acciones encaminadas a este fin.

Resulta alarmante que el 84 por ciento de las mujeres en México considera la violencia doméstica como algo natural, que es un asunto privado y que sólo compete a la pareja, a la familia y a nadie más; que sean las mujeres más jóvenes las que sufran en mayor medida los actos de violencia por parte de su pareja y que sólo 14 de cada 100 hogares donde se registraron actos de violencia solicitaron ayuda.

Por esto, nosotros debemos de presentar esta iniciativa.

Iniciativa con proyecto de decreto, para que se reformen diversas disposiciones para prohibir, sancionar y tratar de eliminar la violencia intrafamiliar.

Artículo primero.- Se adiciona un inciso b, al artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

``Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales del Distrito Federal y de las entidades federativas, podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país que las legislaciones penales establezcan los delitos de violencia intrafamiliar a que haya lugar, determinando como agravantes de dichas conductas, las que se cometan en perjuicio de jóvenes embarazadas y en niños, niñas y adolescentes con discapacidad.''

Artículo 2º modificar de la Ley General de Educación, y su artículo 7º dice lo siguiente:

``La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento y validez oficial de estudios, tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes

Inciso 10) Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear confianza sobre la preservación de la salud, la eliminación de la violencia intrafamiliar, la planeación familiar y la paternidad responsable.''

Se adiciona una fracción XIII al artículo 4º de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, para quedar como sigue:

``Las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, víctimas de violencia intrafamiliar, serán sujetos de recepción de los servicios de asistencia social, preferentemente ellos.''

El artículo 4º se adiciona una fracción vigesimoctava al artículo 3º de la Ley General de Salud, con lo cual la actual fracción pasa a ser la vigesimanovena, quedando como sigue:

``La prevención y la atención en el artículo 3º en los términos de esta ley es materia de salubridad general, la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar

Transitorios

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto.

Palacio Legislativo, en San Lázaro, a los 28 días del mes de septiembre del 2004.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Salud, para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, suscrita por los diputados José Luis Treviño Rodríguez y Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito, diputado federal José Luis Treviño Rodríguez, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros diputados:

Hago uso de esta tribuna para presentar para su análisis y dictamen una iniciativa de reformas a diversas disposiciones que tiene por objeto reforzar las acciones encaminadas a prohibir, sancionar y eliminar la violencia en la familia.

La violencia es un problema mundial que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las culturas, clases sociales y edades. En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reconoce a la violencia como un problema de salud pública en el mundo: cada año, más de 1.6 millones de personas pierden la vida de manera violenta.

La violencia es una de las peores formas de discriminación y de violación a los derechos humanos.

La violencia es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países. Al mismo tiempo, tiene efectos sociales y culturales adversos. A nivel personal, la violencia afecta el bienestar, la seguridad y las posibilidades de educación y de desarrollo.

De los diferentes tipos de violencia, sobresale la doméstica, que se da en gran parte de los hogares y que si bien nos afecta a todos, sus efectos son más perniciosos en niñas y niños, mujeres, personas de la tercera edad y discapacitados.

Pese a que es un fenómeno que se ha dado desde tiempos remotos, es en años recientes, cuando el maltrato de niñas, niños y mujeres en el ámbito familiar ha venido transitando de un tema vedado, oculto, a un problema de salud pública.

Las víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar tienen en común su vulnerabilidad, la cual obedece a muy diversos factores: su condición de dependencia económica y/o afectiva, su desvinculación del medio socioeconómico, su imposibilidad de tener acceso a los espacios de procuración de justicia (por desconocimiento de cómo hacerlo o por falta de capacidad jurídica), entre otros muchos aspectos.1

Con respecto al maltrato infantil, se reconoce que en la mayoría de las ocasiones se presenta en un contexto de violencia intrafamiliar y ocurre en todos los niveles económicos, sociales e intelectuales. Asimismo, se sabe que son las madres quienes ejercen el maltrato infantil con mayor frecuencia, seguidas por los padres, los padrastros, las madrastras y los abuelos.2

Uno de los efectos de la violencia en familia, es que niños y adolescentes abandonan el seno familiar, situación que los deja sin protección y susceptibles de ser reclutados en el nefasto negocio de la prostitución infantil.

En el caso de la violencia contra las mujeres, diversos estudios han demostrado que este tipo de violencia no distingue grupos socioeconómicos, edad o niveles educativos. La violencia se observa en las calles, en los lugares de trabajo, en las escuelas y más aún, su presencia se manifiesta en lugares tan privados como el seno del hogar.3

Según registros de organizaciones internacionales, dependiendo del país, de un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de forma habitual.

De las encuestas oficiales realizadas hasta el momento en la República Mexicana, orientadas a cuantificar el problema de la violencia, sobresale la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar del INEGI de 1999. De allí, llama la atención que 1 de cada 3 hogares sufre algún tipo de violencia, que las víctimas más frecuentes en todo tipo de maltrato son las hijas e hijos y la cónyuge y que de los hogares que reportaron algún tipo de violencia, 85.3% tienen como jefe a un hombre y 14.7% a una mujer.

Por su parte, la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el INEGI e Inmujeres, da a conocer que de las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 47% reportó algún incidente de violencia emocional, física, económica o sexual.

Las mujeres más jóvenes sufren en mayor medida actos de violencia por parte de su pareja y se encontró que la violencia de pareja se manifiesta más entre las mujeres que se encuentran en unión libre.

El 38.4% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional, 29.3% de violencia económica, 9.3% de violencia física y 7.8% de violencia sexual.

Aún y cuando sabemos que los resultados de las encuestas mencionadas no podrían ser comparados porque se realizaron bajo metodologías distintas, por lo menos nos queda claro que la violencia intrafamiliar no parece haber descendido y que por el contrario, continúa en aumento.

El origen de la familia antecede al Estado. Éste debe existir por y en función de ella: No hay Estado sin familia; por ende, sus políticas deben estar orientadas a su promoción, fortalecimiento y cuidado.

Para Acción Nacional, el cuidado de la familia no es sólo una obligación moral: es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa.

Efectivamente, para construir una sociedad más equitativa y democrática, es necesario actuar desde la familia, puesto que ella es esencial para la realización del bien común. Es en la familia donde se viven y se sienten los éxitos y fracasos derivados de las decisiones, las leyes y las políticas gubernamentales.

Por todo lo anterior, en Acción Nacional consideramos se hace necesario ajustar los ordenamientos legales pertinentes para erradicar y penalizar severamente cualquier forma de violencia familiar, protegiendo siempre los derechos de los más vulnerables.

La preocupación internacional por la violencia en familia se refleja en la elaboración de diversos instrumentos internacionales, como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana pbra Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con los Convenios mencionados se imponen una serie de obligaciones para los Estados nación contrayentes, debiendo éstos establecer las medidas legislativas y las políticas encaminadas a la eliminación de la violencia y la discriminación.

Sin embargo, debe entenderse que estos compromisos los asume el Estado en su conjunto, y que en el caso mexicano --no obstante que han sido ratificados por el país y que por lo tanto se constituyen en leyes supremas de toda la Unión--, no significa que necesariamente la Federación deba intervenir en esas materias, ya que es la Constitución, en su carácter de norma superior, la que establece las competencias de la Federación y de los estados.

Particularmente, en el caso de la violencia intrafamiliar, en una interpretación rígida del artículo 124 constitucional, se entendería que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia citada, por lo que quedaría reservada a los estados.

Ciertamente, a partir del 1° de enero de 1999, el proceso de democratización y distribución de competencias entre el Poder Federal y los órganos locales del Distrito Federal, limitaron las facultades del Congreso de la Unión en materia civil y específicamente en lo concerniente a violencia familiar, por lo que son las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las competentes para legislar en esta materia.

No obstante, dada la dimensión y los efectos del problema, los legisladores federales no debemos ser insensibles, por lo que debemos buscar los canales adecuados para coadyuvar a desterrar este fenómeno, con pleno respeto a las competencias de la federación y los estados y los municipios. Debemos proponer medidas viables y serias para que una vez aprobadas tengan las mayores probabilidades de beneficiar a quienes van destinadas.

Reconocemos el esfuerzo realizado por el Estado mexicano, tanto en el campo de la legislación como en el ámbito de los programas.

En el Congreso de la Unión, particularmente de esta Cámara de Diputados, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres ha sido una preocupación constante, por lo cual se han presentado exhortos para que los Poderes de la Unión y órganos de los distintos órdenes de gobierno realicen las acciones conducentes para conocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia, mediante la promoción de políticas públicas, la asignación de recursos y, la expedición y actualización de ordenamientos legales.

En el ámbito nacional hemos creado, entre otras, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (Proequidad), y derivado de éste, el Programa Nacional por una Vida sin Violencia, tienen como un objetivo primordial reducir la violencia contra las mujeres, niñas y niños, fortaleciendo las medidas desarrolladas por el gobierno y la sociedad civil, así como creando nuevas estrategias, para reducir la incidencia de este fenómeno.

En el ámbito local, hasta el año 2003 en 26 estados de la República, existe algún tipo de reforma jurídica orientada a prevenir y asistir la violencia familiar. En 21 entidades se tiene una Ley de Prevención de la Violencia Familiar. Pero no en todas las entidades federativas se le considera como un delito. Esta situación nos conduce a buscar las opciones legislativas más eficaces para que los estados tipifiquen y sancionen esta conducta.

Pese a los avances referidos, la violencia sigue siendo un enemigo presente en muchos rincones de la convivencia familiar. A la fecha, el trabajo para dimensionar el problema y emprender las demás acciones gubernamentales tendientes a su prevención, atención y sanción, es aún inacabado.

La falta de uniformidad de criterios básicos en la normatividad que directa o indirectamente refiere a la vida familiar, ha permitido fisuras que interfieren en la eficaz protección de la familia.

Los estudios y las estadísticas sugieren que para el combate a la violencia intrafamiliar se requiere de acciones integrales, que vayan desde las educativas a las punitivas y de las preventivas a las curativas. De la encuesta más reciente se desprende la necesidad de trabajar desde la formación escolar, la aplicación de leyes más severas, la tipificación de la violencia como delito, la homologación legislativa, la planificación familiar compartida, atacar el alcoholismo y modificar los roles de género.

Como se puede ver, lo anterior también implica una serie de adecuaciones al marco legal relacionado con distintas materias como son la educación, la salud, la asistencia social, etc. Es aquí donde sí tenemos facultades y desde el ámbito federal podemos incidir en el desarrollo de la institución familiar, mediante reformas a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, a la Ley General de Salud, a la Ley General de Educación, etc.

La idea de esta iniciativa es precisamente que se trabaje desde los dos ámbitos: el local y el federal. Por ello, proponemos en primera instancia modificar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que los ordenamientos penales de los estados, establezcan el delito de violencia intrafamiliar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en perjucio de mujeres embarazadas y niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ya que como se comentó anteriormente, son ellos los más vulnerables y los más afectados por esta práctica.

Con esta medida, estamos seguros, avanzaremos para que en el ámbito local se lleven a cabo las acciones legislativas conducentes para conocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; para que se legisle teniendo como principio el Interés Superior de la Infancia; para que la convivencia entre padres e hijos se dé en un ambiente de paz.

De acuerdo con diferentes estudios, los patrones culturales y los estereotipos sexistas fomentan y agudizan el problema de la violencia. Si estamos de acuerdo en que la educación y la transmisión de valores son fundamentales para erradicar estas manifestaciones, se deben llevar a cabo acciones encaminadas a este fin. Resulta alarmante que el 84% de las mujeres en México considera que la violencia doméstica es algo natural, que es un asunto privado que sólo compete a la pareja, a la familia y a nadie más; que sean las mujeres más jóvenes sufran en mayor medida actos de violencia por parte de su pareja y que sólo 14 de cada 100 hogares donde se registraron actos de violencia solicitaron ayuda.

Por este componente educativo y cultural, sugerimos modificar la Ley General de Educación para que la educación que impartan el Estado, tenga como uno de sus fines desarrollar actitudes solidarias en los individuos para la eliminación de la violencia intrafamiliar.

Por el lado de la salud y la asistencia social, consideramos adecuado reformar la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social para que sean sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social preferentemente las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

La Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita debe considerar como materia de salubridad general la eliminación de la violencia en la familia. Eliminar la violencia es responsabilidad de todos nosotros: los hacedores de leyes, el gobierno, la sociedad civil, y de cada mujer y de cada hombre.

Como integrantes del Poder Legislativo, las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional nos pronunciamos por crear normas legales vigentes a la realidad de la mujer actual, impulsar mecanismos sociales de condena hacia la violencia.

Desde esta tribuna hago un llamado a que todos luchemos para acabar con esta violencia irracional que en ocasiones, desgraciadamente, cobra la vida de mujeres y de nuestra niñez. Sumemos los esfuerzos para que juntos, gobierno, sociedad, medios de comunicación, mujeres, hombres y familias tomemos acción para acabar con la violencia que afecta a nuestras familias.

Como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia y en aras del desarrollo integral de nuestras familias, me permito presentar y someter a esta Honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones para prohibir, sancionar y eliminar la violencia intrafamiliar.

Artículo 1. Se adiciona un inciso D al artículo 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13.- A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:

A. a C. ...

D. Que las legislaciones penales establezcan los delitos de violencia intrafamiliar a que haya lugar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en perjuicio de jóvenes embarazadas y en niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Artículo 2. Se adiciona una fracción XIII al artículo 4 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a IX. ...

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la eliminación de la violencia intrafamiliar, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios;

Artículo 3. Se adiciona una fracción XIII al artículo 4 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. En los términos del artículo anterior de esta Ley, son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social preferentemente los siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar.

Artículo 4. Se adiciona una fracción XXVIII al artículo 3 de la Ley General de Salud, con lo cual la actual fracción XXVIII pasa a ser la XXIX, quedando como sigue:

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XXVII. ...

XXVIII. La prevención y la atención de la violencia intrafamiliar.

XXIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional.

Transitorios

Artículo 1.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de septiembre de 2004.

Notas:

1 INEGI e Inmujeres, Mujeres y Hombres, octava edición, 2004.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Diputados: José Luis Treviño Rodríguez, Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

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LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Fernando Arévalo Espino: Con su venia, señora Presidenta. Señoras y señores diputados:

Al igual que en muchas partes del mundo, el fútbol mexicano encuentra sus orígenes alrededor de las minas o fábricas inglesas instaladas en nuestro país, siendo un grupo de técnicos y mineros de la compañía Real del Monte en la ciudad de Pachuca sus primeros practicantes. De ahí que no sea difícil de entender, porqué el fútbol soccer es el deporte más popular de nuestro país y, sin duda alguna, una fuente importante en la generación de empleos.

Es tal el crecimiento y efervescencia por este deporte en el territorio nacional, que para 1927 se funda la Federación Mexicana de Fútbol, misma que desde sus inicios ha buscado la consolidación y proyección en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Ante la tranquilidad posrevolucionaria y la deposición de las armas, en el país se empezó a respirar un clima de tranquilidad, que dio lugar a una participación masiva de las personas en las diferentes disciplinas deportivas, de ahí la necesidad de coordinar esfuerzos a efecto de obtener mayores y mejores resultados en pro del deporte mexicano y de forma particular de la capital de la República.

Es así como a mitad de la década de los cuarenta se creó la Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, la cual era responsable de coordinar los esfuerzos, público y privado, para impulsar y fomentar las actividades deportivas.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que varias disciplinas deportivas, lejos de conservarse como una actividad para el sano entretenimiento y desarrollo de las personas, con el paso del tiempo propiciaron que algunos clubes deportivos se convirtieran en empresas competidoras y promotoras de espectáculos con fines de lucro, mismas que requerían a los mejores exponentes para lograr sus objetivos sin importar si éstos eran nacionales o extranjeros, lo que sin duda provocó que llegaran al país muchos extranjeros, principalmente para enrolarse en los equipos de fútbol, lo que desplazó a los atletas mexicanos y disminuyó la calidad del deporte nacional, ello derivado de las complacencias del Gobierno y la carencia de un marco jurídico que definiera el quehacer en la materia, emergiendo de aquí la necesidad de tomar algunas decisiones con miras a resolver dicho problema, concretándose éstas en el decreto expedido el 24 de enero de 1945, por el Presidente Manuel Avila Camacho, el cual busca privilegiar la participación de los jugadores de fútbol nacidos en México.

No obstante lo limitado de la disposición, nos parece que fue oportuna, pero con el paso del tiempo sus bondades se han venido desvirtuando, pues la focalización de dicho decreto lo circunscribe al Distrito Federal, dejando fuera del contexto al resto de la República, circunstancia que hoy proponemos subsanar en beneficio del deporte mexicano y del interés supremo del pueblo de México.

En otro orden de ideas, no debemos perder de vista que el deporte está considerado implícitamente en el artículo 3º constitucional, al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del individuo, condición en la que se encuentra y se encuadra perfectamente el deporte al ser una de las actividades que mejor logra este cometido, además, el mismo constituye materia de interés público que debe ser atendida por los órganos del Estado.

Toda vez que para los jóvenes mexicanos y, en especial aquellos de escasos recursos económicos, el deporte profesional les representa una opción laboral para cambiar su condición, sin embargo, esta oportunidad se pretende cerrar a una gran cantidad de compatriotas por la decisión mercantilista de los empresarios del deporte profesional. Prueba de ello es que en el reciente torneo de clausura 2004 participaron, tanto en la Primera División Profesional como en la Primera A, un total de 40 equipos, mismos que contrataron a 201 futbolistas extranjeros destacando que dichos jugadores en su mayoría poco o nada le aportan al fútbol nacional.

También vale la pena precisar que mientras se disminuye de 20 a 18 equipos en la rama de Primera División, se aumentan 22 equipos en la Primera A, por lo que lejos de reducir el número de extranjeros éste se incrementa al contratar la Primera División Profesional 6 jugadores foráneos por equipo y 4 en la Primera A, restando con ello importantes espacios a los jóvenes de este país, quienes en muchas ocasiones por la falta de oportunidades se ven atrapados por las garras de la delincuencia o las drogas, más aún si tomamos en cuenta los altos índices de desempleo que hoy enfrentamos.

Ante lo devastador que resultaría tanto para los jóvenes como para el fútbol mexicano la medida de referencia, hoy los diputados debemos tomar la decisión de proteger la identidad del fútbol nacional, así como las canteras de sus equipos, preservando la fuente de empleo de muchos mexicanos impulsando así el surgimiento de más y mejores jugadores mexicanos que tanta falta nos hacen, más aún si tomamos como referente las recientes actuaciones de nuestras selecciones nacionales en la pasada Copa América de Perú 2004 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se exhibió la crisis del fútbol nacional, así como la falta de apoyo de los diferentes clubes para el surgimiento de nuevos valores.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno la iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

``Artículo 73 Bis.- En los partidos de fútbol soccer de la Primera División Profesional o cualquiera que sea su denominación reconocida o auspiciada por la Federación Mexicana de Fútbol o cualquiera otra organización con objetivo similar y que se celebren en territorio nacional, los equipos que en ella participen, deberán alinear a un mínimo de 8 jugadores mexicanos por nacimiento.

``En lo que respecta a la división o categoría inmediata inferior, los equipos que en ella participen, deberán alinear como mínimo a 9 jugadores mexicanos por nacimiento.''

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inscriba íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Es todo, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Jorge Antonio Kawagi Macari, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Orta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 72, inciso h), y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al igual que en muchas partes del mundo el futbol mexicano encuentra sus orígenes alrededor de las minas o fábricas inglesas instaladas en nuestro país, siendo un grupo de técnicos y mineros de la compañía Real del Monte en la ciudad de Pachuca sus primeros practicantes; de ahí que no sea difícil entender por qué el futbol soccer es el deporte más popular de nuestro país, y sin duda alguna es el que levanta mayor pasión entre el público en general y una fuente muy importante de generación de empleos.

Por tanto, la práctica formal de este deporte se remonta hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando jóvenes educados en Europa, o europeos que trabajaban en fabricas de nuestros país, fundaron los primeros clubes de futbol en la Ciudad de México, Guadalajara, Pachuca y Orizaba, mismos que con el paso del tiempo se fueron consolidando y dando pie al surgimiento de otros, hasta conformar el actual aparato futbolístico que cubre buena parte del territorio nacional.

Es tal el crecimiento y efervescencia por este deporte en el territorio nacional que para el año de 1927 se funda la Federación Mexicana de Futbol, misma que desde sus inicios ha buscado la consolidación y proyección de nuestro país, tanto en el ámbito nacional como el internacional, ello claro está, a través de la organización e integración de quienes practican o participan en el deporte hasta hoy más popular a nivel mundial, sin embargo el camino ha sido muy largo y en muchas ocasiones sinuoso.

Ante el gran auge que se viene dando en el futbol y la demanda de la población porque se promuevan ésta y otras disciplinas deportivas, el Gobierno Federal se ve obligado a organizar formalmente y destinar mayores recursos para estos fines, tanto a nivel nacional como del Distrito Federal ello en virtud de las condiciones prevalecientes en aquella época, convirtiéndose la atención y asignación de recursos presupuestales para atender las actividades inherentes al deporte en fundamentales, es decir, de interés público y de orden social, desde que en 1927 se crea una oficina de acción deportiva dentro de la Administración Pública del Distrito Federal.

Ante la tranquilidad posrevolucionaria y la deposición de las armas, en el país se empezó a respirar un clima de tranquilidad, que dio lugar a una participación masiva de las personas en las diferentes disciplinas deportivas, en las que se ven involucrados una gran cantidad de recursos tanto públicos como privados, que aun cuando persiguen un mismo fin, en ese tiempo caminaban por senderos diferentes, de ahí la necesidad de coordinar estos esfuerzos a efecto de obtener mayores y mejores resultados en pro del deporte mexicano y, de forma particular, de la capital de la República. Es así como a mitad de la década de los años cuarenta del siglo pasado, fue expedido el decreto por el que se creó un cuerpo colegiado que se denominó Comisión de Fomento Deportivo del Distrito Federal, a la cual se le asignó la responsabilidad de impulsar y fomentar las actividades deportivas, coordinando la cooperación privada con la acción oficial en el Distrito Federal.

Derivado de lo anterior y ante la gran demanda de la población por la práctica de algún deporte, así como la necesidad de profesionalizar aquellas disciplinas deportivas de mayor arraigo e impacto, concluyendo en 1943 con la organización del primer torneo de futbol profesional con 10 equipos, aunque por medio de expansiones y abandonos fue cambiando su número a través de los años. Sin embargo, la popularidad de este deporte fue acrecentándose y empezó a expandirse por toda la República, lo que motivó que en 1950 se fundara la segunda división con la idea de fomentar y desarrollar más jugadores, así como sentar bases más sólidas para el crecimiento de este deporte, tanto en el ámbito interno como externo.

Sin embargo debemos dejar en claro que en esta época el país contaba con muy pocos centros urbanos y, por obvias razones, el fundamental era el Distrito Federal, lo que propició que, en los inicios del futbol profesional, la mayoría de los equipos se concentrara en la capital del país; pero además, por lo incipiente y novedoso de la profesionalización del multicitado deporte, no existía en ese tiempo disposición alguna que regulara la participación de los jugadores extranjeros, lo cual quedaba a la discrecionalidad de los organizadores o propietarios de los equipos.

Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que varias disciplinas deportivas, lejos de conservarse como una actividad para el sano entretenimiento y desarrollo de las personas, con el paso del tiempo propiciaron que algunos clubes deportivos se convirtieran en empresas competidoras y promotoras de espectáculos deportivos con fines de lucro, por lo que requerían contar con los mejores exponentes del deporte para lograr sus objetivos, sin importar si éstos eran nacionales o extranjeros, lo que sin duda provocó que llegaran al país muchos extranjeros, principalmente para enrolarse en los equipos de futbol, lo que dio lugar al desplazamiento de los atletas mexicanos y a disminuir la calidad del deporte nacional, ello derivado de las complacencias del gobierno y la carencia de un marco jurídico que definiera el quehacer en la materia, de ahí que, fue necesario que las autoridades tomaran algunas decisiones con miras a resolver dicho problema, reflejándose las mismas en la disposición contenida en el decreto expedido por el Presidente Manuel Ávila Camacho, publicado el 24 de enero de 1945, toda vez que busca privilegiar la participación de los jugadores de futbol nacidos en México, tal y como lo cita el artículo undécimo del decreto de referencia, que a la letra dice:

Decimoprimero.- las autoridades del Distrito Federal, no permitirán la celebración de juegos de futbol soccer como espectáculos públicos de paga, ni la organización de ligas ni campeonatos de ese deporte, si en los equipos participantes no actúan como mínimo 6 jugadores mexicanos por nacimiento durante la temporada 1945-1946; y un mínimo de 7 jugadores mexicanos por nacimiento desde el primer juego de la temporada oficial 1946-1947 y en adelante.

Se exceptúan de esta prevención...

Los organismos que controlen y exploten los equipos que actúan como espectáculo público de paga, ajustarán sus reglamentaciones a lo dispuesto a este decreto.

No obstante lo limitado de la disposición, nos parece que fue muy oportuna, pero con el paso del tiempo sus bondades se han venido desvirtuando, pues la focalización de dicho decreto lo circunscribe al Distrito Federal, dejando fuera de su aplicación al resto de la República, condición por supuesto discriminatoria en detrimento de los habitantes de las demás entidades federativas, circunstancia que hoy proponemos subsanar en beneficio del deporte mexicano y del interés supremo del pueblo de México.

En otro orden de ideas, tenemos que analizar el avance que en el ámbito legislativo ha tenido el rubro en comento, de ahí que no debemos perder de vista que el deporte está considerado implícitamente en el artículo tercero constitucional, al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, condición en la que se encuadra perfectamente el deporte, al ser una de las actividades que mejor logra este cometido.

Por tanto y en complemento de lo antes citado, al encontrarse el deporte elevado a rango constitucional, en el mismo ordenamiento encontramos la facultad del Congreso de la Unión, para legislar en la materia, tal y como lo señala el artículo 73, fracción XXIX-J, además de que diversas leyes hacen referencia al tópico del deporte y, de forma específica, en torno al rubro del fútbol, como es el caso de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece la obligación de registrar ante la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y ante la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), a las asociaciones deportivas o las personas morales que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines de lucro, lo que nos lleva a concluir que tanto los clubes de fútbol como la misma Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) que los congrega, se rigen entre otras por la citada ley y por las disposiciones jurídicas que de ella emanan.

De allí que el H. Congreso de la Unión se encuentre ante la responsabilidad de ejercer su facultad de legislar en torno al ejercicio del futbol profesional (entre otros deportes), en razón de la práctica masiva de tal deporte y la afición que el mismo genera, pues éste constituyen materia de interés público que debe ser atendida por los órganos del Estado, toda vez que para los jóvenes mexicanos y, en especial aquellos de escasos recursos económicos, se sienten atraídos hacia los deportes que representan una opción laboral para obtener una retribución económica. Sin embargo, esta situación de oportunidad se pretende cerrar a una gran cantidad de compatriotas por la decisión mercantilista de los empresarios del deporte profesional, a quienes poco o nada les importa el desarrollo armónico del deporte mexicano y en este caso en particular me refiero a los propietarios de los equipos de futbol, quienes en su desenfrenado afán comercializador pretenden abrir más plazas para jugadores extranjeros, con la obvia repercusión negativa tanto para el futbol nacional como para quienes lo practican, pues cada vez se cierran más las oportunidades y las plazas para los mexicanos.

Prueba de ello es que, en el reciente torneo de clausura 2004, participaron tanto en la rama de la Primera División Profesional como en la Primera ``A'', un total de 40 equipos, mismos que contrataron a 201 futbolistas extranjeros, de los cuales 106 correspondieron al máximo circuito y 95 en la división de ascenso, destacando que dichos jugadores en su mayoría poco o nada le aportan al futbol nacional, pero sí en cambio le restan oportunidades a los jugadores mexicanos.

Además de lo anterior, se desprende que la mayor parte de jugadores extranjeros que participan en nuestro balompié son sudamericanos, primordialmente argentinos y brasileños, de ahí que no sea difícil entender el porqué del desa-rrollo futbolístico de estos países, en contraste con los pobres resultados que ofrece nuestra selección nacional.

También vale la pena precisar que las maniobras de los dueños de los clubes al desaparecer de un plumazo dos equipos de la Primera División Profesional es sólo eso, ya que mientras se disminuye para el torneo de clausura 2004, de 20 a 18 equipos en la rama de la Primera División, se incrementa a 22 equipos en la Primera ``A'', por lo que lejos de disminuir el número de extranjeros este se incrementa, en razón de que la Primera División Profesional podrá contratar 6 jugadores foráneos por equipo y 4 en la Primera ``A'', restando con ello importantes espacios a los jóvenes de este país, quienes en muchas ocasiones por la falta de oportunidades se ven atrapados por las garras de la delincuencia o las drogas, más aun si tomamos en cuenta los altos índices de desempleo que hoy enfrentamos en el país.

Ante lo devastador que resultaría tanto para los jóvenes como para el futbol mexicano la medida de referencia, hoy los diputados debemos tomar la decisión de protegerla identidad del futbol nacional, así como las canteras de sus equipos, preservando la fuente de empleo de muchos mexicanos, impulsando así el surgimiento de más y mejores jugadores mexicanos que tanta falta nos hacen en las selecciones nacionales, si es que realmente queremos incentivar y apoyar el deporte más popular de nuestro país, es decir el futbol.

Más aun si tomamos como referente las recientes actuaciones de nuestras selecciones nacionales, en la pasada Copa América de Perú 2004 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se evidenció la crisis del futbol nacional así como la falta de apoyo de los diferentes clubes para el surgimiento de nuevos valores; lo anterior no obstante la gran afición y numero de practicantes que existen en nuestro país de este deporte y que en dos ocasiones hemos sido sede de sendos campeonatos del mundo.

Por otro lado, es preciso comentar la posición de otras naciones en torno al tema de los jugadores extranjeros, es así como en los países miembros de la Comunidad Económica Europea, por una parte promueven la libre participación de los jugadores comunitarios, es decir aquellos que ostentan pasaporte de los países que integran la Unión Europea, y por otro limitan la participación de los jugadores extranjeros en sus ligas; de ahí que países como España e Italia tan sólo permitan la participación de tres jugadores extracomunitarios por equipo, no obstante que en estos países se encuentran las dos mejores ligas de futbol del mundo, sin embargo en lo que se refiere a sus selecciones nacionales, sus resultados han sido magros en los últimos tiempos, dado que el desarrollo de sus fuerzas básicas es muy raquítico, situación muy similar a la mexicana, pero que hoy está en nuestras manos aportar parte de la solución.

Toda vez que este Congreso tiene la facultad para legislar sobre la operación y funcionamiento de la Conade, Codeme y COM, organismos que a su vez son los responsables de integrar, organizar, administrar y controlar lo relativo al quehacer deportivo nacional, concentrándose en ellos todas las federaciones y asociaciones relacionadas con las diferentes disciplinas deportivas, por tanto hoy este H. Congreso de la Unión debe legislar en torno a la participación de los jugadores extranjeros y nacionales de una de las disciplinas deportivas más populares de nuestro país, como es el caso del futbol profesional, evitando que su explotación comercial afecte el desarrollo del mismo a nivel nacional y las oportunidades para nuestros compatriotas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 73 Bis a Ley General de Cultura Física y Deporte.

Único.- Se adiciona el artículo 73 Bis a Ley General de Cultura física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 73 Bis.- En los partidos de futbol soccer de la Primera División Profesional o cualquiera que sea su denominación reconocida o auspiciada por la Federación Mexicana de Fútbol, o cualquiera otra organización con objetivo similar, y que se celebren en territorio nacional, los equipos que en ella participen deberán alinear a un mínimo de 8 jugadores mexicanos por nacimiento.

En lo que respecta a la división o categoría inmediata inferior, los equipos que en ella participen deberán alinear como mínimo a 9 jugadores mexicanos por nacimiento.

Por cuanto hace al resto de las ligas o divisiones reconocidas o no por la Federación Mexicana de Fútbol y que se establezcan con fines de lucro, está prohibida la participación de jugadores que no sean mexicanos por nacimiento en las mismas.

Se exceptúan de esta previsión los partidos internacionales o interclubes con conjuntos extranjeros visitantes.

Transitorios

Primero. Túrnese el presente decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y surtirá sus efectos a partir del inicio del torneo de clausura 2005.

Tercero. Las asociaciones o federaciones que controlen o exploten los equipos de futbol que actúan como espectáculo de paga, ajustarán sus reglamentaciones a lo dispuesto por esta ley.

Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Diputados: Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Jorge Antonio Kawagi Macari, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Orta (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Espino Arévalo.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene ahora la palabra el diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, en materia de farmacopea.

El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señora Presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este pleno, de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa por la cual se reforman los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Tomando en consideración que la salud es un derecho esencial de todos y base del desarrollo de una sociedad, el control sanitario de las sustancias sicotrópicas y estupefacientes es fundamental por la repercusión que los mismos tienen en la salud de las personas.

Los sicotrópicos y estupefacientes son sustancias que producen efectos en el sistema nervioso central y poseen un poder terapéutico indudable en el tratamiento de padecimientos que en los últimos tiempos han cobrado mayor incidencia, tales como carcinomas, crisis de angustia, ansiedad generalizada y depresión.

Sin embargo, también presentan un potencial de adicción que puede traducirse en su abuso o desvío para fines ilícitos, lo cual representa un grave riesgo para la salud.

Por lo tanto se requieren controles sanitarios que aseguren la prescripción y la dispensación responsable de estos medicamentos sin afectar su abasto. Para ello, es necesaria la constante actualización de los listados que identifican a las sustancias sicotrópicas y estupefacientes a fin de facilitar la correcta clasificación de medicamentos innovadores de acuerdo al análisis de riesgo a la salud que elabore la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Lo anterior, permitirá sujetar a una mayor regulación a aquellos medicamentos que presenten un potencial de adicción, abuso o desvío y permitirá que México pueda adoptar, con rapidez, los criterios de clasificación dictados por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes o JIFE de las Naciones Unidas.

Asimismo es fundamental fortalecer los mecanismos de control relacionados a la dispensación de medicamentos sicotrópicos y estupefacientes a través de regulaciones claras que permitan a las farmacias autorizadas para la venta de estos productos, instrumentar una fiscalización efectiva de recetas médicas.

Es por esto que con el propósito de modernizar el texto de la Ley General de Salud, para adecuarlos a las actuales exigencias nacionales e internacionales presento ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, en materia de sustancias sicótropicas y estupefacientes.

Artículo 234. Para los efectos de esta ley se entiende por estupefacientes, todo fármaco que modifica las funciones cerebrales provocando estupor. Comprende básicamente los derivados naturales del opio y los derivados sintéticos de los opiáceos.

Las sustancias que se consideren como estupefacientes, serán determinadas mediante las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Artículo 245. Para efectos de esta ley, se entiende por sustancia sicótropica, aquella que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, modificando las funciones mentales y/o emocionales del individuo, que se manifiesta como cambios en el comportamiento.

En relación a las medidas de control y vigilancia que deberán de adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias sicótropicas se clasifican en 5 grupos:

Primero, son las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública.

Segundo. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública.

Tercero. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema simplemente para la salud pública.

Cuarto. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública que son habitualmente los antidepresivos y ansiolíticos que se utiliza y

Quinto. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria.

Las sustancias que se consideren como sicótropicas serán determinadas mediante las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Es precisamente en este último párrafo, en donde se da la posibilidad que la modificación de esta lista pueda ser dada como lo mencionó, mediante disposiciones de carácter general y no cada vez que aparezca una nueva sustancia con estos efectos, haya necesidad de hacer una modificación a la Ley General de Salud.

Es por lo tanto, una simplificación desde el punto de vista administrativo que se pretende lograr con estas modificaciones a los artículos ya señalados.

Solicitando muy atentamente sea publicado el texto íntegro de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, en materia de farmacopea, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

Honorable Asamblea:

El suscrito diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, a nombre de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa, por la cual se reforman los artículos 234 y 245, de la Ley General de Salud, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos 80 años se ha venido instaurando un sistema mundial de fiscalización de las drogas objeto de uso indebido mediante la adopción de una serie de tratados internacionales. Las importantes convenciones multilaterales actualmente en vigor son la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (Convención de 1961), en su forma enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Convenio de 1971) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 (Convención de 1988).

Cada uno de los sucesivos tratados ha traído consigo una legislación complementaria y ha hecho progresar el derecho internacional. Desde un principio, la finalidad básica de los tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes ha sido limitar el uso de las drogas al ámbito de los fines médico y científico exclusivamente.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta), órgano fiscalizador independiente y cuasijudicial encargado de aplicar las Convenciones y el Convenio de las Naciones Unidas relativos a las drogas, es de suma importancia en esta iniciativa ya que lo que se pretende es incluir ciertas substancias en la Ley General de Salud, las cuales ya están incluidas en las listas de la propia JIFE.

Esta Junta internacional fue establecida en 1968 por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

La Junta es independiente, tanto de los gobiernos como de las Naciones Unidas; sus 13 miembros ejercen sus funciones a título personal.

El alcance de la fiscalización internacional de drogas se refleja en los tratados internacionales de fiscalización de drogas controlan dos categorías de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

En la actualidad se fiscalizan más de 116 estupefacientes en virtud de la Convención de 1961. Entre éstos figuran principalmente los productos naturales, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína; estupefacientes sintéticos, como la metadona y la petidina, así como la cannabis y la cocaína.

El Convenio de 1971 fiscaliza unas 111 sustancias sicotrópicas. La mayoría de las cuales forman parte de productos farmacéuticos que actúan sobre el sistema nervioso central.

La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (la Comisión de Estupefacientes o la Comisión), una de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social, está facultada para determinar si una nueva droga debe incluirse en una lista, o si una droga que figura en la lista debe trasladarse a otra lista o borrarse simplemente. Al obrar así, la Comisión debe tener en cuenta los resultados y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir que en el ámbito internacional se encuentra bien organizado todo lo relativo a estupefacientes.

El sistema internacional de fiscalización del movimiento lícito de estupefacientes establecido por la Convención de 1961 funciona en general de forma satisfactoria, y las drogas producidas o fabricadas lícitamente no suelen constituir una fuente de tráfico ilícito. El buen funcionamiento de este mecanismo hay que atribuirlo sobre todo al sistema de previsiones que abarca todos los países, sean o no partes en la Convención. Los países tienen obligación de no rebasar las cantidades fijadas en las previsiones confirmadas o establecidas por la Junta.

La Fiscalización de precursores y de productos químicos esenciales para la fabricación ilícita de drogas

El artículo 12 de la Convención de 1988 introdujo una serie de medidas de fiscalización de diversas sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. En ese artículo se confiaba a la Junta el cometido de vigilar la aplicación por los gobiernos de las medidas para fiscalizar esas sustancias y de evaluar las sustancias químicas para su posible fiscalización en el plano internacional. La Junta informa anualmente a la Comisión sobre la aplicación de ese artículo por los gobiernos.

La Evaluación y apoyo de los esfuerzos nacionales se ve reflejada al examinar y analizar la información que recibe de unos 190 países y territorios, la JIFE comprueba si se están aplicando los tratados en todo el mundo de la forma más eficaz posible. Mediante la evaluación permanente de los esfuerzos nacionales, la JIFE puede recomendar medidas y sugerir ajustes de los regímenes de fiscalización internacional y nacional.

A fin de promover los fines de los tratados, la Junta mantiene un diálogo permanente con los gobiernos. Ese diálogo reviste la forma de consultas periódicas o de misiones organizadas con la anuencia de los gobiernos interesados. Fruto de esa política ha sido, por ejemplo, que algunos países se adhirieron a las Convenciones y al Convenio y han reforzado su legislación. Para lograr resultados óptimos, hay que coordinar todos los esfuerzos nacionales con los que se llevan a cabo en el plano regional y en el plano mundial.

Es por ello que debemos cumplir con los compromisos internacionales e incluir estos productos o substancias en la Ley General de Salud, ya que también se excluyen algunas substancias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud

Único.- Se reforman los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 234.

Para los efectos de esta ley se entiende por estupefaciente todo fármaco que modifica las funciones cerebrales provocando estupor, comprende básicamente los derivados naturales del opio y los derivados sintéticos de los opiáceos.

Las sustancias que se consideren como estupefacientes serán determinadas mediante las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

ACETILDIHIDROCODEINA.

ACETIL-ALFA-METILFENTANIL N-[1-(alfa-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilida

ACETILMETADOL (3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano)

ACETORFINA (3-0-acetiltetrahidro- 7a-(1-hidroxil-1-etilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina) denominada también 3-0-acetil-tetrahidro- 7a (1-hidroxi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 acetoxil-1,2,3, 3_, 8 9-hexahidro-2a (1-(R) hidroxi-1-metilbutil)3-metoxi-12-metil-3; 9a- eteno-9,9-B-iminoctanofenantreno (4a,5 bed) furano.

ALFACETILMETADOL (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptano).

ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4 difenil-3-heptanol).

ALFA-METILFENTANIL N-[1-(alfa-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida

ALFA-METILTIOFENTANIL N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida

ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

ALFENTANIL (monoclorhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5- oxo- 1H-tetrazol-1-il) etil]-4-(metoximetil)-4-piperidinil]-N fenilpropanamida).

ALILPRODINA (3-alil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

ANILERIDINA (éster etílico del ácido 1-para-aminofenetil-4- fenilpiperidin-4-carboxilíco).

BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- (2-oxo-3- propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina).

BENCETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-benciloxietil)-4- fenilpiperidin-4-carboxílico).

BENCILMORFINA (3-bencilmorfina).

BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4- difenilheptano).

BETA-HIDROXIFENTANIL N-[1-(beta-hidroxifenetil)-4-piperidil]propionanilida

BETA-HIDROXI-3-METILFENTANIL N-[1-(beta-hidroxifenetil)-3-metil-4-piperidil] propionanilida

BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina).

BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).

BETAPRODINA (beta-1,3,dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).

BUPRENORFINA.

BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato).

CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas.

CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4- propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4- propionilpiperidina).

CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5- nitrobencimidazol).

COCA (hojas de). (erythroxilon novogratense).

COCAINA (éster metílico de benzoilecgonina).

CODEINA (3-metilmorfina) y sus sales.

CODOXIMA (dehidrocodeinona-6-carboximetiloxima).

CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).

DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina).

DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) ó [+]-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

DEXTROPROPOXIFENO (a -(+)-4 dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.

DIAMPROMIDA (n-[2-(metilfenetilamino)-propil]-propionanilida).

DIETIL+TIAMBUTENO (3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buteno).

DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4-fenilpiperidín-4-carboxílico), ó 2,2 difenil-4- carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril).

DIFENOXINA (ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- fenilisonipecótico).

DIHIDROCODEINA.

DIHIDROETORFINA 7,8-dihidro-7-alfa-[1-( R )-hidroxi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavina

DIHIDROMORFINA.

DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol).

DIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1-difenilacetato), ó 1-etoxi-1-difenilacetato de dimetilaminoetilo ó dimetilaminoetil difenil-alfaetoxiacetato.

DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-buteno).

DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3-heptanona).

DRONABINOL (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d] pirano-1-ol

DROTEBANOL (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6 b,14-diol).

ECGONINA sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.

ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilano-1,1-di(2'-tienil)-1- buteno).

ETILMORFINA (3-etilmorfina) o dionina.

ETONITACENO (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5- nitrobencimidazol).

ETORFINA (7,8-dihidro-7 a,1 (R)-hidroxi-1-metilbutil 06-metil-6- 14-endoeteno- morfina, denominada también (tetrahidro-7 a;-(1-hidroxi- 1-metilbutil)-6,14 endoeteno-oripavina).

ETOXERIDINA (éster etílico del ácido 1-[2-(2-hidroxietoxi) etil]-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.

FENADOXONA (6-morfolín-4,4-difenil-3-heptanona).

FENAMPROMIDA (n-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida) ó n- [1-metil-2- (1-piperidinil)-etil] -n-fenilpropanamida.

FENAZOCINA (2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfán).

FENMETRAZINA (3-metil-2-fenilmorfolina 7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6-hexahidro-8-hidroxi 6-11-dimetil-3-fenetil-2,6,-metano- 3-benzazocina).

FENOMORFAN (3-hidroxi-n-fenetilmorfinán).

FENOPERIDINA (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3- fenilpropil) 4-fenilpiperidín-4-carboxílico, ó 1 fenil-3 (4-carbetoxi- 4-fenil- piperidín)-propanol).

FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).

FOLCODINA (morfoliniletilmorfina o beta-4- morfoliniletilmorfina).

FURETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)- 4-fenilpiperidín-4-carboxílico).

HEROINA (diacetilmorfina).

HIDROCODONA (dihidrocodeinona).

HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina).

HIDROMORFONA (dihidromorfinona).

HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido 4- meta-hidroxifenil-1 metil piperidín-4-carboxílico) o éster etílico del ácido 1-metil-4-(3- hidroxifenil)-piperidín-4-carboxílico.

ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona).

LEVOFENACILMORFAN ( (-)-3-hidroxi-n-fenacilmorfinán).

LEVOMETORFAN ( (-)-3-metoxi-n-metilmorfinán).

LEVOMORAMIDA ((-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]-morfolina), o (-)-3-metil-2,2 difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

LEVORFANOL ( (-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).

METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).

METADONA, intermediario de la (4-ciano-2-dimetilamino-4, 4- difenilbutano) ó 2-dimetilamino-4,4-difenil-4-cianobutano).

METAZOCINA (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfán o 1,2,3,4,5,6, hexahidro-8-hidroxi-3,6,11,trimetil-2,6-metano-3- benzazocina).

METILDESORFINA (6-metil-delta-6-deoximorfina).

METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina).

METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2-piperidín acético).

3-METILFENTANIL N-(3-metil-1-(fenetil-4-piperidil)propionanilida

3-METILTIOFENTANIL N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida

METOPON (5-metildihidromorfinona).

MIROFINA (miristilbencilmorfina).

MORAMIDA, intermediario del (ácido 2-metil-3-morfolín-1, 1- difenilpropano carboxílico) o (ácido 1-difenil-2-metil-3-morfolín propano carboxílico).

MORFERIDINA (éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).

MORFINA.

MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de n-oximorfina, uno de los cuales es la n-oxicodeína.

MPPP propionato de 1- metil-4-fenil-4- piperidinol (éster)

NICOCODINA (6-nicotinilcodeína o éster 6-codeínico del ácido-piridín-3-carboxílico).

NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeína o éster nicotínico de dihidrocodeína).

NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina) o di-éster-nicotínico de morfina).

NORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4- difenilbeptano).

NORCODEINA (n-demetilcodeína).

NORLEVORFANOL ( (-)-3-hidroximorfinan).

NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona) o i, 1-difenil-1-dimetilaminoetil-butanona-2 ó 1-dimetilamino 3,3-difenil-hexanona-4).

NORMORFINA (demetilmorfina o morfina-n-demetilada).

NORPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3hexanona).

N-OXIMORFINA

OPIO

OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona o dihidrohidroxicodeinona).

OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona) o dihidroxidroximorfinona).

PAJA DE ADORMIDERA, (Papaver Somniferum, Papaver Bracteatum, sus pajas y sus semillas).

PARA-FLUOROFENTANIL 4´-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida

PENTAZOCINA y sus sales.

PEPAP acetato de 1-fenetil-4-fenil-4- piperidinol (éster)

PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenil-piperidin-4- carboxílico), o meperidina.

PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 metil-4- fenilpiperidina ó 1-metil-4-fenil-4-cianopiperidina).

PETIDINA intermediario B de la (éster etílico del ácido-4- fenilpiperidín-4-carboxílico o etil 4-fenil-4-piperidín-carboxílico).

PETIDINA intermediario C de la (ácido 1-metil-4-fenilpiperidín- 4-carboxílico).

PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3- fenilaminopropil)-piperidín-4-carboxílico).

PIRITRAMIDA (amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1- piperidín) -piperidín-4-carboxílico) ó 2,2-difenil-4-1 (carbamoil-4- piperidín)butironitrilo).

PROHEPTACINA (1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano) ó 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametilenimina).

PROPERIDINA (éster isopropílico del ácido 1-metil-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).

PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridil-propionamida)

RACEMETORFAN ( (+)-3-metoxi-N-metilmorfinán).

RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil] morfolina) o ((+)-3-metil-2,2-difenil-4- morfolinobutirilpirrolidina).

RACEMORFAN ((+)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).

REMIFENTANILO éster metílico del ácido 1-(2-metoxicarboniletil) --4 (fenilpropionilamino)-piperidín-4-carboxílico

SUFENTANIL (n-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil) etil]-4- piperidil] propionanilida).

TEBACON (acetildihidrocodeinona ó acetildemetilodihidrotebaína).

TEBAINA

TILIDINA ((+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3- ciclohexeno-1-carboxilato).

TIOFENTANIL N[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida

TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y

Los isómeros de los estupefacientes de la lista anterior, a menos que estén expresamente exceptuados.

Cualquier otro producto derivado o preparado que contenga substancias señaladas en la lista anterior, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza análoga y cualquier otra substancia que determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 245

Para efectos de esta Ley, se entiende por substancia psicotrópica, aquellas que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, modificando las funciones mentales y/o emocionales del individuo que se manifiesta como cambios en el comportamiento.

En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán de adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son: AMOBARBITAL

ANFETAMINA

CICLOBARBITAL

DEXTROANFETAMINA (DEXANFETAMINA)

ETILANFETAMINA

FENETILINA

FENCICLIDINA

FENMETRACINA

HEPTABARBITAL

LEVANFETAMINA

LEVOMETANFETAMINA

MECLOCUALONA

METACUALONA

METANFETAMINA

NALBUFINA

PENTOBARBITAL

RACEMATO DE METANFETAMINA

SECOBARBITAL

SECBUTABARBITAL

BUTORFANOL

2C-B (4-BROMO-2, 5-DIMETOXIFENETILAMINA)

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

BENZODIAZEPINAS:

ALOBARBITAL

ALPRAZOLAM

AMINOREX

BROMAZEPAM

BROTIZOLAM

CAMAZEPAM

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORACEPATO DIPOTASICO

CLORDIAZEPOXIDO

CLOTIAZEPAM

CLOXAZOLAM

DELORAZEPAM

DIAZEPAM

DOXEPIN

DROPERIDOL

ESTAZOLAM

ETOMIDATO

FENCAMFAMINA

FLUDIAZEPAM

FLUNITRAZEPAM

FLURAZEPAM

GHB ACIDO GAMA-HIDROXIBUTIRICO

HALAZEPAM

HALOXAZOLAM

KETAZOLAM

LOFLACEPATO DE ETILO

LOPRAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MEDAZEPAM

MESOCARBO

METAMFEPRAMONA

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OXAZEPAM

OXAZOLAM

PINAZEPAM

PIROVALERONA

PRAZEPAM

QUAZEPAM

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

ZALEPLON

ZOLPIDEM

Otros:

ANFEPRAMONA (DIETILPROPION)

CARISOPRODOL

CLOBENZOREX (CLOROFENTERMINA)

ETCLORVINOL

FENDIMETRAZINA

FENPROPOREX

FENTERMINA

GLUTETIMIDA

HIDRATO DE CLORAL

KETAMINA

MEFENOREX

MEPROBAMATO

AMOXAPINA

ACIDO BARBITURICO (2, 4, 6 TRIHIDROXIPIRAMIDINA)

CLOZAPINA

EFEDRINA

ERGOMETRINA (ERGONOVINA)

ERGOTAMINA

1-FENIL -2-PROPANONA

FENILPROPANOLAMINA

PEMOLINA

PIMOZIDE

PSEUDOEFEDRINA

RISPERIDONA

ZIPEPROL

ZOPICLONA

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:

GABOB (ACIDO GAMMA AMINO BETA HIDROXIBUTIRICO)

ALOBARBITAL

AMITRIPTILINA

APROBARBITAL

BARBITAL

BENZOFETAMINA

BENZQUINAMINA

BUSPIRONA

BUTABARBITAL

BUTALBITAL

BUTAPERAZINA

BUTETAL

BUTRIPTILINA

CAFEINA

CARBROMAL

CLORIMIPRAMINA CLORHIDRATO

CLOROMEZANONA

CLOROPROMAZINA

CLORPROTIXENO

DEANOL

DESIPRAMINA

ECTILUREA

ETINAMATO

FENELCINA

FENFLURAMINA

FENOBARBITAL

FLUFENAZINA

HALOPERIDOL

HEXOBARBITAL

HIDROXICINA

IMIPRAMINA

ISOCARBOXAZIDA

LEFETAMINA

LITIO-CARBONATO

MAPROTILINA

MAZINDOL

MEPAZINA

METILFENOBARBITAL

METILPARAFINOL

METIPRILONA

NOR-PSEUDOEFEDRINA (+) CATINA

NORTRIPTILINA

PARALDEHIDO

PENFLURIDOL

PENTOTAL SODICO

PERFENAZINA

PIPRADROL

PROMAZINA

PROPILHEXEDRINA

SULPIRIDE

TETRABENAZINA

TIALBARBITAL

TIOPROPERAZINA

TIORIDAZINA

TRAMADOL

TRAZODONE

TRIFLUOPERAZINA

VALPROICO (ACIDO)

VINILBITAL.

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes. Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Septiembre de 2004.--- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, señor diputado.

Y de acuerdo a su solicitud, publíquese íntegro el texto en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

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ARTICULO 125 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Compañeras y compañeros diputados:

El servidor público en México, es un funcionario del Estado designado por disposición y mandato de la ley, para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los servidores públicos pueden ser sujetos de juicio políticos por violaciones graves a esa norma fundamental y a las disposiciones y leyes federales, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales.

Por su parte, el artículo 109 primer párrafo de nuestra Carta Magna, dispone que corresponde a los Congresos locales y al Congreso de la Unión, expedir las leyes conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurran en responsabilidad, siendo procedente el juicio político, según lo establecido en la fracción I del propio numeral; respecto de los sujetos enumerados en el artículo 110, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La interpretación conjunta de los aludidos preceptos, induce a las legislaturas estatales y a las cámaras de Diputados y Senadores a emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios o servidores públicos.

Los delitos de los funcionarios al servicio del Estado son aquellos delitos que son cometidos por las personas que la ley denomina ``servidores públicos'' y que en particular comprende a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a cualesquiera otras personas que manejen o apliquen recursos económicamente federales.

Además se comprende igualmente a los gobernadores de los estados, a los diputados de las legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales.

El Congreso de la Unión debe fortalecer la capacidad del sistema político para desarrollar equilibrios estables entre las funciones que pudiera desarrollar un individuo que se ha desarrollado en su vida profesional en los ámbitos comercial, económico, cultural, político, que permita a su vez conducir con relativa armonía los asuntos públicos.

Con las reformas que se proponen, más que una forma de castigar o de limitar la libertad de cualquier servidor público a realizar un trabajo, es una legitimidad del poder público y del ejercicio del mismo.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``...ningún servidor público podrá realizar trabajo alguno en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte que por su condición de servidor público se pudiera facilitar cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de licencia, permiso, dictamen o cualquier otro acto ejecutivo, judicial, legislativo o administrativo.''

Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del martes 28 de septiembre de 2004

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

El servidor público en México es un funcionario del Estado, designado por disposición y mandato de la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

El artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político por violaciones graves de esa Norma Fundamental y de las leyes federales, así como por manejo indebido de fondos y recursos federales.

Por su parte, el artículo 109, primer párrafo, de la Carta Magna dispone que corresponde a los Congresos locales y al Congreso de la Unión expedir las leyes conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurran en responsabilidad, siendo procedente el juicio político, según lo establecido en la fracción I del propio numeral, respecto de los sujetos enumerados en el artículo 110, cuando incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

La interpretación conjunta de los aludidos preceptos induce a las Legislaturas estatales y las Cámaras de Diputados y de Senadores a emitir las normas reguladoras para la aplicación de las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, para el caso de comisión de conductas de esa índole por los mencionados funcionarios.

Los delitos de los funcionarios al servicio del Estado son los delitos que son cometidos por las personas que la ley denomina servidores públicos y que, en particular, comprende a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y Judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a cualesquiera otras personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.

Además, se comprende igualmente a los gobernadores de los estados, a los diputados de las Legislaturas locales y a los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales.

El Congreso de la Unión debe fortalecer la capacidad de sistema político para desarrollar equilibrios estables entre las funciones que pudiera desarrollar un individuo que se ha desarrollado en su vida profesional en los ámbitos comercial, económico, cultural, político, etcétera, que permitan a su vez conducir con relativa armonía los asuntos públicos.

Con la reforma que se propone, más que una forma de castigar o de limitar la libertad de cualquier servidor público a realizar un trabajo, es una legitimidad de poder público y del ejercicio del mismo.

Por todo lo anterior, sometemos a la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de

Decreto

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 125. ...

Ningún servidor público podrá realizar trabajo alguno en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, que por su condición de servidor publico se pudiera facilitar cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de licencia, permiso, dictamen o cualquier otro acto ejecutivo, judicial, legislativo o administrativo.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de septiembre de 2004.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya cambio el turno, señor diputado, muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El siguiente punto del orden del día y que tiene qué ver con una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ha sido retirado por su iniciante.

Le damos la más cordial bienvenida a los integrantes del Club Rotario Metropolitano del Distrito 4170, encabezados por su presidenta, la doctora María de Lourdes Yáñez Gutiérrez.

Muchas gracias por venir, sean bienvenidos.

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LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura en la H. Cámara de Diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

De conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 40, 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 65, 87, 88, 89, 93 y 94 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Dictaminadora procedió al estudio y análisis de la minuta materia del dictamen, conforme a los siguientes apartados:

A. En el primero se consignan los ``ANTECEDENTES'' de la propuesta en estudio.

B. En el segundo se hace la ``VALORACIÓN'' de la iniciativa, motivando los razonamientos y fundando argumentos del dictamen.

C. En el tercero se presentan las ``CONSIDERACIONES'' que dan sustento a los razonamientos que orientaron el presente dictamen, y

D. Finalmente, se presentan las conclusiones y el dictamen de la iniciativa.

ANTECEDENTESA. Durante la sesión ordinaria, celebrada el día 18 de marzo de 2004, los diputados Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que les otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante el pleno de ésta H. Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo para que los proyectos que apoye esta Ley no sólo sean técnica y financieramente viables, sino también ambientalmente sustentables.

B. En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, dispuso su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su estudio y correspondiente dictamen.

VALORACIÓN

En su exposición de motivos los diputados promoventes de la iniciativa establecen que resulta evidente el deterioro ambiental en el campo. Paralelamente a este proceso se observan serias debilidades productivas como el lento crecimiento del sector, derivado del débil apoyo gubernamental para el fomento de las actividades agrícolas y el desarrollo del sector agropecuario y forestal.

Esta situación resulta paradójica, ya que a pesar de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, no han tenido lugar de ninguna manera los resultados esperados para el desarrollo del campo, ni en lo productivo, ni en la protección al ambiente.

Por lo anterior, se considera apremiante tomar medidas que permitan modificar su operación y, en consecuencia, los resultados e impactos ambientales derivados de los sistemas de apoyo de Procampo.

El Procampo debe tener muy en cuenta las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo, e incorporar la sustentabilidad como un requisito de los proyectos que apoye.

Por ello, se propone que se reforme el Artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Con base en los antecedentes y la valoración que preceden, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Rural consideran viable y pertinente la iniciativa en comento e incluso propone ampliarla e incluso incorporar a la vez en el texto de la misma, la rentabilidad social.

Por lo que a fin de dejar establecida la validez de la iniciativa, hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la Ley de Capitalización del Procampo (LCP), publicada el 31 de diciembre de 2001 tiene por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia, de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) para capitalizar sus unidades de producción y desarrollar proyectos y acciones de modernización.

Que la LCP busca proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los apoyos para instrumentar los proyectos productivos que permitan una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles, así como aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos y tratados internacionales sobre la materia. Es decir, como sector primario de la economía no se puede dejar de lado el contexto global en el que este se ubica.

Que de acuerdo con el texto de la Ley en comento, su aplicación seguirá invariablemente las prioridades, orientaciones y disposiciones previstas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto a equidad entre regiones y grupos menos favorecidos, así como la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales.

Que desde el punto de vista ambiental, la LCP establece que el acceso al Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO invariablemente será mediante un proyecto productivo que deberá estar directamente relacionado con la producción primaria, la agroindustrialización y el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para la realización o desarrollo del proyecto productivo u otras actividades económicas vinculadas a las cadenas productivas agropecuarias, forestales y pesqueras.

Que tendrán prioridad los proyectos que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria; a la optimización en el uso y aprovechamiento del agua; la conservación y mejoramiento de los recursos naturales y los servicios ambientales; a la generación de empleo; al incremento de la capacidad de los productores para alcanzar economías de escala y capacidad de negociación y a la integración de cadenas productivas y agregación de valor a los productos del campo.

Que uno de los principios rectores del Acuerdo Nacional para el Campo firmado el 28 de abril de 2003, es el impulso a sistemas sustentables de producción agropecuaria, agroindustrial, forestal y pesquera, con orientación al mercado interno y aprovechando las oportunidades de los mercados de exportación.

Que no obstante, la LCP contempla ciertos lineamientos y criterios en relación con el tema de la sustentabilidad, los diputados proponentes consideran adecuado incorporar dicho criterio en el texto de la Ley. La Comisión de Desarrollo Rural considera conveniente incluir también el criterio de la rentabilidad social, en aras de contribuir al desarrollo rural sustentable previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, definido este en esta misma ``como el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo a las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio''.

Que en atención a las consideraciones y razonamientos expuestos, esta Comisión Dictaminadora emite las siguientes:

CONCLUSIONES

1. Se considera adecuada la iniciativa de reforma de considerar en los proyectos productivos que apoye la LCP, además de los criterios técnicos y financieros, la dimensión ambiental.

2. A fin de darle el enfoque de desarrollo rural integral, se propone incluir en la propuesta de reforma, el criterio de la rentabilidad social.

3. Con las consideraciones anteriores, es de aprobarse la reforma al Artículo 15 de la LCP.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Agricultura y Ganadería consideran que la presente reforma complementa los criterios que se aplican para apoyar los proyectos productivos previstos en el texto actual de la Ley de Capitalización de PROCAMPO; por lo que se permite someter a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO

Artículo Único. Se reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo, para quedar como sigue:

Artículo 15. Mediante la presente Ley, se apoyará a los productores a través de proyectos productivos que no sólo sean financiera y técnicamente viables, sino también socialmente rentables y ambientalmente sustentables, para lo cual la Secretaría proporcionará información sobre opciones técnicas que mejoren los procesos productivos acostumbrados y sobre otras actividades que presenten mejores condiciones productivas y de mercado que les permita tomar las decisiones que convengan a sus intereses.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de agosto de 2004.--- Por la Comisión de Agricultura y Ganadería firman el siguiente dictamen los diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).

Es de primera lectura.

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NEZAHUALCOYOTL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de dispensársele la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl.

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias recibió de la LVIII Legislatura el expediente referido a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir en Letras de Oro el nombre de Nezahualcóyotl, presentada por el Diputado Enrique Martínez Orta, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, el día 29 de abril de 2002.

Con fundamento en las facultades que le confiere el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 del artículo 39, el numeral 2 inciso b del artículo 40, el numeral 6 inciso f del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88, 93, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 29 de abril de 2002 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa en comento, la cual fue turnada el mismo día por la Mesa Directiva a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura.

2.- Dicha Comisión de la LVIII Legislatura, luego de analizar y valorar la Iniciativa, elaboró un Dictamen que fue firmado por 12 diputadas y diputados de 18 que la integraban, quienes pertenecían a los distintos Grupos Parlamentarios representados en ella. El Dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2003.

3.- El 30 de abril de 2003 quedó de primera lectura y en virtud de que ese mismo día se cerró el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el dictamen no fue resuelto por el Pleno, por lo que el asunto quedó bajo responsabilidad de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura.

4.- Dicho órgano de gobierno, con base en el resolutivo primero del Acuerdo relativo a los Dictámenes de Proyectos de Ley o decreto normativo que no alcanzó a conocer el Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de agosto de 2003, entregó a la LIX Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de dictámenes dentro de los que se relacionó con el número de expediente 1887, el relativo a la Iniciativa motivo del presente Dictamen.

5.- En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 21 de enero de 2004, se creó la Subcomisión de Letras de Oro y Consultas para el análisis de las iniciativas y proposiciones en esta materia. En la misma sesión, diversos integrantes de la Comisión se manifestaron en torno a la necesidad de fijar nuevos criterios para el Dictamen de Iniciativas relativas a la inscripción en Letras de Oro, planteándose incluso la posibilidad de que para ello se pudieran realizar foros con académicos e intelectuales, a fin de recoger su opinión especializada. Igualmente se señaló la conveniencia de que en tanto se cuenta con dichos criterios, sería razonable dictaminar sólo algunas Iniciativas al respecto, a fin de disminuir el rezago legislativo existente.

6.- Por acuerdo de Comisión, se determinó no retomar el proyecto de Dictamen elaborado por la anterior legislatura, sino elaborar un nuevo dictamen sobre la Iniciativa, el cual recupere los elementos sustantivos de aquél.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

1.- La iniciativa con proyecto de se funda en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- La iniciativa destaca la trascendencia de Nezahualcóyotl, quien fue un guerrero victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura, personaje ilustre de la época prehispánica, quien naciera un 28 de abril de 1402.

3.-La Iniciativa es presentada al día siguiente de que se cumplieron los 600 años del natalicio del también llamado Rey Poeta, por lo que expone la necesidad de celebrar y reconocer la vida y obra de quien nos legó el más elevado ejemplo de valor y sabiduría que el México prehispánico ofrece a las generaciones actuales y futuras.

4.- En su exposición de motivos los autores de la iniciativa destacan las grandes habilidades políticas y diplomáticas que poseía desde muy joven Nezahualcóyotl, las cuales le permitieron liberar, mediante alianzas con otros pueblos, a su reino Acolhuacán del poderoso dominio del Señorío de Atzcapotzalco.

5.- Destacan los iniciadores del Proyecto de Decreto que: Nezahualcóyotl, dispuesto a inaugurar una época de esplendor en el Valle de México, consiguió sellar un pacto con Itzcóatl de Tenochtitlán y Totoquiyauhtzin, señor de Tacuba, para así consolidar la celebre Triple Alianza, que habría de perdurar durante 90 años hasta la caída del Triple Imperio en manos de los conquistadores españoles.

6.- De manera sobresaliente, los sustentantes de la Iniciativa dan cuenta de la visión de Nezahualcóyotl para diseñar un sistema jurídico que prevaleció durante el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, hasta la llegada de los conquistadores españoles, con lo que demostró la gran autoridad moral que ejerció en vida. Igualmente, exponen que para la administración de justicia Nezahualcóyotl conformó una organización muy avanzada, con juzgados de primera instancia y tribunales de apelación, aplicando un criterio muy riguroso para seleccionar entre los ciudadanos más preparados y honorables, a los jueces, quienes debían reunirse cada 80 días con el rey para solucionar en forma conjunta los casos que ofrecían mayor dificultad. Es importante señalar que ningún juicio podría demorar más de 80 días en trámite.

Tomando en cuenta los antecedentes y el contenido de la iniciativa, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias expone las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales, siendo en particular la denominada ``Letras de Oro'' materia de sus atribuciones desde hace varias legislaturas.

SEGUNDA.- Que con motivo de los 600 años del natalicio de este gran hombre, que contribuyó a formar las raíces culturales y políticas de nuestro pueblo mediante una serie de obras que han trascendido hasta nuestros días, se considera totalmente justificado honrar su inmortalidad plasmando su nombre en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, tal y como lo propone la Iniciativa en comento.

TERCERA.- Que un estadista como Nezahualcóyotl debe ser revalorado como el fundador de un régimen en el que las manifestaciones artísticas y culturales tuvieron un lugar central, siendo su propia obra una expresión sublime del desarrollo intelectual y artístico que poseían las sociedades indígenas anteriores a la conquista española. Su influencia fue tal, que los aztecas y los tlacopanos adoptaron los sistemas de leyes por él creados.

CUARTA.- Que fue y sigue siendo ejemplo a seguir luego de más de 500 años, el hecho de que en su reinado por más de 40 años se caracterizara por la creación de alrededor de 80 leyes que, entre otras cosas, establecieron Códigos de Guerra, Justicia, Finanzas y Música, dirigidos a regular cuestiones clave del gobierno de los pueblos federados, de la impartición de justicia y de la cultura, lo cual resultó muy avanzado para la época.

QUINTA.- Otra faceta sobresaliente de este gobernante, que a sus cortos pero intensos 29 años ya había peleado y recuperado su Reinado de Texcoco, fue el hecho de plasmar en el diseño de los asentamientos que ocupó su reinado, un elevado espíritu estético, que armonizaba los sistemas urbanos con el medio ambiente, destacándose entre muchos la distribución del agua, la creación de un zoológico y un jardín botánico, únicos en esta parte del mundo.

SEXTA.- Que de los 71 nombres que actualmente se encuentran inscritos en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, sólo existe un personaje de la época prehispánica, Cuauhtémoc, lo cual da cuenta de la poca valoración que ha hecho nuestro Poder Legislativo de la contribución que a la Nación mexicana hicieron los pueblos originarios de estas tierras.

SÉPTIMA.- Que de ese conjunto de personajes y héroes clave para nuestra historia Patria, poco ha sido el reconocimiento para aquellos que desde su creación y expresión cultural han formado el espíritu mexicano, como lo fue el Rey Filósofo Nezahualcóyotl quien debe ser visto como un personaje de dimensión universal.

Como resultado de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del Pleno de Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de Decreto.

DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE NEZAHUALCÓYOTL

ARTÍCULO PRIMERO.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que se realizará para llevar a cabo la Inscripción en Letras de Oro mencionada en el Artículo Primero.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a __ de septiembre del año 2004.--- Por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Sami David David (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, José González Morfín.»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me dicen que hay un cambio, es el señor diputado Iván García Solís. Adelante profesor.

El diputado Iván García Solís: Gracias, diputado Presidente, con su venia. Ciudadanas y ciudadanos diputados: La Comisión que me honro en presidir dictaminó favorablemente la elevación e inscripción en letras de oro en los muros de esta Cámara, el nombre Nezahualcóyotl.

Es particularmente importante en esta época, en estos años que corren, en este siglo que empieza, no sólo rememorar sino destacar, valorizar, proyectar, la importancia de nuestra herencia preshispánica. Este fundamento de nuestra nacionalidad no siempre reconocido, sujeto a si no discusiones, por lo menos eliminaciones frecuentes, a elusiones, tiene que ser reivindicado de una manera firme, enérgica, por la Cámara de Diputados.

Nezahualcóyotl, dice nuestro dictamen, fue un representativo destacado del esplendor en el Valle de México. Consiguió sellar un pacto con Izcóatl de Tenochtitlán y Toto Quillahutzin, señor de Tacuba, para así consolidar la célebre Triple Alianza, que habría de perdurar durante 90 años hasta la caída del triple imperio en manos de los conquistadores españoles.

De manera sobresaliente los sustentantes de la iniciativa dan cuenta de la visión de Nezahualcóyotl para diseñar ---y esto es muy importante para nosotros--- un sistema jurídico que prevaleció durante el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, hasta la llegada de los conquistadores españoles, con lo que demostró la gran autoridad moral que ejerció en vida.

Igualmente exponen que la administración de justicia que Nezahualcóyotl conformó, permitió una organización muy avanzada en esta materia, con juzgados de primera instancia y tribunales de apelación, aplicando un criterio muy riguroso para seleccionar entre los ciudadanos más preparados y honorables, a los jueces, quienes debían reunirse cada 80 días con el Rey para solucionar en forma conjunta los casos que ofrecían mayor dificultad. Es importante señalar que ningún juicio podría demorar más de 80 días de trámite.

Diputadas y diputados: hoy, en estas fechas, que tenemos como tarea ingente una tarea indiscutible, una tarea reconocida por todas y por todos: dar pasos importantes hacia una reforma del Estado en ese país. Reforma pedida por los electores, no de uno, sino de todos los partidos políticos al suscribir esos electores de una o de otra manera las plataformas en que todos ellos incluyeron esa necesaria y muy urgente reforma del Estado, no es secundario recordar ésta, la herencia nuestra, la legítima y valiosa herencia nuestra y muy simbólicamente elevarla en nombre de uno de sus mejores representativos a nuestros muros de honor.

De esta manera, la etapa prehispánica de nuestra historia, quedará mejor representada en estos muros.

Agreguemos también que en fechas recientes se ha provocado una importante discusión, esto en el terreno pedagógico, en el terreno educativo, sobre la necesidad o no de conservar bien representado el tema de la historia en nuestros programas escolares. Puede ser también una aportación valiosa el reconocimiento de Nezahualcóyotl como figura insigne de nuestro pasado prehispánico.

Diputadas y diputados, se ha formado un consenso en la Comisión, sobre el carácter aprobatorio de esta iniciativa y por ello pedimos su voto afirmativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado García Solís.

En consecuencia, está a discusión en lo general. Esta Presidencia informa que no tiene registrados oradores. Vamos a cumplir con la formalidad de declararlo suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea en este sentido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se ruega a la Secretaría, ordene la apertura del sistema electrónico para recoger la votación nominal del dictamen en cuestión, en lo general y en lo particular en un solo acto por 10 minutos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Se les informa que no habrá rectificación del voto si no lo avisan antes del cierre.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado Presidente, se emitieron 382 votos en pro; ninguno en contra y ninguna abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 382. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto para que se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Nezahualcóyotl.

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

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ESTADO DE OAXACA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores, a esta Presidencia de la Mesa Directiva ha llegado un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para hacer un llamado respetuoso a los 3 poderes del estado de Oaxaca, a garantizar un clima de civilidad y respeto a la ley, ante los comicios del próximo 3 de octubre y para hacer vigente el ejercicio de los derechos político-electorales de los oaxaqueños.

Ruego a la Secretaría preguntar a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, de tal suerte de dar cuenta con este punto de acuerdo en este momento.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza incorporar al orden del día un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, dé cuenta la Secretaría con el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura a la propuesta:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Propuesta con punto de acuerdo para hacer un llamado respetuoso a los tres poderes del estado de Oaxaca a garantizar un clima de civilidad y respeto a la ley ante los comicios del próximo 3 de octubre, para hacer vigente el ejercicio de lo derechos político-electorales de los oaxaqueños.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la materia objeto de la presente, suscrita por los Diputados Eliana García Laguna y Heliodoro Díaz Escárraga, misma que fue analizada por los integrantes de este órgano de gobierno, por lo que somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Pleno de la Cámara de Diputados hace un llamado respetuoso a los tres poderes del estado de Oaxaca a garantizar un clima de civilidad y respeto a la ley ante los comicios del próximo 3 de Octubre, para hacer vigente el ejercicio de los derechos político-electorales de los oaxaqueños.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las autoridades judiciales del estado de Oaxaca a que se administre justicia ante el crimen contra Guadalupe Avila.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas, Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Alvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.»

En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

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ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y QUINTANA ROO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se convoca a sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de octubre de este año 2004, para conmemorar el XXX aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y de Quintana Roo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura al dictamen.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se convoca a una sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 7 de octubre de 2004, para conmemorar el trigésimo aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y de Quintana Roo

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto para conmemorar el Trigésimo Aniversario de la creación de los Estados de Baja California Sur y de Quintana Roo, suscrita por diversos diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de esta H. Cámara de Diputados.

Con fundamento en las facultades que le confiere el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 del artículo 39, el numeral 2 inciso b del artículo 40, el numeral 6 inciso f del artículo 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 87, 88, 93, 94 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 27 de abril de 2004, fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa en comento, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a esta Comisión el mismo día.

2.- En sesión de la Mesa Directiva de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, celebrada el 27 de mayo de 2004, se decidió turnarla a la Subcomisión de Letras de Oro y Consultas, a fin de que se analizara la propuesta.

3.- En sesión del Pleno de la Comisión, celebrada el 16 de junio de 2004, se aprobó el presente dictamen para ser remitido al Pleno de la Cámara de Diputados.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

1.- La iniciativa se funda en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 55 fracción II, 56, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- La iniciativa con proyecto de decreto propone, en su artículo primero que se convoque a ``una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados el día 7 de octubre de 2004, en el Palacio Legislativo de San Lázaro para conmemorar el Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo''.

Del mismo modo, en su artículo segundo, propone: ``La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá el orden del día y el protocolo de la sesión solemne referida en el artículo anterior, y deberá invitar de manera oficial a los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, de Gobernación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores; a los Gobernadores de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo, así como a las Mesas Directivas de los Congresos de las entidades federativas mencionadas.''

3.- En su exposición de motivos los autores de la iniciativa hacen un breve comentario sobre los antecedente históricos que dan sentido a la propuesta, señalando que desde la creación de la República Mexicana en 1824, hasta 1974, los Territorios Federales de Baja California Sur y Quintana Roo tuvieron distinto status en el marco constitucional, sin que se les reconociera plenamente como partes integrantes de la Federación.

4.- En ese sentido, valoran los iniciadores del Proyecto de Decreto que con dicha resolución se atendió un reclamo histórico que los habitantes de los territorios habían planteado en innumerables ocasiones, lo que llevó a adoptar la naturaleza jurídica y política de Estado Libre y Soberano que los pondría en igualdad de circunstancias respecto al resto de los Estados de la República Mexicana.

5.- Se destaca que dicha resolución fue producto de una iniciativa de reforma constitucional propuesta el 3 de septiembre de 1973, por el entonces Presidente de la República, Licenciado Luis Echeverría Álvarez, con el propósito de erigir los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo y preparar la instalación de las instituciones propias de una entidad federativa.

6.- De la misma forma, la iniciativa turnada señala como antecedentes legislativos que el 21 de enero del año en curso, se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se declarara el año ``2004, Trigésimo Aniversario de la Creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo'', presentada por el H. Congreso de Baja California Sur.

Sin embargo, tras el estudio y discusión al seno de la Comisión de Gobernación, acordaron hacer suya la intención de la iniciativa presentada por el H. Congreso de Baja California Sur y en respuesta a la misma decidieron que: ``Si bien es cierto que el año 2004 ya ha iniciado, consideramos aún oportuno el resolver de manera favorable esta propuesta que presenta la clara oportunidad de reafirmar el espíritu federalista de ésta soberanía.''

Consideraron que para celebrar este hecho, como símbolo de unidad nacional, sería conveniente convocar a una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo Federal.

Propusieron como fecha para la celebración de la sesión solemne el 7 de octubre de 2004, en razón de que el Decreto por el que se suprimió la figura de territorio en el sistema jurídico mexicano y por el que se erigen las entidades federativas de Baja California Sur y Quintana Roo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1974.

Tomando en cuenta los antecedentes y el contenido de la iniciativa, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias expone las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De acuerdo con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales.

SEGUNDA.- La Cámara de Diputados ha celebrado sesiones solemnes para honrar y reafirmar el Pacto Federal, siendo la última de ellas el pasado 1 de octubre de 2002, cuando se celebró el 178 aniversario de la adhesión de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, a la cual se invitó a Senadores integrantes de diversos órganos de esa Cámara, así como al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

TERCERA.- A lo largo de casi tres décadas, los estados de Baja California Sur y Quintana Roo con su pujante desarrollo económico, social y cultural, junto a un moderno ímpetu democrático, han permitido renovar las bases de la integración nacional, sin inhibir el pluralismo político y la vigencia de las tradiciones que son comunes a todos los mexicanos.

CUARTA.- Con motivo de los treinta años de la creación como Estados libres y soberanos de Baja California Sur y de Quintana Roo, como parte de la República Mexicana, es un momento histórico oportuno para refrendar las fuentes de cohesión de la identidad mexicana, lo cual resulta de suma importancia en esta época de grandes transformaciones mundiales, toda vez que desafortunadamente en otras latitudes del planeta se viven procesos de desintegración de los Estados Nación.

Como resultado de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno de Cámara de Diputados, el siguiente Proyecto de Decreto.

DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA A UNA SESIÓN SOLEMNE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2004, PARA CONMEMORAR EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y QUINTANA ROO

ARTÍCULO PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, resuelve llevar a cabo una Sesión Solemne del Pleno de la Cámara de Diputados el día 7 de octubre de 2004, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para conmemorar el Trigésimo Aniversario de la creación de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne referida en el artículo anterior, y deberán invitar de manera oficial a los Senadores integrantes de la Mesa Directiva de esa Cámara, de la Junta de Coordinación Política y de las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, de Gobernación y de Puntos Constitucionales; así como a los Gobernadores de los Estados de Baja California Sur y Quintana Roo y a los Presidentes de las Mesas Directivas de los Congresos de las entidades federativas mencionadas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a __ de septiembre del año 2004.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Raúl José Mejía González (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Sami David David (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Jaime Moreno Garavilla (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, José González Morfín.

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: ¡Trescientos! ¡Trescientos! Trescientos muertos fue la última cifra que conocimos a través de los medios de comunicación del conflicto en Chechenia, por la única razón de querer separarse definitivamente de su anterior país.

A nivel internacional siguen los debates en varias repúblicas, en las cuales sus estados buscan la independencia.

Podríamos hablar de: España y la región separatista; podríamos hablar de la ex Unión Soviética y los casi 15 estados a los que dio lugar su separación; podríamos hablar de muchos ejemplos a nivel internacional y sin embargo, y sin embargo en México ese tema ni siquiera está a debate. Es tan normal la unidad nacional, es tan normal el federalismo en nuestro país que ni siquiera nos imaginamos cómo sería si éste no existiera.

Por ello cuando algunos diputados de diversas comisiones plantearon la posibilidad de recordar que el 8 de octubre de 1974 se incorporaron de manera definitiva los estados de Baja California y Quintana Roo al pacto nacional, a convertirse en parte de la República Mexicana no lo dudamos ni un momento para decir: ``es el momento adecuado para revisar la unidad nacional, la unidad de la República Mexicana. Es el momento adecuado para recordar quienes somos, de donde venimos y hacia donde vamos como nación''.

Patria, según los diccionarios etimológicos, es la tierra del padre, el terruño que acuña, la nación que testifica nuestra aparición en el mundo y nos prohija pertenencia, la identidad, la integración y la cultura, son algunos de los elementos indisolubles ligados a nuestra patria.

Cuando se promulgó la Constitución de 1824 las partes integrantes del territorio nacional eran los estados de Guanajuato, el interno de Occidente compuesto de las provincias de Coahuila, Nuevo León y los Texas. El interno del norte compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango y Nuevo México. El de México, el de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de los Angeles, el de Querétaro, el de San Luis, el de Nuevo Santander, que se llamara las Tamaulipas. El de Tabasco, el de Tlaxcala, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán, el de los Zacatecas, el de Tlaxcala, el de Veracruz. Las Californias y el Partido de Colima sin el pueblo de Tonila que seguía unido a Jalisco. Serán por ahora los territorios de la Federación sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella, los partidos y los pueblos que componían la provincia del Istmo de Goazacoalco volverá a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al estado de Yucatán.

Así es como inició nuestra incipiente nación. Así es como inició y luego se desmembró para quedar en los 28 estados que integraban la República Mexicana hasta su incorporación de los últimos tres y finalmente el 8 de octubre de 1974 la incorporación de los últimos dos: Quintana Roo y Baja California Sur.

Por eso es importante aprobar este dictamen, para recordar quienes somos, de donde venimos y hacia donde vamos como nación. Es un momento importante, es un momento fundamental, para recordar la unidad nacional; la unidad nacional que une a los mexicanos como país, que une a los distintos estados como uno solo, que une a las diversas culturas que convergen en nuestra nación como un solo México, como una sola patria, como una sola persona.

Los invito a votar de manera positiva por el dictamen que presenta hoy la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general.

En virtud de que no se han registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Congreso Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento Interior. Y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Activen el sonido en la curul del diputado Nava Díaz, curul 149.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz (desde su curul): A favor, mi voto es a favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias diputado.

Diputado Presidente, se emitieron 374 votos en pro y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se convoca a sesión solemne de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de octubre de 2004, para conmemorar el XXX aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y de Quintana Roo.

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

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CINEGETICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Adelante la Secretaría.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Contraloría Interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a agilizar las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza, por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, presentado por el Diputado Maximino A. Fernández Ávila a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,.esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.--- En sesión celebrada el día 28 de octubre de 2003, fue presentada la presente proposición con Punto de Acuerdo por el Dip. Maximino A. Fernández Ávila a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- El 3 de julio del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, La Ley General de Vida Silvestre; documento que establece las disposiciones que se aplicarán para normar y regular el manejo, conservación y, en su caso, aprovechamiento de la vida silvestre en nuestro país, tales como los relacionados con la caza deportiva, así como por el calendario de aprovechamiento cinegético para cada temporada. De acuerdo a la citada Ley, la cacería deportiva en nuestro país será considerada un aprovechamiento extractivo sustentable (Art. 39 y 82 de la LGVS) y exclusivamente podrá realizarse en predios registrados como Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs) con plan de manejo aprobado así como la autorización de aprovechamiento (número de ejemplares que se pueden extraer y su temporalidad).

2.- En el año de 2001, la Dirección de Vida Silvestre de la entonces Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca otorgó alrededor de 93,000 permisos de aprovechamiento cinegético bajo una figura inexistente dentro de toda legislación mexicana, ``Los Proyectos en un Área de Manejo Sustentable'' (PAMS), violando la normatividad vigente.

3.- Durante el año 2002 se presentaron un sin número de denuncias en contra de los PAMS por parte de diversas organizaciones ambientalistas, así como de campesinos, comuneros y especialistas en fauna silvestre alegando irregularidades y afectaciones al entorno.

4.- En los primeros meses del 2003 se realizó una auditoría a la Dirección de Vida Silvestre por parte del Órgano Interno de Control de la SEMARNAT y consecuencia de los resultados obtenidos se procedió a solicitar a la Secretaría de la Función Publica (SFP) una investigación para fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados (26 de Marzo de 2003).

5.- Durante los meses de agosto a diciembre de 2003, se publicaron en diversos medios de comunicación nacional artículos y declaraciones contradictorias a este respecto por parte de funcionarios de las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de la Función Pública; aludiendo inexistencia del problema, de las auditorías, así como indefinición de responsabilidades.

6.- El 17 de Diciembre de 2003, se enviaron dos oficios de parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Órgano Interno de Control de SEMARNAT y a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública solicitando copia de las auditorias realizadas a la Dirección General de Vida Silvestre, a fin de contar con mayores elementos para la dictaminación del presente asunto.

7.- El 19 de Diciembre de 2003, se recibió el oficio No. 16/CI-379/03 del Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, donde se informa a la Presidenta de esta Comisión que dicha auditoría fue clasificada como información Reservada por 5 años de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento.

8.--- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación emitió su opinión mediante el resolutivo ``UNICO. Se exhorta a la Contraloría Interna de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se agilice e informe el estado que guardan las investigaciones en torno a presuntos casos de corrupción en el otorgamiento de permisos de caza, por parte de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.''

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a dictar inmediatamente la resolución administrativa para fincar responsabilidades a los Servidores Públicos de la Dirección General de Vida Silvestre que presuntamente actuaron en el otorgamiento ilegal de los permisos de aprovechamiento extractivo cinegético.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de febrero de dos mil cuatro. Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta (PVEM); Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario (PRI); José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), PAN; Lorena Torres Ramos, PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut (rúbrica), PAN; María G. García Velasco, PAN; Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo, PAN; Oscar Rodríguez Cabrera, (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales, (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo, PRI; Humberto Filizola Haces (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), PRI; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz, PRD; Carlos Silva Valdés (rúbrica), PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

No habiéndose registrado oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si éste se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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tiburon ballena

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con la proposición para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los Gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como a efecto de crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su hábitat, a cargo del Diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración, de la Honorable Asamblea oposición el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.-En sesión celebrada el día 14 de Abril de 2004, fue presentada la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos Estatales y los Municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Ríncodon typus), así como a efecto de crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su hábitat por el Diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- Que la observación y el nado con tiburones ballena es una actividad nueva que está tomando gran auge entre turistas que visitan las comunidades de los Estados de Baja California y Quintana Roo, México, así como Belice y Honduras, debido principalmente al contraste entre el tamaño de esta especie y su docilidad, lo que la ha convertido en un fuerte atractivo y generador de divisas u oportunidades para los pobladores, costeros o ribereños de estos sitios que van encontrando una alternativa de ingresos más rentable, fácil y educativa.

2.- Que en años anteriores, el tiburón ballena era algo exclusivo de regiones como Filipinas, Pakistán, Australia y Japón. Este animal, considerado el pez más grande que existe en el planeta. Hoy en día, puede crecer hasta los 15 metros de longitud, y prefiere aguas superficiales cálidas, en aquellas áreas donde hay brotes de agua más fría, rica en nutrientes, puesto que estas condiciones favorecen el crecimiento del plancton del cual se alimentan.

3.- Actualmente, el Rincodon typus se encuentra en la categoría de ``amenazado'' en la lista de especies de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el apéndice II de la Convención de Especies Migratorias que enumera las especies vulnerables compartidas por varios países, y el apéndice II de la Convención Internacional de Especies en Peligro (CITES) que regula su comercio internacional; encontrándose en similar condición en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que lo cataloga como una especie amenazada.

4.- Debido a que esta actividad recreativa y el negocio que representa, podrían propiciar un peligro para esta singular especie, durante el año 2003 se analizo el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-000-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones y lineamientos para el desarrollo de actividades de aprovechamiento sustentable (observación y nado) con tiburón ballena, relativa a su protección, manejo y conservación de su hábitat; sin que hasta la fecha se haya terminado de procesar o plantear alternativas.

5.- Además, dado el interés comercial que suscita la presencia de esta especie, comienzan a surgir diferencias entre prestadores de servicios turísticos de origen diverso por acaparar y obtener mayores visitantes, lo que amerita el establecimiento de acuerdos entre autoridades y dependencias gubernamentales para el otorgamiento de permisos que regulen la presencia de visitantes en el área a donde ocurre la especie mencionada.

6.- Que el 15 de Marzo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la inserción a la Carta Nacional Pesquera de un listado de 17 especies consideradas como marinas prioritarias sujetas a protección y conservación por guardar alguna categoría especial tanto en la legislación nacional como internacional incluyendo al Tiburón ballena (Rincodon typus).

7.- Que de acuerdo a la información encontrada en este listado se recomienda la delimitación de las áreas especificas para el desarrollo de su aprovechamiento no extractivo, así como el establecimiento de la temporada de avistamiento y condiciones a cumplir en el desarrollo de las actividades de recreación.

8.- Que del día 10 al 14 de Febrero, diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, LIX Legislatura, realizaron un recorrido de trabajo por el Estado de Quintana Roo, recibiendo varias denuncias e inquietudes respecto a las actividades de observación y nado con el tiburón ballena y comprometiéndose con los pescadores del sitio a resolver la problemática.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE QUINTANA ROO. BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, ESTABLEZCA LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN Y NADO CON TIBURÓN BALLENA (RINCODON TYPUS), ASÍ COMO ESTABLECER CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE SU HÁBITAT.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ___ días del mes de _____ de dos mil cuatro.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Secretario; Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Secretario; Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Secretario; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Súarez (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Miguel Amescua Alejo (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si éste se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia recibe con toda cordialidad a un grupo de periodistas de Taxco de Alarcón, Guerrero, invitados del señor diputado Alvaro Burgos Barrera. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría.

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RESIDUOS PELIGROSOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar confinamientos para residuos sólidos con tecnología de punta

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar confinamientos para residuos sólidos con tecnología de punta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 15 de Diciembre de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar confinamientos para residuos sólidos con tecnología de punta, por integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS1. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como residuo peligroso todo aquel desecho, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representa un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

2. La ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, define residuo peligroso a aquellos que poseen características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes y embalajes, y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran, a otro sitio de conformidad con lo que establece esta ley.

3. De acuerdo con estas definiciones, prácticamente cualquier sustancia podría llegar a ser considerada como peligrosa; sin embargo, los factores de mayor importancia para la población serían el infeccioso y la toxicidad. A la sociedad le preocupan los residuos peligrosos en la magnitud en la que éstos ponen en riesgo su salud.

4. En México más del 90% de los residuos peligrosos que se producen al año se manejan inadecuadamente; por consiguiente, el grueso de los residuos se dispone de manera anómala en el ambiente, contaminando suelos, agua, aire, etc.

5. Se cree que en la República Mexicana se generan anualmente más de 10 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos y que de estos, tan solo el 32% son separados, recolectados, transportados, tratados, reciclados y tienen una disposición final adecuada.

6. Los residuos peligrosos que no son manejados adecuadamente representan un importante desafió para el equilibrio del ambiente y la salud humana, ya que en la gran mayoría de los casos acaban en los drenajes municipales, barrancas, tiraderos clandestinos, a cielo abierto, o cualquier otro lugar que no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias.

7. Se tienen estimaciones que si se generan 7.5 millones de toneladas de desechos peligrosos al año, en el mismo lapso se producen 123 millones de toneladas de residuos mineros, casi 30 millones de los provenientes de la industria química y prácticamente 12 millones de los resultados de los agroquímicos. Consideremos que estos 165 millones de toneladas adicionales no están consideradas como peligrosas, a pesar de no existir sustento para su exclusión.

8. Aunado a lo anterior, nuestro país se ha quedado rezagado en lo relativo a tecnologías nuevas y limpias para el manejo y confinamiento de residuos peligrosos orillando a varias empresas generadoras a hacer la disposición final de manera inadecuada.

9. De igual forma, las Normas Oficiales Mexicanas, relativas al confinamiento de residuos peligrosos se encuentran hasta hoy sujetas a actualización o modificación y forman parte del Programa Nacional de Normalización 2003, dentro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Subcomité III de Industria (NOM-055-SEMARNAT-1993, NOM-056-SEMARNAT-1993, NOM-057-SEMARNAT-1993, NOM-058-SEMARNAT-1993), a pesar de tener fecha de terminación de los trabajos en Diciembre de 2003.

Por lo antes mencionado, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea e presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A ELABORAR Y A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL QUE PERMITA UN TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SU INOCUIDAD, UTILIZANDO PARA ELLO, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y EL SOPORTE DE PROYECTOS DE DESARROLLADOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES ACADÉMICAS DEL PAÍS, GARANTIZANDO LA PARTICIPACIÓN, REAL Y EFECTIVA EN LAS DECISIONES AMBIENTALES DE LA SOCIEDAD, EN ESPECIAL DE LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS DONDE SE REALIZAN LOS PROYECTOS.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A AGILIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS, ACORDE CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA MATERIA:

NOM-055-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado de residuos peligrosos excepto de los radioactivos.

NOM-056-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.

NOM-057-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.

NOM.058-SEMARNAT-1993, que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos, objetivo y justificación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los siete días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica punto de acuerdo Semarnat residuos sólidos), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo, no habiéndose registrado oradores consulte la Secretaría a la Asamblea, si estos puntos de acuerdo, están suficientemente discutidos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se encuentran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Consulte a la Secretaría si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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GUARDERIAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo en relación con la problemática que guardan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social

A la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la problemática que guardan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentada por el Diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 9 de diciembre de 2003.

La Comisión Dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado 15 de diciembre de 2003, el Diputado Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta Soberanía un punto de acuerdo relativo a la problemática que guardan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó para su estudio y posterior dictamen, el Punto de Acuerdo en comento a la Comisión de Seguridad Social.

TERCERO. El pasado 15 de abril del presente año, el Diputado Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta soberanía una. excitativa a fin de que la Comisión de Seguridad Social presente a la mayor brevedad, el dictamen correspondiente al Punto de Acuerdo antes citado.

Previo estudio y análisis del Punto de Acuerdo antes citado, se procedió a la elaboración del presente dictamen, no sin antes examinar el:

CONTENIDO

PRIMERO. El Punto de Acuerdo en comento hace mención al presentado el 6 de noviembre del 2003 por la Senadora Martha Sofía Tamayo Morales, en el Senado de la República, relativo a la problemática de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. También señala que el pasado 18 de noviembre de 2003 fue aprobado por el Pleno de dicha Cámara.

SEGUNDO. En el Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen, el Diputado Omar Bazán Flores señala que se solidariza con el que fuera presentado en el Senado de la República y hace suyos los planteamientos que en él sé expresan, referidos al impacto negativo, en términos económicos y sociales, que han tenido los nuevos contratos que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha presentado a los prestadores de servicios de las guarderías subrogadas, lo cual tiene por efecto, un decremento en la calidad y seguridad de un servicio tan importante en el cuidado de los hijos de los trabajadores mexicanos.

TERCERO. Se menciona también que el servicio de guarderías infantiles queda establecido a partir de 1973, como parte del régimen obligatorio de seguro previsto por el artículo 11, fracción V, de la Ley del Seguro Social, apoyado en los principios solidarios y redistributivos propios de la seguridad social. Las actividades que ha llevado a cabo el Instituto desde entonces, han consistido en establecer instalaciones especiales por zonas convenientemente ubicadas cerca de los centros de trabajo y de habitación, destinando los recursos provenientes de la cuota patronal correspondiente a la construcción de instalaciones propiedad de la institución, para su equipamiento y para la contratación directa de personal especializado de acuerdo con la normatividad, denominando a este esquema ``de guarderías ordinarias''.

CUARTO. También se comenta que en 1983 el Instituto creó un esquema más flexible para la prestación del servicio de guarderías, el cual fue denominado guarderías participativas, que fue operado por asociaciones civiles organizadas por las cámaras patronales, en instalaciones dadas en comodato por el Instituto. Posteriormente, en el año de 1995 se inicio la aplicación de un sistema denominado vecinal comunitario, por medio del cual el Instituto presta sus servicios a través de microempresas sociales operadas por especialistas mediante contratos de subrogación de servicios.

QUINTO. En el Punto de Acuerdo se plantea que las estrategias y los criterios de disminuir la calidad de atención de los infantes y las cuotas que se cubren a los particulares que operan guarderías subrogadas, son por demás equivocados, ya que tienden al desmantelamiento de la infraestructura de guarderías y, lo más grave, a la disminución de la calidad de los servicios, afectando derechos adquiridos de padres, hijos y prestadores de servicios, con la supuesta finalidad de sustentar, con las economías que se logren con el cambio de esquema, la expansión cuantitativa del servicio.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Comisión Dictaminadora considera que es preocupante la situación en la que se encuentran los prestadores del servicio de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a raíz de los nuevos esquemas de contratos que fueron firmados en diciembre de 2002, así como el inevitable y negativo impacto que esta problemática genera en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible, como es el cuidado de los infantes. La Comisión Dictaminadora también señala que las acciones que han realizado los prestadores del servicio, padres, de familia y los legisladores en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, no han sido suficientes para lograr un acuerdo que deje plenamente satisfechas a ambas partes.

SEGUNDA. De acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, sólo una de cada diez trabajadoras ejerce su derecho a gozar de los servicios de guarderías, a través de las 1,162 unidades, las cuales tienen una capacidad de atención de 140 mil menores de cuatro años. Estos datos ilustran la insuficiencia de guarderías para poder dar cumplimiento en lo dispuesto en la Ley del Instituto, así como atender cabalmente la demanda que existe hoy día. Lo anterior, nos muestra la urgente necesidad de una adecuada infraestructura de guarderías.

TERCERA. La Comisión Dictaminadora considera que es necesario señalar que los esfuerzos para diseñar e implementar nuevas variantes de operación han tenido el firme propósito de garantizar la prestación del servicio, en condiciones de seguridad y calidad, propiciando el desarrollo armónico de los niños que atiende. Es por ello que los criterios de eficiencia que se han introducido, buscan abrir nuevos márgenes de operación para estar en condiciones de atender la gran demanda que existe en el país y que no ha sido incluida a los beneficios de este derecho.

CUARTA. La Comisión Dictaminadora considera que para que se pueda dar mayor impulso al actual sistema de guarderías, resulta necesario contar con una regulación adecuada que proporcione seguridad jurídica a las partes que lo conforman. Es importante destacar que la prestación del servicio a través del esquema de guarderías vecinales comunitarias, implica la realización de una fuerte inversión por parte del prestador, como la adquisición o arrendamiento del inmueble donde se opera, la compra de equipo e instalaciones, los materiales y elementos necesarios para operarla, así como las cargas laborales que se tienen que asumir, por lo cual es indispensable brindar certeza en cuanto a la relación jurídica con el Instituto.

QUINTA. Por su parte, el Instituto requiere también certidumbre en cuanto los servicios que se prestan bajo este esquema, a efecto de lograr que éste tenga seguridad, permanencia y continuidad en la prestación del servicio, permitiendo reducir considerablemente los costos, para continuar con los programas de expansión y ampliación en la cobertura garantizándose la adecuada operación y la calidad de la atención a que están obligadas las guarderías en los términos señalados en los artículos 202 y 203 de la Ley del Seguro Social.

SEXTA. La Comisión Dictaminadora, de acuerdo al análisis que realizó al texto del primer exhorto del Punto de Acuerdo en comento, consideró necesario, a efecto de dar mayor claridad en el dictamen, modificar la redacción del mismo.

SÉPTIMA. La Comisión Dictaminadora, considera que en diciembre del 2003, cuando fue presentado el punto de acuerdo en comento, el segundo exhorto que se proponía tenía además de los argumentos esgrimidos en las consideraciones del mismo, una justificación de carácter temporal, la cual consistía en solicitar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social girará las instrucciones necesarias a fin de suspender la firma del contrato que establecería las bases de la relación entre el Instituto y los prestadores de servicio de guarderías subrogadas durante 2004, pero debido a que el presente dictamen se emite al cuarto mes del año al que hace mención en dicho exhorto, se considera innecesario su inclusión en el presente dictamen, pues de incluirse, supondría que la H. Cámara de Diputados estaría a favor de exhortar la anulación de un contrato que se encuentra actualmente vigente, y al anularlo, se establecería una situación incierta en términos jurídicos en ambas partes, acción que lejos de ayudar a solucionar el problema entre las guarderías subrogadas y el Instituto, lo complicaría aún más.

OCTAVA. La Comisión Dictaminadora considera que el tercer exhorto que propone el Punto de Acuerdo en comento, tiene una justificación de carácter temporal, en cuanto a la fecha en que se presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados. Es por ello, que se considera innecesaria la inclusión del mismo en el presente dictamen, pues de incluirse, establecería una situación incierta en términos jurídicos en ambas partes.

Por todo lo anterior, la comisión dictaminadora somete a consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

ACUERDO

UNICO. La Cámara de Diputados exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Consejo Técnico de esta institución a la instalación en la brevedad posible de mesas de trabajo integradas por funcionarios del área de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o los funcionarios que designe el director general; los prestadores de servicios; los representantes de la clase obrera; de los padres de familia; de la Secretaría de Educación Pública y de Senadores y Diputados de las comisiones correspondientes de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión para analizar las propuestas de cambio en la normatividad de las guarderías y consecuentemente los términos, y condiciones de los contratos de prestaciones de servicios que se deriven de las modificaciones que se establezcan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ruiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo, no habiendo oradores registrados pregunte la Secretaría a la Asamblea si éste se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

VOLUMEN II

CONTINUACION DE LA SESION No. 10 DEL 28 de SEPTIEMBRE de 2004

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ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con mayor rigor técnico y científico el proyecto Puerto Mío, en la bahía de Zihuatanejo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la Bahía de Zihuatanejo, a cargo del Diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y considerandos:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 27 de Noviembre de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para que se exhorte a la SEMARNAT a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo por el Diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

El 14 de Abril de 1994, la Dirección General de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con oficio DGNA-2833, autorizó a la Empresa Inmobiliaria Punta del Mar S.A. de C.V. la Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción y operación de un desarrollo turístico inmobiliario y náutico de alto nivel en un área total de 5.58 hectáreas, localizado en la playa el Almacén y la playa de Contramar, Bahía de Zihuatanejo, en el Municipio de José Azueta, Guerrero.

Que para ese fin se construyó un espigón de piedra, provocando oposición entre los pobladores del sitio, por considerar que la obra afectaba el libre flujo de las corrientes marinas, además de contribuir a la desaparición de la playa El Almacén y acelerar el azolve con lodos en esa zona de la bahía, afectando los bancos de ostiones, almejas y la pesca en general.

Que desde el inicio de la construcción, comenzó una gran movilización popular en demanda de la cancelación del proyecto, creándose el Movimiento para el Rescate y la Preservación de la Bahía de Zihuatanejo, integrado por 20 organizaciones de la sociedad civil en el que participan los colegios de profesionistas, pescadores, prestadores de servicios turísticos, comerciantes, instituciones educativas, ambientalistas, de derechos humanos y cristianos, entre otros.

Que ante las insistencias del Movimiento para el Rescate y la Preservación de la Bahía de Zihuatanejo, el Instituto Nacional de Ecología, organismo que autorizó la construcción del muro de piedra conocido como ``espigón'', aceptó la reevaluación del proyecto, y aunque en el resolutivo de la autoridad federal se le ordena a la empresa constructora el desmantelamiento del espigón, el asunto sigue pendiente hasta que el juez resuelva sobre un amparo concedido a la empresa de Puerto Mío.

Que en Enero de 2001, se analizaron las corrientes marinas, batimetría y calidad de agua en el área de la bahía de Zihuatanejo, Guerrero, adyacente al proyecto Puerto Mío por el Dr. Héctor Vélez Muñoz, investigador titular de Oceanografía Física de la Universidad Autónoma Metropolitana encontrando muchas inconsistencias técnicas y lagunas en la Manifestación de Impacto Ambiental de dicho proyecto.

Que el propio Jefe de Inspección y Vigilancia de Ecología municipal, Armando Encarnación Ríos, se refirió en el periódico local (El Sur Acapulco) que: ``los representantes de Puerto Mío han incurrido en diversos delitos ambientales tales como empezar la construcción del espigón, sin la autorización correspondiente; ganar arteramente terrenos al mar sin previo permiso; el asolvamiento y por ende, la desaparición del ecosistema de toda la zona que afecta el espigón con la desaparición de la playa el Almacén debido a la edificación de un muro de mampostería''.

Que el 13 de Octubre de 2003, un grupo de diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se reunieron con autoridades locales de Guerrero y organizaciones no gubernamentales para analizar la situación del muelle y se comprometieron a citar a comparecer al Director General de Riesgo e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto que dé un informe preciso de las bases para el otorgamiento de permisos al Proyecto Puerto Mío.

Que el 4 de Febrero de 2004, grupos ambientalistas de Zihuatanejo, Guerrero, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales (Feda) de la Procuraduría General de la República, en la que piden detener la contaminación de la bahía y la expansión de desarrollos inmobiliarios en detrimento de la biodiversidad de la zona.

Que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta H. Cámara de Diputados, realizó una visita a la Bahía de Zihuatanejo, Guerrero, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio de 2004, en la cual se tomó conocimiento de que la problemática ambiental provocada por el desarrollo turístico, inmobiliario y náutico denominado ``Puerto Mío'' ha sido más compleja, generándose sobre todo un gran deterioro en cuanto a la calidad del agua, pues las aguas residuales provenientes de las plantas de tratamiento se desalojan dentro de la bahía, y la instalación del ``espigón'' ha modificado las corrientes naturales del agua del mar, es de tal magnitud la afectación que dentro del de las acciones que el Gobierno del Estado de Guerrero plantea instrumentar con el ``Programa de Saneamiento Integral de la Bahía de Zihuatanejo, se plantea la ``Revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Mío (espigón construido)'', que el Instituto Nacional de Ecología, en su momento, determinó su demolición, sin embargo la empresa Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V., cuenta con un amparo respecto de este espigón

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) considera al municipio de José Azueta parte del Corredor Turístico Acapulco-Zihuatanejo como una de las 14 zonas Críticas del país, donde la explotación de los recursos naturales ha sido excesiva y existe un crecimiento desordenado, en gran parte debido a los desarrollos turísticos costeros.

Que la ``reevaluación'' no es una figura que exista dentro de la Ley ni en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en lo relativo a Impacto Ambiental.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES EN EL AREA DEL PROYECTO PUERTO MIO PARA QUE FORMULE Y EJERCITE UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE REVISE LOS PROCEDIMIENTOS A TRAVES DE LOS CUALES SE AUTORIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PUERTO MIO, GUERRERO, CONSIDERANDO LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 35, 180 Y 181 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y QUE PRENTE UN INFORME A ESTA CAMARA DE DIPUTADOS A TRAVES DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

TERCERO: SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA DE ZIHUATANEJO 2004, INFORME A ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES TENDIENTES A LA REVISION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO PUERTO MIO, ASI COMO LAS FECHAS DE INICIO DE LOS PROGRAMAS QUE EN ESTE SENTIDO SE PRESENTEN.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los 7 siete días del mes de julio de dos mil cuatro.--- Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta, PVEM (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario, PAN (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario, PRI; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, PRI; José Luis Cabrera Padilla, secretario, PRD (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra, PAN (rúbrica); Raúl Leonel Paredes Vega, PAN (rúbrica); Raúl R. Chavarría Salas, PAN (rúbrica); Lorena Torres Ramos, PAN; Mario E. Dávila Aranda, PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco, PAN (rúbrica); Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez, PAN (rúbrica); Bernardo Loera Carrillo, PAN (rúbrica); Oscar Rodríguez Cabrera, PRI (rúbrica); Julián Nazar Morales, PRI; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, PRI (rúbrica); Roberto A. Marrufo Torres, PRI (rúbrica); Oscar Félix Ochoa, PRI; Miguel Amezcua Alejo, PRI; Humberto Filizola Haces, PRI; Jacobo Sánchez López, PRI (rúbrica); Ernesto Alarcón Trujillo, PRI; Francisco A. Jiménez Merino, PRI; Adrián Chávez Ruiz, PRD (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Avila, PVEM (rúbrica); Pascual Sigala Páez, PRD (rúbrica); Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD (rúbrica); Nancy Cárdenas Sánchez, PRD (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo.

Consulte a la Secretaría a la Asamblea no habiendo oradores registrados, si estos están suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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BEBIDAS ENERGETICAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud, y de Economía, se revisen las Normas Oficiales Mexicanas NOM-086-SSA1-1994 y NOM-051-SCFI-1994

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el 4 de Febrero de 2004, le fue turnada a las Comisiones de Salud y de Economía de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que por medio de las Secretarías de Salud y de Economía realicen una revisión a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-086-SSA1-1994 y NOM-051-SCFI-1994, presentado por el C. Diputado Luis Antonio González Roldán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los CC. Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y de los mas relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de las Comisiones.

II. En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', las Comisiones Dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del Punto de Acuerdo.

I. ANTECEDENTES

El 4 de Febrero de 2004, el C. Diputado Luis Antonio González Roldán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Salud y de Economía, revisen las Normas Oficiales Mexicanas NOM-086-SSA1-1994 y NOM-051-SCFI-1994.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

EL Punto de Acuerdo objeto del presente Dictamen plantea lo siguiente:

``Primero: Se exhorta al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía se revise la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y Servicios, Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, y la NOM-051- SCFI-1994, Especificaciones generales de Etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, y en su caso sean actualizadas para que los consumidores puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra.

Segundo: Se recomienda a la Secretaria de Gobernación, para que a través de la Subsecretaria de Normatividad de Medios se regule la publicidad de los productos conocidos como bebidas energizantes, a fin de que se informe sobre las consecuencias que tiene para la salud el consumo de estos productos, principalmente para mujeres embarazadas, personas que sufren de diabetes, padecimientos cardiacos, etc.

Tercero: Se recomienda que la Procuraduría Federal del Consumidor lleve a cabo un estudio y pruebas con el objeto de informar sobre las características y calidad de estos productos, así como también verificar si cumplen con la normatividad respectiva.''

III. CONSIDERACIONES.A. Actualmente en nuestro país se ha generado un nuevo mercado de bebidas denominadas energéticas que están acaparando un segmento importante de consumidores, principalmente personas entre los 18 a los 40 años de edad, dado que se estima que se venden alrededor de 900 mil latas cada semana a través de al menos 23 marcas diferentes.

B. Estas bebidas energéticas contienen cafeína, vitaminas, taurina, inositol, minerales, extracto de guaraná, entre otros componentes, que estimulan la concentración y la resistencia física.

C. Aún cuando los estudios médicos sobre las bebidas energéticas son escasos, algunos alertan sobre el consumo en exceso de estas bebidas que, por lo general, contienen 80 miligramos de cafeína por lata, o el equivalente a una taza de café fuerte.

D. Las bebidas energéticas, hoy en día se comienzan a combinar con alcohol, por lo que la mezcla de los poderosos estimulantes contenidos en estas bebidas con los depresivos del alcohol, podría causar la alteración del metabolismo, y traer por consecuencia, problemas como la taquicardia, insomnio, nauseas, entre otros.

E. En materia de legislación tenemos específicamente las Normas Oficiales Mexicanas, por una parte encontramos a la NOM-086-SSA1-1994 relativa a los bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, y por otra parte, la NOM-051-SCFI-1994 que se refiere a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, ambas Normas contienen la regulación de manera general a este tipo de bebidas cafeinadas.

F. Ante la rápida penetración de estas bebidas energéticas en la dieta de la población del país, es necesario que las dependencias competentes revisen y analicen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, a efecto de que este tipo de bebidas se apeguen a la normatividad mexicana, y evitar así, un futuro problema de salud entre la población consumidora de estas bebidas.

Por lo anteriormente expuesto, los CC. Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Economía, con las atribuciones que les confiere el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Salud y de Economía revisen la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, y la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, a efecto de que las bebidas denominadas energéticas cumplan con la normatividad vigente, para que los consumidores puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios regule la publicidad de los productos conocidos como bebidas energéticas, a fin de que se informe a los consumidores sobre las consecuencias que tienen en la salud, principalmente para mujeres embarazadas, personas que sufren de diabetes, padecimientos cardiacos, entre otros.

TERCERO. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor lleve a cabo un estudio y pruebas con el objeto de informar sobre las características y la calidad de las bebidas energéticas, así como verificar que cumplan con la normatividad respectiva.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.--- Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Economía.--- Por la Comisión de Salud. Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).

Por la Comisión de Economía: Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla, Alfredo Gómez Sánchez, Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo... No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea si éstos están suficientemente discutidos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutidos.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, compañero Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes la construcción de accesos y salidas a la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, en el cruce con la carretera del municipio de Acatic, Jalisco

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión que suscribe, de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITARLE AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS A LA AUTOPISTA ``GUADALAJARA -- LAGOS DE MORENO'', EN EL CRUCE CON LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO; presentada el día jueves 29 de abril del 2004, por el Diputado Federal RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de ésta Comisión de Transportes, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracciones (RÚBRICA)XVI, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica; y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se abocaron al estudio y análisis de la Proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente DICTAMEN, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S1. En sesión celebrada por esta H. Cámara de Diputados, con fecha jueves 29 de abril del 2004, la Mesa Directiva de ésta Cámara, turno a ésta Comisión de Transportes, la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, a efecto de que se elabore el Dictamen correspondiente.

2. Los integrantes de ésta Comisión de Transportes de ésta LIX Legislatura, se reunieron los días __, __, del mes de ________ a efecto de analizar y estudiar la Proposición en cuestión.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓNa) El legislador establece en su proposición, que hace más de diez años se construyo la autopista Guadalajara -- Lagos de Moreno, misma que cruza varios municipios de la región, entre ellos; el Municipio de Acatic; a través del cual, cruza en una longitud de 25 kilómetros sin que existan salidas ni accesos a la misma. Acatic se encuentra en los altos de Jalisco, ubicado dentro de la circunscripción del Tercer Distrito Electoral de Jalisco, y su población asciende a poco más de veinte mil habitantes; y su atractivo turístico es reconocido en todo el Estado, además de tener una alta producción de ladrillo y teja de arcilla y algunos productos agropecuarios, ganaderos, y agrícolas.

b) Se señala que para acceder a ésta autopista, se tiene que recorrer más de veinticinco kilómetros hacia los municipios de Zapotlanejo o Tepatitlán; y la construcción de accesos y salidas sobre esta autopista, serviría como retornos y facilitaría la comunicación, la comercialización y la prestación de los servicios públicos y de emergencia de éste municipio.

c) El promovente señala, que la construcción de las vías generales de comunicación; deben contribuir al progreso regional, evitando frenar el progreso de los pueblos donde cruzan y sin aislar sus comunidades; por lo que diversos funcionarios públicos y representantes sociales de éste municipio, han acudido en reiteradas ocasiones a las autoridades estatales y federales con la finalidad de gestionar estas construcciones; en beneficio y progreso de estos pueblos. Creemos que existen argumentos sustentados para que se contemple en el presupuesto necesario la construcción de los accesos a la Autopista Guadalajara -- Lagos de Moreno; y que juntos por la vía del civismo y la legalidad logremos estas pretensiones.

C O N S I D E R A N D O SA.- El Estado Libre y Soberano de Jalisco se encuentra comunicado por una amplia red de carreteras, a través de las cuales se integra con el resto del país, y que conjuntamente con las carreteras estatales, permite comunicación con las 124 cabeceras municipales de la entidad, en una extensión de 25,303.98 Km. de los que 5,148.28 Km. corresponden a carreteras libres; 5,148.28 Km. de red Federal y 3,095.46 Km. de red Estatal.

Sus Carreteras de cuota constan de unos 566.10 Km. y vinculan a este Estado, con la capital de la República y con los principales centros industriales, como Monterrey, Nuevo León, Saltillo y Torreón, Coahuila; Querétaro; León y Salamanca, Guanajuato; San Luis Potosí; y el Noroeste, Centro y Sur de la República.

B.- El artículo 28 de nuestra Constitución Política, establece que: ``... El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.....''.

C.- Ahora bien, el artículo 36 fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que formule y conduzca políticas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; además de ser éste órgano del Ejecutivo Federal, el que otorgue concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales; tal y como lo dispone el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en relación a lo establecido por el articulo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; señala que la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, son de utilidad pública.

D.- La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 2, fracción I, inciso c); establece que las Carreteras son aquellas que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

R E S U L T A N D O S

PRIMERO.- Que el derecho ejercido por el promovente, se sustenta en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Esta H. Comisión de Transportes, es competente para resolver sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, numeral 2, fracción (RÚBRICA)XVI, 45 numeral 6, incisos e) y f) de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que en México, al igual que en otros países, se cuentan con sistemas de carreteras, puentes y túneles de cuota que han beneficiado y aportado a las sociedades a las que sirven ahorros en tiempos de recorrido, consumo de combustibles y desgastes de vehículos, a los que se suman más y mejores servicios que se manifiestan en comodidad, eficiencia y seguridad en sus traslados.

CUARTO.- Que en virtud de que el tramo carretero denominado Autopista Guadalajara -- Lagos de Moreno, se encuentra actualmente concesionada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS S.N.C.);

Los integrantes de ésta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura, del H. Congreso de la Unión; y de conformidad a lo anteriormente expuesto; proponemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente DICTAMEN; Solicítese al organismo público descentralizado ``Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito'' (BANOBRAS S.N.C.), realice los estudios técnicos necesarios con la finalidad de llevar a cabo la programación y la construcción de las salidas y los accesos de la Autopista Guadalajara -- Lagos de Moreno; a lo largo de los 25 kilómetros que cruzan por la Cabecera Municipal del Municipio de Acatic, en el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

SEGUNDO.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.--- H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los ___ días del mes de Junio del año 2004.--- Por la Comisión de Transportes: Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos, Presidente (rúbrica), Renato Sandoval Franco, secretario (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas, secretario (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny, secretario (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes, secretario; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías, Adrián Villagómez García (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isidoro Ruiz Argáiz (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo y no habiendo oradores, pregunte la Secretaría a la Asamblea si éstos están suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.. Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Diputado Presidente, la mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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PROVIDA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo de la diputada doña Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al secretario de la Función Pública informe sobre los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que esta Secretaría esté o haya realizado a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y muy especialmente al Comité Provida, Asociación Civil.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de la Función Pública informe sobre los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que esa Secretaría esté o haya realizado a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y al Comité Provida, AC, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de la Función Pública que informe sobre los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que esa Secretaría esté realizando o haya realizado a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y al Comité Provida, AC (Provida).

Consideraciones

1. Con anterioridad, la de la voz presentó diversa proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigente y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, por la consideración principal de que ``reviste la mayor importancia que esta asamblea, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la entidad de fiscalización superior de la Federación, cuenten con la información completa, pormenorizada, debidamente clasificada y diferenciada sobre el tema de las asignaciones presupuestales de los fideicomisos, mandatos y figuras análogas constituidos o creados por el Gobierno Federal.

Ahora, en virtud de que se tiene conocimiento de que la Secretaría de la Función Pública esta realizando o ha realizado auditorias a los fideicomisos y figuras análogas del Gobierno Federal, es pertinente solicitar del secretario de la Función Pública el informe correspondiente a los avances o resultados, en su caso, de dichas auditorias, para ilustrar de mejor y más amplia manera a las diversas comisiones de esta Cámara que hemos citado en este apartado.

2. Provida, AC, es una asociación civil identificada como organismo no gubernamental que tiene por objeto ``promover el valor y la dignidad del ser humano y defender su vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Su labor --señalan--no se limita sólo a atender la parte biológica, sino de manera especial, a los aspectos morales; esto es, preservar y promover los valores que la sustentan''.

Se trata evidentemente de una organización social que aparenta no tener fines lucrativos.

3. No obstante lo anterior, ha trascendido a la opinión pública, y se tiene debidamente documentado en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que Provida ha recibido aportaciones millonarias y ha realizado actividades mercantiles --y bursátiles en lo particular--, lo que puede significar la desviación de recursos recibidos del erario público federal o de donaciones de particulares realizadas para fines de beneficencia y hace presumir la existencia de delitos tales como desvío de recursos del erario público federal; evasión fiscal; fraude a particulares; lavado de dinero, falsificación de documentos y tráfico de influencia.

4. Entre los actos presumiblemente ilícitos que se enuncian en el número anterior, destacan los siguientes:

a) La historia de mentiras y fraudes maquinados se inició cuando el entonces Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Legislatura pasada, diputado Luis Pazos --quien ahora es titular de Banobras--, incluyó en forma furtiva, vertical y directa --sin pasar por la Comisión que presidía ni por el Pleno de la Cámara-- una partida presupuestal para el ejercicio de 2003 de 30 millones de pesos a la Secretaría de Salud, etiquetados para asignarlos directamente al organismo no gubernamental denominado Provida.

b) La Secretaría de Salud otorgó a Provida 4.5 millones de pesos en el año de 2004.

c) La Lotería Nacional ha entregado a Provida 3.5 millones de pesos y la Sedesol le ha entregado 900 mil pesos. Empresas y ciudadanos, más de 20 millones de pesos.

d) En el concepto de varios se incluyen donativos por 5 millones 422 mil 780 pesos, sin reportar o identificar su origen, lo que genera suspicacias de relaciones con el narcotráfico y actividades de lavado de dinero.

5. Provida crea empresas subsidiarias o vinculadas que le permiten levantar cortinas de humo presuntamente para encubrir actividades fuera de norma y justificar erogaciones que pueden ser indebidas o aplicadas a fines distintos para los que fueron asignadas o donadas. Estas empresas son Improbar, SA de CV; Mercatel, SA de CV; Acarreos Profesionales Internacionales, SA de CV; Estraimagen Ojeda, SA de CV; Importaciones Girón, SA de CV; y El Castillo de Branstok. También se sirve de personas físicas que aparecen en varios documentos contables y que son: Lourdes Ojeda Gutiérrez, Lidia Ojeda Gutiérrez, Gloria Santos López, Silvia Santos Betanzos y Antonio Cruz Ramírez.

6. En la prensa nacional del 21 de septiembre del año en curso aparecen declaraciones del Secretario de Salud en relación con que la agrupación Provida no ha aclarado el destino de alrededor de 30 millones de pesos, que supuestamente estarían destinados a programas antiabortivos, sustentado en un dictamen de la Secretaría de la Función Pública, por lo que la Secretaría de Salud está analizando la procedencia de las acciones penal y civil para exigir la restitución de los recursos que hayan sido aplicados de manera incorrecta.

7. En virtud de los antecedentes que se resumen en las consideraciones anteriores, es de suma importancia contar con la información relativa a los avances y resultados, en su caso, de las auditorias que haya realizado o esté realizando la Secretaría de la Función Pública a Provida, AC, a efecto de que esta Cámara de Diputados pueda cumplir debidamente la facultad constitucional que tiene en exclusiva de aprobar el Presupuesto, la Cuenta Pública y su fiscalización, en los términos que dispone el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, propongo con carácter de urgente u obvia resolución los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita, con fundamento en el artículo 93 constitucional, del C. secretario de la Función Pública que informe a la Cámara de Diputados de los avances y resultados, en su caso, de las auditorías que haya realizado o esté realizando a los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigente y en operación el Gobierno Federal.

Segundo. Se propone al Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerde citar con la mayor brevedad al titular de la Secretaría de la Función Pública a una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para informar de los resultados de las auditorías a Provida, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió también un comunicado signado por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PRD, del Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del grupo de Convergencia, solicitando se modifique el orden del día, de tal suerte que el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presente una proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, provea indicadores suficientes para la medición de la pobreza.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se le pide, atentamente, someter al pleno la decisión de adelantar la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que provea indicadores suficientes para la medición de la pobreza, a cargo del diputado Julio Boltvinik Kalinka, suscrito por diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social. Específicamente la petición consiste en que dicho punto de acuerdo sea el primero enlistado en el apartado de proposiciones del orden del día de la sesión de hoy.

Sin más por el momento, agradecemos su amable atención.

México, DF, a 28 de septiembre de 2004.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas, Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; Dip. Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; Dip. Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del PVEM; Dip. Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del PT; Dip. Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a los ciudadanos diputados si es de aprobarse la modificación propuesta del orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la palabra el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Julio Boltvinik Kalinka: Compañeros diputados, compañeras diputadas:

Es para mí un gusto pasar a esta tribuna para leer este punto de acuerdo que está firmado por todas las fracciones parlamentarias y que está presentado como de urgente y obvia resolución.

Las y los suscritos diputadas y diputados federales integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos al pleno de la honorable Cámara de diputados de la LIX Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

Los distintos grupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hemos destacado en reiteradas ocasiones que la Ley General de Desarrollo Social fue fruto de un proceso político de negociación, donde los distintos partidos políticos mostraron la voluntad de llegar a consensos. Ello se reflejó en la aprobación unánime de la citada ley en ambas cámaras.

La Ley General de Desarrollo Social, en el Título Tercero, Capítulo VI, ``De la Definición y Medición de la Pobreza'', designa responsables de estas tareas y enumera los indicadores necesarios para ello.

En el artículo 36 especifica que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, son de aplicación obligatoria para las entidades y las dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social y para ello deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, debiendo incluir entre otros indicadores el ingreso corriente per capita de los hogares.

Por lo que hace a la periodicidad de estas tareas, el artículo 37 señala que cada 2 años deberá hacerse con representatividad estatal y al menos cada cinco, con información desagregada a nivel municipal. La fuente de estos datos son los censos y conteos de población realizados en años terminados en 0 y 5, respectivamente.

De acuerdo con el cuestionario ampliado del conteo 2005, en su versión para prueba de campo, las tareas de medición de la pobreza tendrían insuficiente información, al no incorporarse todos los rubros necesarios para captar todos los componentes del ingreso corriente per capita.

En el concepto ``ingreso corriente per capita'' se debe considerar los ingresos percibidos por el trabajo, rentas, pensiones y jubilaciones y en general toda transferencia monetaria recibida; empero en el cuestionario ampliado se captan solamente los ingresos recibidos derivados del trabajo, ocupación principal. En esas condiciones de aplicarse el cuestionario tal como está diseñado, los datos del conteo no permitirán realizar la medición periódica de la pobreza. No termino de leer, me salto nada más al final.

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Unico. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que provea los indicadores para la medición de la pobreza, añadiendo al cuestionario ampliado del conteo 2005, otros rubros de ingresos, no sólo el proveniente del trabajo, como se hizo en el censo de población de 2000 y en el conteo de población de 1995. Asimismo, reincorpore rubros de gran relevancia para el mismo fin, como los de propiedad y servicios de la vivienda y el uso de servicios de salud.

Firman 14 diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias. Es todo, señor Presidente. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que atienda lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, en lo relativo a la provisión de indicadores para la medición de la pobreza, a cargo del diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los distintos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hemos destacado en reiteradas ocasiones que la Ley General del Desarrollo Social fue fruto de un proceso político de negociación, donde los distintos partidos políticos mostraron la voluntad de llegar a consensos, ello se reflejó en la aprobación unánime de la citada ley en ambas Cámaras.

Durante el pasado Informe de Gobierno, el Presidente Vicente Fox hizo un reconocimiento al Poder Legislativo por haber aprobado leyes y reformas en materia social, destacando la nueva Ley de Desarrollo Social como un instrumento legal fundamental para que cada mexicano disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución. Además de presentarla como un avance importante en la reforma estructural, a la que su gobierno hace referencia constantemente.

Sin duda, con relación a la Ley General de Desarrollo Social, el Poder Legislativo hizo su trabajo, y lo hizo bien. No se descarta que en el futuro, dicha Ley requiera reformas, llegado el momento, el Congreso las realizará con la misma responsabilidad social y voluntad de construir un país mejor, como hemos trabajado hasta ahora en la materia.

La Ley General de Desarrollo Social, en su Título Tercero, Capítulo VI, ``De la Definición y Medición de la Pobreza'', designa responsables de estas tareas y enumera los indicadores necesarios para ello.

En su artículo 36 especifica que los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social y, para ello, deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, debiendo incluir, entre otros indicadores, el ingreso corriente de los hogares.

En lo que hace a la periodicidad de estas tareas, el artículo 37 señala que cada dos años deberá hacerse con representatividad estatal y al menos cada cinco con información desagregada a nivel municipal. La fuente de estos datos son los Censos y Conteos de Población, realizados en años terminados en 0 y 5, respectivamente.

De acuerdo con el cuestionario ampliado del Conteo 2005 en su versión para prueba de campo, las tareas de medición de la pobreza quedarán en entredicho al no incorporarse todos los rubros necesarios para captar todos los componentes del ``Ingreso corriente de los hogares''.

En el concepto ``Ingreso corriente de los hogares'' se deben considerar los ingresos percibidos por el trabajo, rentas, pensiones, jubilaciones y en general toda transferencia monetaria recibida. Empero, en el cuestionario ampliado, solo en el ítem 3.20 aplicado a mayores de 12 años, se inquiere sobre los ingresos recibidos derivados del trabajo u ocupación principal, dejándose a un lado todas las demás fuentes de ingreso.

En estas condiciones, de aplicarse el cuestionario tal como está diseñado, los datos del Conteo no permitirían realizar la medición periódica de la pobreza y en consecuencia el INEGI estaría incurriendo en una violación de la Ley General de Desarrollo Social.

Se debe resaltar que al menos desde 1990 el INEGI ha incorporado en sus Censos y Conteos de Población el desglose de capítulos del ingreso corriente. Por ejemplo, en el 2000 se captaron aquellos provenientes de programas sociales como Progresa y Procampo. Ante las deficiencias del cuestionario propuesto para realizar el Conteo 2005, la comparabilidad entre registros se vería cuestionada, al no poder construirse series temporales sobre un tema tan importante como los ingresos de los hogares.

En otro orden de ideas, el cuestionario ampliado 2005 deja también de lado temas sobre los que ya se había iniciado captación y que son de alta relevancia, como son todas las relacionadas con la propiedad de la vivienda, la regularidad del suministro de agua potable, la descarga de aguas del servicio sanitario, la disposición de basuras domésticas; así como la diferenciación entre derechohabiencia y uso efectivo de servicios de salud o la existencia de prestaciones laborales como vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, etcétera.

Por el contrario, mientras deja a un lado temas sociales, el cuestionario centra su énfasis en la dinámica demográfica, dedicando veinticinco preguntas desglosadas al historial reproductivo detallado de cada mujer residente habitual del hogar, lo que implicaría hasta 20 páginas de preguntas, lo que necesariamente representará mayor tiempo para su aplicación, incrementando los costos del levantamiento y las tasas de rechazo al mismo. Cabe señalar que sobre este tema, existe ya la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica que se levanta cada dos años y cuyo uso se limita a un pequeño grupo de especialistas.

Para finalizar, no podemos avanzar como país en la transición política que afrontamos sin una efectiva colaboración entre los distintos Poderes de la Unión. No es suficiente aprobar Leyes, es necesario que existan condiciones óptimas para su ejecución efectiva, ésa es la tarea del Poder Ejecutivo.

Por lo expuesto, y ante el apremio del tiempo porque se están realizando los preparativos para llevar a cabo el Conteo 2005, solicito, como asunto de obvia y urgente resolución, a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que atienda lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, en lo relativo a la provisión de indicadores para la medición de la pobreza, añadiendo al cuestionario ampliado del Conteo 2005 otros rubros de ingreso, no sólo el proveniente del trabajo, como se hizo en el Censo de Población de 2000 y en el Conteo de Población de 1995. Asimismo, reincorpore rubros de alta relevancia para el mismo fin, como los de propiedad y servicios de la vivienda y el uso de servicios de salud.

Diputados: Armando Rangel Hernández, Julio Boltvinik Kalinka, Carlos Flores Rico, Clara M. Bruggada Molina, Rafael Flores Mendoza, Oscar González Yáñez, Jesús Martínez Alvarez, Beatriz Zavala Peniche, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado, en virtud de que no alcanzó usted a leer todo su punto de acuerdo. Vamos a ordenar la publicación en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si este punto de acuerdo se considera de urgente resolución.

Si, diputado José Antonio de la Vega Asmitia, ¿con qué objeto?

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Para pedir que informe a la Asamblea que este punto de acuerdo había sido solicitado el cambio de trámite, para que fuera turnado solamente a comisión.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No tenemos conocimiento. Tenemos el registro en esta Presidencia de que se desahogaría como de urgente resolución, señor diputado. En caso de que usted se oponga o su grupo parlamentario, podrían objetarlo mediante el voto en contra.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta a discusión la proposición.

No habiendo oradores registrados, pregunte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología, a cumplir con el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros, compañeras:

Actualmente se encuentra en proceso de dictaminación por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología de esta Cámara de Diputados, la minuta de Ley de Bioseguridad Sobre Organismos Genéticamente Modificados aprobada por la colegisladora. En dicho proceso se ha consultado a la comunidad científica y académica, así como a los representantes de las dependencias gubernamentales y de las empresas del sector privado.

El grupo de trabajo de las comisiones unidas, encargado de elaborar un proyecto de dictamen de la minuta de referencia, ha acordado llevar a cabo diferentes foros de consulta con las organizaciones campesinas, de productores y con las comunidades indígenas sin que hasta ahora se tenga algún avance al respecto.

Por otro lado, en el Acuerdo Nacional para el Campo se establece un compromiso en el numeral 226 de que debe consultarse con organizaciones de productores esta minuta y nosotros preguntamos si solamente exigimos al Ejecutivo que cumpla el Acuerdo Nacional para el Campo, pero desde el Poder Legislativo no lo cumplimos.

No podría ser coherente y congruente de nuestra parte que desde la presente Legislatura exijamos al Ejecutivo Federal el pleno cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y nosotros no lo hagamos. Se trata no sólo de cumplir con un numeral del Acuerdo Nacional para el Campo, sino de reconocer y practicar sistemáticamente el método democrático en el trabajo legislativo de incluir a todos los sectores involucrados en el debate y construcción de consensos, en torno a las iniciativas de ley como la minuta en dictamen de profunda trascendencia e implicaciones para el país, la agricultura, la salud humana y animal, la biodiversidad y la preservación de las comunidades rurales y las culturas campesinas e indígenas del país; se trata de incluir a quienes hacen la agricultura y detentan el territorio rural.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Ciencia y Tecnología de esta Cámara de Diputados, a que cumplan a cabalidad con la letra y el espíritu del numeral 226 antes referido del Acuerdo Nacional para el Campo, en relación con el proceso y elaboración del dictamen relacionado con la minuta de proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. En consecuencia, se exhorta respetuosamente a dichas comisiones unidas a llevar a cabo foros y otros procedimientos de consulta amplios, plurales e informados dentro de un plazo de 15 días con organizaciones campesinas, de productores y de comunidades indígenas de todo el país, en relación a la minuta de ley en comento.

Es todo y agradezco el apoyo de comisiones unidas. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados a cumplir el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, actualmente en proceso de dictamen por dichas Comisiones, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología a cumplir el numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo, relativo a que el Poder Legislativo consulte con organizaciones campesinas y de productores el contenido de la minuta de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, actualmente en proceso de dictamen por dichas Comisiones, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD

Honorable Asamblea:

El que suscribe, diputado federal Víctor Suárez Carrera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Actualmente, se encuentra en proceso de dictaminación por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados la Minuta de Ley de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados aprobada por la Colegisladora.

2. En dicho proceso, se ha consultado a la comunidad científica y académica, así como a los representantes de las dependencias gubernamentales y de las empresas del sector privado. El grupo de trabajo de las comisiones unidas encargado de elaborar un proyecto de dictamen de la Minuta de referencia, ha acordado llevar a cabo diferentes foros de consulta con las organizaciones campesinas, de productores y con las comunidades indígenas, sin que a la fecha se tenga algún avance al respecto.

3. Por otro lado, en el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el pasado 28 de abril del 2003, se estableció un acuerdo con el numeral 226 en el apartado E. De Modificaciones al Marco Legal que a la letra dice: ``Las partes del presente Acuerdo Nacional para el Campo exhortan al Poder Legislativo a que consulte con las organizaciones campesinas y de productores el contenido de la iniciativa de Ley de Bioseguridad que actualmente se encuentra en dictamen''. Dicho compromiso, en su momento no fue cumplido por el Senado aprobando dicha iniciativa excluyendo por completo a campesinos, productores y pueblos indios. Ahora, esta legislatura de la H. Cámara de Diputados debe cumplir a cabalidad la letra y el espíritu del Acuerdo Nacional para el Campo en el numeral de referencia y llevar a cabo procesos de consulta con las organizaciones campesinas, de productores y de comunidades indígenas en forma amplia, plural e informada.

4. No podría ser coherente y congruente de nuestra parte, que desde la presente legislatura exijamos al Ejecutivo federal el cumplimiento pleno del Acuerdo Nacional para el Campo, y nosotros, en nuestro ámbito de competencia y atribuciones, no lo hagamos para el caso en comento.

5. Se trata no sólo de cumplir con un numeral del Acuerdo Nacional para el Campo, sino de reconocer y practicar sistemáticamente el método democrático en el trabajo legislativo de incluir a todos los sectores involucrados en el debate y construcción de consensos en torno a las iniciativas de ley, como la Minuta en dictamen, de profunda trascendencia e implicaciones para el país, la agricultura, la salud humana y animal, la biodiversidad, la preservación de las comunidades rurales y las culturas campesinas e indígenas del país.

6. Se trata, asimismo, de reconocer la necesidad inexcusable de escuchar y contar con la opinión y propuestas de quienes son dueños, poseedores, pobladores y manejadores de la mayor parte del territorio rural del país, donde se practican las actividades agropecuarios, forestales y pesqueras, así como diversas actividades vinculadas con la domesticación, preservación, conocimiento y manejo y preservación de nuestros fitogenéticos y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal Víctor Suárez Carrera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Primera. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia y Tecnología de la H. Cámara de Diputados a que cumplan a cabalidad la letra y el espíritu del numeral 226 del Acuerdo Nacional para el Campo con relación al proceso de elaboración del dictamen relacionado con la minuta proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segunda. En consecuencia, se exhorta respetuosamente a dichas Comisiones Unidas a llevar a cabo foros y otros procedimientos de consulta amplios, plurales e informados con organizaciones campesinas, de productores y de comunidades indígenas de todo el país con relación a la minuta de ley en comento.

Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Ciencia y Tecnología.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se finiquite el proceso de descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal.El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores diputados:

En 1996 se firmó en las 31 entidades federativas el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud; más tarde, en 1997, los gobiernos Federal y del Distrito Federal, pretendieron signar este mismo convenio para la capital de la República, pero este convenio sólo fue catálogo de buenas intenciones que por la falta de sensibilidad y voluntad política no se ha querido finiquitar, lo que se ha traducido en falta de medicamentos, maltrato y mala calidad de los servicios, deficiencias administrativas a nivel central, ausencia de un servicio integral de las urgencias médicas en el Distrito Federal y área metropolitana. Falta de equipo y material para brindar la atención médica, por citar solamente algunas.

Aunado a lo anterior encontramos que la Secretaría de Salud del Distrito Federal no contempla el rubro referente a la salud mental, así como el relativo a la verificación sanitaria. Ello no obstante que le fueron transferidos más de 600 verificadores sanitarios.

Por otra parte, no existe voluntad actual del Gobierno del Distrito Federal por apoyar la construcción de nuevos hospitales, aunque la necesidad es patente en delegaciones que no cuentan con ninguno de éstos. Pero sí otorgan más de 3 mil millones de pesos a programas de adultos mayores, lo que significó un 50 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud del Distrito Federal en el ejercicio fiscal 2003.

De igual manera vale la pena resaltar que las transferencias federales vía ramo 33, ascendieron a 6 millones de pesos del 2000 al 2003. Lo que significa que dichos recursos se utilizaron casi en su totalidad en la ayuda para los adultos mayores, cuyo monto fue de 5 mil 822 millones de pesos y en los segundos pisos otro tanto.

Así también no podemos soslayar el hecho de que los capitalinos no cuentan con un solo hospital de tercer nivel. Lo irónico del caso es que son las personas de la tercera edad quienes más utilizan los servicios de un nosocomio de este tipo.

En virtud del mínimo avance en torno a la descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal, hoy de manera enérgica y urgente hacemos un llamado a las instancias involucradas para que realicen los esfuerzos y gestiones necesarias para resolver esta condición que algunos aprovechan para sus fines muy particulares, en detrimento de las mayorías.

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y del Distrito Federal, para que a la brevedad posible finiquiten el proceso relativo al convenio para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta del Distrito Federal.

Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra la presente propuesta en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que se finiquite el proceso de descentralización de los servicios de salud del Distrito Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM

Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se finiquite el proceso de descentralización de los servicios de salud del Distrito Federal, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la declaración universal de los derechos del hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por lo tanto combatirla es una obligación pública, de ahí que, la salud es el eje sobre el cual deben girar las políticas sociales de un gobierno para asegurarle bienestar a su población, echando mano del prodigioso avance científico y su extensión en el campo de la medicina, sobre todo, ante el aumento de los costos y la complejidad de los servicios.

En lo que respecta a nuestro país el marco jurídico que define el derecho de acceso a los servicios de salud se encuentra consagrado en el artículo cuarto de nuestra carta magna y para hacerlo efectivo se necesita de la solidaridad de los mexicanos, de la disciplina de la sociedad y del orden del aparato público.

Pero no se puede considerar a la salud solo como un correcto funcionamiento biológico, sino también como un bien social y cultural, que involucra la participación de la sociedad en general y a los hombres y mujeres en particular, sin olvidar ni soslayar que el garante de la protección a la salud es el Estado, en sus tres niveles de gobierno, sin embargo durante muchos años el Gobierno Federal apostó por la centralización de una gran cantidad de servicios, entre ellos los relativos a la salud, limitando así, la participación de los estados y municipios de una forma significativa, derivando en un aparato muy robusto y poco articulado, que con el paso del tiempo se fue deteriorando y poniendo en riesgo su viabilidad.

Ante tal circunstancia y la presencia de un panorama poco halagüeño, en 1996 el gobierno Federal a través del secretario de Salud y con la participación del titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y 31 representantes del mismo número de entidades federativas, firmaron el acuerdo nacional para la descentralización de los servicios de salud, ello con el fin de mejorar la calidad del servicio y optimizar los recursos disponibles.

Después de la concreción del convenio antes descrito, el Distrito Federal es la única entidad federativa que sigue bajo la sombra y amparo del gobierno Federal, situación por demás desigual e irresponsable, de ahí la urgente necesidad de que el gobierno local debe ser el garante de la salud de sus habitantes, sin olvidar que el derecho a la salud implica llevar a cabo acciones con calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, debiendo reconocer, antes que nada, que vivimos en una ciudad donde existen grandes desigualdades que ocasionan la exclusión de los programas de salud de amplios grupos sociales que viven en zonas marginadas, es decir, sin garantías de acceso a los servicios para proteger o restaurar su salud.

En razón de lo anterior los gobiernos Federal y del Distrito Federal en el año de 1997 pretendieron signar un convenio de coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta del Distrito Federal, mismo que se publico en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del mismo año. Vale la pena resaltar que éste Convenio establece las bases, compromisos y responsabilidades del gobierno Federal y del Distrito Federal, para la organización y descentralización de los servicios de salud para la población abierta, así como la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que permitan al gobierno de la ciudad contar con autonomía en el ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud.

Sin embargo este convenio sólo ha sido un catálogo de buenas intenciones ya que la descentralización es un proceso que por diversas causas pero en especial por la falta de sensibilidad y voluntad política de los actores, no han querido finiquitar, lo que se ha traducido en una serie de problemas de entre los que podemos destacar:

Discriminación territorial.

Segregación social.

Importantes diferencias de las condiciones de salud.

Deterioro de los servicios de salud.

Problemas estructurales y de funcionamiento.

Lo anterior lo podemos constatar en las diferentes delegaciones que conforman el Distrito Federal, pero de forma más significativa en las siguientes: Tlahuac, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco, las cuales tienen marcadas diferencias con el resto de las delegaciones en razón de la demanda de servicios que tienen de parte de sus habitantes, además de que el equipamiento urbano limita el acceso a dichos centros, así como el que sólo existan un par de hospitales en el caso de Iztapalapa y ni un solo hospital en el caso de Álvaro Obregón, además todas las instalaciones son antiguas y prácticamente no han recibido mantenimiento, sólo se han pretendido remodelar unos cuantos, pero han sido procesos muy largos que llevan años y que no han concluido, como el caso de los hospitales Rubén Leñero y el pedriático de Azcapotzalco.

Sumándose a ello la falta de medicamentos y el que los pocos que existen se suministran deficientemente; maltrato y mala calidad de los servicios; deficiencias administrativas a nivel central; ausencia de un servicio integral y bien sistematizado de urgencias médicas en el Distrito Federal y área metropolitana, con enlace prehospitalrio e intrahospitalario; falta de equipo y material para brindar la atención médica; mala distribución del personal contratado en sitio y horario; número insuficiente de enfermeras; parte del equipo médico obsoleto; falta de coordinación entre el primer y segundo nivel de atención médica, por solo citar algunas.

Aunado a lo anterior encontramos que la Secretaría de Salud del Distrito Federal no contempla en la actualidad el rubro referente a la salud mental dentro de sus planes y programas, así como el relativo a la verificación sanitaria en todo el Distrito Federal, dejándonos a todos en total estado de indefensión, ello no obstante que de la Secretaría de Salud del gobierno Federal le fueron transferidas más de 600 plazas con sus ocupantes, quienes se venían haciendo cargo de esta función, pero cuando se dio este cambio el gobierno local decidió que dichas personas no realizarían más esta actividad ni ninguna otra, pero eso sí siguen devengando un salario.

Los cambios económicos y políticos que han sucedido en el país y particularmente en el Distrito Federal desde mediados de la década de los noventa, se han traducido en continuos recortes o desviaciones del presupuesto asignado al rubro de la salud de parte del Gobierno del Distrito Federal ocasionando el desbasto de medicamentos, la falta de inversión para ampliar la infraestructura y la precarización de la calidad de los servicios, aunado a las notorias deficiencias que presenta dicho sector que redundan en un servicio de muy mala calidad, son factores que provocan que el usuario tenga una mala imagen de las instituciones de salud, que incluye la falta de credibilidad, mala atención, deshumanización y desconfianza, por lo que se tiende a asegurar con mucha razón que dichas instituciones son deficientes por naturaleza.

Desafortunadamente todo lo anterior, como afirman las autoridades del gobierno del Distrito Federal es producto de la falta de recursos que le debería transferir el gobierno Federal y una gran demanda de usuarios, según ellos atienden a mas de 4 millones de personas, pero no existe una posición más cínica y falsa que esta, de acuerdo con las cifras del INEGI, en el año 2000 el Distrito Federal contaba con una población de 8,605,239 habitantes, siendo no derechohabientes 3,953,017, y derechohabientes de instituciones como el IMSS, ISSSTE, Pemex y otras 4,413,972, quedando sin contar población no especificada que asciende a 238 mil 250 personas. De lo anterior debemos precisar que los casi 4 millones de personas que el GDF contempla como población abierta no son de ninguna manera atendidas el 100%, por la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, porque de esta cantidad hay que restar aquellos que se atienden en instituciones privadas u hospitales e institutos de la Secretaría de Salud del gobierno Federal, de igual forma, aquellos que viven en la marginación total que tampoco llegan a los centros de salud debido a que no cuentan con los medios para desplazarse desde su casa a las instituciones de salud.

Por lo tanto las estimaciones del GDF se encuentra muy por encima de lo que verdaderamente atiende, situación que se presta a una infinidad de manejos, como el que se lleguen a desviar recursos para otros fines que nada tienen que ver con la salud, como los segundos pisos del periférico, la construcción de escuelas (preparatorias y universidad del Distrito Federal), etcétera.

De ahí que no se logra entender cómo el GDF podría atender a 910 mil 275 personas que se estiman como población abierta en la delegación Iztapalapa contando con tan solo dos hospitales, uno por cierto donado por la Comunidad Económica Europea, o bien cómo es posible que atienda y ofrezca calidad en el servicio en la delegación Gustavo A. Madero que cuenta con una población abierta de 571 mil 476 habitantes, si solo se tienen 2 hospitales generales y 2 pediátricos, ello de acuerdo con los datos reportadas por la propia Secretaría de Salud del Distrito Federal en el año 2001.

En cambio cifras más reales son aquellas en donde solamente en la delegación Iztapalapa requirieron el servicio 241 mil 409 personas y en la delegación GAM 264 mil 914 habitantes, concluyendo que las cifras de la población abierta y que llegó a ser usuaria de los servicios de salud del GDF es de 2 millones 85 mil 192 personas ello de acuerdo con el informe de 2001 de la misma Secretaría de Salud del GDF, datos que todavía llegan a ser muy elevados, sin embargo la mayoría de funcionarios del GDF que guardan una relación estrecha con los servicios de salud se aferran a seguir manejando cifras superiores a los 4 millones de personas que utilizan los servicios de salud de la Secretaría de Salud local.

Por otra parte se puede observar la nula voluntad del actual gobierno del Distrito Federal por apoyar la construcción de nuevos hospitales aunque la necesidad es patente en delegaciones que no cuentan con ninguno y sin embargo otorgan más de 3000 millones de pesos al programa de adultos mayores lo que significa un 50% del presupuesto total que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le otorgó a la Secretaría de Salud del GDF, para el ejercicio fiscal del año 2003.

De igual manera vale la pena resaltar en este punto las transferencias federales del ramo 33, las cuales ascienden desde el año 2000 al 2003 a 6 mil 266 millones 318 mil pesos, lo que significaría que dichos recursos han sido utilizados casi en su totalidad en la ayuda para los adultos mayores que asciende a 5 mil 822 millones 144 mil pesos, en este mismo lapso.

Así también, no podemos soslayar el hecho de que los capitalinos no cuentan con un sólo hospital de tercer nivel perteneciente al gobierno local, lo irónico del caso es que son las personas de la tercera edad quienes se encuentran mas propensas a utilizar los servicios de un nosocomio de este tipo y de sus médicos especialistas como los geriatras de los cuales tan sólo se tienen 9, sin embargo con dádivas pretenden ocultar su irresponsabilidad, de ahí que dolosamente el GDF esgrima argumentos falaces para seguir cómodamente bajo el cobijo del gobierno Federal y lo que menos les interesa es asumir su responsabilidad.

Cabe resaltar que el proceso de descentralización de los servicios de salud que se brindan a población abierta en el Distrito Federal, se encuentra inscrito en la búsqueda de la consolidación de los sistemas estatales de salud. Los esfuerzos realizados para unificar los niveles de vida de los habitantes de la Ciudad de México, sin diferenciar regiones o estratos, pero desafortunadamente estos esfuerzos no han podido cumplir con su cometido.

Por tanto los objetivos generales de la descentralización deberán conformar y operar una estructura de servicios que permita mejorar el nivel de salud de la población, procurando la cobertura total con calidad básica homogénea y fortaleciendo acciones dirigidas a los grupos más desfavorecidos, bajo estrategias como el escalonamiento de la atención, clasificación operativa de las unidades, regionalización de los servicios, participación e integración comunitaria, modernización administrativa e integración orgánica y funcional de los servicios.

De ahí que la integración orgánica de los servicios de la Secretaría de Salud del gobierno federal y los de atención primaria en el Distrito Federal, se debe dar con la planeación de una sola instancia, y de acuerdo con objetivos claramente definidos, lo cual conlleva las ventajas de aprovechar las unidades que por diversas circunstancias, no tienen índices de ocupación adecuados, compartir los servicios de alta complejidad y utilizar los recursos de las instituciones integralmente para la referencia y contrarreferencia de los pacientes. Por tanto la coordinación intra e intersectorial es una estrategia instrumental para vincular el propósito fundamental y los objetivos del sector, con los correspondientes de las demás instancias.

Pero desafortunadamente en el Distrito Federal, el actual gobierno contando con 2,132 camas censables en 25 hospitales, de los cuales 11 son infantiles, no ha tenido la capacidad para optimizar los recursos destinados a este rubro, ni mucho menos mejorar la calidad de los servicios que presta, pero eso sí los hospitales infantiles no llegan a rebasar el 50% de su capacidad instalada, y además el promedio de días de estancia se ha venido incrementando, al pasar de 4.81 días en 1997 a 5.7 días en el año 2002.

En resumen lo que se busca con la presente propuesta es abatir los rezagos sociales, revertir los efectos de la centralización, alcanzar la unificación técnica, el uso racional de los recursos y ampliar la cobertura, situación que por la cerrazón y falta de oficio del gobierno del Distrito Federal no se ha podido concretar en los últimos ocho años.

En ese mismo sentido, vale la pena precisar que a más de ocho años de distancia de la concreción del convenio para la descentralización de los servicios de salud en las 31 entidades del país, ha permitido acercar de forma más directa los servicios de salud a la población que no cuenta con la protección de la seguridad social.

Sin embargo esta situación ya se convirtió en un problema muy delicado en la capital del país, pues la falta de visión y tacto político de las autoridades locales no ha permitido que este proceso se concrete.

No obstante lo anterior y que existe un avance en torno a la descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal, pues el 3 de julio de 1997 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio suscrito, el tema a pasado a segundo o tercer termino, sin importar a los gobiernos local y federal las repercusiones que tal pasividad reclame en el corto y mediano plazo, es por ello que hoy de manera enérgica y urgente hacemos un llamado a las instancias involucradas en dicho proceso, para que realicen los esfuerzos y gestiones necesarias, para resolver esta condición que a nadie beneficia, pero que si algunos aprovechan para sus causas muy particulares en detrimento de las mayorías.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que se finiquite el proceso de descentralización de los servicios de salud del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno Federal y del gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible realicen las gestiones necesarias para que se finiquite el proceso relativo al Convenio de Coordinación para la descentralización de los servicios de salud para la población abierta del Distrito Federal.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno Federal, informe a esta soberanía sobre los términos y condiciones que pactaron con el gobierno del Distrito Federal, para concluir el proceso a que se refiere el punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de septiembre de 2004.

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: Diputados Manuel Velasco Coello Coordinador; Jorge Antonio Kahwagi Macari vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Obsequiamos al proponente en ambas, esto es, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta.

Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE JALISCO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para crear una subcomisión o grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con objeto de investigar e informar al pleno sobre los sucesos ocurridos en Guadalajara el pasado 28 de mayo, durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina.El diputado Inti Muñoz Santini: Con su venia, señor Presidente.

El pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, Guadalajara fue escenario de una de las violaciones a los derechos humanos más arteras que se puede recordar en este país. Aquel día una manifestación pacífica en la que participaron alrededor de 4 mil personas, fue violentada por un pequeño grupo de provocadores que confrontaron a las policías estatal y municipal e iniciaron en efecto un enfrentamiento.

Sin embargo, la respuesta de la autoridad fue aún más violenta. Los granaderos arremetieron con golpes y explosiones de gas mostaza contra todos los manifestantes, incluidos aquellos miles que marchaban de manera pacífica. Ninguna prueba documental consta de que el grupo provocador fuera detenido, sin embargo, 3 ó 4 horas después de los sucesos alrededor de 100 personas fueron arrestadas en calles alejadas del lugar de la manifestación.

De esos detenidos y detenidas una gran mayoría no eran más que jóvenes estudiantes y trabajadores tapatíos, cuyo único delito fue caminar por las calles de Guadalajara. Ahí comenzó un infierno de tortura y vejaciones para decenas de ciudadanas y ciudadanos de este país que al día de hoy, ha sido documentado por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, por Human Rights Watch, por la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, por Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

A esas resoluciones se sumó el pasado 16 de agosto el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que tras numerosas diligencias se concluye que de entre las 118 detenciones de personas la noche del 28 de mayo ---y lo cito--- se incurrió en 73 retenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes y 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura.

En su informe la CNDH recomienda al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y al alcalde de Guadalajara, Emilio González, se inicien procedimientos administrativos en contra de los funcionarios públicos responsables y dar vista al Ministerio Público para que se inicien las averiguaciones previas respectivas.

Todo esto, en el marco de la violación a manos del Gobierno de Jalisco, de casi 10 ordenamientos y tratados nacionales e internacionales contra la tortura.

Tras condecorar a los presuntos policías torturadores, todas estas recomendaciones fueron rechazadas por ambos funcionarios, quienes fueron secundados por el arzobispo de Guadalajara.

Hoy, de las 44 personas que fueron recluidas en el penal de Puente Grande aquel día, acusadas de delitos que no cometieron, 15 permanecen presos, inculpados por declaraciones firmadas bajo tortura y acusados por testigos falsos. Las de ellas y ellos son vidas truncadas por un gobierno irresponsable que desprecia el estado de derecho.

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos respectivos, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Unico. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre una subcomisión o grupo de trabajo con el objeto de investigar los sucesos ocurridos el pasado 28 de mayo en Guadalajara, durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, y que esta subcomisión o grupo de trabajo presente al pleno el informe correspondiente a la brevedad posible.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para crear una subcomisión o un grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con objeto de investigar e informar al Pleno sobre los sucesos ocurridos en Guadalajara el pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

El pasado 28 de mayo, durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, la ciudad de Guadalajara fue el escenario de una de las violaciones a los derechos humanos más artera y violenta que se pueda recordar en los últimos años en este país.

Una manifestación pacífica en la que participaron alrededor de 4,000 personas, organizada por diversos organismos ciudadanos y que tenía como objeto protestar en el marco de la ley contra las resoluciones de la Cumbre, fue violentada por un grupo de algunas decenas de provocadores que confrontaron a las policías estatal y municipal que resguardaban los recintos sede del evento. Los provocadores, en efecto, utilizaron palos y llevaban el rostro cubierto. Los provocadores, en efecto, agredieron a los elementos policiacos y consiguieron que estos respondieran.

El problema es que esta respuesta de la autoridad fue aún más violenta. Los granaderos arremetieron con golpes y explosiones de gas mostaza contra todos los manifestantes, incluidos aquellos miles que marchaban de manera pacífica y que ante los disturbios decidieron desviar la manifestación. De ahí resultaron muchos heridos y los primeros detenidos.

Ninguna prueba documental consta de que el grupo provocador fuera detenido; sin embargo, 3 o 4 horas después de los sucesos alrededor de 100 personas fueron arrestadas en calles alejadas del lugar de la manifestación.

De esos detenidos y detenidas algunos habían participado pacíficamente en la marcha; pero la gran mayoría, no eran más que jóvenes estudiantes y trabajadores tapatíos cuyo único delito fue caminar por las calles y correr con la mala suerte de ser considerados sospechosos por los profesionalísimos policías de Guadalajara.

Ahí comenzó un infierno de tortura y vejaciones para decenas de ciudadanos y ciudadanas de este país que, al día de hoy, ha sido documentado y denunciado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Amnistía Internacional, la práctica totalidad de los organismos mexicanos ciudadanos de derechos humanos, el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos que el pasado 2 de junio emitió un punto de acuerdo en el cual se exigió al gobierno de Jalisco el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables de los hechos violentos, de la brutal represión y de los casos de tortura , así como la libertad sin cargos de los detenidos injustamente.

A estas resoluciones se sumó el pasado 16 de agosto el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que, tras numerosas diligencias, indagaciones, levantamiento de testimonios y elaboración de peritajes médicos documentados fotográficamente se concluye que de entre las 118 detenciones de personas la noche del 28 de mayo se incurrió ``en 73 retenciones ilegales; 55 casos de tratos crueles y degradantes; 73 incomunicaciones y 19 casos de torturas''.

En su informe, la CNDH recomienda al Gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña y al alcalde de Guadalajara Emilio González se inicien procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los funcionarios públicos responsables de las atrocidades antes referidas y dar vista al ministerio público para que se inicien las averiguaciones previas respectivas.

Todo esto en el marco de la violación, a manos del gobierno de Jalisco, de la Constitución Política de este país; el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención de la ONU contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Tras condecorar a los presuntos policías torturadores, todas estas recomendaciones fueron rechazadas por ambos funcionarios, quienes fueron secundados por el arzobispo de Guadalajara quien, en un alarde de ignorancia, ha dicho que los resolutivos de la Comisión Permanente al respecto, en realidad no son acuerdos del Congreso.

Hoy, señoras y señores legisladores, de las 44 personas que fueron recluidas en el Penal de Puente Grande en Guadalajara el 28 de mayo, acusadas de delitos que no cometieron, 17 permanecen presos. Todos ellos y todas ellas siguen procesos penales inculpados por declaraciones firmadas bajo tortura y acusados por testigos falsos. Las de ellos y ellas, son vidas truncadas por un gobierno irresponsable que desprecia el Estado de derecho.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre una subcomisión o grupo de trabajo con el objeto de investigar los sucesos ocurridos en Guadalajara el pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y que ésta presente al Pleno el informe correspondiente a la brevedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2004.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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RIO LERMA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar presupuesto para el rescate de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondiente particularmente en lo que corresponde al territorio del estado de México.El diputado Tomás Cruz Martínez: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El punto que quiero someter a consideración de ustedes, es en relación con un área del país, fundamental para la vida de los mexicanos: la Cuenca Lerma-Chapala.

Esta zona es considerada como la más contaminada de nuestro país, ocupa sin orgullo, el tercer lugar en el mundo y sobre este tema sólo ha recibido para su tratamiento, discursos cada que es el Día Mundial del Medio Ambiente, como sucedió recientemente en el municipio de El Marqués, Querétaro, en una reunión encabezada por el Presidente de la República y varios gobernadores de nuestras entidades.

Por esa razón, en el estado de México, en la zona donde nace el río Lerma, en el municipio de Almoloya del Río, una infinidad de ciudadanos; de organizaciones sociales; de funcionarios del gobierno del estado; de representantes populares de todos los partidos, hemos llegado a la convicción de recuperar esta zona con urgencia, y para ello sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo para que sea revisado en las comisiones correspondientes sobre el tema.

Punto de Acuerdo

Unico. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en ejercicio de sus facultades, garantice que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, se destinen recursos suficientes para el saneamiento de la cuenca alta del Río Lerma, atendiendo el requerimiento que ha hecho la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura para el Desarrollo del estado de México, la cantidad de 1,313 millones de pesos en varias etapas, requiriendo para el 2005, el cumplimiento de las primeras cuatro por 613 millones, suficientes para costear el análisis del uso potencial del agua, la elaboración de los proyectos ejecutivos, la rehabilitación de 20 plantas que funcionan a medias y la construcción de 60 plantas más.

Con este punto de acuerdo, compañeros legisladores, quiero comentarles que se alcanzaría el tratamiento del 100 por ciento de aguas de esta cuenca. Sabemos lo vital que es para otras entidades como Jalisco, como el estado de Querétaro, Michoacán y otros estados, esta zona tan importante para la vida.

Agradezco mucho la atención a ustedes y solicito a la Presidencia se inserte completo el texto que entregaré, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar el presupuesto para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, particularmente por lo que corresponde al territorio del estado de México, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La cuenca alta del río Lerma es considerada la mas contaminada en nuestro país, y en el mundo la tercera. Este problema ha sido ocasionado principalmente por la sobre explotación de agua que se realiza en la zona, para satisfacer con ello, las necesidades uso y consumo de los habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, así como por el acelerado desarrollo industrial, cuyos residuos contaminan sus aguas y suelo; además de la tala inmoderada de árboles, entre otros factores.

Debido al problema de escasez de agua que padece nuestra población y a estudios recientes que han demostrado que contamos, ya incluso, con menos agua que muchos países africanos, así como a los reclamos de los habitantes de los alrededores de la cuenca, que utilizan los recursos del río para desempeñar sus principales actividades: agrícolas, pecuarias, acuícolas, y considerando que es un recurso vital, por el que se debe evitar, a toda costa el agotamiento de sus reservas, es urgente considerarlo como un tema de seguridad nacional, por lo que se hace prioritaria la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal y del sector privado, así como de esta Soberanía, para poner en marcha inmediatamente, programas que ayuden al saneamiento de las principales fuentes de abastecimiento de esta instalación estratégica para la zona del Valle de México.

Por la gravedad de los problemas, que representa este fenómeno de escasez, desecamiento y sobreexplotación de esta cuenca, y que redunda a su vez en contaminación ambiental, enfermedades y hundimientos de los terrenos del área, entre otros, someto a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que, en ejercicio de sus facultades, garantice que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 se destinen recursos suficientes para el saneamiento de la cuenca alta del río Lerma, atendiendo el requerimiento que ha hecho la Secretaría de Agua Obras Públicas e Infraestructura para el Desarrollo del estado de México la cantidad de 1,313 millones de pesos en varias etapas, requiriendo para 2005 el cumplimiento de las primeras cuatro, por 613 millones de pesos, suficientes para costear el análisis del uso potencial del agua, la elaboración de los proyectos ejecutivos, la rehabilitación de 20 plantas de tratamiento existentes y la construcción de 60 plantas de tratamiento e infraestructura de drenaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2004.--- Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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ESTADO DE GUERRERO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia ha recibido de parte de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una proposición con punto de acuerdo para que un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero.

«Proposición con punto de acuerdo, para que un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 de julio del presente año fue ingresada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, la manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional del proyecto hidroeléctrico La Parota.

Una semana después, el lunes 12 de julio, ciudadanos del área donde se propone realizar el mencionado proyecto, solicitaron a la delegación de la Semarnat en Guerrero llevar a cabo la consulta y reunión pública del proyecto. Esta solicitud se basa tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como en su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

El día jueves 16 de julio, la CFE publicó en la prensa de Guerrero un extracto de la manifestación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico La Parota. Allí se informa que ``la construcción y la operación de La Parota ocasionarán modificaciones en el entorno social y ambiental. Para tener una capacidad instalada de 900 megavatios se creará un embalse de 14 mil 213 hectáreas. Esta superficie equivale a casi diez veces la superficie de la bahía de Acapulco y a casi tres veces el área de la laguna de Tres Palos, la laguna más grande del Estado de Guerrero. Además, dice que se afectarán 633 viviendas donde habitan 3,048 personas.

La consulta y reunión pública son un derecho de ley, que la sociedad tiene para expresar formalmente su opinión ante la Semarnat sobre el proyecto en cuestión. La magnitud del proyecto no permite dejarlo como un problema de gobierno, incumbe a toda la sociedad, no permite el autismo político, ni académico. El primer paso es conocer y analizar con toda objetividad sus costos y beneficios, no sólo a valor presente sino también a futuro.

Sin embargo, se generaron obstáculos para la realización de la consulta y reunión pública de información del proyecto hidroeléctrico La Parota. En la tercera semana de julio del presente año, la policía judicial del Estado detuvo a petición de la CFE, a los ciudadanos Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández, representantes de comunidades afectadas por el proyecto. Son acusados por la CFE de privación ilegal de la libertad de uno de sus trabajadores, así como robo de dos vehículos. Una decena de ciudadanos también recibió órdenes de aprehensión por la misma causa.

En esas condiciones de persecución, el pasado martes 24 de agosto se llevó a cabo la reunión pública de información del proyecto hidroeléctrico La Parota. Hasta el día de la reunión pública de Información seguían vigentes estas órdenes de aprehensión y la gente escondida. En la reunión pública de información quedó claro, desde el punto de vista social y ambiental, que hay una enorme preocupación por los ciudadanos afectados de lo que será su futuro. En especial, hay un conflicto social, que debe abordarse con gran prudencia en la zona donde se pretende realizar el proyecto.

De origen, el proyecto hidroeléctrico La Parota debe contribuir a la sustentabilidad del país, ya que debe servir para reducir el impacto ambiental de la producción; contribuir a reducir también el consumo energético; y contribuir a la soberanía y seguridad energética.

Por lo expuesto, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se integre un grupo de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. Propósito fundamental de dicho grupo de diputados será presentar un informe con sus respectivas recomendaciones, a través de su comisión, a la H. Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2004.--- Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El siguiente punto del orden del día ya fue desahogado en la sesión del 23 de septiembre del año 2004.

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ECONOMIA INFORMAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia tiene el uso de la palabra el señor diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a regularizar la actividad económica informal.El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado Presidente:

Con las facultades que me otorga la Constitución Política Mexicana, y como diputado de esta LIX Legislatura, propongo el siguiente punto de acuerdo.

Como todos sabemos, junto con el crecimiento de las grandes ciudades y sus consecuentes concentraciones humanas a lo largo y ancho del territorio nacional, aparecieron también problemas que han superado la capacidad de las autoridades para darles solución. Uno de esos problemas es el conocido como comercio informal que concentra a miles de personas que se dedican a la venta de productos de diversa índole de manera temporal o permanente, apostándose en calles, avenidas, plazas públicas y en lugares que les es factible comerciar sus productos.

El comercio informal identificado comúnmente como comercio ambulante, es un fenómeno mayúsculo y de múltiples aristas; como grande debe ser la decisión de combatirlo y diversa la participación de actores en el diseño de una solución. Por tal motivo es imperiosa la necesidad de legislar al respecto.

El crecimiento desmedido, si bien tradicionalmente fue una forma de emplearse para producir ingresos familiares, hoy por hoy se ha convertido en un problema socioeconómico que involucra no sólo a personas de nivel bajo educativo, sino a aquellos que por no contar con ingresos suficientes, se ven en la necesidad de acoger dicha actividad.

Para dar cuenta de la magnitud que el problema del comercio informal presenta, podremos decir que la invasión a los espacios públicos sería motivo suficiente para presionar a las autoridades correspondientes para adoptar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Sin embargo cuando nos detenemos a revisar las cifras que ello arroja, nos daremos cuenta que la situación rebasa en mucho al simple espectáculo del comercio informal.

Según el INEGI, entre el 2000 y el 2003 ingresaron al comercio informal 298 mil personas, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social, revela que el incremento de trabajadores formales fue de tan sólo 75 mil 598 personas.

Mientras el comercio informal creció en casi 300 mil personas, durante los primeros tres años de la administración actual al comercio informal apenas se incorporó la cuarta parte.

En los últimos tres años cada día se sumaron 272 nuevos comerciantes informales en México, según reporta el INEGI.

Durante el 2003 las personas ocupadas en el comercio informal sumaron 3 millones 416 mil, que representó el 31 por ciento del total de ocupaciones informales, y el 8.4 por ciento de la población ocupada total, de acuerdo a cifras de estudio.

Entre los mayores productores de comercio informal destacó Jalisco, con 84 mil comerciantes trasladados a la informalidad, seguido de Sinaloa y estado de México.

Otros estados como Hidalgo, incorporaron a 33 mil; Veracruz a 32 mil y Puebla con 30 mil, entre los más sobresalientes.

En el mismo periodo, entre las entidades que se registraron caídas en su ocupación dentro del comercio informal, destacan: Guerrero con 33 mil; Michoacán con 26 mil y Distrito Federal con 25 mil.

Sabemos que no contamos con una ley que reglamente a nivel federal, que se regula aquello todo comercio informal.

Amén de lo anterior es menester destacar que la atribución del Ejecutivo de la Federación, Secretaría de Economía... Termino.

Punto único. Que el objetivo sea establecer los mecanismos para liberar aquel espacio de uso común que por disposición de ley se encuentra destinada al libre tránsito, estableciendo los programas de reordenamiento para el comercio informal conforme a su reglamentación.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Economía a regularizar la actividad económica informal, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes

Como todos sabemos, junto con el crecimiento de las grandes ciudades y sus consecuentes concentraciones humanas a lo largo y ancho del territorio nacional, aparecieron también problemas que han superado la capacidad de las autoridades para darle solución.

Uno de esos problemas es el conocido como comercio informal que concentra a miles de personas que se dedican a la venta de productos de diversa índole de manera temporal o permanentemente, apostándose en calles, avenidas, plazas públicas y en lugares que les es factible comerciar sus productos.

El comercio informal, identificado comúnmente como comercio ambulante es un fenómeno mayúsculo y de múltiples aristas, como grande debe ser la decisión política de combatirlo y diversa la participación de actores en el diseño de su solución. Por tal motivo es imperiosa la necesidad de legislar al respecto.

El crecimiento desmedido, si bien tradicionalmente fue una forma de emplearse para producir un ingreso familiar, hoy por hoy se ha convertido en un problema socioeconómico que involucra no sólo a personas de bajo nivel educativo sino a los que por no contar con ingresos suficientes se ven en la necesidad de acoger esta actividad.

Consideraciones

Para dar cuenta de la magnitud del problema que representa el comercio informal, podríamos decir que la invasión a los espacios públicos sería motivo suficiente para presionar a las autoridades correspondientes para adoptar las medidas correspondientes para su solución. Sin embargo, cuando nos detenemos a revisar las cifras que ello arroja, nos daremos cuenta que la situación rebasa en mucho el simple espectáculo del comercio informal.

Según el INEGI, entre 2000 y 2003 ingresaron en el comercio informal 298 mil personas, mientras que el IMSS revela que el incremento de trabajadores formales fue de sólo 75 mil 598 personas.

Mientras el comercio informal creció en casi 300 mil personas durante los primeros tres años de la administración actual, al comercio formal apenas se incorporó la cuarta parte.

En los últimos tres años, cada día se sumaron 272 nuevos comerciantes informales en México, según reporta el INEGI.

Durante 2003, las personas ocupadas en el comercio informal sumaron 3 millones 416 mil, que representó el 31.7 por ciento de las ocupaciones informales y 8.4 por ciento de la población ocupada total, de acuerdo con cifras del estudio.

Entre los mayores productores de comercio informal destacó Jalisco con 84 mil comerciantes trasladados a la informalidad, seguido de Sinaloa con 43 mil personas y el estado de México con 40 mil.

Otros estados como Hidalgo incorporaron a 33 mil, Veracruz a 32 y Puebla a otros 30 mil, entre las más sobresalientes.

En el mismo periodo, entre las entidades que registraron caídas en la ocupación dentro del comercio formal, destacaron Guerrero, con 30 mil, Michoacán con 26 mil, Distrito Federal con 25.8 mil.

Como podemos observar, los datos obtenidos por esta práctica comercial es alarmante, tanto así que para algunos analistas, el comercio informal alcanza ya una tercera parte de la economía mexicana.

Sabemos que aún no contamos con una ley o algún reglamento a escala federal que regule todo aquel comercio que opera fuera de la estructura formal, debido a que las condiciones entre una ciudad y otra no son siempre las mismas; habrá que considerar factores que distinguen la realidad de cada entidad federativa.

Amén de lo anterior, es menester destacar que es atribución del ejecutivo de la federación, a través de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, censar y formalizar a las personas físicas y jurídico-colectivas en las actividades económicas y de distribución del ingreso a través de los impuestos que permiten la distribución equitativa de la riqueza, ello sin contar la fiscalización de aquellos que se dedican no a la economía informal sino ilícita a través de actividades ilegales, más bien delictivas, como el comercio de productos llamados ``piratas'' por no haber cumplido los procesos legales de producción y distribución que ordena la ley.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Para exhortar a las autoridades de las ciudades que padecen este fenómeno social a realizar acciones que regulen la práctica del comercio informal

Único. Un acuerdo cuyo objetivo sea establecer los mecanismos para liberar todo espacio de uso común que por disposición de la ley, se encuentra destinado al libre tránsito, estableciendo los programas de reordenamiento para el comercio informal conforme a una reglamentación explícita y disposiciones jurídicas que en este caso apliquen, conforme al marco jurídico de cada entidad federativa, pero donde exista un censo general que permita la derrama económica que requiere la Federación para el cumplimiento de sus fines como lo son la seguridad pública, y la generación de empleos, así como la atención a la salud.

Por tal motivo, se hace un exhorto a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que cumplan las obligaciones que para ello tienen señaladas en los artículos 31 y 34 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en sus leyes reglamentarias.

Las funciones que podrían aplicarse mediante este punto de acuerdo, se resumen en las siguientes:

Aplicar las leyes, reglamentos y disposiciones de carácter administrativo en materia de giros mercantiles, comercio y tránsito en la vía pública.

Establecer los mecanismos para que se cumplan con los programas y política que tienden a regularizar el comercio informal dentro del perímetro reservado para el libre tránsito.

Promover la participación de todas las organizaciones del comercio informal, para consensuar, a través de sus líderes, las acciones encaminadas a su regularización.

Detectar y, en su caso, instaurar operativos para retirar a las personas que ejerzan sin permiso el comercio en la vía pública.

Integrar y mantener actualizado un padrón de comerciantes ambulantes en las zonas que tengan como fin esta actividad.

Promover la participación de los comerciantes ambulantes, a fin de aplicar las acciones que apunten a regular el comercio informal.

Vigilar y supervisar la concentración de comerciante ambulantes para evitar que se saturen las zonas y así evitar que se afecte el libre tránsito.

Creemos que con estas acciones y otras que se irían implementando conforme observemos las mejorías, daremos los primeros pasos que ofrezcan soluciones a este fenómeno, para que en lo sucesivo contemos con un reglamento o ley que permita establecer un comercio que beneficie la economía del país y a todos aquellos que no se situaban en el comercio reglamentado.

Es necesario considerar que la pretensión de formalizar la actividad económica informal, no es ni solamente ni aún necesariamente hacer efectiva la intervención de la Secretaría de Hacienda para la aplicación de tasas impositivas, sino que la formalización va más allá de estas medidas, como pueden ser los derechos laborales, pues cuando funciona un comercio en particular, existen personas físicas que se dedican a esa actividad y por las cuales el Estado debe proteger sus derechos laborales, y de trato humano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2004.--- Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.

En virtud de que no terminó la lectura de su documento, insértese éste íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.

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LEYES DE PLANEACION ESTATAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a reformar sus respectivas leyes de planeación estatal para contemplar la planeación a largo plazo.

El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: Honorables diputados y diputadas: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos concurro a esta honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a reformar la Ley de Planeación Estatal para contemplar la planeación a largo plazo con base en las siguientes Consideraciones

La planeación de largo plazo es sumamente importante debido a que mantiene a la vez el enfoque entre futuro y presente, refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia, fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias y asigna prioridades en el destino de recursos.

La planeación que por previsión constitucional estableció en los artículos 25, párrafo segundo, y 26 goza de una naturaleza democrática que procura atraer a todos los sectores sociales a una concordancia respecto a la conducción de las decisiones públicas para orientar el desarrollo en los años por venir.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las siguientes legislaturas locales a reformar sus leyes de planeación para contemplar la planeación a largo plazo, para que cada entidad oriente su desa-rrollo con visión a futuro, de acuerdo a sus necesidades, capacidades y potencialidades, a fin de maximizar los recursos humanos, materiales, intelectuales y culturales de la localidad, evitando la dispersión de sus esfuerzos y la duplicidad de funciones con otras agencias, instituciones públicas y privadas.

Segundo. Cuando se trate de entidades que cuenten con población indígena se deberá atender a los términos establecidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se promuevan las manifestaciones culturales de estos pueblos y se enriquezcan los planes de desarrollo con los valores y hábitos inherentes a sus tradiciones.

Tercero. Para auxiliarse en el proceso de elaboración del plan estatal de desarrollo de largo plazo, esta honorable Asamblea hace una recomendación especial para que los ejecutivos de las entidades desarrollen relaciones de colaboración.

Cuarto. Para promover la transparencia e independencia en la gestoría y los planes de largo plazo se sugiere también que sean estos propios institutos estatales de planeación quienes operen de manera pública un sistema de seguimiento y control, de acuerdo a sus parámetros técnicos, rindiendo informes de los resultados de sus evaluaciones a la sociedad en su conjunto de manera anual.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los Estados Unidos Mexicanos a los 23 días del mes de septiembre del año 2004.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a reformar sus respectivas leyes de planeación estatal, para contemplar la planeación a largo plazo, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a esta honorable asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Legislaturas locales a reformar la Ley de Planeación Estatal para contemplar la planeación de largo plazo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La planeación de largo plazo es sumamente importante debido a que mantiene a la vez el enfoque entre futuro y presente, refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia, fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias y asigna prioridades en el destino de recursos.

Todo gobierno que desee subsistir, debe hacer un esfuerzo en el ámbito político que sea consciente, deliberado y sistemático para señalar los objetivos nacionales, estatales o locales, seleccionando los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo determinado. Todo gobierno debe tener un enfoque prospectivo de la realidad que esta orientando. Este esfuerzo es denominado planeación.

En este sentido, la planeación por previsión constitucional goza de una naturaleza democrática que procura atraer a todos los sectores sociales a una concordancia respecto a la conducción de las decisiones públicas para orientar el desarrollo en los años por venir.

Lo anterior, encuentra su fundamento jurídico en el artículo 25 párrafo segundo y artículo 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se establece que:

``El Estado planeará, conducirá, coordinara y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

``El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.''

En consecuencia, la planeación democrática debe formularse y desarrollarse legislativa y administrativamente para beneficio de todos los sectores que forman la sociedad. Dicha planeación no sería democrática sino demagógica o populista si sólo se dirigiese a los sectores mayoritarios de la población sin comprender las minorías que también la integran.

Es plausible que en el párrafo segundo de dicho artículo 26 constitucional se prevea la participación de los diversos sectores sociales en la elaboración de los planes y de los programas de desarrollo, debiendo, la legislación secundaria prevenir y ordenar dicha participación plurisocial.

Así pues, los empeños de todas las instituciones públicas deben estar puestos en la mejor y más expedita atención de los ciudadanos, en este sentido, resulta indispensable la concordancia y coordinación de los Planes de Desarrollo Estatal con los programas federales y municipales, no solamente para no invadir y traslapar competencias, sino para otorgar los medios más eficientes y efectivos para el desarrollo de los gobernados.

Es por tanto, de fundamental trascendencia que para garantizar el desarrollo nacional, los gobiernos municipales tengan una clara y abierta comunicación con los gobiernos estatales y federal para que la coordinación de sus esfuerzos resulte benéfica para la sociedad y no degenere en una serie de acciones erráticas justificadas en el desarrollo.

Todo lo anterior lo encontramos en concordancia con lo establecido en la Ley de Planeación, cuando en su artículo segundo, fracción V establece lo siguiente:

``Artículo 2°. La Planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ellos, estará basada en los siguientes principios:

``I-IV (...)

V. El Fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional...''

Es justamente aquí donde la planeación se convierte en una herramienta sumamente útil, no solamente en términos prospectivos y operativos para un gobierno local, si no en un instrumento de gobernabilidad democrática que sintetiza, y transparenta las decisiones y acciones de los ayuntamientos en concordancia con las necesidades y anhelos de los gobernados.

Asimismo, al respecto de la planeación estratégica a largo plazo dos ciudades se han destacado por sus esfuerzos ciudadanos para proyectar recientemente la visión que tienen para su desarrollo en los años por venir. En ambos casos (Puebla hacia el 2031 y Plan Estratégico Juárez), destacan los extensivos diagnósticos fundamentados en los indicadores estadísticos que aquí reproducimos, aunados a la expresión de sus consultas ciudadanas realizadas mediante foros y/o encuestas auspiciadas y fomentadas en parte por los gobiernos locales en colaboración con instituciones civiles y centros de educación.

La riqueza de estas relaciones de colaboración permitió ya demostrar que la sociedad en su conjunto puede elaborar un proyecto inclusivo de lo que quiere alcanzar para su localidad en los próximos años. Un proyecto, en buena medida marginado del partidismo político y que puede representar aspiraciones de más largo alcance que la coyuntura electoral.

En términos generales se ha establecido que la planeación incluye los siguientes elementos:

La identificación de una organización o institución que implemente el plan. Un plan es un esquema para la acción que debe establecer el curso de acción de una persona o una institución.

Estima todas las condiciones de certidumbre e incertidumbre, para pensar en lo posible y lo deseable.

La probabilidad de una consecución de eventos es preponderante para determinar el curso de acción.

La improbabilidad o la incertidumbre relativa es una condición igualmente aceptable, pero de baja utilidad en términos operativos en la construcción de un plan.

Habrá que identificar y dar efectos a los riesgos con el propósito de que permitan diseñar las alternativas posiblemente aplicables.

La planeación es un proceso intelectual por naturaleza.

Una característica fundamental de la planeación debe ser la flexibilidad en los medios para alcanzar los objetivos; así pues una de las consideraciones mas recientemente adoptadas es dividir la planeación en plazos de cumplimiento de acciones concretas o proyectos enteros.

Esta planeación a largo plazo estima todas las tendencias futuras con varios años de anticipación, evaluando el mayor número de condiciones al presente. Permite diseñar estrategias para atender los problemas y necesidades que se esperan entre los próximos 20 y 50 años

La planeación a mediano plazo normalmente cubre un periodo de 5 a 20 años y es más práctica pues cuenta con estimaciones más precisas de las tendencias a presentarse en los próximos años, dadas las condiciones tecnológicas y demográficas esperadas. Estos planes reflejan de manera más fiel, lo que esta sucediendo y lo que se pretende cambiar o conservar con políticas específicas.

La planeación a corto plazo en cambio, normalmente cubre un periodo entre 1 y 5 años y tiene sus posibilidades restringidas a programar actividades muy específicas y de rápida operación, con el objetivo primordial de promocionar y publicitar estos trabajos. Cubre solamente el futuro inmediato y los detalles ligados a un año fiscal sin poner demasiada atención a todo el conjunto de necesidades, ya que debe ajustarse a los recursos disponibles o el asignado anualmente.

Así pues, la planeación estratégica es generalmente una herramienta que nos permite proyectar una visión de futuro, ordenando y orientando nuestras acciones al cumplimiento de una serie de metas y objetivos para alcanzar finalmente nuestra visión. Es importante destacar entonces que la característica central de una visión de futuro es que esta proyectada a varios años y requiere esfuerzos y reorientaciones a lo largo del camino para que pueda realizarse. Su principal ventaja entonces es que es flexible en cuanto los medios pertinentes a emplearse para ser alcanzada, pero su principal restricción es el acuerdo en el objetivo mismo.

Por mandato constitucional, es requisito para la integración de un plan de desarrollo la consulta de todos los sectores sociales mediante foros convocados por las autoridades para conocer la opinión de los gobernados, lo que a su vez puede ser reforzado con otros instrumentos como encuestas y sondeos de opinión. Por lo que en definitiva la construcción de una visión a futuro amerita un cuidadoso estudio, la fijación de un plazo para cumplir la meta no menor a 20 años y no mayor a 50, para poder proyectar consistentemente y la inclusión de todas la corrientes políticas para fortalecer la base de este acuerdo de cooperación.

Para construir planes con visión estratégica necesitamos primero proyectar una visión de futuro que oriente las acciones que pretendemos realizar para materializarlos. Una visión de Futuro, definido en términos muy simples es una imagen de la realidad deseada, construida desde una perspectiva los mas objetiva posible, ese ideal que queremos construir mediante las acciones que estamos dispuestos a realizar.

Para la integración de un diagnóstico Estatal, este deberá cerciorarse primeramente de recabar la mayor cantidad de datos estadísticos que le sean característicos a su demarcación; por lo que recomendamos 3 áreas en las que deben de centrar su análisis para conocer de la forma mas completa las condiciones actuales con las que se enfrenta su Estado:

Sobre las características particulares del territorio, es conveniente conocer acerca del clima, la topografía y orografía del estado.

1) Aspectos geográficos y sociales

Sobre las singularidades al respecto de su población, es importante tener contabilizado su número de habitantes, estimar la tasa de crecimiento poblacional, su promedio de edad, su tasa de mortalidad y su esperanza de vida, los grupos étnicos que tienen presencia en el Estado, las lenguas que se hablan entre estas comunidades, su índice de analfabetismo y su índice de escolaridad promedio que permitirá hacer proyecciones acerca del tipo de población que se estará atendiendo en los años por venir.

2) Actividad económica y calidad de vida

Al respecto de la actividad económica es pertinente conocer su aportación en términos absolutos al PIB estatal y nacional, una división sectorial de las aportaciones al PIB Estatal, el PIB per cápita Estatal, la productividad por trabajador, su base industrial y comercial y sus exportaciones manufactureras, para conocer de sus fortalezas productivas. Asimismo los niveles de ingreso y gasto de su población, los índices de desempleo y las participaciones federales que recibe por ramos para conocer como están etiquetados sus recursos y como se puede hacer que rindan más, capacitando y promoviendo a los sectores productivos.

Asimismo es conveniente hacer estimaciones sobre condiciones generales de la calidad de vida de la población, tales como la cobertura sobre los servicios de agua, alumbrado público, drenaje, salud, vivienda y educación como parte de la seguridad social de los gobernados.

3) Procuración de Justicia

Para evaluar la seguridad pública y la procuración de justicia, los ayuntamientos deben igualmente diseñar algún sistema de indicadores que los posibilite a realizar un diagnóstico en este sensible y urgente tema en la agenda nacional, tomando en cuenta los delitos de mayor incidencia, los delitos que más se denuncian, el número de denuncias, el número de consignaciones y las reincidencias, para hacer un estimado de la población relacionada con actividades ilícitas para focalizar los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. Con el fin de que este trabajo sirva al reforzamiento del Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, estimamos pertinente realizar también sondeos (con grupos independientes al gobierno) donde se recoja la impresión de la ciudadanía al respecto de su confianza en las autoridades y para ubicar las áreas de corrupción que aún perciben.

Gran parte de esta información puede ser encontrada en bases de datos digitales de dependencias federales, estatales o en organismos independientes tales como: INEGI, Inafed, AMMAC, Indetec, CESEM.

Una vez obtenidos los datos estadísticos, el Estado debe procesarlos y darles sentido utilizando alguna herramienta de análisis estratégico. Un análisis FODA, por ejemplo, permite al Estado conocer y mapear su situación estratégica tomando como referencia (asignando valores numéricos) a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Para llevar a cabo una labor como esta, el Estado puede valerse de su personal calificado en esta materia o puede consultar a cualquier institución u organización capacitada, para cumplir con este mismo objetivo es también recomendable que los gobiernos estatales cuenten con un equipo preparado para atender esta demanda en los casos de los municipios mayormente desfavorecidos en sus recursos técnicos y financieros.

Por último, el Estado debe tomar en cuenta la opinión a su población mediante foros de consulta; donde abra el espacio a propuestas ciudadanas para el perfeccionamiento de la prestación de los servicios públicos y los programas de gobierno, con lo que se procura estar en concordancia con las aspiraciones democráticas y participativas de la elaboración de un Plan Estatal de Desarrollo.

Una vez establecida una visión de futuro, lo siguiente es determinar de manera clara la misión de la agencia que encabece el desarrollo de esta visión, que en este caso es el Estado; quien esta encargado de sintetizar en esta parte sus facultades y responsabilidades, proyectando el desempeño que espera desenvolver para alcanzar los objetivos que han sido establecidos en la visión de futuro.

A continuación, la visión y la misión del plan estratégico se clarifican cuando se dan a conocer los valores que se han identificado en el centro de la sociedad como los rectores de los anhelos del tipo de sociedad y gobierno al que se quiere llegar en los años por venir.

Enlistarnos y definirlos operativa y brevemente proporcionará un mejor sentido de la razón que deben seguir las decisiones públicas para ajustarse a la voluntad de la población, posibilitando la construcción de líneas generales de acción para alcanzar objetivos más específicos y flexibles de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno, pero que estén igualmente en concordancia con aquellas prioridades de desarrollo que fueron determinadas en los diagnósticos.

En este proceso el Estado deberá poner especial atención a que la definición de valores este en concordancia a la Constitución, sus leyes secundarias y el Plan Nacional de Desarrollo, velando especialmente por la inclusión de aquellos que le sean comunes a la sociedad cuidando que ninguno promueva la no exclusión, la discriminación o el detrimento cultural de ningún sector minoritario.

Una vez establecida la visión, la misión y los valores del plan; todas las recomendaciones ciudadanas, así como objetivos de gobierno deben sintetizarse en una serie de ejes de desarrollo, que engloben por temas los problemas y espacios públicos sobre los que se pretende incidir con las políticas de gobierno.

De alguna manera la idea en este punto es hacer paquetes de programas, donde se establezca un eje rector a desarrollar (es decir una meta general) para todos los esfuerzos que se hagan sobre esta materia, de acuerdo con las prioridades que distingan a los Estados en concordancia con lo expresado por su población. Así pueden citarse como ejes de desarrollo muy generales el Social, Económico y Productivo, Cultural y Deportivo, de Asentamientos Humanos, Ecológico, Obra Pública, así como Modernización Administrativa y Atención a la Población.

Después de englobar los grandes temas de desarrollo es pertinente que dado el diagnóstico en el plan, sean revisados cada uno de los servicios adscritos a cada eje de desarrollo y se determinen líneas de acción mucho más específicas, para cumplir con objetivos claros, medibles y posibles establecidos a corto, mediano y largo plazo.

Desde un punto de vista administrativo, sugerimos que existen estrategias y experiencias muy valiosas para abordar la acción pública, de esta manera la alternancia administrativa en los gobiernos Estatales no debe implicar una reinvención y reingeniería de gobierno caprichosamente, sino solamente cuando mediante un diagnóstico se justifique ante la sociedad como necesario.

Así pues sugerimos también que las administraciones en turno estén en su inalienable derecho de establecer los objetivos específicos de su administración, sin quitar la mirada de un programa a largo plazo y una serie de metas a mediano plazo a atender de acuerdo a la voluntad de la población explicitada de manera mas general en el plan y especifica en su mandato en las urnas, de tal forma que sean las táctica y no todo el proyecto de sociedad el que se modifique con la alternancia en el gobierno cada tres años.

Finalmente para que un plan estratégico esté completo debe contar con un sistema de seguimiento y control, que le permita medir los alcances obtenidos de sus políticas y programas de forma objetiva mediante indicadores cuantificables y de conocimiento público.

Las ventajas que trae un verdadero plan estatal a largo plazo son:

Máximo aprovechamiento de los recursos naturales del Estado de una manera sustentable, es decir, que no afecte a generaciones futuras.

Fortalecimiento comercial ínter municipal, ínter regional, estatal y nacional, lo que permitirá la mayor entrada de recursos al estado a través de la actividad económica en la que el Estado sea mas competitivo.

Impulsar a los municipios mas limitados a participar en este Plan Estatal viéndose beneficiado así de una manera integral todo el Estado al que pertenezcan dichos municipios.

Habrá un Desarrollo Regional del Estado democrático y participativo al incluir todas las demandas de la población, háblese de los diferentes sectores, instituciones, dependencias, etc., ya que se verán inmiscuidos en este plan.

Existirá una plena comunicación entre los gobiernos de los tres niveles, ya que este plan esta sujeto con lo que establezca el Plan Nacional de Desarrollo (el cual debe incluir también visión de largo plazo)

El Estado tendrá voz y voto en el proceso de planeación.

Los Estados coordinarán y gestionarán proyectos identificados por ellos mismos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a las Legislaturas locales a reformar la Ley de Planeación Estatal para contemplar la planeación a largo plazo y con ello impulsen ma planeación en las Entidades Federativas, para que cada Entidad oriente su desarrollo con visión a futuro de acuerdo a sus necesidades, capacidades y potencialidades a fin de maximizar los recursos humanos, materiales, intelectuales y culturales de la localidad evitando la dispersión de sus esfuerzos y la duplicidad de funciones con otras agencias e instituciones públicas y privadas.

Está planeación tomará forma a través de Programas de Planeación Estatal estratégica de largo plazo (entendiéndose el largo plazo como un periodo mayor a 20 años) con el objeto de promover el desarrollo regional e integral de la nación, a partir del esfuerzo local, con un aprovechamiento racionalizado, consensuado y sustentable.

Recomendando respetuosamente que en dicha planeación se contemplen en forma integral, cuestiones de seguridad pública, educación, economía, impartición de justicia, participación ciudadana, medio ambiente, y todos aquellos aspectos del desarrollo que sean del interés de las localidades, haciendo énfasis en que dicha relación solo es enunciativa y de ninguna manera limitativa de manera alguna.

Segundo.- Cuando se trate de entidades que cuenten con población indígena, se deberá atender a los términos establecidos por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se promuevan las manifestaciones culturales de estos pueblos, y se enriquezcan los planes de desarrollo con los valores y hábitos inherentes a sus tradiciones.

Tercero.- Para auxiliarse en el proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de Largo Plazo, esta honorable asamblea hace una recomendación especial para que los Ejecutivos de las entidades desarrollen relaciones de colaboración.

El objeto de dicha vinculación cumpliría con tres disposiciones de crucial importancia para esta soberanía:

1. Garantizar que los diagnósticos sobre las condiciones de los Estados estén técnicamente bien integrados y que correspondan con la realidad que día a día enfrentan los ciudadanos.

2. Fomentar que las metas y objetivos enunciados en el plan estén orientados técnicamente a concretar las aspiraciones de la población, minimizando cualquier sesgo partidista o sectaria que pretenda excluir de la visión del desarrollo a cualquier punto de vista.

3. Vigilar que el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de largo alcance no sean descuidados con la renovación de autoridades y servidores públicos en el Estado.

Cuarto.- Asimismo, para promover la transparencia e independencia en la gestoría de estos Planes Estatales de Desarrollo de Largo Plazo, se sugiere también que sean estos propios Institutos Estatales de Planeación, quienes operen de manera pública un sistema de seguimiento y control de acuerdo a sus parámetros técnicos, rindiendo informes de los resultados de sus evaluaciones a la sociedad en su conjunto de manera anual, utilizando como vías publicitarias a todas las instituciones u organizaciones representativas que en la demarcación se encuentren (al cabildo, los partidos políticos, las asociaciones civiles y los medios de comunicación).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de septiembre del año 2004.--- Dip. Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se cite a comparecer ante el pleno de esta Cámara de Diputados al señor Secretario del Trabajo y Previsión Social.El diputado Pablo Franco Hernández: Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de integrante de la fracción parlamentaria del PRD, quiero poner a su consideración un punto de acuerdo por el que se manda citar al secretario del Trabajo, señor Carlos Abascal, independientemente de su comparecencia ante la Comisión de Trabajo en virtud de la glosa del informe, para que comparezca ante este pleno a efecto de que nos informe las razones que ha tenido para anunciar a nivel nacional e internacional que existe un acuerdo para llevar adelante una reforma laboral.

Me parece que esto es de urgente resolución, toda vez que quienes integramos la Comisión de Trabajo sabemos que las diversas iniciativas pendientes de dictamen, se encuentran en ese mismo sentido, pendientes de dictamen. Por lo tanto, en este marco de discusión de la supuesta o real necesidad de llevar adelante las reformas estructurales que propone el Ejecutivo Federal, nos parece que la labor del Legislativo se ve demeritada cuando funcionarios del mismo Ejecutivo anuncian la existencia de supuestos acuerdos que no se ven reflejados en dictámenes de esta Cámara.

Por ello es que siendo un tema de toda relevancia nacional e internacional, el tema de las reformas laborales que se vienen dando en la búsqueda de avanzar en un modelo económico que ya ha demostrado su poca funcionalidad y no sólo eso, sino que ha demostrado su perjuicio para las clases trabajadores, consideramos que debiera existir un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, para determinar hacia dónde va una reforma laboral y para empezar si es que se considera ésta de la urgencia que el Ejecutivo ha venido manifestando, pero sobre todo para que se nos informe dónde están las negociaciones, dónde están los supuestos acuerdos, cuando sabemos que los acuerdos tendrían que llevarse a cabo en el seno de esta Cámara y en el seno de las comisiones respectivas.

Por ello es que propongo, con base en lo que ya he manifestado, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se cite a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal, con objeto de que informe a esta soberanía sobre la existencia de un acuerdo para la reforma de la ley laboral y, en su caso, precise si en su carácter de secretario del Trabajo, inmiscuyéndose en funciones que no le corresponden, ha presionado a fracciones parlamentarias para llegar a este acuerdo.

Es cuanto, Presidente. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se llame a comparecer ante la Cámara de Diputados al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal Carranza, a fin de que informe si existe un acuerdo, bajo su coordinación, para impulsar una reforma fast track de la Ley Federal del Trabajo en el presente periodo de sesiones, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se llame a comparecer ante esta Cámara de Diputados al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal Carranza para que informe si existe ya un acuerdo, bajo su coordinación, para impulsar una reforma fast track de la Ley Federal del Trabajo en el presente periodo de sesiones.

Consideraciones

1.- Que la consagración de la garantía social en materia laboral en el marco del artículo 123 constitucional y, por otra parte, la ley reglamentaria de su apartado A, la Ley Federal del Trabajo, han sido esenciales para lograr un mínimo de equilibrio en las relaciones obrero-patronales y una mejor distribución de la riqueza, bases del desarrollo económico y la paz social en el país, Por lo que jamás debe olvidarse que nuestra Constitución surgió como resultado de una revolución que costó más de un millón de muertos.

2.- Que la Ley Federal del Trabajo vigente fue promulgada en 1970, misma que ante todo fue resultado del brillante trabajo del doctor Mario de la Cueva, tanto en el terreno técnico como en su capacidad de saber escuchar y equilibrar las diversas posiciones de los sectores del país; al propio tiempo Mario de la Cueva, sin despreciar los aportes internacionales, ante todo partió de la experiencia y necesidades nacionales, todo lo cual debería servir de ejemplo en la actual coyuntura.

3.- Que en tomo a la Ley Federal del Trabajo vigente existen dos posiciones básicas: la que estima que ésta conserva plena vigencia para enfrentar los retos de la actual realidad económica, tecnológica, política, social e internacional; la otra considera que esta ley requiere de cambios más o menos profundos para funcionar eficientemente, acorde con la realidad referida.

4.- Que esta última posición ha dominado al interior del Congreso de la Unión, razón por la cual se constituyeron espacios de trabajo colegiado para impulsar el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, bajo los principios de seriedad técnica y decisión democrática, tales como lo fueron el trabajo en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras, así como el grupo de estudio de diputados y senadores, instancias que venían realizando un trabajo concienzudo, dándose los tiempos exigidos para afrontar una labor histórica y tan delicada como lo es la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

5.- Que sin embargo de manera intempestiva y sin más razón que la imposición, el pasado 31 de agosto del año que corre, la Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados resolvió poner fin a los espacios de trabajo colegiado antes aludidos: la Conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras, así como la comisión acotada de diputados y senadores. Esto tuvo como antecedente la aberrante pretensión de celebrar, el 24 del propio mes y año, una reunión en conferencia de las comisiones aludidas, con el mismo fin liquidador precisado, y pese a que no se cubría el quórum requerido.

6.- Que todo hace prever la existencia de un acuerdo al más alto nivel, orquestado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal Carranza, para impulsar una reforma fast track, por consigna, de la Ley Federal del Trabajo, de corte neoliberal en perjuicio de los intereses de la clase trabajadora y de la paz de la nación. Asimismo, pone de manifiesto que el titular del Ejecutivo federal ha ignorado el rechazo a esta reforma de miles y miles de trabajadores en las recientes manifestaciones que se realizaron en todo el país.

Por otra parte desconoce la experiencia internacional en este terreno particularmente en el caso de Argentina, en el cual, por el contrario, se pretende dar marcha a tras en la reforma laboral salvaje que hace algunos años se implementó.

Con lo anterior, el Ejecutivo federal cancela toda posibilidad de una reforma condensada y plural y que parta de las más hondas raíces históricas de México. Por lo que, de concretarse este voluntarista albazo legislativo de corte neoliberal, la pretendida reforma carecerá de viabilidad en mayor o menor tiempo.

Los procesos históricos no se pueden obviar por decreto.

Que con base en todo lo expuesto, someto a esta H. Cámara de Diputados este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Único. Que se cite a comparecer al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Abascal Carranza, con el objeto de que informe a esta soberanía sobre la existencia de un acuerdo para la reforma fast track de la Ley Federal del Trabajo durante este periodo de sesiones, por tanto sobre los actores participantes, contenido y justificación del mismo; en su caso, precise si, en su carácter de secretario del Trabajo, inmiscuyéndose en funciones que no le corresponden, presionó para poner fin al procedimiento de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se venia impulsando al interior del Congreso de la Unión en el marco del trabajo en Conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas Cámaras y, en el grupo acotado de senadores y diputados, e igualmente, en su caso, las razones para que, faltando a sus obligaciones en su carácter de secretario del Trabajo y Previsión Social de todos los mexicanos, haya coordinado un acuerdo de reforma a la Ley Federal del Trabajo excluyente y sectario, que margina a importantes actores nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de agosto de 2004.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El punto está considerado para desahogarlo como de urgente resolución.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera así, de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, por favor.

Activen el sonido en la curul del diputado José Antonio de la Vega Asmitia.

¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado Presidente, para solicitarle que esta votación pueda llevarse a cabo de manera nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo apoyan?

Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, a efecto de ver si se obsequia o no el trámite de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos.

(Votación.)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Actívese el micrófono de la curul 149, del diputado Nava Díaz.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz (desde su curul): Mi voto es en contra.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciudadano Presidente, se emitieron 79 votos a favor, 279 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, no se obsequia la obvia resolución y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República, para que reasignen efectivos para apoyar el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua.La diputada Nora Elena Yu Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

La suscrita diputada, Nora Elena Yu Hernández, y los diputados de Chihuahua, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, que instruya al secretario de Seguridad Pública, así como al procurador general de la República, reasigne personal para apoyar el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, al tenor de la siguiente

Consideración

Primera. Ante la creciente ola de ejecuciones y homicidios que se han incrementado en los últimos años en el estado de Chihuahua, las autoridades federales responsables de prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada, han asumido el expediente fácil de abdicar a sus compromisos subrogándolos en las entidades federativas en vez de diseñar programas que inhiban a la industria del crimen.

En tanto la delincuencia organizada prospera, el Gobierno sólo ofrece paliativos ante este fenómeno que lo rebasa.

El panorama no es promisorio, ya que no existen prospectivas confiables, que nos permitan prever que se revertirá el fenómeno, nuestro estado continúa siendo escenario de violentas ejecuciones entre narcotraficantes y bandas organizadas y no hubo autoridad capaz de frenar esa escalada de violencia.

Como respuesta el Gobierno Federal nos da cuentas alegres, declaraciones triunfalistas, manipulación de cifras, pasividad, ineficiente coordinación institucional, pobre investigación y combates aislados basados en ``chivatazos''.

Por eso no bastará, nos llama poderosamente la atención, el hecho de que a partir del anuncio sobre cambios en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se avisó del retiro del personal de dicha dependencia asignado a nuestro estado, teniendo como consecuencia un descarado incremento en hechos trágicos y delictivos, sin que hasta el momento se haya tenido un pronunciamiento del Gobierno Federal ante este grave problema.

Es lamentable la indiferencia y el desinterés por quien se supone es la autoridad competente en los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Presidente de la República para que intervenga e instruya a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República su definición respecto a los hechos que aquí denunciamos.

Segundo. Se solicite a la Secretaría de Seguridad Pública que informe sobre los resultados obtenidos durante el tiempo que duró el operativo en el combate de delitos de narcotráfico y bandas organizadas, y que informe de las causas o razones del retiro de la PFP y demás autoridades del estado de Chihuahua.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo instruya al Secretario de Seguridad Pública para que permanezcan los efectivos que estaban asignados al estado e informe trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dicho operativo a partir de que se restaure el programa.

Atentamente, los diputados del estado de Chihuahua del grupo parlamentario del PRI.

Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita diputada, Nora Elena Yu Hernández, y los diputados de Chihuahua del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de la República para que reasignen efectivos que apoyen el Programa de Seguridad Pública en el estado de Chihuahua.

Consideraciones

1. Ante la creciente ola de ejecuciones y homicidios que se han incrementado en los últimos años en el estado de Chihuahua, las autoridades federales responsables de prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada, han asumido el expediente fácil de abdicar a sus compromisos subrogándolos en las entidades federativas, en vez de diseñar programas que inhiban a la industria del crimen. En tanto la delincuencia organizada prospera, el gobierno ofrece sólo paliativos ante ese fenómeno que lo rebasa.

El panorama no es promisorio, ya que no existen prospectivas confiables que nos permitan prever que se revertirá el fenómeno.

Nuestro estado continúa siendo escenario de violentas ejecuciones entre narcotraficantes y bandas organizadas y no ha habido autoridad capaz de frenar esa escalada de violencia.

Como respuesta, el Gobierno Federal nos da cuentas alegres, declaraciones triunfalistas, manipulación de cifras, pasividad, ineficiente coordinación institucional, pobre investigación y combates aislados basados en ``chivatazos''.

Por si eso no bastara, nos llama poderosamente la atención el hecho de que a partir del anuncio sobre cambios en la Secretaría de Seguridad Pública federal, se avisó del retiro del personal de dicha dependencia asignado a nuestro estado, teniendo como consecuencia un descarado incremento en hechos trágicos y delictivos, sin que hasta el momento se haya tenido un pronunciamiento del Gobierno Federal ante ese grave problema.

Son lamentables la indiferencia y el desinterés por quien se supone es la autoridad competente en los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al Presidente de la República a intervenir o instruir a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República sobre su definición respecto a los hechos que aquí denunciamos.

2. Se solicite a la Secretaría de Seguridad Pública que informe sobre los resultados obtenidos durante el tiempo que duró la operación en el combate de delitos de narcotráfico y bandas organizadas, y que informe de las causas o razones del retiro de la PFP y demás autoridades del estado de Chihuahua.

3. Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Seguridad Pública para que permanezcan los efectivos que estaban asignados al estado, e informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de dicha operación a partir de que se restaure el programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2004.--- Diputados: Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Miguel Lucero Palma (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Omar Bazán Flores (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Jorge Castillo Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Permítame un segundo, diputado de la Vega Asmitia, ¿con qué objeto?

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Presidente para solicitarle en términos del artículo 148 que esta votación sea nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo apoyan diputado?

Abrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos, en votación nominal, si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos que dispone el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y abrase el sistema eléctronico de votación hasta por 5 minutos.

(Votación.)

Diputado Presidente, se emitieron 175 votos en pro...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Disculpe, secretario, el diputado Pérez Góngora había avisado un poquito antes del cierre electrónico, y si alguien más que hayamos nosotros registrado con mucho gusto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Juan Carlos Pérez Góngora, a favor; diputado José Luis Pérez, ...

Y si alguien del PRD o de Acción Nacional y en el mismo trámite... corrección en mi voto, es a favor. El diputado Roberto Colín, en contra. La diputada Diana Bernal, en contra. El diputado Iván García, en contra.

No se permiten las correcciones, una disculpa.

Diputado Díaz Nieblas, a favor.

Señor Presidente, se emitieron 179 votos en pro, 181 votos en contra y 12 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No se considera de urgente resolución, luego entonces, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

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DERECHOS DE INFANTES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para presentar una proposición con punto de acuerdo relativa a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República, suscrita por las diputadas Adriana González Furlong y Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la palabra la primera de ellas, la diputada Adriana González Furlong.

La diputada Evangelina Pérez Zaragoza: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Las que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta representación la proposición con punto de acuerdo relativa a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República, lo anterior con base en las siguientes consideraciones:

Como es del dominio público, en el estado de Quintana Roo salió a la luz pública el caso de un empresario pederasta de nombre Jean Succar Kuri con residencia en Cancún, quien bajo la promesa de apoyos y obsequios para sus víctimas y sus familias, abusó sexualmente de varios menores de entre 5 y 14 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que a los niños adolescentes que sean parte de un proceso jurisdiccional se les debe garantizar y reservar su identidad y la confidencialidad de sus datos, situación que en la averiguación previa iniciada en contra del señor Succar Kuri no se observó, ya que los afectados fueron y siguen siendo objeto de señalamientos difundiéndose sus fotografías y domicilios, con lo que evidentemente no se protege su identidad e integridad.

Otro lamentable e inaudito caso es del niño Brian Rolando Barajas Sánchez, de tan sólo 4 años de edad, y que fue acusado por parte de la Procuraduría estatal por el delito de violación a la niña Rubí Uchim González, de 3 años de edad, realizándose su ilegal detención por espacio de 2 horas en la Procuraduría estatal y posteriormente en el DIF municipal durante 4 días, pese a que se trataba de un menor de edad y como tal es inmutable de cometer delito alguno, tal como lo prevé la legislación penal.

Compañeros y compañeras legisladores: ciertamente por desgracia, Cancún no es el único lugar en el que se cometen atropellos contra nuestros niños, diversas organizaciones civiles incluida la Red Para los Derechos de la Infancia, nos señalan que vienen dándose en diversos estados del país, ya sea por omisión o por incomprensible desconocimiento de los ordenamientos que otorgan los derechos que brindan las garantías para los menores de edad.

Demos a conocer a la sociedad mexicana que no somos indiferentes a los problemas de nuestros niños y trabajamos de forma decidida, reservando ante todo y sobre todo el interés superior de la infancia.

Puntos de Acuerdo

Primero.- El Congreso hace un respetuoso llamado al ciudadano Gobernador del estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus competencias, gire las instrucciones necesarias, para que la Procuraduría General de Justicia del Estado e instancias correspondientes, den continuidad y aceleren las investigaciones relacionadas con el caso Jean Succar Kuri

Segundo. El Congreso exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en la esfera de sus atribuciones, adecuen su legislación y vigilen que en la procuración e impartición de justicia se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por el tiempo, señor Presidente, le pido se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República, a cargo de las diputadas Adriana González Furlong y Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del PAN

Las suscritas diputadas de la LIX legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta representación, la proposición con punto de acuerdo relativa a la violación de los derechos de la infancia en diversos estados de la República.

Lo anterior, con base en las siguientes:

Consideraciones

I. Como es del dominio público, en el estado de Quintana Roo, salió a la luz pública el caso de un empresario pederasta de nombre Jean Succar Kuri, con residencia en Cancún, quien bajo la promesa de apoyos y obsequios para sus víctimas y sus familias, abusó sexualmente de varios menores de entre 5 y 14 años de edad.

II. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, establecen que a los niños y adolescentes que sean parte de un proceso jurisdiccional, se les debe garantizar y reservar su identidad y la confidencialidad de sus datos; situación que en la averiguación previa iniciada en contra del Señor Succar Kuri no se observó, ya que los afectados fueron y siguen siendo objeto de señalamientos, difundiéndose sus fotografías y domicilios con lo que evidentemente no se protege su identidad e integridad.

III. Otro lamentable e inaudito caso es el del niño Brian Rolando Barajas Sánchez, de tan sólo cuatro años de edad, y que fue acusado por parte de la Procuraduría Estatal por el delito de violación en contra de la menor Ruby Uchim González, de 3 años, realizándose su ilegal detención por espacio de dos horas en las oficinas de la Procuraduría Estatal y posteriormente en el DIF municipal durante cuatro días, pese a que se trataba de un menor de edad y como tal es inimputable de cometer delito alguno tal y como lo prevé la legislación penal.

Compañeras y compañeros legisladores: Ciertamente, y por desgracia, Cancún no es el único lugar en el que se cometen atropellos contra nuestros niños. Diversas organizaciones civiles, incluida la Red por los Derechos de la Infancia, nos señalan que esto viene dándose en diversos estados del país, ya sea por omisión o por un incomprensible desconocimiento de los ordenamientos que otorgan derechos y brindan garantías para los menores de edad.

Es por ello que desde esta tribuna hacemos un llamado a la sensibilidad de este cuerpo legislativo para que a la brevedad hagamos un respetuoso pronunciamiento para que las autoridades de Quintana Roo y de los demás estados del país actúen de conformidad a lo que dispone el marco jurídico.

Demos a conocer a la sociedad mexicana que no somos indiferentes a los problemas de nuestros niños y trabajemos de forma decidida preservando ante todo y sobretodo el interés superior de la infancia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, como un asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de acuerdo

Primero.- El Congreso hace un respetuoso llamado al C. Gobernador del estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus competencias, gire las instrucciones necesarias para que la Procuraduría General de Justicia del estado e instancias correspondientes den continuidad y aceleren las investigaciones relacionadas con el caso Jean Succar Kuri.

Segundo.- El Congreso exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en la esfera de sus atribuciones, adecuen su legislación y vigilen que en la procuración e impartición de justicia se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la legislación federal y las leyes locales relacionadas con la niñez y la adolescencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de septiembre de 2004.--- Diputadas: Adriana González Furlong (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia obsequia su petición.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a ejercer su facultad de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presupuestación con respecto al Programa de Empleo Temporal.

La diputada Minerva Hernández Ramos: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente: El Programa de Empleo Temporal fue creado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1995 y estuvo a cargo de las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes.

En 1997 se incorpora a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y en 1999 se incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

El programa representa un instrumento básico para la superación de la pobreza, generando oportunidades de ingresos en el medio rural, a través de acciones dirigidas al desa-rrollo de la infraestructura social y preservación del medio ambiente, mejorando las alternativas de inserción en el mercado laboral de las familias que habitan en ese medio y considerando:

Que los recursos federales que se asignan al Programa de Empleo Temporal son un subsidio federal, por lo que su ejercicio y control debe cumplir con lo estipulado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Que desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto de Egresos es un mandato del Poder Legislativo al Ejecutivo, en que se establece cuánto y en qué gastar, sentando las bases de la disciplina y la gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia.

Que en la ejecución del Presupuesto de Egresos, se debe observar si los recursos se ejercieron conforme a lo autorizado y si las metas fueron cumplidas en estricto apego a lo programado.

Que en este orden de ideas, podemos observar que los resultados de los dos últimos años del Programa de Empleo Temporal han sido deficientes, ya que no se han alcanzado las metas programadas y existen subejercicios inexplicables en los recursos asignados, toda vez que la demanda del programa es elevado.

Asimismo, que de acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al 2002, se detectaron que algunas obras no realizadas, cuyos recursos financieros no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Que de la revisión de la Cuenta Pública de 2003 se observa en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se presupuestaron 530 millones de pesos y sólo fueron ejercidos 12 y medio millones.

Que del último informe de las finanzas públicas, se desprende que en el primer semestre del presente año existe incumplimiento con respecto de las metas establecidas, en relación a los empleos programados y los realmente otorgados.

Con base en estas consideraciones, me permito proponer a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que dé cumplimiento al artículo 31, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuanto a vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación, debido a los deficientes resultados y al subejercicio que prevalece en la aplicación de los recursos financieros asignados al Programa del Empleo Temporal.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejercer su facultad de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presupuestación respecto al Programa de Empleo Temporal, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Honorable Soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Programa de Empleo Temporal, fue creado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1995, a cargo de las Secretarías de Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes; en el año de 1997 se incorpora a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y en 1999 se incorpora a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

El programa es representar un instrumento básico para la superación de la pobreza extrema, generando oportunidades de ingresos en el medio rural, con acciones dirigidas al desarrollo de la infraestructura social y preservación del medio ambiente, mejorando las alternativas de inserción en el mercado laboral de las familias que habitan en ese medio rural en condiciones de pobreza extrema.

Consideraciones

1) Que los recursos federales que se asignan al Programa de Empleo Temporal son un subsidio federal, por lo que su ejercicio y control debe apegarse con lo estipulado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

2) Que desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto de Egresos, es un mandato del Poder Legislativo al Ejecutivo en el que establece, cuánto y en que gastar, sentando las bases de la disciplina y la gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia.

3) Que en la ejecución del Presupuesto de Egresos, se debe observar si los recursos se ejercieron conforme a lo autorizado, y si las metas fueron cumplidas en estricto apego con lo programado.

4) Que en este orden de ideas podemos observar, que los resultados de los dos últimos años del Programa de Empleo Temporal, han sido deficientes, ya que no se ha cumplido con las metas programadas, y existen subejercicios inexplicables en los recursos asignados, toda vez que la demanda del programa es alta.

5) Que de acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente de 2002, se detectó que algunas obras no se realizaron ni cuyos recursos financieros no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

6) Que de la revisión de la Cuenta Pública de 2003, se observa que en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se presupuestaron 530 millones de pesos y se ejercieron 12.5 millones.

7) Que de el último informe de las finanzas, se desprende que en el primer semestre del presente año, existe incumplimiento con respecto a las metas establecidas en relación a los empleos programados y los realmente otorgados.

Con base a estas consideraciones me permito proponer a está honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único.--- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que dé cumplimiento al artículo 31 fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuanto a vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación, debido a los resultados y al subejercicio que prevalece en la aplicación de los recursos financieros asignados al Programa de Empleo Temporal.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de septiembre de 2004.--- Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto en el orden del día, nos pone el proponente que se pase hasta el final de la agenda del día de hoy. Y el siguiente punto del orden del día se desahogó también ya en la sesión del 23 de septiembre del 2004.

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ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene la palabra el señor diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al municipio de Tehuacán, a que se destinen los recursos necesarios para la realización de la obra de riego de la presa Valsequillo.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

El pasado martes 12 de noviembre del 2003, presenté ante esta Cámara de Diputados una propuesta con punto de acuerdo, en relación al Dren de Tehuacán, también conocido como Dren de Valsequillo.

En la fecha de presentación de la anterior proposición, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el turno a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de este recinto legislativo, para que emitiera el dictamen correspondiente, en tanto a la liberación de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año, destinados para la Comisión Nacional del Agua, y ésta emanará dicho proyecto.

Así, esta Cámara de Diputados ha destinado a este proyecto la totalidad de 8 millones de pesos, lo cual equivale a casi la mitad del presupuesto requerido por la culminación de esta obra, otorgándole así, la facultad para que sean los gobiernos municipal de Tehuacán, Puebla y del estado de Puebla, la destinación entre ambas esferas de gobierno para la culminación del saneamiento del Dren de Tehuacán. Lo anterior se resume en la cifra de 12 millones de pesos, entre las dos entidades de gobierno.

Sin embargo, ninguno de los responsables de esos gobiernos, han demostrado la voluntad de ejercer el presupuesto correspondiente para llevar a cabo esta obra del Dren de Tehuacán, en beneficio de la población de las comunidades asentadas a lo largo de 29 kilómetros, a pesar de los esfuerzos de este órgano legislativo federal, que han demostrado para resolver los problemas de esa zona.

De este hecho la propia Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Puebla, ha declarado mediante oficio número 190-2004, dirigido a la Comisión Nacional del Agua, que no cuenta con disponibilidad presupuestal para el citado programa. Es decir, el gobierno del estado al no tener interés en la realización de este proyecto, decidió de manera unilateral, transferir la responsabilidad al municipio de Tehuacán, quienes han considerado que por el momento no están interesados en participar en el proyecto del Dren de Tehuacán, omitiendo el trabajo que los legisladores hemos llevado a cabo en esta Cámara.

No hay duda que los titulares de los gobiernos del estado de Puebla y del municipio de Tehuacán, no le han otorgado prioridad alguna al apoyo de los problemas ecológicos y de salud pública, debido a que el Dren de Valsequillo se ha convertido en un problema grave de salud pública. Cabe hacer mención que en ese caso los recursos no se destinen a la realización de esta obra, la Comisión Nacional del Agua posee la facultad de destinarlos hacia la realización de otros proyectos de cualquier entidad federativa.

Por ello, compañeras y compañeros, les exhorto que desde esta alta tribuna de la nación, a ejercer las facultades que nos confiere nuestra Carta Magna y la responsabilidad que hemos demostrado con nuestros representados, aprobando en este punto de acuerdo, que sin duda alguna beneficiara a un sector importante de nuestra población del estado de Puebla.

Por último, ya termino Presidente.

Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tehuacán a otorgar los recursos que les corresponden para el saneamiento del Dren de Valsequillo y se utilicen los recursos federales otorgados por esta Cámara de Diputados, en la culminación de dicha obra.

Es tanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al municipio de Tehuacán a destinar los recursos necesarios para la realización de la obra de riego de la presa Valsequillo, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

1.- El pasado martes 12 de noviembre de 2003, presenté ante esta Cámara de Diputados, una propuesta con punto de acuerdo en relación al dren de Tehuacán, también conocido como dren de Valsequillo, el cual se encuentra en la ciudad de Tehuacán Puebla y presenta una gran descomposición y contaminación producto de los asentamientos de empresas y giros comerciales contaminantes del mismo, afectando así el cauce que atraviesa el antes citado y a toda la población que habita en los alrededores de dicho dren.

2.- Siendo una de las causas principales el origen de la proposición que presenté, la afectación en la salud pública que produce esta cuenca hidrológica, se había considerado como un tema prioritario de resolver, así ahora se encuentra en la disyuntiva resolutiva del Gobierno del estado de Puebla y del propio municipio de Tehuacán.

3.- En la fecha de presentación de la anterior proposición, la presidencia de la Mesa directiva dictó el turno a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de este recinto legislativo, para que emitieran el dictamen correspondiente en tanto a la liberación de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año, destinados para la Comisión Nacional del Agua y esta los emanara a dicho proyecto.

A pesar que las Comisiones mencionadas de esta Cámara determinaron favorable el dictamen y resolvieron que el proyecto del dren de Valsequillo era viable los gobiernos municipal y Estatal no han ejercido el presupuesto asignado para dicho proyecto.

4.- Así esta Cámara de Diputados ha destinado para la realización de este proyecto la totalidad de 8 millones de pesos, lo cual equivale a casi la mitad del presupuesto requerido para la culminación de esta obra. Otorgándose así la facultad para que sean los gobiernos, municipal de Tehuacán Puebla; y del estado de Puebla, la destinación del restante entre ambas esferas de gobierno, para la culminación del saneamiento del dren de Tehuacán; lo anterior se resume en la determinación de la cifra de 12 millones de pesos entre las dos entidades de gobierno.

5.- Sin embargo, ninguno de los responsables de estos gobiernos han demostrado la voluntad de ejercer el presupuesto correspondiente para la realización del dren de Tehuacán y beneficiar a la población de las comunidades asentadas a lo largo de los 29 kilómetros de longitud que alcanza la corriente de dicho dren, a pesar que los esfuerzos realizados por este Órgano Legislativo Federal han demostrado para resolver el problema erradicado en esta zona.

Uno de los deberes que como representantes de la ciudadanía tenemos, es la fiscalización de los recursos federales, si bien la fracción IV del artículo 74 Constitucional faculta exclusivamente a esta Cámara baja a la discusión, análisis y aprobación del paquete presupuestal o miscelánea fiscal, es nuestra facultad también la de vigilar que esos recursos dotados exclusivamente para proyectos benéficos para la población sean utilizados adecuadamente y para el fin que fueron proveídos.

6.- Es un hecho que la propia Secretaria de Finanzas del gobierno del estado de Puebla, ha declarado mediante el oficio con número 190/2004, dirigido a la Comisión Nacional del Agua, que no cuenta con disponibilidad presupuestal para el citado Programa, es decir, el gobierno del estado al no tener interés en la realización de este proyecto decidió de manera unilateral, transferir la responsabilidad de la aportación de los recursos hacia el municipio de Tehuacán Puebla, quienes han considerado que por el momento no están interesados en participar el proyecto del dren de Tehuacán, omitiendo el trabajo que los legisladores hemos realizado desde este Recinto Legislativo Federal, a pesar del dictamen que en comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos, para contemplar el presupuesto hacia la Comisión Nacional del Agua para la realización de el citado proyecto, ahora nos enfrentamos a la apatía e irresponsabilidad de los titulares de los gobiernos estatal y municipal quienes simplemente deciden no estar interesados en la realización de dicho programa.

No hay duda que los titulares de los gobiernos del estado de Puebla y del municipio de Tehuacán, no le han otorgado prioridad alguna al apoyo de la erradicación de los problemas ecológicos ni de salud pública, debido a que el dren de Valsequillo se ha convertido en un problema grave de salud pública, cabe hacer mención que en caso que los recursos no se destinen a la realización de esta obra la Comisión Nacional del Agua posee la facultad de destinarlos hacia la realización de otros proyectos en cualquier entidad federativa.

Por ello compañeras y compañeros les exhorto desde la más alta tribuna de la Nación a ejercer la facultas que nos fue conferida por nuestra Carta Magna y la responsabilidad que hemos demostrado con nuestros representados aprobando este punto de acuerdo que sin duda alguna beneficiará a un sector importante de nuestra población, del estado de Puebla.

Es tiempo que las instituciones posean el reconocimiento que hemos perdido poco a poco y que las leyes y normas se cumplan para poder empezar a construir un estado real de derecho.

El Poder Legislativo federal ostenta una investidura de relevancia y se nos debe de respetar como tal, las decisiones que por consenso tomamos deben ser rígidas hacia las diferentes esferas de gobierno, no podemos ni debemos permitir que las decisiones tomadas por una minoría se sobrepongan a las emitidas por este pleno, el mandato es claro, el proyecto del dren de Tehuacán es prioridad para la sociedad poblana, se han destinado recursos federales para la realización del mismo y no para el beneficio de los que actualmente gobierno el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tehuacan, Puebla, a otorgar los recursos que les corresponden para la realización del dren de Valsequillo y se utilicen los recursos federales otorgados por esta Cámara de Diputados en la culminación de dicha obra.

Dado en el Palacio Legislativo, a trece del mes de septiembre de 2004.--- Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

En virtud de que el promovente del siguiente punto del orden del día, Jorge Martínez Ramos, declina en su favor.

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DIA NACIONAL DEL BRACERO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el titular del Poder Ejecutivo Federal, instituya el ``Día Nacional del Bracero''.

El diputado Margarito Fierros Tano: Gracias, Presidente; compañeras y compañeros diputados:

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del PRD, así como el diputado Alfonso Nava Díaz, de la fracción del PRI de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Desde principios del siglo XX, miles de mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de nuevos horizontes que les permitieran encontrar una forma de vida mejor.

La carencia de mano de obra en Estados Unidos de América, derivada de su participación en la Segunda Guerra Mundial, llevó a los gobiernos de México y los Estados Unidos a convenir el establecimiento de contratos de trabajo temporal a ciudadanos mexicanos a partir de la firma del 23 de julio de 1942 del Convenio Binacional para reglamentar la contratación temporal de trabajadores mexicanos. Resultado de ello, cientos de miles de trabajadores mexicanos laboraron en las vías ferroviarias y en la agricultura en territorio de Estados Unidos de América como parte del Programa Bracero, firmado conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos de 1942 a 1964.

Los primeros mil 500 trabajadores mexicanos braceros, arribaron a la ciudad de Stockton en el estado norteamericano de California procedentes de la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 1942 para trabajar en los campos de siembra y recolección de remolacha.

La anterior situación motivó que en el estado de California y en general en Estados Unidos de América, en septiembre de 2001 y 2002, respectivamente, se aprobaron resoluciones de sus Congresos legislativos para declarar la fecha el 29 de septiembre como Día Internacional del Bracero en honor a los trabajadores extranjeros, mayoritariamente de origen mexicano que trabajaron como soldados de la producción. Sin embargo, este merecimiento no ha sido objeto por parte de nuestro Gobierno mexicano, al contrario, se ha negado a regresarles los fondos de ahorro de aquél entonces.

La importancia de estos trabajadores no sólo se refleja en el apoyo laboral y de fuerza de trabajo que nuestro país ha brindado y continúa aportando a la economía de Estados Unidos de América, sino también en el envío de remesas que estos paisanos han mandado al país que de acuerdo con los datos publicados por el Banco de México, el total enviado de 1943 a 1949 fue de 168.9 millones de dólares.

Termino, señor Presidente.

Puntos de Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instaurar el Día Nacional del Bracero para conmemorarse el 29 de septiembre de cada año.

Segundo. Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados se pronuncie porque el titular del Poder Ejecutivo federal instituya el Día Nacional del Bracero, a cargo del diputado Margarito Fierros Tano, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde principios del siglo XX miles de mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de nuevos horizontes que les permitieran encontrar una forma de vida mejor.

La carencia de mano de obra en los Estados Unidos de América, derivada de su participación en la II Guerra Mundial, llevó a los gobiernos de México y de Estados Unidos a convenir el establecimiento de contratos de trabajo temporal a ciudadanos mexicanos, a partir de la firma, el 23 de julio de 1942, del Convenio Binacional para reglamentar la contratación temporal de trabajadores mexicanos.

Resultado de ello, cientos de miles de trabajadores mexicanos, laboraron en las vías ferroviarias y en la agricultura en territorio de los Estados Unidos de América como parte del Programa Bracero, firmado conjuntamente por los gobiernos de México y los Estados Unidos de 1942 a 1964.

Los primeros mil quinientos trabajadores mexicanos braceros arribaron a la ciudad de Stockton en el estado de California, procedentes de la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 1942, para trabajar en los campos de siembra y recolección de remolacha.

La anterior situación motivó a que en Estados Unidos de América, así como en el estado norteamericano de California, en septiembre de 2002 y 2001, respectivamente, se aprobaran resoluciones de sus Congresos Legislativos, declarando la fecha del 29 de septiembre como Día Internacional del Bracero, en honor a los trabajadores extranjeros, mayoritariamente de origen mexicano que trabajaron como ``soldados de la producción'', sin embargo, este merecimiento no ha sido objeto por parte del gobierno mexicano.

La importancia de estos trabajadores no sólo se refleja en el apoyo laboral y de fuerza de trabajo que nuestro país ha brindado y continua aportando a la economía de los Estados Unidos de América; sino también en el envío de remesas que estos paisanos han mandado al país, que de acuerdo con los datos publicados por el Banco de México el total enviado, de 1943 a 1949, fue de 168.9 millones de dólares.

Asimismo, en años recientes la importancia que han tenido los trabajadores migratorios mexicanos para la economía de nuestro país es importantísima: según datos recientes del Banco de México del año 2000 hasta julio de 2004 se han captado 41 mil 477.5 millones de dólares por concepto de remesas. Esos recursos fueron suficientes para pagar 98 por ciento de los intereses de la deuda externa total del país, los cuales significaron una salida de 42 mil 302.7 millones de dólares en el mismo periodo.

En adición, los informes oficiales indican que los recursos enviados por los trabajadores desde el exterior a sus familiares en México equivalen a 78 por ciento de los ingresos de divisas provenientes de la exportación petrolera durante esta administración gubernamental, los cuales ascienden a 52 mil 959 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Por lo tanto, el heroico trabajo desempeñado por esos trabajadores mexicanos, y los cientos de miles más que los siguieron, debe ser reconocido por el gobierno de México, así como todos los gobiernos y autoridades estatales y locales. Sin conferirles y otorgarles este reconocimiento, estamos dejando en el olvido una etapa importante de la historia mexicana, equivocando el significado de ella para la actualidad que construye el desarrollo futuro de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instaurar el Día Nacional del Bracero, para conmemorarlo el 29 de septiembre de cada año.

Segundo. Se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a promover actividades de reconocimiento y apoyo a la labor desarrollada por los trabajadores mexicanos en el extranjero.

Dip. Margarito Fierros Tano (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión la proposición...

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Marco Antonio Gama del Partido Acción Nacional, en pro.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias diputado Presidente; señoras diputadas; señores diputados:

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través del suscrito diputado federal Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores ex braceros, acudimos a esta tribuna a reconocer la importancia que tienen los miles de trabajadores mexicanos que entre 1942 y 1964, fueron a Estados Unidos de América para laborar en los campos agrícolas de aquel país en desgracia.

Actualmente el tema de los braceros cobra mucho interés. Hoy en día nuestra posición como diputados federales es la de responsablemente encontrar soluciones con propuestas reales que garanticen una alternativa viable en beneficio de los ex braceros mexicanos.

Como parte de los trabajos que tenemos encomendados por parte de esta honorable Cámara de Diputados, es el poder encontrar y poder brindar una respuesta solidaria a una causa social tan justa como la que encabezan nuestros trabajadores mexicanos ex braceros.

Por este motivo el Partido Acción Nacional a través de mi conducto nos sumamos al reconocimiento solidario y humano para los trabajadores mexicanos ex braceros, proponiendo la celebración del día nacional del ex bracero, el 29 de septiembre. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Y en términos del 122 cerramos la lista de oradores con él.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz: Con su permiso señor Presidente; amigas y amigos diputados: ¿Podemos imaginar este país sin los 16 mil millones de dólares que estarán ingresando por concepto de remesas que nos ingresan de nuestros paísanos radicados en Estados Unidos? Yo no lo concibo.

No concibo que podamos hablar de cifras de reducción de pobreza sino es con este elemento que bien ha ayudado a la economía, pero que ha tenido un costo social muy importante en la memoria de nuestro pueblo.

Fue el 29 de septiembre en 1942, cuando llegaron los primeros mil 500 braceros a prestar sus servicios a la Unión Americana. Braceros que formaron parte de un gran contingente de 4.5 millones de trabajadores que entre 1942 y 1964 estuvieron apoyando la economía de guerra de Estados Unidos; que sufrieron vejaciones, que fueron ultrajados, que está pendiente la devolución de un fondo de ahorro. Pero que sobre todo como sociedad hemos olvidado lo que le debemos.

Fueron ellos los pioneros de este apoyo económico que como país nos permite disfrutar la economía.

Yo me sumo a las propuestas que tenemos aquí, para que el Ejecutivo muestre la sensibilidad social y declare que el 29 de septiembre, el día del trabajador migrante, el día del ex bracero.

Yo creo que con esto estaremos contribuyendo un poco en recuerdo de aquellos trabajadores que fueron formados, desnudados, que fueron purgados para que entrara de mejor manera a Estados Unidos y encima sus cabezas fueron llenadas de insecticida para limpiarlos de piojos. A ellos les debemos un acto de reconocimiento.

Por eso mi partido, el Revolucionario Institucional se pronuncia para que el 29 de septiembre sea declarado el Año del Migrante Mexicano.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Nava Díaz.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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LINEAS AEREAS AZTECA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Subsecretaría de Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente de si las Líneas Aéreas Azteca han cumplido con los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo conforme a los siguientes

Considerandos

Con base en los informes ejecutivos de verificación técnica-administrativa de los años 2003 y 2004 practicados a las Líneas Aéreas Azteca, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en las cuales se repiten observaciones sin que se hayan corregido, lo cual constituye un alarmante riesgo, puesto que en los vuelos que se están practicando de pasajeros de esta línea, existe latente y potencialmente la posibilidad de un error o de un desastre de incalculables consecuencias.

En la estructura organizacional de Aerolíneas Azteca, no hay director de seguridad aérea de operaciones en vigor y ni lo hay del aérea de administración y finanzas, ni de comercialización y planeación estratégica. Están trabajando en los límites mínimos de mantenimiento, sin refacciones; el personal no está calificado ni recibe cursos de actualización; sus trabajos denuncian que hay presiones laborales, falta de capacitación, abusos en las jornadas laborales de las tripulaciones y los mecánicos, y piden la intervención de la autoridad antes de que suceda un accidente como reiteradamente nos lo ha hecho saber personal de la misma línea aérea en cuestión.

El aspecto laboral hace que los trabajadores estén sujetos a presiones desmedidas y por esto tomen decisiones equivocadas que también ponen en riesgo las mismas operaciones aeronáuticas.

En estas condiciones, la aerolínea solicitó y obtuvo una prórroga a la concesión por otros 15 años, adquiriendo compromisos que no se han cumplido.

Por esta razón, por ejemplo, el día 21 de julio de 2004, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, despegando en medio de una tormenta el vuelo de Aerocalifornia con destino a Durango, se desplomó en la pista rompiéndose el tren de aterrizaje debido al fuerte impacto contra el terreno y quedando entre las dos pistas, lo que causó el cierre del aeropuerto y la cancelación y demora de más de 150 vuelos.

Por estas razones, estos sustentos, estamos solicitando el siguiente

Punto de Acuerdo

Se solicite a la Subsecretaría de Transportes un informe urgente para saber si las Líneas Aéreas Azteca, han cumplido con los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión en los términos en que le fue autorizada, y si no se ha cumplido, ¿qué se está haciendo para someterla al reglamento y al cumplimiento de las disposiciones en vigor?

¿Por qué se le concedió la prórroga de la concesión si no cumple con los supuestos de la Ley de Aviación Civil con la normatividad vigente?

Serían dos cuestionamientos procedentes en este punto de acuerdo que someto a su consideración.

Muchas gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Subsecretaría de Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente de si la empresa Líneas Aéreas Azteca ha cumplido los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Con base en los informes ejecutivos de verificación técnico-administrativa de los años 2003 y 2004 (que adjunto a la presente) practicados a Líneas Aéreas Azteca por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en las cuales se repiten observaciones sin que se hayan corregido, lo cual es alarmante puesto que pone en riesgo los vuelos y --por tanto-- a los pasajeros de esa línea.

En la estructura organizacional no hay director de Seguridad Aérea, de Operaciones, de Administración y Finanzas ni de Comercialización y Planeación Estratégica.

Están trabajando en los límites mínimos de mantenimiento, sin refacciones, el personal no está calificado ni recibe cursos de actualización.

Sus trabajadores denuncian terrorismo laboral, falta de capacitación, abusos en las jornadas laborales de las tripulaciones y los mecánicos y piden la intervención de la autoridad antes que suceda un accidente.

El terrorismo laboral hace que los trabajadores estén sujetos a mucha presión y por esto se tomen decisiones equivocadas que también ponen en riesgo las operaciones.

En esas condiciones, la aerolínea solicitó y obtuvo una prórroga de la concesión por otros 15 años, adquiriendo compromisos que no ha cumplido.

Tienen un pasivo de 650 millones de pesos, de los cuales corresponden al Estado los siguientes: a Seneam 62 millones, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 23 millones y a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15 millones.

El problema de que una línea aérea caiga en dificultades financieras está en que sus procesos de mantenimiento puedan relajarse y esto pone en alto riesgo las operaciones.

Por ejemplo, el 21 de julio de 2004, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México despegando en medio de una tormenta el vuelo de Aerocalifornia con destino a Durango se desplomó en la pista, rompiéndosele el tren de aterrizaje debido al fuerte impacto contra el terreno y quedando entre las dos pistas, lo que causó un cierre del aeropuerto y la cancelación y demora de más de 150 vuelos. De ese evento, la autoridad aeronáutica no ha dado ningún resultado de la investigación. Los pasajeros del vuelo anterior de ese avión dijeron que el mismo venía fallando desde el aeropuerto de Mérida. La trascripción de la grabadora de voz no indica ninguna situación anormal, sólo el nerviosismo de una tripulación que va a despegar con una tormenta sobre el aeropuerto.

En los dos accidentes ocurridos en Chechenia, la autoridad aeronáutica dictaminó que fue por terrorismo en menos de 48 horas. La Dirección General de Aeronáutica Civil de México en 50 días no ha podido o no ha querido dar ningún resultado de la investigación.

Si en investigar se tardan tanto, ¿cuánto tiempo les tomará dictaminar que los aviones de algunas aerolíneas no están dentro de la norma de seguridad?

¿Debemos esperar a que se repita la historia, esta vez quizá con algunos muertos, para actuar?

En esas condiciones, cabe preguntar: ¿por qué no actúa la autoridad?

¿Qué está haciendo la autoridad (Subsecretaría de Transportes y Dirección General de Aeronáutica Civil) para reducir los riesgos de accidentes en esta línea aérea?

Por consiguiente, solicito la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Que la Comisión de Comunicaciones se sirva requerir la siguiente información:

1. Solicitar a la Subsecretaría de Transportes un informe urgente de si Líneas Aéreas Azteca ha cumplido los compromisos adquiridos al solicitar la prórroga de su concesión en los términos en que fue autorizada. Si no se han cumplido, ¿qué está haciendo la autoridad para que se cumplan? ¿Por qué les concedieron la prórroga de la concesión si no cumplen los supuestos de la Ley de Aviación Civil y la normatividad vigente?

2. Solicitar a la Dirección General de Aeronáutica Civil un informe urgente de qué está haciendo esa autoridad para reducir el riesgo de un posible accidente en Líneas Aéreas Azteca.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día cinco de mayo de dos mil tres, se levanta la presente en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 117 y 121 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 84 de la Ley de Aviación Civil, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con motivo de la verificación técnico-administrativa mayor extraordinaria a la empresa ``Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V.'', ordenada mediante oficio número 101.205, con firma autógrafa del licenciado y piloto aviador Gilberto López Meyer, director general de Aeronáutica Civil, reunidos en las oficinas que ocupa dicha sociedad mercantil ubicadas en Aviación General zona de Hangares letra ``C'' No. 27, C.P. 15620 de esta ciudad los CC. Elic Jacob Herrera Hernández oficio número 101.410, credencial número 016, Israel Alejandro Angeles Cerezo oficio número 101.410.1, credencial número 011, Jaime Rico Cerda oficio número 101.410.2, credencial número 020, Alberto Guevara Lira oficio número 101.410.3, credencial número 025, Víctor Javier Velázquez Tavizon oficio número 101.410.4, credencial número 024, José Flores González oficio número 101.410.5, credencial 010, José David Santillán Venegas oficio número 101.410. 7, credencial número 012, José Alberto Chávez Soto, oficio número 101.410.8, credencial número 008, Miguel Angel Ramírez Lemus oficio número 101.410.10, credencial número 006, José Enrique Peñalosa Flores oficio número 101.410.11, credencial número 059 y Carlos Narváez Salazar oficio número 101.410.12, credencial número 032, en su carácter de inspectores verificadores aeronáuticos autoridades adscritas a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo comparece en esta actuación el C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de la verificada, identificándose con credencial de elector número de folio 110077754 expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, Lic. José Martín García Rosado director jurídico, quien se identifica con gafete número 666 expedido a su favor por la empresa Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V., mismas que se tienen a la vista y se devuelven a sus propietarios por así solicitarlo anexando copias simples de las credenciales en comento. Derivado de lo anterior y en términos de lo dispuesto por los preceptos legales invocados con anterioridad, las autoridades administrativas comparecientes acreditan al C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de la verificada, estar provistos de orden escrita expedida a nombre de cada uno de los comparecientes por el director general de aeronáutica civil, dejando en su poder copia de los referidos oficios previo acuse de recibo que se anexa a la presente diligencia. Asimismo acreditan su personalidad como inspectores verificadores aeronáuticos, mediante credenciales oficiales debidamente selladas y suscritas por el subsecretario de Transporte, la oficial mayor del ramo y el director general de Aeronáutica Civil con fecha de vencimiento al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, instrumentos identificatorios en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y la firma de cada uno de los actuantes, mismos que fueron exhibidos al apoderado de Líneas Aéreas Azteca S.A. de C.V., entregándosele copia de las mismas, quién los examinó cerciorándose que el perfil físico de todos y cada uno de los verificadores coincide con la fotografía inserta en cada una de las credenciales, expresando su conformidad sin producir objeción alguna. Para debida constancia se anexan a esta actuación, copia de dichas credenciales, en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Acto seguido y en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 66 y 67 fracción VI de la Ley Procesal Administrativa, se requiere a C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de la verificada, para que nombre dos testigos de asistencia, en el entendido que en caso de no hacerlo la autoridad actuante los designará, por lo cual dicho representante designa libremente a los CC. Mariano Ladrón de Guevara Vázquez y Marco Alfonso Díaz Magaña, manifestando el primero: llamarse como ha quedado escrito y tener su domicilio en calle Planta Malpaso, número 4, colonia Electra, C.P. 54060, en Tlalnepantla de Baz, estado de México y se identifica con credencial de elector número de folio 29338562, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, el segundo manifestó llamarse como ha quedado escrito y tener su domicilio en calle Poniente, número 108 553, colonia Defensores de la República, C.P. 07780, México, D.F. y se identifica con credencial de elector número de folio 71713851, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documentos identificatorios que se tuvieron a la vista conteniendo entre otros datos el nombre, firma y fotografía de sus portadores las cuales concuerdan con los rasgos físicos de éstos y se encuentran vigentes, regresándose en este acto a los interesados por ser de su propiedad, agregándose los mismos en copia simple a la presente para los efectos legales a que haya lugar.

Habiendo quedado plenamente enterados los comparecientes del motivo y alcance de esta diligencia y después de reconocernos mutuamente la personalidad que cada uno ostenta y requeridas que fueron las facilidades para su de-sahogo, conforme a lo dispuesto por el artículo 67 fracción VII de la Ley Procesal Administrativa, se hace constar que la verificación técnico-administrativa mayor extraordinaria en cada una de las aéreas a auditar, inició a partir del cinco y hasta el nueve de mayo del año en curso.

En términos de lo establecido por el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se concede el uso de la palabra al apoderado de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V., quien manifiesta: que todos y cada uno de los verificadores comparecientes le han exhibido su credencial vigente con fotografía expedida por la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asimismo recibe copia de los oficios de comisión y de la identificación de los mismos.

Por hechas las manifestaciones vertidas por el C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de verificada, para los efectos legales a que haya lugar, no habiendo otro asunto que hacer constar se suspende la presente actuación para reanudarla el próximo nueve de mayo de dos mil tres quedando notificados todos y cada uno de los comparecientes para los efectos legales a que haya lugar.

Siendo las 09:00 horas del día nueve de mayo de dos mil tres, las personas cuyos nombres y personalidad quedaron precisadas al inicio de la presente actuación, se reunieron en el local que ocupan las oficinas de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V. igualmente, referido, a fin de continuar el acta de verificación, para lo cual; hacer constar los datos y resultados de la visita de verificación técnico-administrativa mayor extraordinaria practicada, en el siguiente tenor.

a) El resultado obtenido en el área de operaciones tanto en tierra como en vuelo, es el que a continuación se enuncia:

Manual general de operaciones.

1. Se detectó que en la parte 01 de este manual específicamente en el punto 1.12.2 Pasajero que requieren asistencia menciona a los pasajeros en camilla sin que existan los procedimientos para la atención de este tipo de pasajeros tal y como lo establece el manual de despacho.

Manual de sobrecargos.

1. En el Capítulo I específicamente en el punto 1.4.2 Jornadas y servicios de trabajo manifiesta únicamente lo contenido en la Ley de Aviación Civil sin embargo no se cuenta con una política propia en cuanto a tiempos máximos de vuelo y jornadas de trabajo.

2. Se observó que en el punto 1.4.22 Carga de combustible con pasajeros a bordo difiere de lo estipulado en el Manual General de Operaciones específicamente en el inciso h, i, y, j, de este manual.

3. Se detectó que no se cuentan con procedimientos para el acceso a la cabina de pilotos.

4. Se detectó que en el Capítulo I Reglamentación específicamente en el punto 1.4.35 Pasajeros en camilla difiere de lo contenido en el manual de despacho específicamente en la reedición de fecha 04 de noviembre de 2002 Capítulo 02 página 120.

5. Se detectó que en el Capítulo IV Equipo de emergencia específicamente en el punto 4.14 Contenido del botiquín existe una lista del contenido de este el cual no está de acuerdo a lo que marca la NOM-012-SCT3 de fecha 16 de noviembre de 2001 publicada en el D.O.F. el 05 de diciembre de 2001.

6. Se detectó que en el Capítulo IX Servicios a bordo específicamente en el punto 9.2 Abordaje de pasajeros en el párrafo 09 menciona que la sobrecargo mayor dará la orden de armar toboganes sin que se describa todo el procedimiento previo a esta orden.

Manual para la prevención de actos de interferencia ilícita

1. En el punto 9.3.5 ``información y asistencia a familiares'', señala que ``el programa de asistencia a familiares a través de un programa descrito en un manual prontuario''. A la fecha el manual prontuario no se tiene.

2. No se tiene descrito el procedimiento de:

a) Procedimiento de comunicación entre pilotos y sobrecargos, para accesar a la cabina de pilotos; esto en virtud de tener instaladas las puertas blindadas en 3 aeronaves y seguro en puertas de otras 3 aeronaves.

Area de seguridad aérea.

1. A la fecha no se han efectuado verificaciones de seguridad aérea descritos en el punto 4.3.7 ``programa de verificación de seguridad aérea'' y punto 5.2.3. párrafo segundo ``identificar los riesgos en nuestras operaciones'', del manual de seguridad aérea.

2. No se esta llevando a cabo el uso de tablas para proporcionar la prioridad a fin de eliminar los riesgos, contemplada en el punto 5.3 inciso 4 ``análisis de riesgos'', del manual de seguridad aérea.

b) El resultado de la verificación en el área de capacitación, fue el siguiente:

1. La empresa no ha otorgado capacitación al personal de la estación de Puerto Vallarta desde su inicio de operaciones en el mes de abril del presente, tal como lo tienen establecido en el manual general de operaciones.

2. La empresa no presentó el programa teórico de formación de instructores para personal de pilotos, ya que únicamente se tiene la fase práctica de este curso incluida en el manual de adiestramiento de pilotos.

3. Los formatos utilizados para registrar el asesoramiento (habilitación) en ruta en el equipo Boeing 737-300, del personal de pilotos no se han enviado a la autoridad aeronáutica para su reconocimiento y validez, y se están utilizando como el caso de primer oficial Salomón Avendaño Ale-jandro, durante la fechas, 13-mar-2003, 11-mar-2003 y 21-feb-2003.

4. La empresa no acreditó la hoja de registro del curso periódico en el simulador del equipo B 737-300 del Cap. Aguilar Morales Tomás, ya que únicamente se observó la constancia del curso teórico realizado en las fechas del 07 al 09 de febrero del 2003. Asimismo el Cap. Oscar Pérez Rodríguez no acreditó el haber recibido el curso periódico en el simulador del B 737-300, ya que únicamente acreditó una constancia de este curso de la fase teórica de fecha 02 de diciembre del 2002.

5. En el programa periódico del personal de pilotos en los equipos Boeing 737-300 y Boeing 737-700, no tiene establecido que la fase práctica en el simulador se realizará indistintamente en un sólo modelo del simulador, ya que durante el año del 2002 realizaron esta fase en un simulador del modelo B 737-700 y este año se esta realizando esta fase en un modelo 737-300, esto difiere con respecto al programa teórico, ya que en la fase teórica de este programa se imparten ambos modelos el B 737-300 y el B 737-700.

6. El Cap. Sergio Villa Ramos tuvo un periodo de 8 meses 15 días entre dos cursos periódicos del equipo Boeing 737 (300/700) consecutivos, ya que uno lo recibió el 29 de abril del 2002 y el siguiente el 15 de enero del 2003, por lo que se excedió en el periodo de validez de los cursos, ya que en el Manual General de Operaciones se tiene establecido que el periodo para impartir estos cursos será de 6 meses. Asi- mismo este piloto no acreditó el haber recibido algún curso en los temas Alar y Crm.

7. El Manual General de Operaciones se encuentra desactualizado en la política de adiestramiento a pilotos, ya que en la página 4.18 parte 4.1.4 Adiestramiento periódico, se encuentra señalada la política de que el periodo de vigencia de los cursos periódicos al personal de pilotos en el equipo B 7373-00/700 será de 6 meses y en la realidad estos cursos se están llevando a cabo con un periodo de vigencia de 8 meses.

8. Los programas de estudio de los cursos periódicos al personal de sobrecargos contenidos en el Manual General de Operaciones no señalan la fase práctica, tal como la duración y el contenido de esta fase.

9. La empresa no tiene establecidas las políticas y procedimientos, tal como la periodicidad en que se impartirán los cursos de transición y periódicos al personal de sobrecargos, que se encuentran desarrollados en la parte de adiestramientos, revisión 7 de fecha 12 de noviembre de 2002, del Manual General de Operaciones.

10. La empresa no ha realizado la práctica de ditching ``amarizaje'' por lo menos una vez al año a todo el personal de sobrecargos, la cual se encuentra establecida en la página 18, Capítulo I, revisión 2 de fecha 01 de agosto del 2002, en la parte de reglamentación, artículo 9 entrenamientos periódicos del manual de sobrecargos, tal como la sobrecargo Gabriela Yedid López Pérez, la cual no acreditó haber recibido alguna práctica de ditching ``amarizaje'' por parte de la empresa desde su ingreso a ésta.

11. El centro de capacitación ``Asesoría Técnica Aeronáutica y Capacitación, S. C.'' contratado por la empresa para realizar los servicios de capacitación, otorgó la constancia del curso inicial y actualización de sobrecargos con una duración de 40 horas Iasc/203, a favor de la C. Yedid Gabriela López Pérez el día 07 de junio de 2002, sin que haya recibido este curso.

12. Las constancias que expide el centro de capacitación, asesoría técnica, aeronáutica y capacitación, para la comprobación de los cursos periódicos del personal de sobrecargos difiere en la denominación del curso ya que las constancias que expide este centro tienen el nombre de ``curso inicial y actualización de sobrecargo'' y el nombre establecido en el Manual General de Operaciones del curso es de ``periódico de sobrecargos'', asimismo difiere en el total de horas ya que realmente en los cursos periódicos se otorgan con una duración de 24 horas y en las constancias que expide este centro señala que la duración es de 40 horas.

13. La empresa no acreditó el haber impartido capacitación a los técnicos en mantenimiento Carrillo Mendoza Bulmaro Raúl, Enríquez Olvera Guillermo y el inspector Vázquez Parra Román Julián durante el año 2002.

14. La empresa no ha otorgado la capacitación establecida en los manuales de seguridad aérea y actos de interferencia ilícita, a todo su personal.

15. La empresa ha impartido cursos en los temas de seguridad aérea y actos de interferencia ilícita, sin haber acreditado la impartición de éstos en apego a la reglamentación aeronáutica, tal como el debido registro de los programas y cursos ante la autoridad aeronáutica.

c) El resultado en el área de mantenimiento fue el siguiente:

l. Se observó en la revisión de bitácoras de las aeronaves xa-twf y xa-twg, que el personal de vuelo realiza reportes de mantenimiento utilizando un código con numerales, sin referirlo dicho procedimiento en su manual general de mantenimiento y procedimientos de taller.

2. Se detectó que el Manual General de Mantenimiento y procedimientos de taller se encuentra desactualizado en los siguientes anexos:

El anexo 1 considera que las aeronaves están provistas con lanchas salvavidas, sin que las mismas estén instaladas.

El anexo 4 en las páginas 1 a la 12, referente a algunos equipos y herramientas con fecha de vigencia vencidas, tales como: báscula de 0 a 5 kgs. fecha de venc. dic. 2002, manómetro, fecha de venc. feb. de 2003.

3. En la revisión de bitácoras de la aeronave xa-twf, se observa un alto número de reportes de mantenimiento en relación a problemas con la unidad de potencia auxiliar (Apu) instalada en la aeronave, así como con los flaps, de entre los cuales se citan algunos folios de bitácora, en los que se asientan dichos reportes: (Apu ) folios: 00072 de fecha 12 de enero del 2003, 00078 de fecha 14 de enero del 2003 y 00151 de fecha 08 de febrero del 2003 y (Flaps) folios: 0042 de fecha 02 de enero del 2003, 00072 de fecha 12 de enero de 2003, 00075 de fecha 13 de enero de 2003, 00076 de fecha 13 de enero de 2003.

4. En las inspecciones físicas a las aeronaves se detectó que el personal de mantenimiento no conecta a tierra física, las aeronaves cuando estas se encuentran en servicio de pernocta en los hangares, conectándose las aeronaves a los rieles de las puertas corredizas o a las rejillas receptoras de agua pluvial.

5. Se observó en la aeronave xa-twf, existen diferencias entre la distribución de equipo de emergencia señalado en su Manual General de Mantenimiento y Procedimientos de Taller, anexo 1, página 25 con lo instalado físicamente en la aeronave ( E.L.T. y equipo Pbe).

6. Se observó en la aeronave xa-twf, que los megáfonos (2) cuentan con fecha de vigencia de próximo vencimiento con sello y en forma de enmendadura con tinta de pluma fuente la leyenda de ``por condición''.

7. Los C. técnicos de mantenimiento clase I Gabriel Santiago Valenzuela y el C. inspector Román Julián Vásquez Parra con licencias números, 200003998 y 200106166 vigentes respectivamente no han recibido cursos desde el 26 de junio del 2001 y 07 de agosto del 2001 respectivamente.

8. En las revisión física de las aeronaves matrículas xa-aep, xa-aeq, xa-twf se detectó que los números de serie de las baterías de las grabadoras de vuelo (FDR) no coinciden con los indicados en el control de componentes limitados por vida, esto debido a que se intercambiaron entre sí, sin que se haya hecho el registro correspondiente en la bitácora de dichas aeronaves.

9. En la revisión efectuada al almacén se detectaron componentes vencidos por límite de almacenaje, de entre cuales se mencionan los siguientes: ms26775-10, ms28775-022 y ms29512-08, vencidos con fechas 01 de octubre de 2002, 01 de enero de 2003 y 01 de julio de 2002, respectivamente, asimismo se detectaron algunos sellos sin su empaque correspondiente, de entre los cuales se citan los siguientes números de parte: ms28774-439, ms28783-2 y ms28783-6 .

10. En la inspección al taller de chalecos y toboganes se detectó que no se cuenta con el manómetro utilizado en las pruebas de éstos, además de que el técnico no cuenta con el curso de refresco correspondiente, considerando que el inicial lo recibió en el año de 1996.

11. En la revisión física efectuada a las aeronaves matrículas xa-aep, xa-twf, xa-aeq y xa-aav, se detectó que los botiquínes de primeros auxilios no cumplen con lo dispuesto en lo establecido en la NOM-012-SCT3-2001, de fecha 16 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 2001.

12. En la revisión de bitácoras de la aeronave matrícula xa-twg se detectó que en algunos folios se asentó fecha errónea, específicamente en lo referente al mes, de entre las cuales figuran los siguientes folios: 00255 asentando como fecha 04 de marzo de 2003, debiendo asentar 04 de abril de 2003, 00256 asentando como fecha 05 de marzo de 2003, debiendo asentar 05 de abril de 2003, 00258 asentando como fecha 06 de marzo de 2003, debiendo asentar 06 de abril de 2003.

d) Los resultados obtenidos en el área administrativa, financiera y legal, son los siguientes:

1. No se presentaron los manuales de reclutamiento, selección y contratación de personal; compras y requisiciones de material entre otros.

2. No se han presentado los estados financieros correspondientes al primer trimestre del presente año dentro de los plazos establecidos en el título de concesión.

3. Respecto al organigrama presentado por la empresa ante la Dgac, el puesto de coordinación de aseguramiento de calidad se encuentra vacante.

4. Actualmente el gerente de operaciones se encuentra encargado de la dirección de operaciones, en virtud de que éste puesto aún no se ha nombrado al titular.

5. Se debe monitorear detalladamente el proceso jurídico de cambio de sindicato de los trabajadores, para tomar las medidas necesarias con la finalidad de evitar la huelga programada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte Aéreo de la República Mexicana para el 1o. de junio de 2003.

En uso de la palabra, el C. Ing. Elic Jacob Herrera Hernández en representación de las autoridades administrativas actuantes, señala que la medidas de seguridad y el plazo adecuado para corregir los resultados de la visita de verificación que quedaron asentados en el cuerpo de la presente acta en uso de la facultad conferida por el numeral 82 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se harán del conocimiento a la verificada, mediante el reporte que con fecha posterior se entregará a Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V.

En términos de lo establecido por el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento del apoderado de la verificada, el derecho que la ley le concede para formular en este momento, las observaciones y ofrecer las pruebas que estime convenientes, en relación con los hechos que han quedado asentados la presente diligencia, o en su defecto, hacer uso de dicho derecho dentro de los cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha del cierre de esta acta.

En uso de la voz el C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de la verificada dijo: nos reservamos el derecho para ofrecer las pruebas pertinentes, ejerciéndolo dentro del término concedido por la autoridad verificadora.

Por hechas las manifestaciones vertidas por el C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general en representación de la verificada, para los efectos legales a que haya lugar, no habiendo otro asunto que hacer constar en el cuerpo de la presente acta, se da por concluida la visita de verificación, en punto de las 19:30 horas del nueve de mayo de dos mil tres, en términos del artículo, 67 fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, previa lectura de la misma la firman al margen y al calce para debida constancia y ratificación de lo asentado, los que en ella intervinieron quedando copia autógrafa de la misma en poder del C.P.A. Eduardo Laris McGregor, director general, persona con quien se entendió la diligencia en representación de Líneas Aéreas Azteca, S.A. de C.V., para los efectos legales a que haya lugar.

Las autoridades aeronáuticas:

Elic Jacob Herrera Hernández, Israel Alejandro Angeles Cerezo, Jaime Rico Cerda, Alberto Guevara Lira, Víctor J. Velázquez Tavizon, José Flores González, José David Santillán Venegas, José Alberto Chávez Soto, Miguel Angel Ramírez Lemus, José Enrique Peñalosa Flores, Carlos Narváez Salazar (rúbricas).

En representación de la verificada:

Líneas Aéreas Aztecas, S.A. de C.V.; C.P.A. Eduardo Laris McGregor (rúbrica), director general; Lic. José Martín García Rosado (rúbrica), director jurídico.

Testigos de asistencia:

Mariano Ladrón de Guevara Vázquez, Marco Alfonso Díaz Magaña (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Transportes.

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AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se incorpore en la agenda de los temas estructurales y prioritarios, el de la rectoría de las aguas nacionales.

El diputado José Rangel Espinosa: Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

En la Gaceta está el contenido de las consideraciones y de la propuesta de acuerdo y pediría que se incluya, con todo respeto, señor Presidente, en el Diario de los Debates el texto completo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se obsequiará, diputado proponente, con mucho gusto.

El diputado José Rangel Espinosa: Más que darle lectura a las consideraciones, como decía, ya están inscritas, voy a hacer algunas reflexiones que considero importantes, antes de darle lectura puntual al acuerdo que se sugiere.

Yo creo que hemos hablado mucho de la importancia que tiene el agua, de la problemática que enfrentamos, es un asunto de vida, es un asunto que es tan importante que hablar de otros temas que le interesan a la sociedad, como puede ser la misma producción de alimentos, la educación, la salud, la seguridad pública, sin haber superado la problemática, sin haber dimensionado adecuadamente el tema del agua, carece de sentido.

Yo creo que es apenas oportuno darle este tratamiento al tema del agua. Hace algunos meses en esta tribuna también hablé de que era necesario que pensáramos en un proyecto de país común, esto es, en donde todas las ideologías se reconcilien y sin declinar los aspectos esenciales o medular de estas propias ideologías, podamos ser capaces de tomar acuerdos.

Este tema es muy noble, este tema nos puede llevar a ese nivel de entendimiento que estamos buscando.

Y además creo que es oportuno porque éste es un asunto de largo plazo, éste es un asunto que no se va a resolver de un ejercicio a otro ni siquiera en dos o tres años. Este es un asunto que va para largo. Por eso es que debemos ponerle las mejores bases posibles. Y las mejores bases son el que este pleno mandate a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para que trabaje en este redimensionamiento del tema del agua, de la rectoría del tema del agua y que en el futuro inmediato empecemos a ver aspectos presupuestales, a lo mejor hacer eco de esa iniciativa en donde se habla de que el agua ya sea un ramo en el presupuesto, después veamos seguramente en el siguiente ejercicio lo referente a la organización y en paralelo ver algo que hemos denominado El Acuerdo Nacional por el Agua.

Voy, si me permite el señor Presidente, a darle lectura rápidamente a los puntos de acuerdo que se propone:

Primero. Se determina que la rectoría del agua tenga el tratamiento de tema estructural prioritario y para el efecto se realicen las reformas que sean necesarias tanto presupuestales como en el conjunto de normas jurídicas, así como en la organización de las entidades públicas, mixtas o de los ciudadanos concurrentes.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados para que consulte a la sociedad mexicana, prepare los proyectos consensados, dictamine y proponga al pleno de la misma los mandatos necesarios para que el Estado mexicano cuente con los instrumentos suficientes y eficientes para regir el tema del agua.

Tercero. Se aprueba el punto de acuerdo en términos de asunto de urgente y obvia resolución.

Es la propuesta respetuosa a todos ustedes. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que en la agenda de los temas estructurales prioritarios se incorpore el correspondiente a la rectoría de las aguas nacionales, a cargo del diputado José Rangel Espinosa, del grupo parlamentario del PRI

José Rangel Espinosa, en su carácter de diputado de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia resolución, para que se incorpore en la agenda de los temas estructurales prioritarios el que corresponde a la rectoría de las aguas nacionales, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Es incuestionable que el tema del agua que se utiliza para el consumo humano y animal, así como para la agricultura y otras muchas actividades productivas, es un tema prioritario a considerar en la agenda a los que con urgencia hay necesidad de avocarse, dentro de los llamados estructurales, pues a nadie es ajena la crisis por la que la Nación ya atraviesa para dar abasto suficiente y adecuado a la creciente demanda, motivada en muchos casos por su irracional uso.

Segunda. Resulta también irrebatible que no se ha dado el tratamiento adecuado a esta materia, no obstante que reviste una importancia, sin duda alguna, por encima de la que tiene cualquier otro recurso natural y que, si no se toman medidas urgentes y eficaces, sin eufemismo alguno, en muy pocos años estaremos muriendo seres racionales e irracionales, por la carencia del vital líquido.

Tercera. Que nunca se han asignado a este recurso vital los medios suficientes para que el Estado diseñe el plan y busque el logro de los resultados sociales y económicos a que se contrae esta proposición.

Cuarta. Algunas entidades federativas y municipios han iniciado procesos novedosos y eficientes para atender la problemática que enfrentan relacionada con el Agua, esfuerzos muy plausibles, pero que al ser aislados reducen sus impactos y beneficios.

Quinta. La Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados tomó el acuerdo, del que se agrega copia a la presente iniciativa, de solicitar a la junta de coordinación política la inclusión del tema del agua en la agenda de reformas estructurales.

Por lo expuesto, se propone como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se determina que la rectoría del agua tenga el tratamiento de tema estructural prioritario y, para el efecto, se realicen las reformas que sean necesarias, tanto presupuestales como en el conjunto de normas jurídicas, así como en la organización de las entidades públicas, mixtas o de los ciudadanos concurrentes.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados para que consulte a la sociedad mexicana, prepare los proyectos consensuados, dictamine y proponga al pleno de la misma, los mandatos necesarios para que el Estado Mexicano cuente con los instrumentos suficientes y eficientes para regir el tema del agua.

Tercero. Se aprueba el punto de acuerdo en términos de asunto de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. José Rangel Espinosa (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente y obvia resolución.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición.

Esta Presidencia tiene el registro de los siguientes ciudadanos diputados oradores en pro: Juan Carlos Núñez Armas, del Partido Acción Nacional, y Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México.

Por lo que en términos del 122, damos por cerrada esta lista de oradores.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Carlos Núñez Armas, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Carlos Núñez Armas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Todo ser humano debe tener acceso seguro al agua para la satisfacción de sus necesidades de consumo, saneamiento, producción de alimentos y de energía a un costo razonable. El abastecimiento de agua para la satisfacción de estas necesidades básicas debe realizarse en armonía con la naturaleza; ésta es una de las metas de Acción Nacional.

La situación del agua en el mundo reviste tal importancia que diversos grupos y organizaciones, en particular el Consejo Mundial del Agua y la Sociedad Global del Agua, han organizado un esfuerzo internacional para definir la visión del agua, elaborar el marco de referencia para llevar la visión a la acción y definir una serie de estrategias y de acciones que permitan enfrentar la severa crisis del agua que actualmente padecen la mayor parte de las naciones de la Tierra.

Es evidente que la problemática del agua en nuestro país es colosal. Es urgente atenderla no solamente a través de planes y programas de gobierno, sino mediante el establecimiento de una verdadera política de Estado en esta materia, que trascienda a gobiernos y posiciones partidistas, que sea congruente con el proceso de desarrollo y con la problemática hídrica de la nación.

El agua es un recurso cuya lógica de gestión difiere enormemente de la correspondiente a la de otros recursos naturales o producidos por el hombre. El agua no sólo es un recurso natural vulnerable y finito, también es un insumo y como tal debe tener un valor económico.

En el caso del agua es indispensable verdaderamente incorporar a los usuarios en el proceso de toma de decisiones. De no hacerlo así, seguirá privando un clima de desconfianza hacia las autoridades encargadas de la gestión de este recurso.

Por todo esto, quiero manifestarles nuestra satisfacción por el punto de acuerdo presentado para que el tema del uso racional y sustentable del agua quede incluido en la agenda nacional y los esfuerzos que se realizan para construir una cultura del buen uso del agua de todos los mexicanos estén considerados como una prioridad nacional.

La situación del país nos muestra que a pesar de que todos hablamos constantemente del agua, no hemos logrado el cambio cultural tanto en los ciudadanos como en las instituciones, que nos permita garantizar para las generaciones actuales y futuras, el abastecimiento de agua de suficiente calidad y cantidad.

Es por eso nuestro deseo que con la aprobación de este punto de acuerdo sea el inicio de un conjunto de acciones que nos lleve a alcanzar acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno con la sociedad. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, en pro.

El diputado Javier Orozco Gómez: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, estamos de acuerdo en que es incuestionable que el tema del agua es una cuestión prioritaria y de seguridad nacional. Debe ser considerado como prioridad en la agenda de temas a los que, como bien se menciona, hay necesidad de abocarse con urgencia pues a nadie es ajena la crisis por la falta de agua que la nación atraviesa, motivada en muchos casos por su irracional uso y por la tala inmoderada de árboles que afectan la recarga del vital líquido.

Resulta también irrebatible que no se ha dado el tratamiento adecuado a esta materia, no obstante que reviste una importancia, sin duda alguna, por encima de cualquier otro recurso natural y que si no se toman medidas urgentes y eficaces, en muy pocos años estaremos muriendo por la carencia del vital líquido.

Llegamos al siglo XXI en un México en crecimiento económico, con 103 millones de habitantes que nos demandan agua. Para ponerlo en estos términos, el tema del agua es un asunto efectivamente de seguridad nacional, porque en el mediano plazo implica la desaparición en algún sentido de muchas de las formas de las prácticas sociales que conocemos en la actualidad.

Sin agua las sociedades no pueden mantenerse. Tenemos datos históricos en el sentido de la desaparición de civilizaciones, precisamente por choques de la naturaleza.

Es oportuno mencionar que no toda el agua que existe en el planeta está apta para el consumo inmediato de los diferentes organismos biológicos, en particular de las sociedades humanas.

En la actualidad, 10 millones 700 mil mexicanos no disponen de agua potable y más de 22 millones no cuentan con el servicio de alcantarillado en sus viviendas. En efecto, algunas entidades federativas y municipios han iniciado procesos novedosos y eficaces, para atender la problemática relacionada con el agua; esfuerzos muy loables, pero que al ser aislados reducen su impacto.

La Comisión de Recursos Hidráulicos de esta honorable Cámara de Diputados, tomó el acuerdo de solicitar a la Junta de Coordinación Política, la inclusión del tema del agua en la agenda de reformas estructurales.

Por todo lo anterior, apoyamos que la rectoría del agua tenga el tratamiento de tema estructural prioritario y para tal efecto se realicen las reformas que sean necesarias, tanto presupuestales como en el conjunto de normas jurídicas, así como en la organización de las entidades públicas mixtas o de los ciudadanos concurrentes. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el tema se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PLANEACION MUNICIPAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales, a que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal a largo plazo.

El diputado Ramón Galindo Noriega: Honorables diputados; honorables diputadas: El desarrollo de las comunidades debe darse al menos con las siguientes características: de manera integral, a partir de acuerdos y consensos, con metas a largo plazo y dando seguimiento a los esfuerzos. No existe el concepto de desarrollo en 3 años y menos con cambios de gobierno local trianuales.

Los planes de desarrollo municipal a 3 años, son más una expresión romántica y de uso publicitario que una real intención de impulsar integralmente el crecimiento ordenado de las localidades.

No contar con visión de futuro y determinación de modelos integrales a largo plazo, generalmente representa un grave desperdicio de recursos.

En la dinámica de la Comisión de Federalismo, así como de muchos diputados de todos los partidos, de otorgar y reconocer mayores niveles de autonomía a los gobiernos locales, es determinante que éstos, los ayuntamientos y sus comunidades, definan proyectos de futuro para la mejor aplicación de los recursos.

En este sentido hoy presentamos esta proposición de punto de acuerdo para impulsar la planeación municipal a largo plazo, con un contenido integral, científico y democrático, del cual sólo deseo leer dos párrafos.

UNO. Se exhorta a las legislaturas estatales a que impulsen la planeación de los municipios, para que cada región oriente su desarrollo, con visión de largo plazo de acuerdo a sus necesidades, capacidades y potencialidades, a fin de maximizar los recursos humanos, materiales, intelectuales y culturales de las localidades, evitando la dispersión de los esfuerzos y la duplicidad de funciones con otras agencias e instituciones públicas y privadas.

Para auxiliarse en el proceso de elaboración del plan municipal de desarrollo a largo plazo, esta honorable Asamblea hace una recomendación especial, para que los ayuntamientos desarrollen relaciones de colaboración y tomen consejo de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales, AC.

Es todo, señor Presidente, gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal de largo plazo, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a ésta Honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a que los municipios de sus entidades federativas elaboren programas de planeación municipal a largo plazo, a la instancia correspondiente de ésta Honorable Cámara de Diputados, a fin de exponer lo siguiente

Exposición de motivos

Nuestro régimen constitucional contempla al municipio como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la Federación. El municipio es la sociedad política primordial, el primer escaño de nuestra democracia.

Constitucionalmente es responsable de ofrecer múltiples servicios públicos altamente visibles y cotidianos a la vida diaria de los gobernados, pero es también un espacio público donde se concilian los intereses de los ciudadanos para alcanzar el desarrollo político, económico y social en la célula esencial del pacto federal.

Todo gobierno que desee subsistir, debe hacer un esfuerzo en el ámbito político que sea consciente, deliberado y sistemático para señalar los objetivos nacionales, estatales o locales, seleccionando los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo determinado. Todo gobierno debe tener un enfoque prospectivo de la realidad que esta orientando. Este esfuerzo es denominado planeación.

En este sentido, la planeación por previsión constitucional goza de una naturaleza democrática que procura atraer a todos los sectores sociales a una concordancia respecto a la conducción de las decisiones públicas para orientar el desarrollo en los años por venir.

Lo anterior, encuentra su fundamento jurídico en el artículo 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual se establece que:

``... La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo''.

En consecuencia, la planeación democrática debe formularse y desarrollarse legislativa y administrativamente para beneficio de todos los sectores que forman la sociedad. Dicha planeación no sería democrática sino demagógica o populista si sólo se dirigiese a los sectores mayoritarios de la población sin comprender las minorías que también la integran.

Es plausible que en el párrafo segundo de dicho artículo 26 constitucional se prevea la participación de los diversos sectores sociales en la elaboración de los planes y de los programas de desarrollo, debiendo, la legislación secundaria prevenir y ordenar dicha participación plurisocial.

Asimismo, desde la reforma constitucional que estableció la Planeación Nacional y Regional del Desarrollo, los municipios se han sumado a estos esfuerzos, expidiendo planes municipales de desarrollo en concordancia con lo establecido por el artículo 115, fracción V, inciso c) el cual señala:

``Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios''.

Es de notarse que en este mismo artículo se enumeran los servicios públicos que corresponde prestar a la esfera del gobierno municipal para garantizar el desarrollo de las pequeñas comunidades y atender las necesidades de su población de manera más cercana e inmediata.

Así pues, los empeños de todas las instituciones públicas deben estar puestos en la mejor y más expedita atención de los ciudadanos, en este sentido, resulta indispensable la concordancia y coordinación de la planeación municipal con los programas estatales y federales, no solamente para no invadir y traslapar competencias, sino para otorgar los medios más eficientes y efectivos para el desarrollo de los gobernados.

Es por tanto, de fundamental trascendencia que para garantizar el desarrollo nacional, los gobiernos locales tengan una clara y abierta comunicación con los gobiernos estatales y federal para que la coordinación de sus esfuerzos resulte benéfica para la sociedad y no degenere en una serie de acciones erráticas justificadas en el desarrollo.

Los municipios conociendo sus atribuciones establecidas en el 115, deberán colaborar realizando las labores pertinentes y que estén en concordancia para producir el desarrollo proyectado. Esto quiere decir, que si la planeación nacional establece líneas generales de gobierno para fomentar el desarrollo, los planes estatales a su vez deben hacer más específicos los objetivos nacionales en concordancia con las características propias en la entidad, sus fortalezas y debilidades dadas sus singularidades geográficas, poblacionales y productivas.

Cada municipio deberá estar en disposición de coadyuvar al desarrollo nacional mediante la atención específica de su gobierno a las tareas que se ven favorecidas en la región y que estimulan el crecimiento productivo nacional, pero al mismo tiempo estarán en condiciones de conservar su autonomía y el sentido de su gestión, atendiendo también de manera especial sus debilidades, entendiendo sus principales aspectos a desarrollar motivados en el conocimiento de las necesidades y problemas de su población y el subsecuente diseño de una estrategia de largo plazo para abatir los obstáculos del desarrollo y con esto generar las condiciones necesarias para el crecimiento y una vida digna de los integrantes de su comunidad.

Todo lo anterior lo encontramos en concordancia con lo establecido en la Ley de Planeación, cuando en su artículo segundo, fracción V establece lo siguiente:

``Articulo 2°. La Planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ellos, estará basada en los siguientes principios:

I-IV (...)

V. El Fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional...''

Es justamente aquí donde la planeación se convierte en una herramienta sumamente útil, no solamente en términos prospectivos y operativos para un gobierno local, si no en un instrumento de gobernabilidad democrática que sintetiza, y transparenta las decisiones y acciones de los ayuntamientos en concordancia con las necesidades y anhelos de los gobernados.

Asimismo, al respecto de la planeación estratégica a largo plazo dos ciudades se han destacado por sus esfuerzos ciudadanos para proyectar recientemente la visión que tienen para su desarrollo en los años por venir. En ambos casos (Puebla hacia el 2031 y Plan Estratégico Juárez), destacan los extensivos diagnósticos fundamentados en los indicadores estadísticos que aquí reproducimos, aunados a la expresión de sus consultas ciudadanas realizadas mediante foros y/o encuestas auspiciadas y fomentadas en parte por los gobiernos locales en colaboración con instituciones civiles y centros de educación.

La riqueza de estas relaciones de colaboración permitió ya demostrar que la sociedad en su conjunto puede elaborar un proyecto inclusivo de lo que quiere alcanzar para su localidad en los próximos años. Un proyecto, en buena medida marginado del partidismo político y que puede representar aspiraciones de mas largo alcance que la coyuntura electoral.

En términos generales se ha establecido que la planeación incluye los siguientes elementos:

La identificación de una organización o institución que implemente el plan. Un plan es un esquema para la acción que debe establecer el curso de acción de una persona o una institución.

Estima todas las condiciones de certidumbre e incertidumbre, para pensar en lo posible y lo deseable.

La probabilidad de una consecución de eventos es preponderante para determinar el curso de acción.

La improbabilidad o la incertidumbre relativa es una condición igualmente aceptable, pero de baja utilidad en términos operativos en la construcción de un plan.

Habrá que tomar en cuenta los riesgos y correrlos cuando sea necesario, pero la acción debe basarse en la mayor medida en los hechos.

La planeación es un proceso intelectual por naturaleza.

Una característica fundamental de la planeación debe ser la flexibilidad en los medios para alcanzar los objetivos; así pues una de las consideraciones más recientemente adoptadas es dividir la planeación en plazos de cumplimiento de acciones concretas o proyectos enteros.

Esta planeación a largo plazo estima todas las tendencias futuras con varios años de anticipación, evaluando el mayor número de condiciones al presente. Permite diseñar estrategias para atender los problemas y necesidades que se esperan entre los próximos 20 y 50 años.

La planeación a mediano plazo normalmente cubre un periodo de 5 a 20 años y es más práctica pues cuenta con estimaciones más precisas de las tendencias a presentarse en los próximos años, dadas las condiciones tecnológicas y demográficas esperadas. Estos planes reflejan de manera más fiel, lo que esta sucediendo y lo que se pretende cambiar o conservar con políticas específicas.

La planeación a corto plazo en cambio, normalmente cubre un periodo de entre 1 y 5 años y tiene sus posibilidades restringidas a programar actividades muy específicas y de rápida operación, con el objetivo primordial de promocionar y publicitar estos trabajos. Cubre solamente el futuro inmediato y los detalles ligados a un año fiscal sin poner demasiada atención a todo el conjunto de necesidades, ya que debe ajustarse a los recursos disponibles o el asignado anualmente.

Así pues, la planeación estratégica es generalmente una herramienta que nos permite proyectar una visión de futuro, ordenando y orientando nuestras acciones al cumplimiento de una serie de metas y objetivos para alcanzar finalmente nuestra visión. Es importante destacar entonces que la característica central de una visión de futuro es que esta proyectada a varios años y requiere esfuerzos y reorientaciones a lo largo del camino para que pueda realizarse. Su principal ventaja entonces es que es flexible en cuanto los medios pertinentes a emplearse para ser alcanzada, pero su principal restricción es el acuerdo en el objetivo mismo.

Por mandato constitucional, es requisito para la integración de un plan de desarrollo la consulta a todos los sectores sociales mediante foros convocados por las autoridades para conocer la opinión de los gobernados, lo que a su vez puede ser reforzado con otros instrumentos como encuestas y sondeos de opinión. Por lo que en definitiva la construcción de una visión a futuro amerita un cuidadoso estudio, la fijación de un plazo para cumplir la meta no menor a 20 años y no mayor a 50, para poder proyectar consistentemente y la inclusión de todas la corrientes políticas para fortalecer la base de este acuerdo de cooperación.

Para construir planes con visión estratégica necesitamos primero proyectar una visión de futuro que oriente las acciones que pretendemos realizar para materializarlos. Una visión de futuro, definido en términos muy simples es una imagen de la realidad deseada, construida desde una perspectiva lo más objetiva posible, es ideal que queremos construir mediante las acciones que estamos dispuestos a realizar.

Así pues una visión de futuro debe responder a las siguientes 5 preguntas:

1. ¿Qué tipo de sociedad queremos alcanzar con las acciones de gobierno que vamos a emprender?

2. ¿De qué recursos disponemos y con quienes contamos o esperamos contar para construir esta sociedad?

3. ¿Cómo pretendemos materializar nuestra misión y que plazo estamos fijando para ello?

4. ¿Porqué queremos alcanzar la visión y los objetivos señalados y no otros?

5. ¿Para qué programamos la agenda de gobierno más allá del periodo trienal?

Para la integración de un diagnóstico municipal el ayuntamiento debe cerciorarse primeramente de recabar la mayor cantidad de datos estadísticos que le sean característicos a su demarcación; por lo que recomendamos 3 áreas en las que deben de centrar su análisis para conocer de la forma mas completa las condiciones actuales con las que se enfrenta su municipio.

Sobre las características particulares del territorio, es conveniente conocer acerca del clima, la topografía y orografía del municipio.

1) Aspectos geográficos y sociales

Sobre las singularidades al respecto de su población, es importante tener contabilizado su número de habitantes, estimar la tasa de crecimiento poblacional, su promedio de edad, su tasa de mortalidad y su esperanza de vida, los grupos étnicos que tienen presencia en el municipio, las lenguas que se hablan entre estas comunidades, su índice de analfabetismo y su índice de escolaridad promedio que permitirá hacer proyecciones acerca del tipo de población se estará atendiendo en los años por venir.

2) Actividad económica y calidad de vida

Al respecto de la actividad económica es pertinente conocer su aportación en términos absolutos al PIB estatal y nacional, una división sectorial de las aportaciones al PIB municipal, el PIB per cápita municipal, la productividad por trabajador, su base industrial y comercial y sus exportaciones manufactureras, para conocer de sus fortalezas productivas. Asimismo los niveles de ingreso y gasto de su población, los índices de desempleo y las participaciones federales que recibe por ramos para conocer como están etiquetados sus recursos y como se puede hacer que rindan más, capacitando y promoviendo a los sectores productivos.

Asimismo es conveniente hacer estimaciones sobre condiciones generales de la calidad de vida de la población, tales como la cobertura sobre los servicios de agua, alumbrado público, drenaje, salud, vivienda y educación como parte de la seguridad social de los gobernados.

3) Procuración de justicia

Para evaluar la seguridad pública y la procuración de justicia, los ayuntamientos deben igualmente diseñar algún sistema de indicadores que los posibilite a realizar un diagnóstico en este sensible y urgente tema de la agenda nacional, tomando en cuenta los delitos de mayor incidencia, los delitos que más se denuncian, el número de denuncias, el número de consignaciones y las reincidencias, para hacer un estimado de la población relacionada con actividades ilícitas para focalizar los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. Con el fin de que este trabajo sirva al reforzamiento del Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, estimamos pertinente realizar también sondeos (con grupos independientes al gobierno) donde se recoja la impresión de la ciudadanía al respecto de su confianza en las autoridades y para ubicar las áreas de corrupción que aún perciben.

Gran parte de esta información puede ser encontrada en bases de datos digitales de dependencias federales, estatales o en organismos independientes tales como: INEGI, Inafed, AMMAC, Indetec, CESEM.

Una vez obtenidos los datos estadísticos, el ayuntamiento debe procesarlos y darles sentido utilizando alguna herramienta de análisis estratégico. Un análisis FODA, por ejemplo, permite a un ayuntamiento conocer y mapear su situación estratégica tomando como referencia (asignando valores numéricos) a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Para llevar a cabo una labor como esta, el ayuntamiento puede valerse de su personal calificado en esta materia o puede consultar a cualquier institución u organización capacitada; para cumplir con este mismo objetivo es también recomendable que los gobiernos estatales cuenten con un equipo preparado para atender esta demanda en los casos de los municipios mayormente desfavorecidos en sus recursos técnicos y financieros.

Por último, el ayuntamiento debe tomar en cuenta la opinión a su población mediante foros de consulta; donde abra el espacio a propuestas ciudadanas para el perfeccionamiento de la prestación de los servicios públicos y los programas de gobierno, con lo que se procura estar en concordancia con las aspiraciones democráticas y participativas de la elaboración de un plan municipal de desarrollo.

Una vez establecida una visión de futuro, lo siguiente es determinar de manera clara la misión de la agencia que encabece el desarrollo de esta visión, que en este caso es el ayuntamiento; quien está encargado de sintetizar en esta parte sus facultades y responsabilidades, proyectando el desempeño que espera desenvolver para alcanzar los objetivos que han sido establecidos en la visión de futuro.

A continuación, la visión y la misión del plan estratégico se clarifican cuando se dan a conocer los valores que se han identificado en el centro de la sociedad como los rectores de los anhelos del tipo de sociedad y gobierno al que se quiere llegar en los años por venir.

Enlistarlos y definirlos operativa y brevemente proporcionará un mejor sentido de la razón que deben seguir las decisiones públicas para ajustarse a la voluntad de la población, posibilitando la construcción de líneas generales de acción para alcanzar objetivos mas específicos y flexibles de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno, pero que estén igualmente en concordancia con aquellas prioridades de desarrollo que fueron determinadas en los diagnósticos.

En este proceso el ayuntamiento deberá poner especial atención a que la definición de valores esté en concordancia a la Constitución, sus leyes secundarias y el Plan Nacional de Desarrollo, velando especialmente por inclusión de aquellos que le sean comunes a la sociedad cuidando que ninguno promueva la no exclusión, la discriminación o el detrimento cultural de ningún sector minoritario.

Una vez establecida la visión, la misión y los valores del plan; todas las recomendaciones ciudadanas, así como objetivos de gobierno deben sintetizarse en una serie de ejes de desarrollo, que engloben por temas los problemas y espacios públicos sobre los que se pretende incidir con las políticas de gobierno.

De alguna manera la idea en este punto es hacer paquetes de programas, donde se establezca un eje rector a desarrollar (es decir una meta general) para todos los esfuerzos que se hagan sobre esta materia, de acuerdo con las prioridades que distingan los ayuntamientos en concordancia con lo expresado de la población. Así pueden citarse como ejes de desarrollo muy generales; el social, económico y productivo, cultural y deportivo, de asentamientos humanos, ecológico, obra pública, así como modernización administrativa y atención a la población.

Después de englobar los grandes temas de desarrollo es pertinente que dado el diagnóstico en el plan, sean revisados cada uno de los servicios adscritos a cada eje de desarrollo y se determinen líneas de acción mucho más específicas, para cumplir con objetivos claros, medibles y posibles establecidos a corto, mediano y largo plazo.

Desde un punto de vista administrativo, sugerimos que existen estrategias y experiencias muy valiosas para abordar la acción pública, de esta manera la alternancia administrativa en los gobiernos municipales no debe implicar una reinvención y reingeniería de gobierno caprichosamente, sino solamente cuando mediante un diagnóstico se justifique ante la sociedad como necesario.

Así pues sugerimos también que las administraciones en turno estén en su inalienable derecho de establecer los objetivos específicos de su administración, sin quitar la mirada de un programa a largo plazo y una serie de metas a mediano plazo a atender de acuerdo a la voluntad de la población explicitada de manera mas general en el plan y específica en su mandato en las urnas, de tal forma que sean las tácticas y no todo el proyecto de sociedad el que se modifique con la alternancia en el gobierno cada tres años.

Finalmente para que un plan estratégico esté completo debe contar con un sistema de seguimiento y control, que le permita medir los alcances obtenidos de sus políticas y programas de forma objetiva mediante indicadores cuantificables y de conocimiento público.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a las legislaturas a que impulsen la planeación en los municipios integrantes de las entidades federativas correspondientes, para que cada región oriente su desarrollo con visión a largo plazo de acuerdo a sus necesidades, capacidades y potencialidades a fin de maximizar los recursos humanos, materiales, intelectuales y culturales de la localidad evitando la dispersión de sus esfuerzos y la duplicidad de funciones con otras agencias e instituciones públicas y privadas.

Está planeación tomará forma a través de programas de planeación municipal estratégica a largo plazo, (entendiéndose el largo plazo como un periodo mayor a 20 años) con el objeto de promover el desarrollo regional e integral de la nación, a partir del esfuerzo local, con un aprovechamiento racionalizado, consensuado y sustentable.

Segundo. Los planes de desarrollo municipal a largo plazo, deberán ser elaborados de forma integral, atendiendo a cuestiones de seguridad pública, educación, economía, impartición de justicia, participación ciudadana, medio ambiente, y todos aquellos aspectos del desarrollo que sean del interés de las localidades, sin que esto sea limitativo de manera alguna.

Tercero. La elaboración del plan de desarrollo municipal a largo plazo deberá ser democrática, en la que se garantizará la participación de los diversos sectores sociales al menos a través de consultas ciudadanas realizadas mediante foros y/o encuestas auspiciadas y fomentadas en parte por los gobiernos locales en colaboración con instituciones civiles y centros de educación, sin por ello limitar cualquier instrumento que el gobierno considere pertinente para tomar en cuenta todas las consideraciones de su ciudadanía.

Cuando se trate de municipios que cuenten con población indígena, se deberá atender a los términos establecidos por el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se promuevan las manifestaciones culturales de estos pueblos, y se enriquezcan los planes de desarrollo con los valores y hábitos inherentes a sus tradiciones.

Cuarto. Siguiendo las recomendaciones enunciadas en la exposición de motivos un plan municipal de desarrollo con visión estratégica a largo plazo deberá integrarse mismamente con los siguientes elementos:

Diagnóstico

Visión

Misión

Valores

Ejes del desarrollo

Líneas de acción

Objetivos específicos

Sistema de seguimiento y control con acceso al público

Quinto. Para auxiliarse en el proceso de elaboración del plan municipal de desarrollo a largo plazo, esta Honorable Asamblea hace una recomendación especial para que los ayuntamientos desarrollen relaciones de colaboración y tomen consejo de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, AC.

El objeto de dicha vinculación cumpliría con tres disposiciones de crucial importancia para esta soberanía:

1. Garantizar que los diagnósticos sobre las condiciones de los municipios estén técnicamente bien integrados y que correspondan con la realidad que día a día enfrentan los ciudadanos.

2. Fomentar que las metas y objetivos enunciados en el plan estén orientados técnicamente a concretar las aspiraciones de la población, minimizando cualquier sesgo partidista o sectario que pretenda excluir de la visión del desarrollo a cualquier punto de vista.

3. Vigilar que el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de largo alcance no sean descuidados con la renovación de autoridades y servidores públicos en el ayuntamiento.

Sexto. Asimismo, para promover la transparencia e independencia en la gestoría de estos planes municipales de desarrollo a largo plazo, se sugiere también que sean estos propios institutos municipales de planeación, quienes operen de manera pública un sistema de seguimiento y control de acuerdo a sus parámetros técnicos, rindiendo informes de los resultados de sus evaluaciones a la sociedad en su conjunto de manera anual, utilizando como vías publicitarais a todas las instituciones u organizaciones representativas que en la demarcación se encuentren (al cabildo, los partidos políticos, las asociaciones civiles y los medios de comunicación).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de septiembre del año 2004.--- Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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RECURSOS PLUVIALES

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar en su nombre y en el de Alberto Jiménez Merino una proposición con punto de acuerdo para exhortar a autoridades y organizaciones, a efecto de que promuevan programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso señor presidente:

No sé si las cosas no se han intentado porque sean difíciles o son difíciles porque no se han intentado, Séneca. La suscrita legisladora presenta la siguiente proposición como punto de acuerdo según las siguientes

Consideraciones

El agua, por ser un elemento indispensable para la vida, tiene funciones muy relevantes en la generación de riqueza para la sociedad, su disponibilidad reducida genera la pobreza que está rebasando ya las frágiles líneas que dividen la estabilidad y la gobernabilidad.

Sólo 2.5 por ciento del agua en el planeta es dulce y más de dos terceras partes se encuentran en los polos o en el subsuelo. El agua es el problema más sentido en nuestros tiempos, porque la disponible va disminuyendo y no hay por su alto costo suficientes proyectos de recarga de acuíferos, de salinización del mar o tratamiento o neutralización de aguas residuales.

Sin agua, es imposible desarrollar actividades productivas, crear empleos o generar ingresos para la población en el medio rural y urbano, a pesar del insustituible papel que desempeña el agua, pocos economistas son conscientes de la relación entre agua y la riqueza.

Es tiempo, queridos compañeros, de considerar el aprovechamiento de la lluvia, como la tercera vía de abastecimiento inmediato y de bajo costo para muy diversos usos.

La modernidad nos ha encaminado hacia edificaciones que impiden el aprovechamiento de agua que con mínimo tratamiento sería posible utilizar como potable y para otros usos, como el aseo de la casa, los sanitarios, lavar la ropa, el riego de árboles, la producción de hortalizas, abastecimiento al ganado e infiltraciones también al subsuelo.

Por lo anterior expuesto me permito presentar y proponer a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Gobierno Federal, a sus distintas dependencias, a la autoridad del sector del agua, a los gobiernos estatales y municipales, congresos locales, líderes políticos, organizaciones sociales, empresariales y no gubernamentales, a promover y desarrollar programas, proyectos y acciones para captar, tratar y almacenar y utilizar el agua de lluvia que cae en los edificios presentes y en los futuros edificios que se construyan.

Por el tiempo no sigo leyendo, quedarían otros dos puntos. Gracias por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno, Congresos locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y acciones a fin de captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable y en actividades secundarias en las regiones y comunidades del territorio nacional, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI

No sé si las cosas no se han intentado porque sean difíciles o son difíciles porque no se han intentado. Séneca

El suscrito, legislador federal de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, así como 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, presenta la siguiente propuesta, para exhortar a los tres niveles de gobierno, congresos locales, autoridades del sector agua, organismos operadores, organizaciones no gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones educativas y sociedad en general a promover programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y aprovechar el agua de lluvia para uso potable y en actividades secundarias en las regiones y comunidades del territorio nacional donde sea necesario y posible, con las siguientes

Consideraciones

El agua por ser un elemento indispensable para la vida, tiene funciones muy relevantes en la generación de riqueza para la sociedad. Su disponibilidad reducida, genera la pobreza que está rebasando ya las frágiles líneas que dividen la estabilidad y la gobernabilidad con las situaciones de tensión y conflictos sociales.

El agua dulce, es sólo una mínima parte del agua disponible en el mundo. Sólo 2.5% del total existente en el planeta es de tipo dulce, pero más de dos terceras partes de ésta, se encuentran en los polos en forma de hielo o en el subsuelo de donde es muy difícil sacarla.

Aunque la seguridad pública, el empleo, la electricidad, la pavimentación de calles y carreteras, la construcción de guarniciones y banquetas son preocupación de nuestra gente por ser necesidades inmediatas, el agua es el problema más sentido en nuestro tiempo, porque la disponible se va disminuyendo y no hay, por su alto costo, suficientes proyectos de recarga de acuíferos, desalinización del mar, tratamiento y reutilización de aguas residuales.

Sin agua es imposible desarrollar actividades productivas, crear empleos y generar ingresos para la población en el medio rural y urbano. No se puede planear ninguna acción si no se garantiza la disponibilidad de agua.

A nivel nacional sólo el 88% de la población cuenta con agua entubada; 12 millones de mexicanos aún carecen de este servicio de agua potable, pero tampoco la tienen en sus manantiales, bosques ni terrenos, porque éstos se han ido deteriorando. A pesar del insustituible papel que desempeña el agua, pocos economistas son concientes de la relación entre el agua, la riqueza y la economía.

De acuerdo con la Semarnat, México recibe anualmente 1,528 km3 de agua, pero 1,106 km3, el 73%, se pierde por evaporación. Del total disponible, 422 km3, aproximadamente 397 km3 escurren y 75 km3 se acumulan en acuíferos. La capacidad de almacenamiento nacional es de 150 km3 por lo que 247 km3 del agua disponible anualmente se van al mar sin beneficio para las comunidades.

La disponibilidad de agua por habitante/año ha variado de 31,000 m3 en el año 1910 a 4,841 m3 en el 2000 y se reducirá a 3,750 m3 en el año 2020.

La población mundial es actualmente de 6,300 millones de personas; para el año 2025 esta población será de 9,000 millones de personas; 1,200 millones beben actualmente agua no potable.

Al menos 50 millones de mexicanos asentados en 297 ciudades disponen de poca o muy poca agua; en 63 de las 113 localidades. La escasez de agua ocurre en 80 países; 1,100 millones de personas no tienen acceso al agua en el mundo y 50% viven en 31 países sometidos a escasez. Se estima que la escasez de agua afecta ya a 3,000 millones de seres humanos.

Las mujeres y los niños son los que más sufren por la falta de agua, ya que son los encargados de buscarla y acarrearla, a veces desde varios kilómetros, invirtiendo hasta 5 horas diarias. En 8 años los latinoamericanos con problemas de agua aumentarán de 78 millones a 155 millones, y el género femenino concentrará al 80% de los perjudicados.

El 80% de las enfermedades y más del 33% de las muertes en los países en desarrollo están relacionadas con la falta de agua. Cada 8 segundos muere un niño y cada año más de 5 millones de personas fallecen por dolencias relacionadas al consumo y falta de higiene.

Como un ejemplo de la drástica disminución de la cantidad de agua en el Valle de Toluca, en 1953 la profundidad de los pozos en la Ciénega de Lerma era de 4 m y en el 2003 era de 70 m. En la Ciudad de Toluca ésta era de 7.5 m y 100 m para los mismos años.

El abasto de agua para la población proviene actualmente de aguas superficiales y subterráneas, como las únicas aguas nacionales reconocidas por el artículo 27 Constitucional. Sin embargo, la fuente más directa e inmediata de agua es la lluvia.

Desafortunadamente, ni el sistema educativo, ni la Ley de Aguas Nacionales, ni los programas hidráulicos nacionales han considerado el aprovechamiento de esta fuente de agua, que es una solución viable para abastecer a amplios sectores que aún contando con agua entubada, no pueden satisfacer sus necesidades, ni en cantidad, ni en calidad.

Adicionalmente, el Sistema Nacional Hidráulico se caracteriza porque los niveles de pérdida de agua en las áreas urbanas es del 50% por obsolescencia de las redes de distribución; en el campo este porcentaje alcanza el 40% debido a la escasa tecnificación y el tratamiento de aguas residuales no rebasa a nivel nacional el 29% equivalente a 45,000 litros por segundo, no obstante que hay infraestructura para tratar 85,000 litros/seg. de los 250,000 litros que captan los sistemas de drenaje del país.

Satisfacer de agua a los mexicanos cada vez enfrenta mayores problemas traducidos en tensiones sociales y manifestaciones públicas en aumento contra los gobiernos en sus distintos niveles. Más grave se hace el problema porque la inversión nacional requerida por el sector hidráulico es de 30,000 millones anuales, no pudiéndose satisfacer más que 12,000 millones ante la escasez de recursos económicos. Adicionalmente, la recaudación nacional por el pago del servicio de agua potable es solamente de 17,000 millones, dejándose de cobrar 33,000 millones, incrementándose rápidamente un mercado de agua embotellada que la población consume anualmente por 35,000 millones de pesos.

La falta de agua disminuye los niveles de salud, reduce las posibilidades productivas y la productividad, impide el desarrollo de la vegetación y la fauna silvestre, eleva costos de abastecimiento e incrementa su precio en el mercado, reduce los ingresos para las familias y genera confrontaciones entre individuos y comunidades y, elimina las posibilidades de desarrollo y la viabilidad de las ciudades.

Un factor adicional para poder abastecer de agua a la población, lo representa la dispersión poblacional que limita la atención de los pueblos en obras y servicios.

Siempre que requerimos dotar de agua a las comunidades, inmediatamente pensamos en las fuentes de agua superficiales o subterráneas, mismas que se están agotando.

Por eso, es tiempo de considerar el aprovechamiento de la lluvia como la tercera vía de abastecimiento inmediato y de bajo costo para muy diversos usos.

El promedio nacional de precipitación anual es de 772 mm, equivalentes a 772 litros por cada metro cuadrado del territorio, aunque varía de acuerdo a la región geográfica desde 200 mm en la zonas áridas hasta más de 4,000 en las zonas tropicales. En áreas como el Distrito Federal, ciudad de Puebla y partes de la mixteca oaxaqueña, poblana y guerrerense, caen cada año 750 litros de agua por metro cuadrado y sin embargo, es común después de una lluvia ver ríos en las calles o grandes escurrimientos en barrancas, cuando amplios sectores de la población carecen de agua para necesidades elementales.

Las construcciones antiguas tenían sistemas de captación de agua, pero la modernidad nos ha encaminado hacia edificaciones que envían el agua de lluvia hacía la calle o hacía los sistemas de drenaje, impidiendo el aprovechamiento de una agua que con mínimo tratamiento es posible utilizar como potable y para muy diversos usos, como el aseo de la casa, los sanitarios, lavar la ropa, riego de árboles, producción de hortalizas, abastecimiento al ganado e infiltración al subsuelo.

Hay varias experiencias aisladas en México sobre captación y aprovechamiento de la lluvia. Ésta era una práctica que hacían los mayas, y las más recientes evidencias las dejaron los franciscanos en los conventos construidos después de la conquista de México.

Investigadores del Colegio de Postgraduados, Manuel Anaya Garduño y Benjamín Figueroa Sandoval, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Chapingo, Diodoro granados Sánchez, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Tecnológica de Puebla, Alternativas y Procesos de Desarrollo Social, y particulares, como Carlos Peralta, Margarita Pacheco Montes, Kamel Nacyf, Águeda Merino Córdova, Manuel Villa Issa, Carlos Alfredo Galindo Medrano, Urbano Muñoz González, Jaime Lucero Cáceres, Alberto Kalach, Juan Palomar, Tonatiuh Martínez, Gustavo Lipkau, Luis Mora, Deus Páramo Hernández, han sido junto a muchos mexicanos los pioneros en empezar la captación de agua de lluvia que resuelve necesidades muy sentidas del vital líquido.

A nivel internacional, Israel, España, China, India, Colombia, Bangladesh, Singapur, apoyan su economía en la recolección y utilización directa de la lluvia y la tienen incorporada a su legislación.

En Alemania, Japón y Singapur la recolección de lluvia comprende importantes edificaciones como aeropuertos, espacios deportivos y unidades habitacionales.

En Tailandia se han construido 10 millones de cisternas y Brasil ha programado la construcción de un millón de éstas para resolver problemas de abasto de agua a partir de la lluvia.

Estimaciones de Manuel Anaya Garduño, creador del Centro Internacional de Tecnología en Agua de Lluvia, señalan que para dotar de 50 litros por persona por día, se requiere de 237 millones de metros cúbicos que pueden ser captados y almacenados en 3 millones de cisternas de 73 m3 suficiente para atender a los 12 millones de mexicanos que carecen de agua actualmente.

Se ha constituido la Asociación Internacional del Programa Captación de Agua de Lluvia, con el propósito de identificar a los especialistas en el tema con representación en los 5 continentes. Así también la organización internacional Alianza del Género y del Agua (Gender and Water Alliance) que es una red de 115 organizaciones e individuos mundial, cuyo proyecto está asociado a la Alianza Mundial del Agua (Global Water Partnership) financiada por los gobiernos holandés y del Reino Unido.

El agua de lluvia es la gran posibilidad de apoyar programas de producción de alimentos en huertos familiares tecnificados, que les permitan a la mayor parte de los 5 millones de familias del programa Oportunidades, producir sus propios alimentos, revertir la pobreza y la desnutrición, y abrir un camino al desarrollo duradero que fortalezca la seguridad alimentaria del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía el siguiente,

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhortar al Gobierno federal, a sus distintas dependencias, a la autoridad del sector agua, a los gobiernos estatales y municipales, Congresos locales, líderes políticos, organismos operadores, organizaciones sociales, empresariales y no gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, y ciudadanos en general, a promover y desarrollar programas, proyectos y acciones para captar, tratar, almacenar y utilizar el agua de lluvia que cae en las edificaciones presentes y futuras en todo el territorio nacional donde sea necesario y posible.

Segundo.- Exhortar a la Comisión Nacional del Agua y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para identificar, conjuntar, validar y transferir las tecnologías generadas por los centros de investigación y particularmente para conformar paquetes tecnológicos que apoyen la capacitación y la asesoría técnica sobre captación, tratamiento, almacenamiento y utilización de agua de lluvia.

Tercero.- Exhortar a la Sagarpa, la Sedesol y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, a considerar programas y proyectos piloto de producción alimentaria familiar con base en el aprovechamiento directo de la lluvia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada, sin embargo insértese su texto íntegro en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada María Antonia García Sanjines, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que respeten los derechos humanos tanto de sus agremiados como de los derechohabientes de la institución.La diputada María Antonia García Sanjinés: Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeras diputados:

Es un derecho humano y una garantía individual que reconoce nuestra Constitución, la libertad de asociación. El hombre tiene derecho a crear asociaciones permanentes o transitorias y a afiliarse o no a ellas. Los sindicatos son las asociaciones que constituyen los trabajadores en defensa de sus legítimos intereses y para contribuir al bien común; sin embargo, los sindicatos deben respetar los derechos de sus agremiados.

La pertenencia a un sindicato no debe implicar que los trabajadores renuncien a su libertad de conciencia o a su libertad de expresión. El Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado diversos actos para manifestar su postura en relación a las reformas que se votaron en el Poder Legislativo, sin embargo, muchos de estos trabajadores sindicalizados decidieron ir a sus puestos de trabajo y realizar sus labores cotidianas. Ante esta situación, los diputados de Acción Nacional, sumados a la tregua propuesta por el Presidente de la República, exhortamos a la dirigencia de dicho sindicato a que respete los derechos humanos de todos sus agremiados, a su libertad de conciencia y de expresión, especialmente a su derecho a disentir.

El ejercicio de esa libertad debe de ser tal que no lesione los derechos de terceros, en específico el derecho a la salud e incluso a la vida de los derechohabientes de esta institución, por ello exhortamos de manera respetuosa a dicho sindicato, a que si convoca a un paro de labores tenga presente el bien superior de la comunidad, especialmente el de los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social, a efecto de que no se lesione su derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, me permito presentar a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que se abstenga de tomar represalias contra sus agremiados que decidieron trabajar el pasado 1º de septiembre, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que cuando ejerza su derecho de expresión y manifestación no afecte el derecho de los derechohabientes de Instituto a recibir los servicios de salud de manera responsable, completa y segura.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS a respetar los derechos humanos de sus agremiados y de los derechohabientes de la institución, a cargo de la diputada María Antonia García Sanjinés, del grupo parlamentario del PAN

En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social a respetar los derechos humanos de sus integrantes y de los derechohabientes de la institución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El hombre, como ser racional, busca el bien. Del mismo modo, la finalidad de la sociedad y de todos los grupos humanos, como la familia, o el Estado mismo consisten en facilitarle al hombre alcanzar su propio fin, su propia perfección.

Sólo se realiza la perfección del hombre si cumple sus obligaciones y se respetan sus derechos.

Es un derecho humano y una garantía individual que reconoce nuestra Constitución la libertad de asociación. El hombre tiene derecho a crear asociaciones permanentes, transitorias, a no hacerlo y afiliarse o no a ellas.

Los sindicatos son las asociaciones que constituyen los trabajadores en defensa de sus legítimos intereses y para contribuir al bien común.

Sin embargo, los sindicatos deben respetar los derechos humanos de sus agremiados.

La pertenencia o no a un sindicato no debe implicar que los trabajadores renuncien a su libertad de conciencia o a su libertad de expresión.

El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado diversos actos para manifestar su postura con relación a las reformas que se votaron en el Poder Legislativo.

Al respecto, debemos decir que no todos sus agremiados están de acuerdo con esta postura.

Y que no todos los integrantes de este sindicato han participado en los actos convocados por su dirigencia.

En específico, muchos sindicalizados del organismo descentralizado más importante de seguridad social en México, decidieron no participar en el paro nacional convocado el pasado 1 de septiembre.

Muchos de estos trabajadores sindicalizados decidieron ir a sus puestos de trabajo y realizar sus labores cotidianas.

Ante esta situación los diputados de Acción Nacional, sumado a la tregua propuesta por el Presidente de la República, exhortamos a la dirigencia de dicho sindicato a que respete los derechos humanos de todos sus agremiados, a su libertad de conciencia y de expresión, especialmente el derecho a disentir.

Además, es necesario decir que si bien las personas y los grupos intermedios de los que formen parte, en este caso los sindicatos, tiene libertad de expresión, el ejercicio de esta libertad debe ser tal que no lesione los derechos de terceros, en específico el derecho a la salud e incluso a la vida de los derechohabientes de esta institución.

No negamos el derecho que tiene el sindicato a manifestar su disenso, sin embargo, si lo exhortamos a que, en el marco de la tregua propuesta por el Presidente de todos los mexicanos, resuelva mediante el diálogo, la negociación y el consenso sus diferencias con las distintas instituciones públicas.

Con relación a los paros de labores, si bien la Ley General de Salud establece como delito el no atender a una persona en caso de notoria urgencia, el contrato colectivo del sindicato del IMSS, nos dice que es posible que los trabajadores incurran hasta en tres faltas injustificadas dentro de un periodo de treinta días sin que ello cause rescisión.

Por ello exhortamos de manera respetuosa a dicho sindicato a que si convoca a un paro de labores tenga presente el bien superior de la comunidad, especialmente el de los derechohabientes del IMSS, a efecto de que no se lesione su derecho a la salud.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se abstenga de tomar represalias contra sus agremiados que decidieron trabajar el pasado primero de septiembre, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que cuando ejerza su derecho de expresión y manifestación no afecte el derecho de los derechohabientes del Instituto a recibir los servicios de salud de manera responsable, completa y segura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. María Antonia García Sanjinés (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

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GASTO PUBLICO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a efecto de solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público, que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión y control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos.La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea:

Es de todos conocido el escándalo que suscitaron los fideicomisos y el manejo de los mismos por la parte de información y de transparencia con la que el Gobierno Federal se ha manejado en torno a ellos.

Para escándalos tenemos por ejemplo el de Isosa, de la industria azucarera, el de aduanas, o por decir otra cosa, también el de Transforma México. Pero más allá de estos tres fideicomisos, a la lista de 2001 había mil 165 fideicomisos registrados de los cuales, hoy por hoy no tenemos noticia.

Es importante, compañeras y compañeros, que esta soberanía conozca del estatus que guardan los fideicomisos, porque de ellos, más de 600 mil millones de pesos que se ejercen cada año, la Auditoría Superior de la Federación, quien es el órgano fiscal de esta soberanía, de esta Cámara de Diputados no tiene acceso a ningún tipo de información.

Por ello, hace algunos meses nos dimos a la tarea de presentar una iniciativa que reformara el artículo 2º, fracción VI, de la Ley de la Auditoría Superior de la Federación para que no prevaleciera y no prevalezca el secreto fiduciario y bancario.

Por ello, mientras esta iniciativa descansa en una de las comisiones que es la Comisión de Gobernación y espero ya se dictamine en pro, es decir, a favor y que ustedes la conozcan en breve en el pleno y se vote a favor para que la Auditoría pueda hacer su tarea, me propongo presentar este punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dé a conocer cuántos fideicomisos, mandatos, contratos y figuras análogas mantiene vigentes en operación y de los cuales actualmente el Gobierno Federal no ha proporcionado un listado de los mismos.

Indicar cuáles han sido constituidos de una forma, vamos a decir actual, en esta administración y cuáles han sido extinguidos por ella.

En la actualidad a cuánto asciende el monto de los recursos públicos, sabemos que cuando eran mil 165 eran 600 mil millones de pesos de los cuales, repito, es una manera muy fácil de eludir la responsabilidad de la ley.

Cuáles son las medidas de supervisión, control y fiscalización de los fideicomisos. También el señor Eduardo Romero deberá de rendir cuentas sobre esto, para ellos hemos solicitado también la información inherente.

¿A qué se debe el incumplimiento en el periodo máximo de vigencia del mandato administrativo e indefinición respecto a si son fideicomisos con estructura o sin estructura, con personalidad jurídica o patrimonio propio o sin ellos? Es decir, no tenemos ningún tipo de información.

También que nos informe cuáles fideicomisos rinden cuentas y cuáles no. Ahora hoy por hoy las autoridades fideicomitentes solamente rinden cuentas cuando se les pega la gana, perdonen la expresión, y no porque no existe una norma explícita que los haga rendir cuentas.

En materia de transparencia también nos informe cuáles han sido las acciones instrumentadas. Para ello le recuerdo que el artículo 74 constitucional, en los párrafos cuatro, cinco y seis de esta Constitución Política de los Estados Unidos nos faculta a nosotros, a esta Cámara para todo esto de la Cuenta Pública y para la rendición de cuentas del Gobierno Federal. Es cuanto, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal, así como las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejerce sobre ellos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Hacienda y Crédito Público que rinda cuentas sobre la información de todos los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. El 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que establece que toda información gubernamental a que se refiere dicha Ley es pública y que incluye entre sus principales objetivos los de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados.

2. En la exposición de motivos de la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la Unión el Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se destaca que ``un Estado eficiente, transparente, que genera un flujo confiable de información, le dará una mayor certidumbre a todas las personas interesadas'' y que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información puede ser un poderoso mecanismo de combate a la corrupción. Expresó el Titular del Poder Ejecutivo, en su exposición de motivos que se cita: ``nuestro país precisa que se establezcan las instituciones idóneas que nos permitan reducir los índices de corrupción pública. El principio de publicidad en la información favorece y posibilita el funcionamiento del sistema de responsabilidades públicas, ya que contrarresta el anonimato en el Ejercicio de las funciones estatales y permite identificar los actos con sus actores''.

3. Cómo se ha comentado por parte de la opinión pública nacional y se ha denunciado en varias ocasiones en esta Asamblea, por parte de diversos compañeros diputados, Con la utilización de fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas se han cometido irregularidades en la asignación y ejercicio del gasto público. Precisamente, se han utilizado estas figuras jurídico-administrativas para triangular asignaciones presupuestales y esconder, o al menos tender una cortina de humo con el propósito de ocultar los destinatarios reales de dichos productos y los objetivos al menos irregulares que con ellos se persiguen, evitando con ello la rendición de cuentas a la que están obligados.

4. Por lo anterior, reviste la mayor importancia que esta Asamblea, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, cuenten con la información completa, pormenorizada, debidamente clasificada y diferenciada sobre el tema de las asignaciones presupuestales a los fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas constituidos o creados por el Gobierno Federal; de sus montos totales y particulares; de sus propósitos y destinos reales, y en general, de toda la información pertinente que sirva para evaluar y diagnosticar la corrección, legalidad y aplicación adecuada de los recursos públicos.

Sólo así podrá esta Cámara de Diputados cumplir debidamente la facultad constitucional que tiene en exclusiva de aprobar el Presupuesto, la Cuenta Pública y su fiscalización, en los términos que dispone el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que se solicite al Secretario de Hacienda y Crédito Público toda la información sobre los fideicomisos y figuras análogas que mantiene vigentes y en operación el Gobierno Federal y las medidas de supervisión, control y fiscalización del gasto público que se ejercen sobre los mismos, de acuerdo con el siguiente cuestionario:

1. Cuántos fideicomisos, mandatos, contratos y figuras análogas mantiene vigentes y en operación, actualmente el Gobierno Federal, proporcionando un listado de los mismos. Indicar cuáles han sido constituidos en la actual administración e informar cuáles han sido extinguidos por ella. De los fideicomisos constituidos en esta administración, indicar cuál ha sido su objeto y el propósito principal de su constitución, señalando de entre ellos cuáles tienen por objeto apoyar labores de protección social, de apoyo a la producción o fomento de la inversión y el empleo.

2. En la actualidad, a cuánto asciende el monto de los recursos públicos asignados para el funcionamiento de los fideicomisos del Gobierno Federal.

3. Cuáles son las medidas de supervisión, control y fiscalización de los fideicomisos y cómo y dónde se publican sus estados financieros ¿Por qué en la cuenta pública únicamente se detalla la salida de los recursos al fideicomiso o mandato y no se reporta cómo fueron ejercidos por éstos?

4. A qué se debe el incumplimiento en el periodo máximo de vigencia del mandato administrativo e indefinición respecto a si son fideicomisos con estructura o sin estructura, con personalidad jurídica o patrimonio propio o sin ellos.

5. Informe cuáles fideicomisos rinden cuentas y cuáles no, proporcionando un listado de cada clase, incluyendo en cada caso los fideicomisos, contratos, mandatos y figuras análogas que no son sujetos o materia de fiscalización, informando sobre el monto de los presupuestos asignados y no fiscalizados, del destino final de los mismos y de las medidas que se hayan adoptado o que se puedan adoptar para evitar que se cometan irregularidades.

6. En materia de transparencia, informe cuales han sido las acciones instrumentadas por el Gobierno Federal para facilitar la rendición de cuentas de todos los fideicomisos, fondos, convenios, mandatos y figuras análogas que reciben recursos públicos y que por lo mismo, están obligados a informar sobre su aplicación, de conformidad con lo que establece el artículo 79, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su fiscalización es una facultad exclusiva e irrenunciable de la Cámara de Diputados, tal como lo señala el artículo 74, fracción IV, párrafos 4º, 5º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario... éste se retira del orden del día, me están informando.

Luego entonces tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada, para que a la brevedad cumpla íntegra y suficientemente con las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese mismo estado.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor Presidente.

Para producir hortalizas de exportación los dueños de los campos agrícolas de los valles de San Quintín y Maneadero, estado de Baja California, requieren de mano de obra en forma temporal. Dicha mano de obra la importan principalmente de la región mixteca del estado de Oaxaca, la cuál se estima en más de 30 mil jornaleros indígenas, quienes con sus dependientes económicos hacen una población total de 65 mil personas, de las cuales muchas se quedan a vivir permanentemente en esos lugares.

Los agroindustriales, aprovechándose de la extrema necesidad y de la ignorancia de sus trabajadores les otorgan prestaciones laborales por debajo de los mínimos previstos en la ley y utilizan para albergarlos galeras bajo condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad.

Además, estos trabajadores se ven obligados a llevar a sus niñas y niños a los campos de cultivo, exponiéndolos al contacto directo de pesticidas, fertilizantes y otros químicos en detrimento de su salud y en perjuicio de su educación obligatoria, de la cual desertan.

De ahí, que el panorama socioeconómico de los valles de San Quintín y Maneadero sea contrastante, de marginalidad, explotación, atraso y miseria para los trabajadores, de comodidad, bienestar y enriquecimiento para sus patrones. Los reiterados llamados al respeto de los derechos humanos de los migrantes domésticos no son atendidos y el gobierno bajacaliforniano pone oídos sordos a ellos.

Así, el lenocinio se comete día tras día, con la complacencia de las autoridades ante la pasividad e indiferencia de quienes están legal y moralmente obligados a poner un freno a estos agravios. De nada han servido las recomendaciones que las procuradurías de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California ha emitido ni los recursos de impugnación interpuestos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que las autoridades estatales y del municipio de Ensenada, actúen y pongan freno a este indigno y perverso estado de cosas.

No obstante, incluso, existe un convenio de colaboración celebrado el 21 de octubre de 1999 entre los gobiernos de los estados de Oaxaca y Baja California, se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos de nuestros indígenas migrantes oaxaqueños.

En base en todo ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que a la brevedad cumplan integral y suficientemente con las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, de ese mismo estado, particularmente la número 6/2003 de fecha 9 de mayo de 2003 y de esa manera contribuyan a aliviar la situación en la que viven y trabajan los jornaleros agrícolas de los valles de San Quintín y Maneadero, Baja California y erradicar la explotación, marginación, discriminación y exclusión, a la que actualmente están sometidos los migrantes oaxaqueños.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada a cumplir integral y suficientemente con la mayor brevedad las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.

Consideraciones

Para producir hortalizas de exportación, los dueños de los campos agrícolas de los valles de San Quintín y el Maneadero, estado de Baja California, requieren de mano de obra en forma temporal.

Dicha mano de obra la importan, principalmente, de la región mixteca del estado de Oaxaca, la cual se estima es de más de 30 mil jornaleros indígenas, quienes con sus dependientes económicos hacen una población total de 65 mil personas, de las cuales muchas se quedan a vivir permanentemente en esos lugares.

Los agroindustriales, aprovechándose de la extrema necesidad y de la ignorancia de sus trabajadores, les otorgan prestaciones laborales por debajo de los mínimos previstos en la ley, y utilizan para albergarlos galeras, casas de cartón y vehículos inservibles, carentes de servicios --como drenaje, agua potable, electricidad, transporte público o teléfono-- y bajo condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad.

Los trabajadores migrantes, ante ello, sobreviven en situación infrahumana, violentados permanentemente en sus derechos constitucionales, legales y humanos.

Con raquíticos salarios; sin contar con el descanso obligatorio; sin derecho a vacaciones, aguinaldo y seguridad social; se ven obligados a llevar a sus niños y niñas a los campos de cultivo, exponiéndolos al contacto directo con pesticidas, fertilizantes y otros químicos en detrimento de su salud y en perjuicio de su educación obligatoria, de la cual desertan.

De allí, que el panorama socioeconómico de los valles de San Quintín y Maneadero sea contrastante: de marginalidad, explotación, atraso y miseria para los trabajadores; de comodidad, bienestar y enriquecimiento para sus patrones.

En tanto, el gobierno de Baja California ve en lo que allí ocurre un promisorio desarrollo económico, generación de empleos y divisas; la realidad indica que estos beneficios se fincan en la explotación, la cuasiesclavitud y la exclusión de los migrantes que generan esa riqueza.

Los reiterados llamados al respeto de los derechos humanos de los migrantes domésticos no son atendidos. El gobierno bajacaliforniano pone oídos sordos a ellos.

Así, el etnocidio se comete día tras día, con la complacencia de las autoridades. Ante la pasividad e indiferencia de quienes están legal y moralmente obligados a poner un freno a los agravios contra los migrantes oaxaqueños, que son sus vecinos y contribuyen, con su esfuerzo, al desarrollo de esa entidad.

De nada han servido las recomendaciones que la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California ha emitido (como la recomendación 6/2003, del 9 de mayo de 2003), ni los recursos de impugnación interpuestos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que las autoridades estatales y del municipio de ensenada, actúen y pongan freno a este indigno y perverso estado de cosas.

La ausencia de programas efectivos en materia de vivienda, salubridad pública, educación, electrificación, seguridad e higiene laboral, seguridad pública, obras públicas y otras necesarias para paliar la grave situación; el olvido en la atención a las necesidades más elementales de desarrollo humano de los migrantes oaxaqueños; son omisiones vergonzosas e infamantes, que se traducen en una violación sistemática de los derechos humanos de nuestros indígenas.

Ello, a pesar de la existencia del convenio de colaboración celebrado el 21 de octubre de 1999, entre los gobiernos de los estados de Oaxaca y Baja California, respecto al cual las autoridades de este último estado, no han realizado ninguna acción concreta, ni orientado actos para lograr la atención adecuada de la población oaxaqueña establecida temporal o permanentemente en esa entidad federativa.

En razón a ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Baja California y al ayuntamiento de Ensenada Baja California, para que a la brevedad cumplan integral y suficientemente con las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese mismo estado, particularmente la número 6/2003, de fecha 9 de mayo de 2003, y de esta manera contribuyan a aliviar la situación en la que viven y trabajan los jornaleros agrícolas de los valles de San Quintín y Maneadero, Baja California, y a erradicar la explotación, marginación, discriminación y exclusión a las que actualmente están sometidos los migrantes oaxaqueños.

Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, ¿perdón?...

Me sugirieron aquí turnar a la Comisión de Gobernación; bueno pues cambiamos el turno: túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es mucho más correcto.

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GOBIERNO FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo Federal el diseño y operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del Gobierno Federal en los estados, que sirva para descentralizar funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios.

El diputado Gonzalo Rodríguez Anaya: Señores diputados:

Las leyes de México, sus planes institucionales y la retórica de los gobernantes, muestran las fortalezas de esquemas públicos ideales en materia de federalismo, pero en la práctica se asoman las debilidades de una administración pública preponderantemente centralizada.

Tanto para el 2003 como para el 2004, está soberanía aprobó más de 24 mil millones de pesos para la operación de la burocracia federal en los estados a través de sus delegaciones; dicha aprobación no obedece precisamente a los linea-mientos de política de gasto que debemos observar consistentes en una reducción de gasto corriente, destino principal de esos recursos, tal como se puede comprobar en los presupuestos de egresos correspondientes. Estamos atomizando el gasto público desde los tres órdenes del Gobierno con una inaceptable duplicidad de esfuerzos y una indebida suplantación de funciones a través de sus estructuras organizacionales.

Por ejemplo, el 90% del presupuesto federal para delegaciones es ejercido por solamente 6 de las 11 existentes: Comunicaciones y Transportes, Sagarpa, SEP, Sedesol, Semarnat y Economía, cuyas funciones indiscutiblemente son atendidas por las entidades federativas por medio de sus más importantes secretarías.

Si comparamos el gasto delegacional por estado de los dos últimos presupuestos, podemos observar con preocupación que hay delegaciones que redujeron su presupuesto estatal en mucho más de la mitad de un año para otro como la Sedesol, que redujo el 75% de su presupuesto para Oaxaca y otros 6 estados; o la de Comunicaciones y Transportes que disminuyó el 53% en Puebla o la Semarnat que redujo el 59% menos en el Estado de México.

Estos montos nos muestran sin lugar a dudas que los gastos de operación relacionados con la nómina federal en las entidades no es el principal problema, si así fuera, no se podrían hacer reducciones de esas proporciones; más bien es el manejo de las inversiones en obras y acciones que manipula el Gobierno Federal con fines poco transparentes y que bien podrían ser realizadas estas obras y acciones por la autoridad correspondiente, que es la del Estado y la del municipio.

Además el Gobierno Federal está sobrerepresentado, porque en las delegaciones federales existen representaciones sectorizadas a las mismas como Liconsa, Diconsa, Fonaes, Conasa a Sedesol, Firco y Aserca, entre otras a Sagarpa. Como podemos apreciar, el gasto burocrático del Gobierno Federal en las entidades es sencillamente enorme y de poco o nulo beneficio para la población.

Al recaer en el Congreso de la Unión las responsabilidades de fiscalizar los recursos que autoriza la Federación, debemos garantizar primero la eficacia y racionalidad del gasto decretado; en este caso, debemos evitar que los recursos que ejercen las delegaciones federales en los estados, sean orientados a fines políticos o electorales, desactivando así una de las funciones extraadministrativas que generalmente realizan las delegaciones al actuar como brazo político del partido en el poder del Ejecutivo Federal.

Por lo anterior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Solicitar al Gobierno de la República que en coordinación con los gobiernos de los estados, diseñen, instrumenten y operen un programa racional, eficiente y transparente de cambio estructural en las delegaciones federales de los estados, para dejar solamente las indispensables, operando con funciones de normatividad y evaluación en los programas ejecutados por los gobiernos estatales; un programa que muestre sus primeros resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, trasladando la inversión física a los gobiernos de los estados y que instrumente la gradualidad en la descentralización del gasto corriente para no perjudicar los derechos de los trabajadores federales, pero sin cargar las nóminas estatales con personal en duplicidad de funciones.

Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Ejecutivo federal el diseño y operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del Gobierno Federal en los estados, que sirva para descentralizar funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Gonzalo Rodríguez Anaya, diputado federal de la LIX Legislatura por el estado de Hidalgo, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58,59 y 69 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Soberanía la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo Federal el diseño y operación de un sistema racional, eficiente, coordinado y transparente de delegaciones del gobierno federal en los estados, que sirva para descentralizar gradualmente las funciones, facultades y recursos de sus programas operativos a las entidades federativas y municipios, quedando las delegaciones federales en los estados exclusivamente con funciones normativas y de supervisión, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Leyes de México, sus planes institucionales y la retórica de los gobernantes muestran las fortalezas de esquemas públicos ideales en materia de federalismo. En la práctica, por contraposición, se asoman las debilidades de una administración pública preponderantemente centralizada.

Por ejemplo, nuestra Constitución consagra una república federal integrada con estados libres y soberanos, y faculta al Estado para organizar un sistema de planeación democrática y participativa.

La Ley de Planeación, por su parte, promueve explícitamente la descentralización de la vida nacional.

El Plan de Desarrollo privilegia las virtudes de una descentralización de funciones, facultades y recursos desde el gobierno federal hacia las entidades federativas.

Sin embargo, al ir entrando al terreno de los hechos, el Programa especial para un auténtico federalismo 2002 - 2006, emitido por el Gobierno de la República a través de su Secretaría de Gobernación, y emanado del marco jurídico y normativo anterior, diagnostica que ``...la estructura actual de la Administración Pública Federal impide la delegación suficiente y adecuada de autoridad entre los ámbitos de gobierno...'', y acepta la ``...deficiente y parcial desconcentración de las funciones que ejercen las Secretarías de Estado...''

Identifica y enumera, además, una serie de problemas básicos entre los que destacan la ``...duplicidad y suplantación de funciones entre el gobierno federal y los gobiernos locales...''; la existencia de ``... delegaciones estatales inoperantes que se convierten en obstáculos de la gestión publica...''; y la ``... burocratización innecesaria en las gestiones que deben realizar los ciudadanos ante las delegaciones del gobierno federal...''

Es digno de reconocimiento el esfuerzo del Poder Ejecutivo Federal al formalizar estos planteamientos en un Programa Institucional como el citado líneas arriba, cuya vigencia, hay que subrayarlo, ya se ha adentrado en su segunda mitad, sin que se hayan puesto en marcha acciones concretas de solución en el tema que hoy nos ocupa. Y considerando nuestros tiempos legislativos estamos en el límite de la penúltima oportunidad para que nuestra participación ofrezca resultados en la autorización de los próximos dos presupuestos federales.

La ciudadanía y los gobiernos estatales y municipales coinciden con este diagnóstico sucinto, pero tiene mucho más que expresar y mucho más que esperar en el diseño y construcción de ``...un sistema racional, eficiente, coordinado, y transparente de representaciones del gobierno federal en los estados...'', tal como también ya lo ha visualizado y propuesto el propio Ejecutivo Federal en el programa de referencia.

El diseño y la operación inmediata del sistema eficiente de representaciones federales en los estados es lo que estamos proponiendo.

Queremos que los planteamientos ideales sobre el federalismo no sólo sean una fortaleza en el texto y la palabra, sin una fortaleza tangible para la ciudadanía y para las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno del país.

México quiere acuerdos consensuados para la acción inmediata. Los conceptos teóricos para el proyecto de cambio estructural en delegaciones federales están definidos de manera general en el programa Federal precitado. Las acciones especificas del cambio con las que estamos impulsando desde esta tribuna, aportando argumentos que respaldan y legitiman el proceso que será necesario instrumentar de inmediato.

Apoyamos el fortalecimiento del federalismo a través de una mejor asignación de responsabilidades y recursos entre los gobiernos federal, estatales y municipales, solicitando se hagan respetar las funciones constitucionales de cada orden de gobierno: Para el federal las sustantivas de rectoría del desarrollo nacional; defensa de la soberanía; relaciones internacionales; protección de la ciudadanía en caso de desastres; procuración de justicia y seguridad pública principalmente, y para los gobiernos estatales y municipales la ejecución de programas de obras y acciones que materialicen el desarrollo social y económicos de sus localidades y regiones.

Tanto para el 2003 como para el 2004 esta soberanía aprobó más de 24 mil millones de pesos para la operación de la burocracia federal en los estados a través de sus delegaciones. Dicha aprobación no obedece precisamente a los lineamientos de política de gasto que debemos observar, consistentes en una reducción en el gasto corriente, destino principal de esos recursos, tal como se puede comprobar en los presupuestos de egresos correspondientes.

El modelo de centralizar facultades para el gobierno federal, con algunas transferencias etiquetadas hacia los estados, acusan resultados pobres porque no hemos sido capaces ni de abatir rezagos y desequilibrios, ni de brindar oportunidades de crecimiento a los grupos de menor desarrollo.

Estamos atomizando el gasto público desde los tres órdenes de gobierno con una inaceptable duplicidad de esfuerzos y una indebida suplantación de funciones a través de sus estructuras organizacionales. Por ejemplo, el 90% del presupuesto federal para delegaciones es ejercido por 6 de las 11 existentes: SCT, Sagarpa, SEP, Sedesol, Semarnat y Economía, cuyas funciones, indiscutiblemente, son atendidas por las entidades federativas por medio de sus más importantes secretarías.

Si comparamos el gasto delegacional por estado de los dos últimos presupuestos, podemos observar con preocupación que hay delegaciones que redujeron su presupuesto estatal en mucho más de la mitad de un año para otro, como la Sedesol que redujo el 75% de su presupuesto para Oaxaca y otros 6 estados; o la SCT que disminuyo el 53% en Puebla; o la Semarnat, que ejerció 59% menos en el estado de México. Estos montos nos muestran, sin lugar a dudas, que los gastos de operación relacionados con la nómina federal en las entidades no es el principal problema. Si así fuera, no se podrían hacer reducciones de esas proporciones. Más bien es el manejo de las inversiones en obras y acciones que manipula el gobierno federal con fines poco transparentes, y que bien podrían ser realizadas por la autoridad correspondiente que es la estatal o la municipal.

Además de las delegaciones existen representaciones, sectorizadas a las mismas, como Liconsa, Diconsa y Fonaes a Sedesol, y Firco, Acerca, Fundación Produce, entre otras, a Sagarpa. Como podemos apreciar, el gasto burocrático del gobierno federal en las entidades es, sencillamente, enorme y de poco beneficio para la población.

Al recaer en el Congreso de la Unión la responsabilidad de fiscalizar los recursos que autoriza a la federación, debemos garantizar primero la eficacia y racionalidad del gasto decretado. En este caso, debemos evitar que los recursos que ejercen las delegaciones federales en los estados sean orientados a fines políticos o electorales, desactivando así una de las funciones extra administrativas que generalmente realizan las delegaciones, al actuar como brazo político del partido en el Poder Ejecutivo federal.

Un país que se precie de su modernidad, democracia y participación, debe aceptar que sus gobiernos locales por la eficacia demostrada, pueden asumir las funciones que desempeña el gobierno federal en sus territorios. Y el espíritu legislativo debe recomendar la participación de los involucrados e interesados, porque de poco serviría una descentralización de facultades, concebida y ejecutada desde el centro y sin la participación insustituible de los estados.

Desde el punto de vista jurídico, administrativo y político este proyecto es viable. Debemos impulsarlo para que se opere de manera gradual pero con decisión, de tal manera que sus acciones muestren respuestas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y estén operando plenamente en el mediano plazo.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar al Gobierno de la República que en coordinación con los gobiernos estatales diseñen, instrumenten y operen un programa racional, eficiente y transparente de cambio estructural en las delegaciones federales en los estados, para dejar solamente las indispensables, operando con funciones de normatividad y evaluación en los programas ejecutados, por los gobiernos estatales. Un programa que muestre sus primeros resultados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, trasladando la inversión física a los gobiernos de los estados, y que instrumente la gradualidad en la descentralización del gasto corriente para no perjudicar los derechos de los trabajadores federales, pero sin cargar las nóminas estatales con personal en duplicidad de funciones.

Atentamente.

Dip. Gonzalo Rodríguez Anaya.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ENFERMEDADES ALERGICAS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra, y por cierto, por dos turnos consecutivos, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud contemple los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problema grave de salud dentro de la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de Salud.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, diputado Presidente; señores legisladores:

Que las enfermedades alérgicas, principalmente el asma bronquial y la rinitis alérgica, son un problema de salud que se ha incrementado de manera importante en nuestro país, siendo una de las primeras 10 causas de utilización de los servicios de salud, especialmente en urgencias y en consulta externa; habiéndose reportado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el aumento en el número de casos de asma bronquial que durante el año 2000 se incrementaron del 9 por ciento al 14.8 por ciento, los pacientes hospitalizados por este padecimiento que en estudios de prevalencia en la población en general se ha encontrado que las enfermedades alérgicas ocupan un alto porcentaje principalmente en niños de 6 a 7 años, siendo de origen multifactorial, una parte de herencia y otra parte ambiental.

Que las políticas públicas dirigidas a mejorar la contaminación ambiental han sido insuficientes, encontrándose daños en la salud de la población mexicana no sólo en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, sino también en el resto de los estados de la República. Lo que repercute en la salud provocando enfermedades cardiacas, crónico-degenerativas y pulmonares, muchas de éstas en relación directa a padecimientos alérgicos.

Que el tratamiento de estas enfermedades debe ser integral: control del medio ambiente, tratamiento médico, inmunoterapia y dieta de eliminación.

Que la patología básica de todas las enfermedades alérgicas y sobre todo el asma bronquial es inflamatoria, por lo que habitualmente se da tratamiento para evitar la contracción de los bronquios y no la inflamación, por no ser tratados por médicos debidamente capacitados y especialistas.

Que los médicos de primer contacto deben diagnosticar e iniciar el tratamiento de acuerdo a las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, iniciativa global para el tratamiento del asma, así como la rinitis alérgica y su impacto en asma.

Que para evitar complicaciones el paciente debe ser evaluado y tratado por médicos capacitados y especialistas en alergia e inmunología clínica. Estos últimos con la cédula de especialista registrada en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública; que ésta se encuentre vigente y avalada por los colegios de la especialidad y recertificación de los consejos.

Por lo anterior se requiere un plan nacional de prevención, educación y manejo de los pacientes alérgicos y asmáticos para disminuir la prevalencia y la mortalidad en la población afectada.

Por lo antes expuesto propongo a este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud se considere a los padecimientos de origen alérgico e inmunológico, especialmente asma, como un problema grave a considerar por su incidencia dentro de la transición epidemiológica de salud en nuestro país y se implementen acciones de prevención, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, atención y manejo por médicos especialistas.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de este contenido.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Salud incluya los padecimientos de origen alérgico, especialmente el asma, como problemas graves de salud en la transición epidemiológica, considerado así por la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI

La C. María Cristina Díaz Salazar, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que las enfermedades alérgicas, principalmente el asma bronquial y la rinitis alérgica, son un problema de Salud que se han incrementado de manera importante en nuestro País, siendo una de las primeras diez causas de utilización de los servicios de salud, especialmente en urgencias y en consulta externa. Habiéndose reportado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el aumento en el número de casos de Asma Bronquial que durante el año 2000 se incrementaron de 9 a 14.8 % los pacientes hospitalizados por este padecimiento.

Que en estudios de prevalencia en la población en general se ha encontrado que las enfermedades alérgicas ocupan un alto porcentaje principalmente en niños de 6 a 7 años, siendo de origen multifactorial, una parte herencia y otra parte ambiental.

Que las políticas públicas dirigidas a mejorar la contaminación ambiental han sido insuficientes encontrándose daños en la salud de la población mexicana, no solo en la ciudad de México, Guadalajara o Monterrey sino también en el resto de los estados de la República, lo que repercute en la salud provocando enfermedades cardiacas, crónico degenerativas y pulmonares, muchas de éstas en relación directa a padecimientos alérgicos.

Que el tratamiento de estas enfermedades debe ser integral: control del medio ambiente, tratamiento médico, inmunoterapia y dieta de eliminación.

Que la patología básica de las enfermedades alérgicas y sobre todo el asma bronquial es inflamatoria por lo que habitualmente se da tratamiento para evitar la contracción de los bronquios y no la inflamación, por no ser tratados por médicos debidamente capacitados y especialistas.

Que los médicos de primer contacto deben diagnosticar e iniciar el tratamiento de acuerdo con las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud: Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma, así como Rinitis Alérgica y su Impacto en Asma.

Que para evitar complicaciones el paciente debe ser evaluado y tratado por médicos capacitados y especialistas en alergia e inmunología clínica, estos últimos con la cédula de especialista registrada en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública, que ésta se encuentre vigente y avalada por los colegios de la especialidad y recertificación de los consejos.

Que es necesario implantar programas y acciones de prevención y educación para disminuir la morbilidad y mortalidad.

Por lo anterior se requiere un plan nacional de prevención, educación y manejo de los pacientes alérgicos y asmáticos para disminuir la prevalencia y la mortalidad en la población afectada.

Por lo antes expuesto propongo a este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se consideren los padecimientos de origen alérgico e inmunológico, especialmente asma, como un problema grave a considerar por su incidencia en la transición epidemiológica de salud en nuestro país y se implanten acciones de prevención, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, atención y manejo por médicos especialistas.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a la Cámara de Diputados las acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de este contenido.

Dado en el Salón de Plenos, a 14 de septiembre de 2004.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud.

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CERTIFICADOS DE DEFUNCION
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y ahora la propia diputada María Cristina Díaz Salazar, tiene la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Salud, proceda a revisar y reformular los formatos y modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal.La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias señor Presidente; señores diputados: Consideraciones:

1. Antecedentes.

La Ley General de Salud en su artículo 388 define como certificado la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la comprobación de información de determinados hechos.

El artículo 389 del citado ordenamiento establece los distintos tipos de certificados para fines sanitarios, entre los cuales se encuentran los de defunción fracción II y los de muerte fetal fracción III.

El primer párrafo del artículo 392 dispone que los certificados a que se refiere el título decimosexto de las autorizaciones y certificados, se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto que da a conocer la forma de los certificados de defunción y de muerte fetal que se utilizan hasta la fecha, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1986.

Considerandos

Que la Organización Mundial de la Salud ha modificado sustancialmente la reglamentación relativa a la nomenclatura de enfermedades y causas de defunción.

Que la obligación de la Secretaría de Salud como de los gobiernos de las entidades federativas de capturar, producir y procesar la información relativa entre otras, a estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, etcétera, a fin de integrarla al proceso de planeación, programación, presupuestación y control de sistemas nacional de salud y a los sistemas nacionales estadísticos.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que dentro del ámbito de su competencia instruya a la Secretaría de Salud para que escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los colegios médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de las comisiones estatales de arbitraje médico, de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las secretarías de salud, los servicios médico forenses de los tribunales superiores de justicia y las oficinas de los registros civiles todos, de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, así como para, en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización se expida la norma oficial mexicana que contenga un nuevo instructivo que contenga las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar el uso y correcto llenado de dichos formatos o modelos.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de sus contenidos.

Dado en el Salón de Plenos, a los 28 días del mes de septiembre del 2004. Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Salud a fin de que proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI

La C. María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Salud la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Antecedentes

Que la Ley General de Salud en su artículo 388 define como certificado la constancia expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o información de determinados hechos.

Que el artículo 389 del citado ordenamiento establece los distintos tipos de certificados para fines sanitarios, entre los cuales se encuentran los de defunción (fracción II) y los de muerte fetal (fracción III).

Que al respecto, el ordenamiento mencionado señala que los certificados de defunción y muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente (artículo 391).

Que el primer párrafo del artículo 392 dispone que los certificados a que se refiere el título Décimo Sexto, De las Autorizaciones y Certificados, se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Que el Capítulo II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, denominado ``De las normas oficiales mexicanas y de las Normas Mexicanas'' señala en el artículo 40 la finalidad que tienen las normas oficiales mexicanas.

Que el decreto por el que se da a conocer la forma de los certificados de defunción y de muerte fetal que se utilizan hasta la fecha, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1986.

Que en la parte de considerandos, se justificó la aprobación de los nuevos certificados con base en:

La Organización Mundial de la Salud ha modificado sustancialmente la reglamentación relativa a la nomenclatura de enfermedades y causas de defunción;

La obligación de la Secretaría de Salud, como de los gobiernos de las entidades federativas, de capturar, producir y procesar la información relativa, entre otras, a estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad, etc., a fin de integrarla al proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud y a los sistemas nacionales estadísticos;

Las causas que condicionan la mortalidad en nuestro país han variado de aquellas que se presentaban, así como también los procedimientos y certificados en que se consignan tales hechos, cuyos modelos datan del 2 de marzo de 1956, por lo que se requiere actualizarlos a fin de que respondan a las características, requisitos y condiciones contemporáneas en el ámbito de la salud, y

Que los certificados de defunción y de muerte fetal, además de servir como constancias que acreditan la realización de los hechos a que se refieren, contienen datos útiles tanto para efectos estadísticos como para establecer índices y causas de mortalidad a través del aprovechamiento de la información que en ellos se consignan.

Que el decreto citado señala que los certificados de defunción y de muerte fetal deben ser expedidos preferentemente por un médico con título profesional, por personal no médico, autorizado por la Secretaría de Salud y también por las autoridades civiles a falta de médico en la localidad de ocurrencia de la defunción. Los formatos de certificados son editados, controlados y distribuidos gratuitamente por la Secretaría de Salud y se encuentran disponibles en las unidades médicas.

Que el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece), integra asesores representantes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Que según el Cemece, más del 95% de los certificados de defunción son expedidos por médicos y, no obstante la mejoría observada en los últimos años, aún persisten importantes problemas en la anotación de los datos y sobre todo de las causas de defunción, debido al desconocimiento de la forma correcta del llenado. Estos problemas tienen repercusiones legales, epidemiológicas y estadísticas.

Que el Cemece se ha propuesto contribuir al mejoramiento de la calidad de los registros de certificados de defunción, con objeto de que la información estadística que deriva de ellos sea fidedigna. Para lograrlo, expidió la Guía de autoaprendizaje para el llenado correcto del certificado de defunción y la ha mantenido actualizada con objeto de distribuirla a todo el personal médico por todos los medios posibles y apoyarlo durante la certificación de las defunciones.

Que el objetivo de dicha guía es que al término de su estudio, el certificante se encuentre en condiciones de expedir los certificados de defunción y de muerte fetal, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones legales vigentes en México.

Que la guía citada señala que en el llenado de los certificados, el problema fundamental se presenta al establecer las causas de la muerte incluyendo el tiempo en que se presentaron respecto de la fecha en que aconteció la defunción, según el modelo internacional del certificado recomendado por la Organización Mundial de la Salud que tiene por objeto captar información uniforme en todos los países, para seleccionar, a partir de ella, la causa básica de la muerte, con la finalidad de realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes, generar estadísticas de mortalidad comparables a nivel internacional y establecer mecanismos para la prevención y control de los daños y riesgos para la salud (Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), Vol. 2, pág. 30).

Que en general, el médico desconoce cuál es el objetivo de la información que se pide y el orden en que deben anotarse las causas de muerte en los renglones correspondientes, pues en ocasiones no es fácil que el médico certificante llegue a la verdadera causa de la muerte, sobre todo cuando no cuenta con recursos suficientes para el diagnóstico.

Que derivado de la Reunión Interinstitucional para la Revisión del Correcto Llenado del Certificado de Defunción y de Muerte Fetal, celebrada el 17 de mayo del año en curso en Monterrey, NL, en la que participaron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Colegios de Médicos, el Colegio de Bioética, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece), la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Nuevo León (Coesamed), las universidades y centros de enseñanza e investigación, la Secretaría de Salud, el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia y la oficina del Registro Civil, todos del Estado de Nuevo León, se propuso la elaboración del proyecto de norma oficial mexicana sobre el uso y el correcto llenado del certificado de defunción y muerte fetal, con el propósito de que informe, oriente y facilite su correcto llenado.

II. Planteamiento específico

Que la propuesta derivada de la Reunión Interinstitucional para la Revisión del Correcto Llenado del Certificado de Defunción y de Muerte Fetal, para elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso y el correcto llenado del certificado de defunción y muerte fetal, encuentra sustento legal en el último párrafo del artículo 40 de la LFMN que dispone textualmente:

``Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta ley.''

Que de conformidad con la disposición antes transcrita, tratándose de un instructivo para el correcto llenado de los certificados de defunción y muerte fetal que requiere establecer la Secretaría de Salud, obliga a la dependencia a expedirlo como una norma oficial mexicana conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que el artículo 392 de la Ley General de Salud dispone que los certificados a que se refiere el Título Décimo Sexto, entiéndase autorizaciones sanitarias (licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario, por disposición del último párrafo del artículo 368 de la Ley) y certificados se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita.

Que la expedición, actualización y distribución al personal médico de la Guía de autoaprendizaje para el llenado correcto del certificado de defunción por parte del Cemece, demuestra el desconocimiento de la forma correcta del llenado de los certificados de defunción y de muerte fetal y sobre todo, la complejidad que se presenta al determinar las causas de defunción, aún entre los médicos certificantes, y con mayor razón, entre el personal no médico autorizado y las autoridades civiles, quienes no cuentan con los conocimientos necesarios para ello.

Que se estima importante que el titular del Ejecutivo Federal, dentro del ámbito de la esfera de su competencia, instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los Colegios de Médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece), de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (Coesamed), de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las Secretarías de Salud, los Servicios Médico Forenses de los Tribunales Superiores de Justicia y las oficinas de los Registros Civiles, todos de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para expedir los certificados de defunción y muerte fetal, y en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se expida la Norma Oficial Mexicana que contenga un nuevo instructivo que contenga las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar su uso y correcto llenado.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta el titular del Ejecutivo federal a que dentro del ámbito de su competencia, instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los Colegios de Médicos, del Colegio de Bioética, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece), de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico (Coesamed), de las universidades y centros de enseñanza e investigación, las Secretarías de Salud, los Servicios Médicos Forenses de los Tribunales Superiores de Justicia y las oficinas de los Registros Civiles, todos de las entidades federativas, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, así como para, en su caso, de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se expida la Norma Oficial Mexicana que contenga un nuevo instructivo que contenga las instrucciones detalladas y precisas que permitan informar, orientar y facilitar el uso y correcto llenado de dichos formatos o modelos.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la Secretaría de Salud en el desahogo de sus contenidos.

Dado en el Salón de Plenos, a los 14 días del mes de septiembre de 2004.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada.

Túrnese a la Comisión de Salud.

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AEROPUERTOS

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que comparezcan ante la Comisión de Comunicaciones, el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el administrador general de Aduanas.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.

Es ya público y sabido, con testimonios periodísticos irrefutables, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están creados mecanismos clandestinos de tráfico de drogas, con destinos a diversos aeropuertos de Estados Unidos de América, tanto de origen nacional como los que vienen en tránsito y se les permite continuar a sus destinos finales.

Eso sólo puede ocurrir si existe una red de complicidades y corrupción con las autoridades de la Aduana, la Policía Federal Preventiva y demás autoridades involucradas en los tránsitos de los vuelos procedentes de Sudamérica, puesto que hay un área especial en el aeropuerto para atender esos itinerarios.

Además, se han detectado envíos de grandes cantidades de dinero ocultas en los más diversos empaques y de las cuales han sido decomisados aproximadamente 40 millones de dólares.

La última constancia lamentable cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, fue lo ocurrido en un estacionamiento llamado ``recinto fiscalizado'', donde el impresionante volumen de 3,200 kilogramos de clorhidrato de pseudoefedrina, fue sustraído en un operativo efectuado por un comando formado de seis elementos armados, los que obviamente sabían de la existencia y localización exacta del precusor de drogas puesto que no dejaron ninguna huella ni efectuaron actos de violencia, lo cual pone en evidencia otra vez las redes de corrupción y complicidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Vinculado a todo lo anterior, se dio el asesinato del señor José Noé Garduño Fernández, subadministrador de la aduana del aeropuerto, acaecido el 3 de septiembre de 2004, lo cual confirma y evidencia la existencia de las redes de corrupción y complicidad con las que el narcotráfico tiene en sus manos el aeropuerto internacional de nuestra ciudad, tanto al sistema de control y revisión aduanero como al de la Policía Federal Preventiva.

Es dramático que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y lo esté investigando en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada, al cargo del licenciado José Luis Santiago Vasconcelos.

Las autoridades de Estados Unidos, reclamaron desde hace tiempo al Gobierno mexicano, lo que está ocurriendo en nuestro aeropuerto internacional.

Por lo anterior, solicito la aprobación de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Citar a comparecer ante esta Comisión al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, arquitecto Ernesto Velasco León, para que explique la interacción entre ASA y la Aduana del Aeropuerto Internacional y el desorden que impera en el mismo.

Segundo. Citar a comparecer ante esta honorable Comisión de Comunicaciones, al administrador general de Aduanas, licenciado José Guzmán Montalvo, para los mismos fines. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para que comparezcan ante la Comisión de Comunicaciones el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el administrador general de Aduanas, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la República, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Es ya público y sabido, con testimonios periodísticos irrefutables, que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están creados mecanismos clandestinos de tráfico de drogas con destinos a diversos aeropuertos de Estados Unidos de América, tanto de origen nacional como las que vienen en tránsito y se les permite continuar a sus destinos finales.

Eso sólo se puede hacer si existe una red de complicidades y corrupción con las autoridades de la aduana, la Policía Federal Preventiva, y demás autoridades involucradas en los tránsitos de los vuelos procedentes de Sudamérica, pues hay un área especial del aeropuerto para atender esos vuelos.

Además, se han detectado envíos de grandes cantidades de dinero ocultas en los más diversos empaques y de las cuales han sido decomisados aproximadamente 40 millones de dólares.

La última constancia lamentable, cuya noticia ha dado la vuelta al mundo, fue lo ocurrido en un estacionamiento llamado ``recinto fiscalizado'' donde el impresionante volumen de tres mil doscientos kilogramos de clorhidrato de seudoefedrina fue sustraído en un operativo efectuado por un comando formado de seis elementos armados, los que obviamente sabían de la existencia y localización exacta del precursor de drogas, pues no dejaron ninguna huella ni efectuaron actos de violencia, lo cual pone en evidencia otra vez las redes de corrupción y complicidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Vinculado a todo lo anterior viene el asesinato del señor José Noé Garduño Fernández, subadministrador de la aduana del aeropuerto, acaecido el de 3 de septiembre de 2004, lo cual confirma y evidencia la existencia de las redes de corrupción y complicidad con que el narcotráfico tiene en sus manos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto el sistema de control y revisión aduanero como la Policía Federal Preventiva. Es dramático que la Procuraduría General de la República atrajera el caso y lo esté investigando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a cargo del licenciado José Luis Santiago Vasconcelos.

Las autoridades de Estados Unidos de América reclamaron desde hace tiempo al gobierno mexicano que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esté siendo utilizado como puerto de entrada de drogas y dinero hacia sus aeropuertos. Sólo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, se han decomisado más de novecientos kilogramos de diversas drogas transportadas en aviones procedentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con esto se pone de manifiesto la inutilidad de las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto las de la propia central como las de la aduana del mismo.

Es urgente e imprescindible proceder de inmediato para restablecer el orden, y el respeto de la ley en este asunto, que es de seguridad nacional, la cual se encuentra en riesgo por el aumento del narcotráfico, el contrabando, la violencia y la corrupción de los funcionarios responsables de los aeropuertos y de las aduanas.

Por lo anterior, solicito la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Que la H. Comisión de Comunicaciones se sirva:

1. Citar a comparecer ante esa Comisión al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, arquitecto Ernesto Velasco León, para que explique la interacción ente ASA y la aduana del AICM y el desorden que impera en el mismo.

2. Citar a comparecer ante esa H. Comisión al administrador general de Aduanas, licenciado José Guzmán Montalvo, para los mismos fines.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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desarrollo territorial

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para presentar una proposición con punto de acuerdo en materia de ordenación territorial y aprovechamiento del territorio nacional, tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso, diputado Presidente.

En el ultimo año más de la mitad del país se ha visto seriamente afectada por inundaciones que han ocasionado que innumerables comunidades queden convertidas en zonas de desastre.

Este panorama nos obliga a reconsiderar la importancia del concepto de territorio dentro de cualquier esquema de política nacional, a replantearlo como un elemento de indispensable inclusión para cualquier modelo de desarrollo para un país y por lo tanto a considerarlo como uno de los elementos fundamentales en la consecución del bienestar de las familias dentro de la sociedad.

La prevención empieza con la planeación, es decir, con qué características fundar una población, hacia dónde hacerla crecer, cuáles y de qué tipo son sus requerimientos e infraestructura, equipamiento, vivienda y actividades económicas.

Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos antes de decidir y de actuar.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitamos al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios que apliquen lo anunciado por el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio, para lograr este mandato constitucional es necesario que se vincule la política económica con la territorial y que las obras públicas sean planificadas adecuadamente para garantizar la estabilidad y el patrimonio de las familias mexicanas.

Segundo. Hacemos una invitación a la Secretaría de Gobernación para que concluya los trabajos sobre los atlas de vulnerabilidad, con el fin de contar con elementos adicionales de análisis y planeación en materia territorial que sumados a la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, impulsen la elaboración de una política nacional que apoye a las entidades federativas y municipios a promover el desarrollo integral de sus comunidades y familias, aprovechando la orientación y vocación económica de sus territorios e incorporando en sus agendas de gobierno el concepto de desarrollo territorial.

Tercero. Exhortamos a nuestras compañeras y compañeros legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que en los próximos días se revise el presupuesto que se asignará al Fondo Nacional de Desastres y a los rubros relacionados con infraestructura a través de las asignaciones municipales y del Ramo 33. Igualmente proponemos reprogra- mar la asignación del Ramo 20 destinando recursos suficientes a la función de desarrollo regional y urbano para las familias y en particular a los programas sectoriales y específicos derivados de ésta.

Es todo, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio nacional, a cargo del la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias

Con fundamento en el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los suscritos diputadas y diputados federales de la Comisión Especial de la Niñez Adolescencia y Familias que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En el último año más de la mitad del país se ha visto seriamente afectado por inundaciones que han ocasionado que innumerables comunidades queden convertidas en zonas de desastre.

Primeramente, es necesario que se reconozca en toda su magnitud y efectos, la incidencia que tiene el cambio climático sobre nuestro territorio, misma que en últimas fechas se ha sentido cada vez con mayor intensidad y que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los fenómenos de origen antropogénico de mayor recurrencia en el mundo entero.

Es necesario destacar que muchas de las causas que originan este y otros fenómenos naturales tienen su origen en las inadecuadas formas en que los seres humanos aprovechamos el territorio. Los exacerbados niveles de deforestación, la contaminación atmosférica, generada principalmente en las ciudades, y la pésima administración del recurso agua, son tres de los más importantes males públicos que contribuyen a la transformación de los patrones de clima en el mundo, generando no solo los negativos fenómenos atmosféricos que estamos padeciendo, sino también; y entre otras muchas cosas, una creciente e irreversible desertificación, la erosión permanente de los cada vez menos suelos fértiles de nuestro país y en general un constante y paulatino deterioro de los muy valiosos recursos naturales con los que cuenta nuestra nación.

También, los riesgos asociados a fenómenos producidos por la acción del hombre, pueden repercutir de manera importante en la seguridad de la sociedad y de las familias mexicanas, como se vio reflejado el pasado 5 de abril del presente año, en Piedras negras, Coahuila, en el caso específico de la desaparición del niño José Rubén Aldana Dorado y otros desaparecidos más.

Lo anterior, evidencia la disminución de la actividad ordenadora del Estado en materia de asentamientos humanos. Ante esta compleja problemática el Gobierno Federal no puede renunciar al mandato constitucional que le confiere la rectoría de la política de desarrollo territorial de nuestra nación; por su parte, las entidades federativas deben asumir un papel más activo y decidido en la planeación y orientación del desarrollo de los asentamientos humanos, con el fin de evitar la recurrencia de los problemas antes referidos.

De igual manera, los municipios que ahora ven incrementadas sus atribuciones y participaciones federales, tras la modificación al artículo 115 constitucional, están cada vez mejor preparados para proporcionar soluciones de fondo a los problemas de planeación de sus centros de población y de ordenamiento de las familias dentro de sus territorios.

Este panorama, nos obliga a reconsiderar la importancia del concepto de territorio dentro de cualquier esquema de política nacional; a replantearlo como un elemento de indispensable inclusión para cualquier modelo de desarrollo para el país, y por lo tanto, a considerarlo como uno de los elementos fundamentales en la consecución del bienestar de las familias dentro de la sociedad.

El país cuenta para ello con una basta y eficiente inversión realizada en conocer y entender al territorio, sus características geográficas y sociales, que nos permiten disponer de la información necesaria para llevar a cabo una administración pública territorial de calidad. A este respecto, tenemos la obligación de aprovechar el amplio cúmulo de información generada por instituciones reconocidas por la calidad de sus productos, tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Aprovechar todo el conocimiento posible sobre nuestro territorio para ordenar su ocupación y aprovechamiento, es condición necesaria para la obtención de esquemas sustentables de desarrollo, que por otro lado implica equidad regional, mejor calidad de vida en los asentamientos humanos y un adecuado uso de los recursos naturales disponibles.

Debemos mencionar, que en este mundo cada vez más abierto e integrado, en donde la globalización es hoy día una realidad, existe un consenso internacional en torno a que para alcanzar el justo equilibrio entre desarrollo y preservación del medio ambiente, la ordenación territorial es un instrumento indispensable.

Desafortunadamente, hasta la fecha no se han generado de manera suficiente los planteamientos pertinentes en términos de política de desarrollo territorial, lo cual, entre otras muchas cosas, expone a nuestras familias mexicanas a riesgos de grandes magnitudes y desastres naturales.

Sin embargo, para que estos planteamientos puedan darse, es preciso vincular la política de ordenamiento territorial con el resto de las políticas nacionales y especialmente con la política económica.

La prevención, empieza con la planeación, en decir, con qué características fundar una población, hacia dónde hacerla crecer, cuáles y de que tipo son sus requerimientos en infraestructura, equipamiento, vivienda y actividades económicas; éstas son algunas de las preguntas que debemos hacernos antes de decidir y de actuar.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Solicitamos al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipales, que apliquen lo enunciado por el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio, para lograr este mandato constitucional es necesario que se vincule la política económica con la territorial y que las obras públicas sean planificadas adecuadamente para garantizar la estabilidad y el patrimonio de las familias mexicanas.

Segundo.- Hacemos un invitación a la Secretaría de Gobernación para que concluya los trabajos sobre los atlas de vulnerabilidad, con el fin de contar con elementos adicionales de análisis y planeación en materia territorial, que sumados a la información generada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, impulsen la elaboración de una política nacional, que apoye a las entidades federativas y municipios a promover el desarrollo integral de sus comunidades y familias, aprovechando la orientación y vocación económica de sus territorios e incorporando en sus agendas de gobierno, el concepto de desarrollo territorial.

Tercero.- Exhortamos a nuestras compañeras y compañeros legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos a que en los próximos días a que se revise el presupuesto que se asignará al Fondo Nacional de Desastres y a los rubros relacionados con la infraestructura dañada, a través de las asignaciones municipales y del Ramo 33. Igualmente, proponemos reprogramar la asignación del Ramo 20, destinando mayores recursos; a la función de desarrollo regional y urbano para las familias y, en particular, a los programas sectoriales y específicos derivados de ésta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre del 2004.--- Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Tiene el uso de la palabra, en pro la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional.

Y esta Presidencia informa... ¡No! discúlpeme; permítame un segundo, por favor.

Está a discusión y no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta puesta a su consideración.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

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PRESUPUESTO 2004
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene, ahora sí, la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que envíe los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en 2004 a nivel de capítulo, concepto de gasto y evaluación de los resultados de cada programa.La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente. Puntos de Acuerdo

Primero. Que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a través de las coordinadoras sectoriales envíen a la Cámara de Diputados los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación.

Segundo. Presentar en tiempo y forma la evaluación de resultados de cada uno de los programas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultado de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.

Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviarle los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en 2004, a nivel de capítulo, concepto de gasto y evaluación de los resultados de cada programa, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cumplir el envío a la propia Cámara de los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en 2004, en el nivel de capítulo y concepto de gasto, así como la evaluación de los resultados de cada programa, como establece la fracción IV, incisos a) y b), del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La suficiente asignación de recursos a las Dependencias y entidades de la Administración Pública, debe ir acompañada de un eficaz y oportuno uso de dichos recursos en los planes, programas y acciones que las dependencias deben aplicar a favor de la ciudadanía, tal como lo mandatan las disposiciones legales aplicables.

Reconocemos que las compañeras diputadas de la Legislatura que nos antecedió impulsaron una importante reforma al cuerpo legal del Presupuesto de Egresos de ese entonces, dicha reforma mandata a las Dependencias a realizar evaluaciones de los programas y emitir sus resultados desagregados, y también lograron la etiquetación de recursos a programas especialmente dirigidos a mujeres.

De igual manera, las diputadas integrantes de esta Legislatura, hemos asumido el compromiso responsable de promover un Presupuesto de Egresos de la Federación con perspectiva de género, en ese sentido consideramos que la suficiente asignación de recursos para los programas sociales es fundamental, pero también sabemos que la eficaz y oportuna utilización de dichos recursos por parte de las dependencias del Gobierno Federal, se vuelve imprescindible, ya que el Ejecutivo es quien se encarga de la aplicación directa de los recursos a través de sus dependencias y entidades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al representante del Ejecutivo para que envíe el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, lo cual ya se ha realizado, pero, no olvidemos que mandata a esta Cámara a que previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, se apruebe dicho proyecto, no somos oficina de trámite.

La Constitución mexicana nos obliga a realizar un análisis, discusión y, en su caso, modificación del proyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

En la aprobación del decreto de Presupuesto de este año, las legisladoras impulsamos una serie de modificaciones al cuerpo del proyecto de Presupuesto 2004, a efecto de que no se realicen recortes, reducciones o diferimientos a los programas sujetos a reglas de operación, que se encontraban insertos en el Anexo 15 del mencionado Proyecto de PEF-2004, logramos fueran consideradas en el cuerpo del decreto del PEF de este año.

Ahora vemos con sorpresa que parte de ese blindaje, ha sido borrado de un plumazo por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto enviado a esta soberanía, para el ejercicio fiscal de 2005.

``No permitiremos la discrecionalidad con la que hasta la fecha la Secretaría de Hacienda, se ha mantenido para realizar recortes a los presupuestos de los programas previamente autorizados por esta Cámara.''

Lo anterior ya ha sido manifestado por la que suscribe ante la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de trabajar conjunta y responsablemente en pro de la ciudadanía y reinsertar dicho blindaje, a efecto de dar certeza a la sociedad de que los recursos de programas sociales no serán recortados.

Debemos recordar que el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene dos ejes rectores: primero, la suficiente asignación de recursos; y, segundo, el cuerpo legal del decreto, los debemos ver como parte integral, pero sin perder de vista la importancia de cada una de las partes.

Las y los legisladores sólo podemos aprobar un eficiente Presupuesto de Egresos, en la medida de que tengamos oportunamente la información correspondiente.

En este sentido, es necesario decir que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, en su artículo 55, obliga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a que por conducto de su coordinadora sectorial, cumplan con la formulación y envío de los informes trimestrales a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los cuales no han sido enviados.

El artículo 2 del Presupuesto dice en la fracción XVII:

Para los efectos del presente Decreto se entenderá por:

XVII. Informes Trimestrales Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al H. Congreso de la Unión;

Esas acciones sólo nos dejan ver la poca preocupación del Ejecutivo federal para que la transparencia en el uso de los recursos sea una realidad, ya que al no enviar la información respectiva, o al enviarla de manera tardía lo único que busca es obstaculizar la fiscalización de los recursos públicos.

Sin los informes trimestrales, no es posible dar un seguimiento oportuno del uso de los recursos, tampoco es posible conocer si existe subejercicio, ni las causas del porque se está subejerciendo el Presupuesto.

La omisión en el envío de esa información es un flagrante incumplimiento de lo mandatado expresamente en la ley.

Hago uso de esta tribuna para informar también al Ejecutivo que cada una de las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, además a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre del presente año.

A efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.

Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.

La que suscribe considera de vital importancia que sean enviados a esta soberanía, a través de la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, dichos informes trimestrales de lo que va de este año, en cumplimiento de los artículos 2, fracción XVII y 55, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, a efectos de que sean evaluados los programas y las acciones que realizaron las dependencias del Ejecutivo federal, conocer el porcentaje de ejercicio del presupuesto autorizado y el porcentaje de subejercicio y las causas de ello.

La información contenida en los informes trimestrales será de gran valor para todas y cada una de las Comisiones que integran esta soberanía.

Por lo anterior y para los efectos de los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que las dependencias y las entidades del Ejecutivo Federal, a través de las coordinadoras sectoriales envíen a la Cámara los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación.

Segundo. Presentar en tiempo y forma la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el 15 de octubre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres.

Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2004.--- Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

Diputado De la Vega Asmitia.

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado Presidente, para solicitarle que la siguiente votación sea llevada a cabo por la vía nominal.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quién lo apoya?

Luego entonces instruya la Secretaría, la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para llevar a cabo esta consulta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se ruega se hagan los avisos, de conformidad al artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema de votación electrónico.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputado Presidente, se emitieron 260 votos a favor, 116 en contra y 9 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

El señor diputado Miguel Angel Toscano, del Partido Acción Nacional, en contra se ha inscrito y posteriormente la diputada María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, en pro... Toscano declina.

Tiene la palabra María Avila Serna, en pro, hasta por tres minutos.

Se ruega a los ciudadanos legisladores escuchemos con atención a la diputada. Fue la Asamblea la que obsequió la urgente resolución. Este es el último punto del orden del día.

La diputada María Avila Serna: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, aprobado por esta soberanía, fue resultado de una intensiva jornada de análisis, discusiones y consensos entre las diferentes fuerzas políticas aquí representadas.

Es además un mandato al Poder Ejecutivo para ejercerlo de manera puntual. Por ello resulta preocupante que un gobierno reciba observaciones a su aplicación del gasto público por presuntas irregularidades.

Pero mayor es la preocupación cuando no se percibe indicio alguno de alarma frente a la discrecionalidad que tales señalamientos reflejan en relación con el manejo de los recursos financieros del país.

No hay enmiendas, resarcimientos ni sanciones, prevalecen por el contrario los desacatos al ordenamiento constitucional sobre la aplicación del gasto y el deslinde, en su caso, de responsabilidades entre funcionarios que tienen el mandato de garantizar la correcta administración del dinero público.

Ante esta situación y ante el análisis que estamos llevando del presupuesto para el próximo año, es indispensable que la Secretaría de Hacienda envíe los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido en este año de manera detallada, en virtud de que es información indispensable para la elaboración del presupuesto del próximo año.

No debemos pasar por alto los efectos económicos y políticos que trae siempre consigo la notificación de irregularidades en el empleo del presupuesto. Por ello, necesitamos acciones concretas para contrarrestar las denuncias de presuntas irregularidades y subejercicios. Debemos corregir lo necesario e impedirlas y evitar que el costo de los malos manejos siga minando de manera corrosiva la economía nacional.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la proposición, del punto de acuerdo.

Los compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, como señala el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión del 29 de septiembre de 2004.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 29 de septiembre de 2004.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Colima, Jalisco y Michoacán.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Michoacán por el que solicita al Congreso de la Unión, que a través de los procedimientos que estime convenientes, proceda a la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos, en las entidades federativas, en donde haya elecciones. (Turno a comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres oficios, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros en México. (Turno a comisión)

Dos oficios, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que varios ciudadanos, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus consulados generales en Hermosillo, Sonora y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivonne Adriana González Moreno, Lorena Eugenia Huidobro Picazarri y Lizette Zúñiga Sánchez, puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y comunica que ha dejado de prestar servicios, la ciudadana Amelia Quintero Zárate, en la Embajada de Estados Unidos de América en México. (Turno a comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Al Mérito, en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro, que le confiere el Congreso Nacional de la República de Ecuador.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos general brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Larios Cortés, general de grupo piloto aviador Diplomado de Estado Mayor aéreo Paulino López Bernal y ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren: el Gobierno de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona y Mónica Saavedra Díaz, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde, para prestar servicios en los consulados generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Karla Guadalupe García Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Váldez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas, y Cynthia Martínez Cortés, para prestar servicios en las embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Edgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizabal Lagunes y Julio Xilo García, para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo López Moreno, para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para solicitar a comparecer al secretario de Educación Pública, en su carácter de presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informe sobre los resultados obtenidos por nuestra representación nacional en los Juegos Olímpicos de Atenas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para garantizar la aplicación de las normas ecológicas de la Semarnat en el plan de abandono y cierre del vertedero de desechos sólidos de Matatlán, municipio de Tonalá, Jalisco.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo en relación a la proposición para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que comparezca ante la Comisión de Salud, para que exponga las acciones que está llevando a cabo la dependencia, para detener el uso de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para exhortar al director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a que otorgue la escrituración a los colonos de la zona urbana y suburbana de Altamira, Tamaulipas.

De las comisiones de Desarrollo Social y de Salud, con puntos de acuerdo en relación a la proposición para solicitar a las secretarías de Desarrollo Social y de Salud, se rea-lice un diagnóstico respecto al grave problema de salud motivado por la contaminación del río Santiago, que padecen los habitantes del municipio de El Salto, Jalisco.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO FINAL DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El registro final de asistencia se toma de la última votación nominal.

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CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 29 de septiembre, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:00 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 14 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 381 diputados

Asistencia al cierre de registro: 393 diputados

Asistencia al final de la sesión: 385 diputados

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3

Proposiciones con punto de acuerdo: 23

Puntos de acuerdo aprobados: 5

Oradores en tribuna: 41

PRI-13; PAN-12; PRD-9; PVEM-5; PC-2

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa;

1 comunicación del Congreso del Congreso del estado de Nuevo León;

2 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la integración de diversas comisiones;

6 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite puntos de acuerdo en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la delegación de diputados que participará en la VII Reunión Interparlamentaria Cuba - México;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite punto de acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Puebla;

1 minuta proyecto de decreto, que concede permiso a 7 ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas;

2 minutas de ley;

2 iniciativas del PRI;

3 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

2 iniciativas del PVEM.

Dictamen de primera lectura:

1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Capitalización del Procampo.

Dictamen aprobados:

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para convocar a una sesión solemne de la Cámara de Diputados el 7 de octubre de 2004, para conmemorar el XXX aniversario de la creación de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a dictar la resolución administrativa para fincar responsabilidades a los servidores públicos de la Dirección General de Vida Silvestre que presuntamente actuaron en el otorgamiento ilegal de permisos de aprovechamiento extractivo cinegético;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar e implementar un programa nacional de tratamiento de residuos peligrosos y su inocuidad, utilizando tecnología de punta;

1 de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al director general y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a instalar mesas de trabajo para analizar las propuestas de cambio en la normatividad de las guarderías;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar estudios en el área del proyecto Puerto Mío, en la Bahía de Zihuatanejo, para formular un programa de restauración ecológica;

1 de las Comisiones Unidas de Salud y Economía, con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, a que a través de las secretarías de Salud y de Economía, revise dos normas oficiales mexicanas relativas a alimentos y bebidas no alcohólicas;

1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para solicitar al Banco Nacional de Obras y Servicios Público, Sociedad Nacional de Crédito, a que realice los estudios técnicos para la construcción de accesos y salidas de la autopista Guadalajara - Lagos de Moreno.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Avila Serna, María (PVEM) Presupuesto 2004: 203

Boltvinik Kalinka, Julio (PRD) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 121

Córdova Villalobos, José Angel (PAN) Ley General de Salud: 44, 76

Cruz Martínez, Tomás (PRD) Río Lerma: 133

Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Economía informal: 136

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Ley Federal del Trabajo: 50

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Estado de Chihuahua: 149 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Ley Federal del Trabajo: 147 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 123 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Presupuesto 2004: 203 desde curul

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI) Estado de Baja California: 184

Díaz González, Felipe de Jesús (PAN) Estado de Puebla: 153

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Certificados de defunción: 192

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Enfermedades alérgicas: 190

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Distrito Federal: 126

Espino Arévalo, Fernando (PVEM) Ley General de Cultura Física y Deporte: 71

Fierros Tano, Margarito (PRD) Día Nacional del Bracero: 156

Franco Hernández, Pablo (PRD) Ley Federal del Trabajo: 145

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Planeación municipal: 170

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Día Nacional del Bracero: 158

García Sanjinés, María Antonia (PAN) Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social: 180

García Solís, Iván (PRD) Nezahualcóyotl: 94

Gastélum Bajo, Diva Hadamira (PRI) Presupuesto 2004: 200

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Artículo 125 constitucional: 85

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Aeropuertos: 195

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Líneas Aéreas Azteca: 159

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Gasto público: 182

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 151

Izaguirre Francos, María del Carmen (PRI) Recursos pluviales: 176

Lastra Marín, Lucio Galileo (PAN) Verificación de quórum: 28 desde curul

Muñoz Santini, Inti (PRD) Estado de Jalisco: 131

Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI) Día Nacional del Bracero: 158

Núñez Armas, Juan Carlos (PAN) Aguas nacionales: 168

Orozco Gómez, Javier (PVEM) Aguas nacionales: 169

Pérez Góngora, Juan Carlos (PRI) Ley del Impuesto sobre la Renta: 58

Pérez Zaragoza, Evangelina (PAN) Derechos de infantes: 150

Preciado Rodríguez, Jorge Luis (PAN) Estados de Baja California Sur y Quintana Roo: 98

Rangel Espinosa, José (PRI) Aguas nacionales: 166

Rivera Cisneros, Martha Leticia (PAN) Desarrollo territorial: 197

Rodríguez Anaya, Gonzalo (PRI) Gobierno Federal: 187

Rojas Toledo, Francisco Antonio (PAN) Leyes de Planeación Estatal: 139

Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel (PRI) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 39

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados: 124

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Violencia intrafamiliar: 64

Yu Hernández, Nora Elena (PRI) Estado de Chihuahua: 147 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Victor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazan Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordoñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López Ady García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruíz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Adolfo Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Hector Pablo Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, Ma. Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruíz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño María Esther Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Asistencias: 147 Asistencias por cédula: 9 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 36 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 30 Total diputados: 223 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala Isidro Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz María Salome Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Sanjines María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza José Julio González González, Ramón González Morfín José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortíz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 117 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 16 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Duarte Olivares Horacio Ensastiga Santiago Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma Sinforina Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla Juan García Domínguez, Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli, María Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García, Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 77 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 12 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 5 Total diputados: 97 Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna, María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Óscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruíz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares Miguel Angel Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Alarcón Hernández, José Porfirio Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Ávila Rodríguez Gaspar Canul Pacab Angel Paulino Cervantes Vega, Humberto Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Díaz Ortega, Jesús Angel Escalante Arceo, Enrique Ariel García Corpus, Teofilo Manuel González Ruíz, Alfonso Grajales Palacios, Francisco Guzmán Santos, José Herrera Solís, Belizario Iram Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Martínez De La Cruz Jesús Humberto Morales Flores, Jesús Pérez Magaña, Eviel Ramón Valdez Jesús María Saenz López, Rosario Sánchez López, Jacobo Silva Santos Erick Agustín Soriano López, Isaías Valenzuela García, Esteban Vega Rayet, Juan Manuel Vizcarra Calderón Guadalupe de Jesús Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael Faltas por grupo: 30 PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández Huberto Álvarez Ramos J. Irene De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo González Garza José Julio Hernández Martínez Ruth Trinidad Loera Carrillo Bernardo Méndez Galvez, Alberto Urcino Osorio Salcido José Javier Ovalle Araiza Manuel Enrique Palmero Andrade, Diego Pérez Moguel, José Orlando Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos Vázquez Saut, Regina Faltas por grupo: 13 PARTIDO REVOLUCION DEMOCRATICA Ferreyra Martínez, David González Bautista Valentín Moreno Álvarez, Inelvo Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Faltas por grupo: 5 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Fuentes Villalobos, Félix Adrián Lujambio Moreno, Julio Horacio Faltas por grupo: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Ortega, Jesús Angel Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Franco Vargas, Jorge Fernando Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García López, Ady García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Canto, Félix Arturo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Merino, Francisco Alberto Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Ortiz Alvarado, Jorge Osorio Chong, Miguel Angel Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Pérez Góngora, Juan Carlos Pérez Magaña, Eviel Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramírez Puga Leyva, Héctor Pablo Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Vizcarra Calderón, Guadalupe de Jesús Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús PARTIDO ACCION NACIONAL Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Barrio Terrazas, Francisco Javier Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Camarillo Zavala, Isidro Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Elyd Sáenz, María Salomé Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Sanjinés, María Antonia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bautista López, Héctor Miguel Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Duarte Olivares, Horacio Ensástiga Santiago, Gilberto Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez, Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Sánchez Rodríguez, Víctor Lenin Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel PARTIDO DEL TRABAJO Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Yunes Linares, Miguel Angel