DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 21 de abril de 2005	Sesión No. 25

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sírvase la Secretaría hacer del conocimiento de la Presidencia el cómputo de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados, señor Presidente. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:08 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 21 de abril de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

De la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fauzi Hamdán Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XIII al artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a ser la fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Vivienda. (Turno a Comisión)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Mesa Directiva:

Con punto de acuerdo, para la incorporación de fórmula de diputados en la quinta circunscripción plurinominal. (Votación)

De la Junta de Coordinación Política:

Con punto de acuerdo, por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex. (Votación)

Con punto de acuerdo, por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. (Votación)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados formula un extrañamiento al Presidente de la CNDH por sus declaraciones ante la Asamblea de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en relación con los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a propuesta del diputado Miguel Lucero Palma. (Votación)

Con punto de acuerdo, relativo al paso por territorio mexicano del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles. (Votación)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Marina, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Diego José Garibay y García de Quevedo para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y de Jalisco.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ana Laura de la Torre Saavedra, Martha Elena Muñoz Pérez, Mary Anne Colín Gascón, Víctor Alfredo Herrera Ávila, Lourdes Aidé Berger Armendáriz, Mónica Sabrina Nava Garcés, Susette Trinidad Vázquez Gudiño y Guillermo Daniel Prior Ortiz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco, y en Tijuana, Baja California; y en la Embajada de la República de Sudáfrica en México, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad.

De las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional, y de Marina, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que deroga las fracciones I y II, y reforma la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 44, 46, 114, 158, 163 y 166 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 y adiciona uno 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado José Eduviges Nava Altamirano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que la Cofetel defina las condiciones en que la SCT otorgará los permisos sobre actualización de canales de frecuencias para prestar el servicio de radiocomunicación privada, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del partido de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectores de instituciones públicas y demás funcionarios, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de medidas de apremio decretadas por los tribunales, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Pablo Pavón Vinales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un décimo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional los derechos de las personas adultas mayores, a cargo del diputado Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1068 del Código de Comercio, en materia de notificaciones en los procedimientos judiciales mercantiles, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 369 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 3, 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de instituciones de educación superior, a cargo del diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 102 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y reforma el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo segundo al artículo 52 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 87, 97 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y deroga el artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción III del artículo 12 del Código de Comercio, en materia de no ejercicio del comercio, a cargo del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 173 y adiciona un artículo 173 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de beneficiar a todo mexicano por nacimiento en cualquier licitación, adquisición, concesión, arrendamiento, oferta o contrato de cualquier especie o materia, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de fomentar el turismo nacional mediante los denominados ``fines de semana largos'', suscrita por los diputados Francisco Xavier López Mena y Sergio Álvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de la remisión masiva de mensajes no solicitados (spam), a cargo del diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona las fracciones IX y X al artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Óscar Pimentel González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Manuel García Corpus, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 40 y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción XI al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley General de Educación, para la difusión y el tratamiento de las efemérides nacionales, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Protección Civil, para dotar de recursos inmediatos a zonas afectadas por desastres naturales, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Sedesol a implantar un programa urgente de educación integral a fin de que en las escuelas rurales de nivel preescolar y primarias del país se construyan comedores y cocinas, con el equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación de los estudiantes, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Diputados a realizar un convenio con la Asociación Civil Ecológica y Compromiso Empresarial, de manera que se implante un programa de recolección, separación y acopio de los recipientes plásticos, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de Ejecutivo federal a instruir a diversas secretarías de Estado y a diversos gobernadores para que sus dependencias responsables de los asuntos de medio ambiente y equilibrio ecológico acaten las normas ambientales y coordinen acciones para hacer eficiente el ejercicio de sus funciones, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a diversas secretarías de Estado y a diversos gobernadores para que las acciones en materia de servicios de energía, comunicaciones, transportes, vialidades, vivienda y demás elementos de infraestructura básica, así como los de salud, educación, cultura, esparcimiento y deporte, que realice cualquier entidad pública o privada se incluyan en los programas de desarrollo establecidos en los estados y los municipios afectados por los trabajos del proyecto de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos, para que realicen las gestiones y adopten las medidas conducentes a que las actividades de la paraestatal citada se orienten a impulsar el desarrollo de la región y del país, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorización a efecto de celebrar el segundo Foro de consulta ciudadana para el análisis de la problemática de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para reestructurar Pemex en función de los intereses nacionales, considerando los diversos conceptos que señala esta propuesta, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México y al gobernador de esa entidad a resolver conforme a derecho las denuncias presentadas respecto del proceso electoral en la entidad, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que se considere 2005 ``Año de Innovación y Calidad en la Vivienda'', a cargo del diputado Isaías Lemus Muñoz Ledo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Vivienda. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a reconstruir y rehabilitar mediante la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y la Sagarpa el bordo de contención del lago de Chapala, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diversos gobiernos estatales y a los municipales a realizar en el ámbito de sus respectivas competencias las gestiones necesarias a efecto de cambiar la nomenclatura de los lugares públicos que llevan el nombre del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir los instrumentos jurídicos específicos necesarios a fin de ejecutar el Programa Especial de Energía para el Campo, a cargo del diputado Benjamín Sagahón Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a proporcionar más presupuesto destinado a suero antialacránico para los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Michoacán, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa con relación a la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear mediante el secretario de Turismo un programa de seguridad para los visitantes en nuestro país, a cargo de la diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a incentivar las campañas de vigilancia, protección y conservación de las zonas arqueológicas e investigar posibles actos de negligencia de las autoridades, a cargo de la diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a informar sobre las acciones realizadas o proyectadas para garantizar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales, que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a la SCT a expedir el reglamento correspondiente a los artículos 2, fracción XIII, y 58 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Salud a proporcionar más presupuesto destinado a suero antialacránico para los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Durango, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar de manera respetuosa al titular de la SRE a requerir formal e institucionalmente ante el Presidente de la República de Argentina, doctor Néstor Carlos Kirchner, la no extradición del luchador social de origen chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, actualmente detenido por la Interpol en ese país, y a proponer su asilo ahí, a cargo del diputado Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para convocar al concurso de dibujo infantil y juvenil Agua, acciones locales para un reto global, en el marco del cuarto Foro Mundial del Agua, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar en el ámbito de sus competencias el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999 para que la prevención, el tratamiento y el control de adicciones se realicen con absoluto respeto de la integridad y dignidad humanas, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para reasignar recursos a la Sagarpa, y crear instrumentos operativos integrales que beneficien a los productores piñeros de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca, a cargo del diputado Gustavo Zanatta Gasperín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología a participar y apoyar en la realización de la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la SHCP a homologar las condiciones laborales de los docentes de las instituciones públicas de educación media superior, a cargo del diputado Paulo Tapia Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral e investigar sobre desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas, federales y estatales, a realizar las acciones necesarias para considerar obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media superior, públicas y privadas, incluidos los organismos descentralizados y los desconcentrados que imparten este nivel, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a conducirse con arreglo a la Constitución en el próximo encuentro trilateral de mandatarios de la región del TLCAN, a cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo respecto del Capítulo Agropecuario del TLCAN y a presentar a esta soberanía un balance a 11 años de dicho acuerdo comercial, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a detallar a esta soberanía las cantidades de agua que se acordó entregar para eliminar el adeudo acumulado durante los ciclos 25 y 26, correspondientes al periodo 1992-2002, de conformidad con el tratado celebrado en 1944 entre nuestro país y el Gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que programe y ejecute la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía (antes Nieves), en Zacatecas, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a instaurar mediante el INEA un programa que abata de manera integral el analfabetismo, y a convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, financiamiento y operación de este programa, donde las aportaciones de carácter privado sean deducibles de impuestos, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la SCT y a la Cofetel para que disminuyan el número de claves lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se aplique la tarifa eléctrica 1E a los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, pertenecientes al distrito I de Tamaulipas, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a fin de solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que la iniciativa presentada el 9 de diciembre de 2004 referente a los ex braceros mexicanos sea dictaminada a favor, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ambiental Metropolitana y a la Secretaría de Salud a actualizar los valores de activación o disparo de los programas para mitigar el efecto de las contingencias ambientales en el valle de México, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a atender con carácter de urgente mediante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía la problemática derivada de las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por la empresa Gas Natural México en el estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se congratula por la normalización del proceso de transición democrática de Ucrania, felicita al nuevo Presidente de ese país, Víctor Yuschenko, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a abrir una embajada de México en Kiev, suscrita por los diputados Adriana González Carrillo y Homero Ríos Murrieta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que cree un grupo de trabajo que estudie los factores que limitan la capacidad de la banca comercial para otorgar crédito a muchas actividades productivas, y elabore propuestas de modificación de la legislación aplicable a fin de resolver ese grave problema, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a actuar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las constantes agresiones contra periodistas en Baja California, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la problemática de acceso al mercado de América del Norte, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a llevar a cabo acciones inmediatas en los casos de delitos sexuales y feminicidios ocurridos en la zona sur del estado; y al titular del Poder Ejecutivo federal, a establecer políticas públicas con perspectiva de género tendentes a instaurar un auténtico desarrollo social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas locales, y a los gobiernos de los estados y a los municipales a trabajar una agenda común y realizar acciones para conocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita E. Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la defensa legal de empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar observaciones y tomar las medidas necesarias para la recuperación y el mantenimiento del río Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al administrador general de Aduanas a presentar un informe detallado sobre el reporte del destino de las mercancías solicitadas por las dependencias del Gobierno Federal y entidades federativas, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía tome en cuenta el punto de acuerdo presentado por el gobernador de Chihuahua, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, aprobado por unanimidad en la 23ª reunión ordinaria de la Conago, del miércoles 16 de marzo del presente año en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde se establecen consideraciones a la Ley Federal de Presupuesto, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a cumplir de manera permanente los artículos 84 Bis, 84 Bis 1 y 84 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, e implantar un programa continuo en los diversos medios de comunicación sobre el uso racional del agua, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que modifique, en uso de la facultad conferida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, para cambiar la palabra ``inútiles'' por ``personas con discapacidad''; y que derogue diversos artículos de ese ordenamiento porque resultan obsoletos, de conformidad con el Reglamento de Pasaportes en vigor, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad que actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios de Michoacán para reclasificar la tarifa de consumo aplicada, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que establezcan la tarifa 1F en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Gobernación que informe a esta soberanía sobre la autorización, distribución y venta de revistas de caricaturas pornográficas, por ser un asunto concerniente al ramo de sus actividades; y al secretario de Comunicaciones y Transportes, que retire de inmediato la pornografía infantil en dibujos que se vende a niños, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra a favor del resolutivo que condena a Estados Unidos de América por la violación sistemática de los derechos humanos en la base naval de Guantánamo y la cárcel de Abu Ghraib, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar las actividades de la Fundación de los Derechos Humanos, promovida en México por la Fundación Cubano-Americana, y a declarar no gratos a Omar López Montenegro y Jorge Mas Santos por sus actos de injerencia en la política interna de México y por sus ignominiosas declaraciones contra las instituciones del Estado mexicano, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, y al titular de la Comisión Federal de Electricidad a iniciar una profunda revisión de las tarifas domésticas por suministro y venta de electricidad en el estado de Chihuahua para que, en beneficio de la ciudadanía, se dé una homologación con base en la tarifa más baja, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa sobre el levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SEP y al Conaculta a realizar las gestiones correspondientes para aplicar las asignaciones del capítulo 1000, aprobadas y etiquetadas en el decreto de Presupuesto 2005 por esta soberanía, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud federal y al gobernador de Aguascalientes a tomar las medidas correspondientes de corrección y sanción a los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por los órganos internos de control de la entidad en el Programa de Seguro Popular de Salud, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a expedir, previo acuerdo con los gobernadores de las entidades federativas, las reglas a que se sujetarán el suministro, el intercambio y la sistematización de la información del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaria de Salud a diseñar e implantar una campaña nacional permanente para concientizar, prevenir y controlar las infecciones que afectan las vías respiratorias y que se transmiten por los sistemas de aire acondicionado, de calefacción o ambos, a cargo de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar un programa para la clasificación del ganado bovino en pie, a cargo del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el sistema lagunar Julivá-Santa Anita, en Tabasco, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar como delitos en sus respectivas leyes penales las conductas relativas al abandono de personas o, en su caso, a revisar los referidos tipos penales para otorgar mayor tutela en este rubro, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios de Michoacán para reclasificar la tarifa de consumo aplicada en ellos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para la urgente emisión del dictamen sobre la derogación del artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a llevar a cabo programas permanentes de actualización y profesionalización para los empleados de ésta, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla a emitir resolución sobre el conflicto limítrofe entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, respetando la actual división territorial y el marco normativo vigente en ese estado, a cargo el diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a diversas comisiones de la Cámara de Diputados que se acepte y analice el estudio que la Universidad Nacional Autónoma de México realizará sobre la instalación de casinos en el país, previo dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos, Apuestas y Sorteos, suscrita por los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a ampliar en el próximo proyecto de Presupuesto, por conducto de las dependencias competentes, la asignación de recursos a los Ramos 33 y 20, a fin de fortalecer la cobertura de servicios de salud y nutrición para combatir la marginación y la pobreza extrema de los mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Chiapas a evitar la apertura del mercado de recursos genéticos sin la debida discusión y construcción de consensos, y a promover decididamente en su legislación el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que México forma parte, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas a dar a conocer los resultados de las inspecciones periódicas y extraordinarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo, en las industrias maquiladoras establecidas a lo largo de sus respectivas franjas fronterizas, practicadas del año 2004 a la fecha, a cargo de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de las instituciones que forman la banca de desarrollo a impulsar el microcrédito y los programas referidos a éste; y, en su caso, a estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del crédito en 2005, proclamado por la ONU como Año Internacional del Microcrédito, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ministerio Público Militar a conducirse con imparcialidad y transparencia, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Gobernación a informar a esta soberanía sobre las acciones realizadas en materia de juegos y sorteos; y a comparecer ante las Comisiones de Gobernación, de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Reforma Agraria a resolver el conflicto de tierras que enfrenta la comunidad indígena Misión Chichimeca, en San Luis de la Paz, Guanajuato, suscrita por los diputados Pascual Sigala Páez, Rafael Galindo Jaime y Armando Rangel Hernández, de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los secretarios de Seguridad Pública, y de Salud a instaurar los mecanismos necesarios para revisar y mejorar el sistema de dietas y alimentación de los internos de los centros federales de readaptación social, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a evaluar la situación que guarda la Corporación Colectiva Industrias del Pueblo, Sociedad Solidaria Social, situada en la cabecera municipal de Tuxpan, Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a establecer medidas de protección coordinadas que permitan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro El Molcajete, de Zitácuaro, así como a dar seguimiento a las denuncias presentadas por las autoridades de San Miguel Chichimequillas, de dicho municipio, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a las dependencias y a las entidades respectivas del Gobierno Federal que garanticen condiciones de competencia entre las compañías telefónicas y realicen una investigación minuciosa sobre el servicio, así como que expidan una norma oficial mexicana que verifique el servicio telefónico medido, a cargo del diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que ponga fin a la campaña que realizan medios de comunicación sobre legalidad y desafuero, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a considerar prioritaria, mediante la Sagarpa, la aplicación del Programa del Sistema de Seguimiento Satelital, suscrito por los diputados José Antonio Cabello Gil y Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados formula un extrañamiento al Ejecutivo federal por no haber considerado las opiniones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sobre el sentido del voto emitido en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra respecto al tema de los derechos humanos en Cuba, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a agilizar, mediante las áreas correspondientes --como la Comisión Nacional del Agua--, los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, a cargo del diputado Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a reformar sus Constituciones y leyes locales en materia electoral, a fin de garantizar la homologación de los tiempos y periodos comiciales, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del hospital Juárez del Centro, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que los subsidios anunciados a los consumidores domiciliarios del gas natural se extiendan a los del gas licuado de petróleo --o LP--, así como a los consumidores agrícolas y declare una suspensión inmediata de cualquier autorización de aumentos a estos energéticos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que cumpla las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento, en materia de restricción a la transmisión de programas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores, a cargo del diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite al titular de la SEP que investigue y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de haber coaccionado a comunidades de instituciones educativas para asistir a un acto proselitista organizado por el PAN, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a integrar al Programa Nacional de Normalización 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la NOM-015 SEMARNAP/SAGAR-1997, a fin de que sean actualizadas, a cargo del diputado Francisco Javier Lara Arano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a establecer un programa de apoyo a estudiantes invidentes de primaria, secundaria y educación media superior, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas secretarías que revisen el incumplimiento de Pemex a las medidas de seguridad, y de las empresas contratistas, al requisito de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como que realicen las investigaciones conducentes y finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las fuerzas políticas representadas en el estado de Chihuahua a conformar un frente amplio, junto con las autoridades, en contra de la delincuencia organizada, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la publicidad en los medios electrónicos de los programas sociales y asistenciales donde se menciona la frase ``el gobierno de Fox'', a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar que comparezca ante la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a fin de que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2 encontradas en nuestro país, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, así como a la SHCP a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, implementen la liberación de los recursos destinados a realizar el proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública que comparezcan y expliquen ante las comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados por qué no se han reanudado los trabajos de la carretera Lagos de Moreno-Las Amarillas y la Carretera Lagos de Moreno-León, y exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a consignar, conforme a derecho, la averiguación previa 3554/04, que se encuentra en la delegación Jalisco de la PGR, e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el estatus de dicha averiguación, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actualización del Reglamento de Cooperativas Escolares, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados soliciten a las comisiones de la Cámara de Senadores encargadas de dictaminar la minuta de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos --aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004-- que sesionen en conferencia, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Energía, y de Salud, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Fortalecimiento del Federalismo, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Procedemos a desahogar el acta de la sesión anterior y su lectura. Consulte también a la Asamblea si se le dispensa.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes diecinueve de abril de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos doce diputadas y diputados, a las once horas con trece minutos del martes diecinueve de abril de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

Hablan desde su curul en relación con la segunda lectura, discusión y votación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal dos mil uno, los diputados: Guillermo Huízar Carranza, en dos ocasiones, y Pablo Gómez Álvarez, en cinco ocasiones, ambos del Partido de la Revolución Democrática, y hacen comentarios de procedimiento, solicitan aclaraciones en relación con el dictamen y consultar a la Asamblea su inclusión en el orden del día de la presente sesión; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Presidente formula comentarios de procedimiento y hace las aclaraciones que corresponden. La Asamblea, en votación económica, aprueba el orden del día en los términos presentados por la Mesa Directiva.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

A las once horas con treinta y un minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y tres diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Comunicación del Congreso del estado de Querétaro con acuerdo por el que manifiesta su apoyo al Programa Paisano, solicitando al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados federales, destinar recursos suficientes para su permanencia. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Una, con la que propone cambios en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación. Se aprueba en votación económica.

Una, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Pesca, de Asuntos Indígenas y de Cultura. De enterado.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Procuraduría General de la República remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que solicita permiso para que el ciudadano Alfonso Barnetche Pous pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Portuguesa en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

Siete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores devuelve, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las minutas proyectos de decreto:

Que reforma los artículos doce, treinta y dos, ochenta y nueve, noventa, noventa y dos y noventa y tres de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que reforma la fracción sexta del artículo trescientos treinta y tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Oficios de la Secretaría de Gobernación por el que remite iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.

El Congreso del estado de Querétaro remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Agricultura y Ganadería.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad. Es de primera lectura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional y de Marina con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento sesenta y cuatro de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos uno y adiciona el artículo trescientos nueve bis al Código Penal Federal. Es de segunda lectura. La diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, presenta voto particular. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos once votos en pro, ochenta en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente saluda la elección del Cardenal Joseph Ratzinger como Su Santidad Benedicto Decimosexto y nuevo Papa, a solicitud hecha durante la votación anterior, desde su curul, por el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos veintinueve, doscientos veintidós y doscientos veintidós bis del Código Penal Federal. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y siete votos en pro y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona el artículo trescientos sesenta y seis del Código Penal Federal. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. Es de segunda lectura. El diputado Manuel Ignacio López Villarreal, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos sesenta y dos votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura de tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso:

Al ciudadano Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Nicaragua en Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

A los ciudadanos Mario Jesús Riestra Venegas y Alfredo Fuentevilla Ruffo para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Presidente de la República Federal de Alemania y el gobierno del Reino de Dinamarca, respectivamente.

A seis ciudadanos para prestar servicios en las Embajadas de Costa de Marfil y de Serbia y Montenegro en México.

Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y nueve votos en pro, ninguno en contra y siete abstenciones. Pasan al Ejecutivo y al Senado, según corresponda, para los efectos constitucionales.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, información sobre la disposición de recursos del fondo de reserva y de los recursos propiedad de los trabajadores para el traspaso a las administradoras de fondos para el retiro o pago a los trabajadores pensionados o a sus beneficiarios. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y en coordinación con los gobiernos del estado de México y del municipio de Nezahualcóyotl, dé cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana relativa a especificaciones de protección ambiental, para el establecimiento de un sitio de disposición final de residuos sólidos municipales. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a que revise y mejore las políticas de prevención y atención del cáncer cérvico -- uterino y mamario, a fin de reducir las tasas de mortalidad por esa causa, informando sobre las acciones que realiza la Secretaría de Salud en materia de investigación, atención y prevención de ese tipo de cáncer. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a que considere los procedimientos de origen alérgico e inmunológico, especialmente asma, como un problema grave por su incidencia dentro de la transición epidemiológica de salud y a que implemente acciones de prevención, estrategias de educación, diagnóstico oportuno, atención y manejo por médicos especialistas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo por el que asume el compromiso de buscar y proponer formas para dar efectivo seguimiento del uso de recursos federales en materia educativa que se transfieren a estados y municipios. Habla en pro la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Siete dictámenes con puntos de acuerdo:

De las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos doscientos cincuenta y nueve y doscientos sesenta y siete y adiciona el artículo doscientos sesenta y siete bis de la Ley del Seguro Social, presentada el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

De las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos doce y ciento ochenta de la Ley del Seguro Social, presentada el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

De las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, presentada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y nueve.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el que se devuelve, para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, recibida el tres de abril de dos mil tres.

De las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el diecinueve de octubre de dos mil cuatro.

De la Comisión de Salud por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos ciento veinticuatro bis y ciento veinticuatro ter a la Ley General de Salud, presentada el ocho de febrero de dos mil cinco.

De la Comisión de Salud por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo ciento ochenta y seis de la Ley General de Salud, presentada el catorce de diciembre de dos mil cuatro.

Se aprueban los siete dictámenes en votación económica. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos, y por lo que se refiere al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se devuelve al Senado para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes proyectos de acuerdo:

Para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que se adopten las medidas necesarias para asegurar que la sociedad mexicana ha quedado libre de la posibilidad de contagio, en virtud de la destrucción de muestras del virus de influenza. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para respaldar las acciones del gobierno federal tendientes a promover una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar a Petróleos Mexicanos a que investigue las causas que provocaron la fuga y explosión de un ducto de amoniaco en el municipio de Nanchital, Veracruz, evaluando las capacidades técnico -- operativas de la empresa Reparaciones Navales y Petroquímica, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizando las acciones y gestiones para garantizar las indemnizaciones correspondientes y adoptando las medidas necesarias para disminuir los riesgos de nuevos accidentes, así como para exhortar a la Procuraduría General de la República a que lleve a cabo las investigaciones ministeriales respectivas. El Presidente informa de la recepción por escrito de la posición en pro de la diputada Guadalupe Jacqueline Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, e instruye la inserción íntegra del texto respectivo en el Diario de los Debates. Hablan en pro los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

José Jesús Vázquez González, del Partido Acción Nacional; Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia. Se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese. Antes de la intervención del diputado Guízar Valladares, desde su curul hablan los diputados: José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, para solicitar que el texto de la intervención en pro de la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez en relación con el proyecto de acuerdo relativo a la Organización de las Naciones Unidas, sea insertado íntegro en el Diario de los Debates; y Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, quien expresa que no existe inconveniente de su grupo parlamentario para que se conceda la palabra a la diputada Gámez Gutiérrez. La Presidencia hace aclaraciones de procedimiento y atiende la solicitud del diputado De la Vega Asmitia.

La Presidenta informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que adiciona un Capítulo Siete bis, denominado Sobre las Técnicas de Reproducción Asistida, al Título Tercero de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Público Vehicular. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos diecisiete y ciento treinta y tres de la Ley General de Salud y reforma el artículo setenta y siete de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo treinta y cuatro bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes.

Francisco Javier Bravo Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones contenidas en los artículos quinto, octavo y noveno de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Energía, que expide la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía. Se turna a la Comisión de Energía.

Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, que reforma el artículo mil cuatrocientos siete del Código de Comercio. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Economía.

Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo novecientos noventa y nueve de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Fernando Álvarez Monje, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciocho de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos diecisiete, noventa y cinco, ciento dos, ciento tres y ciento cinco, y adiciona los artículos catorce y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear las figuras de defensor del pueblo y el amparo social. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, ésta última a solicitud hecha posteriormente desde su curul por el proponente y atendida por la Presidencia.

Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos dos -- C, quince y cuarenta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Roberto Colín Gamboa, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo treinta y ocho, reforma el artículo treinta y nueve y deroga diversas disposiciones del artículo cincuenta y uno del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y del Distrito Federal.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos ciento diecisiete y ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y durante su intervención es interrumpido por la Presidencia para formularle una moción de orden. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento setenta y uno de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Miguel Amezcua Alejo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y seis y adiciona un artículo cuarenta y seis bis a la Ley General de Educación y adiciona un Capítulo Tercero, denominado De la Educación a Distancia, a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

María Angélica Ramírez Luna, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y nueve y sesenta y tres y adiciona el artículo cincuenta y nueve bis de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para inscribir con Letras de Oro en los Muros de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de José Vasconcelos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo doscientos quince del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos cuarto, doce y trece de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Sergio Arturo Posadas Lara, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos veinte, veintidós y cuarenta y cuatro de la Ley de Puertos, séptimo de la Ley de Inversión Extranjera, cuarenta y nueve de la Ley de Navegación y doscientos sesenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, de Economía, de Marina y de Trabajo y Previsión Social.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos trescientos nueve del Código Penal Federal y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos cincuenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Francisco Javier Carrillo Soberón, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma y adiciona los artículos veintiséis, treinta, treinta y uno y cuarenta de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía. Desde su curul el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum, y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para el efecto.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos noventa y nueve y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y setenta y tres de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo dieciocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública. Con el registro de trescientos setenta y tres diputadas y diputados se confirma la existencia de quórum.

Víctor Hugo Adrián Islas Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos quinto, catorce y treinta y uno de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo cincuenta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación.

José Alberto Aguilar Inárritu, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la figura de Jefe de Gabinete Presidencial. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investigue el deterioro de la zona de manglares en los estados de Nayarit y Sinaloa. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, para que la Procuraduría General de la República informe sobre los motivos por los que no ha solicitado el ejercicio de la acción penal contra el titular de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, por el incumplimiento a un amparo otorgado por la justicia federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

José Javier Villacaña Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a actuar con imparcialidad en los asuntos que sean del conocimiento de ese organismo, a agotar los procedimientos establecidos por la ley antes de emitir opiniones o recomendaciones y a evitar juicios personales y de valor sobre los asuntos nacionales, sin demérito de su libertad de expresión como persona y como ciudadano. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de los requisitos que deben de cumplir los rectores o directivos de universidades públicas para postularse a un cargo de elección popular. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, para solicitar a Petróleos Mexicanos la reubicación de los ductos y de la subestación número ocho que se encuentra dentro del cauce del Río Chiquito en el estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Energía.

Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de México, para que verifiquen que las sociedades de información crediticia cumplan con las disposiciones del artículo veintitrés de la Ley para Regular las Sociedad de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que analice y certifique para su aplicación, la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados, sobre control biológico del lirio acuático en la cuenca del Río Lerma y principalmente en el Lago de Chapala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que el último registro de asistencia servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las dieciocho horas con seis minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintiuno de abril de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, ciudadano diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada, el acta.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado José González Morfín, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Baja de la diputada Alejandra Méndez Salorio de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores, y Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2005.---Diputado José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

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TRAFICO DE MENORES

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-997, suscrito el día 26 de enero último, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 400/068/2005, signado el 14 del actual por el C. licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que solicita a esta dependencia, redoblar los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza, en lo que respecta a la entrada o salida de menores, alertando a las autoridades migratorias del posible tránsito de menores provenientes de las regiones devastadas del sureste asiático, sean o no originarios de éstas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 19 de abril de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/442/05, mediante el cual comunica punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 26 de enero de 2005, en relación con la vigilancia fronteriza de las entradas y salidas de menores y alertar a las autoridades migratorias sobre el posible tránsito de éstos, provenientes de regiones devastadas por el tsunami, le informo:

Adjunto encontrará oficio número INM/219/05, suscrito por la comisionada del Instituto Nacional de Migración, en el cual manifiesta las acciones que se han realizado de conformidad con las atribuciones del citado Instituto, para dar cumplimiento al punto de acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Lic. Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Instituto Nacional de Migración.

Lic. Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.--- Presente.

En atención a su diverso de fecha 4 de febrero de 2005 No. 400/020/05, en relación con el punto de acuerdo aprobado en sesión del pasado 26 de enero por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre el exhorto a la Secretaría de Gobernación para redoblar la vigilancia fronteriza de las entradas y salidas de menores y alertar a las autoridades migratorias sobre el posible tránsito de éstos, provenientes de las regiones devastadas, sean o no originarios de éstas.

Al respecto, me permito informarle que se giraron instrucciones a las delegaciones regionales del INM en el país, mediante comunicado general que se anexa No. CD/CG/174/2005, a efecto de que se fortalezcan los puntos de internación fronterizos, así como de que instruya al personal migratorio, para que se dé cuenta de todas las actuaciones relacionadas con menores.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Lic. Magdalena Carral (rúbrica), Comisionada en el Instituto Nacional de Migración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.--- Instituto Nacional de Migración.

CC. Delegados Regionales del INM.--- Presentes.

Por instrucciones de la licenciada Magdalena Carral, comisionada del INM, me permito remitirles copia del oficio No. SEL/300/442/05 de fecha 27 de enero de 2005, suscrito por el licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual comunican al titular de esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado en sesión de esta fecha, que a la letra dice:

``Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que nuestro país redoble los esfuerzos en materia de vigilancia fronteriza en lo que respecta a la entrada o salida de menores, alertando a las autoridades migratorias del posible tránsito de menores provenientes de las regiones devastadas, sean o no originarios de estas.''

Lo anteriormente expuesto, se hace de su conocimiento para su observancia y aplicación, debiendo informar a la brevedad a esta Coordinación sobre el cumplimiento correspondiente,

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 14 de febrero de 2005.--- Lic. Agustín Caso (rúbrica), coordinador de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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DONALDO ALVAREZ RUIZ

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-994, suscrito el 26 de enero último por los CC. diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 400/ 063 /2005, signado el 13 de marzo del año en curso por licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que solicita a esta dependencia que informe cuáles son los filtros para impedir el ingreso de responsables de crímenes graves contra la humanidad en el territorio nacional, y proceda a cancelar de inmediato al señor Donaldo Álvarez Ruiz el permiso de residencia vigente.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 19 de abril de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/398/05, mediante el cual comunica punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 26 de enero de 2005, consistente en:

``Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad con las y los ciudadanos guatemaltecos y de otros países, así como con familiares, particularmente la familia mexicana de Alaide Foppa, que fueron víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el señor Donaldo Álvarez Ruiz, y el gobierno a que representaba. Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Agencia Federal de Investigación para que procedan de inmediato a la aprehensión del ex ministro guatemalteco, se inicie el juicio de extradición y éste responda ante los tribunales que le requieren ser juzgado por las graves acusaciones que se le imputan. Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que informe a esta soberanía cuáles son los filtros para impedir el ingreso de responsables de crímenes graves contra la humanidad en el territorio nacional y que, como acto de dignificación de nuestro país ante el mundo, proceda a cancelar de inmediato al señor Álvarez Ruiz el permiso de residencia vigente.''

Por lo que se refiere a esta Secretaría de Gobernación, y con relación al señor Donaldo Álvarez Ruiz, ex ministro del Interior de la República de Guatemala, durante el gobierno presidido por el General Fernando Romeo Lucas García, le manifiesto que el Instituto Nacional de Migración está facultado por el Reglamento de la Ley General de Población, en su artículo 109, para detener la salida del país a los mexicanos y extranjeros que ``tengan girada en su contra orden de presentación, de aprehensión o auto de formal prisión''.

Considerando que con fecha 13 de diciembre de 2004 se recibió de la Agencia Federal de Investigación, a través de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, oficio 13216 por el que se solicitó a la Coordinación de Control y Verificación Migratoria que se estableciera una alerta permanente para el caso de que el extranjero citado pretendiera realizar algún movimiento migratorio en nuestro país al respecto, la Dirección de Control y Verificación Migratoria estableció de inmediato, una ``alerta migratoria'' en todas las Delegaciones Regionales del Instituto Nacional de Migración existentes en la República Mexicana contra el nacional guatemalteco Donaldo Álvarez Ruiz, por existir orden de aprehensión con fines de extradición en su contra por los delitos de asesinato e intento de asesinato, la cual fue girada por el juez cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

A consecuencia de esta ``alerta migratoria'', en caso de ser detectado el extranjero de referencia, las autoridades migratorias no permitirán su salida del territorio nacional, e inmediatamente será puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. Para tal efecto se adjuntó a la solicitud de alerta permanente el boletín de búsqueda conteniendo su fotografía, para los efectos de que fuera distribuida en los diversos puntos de internamiento o salida del territorio nacional a cargo de las citadas delegaciones regionales. Asimismo, se registró la ficha CM/INM/004, 729/2004, dada de alta en el Sistema Integral de Operación Migratoria.

Por lo que se refiere al concepto vertido en el sentido de que se impida el ingreso en el país de personas señaladas como probables responsables de la comisión de crímenes graves contra la humanidad, esto se previene con la oportunidad debida, siempre y cuando se den las condiciones de advertencia y conocimiento previo que realicen las Cancillerías de otros países, Interpol en su caso, o bien, pedimentos de órganos judiciales de otras naciones que de manera general y anticipada alertan a la autoridad migratoria mexicana.

Por último, en lo referente a cancelar de inmediato la calidad migratoria al señor Donaldo Álvarez Ruiz, al respecto y previo desarrollo de los acontecimientos, la posibilidad jurídica de cancelación se contiene en las hipótesis de los preceptos 13, 34, 37, fracción V, y 43 de la Ley General de Población, y los numerales 106, 108 y 111 de su Reglamento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 13 de marzo de 2005.--- Lic. Armando Salinas Torre (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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CERTIFICADOS DE DEFUNCION

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-951, signado el 30 de noviembre de 2004, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 1.7.3/M 027/05, suscrito el 11 del actual por el C. doctor Francisco Escobar Vega, director general adjunto de Relaciones Internacionales y Comités Especiales Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, escuchando a diversas instancias federales y locales, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por indicaciones del Dr. Gilberto Calvillo Vives, Presidente del INEGI, doy respuesta a su atenta comunicación, en la cual amablemente nos comunicó el punto de acuerdo de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados aprobado el 30 de noviembre del año 2004, en el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en el ámbito de su competencia, instruya a la Secretaría de Salud para que, escuchando la opinión del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y de otros organismos e instituciones, se proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal, entre otros asuntos.

En consulta previa con la Dirección General de Estadística del INEGI, podemos informar que en la última reunión del 3 de febrero del año en curso, del Grupo Interinstitucional de Información en Salud (GIIS) fue tratado el tema del punto de acuerdo y fue tomada en cuenta la opinión del INEGI.

En esa misma reunión la Secretaría de Salud (Ssa) ofreció que las modificaciones propuestas por las instituciones que participan en el Grupo serían puestas a la consideración del área jurídica de la Ssa y que se informaría de ello en la reunión siguiente, para acordar lo conducente.

Sin más por el momento, reciba un atento y cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 11 de abril de 2005.--- Dr. Francisco Escobar Vega (rúbrica), director general Adjunto de Relaciones Internacionales y Comités Especiales Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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BETAAGONISTAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1728, signado el 10 de marzo último por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Graciela Larios Rivas, vicepresidente en funciones de presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 112.- 000399, suscrito el 7 del actual por el C. licenciado Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia a elaborar a la brevedad la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que son utilizados para el consumo humano.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente

Me refiero a la proposición con punto de acuerdo presentada por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Graciela Larios Rivas, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a elaborar a la brevedad la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que son utilizados para el consumo humano.

Al respecto, anexa al presente encontrara fotocopia del oficio No. BOO 0431, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, de fecha 5 de abril del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de abril de 2005.--- Lic. Felipe Zavala Ponce (rúbrica), coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Lic. Felipe Zavala Ponce, coordinador General de Política Sectorial.

Con relación a su oficio N° 112.- 357, referente a la solicitud de los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente en funciones de presidente, y Graciela Larios Rivas, secretaria, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la sesión del jueves 10 de marzo, que señala: ``Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar a la brevedad la norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que son utilizados para el consumo humano''.

Al respecto, me permito informar a usted que, desde el 2002 se integró el Subcomité Encargado de Elaborar el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana ``Especificaciones técnicas para la erradicación del uso de los betaagonistas no autorizados en los animales'' y la manifestación de impacto regulatorio (MIR) correspondiente, terminándose de elaborar el 13 de marzo de 2003, documentos que se enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su dictamen favorable, sin embargo se han recibido observaciones en 5 ocasiones por la Cofemer y actualmente se sigue trabajando en solventar las últimas observaciones recibidas por la misma.

Por lo anterior, una vez que se reciba el dictamen favorable para el citado anteproyecto y su respectiva MIR se continuará con su trámite de publicación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 5 de abril de 2005.--- Javier Trujillo Arriaga (rúbrica), director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fauzi Hamdán Amad, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores de la LIX Legislatura.--- Presente

El infrascrito, Senador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las reformas fiscales aprobadas en el mes de diciembre de 2004, se incluyeron modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) con el fin de evitar malas prácticas generadas por efectos de ``subcapitalización''. Según la exposición de motivos de dicha Ley y conforme a lo establecido en las prácticas fiscales internacionales, reglamentar la subcapitalización tiene por objeto evitar abusos por parte de países exportadores de capital, que buscan ubicar sus inversiones en los países que aplican retenciones bajas o nulas a los ingresos por concepto de intereses pagados, en aquellos que utilizan además el endeudamiento como instrumento para disminuir indebidamente la base del impuesto sobre la renta o reubicar las utilidades y pérdidas fiscales de una empresa a otra, así como en países con carga fiscal menor a la de México.

Sin embargo, los mecanismos legales tendientes a combatir tales prácticas no deberían de afectar a aquellos contribuyentes, que por proyectos productivos con necesidades de infraestructura en el país, se ven obligados a optimizar sus costos financieros a través de fuentes externas, ya que de esta manera se logran financiamientos sustentables. Por ello, las nuevas disposiciones establecidas en la fracción XXVI del articulo 32 de la LISR van más allá de evitar erosionar los intereses del fisco, al incluir a aquellos financiamientos que están destinados a proyectos fijos de inversión que contribuyen al crecimiento de la economía nacional, corriendo el riesgo de que capitales relacionados a proyectos fijos en México se inhiban ante este tipo de regulaciones que podrían ser consideradas como excesivas y discriminatorias.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los grandes retos que en materia de infraestructura el país ha afrontado y afrontará en los próximos años, un objetivo de las más recientes administraciones ha sido poner énfasis, tanto en el desarrollo de proyectos de infraestructura como en la importancia de su rentabilidad; es lógico que el gobierno federal quiera asegurarse de que los grandes compromisos presupuestales asumidos por el país repercutan en beneficios para la población y no se conviertan en lastres que frenen su desarrollo.

Siguiendo las mejores prácticas mundiales en materia fiscal y en concordancia con las instituciones financieras, cada proyecto es manejado como un centro de costo que se administra independientemente de los otros, esto con el objetivo de que los fondos emanados de la operación de cada inversión sirvan en primera instancia para repagarla, evitando vicios del pasado en que los fondos de diferentes proyectos se alojaban en una misma cuenta y posteriormente sus destinos y su administración era confusa al grado de perder el control sobre cada una de ellas.

Siguiendo esta lógica, la manera más eficiente para controlar el destino de los compromisos hechos para el desarrollo de la infraestructura vinculada con las áreas estratégicas del país, ha sido individualizar su administración, de tal forma que haya una evaluación puntual de cada una de ellas en cualquier momento mediante compañías de propósito especifico con contabilidades particulares.

La aplicación de esta política ha permitido recurrir a financiamientos en condiciones más atractivas que las que se podrían haber obtenido si se procediera de otra manera, resultando en un menor precio final para los proyectos, contribuyendo por un lado a facilitar el proceso de repago de lo invertido y por otro lado a mejores precios de los servicios prestados, promoviendo así la competitividad del país.

Es decir, en el caso de la infraestructura productiva vinculada con las áreas estratégicas del país el alto apalancamiento es necesario por las razones ya expuestas y es plenamente coherente con las mejores prácticas internacionales en el desarrollo y administración de proyectos de infraestructura que, por otra parte son de muy grandes dimensiones. Por lo que es totalmente posible empatar la necesidad de la autoridad hacendaria para vigilar y evitar prácticas indebidas con la necesidad de tener más infraestructura en las mejores condiciones.

Además de lo ya comentado es de resaltar que en diversos países miembros de la OCDE las reglas de subcapitalización son aplicadas sólo a las operaciones realizadas entre partes relacionadas residentes en el extranjero (supuesto bajo el cual no estarían los contribuyentes cuya actividad estuviera relacionada con el desarrollo de proyectos vinculados con áreas estratégicas), así también las operaciones realizadas con partes independientes (residentes o no en el extranjero), y siempre se realizan a valor de mercado. Por esa misma independencia de negocios no pueden existir beneficios para el deudor en el pago de intereses, salvo en las operaciones denominadas créditos respaldados o ``Back to Back'', en las cuales se utiliza como intermediario de un préstamo entre dos partes relacionadas a una entidad independiente, operaciones ya gravadas en nuestro país, consideradas expresamente en el articulo 92 de la LISR.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo único.- Se reforma el penúltimo párrafo de la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 32.- ...

I. a XXV. ...

XXVI. ...

...

...

...

...

...

Asimismo, no será aplicable el límite de las deudas con respecto al capital a que se refiere esta fracción, tratándose de contribuyentes cuyas actividades sean la construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura productiva vinculada con áreas estratégicas para el país, de la misma forma no se aplicará cuando se trate de los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones propias de su objeto, siempre que cumplan con las reglas de capitalización que les correspondan en los términos de la legislación aplicable al sistema financiero ni para aquellos contribuyentes que obtengan una resolución favorable en los términos que señala el artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se demuestre que las operaciones objeto de la resolución, se realizan a precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes, siempre que se trate de capitales tomados en préstamo que hayan sido otorgados por una o más personas que se consideren partes relacionadas en los términos del artículo 215 de esta Ley y, además, presenten, conjuntamente con la solicitud de resolución a que se refiere este párrafo, un dictamen emitido por contador público registrado que contenga la metodología que demuestre que los precios o montos de la contraprestación son los que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

...

XXVII. ...

...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Salón de Sesiones del honorable Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil cinco.--- Sen. Fauzi Hamdán Amad (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos correspondientes, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 28.-...

I a IV. ...

V. Tratándose de personas que enajenen o distribuyan combustibles para vehículos marítimos, aéreos o terrestres, gas natural o licuado de petróleo para combustión automotriz, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles deberán formar parte de la contabilidad del contribuyente, y para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Estas mismas obligaciones tendrán las personas morales que adquieran combustible para auto-abasto.

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses siguientes contados a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XIII al artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a ser la fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación.

Atentamente

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCION XIII AL ARTICULO 7 Y UNA FRACCION XI, PASANDO LA ACTUAL A SER LA FRACCION XII, AL ARTICULO 14 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Adicionan una fracción XIII al artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a ser la fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo7.- ...

I al XII.- ...

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.

Artículo 14.- ...

I al IX.- ...

X.-Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias;

XI.- Promover practicas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares, y

XII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente Decreto.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- México, DF, a 14 de abrl de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY DE VIVIENDA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Para los efectos correspondientes, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vivienda.

Atentamente.

México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VIVIENDA.

Único: Se Expide nueva Ley de Vivienda, la cual abroga a la actual Ley Federal de Vivienda, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

LEY DE VIVIENDA

TÍTULO PRIMERO De las Disposiciones Generales

Capítulo Único

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.

El conjunto de instrumentos y apoyos que señala este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado.

ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, así como protección física ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social a fin de evitar prácticas discriminatorias por razones de género, edad, condiciones de salud, situación laboral, pertenencia étnica, política o religiosa, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo u otorguen financiamiento para programas o acciones de vivienda, quedan sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Los organismos encargados de financiar programas de vivienda para los trabajadores, conforme a la obligación prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán en los términos de las leyes que regulan su propia organización y funcionamiento, y coordinarán sus lineamientos de política general y objetivos a los que marca esta Ley y el Plan Nacional de Desarrollo.

Los representantes gubernamentales en los órganos de gobierno, administración y vigilancia de dichos organismos, cuidarán que sus actividades se ajusten a lo dispuesto en esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO De la Política Nacional de Vivienda

Capítulo I De los lineamientos

ARTÍCULO 4.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;

II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia del financiamiento público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda;

III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;

IV. Fomentar la calidad de la vivienda;

V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;

VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de ordenación territorial y desarrollo urbano;

VII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, y

VIII. Promover medidas que proporcionen a la población información para la toma de decisiones sobre las opciones que ofrece el mercado habitacional, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias.

Capítulo II De la programación

ARTÍCULO 5.- La programación del sector público en materia de vivienda se establecerá en:

I. El Programa Nacional de Vivienda;

II. Los programas especiales y regionales;

III. Los programas institucionales de las entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, y

IV. Los programas anuales de la Secretaría de Desarrollo Social y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que regirán la ejecución de acciones específicas de vivienda.

Los programas, proyectos, estímulos, subsidios, apoyos, instrumentos económicos, así como las acciones que se lleven a cabo por la aplicación de la presente Ley y demás disposiciones en la materia, en los que se ejerzan recursos de carácter federal, se sujetarán a la disponibilidad de los recursos que se hayan determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y deberán observar las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate.

ARTÍCULO 6.- El Programa Nacional de Vivienda deberá incluir:

I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de sus principales problemas y tendencias;

II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, el señalamiento de prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, económico y social;

IV. Los mecanismos para fomentar el financiamiento público, social y privado para la vivienda;

V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza;

VI. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;

VII. Las acciones de normalización y certificación de materiales, insumos y procesos de construcción para la vivienda;

VIII. Los mecanismos que eviten prácticas indebidas que encarezcan el financiamiento, la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de la vivienda;

IX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la ordenación del territorio y el desarrollo urbano;

X. Los requerimientos de suelo apto y reservas territoriales para vivienda;

XI. Los mecanismos de fomento a la producción social de vivienda y a la vivienda de construcción progresiva;

XII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades indígenas;

XIII. La tipología de vivienda que oriente las acciones en la materia;

XIV. Las estrategias y líneas de acción para fomentar el desarrollo del mercado de arrendamiento de vivienda;

XV. La estrategia para desarrollar acciones de vivienda que permitan la reubicación de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por desastres, en congruencia con la política de ordenación territorial, y

XVI. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.

Las dependencias y entidades que participen en la instrumentación de las acciones previstas en este artículo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán con la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 7.- El Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Secretaría de Desarrollo Social, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando en lo conducente lo dispuesto en la Ley de Planeación.

En la formulación del Programa Nacional se considerarán las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado.

El Programa, una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, y orientará la planeación y programación de las acciones de las entidades federativas y municipios en la materia.

ARTÍCULO 8.- Los programas institucionales en materia de vivienda deberán ajustarse a la Ley de Planeación y a lo dispuesto por esta Ley y el Programa Nacional de Vivienda.

Las entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo programas de vivienda u otorguen financiamiento, deberán enviar a la Secretaría de Desarrollo Social para su dictamen, sus programas institucionales, la que remitirá los dictámenes correspondientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de aprobación en los casos de su competencia y para que los considere en el proceso de presupuestación.

ARTÍCULO 9.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda formularán sus programas anuales que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.

En su caso, los mecanismos financieros y las acciones de vivienda previstos en dichos programas se regirán por las reglas de operación que emitan los titulares de las dependencias o aprueben los órganos de gobierno de las entidades, además de observar las disposiciones aplicables. En este último caso, deberán considerar los lineamientos de la Dependencia coordinadora de sector.

ARTÍCULO 10.- Las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo el financiamiento, instrumentación o ejecución de programas y acciones de vivienda, los evaluarán anualmente por sí o a través de organismos independientes, que podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones especializadas en la materia, con el fin de determinar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y la congruencia de las diversas acciones realizadas con la Política y el Programa Nacional de Vivienda.

Cuando se utilicen recursos federales, las evaluaciones deberán sujetarse a las normas y lineamientos que determine el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos de la Ley General de Desarrollo Social.

Las dependencias, entidades y organismos señalados en el párrafo primero del presente artículo, así como los gobiernos de las entidades federativas y los municipios que financien, instrumenten o ejecuten programas de vivienda con recursos federales, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Los resultados de las evaluaciones deberán enviarse a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, a la Comisión Intersecretarial de Vivienda, a las Comisiones de Vivienda de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y, en su caso, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Asimismo, serán públicos en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TÍTULO TERCERO Del Sistema Nacional de Vivienda

Capítulo I De su Objeto e Integración

ARTÍCULO 11.- Se establece el Sistema Nacional de Vivienda como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los sectores público, social y privado, que tiene por objeto:

I. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos, prioridades y estrategias de la Política Nacional de Vivienda;

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad;

III. Promover y garantizar la participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo de la vivienda;

IV. Fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como inducir acciones de concertación con los sectores social y privado, y

V. Promover la coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias federales relacionadas con la vivienda.

ARTÍCULO 12.- El Sistema estará integrado por:

I. El Consejo Nacional de Vivienda;

II. La Comisión Intersecretarial de Vivienda;

III. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.;

IV. La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, y

V. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como los sectores social y privado, en el marco del Sistema Nacional de Planeación y en los términos de los convenios de coordinación y concertación que al efecto se celebren.

Capítulo II De las Competencias

ARTÍCULO 13.- Las atribuciones que en materia de vivienda tiene el Ejecutivo Federal serán ejercidas por la Secretaría de Desarrollo Social y por las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, según el ámbito de competencia que ésta y otras leyes les confieran.

ARTÍCULO 14.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Formular, conducir, coordinar y evaluar la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional en la materia, de conformidad con los objetivos y prioridades que marque el Plan Nacional de Desarrollo;

II. Definir los lineamientos, normas y mecanismos para ejecutar la Política Nacional de Vivienda, con la participación de las entidades federativas y de los municipios, así como de los sectores social y privado;

III. Coordinar el Sistema Nacional de Vivienda, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a los sectores social y privado;

IV. Vigilar, en el ámbito de su competencia, que las entidades del sector que coordina conduzcan sus actividades conforme a las disposiciones de la presente Ley y al Programa Nacional de Vivienda;

V. Proponer mecanismos y programas de financiamiento y fomento para la producción de vivienda en todas sus modalidades;

VI. Promover, impulsar y coordinar los esfuerzos de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, en sus respectivos ámbitos de competencia, en la ejecución de acciones que promuevan la constitución de reservas territoriales y la adquisición de suelo destinado a la vivienda;

VII. Instrumentar la política integral de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda;

VIII. Identificar, de conformidad con la información que le proporcione la Secretaría de la Función Pública, los inmuebles de propiedad federal que puedan ser materia de enajenación en favor de instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo resolver problemas de habitación popular para atender las necesidades de la población en situación de pobreza;

IX. Impulsar la disposición y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales, con la participación que corresponda a las autoridades agrarias y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de promover el desarrollo habitacional;

X. Promover la celebración de instrumentos de coordinación y concertación para el fomento e impulso a la vivienda, y

XI. Las demás que le otorguen éste u otros ordenamientos.

ARTÍCULO 15.- En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta Ley, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los municipios emitirán disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de vivienda, tomando en cuenta sus particularidades.

Capítulo III Del Consejo Nacional de Vivienda

ARTÍCULO 16.- El Consejo Nacional de Vivienda será la instancia de consulta y asesoría del Ejecutivo Federal, que tendrá por objeto proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda.

ARTÍCULO 17.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Nacional de Vivienda tendrá las siguientes funciones:

I. Conocer, discutir y formular propuestas respecto de las políticas de vivienda contenidas en el Programa Nacional de Vivienda y en los programas que de éste se deriven, y emitir opiniones sobre su cumplimiento;

II. Opinar sobre los presupuestos de las dependencias de la Administración Pública Federal y de los organismos nacionales y estatales de vivienda, destinados a programas y acciones habitacionales;

III. Proponer los cambios estructurales necesarios en el sector vivienda, de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio federal, de las entidades federativas y de los municipios;

IV. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de vivienda en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal;

V. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las actividades de vivienda en los diferentes sectores de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y los municipios, y con los diversos sectores productivos del país;

VI. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento, y

VII. Aprobar la creación de comités y grupos de trabajo para la atención de temas específicos y emitir los lineamientos para su operación.

ARTÍCULO 18.- El Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo Nacional de Vivienda, atendiendo principios de pluralidad y equidad, considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado. El Consejo sesionará de manera ordinaria cuando menos una vez por semestre, y de manera extraordinaria cuando así se requiera.

ARTÍCULO 19.- La participación en el Consejo Nacional de Vivienda será a título honorífico, por lo que sus integrantes no percibirán retribución o contraprestación alguna.

Capítulo IV De la Comisión Intersecretarial de Vivienda

ARTÍCULO 20.- La Comisión Intersecretarial de Vivienda será la instancia de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda, se realice de manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Vivienda.

ARTÍCULO 21.- La Comisión Intersecretarial de Vivienda será presidida por el Titular del Ejecutivo Federal o por quien éste designe y estará integrada por los titulares de las siguientes secretarías de estado:

I. Desarrollo Social;

II. Hacienda y Crédito Público;

III. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. Energía;

V. Economía;

VI. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

VII. Comunicaciones y Transportes;

VIII. Función Pública;

IX. Trabajo y Previsión Social

X. Turismo, y

XI. Reforma Agraria.

A las sesiones de la Comisión Intersecretarial podrán ser invitados a participar otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con los temas de que se trate.

El Presidente de la Comisión Intersecretarial podrá se suplido en sus ausencias por quien él mismo determine. Los demás integrantes de la Comisión Intersecretarial deberán designar a su respectivo suplente, que será el subsecretario o equivalente que tenga mayor relación con la materia de vivienda.

La Comisión Intersecretarial contará con un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda.

ARTÍCULO 22.- Para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial de Vivienda tendrá las siguientes funciones:

I. Vincular las acciones de fomento al crecimiento económico, de desarrollo social, desarrollo urbano, ordenación del territorio, mejoramiento ambiental y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, con la Política Nacional de Vivienda;

II. Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento para ampliar el mercado habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza;

III. Proponer mecanismos para la planeación, desarrollo y ejecución de los programas de vivienda;

IV. Conocer las evaluaciones de los programas de vivienda y, en su caso, formular las propuestas correspondientes;

V. Conocer las opiniones y recomendaciones del Consejo Nacional de Vivienda;

VI. Aprobar la creación de subcomisiones y grupos de trabajo para la atención de temas específicos;

VII. Elaborar y aprobar su Reglamento Interno para su organización y funcionamiento, y

VIII. Las demás que determine el Titular del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 23.- Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial serán obligatorios para las dependencias que la integran y se ejecutarán de conformidad con las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables. Asimismo, en su carácter de coordinadoras de sector, deberán promover la participación de las entidades que les estén agrupadas para el cumplimiento de los mismos.

ARTÍCULO 24.- Los acuerdos de la Comisión Intersecretarial deberán notificarse a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, con el fin de garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 25.- La Comisión Intersecretarial sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez por trimestre y de manera extraordinaria las veces que resulte necesario.

La Comisión Intersecretarial aprovechará las estructuras administrativas de las dependencias que la integran.

Capítulo V De la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda

ARTÍCULO 26.- La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda es la instancia del Ejecutivo Federal que tendrá por objeto el diseño, coordinación, promoción e implementación de las políticas y programas de vivienda de la Administración Pública Federal.

ARTÍCULO 27.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer las acciones para la ejecución de la Política Nacional de Vivienda;

II. Desarrollar e instrumentar los mecanismos para coordinar el Sistema Nacional de Vivienda, con la intervención que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a los sectores social y privado, de acuerdo con las bases que establezca la Secretaría de Desarrollo Social;

III. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Nacional de Vivienda y proponer, en su caso, las adecuaciones correspondientes;

IV. Desarrollar y fomentar esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, priorizando la atención a la población en situación de pobreza;

V. Coordinar sus acciones con organismos públicos nacionales, estatales, del Distrito Federal y municipales de vivienda, así como con los organismos privados, a fin de impulsar el fortalecimiento financiero del sector;

VI. Establecer y promover criterios, mecanismos y programas de fomento a la producción de la vivienda en todas sus modalidades;

VII. Determinar los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda, con sujeción a la Ley de Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda;

VIII. Promover y proponer la modernización del marco legal en materia de vivienda;

IX. Instalar el Consejo Nacional de Vivienda, así como proponer los lineamientos para su operación;

X. Promover en las entidades federativas, la instauración y operación de Consejos Estatales de Vivienda;

XI. Establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica e intercambio de información con gobiernos nacionales y organismos internacionales, en coordinación con las autoridades competentes;

XII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social con el fin de desarrollar una política de habilitación y financiamiento de suelo para la vivienda;

XIII. Promover e impulsar las acciones de las diferentes instituciones de los sectores público, social y privado, en sus respectivos ámbitos de competencia, para el desarrollo de la vivienda en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos y sociales;

XIV. Analizar el desarrollo de los programas de los organismos nacionales de vivienda;

XV. Establecer una coordinación con los organismos nacionales de vivienda, a fin de impulsar el fortalecimiento financiero y la modernización de los mismos;

XVI. Otorgar asesoría a las autoridades de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, en la elaboración, ejecución y evaluación de programas de vivienda;

XVII. Fomentar y apoyar programas y proyectos de formación profesional, actualización y capacitación técnica para profesionistas, técnicos, servidores públicos, autoproductores, autoconstructores y autogestores de vivienda;

XVIII. Promover la celebración de instrumentos de coordinación y concertación para el fomento e impulso a la vivienda, así como para disminuir los costos asociados a la misma;

XIX. Realizar y promover investigaciones y estudios en materia de vivienda, y difundir sus resultados;

XX. Formular, revisar, aprobar, expedir y promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de vivienda, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables;

XXI. Modificar, cancelar y difundir las Normas Oficiales Mexicanas conforme a su competencia y a las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XXII. Participar en la elaboración, revisión y aprobación de las Normas Mexicanas que correspondan de acuerdo a su competencia y de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Promover la constitución y operación de organismos de certificación, unidades de verificación y organismos nacionales de normalización, a fin de regular los aspectos de los procesos en materia de vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XXIV. Promover, vigilar y verificar la existencia de la certificación y de todos los actos relativos a la evaluación de la conformidad, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y

XXV. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Capítulo VI De la Coordinación

ARTÍCULO 28.- Para cumplir con el objeto de esta Ley, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y con la participación que corresponda a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, celebrará convenios y acuerdos de coordinación en el marco de la Ley de Planeación, los cuales podrán tener por objeto:

I. Establecer los mecanismos para garantizar la congruencia entre las políticas, programas y acciones de vivienda federales, con los de las entidades federativas y municipios;

II. Transferir recursos para la ejecución de las acciones previstas en los programas de vivienda;

III. Adquirir y desarrollar suelo apto para vivienda;

IV. Estimular la producción social de vivienda;

V. Organizar y promover la producción y distribución de materiales de construcción;

VI. Promover el desarrollo del mercado de arrendamiento de vivienda;

VII. Brindar asistencia y capacitación a los organismos locales para la programación, instrumentación, ejecución y evaluación de programas de vivienda;

VIII. Establecer medidas que fortalezcan la gestión en los municipios de programas habitacionales;

IX. Promover la simplificación de los trámites administrativos que se requieran para la ejecución de acciones de vivienda;

X. Facilitar mecanismos de información y elaboración de estudios sobre las necesidades, inventario, modalidades y características de la vivienda, y

XI. La realización de las demás acciones tendientes a cumplir con los fines previstos en esa Ley.

CAPÍTULO VII De la Concertación con los Sectores Social y Privado

ARTÍCULO 29.- El Ejecutivo Federal promoverá la participación de los sectores social y privado en la instrumentación de los programas y acciones de vivienda.

ARTÍCULO 30.- Los convenios de concertación que se celebren con los sectores social y privado podrán tener por objeto:

I. Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien a la población en situación de pobreza;

II. Promover la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda y su titulación;

III. Financiar, construir y operar proyectos de vivienda, así como equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos destinados a la misma;

IV. Aplicar tecnologías que reduzcan los costos de construcción y mejoren la calidad de las viviendas, así como las que propicien la preservación y el cuidado del ambiente y los recursos naturales;

V. Ejecutar acciones y obras urbanas para la construcción, mejoramiento y conservación de vivienda;

VI. Integrar y mantener actualizada la información referente al inventario habitacional;

VII. Implementar los programas para que los insumos y materiales para la construcción y mejoramiento de la vivienda sean competitivos;

VIII. Impulsar y desarrollar modelos educativos, de investigación y de capacitación en materia de vivienda, y

IX. Las demás acciones que acuerden las partes para el cumplimiento de esta Ley.

Capítulo VIII Del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda

ARTÍCULO 31.- Se crea el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda como un conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional.

El Sistema tendrá por objeto integrar, generar y difundir la información que se requiera para la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, así como para el fortalecimiento de un mercado articulado de vivienda en el país.

ARTÍCULO 32.- El Sistema se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la Ley de Información Estadística y Geográfica y se conformará con la información que proporcionen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en aspectos vinculados con la vivienda, así como la que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado informal con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional.

La Secretaría de Desarrollo Social propondrá al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática los indicadores que en materia de vivienda deberán considerarse en el levantamiento de censos nacionales, encuestas de vivienda, económicas y sociodemográficas, y otros conteos.

Dichos indicadores contendrán elementos que permitan, entre otros, mantener actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el rezago y las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios básicos, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia.

ARTÍCULO 33.- La Secretaría de Desarrollo Social diseñará y promoverá mecanismos e instrumentos de acceso a la información que generen las instituciones públicas y privadas en materia de financiamiento para la vivienda, con el fin de que la población conozca las opciones que ofrece el mercado habitacional.

ARTÍCULO 34.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las organizaciones de los sectores social y privado, así como las instituciones de educación superior y de investigación, proporcionarán la información correspondiente en el marco de los convenios de coordinación, colaboración y concertación que al efecto se celebren con la Secretaría de Desarrollo Social.

TÍTULO CUARTO Del Financiamiento para la Vivienda

ARTÍCULO 35.- Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán el crédito, los subsidios que para tal efecto destinen la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los sectores social y privado.

La Secretaría de Desarrollo Social fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.

ARTÍCULO 36.- Las inversiones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades y organismos encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para los trabajadores conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán ser congruentes con las necesidades de mejoramiento del parque habitacional y los requerimientos de vivienda nueva, de acuerdo al diagnóstico que se establezca en el Programa Nacional de Vivienda.

ARTÍCULO 37.- Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de los grupos sociales en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes.

ARTÍCULO 38.- El Ejecutivo Federal, por conducto de sus dependencias y entidades competentes, se coordinará con las entidades federativas donde se ubiquen pueblos y comunidades indígenas, para orientar las acciones y los montos de inversión pública federal destinados a programas de vivienda, en los términos que establece la fracción IV del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En todos los casos, deberá considerarse la participación de los propios pueblos y comunidades indígenas, y en su caso, de los municipios, así como la concertación de acciones con los sectores privado y social.

Capítulo I Del Crédito para Vivienda

ARTÍCULO 39.- El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a cualquier tipo de acción de vivienda, sea accesible a toda la población, de conformidad con las previsiones de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Para la ejecución y complementación de dichos esquemas se procurarán mecanismos de cofinanciamiento entre instituciones públicas, privadas o del sector social, para ampliar las posibilidades económicas de la población en la realización de las acciones de vivienda.

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 40.- El Gobierno Federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

ARTÍCULO 41.- Los organismos que financien vivienda para los trabajadores, en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por lo previsto en sus respectivas leyes orgánicas y observarán, en lo conducente, la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo.

ARTÍCULO 42.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., deberán emitir reglas de carácter general que permitan la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos, mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas.

ARTÍCULO 43.- Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, el acceso a una vivienda, de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Capítulo II Del Ahorro para la Vivienda

ARTÍCULO 44.- Para el otorgamiento del financiamiento destinado a la producción, adquisición o mejoramiento de vivienda y a la adquisición de lotes con servicios para vivienda, se fomentarán programas que incorporen el ahorro previo de los beneficiarios, aprovechando a las instituciones de crédito y a las instancias de captación de ahorro popular, particularmente las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas por las leyes aplicables en la materia.

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal concertará con las instituciones del sector financiero, las facilidades y estímulos para implementar los programas de ahorro, enganches y financiamiento para la adquisición de vivienda.

ARTÍCULO 45.- Se fomentarán programas que estipulen que al cumplimiento pactado de los depósitos en los montos y plazos de ahorro, se establezcan compromisos de crédito o subsidio, según corresponda, sin perjuicio de los demás requisitos de elegibilidad que establezcan las disposiciones aplicables.

Capítulo III De los subsidios

ARTÍCULO 46.- Los subsidios que en materia de vivienda otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.

La Secretaría de Desarrollo Social deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, así como el grado de marginación de la comunidad rural o urbana, entre otros.

Dicha estimación se presentará conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo Federal remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quién deberá considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, tomando en cuenta los compromisos que, en su caso, deriven de los programas que se realicen en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del presente ordenamiento.

ARTÍCULO 47.- Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a reglas de operación de conformidad con lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, observando, cuando menos, los siguientes criterios:

I. Los subsidios deberán ser objetivos, identificarse y cuantificarse claramente, estableciendo los requisitos y criterios de selección que deben satisfacer los destinatarios;

II. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, tanto para los hogares beneficiarios, como para las regiones, entidades federativas y municipios;

III. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser transparentes, y establecer con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, control y seguimiento.

IV. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los municipios y los hogares a beneficiar, se deberán tomar en consideración las condiciones de rezago, necesidades habitacionales y el grado de marginación o pobreza, entre otros.

ARTÍCULO 48.- Para garantizar la aplicación de los principios de equidad e inclusión social en el acceso a los subsidios, el Gobierno Federal elaborará reglas para su distribución atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley.

ARTÍCULO 49.- Las instancias que otorguen subsidios federales en materia de vivienda, deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la Secretaría de Desarrollo Social, para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

TÍTULO QUINTO Del Suelo para Vivienda

Capítulo Único

ARTÍCULO 50.- Los apoyos e instrumentos que el Gobierno Federal establezca en materia de suelo para vivienda, se dirigirán a:

I. Apoyar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en la generación de una oferta de suelo para el desarrollo de acciones de vivienda destinadas a la población en situación de pobreza, y

II. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos provenientes de crédito, ahorro y subsidio, para apoyar a la población en situación de pobreza en la adquisición de suelo para vivienda.

ARTÍCULO 51.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y con la participación de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, instrumentará programas y estímulos que induzcan la acción concurrente de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como la participación de propietarios y desarrolladores, para generar suelo con servicios, preferentemente para beneficio de la población en situación de pobreza que no pueda acceder a un programa de vivienda.

ARTÍCULO 52.- La Secretaría de Desarrollo Social, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para la mejora y ampliación progresiva de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.

ARTÍCULO 53.- La constitución de reservas territoriales destinada a fines habitacionales deberá observar las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, agraria y ambiental aplicables.

ARTÍCULO 54.- Los programas apoyados con recursos de las dependencias, entidades u organismos federales, que se destinen a la constitución de reservas territoriales y de aprovechamiento de suelo para su incorporación al desarrollo habitacional, deberán observar los programas de desarrollo urbano vigentes de las entidades federativas y los municipios.

ARTÍCULO 55.- La Federación promoverá e impulsará proyectos inmobiliarios en los que se transfieran tierras de uso común o parceladas a sociedades mercantiles o civiles en las que participen ejidatarios o comuneros, de conformidad con la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO SEXTO De la Calidad y Sustentabilidad de la Vivienda

Capítulo Único

ARTÍCULO 56.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que el desarrollo de las acciones de vivienda y los recursos y servicios asociados a la ocupación, funcionalidad y habitabilidad de la misma se sujeten a criterios de sustentabilidad, de seguridad física, salubridad, higiene, calidad, diseño y tecnología de la construcción, a fin de ofrecer calidad de vida a sus habitantes.

Las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

ARTÍCULO 57.- La Secretaría de Desarrollo Social, con base en el modelo normativo que al efecto formule, promoverá que las autoridades competentes expidan, apliquen y mantengan en vigor y permanentemente actualizadas disposiciones legales, códigos de procesos de edificación y reglamentos de construcción que contengan los requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y sustentabilidad de toda vivienda, y que definan responsabilidades generales, así como por cada etapa del proceso de producción de vivienda.

Aquellas localidades que no cuenten con las disposiciones previstas en el párrafo anterior, tomarán como referente el modelo formulado por la Secretaría de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 58.- Las acciones de vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Social para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 59.- Con la finalidad de promover una adecuada convivencia social, la administración y mantenimiento de conjuntos habitaciones y en general de la vivienda multifamiliar quedará a cargo de los usuarios, conforme a las disposiciones aplicables.

La Secretaría de Desarrollo Social promoverá que las autoridades locales expidan instrumentos normativos que regulen la elaboración de reglamentos del condominio.

La Secretaría de Desarrollo Social podrá emitir opiniones, cuando las entidades federativas se lo soliciten, respecto a la implementación de programas y acciones que permitan elevar la calidad de la vivienda y eficientar sus procesos productivos.

ARTÍCULO 60.- La Secretaría de Desarrollo Social fomentará la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en vivienda, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación.

Asimismo, promoverá que las tecnologías, sean acordes con los requerimientos sociales, regionales y a las características propias de la población, estableciendo mecanismos de investigación y experimentación tecnológicas.

ARTÍCULO 61.- Corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Social expedir normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia, así como participar en la elaboración, revisión y aprobación de las normas mexicanas que correspondan, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 62.- Las normas de diseño arquitectónico deberán considerar los espacios interiores y exteriores y los elementos funcionales de la vivienda y de sus servicios, la tipificación de sus componentes, la coordinación modular de éstos y el desarrollo de prototipos constructivos, considerando las distintas zonas del país y las modalidades habitacionales.

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de habitabilidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

ARTÍCULO 63.- La Secretaría de Economía, considerando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social, dictará las disposiciones necesarias para regular y orientar la transferencia de tecnología aplicable a la vivienda y establecer las normas de calidad para la producción industrial de materiales básicos para la construcción de vivienda.

ARTÍCULO 64.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal apoyarán de manera prioritaria la aplicación de las normas a que se refiere este capítulo, promoviendo el reconocimiento público de aquellos agentes que realicen sus acciones bajo los criterios señalados en la presente Ley.

ARTÍCULO 65.- El Gobierno Federal fomentará la utilización de materiales básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con criterios de certificación y normalización.

ARTÍCULO 66.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la celebración de convenios de concertación con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para:

I. La atención a programas de vivienda emergente derivados de desastres naturales;

II. Apoyar programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza.

Asimismo, promoverá la celebración de convenios para el otorgamiento de asesoría y capacitación a los adquirentes de materiales para el uso adecuado de los productos, sobre sistemas constructivos y prototipos arquitectónicos, así como para la obtención de licencias y permisos de construcción necesarios.

ARTÍCULO 67.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el uso de materiales y productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que deterioren el medio ambiente, así como aquellos que propicien un ambiente más confortable y saludable dentro de la vivienda de acuerdo con las características climáticas de la región.

ARTÍCULO 68.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal diseñarán mecanismos de promoción para la innovación e intercambio tecnológico en la producción y el empleo de materiales y productos para la construcción de vivienda.

TÍTULO SÉPTIMO De la Producción Social de Vivienda

Capitulo I De los Instrumentos y Programas

ARTÍCULO 69.- El Gobierno Federal deberá apoyar la producción social de vivienda en sus diversas modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos y de fomento.

ARTÍCULO 70.- La Secretaría de Desarrollo Social fomentará, en coordinación con las dependencias y entidades federales, así como con las entidades federativas y municipios, el desarrollo de programas dirigidos a:

I. Autoproductores y autoconstructores individuales para el mejoramiento, ampliación y consolidación de sus viviendas;

II. Autoproductores organizados en figuras tales como sociedades cooperativas de vivienda, asociaciones civiles de autoproductores, empresas y otras formas de organización social legalmente constituidas, que realicen actividades de construcción, proveeduría, mejoramiento, mantenimiento, administración, financiamiento y asistencia técnica para sus viviendas;

III. Otros productores que operen sin fines de lucro tales como los organismos no gubernamentales, asociaciones gremiales e instituciones de asistencia privada.

ARTÍCULO 71.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con los organismos de vivienda y con las entidades federales, estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de vivienda la inclusión de actividades productivas y el desarrollo de actividades generadoras de ingreso orientadas al fortalecimiento económico de la población participante en ellos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 72.- Como apoyo al desarrollo de la producción social de vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social fomentará la realización de convenios de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con universidades, organismos no gubernamentales y consultores especializados, entre otros.

ARTÍCULO 73.- Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la adquisición, mejoramiento, construcción o producción social de la vivienda, así como el otorgamiento de asesoría técnica en la materia, serán objeto de acciones de fomento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para lo cual se sujetarán, además de lo dispuesto en la presente ley, a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Capitulo II De las Sociedades Cooperativas de Vivienda

ARTÍCULO 74.- Son sociedades cooperativas de vivienda aquéllas que se constituyan con objeto de construir, adquirir, arrendar, mejorar, mantener, administrar o financiar viviendas, o de producir, obtener o distribuir materiales básicos de construcción para sus socios. La constitución, administración, vigilancia y disolución de las sociedades cooperativas de vivienda se regirán por las disposiciones previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en este capítulo y en los demás ordenamientos aplicables.

Las oficinas encargadas de los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio deberán remitir a la Secretaría de Desarrollo Social, en forma gratuita, copia certificada de todos los documentos que sean objeto de inscripción por parte de las sociedades cooperativas de vivienda, en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de que se haya realizado la inscripción correspondiente, a fin de que se consideren en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda.

ARTÍCULO 75.- El patrimonio de las sociedades cooperativas será variable y se integrará por:

I. El capital social constituido por las partes sociales que suscriban e integren los socios, que serán nominativas, indivisibles y de igual valor, y

II. Los excedentes que resulten de la actividad propia de la sociedad cooperativa, la reserva legal, el fondo de fomento cooperativo, las donaciones, subsidios, herencias y legados recibidos de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales y por la suma adicional que se perciba de los socios como compensación por gastos de mantenimiento de las viviendas y servicios comunes.

Las sociedades cooperativas de vivienda podrán constituir las comisiones, fondos y reservas sociales que considere necesarios la asamblea general.

ARTÍCULO 76.- La Ley General de Sociedades Cooperativas se aplicará de manera supletoria en lo que no se oponga a la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Federal de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

TERCERO.- En un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal determinará la forma de integración del Consejo Nacional de Vivienda.

CUARTO.- El Consejo Nacional de Vivienda deberá quedar instalado y celebrar su primera sesión, en un plazo no mayor de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Secretario.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 14 de abril de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Vivienda.

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QUINTA CIRCUNSCRIPCION PLURINOMINAL

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Acuerdo para la incorporación de fórmula de diputados en la quinta circunscripción plurinominal

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 21 y 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y

ConsiderandoI. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vacante de miembros electos por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido;

II. Que el 29 de agosto de 2003, el diputado federal propietario electo por la quinta circunscripción plurinominal Zeferino Torreblanca Galindo rindió la protesta respectiva para desempeñar el cargo de diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión;

III. Que con fecha 30 de junio de 2004, el diputado federal a la LIX Legislatura, Zeferino Torreblanca Galindo, solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo, misma que fue concedida por la H. Comisión Permanente;

IV. Que con fecha 30 de julio de 2004, en sesión del segundo periodo extraordinario del primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, el C. Carlos Álvarez Reyes, suplente de la fórmula respectiva, rindió protesta como diputado federal, iniciando funciones de inmediato;

V. Que con fecha 28 de febrero de 2005, el diputado federal con licencia Zeferino Torreblanca Galindo remitió al Pleno un escrito por el cual manifestó su opción por el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos de lo que dispone el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Que con fecha 29 de marzo de 2005, el diputado federal Carlos Álvarez Reyes solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo, misma la que le fue concedida por el Pleno de la Cámara de Diputados y que posteriormente, en comunicación dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en fecha 12 de abril de 2005, notificó su designación para ocupar un cargo en la administración pública del Estado de Guerrero, circunstancia laboral, profesional y personal por la que, según afirma, no habrá de reincorporarse a esta Legislatura, solicitando se prolongue su licencia hasta el 31 de agosto de 2006;

VII. Que en razón de la opción por cargo del C. Zeferino Torreblanca Galindo y la ausencia del C. Carlos Álvarez Reyes, por el tiempo que resta a la presente Legislatura, ambos integrantes propietario y suplente, respectivamente, de la fórmula de candidatos electos en el lugar 01 de la lista regional del Partido de la Revolución Democrática por la quinta circunscripción plurinominal, corresponde actuar conforme lo determina el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 20, numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

VIII. Que mediante oficio No. S.E./477/05, del 5 de abril último, suscrito por la Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, se informó a la Cámara de Diputados que la fórmula siguiente en el orden de la lista regional correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal es la número 15, integrada por la C. Beatriz Mojica Morga, como propietaria, y la C. Lilia Barranco Colín, como suplente, del Partido de la Revolución Democrática.

Con base en las consideraciones que anteceden y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, la Mesa Directiva somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.- En razón de la opción por cargo del C. Zeferino Torreblanca Galindo y la ausencia del C. Carlos Álvarez Reyes, por el tiempo que resta a la presente Legislatura, integrantes propietario y suplente, respectivamente, de la fórmula de candidatos electos en la lista regional del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llámese a la fórmula de candidatos integrada por la C. Beatriz Mojica Morga, como propietaria, y la C. Lilia Barranco Colín, como suplente, quienes siguen en el orden de la lista regional por la quinta circunscripción plurinominal, por el Partido de la Revolución Democrática.

Segundo.- Comuníquese a los grupos parlamentarios representados en la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Partido de la Revolución Democrática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21días del mes de abril de 2005.--- Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente; Francisco Arroyo Vieyra, Juan de Dios Castro Lozano, Marcela González Salas y Petricioli, vicepresidentes; Graciela Larios Rivas, Antonio Morales de la Peña, Marcos Morales Torres, secretarios (rúbricas).

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada y se debe comunicar.

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PROTESTA DE DIPUTADA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Beatriz Mojica Morga, diputada electa en la quinta circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión, para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Irene Herminia Blanco Becerra, Eduardo Espinoza Pérez, Ana Lilia Guillén Quiroz y Miguel Alonso Raya.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide a la comisión cumplir este encargo.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se agrega el diputado Guillermo del Valle, también para formar parte de la comisión de cortesía. También, los diputados Alfredo Villegas y Maximino Fernández Ávila.

(La comisión cumple su encargo.)

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana Beatriz Mojica Morga: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Beatriz Mojica Morga: ¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Bienvenida. Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

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COMISION INVESTIGADORA DEL DAÑO ECOLOGICO Y SOCIAL GENERADO POR PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.

CONSIDERANDOSI. En sesión celebrada el 21 de marzo de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex;

II. De conformidad con el resolutivo cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política esta Comisión ejercerá la función que le ha sido encomendada a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril del 2005.

III. Mediante oficio de fecha 7 de abril del presente año, la Mesa Directiva de la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo, solicitó a la Junta de Coordinación Política se amplíe el ámbito temporal de su vigencia, aduciendo que ``de los trabajos comprendidos por esta Comisión, se desprenden una serie de gestiones que se han iniciado, encontrándose en vías de ser atendidas por las instancias correspondientes, por lo que se requiere de un plazo mayor para concretarlas''.

IV. En el oficio a que se refiere el numeral que antecede, se advierte que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la Comisión Investigadora responde a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones que se han implantado por dicha Comisión;

V. En consecuencia, la Junta de Coordinación Política considera plausible extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le han sido encomendadas a la Comisión Investigadora multicitada.

Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 en relación con el artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Se amplíe el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, hasta el 31 de agosto de 2006.

La Comisión Investigadora continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución.

SEGUNDO: La Comisión Investigadora deberá presentar a la Junta de Coordinación Política un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y en el que se formulen recomendaciones sobre acciones concretas a realizar por parte de la Cámara de Diputados y de sus órganos internos en las materias que se correspondan con su objeto de creación.

TERCERO: La Comisión Investigadora seguirá contando con los mismos apoyos humanos, materiales y financieros que a la fecha de aprobación del presente acuerdo, le hubieren sido autorizados.

CUARTO: Comuníquese a la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.

QUINTO: Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, 20 de abril de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado; y comuníquese.

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COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR- SURESTE DE MEXICO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno de la Cámara de Diputados ampliar el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México

CONSIDERANDOSI. En sesión celebrada el 18 de marzo de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó la constitución de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México;

II. De conformidad con el resolutivo cuarto del Acuerdo de constitución, la Comisión Especial ejercerá la función que le ha sido encomendada a partir de la fecha de su constitución y hasta el 30 de abril de 2006;

III. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el pasado 5 de abril, el diputado Ángel Alonso Diaz---Caneja presentó proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, tenga vigencia hasta el término de la actual LIX Legislatura, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. La Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados;

IV. En la proposición a la que se refiere el numeral que antecede, se advierte que la solicitud de ampliación del periodo de vigencia de la Comisión Especial responde a la necesidad de dar continuidad a los compromisos y acciones de desarrollo regional que se han implementado entre dicha Comisión y los gobiernos de los estados que componen la región sur-sureste de la República Mexicana;

V. La Junta de Coordinación Política considera plausible extender el plazo previsto para desarrollar las tareas que le han sido encomendadas a la Comisión Especial multicitada, en razón de que resulta pertinente seguir avanzando en la construcción de políticas legislativas y de gobierno, sobre todo de carácter presupuestal, dirigidas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social de una región del país caracterizada por sus altos índices de pobreza y marginación.

Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 en relación con el artículo 34, párrafo 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Se amplia el ámbito temporal de vigencia de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, hasta el 31 de agosto de 2006.

La Comisión Especial continuará desarrollando las funciones y tareas que le fueron encomendadas en el acuerdo de constitución.

SEGUNDO: La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y en el que se formulen recomendaciones sobre acciones concretas a realizar por parte de la Cámara de Diputados y de sus órganos internos en las materias que se correspondan con su objeto de creación.

TERCERO: La Comisión Especial seguirá contando con los mismos apoyos humanos, materiales y financieros que a la fecha de aprobación del presente acuerdo, le hubieren sido autorizados.

CUARTO: Comuníquese a la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y Dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.

QUINTO: Publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, 20 de abril de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado; comuníquese. El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura de dictámenes.

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LEY DE NAVEGACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA.

A las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la Iniciativa que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación, presentada por el Ciudadano Diputado Ángel Pasta Muñuzuri perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 de abril de 2004 ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracciones XIII y XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Marina, previo análisis de la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo a la siguiente:

COMPETENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 fracciones XIII y XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultades para:

I. Dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

II. Dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

METODOLOGÍA.

i) En el apartado denominado ``Antecedentes'', se da cuenta del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de la iniciativa para su dictamen y de los trabajos realizados por la Comisión de Marina.

ii) En el apartado correspondiente a los ``Considerandos'', se delimitan los alcances del dictamen de la iniciativa y se ponderan las bondades del mismo respecto de los preceptos legales que modifica.

ANTECEDENTES.

1. El C. Dip. Angel Pasta Muñuzuri, en sesión celebrada el día 15 de abril de 2004, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley Navegación en materia de contaminación marina.

2. La Iniciativa referida fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONSIDERANDOS.

I. El Dictamen que hoy se encuentra a discusión, tiene el propósito fundamental de precisar las bases legales para el combate de la contaminación marina; resulta inaplazable la obligación de tomar conciencia acerca de la importancia y urgencia de reformar la Ley de Navegación en materia de combate a la contaminación de nuestros mares y playas a través del establecimiento de medidas concretas y en el corto tiempo.

II. Es del conocimiento público la grave contaminación que causa al medio ambiente marino las embarcaciones, aeronaves, artefactos navales, y si bien es cierto la actividad comercial que realizan trae aparejado un beneficio económico muy importante a nuestra sociedad y al país, también lo es que ello no debe ser en detrimento de nuestros mares y playas por lo que es necesario establecer leyes precisas y concretas que regulen esa actividad económica a fin de que no afecten mayormente a nuestro entorno ecológico, el cual también nos brinda innumerables beneficios.

III. Desde los tiempos más remotos y debido a su ignorancia e inconciencia, el hombre ha tomado las aguas de nuestro planeta como el lugar natural para arrojar en ellas los desechos inútiles y hasta no hace mucho tiempo ese problema fue considerado sin importancia.

IV. En la actualidad se reconoce universalmente la gravedad de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas, aguas interiores y mares, los cuales día a día se ven amenazados en gran medida por el establecimiento de grandes centros de población e industriales y a la creciente actividad marítima. La actividad del hombre tiene una repercusión directa en los océanos, los cuales cubren más del 70 % de la superficie del globo terráqueo.

V. Por contaminación marina entendemos a la introducción por el hombre, directa o indirectamente de substancias o de energía en el medio marino que producen o pueden producir efectos nocivos a la vida y recursos marinos, a la salud humana, o a la utilización legítima de las vías generales de comunicación por agua en cualquier tipo de actividad.

VI. Aunada a la contaminación que produce el hombre en los mares, estos también se ven afectados por cuestiones naturales, la cual en ocasiones es mayor como es el caso de la contaminación por hidrocarburos difundidos en forma natural.

VII. Es una realidad social alarmante la contaminación de nuestros mares producida por las embarcaciones abandonadas y varadas, las cuales además ponen en grave riesgo a la navegación marítima.

VIII. La iniciativa que se dictamina propone adicionar al texto vigente del artículo 126 la frase ``así como riesgo de contaminación a las playas'', cuando se hace referencia al riesgo u obstáculo que produce o puede producir un siniestro ocurrido a una embarcación, aeronave, artefacto naval o carga, toda vez que en el texto vigente únicamente de manera general se prevé la preservación del medio ambiente, por lo que se estima no sólo conveniente, sino que también necesario precisar que la tarea de evitar riesgos de contaminación deberá también ir enfocado a prevenirlo en las playas.

Tomando en consideración que el objetivo de toda reforma es regular situaciones, circunstancias o hechos que suceden o puede preverse que acontezcan en el mundo de la realidad social cuando no están reguladas, se considera conveniente la reforma propuesta.

IX. La iniciativa que se dictamina propone reformar el segundo párrafo del artículo 127, modificando el plazo de un año para efectuar la remoción de una embarcación, aeronave o artefacto naval varado o hundido, reduciéndolo a únicamente seis meses.

Es de tomarse en consideración que el tiempo requerido para la remoción de los objetos a que refiere el artículo varía en función del tamaño de dichos muebles y a las condiciones meteorológicas que imperen en el momento de la maniobra.

Los integrantes de éste Órgano Legislativo estimamos conveniente la reforma propuesta en virtud de que ello obligaría a los encargados de realizar las maniobras de extracción, remoción o reflote de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a realizarlos en un tiempo menor, a fin de no se afecte en demasía la navegación, la operación portuaria, la pesca y otras actividades marítimas, lo que además produce serios daños al medio ambiente marino, por lo que es de aprobarse dicha reforma.

X. El primer párrafo del artículo 127 de la Ley de Navegación establece que cuando la embarcación, aeronave o artefacto naval hundido o varado, no se encuentre en el caso previsto en el artículo anterior (artículo 126), el propietario o la persona que haya adquirido el derecho para extraer, remover o refletar éstos o su carga, requerirá autorización de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo, haciéndose notar que por error se señala ``refletaje'', siendo el término correcto el de ``reflotar'', que se refiere a la acción de poner nuevamente a flote un buque o artefacto naval que se encuentra hundido.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Marina estimamos necesario hacer la corrección del término señalado en el párrafo anterior, modificando al efecto el primer párrafo del artículo 127.

XI. El Dictamen que hoy nos ocupa, se inscribe en el propósito de atender a los más altos intereses nacionales, mediante el cumplimiento de las atribuciones que nos confiere el mandato ciudadano a través de la Constitución y refrenda el compromiso que los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios tenemos con el cuidado y protección al medio ambiente, y de manera particular, con el ecosistema marino.

Con la plena convicción de que al aprobarse el presente Dictamen, nuestro país contará con un marco jurídico actualizado, moderno y preciso, que permitirá resolver con mayor facilidad los problemas de contaminación en nuestros mares y playas, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULO 126 Y 127 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN

Artículo Único.- Se reforman los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación, para quedar como sigue:

Artículo 126.- Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval o carga se encuentre a la deriva, en peligro de hundimiento, hundido o varado y, a juicio de la autoridad marítima, constituya un peligro o un obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca, u otras actividades marítimas relacionadas con las vías navegables, o para la preservación del medio ambiente, así como riesgo de contaminación en playas, dicha autoridad ordenará al propietario o naviero que tome las medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato y concluir dentro del plazo que se le fije, la señalización, remoción, reparación, o su hundimiento si fuere necesario, en donde no perjudique la actividad portuaria, la navegación o la pesca. De no cumplirse tal requerimiento la autoridad marítima podrá removerlo o hundirlo, a costa del propietario o naviero.

Artículo 127.- Cuando la embarcación, aeronave o artefacto naval hundido o varado, no se encuentre en el caso previsto en el artículo anterior, el propietario o la persona que haya adquirido el derecho para extraer, remover o reflotar éstos o su carga, requerirá autorización de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo.

La persona autorizada en los términos del párrafo anterior, dispondrá, atendiendo a la dificultad del caso en particular, de un plazo de hasta seis meses, a partir de la fecha del siniestro, para efectuar la remoción misma que deberá realizarse en los términos que señale la autoridad marítima.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por la Comisión de Marina, diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rogelio Flores Mejía (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Franciso Juán Ávila Camberos (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez, Félix A. González Canto, Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rafael Moreno Cárdenas (rúbrica), María Eloisa Talavera Hernández (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Israel Tentory García (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), Héctor Ramírez Puga Leyva.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino A. Fernández Ávila (rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), María Guadalupe García Velasco, Bernardo Loera Carrillo, María del Rosario Herrera Ascencio, Julián Nazar Morales (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés, Lorena Torres Ramos (rúbrica), Guillermo E. Tamborrel Suárez (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

HONORABLE ASAMBLEA:

Los que suscriben Diputados Federales, miembros de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con fundamento en lo que establece la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1 y 3 del Articulo 39 y Numeral 6 en sus incisos e) y f) del Articulo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 55, 56, 57, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante este honorable Pleno el siguiente Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Antecedentes:

El pasado 7 de octubre de 2004 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió de los secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República la Minuta que contiene el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

En la Sesión Plenaria de la Cámara de Diputados realizada el 14 de octubre la Mesa Directiva dictó el turno de la Minuta en comento a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para su análisis, estudio y dictamen. Considerando las acciones y las diversas reuniones promovidas por las senadoras y los senadores de la comisión de Vivienda del Senado de la República, lo que nos permitió contar con los elementos para la elaboración del presente resolutivo y Dictamen conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Recibida y distribuida la Minuta a las diputadas y diputados miembros de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda en tiempo y forma, y publicada en la Gaceta Parlamentaría el 14 octubre de 2004, para dar cumplimiento al procedimiento legislativo, cada una por separado, sometieron al análisis y discusión la Minuta con Proyecto de Decreto en comento, en ambos casos se consideró pertinente convocar al Titular del INFONAVIT para que expusiera con mayor detalle los alcances, implicaciones y, en su caso, las bondades del Proyecto de Reformas a la Ley de dicho Instituto.

Cubiertos los procedimientos para dicha comparecencia, ésta se llevó a cabo en el seno de cada una de las comisiones citadas el día 20 octubre de 2004, en reuniones de trabajo en las que se profundizó en los alcances de la iniciativa, y en la necesidad de avanzar mediante la presente reforma que significa el introducir mecanismos de transparencia por la naturaleza del Instituto como una entidad tripartita, obligada al fortalecimiento de sus procesos de fiscalización.

Precisamente, las reformas que se promueven a través de esta iniciativa, se orientan en lo general al apuntalamiento de esa función que habrá de redundar en una mayor transparencia y rendición de cuentas; en una vigilancia más estricta y apegada a la normatividad vigente; y en la previsión de sanciones para desalentar y, en su caso, castigar los ilícitos por comisión, omisión o negligencia en que pudiesen incurrir los empleados y funcionarios del INFONAVIT.

Hacia ello apunta la legislación nacional en estas materias, como la mejor forma de responder a las demandas y exigencias de una sociedad mas participativa e interesada en el quehacer de las instituciones a su cargo y, en ese sentido, el INFONAVIT no puede permanecer al margen.

En ese tenor, por la responsabilidad y sentido social que distinguen las funciones del Instituto, no debe permanecer en el rezago, en una insuficiente transparencia que alimente la desconfianza de alguna de las partes, sean éstos trabajadores o empresarios en el manejo de recursos que, destinados en principio para el otorgamiento de más y mayores créditos para sus derechohabientes, pueden representar en un futuro mediato, parte sustancial de la pensión jubilatoria de los mas de 12 millones de trabajadores afiliados.

Derivado de ello, son ampliamente justificadas las reformas que se proponen y que van a reflejarse en la implementación y perfeccionamiento de mecanismos e instrumentos internos y externos de fiscalización, como se desprende de la instauración de un Comité de Vigilancia; la institucionalización de los procedimientos de auditoria; la reglamentación y transparencia que se busca en la designación del Auditor Externo; el fortalecimiento de las facultades de la Asamblea General; y la sujeción del Instituto a la normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de determinación de reservas.

También en esa dirección de imprimir una mayor transparencia y de un oportuno y puntual rendimiento de cuentas, apuntan parte de las reformas que se proponen, en particular, las que se refieren a la obligatoriedad para el Instituto de publicar sus estados financieros en el Diario Oficial; y en el fortalecimiento y reorientación de lo que sería la Comisión de Inconformidades.

Todo ello acompañado con la institucionalización en el INFONAVIT, del Servicio Profesional de carrera; y el establecimiento y adopción de un Código de Ética al que habrán de apegarse sus funcionarios y trabajadores en el desempeño institucional, lo que tendrá que reflejarse en la generación de mayor certidumbre y confianza en cada una de las partes representadas en el Instituto y hacia la sociedad en su conjunto, y que específicamente contempla los objetivos particulares siguientes:

1. Dotar al INFONAVIT de un organismo interno de fiscalización, creando un Comité de Auditoría.

2. Institucionalizar un procedimiento de auditoria, rendición de cuentas e informes.

3. Lograr una mayor difusión en la rendición de cuentas del Instituto, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el balance anual.

4. Incorporar al Congreso de la Unión el análisis de los resultados del Instituto, al presentarle anualmente el informe que haya aprobado la Asamblea General del INFONAVIT.

5. Transparentar la designación del Auditor Externo y señalar sus atribuciones.

6. Dotar al INFONAVIT de un mecanismo de transparencia hacia la sociedad, con la creación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información.

7. Establecer la vinculación entre la fiscalización interna del Instituto y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

8. Fortalecer las facultades de la Asamblea General en relación a decidir las políticas de crédito y a la designación y ratificación de los integrantes de los Órganos Internos del Instituto.

9. Institucionalizar el sistema profesional de carrera. y,

10 Sujetar a los diversos funcionarios y trabajadores del INFONAVIT, así como a los miembros de sus órganos colegiados a un Código de ética.

Todas las consideraciones anteriores fueron las razones en las que se sustentó el consenso alcanzado por las diputadas y diputados integrantes de las comisiones referidas en torno a la aprobación de la Minuta de Reformas a la Ley del Instituto, quienes coincidimos en que representan la oportunidad de poner al alcance del trabajador, la posibilidad de que pueda acceder de mejor manera a ejercitar los derechos que dicha la Ley le confiere en el campo de créditos para vivienda; o, en su caso, para disponer de sus fondos acumulados al momento de su retiro.

Conforme a las consideraciones anteriores y una vez cubiertas las formalidades de convocatoria, publicación y celebración de las sesiones respectivas de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, las diputadas y diputados integrantes en Comisiones Unidas con esta fecha del de del año dos mil cinco, para el análisis, discusión y votación del dictamen motivo de la reunión, acordamos por mayoría la aprobación en sus términos del siguiente:

DICTAMEN

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE VIVIENDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 Y 66; QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 18 BIS, 18 BIS 1, 19 BIS, 19 BIS 1, 25 BIS Y 25 BIS 1; Y QUE DEROGA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Artículo Primero .- Se reforman los artículos 6º, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 y 66 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 6°. Los órganos del Instituto serán: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Director General, dos

Directores Sectoriales, la Comisión de Inconformidades, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y las Comisiones Consultivas Regionales.

Los integrantes de los órganos del Instituto serán responsables para con éste por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley les impone.

Los integrantes del Consejo de Administración, de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría, de la Comisión de Inconformidades, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de las Comisiones Consultivas Regionales, que en cualquier asunto relacionado con el mismo tuvieren o conocieren de un posible conflicto de intereses personal o de alguno de los demás miembros del Órgano, deberán manifestarlo y, el que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención en dicho asunto. Igualmente deberán abstenerse de promover o participar, a título personal, en la atención de solicitudes, planteamientos o recursos que cualquier tercero promueva ante el Instituto.

Artículo 10°.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I Examinar y en su caso aprobar, dentro de los últimos tres meses del año, el presupuesto de ingresos y egresos y los planes de labores y de financiamientos del Instituto para el siguiente año.

Aprobar el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones.

II Examinar y en su caso aprobar, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados financieros dictaminados por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración, que resulten de la operación en el último ejercicio y el informe de actividades de la institución;

III ...

IV Aprobar las Reglas de Operación de los Órganos del Instituto, así como el Estatuto Orgánico del mismo y ordenar al Director General su expedición;

V DEROGADA.

VI DEROGADA.

VII DEROGADA.

VIII Aprobar las políticas de crédito;

IX Aprobar el Código de Ética del Instituto y ordenar al Director General su expedición;

X Aprobar normatividad en materia de transparencia y acceso a la información y ordenar al Director General su expedición;

XI Designar a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

XII Conocer los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

XIII Ratificar los nombramientos y remociones de los integrantes del Comité de Auditoría, y

XIV Las demás a que se refiere la presente Ley y las necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto, que no se encuentren encomendadas a otro órgano del mismo.

Artículo 16°.- El Consejo de Administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I.- Decidir, a propuesta del Director General, sobre las inversiones de los fondos y los financiamientos del Instituto, conforme a lo dispuesto por el artículo 66, fracción I;

II y III...

IV. Examinar y en su caso aprobar, la presentación a la Asamblea General, de los presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y de financiamientos, el plan financiero a cinco años y sus actualizaciones, así como los estados financieros, dictaminados por el Auditor Externo aprobados por el Comité de Auditoría y el informe de actividades formulados por la Dirección General;

V. Presentar a la Asamblea General, para su examen y aprobación, las Reglas de Operación de los Órganos del Instituto y el Estatuto Orgánico del mismo;

VI. A propuesta del Director General aprobar los nombramientos del personal directivo y los delegados de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto. Asimismo, aprobar las bases para el establecimiento, organización y funcionamiento de un sistema permanente de profesionalización y desarrollo de los trabajadores del Instituto;

VII y VIII...

IX. Proponer para su aprobación a la Asamblea General las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno;

A propuesta del Director General, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto;

X y XI...

XII.- Resolver sobre las circunstancias específicas no previstas en la presente Ley y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en relación a las subcuentas del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Con fines de coordinación, en la elaboración de las resoluciones que se adopten conforme a esta fracción, el Consejo escuchará previamente la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, es sin perjuicio de las facultades que, en relación con dichas cuentas, correspondan a la citada Comisión o a otras autoridades del sistema financiero de conformidad con lo previsto en otras disposiciones legales;

XIII.- Previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, designar y remover a los miembros del Comité de Auditoría y someterlos a la ratificación de la Asamblea General;

XIV.- Conocer y aprobar los informes que le presente el Comité de Auditoría, así como los dictámenes de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para la determinación de las medidas procedentes;

XV.- Evaluar la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes remitidos por el Comité de Auditoría;

XVI.- Conocer la opinión que le envíe la Comisión de Vigilancia sobre los informes presentados por cualquiera de las diferentes áreas de la Administración;

XVII.- A propuesta del Comité de Auditoría, designar o remover al Auditor Externo;

XVIII.-Designar o remover al Auditor Interno a propuesta del Comité de Auditoría; éste lo escogerá de una terna propuesta por el Director General;

XIX.- Aprobar la normatividad que derive de la presente Ley, salvo aquella que se encuentre reservada expresamente para aprobación de la Asamblea General;

XX.- Interpretar para efectos administrativos la presente Ley;

XXI.- Establecer los comités que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y

XXII.- Las demás que le señale la Asamblea General o se desprendan de la presente Ley.

Artículo 17- La Comisión de Vigilancia se integrará con nueve miembros nombrados de la siguiente forma:

Tres a propuesta de los representantes del Gobierno Federal, tres a propuesta de los representantes de los trabajadores y tres a propuesta de los representantes patronales ante la Asamblea General.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de esta Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia mínima de cinco años en materia financiera, legal o administrativa.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

La Comisión de Vigilancia sesionará por lo menos una vez al mes y será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7º.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos por la Asamblea General, a petición de quien les hubiere propuesto. La solicitud de remoción, se hará por conducto del Director General.

Los miembros de la Comisión de Vigilancia cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo conducente.

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I Proponer a la Asamblea y al Consejo de Administración, en su caso, las medidas que juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento del Instituto;

II Proponer para la aprobación de la Asamblea General el Código de Ética del Instituto;

III Vigilar que los integrantes de los Órganos del Instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego al Código de Ética del Instituto;

IV Informar, una vez al año, a la Asamblea General sobre el funcionamiento de los Órganos del Instituto;

V Proponer a la Asamblea General la designación o remoción de los miembros del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VI Vigilar la actuación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información y de la Comisión de Inconformidades;

VII En los casos que a su juicio lo amerite, convocar a Asamblea General;

VIII Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe periódico que le remita el Comité de Auditoría;

IX Emitir dictamen sobre el informe que le remita el Comité de Auditoría en relación a la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto, para su presentación al Consejo de Administración o a la Asamblea General;

X Enviar al Consejo de Administración su opinión sobre el informe que le presente mensualmente cualquiera de las diferentes áreas de la Administración, y

XI Dictaminar la propuesta para el nombramiento y remoción de los miembros del Comité de Auditoría.

La Comisión de Vigilancia podrá solicitar la opinión de terceros para el adecuado desempeño de sus funciones

Artículo 19. El Auditor Externo será designado por el Consejo de Administración de entre tres candidatos propuestos por el Comité de Auditoría, no podrá ocupar el cargo por más de cinco años y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con Título y Cedula Profesional de Contador Público o Licenciado en Contaduría.

3. Estar debidamente certificado.

4. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras.

5. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal.

6. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado, y

7. Ser socio de una firma de contadores públicos de reconocido prestigio. Esta firma no podrá ser la misma que aquélla a la que hubiera pertenecido el Auditor, en el período inmediato anterior.

8. No desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio público.

El Comité de Auditoría propondrá al Consejo de Administración una firma de reconocido prestigio para que se autorice la contratación del Auditor Externo. Para este efecto podrá solicitar a un Colegio o Instituto de Contadores Públicos ampliamente representativo de la profesión, le proponga una terna de firmas.

Artículo 21.- El Balance Anual del Instituto deberá publicarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que sea aprobado por la Asamblea General, en el Diario Oficial de la Federación y en dos de los diarios de mayor circulación.

Artículo 23. El Director General tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I...

El Director General podrá delegar la representación, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje así como otorgar y revocar poderes generales o especiales.

Las facultades que correspondan al Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 30 de esta Ley, se ejercerán por el Director General y el demás personal que expresamente se indique en el Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de facultades como organismo fiscal autónomo;

II a VI...

VII Presentar al Consejo de Administración, para su consideración y en su caso aprobación, los programas de créditos a que se refiere la fracción II del artículo 42, a ser otorgados por el Instituto.

VIII...

IX.- Después de ser aprobado por la Asamblea General, enviar al Congreso de la Unión, durante el mes de octubre de cada año, un Informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa que guarda el Instituto; y

X.- Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 25. La Comisión de Inconformidades se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados por la Asamblea General y durarán en su cargo seis años. Por cada miembro propietario se designará un suplente.

La Comisión será presidida en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7º.

Los miembros de la Comisión, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

La Comisión conocerá de las reclamaciones que reciba por parte de patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios, cuando a juicio de estos hubiesen recibido un tratamiento incorrecto, injusto o negligente y se asegurará de su debida atención, en los términos de la normatividad correspondiente.

La Comisión conocerá, substanciará y resolverá los recursos que promuevan ante el Instituto, los patrones, los trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios; en los términos de la normatividad correspondiente y con sujeción a los criterios que sobre el particular, establezca la Comisión de Vigilancia.

La Comisión conocerá de las controversias que se susciten sobre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren otorgando a los trabajadores, en materia de habitación, para decidir si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje consignado en el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar las aportaciones que deban enterar al Instituto o si quedan exentas de tal aportación. Una vez tramitadas las controversias en los términos de la

normatividad respectiva, la Comisión presentará un dictamen sobre las mismas a la Comisión de Vigilancia, que resolverá lo que a su juicio proceda.

Artículo 28.- En la Asamblea General cada sector contará con un voto. En el Consejo de Administración, en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia y Acceso a la Información y en la Comisión de Inconformidades, cada uno de sus miembros tendrá un voto.

Artículo 39.- .-...

...

...

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y egresos del Instituto de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas en el artículo 66 de la presente Ley, para determinar el remanente de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se lleven a las reservas previstas en esta misma Ley, así como aquellas destinadas a preservar el patrimonio del Instituto.

...

Artículo 58.- Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener los créditos o recibir los depósitos a que esta ley se refiere, sin tener derecho a ello, mediante engaño, simulación o sustitución de persona.

Artículo 66.- Con el fin de que los recursos del Instituto se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrá las siguientes facultades:

I. ...

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprobará los sistemas de organización de la contabilidad y de auditoria interna del Instituto en el ámbito de su competencia, dictándole las normas de registro contable de sus operaciones, fijándole las reglas para la estimación de sus activos, y en su caso, de sus obligaciones y responsabilidades, y expidiéndole las normas de carácter prudencial a que se sujetarán sus operaciones, atendiendo a esta Ley y a la naturaleza de los fines del Instituto.

III. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisará y vigilará que las operaciones del Instituto se ajusten a las normas establecidas y a las sanas prácticas, informando al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades que pudiera encontrar, para que se corrijan, y en su caso, impondrá las sanciones que correspondan en el ejercicio de sus funciones.

IV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejercerá todas las demás facultades aplicables que le son conferidas, conforme a lo dispuesto en su propia Ley y sus Reglamentos respectivos.

En virtud de lo anterior, no son aplicables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, las disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos, 18 bis, 18 bis1, 19 bis, 19 bis1, 25 bis y 25 bis1 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 18 Bis.- El Comité de Auditoría se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación, designados por el Consejo de Administración, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, y sujetos a la ratificación de la Asamblea general.

Por cada miembro propietario deberá haber un suplente.

Los miembros propietarios y suplentes de este Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio;

2. Contar con Título y Cédula Profesional.

3. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años en materia de auditoría relacionada con entidades financieras;

4. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

5. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

El Comité de Auditoría será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7º.

Los miembros del Comité durarán en su cargo seis años y serán removidos, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, por el Consejo de Administración, a petición de la representación que los hubiere propuesto; dicha remoción deberá ser ratificada por la Asamblea General.

Los miembros del Comité de Auditoría cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones, y el suplente tomará su lugar, hasta en tanto la Asamblea General determine lo conducente.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Auditoría se auxiliará del Auditor Interno y sesionará por lo menos una vez al mes.

Artículo 18 Bis 1.- El Comité de Auditoría deberá desempeñar las actividades siguientes:

I Vigilar que la administración de los recursos y los gastos, así como las operaciones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y de la normatividad que de la misma emane;

II Aprobar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore el Auditor Externo, para enviarlos al Consejo de Administración. En caso de considerarlo conveniente, solicitar al propio Consejo que se convoque a Asamblea General;

III Proponer para aprobación del Consejo de Administración los lineamientos generales en materia de control interno que el Instituto requiera para su adecuado funcionamiento, así como sus actualizaciones;

IV Aprobar los manuales de operación del Instituto, en la parte relativa a las políticas y procedimientos que en materia de control interno se requieran para el correcto funcionamiento del Instituto, acordes con la normatividad que sobre el particular haya sido aprobada por el Consejo de Administración;

V Verificar, cuando menos una vez al año, que el programa de auditoría se desempeñe de conformidad con estándares de calidad adecuados en materia contable y de controles internos;

VI Evaluar e informar al Consejo de Administración, cuando menos dos veces al año, y una vez al año a la Asamblea General, previo dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto;

VII Verificar la existencia y funcionamiento de un sistema integral de información de la situación patrimonial de los funcionarios del Instituto, aprobado por el Consejo de Administración a propuesta del Director General;

VIII En general, conocer y evaluar las operaciones relevantes del Instituto y la información financiera producida por la administración;

IX Enviar a la Comisión de Vigilancia un informe periódico sobre la situación financiera del Instituto, y

X Las demás que se señalen en la normatividad que al efecto emita el Consejo de Administración.

Artículo 19 Bis. El Auditor Externo tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Practicar la auditoría de los estados financieros y comprobar, cuando lo estime conveniente los avalúos de los bienes, materia de operación del Instituto;

II. Emitir anualmente un dictamen al Comité de Auditoría sobre la situación financiera que guarda el Instituto, para su presentación a la Asamblea General por medio del Consejo de Administración;

Para rendir fundadamente dicho dictamen, deberá llevar a cabo el examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios;

III.- Hacer del conocimiento del Consejo de Administración, por conducto del Comité de Auditoría, información sobre la situación financiera que guarda el Instituto, y

IV.- Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

Artículo 19 Bis 1.- El Auditor Externo será responsable para con el Instituto por el cumplimiento de las obligaciones que esta ley le impone y será solidariamente responsable con el que le haya precedido por las irregularidades en que éste hubiere incurrido si, conociéndolas, no las denunciare por escrito a la Asamblea General.

El Auditor Externo que en cualquier asunto relacionado con el Instituto tuviere un conflicto de intereses, deberá abstenerse de toda intervención.

Artículo 25 Bis.- El Comité de Transparencia y Acceso a la Información se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Federal, los cuales serán designados por la Asamblea General, durarán en su cargo seis años.

El Comité será presidido en forma rotativa, en el orden en que las representaciones que propusieron el nombramiento de sus miembros, se encuentran mencionadas en el Artículo 7º.

Los miembros del Comité, no podrán serlo de algún otro Órgano del Instituto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona de reconocido prestigio.

2. Contar con conocimientos y experiencia profesional mínima de cinco años.

3. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito patrimonial o intencional que haya ameritado pena corporal, y

4. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano, así como no haber sido declarado como quebrado o concursado.

Artículo 25 Bis 1.- Son funciones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información:

I Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información de conformidad con la normatividad vigente del Instituto y apegada a los principios y políticas generales de la materia;

II Transparentar la gestión mediante la difusión de la información que genera el Instituto;

III Garantizar la protección de los datos personales en posesión del Instituto;

IV Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Instituto;

V Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos;

VI Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho;

VII Resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en los casos de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de los documentos solicitados;

VIII Publicar un informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información y remitir una copia del mismo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública;

Las anteriores funciones se reglamentarán en la normatividad que en esta materia expida la Asamblea General.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el artículo 20 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá implementar lo previsto en el presente decreto a más tardar el 31 de julio de 2005.

TERCERO.- En todas las disposiciones donde se haga mención a la Comisión de Inconformidades y de Valuación, se entenderá como Comisión de Inconformidades.

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 21 de abril de 2005.--- Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Pablo Franco Hernández, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Víctor Flores Morales, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales(rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).

Por la Comisión de Vivienda, diputados: Roberto Pedraza Martínez, (rúbrica) Presidente; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), Margarita Chávez Murguía, Fernando de las Fuentes Hernández (rúbrica), Carlos Mireles Morales (rúbrica), Edgar Torres Baltasar, secretarios; Lázaro Arias Martínez (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), José Manuel Carrillo Rubio, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Concepción Cruz García (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Patricia Durán Reveles (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Juan García Costilla, Eliana García Laguna, Benjamín Fernando Hernández Bustamante (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Daniel Ordóñez Hernández, Joel Padilla Peña, Verónica Pérez Herrera (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas, Alfonso Sánchez Hernández, Marcelo Tecolapa Tixteco, Javier Villicaña Jiménez.»

Es de primera lectura.

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LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Abril 20 de 2005.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presentaron diversas iniciativas para crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Periodo 1942-1964, las cuáles se relacionan a continuación:

1. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Asistencia para los Ex braceros del periodo 1942 -1964, del Diputado Federal Sergio Acosta Salazar del Grupo Parlamentario del PRD, integrante de la LVIII Legislatura, de fecha 29 de Abril de 2003.

2. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo de los Ex braceros del periodo 1942 -- 1946, de diversos Diputados de la LVIII Legislatura, de fecha 30 de abril de 2003.

3. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Periodo 1942-1964, del Congreso del Estado de Jalisco, de fecha 12 de mayo de 2004.

4. Iniciativa de Ley para crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros en el período de 19 a 1964, del Congreso del Estado de Michoacán, de fecha 21 de julio de 2004.

5. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Período 1942-1964, del Congreso del Estado de Baja California, de fecha 25 de agosto de 2004.

6. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Compensación para los trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica del periodo 1942 a 1964, del Diputado Abdallán Guzmán Cruz del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 28 de octubre de 2004.

7. Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso para el pago de una compensación económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 1942 a 1964, de la Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 09 de noviembre de 2004.

8. Iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Braceros Mexicanos, presentada el 09 de diciembre de 2004, por los CC. Diputados Marco Antonio Gama Basarte del PAN, Mario Carlos Culebro Velazco del PRI, Valentín González Bautista del PRD y José Isabel Trejo Reyes del PAN.

Esta Comisión que suscribe, procedió al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron los miembros integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. En fecha 12 de mayo de 2004, el Congreso del Estado de Jalisco presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Periodo 1942-1964; con fecha 14 de mayo de 2004, la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

2. En fecha 21 de julio de 2004, el Congreso del Estado de Michoacán presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Iniciativa de Ley para crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros en el período de 1962 a 1964. En fecha 23 de julio de 2004, la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

3. En fecha 25 de agosto de 2004, el Congreso del Estado de Baja California presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Iniciativa de Creación de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Período 1942-1964. En fecha 31 de agosto de 2004, la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

4. En fecha 28 de octubre de 2004, el Diputado Abdallán Guzmán Cruz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Compensación para los trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los estados Unidos de Norteamérica del periodo 1942 a 1964. En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

5. En fecha 09 de noviembre de 2004, la Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó, presentó Iniciativa de Ley que crea el Fideicomiso para el pago de una compensación económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica para el periodo 1942 a 1964. En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

6. En fecha 09 de diciembre de 2004, los CC. Diputados Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del PAN, Mario Carlos Culebro Velazco del PRI, Valentín González Bautista del PRD y José Isabel Trejo Reyes del PAN, presentaron la Iniciativa de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Braceros Mexicanos. En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Las iniciativas provenientes de la LVIII Legislatura, coinciden en la necesidad de atender este problema social para lo cual proponen la creación de un Fondo de Contingencia, si bien no hay coincidencia en cuanto al periodo a considerar para ubicar a los posibles beneficiarios.

7. El día 5 de abril de 2005, los Diputados miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y los Diputados integrantes de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, llevaron a cabo una reunión de trabajo para analizar las iniciativas antes mencionadas.

Posteriormente, en sesión ordinaria los Diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, procedieron al análisis de las iniciativas presentadas, mismas que fueron discutidas en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA.- Esta Comisión es competente para dictaminar las iniciativas provenientes de la LVIII Legislatura relacionadas con la creación de un Fondo en Apoyo a los Ex trabajadores migratorios del periodo 1942-1966, así como aquellas presentadas en esta LIX Legislatura por el Congreso del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado de Michoacán, el Congreso del Estado de Baja California, el Diputado Abdallán Guzmán Cruz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la Diputada María Hilaria Domínguez Arvizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Diputados Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del PAN, Mario Carlos Culebro Velazco del PRI, Valentín González Bautista del PRD y José Isabel Trejo Reyes del PAN, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Comisión procede a dictaminar favorablemente la Iniciativa presentada por los Diputados Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del PAN, Mario Carlos Culebro Velazco del PRI, Valentín González Bautista del PRD y José Isabel Trejo Reyes del PAN, dado que ésta propuesta se presenta a nombre de la mesa directiva de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Ex Trabajadores Mexicanos Braceros y contempla en lo fundamental, las propuestas del resto de las iniciativas.

Por tanto, y siendo imprescindible reconocer la problemática de los ex trabajadores migratorios mexicanos, y tomando en cuenta la precaria condición económica de ellos mismos y sus familias, existe coincidencia con los argumentos expuestos en las iniciativas señaladas, siendo procedente dictaminar favorablemente, y por tanto crear el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores migratorios mexicanos.

Esta Comisión coincide en la necesidad de reconocer como acto de justicia, la importancia de otorgar apoyos de asistencia social a los ex trabajadores mexicanos braceros que se desempeñaron en los campos agrícolas del vecino país del norte durante el periodo 1942 a 1946 así como aquellos que lo hicieron hasta 1964.

En el mismo sentido, la que dictamina considera como elemento fundamental otorgar seguridad jurídica a los ex trabajadores mexicanos braceros que dejaron en aquellas tierras los mejores años de su vida, para que con estricto apego a las normas de operación que al efecto elabore el Comité Técnico del Fideicomiso a crear, permita que conozcan con certeza y absoluta transparencia los apoyos que proceda entregar ya sea directamente a los beneficiarios o en su caso a sus descendientes o cónyuge sobrevivientes.

Ahora bien, por tratarse de un fideicomiso que recibirá recursos públicos federales, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá proporcionar la información que le requieran las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación. De esta manera tanto los beneficiarios como el Gobierno Federal, habrá de transparentar y rendir cuentas sobre su manejo y destino.

En adición, la Comisión que dictamina coincide en que la duración del fideicomiso no deberá exceder de 5 años que es el tiempo que se considera adecuado para el cumplimiento de su objetivo y que por otro lado, el monto a entregar a cada beneficiario, no será una compensación derivada de un adeudo, sino se trata de un apoyo que la sociedad a través de éste fideicomiso, otorga a estos ex trabajadores mexicanos braceros y sus familias.

Por otro lado, el Comité Técnico deberá vigilar en forma escrupulosa los recursos que se le proporcionen al fideicomiso y evaluar e informar periódicamente sobre el manejo y situación patrimonial del mismo, en virtud de lo cual esta Comisión lo faculta para acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente.

En otro orden de ideas, la Comisión que dictamina considera conveniente que la dependencia del Ejecutivo Federal que presida el Comité Técnico del Fideicomiso, sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en virtud de tratarse de un asunto que implica manejo de recursos presupuestales, cuya operación corresponde al ámbito de sus funciones.

Por otra parte, con la finalidad de crear un Fideicomiso con bajos costos de administración, y no crear una entidad paraestatal adicional a las ya existentes, se propone la creación de un Fideicomiso sin estructura orgánica, el cual, por la sola circunstancia de contar con recursos públicos, estará sujeto a transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en la normatividad en la materia, por lo que el artículo 3 de la iniciativa tendría el texto siguiente:

``Artículo 3.

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales''

Esta dictaminadora estima conveniente subrayar que los recursos que el Gobierno Federal aportará al fideicomiso, serán en una parte la cantidad equivalente a aquella que se determinó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 a través de la partida presupuestal ``Fondo de Pago de Adeudos a Braceros Migratorios de 1942 a 1964'', por un monto de 298.5 millones de pesos, la cual se encuentra en el Anexo 17 del citado presupuesto en el denominado ``Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable 2005'', misma que se incrementará en las aportaciones de los Gobiernos Estatales y el Gobierno del Distrito Federal. Respecto de dicha partida presupuestal, se considera que, de acuerdo con los convenios celebrados respecto del Programa de Trabajadores Migratorios y la postura sostenida por el Gobierno Federal, éste no reconoce deuda alguna a favor de dichos trabajadores, por lo que, al ser inexistente el objeto del referido ``Fondo para el Pago de Adeudos a Braceros Migratorios del 42 al 64'', se estima adecuado utilizar la partida originalmente presupuestada para dicho fin a otro relacionado que sí pueda llevarse a cabo, como es el previsto en la iniciativa de Ley que se dictamina.

Por tanto el texto del artículo 4 que se propone es el siguiente:

``Artículo 4.

El Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente Ley;

II. Las aportaciones que a título gratuito, realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, en términos de los convenios de colaboración que éstos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente Ley;

III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;

IV. Los bienes que se aporten al Fondo; y

V. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

....

....''

En el mismo sentido, se precisa dentro de las facultades del Comité Técnico los criterios de prelación que deberán observarse en cuanto al otorgamiento de los apoyos, den preferencia a los beneficiarios de mayor edad respecto de los menor edad, en segunda instancia a los trabajadores migratorios comprendidos en el período de 1942 a 1946, y en última instancia, a los trabajadores migratorios comprendidos hasta el período de 1964, quedando el artículo 5 con el texto que sigue:

``Artículo. 5. ...

I a II. ...

III. Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación:

a) Se deberá dar preferencia a los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad.

b) Los Trabajadores Migratorios del período 1942 -1946;

c) Los Trabajadores Migratorios hasta el período 1964;

IV a XII. ...''

En cuanto a la condición relativa al periodo en que los ex trabajadores migratorios mexicanos deban registrarse para ser beneficiarios del apoyo, esta Comisión coincide en eliminar el plazo propuesto y mantener abierto el registro bajo estrictos requisitos que definirá en su momento el Comité Técnico del Fideicomiso, por lo que el artículo 6 quedaría de la siguiente manera:

``Artículo 6.

...

I a II...

III. Las personas que no cuenten con registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación podrán acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano con alguno de los siguientes documentos originales:

.....

IV...''

En otro orden de ideas, en lo que respecta a la participación de las entidades federativas y del Distrito Federal en las aportaciones para cumplir los fines del Fideicomiso, esta Dictaminadora estima que el otorgamiento de los apoyos no debe estar condicionado a la suscripción de los convenios con la Federación, en virtud de que, por una parte, no se puede obligar a entidades libres y soberanas a la firma de tales convenios de participación y, en segundo término, en virtud a que los Gobiernos Estatales ya han asignado y distribuido sus respectivos presupuestos para este ejercicio, por lo que se propone el siguiente texto:

``Artículo 7.

La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará al día siguiente de la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo 5º de esta Ley.

Podrán formalizarse convenios con las entidades federativas y el Distrito Federal con el propósito de incrementar el patrimonio de este Fideicomiso.''

Con el propósito de dar certidumbre y seguridad en cuanto los apoyos a otorgar, esta dictaminadora considera necesario dar a conocer a través del Diario Oficial de la Federación y los medios de difusión local, la relación de las aportaciones otorgadas y sus beneficiarios, quedando el artículo 8 con el texto que sigue:

``Artículo 8.

La relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso a los beneficiarios en términos de esta Ley, deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de amplia circulación local en la entidad federativa de que se trate, durante dos días consecutivos.''

Esta Comisión coincide en que el apoyo que se otorga a los ex trabajadores y/o sus beneficiarios, libera al Gobierno de México y a sus dependencias federales, así como a los órganos autónomos, de cualquier reclamo que se haya planteado en el pasado, en el presente y en lo futuro, por lo que el texto del artículo noveno queda como sigue:

``Artículo 9.

Los ex-trabajadores o sus beneficiarios con derecho a recibir el apoyo previsto en esta Ley, al recibirlo, aceptarán por escrito liberar al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los Acuerdos Internacionales que dieron origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos, sin reservarse ningún derecho u acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos Acuerdos.

El apoyo otorgado por esta Ley no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.''

En cuanto a los artículos transitorios, la que dictamina considera de relevancia precisar el destino que deberá darse a los recursos presupuestales aprobados para el ejercicio 2005, por lo que el texto del quinto transitorio es el siguiente:

``Quinto.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la presente Ley, los recursos aprobados en el Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para el ``Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios del 42 al 64'', se transferirán al patrimonio del Fideicomiso.''

Asimismo, con el propósito de que prevalezcan los principios de transparencia y justicia, y a fin de evitar apoyos que no se justifiquen o se repitan en lo futuro, la que dictamina considera conveniente que aquellos ex trabajadores migratorios mexicanos que de acuerdo al registro en el padrón oficial ya hubieran recibido el apoyo correspondiente, no serán acreedores a algún otro pago, quedando el texto del sexto transitorio con la siguiente redacción:

``Sexto.

Si de acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación aparece evidencia de que algún trabajador migratorio ya recibió el apoyo que le corresponde, perderá su derecho a recibir pago posterior alguno.''

A fin de dar debido cumplimiento a los fines para los que se crea el fideicomiso y que éste asegure la parte correspondiente de recursos públicos para su operación, esta Comisión conviene precisar en un transitorio séptimo que el Presupuesto de Egresos de la federación deberá contemplar la correspondiente partida, misma que será determinada en base a la información trimestral que deberá proporcionar el Comité Técnico del Fideicomiso a la Cámara de Diputados, quedando el artículo séptimo transitorio con la siguiente redacción:

``Séptimo.

En tanto el Fideicomiso no extinga su patrimonio ni se dé cumplimiento pleno al objetivo para el que fue creado, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir durante un periodo que no exceda de los cinco años, una partida específica que le permita dar cumplimiento a sus fines.

Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.''

Por lo expuesto anteriormente, esta Comisión que dictamina somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO DE LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Artículo 1o.- El Ejecutivo Federal constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El Fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6° de la presente Ley.

Artículo 2o.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Beneficiarios: los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o, en su caso, sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6° de la presente Ley;

II. Comisión: la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

III. Comité Técnico: el Comité Técnico del Fideicomiso a que se refiere el Artículo 3 de la presente Ley;

IV. Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: las personas que hayan sido contratadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América o patrones de ese país en virtud del Programa de Trabajadores Migratorios 1942-1964;

V. Fideicomiso: el Fideicomiso constituido de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley;

VI. Fideicomitente: el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Fiduciaria: la institución de crédito con la que el Fideicomitente celebre el Fideicomiso en términos de la presente Ley;

VIII. Ley: la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Braceros Mexicanos;

IX. Padrón: el registro de ex trabajadores migratorios mexicanos integrado por la Secretaría de Gobernación, y

X. Segob: a la Secretaría de Gobernación.

Artículo 3o.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 4o.- El Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente Ley;

II. Las aportaciones que a título gratuito, realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, en términos de los convenios de colaboración que éstos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente Ley;

III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;

IV. Los bienes que se aporten al Fondo; y

V. Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

El patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los Estados y el Gobierno del Distrito Federal.

Las actividades realizadas en ejecución de la finalidad del Fideicomiso únicamente estarán respaldadas por los recursos aportados al Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con los límites y en los términos previstos en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar esas operaciones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto al cumplimiento del objeto del Fideicomiso.

Artículo 5o.- El Comité Técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. Establecer las reglas de operación por las cuáles se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso;

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autoricen las aportaciones a otorgar, así como los procedimientos para establecer las cantidades proporcionales que se determinen por el Comité Técnico, mismas que se podrán entregar a los Beneficiarios y la forma para documentar dichas entregas;

III. Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación:

a) Se deberá dar preferencia a los trabajadores de mayor edad respecto a los de menor edad.

b) Los Trabajadores Migratorios del período 1942 -1946;

c) Los Trabajadores Migratorios hasta el período 1964;

IV. Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere el artículo 4o de esta Ley;

V. Acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente;

VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y demás actos jurídicos que puedan derivar en afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;

VII. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;

VIII. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;

IX. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en las disposiciones administrativas;

X. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando por escrito dichas reglas y resoluciones a la Fiduciaria;

XI. Instruir mediante oficio a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deba conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el (los) mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros;

XII. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso.

Artículo 6o.- Serán Beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Que hayan efectuado su registro en el Padrón de la Secretaría de Gobernación.

II. Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional) que los acredite como ciudadanos mexicanos.

III. Las personas que no cuenten con registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación podrán acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano con alguno de los siguientes documentos originales:

a) Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en Estados Unidos de América, bajo el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

b) Comprobante de Pago emitido por el contratante referido en el inciso a) anterior.

c) Tarjeta de identificación Consular (``mica café'')

IV. Tratándose de un beneficiario distinto del Ex Trabajador Migratorio Mexicano, la documentación probatoria deberá ser:1. Para el cónyuge sobreviviente:a) Los documentos mencionados en la fracción I de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de matrimonio.

d) Acta de defunción del Ex Trabajador Migratorio Mexicano.

2. Para los hijos e hijas:a) Los documentos mencionados la Fracción II de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de defunción del Ex Trabajador Migratorio Mexicano y de su cónyuge.

d) Acta de nacimiento.

e) Resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea, o carta de común acuerdo entre hermanos, especificando el beneficiario.

Artículo 7o.- La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del Fideicomiso por parte de la Federación, se hará al día siguiente de la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo 5º de esta Ley.

Podrán formalizarse convenios con las entidades federativas y el Distrito Federal con el propósito de incrementar el patrimonio de este Fideicomiso.

Artículo 8o.- La relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso a los beneficiarios en términos de esta Ley, deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de amplia circulación local en la entidad federativa de que se trate, durante dos días consecutivos.

Artículo 9o.- Los ex-trabajadores o sus beneficiarios con derecho a recibir el apoyo previsto en esta Ley, al recibirlo, aceptarán por escrito liberar al Gobierno de México y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro relacionado en cualquier forma con los Acuerdos Internacionales que dieron origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos , sin reservarse ningún derecho u acción legal alguna que pudiera corresponderles por virtud de dichos Acuerdos.

El apoyo otorgado por esta Ley no se considerará compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación.

Tercero.- El Comité Técnico deberá publicar las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o, fracción I, a más tardar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la suscripción del Fideicomiso a que se refiere esta Ley.

Cuarto.- Al concluir el proceso de entrega del apoyo social a que se refiere esta Ley, el Ejecutivo Federal deberá iniciar el procedimiento de extinción del Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Si, al término de la operación del Fideicomiso, existieran remanentes de recursos públicos, éstos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. Una vez que se haya extinguido el Fideicomiso, la presente Ley perderá su vigencia.

Quinto.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la presente Ley, los recursos aprobados en el Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para el ``Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios del 42 al 64'', se transferirán al patrimonio del Fideicomiso.

Sexto.- Si de acuerdo a los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación aparece evidencia de que algún trabajador migratorio ya recibió el apoyo que le corresponde perderá de inmediato su derecho a recibir pago posterior alguno.

Séptimo.- En tanto el Fideicomiso no extinga su patrimonio ni se dé cumplimiento pleno al objetivo para el que fue creado, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir durante un periodo que no exceda de los cinco años, una partida específica que le permita dar cumplimiento a sus fines.

Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 20 del mes de abril de 2005.--- Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Humberto Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 28 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Diego José Garibay y García de Quevedo, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de abril, se turno a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en los estados de Colima y Jalisco, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Diego José Garibay y García de Quevedo, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de abril de 2005.--- Por la Comisión de Gobernación, diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 28 y 31 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ana Laura de la Torre Saavedra, Martha Elena Muñoz Pérez, Mary Anne Colín Gascón, Víctor Alfredo Herrera Ávila, Lourdes Aidé Berger Armendáriz, Mónica Sabrina Nava Garcés, Susette Trinidad Vázquez Gudiño y Guillermo Daniel Prior Ortiz puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco, y en Tijuana, Baja California; y en la Embajada de la República de Sudáfrica en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 12 de abril, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco, y en Tijuana, Baja California; y en la Embajada de la República de Sudáfrica en México, respectivamente; y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Ana Laura de la Torre Saavedra para prestar servicios como asistente de Información en la Sección de Prensa en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Martha Elena Muñoz Pérez para prestar servicios como secretaria en la Sección Consular en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mary Anne Colín Gascón para prestar servicios como asistente administrativa del Área Cultural en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Víctor Alfredo Herrera Ávila para prestar servicios como mecánico de mantenimiento en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso, a la ciudadana Lourdes Aidé Berger Armendáriz para prestar servicios como operadora telefónica en el Consulado General de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Sabrina Nava Garcés para prestar servicios como asistente consular en el Consulado General de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Susette Trinidad Vázquez Gudiño para prestar servicios como asistente financiera en el Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Guillermo Daniel Prior Ortiz para prestar servicios como traductor en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de abril de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, José González Morfín (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Antes de proceder a agotar el siguiente punto del orden del día, ruego a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Señor Presidente: hay una asistencia de 380 diputadas y diputados; hay quórum.

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* LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y, de obsequiarse esta petición, se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la segunda lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra el señor diputado Marco Antonio Gama Basarte, hasta por cinco minutos.El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado Presidente: es importante para el inicio de la fundamentación de este tema, trascendente para la vida nacional del país, agradecer el trabajo, la voluntad y el consenso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos aportados por trabajadores braceros mexicanos. A cada uno de los diputados integrantes de estas comisiones, gracias. A cada uno de los grupos parlamentarios que aportó sus propuestas, su iniciativa y su voluntad para que este delicado tema en nuestro país tenga una atención justa y responsable. La presente iniciativa se genera con el objetivo de responder a la necesidad social de reconocer el esfuerzo de nuestros ex trabajadores braceros mexicanos que depositaron su energía, sus horas de trabajo en el convenio signado entre México y Estados Unidos en 1942 y hasta 1964. La iniciativa en comento es la columna vertebral para resolver el añejo problema que han vivido nuestros admirados soldados del surco, hombres que brindaron su dedicación, su fuerza de trabajo y algunos dejaron también allá lo mejor de sus años y algunos su vida.

Hoy estamos consolidando la solución definitiva de su problemática. Por tanto, es de considerarse como elemento fundamental otorgar seguridad jurídica a los ex trabajadores mexicanos braceros, que dejaron en aquellas tierras los mejores años de su vida, para que con estricto apego a las normas de operación que al efecto elabore el comité técnico del fideicomiso por crear permita que conozcan con certeza y absoluta transparencia los apoyos que proceda a entregar, ya sea directamente a los beneficiarios o, en su caso, a sus descendientes o cónyuges sobrevivientes. Ahora bien, por tratarse de un fideicomiso que recibirá recursos públicos federales, el comité técnico del fideicomiso deberá proporcionar la información que le requieran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la de la Función Pública, y la Auditoría Superior de la Federación. De esa manera, tanto los beneficiarios como el Gobierno Federal habrán de transparentar y rendir cuentas sobre su manejo y destino. La duración del fideicomiso no deberá exceder de cinco años, que es el tiempo que se considera adecuado para el cumplimiento de su objetivo. Y, por otro lado, el monto por entregar a cada beneficiario no será una compensación derivada de un adeudo, sino que se trata de un apoyo que la sociedad, a través de este fideicomiso, otorga a estos ex braceros mexicanos y sus familias. El comité técnico deberá vigilar en forma escrupulosa los recursos que se proporcionen al fideicomiso y evaluar e informar periódicamente sobre el manejo y la situación patrimonial del mismo, en virtud de lo cual se faculta para acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del fideicomiso, de acuerdo con la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del fideicomiso se apliquen en forma transparente. Señoras y señores diputados: estamos atendiendo, más allá de intereses de partido, más allá de intereses personales, el interés de una necesidad social que hoy nos muestra que, con voluntad, que con apego irrestricto a la atención de los problemas que requiere nuestro país, nos podemos poner de acuerdo, podemos hacer las cosas en favor de nuestros mexicanos. Hoy, saludamos con afecto, con aprecio todo ese trabajo generado por cada uno de los diputados de las comisiones en mención, por cada una de las organizaciones de trabajadores braceros, que durante años lucharon por este objetivo. Hoy, a los soldados del surco, enhorabuena. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Para hablar en favor del dictamen también, se encuentra registrado el diputado Valentín González Bautista, del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene el uso de la palabra.El diputado Valentín González Bautista: Con su autorización, diputado Presidente; señoras y señores diputados: con la discusión y aprobación de este dictamen se cierra una etapa en el proceso legislativo y se abre otra importante. La determinación de quienes se mantuvieron en una lucha permanente e incansable se materializa hoy, la aspiración de miles de trabajadores ex braceros que fueron a otro país, a tierras extrañas, dejando en alto la identidad, la voluntad y la fuerza que significa llevar la experiencia del trabajo para hacer producir la tierra. Fueron trabajadores que dejaron su patria para conseguir mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Se estima que más de 4 millones 600 mil compatriotas integraron ese programa, denominado ``Braceros''. Reclamaron, sin haber sido escuchados, durante años, que se les devolviera el fondo de ahorro, producto de su trabajo. Hoy, a varias décadas de esas jornadas, la Cámara de Diputados hace justicia a los hombres del campo. Con la discusión y aprobación positiva de este dictamen, los campesinos de México, los jornaleros tendrán claro que aquí hay representantes populares dignos, que reconocen sus esfuerzos y su trabajo. Con este dictamen se hace justicia a miles de trabajadores braceros que hoy tienen edades de entre 70, 75 y 80 o más años y que han esperado un acto de justicia y de reconocimiento de su trabajo. Lo hicieron las autoridades de Estados Unidos y los empleadores lejos de su tierra y les dijeron que los consideraban héroes de guerra, verdaderos soldados del surco en la retaguardia en aquellos tiempos de la guerra.

Hoy, en México se les hace justicia porque se considera que su trabajo en Estados Unidos y aquí ha sido fuente inagotable de riqueza. Por la dignidad y por el derecho de los trabajadores mexicanos braceros, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará en favor este dictamen porque está convencida y está segura de que vamos a hacer justicia a los hombres del campo, a los trabajadores braceros. Llamamos a las diputadas y a los diputados a que respalden esta iniciativa porque han sido largos los años de espera de miles de trabajadores braceros y sus familias, y agradecemos el esfuerzo, el trabajo, la educación y la alta sensibilidad social y política para tomar esta determinación, que sea por el bien de nuestros hombres del campo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: estamos evidentemente logrando una reivindicación inaplazable para los mexicanos que, efectivamente, empeñando lo mejor de su esfuerzo, acudieron a prestar su trabajo, su energía, su cansancio a otro país porque en la propia patria, el trabajo, el esfuerzo no tienen valor. Pero esta reflexión también nos lleva y nos tiene que conducir a otro análisis muy importante: ¿qué costo de sacrificio, qué costo también de energía desperdiciada de estos hombres, ya viejos, ya cansados, para lograr este propósito, esta reivindicación de justicia? Tuvieron que llegar incluso en caravana, no sólo a manifestaciones largas, a manifestaciones dolorosas, sino llegar a tocar la casa del Presidente de la República en San Francisco del Rincón. De allí fueron repelidos con la fuerza pública, de allí, en la misma casa en que --en cambio-- se tendió el tapete rojo a George Bush para que viniera a recibir el agua que están quitando los agricultores tejanos a los estados de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. En ese trato tan distintivo y tan diferenciado tenemos que poner la atención. ¿Por qué el reclamo de un derecho tiene que costar tanto sacrificio, por qué se tienen que tocar tantas puertas y hacer tantas gestiones para algo que debería ser natural, porque está probado que ellos hicieron una aportación a ese fondo para recibir sus pensiones de seguridad?

Éste es, pues, entonces --por una parte--, una victoria, sin duda indiscutible, de la justicia, pero --por la otra-- una constancia de una violencia institucional persistente de este gobierno, que tiene que forzar y que tiene que llevar al pueblo a los reclamos extremos, para que el derecho rija y la justicia ilumine y tenga, pues, y reciban quienes la merecen su compensación necesaria. Éste sería entonces para Convergencia un tema muy importante, una reflexión que nos debe conducir a esta representación a tomar decisiones más drásticas como Poder de la Unión frente a una actitud ya crónica del Poder Ejecutivo, que tiene que llevar las cosas al extremo y que las tiene que violentar, en violencia institucional, para que finalmente pueda acceder a algo que en derecho debería proceder por una vía natural, normal, y sin costo ni dolor para nadie. Es pues, amigos diputados, esta nuestra reflexión. Nos sumamos a la satisfacción de que este fideicomiso, al final de cuentas, restituya a estos mexicanos algo del trabajo que empeñaron en beneficio de otras naciones, pero que también este mismo hecho nos lleve a la reflexión de por qué en nuestra patria y en este régimen y en este sexenio, en el que se habló de que se iban en realidad a remunerar justamente la producción y el trabajo, siguen siendo filas interminables, numerosísimas del ejército de trabajadores que tienen que ir a ganar el pan nuestro de cada día en otro país, por qué la realización económica de nuestro país, las políticas económicas no conducen a aprovechar la mano de obra y el esfuerzo de los mexicanos, para que éstos consigan en su propia patria la satisfacción de sus necesidades familiares y la consecución de sus propósitos de una vida mejor. Éste sería el punto álgido en esta tarde para tener en adelante una supervisión directa de que cuantas demandas se hagan al Poder Ejecutivo se resuelvan por la vía lógica de la aceptación del derecho cuando éste procede y, enseguida, por qué una política económica que está desplegando este régimen no conduce al mejor aprovechamiento de la mano de obra y del esfuerzo de los mexicanos en la propia patria y, en cambio, se tiene que estar exportando mano de obra para recibir las canonjías de las remesas que sostienen la economía nacional. Con esto concluyo nuestra reflexión. Y por Convergencia votaremos en favor, desde luego, de esta propuesta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados: la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones respectivas y una vez que la Mesa Directiva le encomienda una comisión que parecía difícil de concertarse en algún momento de la existencia de esta Legislatura, por lo que respecta a nuestro mandato constitucional, hoy podemos decir con satisfacción que, gracias a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas de esta Cámara y de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, estaremos de alguna manera iniciando un proceso de resarcimiento de los daños de nuestros paisanos mexicanos ex trabajadores braceros. Movió a la Cámara de Diputados estimulada en esta ocasión también por la Cámara de Senadores, a que se rehiciera la comisión especial para dar seguimiento a este asunto. El origen fue un profundo acto de injusticia que se cometió con los braceros mexicanos desde la época de 1942, hace ya más de media centuria, y que siguió un proceso de agravios a nuestros paisanos mexicanos hasta el año de 1984. A eso tendría que obedecer lógicamente un acto de justicia que aquí empieza hoy con la aprobación de esta ley, para la cual les pedimos su voto, pero este acto de justicia tenía que tener un instrumento jurídico que diera certeza al apoyo de carácter social que se va a dar a nuestros paisanos, un instrumento que tuviera en él quien va a entregar estos recursos todas las facultades de ley que para el efecto se requiere, un fideicomiso público en donde se establecen con claridad las reglas para la entrega de estos recursos y también las reglas para su fiscalización y también los suficientes candados para que no se haga un uso partidista con esta partida que tiene un fin tan noble, como es el resarcimiento de estos daños.

Sí es de justicia mencionar la gran voluntad de los diputados del PRI en esta comisión, de los diputados del PRD, de Convergencia, del Verde, del Partido Acción Nacional, por quien hablo hoy, la gran armonía que encontramos con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, con la Secretaría de Gobernación, incluido el Banco de México, para lograr procesar la información y aterrizar en algo concreto que se iniciaría de aprobar el Senado esta iniciativa. Los beneficiarios están a la expectativa. Hemos tenido en esta Comisión y a través de las dependencias de la propia Cámara, contacto con las entidades federativas y con los gobernadores, quienes también se han mantenido sensibles y atentos al asunto, de tal manera que todos los actores involucrados en resolver este problema, incluidos los propios trabajadores ex braceros, con quienes hemos platicado muchas veces para llegar a este acuerdo mínimo que se inició por parte de la Cámara de Diputados, estableciendo un presupuesto, que se aprobó aquí, por 298.5 millones de pesos. Esto es el inicio. Esperamos, como se discutió en la Comisión de Hacienda con profundidad, que la entrega de los recursos a nuestros paisanos ex braceros sea con orden, sea con justicia, empezando con nuestros trabajadores que tienen más edad y así para ir resarciendo de manera ordenada a nuestros braceros. Esperamos que en el Senado ratifiquen esta iniciativa para que, al terminar el periodo, se pueda promulgar e iniciemos de inmediato a establecer plazos y entregar estos recursos a los trabajadores mexicanos ex braceros. Reconozco la gran voluntad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara, de los trabajadores braceros para dialogar y, desde luego, del Presidente Fox, quien estuvo atento al asunto a través de sus respectivas dependencias. Esperamos contar con su voto. Ésta es la postura del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado. Para continuar, tiene el uso de la palabra el señor diputado Arturo Robles Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.El diputado Arturo Robles Aguilar: Con su permiso, Presidente; compañeros legisladores: pocos actos pueden hacernos un trabajo de honor como el que hoy vamos a realizar. Justicia es la palabra abandonada en esta sociedad; muchos son los reclamos y pocos los actos en que realmente nos reivindicamos. El campo --y concretamente los campesinos-- ha sido el sector marginado históricamente. Entre los años 1942 y 1964, millones de campesinos emigraron por necesidad a Estados Unidos, no solamente para levantar la economía más fuerte del mundo, sino para sostener los hogares y la economía de México. El 10 por ciento les fue retenido, mismo que nunca se les reintegró. Hoy, con la creación del fideicomiso que restituye el recurso para los ex braceros de ese periodo, la Cámara de Diputados puede honrarse y decir a cabalidad que estamos haciendo un acto de justicia plena para los hombres más abandonados de este país, todo ellos con más de 70 años, hombres y mujeres que esperan, que esperan que el día de hoy se cree, se autorice la creación de este fideicomiso que pueda permitirles unas condiciones un poco mejores. Para el Partido Revolucionario Institucional, que ha abanderado los reclamos principales de la sociedad mexicana y en particular los de los campesinos de México, éste es un acto de congruencia. Pedimos a todos los legisladores de la LIX Legislatura que votemos por la creación de este fideicomiso para que realmente podamos dar un poco a los que menos tienen. Es cuanto, señor Presidente.El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Para hacer uso del resto de los cinco minutos, tiene la palabra la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, hasta por tres minutos.La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Con su permiso, diputado Presidente: este día, para esta humilde servidora, es de júbilo y plácemes porque, en parte, se hace justicia a los hermanos campesinos que fueron humillados peor que animales y bestias, en busca de un trabajo a Estados Unidos de América. Tengo fotos, tengo testigos, cuando los encueraron y en Nogales, en Ciudad Juárez y en toda la frontera, desnudos nuestros mexicanos los rociaban, que porque iban piojosos y porque iban enfermos en su carácter de braceros. A 47 años de lucha, demandando justicia social para que se les entregara el 10 por ciento del fruto de su salario que se les quitó para un fondo de ahorro que se habrá de entregar, vía gobierno mexicano, desde 1942 hasta 1964. Quiero dar las gracias a ustedes, compañeras y compañeros diputados de la LIX Legislatura, primero porque me apoyaron a subir a esta tribuna, la más alta de la patria, a solicitar el presupuesto y ustedes autorizaron los 298.5 millones de pesos en el Presupuesto del ejercicio de 2005 y, al mismo tiempo, reconocer en las Comisiones Unidas de Hacienda y de todos y cada uno de ustedes, hombres y mujeres, compañeros diputados, este dictamen que hoy se cristaliza en la instalación de un fideicomiso que habrá de ser con normas transparentes, reglas transparentes para que se entregue a las y los beneficiarios, que con justicia les corresponde, ex braceros mexicanos, campesinos todos, gente humilde, esa compensación, fruto de su trabajo de muchos años, que fueron, como lo han sido y lo seguirán siendo, hermanos campesinos que van a Estados Unidos y los tratan como animales.

Queridas compañeras diputadas y diputados, medios de comunicación: este día, para los campesinos ex braceros de 1942 a 1964 y para los que fueron después, para los que están ahora y los que estarán mañana en Estados Unidos, un poco de esa justicia con la LIX Legislatura, pero más habremos de hacer por nuestros compatriotas mexicanos, que todavía allá respiran injusticia, que todavía allá hallan quebrantados sus derechos humanos, su dignidad, su dignidad humana. Queridas compañeras, su voto les solicitamos para este dictamen, para que se entreguen los recursos a nuestros hermanos campesinos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Antes de someter a votación este dictamen, después de agotarse la lista de oradores y considerarse suficientemente discutido en lo general, ruego a la Secretaría que dé lectura a una fe de erratas que nos ha hecho llegar la Presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a fin de que lo conozca el Pleno, la Asamblea, y poderlo agotar.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al documento. Dice: ``Artículo 6o. III. Las personas que no cuenten con registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación podrán acreditar haber sido trabajador migratorio mexicano con alguno de los siguientes documentos originales''. Debe decir: ``III. Que acrediten haber sido trabajadores migratorios mexicanos con uno o más de los siguientes documentos originales''. Dice: ``Artículo Transitorio. Segundo. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos, contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin, objeto de su creación''. Debe decir: ``Artículo Transitorio. Segundo. El periodo durante el cual operará el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos será de cinco años o menos, contados a partir del inicio de sus actividades o hasta el momento en que se extinga su patrimonio o se dé cumplimiento al fin, objeto de su creación''. Dice: ``Artículo Transitorio Sexto. Si, de acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación, aparece evidencia de que algún trabajador migratorio ya recibió el apoyo que le corresponde, perderá de inmediato su derecho a recibir pago posterior alguno''. Debe decir... Eliminarlo, ya que dentro del artículo del decreto de ley ya se menciona. Dice: ``Artículo Transitorio Séptimo. En tanto el Fideicomiso no extinga su patrimonio ni se dé cumplimiento pleno al objetivo para el que fue creado, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir, durante un periodo que no exceda de los cinco años, una partida específica que le permita dar cumplimiento a sus fines. Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión, que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad por presupuestar para el año siguiente''. Debe decir: ``Artículo Transitorio Séptimo. Al efecto, el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión, que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad por presupuestar para el año siguiente''.

Con la firma del diputado Marco Antonio Gama Basarte, Presidente. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor secretario. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. No habiendo quien registre una reserva a un artículo en lo particular, consideramos que se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder a votar el dictamen en un solo acto en lo general y en lo particular, incluidas lo que son la fe de erratas de las que acaba de dar lectura el señor secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con las erratas ya mencionadas.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz:

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): A favor.

El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Es a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias, diputado. Señor Presidente: se emitieron 361 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular, incluida la fe de erratas, por 361 votos, el proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Ruego a la Secretaría que, antes de seguir con las discusiones de dictámenes, pongamos a consideración de la Asamblea los dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política que tenemos pendientes.

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FEMINICIDIOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados formula un extrañamiento al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por sus declaraciones ante la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación con los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de la Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo en relación con las declaraciones del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación con los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por el diputado Miguel Lucero Palma, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Gobernación, de Educación, Desarrollo Social, y de Seguridad Pública para que conjuntamente con la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se implemente un programa urgente para hacer una evaluación integral del problema de los feminicidios en Ciudad Juárez, así como de cualquier otra comunidad nacional que tenga problemas similares, a fin de que se atienda y ataque el fenómeno en su conjunto, se eviten concepciones y evaluaciones distorsionadas y parciales, y se pueda conocer y resolver el problema con el conocimiento y la atención de todos los factores sociales que inciden en él.

Este programa habrá de tener entre sus objetivos primordiales los de revertir las percepciones negativas sobre las comunidades respectivas, y alentar los valores socioculturales que permitan su denuncia y combate en todos los frentes de la vida comunitaria.

Segundo: La Cámara de Diputados respalda los requerimientos del Presidente municipal de Ciudad Juárez y del Consejo Coordinador Epresarial de Ciudad Juárez, AC, a efecto de que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formule las aclaraciones pertinentes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la opinión pública nacional, a efecto de que se presente un informe integral, equilibrado, justo y sin distorsiones sobre el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y el entorno sociológico, económico y jurídico en que se presenta, reconociendo los esfuerzos y avances que se han logrado al respecto, así como el valor y la trascendencia que el municipio de Ciudad Juárez ha tenido en el desarrollo histórico, político y social de la nación mexicana.

Tercero: Se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que impulse, de manera urgente y en el ámbito de su competencia, un programa que mejore la imagen de Ciudad Juárez, en los términos en que fue concebido en el reporte del año 2004 del Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas.

Cuarto: Se instruye a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados para que en el marco del seguimiento y atención de dicha problemática promueva e impulse la realización de estudios que tengan como propósito atenuar y revertir los efectos negativos de la difusión de estos temas.

Palacio Legislativo, a 20 de abril de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica en contra), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo en relación con las declaraciones del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en relación con los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por el diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

El suscrito, Miguel Lucero Palma, diputado federal al la LIX Legislatura del estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con las declaraciones del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con el tema de los homicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, se hace esta solicitud conforme a los siguientes:

Antecedentes

1. A principios de este mes, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró en la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, efectuada en Suiza, ``que los crímenes de género en Juárez siguen siendo una vergüenza nacional e internacional por la falta de resultados en las investigaciones, además de la nula atención a las causales del fenómeno.

Insistió el comisionado mexicano en que tras la publicación en noviembre de 2003 del informe especial de la CNDH sobre los asesinatos de mujeres en la frontera; las recomendaciones se han cumplido parcialmente, además de que se crearon más estructuras burocráticas, sin que varíe el patrón fundamental de los homicidios.

2. Las anteriores declaraciones provocaron fuertes reacciones en la comunidad juarense. El Presidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal, expresó a los medios de comunicación: ``lo digo categóricamente: para nosotros, el señor José Luis Soberanes debe ser declarado persona non grata en el municipio de Juárez; es una persona que hasta ahora lo único que ha hecho es denostar la imagen de una ciudad que aporta mucho al país... cuando me enteré de los comentarios del señor Soberanes --agregó el Presidente municipal-- me entró una especie de indignación y rabia, recordé todo lo bueno que tiene Ciudad Juárez; es nuevamente un acto de injusticia que un señor que por ser protagónico califique a todo un pueblo.

3. El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, AC, organización representativa del empresariado juarense, en una carta abierta dirigida al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el periódico Reforma el lunes 18 de abril pasado se solidarizó con el pronunciamiento del Presidente de Ciudad Juárez, reclamando al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ``se retracte de los infundios, de las ofensas y la perversidad de sus comentarios hechos en perjuicio de nuestra comunidad fronteriza''; exigiendo a dicho funcionario que:

Ofrezca a los juarenses una disculpa pública, porque no es su carácter el indicado para denostar en contra de los juarenses, ni de sus hijos.

Exigimos resarcir los daños morales mediante la conformación de un programa que mejore la imagen de Ciudad Juárez, ya que hace un año el señor Soberanas se comprometió ante este Consejo a crear una comisión para revertir la negativa percepción de Ciudad Juárez, tal como lo indica el reporte del año 2004 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas; y

Reclaman respeto porque Ciudad Juárez es la frontera mas dinámica y productiva del país; sólo el sector maquilador brinda empleo a más de 210 mil personas, donde más del 50% son mujeres, lo que sin duda habla de la generosidad y oportunidades que Juárez ofrece al género femenino.

4. En un periódico de la Ciudad de México, el martes 19 de abril del año en curso, se publicó una nota breve en la que José Luis Soberanes lamenta la reacción del Presidente municipal de Ciudad Juárez respecto a sus palabras expresadas en la ONU y afirma que nunca expresó reprobación o censura hacia Ciudad Juárez o a los juarenses.

Considerandos

Reconocemos que en el Municipio de Ciudad Juárez hace más de una década que existen problemas de inseguridad pública que han tenido un espacio de impacto escandaloso en el tema de los feminicidios en el ámbito municipal; pero debemos reconocer que éste no es un problema particular o exclusivo de este municipio.

Estamos a favor de cualquier esfuerzo que se realice para combatir este fenómeno en Ciudad Juárez y en cualquier parte del país, inclusive apoyamos las denuncias que se hagan en foros nacionales o internacionales que tengan el propósito de plantear este fenómeno con corrección, verdad, integridad y equilibrio.

Apoyaremos todas las gestiones y acciones encaminadas, desde luego, a resolver social y judicialmente dichos feminicidios; pero sobre todo para evitar que se sigan cometiendo.

Lo que no podemos aprobar es que el tema sea manipulado, que sea presentado en forma parcial, unilateral, interesada, con afanes protagónicos de tipo personal o partidista.

El tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, como en el de cualquier comunidad de México o del mundo, no debe ser bandera de personas, grupos o partidos; es un problema real, sensible y grave de numerosas comunidades, entre ellas la juarense, que se da en un contexto social, económico, político y cultural, y debe ser analizado y apreciado en términos globales.

No podemos conformar nuestra opinión, ni pretender conformar la opinión de los demás, en niveles nacionales o internacionales, con los criterios que motivan la difusión escandalosa. Para entender y resolver el problema es necesario entender que el fenómeno se presenta en una comunidad municipal extraordinariamente dinámica, con un crecimiento desproporcionado frente a sus capacidades estructurales y de desarrollo sustentable, y que ha sido durante todo el siglo pasado, y sigue siendo en el presente siglo tránsito, albergue y nuevo hogar de millares de compatriotas que emigran de todos los ámbitos territoriales de México. Si algo ha significado históricamente al municipio de Juárez es que ha otorgado oportunidades renovadas a paisanos de otros municipios que buscan y fracasan en su intento de emigrar al poderoso vecino del norte o que regresan de él desolados y frustrados.

Poco o nada se ayuda al desarrollo de un pueblo si únicamente se le señalan sus vicios y no se exaltan sus virtudes. No queremos ocultar el defecto sino presentarlo como parte de un organismo social activo, pujante y con un espíritu y actitud de franca solidaridad con el resto de la sociedad nacional.

Además, coincidimos con aquellos que piensan que ensañarse y remover la llaga social, con amarillismo y crueldad, puede tener un impacto psicológico colectivo contrario a los fines que se buscan e incentivar la criminalidad, la corrupción y la impunidad en este tema tan sensible y grave.

Finalmente, queremos recordar, como lo hacen los empresarios de Ciudad Juárez, que la Comisión de los Derechos Humanos que preside José Luis Álvarez Soberanes se ha comprometido ante la comunidad Juarense a crear una Comisión para revertir esa negativa, por unilateral y distorsionada, percepción de la comunidad juarense.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los secretarios de Gobernación, de Educación, de Desarrollo Social, y de Seguridad Pública para que con la participación de la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de los Homicidios de Género de Ciudad Juárez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se implemente un programa urgente para hacer una evaluación integral del problema de los feminicidios en Ciudad Juárez, así como cualquier otra comunidad nacional que tenga problemas similares, a fin de que se atienda y ataque el fenómeno en su conjunto, se eviten concepciones y evaluaciones distorsionadas y parciales, y se pueda conocer y resolver el problema con el conocimiento y atención de todos los factores sociales que inciden en él. Este programa tendrá entre sus objetivos primordiales los de revertir las percepciones negativas sobre las comunidades respectivas, y alentar los valores socioculturales que permitan su denuncia y combate en todos los frentes de la vida comunitaria.

Segundo. La Cámara de Diputados apoya los requerimientos del Presidente municipal de Ciudad Juárez y del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, AC, a efecto de que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga las aclaraciones pertinentes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la opinión nacional, de forma tal que se presente un informe integral, equilibrado, justo y sin distorsiones sobre el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y el entorno sociológico, económico y jurídico en que se presenta, reconociendo los esfuerzos y avances que se han logrado al respecto, así como el valor y la trascendencia que el municipio de Ciudad Juárez ha tenido en el desarrollo histórico, político y social de la nación mexicana.

Tercero. Se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que impulse, de manera urgente y en el ámbito de su competencia, un programa que mejore la imagen de Ciudad Juárez, en los términos en que fue concebido en el reporte del año 2004 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas (CEDAW).

Cuarto. Se instruye a la Comisión Especial de Feminicidios en la República Mexicana de esta Cámara de Diputados para que, en adición al seguimiento y atención de dichos homicidios, promueva e impulse la realización de estudios que tenga por propósito atenuar y revertir los efectos negativos de la difusión de estos temas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2005.--- Dip. Miguel Lucero Palma (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor secretario. El señor diputado Miguel Lucero Palma se ha registrado para hacer uso de la palabra en pro de este punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.El diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma: Con su permiso, señor Presidente: el punto de acuerdo propuesto tiene como antecedente el hecho de que, a principios de este mes, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declaró en la Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuada en Suiza, que los crímenes de género en Juárez siguen siendo una vergüenza nacional e internacional por la falta de resultados en las investigaciones, además de la nula atención a las causales del fenómeno. Por esa razón, en nombre de los diputados de Ciudad Juárez y del mío propio, queremos hacer las siguientes consideraciones a esta honorable Asamblea. Reconocemos que en el municipio de Ciudad Juárez desde hace más de una década existen problemas de inseguridad pública, que han tenido una especie de impacto escandaloso en el tema de los feminicidios en el ámbito municipal, pero debemos reconocer que éste no es un problema particular o exclusivo de este municipio. Estamos a favor de cualquier esfuerzo que se realice para combatir este fenómeno en Ciudad Juárez y en cualquier parte del país; incluso, apoyamos las denuncias que se hagan en foros nacionales o internacionales que tengan el propósito de plantear este fenómeno con corrección, verdad, integridad y equilibrio.

Apoyaremos todas las gestiones y acciones encaminadas desde luego a resolver social y judicialmente dichos feminicidios, pero sobre todo para evitar que se sigan cometiendo. Lo que no podemos aprobar es que el tema sea manipulado, que sea presentado en forma parcial, unilateral, interesada, con afanes protagónicos de tipo personal o partidista. El tema de los feminicidios en mi ciudad, en Ciudad Juárez, como en el de cualquier comunidad de México o del mundo, no debe ser bandera de personas, grupos o partidos. Es un problema real, sensible y grave de numerosas comunidades, entre ellas la mía, que se da en un contexto social, económico, político y cultural, y debe ser analizado y apreciado en términos globales. No podemos conformar nuestra opinión y pretender conformar la opinión de los demás en niveles nacionales o internacionales con los criterios que motivan la difusión amarillista y escandalosa. Para entender y resolver el problema es necesario entender que el fenómeno se presenta en una comunidad municipal extraordinariamente dinámica, con un crecimiento desproporcionado frente a sus capacidades estructurales y de desarrollo sustentable, y que ha sido --y esto queremos dejarlo muy claro--, durante todo el siglo pasado y sigue siendo en el presente siglo, tránsito, albergue y nuevo hogar de miles de compatriotas que emigran de todos los ámbitos territoriales de México. Si algo ha significado históricamente al municipio de Ciudad Juárez es que ha otorgado oportunidades renovadas a paisanos de otros municipios que buscan y fracasan en su intento de emigrar al poderoso país del norte o que regresan de él desolados y frustrados.

Poco o nada se ayuda al desarrollo de un pueblo si únicamente se le señalan sus vicios y no se exaltan sus virtudes. No queremos ocultar el defecto sin presentarlo como parte de un organismo social activo, pujante y con un espíritu y actitud de franca solidaridad con el resto de la sociedad nacional. Además, coincidimos con los que piensan que ensañarse y remover la llaga social con amarillismo y crueldad puede tener un impacto psicológico colectivo contrario a los fines que se buscan e incentivar la criminalidad, la corrupción y la impunidad en este tema, tan sensible y grave. Finalmente, queremos recordar --como hacen la comunidad juarense, sus autoridades, sus empresarios-- que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside José Luis Soberanes, se ha comprometido ante la comunidad juarense a crear una comisión para revertir esa negativa por unilateral y distorsionada percepción de la comunidad juarense. Gracias a la Junta de Coordinación por este apoyo. Lamentamos profundamente que el PT haya firmado en contra; daremos a conocer esta decisión a los miembros de dicho partido en esa comunidad. Gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra, para hablar también en pro del punto del acuerdo, la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática.La diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos: Con su venia, señor Presidente: como Presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, quiero decir que he consultado con compañeros de la Mesa Directiva de la Comisión Especial y que estamos de acuerdo con este punto de acuerdo, presentado por el diputado Miguel Lucero Palma, por varios motivos. Pero queremos hacer también varias consideraciones:

Primero: es importante, efectivamente, como ha solicitado la Comisión Especial, que el titular del Ejecutivo federal instruya a las Secretarías de Gobernación, de Educación, de Desarrollo Social, y de Seguridad Pública, y desde luego también a la Procuraduría General de la República para que, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implanten un programa de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Estamos de acuerdo. Incluimos a la Procuraduría General de la República, como ya lo hicimos saber al procurador general Macedo de la Concha.

Segundo punto: también respaldamos a la sociedad juarense en el sentido de que es preciso hacer aclaraciones pertinentes sobre el estado de las investigaciones de todos y cada uno de los casos de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez. Y, efectivamente, es importante enfrentar el estigma social que, de manera amarillista, en los medios de comunicación pulula en nuestros días frente al gravísimo problema de inseguridad y de violencia contra las mujeres. Quisiéramos aclarar desde esta tribuna que no se trata de vicios sociales. Estamos ante delitos de lesa humanidad contra las mujeres, pero que efectivamente el nombre de la sociedad juarense podrá salir avante, desde luego cuando los derechos humanos de las mujeres estén asegurados en esa entidad federativa. También, decir desde esta tribuna que Ciudad Juárez no es la única ciudad que está enfrentando en este momento ese gravísimo problema. Otras entidades de la República también lo están enfrentando y la Comisión Especial está dando seguimiento a las investigaciones por lo menos en 10 entidades federativas. Finalmente, diremos que en cuanto al cuarto punto, que se instruya a la Comisión Especial de feminicidios de la Cámara para que, en el marco y atención de esta problemática, promueva e impulse la realización de estudios que tengan como propósito atenuar y revertir los efectos negativos de la difusión de estos temas.

Queremos informar al Pleno que, desde hace varios meses, la Comisión Especial ha presentado un programa de estudios precisamente para dar cuenta al Pleno y a la sociedad en su conjunto, con bases fundadas, científicas, no amarillistas, qué es lo que está sucediendo en torno de la violencia feminicida contra las mujeres en nuestro país. Segundo: en torno de las investigaciones, exigimos que sean conforme a derecho, para abatir la impunidad que rodea todos estos crímenes en diversas entidades de la República. Por todo lo dicho, expresamos nuestro acuerdo con el punto de acuerdo presentado por el diputado Miguel Lucero Palma y, desde luego, decimos que la Comisión ya está en los trabajos para hacer estos estudios. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Para concluir, tiene la palabra el señor diputado Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional.El diputado Ramón Galindo Noriega: Con su permiso, señor Presidente: nos parece, señores legisladores, que existen dos bandos en esto del crimen y de la inseguridad pública: un bando que tiene que ver con las personas que cometen los delitos y llevan a cabo las acciones criminales; y otro bando que tiene que ver con la parte que combate a los criminales. En Acción Nacional estamos convencidos de que la parte que debemos fortalecer, que el espacio que debemos ocupar, es la parte que combate la inseguridad pública. Por eso, el grupo parlamentario del PAN apoya la propuesta de nuestro amigo y compañero Miguel Lucero, en el sentido de dejar clara la necesidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que los diferentes órdenes públicos y que toda la comunidad organizada nos coloquemos del lado que combate el crimen, no del lado que a veces combate a los que tienen la responsabilidad de atender este problema. De repente parece como que estamos tratando de poner más presión, más carga, más responsabilidad, más culpabilidad a quien tiene la obligación de atender un problema tan grave como éste. Me parece que esto es un error; debemos colocarnos de lado contrario al crimen, todos, y ayudar a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades federales y a todos los interesados en este concepto para fortalecer la parte de combate de la delincuencia. Ciertamente, estamos de acuerdo y apoyamos y defendemos las posiciones del gobierno local y llamamos a la Comisión de los Derechos Humanos para que, igualmente, se ponga en ese espacio y agregamos lo siguiente:

Así como hoy se está haciendo una defensa del esfuerzo que se hace en Chihuahua sobre este asunto, quiero recordar a ustedes que hay otro elemento que debe ser defendido, que es la comunidad juarense, esa comunidad juarense que tiene que enfrentar señalamientos a lo largo y ancho del país y fuera incluso de nuestra nación, con etiquetas y recordatorios de lo que acontece en nuestra ciudad. Es cierto, es doloroso y a nadie nos gusta que esté pasando lo que pasa en esta ciudad. Sin embargo, en Juárez, damas y caballeros, somos más que una comunidad con problemas de inseguridad pública. En Juárez formamos e integramos una comunidad muy responsable y muy trabajadora, y nos parece injusto que con tanta frecuencia se estén haciendo señalamientos contra la comunidad; es una comunidad que se integra por mexicanos que acuden a vivir en esta tierra de muy diferentes lugares de México y que esa multiculturalidad ha enriquecido de tal manera las ganas de salir adelante, de trabajar, de impulsar proyectos, de participar en las cosas públicas y privadas, que luego, cuando se da este tipo de etiquetaciones, nos parece muy injusto que el único referente para Juárez sean los problemas de inseguridad. Quiero hacer un respetuoso llamado a todos ustedes, damas y caballeros, para que también tengamos en la mente y en la memoria que Juárez es una comunidad de gente de avanzada política, de una presencia democrática indudable, de gente muy trabajadora y echada para adelante en todos los proyectos que tiene a cuestas y que no solamente evaluemos y etiquetemos a nuestra comunidad por los problemas que tenemos, sino por el trabajo que realizamos, por la esperanza que tenemos en el futuro y la forma en que nos comprometemos a resolver nuestros problemas y construir un mejor destino. El grupo parlamentario de Acción Nacional se suma con gusto a esta propuesta y hará todo lo que está en sus manos para que no solamente en esta expresión sino en cualquier otra sigamos apoyando a la comunidad trabajadora de Ciudad Juárez. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a someter, en votación económica, si se aprueba el acuerdo que se ha formulado por parte de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobado; comuníquese.

Continúe la Secretaría, haciendo del conocimiento de la Asamblea el otro punto de acuerdo, relativo al paso por territorio mexicano del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles.

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LUIS POSADAS CARRILES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al paso por territorio mexicano del presunto terrorista Luis Posada Carriles

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de la Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob y a la PGR que investiguen las circunstancias en que ingresó en territorio mexicano el terrorista de origen venezolano Luis Posada Carriles, presentada por el diputado Jorge Martínez Ramos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expresa su preocupación por el paso del presunto terrorista Luis Posada Carriles por el territorio nacional, y solicita al Instituto Nacional de Inmigración, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República que investiguen los hechos, finquen las responsabilidades conducentes y expliquen las circunstancias en que ingresó a suelo mexicano.

Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Someta a votación económica el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Entonces, está aprobada; comuníquese.

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LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continuamos con dictámenes a discusión. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General de las Personas con Discapacidad, remitida por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 14 de diciembre de 2004.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 39, numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con los siguientes:

I ANTECEDENTES.

1.- En la LVIII Legislatura el 4 de diciembre de 2001, la Diputada Laura Pavón Jaramillo presentó la iniciativa del Ley Nacional de las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

2.- De igual forma la Diputada Lorena Martínez Rodríguez el 13 de noviembre del 2001, presentó la iniciativa de Ley Federal para la Cultura de Sordo, ambas pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3.- Por otro lado el Dip. Jaime Aceves Pérez del Partido Acción Nacional, presentó el 10 de abril del 2003 la iniciativa de Ley Federal para las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

4.- El 30 de abril de 2003 fue aprobado por la Cámara de Diputados un Dictamen con Proyecto de Decreto que crea la Ley Federal para las Personas con Discapacidad. Dicho proyecto fue remitido para sus efectos constitucionales a la Colegisladora. La cual la recibió esa misma fecha turnándola a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictaminación correspondiente.

5.- El 16 de marzo de 2004 fue presentada en sesión ordinaria del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del Senador Rubén Zarazúa Rocha del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la misma sesión el Senador Adalberto Madero Quiroga integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad y el 30 de marzo de 2004 la Senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.

6.- Por unanimidad y un profundo compromiso con la sociedad y en lo particular con este sector de la población, demostrando la gran voluntad de las fracciones parlamentarias para dar respuesta a un reclamo social que representa la lucha por mas de una década de las Personas con Discapacidad y sus Organizaciones, las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Segunda y del Pleno Senatorial el 9 de diciembre de 2004 aprobaron el dictamen de los instrumentos enunciados en el anterior numeral, turnando la minuta ese mismo día a la Cámara de Diputados.

7.- El martes 14 de diciembre de 2004 la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó la mencionada Minuta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen.

8.- En este tenor, los Diputados integrantes de la Comisión, Omar Ortega Álvarez, Francisco Javier Bravo Carbajal y Alfonso Moreno Morán, presentaron sus respectivos anteproyectos de dictamen.

9.- En la Reunión Plenaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, celebrada el 16 de Marzo de 2005, los Diputados integrantes acordaron que la Secretaría Técnica elaborara un Dictamen único de la Comisión con las tres propuestas antes mencionadas, a efecto de hacerlo llegar a los Diputados para recibir sus observaciones al mismo.

10.- Con fecha 31 de Marzo de 2005, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, convocó a las Organizaciones de la Sociedad Civil involucradas en el tema de la Discapacidad, a efecto de que expresaran sus inquietudes hacia una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad en México.

11.- Con fecha 31 de Marzo de 2005, se reunió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en presencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil antes mencionadas, aprobaron el presente Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA.

La Ley General de las Personas con Discapacidad mandata que las políticas públicas en materia de discapacidad observen los principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad.

Prevé el desarrollo de un Banco de Prótesis, Ortesis y Ayudas Técnicas en la federación y las entidades locales, la creación de centros de asistencia social y la emisión de un Clasificación Nacional de Discapacidades.

En materia laboral, la Ley establece el diseño de un Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para las Personas con Discapacidad, que sea la punta del Desarrollo Humano de este importante sector de nuestra Nación. Otro rubro que la Ley atiende, es el relativo a la educación, ésta contempla la creación de Programa Nacional de Becas, el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana y la Escritura Braille en el Sistema Educativo Nacional, la certificación de los interpretes de la Lengua de Señas Mexicana y la asignación de un porcentaje de textos del Sistema Nacional de Bibliotecas en Escritura Braille.

La norma establece que las licitaciones de transporte público deberán contener especificaciones en materia de discapacidad, lo que, a mediano plazo resolverá el problema de accesibilidad. También, se contempla la creación de 3 instrumentos: el Censo Nacional de Personas con Discapacidad, el Sistema de Información de Servicios Públicos y el Programa Nacional de Deporte Paralímpico.

Pero, sin duda, el aporte más importante de esta Ley lo es el CONSEJO NACIONAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD como instrumento de coordinación intersecretarial e interinstitucional para promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar acciones, estrategias y programas en la materia.

El Consejo posee atribuciones como la de diseñar el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el concurran el sector público, privado y social, la de proponerle al Ejecutivo montos financieros a integrarse al Presupuesto de Egresos de la Federación, la de realizar investigaciones en todos los ámbitos del conocimiento en materia de discapacidad, participar en el diseño de las reglas de operación de los programas federales relativos a la discapacidad, la de ser el organismo de consulta de los sectores público, social y privado.

No podía quedar fuera del cuerpo de esta Ley la creación de un Consejo Consultivo que proponga y opine sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad, así como que recabe propuestas y las presente al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Cabe destacar que seis miembros de este consejo Consultivo participarán con voz y voto en el Consejo Nacional con lo que la participación de la sociedad civil se encuentra garantizada.

Como nuestra de congruencia con los convenios internacionales que a suscrito México en materia de discapacidad se adoptó, el término Personas con Discapacidad, que contribuirá a que los legisladores federales y locales asuman una sola terminología para este sector poblacional.

Es importante destacar que en esta ley el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF retoma la rectoría de la política publica en materia de personas con discapacidad.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables consideró pertinente aprobar esta minuta en los mismos términos del H. Senado de la República, sin embargo, se realizaron las siguientes correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Se consideró repetitivo el precepto establecido en la fracción XIII del artículo 2°, por lo que se eliminó en dicha definición las palabras ``social y educativo''.

2.- Por ser legislativamente correcto, se agregaron comas al final del inciso g) del artículo 5, en la fracción IV del artículo 6, fracción X del artículo 7, fracción V del artículo 9, fracción XIII del artículo 10, fracción II del artículo 15, fracción IV del artículo 17, fracción IV del artículo 20, fracción II del artículo 22 y fracción II del artículo 23.

3.- De igual forma y con el fin de dar una correcta técnica legislativa al cuerpo normativo, en la fracción VIII incisos a y b del artículo 19, se agregaron medios paréntesis, asimismo en el mismo inciso a) se eliminó un punto y coma y se agregó una ``y'' seguida de una coma y en el inciso b) al final, se eliminó un punto y coma y se agregó un punto final, con la finalidad de exponer claramente el artículo, coordinado entre sí.

4.- Por lo que respecta a la fracción XVII del artículo 30, al final se eliminó el punto final, debido a que ésta era la penúltima fracción, por lo que se agregó un punto y coma, la ``y'' así como la coma final y en la fracción XVIII del mismo artículo, se eliminó el punto y coma agregando un punto final.

5.- Asimismo al final de la fracción II del artículo 31 se eliminó la letra``y'', toda vez que le seguían más fracciones, en la fracción IV del mismo artículo al final se agregó un punto y coma, en la fracción VI se agregó al nombre de la Dependencia la preposición ``del'' y al final se eliminó el punto y coma y se agregó una coma y la letra ``y'' al mismo.

6.- Con el objeto de precisar con claridad la numeración de los CAPITULOS y por ser legislativamente adecuado, se consideró sustituir la numeración de los Capítulos que en la minuta se encontraban con letra, utilizando NÚMEROS ROMANOS, asimismo se usaron letras MAYÚSCULAS y MINÚSCULAS en relación a la DENOMINACIÓN de cada capítulo. De igual forma, después del Capítulo VII se cambio la numeración para hacerla consecutiva, ya que se repetía el mismo capítulo (Capítulo VIII y IX).

7.- Por lo que respecta a los artículos 11 en su párrafo segundo y artículo 12 por ser más adecuado ortográficamente, se utilizaron letras mayúsculas y minúsculas en los términos ``Lengua de Señas Mexicana'' y ``Sistema de Escritura Braille'', lo mismos se hizo en los artículos 26, 27, 28, Primero Transitorio, Segundo Transitorio, Octavo Transitorio, en los términos ``Entidades Federativas'', ``Decreto'' y ``Ley'' respectivamente.

8.- Por último, en la fracción VI del artículo 19, se agregó la conjunción ``de'' entre los términos ``materia'' y ``discapacidad'', para dar hilación a la oración, en el primer párrafo del artículo 21, se cambió el término ``requeridos'' que traía la minuta, por ``requeridas''; en el artículo 29 se cambió la palabra ``derivadas'' por ``derivados'' en el Capítulo II del Título Tercero, en su denominación, se sustituyó la conjunción ``de'' por ``para'' se agregó la conjunción ``con'' entre las palabras ``personas'' y ``discapacidad'' para dar hilación al enunciado y en el Transitorio Octavo, se elimina de la palabra ``deberán'' la letra ``n'', quedando ``deberá'' para dar coherencia al enunciado.

III. CONSIDERACIONES.I. De acuerdo con estimaciones estadísticas de la Organización Mundial para la Salud, entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, lo significa que en México alrededor de 10 millones de mexicanos tiene alguna discapacidad.

II. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, concluyó que la población con discapacidad se encuentra integrada por un 44.9% que presenta limitaciones relacionadas con sus brazos o piernas, 28.6% es invidente o sólo percibe sombras, 16.5% es sorda o escucha con ayuda de un aparato, 14.6% tiene algún retraso o deficiencia mental, 4.5% es muda y el restante 0.7% presenta otra clase de discapacidad.

III. Las causas de la discapacidad se dividen en un 31.6 % la adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad, el 22.7 % como consecuencia de problemas relacionados con la edad avanzada, el 14.9 % nació con ella, un 17. 7 % como resultado de algún accidente y 1.9 % debido a tras causas. El 11.5 de la población con discapacidad tiene entre 0 y 14 años; un 13.6 % de 15 a 29; 30% se ubica entre los 30 y 59 años y el 44 % tiene 60 y más años.

IV. La Historia, reciente, en el ámbito parlamentario en materia de discapacidad data de 1992, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que se eliminaron términos peyorativos para las personas con discapacidad intelectual como loco, idiota o imbécil.

V. Posteriormente, en julio de 1993 la Ley General de Educación se reformó para contemplar a la educación especial; en julio de 1994 la Ley de Estímulos y Fomento al Deporte misma que incorporó en su cuerpo normativo, preceptos para eliminar la discriminación, insertar el deporte adaptado dentro de las prioridades deportivas nacionales, en los programas y planes y adaptar las instalaciones deportivas para el uso integral por parte de los deportistas con discapacidad.

VI. Además de las Leyes mencionadas se reformaron y adicionaron la Ley General de Asentamientos Humanos, de Adquisiciones y Obras Públicas, Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, Aduanera, del Seguro Social, de Aeropuertos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y recientemente, el Artículo Primero Constitucional y su Ley Reglamentaria en materia de no discriminación, constituyendo, hasta el momento, un marco jurídico que tutela los derechos de las personas en diferentes ámbitos de la vida nacional.

VII. El Estado Mexicano ha desarrollado políticas públicas en la materia, mismas que han evolucionado: En una primer fase se brindó una atención exclusivamente en el área de la salud, se crearon el Instituto Mexicano de Protección a la Infancia (IMPI), el Instituto Nacional de Rehabilitación, a nivel nacional, en los estados de la República, había una ausencia de servicios especializados para atender a esta creciente población, en materia educativa el Estado brindó atención mediante un enfoque de educación especial.

VIII. Las últimas dos administraciones federales han brindado la atención a las personas con discapacidad privilegiando la integración de este importante sector, destacando el Programa Nacional para la Incorporación al Bienestar y al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de 1995 al 2000, y la Comisión Nacional Coordinadora del Programa Nacional para la incorporación al bienestar y al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE) en este mismo período. La actual Administración Federal en el año 2000 creo la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad y en febrero del 2001 el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad como instrumentos para diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas.

IX. Por otro lado, la Sociedad Civil, por medio de sus organizaciones sociales ha coadyuvado con el gobierno promoviendo iniciativas de ley, otorgando servicios que el Estado no alcanza a cubrir, siendo con esto motor generador de nuevas políticas públicas. El caso más destacado de la actividad de la Sociedad Civil lo constituye, sin lugar a dudas el TELETON, que ha sido capaz de reunir a los mexica-nos en torno a la causa de la discapacidad en los últimos años; sin dejar de observar que desde hace más de cuatro décadas las instituciones internacionales han contribuyendo a la asistencia de las personas con discapacidad como el Hospital Shriners de México.

X. El 13 de Abril de 2004, el Diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal el cierre definitivo de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la Republica denominada oficina de representación para la promoción de los derechos e integración de las personas con discapacidad, y toda vez que en el Artículo Transitorio Segundo de este Dictamen, se abroga el Decreto publicado el 4 de diciembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas Discapacidad, queda sin materia el objeto de la mencionada Proposición.

XI. De igual forma con fecha 7 de octubre de 2004 el Diputado Omar Bazán Flores integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa de decreto que reforma el articulo 177 de la Ley General de Salud, con la cual se pretende la creación de un Banco de Prótesis, Órtesis y ayudas técnicas para las personas con discapacidad, sin embargo en la fracción IV del artículo 7 del presente dictamen, se establece como atribución de las autoridades en materia de Salud implementar estas acciones, por lo que el objeto de la iniciativa antes descrita, queda sin materia.

XII. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con fundamento en las atribuciones que nos otorga los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Ley General de las Personas con Discapacidad

Título Primero

Capítulo Único Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

II. Ayudas técnicas.- Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad.

III. Comunidad de sordos.- Todo aquel grupo social cuyos miembros tienen como característica fundamental no poseer el sentido auditivo para sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna.

IV. Educación Especial.- Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación.

V. Equiparación de oportunidades.- Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.

VI. Estenografía Proyectada.- Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura Braille.

VII. Estimulación Temprana.- Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración.

VIII. Consejo.- Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

IX. Lengua de Señas.- Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

X. Organizaciones.- Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social.

XI. Persona con discapacidad.- Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

XII. Prevención.- La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales.

XIII. Rehabilitación.- Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.

XIV. Sistema de Escritura Braille.- Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos.

Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales, a los órganos desconcentrados y al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas y a los municipios, en los términos de los convenios que se celebren.

Artículo 4.- Los derechos que establece la presente Ley serán reconocidos a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad.

Artículo 5.- Los principios que deberán observar las políticas públicas en la materia, son:

a) La equidad;

b) La justicia social;

c) La equiparación de oportunidades;

d) El reconocimiento de las diferencias;

e) La dignidad;

f) La integración;

g) El respeto; y,

h) La accesibilidad.

Artículo 6.- Son facultades del Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:

I. Establecer la política de Estado acorde a las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas con discapacidad y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales;

II. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de gobierno trabajen en favor de la integración social y económica de las personas con discapacidad en el marco de la política de Estado;

III. Proponer en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad;

IV. Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas federales en materia de personas con discapacidad; así como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos; y,

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.

Título Segundo De los Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad

Capítulo I De la Salud

Artículo 7.- Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del Sector Salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:

I. Diseñar, ejecutar y evaluar programas para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral y rehabilitación para las diferentes discapacidades;

II. La creación de centros responsables de la ejecución de los programas señalados en la fracción anterior, la cual se extenderá a las regiones rurales y comunidades indígenas;

III. Programas de educación para la salud para las personas con discapacidad;

IV. Constituir, a través de los mecanismos institucionales que determine cada orden de gobierno, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, facilitando su gestión y obtención a la población con discapacidad de escasos recursos; y fomentar la creación de centros asistenciales, temporales o permanentes, donde las personas con discapacidad intelectual sean atendidas en condiciones que respeten su dignidad y sus derechos;

V. La celebración de convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, para impulsar la investigación sobre la materia;

VI. Implementar acciones de capacitación y actualización, dirigidos al personal médico y administrativo, para la atención de la población con discapacidad;

VII. Establecer los mecanismos para garantizar servicios de atención y tratamiento psicológicos;

VIII. Elaborar y expedir normas técnicas para la atención de las personas con discapacidad con el fin de que los centros de salud y de rehabilitación dispongan de instalaciones y equipos adecuados para la prestación de sus servicios, así mismo, promover la capacitación del personal médico y administrativo en los centros de salud y rehabilitación del país;

IX. Ofrecer información, orientación y apoyo psicológico, tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares;

X. Crear programas de educación, rehabilitación y orientación sexual para las personas con discapacidad; y,

XI. Las demás que otros ordenamientos les otorguen.

Artículo 8.- La Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades.

Capítulo II Del Trabajo y la Capacitación

Artículo 9.- Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:

I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad; en ningún caso la discapacidad será motivo de discriminación para el otorgamiento de un empleo;

II. Promover programas de capacitación para el empleo y el desarrollo de actividades productivas destinadas a personas con discapacidad;

III. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral;

IV. Formular y ejecutar programas específicos de incorporación de personas con discapacidad como servidores públicos;

V. Instrumentar el programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores, que propicien el acceso al trabajo, incluyendo la creación de agencias de integración laboral, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, becas económicas temporales; y,

VI. Asistir en materia técnica a los sectores social y privado, en materia de discapacidad, cuando lo soliciten.

Capítulo III De la Educación

Artículo 10.- La educación que imparta y regule el Estado deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Para tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras acciones, las siguientes:

I. Elaborar y fortalecer los programas de educación especial e integración educativa para las personas con discapacidad;

II. Garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional; así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa;

III. Admitir y atender a menores con discapacidad en los centros de desarrollo infantil y guarderías públicas y privadas;

IV. Formar, actualizar, capacitar y profesionalizar a los docentes y personal asignado que intervengan directamente en la incorporación educativa de personas con discapacidad;

V. Propiciar el respeto e integración de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Nacional;

VI. Establecer en los programas educativos que se transmiten por televisión, estenografía proyectada e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana;

VII. Proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales que apoyen su rendimiento académico;

VIII. Garantizar el acceso de la población sorda a la educación pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la enseñanza del idioma español y la Lengua de Señas Mexicana. El uso suplementario de otras lenguas nacionales se promoverá cuando las circunstancias regionales así lo requieran;

IX. Establecer un programa nacional de becas educativas para personas con discapacidad;

X. Implementar el reconocimiento oficial de la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de Escritura Braille, así como programas de capacitación, comunicación, e investigación, para su utilización en el Sistema Educativo Nacional;

XI. Diseñar e implementar programas de formación y certificación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la Lengua de Señas Mexicana;

XII. Impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante, al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma escrita;

XIII. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas, de las personas con discapacidad auditiva, y de las formas de comunicación de las personas con discapacidad visual; y,

XIV. Elaborar programas para las personas ciegas y débiles visuales, que los integren al Sistema Educativo Nacional, público o privado, creando de manera progresiva condiciones físicas y acceso a los avances científicos y tecnológicos, así como materiales y libros actualizados a las publicaciones regulares necesarios para su aprendizaje.

Artículo 11.- En el sistema nacional de bibliotecas, salas de lectura y servicios de información de la Administración Pública Federal se incluirán, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad.

El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del país determinará el porcentaje del acervo que cada institución tendrá disponible en Sistema de Escritura Braille y en audio, tomando en consideración criterios de biblioteconomía. Asimismo se preverá que los acervos digitales estén al alcance de las personas con discapacidad.

Artículo 12.- La Lengua de Señas Mexicana es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana.

Capítulo IV De las Facilidades Arquitectónicas, de Desarrollo Urbano y de Vivienda

Artículo 13.- Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos.

Las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

Los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta Ley, según el uso al que serán destinados, se adecuarán a las Normas Oficiales que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.

Artículo 14.- Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus trabajadores con alguna discapacidad.

Artículo 15.- Para facilitar la accesibilidad, en la infraestructura básica, equipamiento urbano y espacios públicos se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sean de carácter universal y adaptados para todas las personas;

II. Que cuenten con señalización e incluyan tecnologías para facilitar el acceso y desplazamiento, y que posibiliten a las personas el uso de ayudas técnicas, perros guía u otros apoyos; y,

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

Artículo 16.-Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público incluirán proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad. De la misma manera, los organismos públicos de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda.

Capítulo V Del Transporte Público y las Comunicaciones

Artículo 17.- Las autoridades competentes realizarán entre otras acciones, las siguientes:

I. Impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y medios de comunicación a las personas con discapacidad;

II. Promover que en las licitaciones de concesión del servicio de transporte público, las unidades incluyan especificaciones técnicas y antropométricas en materia de discapacidad;

III. Garantizar que las empresas del transporte de pasajeros incluyan en sus unidades especificaciones técnicas y antropométricas adecuadas para las personas con discapacidad;

IV. Promover el diseño de programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso al público; y,

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a las empresas concesionarias de las diversas modalidades de servicio de transporte público y de medios de comunicación, que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por las personas con discapacidad.

Artículo 18.- Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de interpretes de la Lengua de Señas Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.

Capítulo VI Del Desarrollo y la Asistencia Social

Artículo 19.- Las autoridades competentes deberán:

I. Establecer medidas que garanticen la plena incorporación de las personas con discapacidad en todas las acciones y programas de desarrollo social; además, verificarán la observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;

II. Establecer los lineamientos para la recopilación de información y estadística de la población con discapacidad, en el Censo Nacional de Población y demás instrumentos que conjuntamente se determinen;

III. Impulsar la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos para personas con discapacidad en situación de abandono o marginación;

IV. Concertar la apertura de centros asistenciales y de protección para personas con discapacidad;

V. Buscar que las políticas de asistencia social que se promuevan para las personas con discapacidad estarán dirigidas a lograr su plena integración social y a la creación de programas interinstitucionales de atención integral;

VI. Propiciar el diseño y la formación de un sistema de información sobre los servicios públicos en materia de discapacidad, con el objeto de identificar y difundir la existencia de los diferentes servicios de asistencia social y las instancias que los otorguen;

VII. Impulsar el desarrollo de la investigación de la asistencia social para las personas con discapacidad, a fin de que la prestación de estos servicios se realice adecuadamente;

VIII. Considerar prioritariamente, en materia de asistencia social para personas con discapacidad:

a) La prevención de discapacidades;

b) La rehabilitación de las personas con discapacidad;

IX. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

Artículo 20.- Las autoridades competentes de los gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y los Municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:

I. Promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad en todo el país;

II. Promover la aportación de recursos materiales, humanos y financieros;

III. Procurar la integración y el fortalecimiento de la asistencia pública y privada;

IV. Establecer mecanismos para la demanda de servicios de asistencia social; y,

V. Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia social para las personas con discapacidad.

Capítulo VII Del Deporte y la Cultura

Artículo 21.- Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional.

El Consejo, en coordinación con dichas autoridades concurrirá a la elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico.

Artículo 22.- Todas las personas con discapacidad podrán acceder y disfrutar de los servicios culturales, participar en la generación de cultura y colaborar en la gestión cultural.

Las autoridades competentes promoverán el desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad. Además procurarán la definición de políticas tendientes a:

I. Fortalecer y apoyar las actividades artísticas vinculadas con las personas con discapacidad;

II. Prever que las personas con discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para acceder y disfrutar de los servicios culturales; y,

III. Promover el uso de tecnologías en la cinematografía y el teatro, que faciliten la adecuada comunicación de su contenido a las personas con discapacidad.

Artículo 23.- Las políticas a que se refiere el artículo anterior y los programas que se establezcan se deberán orientar a:

I. Generar y difundir entre la sociedad el respeto a la diversidad y participación de las personas con discapacidad en el arte y la cultura;

II. Establecer condiciones de inclusión de personas con discapacidad para lograr equidad en la promoción, el disfrute y la producción de servicios artísticos y culturales; y,

III. Promover la realización de las adecuaciones materiales necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso a todo recinto donde se desarrolle cualquier actividad cultural. Difusión de las actividades culturales. Impulsar la capacitación de recursos humanos y el uso de materiales y tecnología a fin de lograr la integración de las personas con discapacidad en las actividades culturales; y fomentar la elaboración de materiales de lectura.

Capítulo VIII De la Seguridad Jurídica

Artículo 24.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 25.- El Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entidades Federativas promoverán al interior de la estructura orgánica de sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, la disponibilidad de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción.

Capítulo IX De la Concurrencia

Artículo 26.- Las autoridades competentes de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, concurrirán para determinar las políticas hacia las personas con discapacidad, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artículo 27.- Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios; éstas se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.

Artículo 28.- Corresponde a los órganos de los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, participar en la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, observar y hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad, establecidas en la presente Ley.

Título Tercero Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Capítulo I De su Objeto y Atribuciones

Artículo 29.- El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.

Artículo 30.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y coordinar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, promoviendo, convocando y concertando acuerdos o convenios con las dependencias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios, los sectores social o privado, o las organizaciones, evaluando periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo;

II. Promover acciones para generar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad;

III. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Establecer la política general de desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante la coordinación de los programas interinstitucionales;

V. Proponer al Ejecutivo Federal la inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de partidas para la aplicación y ejecución de los programas dirigidos a las personas con discapacidad;

VI. Promover medidas para incrementar la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con discapacidad;

VII. Realizar estudios de investigación que apoyen al desarrollo integral de las personas con discapacidad;

VIII. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

IX. Solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública en sus tres niveles de gobierno;

X. Participar en el diseño de las reglas para la operación de los programas en la materia;

XI. Promover entre los Poderes de la Unión y la sociedad acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población con discapacidad;

XII. Promover la firma y cumplimiento de los instrumentos internacionales y regionales, relacionados con la materia;

XIII. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

XIV. Establecer relaciones con las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública de la Federación y de las Entidades Federativas para proponer medidas en esta materia;

XV. Concertar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XVI. Difundir, promover y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;

XVII. Promover a través del Secretario Ejecutivo la suscripción de convenios para que las organizaciones y empresas otorguen descuentos a personas con discapacidad en centros comerciales, transporte de pasajeros, farmacias y otros establecimientos; y,

XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas con discapacidad.

Artículo 31.- El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

III. Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y,

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los integrantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Director General.

El Consejo será presidido por el Secretario de Salud y contará con un Secretario Ejecutivo que será el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Tendrá su sede en la Ciudad de México y contará las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 32.- Podrán participar como miembros del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad seis integrantes del Consejo Consultivo los cuáles tendrán derecho a voz y voto.

El Consejo, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, convocará a otras dependencias públicas federales, estatales o municipales, así como a otros organismos privados y sociales, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes, para tratar asuntos de su competencia.

Artículo 33.- El Consejo se reunirá con la periodicidad que señale el reglamento correspondiente. Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública Federal.

Artículo 34.- Las resoluciones o acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate.

Capítulo II Del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad

Artículo 35.- El Consejo Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

El Consejo Consultivo estará integrado por representantes de las organizaciones, que participarán en calidad de consejeros de acuerdo con la convocatoria pública que para estos efectos emitirá el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Título Cuarto De las Responsabilidades y Sanciones

Artículo 36.- El incumplimiento de los preceptos establecidos por esta Ley será sancionado conforme lo prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se abroga el Decreto publicado el 4 de diciembre de 2000 en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad.

Tercero.- Se abroga el Decreto publicado el 13 de febrero de 2001 en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad.

Cuarto.- El Titular del Poder Ejecutivo Federal convocará e instalará el Consejo Nacional y hará la designación del Presidente y del Director General dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley.

Quinto.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Sexto.- La convocatoria para la integración del Consejo Consultivo deberá publicarse dentro de los 60 días siguientes a la instalación del Consejo Nacional.

Séptimo.- Los recursos presupuestales que se generen para el ejercicio de las funciones y el establecimiento del Consejo Nacional deberán ser incluidos en el gasto presupuestal de la Secretaría de Salud.

Octavo.-La renovación y adaptación del parque vehicular de transporte público deberá incluir espacios especiales para personas con discapacidad en un periodo máximo de 5 años, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Adriana González Furlong (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal, Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Pablo Anaya Rivera, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval, María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Antes de dar el uso de la palabra a la diputada Magdalena Adriana González Furlong para fundamentar el dictamen, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los profesores y estudiantes de la escuela secundaria técnica Epilzapotla, del municipio de Puente de Ixtla, estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari. También lo hacemos con los jóvenes estudiantes de derecho de la universidad Xochicalco de Tijuana, invitados por los diputados Ruth Hernández y Manuel González. Sean bienvenidos.

Tiene la palabra la diputada Adriana González Furlong, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen.

La diputada Magdalena Adriana González Furlong: Con su venia, señor Presidente; honorable Asamblea: a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables fue turnada, para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Personas con Discapacidad, remitida por la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 14 de diciembre de 2004. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción III, y 345, en su numeral 6, fracción F, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 65, 83, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión resultó competente para conocer del asunto en cuestión, por lo que se abocó al estudio y análisis del mismo, con base en los siguientes antecedentes:

1. En la LVIII Legislatura, el 4 de diciembre de 2001, la diputada Laura Pavón Jaramillo presentó la iniciativa de Ley Nacional de las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

2. De igual forma, la diputada Lorena Martínez Rodríguez, el 13 de diciembre de 2001, presentó la iniciativa de Ley Federal para la Cultura del Sordo, ambas pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3. Por otro lado, el diputado Jaime Aceves Pérez, del Partido Acción Nacional, presentó el 10 de abril de 2003 la iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapacidad, la cual fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables igualmente.

4. El 30 de abril de 2003 fue aprobado por la Cámara de Diputados un dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para las Personas con Discapacidad. Dicho proyecto fue remitido para sus efectos constitucionales a la Colegisladora, la cual la recibió esa misma fecha turnándola a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictaminación correspondientes.

5. El 16 de marzo de 2004 fue presentada en sesión ordinaria del Senado de la República una iniciativa con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del senador Rubén Zarazúa Rocha, del grupo parlamentario del PRI. En la misma sesión, el senador Adalberto Madero Quiroga, integrante del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad. Y el 30 de marzo de 2004, la senadora Leticia Burgos Ochoa, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad.

6. El 9 de diciembre de 2004, el Pleno senatorial aprobó el dictamen de Ley General de las Personas con Discapacidad, turnando la minuta el mismo día a la Cámara de Diputados.

7. El 14 de diciembre de 2004, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la mencionada minuta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su correspondiente análisis y dictamen.

8. En la reunión plenaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Legislatura celebrada el 16 de marzo de 2005, los diputados integrantes de la Comisión Omar Ortega Álvarez, Francisco Javier Bravo Carbajal y Alfonso Moreno Morán presentaron sus respectivos anteproyectos de dictamen instruyendo a la Secretaría Técnica de la Comisión elaborara un dictamen único con las tres propuestas mencionadas, a efecto de hacerlo llegar a los diputados para recibir sus observaciones del mismo.

10. Con fecha 31 de marzo de 2005, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables convocó a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema de la discapacidad a efecto de que expresaran sus inquietudes hacia una nueva Ley General de las Personas con Discapacidad en México.

11. Con fecha 31 de marzo de 2005 se reunió la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y, en presencia de las organizaciones señaladas, aprobamos el presente dictamen.

Consideraciones: 1. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se revela que alrededor de 10 por ciento de la población mexicana vive con algún tipo de discapacidad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, concluyó que la población con discapacidad se encuentra integrada por 44.9 por ciento que presenta limitaciones relacionadas con brazos o piernas; 28.6 es invidente o sólo percibe sombras; 16.5 es sordo o escucha con ayuda de algún aparato; 14.6 tiene algún retraso o deficiencia mental; y 4.5 es mudo.

2. Que las causas de la discapacidad se dividen en 31.6 que adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad, 22.7 como consecuencia de problemas relacionados con la edad avanzada, 14.9 nació con ellas, 17.7 como resultado de algún accidente --éste es un dato muy importante-- y 1.9 debido a otras causas.

3. Que muchas de las personas con discapacidad han sufrido marginación, discriminación, falta de oportunidades y accesibilidad, con una serie de necesidades específicas, por lo que demandan que juntos, legisladores, sociedad y gobierno, impulsemos un marco normativo y políticas públicas que hagan un reconocimiento a la importancia que tienen las personas discapacitadas e impulsen su desarrollo e integración plena, así como para contribuir a su dignificación.

4. Que en esta Legislatura, quienes formamos parte de ella, tenemos la obligación y el compromiso de aprobar una ley que habrá de beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos que viven con algún tipo de discapacidad, en materias como educación, salud, desarrollo social, accesibilidad, trabajo, capacitación laboral y deporte paralímpico, entre otras muchas.

Es verdaderamente, señores, una oportunidad histórica de culminar un esfuerzo que comenzó hace más de una década y que inició en los noventa, cuando se impulsaron las primeras reformas del Código Civil, siguiendo posteriormente con reformas de la Ley General de Educación, de la Ley Aduanera y de la Ley General de Salud, entre otras muchas. El dictamen con proyecto de ley por el que solicitamos su voto aprobatorio considera, entre otros aspectos, la creación del Banco Nacional de Prótesis y Órtesis, y la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en el que la sociedad civil, y los gobiernos federal, estatal y municipal impulsen mejores políticas públicas. Finalmente, deseo destacar que en un momento en que vivimos desencuentros es posible que, en temas como éste, logremos los acuerdos y consensos necesarios a favor de los grupos vulnerables en nuestro país.

Confío, señores, plenamente en que esto nos pueda retornar al camino de la sana armonía y convivencia política para ver todos por el bien común de la población, que es y debe ser, al final de cuentas, el objeto y fin de nuestros esfuerzos. Confiamos plenamente en que su voto hacia la Ley General de las Personas con Discapacidad sea a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidente tiene registrados para fijar posiciones a los siguientes diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, Leonardo Álvarez Romo, Omar Ortega Álvarez, Virginia Yleana Baeza Estrella, Francisco Javier Bravo Carbajal y Laura Elena Martínez Rivera. Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido Convergencia.El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros: en esta mañana de este jueves me parece que debemos celebrar todos los aquí presentes, y ojalá los medios hagan eco de esto, los acuerdos a que ha llegado la Cámara de Diputados. Verdaderamente, tenemos hoy una demostración clara de que los partidos políticos sí podemos llegar a acuerdos y que en la mañana hemos votado por la justicia, por la equidad, por la dignidad, por el respeto y por la no discriminación, particularmente por la Ley General de Personas con Discapacidad, que --estoy seguro-- todos votaremos a favor. Los discapacitados, las personas con discapacidad, las personas con capacidades diferentes, como de tantas formas se les llama, no son personas enfermas; son personas que por diferentes razones, más bien circunstanciales, han dejado de tener el funcionamiento adecuado, algún órgano, algún sentido. Podrán carecer de alguna habilidad, pero hay muchas personas que, sin carecer de esa habilidad, están tristemente más discapacitados, por mentes enfermas, llenas de maldad, faltas de solidaridad y, por supuesto, por la discriminación. Ya en un evento anterior votamos por unanimidad, todas las diputadas y los diputados, porque se dé prioridad a las personas con discapacidad en los programas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Ojalá todo esto que estamos votando no quede en letra muerta, ojalá que basados en la Ley General de Desarrollo Social que también tiene una en prensa en relación con esta Ley que votaremos, se cuente y se dé cuenta de la información de las personas con discapacidad que están siendo atendidos por estos programas, ojalá que en la base también de la Ley al Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que también votamos todos, por unanimidad, se dé el respaldo a las asociaciones civiles de personas con discapacidad.

Creo que es muy importante que hoy que hablamos de oportunidad en el trabajo, oportunidad en la capacitación, en la educación, en el transporte, en la infraestructura, en las facilidades del desarrollo urbano. Ojalá que también estemos de acuerdo en que, a la hora de reglamentar esta ley, se considere la opinión de las personas con discapacidad. Muchas veces votamos y hacemos reglamentos sin considerar quiénes serán los beneficiados o los perjudicados. En muchos lugares del país vemos también cómo alcaldes o gobernadores han intentado modificar la infraestructura urbana para dar facilidades a las personas con discapacidad y, sin embargo, precisamente en las rampas por donde circulan las personas en sillas de ruedas o las personas que tienen dificultad para caminar, precisamente en esas esquinas hay un poste de luz o de teléfono, o una cabina telefónica que precisamente a una persona invidente provocaría un accidente. Tenemos que hacer las cosas bien. Quisiera que a la hora de que se reglamente esta ley, pudiéramos contar con que a través de un equipo interdisciplinario se establezca ahí la certificación de personas con discapacidad por parte de la Secretaría de Salud, un instrumento que no solamente dejaría claro quién sí tiene una discapacidad y quién no, sino que serviría para crear un registro nacional de personas con discapacidad. Se podría saber con precisión más acertada cuántos discapacitados existen en México, se establecería la valoración y la calificación de la presunta discapacidad, determinando su tipo y grado, se establecería una orientación terapéutica determinando las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación, así como el seguimiento o evaluación de estas personas. Se podrían certificar necesidades socioeconómicas que tienen las personas con discapacidad para la mejor dirección de apoyos o recursos, se podrían conocer las posibilidades de integración educativa de las personas con discapacidad y su integración laboral. Considero que es importante, y en este momento también hago un llamado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a que se logre emitir a través del DIF una credencial que acredite e identifique a las personas con discapacidad, que les sirva como instrumento que los identifique plenamente, les permita obtener descuentos en medicamentos, comestibles, ropa, transporte y otros productos y servicios y que las favorezca también para la contratación inmediata en empresas privadas y públicas, lo cual sería muy interesante. Y, finalmente, exhorto también al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a que se obliguen a dar un servicio médico a las personas con discapacidad que no cuentan con la protección de un sistema de seguridad social. Para finalizar, Convergencia votará en favor de esta ley porque estamos convencidos de que la no discriminación plasmada en nuestra Constitución es algo que debemos refrendar todos los días y en todo momento, el respeto de personas que hacen un mayor esfuerzo y que siempre, siempre son un gran ejemplo para personas que presumen de no tener una discapacidad. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Para continuar, tiene el uso de la palabra el señor diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México.El diputado Leonardo Álvarez Romo: Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: las personas con capacidades diferentes son un sector vulnerable, por sus involuntarias limitaciones y por la marginación impuesta injustamente por la sociedad, que por falta de conciencia y de sensibilidad espiritual las margina. Muchas veces, a las personas con discapacidad se deniega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y de las relaciones sociales normales; se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transportes debido a sus limitaciones físicas, pero por nuestra falta de consideración en los diseños, en los proyectos y en las políticas enfrentan diariamente diversos problemas y conflictos que minan su calidad de vida, a pesar de que en su mayoría tan sólo tienen limitaciones físicas, no espirituales ni intelectuales. Muchas veces nos enfrentamos a una vergonzosa realidad en la que a los discapacitados no se les ve como personas, como sujetos con derechos al igual que todos nosotros, sino como una carga para las familias y la sociedad. Hace sólo algunas décadas, las personas con discapacidad solían ser ciudadanos prácticamente invisibles e ignorados en muchas sociedades. Sin embargo, esta visión afortunadamente ha cambiado y hoy día el debate sobre los derechos de las personas con discapacidad no tiene que ver tanto con el disfrute de derechos específicos como con garantizar a las personas con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.

Ver a la persona con discapacidad como un igual supone darle acceso al beneficio pleno de las libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas y es preciso hacerlo de forma respetuosa y sensible a su diferencia. Por consiguiente, la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad debe ser uno de los temas predominantes en la agenda política de México. El proceso de garantizar que nuestras hermanas y hermanos con discapacidad disfruten de sus derechos humanos avanza con lentitud y de manera irregular, pero está en marcha. Un claro ejemplo es el motivo que nos reúne hoy: la pronta aprobación de la minuta de Ley General de las Personas con Discapacidad. ¡Bravo por esta soberanía y no sólo por esta ley, sino por el fideicomiso de los trabajadores migratorios! Esperamos que los medios de comunicación manden la nota, el mensaje prontamente a la gente, pues esto demuestra que sí estamos trabajando por México y contribuye a limpiar y tranquilizar el ambiente político. Para el Partido Verde, es un placer y un orgullo apoyar el proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad. Las y los legisladores tenemos el privilegio y la oportunidad de avanzar en el camino y hacernos copartícipes en la construcción de una sociedad que respeta la diferencia y lucha por la igualdad de condiciones y oportunidades para todos sus habitantes. El valor de la solidaridad se basa en el reconocimiento de que existen lazos espirituales y obligaciones sociales mutuas entre los seres humanos, por el hecho de ser miembros de la misma comunidad planetaria y territorial. Uno de esos lazos tiene que ver con la posibilidad de que todos los ciudadanos de México participen en todos los procesos generales de la sociedad. Nuestra tarea ha sido sacar adelante este proyecto y cambiar la contradicción entre los valores que se profesan en favor de las personas con discapacidad y la falta de aplicación real de las políticas y acciones congruentes. Por eso se vale decir: ¡misión cumplida! Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Omar Ortega Álvarez: Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: no podemos hablar de democracia cuando un gran número de mexicanos y mexicanas tiene ausencia de equidad, de justicia social, de integración, de dignidad y accesibilidad. Aun cuando la cultura de respeto y reconocimiento de los derechos humanos se encuentra en pleno fortalecimiento, debemos ubicar que todavía hay espacios en el ámbito educativo, laboral, urbano y deportivo, entre otros, donde la exclusión, la desigualdad, la iniquidad se manifiestan en actitudes de intolerancia, incomprensión, falta de reconocimiento y aceptación de la pluralidad y de la diferencia. La discapacidad es una condición humana que implica una manera diferente de vivir, pero no resta a las personas su talento, su capacidad, su anhelo y su derecho a contar con una vida productiva y digna. Las personas con discapacidad forman uno de los grupos de atención prioritaria que requiere programas y apoyos que respondan a sus necesidades, a la construcción de espacios y oportunidades que generen su inclusión, formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas. Las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática votaremos en favor de esta minuta de ley, por donde se da vida a la Ley General de las Personas con Discapacidad, por las siguientes consideraciones:

La ley contiene un conjunto de preceptos que, de ser adecuadamente aplicados, acortará la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado a lo largo y ancho de la nación hacia las personas con discapacidad, expresada esta exclusión en desempleo, pobreza, analfabetismo y una enorme marginación. La injusticia acompaña a las personas con discapacidad desde que nacen y hasta su muerte; las lacera de manera tal y tan dolorosa, que se le cierran las puertas de cualquier empresa al momento de solicitar empleo y, en caso de que lo tengan, son insignificantes y de muy poca remuneración. Con esta ley, el Estado estará obligado a asumir su responsabilidad en esta materia; ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social. Se acabará la improvisación de los gobernantes porque esta ley, si es bien aplicada, promueve políticas públicas de Estado, ajenas a las filosofías de gobierno en turno. Podemos afirmar que las personas con discapacidad deben estar muy tranquilas porque van a dejar de ser sujetos políticos a cuestiones filantrópicas de ahora o a cuestiones paternalistas del pasado.

La Ley General de las Personas con Discapacidad permitirá a las organizaciones sociales de personas con discapacidad cogobernar en un consejo nacional. Tendrán voz y voto, y esto --hay que decirlo-- fue una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, bajo el principio de que las organizaciones han sido el motor del movimiento y que, de no haber sido por esto, los pocos avances o nulos avances anteriores no se habrían dado y estaríamos aún en la concepción de la discapacidad.

En el Partido de la Revolución Democrática reconocemos el aporte de las organizaciones sociales democráticas que han impulsado esta iniciativa de ley, que han propuesto planes y programas en las diferentes instancias y niveles de gobierno. Las reconocemos y agradecemos públicamente su confianza; les reconocemos y agradecemos públicamente, nuevamente, su confianza. A todos ellos refrendamos el compromiso de legislar en esta materia para consolidar el marco jurídico que propicie su integración plena. Votaremos a favor porque con él se ponen los cimientos para que un proyecto alternativo de nación, para que éste tenga viabilidad en el futuro inmediato con las personas con discapacidad, proyecto nacional en el que las políticas de Estado deberán tener por objeto la equiparación de oportunidades, la igualdad, la dignidad y justicia social y todas y todos los mexicanos serán iguales, sin distinción, sin discriminación. La ley así lo promueve porque en el Partido de la Revolución Democrática tenemos claro que una verdadera estrategia de Estado pasa por la firma de un pacto social en el que todos los actores, de manera organizada y coordinada, atendamos las causas que generan y agudizan la discapacidad. Es el principio del nuevo Estado social y democrático que promovemos en el Partido de la Revolución Democrática.

La ley expresa la voluntad política de los partidos representados en este Congreso porque es un gran acuerdo para transformar a México y no quedarnos sólo con el maquillaje político y fácil de los falsos cambios. Ésta será una ley de transición que producirá, si es adecuadamente aplicada, importantes transformaciones en el marco jurídico nacional y en las instituciones del Estado y sus políticas públicas y, sobre todo, en la cultura de las y los mexicanos que atenderán la discapacidad como un asunto social y no de calidad, filantropía y de salud pública. Con esta Ley General de las Personas con Discapacidad, el Partido de la Revolución Democrática se presenta ante la sociedad como un partido político con iniciativa, propositivo, un partido que ha sido una oposición responsable, en el que siempre el tema de la discapacidad ha estado siempre en su agenda legislativa. El PRD no ha variado su postura en este tema tan importante. Votaremos a favor porque el dictamen es producto de una iniciativa de nuestros senadores en el grupo parlamentario, porque la Comisión que encabeza la diputada Leticia Burgos Ochoa aprobó también esta propuesta. Votaremos en pro del dictamen porque aspiramos a que el país, las personas con discapacidad, puedan gozar de las políticas públicas que se enuncian en la ley.

Como demuestran las administraciones locales y las municipales gobernadas por el PRD, se promueven la solidaridad, la fraternidad y justicia del Estado con este importante sector. En el marco de la Ley General de las Personas con Discapacidad, nos mantendremos atentos a las partidas que el Ejecutivo federal proponga para los programas de atención del sector. De no encontrarse en el proyecto o de ser insuficiente, las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática asumimos el compromiso de que la ley en términos del presupuesto público se cumplirá cabalmente. Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática votará en pro de esta importante Ley General, que da validez y honra a este sector tan importante. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra la señora diputada Virginia Yleana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional.La diputada Virginia Yleana Baeza Estrella: Con su permiso, señor Presidente: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Compañeras y compañeros diputados; respetables representantes de los medios de comunicación y organizaciones: hoy es un día singular porque, después de tantos esfuerzos de ésta y de pasadas Legislaturas, después de más de 14 años de lucha por parte de diversas y distintas organizaciones para tener un instrumento normativo que enunciara los derechos de las personas con discapacidad y, más importante aún, que considerara obligaciones puntuales para el Estado mexicano, en la búsqueda del respeto y reconocimiento de la dignidad de quienes representan la discapacidad, hoy se culmina con una de las etapas más importantes para expedir la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Para el Partido Acción Nacional, esto tiene significancia especial porque centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política y porque busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. El PAN tiene establecido en sus principios que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra debe ser rechazada, corregida y, en su caso, sancionada. Pero no puedo dejar de mencionar que en el PAN nos sentimos satisfechos porque en la pasada Legislatura el diputado Aceves Pérez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de Ley Federal para las Personas con Discapacidad, que fue dictaminada y aprobada en esta Cámara y enviada al Senado de la República, de tal forma que el proyecto que estamos dictaminando coincide ampliamente con la iniciativa panista. Por otro lado, nos resulta grato decir que por parte de la presente administración federal se han logrado significativos avances, a los que con la entrada en vigor de esta ley se estaría dando permanencia y obligatoriedad, independientemente de la voluntad de los gobernantes, al establecer como una de las facultades del Ejecutivo federal en materia de esta ley establecer la política de Estado acorde con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de personas con discapacidad. La administración del Presidente Vicente Fox se dio a la tarea de instrumentar el Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 2001-2006, que instaura en el país una política especial de carácter integral para la atención, promoción e integración social de las personas con discapacidad a la dinámica del acontecer general de la nación.

Así, esta ley dará certidumbre a la elaboración del programa nacional en la materia, al establecerse en el artículo 28 que corresponde a los órganos de los gobiernos federales, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción, participar en la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Esto representa sin duda un avance significativo ya que, como todos sabemos, la discapacidad, hasta hace poco, había sido un tema marginal en la planeación de las acciones de gobierno y sólo en algunas ocasiones se instrumentaban programas, de corto tiempo y de limitado alcance. Otra de las importantes facultades conferidas al Ejecutivo federal es proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes para la aplicación y ejecución de los programas federales dirigidos a las personas con discapacidad, lo cual generará mayor impacto al tener certidumbre de los recursos, programas y población beneficiaria. Para el PAN, esto es motivo de gran satisfacción, dado que a partir de esta administración, la del Presidente Vicente Fox, por primera vez el Poder Ejecutivo federal comenzó a estimar en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos los recursos federales con incidencia en grupos especiales de población, como son las personas con discapacidad. Por otra parte, este proyecto de nueva ley permitirá avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país, al dotar de disposiciones normativas a las instituciones y procedimientos específicos para dar cumplimiento a tales convenciones, como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Termino mi intervención no sin antes mencionar que nadie de nosotros está exento de vivir directa o indirectamente con la presencia de la discapacidad, por lo que debemos sensibilizarnos con esta causa. Hoy más que nunca debemos estar conscientes de que la discapacidad trasciende al individuo que la padece, implica a sus familias, y de que esa igualdad real a que todos los seres humanos aspiramos no podrá ser posible sin un apoyo sostenible por parte de las instituciones gubernamentales y el involucramiento de la familia en las propuestas de solución, sobre todo de la sociedad civil. Por ello, quiero referirme a las organizaciones sociales que luchan por la inclusión de las personas con discapacidad y muy especialmente a sus familias, para decirles que esa ley que hoy se aprueba no podrá ser realmente vigente sino existe una efectiva participación de su parte; que exijan y contribuyan para su cumplimiento.

El proyecto de ley que nos ocupa si bien es perfectible, representa un importante adelanto, al establecer un amplio número de acciones para garantizar los derechos enunciados en la ley, como el derecho a la salud, al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la asistencia social, al deporte, la cultura, y a la seguridad jurídica, y para que cuenten con las facilidades arquitectónicas de desarrollo urbano, de vivienda, de transporte público y en las comunicaciones. Por ello, el Partido Acción Nacional votará a favor de esta ley y exhortamos a todas y todos los legisladores a votar en el mismo sentido, pues sólo así asumiremos cabalmente nuestra ineludible responsabilidad de la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Antes de conceder el uso de la palabra a los siguientes dos oradores, esta Mesa Directiva quiere saludar al senador Adalberto Madero Quiroga, al diputado a la LVIII Legislatura Enrique Villa Preciado y al diputado a la LVIII Legislatura Jaime Aceves Pérez, así como a un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres número 115 del municipio de Colón, invitados por el diputado federal José Alfonso Muñoz Muñoz. También, al grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho del segundo semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás; los alumnos de la Universidad Latinoamericana de la licenciatura de derecho, invitados por el diputado Miguel Toscano Velasco; y a los integrantes del parque acuático, de parte del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, invitados por el diputado Roberto Pedraza, que vinieron a acompañarnos en esta importante discusión de una iniciativa que interesa a todos los mexicanos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Javier Bravo Carbajal: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros: hoy subo a esta tribuna para hablar sobre la Ley General de las Personas con Discapacidad. Ésta expresa los derechos mínimos necesarios que cerca de 10 millones de mexicanas y mexicanos necesitan para vivir en un entorno de verdadera igualdad. Este número de beneficiados se puede cuadruplicar cuando nos referimos al ambiente en que desarrollan sus actividades y en el que intervienen directamente sus familias. En este sitio, la máxima tribuna del país, en el que ahora hablo hemos debatido sobre casi todos los temas, buscando siempre el beneficio de nuestros representados. Hemos debatido sobre la democracia, la equidad, la justicia social, las oportunidades, el respeto, etcétera, todos estos elementos dan forma --junto a otros conceptos más-- a la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido analizada y, lo que es mejor, apoyada de manera unánime por los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que se ha significado por impulsar el tema desde 1990. Y también, porque reconocemos esta gran oportunidad para dar verdadera respuesta a personas que son diferentes, como lo somos todos, pero que necesitan un marco legal que garantice su bienestar.

Éste es un momento clave no para nosotros, los políticos; es clave para todas esas personas que día a día vencen adversidades y luchan para salir adelante con los ideales y el empuje que demuestran cada vez que los vemos recorrer las calles, viajar en un transporte público, solicitar un trabajo, ser padres o madres de familia, estudiantes o tantas otras actividades que nosotros podemos desarrollar sin complicaciones y que ellos, con un sinnúmero de obstáculos, consiguen resultados favorables con base en un mayor esfuerzo.

La Ley General de las Personas con Discapacidad cumple las expectativas para asegurar las condiciones que deben existir en el establecimiento de una política de Estado en la materia y nosotros podemos crear esas condiciones con la unidad de un Congreso plural, divergente de ideas, pero convergente cuando se trata de legislar para crear beneficios a la sociedad mexicana y a los grupos vulnerables, como en este caso, en el que a las personas con discapacidad sin lugar a dudas apoyaremos con esta decisión, apoyando para generar un mayor reconocimiento y espacio ante la sociedad. Con la aprobación de esta ley, comenzamos con instituir lineamientos como el hecho de establecer la facultad de que el Gobierno Federal incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación el correspondiente a los programas de discapacidad. Esto es una base sólida para el futuro. En la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables desarrollamos diversos foros que nos permitieron escuchar las voces de quienes viven y sienten los obstáculos.

Destaco que fue grato ver la participación de la sociedad en su conjunto, y logramos una interacción de manera dinámica, por lo que podemos saber que nuestro trabajo fue legitimado y jerarquizado con los temas trascendentales para su vida diaria, mismos que tal vez para nosotros tenían el mismo valor que los demás. Esta ley delinea los términos en materia de discapacidad mediante los principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad, además de prever el desarrollo de un banco de prótesis, órtesis y ayudas técnicas en la Federación y en las entidades locales, la creación del Centro de Asistencia Social y la emisión de una clasificación nacional de discapacidades.

Además, uno de los temas que más ha generado expectación es el del Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para las Personas con Discapacidad, aspecto que propiciará mayor integración a la sociedad, mejoramiento de su economía y la posibilidad de llegar a otra calidad de vida. Además, sobre todo, es importante el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que refuerza las acciones de promoción, apoyo, fomento, evaluaciones, estrategias y programas en la materia. Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, esta ley cumple uno de los compromisos que adquirimos con la sociedad, mismo que se traslada a la totalidad de nuestro Congreso porque juntos debemos ser congruentes con nuestros objetivos primordiales, los cuales se fundamentan en la creación de leyes que beneficien a nuestra sociedad, leyes encaminadas siempre a eliminar barreras y rezagos por diferencia de clases, ideologías y, en este caso, limitaciones físicas. Que no se nos olvide, compañeras y compañeros: todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado. Para terminar la discusión en lo general, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera.La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Honorable Cámara de Diputados: vengo a esta tribuna con el alto honor de compartir con ustedes la posición del grupo parlamentario del PRI para hacer un reconocimiento a los millones de mexicanos que sufren alguna discapacidad, a sus familias y a organizaciones de la sociedad civil que, con amor y solidaridad, apoyan la lucha de este sector de mexicanos cotidianamente. En México, más de 10 millones de mexicanos enfrentan, por diversas causas, el difícil reto de superar las limitaciones a que obliga una discapacidad física, intelectual, mental o sensorial. Se estima que cada año se suman 85 mil nuevos casos de personas con alguna discapacidad y que sus causas principales son las enfermedades, problemas congénitos, los accidentes y riesgos de trabajo, y que 35 por ciento de la población con discapacidad no recibe atención médica. Más de 95 por ciento no cuenta con un empleo, 3 por ciento alcanza algún nivel de estudio y 82 por ciento depende de familiares y amigos; 4 por ciento vive en la mendicidad y 90 por ciento requiere algún tipo de ayuda técnica y solamente 8 por ciento practica algún deporte. Aquí, la fracción parlamentaria del PRI quiere hacer un reconocimiento a los destacados deportistas paralímpicos, ejemplos nacionales e internacionales de fortaleza y superación.

Lejos de la frialdad de las cifras estadísticas, que son muy importantes para el diseño de una política de Estado y de políticas públicas que sean congruentes con las recomendaciones internacionales que México ha suscrito en convenios y tratados, es necesario revisar la realidad de millones de familias y de las personas con discapacidad, que en todo el país enfrentan amplias limitaciones, desde la ausencia de servicios públicos especializados de salud, rehabilitación, educación, empleo, cultura y deporte hasta severas limitaciones de movilidad y accesibilidad porque la infraestructura pública y de servicios no cumple las mínimas especificaciones para que estas personas puedan desplazarse y hacer su vida con oportunidades de integración como el resto de la población, en condiciones de equidad y de igualdad.

Vivir una discapacidad representa un reto de superación del espíritu humano, tanto para la persona discapacitada, su familia y miles de madres que en muchos casos solas, con amor y entrega, sacan adelante a sus hijos. Una de las prioridades de la agenda legislativa del Partido Revolucionario Institucional con la sociedad es el compromiso y el trabajo con sensibilidad para atender a este amplio sector de la sociedad y lograr que accedan y se inserten más rápidamente al desarrollo y bienestar, como la atención médica, la rehabilitación, ayudas técnicas, medicamentos o tratamientos, que pueden ser por largos periodos o por toda la vida, considerando que millones de personas sufren las consecuencias de no contar con la seguridad social, recursos económicos o empleo para lograr una vida con desarrollo y bienestar. Si hablamos de las opciones de desarrollo y bienestar para estas personas, tenemos que abrir los ojos a la discriminación y a la marginación, que son reales.

Miles buscan un empleo toda la vida y jamás lo encuentran, ya no sólo por sus justificadas carencias de preparación y educación sino porque la Ley Federal del Trabajo y los sectores productivos del país tienen históricamente que atravesar un proceso en que se comprenda que las limitaciones de cualquier persona con discapacidad no son justificación para negarles las oportunidades de empleo y porque culturalmente tenemos que combatir actitudes sesgadas por los estereotipos o falta de información. Todos debemos contribuir para combatir este flagelo de los grupos sociales vulnerables y tener claro que, cuando se les brinde la oportunidad, las personas con discapacidad demuestran ser aptas, capaces y responsables para desarrollarse en cualquier espacio. Los rezagos son evidentes, complejos, múltiples y profundos, pero es muy importante hacer las siguientes reflexiones: cumplir las expectativas de los mexicanos con discapacidad no se resuelve con el simple hecho de aprobar una ley; se resuelve en la medida en que exista la voluntad política de que se cumpla y se aplique como todos esperamos. Para ello, las diputadas y los diputados de la honorable Cámara de Diputados habremos de revisar y modificar, en su caso, el Presupuesto para sustentar el avance legislativo que hoy nos congratula presenciar. Se reconoce en los últimos años la ausencia de una política de Estado que dirija el rumbo en materia de discapacidad para propiciar el desarrollo y la integración de las personas, un vacío de voluntad política, conocimientos y medios para resolver los problemas. También reconocemos políticas populistas que sólo contribuyen a profundizar los rezagos.

Por ello nos congratulamos porque hoy entregamos a la nación y a millones de personas las herramientas jurídicas que, estamos seguros, serán en definitiva las bases que permitirán la solución gradual de los problemas de esta sensible población. Solamente destaco la participación de decenas de organizaciones sociales, de padres de familia, de profesionales, académicos, funcionaros y especialistas de todo el país. A ellos, los diputados expresamos nuestro más alto reconocimiento y felicitación. No quiero dejar pasar la participación de destacados políticos de mi partido, el Revolucionario Institucional, que participaron directamente en este largo proceso de cerca de 11 años: a Luis Donaldo Colosio, a Miguel Osorio Marbán, que en paz descansen, quienes presentaron el primer proyecto de esta ley en la LV Legislatura; al senador Rubén Zarazúa Rocha, del Senado; a las diputadas Beatriz Paredes, Laura Pavón, Lorena Martínez, quienes hicieron también lo propio en la LVIII Legislatura; a los senadores Georgina Trujillo y Carlos Rojas. A todos estos actores, nuestro reconocimiento. Gracias por escucharme.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Se ha agotado la lista de oradores y esta Presidencia no tiene reservado algún artículo en lo particular, por lo cual se considera suficientemente discutido tanto en lo general como en lo particular. Se ruega a la Secretaría, en consecuencia, proceda a ordenar que se abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos a fin de proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación.)

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de jóvenes del estado de Guerrero, invitados por el señor diputado Ricardo Alegre Bojórquez. También damos la más cordial bienvenida a un grupo de funcionarios del estado de Guanajuato, de la representación gratuita de la defensoría de oficio, encabezados por el licenciado Juan Manuel Palacios e invitados por el señor diputado Salvador Márquez Lozornio. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputadas que registrarán su votación de viva voz. Sonido en la curul 114, de la diputada Beatriz Mojica Morga. ¿No está? Sonido en la curul 161, de la diputada Corella Manzanilla.

La diputada María Viola Corella Manzanilla (desde la curul): Corella Manzanilla a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: se emitieron 353 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 353 votos, el proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. ¡Enhorabuena!

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CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional, y de Marina.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional y de Marina de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

Con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1,2 fracción VII y 3 del artículo 39; párrafo 6 incisos e), f) y g) y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las Comisiones Dictaminadoras presentamos a consideración de esta Soberanía el presente Dictamen bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión publica celebrada por el Pleno del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, el día 30 de marzo de 2004 se remitió oficio de la Secretaría de Gobernación que remite la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

II. Presentada la iniciativa de referencia ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por disposición de su Presidente, se acordó dar a la misma el trámite de recibo y se ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Justicia; y de Estudios Legislativos para el estudio de su contenido y elaboración del dictamen correspondiente.

III. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el día 20 de abril de 2004, se dio cuenta con el oficio de la H. Cámara de Senadores, de fecha 15 de abril del año en curso, con el que se remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional y de Marina.

IV. Con fecha 15 de diciembre de 2003, se presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar por la Dip. Cristina Portillo Ayala del Grupo Parlamentario del PRD de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional, con la finalidad de suprimir la pena de muerte del sistema de sanciones que rige en la jurisdicción penal militar.

Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional consideraron conveniente sumar la Iniciativa de la Dip. Cristina Portillo Ayala al Dictamen de la Minuta del Senado de la República con motivo de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal y turnada a la Cámara de Diputados en fecha 20 de abril de 2004, por considerarse que permite su análisis bajo una misma lógica de estudio, además de perseguir fines similares para efectos del presente dictamen.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 22 contempla la pena de muerte para el parricida, al homicida con alevosía o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, al traidor a la patria en guerra extranjera y a los reos de delitos graves del orden militar.

El objeto de las iniciativas es adecuar el texto del Código de Justicia Militar a las prácticas en cuanto a Derechos Humanos que difunde nuestro país en el exterior armonizando el cuerpo legislativo castrense al contexto internacional actual siempre en defensa de la vida y derechos humanos de las personas.

Con base en lo anterior el Código de Justicia Militar considera dentro de su articulado la pena capital para diversas hipótesis consideradas graves para la disciplina militar y que por ende podrían poner en peligro la existencia y evolución de las instituciones armadas del país.

SEGUNDO: Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, asunto en el cual se ha destacado en el ámbito internacional por la protección de los derechos fundamentales en aras de la preservación de la vida humana.

El Código de Justicia Militar vigente contempla que la pena de muerte podrá ser conmutada por la de prisión extraordinaria consistente en 20 años. La iniciativa dictaminada propone eliminar la pena capital para sustituirla por la de prisión de 30 a 60 años sin que lo anterior signifique una afectación o deterioro de la disciplina militar; por ello resulta consecuente eliminar la característica de prisión ordinaria y extraordinaria.

El Código de Justicia Militar vigente prevé la pena de muerte para determinados delitos graves, sin embargo, desde el 9 de agosto de 1961, no se ha ejecutado esta pena, en razón de que el Ejecutivo Federal ha conmutado la pena capital por prisión extraordinaria, conforme a lo señalado por los artículos 130 y 870 del propio Código, normas jurídicas cuya derogación se propone, dado que al suprimirse la pena de muerte su conmutación dejará de tener aplicación.

TERCERO: Nuestro país ha suscrito una gran variedad de instrumentos internacionales en protección de los Derechos Humanos, por ello sus políticas hacia el interior deben ser en ese mismo tenor. Ahora bien a la fecha en la legislación penal federal y de las entidades federativas no se contempla la pena capital, siendo el Código de Justicia Militar el único ordenamiento legal que la observa.

CUARTO: El Estado mexicano ha sido y es promotor de la abolición de la pena de muerte en el mundo, en innumerables ocasiones se ha pronunciado en contra de los países que aún la aplican, es así que hace unos cuantos días la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, Holanda, dictó una resolución en la que se ordena la reposición del procedimiento contra 52 mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos de América, lo que representa un logro importante por lo que respecta a la protección de los derechos humanos a nivel mundial.

QUINTO: En el Código de Justicia Militar se encuentran contempladas las conductas tipificadas como delitos, los cuales alcanzan penalidades de varios años de prisión e incluso la de muerte. Dicho ordenamiento castrense es el único ordenamiento legal (local y federal) que tiene previsto la pena de muerte; siendo que a la fecha cuando los tribunales militares han decretado en su sentencia la pena de muerte, esta es conmutada por la prisión extraordinaria por lo que en términos reales representa un mecanismo ineficaz y por lo tanto letra muerta.

SEXTO: El objetivo de la legislación castrense es el conservar la disciplina y el orden de los integrantes de las fuerzas armadas nacionales mediante ordenamientos que indican las conductas que serán severamente castigadas, incluso aplicando supletoriamente ordenamientos penales como los son los Códigos en materia penal del ámbito local y federal cuya observancia por los tribunales castrenses se encuentra contenida en los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar.

SÉPTIMO: En la presente Iniciativa se propone reformar y derogar diversos artículos del Código de Justicia Militar que establecen la pena de muerte, su conmutación y demás normas relacionadas con la pena capital.

En el artículo 67 del Código de Justicia Militar, relativo a la competencia del Supremo Tribunal Militar, se propone reformar la fracción VIII, para suprimir la facultad de dicho órgano jurisdiccional para conocer de la tramitación de las solicitudes de conmutación de penas, ya que de acuerdo con el propio Código, la única pena que se conmutaría sería la de muerte, cuya derogación se propone en este Dictamen.

En el Libro Primero, Título Quinto, Capítulo III, el cual establece las reglas de competencia de los Consejos de Guerra Extraordinarios para juzgar en campaña y dentro del territorio ocupado por las fuerzas que tuviere bajo su mando algún Comandante, se suprime la pena de muerte, para sustituirla por la pena de 30 a 60 años de prisión.

OCTAVO: Se sustituye la pena de muerte por la de 30 a 60 años de prisión en el artículo 74 del citado Código, que se refiere a la competencia de los Consejos de Guerra Extraordinarios en los buques de la Armada, respecto de los delitos que se cometan en tiempo de paz por marinos a bordo, cuando la unidad naval se halle fuera de aguas territoriales; y en tiempo de guerra, de los mismos delitos también a bordo, por cualquier militar.

En el Código de Justicia Militar vigente la pena de muerte puede ser conmutada por la pena de prisión extraordinaria. Ahora bien, dado que en la presente Iniciativa se propone eliminar la pena capital, para sustituirla por la de prisión de 30 a 60 años, resulta consecuente eliminar la característica de extraordinaria a dicha pena privativa de libertad, en virtud de que, de aprobarse por esa Soberanía la presente propuesta, sólo subsistirá la pena de prisión, sin necesidad de que ésta deba ser clasificada como ordinaria o extraordinaria.

NOVENO: Se propone la derogación de las fracciones II y V del artículo 122, así como la reforma a los artículos 182 y 185 del Código de Justicia Militar, relativos a las penas de prisión, ordinaria y extraordinaria, para suprimir tales adjetivos, en virtud de que sólo subsistiría la pena de prisión lisa y llana.

En la definición de la pena de prisión, contenida en el artículo 128 del ordenamiento castrense, se elimina el adjetivo de ordinaria por las mismas razones señaladas en los párrafos anteriores; además, el máximo de la sanción, que en el texto vigente es de 15 años, se eleva a 60 años, en congruencia con las propuestas contenidas en esta Iniciativa. Respecto de la compurgación de la sanción privativa de libertad prevista en el artículo 129, se propone que ésta se lleve a cabo, entre otros, en el lugar que determine la autoridad competente, toda vez que la disposición en vigor hace referencia a la Secretaría de Guerra y Marina, denominación que no corresponde con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

DÉCIMO: Se propone derogar el artículo 130 del Código de Justicia Militar, que establece la prisión extraordinaria; el artículo 142, que prohíbe las circunstancias que agraven el padecimiento del reo antes o durante la ejecución de la pena de muerte; los artículos 174, fracción I, 176 y 177, relativos a la conmutación de la pena de muerte por la de prisión extraordinaria; el artículo 178 que faculta al Ejecutivo Federal para reducir discrecionalmente las penas que fueron conmutadas de la de muerte; el artículo 431, que equipara al delito de insubordinación, la petición de gracia para el reo o la intención de impedir la ejecución de la pena de muerte, en las circunstancias que en el propio precepto se indican; los artículos 712, 713, 850, fracción II y 851, referentes a la suspensión de la ejecución de una sentencia de muerte; el artículo 852, respecto a la forma de ejecución de dicha sentencia y la expedición del certificado médico correspondiente, y los artículos 869 y 870 que se refieren a la solicitud y otorgamiento de la conmutación de la citada pena capital. En este sentido las Comisiones que dictaminan consideran que estas modificaciones son necesarias para la debida adecuación del cuerpo normativo en cuestión al espíritu de la iniciativa que es el preservar la vida humana.

UNDÉCIMO: Se propone modificar la denominación del Título Tercero del Libro Segundo del Código de Justicia Militar, ``Aplicación de las Penas, Substitución, Reducción y Conmutación de Ellas'', a efecto de suprimir la figura de la conmutación, en virtud de que ésta se refiere únicamente a la pena de muerte; la fracción II del artículo 145, igualmente para suprimir las referencias a la citada pena capital y, en el mismo precepto se propone sustituir la referencia a la ``pena corporal'' por la de ``pena privativa de libertad'', para hacerlo congruente con el artículo 16 Constitucional, y se deroga la fracción III del mismo artículo, dado que propone suprimir la pena capital.

En el artículo 151 del Código de Justicia Militar se propone derogar la fracción I, en virtud de que hace referencia a la pena de muerte, con relación al concepto de proporcionalidad en la aplicación de penas indivisibles.

Se propone reformar la fracción I del artículo 157 del citado Código Castrense, que establece la penalidad para los delitos de imprudencia con objeto de sustituir la pena de muerte por la de 30 a 60 años de prisión, a fin de que exista la posibilidad de que el supuesto señalado en dicha fracción se mantenga vigente y puedan penalizarse esas conductas en forma debida.

DUODÉCIMO: En la denominación del Capítulo VIII, del Título Tercero, Libro Segundo, del Código de Justicia Militar, ``De la Substitución, Conmutación y Reducción de Penas'', se suprimen los términos ``conmutación'' y ``reducción'' en virtud de que en esta Iniciativa se propone suprimir la pena de muerte y, en consecuencia, la misma ya no podría ser conmutada o sustituida. Por las mismas razones, se propone derogar los artículos 174, fracción I, 176 y 177, así como reformar el artículo 175, relativos a los casos en que resulta procedente hacer la conmutación o sustitución de la pena de muerte, según corresponda.

DECIMOTERCERO: En el artículo 190, relativo a los plazos de prescripción, se propone derogar la fracción IV, y en el artículo 197, la fracción I y el último párrafo, que se refieren a las penas de muerte y de prisión extraordinaria. En el mismo sentido, se propone suprimir la primera parte del artículo 202, que indica que establece la conmutación de la pena de muerte por la de prisión extraordinaria.

Por lo expuesto en la presente Iniciativa, en los delitos previstos en los artículos 203, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 219, 237, 251, 252, 253, 272, 274 fracciones l y III, 279 fracción I, 282 fracción III, 285 fracción IX, 286, 290, 292, 299 fracción VII, 303 fracción III,305 fracción II, 311 parte final, 312 fracciones II y III, 313 último párrafo, 315, 318 fracción VI, 319 fracción I, 321, 323 fracción III, 338 fracción II, 356, 359, 362, 363, 364 fracción IV, 376, 385, 386, 389, 397 y 398, del Código de Justicia Militar, se propone sustituir la pena de muerte, por la de treinta a sesenta años de prisión, así como realizar algunas adecuaciones a la redacción de ciertas disposiciones para dar congruencia al texto.

DECIMOCUARTO: En el artículo 288 del Código de Justicia Militar se propone suprimir la frase ``y si la pena señalada fuere la de muerte, deberá imponerse la de siete años de prisión'', por que ya no estaría considerada esta sanción.

En los artículos 390, 391, 392, fracción I, y 430 del mencionado ordenamiento penal militar, se propone eliminar las referencias que se hacen a la pena de muerte y hacer diversas adecuaciones a la redacción de dichos dispositivos

En el artículo 872 del Código de Justicia Militar, referente a que ni las solicitudes de conmutación ni las de reducción de pena suspenderán la ejecución de la sentencia, excepto cuando se trate de la conmutación de la pena capital, se elimina dicha excepción, por las razones antes apuntadas.

DECIMOQUINTO: Ante la posible inquietud de la congruencia con el artículo 22 Constitucional, de efectuar las presentes reformas al Código Penal Castrense para suprimir la pena de muerte, cabe hacer notar que el párrafo tercero de dicho precepto, prohíbe la pena de muerte por motivos políticos y establece que en cuanto a los demás, ``sólo podrá imponerse'' en los casos específicos que ahí se mencionan, entre los cuales enlista ``a los reos de delitos graves del orden militar''; sin embargo, esto no es obligatorio, sino potestativo, lo cual corresponde definir a ese H. Congreso de la Unión en la Legislación Militar.

Por lo anterior, se estima que esta propuesta, dentro del marco constitucional, se ajusta plenamente al principio de respeto irrestricto a los derechos humanos, toda vez que quedará suprimida la pena de muerte en la legislación Castrense en congruencia con la Legislación Penal del orden Federal y de las Entidades Federativas, en las cuales no se establece dicha sanción capital, con lo que se logrará plena armonía en el orden jurídico mexicano.

DECIMOSEXTO: Es claro que la legislación castrense prevé los mecanismos adecuados para aplicar los correctivos y sanciones necesarias para corregir y adecuar la conducta del militar a lo que exige la disciplina, siendo apropiada la derogación de la pena de muerte en el último ordenamiento vigente a nivel nacional sin que lo anterior signifique alguna afectación o deterioro a la citada disciplina.

DECIMOSÉPTIMO: Las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional a quienes se encomendó el estudio y dictamen de la Iniciativa de la Dip. Cristina Portillo Ayala, observaron que ésta, propone reformas a 58 artículos, mientras que la Minuta del Senado de la República toma en consideración 20 artículos más (67, 73, 74, 175, 185, 208, 213, 237, 251, 272, 299, 313, 390, 392, 430, 431, 851, 869 y 870) que también se refieren a la pena de muerte los cuales se hace necesario su inclusión en el presente Proyecto de Dictamen ya que otorgan una reforma integral que dan armonía al texto jurídico en estudio.

Por lo que las referidas Comisiones consideraron conveniente sumar la Iniciativa de la Dip. Cristina Portillo Ayala al Dictamen de la Minuta de las Comisiones Unidas que incluye a la de Marina, ya que la Iniciativa referida enriquece en términos generales la Minuta del Senado de la República y contribuye a generar un consenso por parte del Poder Legislativo, orientado a la necesidad de suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 67, fracción VIII; 73, primer párrafo; 74; 122, fracciones I, III y IV; 128; 129; 145, fracción II; 151, primer párrafo; 157, fracción I; 175; 182; 185; 190, fracción III; 197, fracción II; 202; 203, primer párrafo; 204; 206; 208, primer párrafo; 209, último párrafo; 210; 213, último párrafo; 219, primer párrafo; 237; 251; 252; 253, primer párrafo; 272; 274, fracciones I y III; 279, primer párrafo y fracción I; 282, fracción III; 285, fracción IX; 286; 288; 290, último párrafo; 292; 299, fracción VII; 303, fracción III; 305, fracción II; 311, último párrafo; 312, fracciones II y III; 313, último párrafo; 315; 318, fracción VI; 319, fracción I; 321; 323, fracción III; 338, fracción II; 356; 359; 362, primer párrafo; 363; 364, fracción IV; 376, primer párrafo; 385; 386, primer párrafo; 389; 390; 391; 392, fracción I; 397, primer párrafo; 398, primero y último párrafos; 430; 872 y la denominación del Título Tercero y de su Capítulo VIII, ambos del Libro Segundo, así como la denominación del Capítulo III, del Título Sexto del Libro Tercero; y se DEROGAN los artículos 122, fracciones II y V; 130; 142; 145, fracción III; 151, fracción I; 174, fracción I; 176; 177; 178; 190, fracción IV; 197, fracción I y último párrafo; 431; 712; 713; 850, fracción II; 851; 852; 869; 870, y el Capítulo V, del Título Segundo del Libro Segundo, todos del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

``ARTÍCULO 67.- .....

I. a VII. ...

VIII. De la tramitación de las solicitudes de reducción de penas;

IX. a XI. ....

ARTÍCULO 73.- Los consejos de guerra extraordinarios, son competentes para juzgar en campaña y dentro del territorio ocupado por las fuerzas que tuvieren bajo su mando el comandante investido de la facultad de convocarlos, a los responsables de delitos que tengan señalada pena de treinta a sesenta años de prisión.

...

I. y II. ...

ARTÍCULO 74.- Los consejos de guerra extraordinarios en los buques de la Armada, sí son competentes para conocer, en tiempo de paz y sólo cuando la unidad naval se halle fuera de aguas territoriales, de los delitos sancionados con penas de treinta a sesenta años de prisión, cometidos por marinos a bordo; y en tiempo de guerra, de los mismos delitos, cometidos también a bordo, por cualquier militar.

ARTÍCULO 122.- ...

I. Prisión.

II. Derogado.

III. Suspensión de empleo o comisión militar, y

IV. Destitución de empleo.

V. Derogado.

ARTÍCULO 128.- La pena de prisión consiste en la privación de la libertad desde dieciséis días a sesenta años, sin que este segundo término pueda ser aumentado ni aún por causa de acumulación o de reincidencia, pues únicamente quedará sujeto a los efectos de la retención en su caso.

ARTÍCULO 129.- Los condenados a prisión la compurgarán en la cárcel militar o común o en el lugar que la autoridad competente designe.

ARTÍCULO 130.- Derogado.

ARTÍCULO 142.- Derogado.

TÍTULO TERCERO Aplicación, Substitución y Reducción de las Penas

ARTÍCULO 145.- .....

I....

II. Cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se haya impuesto una pena privativa de libertad, se dictare una ley que sólo disminuya la duración de la pena, si el reo lo pidiere y se hallare en el caso de la nueva ley, se reducirá la pena impuesta, en la misma proporción en que estén el mínimo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior.

III. Derogado.

IV. ......

ARTÍCULO 151.- Siempre que a determinado responsable de un delito se hubiere de imponer una pena que le resulte inaplicable por ser incompatible alguna de las circunstancias de ella con las personales del reo o se hubiere de imponer una parte proporcional de alguna pena indivisible, se observará lo siguiente:

I. Derogado.

II. ....

ARTÍCULO 157.- ....

I. Con tres años de prisión cuando el delito, de ser intencional, tuviere señalada pena de treinta a sesenta años;

II. a IV. ...

...

...

CAPÍTULO VIII De la Substitución de Penas

ARTÍCULO 174.- .....

I. Derogado.

II. y III. ...

ARTÍCULO 175.- En los casos de la fracción II del artículo anterior, no se ejecutará la sentencia, pero sí se amonestará al reo.

ARTÍCULO 176.- Derogado.

ARTÍCULO 177.- Derogado.

ARTÍCULO 178.- Derogado.

ARTÍCULO 182.- Toda pena de prisión por dos o más años, será siempre impuesta con calidad de retención por una cuarta parte más de tiempo, y así se expresará en la sentencia.

ARTÍCULO 185.- Al sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad de treinta a sesenta años, sólo se le otorgará la libertad preparatoria, cuando haya tenido buena conducta por un tiempo igual a los dos tercios de su pena.

ARTÍCULO 190.- ...

I. y II. ...

III. En un tiempo igual al término medio de la pena si éste debiere exceder de tres años.

IV. Derogado.

ARTÍCULO 197.- .....

I. Derogado.

II. En un término igual al de su duración, más una cuarta parte de la pena impuesta, y

III. ...

ARTÍCULO 202.- En el caso de reconocimiento de inocencia, se relevará de toda pena al sentenciado y si está detenido, se le pondrá en inmediata libertad.

ARTÍCULO 203.- Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión, a quien:

I. a XXII. .....

ARTÍCULO 204.- En el caso de la fracción XX del artículo anterior, se impondrá la pena de nueve años de prisión, siempre que entre el reo y el prisionero a quien hubiere puesto en libertad o cuya evasión hubiere favorecido, existan circunstancias personales de parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, y en la colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo, inclusive, u otras igualmente atendibles a juicio de los tribunales.

ARTÍCULO 206.- A quien se introduzca en las plazas, fuertes, puestos militares o entre las tropas que operen en campaña, con objeto de obtener información útil al enemigo y comunicarla a éste, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 208.- Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión, al que sin motivo justificado:

I a III. ...

ARTÍCULO 209.- ...

A los promovedores se les impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 210.- Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión, a todo comandante de nave que valiéndose de su posición en la Armada, se apodere durante la guerra, de un buque perteneciente a una nación aliada, amiga o neutral; o en tiempo de paz, de cualquier otro sin motivo justificado para ello, o exija por medio de la amenaza o de la fuerza, rescate o contribución a alguno de esos buques o ejerza cualquier otro acto de piratería.

ARTÍCULO 213.- ...

Si al apresar una embarcación cometieren innecesariamente homicidios, lesiones graves u otras violencias, o dejaren a las personas sin medios de salvarse, se les impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 219.- Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión:

I. a IV. ...

......

......

ARTÍCULO 237.- El que intencionalmente altere, cambie, destruya o modifique los diarios de bitácora, navegación, o desviación del compás o cronómetros o libros de cargo, estudios científicos o relativos a una navegación, o que dé un falso rumbo, u observaciones de situación distintas de las verdaderas, será castigado con ocho meses de prisión, si no resultare daño. Si resultare éste, la pena será de tres años de prisión, y si se perdiere el buque, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 251.- Si el medio empleado para la destrucción o devastación, hubiere sido el incendio o la explosión de una mina, y para ello se hubiere hecho uso de la fuerza armada, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión. Si no se hubiere usado de fuerza armada, la pena será de once años de prisión.

ARTÍCULO 252.- Al que por medio de barrenos o abertura de una o más válvulas, produzca maliciosamente la pérdida total de un buque, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 253.- El que, con intención dolosa, destruya o haga destruir frente al enemigo, objetos necesarios para la defensa o el ataque, o para la navegación o maniobras de un buque, todo o parte del material de guerra, aeronaves, armas, municiones, víveres o efectos de campamento o del servicio de barco, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

......

ARTÍCULO 272.- Los que desertaren frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada, se les impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 274.- ....

I. A los que en el caso de haber cometido el delito aisladamente, hubiere debido aplicársele pena de treinta a sesenta años de prisión, se les impondrá ésta;

II. ...

III. Al que hubiere encabezado la reunión o grupo si fuere individuo de tropa se le castigará con la pena de trece años de prisión, siempre que conforme a lo prevenido en la fracción I, no debiere imponérsele pena de treinta a sesenta años de prisión; pero si fuere oficial o el delito se hubiere cometido en campaña, se le aplicará en todo caso esa última pena.

ARTÍCULO 279.- El que cometa violencia contra cualquiera de los individuos mencionados en el artículo anterior, será sancionado:

I. Con pena de treinta a sesenta años de prisión si hiciere uso de armas, y

II. ...

ARTÍCULO 282.- ...

I. y II. ....

III. Con pena de treinta a sesenta años de prisión, si estando frente al enemigo, se hubiere causado daño a las tropas, embarcaciones o aeronaves.

ARTÍCULO 285.- ....

I. a VIII. .....

IX. Con pena de treinta a sesenta años de prisión cuando se causare la muerte del superior.

...

ARTÍCULO 286.- La insubordinación fuera del servicio, cuando se cometa de cualquiera de las maneras previstas en los artículos anteriores, será castigada con la mitad de las penas que en ellos se establecen, pero si la insubordinación provocara la muerte del superior, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 288.- Cuando el inferior haya sido excitado u obligado a cometer súbitamente alguno de los delitos previstos en este capítulo, por algún acto del superior contrario a las prescripciones legales o en el que éste se haya excedido en el uso de sus facultades, se le aplicará la mitad del mínimo de la pena que corresponda.

ARTÍCULO 290.- .....

Si el delito de que se trata en este artículo fuere cometido sobre las armas o delante de la bandera o tropa formada o durante zafarrancho de combate con armas, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 292.- Cuando la insubordinación consistiere en vías de hecho o estuviere comprendida en el artículo 290, si se cometiere en marcha para atacar al enemigo, frente a él, esperando a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada, se aplicará pena de treinta a sesenta años de prisión sin tener en cuenta las disposiciones de los artículos 119 fracción III, 288 y 289.

ARTÍCULO 299.- ...

I. a VI. ...

VII. Con pena de treinta a sesenta años de prisión si resultare homicidio calificado.

...

ARTÍCULO 303.- ...

I. y II. ...

III. Cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 305.- ..

I. ...

II. Con pena de treinta a sesenta años de prisión, a todos los promovedores, instigadores o cabecillas de la asonada, de cabos en adelante, y con doce años de prisión los soldados, si el delito se cometiere en campaña.

ARTÍCULO 311.- .....

I. a III. ....

Las penas señaladas se aumentarán con un año de prisión, si el delito se cometiere en campaña; si se cometiere frente al enemigo la pena será de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 312.- ....

I. .....

II. Con pena de treinta a sesenta años de prisión, cuando el comandante de un puesto o buque, que habiendo recibido orden absoluta de defenderlo a toda costa, lo abandone o no haga la defensa que se le hubiere ordenado, y

III. Con pena de treinta a sesenta años de prisión, cuando el militar abandone el puesto que tuviere señalado para defenderlo o para observar al enemigo.

ARTÍCULO 313.- .....

I. a III. .....

Las penas señaladas se aumentarán en un año de prisión, cuando el delito se cometa en campaña; si se efectuare frente al enemigo, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 315.- El abandono de mando se sancionará con un año y seis meses de prisión en tiempo de paz; con seis años de prisión, en campaña; y con pena de treinta a sesenta años de prisión si se efectuare frente al enemigo.

ARTÍCULO 318.- ...

I. a V. ...

VI. Con pena de treinta a sesenta años de prisión a los oficiales y de doce años de prisión a los marineros, si el abandono se comete cuando el buque esté varado o acosado por el enemigo y su comandante hubiere dispuesto salvarlo o defenderlo.

ARTÍCULO 319.- ...

I. De treinta a sesenta años de prisión, si el escoltado fuere buque de la armada o convoy o buque mercante que transporte tropas, efectos militares, víveres, combustible, pertrechos de guerra o caudales del Estado, y si por el abandono fueren apresados o destruidos por el enemigo, alguno o todos los buques;

II. a IV. ...

ARTÍCULO 321.- Al marino encargado de la escolta de un buque o de la conducción de un convoy, que pudiendo defenderlo lo abandone, entregue o rinda al enemigo se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 323.- .....

I. y II. ...

III. Con pena de treinta a sesenta años de prisión si ocasionare perjuicio grave en el servicio, se cometiere este delito frente al enemigo, en marcha hacia él, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada.

ARTÍCULO 338.- ...

I. ...

II. Si el delito se hubiere efectuado en campaña y con este motivo hubiere resultado grave daño al Ejército, a una parte de él, a un buque o aeronave, con pena de treinta a sesenta años de prisión.

...

ARTÍCULO 356.- Al centinela que faltando a lo prevenido en la ordenanza, no haga respetar su persona, cualquiera que sea el que intente atropellarla o no defienda su puesto contra tropa armada o grupo de gente, hasta repeler la agresión o perder la vida, se le impondrá pena de seis meses de prisión, en el primer caso, y en el segundo, pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 359.- El centinela, vigilante, serviola o tope, que viendo que se le aproxima el enemigo no de la voz de alarma, o no haga fuego, o se retire sin orden para ello, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 362.- Será sancionado con pena de treinta a sesenta años de prisión:

I. a III. ...

ARTÍCULO 363.- Serán sancionados con pena de once años de prisión, los marinos que, faltando a la obediencia debida a sus jefes, incendiaren o destruyeren buques, edificios u otras propiedades. A los promovedores y al de mayor empleo o antigüedad de los del Cuerpo Militar, les será impuesta pena de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 364.- ...

I. a III. ...

IV. Con pena de treinta a sesenta años de prisión cuando en los casos de estas dos últimas fracciones resultare algún daño al grupo, escuadra o división o a sus tripulantes, o si se ocasionare la pérdida del combate.

ARTÍCULO 376.- Será sancionado con pena de treinta a sesenta años de prisión:

I. y II. ...

ARTÍCULO 385.- Si de la infracción resultare la derrota de las tropas, o la pérdida de un buque o aeronave, estando en campaña, la pena será de treinta a sesenta años de prisión.

ARTÍCULO 386.- El prisionero que vuelva a tomar las armas en contra de la Nación, después de haberse comprometido bajo su palabra de honor a no hacerlo, y que en estas condiciones fuere capturado, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

...

ARTÍCULO 389.- Cuando se evada un prisionero que se encuentre en las condiciones que mencionan los artículos 203, fracción XX y 386, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión a quien haya auxiliado su fuga, sea o no el encargado de su custodia.

ARTÍCULO 390.- Cuando la evasión se efectuare por negligencia de los custodios, se aplicará la mitad de las penas mencionadas, si fueren privativas de la libertad; pero si por las gestiones de alguno de los responsables se lograre la reaprehensión del prófugo antes de tres meses contados desde que se hubiere efectuado la evasión, dichas penas se podrán reducir a la cuarta parte.

ARTÍCULO 391.- Los presos o detenidos militares que se evadan horadando muros o escalando, fracturando puertas, falseando cerraduras, saliendo de a bordo de los buques por otros sitios que los destinados para el desembarque, o empleando algún otro medio violento, serán sancionados con pena de diez meses de prisión, sin perjuicio de la que estuvieren extinguiendo, y si aún no hubiere recaído sentencia definitiva en su proceso, se les aplicará la misma pena, sin perjuicio también de la que en virtud de aquél haya de imponérseles. Tratándose de oficiales no destituidos de sus respectivos empleos, al efectuarse la evasión, serán destituidos, y la pena expresada en este artículo le será aplicada aun cuando para evadirse no hubieren usado violencia.

ARTÍCULO 392.- ...

I. Con pena de cinco años de prisión, si el delito imputado al preso o detenido tuviera señalada la de quince años de prisión o más.

II. a IV. ...

ARTÍCULO 397.- Será sancionado con pena de treinta a sesenta años de prisión:

I. a IV. ...

...

ARTÍCULO 398.- El que convoque, en contravención a prescripciones disciplinarias, a una junta para deliberar sobre la capitulación, sufrirá por ese solo hecho la pena de destitución de empleo e inhabilitación por diez años para servir al Ejército; pero sí se celebrare la junta, y de ella resultare la rendición o capitulación, se le impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión.

...

Si el voto es en pro de la capitulación indebida, se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión o la de destitución, de acuerdo con lo prescrito en la fracción III del artículo 397.

ARTÍCULO 430.- El funcionario o empleado que al ejecutar una sentencia de los Tribunales Militares, la altere en contra o a favor del reo, se le impondrá pena de uno a tres años de prisión.

ARTÍCULO 431.- Derogado.

ARTÍCULO 712.- Derogado.

ARTÍCULO 713.- Derogado.

ARTÍCULO 850.- ......

I. ...

II. Derogado.

III. a IV. ...

ARTÍCULO 851.- Derogado.

ARTÍCULO 852.- Derogado.

CAPÍTULO III De la Reducción, Indulto, Reconocimiento de Inocencia y Rehabilitación

ARTÍCULO 869.- Derogado.

ARTÍCULO 870.- Derogado.

ARTÍCULO 872.- La solicitud de reducción de pena no suspenderá la ejecución de la sentencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las personas que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan cometido un delito sancionado con pena de muerte en el Código de Justicia Militar, incluyendo los procesados y sentenciados o aquellos a quienes no se haya ejecutado o tramitado la conmutación de la pena capital, se les impondrá pena de 20 años de prisión.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 8 de diciembre de 2004.--- Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Fidel René Meza Cabrera, secretario; Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario; Gilberto Ensastiga Santiago, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario; Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaría; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Heliodoro Díaz Escarraga, Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco, Bernardo Vega Carlos, Gustavo de Unanue Aguirre, Fernando Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García, Leticia Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Esther Zavala, Eliana García Laguna (rúbrica a favor en lo general con propuesta de reducir la pena en lo partícular), Francisco Diego Aguilar (rúbrica), Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Juan García Costilla, Angélica de la Peña Gómez, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica en contra de la pena máxima).

Por la Comisión de Defensa Nacional, diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), secretario; Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), secretario; Fernando a. Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), secretario; Cristina Portillo Ayala (rúbrica), secretaria; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado, Lino Celaya Luria, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo, José Julián Sacramento Garza, Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz, Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica).

Por la Comisión de Marina, diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Presidente; Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), secretario; Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), secretario; Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), secretario; José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rogelio Flores Mejía (rúbrica), José Javier Villicaña Jiménez, Sofía Castro Ríos, Baruch Alberto Barrera Zurita, José Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Franciso Juan Ávila Camberos (rúbrica), Juan García Costilla, Rafael García Tinajero Pérez, María Concepción Fajardo Romero, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rafael A. Moreno Cárdenas (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), Sergio Posadas Lara (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Rómulo I. Salazar Macías (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández, Salvador Vega Casillas, María Eloisa Talavera Hernández (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica, voto particular).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez para fundamentar el dictamen en términos del 108 del Reglamento.

El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez: En términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer uso de la palabra para fundamentar, en nombre de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Justicia y Derechos Humanos, y de Marina el dictamen a la minuta proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Referirnos al derecho a la vida implica no sólo hablar de un derecho humano o una garantía individual; entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás derechos. Es, pues, el derecho humano por excelencia. Así, podemos afirmar que el valor de la vida humana se encuentra sobre todo razonamiento en favor de la pena de muerte. La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino trascendente que cumplir, razón por la cual, en elemental congruencia, debemos, compañeros, estar en favor del presente dictamen. Es fundamental promover el respeto de la vida humana por todos los medios, así como impulsar y fortalecer el reconocimiento o el derecho a la vida de la persona humana en todo momento y en cualquier circunstancia. En este sentido, creemos que --en efecto-- la dignidad humana reviste integralidad, la cual se forma desde diversos aspectos. Uno de ellos, de incuestionable trascendencia, es la vida, pues sin ella no puede materializarse ninguna otra. Por tanto, el derecho a la vida no sólo no debe ser vulnerado sino, por el contrario, debe ser tutelado por el poder del Estado, llegando incluso al punto de proscribir la pena de muerte.

La primera consideración que hicimos en las Comisiones Unidas para emitir el presente dictamen, que hoy se somete a su consideración, fue el derecho a la vida y recordando que toda persona debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca como un medio para lograr cualquier tipo de objetivo, ya que la imposición de la pena de muerte busca lograr objetivos que van más allá de la propia persona sentenciada y así, con esta primicia, generar un consenso por parte del Poder Legislativo orientado a la necesidad de suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Este código considera la pena de muerte, que podrá ser conmutada por la prisión extraordinaria consistente en 20 años. La minuta dictaminada propone eliminar la pena capital para sustituirla por la prisión de 30 a 60 años, sin que lo anterior signifique una afectación o deterioro de la disciplina militar. Como dijera el maestro Luigi Ferraioli, ``la fantasía humana no ha tenido límites ni frenos en inventar las formas más feroces de la pena de muerte y aplicarlas incluso a las infracciones en ocasiones leves''. El código referido considera la pena de muerte para determinados delitos graves. Sin embargo, desde el 9 de agosto de 1961 ésta no se ha ejecutado, en razón de que el Ejecutivo federal invariablemente ha conmutado la pena capital por prisión extraordinaria. La Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, así como que nadie será sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, donde la tendencia es claramente abolicionista. No puede tampoco pasar inadvertido que los aspectos de la pena de muerte son irreversibles e irreparables, sin tomar en cuenta la falibilidad de la administración de justicia, como todo lo humano, incluyendo por supuesto el ámbito castrense, que en la ejemplaridad de la pena de muerte no está demostrada y en cualquier caso es al menos discutible. De lo que se trata con la pena de muerte es de proteger a la sociedad de manera más eficaz o de castigar al responsable con mayor severidad; resulta suficiente la pena establecida de 30 a 60 años de prisión. La pena de muerte es ejemplar, pero no en el sentido ingenuo otorgado por sus partidarios; es ejemplar porque enseña a derramar sangre. En el mismo sentido, el criminólogo Berdard Shaw ha dicho: ``El homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan sino semejantes que se reproducen''. Por ello, compañeros, pido el voto aprobatorio a este dictamen.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, que va a posicionar su grupo parlamentario.La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas: el 15 de diciembre de 2003, como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenté iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar, con la finalidad de suprimir la pena de muerte del sistema de sanciones que rige en la legislación penal militar. Las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional consideraron conveniente sumar al dictamen de mi propuesta la minuta del Senado de la República, formada con motivo de la distinta iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 30 de marzo de 2004. Como iniciadores de la reforma, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática nos congratulamos y nos sumamos, sin reservas, a la supresión de la pena de muerte del Código de Justicia Militar. La vigencia de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar constituye ya un verdadero anacronismo histórico, una barbarie contra los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Indudablemente, la eliminación de la pena de muerte implicará para la justicia militar una construcción legislativa penal congruente en su racionalidad interna, garantizando una persecución e investigación de los delitos y los delincuentes en forma técnica, racional y con espíritu de rehabilitación. Sin embargo, disentimos del dictamen presentado, en cuanto propone sustituir la pena de muerte por otra privativa de la libertad que va de un mínimo de 30 años a un máximo de 60 años de prisión.

Pretender establecer una pena privativa de la libertad de 30 a 60 años violenta diversos principios constitucionales y de protección de los derechos humanos, al convertirse en una pena inusitada y trascendental que contraviene el espíritu del artículo 22 de la Constitución Mexicana. Asimismo, contradice el sentido y fin para el cual criminológicamente está establecido un sistema de penas cuyo fundamento es el artículo 18 constitucional, que establece el concepto de ``readaptación social del penado''. En todo el derecho internacional de los derechos humanos no se prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua. Lo que aquí se establece, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, es el concepto de ``reinserción social del interno'' que permita al penado la posibilidad de regresar a la sociedad, una vez cumplida su sentencia condenatoria de prisión. Sin embargo, elevar una pena privativa de la libertad hasta 60 años de prisión implica en la práctica y en los hechos una verdadera cadena perpetua. Recordemos que en el Código Penal Federal se establecen para algunos de los delitos más abominables penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen. Por ejemplo, para el delito de terrorismo se prevén de 20 a 40 años de prisión, para el genocidio de 20 a 40 años, para la desaparición forzada de personas de 5 a 40 años y para el parricidio de 10 a 40 años de prisión. Es evidente, pues, que constituye un exceso punitivo y discriminatorio imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense, y que entraña una visión equivocada de los objetivos y fines de la penología. En cambio, la intención del conjunto de reservas en lo particular que presentaremos más adelante consiste en suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar, pero sustituirla por una pena privativa de la libertad de 20 a 40 años de prisión, que evidentemente es mucho más acorde con un sistema de sanciones de tipo humanista y rehabilitatorio, para evitar una respuesta simbólica, mediática y represiva. Por ello solicitamos el voto de las diputadas y los diputados de todos los grupos parlamentarios a favor, en lo general, del presente dictamen y, en lo particular, de las reservas que presentamos, a efecto de que se suprima la pena de muerte del sistema de sanciones que rigen la jurisdicción penal militar, sustituyéndola por una pena privativa de la libertad, que vaya de 20 a 40 años de prisión y no una privativa de la libertad de 30 a 60 años de prisión que se pretende en este dictamen. Todo esto, para lograr un Ejército más moderno y más acorde con la realidad de nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores; luego entonces, considera el tema suficientemente discutido en lo general. Para efectos del artículo 134, esta Presidencia anuncia que la diputada Cristina Portillo Ayala se ha reservado los artículos 73, primer párrafo; 74; 128; 157, fracción I; 185; 203, primer párrafo; 206; 208, primer párrafo; 209, último párrafo; 210; 213, último párrafo; 219, primer párrafo; 237; 251; 252; 253, primer párrafo; 272; 274, fracciones I y III; 279, primer párrafo y fracción I; 282, fracción III; 285, fracción IX; 286; 290, último párrafo; 292; 299, fracción VII; 303, fracción III; 305, fracción II; 311, último párrafo; 312, fracciones II y III; 313, último párrafo; 315; 318, fracción VI; 319, fracción I; 321; 323, fracción III; 338, fracción II; 356; 359; 362, primer párrafo; 363; 364, fracción IV; 376, primer párrafo; 385; 386, primer párrafo; 389; 397, primer párrafo; y 398, primer y último párrafos. Se pide a la Secretaría que instruya la apertura del sistema electrónico de votación, a efecto de recabar la votación nominal en lo general del proyecto que nos ocupa.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación.)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus León, invitados por el señor diputado don Marco Antonio Gama Basarte. Bienvenidos, paisanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz:

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): A favor.

El diputado José María de la Vega Lárraga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 346 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, en cuanto a los artículos no impugnados, por 346 votos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, para presentar sus reservas, sus 47 reservas.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señor Presidente: resulta imperativo tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 constitucional sobre la prohibición expresa de toda pena inusitada y trascendental, por ser contraria a los principios democráticos y protectores de la dignidad humana, establecidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de derechos humanos. Es necesario considerar que en el Código Penal Federal se establecen para algunos de los delitos más aborrecibles penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen en cuestión. Por ejemplo, para el delito de terrorismo se determinan de 20 a 40 años; genocidio, de 20 a 40 años; y desaparición forzada de personas, de 5 a 40 años. Es evidente que constituye un exceso punitivo y discriminatorio imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense. En todo caso, la reforma del Código de Justicia Militar en materia de pena de muerte debería considerar la denominada ``pena extraordinaria'' vigente de hasta 20 años de prisión, que es la sanción penal militar por la cual se conmuta actualmente la pena de muerte, pues resulta contradictorio e incoherente elevar la pena de la prisión para establecerla en los hechos como una auténtica pena militar de cadena perpetua, contradiciendo incluso los propios criterios castrenses.

En todo el derecho internacional de los derechos humanos no se prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua. Lo que sí se establece en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU es el concepto de ``reinserción social del interno'', que permitirá a un penado de las Fuerzas Armadas contar con la posibilidad de regresar a la sociedad una vez cumplida su sentencia condenatoria.

Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del PRD consideramos que las comisiones dictaminadoras realizaron un estudio insuficiente para elevar la pena máxima en la legislación castrense de 30 a 60 años de prisión.

En este sentido, es insuficiente la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional, y de Marina de la H. Cámara de Diputados. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. ¿Nos dejó sus reservas? ¿No?

La diputada Cristina Portillo Ayala: En un momento las traigo, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lo que pasa es que las votaremos en este preciso instante. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y maestros de la comunidad de San Miguel Tlacotepec, Oaxaca, que nos visitan el día de hoy, invitados por el señor diputado don Heliodoro Díaz Escárraga. Estamos a la espera de que nos presenten las reservas de la diputada Portillo. Pero bueno, pues en estricto rigor si no entrega sus reservas, no existirían.

La diputado Cristina Portillo Ayala (desde la curul): Ya las llevan, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con las reservas de la diputada para, inmediatamente después, preguntar a la Asamblea si son de aceptarse, en un solo acto, las 47. No hay de otra más que leerlas. Gracias, señor secretario.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Reserva que hace el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a los artículos del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Marina.

Los suscritos diputados, y por acuerdo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como integrantes a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulamos reserva con relación al dictamen arriba indicado al tenor de las siguientes consideraciones:

La legislación castrense debe orientarse hacia el cumplimiento de los principios rectores que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos principios incluye los derechos humanos reconocidos en las garantías individuales de la Carta Magna, como en los determinados en los tratados internacionales de naciones unidas y en el sistema interamericano.

El Código de Justicia Militar como parte del ordenamiento nacional debe ajustarse a lo ordenado por la Constitución federal, la cual en su artículo 133 determina que los tratados celebrados, por el Ejecutivo federal con aprobación del Senado de la República serán la Ley Suprema de la Unión, por lo que se impone la vocación democrática de la Norma Suprema y es imperativo armonizar la legislación nacional con las directrices del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente para México.

Es un acierto suprimir la pena de muerte del Código de Justicia Militar, como sabemos dicha pena es contraria al espíritu y contenido de las disposiciones de derechos humanos; sin embargo, no procede sustituirla con la pena que se propone de 30 a 60 años de prisión en todos los casos en donde antes se establecía la pena de muerte.

El Estado mexicano es promotor de la abolición de la pena de muerte en la comunidad internacional. En México desde el 9 de agosto de 1961 no se aplica la pena de muerte en todos los casos que tenían esta sentencia fueron conmutados por prisión extraordinaria, de hasta 20 años de prisión, la cual se encuentra establecida en el artículo 130 del Código de Justicia Militar.

Por las razones anteriormente los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentamos a la consideración del Pleno la siguiente reserva del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Marina, dado que:

Primero.- Dicha pena privativa de la libertad propuesta en 30 a 60 años transgrede una serie de principios constitucionales y de protección de los derechos humanos al tratarse de una pena inusitada y trascendental que contraviene el sentido y fin para el cual criminológicamente se ha establecido un sistema de penas cuyo fundamento es el artículo 18 constitucional que establece el concepto de la readaptación social del penado.

Segundo.- Resulta imperativo tener en cuenta lo establecido en el artículo 22 constitucional sobre la prohibición expresa de toda pena inusitada y trascendental por ser contraria a los principios democráticos y protectores de la dignidad humana establecidos tanto en la Constitución federal como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Tercero.- Es necesario considerar que en el Código Penal Federal se establece para algunos de los delitos más aborrecibles, penas que no rebasan los 30 a 60 años propuestos por el dictamen en cuestión, por ejemplo para el delito de terrorismo se determina de 20 a 40 años, genocidio de 20 a 40 años, desaparición forzada de personas de cinco a 40 años y parricidio de 10 a 40 años de prisión; es evidente que constituye un exceso punitivo y discriminatorio imponer en el Código de Justicia Militar una pena extraña incluso para la legislación castrense y que entraña una visión equivocada de los objetivos y fines de la penalogía.

Cuarto.- En todo caso la reforma al Código de Justicia Militar en materia de pena de muerte debiera considerar la denominada pena extraordinaria vigente de hasta 20 años de prisión, que es la sanción penal militar por la cual se conmuta actualmente la pena de muerte, pues resulta contradictorio e incoherente elevar la pena de prisión para establecerla en los hechos como una auténtica pena militar de cadena perpetua, contradiciendo incluso los propios criterios castrenses.

Quinto.- Es necesario considerar y ponderar la propuesta de la diputada Cristina Portillo Ayala, para además de suprimir del Código de Justicia Militar la pena de muerte, dejar en su lugar, tan cual se conmuta por el Ejecutivo federal en todos los casos, la actual pena extraordinaria de 20 años de prisión.

Sexto.- En todo el Derecho Internacional de los derechos humanos no se prevé la pena de prisión perpetua o pena de cadena perpetua, lo que si se establece en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU es el concepto de reinserción social del interno que permitiría a un penado de las fuerzas armadas contar con la posibilidad de regresar a la sociedad una vez cumplida su sentencia condenatoria de prisión.

Séptimo.- La construcción de un estado democrático de derecho, se valora en el contenido y configuración de sus normas positivas, adecuándolas a los principios constitucionales y a las directrices normativas que reconocen la dignidad y las libertades humanas; la institución castrense es pieza fundamental de garantía para realizar los objetivos esenciales de la sociedad política y jurídicamente organizada, modernizar y armonizar su marco jurídico con las leyes internacionales que México se ha obligado cumplir, pero sobre todo con las disposiciones constitucionales, constituye una oportunidad legislativa que no se debe perder.

Octavo.- Consideramos que las comisiones dictaminadoras realizaron un estudio insuficiente para elevar la pena máxima en la legislación castrense de 30 a 60 años de prisión. En ese sentido, es insuficiente la propuesta de dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Nacional y Marina de esta H. Cámara de Diputados.

Por lo anterior, sostenemos que la presente propuesta de dictamen para establecer una penalidad de entre 30 a 60 años que sustituiría a la pena capital es improcedente porque sería una pena inusitada y trascendental que prohíbe el artículo 22 constitucional, por lo que se propone dejar la penalidad vigente en el Código de Justicia Militar de hasta 20 años de prisión, o en su defecto, aplicar la máxima de 40 años de prisión establecida en el Código Penal Federal.

Por lo antes expuesto nuestro grupo parlamentario hace reserva a los artículos 73, primer párrafo; 74; 128; 157, fracción I; 185; 203, primer párrafo; 206; 208, primer párrafo; 209, último párrafo; 210; 213, último párrafo; 219, primer párrafo; 237; 251; 252; 253, primer párrafo, 272; 274, fracciones I y III; 279, primer párrafo y fracción I; 282, fracción III; 285, fracción IX; 286; 290, último párrafo; 292; 299, fracción VII; 303, fracción III; 305, fracción II; 311, último párrafo; 312, fracciones II y III; 313, último párrafo; 315; 318, fracción VI; 319, fracción I; 321; 323, fracción III; 338, fracción II; 356; 359; 362, primer párrafo; 363; 364, fracción IV; 376, primer párrafo; 385; 386, primer párrafo; 389; 397, primer párrafo; 398, primero y último párrafos; del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y derechos Humanos; Defensa Nacional y Marina por el que se reforman diversas disposiciones al Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:

Artículo 73. Los Consejos de Guerra Extraordinarios son competentes para juzgar en compañía y dentro del territorio ocupado por las fuerzas que tuvieran bajo su mando, el Comandante investido de la facultad de convocar a los responsables de delitos que tengan señalada pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 74. Los Consejos de Guerra Extraordinarios en los buques de la Armada sí son competentes para conocer en tiempos de paz y sólo cuando la Unidad Naval se halle fuera de aguas territoriales, de los delitos sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión cometidos por marinos a bordo y en tiempo de guerra de los mismos delitos cometidos también a bordo por cualquier militar.

Artículos 128. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad desde 16 días a 40 años, sin que este segundo término puede ser aumentado por causa de acumulación o de reincidencia, pues únicamente quedará sujeto a los efectos de la retención en su caso.

Artículo 157.

I. Con tres años de prisión, cuando el delito, de ser intencional, tuviera señalada pena de 20 a 40 años.

Artículo 185. Al sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad de 20 a 40 años sólo se otorgará la libertad preparatoria cuando haya tenido buena conducta por un tiempo igual a los dos tercios de su pena.

Artículo 203. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 206. A quien se introduzca en las plazas, fuertes, puestos militares entre las tropas que operan en campaña, con objeto de obtener información útil al enemigo y comunicarla a éste, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 208. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión al que sin motivo justificado...

Artículo 209. A los promovedores se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 210. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión a todo comandante de nave que, valiéndose de su posición en la Armada, se apodere durante la guerra de un buque perteneciente a una nación aliada, amiga o neutral o, en tiempo de paz, de cualquier otro sin motivo justificado para ello o exija por medio de la amenaza o de la fuerza rescate o contribución a alguno de esos buques o ejerza cualquier otro acto de piratería.

Artículo 213. Si al apresar una embarcación cometieren innecesariamente homicidios, lesiones graves y otras violaciones o dejaren a las personas sin medios de salvarse, se les impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 219. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión...

Artículo 237. El que intencionalmente altere, cambie, destruya o modifique los diarios de bitácora, navegación o desviación del compás o cronómetros o libros de cargo, estudios científicos o relativos a una navegación o que dé un falso rumbo u observaciones de situación distintas de las verdaderas, será castigado con ochos meses de prisión si no resultaren daños; si resultaren éstos, la pena será de tres años de prisión; y se perdiera el buque, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 251. Si el medio empleado para la destrucción o devastación hubiese sido el incendio, la explosión de una mina y para ello se hubiera hecho uso de la Fuerza Armada, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión; si no hubiere usado la Fuerza Armada, la pena será de 11 años de prisión.

Artículo 252. Al que por medio de barrenos o apertura de una o más válvulas produzca maliciosamente la pérdida total de un buque, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 253. Al que con intención dolosa destruya o haga destruir frente al enemigo objetos necesarios para la defensa o el ataque o para la navegación o maniobras de un buque, todo o parte del material de guerra, aeronaves, armas, municiones, víveres o efectos de campamento o del servicio de barcos se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 272. A los que desertaren frente al enemigo marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva o su persecución o durante la retirada se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 274.

I. A los que, en caso de haber cometido el delito aisladamente, hubiere debido aplicárseles pena de 20 a 40 años de prisión, se les impondrá ésta.

III. Al que hubiere encabezado la reunión o grupo o si fuere individuo de tropa se castigará con la pena de 13 años de prisión, siempre que, conforme a lo prevenido en la fracción I, no debiere imponérsele pena de 20 a 40 años de prisión. Pero, si fuera oficial o el delito se hubiere cometido en campaña, se le aplicará en todo caso esa última pena.

Artículo 279. El que cometa violencia contra cualquiera de los individuos mencionados en el artículo anterior será sancionado:

I. Con pena de 20 a 40 años de prisión si hiciere uso de armas.

Artículo 282.

I. Con pena de 20 a 40 años de prisión, si estando frente al enemigo se hubiese causado daño a las tropas, embarcaciones o aeronaves.

Artículo 285.

IX. Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando se causare la muerte del superior.

Artículo 286. La insubordinación fuera del servicio, cuando se cometa de cualquiera de las maneras previstas en los artículos anteriores, será castigada con la mitad de las penas que en ellos se establecen. Pero si la insubordinación provocara la muerte del superior, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 290. Si el delito de que se trata en este artículo fuera cometido sobre las armas o delante de la bandera o tropa formada durante zafarrancho de combate con armas, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 292. Cuando la insubordinación consistiere en vías de hecho o estuviera comprendida en el artículo 290, si se cometiera en marcha para atacar al enemigo frente a él, esperando a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión, sin tener en cuenta las disposiciones de los artículos 129, fracción III, 288 y 289.

Artículo 299.

VII. Con pena de 20 a 40 años de prisión si resultare homicidio calificado.

Artículo 303. Cuando se efectúe frente al enemigo marchando a encontrarlo, esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 305.

I. Con pena de 20 a 40 años de prisión a todos los promovedores, instigadores o cabecillas de la asonada, de cabos en adelante, y con 12 años de prisión los soldados, si el delito se cometiera en campaña.

Artículo 311. Las penas señaladas se aumentarán con un año de prisión si el delito se cometiera en campaña; si se cometiere frente al enemigo, la pena será de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 312.

I. Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando el comandante de un puesto buque que habiendo recibido orden absoluta de defenderlo a toda costa, lo abandone o no haga la defensa que se le hubiere ordenado; y

II. Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando el militar abandone el puesto que se hubiere señalado para defenderlo o para observar al enemigo.

Artículo 313. Las penas señaladas se aumentarán en un año de prisión cuando el delito se cometa en campaña; si se efectuare frente al enemigo, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 315. El abandono de mandos se sancionará con 1 año y 6 meses de prisión en tiempo de paz, con 6 años de prisión en campaña y con 20 a 40 años de prisión si se efectuare frente al enemigo.

Artículo 318.

VI. Con pena de 20 a 40 años de prisión a los oficiales y de 12 años de prisión a los marineros si el abandono se comete cuando el buque esté varado o acosado por el enemigo y su comandante hubiese dispuesto salvarlo o defenderlo.

Artículo 319.

I. De 20 a 40 años de prisión si el escoltado fuere buque de la Armada o convoy o buque mercante que transporte tropas, efectos militares, víveres, combustible, pertrechos de guerra o caudales del Estado y si por el abandono fueren apresados o destruidos por el enemigo alguno o todos los buques.

Artículo 321. Al marino encargado de la escolta de un buque o de la conducción de un convoy que pudiendo defenderlo lo abandone, entregue o rinda al enemigo se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 323.

I. Con pena de 20 a 40 años de prisión si ocasionare perjuicio grave en el servicio, se cometiere este delito frente al enemigo, en marcha hacia él, esperándolo a la defensiva, bajo su persecución o durante la retirada.

Artículo 338.

II. Si el delito se hubiere efectuado en campaña y con este motivo hubiere resultado grave daño al Ejército, a una parte de él, a un buque o aeronave, con pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 356. Al centinela que, faltando a lo prevenido en la ordenanza, no haga respetar su persona a cualquiera que sea el que intente atropellarlo, no defienda su puesto contra tropa armada o grupo de gente hasta repeler la agresión o perder la vida, se le impondrá pena de 6 meses de prisión en el primer caso y en el segundo pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 359. Al centinela vigilante que viendo que se le aproxima el enemigo no dé la voz de alarma o no haga fuego o se retire sin orden para ello se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 362. Será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 363. Serán sancionados con pena de 11 años de prisión los marinos que, faltando a la obediencia debida a sus jefes, incendiaren o destruyeren buques, edificios y otras propiedades a los promovedores, y al de mayor empleo o antigüedad de los del cuerpo militar le será impuesta pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 364. Con pena de 20 a 40 años de prisión cuando, en los casos de estas dos últimas fracciones, resultare algún daño al grupo, escuadra o división o sus tripulantes o si se ocasionare la pérdida del combate.

Artículo 376. Será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 385. Si de la infracción resultare la derrota de las tropas o la pérdida de un buque o aeronave estando en campaña, la pena será de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 386. Al prisionero que vuelva a tomar las armas contra la nación después de haberse comprometido bajo palabra de honor a no hacerlo y que en estas condiciones fuere capturado, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 389. Cuando se evada un prisionero que se encuentre en las condiciones que mencionan los artículos 203, fracción XX, y 386, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión a quien haya auxiliado su fuga, sea o no el encargado de su custodia.

Artículo 397. Será sancionado con pena de 20 a 40 años de prisión.

Artículo 398. El que convoque en contravención de prescripciones disciplinarias a una junta para deliberar sobre la capitulación sufrirá por ese solo hecho la pena de destitución de empleo e inhabilitación por 10 años para servir al Ejército, pero si celebrare la junta y de ella resultare la rendición o capitulación, se le impondrá pena de 20 a 40 años de prisión. Si el voto es en pro de la capitulación indebida, se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión o la de destitución, de acuerdo con lo preescrito en la fracción III del artículo 397.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A las personas que antes de la entrada en vigor del presente decreto hayan cometido un delito sancionado con pena de muerte en el Código de Justicia Militar, incluyendo los procesados y sentenciados o a las que no se haya ejecutado o tramitado la conmutación de la pena capital, se impondrá pena de 20 años de prisión.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor secretario. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes y maestros de la escuela secundaria técnica número 62 de Misantla, Veracruz, invitados por el señor diputado don Gustavo Moreno Ramos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse, en votación económica, si son de aceptarse las reservas, las 47 modificaciones que en reserva ha planteado la diputada Cristina Portillo Ayala.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son de aceptarse las 47 modificaciones presentadas por la diputada Cristina Portillo Ayala.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la negativa, diputado Presidente. No se aceptan.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación, para recabar la votación de los artículos 73, primer párrafo; 74; 128; 157, fracción I; 185; 203, primer párrafo; 206; 208, primer párrafo; 209, último párrafo; 210; 213, último párrafo; 219, primer párrafo; 237; 251; 252; 253, primer párrafo; 272; 274, fracciones I y III; 279, primer párrafo y fracción I; 282, fracción III; 285, fracción IX; 286; 290, último párrafo; 292; 299, fracción VII; 303, fracción III; 305, fracción II; 311, último párrafo; 312, fracciones II y III; 313, último párrafo; 315; 318, fracción VI; 319, fracción I; 321; 323, fracción III; 338, fracción II; 356; 359; 362, primer párrafo; 363; 364, fracción IV; 376, primer párrafo; 385; 386, primer párrafo; 389; 397, primer párrafo; y 398, primer y último párrafos, en sus términos. Esta Presidencia, al no tener otros oradores, considera el tema suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los artículos reservados, en sus términos.

(Votación.)

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores: Estudiantes que cursan estudios políticos en el estado de Jalisco, invitados por la diputada doña María del Carmen Mendoza Flores, a quienes se les da la bienvenida.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De viva voz:

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Señor Presidente, se emitieron 286 votos en pro, 70 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor Secretario ¿quiere repetir los votos en contra?

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: 71 en contra señor Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Secretario. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.

Consulte la secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto, QUE REFORMA EL ARTICULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56 60, 88, 89,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I ANTECEDENTES

En sesión celebrada el día 14 de marzo de 2005, el Diputado Federal José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 72; Fracción III del artículo 78, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 55, 56, 62 y 73 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el Articulo 164 de la Ley General de Salud

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo.

La Iniciativa fue remitida a todos los integrantes de la Comisión de Salud, para su conocimiento, así como a la segunda Subcomisión, ``Medicina Preventiva y Bioética''

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos, el Diputado manifiesta que Los accidentes son un problema de salud pública. En el mundo mueren diariamente alrededor de 16,000 personas, mientras que en México son responsables de un fallecimiento cada 15 minutos.

Las lesiones que producen, ameritan más de tres millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupan cerca de 2 millones y medio de días-cama en los hospitales del sistema de salud del país.

El Diputado Propone en la Iniciativa, reformar el artículo 164 de la Ley General de Salud, a efecto de que se realicen convenios de colaboración y/o coordinación a efecto de que se considere la aplicación de exámenes psicofísicos previos a la emisión y revalidación de las licencias de conducir.

Menciona también que aceptada esta iniciativa, se lograra un impacto importante en la reducción de accidentes de transito.

Del mismo modo, afirma que La Organización Mundial de Salud considera que el 2% de la población mundial sufre de alguna discapacidad consecutiva a lesiones producto de eventos accidentales. Expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos puedan ser atenuados.

Refiere el Diputado en la Iniciativa, que los sistemas de registro utilizados actualmente como las estadísticas, a pesar de las grandes deficiencias que manifiestan, ubican a los accidentes como la cuarta causa de muerte y la tercera de hospitalización, precedidos únicamente por las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las complicaciones de la diabetes mellitus.

Igualmente hace referencia que el impacto en salud es más evidente si consideramos que ocupan el primer lugar como causa de muerte entre los escolares y en la población en edad productiva.

Asimismo considera que la prevención de los accidentes de transito es prioritario, y que uno de los principales puntos, es el proceso de otorgamiento de licencias de manejo, refiere en su iniciativa que actualmente en muchos casos no se realiza un estudio veraz y eficaz para la disposición de las mismas, en muchas ocasiones se dan a personas que no tienen las aptitudes psicofísicas para manejar. Es por ello que se deben realizar convenios por parte de la Secretaría Salud y otras autoridades competentes, para determinar los exámenes psicofísicos que deberán realizar todas las personas que quieran recibir una licencia de vehículo automotor o cualquier otra.

Es, entre otras muchas, por estas razones que el diputado propone con dicha reforma se fortalezca la prevención de los accidentes con ciertos parámetros como: reducir la mortalidad, disminuir las lesiones por accidentes, realizar políticas nacionales eficaces para la prevención y control de accidentes. Asimismo considera que toda aquella persona que conduce un vehículo de motor debe contar con las aptitudes indispensables para ello.

III CONSIDERACIONESA. Uno de los principales problemas de Salud Publica son los Accidentes y sus repercusiones funcionales en el individuo, pues aquel que llega a tener un accidente requiere inicialmente tratamiento medico de urgencia, en ocasiones cirugías reconstructivas, y posteriormente tratamiento de rehabilitación física. Todo esto y dependiendo del tipo de lesión o traumatismo representa en nuestro país un costo de 63 mil millones de pesos al año.

B. La Organización Panamericana de la Salud, dio a conocer que en el año 2002 se registraron 128908 muertes en accidentes de transito y mas del 76% de estos fallecimientos ocurrieron en Estados Unidos, Brasil, México y Colombia.

C. En México durante el año 2001, los accidentes provocaron mas de 35,000 fallecimientos, de ellos por lo menos, 14996 murieron por accidentes viales, ocasionaron mas de 70,000 discapacidades y demandaron 3000000 de consultas del Sistema Nacional de Salud.

D. Las evidencias y peritajes señalan que mas del 90 % de los accidentes son prevenibles. En algunos países llegan a suspender en forma temporal o definitiva las licencias de conducir de guiadores que causan accidentes de transito.

E. En el año 2000 hubo más de tres millones de consultas por accidentes: el 43 por ciento de ellas a individuos con lesiones que les impiden reincorporarse a su actividad laboral antes de un año del percance.

F. Durante el mismo periodo fallecieron en nuestro país 35 mil 324 personas como consecuencia de lesiones sufridas en accidentes ocurridos en diferentes entornos. Destacan por su frecuencia en primer término, los accidentes viales, subsecuentemente los que se presentan en el hogar, continuando los accidentes que ocurren en la escuela y el trabajo.

G. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México se ubica en la quinta posición por la proporción de defunciones por accidentes registrados, respecto de los países de América.

H. El control y la reducción de los accidentes representa un reto prioritario al que se enfrentan las autoridades. Estos hechos tienen una variedad de consecuencias negativas, como las lesiones fatales y no fatales, las incapacidades temporales o permanentes (físicas y/o mentales), lo que representa una gran necesidad de perseguir a los responsables, ya que los impactos negativos en el grupo familiar de los involucrados, las pérdidas en el ámbito productivo y laboral, y los costos elevados para la sociedad por concepto de atención en los servicios de salud y de imparticion de justicia, son día a día rebasados económicamente.

I. Los accidentes se presentan en sociedades con distintos niveles de desarrollo y constituyen problemas sociales y de salud muy complejos; sin embargo, su peso e importancia tiene que ver con la magnitud de otros problemas y con las condiciones particulares de desarrollo en cada sociedad.

J. Como ya lo menciono el Diputado Proponente en la Iniciativa, los accidentes constituyen un problema de salud pública, los cuales se encuentran entre las primeras causas de mortalidad general, y la primera causa de muerte en preescolares, escolares e individuos en edad productiva, constituyendo la segunda causa de orfandad en el país.

K. Igualmente el Diputado en su Iniciativa menciona que, la muerte no es el único resultado fatal de los accidentes, pues también la discapacidad del individuo accidentado conlleva graves repercusiones económicas laborales, familiares y sociales.

L. También es importante hacer mención que en el caso de autorización o emisión y revalidación de Licencias de Conducir para conductores de Auto transporte Federal, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Medicina preventiva en el transporte, realiza una serie de exámenes Psicofísicos para el otorgamiento de dicho documento, de ahí lo relevante de dicha reforma a la ley General de Salud, pues si observamos las estadísticas de accidentes del auto transporte Federal, son mínimas comparadas con las de aquellos en las que no se realiza ningún tipo de examen.

M. Los Exámenes Psicofísicos Integrales que realiza la Secretaria de Comunicaciones y Transportes consisten:

Elaboración de Historia Clinica

Examen Médico General

Exploracion Oftalmologica

Exploracion Neumologica

Exploracion Cardiológico

Exploracion Neurologica

Estudio Psicologico

Estudios de Laboratorio y Gabinete, y

Estudio Toxicologico.

Posterior de haber practicado dicho Examen Psicofísico Integral, se emite un Dictamen de APTO ó NO APTO, este ultimo en los casos en que la persona no reúna las condiciones obligatorias indispensables para conducir.

Como se puede observar, el examen que se realiza, detecta riesgos a la salud que pueden originar un accidente, pues en dicho examen se efectúa una exploración oftalmológica y audiologica, así como diversos estudios que permiten detectar el estado de salud de los que solicitan la expedición o revalidación de licencias federales.

N. Es importante destacar que las aptitudes para conducir disminuyen conforme el individuo aumenta la edad, los reflejos, la agudeza visual, y el sentido auditivo disminuyen en ciertas circunstancias, principalmente en la edad adulta, por ejemplo la presbiacusia o sordera neurosensorial se produce como manifestación del envejecimiento del individuo, iniciando después de los 20 años de edad, afectado en su fase mas alta entre los 55 y 65 años, y existe una relación directa de presbiacusia con individuos expuestos a ruidos, afectando directamente las células ciliadas en el órgano de Corti. Al envejecer, las estructuras del oído se deterioran. El tímpano por lo general se hace más grueso y los huesos del oído interno y otras estructuras también se afectan

O. Al respecto es importante hacer mención, que las condiciones del individuo van cambiando continuamente, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, e hipertensión arterial entre otras patologías, son causa de deterioro físico, aunado al envejecimiento, lo que origina que la persona al envejecer los sentidos se tornan menos agudos y pueden tener problemas para distinguir los detalles.

P. Por consiguiente los cambios visuales y auditivos son los más significativos, pero todos los sentidos pueden resultar afectados por el envejecimiento. Afortunadamente, muchos de los cambios en los sentidos por envejecimiento se pueden compensar con aparatos como anteojos, y prótesis en el caso de los oídos los cuales tienen realmente dos funciones: la audición y el mantenimiento del equilibrio Esta pérdida de audición relacionada con la edad se denomina presbiacusia. La agudeza de la audición puede declinar levemente, comenzando alrededor de los 50 años, debido posiblemente a cambios en el nervio auditivo. Además, el cerebro puede tener una disminución leve de la capacidad para procesar o ``traducir'' los sonidos en información significativa.

Q. Referente a la VISIÓN Todas las estructuras del ojo cambian con el envejecimiento: la córnea se hace menos sensible de modo que las lesiones pueden pasar inadvertidas. Hacia los 60 años de edad, la pupila disminuye un tercio comparado con el que tenía a los 20 años de edad., además, la pupila puede ser más lenta para cambiar de tamaño en respuesta a la oscuridad o la luz brillante. y a medida que la persona envejece, la agudeza de su visión (agudeza visual) puede declinar gradualmente. Los anteojos o los lentes de contacto pueden ayudar a corregir los cambios de visión relacionados con la edad

R. También es importante señalar que para personas de todas las edades es más difícil diferenciar azules y verdes entre sí que diferenciar rojos y amarillos, lo cual se va volviendo más pronunciado con el envejecimiento, lo que detectándolo oportunamente puede prevenir accidentes de transito, especialmente cuando existe problemas para distinguir los colores rojo y verde.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 164. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de los accidentes.

La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes.

TRANSITORIO.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Ángel Córdova Villalobos, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Las lesiones por accidentes constituyen a nivel mundial una de las cinco primeras causas de muerte e incapacidad. En México 30 mil personas mueren cada año, y aquéllas son la primera causa de muerte entre niños y adolescentes. Un accidente es un hecho inesperado que ocasiona graves daños a la salud, economía y productividad del país y de las personas. Uno de los principales problemas de los accidentes son las repercusiones funcionales en el individuo, pues el que llega a tener un accidente requiere inicialmente tratamiento médico de urgencia, en ocasiones cirugías reconstructivas, y posteriormente tratamiento de rehabilitación. En 2000 hubo más de 3 millones de consultas por accidentes; 43 por ciento de ellos corresponde a individuos con lesiones que les impiden reincorporarse a su actividad laboral antes de un año del percance. En 2001, los accidentes provocaron más de 35 mil fallecimientos; de ellos, por lo menos 14 mil 996 obedecieron a accidentes viales, ocasionando más de 70 discapacidades y demandando más de 3 millones de consultas al sistema nacional de salud. Durante el mismo periodo fallecieron en nuestro país 35 mil 324 personas como consecuencia de lesiones sufridas en accidentes ocurridos en diferentes entornos. Destacan por su frecuencia, en primer término, los accidentes viales; subsecuentemente, los que se presentan en el hogar, continuando los accidentes que ocurren en las escuelas y en el trabajo. Los accidentes se encuentran entre las primeras causas de mortalidad general y son la primera causa de muerte en preescolares, escolares e individuos en edad productiva, constituyendo la segunda causa de orfandad en el país.

Como mencioné, las lesiones que producen ameritan más de 3 millones de consultas en los servicios de urgencia y ocupan cerca de 2 millones y medio de días-cama en los hospitales del Sistema Nacional de Salud, con un costo de 63 mil millones de pesos al año. Los accidentes de tránsito tienen gran impacto en nuestra economía, ya que cada 30 minutos hay un accidente de tránsito en el que muere 1 persona y, desafortunadamente, muchos de ellos son jóvenes. El alcohol, la velocidad, el estrés y los teléfonos celulares, aunados a la falta de pericia y enfermedades que limitan funcionalmente al individuo al conducir un vehículo automotor, son algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la generación diaria de los fallecimientos, de los discapacitados, del ausentismo laboral y del aumento de los días-cama de hospitalización en el sistema nacional de salud. Reitero: esos accidentes afectan principalmente a la población joven, reducen de forma considerable los años potenciales de vida y representan un elevado costo sanitario y social, ya que los accidentes de tránsito repercuten en la administración presupuestal destinada al sector salud. Los accidentes de tránsito constituyen un problema de salud pública de tal gravedad, que han sido incluidos como prioritarios en todos los planes de salud de los Estados europeos. La prevención de los accidentes de tránsito es prioritaria; y uno de los principales puntos es el proceso de otorgamiento de las licencias de manejo. Por ello se deben realizar convenios por parte de la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes para determinar los exámenes psicofísicos que deberían realizar o deberán realizar todas las personas que quieran recibir una licencia de vehículo automotor. Reformar el artículo 164 de la Ley General de Salud tiene como propósito también realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de las licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes evitando que cada año 18 mil personas se sumen a las personas con discapacidad permanente. El dictamen que hoy se presenta, y que presenta la Comisión de Salud, permitirá sin duda reducir los índices de morbi-mortalidad causada por accidentes. Por ello solicitamos su aprobación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Ángel Córdova Villalobos. Antes de continuar con la discusión, la Presidencia informa a los señores legisladores que se tiene registrado al señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su venia, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: en México, igual que en el resto de los países, los accidentes viales se han convertido en un problema de salud pública, con múltiples repercusiones sociales, económicas, de salud y psicológicas, entre muchas. En el mundo mueren diariamente alrededor de 16 mil personas, mientras que en México son responsables de 1 fallecimiento cada 15 minutos. Las lesiones que producen ameritan más de 3 millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupan cerca de 2 millones y medio de días-cama en los hospitales del sistema de salud del país. El número de discapacitados que generan es creciente y su repercusión social y económica resulta alarmante. La Organización Mundial de la Salud considera que 2 por ciento de la población mundial sufre de alguna discapacidad a consecuencia de las lesiones producto de eventos en accidentes. Expertos en la materia sugieren que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados y en todos ellos sus efectos adversos pueden ser atenuados. En nuestro país, el impacto en salud es evidente, pues se considera, en primer lugar, como causa de muerte entre los escolares y en la población en la edad productiva. Dichos accidentes ocurren en promedio a los 37 años de edad y son la segunda causa de orfandad y la tercera de hospitalización, además de que generan pérdidas económicas por más de 63 mil millones de pesos.

Los accidentes viales son un evento muy complejo. Atacar esta problemática implica atender el fenómeno desde muy diversas aristas, y ha llegado a constituir todo un reto. No obstante, en los años recientes se han adoptado diversas políticas y programas que incluyen actividades muy diversas con el objetivo de lograr mayor control de la problemática y sus costos asociados. Es necesario señalar que corresponde a la Secretaría de Salud promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de Salud, donde se establece que la prevención y el control de accidentes son materia de salubridad general. En este sentido, la Secretaría de Salud, en su carácter de coordinadora del sistema nacional de salud, promoverá y asesorará a los gobiernos de las entidades federativas, a través del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, para lo cual se creó el Programa de Acción Accidentes 2002 de la Secretaría de Salud. Sin embargo, hace falta reforzar las acciones. Por ello, el Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen que se presenta a esta soberanía porque hace falta reforzar las acciones desde el ámbito legislativo para poder atender este problema de salud pública.

De esta forma, la Secretaría de Salud pone a disposición de los organismos de licencias de las entidades federativas lineamientos fundamentados en información y estudios al alcance y desarrollados por esta dependencia federal. Estamos seguros de que con ello se va a contribuir a fortalecer las acciones que nos permitan disminuir los accidentes viales y los consiguientes costos que éstos generan. Además, los planteamientos en que se fundamentan el pensamiento y la acción de nuestro partido son coincidentes con el objeto de esta iniciativa que se dictamina, pero también han sido el principio que conduce nuestra acción gubernamental desde el actual Gobierno Federal, en donde el tema es de especial interés. La oportunidad que hoy tenemos de mostrar a la sociedad que, como legisladores, nos preocupamos y ocupamos de los graves problemas que nos atacan se presenta con la aprobación del presente dictamen. Votaremos a favor. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se saluda a los alumnos de las siguientes escuelas: escuela secundaria Roque Díaz; escuela preparatoria número 91; y el CBT Guillermo Menes Servín, que son escuelas ubicadas en el municipio de Zacoalpan, correspondiente al distrito 36 en el estado de México, invitados del señor diputado don José Eduviges Nava Altamirano. Se da la bienvenida a los estudiantes.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz, la diputada Beatriz Mojica Morga, curul 114.

La diputada Beatriz Mojica Morga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Señor Presidente: se emitieron en pro 359 votos, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor Secretario. Aprobado en lo general y en lo particular, por 359 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud.

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 8 de Marzo de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa para poder exentar de cuotas a las mujeres embarazadas, presentada por el Diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 8 de marzo de 2005, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, con el propósito que se exente de cuotas de recuperación a las mujeres embarazadas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La Iniciativa objeto del presente dictamen se realiza para poder exentar de cuotas a las mujeres embarazadas. Así mismo se menciona que la mortalidad infantil y la mortalidad materna han demostrado un factor causal responsable en un tercio del crecimiento económico de México a largo plazo.

Por otro lado se plasma que en busca del equilibrio en el desarrollo de cada país, en la ONU, en el año 2000 se establecieron objetivos de desarrollo del milenio, uno de estos objetivos fue reducir la mortalidad materna.

El diputado proponente también menciona en su exposición de motivos, que actualmente existen programas con éxito, sin embargo no alcanzan a disminuir el número de mortalidad o bien a cubrir aquellas mujeres embarazadas que no alcanzan dichos programas, y como bien sabemos las diferencias en la cobertura del parto en las diferentes entidades federativas de México son importantes, también existen entidades con cobertura hasta en un 90 % cuyas tasas de mortalidad materna se asemejan a las de países desarrollados. Visto así el problema, se requiere ayudar a las mexicanas más desprotegidas.

III. CONSIDERACIONES.

A. Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, se reafirma el derecho de asegurar que las mujeres disfruten plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos así como todas las garantías y libertades que otorga hoy en día nuestra Constitución Política.

Es por ello que el Estado apegándose al artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga la igualdad así como el derecho a la protección de la salud y brindar un eficaz servicio medico.

B. El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, reconoce que la salud es y ha sido uno de los pilares en el desarrollo de México. Los progresos en este sector han sido determinantes para conformar las características demográficas actuales en nuestro país, y las instituciones de salud han sido fundamentales en el propio desarrollo de México en muy diversos campos. Es por ello que el Gobierno de la República tiene el compromiso de seguir desarrollando los sistemas de salud, e implementar acciones y estrategias de forma tal que se extiendan a la totalidad de la población.

C. En el análisis de la relación entre la salud y crecimiento de población en nuestro país utilizando factores como la esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad materna, se demuestra que la salud es el factor causal responsable, se ve la necesidad de contar con mas programas eficaces y acordes a las necesidades que actualmente viven las mujeres en la etapa de embarazo.

Ejemplo de ello es la desnutrición, factor importante en las mujeres embarazadas. El 40% de las mujeres indígenas están expuestas a contraer anemia, lo que aumenta la probabilidad de complicaciones durante el embarazo o de dar a luz a niños prematuros o con bajo peso al nacer. La situación nutricional y de salud de las mujeres aparece más deteriorada que la de otros estratos de las propias sociedades indígenas. Por lo general, en la distribución de los alimentos al interior de la familia se privilegia a los adultos varones por lo que las mujeres y los niños presentan el mayor grado de desnutrición.

Cabe resaltar que la toxemia del embarazo y la hemorragia durante el parto siguen siendo la causa de un gran número de muertes maternas, primordialmente por la falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, dentro de cuyas causas se cuenta la no derechohabiencia a los servicios públicos de salud.

D. En nuestro país uno de los objetivos establecidos en lo que se refiere a Mortalidad Materna fue reducir esta en un 75 % entre 1990 y 2015, y su avance hasta ahora ha sido del 32.73%, para lograr un avance mayor en este se requiere entre otros que los partos sean atendidos por personal especializado en un 100 % como sucede en buena parte de los países del mundo incluyendo los latinoamericanos.

Podemos decir que aun cuando las estadísticas demuestran disminución en tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2004, por 100, 000 nacidos vivos, estas se encuentran superiores al 60 %, lo cual dista mucho de las 6-8 defunciones maternas por las mismas causas en países desarrollados, y lo deplorable es que vemos en algunas entidades federativas de nuestro país que la tasa es superior a 150. Como podemos observar este grupo de mujeres embarazadas es vulnerable en nuestra sociedad y necesita atención de manera pronta y eficaz.

E. Sabemos que actualmente el Gobierno ha implementado programas exitosos a favor de las sociedades mas vulnerables, como lo es ``Oportunidades'', los cuales han tenido impacto en un 11% de disminución en la mortalidad materna, así mismo otros programas como el ``Seguro Popular'' que de la misma manera ha favorecido a la sociedad mexicana, sin embargo no son suficientes para contravenir el caso de la mortalidad materna o la atención a todas y cada una de las mujeres embarazadas, por lo que es de suma importancia brindarles los servicios que ellas requieren para garantizar su seguimiento durante el embarazo así como una atención profesional en el parto, y buscar reducir aun más el número de muertes maternas.

F. Hoy en día en nuestro país existen más de 24, 700, 000 mujeres no derecho habientes de la seguridad social, de ellas mas de 11, 600, 000 se encuentran en edad fértil y se registran un poco mas de un millón cuatrocientos mil nacimientos al año, el 43% de los hogares que encuadran en estos supuestos están dentro de los 3 deciles mas bajos. Por lo que vemos que sí se puede llegar al objetivo para que todas las mujeres en etapa de embarazo se les puedan brindar los servicios médicos necesarios exentándolas de las cuotas de recuperación, con los requisitos indispensables que se plasman en el decreto de este dictamen.

G. Es menester decir que si uno de los objetivos principales del los programas nacionales de salud, es que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, hay que darle prioridad a este grupo tan vulnerable que son las mujeres embarazadas.

Consideramos viable esta reforma, sin embargo, cabe decir que requerirá de proyección presupuestal complementaria por parte de la Secretaría de Salud, para el año 2006, de manera que ningún factor impida dotar de este beneficio a las mexicanas más desprotegidas.

H. Por lo anterior consideramos que este grupo de mujeres deben tener prioridad en su salud, es por ello que se deberán redoblar esfuerzos, acciones y estrategias de la capacidad técnica y sobre todo de brindar servicios médicos y que todas estas mexicanas puedan formar parte de ellos, para garantizar las condiciones que permitan tener un embarazo saludable, así como un parto y puerperio seguros y una atención adecuada del recién nacido.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

...

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todas las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta el tercer mes posparto, que se encuentren en los tres primeros deciles de ingreso. Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable haber llevado control prenatal y/o haber acudido a consulta médica en la Institución de Salud por lo menos una vez, previa al parto.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El Ejecutivo Federal incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2006 los recursos indispensables para su implementación.

Artículo Segundo. El presente Decreto entrara en vigor a partir del primero de Enero del año 2006.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Ángel Córdova Villalobos, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hasta por cinco minutos.El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: sabemos que la Carta de las Naciones Unidas reafirma los derechos humanos fundamentales en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. Por otro lado, en nuestro país tenemos los progresos del sector salud, que han sido determinantes para conformar las características demográficas actuales, y las instituciones de salud han sido fundamentales en el propio desarrollo de México en muy diversos campos. La relación entre la salud y el crecimiento de la población en nuestro país utilizando factores como esperanza de vida, y mortalidad infantil y mortalidad materna requiere aún grandes progresos, ya que demuestra que la salud es un factor causal, responsable y primordial, ya que se ve la necesidad de contar con más programas acordes con las necesidades que actualmente viven las mujeres en la etapa de embarazo y, asimismo, éstos tengan una verdadera eficacia. Sabemos que son múltiples las variables que afectan a las mujeres durante el embarazo y que provocan o propician las muertes maternas. Cabe resaltar que la toxemia del embarazo y la hemorragia durante el parto siguen siendo la causa de gran número de muertes maternas, primordialmente por la falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, aunque no es el único factor. Tan sólo por mortalidad materna en 2003 hubo mil 325, de las cuales se enfatiza que por hemorragia obstétrica hubo 349, por infección puerperal 44, por edema proteinuria, trastornos hipertensivos y otros 417, entre otros.

Por otro lado, en 2004 una mortalidad total de mil 290 defunciones, en las que de igual manera 337 fueron a causa de hemorragia, 43 por infección y 406 entre otras causas. Cabe señalar que aun cuando las estadísticas demuestren una disminución de las tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2004 por 100 mil nacidos vivos, éstas se encuentran aún superiores a 60 muertes por 100 mil nacidos vivos, lo cual dista mucho de las 6 a 8 defunciones maternas por las mismas causas en los países desarrollados o de las 20 defunciones maternas por 100 mil nacidos vivos que se establecieron en los Objetivos del Milenio con la Organización Mundial de la Salud. Y lo deplorable es que vemos aún en algunos estados del país que la tasa es superior a 150. Como podemos observar, este grupo de mujeres es vulnerable y en nuestra sociedad requieren atención pronta y eficaz. Hoy día, existen más de 24 millones 700 mil mujeres en México no derechohabientes de la seguridad social. De ellas, más de 1 millón 600 mil se encuentran en edad fértil y se registran un poco más de 1 millón 400 mil nacimientos al año. Cuarenta y tres por ciento de los hogares que encuadran estos supuestos está dentro de los tres deciles de menor ingreso. Hay que enfatizar que reconocemos que se han establecido diversos programas que han tenido efecto positivo en la disminución de la mortalidad materna. Sin embargo, consideramos que para lograr los Objetivos del Milenio comprometidos por nuestro país los esfuerzos no son aún suficientes. Por lo anterior, exhorto a que apoyemos este dictamen con proyecto de reforma, ya que si uno de los fines de los programas del sector salud es que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, hay que dar prioridad a este grupo vulnerable que son las mujeres durante el periodo de gestación, exentándolas de las cuotas de recuperación las que correspondan a los tres primeros deciles de ingreso, como presenta este proyecto, de tal forma que ningún factor impida dotar de este beneficio a las mexicanas más desprotegidas para garantizar las condiciones que permitan tener un embarazo saludable, así como un parto y puerperio seguros y atención adecuada del recién nacido. Quisiéramos, señor Presidente, indicar una fe de erratas, en la cual en lugar de decir, en el artículo único: ``Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud'', diga: ``Se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley General de Salud''. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doctor Córdoba. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si autoriza esta modificación presentada por el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Dice: ``En relación al dictamen que presenta el día de hoy la Comisión de Salud publicado en la Gaceta Parlamentaria para reformar el artículo 36 de la Ley General de Salud, le solicito el siguiente cambio: Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud: Único. Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud''. Debe decir: ``Proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud. Único. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud''. Firma el diputado José Ángel Córdova Villalobos. Está a consideración la modificación.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto, ya con la modificación presentada por el doctor Córdoba y aceptada por la Asamblea. Esta Presidencia informa a la Asamblea que han pedido el uso de la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero Pérez, del PRD, y la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del PAN, por lo que en términos reglamentarios se les concede el uso de la palabra y se cierra también el registro de oradores. Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados, Rafael García Tinajero Pérez. Y esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a mujeres del municipio de Apaxco, estado de México, que se encuentran en este salón. Maki, ¿quiere pasar usted primero? Las damas primero. ¿No tiene usted inconveniente? Muchas gracias, diputado Tinajero, por su caballerosidad.La diputada Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, diputado Tinajero. Con su venia, señor Presidente. Considerado un proceso injusto y vergonzoso cuya magnitud prácticamente se ha mantenido constante en México durante la última década, la mortalidad materna e infantil continúa siendo un problema de salud pública de gran dimensión, que impacta principalmente a las mujeres de escasos recursos, en su mayoría indígenas, no derechohabientes con bajos índices de escolaridad que residen en municipios de alta marginación y en comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, generalmente dispersas y alejadas de las urbes. Pobres entre los pobres, la mayoría de las indígenas cubren todas las características desventajosas, que elevan el riesgo de morir durante el proceso reproductivo. Para ellas, morir durante la concepción y la cuarentena es tres veces más frecuente que para el resto de las mujeres del país. Cada día mueren en México 3 o 4 mujeres por factores relacionados con el embarazo. Las principales causas clínicas por las que mueren las mujeres son toxemia del embarazo, hemorragias, complicaciones del puerperio y aborto. Aunque existen programas como Arranque Parejo en la Vida y el Programa Ampliación de Cobertura, PAC, éstos no han sido suficientes. Estas altas tasas de mortalidad materna e infantil son causadas por una secuencia de eventos de naturaleza socioeconómica, epidemiológica y de acceso a los programas y servicios de salud, afectando fundamentalmente a los grupos de menores ingresos y a los grupos excluidos socialmente. Dependen, por tanto, de un sistema de determinantes inmediatos, mediatos y de última instancia.

Los determinantes inmediatos son el acceso a los programas y servicios de atención al embarazo, parto y puerperio. Estos servicios determinan la calidad y atención a la mujer y a su hijo durante el embarazo a través de consultas prenatales de la atención obstétrica y al parto por personal especializado y a las consultas de rutina durante el puerperio, para evitar complicaciones postembarazos. La meta de mejoría de la salud materna está por tanto directamente relacionada a las acciones que promueven mejores condiciones en todos estos determinantes inmediatos de las condiciones de salud sexual y reproductiva. Por esta razón, el grupo parlamentario de Acción Nacional apoyamos la iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, para dar servicio a las embarazadas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, Maki. Tiene el uso de la palabra don Rafael García Tinajero Pérez; contamos con cinco minutos.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con permiso; honorable Asamblea, compañero Presidente: sin duda, uno de los indicadores más importantes de salud es el índice de mortalidad materna. Mucho más: no sólo da cuenta de las condiciones de salud de un pueblo, también indica en qué circunstancias se desarrolla la vida económica y social de este mismo pueblo. México no tiene las mejores estadísticas en este rubro. En el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México está catalogado en el lugar 53 entre los países de mayor desarrollo humano, con un índice de desarrollo humano de 0.802 y un PIB per cápita de 8 mil 790 dólares. Sin embargo, seguimos siendo un país desigual, el trigésimo en el mundo, por arriba de países como El Salvador, Nigeria, Kenia, Uganda, Bolivia o Ecuador. El dato más doloroso que se encuentra al comparar México con otros países con índices similares de desarrollo humano está en las estadísticas de mortalidad materno-infantil. Tenemos la tasa de mortalidad materno-infantil más alta dentro del grupo de países considerados de alto desarrollo humano.

En 2003 se registraron 41 mil 350 defunciones en menores de un año; la asfixia perinatal fue la primera causa de muerte. Este dictamen no representa, y lo digo bien y lo digo claro, no representa un gran salto hacia delante; en primer lugar, porque es redundante. La Ley de Salud ya establece la exención de cuotas para quien no tiene la posibilidad de pagar y para los habitantes de zonas marginadas. Los primeros dos deciles están exentos de cuota familiar en la Ley del Seguro de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Todo esto, sin embargo, no ha modificado las tasas de mortalidad materno-fetal. Además, debemos decirlo claramente, porque lo podemos deducir de la propia fundamentación del dictamen, cuando éste señala --por ejemplo--, en el inciso d), la necesidad de que los partos sean atendidos por personal especializado y que en algunas entidades federativas la tasa de mortalidad materna es superior a 150 por 100 mil, mientras que en otras entidades es sensiblemente menor.

Que nuestro problema no sea de cuotas tiene que ver más con la desigualdad, con el rezago en la infraestructura, con el déficit de personal calificado en amplias regiones del país, con la insuficiencia de cobertura. Las mujeres que hoy mueren, mueren por complicaciones del parto en Chiapas; en la Sierra Gorda seguirán muriendo por las mismas causas, aunque la ley diga que no paguen nada. Y los perredistas no decimos que no tengan que pagar, estamos en favor de la salud universal y gratuita; lo que decimos es que hay que afrontar el problema de la salud desigual en México, el problema de la falta de infraestructura, el problema de que muchos mexicanos no tienen acceso a médico ni a hospitales, el problema de la atención del parto y del puerperio no es la adecuada que quisiéramos para millones de mexicanas.

Sin embargo, votaremos a favor de esta iniciativa por dos razones: la primera es que lo que redunda no estorba; y aunque la ley ya lo prevé, es bueno reiterar en la propia ley que los mexicanos, sobre todo los más pobres, no deben pagar por mantener o recuperar la salud.

La segunda es que se ponga atención por parte de este Congreso a un grave problema de salud, el de la mortalidad materno-fetal. Sólo esperamos, lo decimos sinceramente, que la aprobación de esta iniciativa, que aunque insuficiente es loable, no se transforme en punto de toque para otra gran campaña mediática del Ejecutivo, de esas a las que ya nos tiene muy acostumbrados, que sirva para publicitar que en este país, el ``país del cambio'', las condiciones de las embarazadas más pobres han cambiado, aunque en los hechos la verdad sea otra, que todo sigue igual o peor. Y quiero terminar estas palabras haciendo un señalamiento, un tanto fuera del tema, pero que tiene que ver con esto, sobre el uso que se está dando a la Presidencia de la Comisión de Salud, habiendo más de 60 iniciativas en espera, tal parece que las iniciativas que tienen prioridad y las que llegan finalmente al Pleno son sólo las que propone el doctor José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados, esta Presidencia considera el tema suficientemente discutido y ruega a la Secretaría que instruya la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, de tal suerte de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto que nos ocupa.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación.)

Sonido en la curul de la diputada Beatriz Mojica Morgan.

La diputada Beatriz Mojica Morgan (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Del diputado García Solís, sonido.

El diputado Iván García Solís (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: se emitieron 333 votos a favor y 30 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 303 votos, el proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 36 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señoras y señores legisladores: esta Presidencia acaba de recibir del Senado de la República minuta con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo de 2005 a efecto de realizar una visita de Estado a Bolivia y una de trabajo a Jamaica.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo de 2005, a efecto de que realice una visita de Estado a Bolivia y una visita de trabajo a Jamaica.

Atentamente.

México, DF, a 21 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

``UNICO.- Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo de 2005, a efecto de que realice una Visita de Estado a Bolivia y una Visita de Trabajo a Jamaica.

TRANSITORIO

UNICO.--- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 21 de abril de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 21 de abril de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia la turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2001
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de manera exclusiva la facultad y obligación de revisar la Cuenta Pública del año anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 3, y 45 numerales 5 y 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos recibió para su estudio, análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue presentada en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 fracción IV, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

El documento presentado a esta Soberanía se integra por un tomo impreso que analiza los resultados generales alcanzados por el sector público presupuestario en el ejercicio fiscal de 2001, así como por un banco de información que fue entregado en medios magnéticos, en donde se incluyen datos consolidados del Sector Público Presupuestario, del Gobierno Federal y de las entidades de control presupuestario directo e indirecto, referentes a los ingresos considerados en la Ley de Ingresos de la Federación; a los egresos de los ramos administrativos y generales, a los estados analíticos del presupuesto en clasificación funcional, y a la deuda pública (amortización, costo financiero y erogaciones en programas de saneamiento). También se presenta información institucional sobre el Gobierno Federal y las entidades paraestatales de control presupuestario directo e indirecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001 fue turnada a la Auditoria Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus facultades llevara a cabo su revisión y fiscalización.

La Auditoria Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, elaboró y rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el Informe Semestral de Gestión Financiera de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001, conforme a lo establecido en los artículos 74, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67, fracción I, 74 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, en apego a lo dispuesto por el artículo 67, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentó a esta dictaminadora el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2001. La información contenida en este Informe fue considerada para el análisis y elaboración del presente Dictamen.

El presente dictamen, se apegó al marco jurídico vigente siendo éste la ``Ley de Fiscalización Superior de la Federación'', respecto del estudio y análisis, sujetándose también al ``Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001'', así como otras fuentes de información siendo el ``Primer Informe de Gobierno'', el ``Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006'', el ``Informe Anual del Banco de México 2001'', los informes sobre la ``Situación Económica'', las ``Finanzas Públicas'' y la ``Deuda Pública'', de los cuatro trimestres de 2001, así como algunas otras fuentes de información primaria.

A partir de las conclusiones, observaciones y recomendaciones que sobre la información y documentación fueron realizadas por el Grupo de Trabajo y en ejercicio de las facultades Constitucionales, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitimos el presente:

DICTAMEN

I. ASPECTOS GENERALES

La cultura de la rendición de cuentas es un elemento fundamental para el adecuado funcionamiento de las Instituciones Públicas Mexicanas. El mandato constitucional que ordena al Poder Ejecutivo Federal la presentación de la Cuenta Pública Federal a la Cámara de Diputados, tiene el propósito de fortalecer el principio de división y equilibrio entre los poderes de la Unión y representa el instrumento constitucional que hace posible que la administración pública se conduzca bajo los criterios de legalidad, honestidad, transparencia y eficacia.

En el caso de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001, tuvo una doble connotación, dado que se desarrolló en el marco de un nuevo orden legal, que, por voluntad mayoritaria del Congreso de la Unión fue creado y entró en vigor precisamente para el ejercicio anual de 2001. En dicho marco, se ha fortalecido la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de revisión de la nueva Administración Federal de las instituciones públicas que manejan recursos y se ha dotado de mecanismos más eficaces en la conducción de las responsabilidades que corresponden a la Auditoria Superior de la Federación.

Con espíritu autocrítico debe señalarse que el dictamen de la cuenta pública del ejercicio 2001, debió analizarse, discutirse y dictaminarse con mayor oportunidad, dado que el retraso evidente en que se ha incurrido afecta la eficacia de las acciones que la legislación prevé. La revisión de cada cuenta pública debe ser útil no sólo para percatarse de eventuales desviaciones al marco legal en el manejo de los recursos públicos, sino además debe servir para, en un ejercicio corresponsable con el Ejecutivo Federal, mejorar constantemente la gestión gubernamental, tanto en sus aspectos mensurables como en los de carácter cualitativo. Abordar hasta ahora la dictaminación de la cuenta pública del año 2001 canceló muchas acciones que pudieron implementarse de haberse dado este proceso con mayor oportunidad.

La revisión y dictaminación de la cuenta pública representa la fase de control más importante del proceso, de aquí se toman democráticamente decisiones que hacen más eficaz y transparente la gestión gubernamental; derivado del dictamen, debería realizarse una evaluación conjunta entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el propósito de evaluar la conveniencia de mantener, eliminar o fortalecer programas y acciones gubernamentales, independientemente del seguimiento a posibles conductas que no respetaron el marco legal. No es ocioso que dentro del marco de organización de la Cámara de Diputados se haya constituido una Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su responsabilidad se centra en la obligación de conectar los resultados obtenidos en los diferentes programas y acciones gubernamentales con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio siguiente. Ese marco constitucional y legal no tendría sentido si estas funciones legislativas no tuvieran una buena interconexión.

Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.) presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados su programa de auditorías, visitas e inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, no obstante, los datos del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2001, que rindió la Auditoria Superior de la Federación a la H. Cámara de Diputados, indican que se practicaron 335 auditorías, es decir, 49 adicionales a las programadas, con lo cual se practicaron 30 de desempeño, 286 de regularidad y 39 especiales. La variación en el número de auditorias programadas y realizadas corresponden en determinación de la Auditoría Superior de la Federación de auditar más entes públicos federales, ello en plena consonancia con su autonomía técnica y de gestión.

II.- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GENERALMENTE ACEPTADOS.

La cuenta pública federal representa el único instrumento creado por la Ley que hace posible que la Cámara de Diputados ejerza su facultad Constitucional de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, en consecuencia, dicho instrumento debe reunir requisitos mínimos de calidad y contenido, a efecto de estar en condiciones, con apoyo del órgano técnico de fiscalización, de emitir el presente dictamen.

De acuerdo con la información de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en términos generales, el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del año 2001, se apegó a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Asimismo, con base en los análisis de esta dictaminadora en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, respecto a la observancia del cumplimiento y sujeción por parte de la administración pública federal a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se puede concluir que, en lo general, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal relativa al ejercicio fiscal por el año 2001, está presentada bajo los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, salvo lo que se señala a continuación:

No obstante, se observaron diversas excepciones al cumplimiento de los Principios citados, que en el caso del Sector Central se pueden mencionar las siguientes:

-- Registros extemporáneos de ingresos y gastos, realizados o devengados.

-- Deficiencias en el control físico y documental de los bienes existentes.

-- Estados financieros cuya información es incompleta, al no reconocer el efecto de la inflación.

-- En las cuentas de activo no se registraron algunos bienes adquiridos y, por otra parte, no se actualizaron los valores de los inmuebles de las entidades paraestatales.

-- En materia de registro presupuestal no se observaron todas las disposiciones legales aplicables, así como clasificaciones incorrectas de partidas presupuestales en el gasto ejercido.

-- Registro incorrecto del pago de prestaciones al personal con plaza presupuestal y de honorarios.

-- Registro contable incorrecto por adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo.

En general, la revisión de la Cuenta Pública 2001 pudo constatar que diversas dependencias y entidades del sector paraestatal, en su caso, presentaron sus estados financieros con información incompleta, por la omisión de la actualización de sus cifras; no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables; no crearon las reservas de las obligaciones laborales; no cumplieron con la consistencia en el cálculo de la depreciación de los activos fijos; tienen activos excedidos respecto a su valor de recuperación; y no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.

Asimismo, algunas entidades registraron inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que se aplican de manera supletoria, siendo las de mayor frecuencia la falta de ``Cumplimiento de Disposiciones Legales'', ``Revelación Suficiente'', y ``Base de Registro''. Se constató que las operaciones y su registro no se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables, los estados financieros y los registros de los sistemas informáticos no incluyen toda la información que resulta de las operaciones, y los registros se realizaron en forma extemporánea, consignando gastos que no fueron devengados y se presentaron como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001.

III.- OBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS

Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, con base en los datos presentados en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, esta dictaminadora pudo constatar que en términos generales, la Administración Pública Federal se ajustó a lo que disponen los principales ordenamientos legales, tales como la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Coordinación Fiscal; y demás ordenamientos aplicables en la materia, salvo lo que prevén los párrafos siguientes:

se señala enseguida:

Esta dictaminadora detectó que derivado de la revisión de la Cuenta Pública existieron diversas irregularidades, ya que el total de las dependencias y entidades revisadas, en mayor o menor medida, no cumplieron estrictamente algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables. Las principales normas que en materia de ingreso-gasto tuvieron una mayor incidencia de inobservancia, fueron: la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2001.

A nivel de sectores y ramos, los principales infractores fueron los 14 entes auditados del Sector Energía, ya que 12 de los principales ordenamientos jurídicos que inciden en su operación fueron infringidos; en el Sector Comunicaciones y Transportes los 9 entes auditados inobservaron 9 de dichos ordenamientos. Otros sectores donde se detectaron incumplimientos relevantes, son: Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y, Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente.

De los resultados de la revisión de la Cuenta Pública, se puede observar que las principales variantes de inobservancia por ordenamiento jurídico son las siguientes:

En el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 de los 134 entes auditados, incumplieron con diversas disposiciones, siendo las más frecuentes que los manuales generales de organización de algunas dependencias y entidades no incluyen procedimientos específicos y/o carecen de autorización, infringiendo con ello el artículo 19 de dicho precepto.

En relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, se determinó que se violaron diversos artículos, considerando que una de las entidades auditadas no enteró a la Tesorería de la Federación, los ingresos provenientes del cobro de los Derechos por Trámite Aduanero, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11, primer párrafo y 12; otra no obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar deuda externa; una más presentó indebidamente la declaración del cuarto trimestre correspondiente al ejercicio de 2001, relativa a los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de rendimientos excedentes, con lo que incumplió lo dispuesto por el artículo 4, fracción XI.

En relación con la Ley General de Deuda Pública, en el Sector Energía en un ente auditado se observó que a algunos créditos se les dio tratamiento contable de Proyectos con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, no obstante que por su naturaleza jurídica debieron considerarse como créditos directos, con lo cual se contravino lo dispuesto en los artículos 2 y 18 de dicha ley.

En 37 de los 134 entes auditados se determinaron operaciones que no se ajustaron a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, ya que se realizaron contrataciones de personas físicas y morales para la realización de asesorías, estudios e investigaciones, sin notificar al Órgano Interno de Control correspondiente, con lo cual se infringió el artículo 36 de dicho ordenamiento. Se determinó que en el Sector Energía se autorizaron proyectos de infraestructura productiva sin autorización, con lo que se infringió lo dispuesto por el artículo 60.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal estuvo entre los ordenamientos de mayor inobservancia, ya que en 32 dependencias y entidades revisadas se determinaron que se celebraron contratos de obras públicas que rebasaron las asignaciones presupuestales; deficiencias en los sistemas de programación y administración presupuestal, así como registros contables incorrectos. Los artículos de esta ley que no fueron observados son, entre otros, 13, 30, 39, 40 y 42.

En lo que hace al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, ya que 66 entes fiscalizados no atendieron puntualmente su contenido. Los principales incumplimientos fueron por falta de registros por programa y subprograma; desfasamientos en los plazos para contabilizar los movimientos operados en el presupuesto, así como ausencia de procedimientos de registro y control de gastos, con lo cual no se atendieron los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, infringiendo lo dispuesto en los artículos 40, 44, 49, 83, 84, 106 y 105 de dicho precepto.

En cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta Comisión de dictamen constató que en 43 de los 134 entes auditados se observaron diversos incumplimientos. Las principales irregularidades están referidas, entre otras causas a: inexistencia de fianzas; presentación extemporánea de fianzas por parte de contratistas; incumplimiento de contratistas de plazos estipulados para entrega de bienes y servicios, sin que se hayan aplicado las sanciones correspondientes; se determinaron compras de bienes en existencia y se detectaron compras fraccionadas. También se detectó que en varios contratos no se incluyeron cláusulas de garantía de cumplimiento, ni penas convencionales por la entrega extemporánea de los materiales; tampoco se estipularon las condiciones de pago ni se señaló el precio unitario de los bienes; en los contratos de servicio de asesoría no se precisó si el precio era fijo o estaba sujeto a ajustes. Los principales artículos no observados son 1, 6, 40, 45, 46, 48, 52, entre otros.

En materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la mayor incidencia de observaciones están asociadas a irregularidades en la planeación, ejecución, administración y control de obra pública. De manera específica, en una entidad se determinaron casos en que los volúmenes de obra contratada fueron superiores a las necesidades del ente; se efectuaron pagos indebidos por la incorrecta integración de precios unitarios, se pagaron volúmenes de obra diferentes a los contratados. Asimismo, se detectaron diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados. En cuatro entidades fiscalizadas se observó que no contaron con la fianza de vicios ocultos, y en tres la fianza fue tramitada con fecha posterior a la firma y/o acta de entrega correspondiente. En otro caso se detectó que una de las entidades fiscalizadas no realizó con suficiencia los estudios previos de ingeniería; que los trabajos no se iniciaron en la fecha pactada; que la entidad no formalizó el acta de entrega recepción dentro de los plazos establecidos, y se determinaron pagos en exceso en virtud de que se omitió la aplicación de factores de decremento en los ajustes de costo. Se determinó que una entidad realizó pagos sin contar con el soporte documental que desglosa el peso de los elementos que integran las volumetrías pagadas y, en otra, las estimaciones recibidas de los contratistas consideran una periodicidad mayor a un mes. También se observaron diversos incumplimientos a las cláusulas previstas en los diferentes contratos de obra pactados con los proveedores. De esta ley se infringieron los artículos 19, 33, 44, 52, 53,54, 64, 66 y 74, entre otros.

Por lo que corresponde a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, se determinó que una entidad revisada careció del Manual de Procedimientos para controlar la recepción, entrega y registro de mobiliario y equipo. Se determinó que el propio ente no presentó su programa anual de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, y que su Comité de Adquisiciones careció del manual que regula sus funciones. Por otra parte, se detectó que otra entidad creó reservas de partidas cuyo origen no es identificable; y no contó con los lineamientos aprobados por el Órgano de Gobierno para afectar contra reservas los saldos de las cuentas de bancos y las cuentas relacionadas con pasivo y patrimonio.

En la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, se detectó que 22 entidades federativas, incluyendo diversos municipios auditados, no cumplieron con las disposiciones de esta ley. Dentro de las irregularidades más comunes podemos mencionar que los recursos federales transferidos vía Ramo General 33, fueron aplicados por 12 entidades a fines distintos a los que establecen los artículos 33, 37, 40, 45 y 46 de la ley, así como también deficiencias para la administración, control, aplicación, registro y comprobación de los recursos transferidos.

En lo concerniente a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se determinó su infracción en dos entidades públicas. El caso más relevante se refiere a una entidad que no enteró parte de la recaudación por Derecho de Trámite Aduanero, en contravención de lo que estipula el artículo 30, párrafo primero, de la referida Ley, y 26 de su Reglamento.

Por lo descrito anteriormente, esta dictaminadora considera que si bien la administración pública federal atendió de manera general los preceptos jurídicos y normativos relacionados con la materia, de la revisión de la Cuenta Pública se desprenden un número significativo de incumplimientos que han constituido observaciones a su contenido, siendo procedente que la Auditoria Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones, de puntual seguimiento a su solventación y finque las responsabilidades conducentes.

IV.- EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS OBSERVACIONES

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, la Auditoría Superior de la Federación realizó un ejercicio para cuantificar los efectos económicos de las observaciones determinadas, agrupándose para tal caso en tres bloques: a) criterios contables de registro y revelación; b) Fobaproa-IPAB, y c) inobservancia de la normatividad.

El conjunto de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación se tradujo en un efecto económico de 339 mil 456.2 millones de pesos cifra que representa una referencia monetaria de las observaciones detectadas, las que agrupadas de manera esquemática por origen de la observación dan el siguiente resultado:

Las observaciones anteriores, en los términos de la Ley, fueron comunicadas a las dependencias y entidades responsables aún antes de la rendición del informe de resultados que sirve de base para emitir el siguiente dictamen, y su consideración obedece precisamente a hecho de que no fueron solventadas a la fecha de rendición del informe de resultados aludido, sin embargo, también apegado al proceso legal instituido, las dependencias y entidades han dispuesto de los plazos legales para argumentar lo que a ellas convenga, por lo que se estima conveniente presentar a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la información que actualizada desde el 24 de enero del 2005, respecto del estado que guardan dichas observaciones, tal y como se muestra a continuación.

V.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS Y DE FINANZAS PÚBLICAS

V.1 Panorama Económico

Desde el inicio de 2001 la evolución de la economía mexicana se vio afectada por diversos factores, que si bien algunos de ellos fueron contemplados en la elaboración del programa económico, al agudizarse su tendencia hacían prever un desempeño menos favorable que el anticipado.

En particular, la desaceleración de la economía mundial en una proporción mayor a la esperada, la reducción de la plataforma de exportación de petróleo y la presencia de diversos episodios de volatilidad externa, impactaron negativamente al comercio exterior mexicano, y con ello a la actividad productiva y al empleo.

De esta manera se observó que las principales variables económicas presentaron desviaciones importantes respecto de las metas previstas en los Criterios Generales de Política Económica.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% en términos reales, cifra muy por debajo del crecimiento de 4.5% originalmente proyectado y del alcanzado un año antes 6.6%.

El sector industrial se contrajo en 3.5 por ciento anual, lo que se reflejó en una pérdida importante de empleos, al perderse durante el año 358 mil 587 empleos formales.

Por su parte, el sector servicios mostró un crecimiento anual de 1.1 por ciento a precios constantes, influido por la evolución de los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, que se expandieron a una tasa de 4.1 por ciento.

El sector agropecuario, silvicultura y pesca aumentó en 2.5 por ciento real, debido tanto a las favorables cosechas en frutas, granos y oleaginosas, como a la mayor captura de diversas especies de mariscos y pescados.

No obstante las dificultades en la economía real, el desempeño financiero fue positivo. El ritmo de crecimiento de los precios se abatió significativamente, en razón del manejo de la política monetaria, y apoyado por menores presiones de demanda; de esta manera; la inflación se ubicó en 4.4%, cifra 2.1 puntos por debajo de la meta originalmente proyectada.

Producto de lo anterior, las tasas de interés tuvieron un comportamiento congruente con las bajas expectativas inflacionarias y las restricciones en materia de política monetaria. El rendimiento de los CETES a 28 días promedió 11.26%, lo que represento un punto porcentual por debajo de lo estimado.

Por lo que se refiere al sector externo, durante el 2001, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos representó el 2.9% del PIB, cifra ligeramente inferior a la registrada en el 2000. El comercio exterior de México se redujo, pues las importaciones mostraron una contracción de 3.5% respecto del año previo y las exportaciones lo hicieron en 4.8%, situación que se explica, entre otros factores, por la reducción en el volumen de venta al exterior del crudo, debido a las acciones llevadas a cabo para detener la caída de los precios en los mercados internacionales.

V.2 Finanzas Públicas.

El balance presupuestario, arrojó un déficit de 43,430 millones de pesos, monto superior en 2 mil 459.7 millones de pesos respecto de la meta aprobada. Como proporción del PIB fue equivalente a 0.75 por ciento, mayor en 0.1 puntos al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año. Comparativamente con el año anterior, fue inferior en 0.3 puntos porcentuales.

El superávit primario -que se obtiene de restar al balance presupuestario los recursos asociados al costo financiero de la deuda- se situó en 144 mil 630.5 millones de pesos, nivel equivalente al 2.5 por ciento del producto, menor en 0.1 y 0.2 puntos porcentuales al del ejercicio precedente y al pronóstico, respectivamente.

Los ingresos ordinarios del sector público se ubicaron en un billón 271 mil 646.3 millones de pesos, cifra inferior en 2.4 por ciento a la prevista en la Ley de Ingresos, y mayor en 2.3 por ciento real a la del ejercicio previo.

La disminución de la actividad económica, la fortaleza del peso frente al dólar y la reducción de la plataforma de exportación del crudo incidieron en la captación de los recursos, principalmente los de origen petrolero.

Por su parte, el crecimiento real con respecto del año 2000 fue resultado del favorable desempeño de los ingresos tributarios, mismos que se elevaron a una tasa de 6.8 por ciento en términos reales, así como el de los organismos y empresas diferentes de PEMEX que se incrementaron 2.4 por ciento real.

El gasto neto total del sector público -gasto total menos amortizaciones de la deuda- ascendió a un billón 327 mil 188.1 millones de pesos, monto que comparado con el del ejercicio precedente fue mayor en 1.3 por ciento real; en tanto que, respecto a lo autorizado originalmente resultó inferior en 34 mil 678.4 millones de pesos.

V.2.1 Ingresos Presupuestarios:

Durante 2001, los ingresos ordinarios del sector público presupuestario ascendieron a un billón 271 mil 646.3 millones de pesos, monto inferior en 2.4 por ciento con relación a lo previsto en la Ley de Ingresos. La contracción nominal observada, se explica fundamentalmente por los recursos de origen petrolero, que se asocia, al menos, con tres factores:

Ventas internas de petrolíferos y petroquímicos menores a las programadas.

Un tipo de cambio promedio inferior al considerado como referencia en la proyección inicial.

La disminución de la plataforma de exportación de petróleo crudo, instrumentada para apoyar el precio de este producto en el mercado internacional.

En cuanto a los ingresos no petroleros, se distinguen las caídas en los impuestos a la Importación y Especial sobre Producción y Servicios -IEPS-, así como en los Aprovechamientos, sobre todo por el diferimiento de las desincorporaciones previstas.

Lo anterior se compensó, en parte, con una mayor captación respecto al año anterior de los gravámenes al Valor Agregado, sobre la Renta y Tenencia o Uso de Vehículos.

Asimismo, los ingresos propios del sector paraestatal distinto de PEMEX superaron en 1.0 por ciento la meta anual, lo que se atribuye, fundamentalmente, a recursos adicionales reportados por Luz y Fuerza del Centro, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

V.2.2 Gastos Presupuestarios.

Debido a que la reducción de los ingresos por la menor venta de petróleo no pudo ser compensada con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y dadas las condiciones legales establecidas para su aplicación, a lo largo del año se realizaron cuatro ajustes al presupuesto de las dependencias y entidades, con la finalidad de no rebasar el límite de déficit fiscal aprobado por el Poder Legislativo.

De esta manera durante el primer trimestre del año el sector público presupuestario registró ingresos ordinarios inferiores a lo estimado en 3 mil 375.3 millones de pesos, razón por la cual en mayo se realizó un ajuste al presupuesto de las dependencias y entidades por la misma cantidad.

Al período enero-junio los ingresos acumularon una contracción respecto a lo programado por 10 mil 175.3 millones de pesos, por ello, en agosto se determinó efectuar un segundo ajuste al gasto equivalente a 6 mil 800.0 millones de pesos, en función de los ahorros generados principalmente en las erogaciones corrientes.

Durante el tercer trimestre los ingresos presupuestarios continuaron su trayectoria negativa; respecto a lo programado, acumulando una menor captación por 13 mil 220.0 millones de pesos, así, en noviembre se determinó una nueva reducción al presupuesto de las dependencias y entidades por 3 mil 045.0 millones de pesos. Dicha medida se llevó a cabo a través de un recorte de 2 mil millones y con ahorros en gasto corriente por un mil 45.0 millones de pesos.

En diciembre se realizó un último ajuste por 3 mil millones de pesos, mismo que se cubrió con un ahorro en el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales.

En resumen, los cuatro ajustes presupuestarios sumaron 16 mil 220.3 destacando los correspondientes a los presupuestos de los ramos: Provisiones Salariales y Económicas; Comunicaciones y Transportes; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a algunas entidades de control presupuestario directo como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Bajo este contexto, en 2001, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total menos amortización de la deuda- ascendió a un billón 327 mil 188.1 millones de pesos, cifra por abajo de lo esperado en 2.5 por ciento, que equivale a una disminución neta de 34 mil 678.4 millones de pesos.

V.2.2.1 Gasto Programable:

El gasto programable fue de 937 mil 213.9 millones de pesos, cantidad inferior en 1.2 por ciento respecto al proyecto inicial, aunque respecto de lo ejercido un año antes fue superior en 4.0 por ciento en términos reales, lo que se asocia con el incremento en el gasto corriente por 3.4 por ciento y por el de capital en 6.7 por ciento.

Los menores recursos ejercidos se asocian, en gran medida, con los ajustes efectuados al presupuesto, mismos que afectaron la inversión física directa, que cayó 6.1 por ciento en términos reales en comparación con el 2000, y que en términos absolutos fue inferior en 26 mil millones de pesos frente a lo aprobado por la H. Cámara de Diputados.

Se destinaron mayores recursos a las entidades federativas a través del Ramo 33 para cubrir aumentos salariales y la creación de plazas asociadas a los sistemas estatales de educación básica y salud, y se observaron incrementos superiores a lo previsto en los sueldos y prestaciones económicas de las entidades de control presupuestario directo, particularmente en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

La inversión física directa disminuyó en 19.0 por ciento con relación a lo autorizado. En este resultado influyeron, al menos, los siguientes factores:

El desfase en el programa de inversiones de Comisión Federal de Electricidad, particularmente de proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos; el diferimiento de la entrada en operación comercial de las centrales Río Bravo, Hermosillo y Saltillo, y el menor tipo de cambio respecto al utilizado en la elaboración del presupuesto.

La reducción de los recursos orientados al pago de capital de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en operación de PEMEX; el ajuste en los registros del Proyecto Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga, y el retraso en la facturación de contratistas.

La demora en los procesos de licitación, que ocasionó la cancelación de algunas adquisiciones y el aplazamiento en la ejecución de obras por parte del IMSS, principalmente en hospitales generales, regionales y unidades de medicina familiar.

Los menores recursos asociados a la construcción de las carreteras a cargo de la SCT

La cancelación del Programa de Vivienda Progresiva en 11 entidades federativas, al no contar con la reserva territorial necesaria y que, en algunos casos, no cumplieron con las reglas de operación, lo cual incidió en el programa de inversión de SEDESOL.

V.2.2.2 Gasto No Programable:

Al gasto no programable del sector público presupuestario se destinaron 389 mil 974.2 millones de pesos, cantidad por abajo de la previsión en 5.7 por ciento.

Los intereses, comisiones y gastos de la deuda disminuyeron en 11.7 por ciento con relación a la meta. Dicho comportamiento se asocia tanto con el componente interno como con el externo.

Las participaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 196 mil 931.2 millones de pesos, cantidad superior en 1.5 por ciento a la programada, debido a la favorable evolución de la recaudación federal participadle.

En los programas de apoyo financiero se erogaron 39 mil 850.2 millones de pesos, lo que implicó rebasar lo previsto en 1.7 por ciento. Esto se explica por los mayores recursos destinados al Programa para Apoyar a los Deudores de Vivienda, a fin de cubrir los compromisos asumidos en el Programa Punto Final, lo que a su vez, implicará una disminución del monto a pagar de 2003 a 2006.

En resumen, los resultados son los siguientes:

Por considerarlo de interés general y además como soporte al presente dictamen, a continuación se muestran los resultados obtenidos particularmente en algunos programas que se consideran prioritarios:

Pobreza Extrema

Durante 2001 se destinó a los Programas para Superar la Pobreza Extrema 59 mil 713.8 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 9.7 por ciento real, pero un subejercicio de 5.2 por ciento con respecto del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, al dejar de erogar 3,287.6 millones de pesos.

Desarrollo Humano:

Para el ejercicio fiscal del 2001, la Cámara de Diputados autorizó recursos destinados a este concepto, 31 mil 663 millones de pesos, sin embargo todos los programas que componen esta vertiente de apoyo social registraron subejercicios, que en conjunto ascendieron a 1,793.7 millones de pesos.

Infraestructura Social Básica:

Los recursos orientados al fortalecimiento de la Infraestructura Social Básica ascendieron a 20 mil 803.7 millones de pesos; de los cuales, se dejaron de ejercer 518.2 millones de pesos.

Productividad y Empleo:

La ejecución de los programas para promover la Productividad y el Empleo en zonas de pobreza correspondió a cuatro programas que en conjunto registraron un subejercicio de 975.7 millones de pesos.

V.3 Deuda Pública.

Durante el 2001, la política de deuda pública se orientó a cubrir el déficit fiscal, ampliar el vencimiento promedio de las obligaciones gubernamentales, reducir el costo del financiamiento, disminuir la vulnerabilidad de la deuda pública ante cambios en el entorno internacional y captar recursos para el refinanciamiento de las obligaciones financieras del sector público.

Entre las líneas de acción de mayor relevancia destacaron: financiar el déficit del Gobierno Federal a través del mercado interno; aprovechar el acceso a los mercados internacionales de capital, para realizar operaciones de administración de pasivos; colocar bonos en el exterior a fin de prolongar el vencimiento promedio de los pasivos externos, en particular los de tasa fija; retirar del mercado Bonos Brady, mediante operaciones de recompra e intercambio de deuda, y publicar con anticipación las subastas de valores gubernamentales para propiciar mayor certidumbre en los mercados.

Al cierre del año 2001, el sector público presupuestario registró un endeudamiento neto en términos de flujo de efectivo de 55 mil 120.9 millones de pesos, resultado que se explica por un endeudamiento interno neto por 68 mil 298.1 millones de pesos, que fue compensado por un desendeudamiento neto con el exterior por 13 mil 177.2 millones de pesos.

Institucionalmente, el Gobierno Federal presentó un endeudamiento neto de 64 mil 136.9 millones de pesos, resultado de un endeudamiento interno por 70 mil 549.6 millones, el cual fue compensado por un desendeudamiento con el exterior por 6 mil 412.7 millones de pesos. Por su parte, el sector paraestatal reportó un desendeudamiento neto de 9 mil 016 millones de pesos, de los cuales 2 mil 251.5 millones correspondieron al componente interno y 6 mil 764.5 millones al externo.

El saldo de la deuda externa bruta del sector público se ubicó en 643 mil 128.9 millones de pesos, cantidad inferior en 14 por ciento real respecto del registro del año 2000 y equivalente al 11.1 por ciento del PIB.

Entre los principales elementos que caracterizaron la evolución de la deuda externa pueden señalarse los siguientes:

-- Reestructuración de pasivos externos para mejorar su perfil y costo, y la obtención de financiamientos por un monto no mayor al requerido para compensar los vencimientos de las obligaciones externas para el 2001.

-- Operaciones de administración de pasivos que repercutieron de manera positiva en el saldo, costo y perfil de vencimientos de los pasivos externos, mediante las cuales se captaron 8 mil 999.7 millones de dólares.

-- Cancelación anticipada de Bonos Brady por 8 mil 638.7 millones de dólares, cifra que representó poco más del 50 por ciento del saldo al cierre de 2000.

-- Emisión de bonos en los mercados internacionales de capital por parte de PEMEX, por 600 millones de dólares, para apoyar el refinanciamiento de sus pasivos.

-- Obtención de recursos provenientes de líneas de crédito de Comercio Exterior por 9 mil 8.6 millones de dólares; del Mercado Bancario por 3 mil 668.9 millones de dólares; de OFI's por un mil 398.9 millones de dólares y por otros conceptos por 654.8 millones de dólares.

Es importante considerar que el financiamiento externo del sector público se destinó fundamentalmente a refinanciar pasivos; apoyar programas de exportación y exportación de crudo, gas natural y petrolíferos; programas de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas; y programas de saneamiento financiero de estados y municipios, y financiar proyectos de infraestructura petrolera y educativa, entre otros propósitos.

Respecto de la deuda interna bruta del sector público presupuestario, al cierre del 2001 ésta ascendió a 777 mil 740.1 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 6.7 por ciento real en relación con el saldo de un año antes. Como proporción del PIB, la deuda interna bruta presupuestaria se ubicó en 13.5 por ciento.

La deuda interna bruta correspondiente al Gobierno Federal alcanzó los 763 mil 558.6 millones de pesos, cifra superior en 88 mil 451.9 millones de pesos al saldo registrado en 2000, como resultado de un endeudamiento interno neto de 80 mil 209.4 millones de pesos, más ajustes contables al alza por 8 mil 242.5 millones de pesos. Con relación al PIB el saldo de la deuda interna bruta del Gobierno Federal se situó en 13.2 por ciento, frente a 12.3 por ciento del 2000. En términos netos, la deuda interna del Gobierno Federal, ascendió a 690 mil 977.2 millones de pesos, cifra mayor en 84 mil 795 millones de pesos respecto al observado en 2000.

Otros aspectos relevantes en materia de deuda interna para el ejercicio fiscal de 2001, fueron:

-- Se cubrieron las necesidades de financiamiento derivadas del déficit del Gobierno Federal y se mejoró el perfil de vencimiento de los valores gubernamentales.

-- Se siguió informando de manera anticipada el esquema trimestral de subastas de títulos gubernamentales vigentes.

-- Se continuó aplicando medidas para ampliar la liquidez en los mercados secundarios del papel gubernamental, como son, la reapertura de emisiones a diferentes plazos y la consolidación de la figura de formadores de mercado.

-- Se buscó reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante movimientos al alza en las tasas de interés, e impulsar un mercado de deuda privada de largo plazo, con la incorporación de instrumentos de más largo plazo.

-- Se incrementó el plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales en 39 por ciento, al pasar de 368 días al cierre de 2000 a 748 días a diciembre de 2001.

-- Los valores gubernamentales representaron el 89.5 por ciento de la deuda interna bruta del Gobierno Federal, dentro del cual los BONDES representaron el 43.9 por ciento, los CETES 27.4, los Bonos de desarrollo a Tasa Nominal Fija 15.4; y UDIBONOS 13.3 por ciento.

En materia de costo financiero de la deuda pública, en el año 2001 el sector público presupuestario erogó 188 mil 060.6 millones de pesos para cubrir dicho costo (intereses, comisiones y gastos de la deuda), así como los apoyos financieros a los ahorradores y deudores de la banca, cantidad menor en 19 mil 24.7 millones de pesos respecto del monto originalmente previsto a ejercerse para ese año (207 mil 085.3 millones de pesos).

Para atender el pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria, se destinaron 148 mil 210.4 millones de pesos, cifra 11.7 por ciento inferior a lo previsto en el programa anual.

Por lo que hace a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, se erogaron 39 mil 850.2 millones de pesos, de los cuales 24 mil 270 millones se destinaron al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del IPAB, y 15 mil 580.2 millones de pesos a los programas de Apoyo a Deudores, este último, superior en 672.3 millones de pesos a los recursos autorizados para el año, lo que se explica principalmente por la ampliación de los pagos destinados a cubrir los compromisos del Programa de Apoyo a Deudores de Créditos Hipotecarios.

Por todo lo anteriormente expuesto la H. Cámara de Diputados emite el siguiente D E C R E T O al amparo de los siguientes considerandos:

PRIMERO.- El Poder Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2001.

SEGUNDO.- La Auditoria Superior de la Federación, en uso de las facultades que le otorga la Ley, revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal e informó de sus resultados a la Cámara de Diputados, con base en lo cual se concluye que:

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue presentada, en lo general, de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental salvo lo previsto en el Capítulo II del presente documento.

La gestión Gubernamental de manera general respetó el marco normativo y legal aplicable, salvo lo dispuesto en el Capítulo III del presente documento.

Los resultados económicos tuvieron desviaciones respecto a las metas proyectadas, tal y como se explica en el Capítulo V del presente documento.

D E C R E T O

ARTÍCULO 1.- La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001 fue recibida en tiempo y forma el 10 de junio del 2002 por la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 fracción IV séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 2.- En uso de las facultades previstas en el primer párrafo de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados procedió a revisar la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2001.

ARTÍCULO 3.- En los términos del párrafo quinto de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, la Cámara de Diputados ha conocido los resultados de la gestión financiera y ha comprobado que dichos resultados no se ajustan a los criterios señalados por el presupuesto ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas que expresamente fueron observados en los capítulos II, III y V.

ARTÍCULO 4.- La Cámara de Diputados en ejercicio de la facultad exclusiva que le otorga la fracción IV del Artículo 74 Constitucional, instruye a la Auditoría Superior de la Federación que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación pendientes y finque las responsabilidades procedentes.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Presidente; Alejandro González Yáñez, secretario; Minerva Hernández Ramos (rúbrica), secretaria; Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), secretario; Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretario; Arturo Osornio Sánchez, secretario; José Guadalupe Osuna Millán, secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica en contra), secretaria; Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica en abstención), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica en contra), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Gustavo Madero Muñoz (rúbrica en contra), Raúl Mejía González (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica en contra), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica en contra), Oscar Pimentel González (rúbrica), Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica en contra), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Francisco Suárez Dávila (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica en contra), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica).

Es de segunda lectura.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra don Guillermo Huízar Carranza, por la comisión, por 10 minutos.

El diputado Guillermo Huízar Carranza: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea: con fundamento en lo previsto en el artículo 74, fracción IV, constitucional, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta Asamblea el dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2001. El precepto constitucional invocado otorga a la Cámara de Diputados, de manera exclusiva, la facultad y la obligación de revisar la Cuenta Pública y tiene por objeto hacer posible que esta Asamblea, en quien descansa la representación popular, conozca de los resultados de la gestión financiera, compruebe si se han ajustado los criterios señalados por el Presupuesto y si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas. El mandato constitucional de revisar la Cuenta Pública representa el instrumento más eficaz para que el pueblo se entere de la eficiencia, honradez y economía con que fueron administrados los recursos públicos confiados a sus gobernantes y este dictamen, así como el informe de resultados de la revisión, son el mecanismo de publicidad que cumple ese objetivo. Luego entonces, se trata con este dictamen de informar con objetividad y realismo a la sociedad de los resultados obtenidos en el año de referencia, del respeto que se haya hecho a la norma general y obligatoria y de las acciones enderezadas por la autoridad competente para castigar a los presuntos responsables.

Desde la conclusión del ejercicio fiscal que se dictamina han tenido que transcurrir 3 años, 3 meses y 20 días para estar en condiciones de cumplir nuestra obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la norma en lo que a manejo de recursos públicos y cumplimiento de metas económicas se refiere. Para llegar a este momento hubo que superar muchas resistencias; una de ellas, la postura sospechosa de algunos diputados del Partido Acción Nacional, que afirmaban que era improcedente dictaminar la Cuenta Pública, sugiriendo que el mandato de la Constitución se satisfacía con la presentación de resultados del auditor superior. Por fortuna, ese debate, por insostenible, pronto terminó.

Hoy estamos todos los mexicanos en condiciones de hacer una evaluación seria, objetiva, responsable de lo ocurrido en 2001, año que representa el primero del ejercicio constitucional de la presente administración, cuando le queda solamente uno para concluirla. De esta administración no hay todavía una sola Cuenta Pública dictaminada. Esta evaluación es útil también sobre todo ahora, que está de moda la construcción de un templo a la legalidad, ahora que nos sentimos muy cómodos postrados ante el imperio del derecho, ahora que nos hemos propuesto juzgar y castigar, ahora que, como alguien dijo, seamos bienvenidos a la inauguración del respeto irrestricto de la ley. Este dictamen nos da esa oportunidad de mirar por la ventana de la congruencia, de asomarnos al mundo real, de alejarnos de la retórica y de la demagogia, de hacer justicia, justicia real, no justicia selectiva.

El dictamen que se presenta a su consideración hace un relato cronológico a detalle del trabajo desarrollado por la Auditoría Superior de la Federación, con la participación destacada de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Reporta también los principales resultados obtenidos en las 355 revisiones prácticas a 134 de un total de 335 entes públicos, con una cobertura de apenas 40 por ciento, lo que significa que el restante 60 por ciento, es decir, 201 entes públicos, no fue objeto de revisión alguna. El resultado de este trabajo concluyó con la emisión de 3 mil 23 observaciones, de las que se derivaron 4 mil 113 acciones correctivas y preventivas. Tales observaciones tienen que ver con claras deficiencias en la operación de los sistemas o mecanismos de control interno, con el incumplimiento de objetivos y metas de algunos programas institucionales, con la presunción de daño al erario federal o al patrimonio de las dependencias o entidades, con la falta de comprobación o justificación de diversas operaciones. Muchas de las anteriores motivaron la solicitud de intervención del órgano interno de control. Efectivamente, compañeros y compañeras diputadas y diputados, a la Administración Pública Federal en 2001 se detectaron operaciones al margen de la norma en 3 mil 23 ocasiones, 14 veces por día, lo que equivale a una acción sistemática y cotidiana, a un modus operandi, a un evidente desprecio por respetar la reglamentación aplicable.

Para muestra, el Informe de Resultados de la Auditoría Superior, relativo al capítulo de obras públicas: se determinaron situaciones concretas que deberán ser plenamente justificadas, como son que no se haya presentado el soporte documental de pagos realizados, la diferencia de volúmenes de obra pagados contra lo realmente ejecutado, los anticipos fuera de norma, los trabajos pagados que no cumplen las especificaciones de construcción... En fin, sólo de este rubro la Auditoría formuló 65 observaciones. Se registran como pasivos contingentes obligaciones tales como el Fobaproa y Pidiregas, que por su naturaleza son compromisos reales para el sector público presupuestario, y en cambio se omiten en el registro de contingentes pasivos que deberían ser clasificados en ese rubro, como el IPAB y las pensiones a cargo del Gobierno Federal. El caso más significativo sigue siendo el Programa de Capitalización y Compra de Cartera en poder del Fobaproa-IPAB. En este particular, la Auditoría Superior ha detectado múltiples operaciones al margen de la norma, por lo que se han generado 32 observaciones, con un efecto económico de casi 60 mil millones de pesos a pesos de diciembre de 2002. En resumen, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la Administración Pública Federal en 2001 violó la norma en 309 ocasiones, 18 veces la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4 veces la Ley de Ingresos, 37 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación, 32 veces violó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 66 veces su Reglamento, 43 veces la Ley de Adquisiciones, y así sucesivamente. Todo lo anterior, con un efecto económico de poco más de 339 mil millones de pesos, que a la fecha, como dice el dictamen, a más de tres años de distancia, todavía no se logran aclarar 34 mil 400 millones de pesos.

En materia económica, las cosas fueron mucho peor: en 2001, la administración pública no cumplió la meta de crecimiento. En lugar de crecer a 4 y medio, como lo ofrecieron, la economía se contrajo. Con ello perdimos, sólo en ese año, más de 350 mil empleos formales. Nos quedamos por debajo de la meta de ingresos públicos en poco más de 30 mil y se tuvo que recurrir a la dolorosa medida del recorte a los programas institucionales. Diputadas y diputados: éstos son los resultados de 2001 que, aunque ya lejano, no deja de mostrar sus efectos negativos hasta ahora. Un 2001 que desnuda a una administración pública ineficaz y retadora del imperio del derecho, porque por el estilo están los resultados de 2002 y de 2003, que ojalá esta Legislatura tenga tiempo y voluntad de dictaminar. Es aquí y ahora donde se muestran en su dimensión real la congruencia, el compromiso por respetar el Estado de derecho que tanto se pregona, es aquí donde se evidencian los bocones, los apóstoles ficticios del derecho, los acusadores sistemáticos que se enredan con su propia historia; ninguna democracia tiene posibilidades de sostenerse con semejantes resultados. En el terreno de la revisión de cuentas, en el terreno de la transparencia y de la eficacia gubernamental, más bien, con estos resultados se arriesga. Honorable Asamblea, no tengo duda de que con su voto a favor del dictamen estaremos cumpliendo nuestro deber. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional, para presentar moción suspensiva en términos del artículo 110 del Reglamento.El diputado Rafael Sánchez Pérez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, plantea al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que apruebe una proposición suspensiva al dictamen sobre la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2001, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que se pretende votar en este momento, bajo los siguientes argumentos:

El artículo 74 de la Constitución General otorga a este órgano del Poder Legislativo la facultad exclusiva y originaria para revisar la Cuenta Pública. Dicha atribución es delegada por la misma Norma Suprema en un órgano técnico, denominado ``Auditoría Superior de la Federación'', al que se dota de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, fundamentación y resoluciones. En estricto cumplimiento del procedimiento constitucional y legal, el Ejecutivo federal presentó en tiempo y forma la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001 ante la comisión respectiva en la LVIII Legislatura federal. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001 fue turnada a la Auditoría Superior de la Federación para que, en ejercicio de sus funciones y facultades, llevara a cabo su revisión y fiscalización.

Dicho ente superior de fiscalización, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución General y en la Ley de Fiscalización, elaboró y rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta de Hacienda Pública Federal de 2001, pero --y esto es muy importante-- sin haber entregado la totalidad de los elementos mínimos que debe contener dicho documento, como los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública, tal como lo prevé y ordena la hipótesis normativa contenida en el inciso a) del artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

No obstante lo anterior, y con la documentación del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública incompleta, dado que no contenía los dictámenes de la revisión, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Legislatura anterior presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dichos documentos, los cuales han sido considerados para el análisis y la elaboración del dictamen que se presenta en este momento, lo cual se estima como un exceso de autoridad. En efecto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LIX Legislatura presenta al Pleno de la Cámara de Diputados un supuesto proyecto de dictamen elaborado al margen de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Lo anterior parte de la clara premisa de que al momento de crearse un órgano técnico como el responsable de llevar a cabo la fiscalización y la revisión de la Cuenta Pública, en este caso la Auditoría Superior de la Federación, dotado además de los recursos materiales y financieros necesarios, así como también integrado por profesionales técnicos y especialistas en la materia, fue con la finalidad de despolitizar dicha revisión, como acontecía, y de que los análisis y dictámenes elaborados por la misma atiendan principios y criterios de objetividad y eficacia técnica. Es más, la hipótesis normativa de procedencia que daba el sustento para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitiera los dictámenes de la Cuenta Pública contenidos en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en cuanto a su alcance y contenido en el año de 1999.

Cabe señalar que si bien el artículo 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá la obligación, al examinar el proyecto de Presupuesto del año próximo siguiente y las cuentas del anterior que remite el Ejecutivo y de presentar dictamen sobre ellos dentro de los 30 días siguientes, dicho precepto ha sido derogado, según lo ordenado por el artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000. Asimismo, no debe pasar inadvertido que, en el anterior marco normativo en materia de fiscalización, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, contaba con un insumo para elaborar el dictamen, a través del denominado ``informe previo'', que en la actual Ley de Fiscalización no se considera, de donde se debe colegir que desaparecer dicha figura es con la intención de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ya no emita dictamen alguno sino que, como se ha comentado, reconozca la validez de los dictámenes que al respecto genera el órgano técnico en que delega dicha atribución. Para mayor abundamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, constitucional, el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública deberá contener, entre otros, los dictámenes de su revisión.

En tal virtud, al establecer esta disposición legal la obligación de que se elaboren y entreguen dictámenes sobre la Cuenta Pública, debe discernirse que dichos dictámenes, por la delegación de funciones mencionada, los debe hacer suyos la propia Cámara de Diputados. Por otra parte, y como ya se mencionó en este documento, en forma por demás anómala la Auditoría Superior de la Federación hizo entrega de los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública, situación que, si bien puede motivar sanción para el auditor superior, de ninguna faculta a este órgano colegiado para suplirlo en sus deficiencias. Por lo anteriormente fundado y expuesto, solicitamos que esta Asamblea apruebe la moción suspensiva a efecto de evitar la violación del marco constitucional y legal en materia de fiscalización en que está incurriendo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que el proyecto de dictamen que se pretende discutir sea regresado a dicha comisión para que, en primer lugar, a través del procedimiento respectivo se solicite a la Auditoría Superior de la Federación la entrega de los dictámenes de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2001, que no presentó en tiempo y forma. Y una vez realizado lo anterior, con la integración de los expedientes respectivos, sea la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la responsable de la custodia de dichos informes, facilitando su disposición para consulta tanto de las comisiones que integran esta Cámara de Diputados como al público en general. Mucha gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Pido la palabra.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Pablo Gómez: esta Presidencia le da el uso de la palabra en calidad de impugnador de la moción, en términos del 110.El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados: no debería pasar inadvertido para la Cámara y la opinión pública que haya sido presentado a discusión un dictamen sobre la revisión de la Cuenta Pública Federal del año 2001. La Cámara ha estado en deuda consigo misma, con el país y con lo que señala la Constitución, por no expedir una resolución sobre la Cuenta Pública del año 2001. En efecto, el artículo 74 de la Constitución dice que ``son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados --es decir, en las que no interviene el Senado de la República--... IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''. Es facultad de la Cámara revisar la Cuenta Pública del año anterior, como dice la Constitución. La revisión de la Cuenta, es decir, el ejercicio de esta facultad de la Cámara, tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Es una actividad de control de la Cámara de Diputados sobre el Ejecutivo, esencialmente política y no de comprobación de cada uno de los gastos, pues la Cámara no tiene posibilidades de revisar las facturas, por decir algo. Y sigue diciendo la Constitución: ``... Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación''. ¿Cómo? De acuerdo con la fracción II del artículo 79 de la Constitución, que dice que la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta a la Cámara a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación.

¿Para qué entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, este Informe de Resultados? Para que la Cámara pueda pronunciarse, ejercer su facultad constitucional. Se dice que ahora la Cámara ya no debe hacerlo porque existe un órgano que se encarga de la fiscalización; antes también existía, se llamaba ``Contaduría Mayor de Hacienda'', e informaba a la Cámara y la Cámara emitía opinión y decreto sobre la revisión de la Cuenta. La Cámara está obligada a dar opinión y emitir un decreto sobre la revisión de la Cuenta y debe hacer lo que la Constitución dice: ``Tendrá por objeto conocer los resultados, comprobar si se ha ajustado a los criterios del Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos''. ¿Éstas son las funciones de la Auditoría? No. No, la función principal de la Auditoría es fiscalizar, comprobar que se hayan justificado los gastos. La Auditoría informa del nivel de justificación a la Cámara. La Cámara resuelve y la Auditoría puede ejercer acciones, puede ir al Ministerio Público y puede establecer sanciones, pero eso no quiere decir que la Cámara haya sido despojada de su función de revisar la Cuenta en los términos en que la Constitución señala, que es esencialmente una revisión de carácter político, no es sobre la justificación de los gastos. En esas circunstancias, la pasada Legislatura se enredó en una discusión a nivel de la Comisión de Presupuesto que por cierto, ciudadanos diputados y diputadas, la Comisión de Presupuesto se sigue llamando ``Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública'', todavía; y no tiene nada que ver esa función con la función relacionada con la Cuenta Pública que ejerce la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y que tiene que ver con ingresos y gastos federales, y que es una comisión que no tiene carácter de dictamen... de dictaminadora, perdón.

En cambio, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite dictámenes, en especial dos: uno sobre el Presupuesto, otro sobre la Cuenta Pública. Dictamen quiere decir ``opinión'': discutimos el dictamen en función de lo que el argumento que es el dictamen nos propone, o con base en él se nos propone un proyecto de decreto, o de resolución, o de declaración, como también existe ese precepto en la Constitución para los desafueros. En estas circunstancias, aquí ya se había desaforado a la Cámara de Diputados en cuanto al ejercicio de su facultad de revisar la Cuenta; es parte del control político que ejerce la Cámara sobre el Ejecutivo. No hay otra revisión política; la Auditoría Superior no tiene esa función sino otra que está expresada en el artículo 79 de la Constitución. En tales circunstancias, en tal situación, es completamente inadecuado que con el argumento de que la Cámara no tiene facultades para hacer la revisión de la Cuenta, se declare o se apruebe, mejor dicho, una moción suspensiva porque, ciudadano Presidente, ése no es el trámite. Una moción suspensiva es para postergar la discusión de un dictamen, pero lo que ha venido a argumentar el preopinante, más bien el que propuso la moción suspensiva, no es que se postergue la discusión sino que se rechace el dictamen por falta de facultades de la Cámara; y lo que debe discutirse es el dictamen. Si la mayoría de la Cámara considera que la Cámara no tiene facultades para emitir el dictamen, votará contra el dictamen, pero el dictamen debe discutirse, ya está a discusión. Y una moción suspensiva es improcedente porque lo único que se lograría aprobando la moción suspensiva sería postergar el momento del debate y la votación, pero de ninguna manera desaprobaría el dictamen. Lo que Acción Nacional nos propone es desaprobar el dictamen; por tanto, ciudadano Presidente, debemos entrar a discutir el dictamen y a ver si --en efecto-- la Cámara tiene o no facultades para emitir una resolución sobre la Cuenta Pública, que es lo que nos está proponiendo la Comisión de Presupuesto como conclusión de su propio dictamen, es decir, de su opinión. Insisto mucho en eso de que dictamen quiere decir ``opinión'' y que las cosas que se votan son resoluciones, que adoptan la forma de decreto o de cualquier otra, pero que son las resoluciones de la Cámara. En tal virtud, propongo a la Cámara: primero, que deseche la proposición suspensiva; y, segundo, que apruebe en sus términos el dictamen que ha emitido, con resolución, la Comisión --termino-- de Presupuesto y Cuenta Pública reivindicando la facultad de la Cámara de revisar la Cuenta y de resolver sobre la revisión de la Cuenta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Pablo Gómez. Se ruega a la Secretaría que pregunte a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente la moción suspensiva, propuesta por don Rafael Sánchez. Sí, diputado De la Vega Asmitia.El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle que esta votación, en la cual va a usted a tomar la consideración del Pleno, pueda ser de manera nominal. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo apoyan? Se ruega a la Secretaría instruir la apertura del sistema electrónico por tres minutos para preguntar a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente, en el entendido de que el ``sí'' es por tomar en consideración la moción suspensiva y seguir con los trámites que el Reglamento nos ordena. El ``no'' es por desecharla.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para consultar a la Asamblea si se toma en consideración de inmediato la moción suspensiva presentada por el diputado Rafael Sánchez Pérez.

(Votación.)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Beatriz Mojica Morgan (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente: se emitieron 110 votos en pro, 247 en contra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se desecha la moción suspensiva. Tenemos un registro de oradores en el siguiente tenor: en contra, José Isabel Trejo Reyes, Federico Döring y Salvador Vega; a favor, Raúl José Mejía González, Minerva Hernández Ramos y Francisco Javier Alvarado Villazón. Inmediatamente después, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si se otorga el uso de la palabra al señor diputado don Joel Padilla Peña, del PT. Todos hablarán hasta por cinco minutos; y tiene el uso de la palabra José Isabel Trejo Reyes, en contra.El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor Presidente: dejo a la Mesa Directiva un documento para el cual solicito se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria, señor Presidente. Con su permiso. Honorable Cámara de Diputados: escuchando al diputado Huízar, que expone la fundamentación del dictamen, él sabe, como ex secretario de Finanzas del gobierno del estado de Zacatecas, que todas sus Cuentas Públicas fueron observadas, todas. La de 2001, las participaciones federales de los municipios de 1998, se las entregó hasta el 2001: 28 millones de pesos. Es decir, a lo que voy es que todas las Cuentas Públicas pueden ser observadas. El proceso es ¿cómo se solventan? La revisión de la Cuenta Pública es por mandato constitucional y por mandato legal, lo quiera o no lo quiera ninguna fracción parlamentaria. Las reformas del 99, asumiendo la necesidad de una más profesional fiscalización de las Cuentas Públicas, reformaron la Constitución, no solamente el 74, también el 79, y se promulgó una ley de fiscalización, que es la que establece toda la ruta crítica para la fiscalización. Ciertamente que la discusión del fondo es ésa. Nosotros decimos que la Cuenta Pública de 2001 ya fue revisada y que la Auditoría Superior de la Federación, que encontró observaciones, que pueden ser de diferente tipo, ya estableció con sus propias facultades de ley las medidas necesarias para si, en su caso, hubo daño a la hacienda pública federal, se resarciera.

Ése es el ciclo de la revisión de la Cuenta Pública: se entrega a la Cámara de Diputados, se manda al organismo de fiscalización y termina con el Informe de Resultados, que ciertamente cuando se entregó el Informe de Resultados a la Cámara de Diputados, traía una serie de observaciones que iban hasta 339 mil millones de pesos. Pero un informe posterior, en un primero y en un segundo informe posterior, a esta Cámara de Diputados, entregado por la misma Auditoría, establece que casi en 99 por ciento fueron solventadas las observaciones. Solamente 13 pliegos de observaciones. Es decir, el proceso de la revisión de la Cuenta Pública ha seguido escrupulosamente el camino establecido sobre todo en el 79 de la Constitución, más que del 74 y en la Ley de Fiscalización. No se pudo haber aislado el 74 en su párrafo quinto de su fracción IV; perdería coherencia y armonía constitucional y legal. Una pregunta haría yo a la Cámara de Diputados: a los funcionarios que no cumplieron la ley en el ejercicio del Presupuesto, en la custodia del patrimonio de la nación, ¿qué sanción les impondríamos desde esta Cámara de Diputados? Ésa es una facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo con autonomía constitucional y legal; sus resoluciones ni siquiera pueden ser rebatidas por el propio Pleno de la Cámara de Diputados. Para nosotros, el ciclo de la revisión cumplió. Y para nosotros, las discrepancias en la recaudación, en el ejercicio de egresos y en la custodia del patrimonio, esas discrepancias tuvieron justificación dentro del proceso de la fiscalización. Aún sigue en este momento, compañeras y compañeros diputados, el proceso de revisión de unos cuantos cientos de millones de pesos, lejísimos de los 339 mil. Por eso nosotros vamos a votar contra el dictamen, independientemente de que nos reservemos la posibilidad de acudir a instancias jurisdiccionales para que, de una vez por todas, se defina dónde empieza y dónde termina el ciclo de la fiscalización en este país. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra don Raúl José Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en favor del dictamen, hasta por cinco minutos.El diputado Raúl José Mejía González: Con su permiso, diputado Presidente en funciones; compañeras diputadas y diputados: en cumplimiento de nuestra obligación constitucional de revisar el contenido de la Cuenta Pública, el día de hoy hacemos una valoración del impacto de la aplicación de la hacienda pública federal y la evolución de las políticas públicas durante el ejercicio fiscal de 2001. Debe precisarse que éste es el primer dictamen de revisión de Cuenta Pública que se presenta con base en el nuevo marco legal de la fiscalización superior en nuestro país. A partir de las modificaciones constitucionales y legales en la revisión del gasto público, esta Cámara y la Auditoría Superior hemos de privilegiar las evaluaciones cualitativas sobre las cuantitativas; es decir, privilegiar la evaluación del impacto que las políticas públicas desplegadas por el Gobierno Federal tuvieron en nuestro país sobre las relativas al cumplimiento de orden legal y contable. En ese sentido, es deseable que en las revisiones de los próximos ejercicios fiscales el órgano técnico de fiscalización superior de la Cámara ponga mayor énfasis en las revisiones que permitan a la sociedad mexicana contar con mayores elementos sobre el grado de cumplimiento de las metas programadas, que nos permite evaluar la calidad y la eficacia en la aplicación de los recursos públicos federales. En cumplimiento del mandato constitucional, del dictamen que se somete a su consideración se desprenden elementos que nos permiten detectar severas deficiencias durante el primer año de gestión del Presidente Vicente Fox. En materia de cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental, destacan las excepciones del puntual cumplimiento en los registros contables. Diversas dependencias y entidades presentaron información incompleta, lo que evidentemente limitó los alcances de las funciones fiscalizadoras de la Auditoría Superior. Además, se detectaron operaciones no registradas o registradas erróneamente.

Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, se puede constatar que persisten importantes inercias que marcan lamentables desvíos del legal actuar que debe caracterizar el comportamiento de los servidores públicos responsables de la aplicación directa de los recursos federales, inercias cuyos incumplimientos pudieran ser explicables a partir del grado de improvisación de quienes llegaron a la función pública apenas el año que se revisa. En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001, la Auditoría Superior determina efectos económicos de las observaciones por un monto de 339 mil 456 millones de pesos. En la composición de esta cifra destacan las relativas al Fobaproa e IPAB, las relativas a la falta de comprobación, autorización o justificación de las erogaciones, la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación y la falta de comprobación de gasto; este último rubro, por 905 millones de pesos, cantidad que debe ser completamente reintegrada a la hacienda federal. De las cantidades referidas, debe destacarse que a la fecha, sin explicación alguna, permanecen sin solventar 36 mil millones de pesos. En el análisis de los principales resultados económicos y de finanzas públicas se observan desviaciones significativas respecto a las metas aprobadas y se advierten retrocesos, en contraste con la gestión realizada durante el año inmediato anterior.

Uno de los aspectos más lamentables de la gestión gubernamental durante el año 2001 tiene que ver con el incumplimiento generalizado de los programas que fueron aprobados, así como el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos. Este resultado de retroceso para la economía nacional no encuentra justificación, toda vez que el Presidente de la República recibió un país con economía sólida y en crecimiento y que además, para el ejercicio fiscal de 2001, le fueron aprobados los recursos presupuestales que solicitó. Bajo la premisa declarada por el Presidente de la República de que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el principal instrumento de la política económica con que cuenta el Gobierno Federal, solicitó al Congreso que autorizara un Presupuesto de Ingresos para financiar el gasto neto total por 1 billón 362 mil millones de pesos, lo cual le fue aprobado. A cambio de ello se comprometió a que su administración alcanzaría gran cantidad de metas programáticas, metas que tanto el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública como el análisis de programas realizado por esta Cámara demuestran que no se alcanzaron. La evaluación de los resultados que se someten a su consideración deja entrever un saldo negativo en la gestión pública federal. Si bien se han mejorado aspectos administrativos, al país y al pueblo mexicano de nada sirven si éstos no permiten solucionar los problemas de fondo que prevalecen como parte de una agenda inatendida de demandas sociales. El país no se puede dar el lujo de seguir implantando políticas gerenciales que, en el mejor de los casos, mejoran los registros contables, pero que en el fondo siguen sin solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. A la vista de todos ustedes, los resultados de 2001. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Don Federico Döring, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, en contra.El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: me he inscrito para hablar contra el dictamen en lo general porque me parece que el dictamen no tiene consistencia entre su parte técnica normativa, la que se desprende del trabajo primigenio que llevó a cabo el auditor superior de la Federación, y de su Informe de Resultados, que se remitió a la Cámara de Diputados, y la parte de resolutivos, que tiene una carga eminentemente política y que adolece de sustento técnico para haber sido redactada en los términos en que está redactada. Para tratar de ilustrar a este Pleno a que me refiero, les voy a detallar en una yuxtaposición lo que es este dictamen y lo que ha sido otro dictamen. Un dictamen en que me parece podemos coincidir todos es el de la Cuenta Pública de 1996, por mucho, uno de los años más difíciles para la economía de este país, y las variables macroeconómicas de 1996 y de 2001, que podríamos reseñar muy brevemente. En términos de crecimiento del producto, en 96 hubo un decrecimiento de 6-9 por ciento y en 2001 un decrecimiento de .3 por ciento. La inflación en 96 fue de 51.97 por ciento y en 2001 de 4.4 por ciento. El precio del petróleo en 96 fue de 15.72 por barril y en 2001 fue de 19. El tipo de cambio del peso contra el dólar fue en 1996 de 7.64 contra 9.14 del 2001, la tasa de desempleo abierto fue de 6.3 en 1996 contra apenas 2.5 en el año de referencia. Y cuando analizamos lo que contiene no el dictamen del día de hoy, sino el dictamen de la Cuenta Pública de 96, señala que 46.7 por ciento de los ingresos ordinarios, que importan la nada despreciable cantidad de 20 mil 500 millones de pesos de ese año, fueron gastados sin reglas ni criterios y con absoluta discrecionalidad y contrastamos eso con lo que hoy día contiene el decreto de Presupuesto de Egresos y lo que contenía desde el año 2001 en términos de reglas de ejercicio y de gasto, sobre todo federalizado, respecto a excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad y dar mayor transparencia al gasto y cuando vemos que el informe de la Cuenta Pública de 96 indica que hubo explicaciones insuficientes para las causas en las variaciones programáticas presupuestales, entendemos que se redactó el artículo 4o. en 96 así, cito: ``En términos generales, durante el ejercicio fiscal de 96 existió una observancia en las disposiciones legales aplicables, aunque se pueden apreciar casos de posibles incumplimientos, deficiencias e inconsistencias que deben ser investigados por la Contaduría Mayor de Hacienda''. Es decir, con todas las variables macroeconómicas en desorden, con todo el caos económico en 96, el resolutivo reconoce que, en términos generales, se cumplió el ejercicio del gasto, con pequeñas deficiencias.

En cambio, el dictamen que hoy se presenta, cuando todas las variables macroeconómicas están en orden, dice que, ``en los términos del párrafo quinto de la fracción IV del artículo 64, la Cámara de Diputados ha conocido los resultados de la gestión financiera, y ha comprobado que dichos resultados no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas que expresamente fueron observados''. Ahora que toda la economía está en orden y está estable, lo que se trata de potenciar son aquellos pequeños detalles de incumplimiento y no se reconoce un ápice de lo que se ha hecho bien, un ápice como un cumplimiento de 97.6 por ciento en la recaudación de ingresos presupuestarios para ese año, 98.3 por ciento en ingresos tributarios, 99.3 por ciento en ingresos no tributarios, 97.9 por ciento en cumplimiento en el gasto en este programable y 98.8 por ciento en el gasto programable. Un cumplimiento de gasto en 96 por ciento en el gasto de capital; 75 por ciento de los programas que tienen metas estratégicas alcanzó el cumplimiento a 100 por ciento de éstas, y sólo está pendiente de solventar 0.3 por ciento de lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, que importa 26 mil millones de pesos, los cuales incluyen la herencia de los créditos litigiosos del IPAB que no son imputables a esta administración. Les recuerdo lo que la Cuenta Pública señaló como gasto discrecional en 96: 20 mil 500 millones de pesos que quedaron firmes y que eran discrecionales. No tenemos miedo de la rendición de cuentas; estamos orgullosos del ejercicio del gasto en 2001. Simplemente, habríamos querido mayor congruencia entre lo que es la cifra técnica respaldada por los órganos técnicos, lo que debería de ser una redacción madura, objetiva y responsable de los resolutivos del dictamen de referencia. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del PRD.La diputada Minerva Hernández Ramos: Buenas tardes; con su permiso, diputado Presidente: a lo largo de la historia, la rendición de cuentas de los gobiernos a las sociedades ha sido un elemento presente en el desarrollo de las instituciones que intervienen en los procesos que otorgan la gobernabilidad de las naciones. De hecho, la rendición de cuentas se ha convertido en el elemento central de las democracias, convirtiéndose en uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder, garantizando con ello que los gobernantes cumplan su mandato de transparencia, honestidad y eficacia, compañeros del PAN. Rendir cuentas es el acto de estar disponible por obligación para informar acerca del cumplimiento de las leyes y normas que rigen los actos públicos.

Estas nuevas exigencias han obligado a modificar los procesos de revisión, análisis y evaluación de la gestión gubernamental, yendo más allá de la propia hacienda pública. México no ha sido ajeno a esta dinámica y, sin duda, una de las actividades donde el Poder Legislativo ha logrado mayores avances en los últimos años ha sido el de la fiscalización superior. En general, en la revisión de la Cuenta Pública de 2001 se pudo constatar que diversas entidades presentaron sus estados financieros con información incompleta por omisión de actualización de sus cifras, que no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables, que no crearon las reservas de las obligaciones laborales, que tampoco cumplieron la consistencia en el cálculo de depreciaciones de los activos fijos, que tienen excedidos respecto a su valor de recuperación, y que no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.

Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, con base en los resultados que se presentan en el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001, esta dictaminadora pudo constatar que, en términos generales, la Administración Pública Federal no se ajustó a lo que disponen los principales ordenamientos legales, como la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2001, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables en la materia. Cabe señalar, y lo destaco, que si este dictamen se hubiera revisado con oportunidad, seguramente el resultado habría sido negativo pues, a tres años de distancia, hubo tiempo suficiente para subsanar y corregir las observaciones que, de origen, fueron mayores de 300 mil millones de pesos; es decir, casi la quinta parte del gasto ejercido durante 2001.

Después de tres años de realizadas estas observaciones por el ente fiscalizador, quedan aún sin solventar más de 40 mil millones de pesos, en los que destacan los referidos al IPAB, donde el gobierno ha vuelto a mostrar una total falta de voluntad política para corregir, así fuere en pequeña medida, los enormes pasivos generados por el Fobaproa. Este solo hecho obliga a cualquier legislador con sentido de legalidad a subrayar en el dictamen la falta de cumplimiento de los ordenamientos fundamentales que rigen la rendición de cuentas.

Asimismo, otra de las observaciones que se mantienen sin respuesta son las referidas a los derechos sobre importación, en cuyo manejo participó la empresa Isosa, donde es conocido tiene un interés particular el secretario de Hacienda, don Francisco Gil, a pesar de que ha sido anunciada la liquidación de esta empresa, los miles de millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación no han sido a la fecha reintegrados a la Tesofe. El incumplimiento de ordenamientos como los señalados anteriormente va más allá del normal proceso de solventación de observaciones derivadas de una auditoría. Por ello, el dictamen que se propone constituye un severo llamado de atención al Gobierno Federal respecto a que los legisladores no permitiremos que la revisión de la Cuenta Pública continúe siendo un mero acto de simulación, sino que provoque la reflexión del Presidente Fox y actúe en consecuencia con relación a su gabinete y ubique en espacios de conducción a gente preparada, capaz y dispuesta a apegarse estrictamente a la normatividad vigente, así como que finque las responsabilidades que se deriven de este documento.

Felicito el largo trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual sienta un precedente de lo que debe ser un trabajo profesional y verdaderamente responsable en la revisión de la Cuenta Pública, mismo que reivindica no sólo las facultades de esta Cámara y la vigencia de una auténtica división de poderes. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Minerva. Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional.El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso, diputado Presidente: acudo a esta tribuna a hacer una revisión del dictamen que se ha presentado aquí de la Cuenta Pública, este lamentable y a destiempo dictamen. No solamente eso: es además completamente contradictorio. Si leemos el dictamen, lo que dice el cuerpo del dictamen, es que de manera general la Cuenta estuvo presentada y se observaron los principios de contabilidad y los ordenamientos legales. Los considerandos del mismo dictamen dicen exactamente lo mismo, pero al final, en las conclusiones, se concluye lo contrario. Por otra parte, hay gran cantidad de errores o falsedades en los datos de la Cuenta Pública. Por un lado, se dice que el crecimiento del gasto de capital, se señala una tasa real de 6.2 por ciento, cuando el dato es de 6.7; o en el caso del crecimiento real del gasto programable, el cual fue de 4.0 en 2001 respecto a 2000 y en el informe se señala que es de 3.5. Como esto, podemos observar gran cantidad de errores o de falsedades --como se les quiera llamar-- en la elaboración de este dictamen. Por otro lado, se presenta también gran cantidad de información con carácter tendencioso. Se dice que hay subejercicio, pero no se aclara que la mayoría de lo no ejercido fue por eficiencia en el uso de los recursos porque se dejaron de pagar intereses por eficiencia, porque no se pagaron comisiones y gasto de deuda, así como menores pagos en Adefa y todos estos conceptos que son del gasto no programable.

Por otro lado, en el gasto programable, 50.4 por ciento de lo que se pagó de menos fue por medidas de racionalización y por concepto de ahorro en gasto corriente, pero se toman todas las excepciones y después se hacen aparecer en el dictamen como si fuera la norma. Por otra parte, para la elaboración de este dictamen se solicitó, del dictamen que presentó el diputado Huízar y que elaboró el diputado Huízar, se solicitó opinión a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia emitió su opinión por escrito, pero se ignoraron parcialmente los datos y se ignoraron totalmente las conclusiones a que se llegó o que emitimos en la Comisión de Vigilancia. Asimismo, las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación hizo y tomó se ignoraron completamente para la elaboración del dictamen. Este dictamen, además, viola la Constitución. El artículo 79, fracción II, otorga las facultades de dictaminar la Cuenta Pública al auditor superior de la Federación. El artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior, en el inciso a) dice que el informe que debe presentar el auditor debe incluir los dictámenes de la Cuenta Pública. Por supuesto que todo esto fue ignorado, todo esto fue ignorado y me parece que después de ver los atropellos a la ley, los datos falsos, las falsas conclusiones, los datos contradictorios que contiene el dictamen, me parece natural que el diputado Huízar sospeche de los que queremos cumplir la ley. Por otra parte, esto atenta completamente contra los avances que en materia de fiscalización hemos tenido en este país porque la idea de los cambios de fiscalización era que fueran dictaminados por un órgano técnico y no político, cosa que por supuesto deja atrás y atropella la presentación de este dictamen.

Por otro lado, de los datos y de las observaciones que hay, en el caso de los criterios de registro y revelación que no implican de ninguna manera un efecto económico, el 100 por ciento fue solventado. En el caso del IPAB, que significa 13 por ciento de las observaciones, la mayoría, 42 por ciento está solventado, el resto está siendo satisfactoriamente cubierto por el nuevo programa que el IPAB ha firmado, que establece por una parte el pago de 9 mil 500 millones de pesos que se han pagado ya por parte de los bancos en los créditos relacionados, los créditos menores y los otros están en litigios, pero está perfectamente claro, estos fincamientos por supuesto que corresponden al ejercicio de 1995 y 1996 y no al 2001, que es el que hoy nos ocupa. Y en el caso de la observancia de las normas, mil 600 millones de pesos son de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliaciones presupuestales y los otros mil 570 millones de pesos corresponden a entes autónomos y a estados y municipios, y los derechos de trámite aduanero corresponden por supuesto a un trámite que está en litigio en estos momentos.

Ya para concluir, es claro que se tomaron datos falsos, es claro que se trataron de ocultar los verdaderos resultados, es claro que se ignoraron las opiniones. Concluyo, diputado, pero el motivo de fondo de esto es que el partido de la corrupción probada, el partido de René Bejarano, de Carlos Imaz, no puede aceptar de cara al pueblo que ésta es la mejor Cuenta y la más transparente que se ha presentado en este país.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Partido Verde Ecologista de México, tiene uso de la palabra.El diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea: con fundamento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga a la Cámara de Diputados de manera exclusiva la facultad de obligación de revisar la Cuenta Pública, procedemos a posicionarnos favorablemente sobre el dictamen en comento, reconociendo de antemano que hemos incurrido en un importante retraso en el análisis, discusión y dictaminación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año fiscal de 2001. Sabemos y reconocemos que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal es un documento analítico que elabora la Auditoría Superior de la Federación con la información que el Poder Ejecutivo le presenta para ser procesada y entregada a la Cámara de Diputados con el fin de permitir a esta soberanía la fiscalización del manejo de los recursos públicos y vigilar que la administración pública se conduzca con criterios de legalidad, honestidad y transparencia. El mandato constitucional que obliga al Poder Ejecutivo federal a la presentación de la Cuenta Pública federal fortalece el principio de división de Poderes de la Unión y es instrumento jurídico constitucional que obliga a la administración pública a conducirse con eficiencia, transparencia y legalidad. No hay duda de que en este ejercicio se reflejan plenas prácticas democráticas, por medio de las cuales la Cámara de Diputados se fortalece dotando de mecanismos más eficaces en la conducción de responsabilidades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. La revisión de la Cuenta Pública debe ser utilizada para detectar desviaciones, pero también para corresponsabilizar al Ejecutivo federal del mejoramiento del control gubernamental. En este sentido y de acuerdo con la información de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en términos generales, el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001 se apegó plenamente a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y fue presentado bajo los principios básicos de contabilidad gubernamental.

A pesar de lo anterior, se identificaron inobservancias de diversos ordenamientos legales, como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2001. A nivel de sectores y ramos, los principales infractores fueron el sector energía, comunicaciones y transportes, salud, hacienda y crédito público, desarrollo social y entidades paraestatales. De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001, el conjunto de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación se tradujo en un efecto económico de 339 mil 456 millones de pesos; de éstos, el gasto pendiente de solventar es de 34 mil 404 millones de pesos. En este contexto, debemos resaltar que los resultados económicos del ejercicio fiscal de 2001 no fueron los deseables. Como ejemplo de esto, podemos señalar que el Producto Interno Bruto cayó en términos reales 3 por ciento, cifra muy por debajo del crecimiento originalmente estimado, de 4.5 por ciento, y muy por debajo del alcanzado el año anterior, que ascendió a 6.6 por ciento.

Por otro lado, es necesario destacar que durante el año 2001 se presentó una fuerte disminución de captación de recursos, resultado de la caída importante de la actividad económica y de la reducción de la plataforma de exportación de crudo. Como podemos ver, la revisión y dictaminación de la Cuenta Pública representan la fase de control más importante del proceso, ya que permite tomar las decisiones que deben perseguir hacer más eficaz la gestión gubernamental. Por lo anterior, los diputados que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México emitiremos nuestro voto en favor del dictamen en comento, ya que refleja que la gestión gubernamental, en términos generales, se apegó a los ordenamientos y principios de contabilidad gubernamental, favoreciendo con ello la rendición de cuentas de esta soberanía y el cumplimiento del mandato constitucional. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. En términos reglamentarios, aquí tendríamos que cerrar el debate. Sin embargo, esta Presidencia tiene la solicitud de los diputados Joel Padilla Peña y Jesús González Schmal de hacer uso de la voz. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si aceptamos la participación de ambos legisladores.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aceptan dos oradores más.

Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para efectos del artículo 134 del Reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo. No habiendo quien se reserve, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, a efecto de recabar la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un mismo acto, del dictamen presentado.

(Votación.)

De viva voz, la diputada Beatriz Mojica Morgan.

La diputada Beatriz Mojica Morgan (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Presidente: se emitieron 241 votos en pro, 113 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 341 votos, el proyecto de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 26 de abril de 2005.

Acta de la sesion anterior.

Comunicaciones

Minuta

Con proyecto de decreto, que declara al año 2010 como ``Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana'' y crea la comisión organizadora de dicha conmemoración. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se les informa también que esta votación cuenta como registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 15:43 horas): Gracias, señor secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 26 de abril, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 00 de la mañana.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 35 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 271 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 380 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 357 diputados.

Diputada que toma protesta: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdo de la Mesa Directiva, aprobado: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4.

Oradores en tribuna: 32

PRI-6; PAN-13; PRD-9; PVEM-2; PC-2.

Se recibió:

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores y Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remiten contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remiten contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 4 de mayo de 2005, a efecto de realizar una visita de Estado a Bolivia y una visita de trabajo a Jamaica;

2 minutas de ley;

1 minuta de ley, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional;

1 iniciativa de senador del PAN;

Dictámenes de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Marina y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 126 y 127 de la Ley de Navegación;

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos;

1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Diego José Garibay y García de Quevedo, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Suecia en la ciudad de Guadalajara, con circunscripción consular en los estados de Colima y Jalisco;

1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a ocho ciudadanos para prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América y en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

Dictámenes aprobados:

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de Ley General de las Personas con Discapacidad;

1 de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Defensa Nacional y de Marina, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alvarado Villazón, Francisco Xavier (PVEM) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 175

Álvarez Romo, Leonardo (PVEM) Ley General de las Personas con Discapacidad: 110

Baeza Estrella, Virginia Yleana (PAN) Ley General de las Personas con Discapacidad: 112

Bravo Carbajal, Francisco Javier (PRI) Ley General de las Personas con Discapacidad: 113

Córdova Villalobos, José Ángel (PAN) Ley General de Salud: 140, 145

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 170 desde curul

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 86

Döring Casar, Federico (PAN) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 172

Galindo Noriega, Ramón (PAN) Feminicidios: 92

Gama Basarte, Marco Antonio (PAN) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 83

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Ley General de Salud: 146

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 169

González Bautista, Valentín (PRD) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 83

González Furlong, Magdalena Adriana (PAN) Ley General de las Personas con Discapacidad: 107

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 84

Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio (PAN) Código de Justicia Militar: 127

Hernández Ramos, Minerva (PRD) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 173

Huízar Carranza, Guillermo (PRD) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 166

Lagarde y de los Ríos, María Marcela (PRD) Feminicidios: 91

Lucero Palma, Lorenzo Miguel (PRI) Feminicidios: 91

Martínez Rivera, Laura Elena (PRI) Ley General de las Personas con Discapacidad: 114

Mejía González, Raúl José (PRI) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 171

Ortega Álvarez, Omar (PRD) Ley General de las Personas con Discapacidad: 110

Ortiz Domínguez, Maki Esther (PAN) Ley General de Salud: 146

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Ley General de las Personas con Discapacidad: 109

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Código de Justicia Militar: 128, 130

Robles Aguilar, Arturo (PRI) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 85

Sánchez Pérez, Rafael (PAN) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 167

Trejo Reyes, José Isabel (PAN) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 171

Trejo Reyes, José Isabel (PAN) Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos: 85

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Ley General de Salud: 141

Vega Casillas, Salvador (PAN) Cuenta Hacienda Pública Federal 2001: 174 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma G.adalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 132 Asistencias por cédula: 6 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 47 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 39 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Jiménez Alonso Adrián Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam M.rina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Herrera Verónica Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 106 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 28 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 149 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Castán Rogelio Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Mojica Morga Beatriz Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 67 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 21 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 6 Total diputados: 97 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 9 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo Tatiana Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Bueno Jesús Aguilar Hernández Roberto Aquiles Alcántara Rojas José Carmen Arturo Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bazan Flores Omar Briones Briseño José Luis Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Carrillo Rubio José Manuel Cervantes Vega Humberto Culebro Velasco Mario Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Salazar María Cristina Fernández García Fernando Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Galindo Jaime Rafael Galván Guerrero Javier Alejandro García Ayala Marco Antonio Gómez Carmona Blanca Estela González Huerta Víctor Ernesto Herrera León Francisco Jiménez Sánchez Moisés Marrufo Torres Roberto Antonio Maya Pineda María Isabel Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Murat Hinojosa Alejandro Ismael Nava Díaz Alfonso Juventino Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pimentel González Oscar Ponce Beltrán Esthela de Jesús Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Romero Romero Jorge Saenz López Rosario Suárez y Dávila Francisco Villegas Arreola Alfredo Faltas por grupo: 39 Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Angulo Góngora Julián Corrales Macías José Evaristo Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Flores Fuentes Patricia Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Moreno Morán Alfonso Ovalle Araiza Manuel Enrique Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Userralde Gordillo Leticia Socorro Vázquez Saut Regina Faltas por grupo: 13 Arce Islas René Manzano Salazar Javier Nahle García Arturo Padierna Luna María De Los Dolores Ulloa Pérez Gerardo Zepeda Burgos Jazmín Elena Faltas por grupo: 6 Espinosa Ramos Francisco Amadeo Faltas por grupo: 1 DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo Tatiana Faltas por grupo: 1 Del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (en lo general y en lo particular, incluida la fe de erratas) Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael Galvan Guerrero, Javier García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Ochoa, Juan José García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Mojica Morga, Beatriz Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Clouthier Carrillo, Tatiana Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto

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EFEMERIDES
«Efeméride relativa al XCI aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz, a cargo del diputado Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN

Sebastián Calderón Centeno, en mi carácter de diputado Presidente de la Comisión de Marina de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, efeméride relativa al XCI aniversario de la defensa del puerto de Veracruz.

La historia de México tiene registrado el 21 de abril de 1914 como el día en que los cadetes de la Heroica Escuela Naval dieron al pueblo de México un ejemplo de honor, lealtad, valor y entrega. Dos de ellos, el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles, sucumbieron ante las balas de los marinos estadounidenses que invadieron el Puerto de Veracruz.

En el mes de abril de 1914 barcos de guerra de Alemania, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, se encontraban fondeados en el puerto de Tampico y el río Pánuco, argumentando estar al pendiente de los intereses de sus países y al cuidado de la seguridad de sus compatriotas radicados en ese puerto.

El Gobierno de EE.UU. publicó en la lista de barcos que se encontraban fondeados frente a Tampico, eran un total de 75 buques, 695 cañones y 66 mil hombres.

El 9 de abril, el pagador del buque de guerra US Dolphin Copp en compañía de varios marinos desembarcó en Puerto Iturbide y sin motivo aparente el coronel Ramón H. Hinojosa ordenó que fueran arrestados y llevados al cuartel del general Ignacio Morelos Zaragoza.

Los norteamericanos protestaron airadamente al considerar que con ese acto su bandera había sido ofendida exigiendo un desagravio al Gobierno Mexicano, el cual consistía en una salva de honor de 21 cañonazos cuando el pendón de Estados Unidos de América fuera izado; a lo cual contestó el General Morelos que así se haría siempre y cuando los barcos estadounidenses hicieran lo mismo cuando fuera izada la bandera de México, lo cual fue rechazado por la nación extranjera.

Por lo que el día 14 de abril, el Presidente Woodrow Wilson convocó a una conferencia con sus colaboradores y con los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Marina, sugiriendo el secretario Lind que el crucero Chester atacara a los buques mexicanos, ya que el puerto de Tampico no tenía capacidad para defenderlos, idea a la que se opuso el almirante Blue, jefe del Estado Mayor de la Armada Norteamericana, quien expuso que posiblemente el barco hundido fuera el Chester, debido a que en ese lugar se encontraba el cañonero Nicolás Bravo, considerado la mejor unidad de la Marina mexicana.

Pero el cónsul de Estados Unidos de América en Veracruz, William W. Canadá, informó a su gobierno que el general Gustavo A. Mass le había confesado la ausencia de efectivos para defender el puerto de Veracruz y que en caso de intervención sus fuerzas presentarían ligeros combates y abandonarían la plaza, para evitar la destrucción de la ciudad y evitar la muerte innecesaria de civiles.

Así el día 21 de abril de 1914 a las 2 horas el Presidente Wilson recibió una llamada telefónica del secretario de Marina, Josephus Daniels, quien afirmó que los buques Ypiranga, Bavaria y el Diana, habían zarpado de La Habana, rumbo a Veracruz, con 1,330 cajas de cargamento que contenían 20 mil fusiles, 200 ametralladoras y 15 millones de cartuchos, para entregar al gobierno de Huerta. Las fuerzas norteamericanas en Veracruz las componían 45 barcos de guerra y diez mil infantes de Marina.

El general Gustavo A. Mass, comandante general de la Plaza de Veracruz, ya tenía elaborados sus planes en caso de que ocurriera el desembarco de los norteamericanos en ese lugar. Al mando de 100 hombres, el teniente coronel Albino Rodríguez Carrillos presentaría un simulacro de resistencia, mientras los batallones 18 y 19 del Ejército Federal se desplazaban en dirección a Tejería, abandonando a su suerte a la ciudad de Veracruz.

Hacia las 11:20 horas del 21 de abril, los habitantes de Veracruz que se encontraban en el muelle, advirtieron que del cañonero Praire descendían 11 botes, con tropas de infantería de Marina que se dirigían al muelle Porfirio Díaz. Desembarcando al poco tiempo otra porción igual de infantes de las embarcaciones Florida y Utah con destino hacia el mismo punto.

Mientras tanto, en la Escuela Naval, los cadetes de la guardia que debía ser relevada, ya se habían enterado del descenso de los norteamericanos, esperaron la llegada del comodoro Manuel Azueta, quién al momento de entrar a la escuela lanzó un grito de ¡Viva México! que efusivamente fue contestado por los cadetes, a quienes se les había proporcionado armas y municiones y ya formados se les dirigió una arenga patriótica y entusiasta.

Por su parte los norteamericanos se posesionaron de los inmuebles del correo, telégrafos y de la aduana. Minutos antes del mediodía inició el tiroteo.

El fuego lo iniciaron 50 hombres del XIX Batallón, que se encontraba en Veracruz al mando del teniente coronel Cerrillos, a los que se agregaron algunos gendarmes y voluntarios civiles, quienes fueron provistos de armamento en los almacenes del Cuartel de Artillería, de donde se proveyeron de armas y municiones para seguir el combate.

Para ese momento, nuevos desembarcos norteamericanos habían tenido lugar y los cadetes de la Escuela Naval utilizaron todos los recursos posibles para defender a su patria, así como a su Alma Mater, disparando con más eficacia y después de una ardua batalla horas más tarde obligaron al enemigo a reembarcarse. Obligando de este modo a que las ametralladoras de lanchas norteamericanas rompieran el fuego con la Escuela Naval y poco después lo hizo el Pariré con sus cañones de 80 milímetros, haciendo imposible oponer resistencia a esa artillería.

Por la noche se recogieron 300 cadáveres de soldados y civiles mexicanos.

Los días 22 y 23 continuó la resistencia del puerto, pero finalmente el 24 de abril los marinos norteamericanos se apoderaron de Veracruz. El almirante Fletcher se hizo cargo del gobierno y ocupó la jefatura de policía; las autoridades municipales renunciaron a sus puestos y el Ayuntamiento quedó disuelto. Con la difusión de los acontecimientos, en todo el país se levantó el clamor popular y se olvidó la lucha que se sostenía entre hermanos y surgió la unión contra los invasores, tomando como ejemplo los actos heroicos de los cadetes de la Escuela Naval Militar.

El 24 de abril más tropas estadounidenses desembarcaron en el puerto. Al día siguiente, los cadetes navales llegaron a la Ciudad de México, al mando del comodoro Manuel Azueta; el contingente estaba formado por 89 alumnos, 10 oficiales, 25 hombres de tropa y nueve alumnos de arsenal.

El 25 de abril de 1914 tropas norteamericanas desembarcan en Salina Cruz, Oaxaca.

En este mes, el gobierno de EE.UU. dispuso que también salieran rumbo a México, 9 buques de guerra y 2 divisiones de torpedos rumbo al Golfo de México y hacia el Pacífico salieron 14 buques de guerra y otras embarcaciones.

Argentina, Brasil y Chile, abogaron para que se diera una solución pacifica al conflicto. Y fue el dos de julio de ese mismo año cuando se firmó la paz entre México y los Estados Unidos de América, dando fin a una guerra que nunca fue declarada.

A la caída del usurpador Victoriano Huerta y con la firmeza de don Venustiano Carranza, ante la actitud del gobierno norteamericano, hizo que las fuerzas de ese país, abandonaran el puerto de Veracruz, el 23 de noviembre de 1914.

Por la hazaña de los cadetes de la Escuela Naval durante la jornada del 21 de abril de 1914, en 1949 el honorable Congreso de la Unión dispuso que al nombre del plantel se antepusiera el calificativo de heroica. A partir de entonces el crisol donde se forman los futuros oficiales de la Armada de México se denomina Heroica Escuela Naval Militar.

Dip. Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).»

«Efeméride relativa al Día Mundial de la Tierra, a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

El 22 de abril, como hace 35 años, se ha establecido para celebrar el nacimiento del movimiento ambiental moderno, decretado como Día Mundial de la Tierra.

Esta es una celebración del medio ambiente que compartimos y es también el momento en el que nos detenemos para evaluar la labor aún necesaria para proteger los dones naturales de nuestro planeta y en especial de nuestro país.

Si bien el Día de la Tierra no es una fiesta nacional, ya que es una celebración inicialmente implementada en los Estados Unidos, esta idea ha sido acogida a nivel mundial y ha logrado el apoyo de políticos de distintas tendencias, de ricos y pobres, de la sociedad civil y de líderes en general. Este día ha servido como vehículo para inspirar reformas ambientales, desde comunidades hasta naciones y desde corporaciones hasta cuerpos legislativos, con el fin de mejorar la calidad de vida.

No obstante que desde hace 35 años se han hecho fuertes llamados para que se tome conciencia sobre los graves problemas que nos aquejan, hoy despertamos con una tierra y un país en donde en lugar de haber mostrado una mejoría en cuanto a sus medidas ambientales, presenta graves desequilibrios y los problemas parecen incrementarse. Sin embargo, la tierra nos ha demostrado su gran capacidad de resistencia ante las constantes agresiones que erosionan cada vez más la vida del planeta.

El problema medular es que esta tolerancia no es eterna y los procesos de regeneración naturales de la Tierra se ven disminuidos cada vez más. Fenómenos, como el efecto invernadero y la reducción de la capa de ozono, causados por contaminantes que son arrojados en la atmósfera; la contaminación de los suelos, por toneladas de plaguicidas, residuos tóxicos y desechos petroleros y mineros; la desaparición de las masas forestales y de biodiversidad a tasas alarmantes, no son mas que una escalofriante muestra de los riesgos que amenazan el medio ambiente terrestre. Ahora nuestro gran desafio es forjar y mantener una sociedad sostenible.

Como bien hemos comprobado, los problemas ambientales y de desarrollo sustentable no son problemas aislados que se resuelvan únicamente desde una sola perspectiva, sino que involucran una serie de problemáticas y variables que requieren forzosamente de un marco multidisciplinario e interinstitucional para su adecuada solución. Constantemente, a lo largo de esta legislatura, la Comisión de Medio Ambiente ha trabajado enérgicamente y en conjunto, con temas de gran importancia, tales como educación ambiental, biotecnología, desarrollo sustentable. Temas que han recopilado el consenso de los actores involucrados y que han resultado en leyes acordes con la realidad del país y del entorno internacional.

En este día los exhorto, a que desde nuestro papel como legisladores, enfoquemos nuestros esfuerzos en la promoción de conocimientos, valores y conductas relativas a la conservación ambiental y el desarrollo sustentable. También, aprovecho esta tribuna para hacer un llamado a todas las instituciones federales y locales, para que adoptemos principios de actuación ambiental responsable, con miras a detener el incontrolado deterioro de nuestros recursos naturales y el ambiente, lo cual afecta a los seres humanos en forma irreversible.

Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán.»