DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 10 de febrero de 2005	Sesión No. 5

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ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 355 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:16 horas): Hay quórum. Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si le dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor Secretario.

Activen el sonido en la curul del diputado Osuna Millán.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Para proponerle a usted, se nos permitiera incluir un punto de acuerdo por el que solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión de Vigilancia, se instruya realizar una auditoría legal y administrativa al desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto, Presidente.

El día de ayer, el Presidente de la Comisión de Presupuesto rindió su informe y omitió el informe administrativo. En el informe administrativo ha sucedido, señor Presidente, que ha salido un reportaje en la revista Proceso donde los asesores de dicha comisión, el secretario técnico de dicha comisión, el presidente de esa comisión, y también involucran al Presidente de esta Cámara de Diputados, Presidente. Para que no exista sospecha, para que quede a salvo, para que no exista duda de la integridad del Presidente de la Cámara de Diputados, yo le rogaría a usted que sometiera, que aceptara el que el día de hoy se discutiera este punto de acuerdo para realizar una auditoría legal y administrativa a la Comisión de Presupuesto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¡Cómo no, diputado!

Usted recordará perfectamente bien, porque es un hombre letrado, que el Acuerdo Parlamentario faculta a la Mesa Directiva para hacer el orden del día de las sesiones. Su grupo parlamentario tiene un representante en la Mesa Directiva que no nos hizo saber eso en el momento en que estuvimos presentes.

También la Mesa Directiva lleva a cabo la conformación del orden del día, a propuesta, como lo dice también el Acuerdo Parlamentario, de la Junta de Coordinación Política, que por cierto su coordinador es el que la preside; no nos llegó tampoco ese punto de acuerdo.

No obstante lo anterior, señor diputado, esta Asamblea es soberana, y si usted me permite, le preguntaremos a la Asamblea si es de admitirse su propuesta que de manera súbita usted pone aquí a disposición del mismo pleno. ¿Le parece bien?

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): No es de manera súbita la presentación de este punto de acuerdo. Hasta el día de ayer conocimos del informe del Presidente. Me di a la tarea de investigar, de realizar las indagaciones necesarias para que no corra más el plazo, para que no corra más el tiempo, dado que es del conocimiento público de la existencia de esta empresa que además se señala que presta servicios a la misma Cámara, a grupos parlamentarios, al mismo Comité de Finanzas Públicas de esta Cámara; para que quede a salvo y salga la verdad y no prestarnos a malas interpretaciones.

A usted le conviene, señor Presidente, porque no estamos hablando de un diputado, estamos hablando del Presidente de la Cámara de Diputados y estamos hablando del representante legal de la Cámara de Diputados. No es de manera súbita.

El día de ayer buscamos, porque hasta el día de ayer nos entregaron el informe.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, señor diputado, muy agradecido además por la búsqueda de mi conveniencia

¿Le parece bien entonces que siguiendo lo más adecuado dentro del Acuerdo Parlamentario, debido que creo que el día de ayer la Junta de Coordinación Política, que preside su coordinador parlamentario, hasta muy tarde nos mandó también lo que había agendado en la reunión previa y no se encuentra incluido este punto de acuerdo, pues en base al artículo vigésimo recaude las firmas de cada uno de los miembros de los grupos parlamentarios, de los coordinadores, y como lo dice bien el acuerdo, de esa manera podamos incluirlo en el orden del día?..

Por favor, entonces, platique con su coordinador parlamentario y en el caso de que llegue este documento firmado por los miembros de la Junta de Coordinación Política lo pondré a disposición de la Asamblea para que en ese momento se vote.

Activen el sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, el día de ayer en la Comisión de Presupuesto fue aprobado el informe del Presidente de la Comisión, pero además, eso como dato de respaldo, si quiere meter un punto en el orden del día tendría el coordinador parlamentario del PAN, y él Preside la Junta de Coordinación Política, hacer la solicitud con los demás grupos parlamentarios y ver si estamos de acuerdo o en última instancia tendría que ponerlo a votación. Pero lo que no podemos tener es un diálogo tratando un tema que no está en la agenda de esta sesión.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Le he dicho, entonces, al señor diputado proponente, que pues entonces siga el mecanismo instituido en el Acuerdo, de tal manera de que si es firmado por todos los miembros de la Junta de Coordinación Política yo pueda someter esta solicitud a votación del pleno y con esto, señor diputado, doy por concluido el tema.

Prosiga la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

El diputado José Guadalupe Osuna Millán (desde su curul): Hace un momento yo comenté someter a la Asamblea, que es práctica común. El día de ayer no fue aprobado como dice el diputado Wintilo Vega, el diputado Molinar pidió que se pospusiera su discusión.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, yo entiendo su participación en este momento, la justifico además. Le agradezco sus buenos deseos para que las cosas salgan bien. ¡Sométase a la legalidad! Busque entonces el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con mucho gusto le obsequio su solicitud. ¿Servido?

Prosiga la Secretaría.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Activen el sonido en la curul del diputado Pablo Alejo López.

¿Es sobre el mismo asunto?

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul): Sobre el mismo asunto, Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: No, no ha lugar, señor diputado. Acabamos de concluir un trámite sobre él; pero adelante, señor diputado, en obsequio a su solicitud política.

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde su curul): Gracias, Presidente.

Mire, lo que pasa es que en reiteradas ocasiones se ha sometido a la soberanía de este pleno la decisión de modificar el orden del día y en este caso es lo que está solicitando el diputado Osuna. No es necesario que pase por Acuerdo de la Junta de Coordinación, toda vez que existen diputados que respaldan la petición del diputado Osuna y que la decisión está en la soberanía de este pleno, Presidente.

Por lo cual, le ruego que someta a decisión de este pleno el hecho de que se modifique el orden del día que no ha sido votado.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Lo haré con mucho gusto, señor diputado, después de que usted cumpla con el artículo vigésimo del acuerdo que dice: ``Sólo por resolución del pleno a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día''. Y estoy seguro que su coordinador y su vicecoordinador conocen muy bien el acuerdo.

Prosiga la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Estamos a la mitad de la votación.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor secretario.

Activen el sonido en la curul del señor diputado De la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado Presidente, yo le rogaría que instruyera a la Secretaría que leyera el último párrafo del artículo 5º del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación. El último párrafo que explica que el orden del día podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno. Y está muy claro en el acuerdo que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados, para que someta las decisiones de la Mesa Directiva a la soberanía del pleno.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señor diputado, ya no hay necesidad que el señor Secretario lea lo que usted leyó, que es obviamente relacionado con el artículo vigésimo de que sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política podrá modificarse el orden del día. Es obvio y lo sabe usted muy bien.

¿Quiere que lo lean nuevamente?

Adicionalmente de la lectura, léase por favor el artículo 5º en su párrafo final. Y también por favor, después de leer ese artículo lea el artículo vigésimo del acuerdo, que es el que está relacionado con este artículo 5° de la Conferencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Artículo 5º. El último párrafo: ``este orden podrá modificarse por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios o del pleno.''

``Artículo vigésimo. Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la Mesa Directiva o de la Junta de Coordinación Política, se podrá incluir algún asunto no contenido en el orden del día''.

Cumplida la instrucción, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Servido?

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se tomó la votación y la mayoría estuvo por la afirmativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de febrero de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 174 aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, tendrá lugar el 14 de febrero, a las 10 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

De los diputados Rogelio Franco Castán y Jorge Martínez Ramos.

De la Cámara de Senadores.

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

-- Acuerdo relativo al formato de la comparecencia del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. (Votación)Oficios de la Secretaría de Gobernación

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Doce, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 139 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos locales a realizar las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencia no puedan actuar más de cuarenta por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos promovida por diputados federales del Partido Acción Nacional, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener e investigar el desvío de recursos públicos educativos en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado de Guerrero, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre el recurso destinado a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1946, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la formación de un grupo plural de legisladores que investigue la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, Coahuila, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre las elecciones en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la CNA a declarar zona de restauración ecológica la cuenca del río Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto a establecer, de acuerdo con sus facultades, los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte, SA de CV, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para decretar como área natural protegida los médanos de Samalayuca, Chihuahua, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos federales asignados al estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán Velasco, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales a realizar un estudio en la costa del estado de Guerrero, y colocar un sistema de alerta y observatorio de tsunamis, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover --en el marco de los acuerdos internacionales-- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a sancionar, por conducto de la CNA, a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo en el río Suchiate, Chiapas, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los recursos presupuestales destinados a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los delitos ambientales que ocurren en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la proliferación de billetes falsos en el país, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detener los hostigamientos que servidores públicos de su adscripción han iniciado contra la radio comunitaria indígena Ñomdaa, ``la palabra del agua'', a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una revisión especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a explicar los motivos y las causas que consideró para reformar los artículos del Reglamento de la Ley de Navegación relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de los aspirantes a pilotos de puerto, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una revisión especial sobre los retiros ilegales efectuados de las cuentas individuales SAR-ISSSTE en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal que realice estudios ejecutivos y lleve a cabo proyectos carreteros en las comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todas del X distrito federal electoral del estado de Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de la Función Pública a autorizar el empleo del inmueble de la Productora Nacional de Semillas situado en Delicias, Chihuahua, por parte de la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5, a cargo del diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar con la mayor brevedad los recursos aprobados por esta soberanía para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica y del campo, así como para las universidades estatales, a cargo de la diputada Clara Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, a través de sus entidades y dependencias, amplíe, fortalezca y vuelva eficientes las acciones de apoyo a las niñas y los niños huérfanos abandonados del país, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se comunica a la Secretaría de Salud y al Censida el beneplácito de esta Cámara por la campaña contra la homofobia, y se les exhorta a no detener dicha campaña por presiones de grupos homófobos y se les sugiere que la extiendan a otros medios de comunicación, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del IFE que presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del mismo que contenga los elementos necesarios para que esta soberanía conozca y analice el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la NOM-022-SEMARNAT-2003, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativas

A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios respecto a la campaña de adopción de presos sentenciados a pena de muerte en reclusorios de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de febrero de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos diecinueve diputadas y diputados, a las once horas con catorce minutos del martes ocho de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los diputados Gilberto Ensástiga Santiago, Horacio Martínez Meza y René Arce Islas, con las que solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electos en el vigésimo segundo y décimo octavo distritos del Distrito Federal y en la cuarta circunscripción plurinominal, respectivamente. En cada caso la Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

Dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que propone cambios en la integración de las mesas directivas de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Metropolitano. Se aprueban en sendas votaciones económicas.

A las once horas con veinticuatro minutos, con el registro de cuatrocientos treinta diputadas y diputados, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentran los ciudadanos Francisco Diego Aguilar y Gloria Camerina Martínez Márquez, electos como diputados federales suplentes en el vigésimo segundo y décimo octavo distritos del Distrito Federal, respectivamente, y designa una comisión que los introduce y acompaña a rendir su protesta de ley.

El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Sandro Muller Rolandi pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la Confederación Helvética en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con proyectos de acuerdo:

Para repudiar las acciones delictivas y de violencia del crimen organizado, instruir a las comisiones legislativas correspondientes a establecer comunicación con el Poder Ejecutivo para intercambiar información y definir políticas que permitan enfrentar esas acciones y solicitar información relativa a la estructura de seguridad existente en torno a la persona del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar su integridad física. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para expresar la confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral procederán a resolver con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el asunto relativo a los nuevos estatutos del Partido Verde Ecologista de México. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para que comparezca el Secretario de Gobernación a fin de que informe sobre aspectos relativos a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo Federal para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Con el que remite copia del oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Informe del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental del periodo octubre -- diciembre de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

Con el que remite copia del oficio del Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el sexto informe semestral de avances y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al periodo del primero de abril al treinta de septiembre de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

Ocho, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Veintitrés, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Oficio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable con el que remite el gasto y composición del Programa Especial Concurrente dos mil cinco. Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las comisiones vinculadas con la materia.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de dos mil cuatro, así como información sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, del costo total de las emisiones de deuda interna y externa y de la recaudación federal participable, correspondiente a diciembre de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y reforma el artículo treinta y cuatro de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.

Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y siete bis cuatro y setenta y siete bis veintiuno de la Ley General de Salud y el artículo octavo transitorio del decreto que reforma dicha Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación del quince de mayo de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Salud.

Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Rafael Sánchez Pérez, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que reforma los artículos treinta y ochenta y adiciona el artículo ochenta y uno de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de Gobernación.

María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos diecisiete, setenta y uno y setenta y dos de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos cuarto de la Ley Federal de Defensoría Pública, cuarenta y cuatro de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, cincuenta de la Ley Aduanera y décimo de la Ley General de Población. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación.

Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos ciento veinticuatro bis y ciento veinticuatro ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley General de Salud.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Salud.

Sergio Penagos García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Capítulo Cuarto bis al Título Tercero y reforma el artículo cuatrocientos veinte de la Ley General de Salud; y adiciona los artículos segundo y setenta y cinco de la Ley General de Educación; ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo y trece de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Inelvo Moreno Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Se turna a la Comisión de Transportes.

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento sesenta, ciento sesenta y uno y ciento sesenta y dos del Código Penal Federal; reforma los artículos veintiséis y ochenta y tres bis y adiciona el artículo ochenta y cinco bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y adiciona el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo segundo de la Ley General de Cultura Física y Deporte. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Juventud y Deporte.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona el Título Vigésimo Séptimo, denominado De los Delitos Deportivos, al Libro Segundo del Código Penal Federal. Es de segunda lectura. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario el diputado Rafael Candelas Salinas, del Partido de la Revolución Democrática; y la diputada Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone una modificación al artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Penal Federal que la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria con la modificación admitida por cuatrocientos votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto que reforma la fracción décima del artículo séptimo y adiciona dos párrafos al artículo segundo de la Ley General de Educación. Es de segunda lectura. Hablan en pro las diputadas Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México; y Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional. Hablan los diputados Francisco Javier Bravo Carvajal, del Partido Revolucionario Institucional, y propone modificaciones a los artículos segundo y séptimo de la Ley de referencia a las que se adhiere desde su curul el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo segundo de la Ley en cuestión. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por los diputados Bravo Carvajal y Tamborrel Suárez y la Asamblea las admite en votaciones económicas. Sin nadie más que solicite la palabra la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto con las modificaciones admitidas, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos tres votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Procuraduría General de la República a que informe sobre la aplicación de los recursos asignados a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los resultados de sus investigaciones, y a que reconsidere el nombramiento de su titular, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión sobre esos recursos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada. El diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, solicita la modificación del trámite. El Presidente hace aclaraciones sobre el turno dictado a la proposición de referencia, que desde su curul el diputado González Schmal admite, y lo reitera.

El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a que suspenda durante dos mil cinco el otorgamiento de nuevos permisos de internación a los extranjeros que pretendan realizar actividades deportivas profesionales en el fútbol mexicano, y la turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Mario Wong Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, a suspender la entrada en vigor del acuerdo que suspende la cuota compensatoria y acepta un nuevo compromiso de precios con productores de manzana de los Estados Unidos de América, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados y en particular a la del estado de México, a realizar las reformas necesarias a fin de que las elecciones locales se realicen de forma concurrente con las federales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Minerva Hernández Ramos, del Partido de la Revolución Democrática, para crear un grupo de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dé seguimiento a las obligaciones establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar la revisión de la Ley del Derecho de Autor para proteger a los artistas plásticos de acciones que atentan contra la autenticidad de sus obras. Se turna a la Comisión de Cultura.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Financiera Rural y a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, información sobre la situación que guardan los recursos tomados para la liquidación de Banco Nacional de Crédito Rural y la constitución de la Financiera Rural. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a revisar y mejorar las políticas de prevención y atención de cáncer cérvico uterino y mamario, y la turna a la Comisión de Salud.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados.

El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas con dieciocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves diez de febrero de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, proceda a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Aprobada el acta.

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REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Hay una asistencia de 394 diputados, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continúe con comunicaciones.

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secretaria de cultura del gobierno del distrito federal

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «CC. Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXIV (174) aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, el próximo lunes 14 de febrero a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara, que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angelina Barona del Valle, Directora de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, Secretaria.

Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Federico Madrazo Rojas, Roberto Colín Gamboa y María Elba Garfias Maldonado.

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DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite solicitar muy atentamente y por su conducto al Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se le conceda licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal a partir del 10 de febrero del año en curso.

Al rogarle que esta solicitud sea tramitada mediante la vía de urgente resolución, hago propicia la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2005.--- Dip. Rogelio Franco Castán (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rogelio Franco Castán, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, electo por representación proporcional en la cuarta circunscripción e integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo que dispone el artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de la manera más atenta, le sea autorizada una licencia por tiempo indefinido al cargo que actualmente ocupa y que sea convocado su suplente, el señor Fernando Humberto Coello Pedrero, para relevarlo el tiempo necesario en sus funciones como diputado federal.

Sin otro particular, reciba usted mis más atentos saludos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2005.--- Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ponga a discusión los puntos de acuerdo, señor Secretario.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Con gusto. Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Martínez Ramos, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.

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NARCOTRAFICO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto en relación con el narcotráfico y el narcomenudeo.

``Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados para que apruebe, a la brevedad, la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores con fecha 4 de agosto del año 2004, por la que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos''.

La Presidencia dispuso que el segundo resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Proposición con punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el narcotráfico y el narcomenudeo.

Para nadie es novedad que el poder del narcotráfico ha alcanzado ya niveles insospechados y que hay un descontrol total en las autoridades para enfrentarlo eficazmente.

Los recientes acontecimientos en los penales federales de máxima seguridad, desde los cuales los jefes de los cárteles continuaban operando sus negocios y ejercían un dominio casi total; los homicidios registrados en dichos centros de reclusión; funcionarios involucrados con el crimen organizado; las incontables ejecuciones; y, peor aún, la infiltración del narcotráfico en Los Pinos, dejan en evidencia la incapacidad de las autoridades, de todos los niveles, para contener el avance incontrolado de este terrible mal que ya no sólo vulnera a un determinado grupo social o región del país, sino que está afectando ya a miles de familias mexicanas, sin distinción de clase social o lugar de residencia.

La falta de acciones para enfrentar el narcomenudeo, así como de campañas de prevención y combate al uso de estupefacientes, sobre todo entre la población más vulnerable, han provocado que cada día más niños y jóvenes mexicanos caigan víctimas de las drogas y se vean involucrados en actos derivados de este abominable mal.

¿Cómo permanecer callados ante los hechos? La semana pasada, Stephany, una niña de catorce años se quitó la vida ante la imposibilidad de pagar 3 mil pesos a quienes la obligaban a vender drogas en su escuela, constituye la evidencia del drama y de la profundidad de la ineficiencia oficial para detener este cáncer que está acabando con nuestros niños y jóvenes.

Historias como esta, de jóvenes relacionados con el consumo y venta de drogas en escuelas primarias, secundarias y preparatorias se multiplican a lo largo y ancho del país.

Esta tragedia no sólo pone de manifiesto la vileza para alimentar las adicciones de niños y niñas, sino la de utilizarlos como distribuidores.

En el Distrito Federal, la situación es francamente delicada. Delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Tláhuac --en donde recientemente se registró el linchamiento de dos policías que investigaban, precisamente, actividades de narcomenudeo-- registran altos índices de venta de drogas al menudeo e inclusive se tienen ubicados los lugares y a los criminales, pero éstos ahí siguen, envenenando a la juventud sin que nadie les diga o haga absolutamente nada.

En todas estas demarcaciones se han detectado infinidad de puntos de venta y en algunas de ellas, las denuncias ciudadanas han logrado ubicar sólo 450; inclusive, algunos informes policíacos han ubicado a las delegaciones del sur y el oriente de la Ciudad de México como las principales rutas para el narcotráfico y el narcomenudeo.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, se tienen contabilizados 17 mil puntos de venta de toda clase de enervantes en esta ciudad.

Mucho se habla de programas para combatir la inseguridad y la venta de drogas en las escuelas, pero todo parece indicar que la situación empeora cada vez más a la par de los pretextos de las autoridades responsables.

¡Esa esperanza es la que les depara a las nuevas y futuras generaciones de esta ciudad!

Según especialistas en adicciones del Instituto Politécnico Nacional, un gran porcentaje de niños y jóvenes inicia sus actividades de consumo o distribución de drogas entre los 12 y los 13 años, cuando anteriormente el periodo de edades era mayor.

Asimismo, refieren estos expertos, que muchos de quienes se inician en estas actividades lo atribuyen a la falta de actividades recreativas o a la falta de recursos económicos, pues significan dinero fácil.

Otro de los factores determinantes para que la juventud consuma o venda estupefacientes es, sin duda, la desintegración familiar, que degrada el entorno social en el que se desenvuelven los adolescentes, convirtiéndolos en presa fácil de los delincuentes.

Recordemos, compañeras y compañeros, que el Senado de la República no ha sido ajeno a esta preocupación de las autoridades y de la ciudadanía en general, con respecto al problema del narcomenudeo. Yo misma he presentado entre octubre y noviembre del año pasado, cuatro puntos de acuerdo vinculados a la violencia y el narcotráfico.

Y en el periodo extraordinario de agosto del año pasado, los senadores dimos respuesta a uno de los principales reclamos sociales y aprobamos por unanimidad una reforma al artículo 73 constitucional con el objeto de otorgar a las entidades federativas facultades para conocer y resolver sobre delitos federales, entre ellos el narcomenudeo; minuta que continúa pendiente en la Cámara de Diputados.

En este tema, los senadores cumplimos con nuestra tarea; no permanecimos ajenos a esta preocupación de la gente y estoy segura de que seguiremos cumpliendo con responsabilidad cuando estén de por medio la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.

Ahora, es responsabilidad de la colegisladora aprobar lo que aquí ya hemos hecho por unanimidad hace casi seis meses y, por supuesto, corresponderá a las autoridades competentes su aplicación eficaz.

Aún así no puede decirse de parte de las autoridades que ahora mismo no se tienen las facultades o los elementos para actuar en consecuencia; pues existe la facultad para coordinarse con otros niveles de gobierno y corporaciones, que no se traten de ocultar la incapacidad y la ineficacia con pretextos irresponsables y fuera de lugar.

El marco jurídico existe; las leyes vigentes previenen más que suficientes reglas para la coordinación. Solamente es cuestión de aplicarlas con decisión y sin titubeos.

Los mexicanos, las familias queremos resultados, seguridad, tranquilidad; queremos que el combate a la delincuencia sea frontal y sin escatimar ni un sólo recurso de los que la ley otorga.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que remitan informe a esta soberanía de las acciones preventivas y de combate al narcomenudeo, así como las acciones de coordinación con entidades federativas y del gobierno del Distrito Federal que se estén aplicando y sus resultados en este tema.

Segundo.- Se exhorta a la Cámara de Diputados para que apruebe, a la brevedad, la minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores con fecha 4 de agosto del año 2004, por la que se adiciona un párrafo tercero a la. fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 8 de febrero del año 2005.--- Sen. Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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SECRETARIA DE GOBERNACION

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al formato de la comparecencia del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, ante el Pleno de la Cámara de Diputados

ConsiderandoI. Que la Cámara de Diputados está facultada para citar a comparecer a los servidores públicos a los que se refiere el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades;

II. Que en el mismo tenor, el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que los secretarios del despacho asistirán a las sesiones siempre que fueren llamados por acuerdo de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión;

III. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano en el que se expresa la pluralidad de la Cámara, y en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le confieren;

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General faculta a la Junta de Coordinación Política a impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;

V. Que en sesión celebrada el 7 de febrero de 2005, la Junta de Coordinación Política acordó, con la abstención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proponer un punto de acuerdo para citar a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo martes 15 de febrero, al secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, a efecto de que informe a esta Cámara sobre distintos asuntos concernientes a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo federal para el segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura;

VI: Que en sesión celebrada el 8 de febrero de 2005, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer al secretario en comento.

VII. Que de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo al que hace referencia el párrafo que antecede, la Junta de Coordinación Política, en sesión celebrada el pasado 9 de febrero, acordó someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el formato para la comparecencia de mérito.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 34, párrafo 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero: La comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación para informar sobre aspectos relativos a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo federal para el segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, se desarrollará conforme a lo siguiente:

a) El orden de intervención de las diputadas y diputados en la comparecencia a la que se refiere el presente acuerdo será el siguiente:

Grupo parlamentario del Partido Convergencia;

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo;

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

b) En primer término, los grupos parlamentarios formularán sus cuestionamientos hasta por 8 minutos;

c) El funcionario compareciente dispondrá de 8 minutos para responder a cada uno de los cuestionamientos que en su momento le hicieren los grupos parlamentarios;

d) Acto seguido, los grupos parlamentarios tendrán derecho de réplica hasta por 5 minutos.

Segundo: Hágase del conocimiento del titular de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General.

Tercero: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2005.--- Diputado Francisco Barrio Terrazas (rúbrica en abstención), Presidente; diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; diputado Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM; diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

Se somete a consideración de esta soberanía el presente Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado y comuníquese.

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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación

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CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1410, signado el 19 de enero último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Ma. del Carmen Mendoza Flores, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número ASA/A 014/2005, suscrito el 26 de enero del año en curso por el C. arquitecto Ernesto Velasco León, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con relación al punto de acuerdo relativo a las obras y concesiones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 3 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su comunicado Of. No. SEL/300/273/05 de fecha 20 de enero de 2005 mediante el cual hace de mi conocimiento el punto de acuerdo aprobado en la sesión del 19 de enero de 2005 por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, donde cita a comparecer en comisiones al secretario de Comunicaciones y Transportes y al director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que proporcionen información detallada y precisa sobre los asuntos que en el mismo se señalan.

Al respecto me permito dar la respuesta solicitada:

1. Información detallada y precisa sobre el procedimiento que se siguió para la concesionar la operación y administración de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la participación accionaria de cada una de las partes.

Respuesta: Se realizó cumpliendo con el procedimiento establecido en los Lineamientos Generales para la Apertura a la Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, publicado con fecha 9 de febrero de 1998, fundamentados entre otros, en el Acuerdo Presidencial que crea la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, así como las resoluciones adoptadas por la propia Comisión en las sesiones XXXI, XXXII y XXXVI del 20 y 25 de agosto de 1997 y del 19 de octubre de 1997, respectivamente, en donde se prevé la conformación de 4 grupos aeroportuarios con los aeropuertos que se desincorporan de la red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), se conforma el correspondiente a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el cual está integrado por 3 empresas de participación estatal mayoritaria, constituidas mediante las escrituras públicas respectivas, con fecha 28 de mayo de 1998:

Con fecha 29 de junio de 1998, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo con sus facultades le otorga a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SA de CV, la concesión para administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en su caso, llevar a cabo construcciones en el mismo, para prestar los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales en forma directa o a través de terceros, en virtud de que dicha empresa tiene como objeto social principal llevar a cabo la administración, operación, construcción y/o explotación de uno o varios aeródromos civiles y aeropuertos ubicados en la Ciudad de México, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales por sí o a través de terceros.

Lo anterior, partiendo de que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, esencialmente es la tenedora de las acciones y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA de CV, de acuerdo a su objeto social proporciona los servicios profesionales que requieran las empresas relacionadas de la sociedad en lo que refiere, a la administración, operación, construcción y/o explotación de aeródromos civiles.

Se precisa, que dicha concesión fue modificada con fecha 14 de noviembre de 2000.

2. Metodología relativa a las licitaciones y concursos para adjudicar las obras de la actual Terminal Aérea y de la Terminal 2.

Respuesta: Actual Terminal Aérea

a) Con relación a las obras programadas en atención a los recursos públicos, la metodología que se aplica es la prevista en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) En cuanto a las obras a cargo de Inmobiliaria Fumisa SA de CV, la metodología del proceso de adjudicación se apega a lo establecido en los convenios y contratos celebrados con esta empresa desde el 14 de marzo de 1991, cuyo objeto fue el arrendamiento de espacios para la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, obligándose ésta a ejecutar las obras necesarias para la prestación de los mencionados servicios; estas obras se efectúan con sus propios recursos, conforme al modelo financiero que en su momento aprobó la SHCP. Una vez terminadas las obras se transmiten al Gobierno Federal y el AICM, SA de CV, autoriza a Fumisa el uso para que las subarriende y así amortice su inversión de acuerdo a los términos de los modelos financieros respectivos.

c) Respecto del estado actual que guardan dichas obras cabe destacar que en las programadas para el año 2004, se alcanzó un avance del 87%, quedando en proceso las obras de remodelación del área internacional y la ampliación del ambulatorio del área nacional. (Se anexa cuadro de avance de obras en el AICM 2004).

d) Con relación a los tiempos precisos de finalización y entrega, tanto de la Terminal 1, como de la Terminal 2, estos han sido determinados conforme al sistema de Metas Presidenciales 2005, que para el primer caso prevé la finalización de la terminal actual (T1) entre marzo y mayo de este año y para la (T2) entre octubre y noviembre del año próximo.

3. Informe exhaustivo que aclare el uso de concesiones y franquicias para locales comerciales y prestación de servicios en ambas terminales.

Respuesta: Se aclara que AICM, SA de CV, en su carácter de concesionaria, no otorga concesiones para la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, en estricto apego a las disposiciones legales que en forma expresa regulan su actividad.

En este orden de ideas, AICM, SA de CV, de acuerdo a sus facultades, presta en forma directa o por conducto de terceros los servicios aeroportuarios y complementarios, celebrando los contratos correspondientes que cumplen cabalmente con la normatividad aplicable en la materia y en los términos previstos en el Manual de Normas y Políticas para la Comercialización de Espacios y Servicios y Catálogo de Rentas, aprobados en su momento por el consejo de administración de esta entidad.

Respecto de los servicios que requieren las líneas aéreas, AICM, SA de CV, celebra contratos de acceso a zona federal con los prestadores de servicios de esas líneas, dentro de los cuales se estipula un porcentaje de participación o bien un pago fijo a la entidad.

Se precisa que respecto al arrendamiento de los locales comerciales éstos se adjudican mediante el procedimiento de subasta pública que aprueba el Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales (Creado como Comité de apoyo por el Consejo de Administración de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley de las Entidades Paraestatales), estableciéndose en las bases de la subasta, un importe mínimo de renta que corresponde a lo establecido en el Manual de Normas y Políticas para la Comercialización de Espacios y Servicios y Catálogo de Rentas, así como el giro que deberá tener. El contrato se asigna a la oferta más alta, contemplando la garantía que protege en todo momento los intereses de la entidad.

En el caso de las renovaciones de contratos, los prestadores y arrendatarios deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos para tales efectos, establecidos en el citado Manual de Normas y Políticas.

No omito señalar que todos los procesos descritos han sido del conocimiento de los órganos de control, incluida la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines que estime procedentes.

Atentamente.

México, DF, a 26 de enero de 2005.--- El director general, Arq. Ernesto Velasco León.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-963, signado el 12 de enero del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Ma. del Carmen Mendoza Flores, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 047 suscrito el 31 de enero último por el C. M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que informe sobre la situación que guarda la compraventa de los terrenos del ejido El Ticuiz, ubicados en la bahía denominada El Tamarindillo, en las costas de Michoacán.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 3 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia su atento oficio No. SEL/300/167/05, mediante el cual remite el punto de acuerdo relacionado a la solicitud para que esta Secretaría proporcione información sobre la situación que guarda la compraventa de terrenos del Ejido El Ticuiz, ubicados en la bahía denominada ``El Tamarindillo'' en las costas de Michoacán, a efecto de conocer las irregularidades al respecto y que fuera presentado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Sobre el particular, tengo a bien hacer los siguientes comentarios:

1. La solicitud de información y los elementos manejados en el informe interno destinado a la Gran Comisión del Congreso de la Unión, están referidos a un problema de propiedad de la tierra, en su modalidad de venta de terrenos ejidales de uso común.

2. Atendiendo a la naturaleza del problema y analizando las facultades asignadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (art. 32 bis), como en la legislación ambiental y otras leyes, se puede decir que en la situación actual, la Semarnat no tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los procesos de compraventa de los terrenos mencionados.

3. Las facultades de la Semarnat se refieren más bien a la regulación de los usos del suelo, con miras a que las diversas formas de aprovechamiento se hagan con base en un manejo sustentable de los recursos naturales y cuidando de no afectar al medio natural circundante.

4. Por otra parte, se debe señalar que ni las partes involucradas en el problema, ni las autoridades competentes han solicitado a Semarnat opinión sobre algún proyecto de aprovechamiento de los terrenos involucrados.

5. La Semarnat está en la mejor disposición de atender cualquier consulta o intervención en torno a éste o a otro problema, con base en las facultades que le asigna el sistema jurídico mexicano.

Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente.

México, DF, a 31 de enero de 2005.--- El subsecretario, M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a los oficios Nos. D.G.P.L. 59-II-0-1342 y 59-II-0-1402, suscritos el 5 y 19 de enero próximo pasado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ma. del Carmen Mendoza Flores y la senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidente y secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DG/CA-EL/078/05, signado el 3 del actual por el C. ingeniero Jorge Ocejo Moreno, coordinador de asesores del director general de Petróleos Mexicanos, así como copia impresa y versión electrónica, de la presentación realizada por el director general de Petróleos Mexicanos ingeniero Luis Ramírez Corzo, en la comparecencia a que fue convocado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1120, signado el 30 de noviembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 106.015/05 suscrito el 1 del actual por el C. Antonio Alvarado Briones, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicita a Aeropuertos y Servicios Auxiliares que liquide de inmediato el adeudo de cuotas y aportaciones que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 7 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación a su atento oficio SEL/300/4629/04 dirigido al C. secretario del ramo, Arq. Pedro Cerisola y Weber, mediante el cual remite el punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión de fecha 25 de noviembre de 2004, en el que se exhorta a las diversas entidades de la administración Pública, entre ellas a Aeropuertos y Servicios Auxiliares a que liquiden de inmediato el adeudo de cuotas y aportaciones que tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sobre el particular, me permito adjuntar oficio No. 1584 de fecha 1o. de noviembre de 2004, mediante el cual el C. Lic. José Vicente González Vázquez, gerente de Recursos Humanos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, informó al Lic. Jorge Tonatiuh Hernández Romo, jefe de Servicios de Recaudación de Ingresos de la Tesorería del ISSSTE, que derivado del análisis realizado a sus registros con respecto a los requerimientos de pago presentados por la Tesorería de la Federación no existen adeudos pendientes de pago con dicho Instituto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 1o. de febrero de 2005.--- El director general Antonio Alvarado Briones.»

«Escudo.--- Aeropuertos y Servicios Auxiliares.--- Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos.--- Subdirección de Administración.--- Gerencia de Recursos Humanos.

Como es de su conocimiento con fecha 26 de agosto del año en curso, sostuvimos reunión de trabajo, a efecto de aclarar los presuntos adeudos que este Organismo tiene con su representada por concepto de cuotas y aportaciones, en la que se acordó que esa área a su cargo presentaría mediante oficio el desglose de los adeudos que con anterioridad fueron publicados en el diario Reforma, el 22 de agosto del presente año, sin embargo a la fecha no hemos recibido dicha información, en tal virtud agradeceré el envío del referido desglose a efecto de hacer el comparativo correspondiente, ya que en el análisis realizado a nuestras registros con respecto a los requerimientos de pago presentados por la Tesorería de la Federación, no existen adeudos pendientes de pago.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de noviembre de 2004.--- El gerente, Lic. José Vicente González Vázquez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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desarrollo territorial

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-883 de fecha 28 de septiembre de 2004, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. SDUOP/004/2005, suscrito el día 10 de enero último por el C. ingeniero Pedro Leetch Balcázar, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado de Morelos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas apliquen lo enunciado por el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo.--- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio N° SEL/300/3517/04, mediante el cual envía copia del dictamen del punto de acuerdo, aprobado en sesión del 14 de septiembre por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual en la parte sustantiva del numeral primero, solicita a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, se aplique lo enunciado en el artículo 27 constitucional en materia de ordenación y aprovechamiento del territorio.

Al respecto le comento que en Morelos, la actual administración estatal viene aplicando en los diversos niveles de planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, los conceptos del desarrollo integral y sustentable, de tal forma que se logre el crecimiento armónico y equilibrado que demanda la población.

El principio fundamental de la planeación en Morelos, se sustenta en la distribución ordenada de la población y de las actividades económicas en el territorio estatal; por lo anterior, en materia de planeación urbana y regional venimos trabajando en plena congruencia, con lo dispuesto en el punto de acuerdo antes referido.

Sin embargo, contar con programas de desarrollo urbano integral y sustentable, no garantiza el crecimiento ordenado; la falta de recursos financieros que permitan a los municipios constituir reservas territoriales, para brindar opciones accesibles de adquisición de tierra legal a los estratos más desprotegidos de la población, continúa siendo uno de los mayores retos a vencer, en tanto no se dé esta condición, persistirán los asentamientos humanos irregulares, en zonas de alto riesgo, con la correspondiente e inminente afectación del patrimonio de un importante sector de nuestra población.

Por lo anterior, será importante transmitir a los diputados del honorable Congreso de la Unión, la necesidad de considerar partidas presupuestales que permitan a los sectores públicos de los tres niveles de gobierno, adquirir tierra legal en zonas aptas para el desarrollo, con lo que se logrará el tan deseado crecimiento ordenado y sustentable.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Mor., 10 de enero de 2005.--- Ingeniero Pedro Leetch Balcázar, encargado de despacho.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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DEPORTISTAS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-930, de fecha 19 de octubre último, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del escrito signado el día 31 de enero del año en curso por el C. licenciado José Luis Valle Cosío, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que realice las acciones necesarias con el fin de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico, y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Licenciada Ma. Virginia Valdés Delgado, directora general adjunta de Proceso Legislativo, de la Unidad de Enlace Legislativo, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio del presente y respecto del punto segundo del acuerdo presentado el 19 de octubre de 2004, por la diputada Yleana Baeza Estrella, del grupo parlamentario del PAN, en el sentido de que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para el efecto de reconocer, apoyar y estimular al deporte paralímpico y especialmente a los medallistas de los Juegos Paralímpicos, le comento lo siguiente:

Actualmente todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad son beneficiadas por los programas implementados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Comité Paralímpico Mexicano, a través de las diversas federaciones deportivas afiliadas a éste, existiendo por parte de la Conade, en coordinación con las federaciones de mérito, programas de capacitación para promover entre ellos la cultura física al deporte.

Asimismo, recientemente han sido incluidos, en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para que a ellos también les sea entregado el Premio Nacional del Deporte.

No obstante lo anterior, por medio del oficio CNAJ/ 1630/2004, del cual anexo copia simple, se hizo del conocimiento del Consejo Integrador de Organismos no Gubernamentales del estado de Morelos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Nayarit y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la legislación que ampara los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad; los programas de promoción de la cultura física y el deporte; los comités encargados de vigilar y hacer valer sus derechos, el otorgamiento de becas y las instalaciones que tienen para desarrollar las disciplinas todo ello dentro del ámbito deportivo, así como las acciones que se toman en este ámbito por parte del Gobierno federal y las federaciones de los deportes paralímpicos.

Lo anterior, para los efectos que considere pertinentes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

``Todos unidos por un gobierno honesto y transparente''

México, DF, a 31 de enero de 2005.--- El coordinador, licenciado José Luis Valle Cosío.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Consejo Integrador de Organismos no Gubernamentales del estado de Morelos; Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.--- Presente.

Por instrucciones del profesor Nelson Vargas Basáñez, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y en atención al escrito del C. Benigno Aladro Fernández, coordinador de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, derivado del segundo encuentro nacional entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales de Derechos Humanos y Organismos no Gubernamentales del estado de Morelos, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual realizan diversas solicitudes relativas a la mesa seis, sobre los derechos de las personas con discapacidad, me permito hacer las siguientes apreciaciones respecto del ámbito que corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade):

1. ``Creación de leyes las cuales tengan la importancia debida dentro del deporte adaptado''.

La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD) en sus artículos 2o., 29, fracción XXII, 80 y 90, así como en el diverso 50, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (RLGCFyD), contempla a los discapacitados de la siguiente manera:

En primer término, cabe señalar que la ley tiene por objeto: establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como la participación de los sectores social y privado, que incluya a los deportistas con algún tipo de discapacidad quienes no serán objeto de discriminación alguna, siempre que las actividades a realizar no pongan en peligro su integridad (art. 2o. LGCFyD).

Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad (art. 29, fracción XXII LGCFyD).

La planificación y construcción de instalaciones deportivas financiadas con recursos provenientes del erario público, deberá realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades, así como los requerimientos para el uso normal de las mismas por parte de las personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional (art. 80 LGCFyD).

La Conade participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de cultura física y deporte con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos de la entidades federativas, del Distrito Federal y municipales, organismos públicos, sociales y privados, nacionales e internacionales para el establecimiento de escuelas y centros de educación y capacitación para la formación de profesionales y técnicos contemplando la capacitación respecto a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad (arts. 90 LGCFyD y 50, fracción III, RLGCFyD).

Cabe destacar que recientemente la Cámara de Senadores turnó la iniciativa de Ley para Personas con Discapacidad a la Cámara de Diputados, a efecto de que lleve a cabo las observaciones correspondientes, la cual en caso de ser aprobada por ambas cámaras, pasará para sus efectos constitucionales al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa en el Capítulo Séptimo, artículo 21 se refiere al Deporte y la Cultura, señalando que las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad en sus niveles de desarrollo nacional e internacional; asimismo dispone que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, en coordinación con dichas autoridades concurrirá a la elaboración del Programa Nacional de Deporte Paralímpico.

2. ``Creación de una comisión que vigile o haga valer los derechos vinculados con el deporte adaptado''.

Actualmente se encuentra constituida una asociación civil denominada Comité Paralímpico Mexicano, cuyos estatutos se reforman mediante asamblea general de asociados, de fecha 17 de septiembre de 2002, quedando estos asentados en el instrumento notarial número 21273, de fecha 30 de octubre de 2003, pasado ante la fe del notario público 130 del Distrito Federal, licenciado Vinicio Rómulo Hernández Villarreal y en cuyo artículo 6o., se dispone que su objeto principalmente es:

Alentar y asistir a las federaciones nacionales para la difusión y desarrollo de su objeto social;

Seleccionar, en coordinación y colaboración con las federaciones, deportistas nacionales que deban presentar a nuestro país en juegos regionales, continentales y paralímpicos de multidiscapacidades;

Colaborar con las entidades privadas y públicas en el fomento de una política sana del deporte paralímpico;

Conservarse alejado de cualquier influencia de orden racial, político y religioso;

Vincularse con todas las entidades públicas y privadas que realicen actividades deportivas en todo el país, especialmente;

Promover por todos los medios a su alcance y muy especialmente por vías de publicaciones, audiovisuales y literatura, técnicas de preparación física y de entrenamiento deportivo en sus diferentes discapacidades;

Promover, fomentar e incentivar la preparación e injerencia dirigencial del sector femenino en el campo paralímpico mexicano, y

Promover la construcción de centros deportivos de capacitación tanto en el Distrito Federal como en los estados, buscando que en ellos se llegue a sistemas de entrenamiento avanzados, estudios médicos deportivos modernos y utilización adecuada de las ciencias aplicadas al deporte de discapacitados.

3. ``Otorgamiento de becas deportivas.''

De acuerdo a las bases para el otorgamiento de becas, estímulos, reconocimientos y premios emitidas por la Conade, las becas para el deporte paralímpico se distribuyen con base en los resultados deportivos alcanzados en los juegos paralímpícos, campeonatos mundiales y juegos parapanamericanos.

En ese sentido, en cada evento internacional deberá de haber una participación de cinco países como mínimo y no menos de ocho finalistas en cada competencia y/o que el lugar ocupado sea el 50% más uno de los participantes de la prueba y la participación de atletas de tres países como mínimo.

Para ser considerado sujeto a una beca por su ubicación en el ranking mundial por prueba, deberán estar colocados atletas de cinco países como mínimo y estar a su vez en el primer lugar de ocho, segundo de dieciséis y tercero de veinticuatro atletas participantes.

Asimismo, cada una de las propuestas para ``las becas de pruebas individuales, deberá ser valorada y avalada bajo un análisis metodológico por parte del área técnica de la Dirección de Alto Rendimiento, Subdirección General de Calidad para el Deporte de la Conade, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción IX, del estatuto orgánico de la Conade.

4. ``Entrenadores en las diferentes disciplinas deportivas.''

En este caso, las federaciones de deportes de personas con discapacidad, son las que se encargan, de acuerdo a sus posibilidades, de proveer de entrenadores a los deportistas con algún tipo de discapacidad, ya que parte de su presupuesto proviene del erario federal y les es proporcionado por el Gobierno federal a través de la Conade, a través de convenios de coordinación y concertación para que les permitan cumplir con sus objetivos y programas en materia de cultura física y deporte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Sección Segunda del Capítulo III de su Reglamento, siempre y cuando formen parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), cuya existencia se encuentra regulada en los artículos del 9° al 13 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y del 4 al 10 de su Reglamento.

5. ``Contar con las instalaciones, equipos y material deportivo adecuados al deportista con algún tipo de discapacidad.''

En la actualidad ya se cuenta con el Centro Paralímpico Mexicano, el cual es administrado y operado con recursos de esta Comisión Nacional y se encuentra ubicado en avenida Añil, esquina Río Churubusco, colonia Granjas México, delegación Iztacalco, CP 08010, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Asimismo, las autoridades competentes de la Federación, los estados, Distrito Federal y municipios se coordinan entre sí o con los sectores social y privado de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, para promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, a través de los convenios de coordinación, colaboración y concertación que éstas celebren de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Sección Segunda del Capítulo III de su Reglamento.

6. ``Que se cuente con transporte adaptado para participar y exhibir el deporte realizado por personas con discapacidad al interior de las entidades federativas y en otros estados de la República''.

Dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), podrá ser planteada dicha propuesta, toda vez que ésta se compone por las dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades, asociaciones nacionales y consejos nacionales del deporte estudiantil, que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos, ejecución, apoyos, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales, con fundamento en el artículo 9° de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Es por ello que al ser el Sinade la instancia encargada de proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte, se les podrá proponer lo conducente de acuerdo a la viabilidad y necesidades de este tipo de deportistas.

7. ``Que el Estado estime un presupuesto para el deporte paralímpico''.

La definición presupuestal se establecerá una vez publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez que sea publicado y tomando en consideración las reglas de operación de los recursos federales en materia deportiva que al efecto se expidan, se establecerá la distribución de los recursos a través de los convenios de coordinación y concertación, de conformidad con el artículo 37 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Sección Segunda del Capítulo III de su Reglamento, debiéndose tomar en consideración a las instancias gubernamentales y privadas del deporte en materia federal y local a través del Sinade.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente.

``Todos unidos por un gobierno honesto y transparente''

México, DF, a 16 de diciembre de 2004.--- El coordinador, licenciado José Luis Valle Cosío.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ASKARELES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-1-895, signado el 7 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número EOO.-SII.- 018, suscrito el 20 de enero último por el C. ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que verifique el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, en lo relativo al manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen donde quiera que éstos se ubiquen.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio No. SEL/300/4919/04, de fecha 9 de diciembre de 2004, recibido en esta Subprocuraduría el día 4 de enero del año en curso, a través del cual remitió al C. Procurador, para los fines procedentes, copia del dictamen de los puntos de acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobados en la sesión celebrada el 7 de diciembre de 2004, relativos a:

``Primero.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo, de inmediato, el manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado en contacto con los mismos, en la República Mexicana conminando a la Secretaría a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-0133-ECOL-2000, con la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Segundo.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, verifique el cumplimiento del artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en caso de que los bifenilos policlorados, sean transportados a su disposición final de forma segura y de manera sustentable. Tercero.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica o de investigación debidamente acreditadas, realicen las investigaciones y estudios necesarios, a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en lo lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC's y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente; entregando los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.''

En virtud de lo anterior, mediante oficio No. EOO.-SVI.- 000318, del 23 de julio de 2002, esta Subprocuraduría indicó a las delegaciones de este órgano desconcentrado, que resultaba necesario que en las visitas de inspección a las fuentes de jurisdicción federal se ordenara, en su caso, la verificación del cumplimiento de dicho ordenamiento. (Anexo 1)

Asimismo, mediante oficio EOO.-SII.-0002, del 20 de marzo de 2003, se precisó a las delegaciones referidas que debían verificar lo dispuesto en el numeral 6.2 de la multicitada norma, relativo a que los poseedores-generadores de BPC's deben de inscribirse como tales ante esta Secretaría, presentar un inventario de BPC's y un programa de reclasificación o desincorporación de equipos con BPC's que se encuentren en operación. (Anexo 2)

Además, a partir del mes de agosto de 2003 la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, ha estado remitiendo a cada una de las distintas delegaciones de esta Procuraduría, una relación de empresas que han manifestado ante la autoridad normativa de esta Secretaría poseer-generar BPC's, a fin de practicar sendas visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la citada norma, con base en la información que nos remitió la Coordinación General de Delegaciones y Coordinaciones Regionales de la Semarnat; en el inventario de BPC's que ha estado publicando en la página ``Web'' de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental; y en la información que obra en el Sistema de Información Institucional de esta Procuraduría (SIIP).

Por lo expuesto en párrafos anteriores, a la fecha se tienen identificadas 194 empresas poseedoras-generadoras de BPC's, localizadas en 25 estados de la República Mexicana y en la Zona Metropolitana del Valle de México, de dichas empresas 63 se encuentran incorporadas dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, de ese universo se han visitado 135 empresas, de estas últimas 30 se encuentran dentro del programa referido; asimismo, 60 empresas corresponden a empresas paraestatales (2 de Luz y Fuerza del Centro, 18 de Petróleos Mexicanos, 34 de la Comisión Federal de Electricidad, 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4 de Ferrocarriles).

Derivado de las actuaciones de las delegaciones mencionadas, éstas nos han reportado lo siguiente:

- Se han identificado, en unidad de peso, 3,322.43 toneladas de BPC's, que incluye equipo eléctrico y aceite con BPC's, de las cuales se han eliminado 1,819.32 toneladas, se encuentran almacenadas 512.81 toneladas para su posterior eliminación y existen 990.30 toneladas de BPC's por desincorporar.

- De igual forma, se han identificado 309,852.85 litros de aceite con BPC's, 358 capacitores con BPC's, 4,852 transformadores con BPC's, 143 balastras con BPC's, 63 tambores con capacitores BPC's y 20 tambores vacíos que contuvieron BPC's, de éstos se han eliminado 43,156.13 litros de aceite con BPC's, 76 capacitores con BPC's, 10 transformadores con BPC's y 51 tambores con capacitores; se encuentran en almacenamiento 121,893.6 litros de aceite dieléctrico con BPC's, 42 capacitores, 554 transformadores, 78 balastras, 12 tambores con capacitores y 20 tambores vacíos que contuvieron BPC's; y por desincorporar se tienen 144,803.12 litros de aceite con BPC's, 240 capacitores, 4,288 transformadores y 65 balastras. (Anexo 3)

No obstante lo antes expuesto, este órgano desconcentrado continuará verificando que las empresas poseedoras-generadoras de BPC´s, den cabal cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPC´s)-Especificaciones de Manejo, y en su caso, ordenará las medidas técnicas correctivas a que hubiese lugar e impondrá las sanciones pecuniarias que conforme a derecho procedan.

Por lo que respecta al cumplimiento del artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo relativo a la transportación segura y sustentable de bifenilos policlorados, le comunico que durante el desarrollo de las visitas de inspección a establecimientos generadores-poseedores de esos residuos peligrosos, se verifica que el transporte de los mismos, a un sitio de tratamiento o destrucción, haya sido a través de una empresa autorizada por esta Secretaría para tal fin, información que se obtiene de la revisión de los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. En caso de que el poseedor-generador de BPC´s no haya utilizado transportes autorizados se le imponen las sanciones que en derecho procedan y se ordena la práctica de una visita de inspección a dicha empresa transportista.

Finalmente, informo a usted que en el Sistema de Información Institucional de esta Procuraduría (SIIP), no se cuenta con información sobre pasivos ambientales o problemas de contaminación por bifenilos policlorados, por lo que en nuestra opinión en este momento no es procedente la sugerencia de que esta Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen investigaciones y estudios, para establecer los niveles de contaminación en los lugares donde se encontraban ese tipo de residuos peligrosos, toda vez que en los actos de inspección a que se ha hecho referencia se ha observado que éstos se encuentran envasados en recipientes adecuados, sin que existan derrames o fugas en los sitios de almacenamiento temporal y/o en el equipo que se desincorporará. No omito señalar, que en el supuesto de que se llegue a suscitar un problema de contaminación al medio ambiente por el manejo inadecuado de BPC´s, se ordenará a los responsables que realicen la limpieza y saneamiento de las posibles áreas afectadas.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 20 de enero de 2005.--- Ing. José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador.»

ANEXO 1

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ing. Daniel Chacón Anaya, delegado de la Profepa en el estado de Chihuahua.--- Presente.

Como seguramente es de su conocimiento, el 10 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana ``NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental, (BPC's) Especificaciones de Manejo'', que establece las especificaciones de protección ambiental para el manejo de equipos, equipos eléctricos, equipos contaminados, líquidos, sólidos y residuos peligrosos que estén contaminados, bifenilos policlorados; así como los plazos para su eliminación mediante su desincorporación, reclasificación y descontaminación.

Sobre el particular, y considerando que su observancia es obligatoria para todas aquellas personas físicas o morales que poseen los citados equipos, productos, líquidos, sólidos y residuos peligrosos contaminados con BPC's, así como para las empresas que presten servicios relacionados con el manejo de los mismos; y toda vez que la vigilancia de su cumplimiento corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resulta necesario que en las visitas de inspección a las fuentes fijas de jurisdicción federal que realice, de acuerdo al programa de inspección y vigilancia de la Delegación a su digno cargo, ordene, en su caso, verificar el cumplimiento de las especificaciones de protección ambiental para el manejo adecuado de BPC's y sus residuos, previstas en la citada norma, por lo cual deberá incluir la referencia de ésta en las órdenes de inspección correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 23 de Julio de 2002.--- José Luis Tamez Garza, subprocurador»

ANEXO 2

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Delegados estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.--- Presente.

En alcance a mi diverso No. EOO.-SVI.-318, de fecha 23 de julio de 2002, relativo a la verificación del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, Protección Ambiental- Bifenilos Policlorados (BPC's) -- Especificaciones de Manejo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de 2001, y considerando que en su numeral 6.2 a la letra dice ``...Los poseedores de equipos BPC's, equipos eléctricos BPC's líquidos y sólidos BPC's, equipos contaminados y residuos peligrosos BPC's deben presentar ante la Secretaría el aviso de inscripción como empresa generadora (poseedora) de residuos peligrosos modalidad INE-04-004-B, manifiesto para el generador de bifenilos policlorados (BPC's), incluyendo el inventario de los mismos a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la presente norma y un programa de reclasificación o desincorporación de equipos que se encuentren en operación, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la norma. Dicho programa deberá contemplar los plazos de eliminación indicados en la tabla 1.'', se les comunica lo siguiente:

Que en las visitas de inspección que la delegación a su digno cargo realice a las fuentes fijas de jurisdicción federal que posean los citados equipos, así como a las empresas que presten servicios relacionados con el manejo de los mismos, se verifique el cumplimiento de dicho numeral, poniendo especial atención al programa de reclasificación o desincorporación de equipos en operación contaminados con BPC's, toda vez que con fecha 28 de febrero de 2003, venció la prórroga para su presentación, otorgada por la dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

Por último, aprovecho esta oportunidad para informarles que con fecha 5 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la modificación a la norma que nos ocupa en la que se amplió de un año a 18 meses, la fecha límite para la eliminación de dichos equipos.

Sin otro particular, le reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección

``La Ley al Servicio de la Naturaleza''

México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 2003.--- José Luis Tamez Garza, subprocurador de Inspección Industrial.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ASKARELES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-1-895, signado el 7 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar numero DGGIMAR.710/000140, suscrito el 14 de enero último por el C. M. en C. Daniel Chacón Anaya, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia, verifique el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, en lo relativo al manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como equipos y materiales que los contienen dondequiera que éstos se ubiquen.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

Hago referencia al oficio No. SEL/300/4918/04 de fecha 9 de diciembre de 2004, el cual fue recibido en esta dependencia el pasado 15 de diciembre de 2004 y que cuenta con el número volante de control SGPA05000801 por medio del cual remite información sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados con el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo siguiente:

Primero. Que la Semarnat realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo de inmediato el manejo y disposición de los bifenilos policlorados (BPC's), así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado o estén en contacto con los mismos en la República Mexicana, conminando a la Secretaría a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM133Semarnat-2000 con la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Segundo. Que la Semarnat verifique el cumplimiento del artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en el caso de que los BPC's sean transportados a su disposición final de forma segura y de manera sustentable.

Tercero. Que la Semarnat en coordinación con la Secretaría de Salud a través de una institución académica o de investigación debidamente acreditada realicen las investigaciones y estudios necesarios, a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC's y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente entregando posteriormente los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sobre los particulares respetuosamente le comunico lo siguiente:

1. La gestión de la eliminación de BPC's está relacionada a lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM133Semarnat-2000 «protección ambiental bifenilos policlorados (BPC's) -Especificaciones de manejo, en su numeral 6.2 de la citada Norma que a la letra dice: 6.2 Los poseedores de equipos BPCs, equipos eléctricos BPC's, líquidos y sólidos BPC's, equipos contaminados y residuos peligrosos BPC's deben presentar ante la Secretaría el aviso de inscripción como empresa generadora (poseedora) de residuos peligrosos modalidad INE04 -004B, manifiesto para el generador de bifenilos policlorados (BPC's), incluyendo el inventario de los mismos a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la presente Norma y un programa de reclasificación o desincorporación de equipos que se encuentren en operación, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la Norma. Dicho programa deberá contemplar los plazos de eliminación indicados'', en la siguiente tabla.

Esta Secretaría ha gestionado la eliminación de los bifenilos policlorados (BPC's) en el país desde 1995, adicionalmente a partir de 2003 a la fecha anualmente prepara y ejecuta el Plan de Acciones para la Gestión de la Eliminación de los BPC's Inventariados; lo anterior en cumplimiento a lo indicado en la norma referida y a los compromisos adquiridos por nuestro país en el Convenio de Estocolmo, no omito mencionarle que la eliminación gradual tiene establecida la fecha límite de eliminación de existencias el 31 de diciembre de 2008. Por otro lado se solicitará a la Profepa un informe sobre las actividades realizadas para vigilar el cumplimiento de la multicitada norma.

En cuanto al cumplimiento del artículo 152 de la LGEEPA, se da cabal cumplimiento a través del otorgamiento de autorizaciones para el acondicionamiento de BPC's antes de ser transportados de manera segura fuera de las instalaciones donde se encuentran, así como al otorgar autorizaciones para transportar este tipo de residuos, cabe señalar que los transportistas antes de obtener una autorización de esta dependencia deben cumplir con los requerimientos específicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental tanto para las empresas que acondicionan los residuos como para los transportistas lo realiza la Profepa.

III. Finalmente le comento que la Profepa es la encargada de verificar el cabal cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM133Semarnat2000 ``protección ambiental- bifenilos policlorados (BPCs) especificaciones de manejo'' a partir de la entrada en vigencia de la misma por medio de visitas de inspección, en las cuales se verifica el estado de los equipos que contienen BPC's que se encuentran instalados o en almacenamiento temporal para ser enviados a tratamiento, a la fecha no se tienen reportados derrames o fugas de BPC'S en los sitios de almacenamiento temporal. Que realizar un ejercicio de monitoreo de concentraciones de BPC's, en dichos lugares resulta poco práctico y por supuesto de muy alto costo debido al número de instalaciones que cuentan con almacenamientos temporales que resguardan o que alguna vez han resguardado BPC's; sin embargo dentro de las actividades que se realizarán con la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en el marco del Plan Regional de Acción de BPC's se tiene contemplado monitorear y evaluar los posibles daños y probables riesgos en sitios que estuvieron contaminados o que debido a las actividades que se realizaron en dichos sitios pudieran estar contaminados con BPC's; dichas actividades serán definidas específicamente en su momento a través de un programa de trabajo, involucrando a los actores como son: dependencias federales y en su caso estatales y municipales, expertos en el tema, a la academia, así como organizaciones no gubernamentales entre otros para lograr los objetivos fijados dentro del Plan Regional de Acción de BPC's actividad de monitoreo.

Sin más por el momento y esperando solventar la información solicitada, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF., a 14 de enero de 2005.--- El director general, M. en C. Daniel Chacón Anaya (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Lic. Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación.--- Ciudad.

En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcríben:

``Primero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo, de inmediato, el manejo y disposición final de los bifenilos policlorados, así como de los contenedores, materiales y equipos que hayan estado o estén en contacto con los mismos, en la República Mexicana, conminando a la Secretaría a verificar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-133-ECOL-2000, con la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa).

Segundo. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique el cumplimiento del artículo 152 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el caso de que los bifenilos policlorados sean transportados a su disposición final de forma segura y de manera sustentable.

Tercero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través de una institución académica o de investigación debidamente acreditadas, realicen las investigaciones y estudios necesarios, a fin de establecer los niveles de contaminación existentes en los lugares donde se encontraban los materiales y equipos que contenían los BPC y se determine el impacto a las comunidades y al medio ambiente; entregando los resultados de los mismos a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.''

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 7 de diciembre de 2004.--- Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente; Graciela Larios Rivas, Secretaria, (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-1-848, signado el 25 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DGAPIB.006.01.2005, suscrito el 24 de enero último por el C. licenciado Jorge Castañón Lara, director general adjunto de Proyectos de Inversión B de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da respuesta al apartado cuarto del punto de acuerdo mediante el que se solicita al titular de esa dependencia que designe a los funcionarios responsables de la evaluación y aprobación de proyectos de inversión de las entidades paraestatales, a fin de que se reúnan con la Comisión de Energía, con el objeto de definir la factibilidad de autorizar las inversiones necesarias para la rehabilitación de las instalaciones de la terminal marítima de Ciudad Madero y el dique seco, así como los proyectos que se tienen en relación con la flota petrolera.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio SEL/300/4555/04, y por instrucciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, me permito dar respuesta al punto cuarto del acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión del 25 de noviembre de 2004, en el cual solicita a esta Secretaría designe a los funcionarios encargados de la evaluación y aprobación de los proyectos de inversión de las entidades paraestatales, a fin de que se reúnan con la Comisión de Energía para definir la factibilidad de autorizar las inversiones necesarias para la rehabilitación de las instalaciones de la terminal marítima de Ciudad Madero y el dique seco, así como los proyectos que se tienen en relación con la flota petrolera.

Al respecto, le informo que el proceso de autorización y registro de un proyecto o programa de inversión debe apegarse a las disposiciones previstas en la materia en el Manual de normas presupuestarias para la Administración Pública Federal (Manual de normas), de la siguiente forma:

1. Las dependencias o entidades deben elaborar un análisis costo y beneficio del programa o proyecto de inversión (PPI) demostrando que la alternativa elegida es la más conveniente para solucionar una necesidad o problemática específica y comprobando la obtención de beneficios netos positivos con su realización. Dicho análisis deberá ser efectuado de acuerdo a los ``lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión'' emitidos por la unidad de inversiones de esta subsecretaría.

2. La entidad deberá enviar la solicitud de registro del PPI en cartera, en conjunto con el análisis costo y beneficio correspondiente, a través del modulo de cartera de PPI del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 del Manual de normas, y conforme los ``lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, así como para la integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación''.

3. Una vez que la dependencia o entidad envíe electrónicamente el formato y el análisis costo y beneficio, la Unidad de Inversiones analiza la consistencia de la información y en caso de ser adecuada, le asigna la clave de registro en la cartera de PPI. Cabe mencionar que la unidad de inversiones se encuentra facultada para solicitar a la dependencia o entidad información adicional que le permita complementar el análisis costo y beneficio presentado.

4. El registro otorgado por la Unidad de Inversiones no significa que el proyecto cuenta con suficiencia presupuestaria, dicho aspecto es analizado por la Dirección General de Programación y Presupuesto respectiva de esta subsecretaría en función de la disponibilidad presupuestal.

5. De acuerdo con el artículo 46 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y el artículo 75 del Manual de normas, antes de iniciar el proceso de licitación previsto, la dependencia o entidad debe contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de la factibilidad técnica, económica y ambiental del PPI.

6. Posteriormente, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 del Manual de normas, el oficial mayor de la dependencia y el titular de la entidad emiten de forma conjunta el oficio de liberación de inversión para realizar la contratación correspondiente.

Es importante subrayar que la elaboración del análisis costo y beneficio es responsabilidad de la dependencia que lo propone, esta Secretaría solamente revisa la información enviada para dar el registro en cartera.

Los funcionarios de la Unidad de Inversiones encargados de revisar el cumplimiento de las disposiciones antes señaladas, así como de otorgar el registro para la inclusión en cartera son:

Lic. Jorge Castañon Lara, director general adjunto de Proyectos de Inversión B, 91582120; jorge_castanon@hacienda.gob.mx; Lic. René Rendón Garza, director de proyectos de hidrocarburos, 91584936; rene_rendon@hacienda. gob.mx.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 24 de enero de 2005.--- El director general adjunto, Jorge Castañon Lara (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-1-939, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 818/SPP/2005, suscrito el 25 de enero último por la C. licenciada Rosa María Palacios Suárez, subdelegada de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Delegación Estatal Campeche de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al apartado primero del punto de acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría que investigue y, en su caso, sancione a los presuntos responsables del sacrificio de los delfines encontrados en Laguna de Términos, Campeche.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

En contestación a su atento oficio número SEL/300/5337/04, de fecha 21 de diciembre del año pasado, así como el oficio DAE/05/2005, de fecha 21 de enero del año 2005, suscrito por el licenciado Javier Dovala Molina, director de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al memorándum ST/0166/05, de fecha 17 de enero del actual, de la Secretaría técnica de la oficina del C. procurador, en el cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, relacionado con el sacrificio de delfines encontrados en la Laguna de Términos, Campeche, se instruye para informar el trámite efectuado.

Al respecto y en cumplimiento a lo anterior me permito informar de cada una de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos antes señalados, en el que se señala su avance y el estado que guarda:

1.- Con fecha dos de agosto del 2004, se inició la averiguación previa número 126/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinara de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha cinco de agosto del 2004, suscrito por el C. Tec. Elías Moisés Melken Macossay, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas de la Isla del Carmen a la altura del panteón nuevo, ubicado en la avenida Justo Sierra por periférico Norte en Ciudad del Carmen, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; misma que se puede determinar el sexo de ésta, siendo este ejemplar una hembra de etapa infantil, de un metro con veinticinco centímetros de largo, determinando únicamente una contusión traumática en el tronco de la cola, presumiendo que por la actividad náutica de buques y barcos, posiblemente fue golpeada por alguna de las partes de una embarcación, desconociendo las verdaderas causas de su deceso, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 2611/2004, de fecha seis de agosto del 2004, misma consulta que fue autorizada con fecha 20 del agosto de 2004, mediante el folio 202/2004, por las causas antes expuestas.

2.- Con fecha dos de agosto del 2004, se inició la averiguación previa número 127/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinara de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha cinco de agosto del 2004, suscrito por el C. Tec. Elías Moisés Melken Macossay, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas de las instalaciones de la Quinta Zona Naval Militar de Ciudad del Carmen, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; misma que se puede determinar el sexo de ésta, siendo este ejemplar una hembra de etapa juvenil, de un metro con ochenta y cinco centímetros de largo, determinado únicamente una contusión traumática en la mandíbula y diversos rasguños en el cuerpo y aletas pectoral y dorsal, así como marcas e indicios de haberse atorado o enmallado con redes de pesca, mismo que no presenta aleta caudal, observándose que ésta fue separada del cuerpo por un objeto filoso cortante, determinando estos por las características del corte uniforme, la posibilidad de que con el fin de liberal y salvar sus redes pesqueras, pescadores victaminaron a este ejemplar, el cual por sus hábitos natatorios son vulnerables a enredarse en los equipos de redes de pesca, motivo por el cual se ordena la investigación a la Agencia Federal de Investigación, la cual contesta mediante el oficio 1191/AFI/2004, de fecha cuatro de agosto del 2004, en el que manifiestan que no obtuvieron información respecto a las personas que provocaran la muerte del ejemplar de delfín, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal mediante el oficio número 2612/2004, de fecha seis de agosto de 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 20 de agosto de 2004, mediante el folio 205/2004.

3. Con fecha dos de agosto del 2004, se inicio la averiguación previa número 128/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha cinco de agosto del 2004, suscrito por los CC. Ing. Aldo Marco Cetz Santana y Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas de la colonia Emiliano Zapata en la península de Atasta, municipio del Carmen, la cual está, situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; misma que se puede determinar el sexo de ésta, siendo este ejemplar una hembra de etapa adulto, de dos metros con sesenta y cinco centímetros de largo, determinando únicamente lo anterior, ya que en el estado de descomposición en que se encuentra es imposible determinar las causas de su deceso, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 2613/2004. de fecha seis de agosto del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 20 de agosto del 2004, mediante el folio 204/2004.

4. Con fecha tres de septiembre del 2004, se inicio la averiguación previa número 149/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinara de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha ocho de septiembre del 2004, suscrito por los CC. Lae. Juan Conrado Cruz Matuz y Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas de la colonia Manigua en la zona de restaurantes en Ciudad del Carmen, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar las causas de su muerte del ejemplar sujeto a este peritaje, debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3085/2004, de fecha diez de septiembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 13 de septiembre del 2004, mediante el folio 236/2004.

5.- Con fecha tres de septiembre del 2004, se inicio la averiguación previa número 150/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determina de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha ocho de septiembre del 2004, suscrito por los CC. Lae. Juan Conrado Cruz Matuz Y Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín fue localizado en las playas a la altura del kilómetro 50 carretera isla Aguada-Sabancuy, municipio del Carmen, Campeche, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de las especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar las causas de su muerte del ejemplar sujeto a este peritaje, debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3074/2004, de fecha diez de septiembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 13 de septiembre del 2004, mediante el folio 237/2004.

6.- Con fecha tres de septiembre del 2004, se inicio la averiguación previa número 151/CARM/2004, con motivo de la enuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinara de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha ocho de septiembre del 2004, suscrito por los C. Lae. Juan Conrado Cruz Matuz, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las instalaciones del recinto portuario Isla del Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar las causas de su muerte de los ejemplares sujeto a este peritaje, debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3092/2004, de fecha diez de septiembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 13 de septiembre del 2004, mediante el folio 238/2004.

7.- Con fecha siete de septiembre del 2004, se inicio la averiguación previa número 161/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha ocho de septiembre del 2004, suscrito por los CC. Lae. Juan Conrado Cruz Matuz Y Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín, fue localizado en el recinto portuario Isla del Carmen a la altura de la empresa CAMSA, en la Ciudad del Carmen, Campeche, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos y determinó que se trata de un ejemplar de delfín de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar la causa de su muerte del ejemplar sujeto a este peritaje debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3083/2004, de fecha diez de septiembre del 2004, misma consulta que fue autorizada con fecha 13 de septiembre del 2004, mediante el folio 241/2004.

8.- Con fecha siete de septiembre del 2004, se inició la averiguación previa número 162/CARM/2004, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha ocho de septiembre del 2004, suscrito por los CC. Lae. Juan Conrado Cruz Matuz y Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín, fue localizado en el recinto portuario Isla del Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar la causa de su muerte del ejemplar sujeto a este peritaje debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3087/2004, de fecha diez de septiembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 13 de septiembre del 2004, mediante el folio 242/2004.

9.- Con fecha dos de noviembre del 2004, se inició la averiguación previa número A.P./PGR/CARM-II/192/04, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha diez de noviembre del 2004, suscrito por el C. Tec. Elías Moisés Melken Macossay, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas de la Isla del Carmen, a la altura del kilómetro 38 de la carretera Ciudad del Carmen-Puerto Real y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; de los restos en avanzado estado de descomposición en que se encontró no fue posible determinar su sexo, talla ni peso, así como mucho menos se puede determinar las posibles causas de muerte, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3883/2004, de fecha doce de noviembre del 2004, misma consulta que fue autorizada con fecha 17 de noviembre del 2004, mediante el folio 322/2004.

10.- Con fecha dos de noviembre del 2004, se inició la averiguación previa número A.P./PGR/CAMP/CARM-II/ 193/04, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha 10 de noviembre del 2004, suscrito por el C. Tec. Genaro Sánchez Sabido, que el ejemplar de delfín, fue localizado en el kilómetro 50 aproximadamente de la carretera 180 tramo isla Aguada-Sacancuy, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; siendo imposible determinar la causa de muerte del ejemplar sujeto a este peritaje debido al estado físico (restos óseos) en que se encuentra, motivo por el cual está autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3884/2004, de fecha doce de noviembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 17 de noviembre del 2004, mediante el folio 323/2004.

11.- Con fecha tres de noviembre del 2004, se inició la averiguación previa número A.P./PGR/CAMP/CARM-II/ 197/04, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha 10 de noviembre del 2004, suscrito por el C. Tec. Elías Moisés Melken Macossay, que el ejemplar de delfín fue localizado en las playas de la colonia Caracol de Ciudad del Carmen, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; de sexo hembra de 2.17 metros de longitud, con un peso de 217 kilogramos, en donde al momento de la inspección, se observó la mutilación del costado derecho de la mandíbula inferior quedando expuestos los dientes, así como se observó marcas o indicios de haber sido enmallado por redes de pesca ubicadas desde el inicio del mentón hasta la base de la aleta dorsal, lo que originó posiblemente las causas de su muerte, motivo por el cual se ordena la investigación a la Agencia Federal de Investigación, la cual contesta mediante el oficio 1749/AFI/2004, de fecha diez de noviembre del 2004, en el que manifiestan que no obtuvieron información respecto a las personas que provocaron la muerte del ejemplar de delfín, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3849/2004, de fecha doce de noviembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 17 de noviembre del 2004, mediante el folio 325/2004.

12.- Con fecha tres de noviembre del 2004, se inició la averiguación previa número A.P./PGR/CAMP/CARM-II/ 198/04, con motivo de la denuncia del C. Ocean. José Carlos Martínez León, delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de quien resulte responsable, averiguación previa en la que se determinará de acuerdo al dictamen en materia de identificación de especies marinas, de fecha diez de noviembre del 2004, suscrito por el C. Tec. Elías Moisés Melken Macossay, que el ejemplar de delfín, fue localizado en las playas del ejido Emiliano Zapata en la península de Atasta, municipio del Carmen, Campeche, la cual está situada dentro del área natural protegida de flora y fauna Laguna de Términos, y determinó que se trata de un ejemplar de delfín, de la especie conocida como nariz de botella, cuyo nombre científico es Tursiops-Truncatus; de la cual no se puede determinar el sexo, talla ni las causas de su deceso, motivo por el cual esta autoridad de la Federación consultará el no ejercicio de la acción penal, mediante el oficio número 3850/2004, de fecha doce de noviembre del 2004, misma consulta que fuera autorizada con fecha 17 de noviembre del 2004, mediante el folio 325/2004.

Asimismo la Procuraduría General de la República, en la integración de las averiguaciones previas llevó a cabo diversas acciones y trámites para la debida integración, mismas que se han descrito con antelación, de los que se puede señalar, el ordenamiento de investigaciones al encargado de la Agencia Federal de Investigación en esta subsede, para efectos de que comisionara a sus agentes a la indagación para obtener información respecto a si existía la posibilidad de que personas o transeúntes del lugar en que fueron encontrados los delfines muertos, pudieran proporcionar alguna información que ayudara a la localización de los probables responsables de los decesos de los ejemplares de delfín siendo las mismas investigaciones con resultados negativos; de igual forma, se realizaron inspecciones oculares en el lugar de los hechos de cada averiguación previa, no encontrándose vestigios ni indicios que logran el esclarecimiento de los hechos, motivando con ello, que se consultará el no ejercicio de la acción penal, toda vez que no se aportaron datos relevantes que nos llevaran a la ubicación de las personas o persona que realizaran el acto delictivo.

En las oficinas de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, se encuentran registradas la averiguación previa AP/PGR/CAMP/CAMP-III/311/04, denunciada con fecha 4 de octubre del 2004, el hallazgo de que en la playa que se encuentra en el malecón a la altura de la avenida Resurgimiento cruce de la calle Lazareto, en la playa del balneario popular fue encontrado un cadáver de un delfín de la especie Tursiops-Truncatus, conocido comúnmente como delfín nariz de botella, hembra de 277 centímetros de longitud, de aproximadamente 150 kilogramos de peso el cual presentaba rasgos e indicios de cortadas profundas a la altura del torso, abdomen y cola y algunas mordidas a la altura anterior de la cabeza del lado derecho como desprendimiento de la piel y se encontraba en primera etapa de descomposición, por lo que se llevó a cabo la investigación correspondiente, inspección ocular en el lugar de los hechos toda vez que dicho mamífero fue enterrado a un costado de la playa donde fue encontrado; de igual forma se solicitó apoyo de datos a los diferentes grupos de pescadores para recabar la información relacionada con la muerte de dicho mamífero, sin que se haya obtenido resultados positivos y hasta la fecha no se ha obtenido indicios suficientes que proporcionen evidencia para determinar quien o quienes llevaron a cabo los hechos antes señalados, o si este murió por causas naturales o las heridas ocasionadas fueron anteriores o posteriores a su muerte.

En cuanto a la averiguación previa AP/PGR/CAMP/ CAMP-III/314/04, iniciada con motivo de la denuncia derivada de la inspección por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien se apersonó en el poblado de isla Arena, municipio de Calkini, específicamente en el sitio denominado ``playa el paso'', se encontraron dos caparazones de tortuga marina, las cuales estaban en pedazos con una aproximación de dos o tres meses de muertas, por lo que se ordenó la investigación correspondiente, se practicó la inspección ocular en el lugar de los hechos, se montó vigilancia en el lugar del hallazgo sin obtenerse resultados positivos que arrojaron evidencias de los autores materiales de los delitos.

Sin otro particular le reitero mi más distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

Campeche, Camp., a 25 de enero de 2005.--- Lic. Rosa María Palacios Suárez, subdelegada de Control Regional de Procedimientos Legales y Amparo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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AGUA DE LLUVIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1120, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UPC/012/05, suscrito el 26 de enero último por la C. Ma. Antonieta Gallart Nocetti, titular de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el cual da contestación al apartado cuarto del punto de acuerdo en el que se exhorta a esa Comisión a considerar programas y proyectos piloto de producción alimentaria familiar con base en el aprovechamiento directo de la lluvia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 3 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.

Por instrucciones de Xóchitl Gálvez Ruiz, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y en respuesta a su oficio No. SEL/300/5380/04, respecto del punto de acuerdo en donde ``se exhorta a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas a considerar programas y proyectos piloto de producción alimentaria familiar con base en el aprovechamiento directo de la lluvia'', informo a usted que la CDI ha tomado nota de las recomendaciones del honorable Congreso de la Unión, y las atenderá en la medida de sus atribuciones.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 26 de enero de 2005.--- Ma. Antonieta Gallart Nocetti, rúbrica titular.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1006, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 3.- 063, suscrito el 31 de enero último por el C. arquitecto Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ``mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a concluir la construcción del tramo carretero denominado Siltepec-Ángel Albino Corzo (54 kilómetros) y Motozintla-Niquivil-Pavencul (48 kilómetros), ubicados dentro del territorio del estado de Chiapas.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 4 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.--- Subsecretaría de Infraestructura.

Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio SEL/300/5360/04 del 20 de diciembre de 2004, por medio del cual envía al secretario del ramo punto de acuerdo de la Cámara de Diputados relativo al exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda dar conclusión a la construcción del camino Angel Albino Corzo-Siltepec, e informe a dicha soberanía sobre los avances en la construcción del propio camino Siltepec Angel Albino Corzo y Motozintla-Niquivil-Pavencul, en el estado de Chiapas.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el camino Ángel Albino Corzo Siltepec, tiene una longitud de 106.2 kilómetros, de los cuales esta Secretaría construyó 55.0 kilómetros en el periodo 1995-1999.

En el presupuesto de 2004 se aprobaron 25.0 millones de pesos para continuar con esta obra; sin embargo, fue necesaria su cancelación debido a que el resultado del estudio del análisis costo-beneficio no cumplió con los lineamientos establecidos por la SHCP. No obstante, en ese mismo año se llevó a cabo la reconstrucción de los 55.0 kilómetros.

En el PEF 2005 se aprobaron dentro del Programa de Obras a Contrato 35.0 millones de pesos para continuar con la construcción de esta obra, de los cuales se han liberado 25.0 millones de pesos. Con cargo al oficio del Acuerdo de Secas se licitó la construcción del km 55+000 al km 56+840, con un costo de 9.4 millones de pesos y los trabajos se iniciaron el 3 de enero del actual.

Respecto al tramo faltante, se están realizando algunas readecuaciones al proyecto geométrico y se tramita ante la Semarnat la autorización de la Manifestación del Impacto Ambiental correspondiente, lo cual permitirá avanzar en la construcción de este camino.

En cuanto al camino Motozintla-Niquivil-Pavencul, le comunico que éste tiene una longitud total de 48.0 kilómetros; para llevar a cabo su ampliación y modernización, en 2002 se elaboraron los estudios y proyectos de 40.0 kilómetros, con una inversión de 1.2 millones de pesos; dada su importancia regional, esta Secretaría anualmente destina recursos para su mantenimiento.

En el PEF 2005 se aprobaron 35.0 millones de pesos para la ampliación y modernización de este camino, por lo que una vez que se liberen estos recursos, el Centro SCT Chiapas iniciará los trámites para licitar los primeros 10.0 kilómetros.

No omito comentar a usted que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas no tiene considerado destinar recursos para este camino durante el presente ejercicio.

Atentamente.

Ciudad de México, 31 de enero de 2005.--- El subsecretario de infraestructura, Jorge Fernández Varela.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-906, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número EOO.-SII.- 004 suscrito el 7 de enero último por el C. ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acciones relacionadas con el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, en el estado de Campeche.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio No. SEL/300/5371/04, de fecha 21 de diciembre de 2004, recibido en esta Subprocuraduría el día 5 de enero de 2005, por el que tuvo a bien remitir al Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, copia del oficio No. DGPL 59-114906, de fecha 14 de diciembre de 2004, a través del cual los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, informaron al Lic. Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, sobre el Acuerdo aprobado en la sesión celebrada en esa misma fecha, que en sus puntos primero y segundo a la letra dicen: Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por conducto de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP), a reactivar el Consejo Consultivo del Área de Protección de Flora y Fauna ``Laguna de Términos'', en el estado de Campeche, con la composición que la legislación vigente exige y verificando que éste sesione al menos bimestralmente. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a verificar y, en su caso, rectificar la manifestación de impacto ambiental autorizada para la operación de 13 pozos en la Laguna de Términos, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, a fin de salvaguardar el medio ambiente del área natural protegida, tomando en cuenta los efectos negativos que trabajos similares han causado en otras áreas.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, carece de competencia para atender el punto de acuerdo referido; sin embargo, se tiene conocimiento que este asunto también fue turnado al Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoefilch, Presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para su atención procedente.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 11 de enero de 2005.--- El subprocurador Ing. José Ramón Ardavín Ituarte.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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AREAS NATURALES PROTEGIDAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-5-1183, signado el
14 de diciembre de 2004por los CC. diputados
Manlio Fabio Beltrones Riveray
Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. COFEME/05/0204, suscrito el 19 de enero último por el C. licenciado Carlos García Fernández, titular de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante el cual da respuesta al apartado primero del punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a enviar a la brevedad a la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidaslas observaciones correspondientes al borrador final del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Archipiélago Revillagigedo, para que ésta realice lo correspondiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio No. SEL/300/5367/04, de fecha 22 de diciembre de 2004, recibido en esta comisión el 17 de enero de 2005, mediante el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de diciembre de 2004. En ese punto de acuerdo se exhorta a esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer):

...Para que envíe a la brevedad a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas las conservaciones correspondientes al borrador final del Programa de Manejo del Area Natural Protegida Archipiélago Revillagigedo, para que ésta realice lo correspondiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación...

Al respecto, le comunico que el 30 de julio de 2004, esta comisión recibió una solicitud de dictamen final para el anteproyecto del Programa de Manejo que nos ocupa y la MIR respectiva, por parte de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, la cual funge como responsable oficial de la mejora regulatoria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Dentro del plazo de cinco días para responder a este tipo de solicitudes, establecido en el tercer párrafo del artículo 69-J de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), la Cofemer emitió y entregó el dictamen final sobre el anteproyecto en comento y su manifestación de impacto regulatorio mediante el oficio COFEME/04/1623, de fecha 4 de agosto de 2004 y notificado el 5 siguiente, de cuyo acuse se anexa una copia a este oficio.

Por consiguiente, desde el 5 de agosto de 2004, la Conanp ha estado en condiciones de publicar el Programa de Manejo motivo de este oficio en el Diario Oficial de la Federación, en términos del artículo 69-L de la LFPA.

Le agradezco de antemano que informe a la Cámara de Diputados que la publicación del Programa de Manejo del Area Natural Protegida Archipiélago Revillagigedo está desde hace varios meses, en manos de la Conanp.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 19 de enero de 2005.--- Licenciado Carlos García Fernández.»

Anexo: Copia del acuse recepción por parte de la Semarnat, del oficio COFEME/04/1623 (5 páginas).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Presente.

Me refiero al formulario de MIR correspondiente al anteproyecto de Programa de manejo de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo, el cual fue remitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) vía el portal de la MIR (www.cofemermir.org) y recibido por esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el pasado 30 de julio de 2004.

La Semarnat anexó al formulario la solicitud de dictamen final en términos del artículo 69-J, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), misma que se apega a lo previsto en dicho precepto, ya que en el documento ``Respuesta al oficio de respuesta a la solicitud de dictamen final del anteproyecto del Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo y de la Manifestación de Impacto Regulatorio Correspondiente'' se atiende el dictamen contenido en el oficio COFEME/04/1078 y se comunican las razones por las cuales la Semarnat no se ajusta a ciertas observaciones de dictamen previo. Por consiguiente, resulta procedente la solicitud de dicha dependencia para que la Cofemer emita dictamen final.

Dictamen final sobre el anteproyecto de ``Programa de manejo de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo'' y sobre el formulario de MIR correspondiente:

1. Respecto a las prohibiciones y limitaciones a la actividad pesquera que se pretenden incluir en el anteproyecto que nos ocupa.

1.1 La Semarnat señala:

...me permito comentar que esta comisión realizó las modificaciones pertinentes (eliminación) a la citada regla, con excepción de las actividades señaladas en sus puntos 2 y 3, en razón de que de conformidad con lo previsto por el acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización de la Carta Nacional Pesquera y su Anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 2004, el aprovechamiento pesquero se llevará a cabo dentro de las ANP en las áreas, épocas y con los límites, artes, equipos que se establezcan en el programa de manejo correspondiente atendiendo a la zonificación establecida, avisos de veda, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables. Cabe señalar que para el caso específico del área natural protegida que nos ocupa, el referido instrumento prevé que: ``...Cabe señalar que el programa de manejo está en proceso de elaboración por lo que dichas actividades estarán reguladas conforme a lo dispuesto en las reglas administrativas y al componente de zonificación, en donde se restringen algunas actividades pesqueras de acuerdo a subzonas, dentro de la zona de amortiguamiento por lo que se recomienda consultar dicho instrumento una vez que sea publicado''. sic.

1.2 De conformidad con el artículo 60, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la zonificación debe estar prevista en las declaratorias por las que se establecen las áreas naturales protegidas (ANP), puesto que dicho artículo dispone:

Artículo 60. Las declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta Ley deberán contener por lo menos, los siguientes aspectos:

I.- La delimitación precisa del área, señalando la superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zonificación correspondiente:

...

Para el caso que nos ocupa, el decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como Archipiélago de Revillagigedo, integrada por cuatro áreas: Isla San Benedicto, Isla Clarión o Santa Rosa, Isla Socorro o Santo Tomás e Isla Roca Partida (Decreto) prevé en su artículo primero la zonificación, incluyendo únicamente zonas núcleo y zonas de amortiguamiento. Esto es, no contiene una subzonificación.

A la luz de lo señalado en los párrafos anteriores queda claro que:

a) la zonificación mencionada en la Carta Nacional Pesquera no puede ser otra que la establecida expresamente en los decretos de creación de las ANP, y

b) los programas de manejo no pueden establecer una subzonificación si no está prevista en un decreto.

1.3 Se observa que el ARTICULO DECIMOTERCERO del Decreto establece:

En la Reserva de la Biosfera se permitirá la pesca deportiva, así como la pesca comercial de las especies ícticas y malacológicas, en las áreas, épocas y con los límites, artes, equipos y métodos que se establezcan en el programa de manejo, los avisos de veda, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Si bien remite el programa de manejo las limitantes para la actividad pesquera se debe considerar que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de junio de 1994, por lo que entró en vigor antes de las reformas a la LGEEPA publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 1996. Por tanto, el citado ARTICULO DECIMOTERCERO se contrapone con lo previsto por el artículo 60 de la LGEEPA, el cual debe prevalecer por ser una norma de mayor jerarquía y de posterior expedición.

En tal virtud, en opinión de esa comisión, las restricciones a la actividad pesquera que se pretende establecer mediante el programa de manejo carecen de sustento legal.

2. Respecto a la justificación jurídica para subzonificar a través de un programa de manejo.

2.1 La Semarnat respondió:

Asimismo, derivado del diagnóstico del área, así como de las consultas públicas y reuniones con los diferentes sectores involucrados se determinó la necesidad de subzonificar el área. Esto atendiendo el principio previsto en el artículo 47 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente...

2.2 Sobre este aspecto, es importante señalar que la obligatoriedad de una ley no se pierde cuando se le pretende desconocer por la voluntad de los particulares o de las autoridades, pues éste no es el medio para restarle o privarle de fuerza obligatoria.

En el orden jurídico de nuestro país, las leyes de orden público, como es el caso de la LGEEPA, tienen una fuerza imperativa absoluta, son irrenunciables por voluntad de los particulares y los sujetos destinatarios de una norma contenida en la ley, no gozan de la libertad que les permita, en la celebración de un acto jurídico prescindir de la aplicación de un precepto legal cuando éste es de orden público.

Lo anterior significa que ni los acuerdos consensados entre particulares ni de éstos con las autoridades puede suplir o complementar lo establecido por la ley, pues se podría violar el Estado de derecho. En tal virtud, lo señalado por la Semarnat no puede ser fundamento jurídico para subzonificar mediante un programa de manejo.

3. Sobre que los Programas de manejo son de carácter programático e inductivo.

3.1 La Semarnat da respuesta de la siguiente manera:

En relación con su conservación sobre que los Planes de Manejo son instrumentos de planeación o inducción le comento que de acuerdo con el artículo 3°, fracción XI del REGLAMENTO de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas el Programa de manejo se define como el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva, por lo que en opinión de esta Comisión su comentario no es procedente.

3.2 Al respecto es importante recordar que los programas de manejo no pueden por sí solos imponer obligaciones o limitaciones a los particulares (como se pretende hacer en el anteproyecto que nos ocupa, pues la subzonificación limita las actividades de pesca en el NP), toda vez que al tener la jerarquía jurídica de un Acuerdo Secretarial están supeditados a lo señalado por las leyes, reglamentos o decretos presidenciales en la materia. Lo contrario resulta a todas luces improcedentes desde la perspectiva jurídica.

En efecto, si dichos aspectos (obligaciones y limitaciones) deben regularse en una disposición de carácter legal que pueda ser obligatoria para los particulares, es claro que no pueden hacerse en un programa cuya naturaleza jurídica es la de un acto administrativo de planeación e inducción.

(1) El contenido del artículo 66 de la LGEEPA únicamente prevé aspectos relativos a un instrumento de carácter administrativo.

A mayor abundamiento, si sólo por excepción se permite que la ley delegue en un acto del Ejecutivo federal la regulación de estas materias-acto que se ejercerá con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución, no es posible que el Ejecutivo a su vez lo delegue en otro acto administrativo, pues, en primer término, se trata de una facultad indelegable, y en segundo término, fundamentalmente se trata de una materia que sólo puede ser objeto de la ley, conforme a los más elementales principios de nuestro derecho constitucional.

Asimismo, resulta esencial señalar que entre las facultades del titular de la Semarnat previstas en la normatividad aplicable a la materia que nos ocupa, no se encontraron las atribuciones para establecer la subzonificación mediante programa de manejo de un ANP.

4. Respecto a la procedencia legal para subzonificar un ANP mediante un programa de manejo.

4.1 La Semarnat responde que:

Por otro lado, respecto al criterio expresado por el Lic. Martín Díaz y Díaz le comento que, no obstante su opinión respecto a la delegación que hacen las leyes de desarrollo urbano para que establezcan modalidades en los planes de desarrollo urbano, me permito mencionarle que en todo caso corresponde al Poder Judicial de la Federación determinar dicha inconstitucionalidad.

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ``El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso''.

4.2 Este órgano considera inadmisible que una dependencia de la Administración Pública Federal, a sabiendas de que carece de facultades, emita o pretenda emitir disposiciones de carácter general sin sustento legal alguno, esperando que surta efectos jurídicos hasta en tanto el acto administrativo sea declarado inválido por alguna autoridad competente.

Esto viola el principio de la legalidad, y en consecuencia, el Estado de derecho que determina que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual si no es conforme a una disposición general anteriormente dictada. Querer alterar los principios básicos de un Estado de derecho sobre la premisa de un objetivo de interés público como es el de la conservación, es una visión que pierde de vista lo esencial para que cualquier régimen jurídico aplicable sea consistente.

La Semarnat debe considerar que el anteproyecto que se pretende expedir generará más costos que los beneficios que se pretenden obtener e incertidumbre jurídica a los particulares y a la misma autoridad, provocará que la APF distraiga recursos de la Federación con la finalidad de litigar en los tribunales del Poder Judicial Federal por los amparos que los particulares podrían interponer, probablemente, no resolverá todos los problemas que la regulación pretende subsanar y si generará nuevos.

Sin perjuicio de lo anterior, le comunico que la Semarnat puede proceder con las formalidades para publicar en el Diario Oficial de la Federación el anteproyecto que nos ocupa, de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 69-L de la LFPA. Lo anterior toda vez que dicha dependencia solicitó el dictamen final de conformidad con el artículo 69-J tercer párrafo, de la referida Ley.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

Atentamente.

Con fundamento en los artículos 7°, fracción I y 9°, fracción XI del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria así como en el artículo único del acuerdo por el que se delegan facultades del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación 16 de marzo de 2004.

México, DF, a 4 de agosto de 2004.--- Benjamín Contreras Astiazarán, Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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RELLENO SANITARIO
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal, México.--- La Ciudad de la Esperanza, Secretaría del Medio Ambiente.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio No. D.G.P.L 59-II-5-1094/04, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el pasado 30 de noviembre del 2004, mediante el cual se solicita la selección final de un sitio para los residuos sólidos municipales, en el Bordo Poniente.

Anexo envío a usted oficio No. SMA/070/05, con la información que proporciona la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF. 3 defebrero de 2005.--- Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal, México.--- La Ciudad de la Esperanza.--- Secretaría de Gobierno.

Lic. Rigoberto Avila Ordóñez, asesor del secretario de Gobierno.--- Presente.

Por este conducto me permito enviarle para su conocimiento, el oficio SMA/070/05 de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria del Medio Ambiente, quien da respuesta al oficio SG/14063 del 10 de diciembre del 2004, en relación con el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 30 de noviembre del 2004.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 2 de febrero de 2005.--- Secretaria particular del Secretario de Gobierno, Yari Hernández Kaiser.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal, México.--- La Ciudad de la Esperanza, Secretaría del Medio Ambiente.

Lic Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.--- Presente.

Me dirijo a usted en atención a su oficio SG/14063/2004 de fecha 10 de diciembre de 2004, por conducto del cual remitió a esta Secretaría copia del punto de acuerdo aprobado por la Cámara Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión plenaria del 30 de noviembre de 2004, relativo al Bordo Poniente y la gestión de residuos.

Sobre el particular, a continuación hago de su conocimiento la información que se relaciona como exhorto que se hace al Gobierno del Distrito Federal, en el término cuarto del citado punto de acuerdo, para ``...verificar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integrada de los Residuos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9°, fracción IV, de dicha ley''.

Al respecto, es preciso señalar que dicho artículo se encuentra referido exclusivamente a los residuos de manejo especial, los cuales corresponden a los residuos señalados en el artículo 19 de la ley mencionada:

I. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen para este fin, así como estos productos derivados de la descomposición de las rocas excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5° de la Ley Minera;

II. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centro de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos;

III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades;

IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias las aduanas,

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales;

VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en volúmenes;

VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general;

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico y

IX. Otros que determinen la Secretaría (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) de común acuerdo con las entidades federativas y municipios que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, desde el 1o. de octubre de 2004 los generadores de residuos de manejo especial tienen la obligación de presentar sus planes de manejo ante esta Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, para su autorización a través de los formatos disponibles en la página de Internet www.sma.df.gob.mx.

A la fecha, esta dependencia ha recibido 588 planes de manejo para trámite de autorización, distribuidos de la siguiente forma por tipo de generador:

Dentro de los planes de manejo recibidos se encuentran el correspondiente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, así como los de diversos hospitales ubicados en el Distrito Federal, como es el caso de los hospitales Angeles, Médica Sur y Pediátrico Infantil, que en su conjunto suman un total de 67 instalaciones diferentes. Asimismo, se cuenta con planes de manejo de empresas del sector industrial, en los cuales se reportan, en su caso, los residuos de manejo especial correspondientes a lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales.

En congruencia con la normatividad local, los planes de manejo incluyen información referente al tipo de generador, tipo de residuos y su generación, el destino final, así como el programa de minimización en la generación y el tipo de servicio de recolección. En todos los casos se requiere contar con la separación de los residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos y, en caso de contar con áreas públicas, se solicita la instalación de material de difusión que permita informar a la población sobre la separación de los residuos sólidos.

Adicionalmente a lo indicado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las cuatro terminales de autobuses foráneos, así como en diversos centros comerciales de la ciudad, se han realizado gestiones orientadas a la difusión y separación de los residuos sólidos en las fracciones orgánicas e inorgánicas; dichas actividades incluyen visitas de seguimiento por personal del Gobierno del Distrito Federal, para la implantación del programa de separación de residuos.

Dentro de las actividades relacionadas con la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos local, esta Secretaría promovió con el sector privado la instalación de una planta de reciclaje para los residuos de manejo especial provenientes de la industria de la construcción, cuya finalidad es fomentar el reciclaje de estos residuos y reducir los problemas asociados con su inadecuada disposición. Esta planta se inauguró en octubre de 2004 y tiene una capacidad de tratamiento de más de 2,000 toneladas por día.

Otra experiencia de gestión de los residuos que merece la pena destacar, es la implantación exitosa del plan de manejo para los residuos de PET (material plástico para envases de refrescos y alimentos), que desde el año 2002 estableció la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a través de la empresa de participación privada denominada Ecología y Compromiso Empresarial, AC (Ecoce), con valores de recuperación de estos residuos mayores a 23,000 toneladas anuales. Actualmente, esquemas similares están en proceso de elaboración para el manejo de cartuchos de impresoras y para cartón laminado.

Esta Secretaría considera que con las acciones y medidas expuestas anteriormente, el Gobierno del Distrito Federal ha ejercido y atendido responsablemente las facultades que le confiere la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la materia que ha sido objeto del exhorto por parte del H. Congreso de la Unión, contenido en el término cuarto del citado punto de acuerdo.

Por lo anterior, reciba usted mi atenta solicitud de ser el conducto que informe lo conducente a la H. Cámara de Diputados, una vez que se haya integrado la información que sobre los términos quinto y sexto reporte la Secretaría de Obras y Servicios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 27 de enero de 2005.--- La Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

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ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día son iniciativas de ciudadanos diputados. Para ello, tiene la palabra el señor diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.

De conformidad con los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado federal Pedro Avila Nevárez, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra Carta Magna es el instrumento que norma al Estado mexicano y a la sociedad, las garantías individuales, la soberanía nacional y las formas de gobierno, la división de poderes y de los estados de la Federación, por lo que nuestra labor como diputados se sustenta en la facultad de dar fortaleza y utilidad a las leyes.

La fortaleza de la ley es la misma fortaleza de la nación, ya que cualquier disputa entre los miembros de una sociedad será resuelta por las instituciones legales que se establecen para tal efecto. Cuando la población se sujeta a la ley, se asegura la individualización de las garantías, en beneficio de la misma sociedad.

Es por eso que la labor de los Constituyentes sobresale a través de la historia, por eso rindo homenaje aquí, a mi paisano, al gran periodista Francisco Zarco Mateos, porque las ideas de los liberales sustentaron el espíritu de la ley a la bondad en su aplicación, siempre en beneficio de las mayorías. Los liberales derrotaron la ideología conservadora y lograron sustentar la Constitución. Estas últimas se sustentaban en la explotación del campesino en las propiedades feudales, donde el señor era dueño de la vida misma, aquel que se encontraba dentro de sus reclamos de la propiedad.

La vida republicana de nuestra nación está consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su célula fundamental es el municipio. Este es el principio de las formas de asociación entre la sociedad y su entorno territorial, por lo que nuestra propuesta lleva en su fundamento, la noción misma de la libertad y autonomía del municipio y sustentada desde el más hondo sentimiento federalista.

Siendo esto el fundamento de nuestra propuesta, debemos agregar que la mayor parte de los municipios en el país, se encuentran en situaciones de atraso y marginación, que impiden su desarrollo y que su participación en los ingresos a través de los impuestos que cobra el Gobierno federal, es de 10 centavos de cada peso obtenido. Más aun existen municipios generadores de riquezas y sin embargo no obtienen nada a cambio, existen municipios que generan energía y sus pobladores pagan las más altas cuotas de consumo.

Otro principio de esta propuesta es, sin lugar a dudas, las poblaciones en extrema pobreza de que se compone la mayor parte de los municipios, pero al municipio se le niega la capacidad de subsidiar servicios o cobros de su hacienda en beneficio de los más pobres. Esta negación se compone de 2 hechos, la incapacidad por la ley y su incapacidad para el efecto negativo que esto implicaría a los recursos del municipio, por lo que debemos mayores ingresos a los municipios, considerados marginales.

Sin embargo, el impacto social de la miseria de sus pobladores es de manera directa a las autoridades municipales, a pesar de los programas de asistencia que opera el Gobierno federal, programas que la mayor parte de ellos, sólo sirven para la campaña de señoras que ahora se sienten candidatos por derecho sanguíneo.

Ahora bien, el Gobierno federal envía a los municipios, a través de los fondos de apoyo, recursos para diferentes acciones, los que de alguna manera son fuentes de recuperación de los municipios, debido a que el presupuesto federal es producto de los recursos de la población, por consiguiente, los recursos que aportan los fondos deberán contemplar la recuperación de la pérdida que pudiese originar a los municipios de recursos, por los subsidios que otorgaran.

Debemos contemplar que nuestro trabajo responda a las demandas históricas de la población, principalmente la de menos recursos; debemos asegurar que la obligación del Estado con los marginados establecidos por el espíritu del Constituyente, se haga realidad ante la crisis que viven nuestros sectores de la población que no tienen a la vista un horizonte mejor, producto de un gobierno conservador que ha fracasado en sus programas económicos y que poco o nada hace por los pobres.

La Revolución Mexicana fue producto de las grandes masas de explotados y marginados, de los campesinos y de los obreros, estableciendo las grandes metas que se deberían alcanzar para cumplir con el anhelo de los miles de muertos que produjeron la sangre que ahora corre por las venas de la nación y de las instituciones que no han podido ni podrán destruir los enemigos de la Revolución.

Por lo anterior, presento ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fracción V, inciso i) queda igual.

Inciso j). Subsidiar en beneficio de la población en extrema pobreza, los servicios, cobranzas y otros en que tengan la administración o facultad de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Estos subsidios serán recuperados a través de los fondos de aportación federal y deberán ser parte de los informes del estado que guarda la administración municipal.

Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suplico al señor Presidente que se publique en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, por ser de interés para la nación, ya que esto es en beneficio de los municipios más pobres de México y en beneficio de todos los municipios de la patria, por los cuales, mi paisano, Francisco Zarco, luchó incansablemente al lado del benemérito Benito Juárez. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un inciso j) a la frcción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado federal de la LIX Legislatura Pedro Ávila Nevárez, presento a esta H. Soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Nuestra Carta Magna es el instrumento que norma al Estado mexicano y a la sociedad, las garantías individuales, la soberanía nacional y las formas de gobierno, la división de poderes y de los estados de la Federación. Por lo que nuestra labor como diputados se sustenta en la facultad de dar fortaleza y utilidad a las leyes.

La fortaleza de la ley es la misma fortaleza de la nación, ya que cualquier disputa entre los miembros de una sociedad será resuelta por las instituciones legales que se establecen para tal efecto. Cuando la población se sujeta a la ley, se asegura la individualización de las garantías en beneficio de la misma sociedad.

Es por eso que la labor de los Constituyentes sobresale a través de la historia, porque las ideas de los liberales sustentaron el espíritu de la ley a la bondad en su aplicación, siempre en beneficio de las mayorías. Los liberales derrotaron la ideología conservadora que era guiada por las ideas monárquicas y escolásticas de los conventos e iglesias herederas de la colonia. Estas últimas se sustentaban en la explotación del campesino en las propiedades feudales, donde el señor era dueño de la vida misma de aquel que se encontraba dentro de su reclamo de propiedad.

La vida republicana de nuestra nación esta consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su célula fundamental es el municipio. Este es el principio de las formas de asociación entre la sociedad y su entorno territorial. Por lo que nuestra propuesta lleva en su fundamento la noción misma de la libertad y autonomía del municipio, y sustentada desde el más hondo sentimiento federalista.

Siendo esto el fundamento de nuestra propuesta, debemos agregar que la mayor parte de los municipios en el país se encuentran en índices de atraso y marginación, que impiden su desarrollo y que su participación en los ingresos, a través de los impuestos que cobra el Gobierno Federal, es de 10 centavos de cada peso obtenido. Más aun, existen municipios generadores de riquezas y sin embargo no obtienen nada a cambio, existen municipios que generan energía y sus pobladores pagan las más altas cuotas de consumo.

Otro principio de esta propuesta, es sin lugar a dudas, las poblaciones en extrema pobreza de que se componen la mayor parte de los municipios. Pero al municipio se le niega la capacidad de subsidiar servicios o cobros de su hacienda en beneficio de los más pobres. Esta negación se compone de dos hechos, la incapacidad por ley y su incapacidad por el efecto negativo que esto implicaría a los recursos del municipio. Por lo que debemos dar mayores ingresos a los municipios considerados marginales.

Sin embargo, el impacto social de la miseria de sus pobladores es de manera directa a las autoridades municipales, a pesar de los programas de asistencia que opera el Gobierno Federal, programas que la mayor parte de ellos sólo sirven para la campaña de señoras que ahora se sienten candidatas por derecho sanguíneo.

Ahora bien, el Gobierno Federal envía a los municipios, a través de los fondos de apoyo, recursos para diferentes acciones, los que de alguna manera son fuentes de recuperación de los municipios. Debido a que el presupuesto federal es producto de los recursos de la población, por consiguiente, los recursos que aportan los fondos deberán contemplar la recuperación de la pérdida, que pudiese originar a los municipios, de recursos por los subsidios que otorgarán.

Debemos contemplar que nuestro trabajo responda a las demandas históricas de la población, principalmente la de menos recursos; debemos asegurar que la obligación del Estado con los marginados, establecidos por el espíritu del Constituyente, se haga realidad ante la crisis que viven estos sectores de la población, que no tienen a la vista un horizonte mejor, producto de un gobierno conservador que ha fracaso en sus programas económicos y que poco o nada hace por los pobres.

La Revolución Mexicana fue producto de las grandes masas de explotados y marginados, de los campesinos y de los obreros, estableciendo las grandes metas que se deberían alcanzar para cumplir con el anhelo de los miles de muertos, que produjeron la sangre que ahora corre por las venas de la nación y de las instituciones, que no han podido ni podrán destruir los enemigos de la revolución.

Por lo anterior, presento a esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa:

Único. Iniciativa que reforma y adiciona un inciso j) a la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115.

...

Fracción V)

Inciso a) a inciso i) Queda igual.

Inciso j) Subsidiar en beneficio de la población en extrema pobreza, los servicios, cobranzas y otros en que tengan la administración o facultad de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Estos subsidios serán recuperados a través de los fondos de aportación federal y deberán ser parte de los informes del estado que guarda la administración municipal.

Transitorio. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En el Palacio de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero del año 2005.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: [Gracias a usted, señor diputado, y no tiene que suplicar lo que es su derecho. Insértese de manera íntegra todo el documento en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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ARTICULOS 38, 74, 111 Y 112 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Con su permiso, señor Presidente.

Solicito la inscripción del texto íntegro en el Diario de Debates de la presente iniciativa.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así será.

El diputado José Luis Medina Lizalde: José Luis Medina Lizalde, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente exposición de motivos:

Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho, debemos realizar puntualmente la correspondiente adecuación de las leyes que norman el ejercicio responsable y honesto del servicio público a la realidad que impera en nuestro país, donde los servidores públicos fundamenten su actuar siempre en beneficio a favor del pueblo y el respeto irrestricto a la ley, ya que la esencia de un régimen democrático se traduce en la capacidad que tiene la sociedad de exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes que ha elegido, mediante las vías institucionales que para tal efecto se establezcan en la legislación.

En un sistema ideal organizado para servir a la población, la actualización de todos los titulares de gobiernos en sus distintos ramos, debería ser refrendada constantemente por la ciudadanía, lo que resultaría bastante difícil debido a que tendría que destinar una buena parte de su tiempo a esta actividad, es por ello que los encargos y mandatos del pueblo se otorgan por periodos determinados de antemano. Dicha situación no exime para que los órganos de gobierno, los electos y los no electos y todos los empleados públicos, deban responder siempre por sus actos frente a la sociedad.

Los individuos que ejercen funciones en los órganos ejecutivos, en los legislativos y en los que desempeñan funciones judiciales, son simplemente empleados que deben rendir cuentas de todas las facultades que se les encomiendan, así como del uso de los recursos que se les entregan para su administración, debido a que éstos pertenecen a la sociedad.

Nuestro sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos funcionarios públicos la inmunidad procesal en materia penal, que les protege legal y políticamente, es una garantía que se constituye en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y mantener así el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos.

La palabra ``fuero'' deriva del latín forum que significa ``recinto sin edificar, plaza pública, vida pública y judicial''. Por extensión, así se le denomina al sitio donde se administra la justicia o al local del tribunal. También es considerado como un privilegio de competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo.

Entre los primeros antecedentes internacionales de la figura denominada ``fuero'' encontramos el impeachment, la cual se contempla dentro del parlamento inglés y cuya causal más común era la de traición o felonía, siendo el concepto de traición excesivamente amplio abarcando desde el asesinato del rey hasta la falsificación de moneda.

Hasta el año de 1701, el rey podía indultar a aquellos condenados por el Parlamento a la pena de muerte, destierro, prisión, multa o pérdida de privilegios, pero debido a las arbitrariedades en la que caía el monarca en turno, dicha atribución real fue prohibida mediante la ley del establecimiento.

En México, la figura conocida como fuero y los procedimientos relativos a la fincación de responsabilidades a los servidores públicos, tiene sus antecedentes en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional, entre los que destacan: la Constitución de Cádiz de 1812, la cual, en sus artículos 131, 228, 229, 254 y 261, reguló el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios de despacho y demás servidores públicos ante las cortes generales.

El decreto constitucional para la Libertad de las Américas de 1814, conocido como Constitución de Apatzingán, en sus artículos 59, 120, 146, 147, 149, 150 y del 224 al 228, ahí se estableció hacer efectiva ante el Supremo Congreso, la responsabilidad de los individuos de las supremas corporaciones.

Haciendo un gran salto histórico y llegando a la Constitución de 1917, específicamente en cuanto hace a las disposiciones contenidas en los artículos del 108 al 114 en materia de responsabilidades de los servidores públicos, han sido objeto de numerosas modificaciones que han ido evolucionando hasta llegar a la actual redacción, siendo la reforma de 1982 la que introdujo finalmente la figura que conocemos como ``declaración de procedencia'', en sustitución del término ``declaración de desafuero''.

En virtud de la mencionada reforma se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya naturaleza jurídica es la de reglamentar el Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos y patrimonial del estado, encontrándose contenidas en dicho cuerpo normativo, entre otras, las disposiciones legales concernientes a las autoridades competentes, sanciones y procedimientos relativos a la sustanciación, tanto del juicio político como de la declaración de procedencia.

El término ``declaración de procedencia'' corresponde al procedimiento parlamentario, por medio del cual se analiza en uno de los órganos del Congreso General, si un servidor público que goza de inmunidad procesal es probable responsable de la comisión de un delito. Dicho procedimiento se instaura con la finalidad de declarar la remoción de aquel privilegio y ponerlo a disposición del juez o tribunal respectivo, sin implicar nunca la sustanciación exhaustiva y definitiva de la responsabilidad penal del alto funcionario y menos la sustitución del Congreso en las atribuciones reservadas a los jueces, teniendo presente que el objeto de la protección constitucional en la declaración de procedencia, sólo es librar de hipotéticas interferencias o de influjos negativos a la función pública y no garantizar la impunidad de un funcionario determinado.

La declaración de procedencia sustituye al término ``declaración de desafuero'', entendiéndose como fuero constitucional el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación, para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal; en la reforma constitucional respectiva del 82, se sustituyó la denominación.

De igual forma, el artículo 111 constitucional específicamente lo que es el párrafo séptimo, que el efecto da lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal.

El tiempo nos rebasa, pero en esta iniciativa de ley lo que estamos proponiendo es que no sea la consigna política la que determine el destino de los funcionarios, sino que sea un expediente judicial. En ese sentido proponemos la derogación de la fracción II del artículo 38 constitucional, que equivocadamente establece que se suspenden los derechos políticos de un ciudadano a partir del auto de formal prisión; lo que proponemos es que sea a partir de que haya cosa juzgada a ese respecto.

Asimismo proponemos que un funcionario pueda ser enjuiciado sin ser separado de su cargo y que éste sea objeto de esa medida, una vez que la Suprema Corte de Justicia haya dictado la última palabra al respecto.

El tiempo nos rebasa, pero reiteramos nuestra solicitud de que el texto sea inscrito en el Diario de Debates. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD

José Luis Medina Lizalde, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las Instituciones y el respeto al Estado de Derecho, debemos realizar puntualmente la correspondiente adecuación de las leyes que norman el ejercicio responsable y honesto del servicio público a la realidad que impera en nuestro país. Donde los servidores públicos fundamenten su actuar siempre en el beneficio a favor del pueblo y el respeto irrestricto a la Ley; ya que la esencia de un régimen democrático se traduce en la capacidad que tiene la sociedad de exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes que ha elegido, mediante las vías institucionales que para tal efecto se establezcan en la legislación.

Lo que distingue a una verdadera república es que en ella el gobierno depende de los ciudadanos, existe por y para la población; el poder y las funciones que realiza son las que la sociedad le encomienda, durante el tiempo que ella quiera, teniendo al igual que el Estado, justificada su existencia únicamente en el servicio a la sociedad.

En un sistema ideal, organizado para servir a la población, la actualización de todos los titulares de gobierno en sus distintas ramas, debería ser refrendada constantemente por la ciudadanía; lo que resultaría bastante difícil, debido a que tendría que destinar una buena parte de su tiempo a esa actividad, es por ello que los encargos y mandatos del pueblo se otorgan por períodos determinados de antemano. Dicha situación no exime para que los órganos de gobierno, los electos y los no electos, y todos los empleados públicos, deban responder siempre por sus actos frente a la sociedad. Los individuos que ejercen funciones en los órganos ejecutivos, en los legislativos y los que desempeñan funciones judiciales, son simplemente empleados que deben rendir cuentas de todas las facultades que se les encomiendan, así como del uso de los recursos que se les entregan para su administración, debido a que éstos pertenecen a la sociedad.

Nuestro sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos funcionarios públicos la inmunidad procesal en materia penal, que les protege legal y políticamente, es una garantía que se constituye en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y mantener así el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos.

La palabra fuero deriva del latín forum, que significa 'recinto sin edificar, plaza pública, vida pública y judicial'; por extensión así se le denomina al sitio donde se administra la justicia o al local del tribunal''. También es considerado como un privilegio de Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo.

Entre los primeros antecedentes internacionales de la figura denominada ``fuero'' encontramos el impeachment, la cual se contemplaba dentro del Parlamento Inglés y cuya causal más común era la de traición o felonía, Siendo el concepto de traición excesivamente amplio, abarcando desde el asesinato del rey hasta la falsificación de moneda. Hasta el año de 1701, el rey podía indultar a los condenados, por el Parlamento, a las penas de muerte, destierro, prisión, multa o pérdida de privilegios, pero debido a las arbitrariedades en las que caía el monarca de turno, dicha atribución real fue prohibida, mediante la Ley de Establecimiento.

En el siglo XVII, en las colonias inglesas de América del Norte, las asambleas legislativas usaban frecuentemente el impeachment para destituir a los gobernadores, dictada la Constitución de Filadelfia, se establece un sistema distinto al que regía hasta el momento. Con el juicio político, el tribunal encargado del juzgamiento de todos los funcionarios civiles sería el Senado de los Estados Unidos. Las principales características que diferenciaban al juicio político del impeachment eran: la limitación del concepto del delito de traición; el presidente y el vicepresidente estaban sujetos a juicio político por traición, cohecho y otros delitos, además se entendió que los llamados funcionarios públicos serían aquellos designados por el presidente, con acuerdo del Senado.

En México, la figura jurídica conocida como fuero y los procedimientos relativos a la fincación de responsabilidades a los servidores públicos, tienen sus antecedentes en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional, entre los que destacan:

La Constitución de Cádiz de 1812, la cual en sus artículos 131, 228, 229, 254 y 261, reguló el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho y demás servidores públicos, ante las Cortes Generales.

El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 o mejor conocido como Constitución de Apatzingán, en sus artículos 59, 120, 146, 147, 149, 150 y 224 al 228, estableció hacer efectiva ante el Supremo Congreso, la responsabilidad de los individuos de las supremas corporaciones.

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, en sus artículos 62 al 64 y 79, delimitó para los jueces, magistrados, secretarios de Estado y Despacho, un procedimiento para que se declare que ha lugar a exigir responsabilidad.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en sus artículos 38 al 40, estableció la declaratoria de que ha lugar a la formación de causa en contra del Presidente de la Federación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los Gobernadores de los Estados, a través del gran jurado por una de las Cámaras del Congreso.

Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836, en la segunda, tercera, cuarta y quinta ley, establecieron mecanismos para el enjuiciamiento de funcionarios públicos, entre los que sobresale la declaratoria de que ha lugar a la formación de la causa, estableciéndose plazos, requisitos, formalidades, garantía de audiencia, penas y separación del cargo.

La Constitución federal de 1857 en su Titulo IV correspondiente a la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, específicamente en los artículos 103 al 108, señala los delitos por los cuales los funcionarios públicos podían ser juzgados, así como el mecanismo para proceder, absolver o condenar al acusado. Estableciendo además, que en demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún funcionario público.

Por último, en nuestra vigente Constitución Política se estableció en su texto original la instauración del gran jurado y la declaratoria de ha lugar de procedencia, al igual que señalaba las disposiciones relativas a las funciones que competen a cada una de las cámaras del Congreso en la sustanciación del procedimiento, señalando además en su articulo 111, que a la brevedad posible el Congreso de la Unión expedirá una Ley sobre Responsabilidades de todos los Funcionarios y empleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y de buen despacho.

Dicho texto original de la Constitución de 1917, específicamente en cuanto hace a las disposiciones contenidas en los artículos del 108 al 114 en materia de responsabilidades de los servidores públicos, han sido objeto de numerosas modificaciones que han ido evolucionando hasta llegar a la actual redacción vigente; siendo la reforma de 1982 la que introdujo finalmente la figura que conocemos como declaración de procedencia, en sustitución del término declaración de desafuero.

En virtud de la mencionada reforma de 1982, se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya naturaleza jurídica es la de reglamentar el Capítulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos y patrimonial del Estado, encontrándose contenidas en dicho cuerpo normativo, entre otras, las disposiciones legales concernientes a las autoridades competentes, sanciones y procedimientos relativos a la sustanciación tanto del juicio político, como de la declaración de procedencia.

Respecto del tema motivo de la presente iniciativa, es necesario establecer la diferencia que existe entre el llamado juicio político y la declaración de procedencia; definiéndose el juicio político como el proceso jurisdiccional previsto en la Constitución que se sustenta dentro de las cámaras del Congreso, a efecto de sancionar a un número identificable y excluyente de altos servidores públicos de la federación o de los estados que, desde el ejercicio particular de su cargo, empleo o comisión, hayan incurrido en actos u omisiones que producen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho de los asuntos estatales, estableciendo como sanción la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, independientemente de las responsabilidades penales a que haya lugar.

El juicio político es el término utilizado para designar al procedimiento establecido para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor público, implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funciones políticas, pero respetando las formalidades esenciales de un procedimiento jurisdiccional. La naturaleza jurídica del juicio político, gira sobre hechos, no delictuosos, y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública; por tanto, es ajeno a la actividad judicial, tiene una jurisdicción especial que se caracteriza por la naturaleza de los actos u omisiones en que incurren los altos funcionarios en el desempeño de sus funciones, que obliga a un cuerpo político, momentáneamente investido del poder de juzgar, a separarlos de su encargo e inhabilitarlos para desempeñar otro, dentro del lapso que fije la ley, en virtud de haber perdido la confianza, y para que si en dado caso el hecho tuviera señalada otra pena en la ley, quede a disposición de las autoridades competentes.

De igual forma, el término declaración de procedencia corresponde al procedimiento parlamentario por medio del cual se analiza en uno de los órganos del Congreso General si un servidor público que goza de inmunidad procesal es probable responsable de la comisión de un delito. Dicho procedimiento se instaura con la finalidad de declarar la remoción de aquel privilegio y ponerlo a disposición del Juez o Tribunal respectivo, sin implicar nunca la sustanciación exhaustiva y definitiva de la responsabilidad penal del alto funcionario, y menos la sustitución del Congreso en las atribuciones imputadas y reservadas exclusivamente a los jueces, teniendo presente que el objeto de la protección constitucional en la declaración de procedencia, sólo es librar de hipotéticas interferencias o de influjos negativos a la función pública, y no garantizar la impunidad de un funcionario determinado.

La declaración de procedencia sustituye el término declaración de desafuero; entendiéndose como fuero constitucional, el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación, para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal; en la reforma constitucional respectiva del año de 1982, se sustituyó la denominación pero aún sigue subsistiendo la institución.

Actualmente, la declaración de procedencia se aplica para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, en que posiblemente incurrieran algunos servidores públicos federales o del Distrito Federal, así como por la comisión de delitos federales por parte de los gobernadores, diputados, magistrados y miembros de los consejos de las judicaturas, de las entidades federativas. La declaración de procedencia se refiere a la manifestación y examen que hace la cámara de diputados de los hechos probablemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos que se mencionan en el artículo 111 constitucional, con el objeto de que las acusaciones temerarias o sin fundamento alguno, no procedan contra el servidor público durante el período de su encargo y pueda así desempeñarse libremente en el ejercicio de su función, sin presiones derivadas de acusaciones falsarias; estableciéndose constitucionalmente que la no declaración de procedencia no equivale a una exculpación del acusado, sino que suspende la tramitación de las etapas procesales correspondientes, las cuales pueden reanudarse sin afectar las reglas de caducidad o prescripción, una vez que el servidor público hubiese dejado el cargo que venia desempeñando.

De igual forma, el artículo 111 constitucional, específicamente en lo que hace al párrafo séptimo, señala que el efecto de ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal; disposición que violenta los derechos políticos y humanos del ciudadano, toda vez que se suspende el ejercicio de un derecho aun y cuando no se ha demostrado debidamente, mediante la sustanciación del proceso penal respectivo, la responsabilidad penal del acusado, no obstante que como se ha señalado en párrafos anteriores, la declaración de procedencia no implica la sustanciación exhaustiva y definitiva de la responsabilidad penal del servidor público, al igual que dicha declaración realizada por el órgano legislativo, no sustituye las atribuciones reservadas exclusivamente a los Tribunales Jurisdiccionales, quienes son en estricto derecho, los únicos órganos de estado que deben de imponer las sanciones penales previamente establecidas en la ley, por lo que resulta necesario establecer en la norma constitucional, que el ciudadano en su carácter de servidor público, solamente será separado de su encargo hasta que exista sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, estableciéndose como procedimiento especial, que el Tribunal que conozca del proceso en última instancia o de Juicio de Amparo exis- tiendo sentencia condenatoria, deberá remitir la totalidad de las constancias procesales que integran el expediente respectivo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta a su vez revise que dicho proceso haya sido sustanciado en todas sus instancias de manera legal, y sólo hasta entonces será considerada como sentencia ejecutoriada.

Para el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que hubo violaciones en el procedimiento, éste deberá ser repuesto, en caso de encontrarse apegada a la legalidad, se solicitará ante la Cámara de Diputados retirar al sentenciado la garantía de libertad, debiéndose votar de manera inmediata, aun fuera del periodo ordinario si ha lugar o no a declarar la procedencia de la petición.

En este orden de ideas y por lo que respecta al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo que hace a la fracción II, dispone la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, por el hecho de estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

En relación con dicha disposición, es menester señalar que la misma establece a manera de pena la suspensión de derechos o prerrogativas del ciudadano, sin que el Tribunal jurisdiccional competente haya aun sustanciado exhaustivamente el proceso respectivo señalado en la ley, y mucho menos haya realizado la aplicación de la pena respectiva de acuerdo con la valoración especifica de los elementos de prueba desahogados en el caso en concreto, aunado a que haya establecido fehacientemente la comprobación de los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad penal del acusado; razón por la cual se sostiene que dicha disposición es claramente injusta, toda vez que desde el auto de formal prisión no se establece la responsabilidad penal del acusado por el delito consignado ante el tribunal jurisdiccional competente, por lo que en consecuencia dicha norma constitucional debe de ser derogada.

El Código Penal Federal en su artículo 24 dispone como pena la suspensión de derechos, entre los cuales se encuentran precisamente los derechos políticos, tal y como se regula en el artículo 46 del ordenamiento en cita, que establece que la pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, y en su parte final refiere que esta suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena; situación que en la realidad resulta injusto, puesto que la suspensión de derechos políticos inicia desde que se le dicta auto de formal prisión al procesado; esta suspensión es específicamente aplicada como pena a los delitos establecidos en el Título Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal, referentes a los delitos contra la Seguridad de la Nación, de acuerdo con el artículo 143, que menciona la suspensión de derechos en este tipo de ilícitos hasta por 10 años.

Por otra parte, se establece también como pena en la conducta descrita en el artículo 408 que se refiere al delito de los ciudadanos electos como diputados o senadores que no se presentan al desempeño del cargo; ordenamientos todos del Código Penal Federal, situación por la cual resulta incongruente al fin del derecho que es precisamente la justicia, puesto que con la actual redacción del artículo 38 constitucional, la pena de suspensión de derechos políticos se establece con la simple presunción de responsabilidad que fundamenta el Juez de la causa en el auto de formal prisión, violentando de esta manera los derechos básicos de los gobernados al ser aplicada una sanción antes de haber sido oído y vencido en juicio, con todas las formalidades que la ley establece.

Asimismo, en la presente iniciativa y por lo que respecta a la fracción V del artículo 74 constitucional, se propone modificar su texto a efecto de dar congruencia en cuanto a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, al ya no ser necesaria la declaración de procedencia para la sujeción al proceso penal respectivo, sino únicamente para retirar la garantía de libertad del procesado, en términos de la reforma que se propone, siendo necesario dotar de facultades a dicho órgano legislativo para poder retirar la garantía referida en el artículo 111 constitucional propuesto.

Ahora bien, con relación a la reforma al artículo 112 constitucional propuesta en la presente iniciativa, es de hacer notar que si bien es cierto que actualmente no es posible la renuncia a la inmunidad procesal de que gozan algunos servidores públicos, debido a que la finalidad de ésta figura jurídica es precisamente impedir, en el caso concreto de los diputados o senadores, que las Asambleas respectivas sean privadas de uno o parte de sus miembros mediante la intervención de una jurisdicción extraña a dichos órganos legislativos, constriñéndose constitucionalmente a la aprobación de la cámara de diputados, dicho procedimiento se aplica de igual manera respecto de los demás servidores públicos que actualmente cuentan con inmunidad procesal, con el objeto de no afectar la función pública, en virtud de que se tiende a proteger la independencia y autonomía de un poder frente a los otros, implicando con esta situación investir a sus miembros de inmunidad y condicionando por ende la intervención de otras jurisdicciones, a la satisfacción de determinados presupuestos, que sólo puedan ser calificados por la Cámara de Diputados, y mientras no exista el consentimiento de dicha Asamblea, ninguno de los miembros del poder público investidos de inmunidad puede ser enjuiciado por otra autoridad.

En consideración de todo lo anterior, la situación actual de inmunidad procesal no tiene razón de ser, puesto que si un servidor público solicita licencia o bien ha sido separado de su cargo, ya no existe afectación a la función pública, en virtud de que en este supuesto los mecanismos legales para subsanar esa posible falta del servidor publico ya fueron aplicados, sea por una designación o bien por la existencia de suplentes que precisamente fueron electos o designados para el caso de la separación del propietario, sin poner en riesgo la función pública del órgano al cual estén designados.

De esta circunstancia se considera que al no existir propiamente el fuero y ser una garantía de libertad la que goza el servidor público, ésta es posible retirarla cuando el mismo no se encuentre en funciones de su encargo, ya sea por separación o por licencia, puesto que como se ha referido con anterioridad, esta condición ya no afectaría el funcionamiento del órgano del estado al cual perteneciera el servidor público.

México ha participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales, en lo relativo a los derechos a la libertad personal, igualdad ante la Ley y presunción de inocencia, entre los cuales se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de Costa Rica, disponiéndose en el primero de los mencionados en su artículo 14 que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, así como que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil..., estableciendo además que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Por lo que hace a La Convención Americana sobre Derechos Humanos, se señala en sus artículos 7º y 8º, que los Estados parte de este tratado, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Asimismo, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Las disposiciones señaladas en los párrafos anteriores y que resultan de observancia obligatoria para nuestro país, de acuerdo a lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujeta a la debida adecuación del marco normativo de la Unión a dichas normas internacionales; por lo que la presente iniciativa incorpora mayor plenitud y respeto a los derechos a la libertad personal, igualdad ante la ley y presunción de inocencia, específicamente en lo que hace al procedimiento de declaración de procedencia.

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa de reforma con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único

Se modifican y adicionan los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 38.

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. (...)

II. (se deroga)

III. a VI. (...)

Artículo 74. (...)

I. a IV. (...)

V. Declarar si ha o no lugar a retirar la garantía de libertad contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

(...)

VI. a VIII. (...)

Artículo 111

Cuando se proceda penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se dejará a salvo la libertad del procesado aún y cuando el delito que se impute sea considerado como grave por la ley, hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia respectiva.

El Tribunal que conozca del proceso en última instancia o de Juicio de Amparo existiendo sentencia condenatoria, deberá remitir la totalidad de las constancias procesales que integran el expediente respectivo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta a su vez revise que dicho proceso haya sido sustanciado en todas sus instancias de manera legal, y sólo hasta entonces será considerada como sentencia ejecutoriada. Para el caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que hubo violaciones en el procedimiento, éste deberá ser repuesto, en caso de encontrarse apegada a la legalidad, se solicitará ante la Cámara de Diputados retirar al sentenciado la garantía de libertad, debiéndose votar de manera inmediata, aun fuera del periodo ordinario si ha lugar o no a declarar la procedencia de la petición.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la sentencia por la comisión del delito sea aplicable cuando el sentenciado haya concluido el ejercicio de su encargo, y en este caso, será inelegible para cualquier otro cargo de elección popular hasta en tanto no cumpla la pena impuesta.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 112

Los servidores públicos que se encuentren separados de su encargo, o estén de licencia, no contarán con la garantía de libertad a que hace referencia el artículo 111.

(...)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Ley de ProtecciOn al Ahorro BancarioEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados

Me complace a nombre del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, presentar esta iniciativa sobre los siguientes antecedentes:

La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el producto de una negociación extremadamente complicada, pues pretendía, por un lado, convertir en deuda pública a los pasivos adquiridos por el Ejecutivo federal, como consecuencia del rescate bancario y por el otro sentar las bases de una entidad que sirviera como seguro de depósito para eventos futuros.

En virtud de que hubo graves dudas respecto a la legalidad de las operaciones del rescate bancario en el seno de la sociedad y en el Congreso, se ordenó una investigación sobre el desempeño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la legalidad de sus operaciones, en particular las referentes a los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera.

Esta investigación fue encargada al auditor canadiense Miguel Mackey y reforzada con un mandato que el Congreso le otorgó al IPAB a través del artículo quinto transitorio de la ley de este Instituto, en donde se estableció un procedimiento especial como un requisito previo para el canje de pagarés del Fobaproa por pagarés del IPAB.

El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en el artículo referido, obliga tanto a este Instituto como a su Junta de Gobierno, a investigar las operaciones que llevó a cabo el fondo, en especial las pertenecientes al llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que fue calificado por algunos legisladores de diversos partidos políticos como inconstitucional.

El propio Congreso, al aprobar la Ley del IPAB, decidió que la administración y el gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, estarían a cargo de una Junta de Gobierno representada por 7 vocales de igual jerarquía. Tres vocales: uno, el secretario de Hacienda y Crédito Público; otro, el gobernador del Banco de México y uno más, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como los representantes del Congreso en la toma de decisiones del Instituto.

La importancia que el Congreso le otorgó al IPAB fue tal que quedó asentado en el dictamen que aprobó la creación del mismo y textualmente se señaló lo siguiente: ``...vital significado tiene para los integrantes de la comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social''.

De hecho, la participación activa del Congreso en el IPAB, se da a través de 4 vocales que forman parte de la Junta de Gobierno del mismo y que paradójicamente son propuestos por el Ejecutivo federal, aprobados por las dos terceras partes del Senado o bien por la Comisión Permanente. En suma, estos 4 vocales son los ojos del Poder Legislativo en el órgano de gobierno del IPAB.

Sobre esto hay consideraciones que esgrimir:

Primera. El mandato que el Congreso le da al IPAB a través del artículo quinto transitorio de la ley que le dio origen al Instituto, lo obliga a investigar las operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa y en especial las referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera.

Segunda consideración. El mandato dado al Congreso y dada la composición de la Junta de Gobierno del IPAB, origina virtualmente un conflicto de intereses, primeramente a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta de individuos, ya que paradójicamente las mismas instituciones que participaron en el rescate bancario a través del Comité Técnico del Fobaproa, son las que están representadas actualmente en la Junta de Gobierno del IPAB.

Una tercera consideración implica que la inclusión de los 4 vocales se debió en gran medida a este conflicto de intereses que se vislumbraba en la Junta de Gobierno del IPAB, como consecuencia del mandato otorgado por el Congreso en el artículo quinto transitorio de la citada ley y por la importancia que el Poder Legislativo le otorgó a la evaluación y control del organismo encargado de asegurar los ahorros de los mexicanos y de administrar e investigar el costoso rescate bancario.

Una consideración adicional es que por ello mismo y de acuerdo al espíritu jurídico de la Ley del IPAB, los 4 vocales que actualmente son designados por el Ejecutivo federal, son y deben ser los ojos del Congreso en la Junta de Gobierno del Instituto y que además deben ser ajenos a cualquier vestigio de conflicto de intereses.

Resulta además incongruente que los representantes del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB sean designados por el Ejecutivo federal; esto sin perjuicio de que la administración y esclarecimiento del rescate bancario. En ello, el IPAB tiene una función esencial, ya que es el seguro de depósito de la economía y por lo tanto tenemos que estar completamente seguros de que no deben existir conflictos de intereses en su Junta de Gobierno.

Amén de todo ello resulta absurdo que la figura de ``consejero independiente'' se haya incluido en los órganos de gobierno en, prácticamente, la totalidad de la banca de desarrollo y en la mayoría de las instituciones financieras y en el caso del IPAB, persista en tener vocales o consejeros más bien dependientes y con ése, ya citado conflicto de intereses.

Por todo lo anterior, el diputado Jesús Martínez Alvarez, con la fundamentación constitucional y legal procedente, señala en la iniciativa la propuesta de reforma a los artículos 75, 76 y 77 de la ley multicitada para quedar como sigue:

Artículo 75. La Junta de Gobierno estará representada por 7 vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el presidente de la comisión y 4 vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por las dos terceras partes. Esta es la versión actual y la propuesta es en el sentido de que se señale: ... y 4 vocales independientes propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los 3 vocales ex oficio, señala el artículo propuesto como reforma, proponen las juntas de gobierno en ausencia de los titulares correspondientes, y a su vez, en los artículos 76 y 77, se propone simplemente a hacer alusión al término vocal independiente en sus respectivos casos. Este es el planteamiento de la iniciativa.

Compañeras y compañeros: señor Presidente, muchas gracias por autorizar que se inserte tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta, la iniciativa presentada.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado federal Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Antecedentes

La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el producto de una negociación extremadamente complicada, pues pretendía por un lado, convertir en deuda pública los pasivos adquiridos por el Ejecutivo federal como consecuencia del rescate bancario, y por el otro sentar las bases de una entidad que sirviera como seguro de depósito para eventos futuros.

En virtud de que hubo graves dudas respecto a la legalidad de las operaciones del rescate bancario en el seno de la sociedad, y en el Congreso, se ordenó una investigación sobre el desempeño del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la legalidad de sus operaciones; en particular las referentes a los llamados Programas de Capitalización y Compra de Cartera.

Esta investigación fue encargada al auditor canadiense, Michael W. Mackey, y reforzada con un mandato que el Congreso, le otorgó al IPAB a través del artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB, en donde se estableció un procedimiento ``especial'' como un requisito previo para el canje de pagarés de Fobaproa, por pagarés del IPAB.

El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en el artículo referido, obliga tanto al IPAB como a su Junta de Gobierno, a investigar las operaciones que llevó a cabo el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en especial las pertenecientes al llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, que fue calificado por algunos legisladores de diversos partidos políticos como ``inconstitucional''.

El propio Congreso al aprobar la Ley del IPAB, decidió que la administración y el gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario estarían a cargo de una Junta de Gobierno representada por siete vocales de igual jerarquía:

a) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;

b) El Gobernador del Banco de México;

c) El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y

Cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como los representantes del Congreso en la toma de decisiones del Instituto.

La importancia que el Congreso le otorgó al IPAB, fue tal, que quedó asentado en el dictamen que aprobó la creación del mismo, y textualmente se señaló lo siguiente:

``Vital significado tiene para los Integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social.''

De hecho la participación activa del Congreso en el IPAB, se da a través de 4 vocales que forman parte de la Junta de Gobierno del IPAB, y que paradójicamente son propuestos por el Ejecutivo federal, y aprobados por las dos terceras partes del Senado o bien por la Comisión Permanente. En suma estos 4 vocales, son los ``ojos'' del Poder Legislativo en el órgano de gobierno del IPAB.

Considerandos 1.- Que el mandato que el Congreso le dio al IPAB a través del artículo quinto transitorio de la ley que le dio origen al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo obliga a investigar las operaciones llevadas a cabo por el Fobaproa, y en especial las referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera.

2.- Que el mandato dado por el Congreso y dada la composición de la Junta de Gobierno del IPAB, origina virtualmente un conflicto de intereses, primeramente a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta de individuos, ya que paradójicamente las mismas instituciones que participaron en el Rescate Bancario a través del Comité Técnico del Fobaproa (SHCP, Banxico y CNBV), son las que están representadas actualmente en la Junta de Gobierno del IPAB.

3.- Que la inclusión de los 4 vocales, se debió en gran medida a este conflicto entre intereses, que se vislumbraba en la Junta de Gobierno del IPAB, como consecuencia del mandato otorgado por el Congreso en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, y por la importancia que el Poder Legislativo le otorgó a la evaluación y control del organismo encargado de asegurar los ahorros de los mexicanos y de administrar e investigar el costoso rescate bancario.

4.- Que por ello mismo, y de acuerdo al ``espíritu jurídico'' de la Ley del IPAB, los 4 vocales que actualmente son designados por el Ejecutivo Federal, son y deben ser los ``ojos del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB''. Y que además deben ser ajenos a cualquier vestigio de conflicto de intereses.

5.- Que resulta incongruente que los representantes del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB, sean designados por el Ejecutivo Federal.

6.- Que además de la administración y esclarecimiento del rescate bancario, el IPAB tiene una función esencial ya que es el seguro de depósito de la economía y por lo tanto tenemos que estar completamente seguros de que no deben existir conflicto de intereses en su Junta de Gobierno.

7.- Que resulta absurdo que la figura de consejero independiente se haya incluido en los órganos de gobierno en, prácticamente, la totalidad de la banca de desarrollo y en la mayoría de las instituciones financieras y en el caso del IPAB se persista en tener Vocales o Consejeros más bien dependientes y con graves conflictos de intereses.

Por todo lo anterior el suscrito, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a su consideración la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 75, 76, 77, 78, 79,81, 82 y segundo transitorio de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 75 (dice):

La Junta de Gobierno estará representada por siete vocales: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Presidente de la Comisión y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres primeros vocales señalados en el párrafo anterior designarán sendos suplentes.

Artículo 76 (dice):

Los cuatro vocales a que se refiere el artículo anterior, serán designados por periodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de Gobierno, para otro periodo por una sola vez.

Artículo 77 (dice):

La vacante que se produzca en un cargo de vocal será cubierta por la persona que designe el Ejecutivo Federal, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta Ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese período, para un periodo más.

Proyecto de Decreto que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

Artículo Único. Se reforman los artículos 75, 76 y 77 de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario para quedar como sigue:

Artículo 75:

La Junta de Gobierno estará representada por siete vocales: tres ex oficio que corresponderán a los titulares en turno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y cuatro independientes propuestos por la Cámara de Diputados y aprobados por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los tres vocales ex oficio podrán designar sendos suplentes quienes les sustituirán en las Juntas de Gobierno en ausencia de los titulares correspondientes.

Artículo 76:

Los vocales independientes a que se refiere el artículo anterior, serán designados por periodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo. Las personas que ocupen esos cargos podrán ser electos vocales independientes de la Junta de Gobierno, para otro periodo por una sola vez.

Artículo 77:

La vacante que se produzca en un cargo de vocal independiente será cubierta por la persona que designe la Cámara de Diputados, con la correspondiente aprobación a que se refiere el artículo 75 de esta ley. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo la persona que se designe para cubrirla, durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada, al término de ese periodo, para un periodo más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Moreno Garavilla, y así será conforme lo ha solicitado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO PENAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de reformas a varios artículos del Código Penal Federal. El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, señor Presidente.

Pongo a consideración la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, atento a la siguiente exposición de motivos:

No está en duda que la justicia por propia mano es un fenómeno social que ocurre en contextos específicos, en los que no podemos obviar la ausencia o la débil presencia del Estado, su corrupción o incompetencia, lo que de alguna manera parece justificar esos excesos.

Existen muchos argumentos que explican cómo los procesos socioeconómicos, políticos o de reformas estructurales o de la falta de ellas, pueden incidir en un momento determinado para alimentar la hoguera de la justicia por propia mano. Por ello, no obvia la responsabilidad individual y colectiva de quienes por acción u omisión generan los linchamientos.

En función de lo anterior, resulta obvio que la evocación de la complicidad correspectiva implicaba una atenuación para los responsables en razón de 3 aspectos fundamentales que son: dos situaciones de hecho y una de ficción; las situaciones de hecho, supuestas de la complicidad correspectiva, son: pluralidad de agentes activos e ignorancia de la causación material de resultado dañoso; la ficción consiste en reducir a la unidad a los agentes activos, considerando el resultado como producido por todos, y establecida la ficción, se aplica la doctrina de la culpabilidad.

Razones suficientes éstas, para que ante tal barbarie y retroceso que implica tanto la comisión de los llamados linchamientos como la permisibilidad y la tolerancia de los mismos, se aplique el máximo rigor de la ley que tienda a reprender y reprimir de manera absoluta y decidida estos conatos de ingobernabilidad que atentan gravemente no sólo contra la integridad física y la vida del ser humano, sino contra la estabilidad del régimen de gobierno claramente contra la seguridad pública.

Por lo que no se considera que sea atenuante a actuar en grupo y en un estado de exaltación y turba, puesto que ante la evidente superioridad numérica se comete el delito con premeditación, toda vez que siempre se ha dado un lapso de tiempo ante la captura y privación de la libertad de la víctima y ejecución de ésta.

Existe la alevosía porque no se hace posible que la víctima pueda repeler o defenderse de la agresión y existe ventaja claramente, porque el delito en perjuicio de la víctima lo cometen un grupo de personas aprovechando y haciendo uso de superioridad numérica que les permite sentirse seguras, que no pueden ser agredidos o lesionados de manera tal que no corra un riesgo su vida de los sujetos activos.

Por todo esto, es evidente que la redacción de los artículos 296 y 309 derogados, deben volverse a su vigencia pero de manera funcional y eficaz, de tal suerte que no les permita en las incongruencias de su desafortunada y deficiente redacción antigua.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente forma:

Artículo único. Se reforman los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal.

Son autores o partícipes del delito, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refiere la fracción VII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 Bis de este código.

Artículo 64 Bis. En los casos previstos por la fracción VII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.

Artículo 296. Cuando las lesiones sean inferidas por 3 o más personas y el delito se cometa en la vía o lugares públicos e incluso privados pero con libre acceso, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para los efectos del presente artículo en sentido atenuante, a todos los coautores y partícipes se les aplicará la misma pena, en forma equitativa, excepto si se trata de los incitadores, a quienes se les agravará la penalidad de conformidad a lo previsto en el artículo 321.

Artículo 303. Para la participación de las sanciones que correspondan a quien infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen la totalidad de las circunstancias siguientes:

II. Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en las dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales.

Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.

Artículo 304. Siempre que se verifiquen la totalidad de las circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe.

Artículo 309. Comete homicidio tumultuario toda aquella persona que participe en un grupo de 3 o más personas, con la finalidad de ejercer supuesta justicia por propia mano causándole la muerte a la o a las víctimas, en la vía o lugares públicos e incluso privados pero que cuenten con libre acceso, contando con una evidente superioridad numérica, física o de armas, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para efectos del presente artículo en un sentido de atenuante.

A todos los coautores o partícipes en este delito se les aplicará la misma penalidad equitativamente, excepto si se trata de los incitadores a quienes se les agravará la penalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 321.

El artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o traición. Hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer.

Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia, enervantes o por retribución dada o prometida; por tormento o motivos depravados o por brutal ferocidad; por acción tumultuaria cuando exista notoria superioridad numérica, física o de armas de los sujetos activos respecto de los sujetos pasivos.

Artículo 315 Bis. Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación, un robo o un secuestro por el sujeto activo de éstos, contra víctimas o víctima.

Artículo 321. El que instigue, incite o invite a la ejecución de las lesiones u homicidio tumultuario, se le aplicará hasta un tercio más de la pena que se determine a los demás coautores y partícipes del delito de manera equitativa, pudiendo aplicarse hasta dos tercios más de la pena inicial en los siguientes casos:

Cuando se trate de personas a quienes se les tenga reconocido cierto liderazgo y encabecen o lideren alguna agrupación no gubernamental; cuando se trate de personas que desempeñen algún cargo público o formen parte de la dirigencia o actuación de un partido político. En este último caso la persona será inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público de manera permanente.

Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo tercero. Las presentes reformas no se aplicarán a reo o indiciado alguno en claro respeto a la garantía de irretroactividad de la norma consagrada por el artículo 14 de la Constitución federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de febrero del año 2005.

Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Los llamados de atención sobre los linchamientos han estado presentes en el DF desde 2002. En agosto de ese año, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, alertó del aumento de casos de justicia por mano propia y declaró que ``los Fuenteovejuna representan un rompimiento total del orden jurídico''. ``La justicia por propia mano es el fracaso del Estado de derecho'', agregó.

En 2002, la CNDH editó el libro Justicia por propia mano, con textos que recopilaban casos de linchamientos y llamaba la atención sobre esa irregularidad. En el 2003, la CNDH convocó al concurso de ensayo Linchamiento... justicia por propia mano. Casos específicos. La recopilación de casos en esos dos libros resultó espeluznante sobre casos y razones de linchamientos.

Segundo.- Que coincido con lo expresado por el C. José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sentido de lo que a continuación se transcribe: ``La justicia por propia mano no es un fenómeno social nuevo, ni en su dimensión individual ni en aquella de connotaciones colectivas. Es casi tan antigua como el Estado mismo, y su singularidad viene de que se manifiesta como un rechazo colectivo a la ley, en la búsqueda de una justicia contundente, ejemplar e inmediata. Así, la justicia por propia mano no logra ocultar que representa, en el fondo, un desafío ante el desconocimiento no sólo de la legalidad, sino de las formas civilizatorias construidas a lo largo de miles de años de historia humana.

Si justicia es constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (dar a cada quien lo que le corresponde), y si la ley es la forma en que la justicia asume --no sin contradicciones-- su concreción histórica de acuerdo con la propia evolución social, entonces habrá que convenir en que la justicia por propia mano es cualquier cosa, menos justicia. Pues en las sociedades modernas, civilizadas, la justicia por propia mano equivale, simple y llanamente, a abolir el complejo proceso que ha hecho de las garantías del acusado, del debido proceso y de la sentencia, los atributos legítimos y legales de la aplicación de justicia. Negar estas garantías significa negar los derechos humanos fundamentales, la civilidad y un regreso a la barbarie.

Por eso se dice, con razón, que quienes participan en esas formas de justicia instantánea o linchamientos no son masas conscientes, sino turbas, turbamultas; concepto que alude precisamente a una masa enfebrecida, incontrolada, excitada por el instinto de venganza y aniquilamiento.

En los linchamientos, la turba enardecida es el actor protagónico, el que tiene la iniciativa. Sus voceros espontáneos combaten la impunidad con la impunidad, el crimen con el crimen. Creen que hacen justicia cuando en realidad imponen la ley de la selva a partir de un profundo desprecio por la legalidad y por la vida humana.

No está en duda que la justicia por propia mano es un fenómeno social que ocurre en contextos específicos, en los que no podemos obviar la ausencia o la débil presencia del Estado, su corrupción o incompetencia, lo que de alguna manera parece justificar estos excesos. Existen muchos argumentos que explican cómo los procesos socioeconómicos, políticos o de reformas estructurales (o la falta de ellas) pueden incidir, en un momento determinado, para alimentar la hoguera de la justicia por propia mano. Pero ello no obvia la responsabilidad individual y colectiva de quienes, por acción u omisión, generan los linchamientos''.

Tercero.- En razón de lo anterior y para una mayor disertación del planteamiento de la presente iniciativa, se asientan algunos casos documentados.

Cita de algunos casos específicos:

El 18 de marzo de 2001 la mayoría católica del barrio de San Nicolás decidió dejar sin suministro de agua potable a la minoría protestante. Los evangélicos se negaron a pagar la contribución para las fiestas religiosas del santo patrono del pueblo. El conflicto se remontaba 18 años atrás, cuando migrantes temporales regresaron de Estados Unidos convertidos a otras religiones. Un acuerdo de asamblea de 1998, firmado por 700 de los 4,500 habitantes de ese barrio, determinó que ``toda persona que profese otra religión que no sea la católica, no tendrá derecho a ningún servicio como agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y mucho menos panteón''.

En julio de 2001, en pleno Distrito Federal, un individuo de 29 años de edad que pretendía robar una iglesia fue linchado por los habitantes del poblado de Santa Magdalena Petlacalco. En la plaza central del pueblo la multitud golpeó al ladrón hasta matarlo. La Procuraduría capitalina confirmó que entre la turba de feligreses del pueblo se encontraban niños que fueron llevados por sus padres para que golpearan al presunto delincuente. Sin embargo, reconoció no contar con la información necesaria para determinar la identidad de las personas que participaron en el linchamiento ``porque en las entrevistas las personas dicen no saber nada de los hechos''. Durante una hora los habitantes impidieron a la policía el acceso al lugar. Aunque el Ministerio Público inició una averiguación previa, no se tiene noticia de que los responsables hayan sido procesados y sentenciados. El Jefe de Gobierno de la ciudad de México explicó así el homicidio: ``El caso hay que verlo en lo que es la historia de los pueblos de México, es un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la manera comunitaria en que actúan los pueblos originarios''. Y remató: ``la lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse''.

``Linchan a ladrón'', Reforma, 26 de julio de 2001.

Arturo Páramo, ``Adjudican asesinato a usos y costumbres'', Reforma, 28 de julio de 2001.

En septiembre de 1999, Manuel Ruiz López, violador confeso de una niña de dos años y medio, fue linchado por los pobladores de Pueblo Nuevo, Chiapas. Horas después de su captura, una turba de 2,000 personas irrumpió en la Presidencia Municipal, donde era custodiado Ruiz López, para sacarlo y conducirlo a la plaza del pueblo. Ante el rumor de que sería liberado, la multitud decidió bañar al violador en gasolina y prenderle fuego. Cuando el cuerpo, todavía con vida, dejó de arder, fue rescatado por la policía, que volvió a encerrarlo en la celda de la alcaldía. Se llamó a un médico, pero la turba no permitió que se le acercara al quemado. Varios pobladores sacaron armas de fuego, con las que encañonaron a las autoridades y a todo aquel que descubrían con intenciones de salvar al violador. De nada sirvió la llegada en helicóptero del subprocurador del estado de Chiapas y 200 policías de los pueblos aledaños. En lugar de permitir la asistencia médica, la chusma volvió a exhibir a Ruiz López en la plaza. Ahí decidieron ahorcarlo en un árbol. Después volvieron a bañarlo en gasolina y le prendieron fuego. La turba no permitió que se acercaran las autoridades hasta cerciorarse de que el hombre había muerto.

Alejandro Caballero, ``Violación, ira y linchamiento'', Reforma, 7 de noviembre de 1999.

En marzo de 1998 cientos de pobladores de Huejutla, Hidalgo, lincharon en el kiosco de la plaza a José Santos Velázquez y Salvador Valdez Rojas, a quienes se les acusó de intentar secuestrar a cuatro estudiantes de primaria. Una estación de radio local difundió el rumor de que los acusados serían puestos en libertad y llamó a la ciudadanía a impedirlo. Mil padres de familia se concentraron frente a las oficinas del juzgado, donde retuvieron al juez y al personal administrativo. Más tarde incendiaron la camioneta de los acusados. También dañaron patrullas, las oficinas del juzgado y de la Presidencia Municipal. La muchedumbre robó computadoras, dinero en efectivo, cheques, documentos del Registro Civil y del Padrón Catastral por más de tres millones de pesos. El monto de los daños y pérdidas superó los cinco millones de pesos. Luego, la turba sacó a los dos hombres de la cárcel y los llevó a la plaza principal. Hasta ese lugar llegaron en helicóptero el Gobernador y el Procurador de Justicia. Ambos presenciaron, impotentes, cómo la muchedumbre mataba a golpes a Santos Velázquez y a Valdez Rojas. A uno de ellos le cortaron el cuello a machetazos y le extirparon la lengua. A pesar de que inicialmente se detuvo a 20 personas, al final sólo cinco fueron procesadas por los hechos. Una líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) dijo haber llamado a la comandancia del 84 batallón del Ejército para que interviniera, pero ``los soldados nunca llegaron''. Los linchados eran, al parecer, inocentes.

Carlos Camacho, ``Por radio incitaron a sacarlos de la cárcel; desoyen al gobernador'', La Jornada, 27 de marzo de 1998.

El 31 de agosto de 1996, el pueblo de Tatahuicapan redactó un acta donde se narraban los hechos y se plasmaba la voluntad del pueblo ante el asesinato de Ana María Borromeo Robles. Tras golpear y torturar al joven asesino, Rodolfo Soler Hernández, para que confesara su crimen, los habitantes del poblado realizaron un proceso sumario: lo amarraron a un árbol de encino y lo quemaron con gasolina hasta su muerte.

El 26 de noviembre de 2001. En Ovaciones aparece la información sobre otro intento de linchamiento efectuado por un sector de la delegación Iztapalapa: padres enardecidos porque un hombre pretendía abusar sexualmente de un niño.

El 16 de octubre de 2001. En el periódico El Universal aparece la nota sobre un intento de linchamiento en la colonia Centro, pues un individuo de 30 años (René Godón) lesionó con arma de fuego a dos personas de aproximadamente 70 años, resultando muerto uno de ellos (Alberto Espina Girón) y una lesionada (Rita Gómora Espina). Los ancianos eran tíos de un joven que sostenía una discusión con Godón, y al intentar defenderlo fueron agredidos con arma de fuego. La policía tuvo que intervenir para evitar el linchamiento que pretendían ejecutar los vecinos.

El 18 de diciembre de 2001. En La Jornada se registró un nuevo caso en el que las autoridades impidieron el linchamiento que en Magdalena Petlacalco se iba a llevar a cabo, pues los habitantes de esta colonia de la delegación Tlalpan querían linchar a dos mujeres que fueron sorprendidas golpeando a una jovencita afuera de un local de venta de alimentos, que en realidad era (y así lo conocía la opinión pública) un prostíbulo disfrazado. Hubo cuatro detenidos más, aparte de las dos mujeres, entre ellos se hallaba el dueño del lugar.

El 7 de noviembre de 2001. Otra nota de La Crónica de Hoy hace un recuento de los casos de linchamiento en la ciudad de México hasta esa fecha: menciona la muerte de Carlos Pacheco Beltrán, en Magdalena Petlacalco (25 de julio); feligreses a la Basílica de Guadalupe se violentaron contra un ladrón consuetudinario que afectaba a los devotos desde hacía varios meses (4 de agosto); golpizas colectivas ante el rumor de que ciertos individuos practican brujería en Santa Cruz, Xochimilco (31 de agosto); las lesiones que sufrió otro individuo en San Miguel Topilejo por pretender robar imágenes de una capilla; en septiembre golpearon a un individuo en la colonia Peralvillo por hacer el intento de hurtar La Biblia de la iglesia de La Santísima (1 de septiembre).

El 6 de noviembre de 2001. En Últimas Noticias se informa sobre otra tentativa de linchamiento, esta vez en la delegación Milpa Alta, en el pueblo de San Antonio Tecómitl. Como se trata de un sector semirural, 300 pobladores intentaron aplicar un castigo ejemplar a dos ladrones: morir quemados.

El 18 de noviembre de 2001. En el periódico Excélsior se registra la nota informativa sobre la manifestación de furia de los habitantes de la colonia Santa Úrsula Xitla, al sorprender a un individuo robando una de las casas de la zona.

El 28 de diciembre de 2001. Se registró de nuevo un caso de linchamiento en Magdalena Petlacalco, así lo informó Novedades. En la Delegación Tlalpan se verificó otra vez un delito que pretendieron castigar los vecinos con la muerte del asaltante. Más de 50 personas golpearon al individuo, quien fue rescatado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública.

El 7 de noviembre de 2001. En el circular de La Crónica de Hoy se registra otra tentativa de linchamiento, ahora en la colonia San Luis Tlaxiatemalco de la Delegación Xochimilco, ya que el pueblo intentó incendiar el vehículo en el que se hallaban policías que atropellaron a cinco ciudadanos.

El 12 de noviembre de 2001. En El Heraldo de México aparece la nota sobre un conflicto en la colonia Doctores, ya que un desvalijador de autos pretendía apropiarse del vehículo de una comerciante, el cual sólo robó parcialmente. Cabe señalar que este hombre tenía amenazados a los comerciantes de la colonia. La situación se agravó cuando se dio parte a la policía y una patrulla de la Policía Judicial del Distrito Federal lo aprehendió. Mientras los ánimos de los vecinos subían de tono, pero ante el fracaso por controlar la escena, relevó a sus colegas una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y, entonces, ante el descuido de los policías, el ladrón huyó y sólo fue recapturado hasta que los vecinos intervinieron. La gente del lugar se quejaba de que era la tercera vez que dejaban libre al delincuente, y la impotencia de la sociedad los obligó a tomar la ley por propia mano.

El 3 de enero de 2002. Se publicó en Excélsior que en la colonia El Salado un menor y un adulto estuvieron a punto de ser linchados por asaltar microbuses. Los delincuentes ya tenían medio año asaltando transporte urbano en las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. A pesar de que los asaltantes ya habían sido detenidos, los usuarios del microbús intentaron lincharlos.

El 7 de enero de 2002. En el otro lado de la moneda, vemos cómo El Sol de México en su edición de mediodía publica una nota en la que resaltan las declaraciones del padre de un hombre linchado por la turba furiosa de la Delegación Iztapalapa. Su hijo atropelló accidentalmente a dos mujeres en la colonia Palmita, y el padre del conductor acusa a la policía de no haber intervenido oportunamente para evitar el linchamiento de Héctor Guillermo Sánchez.

El 8 de enero de 2002. En el mismo El Sol de México, en la edición de Mediodía, se recaban opiniones de los capitalinos en torno a la problemática del linchamiento. Los ciudadanos expresan que éstos continuarán, pues la desconfianza en las autoridades los propician.

En la noche del 25 de julio de 2001 un sujeto joven entró a la iglesia de la comunidad de Magdalena Petlacalco ubicada en la Delegación Tlalpan. Carlos Pacheco Beltrán fue sorprendido por un niño cuando robaba las medallas de oro que colgaban de la estatuilla de Santa María Magdalena y colgárselas él al cuello. El menor dio aviso de inmediato a los encargados de cuidar la iglesia (llamados fiscales); acto seguido, los ``fiscales'' sacaron de la iglesia a Pacheco Beltrán, lo amarraron con un lazo al barandal del kiosco y comenzaron a propinarle patadas y puñetazos. Aproximadamente 200 pobladores se reunieron en torno al sacrílego --quien se encontraba bajo los efectos de estupefacientes--, solicitando a gritos su ahorcamiento. Carlos Pacheco fue muerto a causa de las lesiones que le infligieron los habitantes de Magdalena Petlacalco.

Los siguientes intentos de linchamiento que registró la prensa el 18 y 28 de diciembre de 2001 llaman la atención sobre la patología social que está expresando la ciudad de México, y en específico la Delegación Tlalpan; patología que no ha sido atendida correctamente. Respecto al linchamiento de Pacheco Beltrán, el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, declaró: ``El caso hay que verlo en lo que es la historia de los pueblos de México, es un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la manera comunitaria en la que actúan los pueblos originarios [...] La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse''. Y la observación es válida sólo en el sentido que se prevengan delitos con estas características, pero en cuanto a la aplicación de la ley sobre los responsables del linchamiento, tal aseveración resultó una táctica evasiva, pues se admitió que el asesinato quedaría impune ya que la Procuraduría del Distrito Federal no contaba con elementos para iniciar una averiguación formal, debido a que todas las personas entrevistadas afirman no saber nada sobre lo ocurrido.

Reforma, 26 de julio de 2001, p. 8a.

Probablemente, la palabra ``linchamiento'' es un anglicismo de Lynch'', que al parecer se trataba de un alcalde irlandés (James Fitzstephen) que en el siglo XV ``condenó a su propio hijo a muerte sin otro juicio que el sumario que le dictaba su conciencia, y para evitar que fuese liberado por sus amigos, lo ejecutó colgándolo por su propia mano, para que tan tremendo castigo sirviese de ejemplo a la gente'', como ilustra la Enciclopedia Jurídica Omeba. También podría provenir del arcaísmo anglosajón lynch, que significaría ``dar golpes con un palo''. Se cita también al ``wigg'' Charles Lynch, que puso en boga la venganza privada en el siglo XVIII para castigar (por supuesto) a los desventurados ``tories'' que caían en sus manos. Esto dio como resultado que se hablara en el pedestremente llamado ``lejano Oeste'' de dos tipos de jueces para resolver los conflictos: el ``juez Colt'' (por el arma del mismo nombre) y el ``juez Lynch'', nombre que se daba a la soga con la que el populacho ejecutaba a los supuestos infractores.

Cuarto.- Según la investigación realizada y publicada como nota periodística por los CC. Nidia Marín y Juan Cruz: México forma parte de los once países de América Latina que causan preocupación a la ONU y a la OEA por el incremento de los linchamientos, sean por ahorcamiento, lapidación, golpes, machetazos o quemados vivos. Cálculos de especialistas mexicanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refieren que 48 por ciento de ciudadanos del país están de acuerdo, en diverso grado, en que haya justicia por propia mano, mientras que expertos latinoamericanos consideran que el coctel que dispara estos hechos cuenta hoy con los ingredientes necesarios: incremento de la pobreza, la impunidad, la inseguridad y la violencia. Por eso para los gobiernos se está volviendo una realidad la frase: ``cría cuervos y te sacarán los ojos''. Investigadores de la misma casa de estudios mexicana señalan que hoy están amenazados, la legitimidad del Estado, su capacidad de Gobierno y en riesgo la incipiente capacidad democrática del país, ante el ineficaz funcionamiento de las instituciones de seguridad y justicia. Otros expertos indican que anualmente ocurren en el país aproximadamente 50 (no hay cifras exactas) linchamientos. En el 2004 la Ciudad de México y su zona Metropolitana ostentan el primer lugar entre las 32 entidades federativas, con más de un ajusticiamiento o intento de ajusticiamiento mensual (fueron 15). El 30 por ciento concluyó en la muerte de las víctimas. La República Mexicana, de acuerdo a investigaciones de internacionalistas estaría en el quinto lugar en Latinoamérica en materia de hacer justicia por propia mano, lo que se deduce de los hechos conocidos, pero sin certeza por la falta de exactitud en las cifras. El sociólogo peruano Eduardo Castillo Claudett, del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales, señala que en los últimos cuatro años Perú, Guatemala, Bolivia, Honduras, México, Panamá, Ecuador, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Haití son los países de América Latina y el Caribe donde se presenta el creciente fenómeno. De conformidad con cifras registradas por la ONU el primer lugar lo tiene Perú con mil 993 casos en lo que va del año (en Lima, la capital ocurrieron 695 eventos); le sigue Guatemala durante con 430 víctimas de las cuales 27 fallecieron en 2001; después están Bolivia con 123 y Honduras con 56; enseguida, México ocupa el quinto lugar con los presuntos 50 casos por año. Después están: Panamá con 26, Ecuador con 20 cada año y a continuación otros países con cifras menores. La especialista Sabine Kurtenbach dice: ``La falta de respuesta estatal es una de las serias causas claves de las formas privadas e ilegales de justicia. Las carencias en el sistema judicial contribuyen a un aumento de la justicia por propia mano y con ello un ascenso de la violencia cotidiana. Ello provoca deslegitimación de los gobiernos y de la democracia como sistema de Gobierno y promueve la formación y existencia de democracias con derechos cívicos de baja intensidad. La seguridad pública se ha convertido en el desafío central de la política latinoamericana''. ¡Alerta! Gritan los números. De acuerdo a una ilustrativa y reciente encuesta entre la población, que dio paso a la obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Cultura de la Constitución en México (llevada a cabo por Julia Flores, Diego Valadés, Héctor Fix Fierro y Hugo Concha), 48 por ciento de los encuestados consideró aceptable, en distinto grado, hacer justicia por propia mano. Además en dicho análisis, cuyos resultados son preocupantes para los estudiosos y deberían de serlo para las autoridades, se hace evidente el desencanto, irritación y amargura de los mexicanos, porque 46 por ciento señala que cualquier ley ``injusta'' debe ser desobedecida, 23 por ciento indica que si una norma no le parece al individuo puede desobedecerla; 36 por ciento opina que quienes más violan la ley son los políticos, 21 por ciento dice que es la policía, 68 por ciento considera que la Constitución se cumple poco, 48 por ciento que el Presidente no toma en cuenta a los ciudadanos, 57 por ciento que los gobernadores tampoco, 56 por ciento que con los presidentes municipales pasa lo mismo. Como si no fuera suficiente: 42 por ciento califica de ``indiferente'' el trato de las autoridades a los ciudadanos, 20 por ciento indica que es ``descortés'' y 13 por ciento lo considera ``despótico''. No es todo, poco más de la cuarta parte de las personas estuvo de acuerdo con la frase ``violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan''. Asimismo, al preguntar a los entrevistados ``si una comunidad tiene o no derecho de tomar el castigo en sus manos en el caso de un homicidio donde las autoridades no actúan al respecto'', 50.1 por ciento señaló que la comunidad no tiene ese derecho, 34 por ciento expresó que sí lo tiene y 13.2 por ciento opinó que sí tiene ese derecho, pero sólo en parte. Estos especialistas de la UNAM consideran que ésta es una expresión de inconformidad ante las limitaciones de las autoridades para ejercer la acción penal, así como una clara manifestación de la erosión del funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar las conductas ilegales. Advierten también que los casos de justicia por mano propia (linchamientos) corren el riesgo de volverse un problema mayor si no se logra expandir en mayor grado la cultura jurídica, pero hacen notar que ésta no puede obtenerse sin un funcionamiento más eficaz y garantista de las instituciones de seguridad y de justicia. ``Al fracasar el Estado como proveedor de un mínimo de seguridad para la convivencia social, toda la legitimidad de éste y su capacidad de Gobierno se ven seriamente amenazados. En otras palabras, los problemas de seguridad que claramente quedan evidenciados con estos instrumentos están dando cuenta de los riesgos a la incipiente gobernabilidad democrática del país'', precisan. En la Reunión de Expertos ``La prevención de la violencia como objeto de investigación y de programas de acción'', efectuada en Argentina, se precisó que ``en los regímenes horizontales hay también un problema de gobernabilidad, que habiendo sido asumido como real, convoca a la corresponsabilidad ciudadana''. Siguen operativos en Tláhuac; encuentran droga y armas. Al menos un centenar de efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entraron en el pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, para efectuar un segundo operativo en busca del resto de los responsables del asesinato de los agentes federales Víctor Mireles, Cristóbal Bonilla y lesiones a Édgar Nolasco, el cual concluyó sin detenidos, pero con el decomiso de dos bolsas que al parecer contenían cintas de video, fotografías, documentos, una computadora, 40 grapas de cocaína y armas de calibre no especificado, lo que en una primera hipótesis exhibe la línea de investigación sobre que narcomenudistas azuzaron a la gente para realizar el linchamiento de los federales. La sorpresa fue para los elementos de la PGR al encontrar un pueblo asustando, muy diferente a lo que se vivió el pasado 23 de noviembre, donde los pobladores detuvieron, golpearon y quemaron vivos a los elementos de la PFP que realizaban algunas investigaciones en la zona. Catearon varios inmuebles, en busca de la principal instigadora del linchamiento identificada como Emma, ``La Gorda'' o ``La Güera'', esposa del policía auxiliar involucrado en el linchamiento, Sergio Montealegre Jardines. Miguel Ángel Cueza García, uno de los abogados del grupo de 29 detenidos por el doble homicidio y lesiones mencionó que los cateos de ayer se han efectuaron en orden, a diferencia del que realizaron el pasado 24 de noviembre, un día después del linchamiento, en que detuvieron a todo aquel con cara de sospechoso. Ayer, al filo de las 07:00 horas los elementos de la AFI, en convoy de unos 20 vehículos, arribaron al poblado, específicamente a los domicilios marcados con el número 40 y 42 de la calle Educación Tecnológica, en la colonia Peña Alta, muy cerca donde los agentes federales fueron detenidos por la turba y quemados vivos. Iban acompañados del delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el DF, Rolando López Villaseñor, por personal del Ministerio Público Federal y de la CND. Fue el caso que decomisaron 40 grapas de cocaína, algunas armas de calibre no especificado y documentos de personas involucradas en el linchamiento en ambos domicilios de la colonia Peña Alta. Iban por la ``Gorda'', pero les dieron las 12:30 horas y no la encontraron por lo que se dio la orden de retirarse del domicilio ubicado en la calle Peña Alta 327 lote 6, que era en donde se encontraban en ese momento, en donde terminaron por confiscar un CPU de computadora y diversos documentos. En entrevista en las instalaciones de Plaza de la República reconoció que por el momento no existe un balance oficial del operativo, pues habrán de revisar primero el contenido de los videos, fotografías y documentos, como los archivos de la CPU de computadora.

Asimismo otra nota periodística publicada por El Universal en fecha 10 de diciembre de 2004 da a conocer lo siguiente: llevando como encabezado ``La Ciudad de México, segunda en linchamientos: UNAM''.

El problema no es de seguridad, sino de condiciones sociales y culturales, señala por Icela Lagunas.

El Distrito Federal ocupa el segundo lugar en linchamientos en el país, tan sólo abajo de Oaxaca y seguido por Chiapas, Guerrero y Morelos, revela un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

El documento analiza 103 casos de linchamiento en el periodo de 1987 a 1998 en el país, y refiere que 50 por ciento de los casos culminan con la muerte de la víctima, mientras que la otra mitad se interrumpe por la acción de la policía o de alguna otra autoridad.

A raíz del linchamiento de tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) indagó información de estos fenómenos en todo el país para analizar el proceso de negociación en cada uno de ellos.

Dentro de los modos de ejecución se encontró que los golpes ocupan el primer lugar de agresión contra las víctimas, seguido por disparos con arma de fuego, ahorcamiento y quema.

En este análisis, del cual tiene copia El Universal, la SSP concluyó que desde el punto de vista de la actuación gubernamental para evitar su consumación, comparado con el documento de la UNAM, la labor de la policía de la ciudad de México se encuentra muy por encima de la media nacional, ya que en 80 por ciento de los casos analizados se evita la muerte de la víctima.

De los 33 hechos de linchamiento analizados por la SSP de 1999 a 2004, 25 se evitaron, 5 se consumaron, 35 personas fueron salvadas y 12 fallecieron.

Según el Instituto de Investigaciones Sociales, los motivos que provocan los linchamientos son variados. Se presentan intempestivamente ante el rebasamiento de los niveles de tolerancia a situaciones de impunidad, de tensión acumulada y desesperación.

Más que un problema de seguridad, estos actos son reflejo de condiciones políticas y sociales de un país, justicia, oportunidades de empleo, pobreza y factores de índole cultural y social, establece. En el caso del DF, la mayoría de los casos se perpetró en poblaciones rurales.

Quinto.- Mediante decreto de fecha 16 de diciembre de 1985 y publicado en el Diario Oficial en fecha 23 de diciembre del mismo año fueron derogados tanto los artículos 296 como 309 del Código Penal Federal mismos que contemplaban la responsabilidad correspectiva en los delitos de lesiones y homicidio como delito Tumultuario, quedando un vacío en la norma sin una institución jurídica que contemple esta casuistica y su correspondiente castigo de manera adecuada, por lo que para un mayor apoyo en el razonamiento tanto de las deficiencias como de las razones de su existencia de estos artículos derogados se transcriben las notas y comentarios realizados por los Maestros Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas en su libro ``Código Penal Anotado'' editado por la Editorial Porrúa, mismas que aparecen a páginas 779, 780, 829, 832, 833 y 834; haciendo primeramente la transcripción de los artículos en comento:

(Complicidad correspectiva, en el delito de lesiones)

Artículo 296.- Cuando las lesiones se infieran por una o más personas, se observarán las reglas siguientes (968) (969) (970) (970 a):

I.- A cada uno de los responsables se les aplicaran las sanciones que procedan por las lesiones que conste hubieren inferido;

II.- A todos los que hubieren atacado al ofendido con armas a propósito para inferirle las lesiones que recibió, si no constare quien o quiénes le infirieron las que presente o cuáles heridas le infirieron, se les aplicará prisión hasta por cuatro años.

(Complicidad correspectiva en el homicidio)

Artículo 309.- Cuando el homicidio se ejecute con la intervención de tres o más personas, se observaran las reglas siguientes (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1007 a):

I.- Si la victima recibiere una sola lesión mortal y constare quién la infirió, solo a este se le aplicará la sanción como homicida.

Si no constare quien la infirió, a todos se les aplicará como sanción de tres a seis años de prisión;

II.- Cuando se infieran varias lesiones, todas mortales, y constare quienes fueron los responsables, se considerará a todos éstos como homicidas;

III.- Cuando sean varias las heridas, unas mortales y otras no, y se ignore quienes infirieron las primeras, pero constare quienes lesionaron, a todos se les aplicará de tres a seis años de prisión, excepto a aquellos que justifiquen haber inferido sólo las segundas, a quienes se aplicará la sanción que corresponda por dichas lesiones; y

IV.- Cuando las lesiones no fueren mortales sino por su número, y no se pueda averiguar quiénes la infirieron, se aplicará de dos a cuatro años de prisión a todos lo que hubieren atacado al occiso con armas a propósito para inferir las heridas que aquél recibió.

(968)

``Aun cuando no todas hayan sido identificadas o n fueren legalmente punibles por condiciones o calidades personales'' (Vincenzo Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, Turín, 1933-1939, t VIII, pag. 248), ni estuvieran todas sometidas a la acción penal por no haber sido aun aprehendidas y consignadas a la jurisdicción competente.

(969)

Si constare quien causo las lesiones, la consecuencia penal prescrita en la fracción examinada se impone como necesidad lógica; por lo que es redundante el precepto.

(970)

La complicidad correspectiva consiste en la responsabilidad que la norma impone a varios agentes en relación con un mismo resultado --en este caso, lesiones-- cuando no se puede precisar quién lo causó físicamente, pero si que todos aquellos ejecutaron el ataque del que es efecto el mismo resultado y que usaron instrumentum delicti a propósito para causarlo.

La complicidad correspectiva funciona aunque se produzcan la aberratio ictus o el error in persona en el curso del ataque o acometimiento: ``todos los que hubieren atacado al ofendido'' son coautores del delito de lesión (ver nota 1969 a la fracción I del artículo comentado), salvo si no fueren legalmente punibles (p.e., el caso del artículo 294 o de que se trate de un menor, según lo dispuesto en el 119 c.p.).

Jurisprudencia.- La incorrecta denominación ``complicidad correspectiva'' se usa en derecho para referirse a la culpabilidad en aquellos homicidios o delitos de lesiones en que hay varios atacantes que causaron heridas a un ofendido; pero en los que no se pudo determinar quienes infirieron las lesiones (A.J., t XXI pág. 294). V. Jurisprudencia en la nota 1003 al artículo 309 c.p.

(970 a)

Texto derogado según decreto de diciembre 16, 1985 (D. O. de diciembre 23, 1985).

V. nota núm. 985 al artículo 303 c.p. Lo que uno se pregunta es qué ha hecho el reformador-legislador con la complicidad correspectiva en el delito de lesiones. ¿Cómo la resuelve? O sea, ¿si quita una vía de solución por qué no ofrece otra? ¿O será, acaso, que es partidario del finalismo de la acción (el c.p. desde luego, no es finalista) y que en tal virtud rechaza las proposiciones del causalismo, a nivel sobre todo de causalidad adecuada (que es el criterio que prevalece en el artículo que se deroga)? (C y R)

(1003)

Texto vigente según decreto de enero 2, 1968 (D. O. número 7 de marzo 8, 1968).

El homicidio tumultuario da lugar aun nuevo caso de complicidad correspectiva. Es aplicable la nota 970 al artículo 296, fracción II c.p. (C y T)

¿Y si son dos las personas que han intervenido en la comisión o ejecución de un homicidio? Para no dejar impune el hecho se ha llegado al absurdo de incluir al propio sujeto pasivo del delito entre los que han intervenido en la comisión del homicidio. Así ya son ``tres o más personas''...

El problema señalado como bien lo indica Jiménez Huerta (opus cit., nota núm. 1010, p. 63), ``no se plantea en orden al delito de lesiones'' (``cuando las lesiones se infieran por dos o más personas...'' artículo 296 in initio). Es lamentable, en consecuencia, opina este escritor, ``que al reformarse en el año 1968 el artículo 309, no se corrigiera tan notoria incongruencia, y no se redactase el párrafo inicial en la siguiente forma: ``Cuando en la comisión del homicidio intervengan dos o más personas. . .'' (Ibid.)

Por nuestra parte pensamos que aunque no se haya corregido tan notoria incongruencia, es evidente, de acuerdo con la ratio del precepto, que si intervienen dos personas en la comisión o ejecución de un delito es de aplicarse, por supuesto, el artículo 309 c.p., ya que la ``complicidad correspectiva'' de la que hablan los italianos, o la ``incertidumbre del autor'', como prefiere calificarla Carrara, comienza a partir del hecho de que dos personas o mas intervengan en la comisión o ejecución de un delito de lesiones o de uno de homicidio.

Por cierto que puede darse el caso dentro de esta incertidumbre o complicidad, de que sean varias las víctimas. Tanto la fracción I como la II del artículo 309 c.p. aluden a ``la víctima'' (singular), por lo que hemos de entender que el mismo criterio rige para las fracciones III y IV. Sin embargo, la voz ``víctima'', jurídicamente hablando, admite una acepción in extenso. En tal virtud, la misma solución expuesta en el párrafo anterior de esta nota es de aplicarse, aunque sean varios los sujetos pasivos del delito.

Cuando en un homicidio intervienen conjuntamente varios sujetos activos, la confusión que se deriva de este hecho no puede ofrecer más que dos soluciones de lógica jurídica; puesto que cada agente responde de sus propios golpes, ante la imposibilidad de precisar cual fue el golpe fatal que produjo la muerte, o se opta por establecer que ninguno es responsable (solución lógica in extenso), o se opta por calificar el hecho de la complicidad correspectiva como causa mediata del homicidio y en la que todos los agentes tienen responsabilidad (solución lógica in abstracto). La doctrina y la practica se han inclinado por la segunda solución, más acorde con el Derecho aunque sin perder su calidad lógica distribuyendo la responsabilidad equitativamente y con una pena atenuada en virtud de la situación imperante.

(1005)

La palabra ``todos `` es motivo de diversas interpretaciones. Desde luego el artículo 309 c.p. es un texto infelizmente redactado. Equivalentes de la palabra ``todos'' son las palabras ``estos'' (fracción I), ``todos'' (fracción III) y nuevamente ``todos'' (fracción IV); pero con la salvedad de que en la fracción I ``estos'' son los que infirieron lesiones mortales, en la fracción III ``todos'' son los que lesionaron, y en la fracción IV ``todos'' son los que atacaron al occiso con armas a propósito para inferir las heridas que por su número son mortales. Como se ve, en las fracciones I, III y IV la ley alude a un acto de ejecución o comisión (inferir lesiones, lesionar y atacar al occiso infiriéndole heridas mortales por su número). Sólo la fracción II hace alusión a todos los responsables de una o varias lesiones mortales que hubiere recibido la víctima. La diferencia es evidente: La responsabilidad penal es distinta de los actos de ejecución o comisión. Más aún, la responsabilidad penal nos lleva automáticamente al llamado dispositivo amplificador del tipo previsto en el artículo 13 c.p.

En conclusión, la palabra ``todos'', inserta en la fracción II artículo 309 c.p., no se puede interpretar en atención a la responsabilidad penal vista esta como la participación, en cualquiera de los grados previstos por la ley, en un delito. A mayor abundamiento, la regla inicial del precepto (artículo 309 in initio) se refiere a la ``comisión'' del homicidio cuando en el mismo ``intervengan'' tres o más personas; y si es muy cierto que el concepto de ``intervención'' se presta a evocar la llamada participación delictuosa, también los es que el concepto de ``comisión'' es muy preciso y atañe a un acto de ejecución. La palabra ``todos'', por lo tanto, se refiere a os sujetos activos que siendo responsables de una o varias de las lesiones mortales que hubiere recibido la víctima, las infirieron, lesionaron, atacaron con armas a propósito. E incluso bastaría, a nuestro juicio, reducir esta idea al hecho de inferir lesiones, puesto que es obvio que si las armas no son las idóneas no se pudo inferir la lesión. Obsérvese asimismo que l a idoneidad de las armas, establecida en la fracción IV artículo 309 c.p., funda su ratio en el hecho de que las lesiones solo son mortales por su número y se esta en la imposibilidad de determinar quienes las infirieron, circunstancia exclusiva de esta fracción. Por eso reduciríamos la idea, como ya lo dijimos, al hecho de ``inferir lesiones'': éste es, a nuestro juicio, el contenido interpretativo de la fracción II.

A pesar de todo lo dicho, los responsables de una o varias lesiones mortales que hubiere recibido la víctima (fracción II) son precisamente eso, responsables de lesionar mortalmente, por lo que la terminología, aunque pueda confundir, no nos lleva al extremo del artículo 13 c.p. dispositivo llamado amplificador del tipo, sino que nos sitúa, por camino sinuoso, en los actos de ejecución o comisión.

(1007 a)

Texto derogado según decreto de dic. 16, 1985 (D. O. de dic. 23, 1985)

Es el mismo caso de la responsabilidad correspectiva en el delito de lesiones (v. Art. 296 derogado). Ahora le toca su turno al homicidio. El artículo reformado, en efecto, mezclaba la causalidad adecuada con la equivalencia de condiciones sin adoptar un criterio uniforme. Había disparidad, en este orden de ideas, entre sus cuatro fracciones. Lo necesario era ir al fondo del asunto y dirimir con claridad la cuestión. Lo que pasa es que ahora queda al garete ya que el reformador-legislador suprime, corta, pero deja un lamentable vacío (v. nota núm. 970 a). (C y R)

Sexto.- Los linchamientos llevados a cabo en la ciudad de México en los últimos tiempos son un llamado de atención al Estado, pues, además de las implicaciones de percepción de injusticia, afrenta a valores comunitarios y fanatismo religioso existe el hilo conductor implícito y expresado por los mismos protagonistas: desconfianza hacia las autoridades. Desarticular poco a poco esta desconfianza es arduo y complejo porque tiene implicaciones de lucha contra el anquilosado sistema de corrupción desde diferentes estratos; la reestructuración de actitudes negligentes que mucho tienen que ver con el rencor social de policías con muy bajo salario, o simplemente una ideología del mínimo esfuerzo; falta de programas de capacitación para funcionarios y mejor adiestramiento al cuerpo policiaco.

Se sabe bien que en situaciones de identificación colectiva se deshumanizan los actos, es decir, que los norteamericanos son merecedores de la fobia latina o medioriental, o la que fuere, sólo por el hecho de pertenecer a un colectivo, y en estas fronteras de odio se rompen las particularidades, se despersonaliza al individuo y sólo se busca aplicar el símbolo de la venganza como mensaje perenne.

Asimismo sucede en las situaciones de linchadores-linchados, ya que hay una pérdida del concepto de persona, y sólo se persigue en abstracto el castigo, la venganza, la catarsis por sí misma. Pero ¿es justo cancelar los derechos de un presunto delincuente para tener un juicio previo, ser considerado persona no condenada y conservar sus garantías en un país en el que no se aplica la pena de muerte?

En resumen podemos arribar a la conclusión de que ningún linchamiento es legítimo. No debe considerarse como un mero abuso porque es una expresión cultural. Una violación de tal naturaleza no queda justificada por ninguna apología hacia los derechos colectivos, ni siquiera bajo el manto de la tradición. Debe reflexionarse que el linchamiento es un delito y por tanto punible. Se debe evitar que las autoridades caigan en la trampa de que ``no debe criminalizarse la tradición''. El linchamiento consumado es un homicidio, sean quienes sean los homicidas. Los usos y costumbres o la cultura de los agresores no puede operar como un disfraz para cobijar la impunidad, ninguna tradición puede estar por encima de los derechos humanos universales, pues si éstos son soslayados corremos el peligro de negarnos a alcanzar el estatus de seres humanos en dignidad. Las actividades de tipo preventivo pueden alcanzarse de diversas maneras. A la población podría serle de ayuda hacer uso de los medios masivos de comunicación para sensibilizar y educar sobre las formas correctas de hacerse escuchar, de actuar y de reclamar en pleno estado de derecho la ineficiencia de las autoridades y la corrección civilizada del problema.

Sin duda el camino es largo y arduo el trabajo que se debe realizar para cambiar la cultura que hoy por hoy nos tiene sumidos en el retroceso, pero por otra parte debe ser mayor el animo y el deseo de vivir como seres humanos dignos, ante nosotros y ante el mundo entero; el problema lo generamos todos y la solución solo puede estar en la acción decidida y civilizada de todos gobierno y gobernados, por mi parte, como legislador debo contribuir con lo que me toca a reformar el marco legal para prevenir y reprimir esta conducta tan reprobable y deshumanizada, como lo es el fenómeno del linchamiento, haciendo hincapié de que tan necesario es castigar esta conducta como lo es castigar con mayor severidad las causas que han impulsado a nuestra sociedad y siguen haciéndolo, tales como el sentimiento de impunidad propiciado por gran parte de los servidores públicos que no cumplen con su misión social y cívica. Por lo que, como complemento a la presente reforma, habré de presentar en los próximos días otras reformas que tiendan a ser mas severas con la actuación y omisión corrupta del sector público.

Séptimo.- Existen varios criterios adoptados por la Suprema corte de Justicia de la Nación al respecto de la aplicación en su momento de los artículos comentados en el punto anterior, Tesis que no abundaron en su momento dado la no muy alta incidencia de casos similares y su relativa corta duración en vigencia, pero sin duda algunos de estos criterios son muy acordes al sentir actual en la mayoría de la colectividad y por ello se transcriben a continuación para un mayor soporte y fundamentación de la presente reforma.

Tesis seleccionada

Instancia: Primera Sala.

Época: Quinta Época

Localización

Instancia: Primera Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte : CXII.

Tesis:

Página: 1835

Rubro

Complicidad correspectiva.

Texto

La complicidad correspectiva tiene como supuesto dos situaciones de hecho y de ficción; las situaciones de hecho, supuestas de la complicidad correspectiva, son: pluralidad de agentes activos, e ignorancia de la causación material del resultado dañoso; la ficción consiste en reducir a la unidad a los agentes activos, considerando el resultado como producido por todos, y establecida la ficción, se aplica la doctrina de la culpabilidad.

Precedentes

Tomo CXII, pág. 1835. Esquivel Gerónimo, 26 de junio de 1952. Cinco votos.

Tesis Seleccionada

Instancia: Primera Sala Época: Quinta Época

Localización

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: CXIII

Página: 1147

Rubro

Complicidad correspectiva.

Texto

Aun cuando según los tratadistas extranjeros y nacionales, la solución que prevé el artículo 309, fracción I, del Código Penal es inadecuada porque se puede sancionar con pena privativa de la libertad a uno de los copartícipes que tal vez no infirió la lesión mortal que causó la muerte del leso; no es menos cierto que si la actividad desplegada por los agentes del tipo, en el momento de su consumación, es indiciaria de la voluntariedad con que produjeron la lesión en la integridad de la persona, resulta evidente el nexo de causalidad entre la lesión y las acciones de los sujetos activos que la produjeron, y como la vida humana es un bien de interés eminentemente social, y jurídicamente protegido, debe concluirse que la regla que establece el artículo 309 del Código vigente, tiende a evitar la impunidad de tales conductas delictivas, aun en el supuesto de que la técnica del precepto legal aludido sea defectuosa; pues en la hipótesis de que estuviese comprobado que uno de los sujetos activos hubiese inferido la lesión mortal, mientras que otro de los sujetos activos hubiese detenido a la víctima para que fuese lesionada sancionar solamente a quien infirió la lesión mortal conduciría a un absurdo jurídico.

Precedentes

Amparo penal directo 1207/51. Rangel Ramos Ramos, 6 de agosto de 1952. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Tesis seleccionada

Instancia: Primera Sala Época: Quinta Época

Localización

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: CXVII

Página: 1428

Rubro

Complicidad correspectiva.

Texto

La conducta desplegada por el quejoso, independientemente de la participación que tuvieron en la consumación del tipo delictivo los demás coacusados, está referida a una consecuencia jurídica de punibilidad que le es reprochable si la misma encuadra dentro de lo que la dogmática del delito define como complicidad correspectiva, la que tiene dos supuestos: desconocimiento de la causación material, e intervención de más de tres personas como sujetos activos, conteniendo además una ficción consiste en la atribución de resultado de todos los sujetos como unidad. Y aun cuando algunos juristas objetan tal instituto jurídico por considerar que no es equitativo, puesto que se reprocha el acto injusto o todos los participantes, no obstante que no se precisa quién de éstos asestó el golpe decisivo que produjo la modificación del mundo exterior, al respecto cabe decir que tal objeción es irrelevante, porque el precepto que define el tipo delictuoso, es al mismo tiempo normativo en cuanto que protege un bien jurídico: la vida humana, independientemente de la lesión concreta que se produzca al objeto de la acción, ya que lo relevante para el derecho penal es el objeto de protección, que es el hombre, como parte ideal integrante del mundo valorativo del derecho.

Precedentes

Amparo penal directo 5573/50, 13 de junio de 1953. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Teófilo Olea y Leyva.

Tesis seleccionada

Instancia: Primera Sala Época: Quinta Época

Localización

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: CXXX

Página: 584

Rubro

Riña tumultuaria y complicidad correspectiva (legislación penal del estado de Guerrero).

Texto

Si en la riña tumultuaria y confusa en la que, sabiéndose que un numeroso grupo de individuos participó ejerciendo violencia sobre quien o quienes resultaron muertos o lesionados, es imposible por la mecánica misma del hecho identificar al autor de cada una de las lesiones o de la lesión mortal, ello no es causa para asegurar que sea un mal remedio para una mala investigación, pues si la duda existiera sobre la participación debería necesariamente absolverse por no existir prueba plena; lo que ocurre en que la duda existe sobre el ``quantum'' del daño causado por cada uno de los partícipes, pero el hecho de que en la ``complicidad correspectiva'', se contemple un caso de participación múltiple no significa una derogación a los principios generales de la participación, sino que, se comprende únicamente el caso de riña tumultuaria y confusa, y el hecho de que a raíz de haberse puesto en vigor el Código de treinta y uno de cuyo artículo 309 fue tomado el 268 del de Guerrero, se haya suprimido la expresión ``en riña'' no significa que pueda aplicarse dicha disposición a la totalidad de los casos, pues tanto los antecedentes legislativos como la colocación del artículo inmediatamente después de las disposiciones relativas a la contienda, permiten conocer cuál es la voluntad de la ley, ya que de lo contrario se llegaría a afirmar que cualquier delito de homicidio o lesiones en que intervienen sujetos activos múltiples tendría necesariamente una penalidad atenuada, cuando que se dan casos en el que el homicidio es calificativo por ventaja atento el número de los atacantes.

Precedentes

Amparo directo 2901/51, 27 de noviembre de 1956. Cinco votos. Ponente: Genaro Ruiz de Chávez.

Tesis seleccionada

Instancia: Primera Sala Época: Séptima Época

Localización

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: 175-180 Segunda Parte

Página: 126

Rubro

Responsabilidad correspectiva y participación (legislación del estado de Guerrero).

Texto

La responsabilidad correspectiva, prevista por el artículo 283 del Código Penal del Estado de Guerrero, existe cuando, ausente el acuerdo tácito o expreso de causar daño, se ignora concretamente quienes produjeron las lesiones mortales y el homicidio resultante es imputable a cada uno de los agresores, debiendo sancionarse a todos con la misma penalidad atenuada; pero si, por el contrario, varias personas se ponen de acuerdo para privar de la vida a un tercero, adoptando tácticas que descartan todo peligro para ellas, éstas actúan en función del propósito que fue común a todas de darle muerte al ofendido, y entonces la conducta de los partícipes estructura coautoría, pues la voluntad que adoptaron fue establecida en momento previo a la comisión del ilícito, lo que viene a descartar la complicidad correspectiva.

Precedentes

Amparo directo 4238/83. Sebastián Flores Torres, 28 de septiembre de 1983. 5 votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Nota (1): En la publicación original de esta tesis aparece la leyenda: ``Corrobora tesis de jurisprudencia 272, 273 y 274, Apéndice 1917-1975, Segunda Parte, páginas 592, 593 y 595''.

En función de lo anterior, resulta obvio que la evocación de la complicidad correspectiva implicaba una atenuación para los responsables en razón de tres aspectos fundamentales que son: dos situaciones de hecho y una de ficción; las situaciones de hecho, supuestas de la complicidad correspectiva, son: pluralidad de agentes activos, e ignorancia de la causación material del resultado dañoso; la ficción consiste en reducir a la unidad a los agentes activos, considerando el resultado como producido por todos, y establecida la ficción, se aplica la doctrina de la culpabilidad.

En razón de esto se decía que dado el estado de emotividad exacerbado en el que se encontraban los copartícipes tanto de acción como de omisión y de que supuestamente no se daba un concierto previo respecto del resultado dañoso es por lo que se procedía a conceder la atenuante a tal tipo de conductas; sin embargo hoy la realidad de nuestra sociedad es otra muy distinta como distintos son también los factores y ánimos que intervienen en el acontecimiento de las lesiones y homicidios tumultuarios, que sin duda alguna nos obligan a poner especial atención en ello y en la forma de recuperar el control del poder público que se encuentra en grave riesgo de ser secuestrado de manera permanente por la arbitrariedad y poder ilegitimo de algunos cuentos ante la debilidad e ineficacia de la autoridad y la fuerza públicas.

Hoy esta muy claro que aquellos que se mueven en el anonimato y la oportunidad de la confusión, se ven fuertemente alentados a continuar con este tipo de escarnios públicos dado la clara presencia de la impunidad, y con ello a su vez se ven invitados a sumarse a cometer este tipo de atrocidades a aquellos que aun no lo hacen pero que sin duda se sienten con el derecho de hacerlo.

Razones suficientes estas, para que ante tal barbarie y retroceso que implica tanto la comisión de los llamados linchamientos como la permisibilidad y tolerancia de los mismos se aplique el mayor rigor de la ley que tienda a reprender y reprimir de manera absoluta y decidida estos conatos de ingobernabilidad que atentan gravemente no solo contra la integridad física y la vida del ser humano sino contra la estabilidad del régimen de gobierno y claramente contra la seguridad pública.

Por lo que no se considera que sea atenuante actuar en grupo y en un estado de exaltación y turba puesto que ante la evidente superioridad numérica, se comente el delito con premeditación toda vez que siempre se da un lapso de tiempo ente la captura y privación de la libertad de la víctima y ejecución de esta, existe la alevosía por que no se hace posible que la víctima pueda repeler o defenderse de la agresión, y existe ventaja claramente por que el delito en perjuicio de la víctima lo comenten un grupo de personas aprovechando y haciendo uso de esa superioridad numérica que les permite sentirse seguras de que no pueden ser agredidos o lesionados de manera tal que corra un riesgo la vida de los sujetos activos.

Por todo esto es evidente que la redacción de los artículos 296 y 309 derogados deben volverse a su vigencia pero de manera funcional y eficaz, de tal suerte que no permita caer en las incongruencias de su desafortunada y deficiente redacción antigua.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único: Se reforman los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal.

Código Penal Federal

Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito:

I.- a VII.- ...

VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.

Para los sujetos a que se refiere la fracción VII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 Bis de este Código.

Artículo 64 Bis.- En los casos previstos por la fracción VII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.

Artículo 296.- Cuando las lesiones sean inferidas por tres o más personas, y el delito se cometa en la vía o lugares públicos o incluso privados pero con libre acceso, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para efectos del presente artículo en sentido atenuante, a todos los coautores y participes se les aplicará la misma pena, en forma equitativa, excepto si se trata de los incitadores a quienes se les agravara la penalidad de conformidad a lo previsto en el artículo 321.

Artículo 303.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen la totalidad de las circunstancias siguientes:

I.- ...

II.- Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales.

Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.

Artículo 304.- Siempre que se verifiquen la totalidad de las circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe:

I.- a III.- ...

Artículo 309.- Comete homicidio tumultuario toda aquella persona que participe en un grupo de tres o más personas con la finalidad de ejercer supuesta justicia por propia mano causándole la muerte a la o las víctimas, en la vía o lugares públicos o incluso privados pero que cuenten con libre acceso, contando con una evidente superioridad numérica, física o de armas, independientemente del grado de participación, lo cual no operará para efectos del presente artículo en sentido atenuante.

A todos los coautores o participes en este delito se les aplicara la misma penalidad equitativamente, excepto si se trata de los incitadores a quienes se les agravará la penalidad de conformidad a lo previsto en el artículo 321.

Artículo 315.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. Hay premeditación: siempre que el reo cause intencionalmente un lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer.

Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad; por acción tumultuaria cuando exista notoria superioridad numérica, física o de armas de los sujetos activos respecto del o los sujetos pasivos.

Artículo 315 Bis.- Se impondrá la pena del artículo 320 de este Código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente, a propósito de una violación, un robo o un secuestro por el sujeto activo de éstos, contra su víctima o víctimas.

...

Artículo 321.- Al que instigue, incite o invite a la ejecución de las lesiones u homicidio tumultuario se le aplicará hasta un tercio más de la pena que se determine a los demás coautores y participes del delito de manera equitativa, pudiendo aplicarse hasta dos tercios más de la pena inicial en los siguientes casos:

I.- Cuando se trate de personas a quienes se les tenga reconocido cierto liderazgo y encabecen o lideren alguna agrupación no gubernamental;

II.- Cuando se trate de personas que desempeñen algún cargo público o formen parte de la dirigencia de alguna agrupación o partido político.

En este último caso la persona será inhabilitada para desempeñar cualquier cargo público de manera permanente.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Tercero.- Las presentes reformas no se aplicarán a reo o indiciado alguno en claro respeto a las garantía de irretroactividad de la norma consagrada por el artículo 14 de la Constitución Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de febrero del año 2005.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como lo ha solicitado el señor diputado Gonzalo Moreno.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos. La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente.

La suscrita, diputada federal, Irma Figueroa Romero, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El turismo en nuestro país se ha consolidado como una de las fuentes generadoras de divisas más importante, ocupando el tercer sitio nacional después de los ingresos petroleros y la recepción de remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero enviadas a sus familias.

Para el presente año se estima que los ingresos por el concepto de turismo en México serán superiores a los 9 mil 500 millones de dólares, con una visita de extranjeros superior a los 10 millones de personas, cifra que es alentadora pero que está aún muy lejos de las capacidades y posibilidades reales de nuestro país por su ubicación geográfica, su dimensión, los atractivos naturales y culturales y el hecho de habernos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros.

Para lograr incrementar el número de visitantes a nuestro país, más allá de una buena promoción turística que consideramos hoy se hace con gran eficacia, o los factores externos que nos han ayudado al aumento de visitantes, tales como la vecindad con el mercado de turistas más grande del mundo y el hecho de que no quieren realizar grandes viajes después de los atentados del año 2001, es preciso entender que en el turismo, en su organización regional y nacional, así como los proponentes de la oferta del turismo y la clasificación de los servicios turísticos, se requiere tener siempre en consideración los aspectos de seguridad personal de los visitantes, lo que impacta positivamente en las motivaciones para definir los sitios o países que ellos visitarán.

Entendiendo para efectos de nuestro proyecto como de seguridad turística, la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, así como de los prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras en las principales opciones del turista para la elección de un destino, son tanto la originalidad de la oferta, la calidad de los servicios, el precio y, de manera primordial, la seguridad que se le ofrece, de lo que resulta la importancia que tiene la seguridad para el turismo y la información sistemática de las distintas variables relacionadas a la misma.

Surge de todo lo anterior, la presente propuesta con el fin de contribuir en el caso del turismo náutico, en instrumentar un sistema de seguridad integral que incluya la comunicación vía radio, que se asegure para que quien realiza actividades turísticas en nuestras costas y en alta mar, tanto su salud y vida; nuestro propósito está orientado a facilitar el uso de sistemas de radio, para la seguridad en el mar en las actividades de turismo y recreación y se enmarca con un fin eminentemente promotor del turismo, así como de educación y formación para crear una conciencia y cultura de la protección civil.

La promoción de los aspectos de seguridad en países como el nuestro, en vías de desarrollo, a donde hay pocos recursos financieros y tecnológicos, es más difícil, pero debemos hacer un esfuerzo para asegurar que en cada embarcación dedicada al turismo y a la recreación, se cuente al menos con chalecos salvavidas, arnés de seguridad, extintores y equipos contra incendios, señales pirotécnicas, espejos de señales, telefonía móvil, luces de navegación, formas de evitar el ``hombre al agua'' y equipo de radiocomunicación.

Partiendo del hecho innegable de los logros y acciones en materia de promoción de nuestro país en el extranjero, la presente iniciativa contribuye a reflexionar hasta qué punto es correcta la tesis de invertir grandes sumas en promoción turística de un destino que ha tenido problemas en materia de seguridad, y de cómo afecta de una u otra forma la actividad y el crecimiento del turismo, dado que el factor de la seguridad tiende a ser en el mundo entero el más importante a considerar, al momento de adoptar una decisión sobre a dónde viajar, cuándo y bajo cuáles circunstancias hacerlo.

Sobre el particular, es un hecho, ya ampliamente aceptado por la comunidad internacional, que el éxito de la industria del turismo en un determinado país o región, está directamente vinculado a la capacidad del mismo de ofrecer al turista una visita segura y agradable, careciendo de sentido el realizar millonarias campañas de mercadotecnia en los países emisores, si los potenciales turistas se sienten temerosos de visitar el país o región seleccionada.

Por lo anterior es que no solamente la Secretaría de Turismo, sino las áreas e instancias de seguridad turística deben contribuir para ofrecer todos los factores y elementos que contribuyan a la mejoría, donde el trabajo se complica por el hecho de que se debe proteger a 3 grupos diferentes: viajeros, prestadores de servicios de la industria del turismo y habitantes de las zonas turísticas.

Se debe crear la conciencia entre las instituciones y prestadores de servicios al turismo, que la seguridad debe estar incluida desde la etapa de planificación de un proyecto turístico.

Nuestra responsabilidad y compromiso como legisladores, son los de emitir normas y leyes justas y vigentes, con lo cual, con objeto de contribuir a que toda embarcación destinada al servicio de recreo y turismo se le facilite el contar con todo el equipamiento y elementos para la seguridad de pasajeros y tripulación, proponemos la presente iniciativa con proyecto de decreto para disminuir los costos por contar con un radio en todo barco en nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, someto ante esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 138. Cuando el equipo transreceptor de radio-enlace sea utilizado en una embarcación para brindar servicio de seguridad y protección a turistas y al público en general, se cobrará el 50 por ciento de la cuota establecida en la fracción II de este apartado.

Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Irma Figueroa Romero, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa de ley, con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo en nuestro país se ha consolidado como una de las fuentes generadoras de divisas más importantes ocupando el tercer sitio nacional después de los ingresos petroleros y la recepción de remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero enviadas a sus familias, para el presente año se estima que los ingresos por el concepto de turismo en México serán superiores a los 9.500 millones de dólares con una visita de extranjeros superior a los 10 millones de personas, cifra que es alentadora pero que está aun muy lejos de las capacidades y posibilidades reales de nuestro país, por su ubicación geográfica, su dimensión, los atractivos naturales y culturales y el hecho de habernos convertido en el primer receptor mundial de turistas por cruceros.

Para lograr incrementar el número de visitantes a nuestro país, más allá de una buena promoción turística que consideramos hoy se hace con gran eficacia, o los factores externos que nos han ayudado al aumento de visitantes, tales como la vecindad con el mercado de turistas más grande del mundo y el hecho de que no quieren realizar grandes viajes después de los atentados del año 2001, es preciso entender que en el turismo, en su organización regional y nacional, así como en los componentes de la oferta del turismo y la clasificación de los servicios turísticos, se requiere tener siempre en consideración los aspectos de seguridad personal de los visitantes, lo que impacta positivamente en las motivaciones para definir los sitios o países que ellos visitarán.

Entendiendo para efectos de nuestro proyecto como seguridad turística, la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, así como de los prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras, en las principales opciones del turista, para la elección de un destino son tanto la originalidad de la oferta, la calidad de los servicios, el precio y de manera primordial la seguridad que se le ofrece, de lo que resulta la importancia que tiene la seguridad para el turismo y la información sistemática de las distintas variables relacionadas con la misma.

Surge de todo lo anterior, la presente propuesta, con el fin de contribuir en el caso del turismo náutico, en instrumentar un sistema de seguridad integral que incluya la comunicación vía radio, que asegure para quien realiza actividades turísticas en nuestras costas y en alta mar, tanto su salud y vida, nuestro propósito esta orientado a facilitar el uso de sistemas radio para la seguridad en el mar en las actividades de turismo y recreación, se enmarca con un fin eminentemente promotor del turismo, así como de educación y formación para crear una conciencia y cultura de la protección civil.

La promoción de los aspectos de seguridad en países como el nuestro, en vías de desarrollo, donde hay pocos recursos financieros y tecnológicos es más difícil, pero debemos hacer un esfuerzo para asegurar que en cada embarcación dedicada al turismo y a la recreación se cuente al menos con chalecos salvavidas, arnés de seguridad, extintores y equipos contra incendios, señales pirotécnicas, espejo de señales, telefonía móvil, luces de navegación, formas de evitar el hombre al agua y equipo de radio comunicación.

Partiendo del hecho innegable de los logros y acciones en materia de promoción de nuestro país en el extranjero, la presente iniciativa contribuye a reflexionar hasta que punto es correcta la tesis, de invertir grandes sumas en promocionar turísticamente un destino, que ha tenido problemas en materia de seguridad y de como afecta de una u otra forma la actividad y crecimiento del turismo, dado que el factor de la seguridad tiende a ser en el mundo entero el más importante a considerar, al momento de adoptar una decisión sobre a dónde viajar, cuándo y bajo cuales circunstancias hacerlo.

Sobre el particular, es un hecho ya ampliamente aceptado por la comunidad internacional, que el éxito de la industria del turismo en un determinado país o región, está directamente vinculado a la capacidad del mismo de ofrecer al turista una visita segura y agradable, careciendo de sentido, el realizar millonarias campañas de mercadotecnia en los países emisores, si los potenciales turistas se sienten temerosos de visitar el país o región seleccionada, por lo anterior es que no solamente la Secretaría de Turismo, sino las áreas e instancias de seguridad turística deben contribuir para ofrecer todos los factores y elementos que contribuyan a la mejoría. Donde el trabajo se complica por el hecho de que se debe proteger a tres grupos diferentes; viajeros, prestadores de servicios de la industria del turismo y habitantes de las zonas turísticas.

Se debe crear la conciencia entre las instituciones y prestadores de servicios al turismo que la seguridad debe estar incluida desde la etapa de planificación de un proyecto turístico, nuestra responsabilidad y compromiso como legisladores es el de emitir normas y leyes justas y vigentes, por lo cual con el objeto de contribuir a que toda embarcación destinada al servicio de recreo y turismo se le facilite el contar con todo el equipamiento y elementos para la seguridad de pasajeros y tripulación, proponemos la presente iniciativa con proyecto de decreto para disminuir los costos por contar con un radio en todo barco en nuestro país.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue

Artículo 138 ...

I a XL ...

Cuando el equipo transreceptor de radio enlace sea utilizado en una embarcación para brindar servicio de seguridad y protección a turistas y al público en general, se cobrará el 50% de la cuota establecida en la fracción II de este apartado.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias.

Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Figueroa.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El día de hoy nos distingue con su presencia un grupo selecto de alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por nuestra amiga la diputada Lizbeth Rosas Montero.

¡Sean ustedes bienvenidos!

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codigo penalEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 139 del Código Penal Federal. El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Históricamente, muchos grupos minoritarios han utilizado prácticas terroristas como medio para hacer conocer al mundo las razones de sus causas, generando daño a personas y bienes que poco tienen qué ver con el asunto en discusión.

En recientes épocas, el terrorismo y su lucha han tomado gran auge en diferentes partes del mundo, debido a los masivos ataques efectuados alrededor del mundo. No obstante el terrorismo no cuenta con una definición propia, pero desde una perspectiva general es posible sostener que el terrorismo es un fenómeno de alcances globales, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de violencia permanente encubierta o sorpresiva que a partir de una motivación política busca sembrar el terror para establecer un contexto de intimidación, generar pánico, producir histeria, miedo y liquidar el orden y la autoridad en la sociedad, afectando sustantivamente el Estado de derecho.

Actualmente las investigaciones, evaluaciones y proyectos se han enfocado a analizar los vínculos entre la problemática ambiental y el tema como el desarrollo económico y la seguridad internacional. Es así que en recientes años la sociedad internacional se ha preocupado por la amenaza terrorista y las nuevas formas en que ésta se ha desarrollado.

Recientemente discusiones sobre el tema se han enfocado a identificar los posibles motivos y el potencial de destrucción de las armas que disponen; sin embargo, hoy poco se habla y estudia sobre los diversos objetivos de estos actos, los cuales, por lo general, se realizan en lugares o cosas representativas o que tienen un valor significativo para la población o para el Gobierno.

Con motivo del acelerado ritmo del crecimiento de la población mundial, la disponibilidad de recursos como el agua, energía, suelo, aire y la masa forestal, se ven cada vez más racionados a fin de satisfacer una creciente demanda, por lo que su valor y vulnerabilidad se incrementa, haciéndolos blanco atractivo para las acciones terroristas, particularmente recursos como el agua, alimentos, minerales, petróleo y vida silvestre.

De acuerdo a estudios podemos distinguir 2 nuevas caras de terrorismo: una, que busca ejercer actos de terror en defensa del ambiente, cuyo objetivo es atacar ambientes construidos como caminos, inmuebles, camiones, éste es conocido como ecoterrorismo. Por otra parte, existen otros actos cuyos objetivos son alterar el ambiente de forma indiscriminada con el fin de afectar a un grupo social en específico, denominado terrorismo ambiental.

El ecoterrorismo ha tenido graves y costosas consecuencias. En su mayoría los crímenes son actos de terrorismo doméstico y violencia internacional destinados a cambiar la conducta de individuos e instituciones o bienes a modificar el rumbo de ciertas políticas públicas.

Esta forma de terrorismo de forma general se encuentra contemplada y sancionada dentro del Código Penal Federal, ya que expresamente en el artículo 139 no se encuentra el motivo por el cual se realiza dicho acto, sino los medios y los objetivos que afectan estas acciones criminales.

No obstante lo anterior, las organizaciones terroristas ven ahora con mayor probabilidad el uso del ataque al ambiente como objeto, en lugar de usar armas de destrucción masiva, ya que el terrorismo ambiental combina lo peor de dos escenarios, puede crear mayores daños que cualquier ataque convencional, por su amplia diseminación y larga duración de los efectos colaterales al ambiente.

También estos actos terroristas pueden ser efectuados usando explosivos o sustancias tóxicas comunes, al contrario de las armas de destrucción masiva, que son difíciles de obtener y por tanto más inaccesibles para cualquier persona o grupo terrorista amateur.

Siendo la naturaleza un bien común, la posibilidad de los recursos naturales de ser blanco de los ataques terroristas es cada vez mayor y pueden medirse de acuerdo a las atribuciones físicas como la escasez, vulnerabilidad de ataque, capacidad de regeneración, importancia, abundancia, razones geopolíticas o el valor económico o social que tiene.

La destrucción de la naturaleza y su grave deterioro por diversos motivos, intereses económicos, imprudencia, accidentes etcétera, es algo que ocurre día a día y por ello son considerados como delitos contra la naturaleza.

Algo muy distinto de estos delitos es el terrorismo en el que el chantaje basado en el terror es pieza capital y a partir de ahí conseguir que la amenaza sea convincente.

En recientes fechas nuestro país fue testigo de una amenaza de terrorismo ambiental, cuando un grupo de campesinos mazahuas tomaron por la fuerza la planta potabilizadora Berros, del sistema Cutzamala, el cual abastece de agua potable al Distrito Federal y al valle de Toluca, y amenazaron con emprender acciones violentas como con llenar las bombas de pesticida o gasolina y hasta incendiar la planta.

No obstante un acto de ecoterrorismo sí fue imposibilitar el paso de un trailer con 13 cilindros de cloro, a fin de evitar la purificación del agua. En consecuencia, se bajó la calidad de la potabilización, dosificando hasta en un 50% este químico, lo cual, de no haberse controlado la toma pudo representar un riesgo para la salud de los habitantes de la metrópoli mexicana.

En suma, el terrorismo es malo, porque afecta a la vida humana y a los valores universales de la civilización que todos compartimos.

Condenar el terrorismo de esta manera absoluta, no significa que pasemos por alto la complejidad de la historia o el contexto político específico del cual surge.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.

Artículo uno. Se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de 2 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos, sin perjuicio de la pena que corresponda por los delitos que resulte, al que utilice explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento que realice actos en contra de las personas, las cosas, ecosistema, recursos naturales o servicios al público, que produzca alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz, atente contra la salud de los ciudadanos o prive a la población de los servicios que estos bienes otorgan o trate de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a las autoridades para que tomen una determinación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 139 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Exposición de Motivos

Históricamente, muchos grupos minoritarios han utilizado prácticas terroristas como medio para hacer conocer al mundo sus padecimientos o las razones de su causa, generando daños a personas y bienes que poco tienen que ver con el asunto en discusión.

En recientes épocas, el terrorismo y su lucha han tomado gran auge en diferentes partes del mundo, debido a los masivos ataques efectuados alrededor del mundo. No obstante, el terrorismo no cuenta con una definición propia, pero desde una perspectiva general es posible sostener que el terrorismo es un fenómeno de alcance global caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política, busca sembrar el terror para establecer un contexto de intimidación, generar pánico, producir histeria, miedo, y liquidar el orden y la autoridad en las sociedades, afectando sustantivamente el Estado de Derecho. El contexto establecido permite promocionar una causa de índole político, religioso o ideológico, las cuales requieren de un accionar político. Como consecuencia de todo ello, se pone en peligro la vida, salud y bienestar de las personas, atentando contra la paz y seguridad internacional.

Las Naciones Unidas, en su Resolución 1373 del Consejo de Seguridad,1 estipula que ``todo acto de terrorismo internacional es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional''. Además, menciona que ``los actos terroristas ponen en peligro la vida y el bienestar de las personas en todo el mundo''.2

Dentro de nuestra legislación, esta acción podría ser definida como:

...al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.3

Actualmente, las investigaciones, evaluaciones y proyectos se han enfocado a analizar los vínculos entre la problemática ambiental y temas como el desarrollo económico y la seguridad internacional. Es así que en recientes años la sociedad internacional se ha preocupado por la amenaza terrorista y las nuevas formas que ésta ha desarrollado.

Por otra parte, las instancias militares han dado poca importancia a las tensiones étnicas, religiosas o económicas que motivan las actividades terroristas. Recientes discusiones sobre el tema se han enfocado a identificar los posibles motivos y el potencial de destrucción de las armas que disponen. Sin embargo, hoy poco se habla y estudia sobre los diversos objetivos de estos actos, los cuales por lo general se realizan en lugares o cosas representativas o que tienen un valor significativo para la población o para el gobierno.

Con motivo del acelerado ritmo de crecimiento de la población mundial, la disponibilidad de recursos como el agua, energía, suelos, aire y la masa forestal se ve cada vez más racionada a fin de satisfacer una creciente demanda, por lo que su valor y vulnerabilidad se incrementa, haciéndolos blanco atractivo para las acciones terroristas, particularmente recursos como el agua, alimentos, minerales, petróleo y la vida silvestre.

De acuerdo a Elizabeth Chalecki,4 podemos distinguir dos nuevas caras del terrorismo: una que busca ejercer actos de terror en defensa del ambiente, cuyo objetivo es atacar ambientes construidos como caminos, inmuebles, camiones, este modo es conocido como ecoterrorismo. Por otra parte, existen otros actos cuyo objetivo son alterar el ambiente de forma indiscriminada con el fin de afectar a un grupo social en específico, denominado terrorismo ambiental.

El ecoterrorismo ha tenido graves y costosas consecuencias. La lucha por la defensa del ambiente, nacida en el seno de pequeños grupos, ha utilizado también el terrorismo, que en la mayoría de los casos termina ocasionando padecimientos de igual o mayor magnitud que aquellos que pretende evitar.

En su mayoría, los crímenes apuntan a impedir ciertas explotaciones forestales, el uso recreativo de tierras vírgenes, y la utilización de animales para aprovechar su piel, para comida, o con fines de investigación. Los crímenes son actos de terrorismo doméstico y violencia intencional destinados a cambiar la conducta de individuos e instituciones a bien a modificar el rumbo de ciertas políticas públicas.

Entre los principales grupos internacionales que ejercen el ecoterrorismo se encuentra el Frente de Liberación Animal5 (ALF por sus siglas en inglés), el cual está constituido por pequeños grupos anónimos de personas que llevan a cabo acciones en defensa de los animales, tanto sabotaje económico y destrucción de propiedad, así como rescate de especies cuya vida está amenazada. El ALF justifica los actos de violencia ``de la misma manera que algunas personas creen que las guerras pueden ser justificadas cuando son para un bien grandioso, los activistas de estos grupos también creen que están trabajando para ese bien grandioso''. No debería ser una sorpresa que algunos en el movimiento de liberación animal adopten esta posición, desde el punto de vista que la violencia que puede ser justificada en ciertas situaciones es aprobada hoy por la mayoría en las culturas occidentales''.6

De acuerdo con el FBI, el Frente de Liberación de la Tierra (ELF) y el Frente de Liberación Animal (ALF) constituyen las máximas expresiones del ecoterrorismo y una de las principales amenazas domésticas, estimando que ambos han cometido más de 600 actos criminales en los Estados Unidos desde 1996, causando daños superiores a los 43 millones de dólares. Granjas, restaurantes de comida rápita y centros de investigación animal, figuran entre sus principales blancos.

Esta forma de terrorismo, de forma general se encuentra contemplada y sancionada dentro del Código Penal Federal, ya que expresamente en el artículo 139 no se cuestiona el motivo por el cual se realiza dicho acto, sino los medios y los objetivos que afectan estas acciones criminales.

Por otra parte, Chalecki argumenta que ``las organizaciones terroristas ven ahora con mayor probabilidad el usar al ambiente como objetivo de sus ataques, en lugar de usar armas de destrucción masiva'',7 ya que el terrorismo ambiental combina lo peor dos escenarios: puede crear mayores daños que cualquier ataque convencional por su amplia diseminación y larga duración de los efectos colaterales al ambiente. También, estos actos terroristas pueden ser ejecutados usando explosivos o sustancias tóxicas comunes, al contrario de las armas de destrucción masiva que son difíciles de obtener y por tanto mas inaccesibles para cualquier persona o grupo terrorista ``amateur''. Siendo la naturaleza un bien común, cuyo deterioro puede afectar seriamente la condición de vida que conocemos, tanto a corto como a largo plazo, es inevitable que la amenaza de actuar contra ella produzca terror en todos los afectados.

La posibilidad de los recursos naturales de ser el blanco de los ataques terroristas es cada vez mayor y pude medirse de acuerdo a los atributos físicos como la escasez, vulnerabilidad de ataque, capacidad regenerativa, importancia, abundancia, razones geopolíticas o el valor económico y/o social que tiene éste.

La destrucción de la naturaleza y su grave deterioro por diversos motivos (intereses económicos, imprudencias, accidentes, etcétera), es algo que ocurre día a día y por ello son considerados delitos contra la naturaleza, algo muy distinto de los delitos de terrorismo, en que el chantaje basado en el terror es pieza capital y a partir de ahí, conseguir que la amenaza sea convincente.

Dentro del terrorismo ambiental, podemos encontrar dos tipos, el que usa a los recursos naturales como herramienta para ejercer el terror y los que usan a la naturaleza como el objetivo final de estos actos.8 El primero es cuando los recursos naturales, tales como los cultivos, mantos acuíferos o animales, son utilizados como vehículos por los cuales se transporten los agentes destructores. Ejemplo de esto es la contaminación de plantas de distribución de agua potable o de mantos freáticos. En recientes fechas nuestro país fue testigo de una amenaza de este tipo de terrorismo ambiental, cuando un grupo de campesinas mazahuas tomaron por la fuerza la ``Planta Potabilizadora Berros del Sistema Cutzamala'', el cual abastece de agua potable al Distrito Federal y al Valle de Toluca, y amenazaron con emprender acciones violentas. Antes de iniciar una marcha rumbo al Distrito Federal, Norma González Nieto, indígena de la comunidad de Berros, leyó un comunicado en el que anuncian que no sostendrán ningún diálogo con la Comisión Nacional del Agua por el pago de las tierras que afectó el desbordamiento de la presa Villa Victoria. .''Vamos a llenar las bombas de pesticidas, pero ahora con gasolina, vamos a quemar a los mentirosos de la CNA, vamos a incendiar la planta si es necesario, nadie nos puede quitar el derecho de protestar'', concluyó González Nieto.9 No obstante, un acto de ecoterrorismo si fue el imposibilitar el paso de un tráiler con 13 cilindros de cloro, a fin de evitar la purificación del agua,10 en consecuencia se bajó la calidad de la potabilización, dosificando hasta en un 50% este químico lo cual de no haberse controlado la toma pudo representar un riesgo para la salud de los habitantes de la metrópoli mexicana.

Por otra parte, los actos de terrorismo ambiental que usan la naturaleza como el objetivo final de estos actos buscan destruir al ambiente, y así direccionar las secuelas de este daño a los seres humanos hacia los cuales se quería enfocar el acto terrorista. Ejemplo de esto, fue en 1991, en Kuwait, cuando Sadam Hussein, ante su inminente derrota, provocó el incendio de más de 600 pozos petroleros y el derrama de otros cuatro millones de barriles de petróleo en el Golfo Pérsico. Especialistas encontraron que 25 mil aves murieron como consecuencia y calcularon que el petróleo vertido en el Golfo Pérsico afectaría la pesca de la región por más de 100 años.11

En suma, el terrorismo es malo porque es una afrenta a la vida humana y a los valores universales de civilización que todos compartimos. Condenar el terrorismo de esta manera absoluta no significa que pasemos por alto las complejidades de la historia o el contexto político específico del cual surge. De igual forma, no significa, por cierto, que hagamos a un lado la opresión y la injusticia que explotan los terroristas. Sí significa que nunca, excusaremos los actos terroristas porque en el mundo persisten la pobreza y la injusticia.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente someten a la consideración de esta H. Cámara la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforman el artículo 139 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 139

Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas, ecosistemas, recursos naturales o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, atenten con la salud de los ciudadanos, o priven a la población de los servicios que estos bienes otorguen, o traten de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Resolución 1373 del Consejo de Seguridad sobre Terrorismo (nuevas medidas para combatir el terrorismo). 12 de septiembre de 2001. En http://www.derhumanos.com.ar/Terrorismo%20onu.htm.

2 Resolución 1269 del Consejo de Seguridad de la ONU.

3 Artículo 139 del Código Penal Federal.

4. Chalecki, Elizabeth. 2001. A New Vigilance: Identifying and reducing the risk of environmental terrorism. Pacific Institute, p. 4.

5 En Estados Unidos el ALF tiene unos 300 miembros, mientras que en el Reino Unido cuenta con unos mil seguidores. También tiene presencia en Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia, Bélgica, España, Italia, Canadá y Japón.

6 Bugarin, Inder. ``Cuando los radicales cambiaron de nombre''. Reforma, 15 de septiembre de 2002.

7 Op. cit., Chalecki 2001, p. 6.

8 Ibid., p. 7.

9 Vargas, Inti. ``Amenazan mujeres mazahuas por Cutzamala''. Reforma, 21 de septiembre de 2004.

10 Chalecki estipula que entre los recursos más vulnerables se encuentra el recurso hídrico, cuyo daño es hecho cuando éste queda sin uso o se destruyen las instalaciones de purificación y abastecimiento. Op. cit, Chalecki 2001, p. 8.

11 Lash, Jonathan. 2002. The Environment: another casualty of war?, World Resources Institute.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de febrero del 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Nos acompañan también alumnos distinguidos de la escuela secundaria del Colegio Americano de Puebla, encabezados por Ana Guzmán e invitados por el señor diputado vicepresidente, Francisco Arroyo Vieyra. Sean bienvenidos.

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ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, diputado Presidente.

Como es sabido, nuestra Carta Máxima faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, de donde se desprenden los términos para la presentación y aprobación del gasto público federal y de la miscelánea fiscal.

Aun cuando existen 9 semanas entre el 8 de septiembre y el 15 de noviembre de cada año para aprobarlos, no existe señalamiento de tiempos límite, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores para analizar, dictaminar y, en su caso, aprobar las iniciativas de leyes relativas a impuestos o contribuciones, para después pasar a examinar y discutir, en su caso, modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo.

Así las cosas, aun cuando es primeramente presentado, tanto el Presupuesto como la Ley de Ingresos, a esta Cámara, éstos no tienen término para su aprobación y poder estar en condiciones de remitirlos a la colegisladora en el caso de la miscelánea fiscal.

Por tal motivo, el espíritu de esta iniciativa consiste en otorgar el término del 30 de septiembre de cada año para esta Cámara, para la aprobación de la miscelánea fiscal para que la colegisladora cuente con el tiempo suficiente y necesario para su discusión, aprobación o modificación y que sus cambios puedan ser turnados en tiempo y forma a esta Cámara, como de origen, y a su vez, la colegisladora tendrá de plazo hasta el 21 de octubre de cada año, para devolver a esta Cámara sus correcciones o bien, turnarlas al Ejecutivo federal para su publicación.

Con lo anterior, queremos dar certeza a estos actos jurídicos en tiempo y forma y sin haber necesidad de estar corriendo a última hora con dichas aprobaciones, contribuyendo con esto y dando certeza a la economía de nuestro país.

En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, pone a la consideración de esta Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición de un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar las fechas en que, una vez recibidas por el Ejecutivo federal las iniciativas de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de las leyes relativas a las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto en mención, se señalen fechas límite, a fin de que la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tengan términos para aprobar los dictámenes correspondientes.

Por lo anterior, le pido a usted, Presidente, sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de los Debates, para su constancia. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea erigida en Constituyente Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición de un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de señalar las fechas en que, una vez recibidas por el Ejecutivo federal las iniciativas de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de las leyes relativas a las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación y leyes relativas a las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto en mención, se señalen fechas límite a fin de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión tengan términos para aprobar los dictámenes correspondientes y se tengan espacios de tiempo similares tanto para una como para otra Cámara en mención para analizar, discutir y, en su caso, modificar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, así como el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación.

Exposición de Motivos

Primero.- La Constitución Federal le da facultad al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme lo marca actualmente la fracción VII del artículo 73 de nuestra carta máxima.

Segundo.- Sin embargo, aún y cuando con las últimas modificaciones hechas a nuestra suprema ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2004, esto es, hace menos de un año, y que se refieren al párrafo IV del artículo 74 donde se indican las fechas límite para que:

A.- El Ejecutivo Federal presente primeramente a la Cámara de Diputados, conforme lo marca el inciso H del artículo 72 con relación a lo indicado en la fracción VII del artículo 73, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre;

B.- La Cámara de Diputados apruebe, también a más tardar el día 15 de noviembre, una vez previo el examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, una vez que sean aprobadas las contribuciones que deben decretarse para cubrirlo, contribuciones incluidas en diversas leyes que, en conjunto, se conocen como ``Miscelánea Fiscal''.

Tercero.- Sin embargo, aún y cuando entre el 8 de septiembre y el 15 de noviembre existen 9 semanas que se consideran suficientes para que, a simple vista, la Cámara de Diputados examine, discuta, modifique y apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, nunca se señala los tiempos límite para que tanto la Cámara de Diputados dictamine, apruebe y envíe las minutas correspondientes de leyes relativas a impuestos o contribuciones que se deberán aprobar previamente, como lo marca el primer párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional, no existe señalamiento de tiempos límite tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores para analizar, dictaminar y, en su caso, aprobar las Iniciativas de leyes relativas a impuestos o contribuciones para después pasar a examinar, discutir y, en su caso, modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal.

Cuarto.- Luego entonces, si bien es cierto que a la Cámara de Diputados le es presentada primeramente tanto la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes relativas a impuestos o contribuciones, también lo es que la Constitución Federal no señala fecha límite para aprobar los dictámenes relativos y enviarlos a la Cámara de Senadores, lo que ocasiona que, en la práctica legislativa, ésta última colegisladora carezca del tiempo necesario para analizar las leyes relativas a impuestos o contribuciones que le envía la Cámara de Diputados, lo cual ocasiona que el análisis de las minutas enviadas a los Senadores sean analizadas, según el criterio general, en tiempos cortos y, algunas veces, insuficientes para llevar a cabo la aprobación correcta de las minutas mencionadas.

Quinto.- En ese sentido, se propone adicionar con un segundo párrafo la fracción VII del artículo 73 el cual le otorga facultades al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación donde se señalen las fechas que tienen ambas cámaras para resolver los dictámenes relativos a las Iniciativas relativas a impuestos y contribuciones, proponiéndose tiempos iguales, esto es, aproximadamente tres semanas para que cada una de las cámaras del Congreso de la Unión resuelva primeramente las iniciativas en mención y posteriormente, tres semanas más para que la Cámara de Diputados examine, discuta y, en su caso, modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal.

En ese sentido, el suscrito diputado Federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que presenta el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz que propone la adición de un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de señalar las fechas en que, una vez recibidas por el ejecutivo federal las iniciativas de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de las leyes relativas a las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto en mención, se señalen fechas límite a fin de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tengan términos para aprobar los dictámenes correspondientes y se tengan espacios de tiempo similares tanto para una como para otra Cámara en mención para analizar las iniciativas encauzadas, así como para analizar, discutir y, en su caso, modificar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 72.- El Congreso tiene facultad:

I a la VI.- ...

VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

Una vez recibida por la Cámara de Diputados el 8 de septiembre las Iniciativas de Ley de Ingresos y las relativas a contribuciones e impuestos, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviados por el Ejecutivo Federal, ésta Cámara tendrá hasta el 30 de septiembre para resolver los dictámenes relacionados con esas Iniciativas y remitir de inmediato a la Cámara de Senadores las minutas correspondientes, cámara que tendrá hasta el 21 de octubre para resolver dichos proyectos que, además de ser enviados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberán informar de inmediato a la colegisladora a fin que inicie el examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación que deberá aprobar a más tardar el 15 de noviembre.

VIII a XXX.- ...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Activen el sonido en la curul de don Pedro Avila.

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VERIFICACION DE QUORUM
El diputado Pedro Avila Nevárez (desde su curul): Señor Presidente, con todo respeto le pido a usted la rectificación de quórum, ya que es una cosa inaudita y hasta vergonzosa, que seamos unos cuantos los diputados que demos interés a los problemas de la nación y todos los demás anden fuera de vacaciones o de recreo.

Yo creo que todos tenemos derecho a escuchar a los compañeros en sus planteamientos, porque todos son problemas que atañen al progreso de México. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior para abrir el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para la verificación del quórum.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

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ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Mientras se lleva a cabo esa verificación, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada Angélica de la Peña Gómez: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados.

Su servidora expresa de manera general, lo que plantea como parte de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma al artículo 20 constitucional, que tienen ustedes en la Gaceta Parlamentaria y que solicito de antemano al señor Presidente, gire instrucciones para que íntegra pase al Diario de Debates.

Las consideraciones sobre delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad, el abuso sexual infantil se define como contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente a él mismo, al niño o a otra persona.

El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años, cuando éste es significativamente mayor que el niño víctima o cuando el agresor está en una posición de poder o de control contra otro. Esta definición es del National Center of Child Abuse and Neglect.

La intimidad de la persona está compuesta de múltiples contenidos y uno de ellos es la sexualidad, que a su vez no puede ser limitada a la genitalidad. Este es uno de los factores esenciales a la hora de comprender el abuso sexual infantil, en efecto, éste no se limita a realizar conductas genitales con niñas, niños o adolescentes, sino un abanico de conductas sexuales anormales mucho más amplio.

Su victimización en el abuso sexual infantil es física y sicológicamente dañina, sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sea mucho más difícil.

La detección viene dificultada por los medios y mitos respecto de este tema, algunos agresores pueden llegar a relatar el maltrato físico, la negligencia, pero difícilmente relatarán un abuso, cuyo componente de secreto, es imprescindible para mantener su impunidad, especialmente cuando el agresor es un familiar o persona cercana a la víctima.

La incidencia real del abuso sexual es desconocida, sin embargo, algunos datos que existen en algunas partes del mundo, nos reflejan que la mayoría de los cálculos no incluye a niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de la explotación pornográfica y de la prostitución infantil.

El abuso sexual incluye muchos actos sexuales diferentes, perpetrados por diversos actores por diferentes razones, entonces ninguna teoría aislada puede explicar el fenómeno.

En un esfuerzo por simplificar las interacciones y hacerlas entendibles a la luz del comportamiento que se ven en el primer diagnóstico, el médico debe diferenciar entre el abuso sexual intra o extrafamiliar, por ello, la atención que se debe proporcionar a una persona menor de 18 años, víctima de cualquiera de estos tipos de abuso sexual, no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones, la atención especializada debe comenzar desde el momento en el que se le toma la declaración preparatoria, teniendo especial cuidado en no carear a la víctima con el ofensor, ya que este último ejerce sobre la víctima un especial dominio similar al síndrome de Estocolmo.

La atención integral debe ser coordinada entre los distintos profesionales, prestando atención a todas las secuelas dándose un seguimiento a corto y mediano plazos y proporcionando, además, atención y apoyo a estas niñas, estos niños o adolescentes y a sus familias.

Voy a enumerar de manera muy breve cuáles son las consecuencias a corto plazo del abuso sexual infantil:

Las físicas, que comprenden pesadillas, problemas de sueño, cambios de hábito de comida, pérdida de control de esfínteres.

Conductuales: consumo de drogas y alcohol, fuga; conductas autolesivas o suicidas, hiperactividad, decremento en el rendimiento académico.

Emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento; ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo al propio cuerpo, síndrome de estrés postraumático.

Sexuales: conocimiento sexual precoz o inadecuado para la edad; masturbación convulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual.

Las sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales.

Las consecuencias a largo plazo son:

En el caso de las físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes; problemas gastrointestinales; desórdenes alimenticios, inclusive la bulimia.

Conductuales: intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno disociado de identidad.

Emocionales: depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático, dificultad para expresar sentimientos.

Sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo y la eyaculación; alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de ser violadas, etcétera.

En un estudio que se hizo a 200 prostitutas reflejaba que el 60 por ciento de ellas habían sido violadas cuando eran niñas.

Los problemas sociales de ese tipo de personas que sufren abuso sexual son, entre otros: problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultades de vinculación afectiva con los hijos; mayor probabilidad de sufrir revictimización como víctima de violencia por parte de la pareja, en fin.

Hay una serie de estudios importantes que reflejan cómo puede repercutir este tipo de flagelos contra niñas, niños y adolescentes. Además, quisiera mencionar de manera general que México ha firmado una serie de tratados internacionales y convenios que nos obligan a que pongamos especial atención a este tipo de problemas. De manera muy particular tendrá que mencionar el Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, que se realizó en Estocolmo en 1996 y la siguiente, que se realizó en Yokohama, Japón, en 2001.

En función del interés superior de la infancia, es necesario que determinemos que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no que los conculquen, entonces tendremos que tomar en consideración que es necesario ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos de la niña y el niño, obligar a que las políticas públicas den prioridad a estos derechos, permitir que los derechos de la niñez prevalezcan frente a otros intereses, etcétera.

Finalmente, termino mencionando, más allá de que ustedes puedan leer el documento integral que está inscrito en la Gaceta Parlamentaria, que este tema alrededor de la explotación sexual infantil y el abuso y maltrato infantil es uno de los temas que va a caracterizar al Congreso de la Unión significativamente y que seguramente estaremos dictaminando en este periodo ordinario de sesiones por la voluntad y la encomienda que están dirigiendo las comisiones dedicadas a elaborar los dictámenes respectivos.

Por lo tanto, creemos necesario que en el marco de estas discusiones, en el marco de esta definición de reforma a los distintos ordenamientos en el ámbito federal sobre esta materia, también pueda estar inscrita esta reforma que hoy presento a ustedes que define en el capítulo de Garantías Individuales, en la fracción V del apartado B del artículo 20: ``Cuando la víctima o el ofendido sean personas menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de cualquier delito sexual o del delito de secuestro. En estos casos el inculpado no podrá solicitar el careo con la víctima y se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley''. Es cuanto, muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Consideraciones sobre delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad

A. El Abuso sexual infantil se define como ``...Contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuándo ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro.''Esta definición fue aportada porNational Center of Child Abuse and Neglect.

B. La intimidad de la persona está compuesta de múltiples contenidos y uno de ellos es la sexualidad, que a su vez no puede ser limitada a la genitalidad. Este es uno de los factores esenciales a la hora de comprender el abuso sexual infantil. En efecto, éste no se limita a realizar conductas genitales con niñas, niños o adolescentes, sino a un abanico de conductas sexuales anormales mucho más amplio. Su victimización en el abuso sexual infantil es física y psicológicamente dañina. Sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sea mucho más difícil. La detección viene dificultada por los miedos y mitos respecto a este tema. Algunos agresores pueden llegar a relatar el maltrato físico o la negligencia, pero difícilmente relatarán un abuso, cuyo componente de secreto es imprescindible para mantener su impunidad, especialmente, cuando el agresor es un familiar o persona cercana a la víctima.

C. La incidencia real del abuso sexual es desconocida. Recientemente se ha registrado una tendencia en alza del número de casos reportados. En Estados Unidos el Nacional Center on Child Abuse and Neglect estima que la incidencia anual de abuso sexual es entre 75,000 y 250,000 casos por año. La mayoría de los cálculos no incluye a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la explotación pornográfica y de la prostitución infantil. El abuso sexual incluye muchos actos sexuales diferentes, perpetrados por diversos actores, por diferentes razones. Entonces, ninguna teoría aislada puede explicar el fenómeno. En un esfuerzo por simplificar las interacciones y hacerlas entendibles a la luz del comportamiento que se ve en el primer diagnóstico, el médico debe diferenciar entre abuso sexual intra o extrafamiliar. La categoría intrafamiliar incluye el incesto en todas sus formas así como abuso sexual de cualquier miembro de la familia, aunque no tenga vínculo de parentesco o de sangre con la víctima.

Por todo ello, la atención que se debe proporcionar a una persona menor de 18 años, víctima de cualquiera de los tipos de abuso sexual no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones; la atención especializada debe comenzar desde el momento en el que se le toma la declaración preparatoria, teniendo especial cuidado en no carear a la víctima con el ofensor, ya que este último ejerce sobre la víctima un especial dominio similar al síndrome de Estocolmo. La atención integral debe ser coordinada entre los distintos profesionales prestando atención a todas las secuelas, dándole un seguimiento a corto y medio plazo y proporcionando atención y apoyo a estas niñas, niños o adolescentes y a sus familias.

Aunque no existe un cuadro diferencial del abuso sexual infantil, hay consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías definidas.

A continuación, se enumeran sólo algunas de las consecuencias del abuso sexual infantil a corto plazo: físicas: pesadillas y problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres; conductuales: consumo de drogas y alcohol, fugas, conductas auto lesivas o suicidas, hiperactividad, decremento en el rendimiento académico; emocionales: miedo generalizado, agresividad, culpa y vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo al propio cuerpo, síndrome de stress postraumático; sexuales: conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad, masturbación compulsiva, exhibicionismo, problemas de identidad sexual; sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales.

Algunas de las consecuencias a largo plazo que pueden vivir niñas, niños o adolescentes, víctimas de abuso sexual son: físicas: dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas recurrentes, problemas gastrointestinales, desórdenes alimentarios, especialmente bulimia; conductuales: intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno disociativo de identidad; emocionales: depresión, ansiedad, baja autoestima, síndrome de estrés postraumático, dificultad para expresar sentimientos; sexuales: fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo o eyaculación, alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de ser violadas (en un estudio se recogió que era 2.4 por ciento más probable que una mujer víctima de abuso sexual infantil fuera después violada), mayor probabilidad de entrar en la prostitución (en un estudio realizado sobre 200 prostitutas, 60 por ciento de ellas habían sido abusadas sexualmente cuando eran niñas), dificultad para establecer relaciones sexuales auto valorándose como objeto sexual; sociales: problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultades de vinculación afectiva con los hijos, mayor probabilidad de sufrir revictimización, como víctima de violencia por parte de la pareja.

Dorrchen Leitholdt, Directora Ejecutiva de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Consultora de la Organización de Naciones Unidas, mencionó en su conferencia en el Foro internacional sobre explotación sexual infantil en el Senado de la República que según los investigadores de la Universidad de Costa Rica, en 1998, detectaron que más de la mitad (54.4%) de las niñas y niños explotados sexualmente que participaron en el estudio (121) querían morir.

II. Consideraciones sobre los compromisos internacionales adquiridos por México a favor de los derechos de la infancia y en contra del abuso sexual infantil.

En primer lugar mencionaré la Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso surgido del Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia en el año de 1996 y su siguiente en Yokohama, Japón en diciembre de 2001, así como las actividades específicas de la ONU, UNICEF, UNESCO, OEA, entre otras.

Cada uno de esos compromisos internacionales signados por el Senado de la República, requiere de su instrumentación y armonización en todo nuestro marco jurídico.

La Convención de los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Su entrada en vigor fue el 2 de septiembre de 1990.

La Convención define en sus artículos 3 y 49, lo que realmente significa el interés superior de la infancia para entenderse éste, como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Miguel Cillero (1998), consultor de UNICEF, plantea que la noción de Interés Superior es una garantía de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Así este autor considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro.

Para el citado autor el concepto del interés superior de la infancia se refiere entre otras cuestiones a:

Ayudar a que las las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos de la niña y el niño.

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Orientar a que tanto los padres, madres o tutores, así como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía de la niñez en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo.

Así, el interés superior de la infancia indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

La noción del interés superior de la infancia significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana.

Si bien el Interés Superior de la Infancia es la doctrina derivada de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, es importante mencionar que existen cuando menos 58 Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales plantean los preceptos sobre género, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Mencionaré sólo algunos que son emblemáticos para el tema que nos ocupa:

Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores (1921) y su Protocolo firmado en 1947.

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1950)

Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de los Niños. (1991)

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). (1979) y su Protocolo Facultativo firmado en 1999.

Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. (1995)

Convenio Interamericano sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. (1988)

Convenio (No. 182) sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil. (2000)

Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores. (1994)

Recordemos que México se unió al Congreso Internacional Contra la Explotación Sexual de los Menores, en Estocolmo en 1996 donde los países parte se comprometieron en un trabajo frontal contra estos delitos.

En el capitulado del documento del Congreso, se expresa el compromiso de los estados partes para legislar y reforzar todas las políticas, medidas, programas, etcétera para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la prostitución, y la pornografía infantil, así como el turismo sexual infantil.

Asimismo, en junio de 1999, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución por la que encomienda al Instituto Interamericano del Niño abordar en forma sistemática el problema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en la región, así como la preparación de un informe anual para su presentación ante el Secretario General de la OEA para dar cuenta de las acciones que emprendan los estados miembros para combatir esta explotación sexual.

Señoras y señores diputadas y diputados, debemos reconocer, en primer lugar, que los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes no es únicamente la violación, y que deben incluirse los delitos de pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas cometidos en contra de personas menores de 18 años de edad, en esta categoría, y en general todos los delitos sexuales que afectan el pleno y libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la salud de quienes aun no cumplen 18 años de edad; en segundo lugar, que México tiene el compromiso, no solamente internacional de proteger a la niñez y a la adolescencia en contra de estos flagelos, sino también con la misma sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción V del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I De las Garantías Individuales

Artículo 20.

...

A....

I al IV ...

B. ...

I al IV ...

V. Cuando la víctima o el ofendido sean personas menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de cualquier delito sexual o del delito de secuestro, en estos casos el inculpado no podrá solicitar el careo con la víctima y se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI. ...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada De la Peña.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema de votación y corrobore el quórum.

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VERIFICACION DE QUORUM

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Diputado Presidente, hay una asistencia de 356 diputados.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Hay quórum.

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LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO -- LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo a proponer iniciativa de decreto que reforma a los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al tenor, compañeras y compañeros diputadas y diputados, de la siguiente exposición de motivos:

De acuerdo con información oficial del Banco de México, operan en nuestro país 9 millones 430 mil tarjetas de crédito bancarias con 7 millones 397 mil titulares.

No obstante y pese a la importancia cuantitativa de las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito y su trascendencia económica, en el 2003 produjeron flujos de capital del orden de los 140 mil millones de pesos aproximadamente, pero su regulación legal es precaria y coyuntural.

Salvo lo dispuesto en la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que constituye la única mención legal sobre la existencia de las tarjetas de crédito bancarias y a lo preceptuado respecto al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente por el Título II, Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que no menciona expresamente ni a esta clase de tarjetas ni a la relación de éstas, que generan entre bancos y establecimientos afiliados, no existen normas jurídicas que regulen su operación.

Ello ha dado lugar a que sea un órgano administrativo, el Banco de México, quien norme su emisión y operación a través de reglas que emite periódicamente, ya que sólo por medio de los contratos que los acreditados celebran con los bancos y los que éstos a su vez suscriben con los establecimientos mercantiles afiliados se puedan determinar las obligaciones recíprocas relativas.

Esta situación en la que, por una parte, la función legislativa es ejercida por un órgano público autónomo y no por el Poder Legislativo y en la que por otra, existe una exacerbada liberalidad normativa en beneficio de la banca múltiple, así como de los negocios afiliados en donde se presenta la tarjeta para el pago de bienes y servicios, ha dado lugar, como es del dominio público, a una serie interminable de abusos, de interpretaciones sesgadas de los contratos y de perjuicios al patrimonio de los usuarios de las instituciones financieras que son a la vez, consumidores de los afiliados.

El blindaje que se ha estado construyendo para las tarjetas de crédito, no abarca todo el espectro de riesgos que para el titular de una tarjeta de crédito o para el tenedor de una adicional, representa su uso. El cliente de la institución financiera emisora, no está integralmente protegido, puesto que alguna de las partes que intervienen en el proceso de disposición de la suma comprendida en la cuenta corriente, no siempre actúa conforme a sus obligaciones contractuales y de acuerdo a los principios de la ética mercantil.

Un ejemplo cotidiano y extendido de prácticas mercantiles atentatorias de los derechos de los tarjetahabientes, está en el cobro que contra las disposiciones administrativas o contractuales establecidas, le hacen diversos establecimientos, proveedores, empresas o afiliados de los bancos, de la cantidad equivalente a la comisión que en virtud del contrato de afiliación, estas últimas tendrían que cubrir a la emisora a la que se hayan afiliado: cadenas de supermercados, hoteles, talleres, restaurantes, agencias de viajes, hospitales, laboratorios y en general, cualquier tipo de negociación mercantil tiene un precio de contado por los productos o servicios que ofertan y otro para el caso del pago de tarjetas de crédito.

El usuario involucrado, ya sea advertido previamente o lo que es peor, al momento de pasar a la caja a liquidar la operación, debe cubrir el sobreprecio exigido y de negarse a ser sujeto de la estafa, debe devolver lo adquirido. Por supuesto que el usuario, a posteriori, podrá quejarse si tiene el tiempo y los medios necesarios, ante la Procuraduría Federal del Consumidor y tal vez, lograr la devolución de la cantidad injustamente cobrada.

No obstante, como es obvio en este tipo de asuntos existe una gran cifra negra, por ello, si en vez de dejarse al arbitrio de la autoridad financiera o a la interpretación o cumplimiento voluntario de los contratos por las partes involucradas, la operación de las tarjetas de crédito bancarias o más bien financieras, la ley regulara adecuadamente las operaciones mercantiles relacionadas con ellas y estableciera prohibiciones en los procesos de utilización de los servicios derivados de la apertura de crédito en cuenta corriente, sin duda, el índice de desviaciones y abusos cometidos contra el acreditado disminuiría sensiblemente.

Evidentemente no sería lo mismo que las obligaciones principales que el afiliado constará en la ley, que en los contratos celebrados entre bancos y establecimientos, que el tarjetahabiente desconoce y a los que nunca puede tener acceso. La relación jurídica que deriva de la tarjeta de crédito es triangular, se da entre el banco emisor, el acreditado y la empresa afiliada, todas estas partes o sujetos interactúan en la operación de la tarjeta.

La celebración del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y su instrumento, la tarjeta de crédito, reporta a los involucrados ventajas claras e inobjetables, para el banco significan ganancias mediante el cobro de comisiones y en su caso de intereses, para el cliente o acreditado la posibilidad de disponer de recursos, para el afiliado mayores ventajas, disposición inmediata de dinero, a través del abono a su cuenta de cheques del importe de su mercancía o servicios.

Sin embargo, esta serie de ventajas se pervierten cuando las partes que deberían actuar bajo principios de equidad contractual, desvirtúan los términos de los contratos que los vinculan e incumplen sus obligaciones en perjuicio de alguna de ellas y esto ocurre cuando el afiliado cobra al acreditado la comisión que contractualmente debería pagar con sus propios recursos por las ventajas que la aceptación de tarjetas de crédito le ofrecen al banco emisor. Práctica viciosa ésta, contra la que no existe blindaje y que puede atemperarse e incluso eliminarse, si se regulara expresamente en la ley la obligación del proveedor o afiliado de cobrar al acreditado o tarjetahabiente los precios establecidos para su venta al contado, cuando se paguen bienes o servicios con tarjeta de crédito bancaria, así como las sanciones relativas a su incumplimiento. Asimismo, es conveniente establecer en la ley la mención al contrato atípico de afiliación hasta ahora omitida en toda la legislación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además en lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulo iniciativa de decreto que reforma los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito; 291, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual, por razones de tiempo, solicito, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señoras y señores diputados. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 46, fracción VII, de la Ley de Instituciones de Crédito y 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Exposición de Motivos

De acuerdo con información oficial del Banco de México, operan en nuestro país nueve millones 430 mil tarjetas de crédito bancarias, con siete millones 397 mil titulares.

En tal sentido, alrededor del ocho por ciento de la población del país estaría vinculada contractualmente con las instituciones de crédito emisoras de ese tipo de documento.

Sin embargo, y pese a la importancia cuantitativa de las operaciones realizadas con las tarjetas de crédito y a su trascendencia económica, que en 2003 produjeron flujos de capital del orden de los 140 mil 658 millones 11 mil 593 pesos, su regulación legal es precaria y coyuntural.

Salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, que constituye la única mención legal sobre la existencia de las tarjetas de crédito bancarias y a lo preceptuado, respecto al contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por el Título II, Capítulo IV, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos 291 a 301), que no menciona expresamente ni a esta clase de tarjetas ni a la relación que estas generan con los establecimientos afiliados a las emisoras, no existen normas jurídicas que regulen su operación.

Ello, ha dado lugar a que sea un órgano administrativo, el Banco de México, quien norme su emisión y operación, a través de reglas que emite periódicamente, y a que solo por medio de los contratos que los acreditados celebran con los bancos y los que estos a su vez suscriben con los establecimientos mercantiles afiliados, se puedan determinar las obligaciones recíprocas relativas.

Esta situación, en la que, por una parte, la función legislativa es ejercida por un órgano público autónomo y no por el Poder Legislativo, y en la que, por otra, existe una exacerbada liberalidad normativa en beneficio de la banca múltiple (que establece unilateralmente los términos de los contratos de adhesión relativos) así como de los negocios afiliados --en donde se presenta la tarjeta para el pago de bienes y servicios-- que ocultan al tarjetahabiente el contenido de sus contratos de afiliación, ha dado lugar, como es del dominio público, a una serie interminable de abusos, de interpretaciones sesgadas de los contratos y de perjuicios al patrimonio de los usuarios de las instituciones financieras, que son a la vez consumidores de los afiliados.

El blindaje que se ha estado construyendo para las tarjetas de crédito, como el seguro contra cargos indebidos por disposiciones de dinero o adquisición de bienes o servicios derivados del robo, extravío o clonación; etcétera; no abarca todo el espectro de riesgos que para el titular de una tarjeta de crédito o para el tenedor de una adicional, representa su uso.

El acreditado de la institución financiera emisora --los bancos y próximamente las sociedades financieras de objeto limitado-- no está integralmente protegido, puesto que alguna de las partes que intervienen en el proceso de disposición de la suma comprendida en la cuenta corriente, no siempre actúa conforme a sus obligaciones contractuales y de acuerdo a la ética mercantil.

Un ejemplo cotidiano y extendido de prácticas mercantiles atentatorias de los derechos de los tarjetahabientes está en el cobro que, contra las disposiciones administrativas o contractuales establecidas, le hacen diversos establecimientos, proveedores, empresas o afiliados de los bancos, de la cantidad equivalente a la comisión que, en virtud del contrato de afiliación, estas últimas tendrían que cubrir a la emisora a la que se han afiliado.

Cadenas de supermercados, hoteles, talleres, restaurantes, agencias de viajes, hospitales, laboratorios, y, en general cualquier tipo de negociación mercantil, tienen un precio de contado por los productos o servicios que ofertan y otro para el caso de pago con tarjeta de crédito (que es mas alto, en el porcentaje equivalente a la cantidad que el afiliado tiene que cubrir por comisión a la institución de crédito que le proporciona la terminal). El usuario involucrado, ya sea advertido previamente o, lo que es peor, al momento de pasar a la caja a liquidar la operación, debe cubrir el sobreprecio exigido; el monto que significa el porcentaje que el afiliado tendría que pagar al banco por la operación realizada. De negarse a ser sujeto de la estafa, debe devolver lo adquirido o correr al cajero automático, que incluso el establecimiento llega a informarle de su ubicación mas próxima, a obtener el efectivo, por el que también debe pagar comisión a la emisora. Esto es, lo toma o lo deja.

Por supuesto que el usuario, a posteriori, podrá quejarse, si tiene el tiempo y los medios necesarios, ante la Procuraduría Federal del Consumidor y, tal vez, lograr la devolución de la cantidad injustamente cobrada.

No obstante, como es obvio, en este tipo de asuntos existe una gran cifra negra, ya que la mayoría de afectados se abstiene de querellarse, pues consideran que el daño patrimonial recibido por el afiliado no justifica mayores gastos, disgustos y enfrentamientos personales y conflictos administrativos y/o judiciales.

Esto es, prefieren quedarse con el coraje, que tramitar un procedimiento conciliatorio y, en su caso, un arbitraje o un juicio ordinario mercantil, con o contra el establecimiento abusivo.

Si en vez de dejarse al arbitrio de la autoridad financiera, o a la interpretación o cumplimiento voluntario de los contratos por las partes involucradas, la operación de las tarjetas de crédito bancarias, o mas bien financieras, la ley regulara adecuadamente las operaciones mercantiles relacionadas con ellas y estableciera prohibiciones en los procesos de utilización de los servicios derivados de la apertura de crédito en cuenta corriente, sin duda, el índice de desviaciones y abusos cometidos contra el acreditado disminuiría. Evidentemente, no sería lo mismo, que las obligaciones principales del afiliado consten en la ley, que en contratos celebrados entre bancos y establecimientos, que el tarjetahabiente desconoce y a los que nunca puede tener acceso.

Para ilustrar esta situación hay que revisar, así sea someramente, la mecánica del complejo contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, con el cual se dispone de la suma del crédito otorgado por el banco, y los vínculos que tiene con el de afiliación -celebrado entre la emisora y los establecimientos aceptantes de la tarjeta de crédito correspondiente-.

Al efecto, cabe señalar que el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: ``En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen''.

Aunque la disposición transcrita, como de su lectura puede apreciarse, no incluye expresamente a la tarjeta de crédito, los usos bancarios y tangencialmente la Ley de Instituciones de Crédito la han incorporado como mecanismo para acceder al crédito rotatorio referido. La emisión y operación de estas tarjetas es regulada por la autoridad financiera, como se ha dicho, a través de las ``Reglas a las que se sujetarán las instituciones de banca múltiple y las sociedades financieras de objeto limitado en la emisión y operación de tarjetas de crédito'', publicadas el 4 de agosto de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, y de las que cabe advertir, no reprodujeron las reglas relativas a las obligaciones de los establecimientos o proveedores afiliados, incluidas en las reglas derogadas (D.O.F. del 18 de diciembre de 1995).

De esos mismos usos bancarios y financieros, podría derivarse la definición de tarjeta de crédito bancaria siguiente: ``La tarjeta de crédito es una tarjeta personal e intransferible, por medio de la cual el banco se obliga a pagar por cuenta del titular los bienes y servicios que a este último le proporcionan los establecimientos afiliados al emisor de la tarjeta''.

De ese concepto, por tanto, se advierte que la relación jurídica que deriva de la tarjeta de crédito es triangular: se da entre el banco emisor, el acreditado y la empresa afiliada. Todas estas partes o sujetos, interactúan en la operación de la tarjeta.

La celebración del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y su instrumento, la tarjeta de crédito, reporta a los involucrados ventajas claras e inobjetables.

Para el banco, significa ganancias, mediante el cobro de comisiones y, en su caso, de intereses.

Para el cliente o acreditado, la posibilidad de disponer de recursos económicos de pago diferido; seguridad, al no tener que estar en posesión de efectivo para realizar pagos; acceso exclusivo a ciertos servicios y promociones.

Para el afiliado, mayores ventas; disposición inmediata de dinero a través del abono a su cuenta de cheques del importe de su mercancía o servicios; liquidez, ya que les optativo establecer mecanismos de otorgamiento de crédito directo hacia su clientela; seguridad, pues dispone de recursos financieros sin necesidad de tener todo el efectivo en caja.

Sin embargo esta serie de ventajas se pervierten cuando las partes, que deberían actuar bajo principios de equidad contractual, desvirtúan los términos de los contratos que los vinculan e incumplen sus obligaciones en perjuicio de una de ellas.

Y esto ocurre cuando el afiliado cobra al acreditado la comisión que contractualmente debería pagar con sus propios recursos, por las ventajas que la aceptación de tarjetas de crédito le ofrecen, al banco emisor.

Práctica viciosa esta, contra la que no existe blindaje, y que puede atemperarse e incluso eliminarse, si se regulara expresamente en la ley la obligación del proveedor o afiliado de cobrar al acreditado o tarjetahabiente los precios establecidos para su venta al contado, cuando se paguen bienes o servicios con tarjeta de crédito bancaria, así como las sanciones relativas a su incumplimiento.

Asimismo, es conveniente establecer en la ley la mención al contrato atípico de afiliación, hasta ahora omitida.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulo la iniciativa siguiente:

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 46 fracción VII de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I a VI ...

VII.- Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente y celebrar con los establecimientos que suministren bienes o servicios al acreditado los correspondientes contratos de afiliación;

VIII.- ...

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 291.- ...

El acreditado podrá disponer de la suma a que refiere el párrafo que antecede, mediante la presentación de tarjetas plásticas, personales e intransferibles, emitidas por el acreditante.

Cuando el emisor de la tarjeta fuere una institución de crédito o una sociedad financiera de objeto limitado, el acreditado podrá disponer del crédito ya sea en dinero en las oficinas o cajeros electrónicos del acreditante, o en bienes y servicios con los establecimientos afiliados a este. Al efecto, las Instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado o las empresas operadoras de sistemas de tarjeta de crédito que las representen, celebrarán con los establecimientos afiliados o proveedores, contratos de afiliación por los cuales estos se comprometan a recibir pagarés suscritos por los acreditados, titulares de las tarjetas de crédito, a la orden de la propia Institución Financiera emisora, por el precio establecido para sus ventas al contado de los bienes que les suministren o los servicios que les presten en territorio nacional, incluyendo los que en virtud de ofertas tengan descuento, y la institución de crédito se obligue a pagar a la vista, al proveedor o afiliado, una cantidad igual al importe de dichos pagarés menos la comisión pactada.

La infracción a la obligación del afiliado de vender sus bienes o servicios al precio de contado establecido, cuando el pago se realice con la tarjeta emitida por el acreditante, será causa de rescisión del contrato de afiliación respectivo, sin perjuicio de las sanciones que sobre el particular se establezcan en otras leyes.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado Díaz Escárraga. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates, como ha sido solicitado, el texto íntegro del señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 7o., de la Ley General de Educación. El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

La educación física es el desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal para conseguir el grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas y rítmicas y todo ello en función de que sirva de base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, la capacidad afectiva y relacional.

La educación deportiva es el conjunto de actividades físicas e intelectuales, individuales o de conjunto, con fines competitivos y recreativos que se sujetan a reglas previamente establecidas y que coadyuva a la formación integral del individuo promoviendo el desarrollo y conservación de sus facultades físicas y mentales.

Para formar nuevas estrategias que tengan el propósito de impartir la educación física deportiva, es fundamental analizar la ubicación de esta asignatura en el contexto de la escuela, estudiar lo que se requiere para aplicarla como materia escolar y situarla en el lugar que le corresponde dentro del conjunto de los campos de estudio: preescolar, primaria y secundaria.

El escenario educativo en el que trabajará el alumno de educación física deportiva, es la escuela de educación básica caracterizada por la complejidad, la diversidad y la masificación. En ella, todos los niños y adolescentes, sin distinción, ejercen su derecho a la educación.

La escuela, para ser pertinente, requiere promover la construcción de conocimientos, el desarrollo de competencias y propiciar comportamientos, componentes necesarios de una cultura básica para continuar la formación escolarizada y seguir aprendiendo durante la vida. Nuestro país necesita una institución que haga corresponder el crecimiento espectacular de la matrícula que se dio en las recientes décadas con el incremento de la calidad de los aprendizajes indispensables para desenvolverse en la época actual.

Frente a una sociedad cambiante y compleja que entre otros aspectos se caracteriza por la incertidumbre, la escuela requiere abrirse y poner más atención en los sujetos que aprenden, así como garantizar una educación de calidad para todos mediante una base común de competencias, conocimientos y actitudes que permitan al sujeto desempeñarse satisfactoriamente en la sociedad.

La escuela necesita una gestión, organización e impulso de la educación física deportiva que haga a ésta más flexible, capaz de adaptarse a las realidades y necesidades locales o regionales; que sea considerada como un derecho a la práctica de la motricidad en condiciones adecuadas, como un espacio para atenuar ciertas desigualdades o para evitar que se siga profundizando. La educación física deportiva requiere por tanto, de una práctica pedagógica diversa, amplia e incluyente.

Convencidos de que las actividades físico-deportivas juegan un rol importante en el orden educativo y de la salud de la población, y por otra la urgencia de responder de manera institucional y profesional, a esta necesidad social, México no puede quedar a la zaga, debemos de ir a la par de las organizaciones internacionales, tal y como se ha pronunciado, respecto a la educación deportiva.

La Conferencia General de Organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, convencida de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno, de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales, y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, proclamó desde 1978 la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte. En la misma Carta Internacional, se proclama que a fin de poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, se debe favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos, a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

Para el Partido Verde, es de suma importancia la formación integral de la comunidad estudiantil a través de la difusión y práctica de las actividades físicas, recreativas y competitivas, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, que propicien una cultura física que favorezca el bienestar social, intelectual, psicológico y el fortalecimiento de los valores humanos.

Por todo lo anterior, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción IX del artículo 7° de la Ley General de Educación y solicito a la Mesa Directiva que se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Cultura Física y Deporte para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa

Exposición de Motivos

Los futuros cambios de la educación físico-deportiva, desde el campo de la motricidad entendida como el movimiento corporal intencional, consciente, ejecutado de acuerdo a ideas concretas que implican un razonamiento continuo sobre las experiencias y acciones propias, contribuirán al logro de los propósitos de la educación básica señalados en los programas de estudio vigentes en los tres niveles que la conforman.

En especial, para que todos los niños y los adolescentes, según sus características y condiciones personales, desarrollen su motricidad; específicamente, debe promoverse que los alumnos desarrollen sistemáticamente sus habilidades y competencias motrices; mejoren sus niveles de desarrollo físico y su expresión corporal; adquieran conocimientos, hábitos y actitudes para el fomento de su salud y se desenvuelvan en el campo intelectual, así como en los campos afectivo y de socialización, para alcanzar una formación integral que contribuya a elevar su nivel de vida.

La educación física es el desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal, para conseguir el grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas, motrices, y todo ello en función de que sirva de base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, la capacidad afectiva y relacional.

La educación deportiva es el conjunto de actividades físicas e intelectuales, individuales o de conjunto, con fines competitivos y recreativos que se sujetan a reglas previamente establecidas y que coadyuvan a la formación integral del individuo, promoviendo el desarrollo y conservación de sus facultades físicas y mentales.

Para formar nuevas estrategias que tengan el propósito de impartir la educación física-deportiva, es fundamental analizar la ubicación de esta asignatura en el contexto de la escuela, estudiar lo que se requiere para aplicarla como materia escolar y situarla en el lugar que le corresponde dentro del conjunto de los campos de estudio del preescolar, la primaria y la secundaria.

El escenario educativo en el que trabajará el futuro alumno de educación física-deportiva es la escuela de educación básica, caracterizada por la complejidad, la diversidad y la masificación; en ella todos los niños y adolescentes, sin distinción, ejercen su derecho a la educación. La escuela, para ser pertinente, requiere promover la construcción de conocimientos, el desarrollo de competencias y propiciar comportamientos: componentes necesarios de una cultura básica para continuar la formación escolarizada y seguir aprendiendo durante la vida. Nuestro país necesita una institución que haga corresponder el crecimiento espectacular de la matrícula que se dio en las recientes décadas, con el incremento de la calidad de los aprendizajes indispensables para desenvolverse en la época actual.

Frente a una sociedad cambiante y compleja, que entre otros aspectos se caracteriza por la incertidumbre, la escuela requiere abrirse y poner más atención en los sujetos que aprenden, así como garantizar una educación de calidad para todos mediante una base común de competencias, conocimientos y actitudes que permitan al sujeto desempeñarse satisfactoriamente en la sociedad. Al mismo tiempo se debe considerar la individualidad y las diferentes formas de aprender de los educandos, particularmente a aquellos alumnos que presenten capacidades diferentes. Estos aspectos constituyen el mayor desafío de la educación básica.

Atender la diversidad supone un mejor conocimiento del alumno, fomentar su interés por lo que aprende y hacer que lo mantenga durante y después de su escolaridad. Se requiere que el maestro trabaje hacia el logro de las metas comunes de la escuela y guíe a los educandos hacia el aprendizaje. De ahí que formarse para la enseñanza adquiere un gran significado: el profesional de la docencia será sensible para educar a todos atendiendo sus diferencias individuales y culturales y estará preparado para trabajar con distintos enfoques que posibiliten modos diferenciados de aprender. La educación física-deportiva tiene mucho que aportar a estos fines porque puede ayudar a los alumnos a desinhibirse, a expresarse, a descubrir y apreciar el cuerpo como elemento valioso de la persona.

Para el profesor de educación física-deportiva de la escuela básica la masificación significa considerar a todos los alumnos que le corresponde atender: conocerlos a través del trabajo que realice y por lo que sabe sobre la infancia y la adolescencia, por lo que le puedan comunicar los otros maestros, los directivos y, por supuesto, los padres de familia; este conocimiento es la base para orientar su labor hacia lo que sus alumnos son y pueden hacer y a fortalecer las capacidades que tienen, así como a desarrollar otras.

El educador físico-deportivo necesita crear ambientes de aprendizaje favorables a los alumnos de respeto, buen trato, aliento, apoyo mutuo, entusiasmo e interés, seguridad, confianza, de gusto por realizar la actividad, abiertos a las sugerencias, con sentido y claridad de lo que se va a llevar a cabo y para qué, en los que haya un aprovechamiento efectivo del tiempo en lo que es prioritario y dar atención a las diferencias individuales y a los distintos intereses por la actividad física. La planeación y la realización de actividades idóneas, con sentido para los alumnos, tienen que ser congruentes con este entorno de trabajo.

La escuela necesita una gestión, organización e impulso de la educación física-deportiva que haga a ésta más flexible, capaz de adaptarse a las realidades y necesidades locales o regionales, que sea considerada como un derecho a la práctica de la motricidad en condiciones adecuadas, como un espacio para atenuar ciertas desigualdades o para evitar que se sigan profundizando. La educación física-deportiva requiere, por tanto, de una práctica pedagógica diversa, amplia e incluyente.

Convencidos de que las actividades físico-deportivas juegan un rol importante en el orden educativo y de la salud de la población, y por otra, la urgencia de responder de manera institucional y profesional a esta necesidad social, México no puede quedar a la zaga debemos de ir a la par de los organismos Internacionales, tal y como se ha pronunciado respecto a la educación deportiva.

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, convencida de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte, proclamó desde 1978 la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte.

En la misma Carta Internacional, se proclama que a fin de poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

Para el Partido Verde Ecologista de México la importancia de la formación integral de la comunidad estudiantil a través de la difusión y práctica de las actividades físicas, recreativas y competitivas de acuerdo con sus capacidades y actitudes, que propicien una cultura física que favorezca el bienestar social, intelectual, psicológico y el fortalecimientos de los valores apegados al carisma calasancio.

Por todo ello sometemos a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto

Por el que se reforma la fracción ``IX'' del artículo 7 de la Ley General de Educación.

Artículo Único.- Se reforma la fracción ``IX'' del artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 7-

I-VIII (quedan igual)

IX.- Fomentar, diseñar e instrumentar programas de educación física y deportiva, con la finalidad de elevar la capacidad de los estudiantes, mediante la utilización de métodos y técnicas para asimilar y perfeccionar la práctica de las diversas disciplinas Olímpicas.

Para efectos de la presente fracción, se entenderá por educación física el desarrollo de todas las capacidades que giran en torno a la formación corporal, para conseguir el grado más elevado de posibilidades físicas, corporales, expresivas, rítmicas, motrices, y todo ello en función de que sirva de base para el desarrollo de la personalidad, la capacidad intelectual, la capacidad afectiva y relacional. La educación deportiva es el conjunto de actividades físicas e intelectuales, individuales o de conjunto, con fines competitivos y recreativos que se sujetan a reglas previamente establecidas y que coadyuva a la formación integral del individuo, promoviendo el desarrollo y conservación de sus facultades físicas y mentales.

X.-...

XII.-...

XIII.-...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador (rúbrica); Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias diputado y así se hará. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

Para el desarrollo de México, ante un entorno globalizado y de creciente evolución de los mercados y productos financieros, es indispensable observar y adecuar las instituciones, normas jurídicas y nuestras propias actitudes, a fin de tomar las decisiones más responsables y eficaces respecto al patrimonio.

Nuestra nación está ávida de dar solidez a la protección social, la cual se actualiza en la asistencia social, el ahorro individual y colectivo, los mecanismos basados en la solidaridad, el seguro privado, entre otros.

Contamos con el sistema de capitalización sustentado en el ahorro individual, para formar los fondos de pensiones. Es decir, la captación del ahorro constituido por las cotizaciones del patrón o de éste y sus asalariados, creando fondos que son administrados por instituciones privadas, quienes se encargan de incrementar dicho ahorro con el propósito de entregar al final de una vida de sacrificios, una jubilación al trabajador cuando culmina sus actividades por motivo de cesantía o vejez, entre otros, recibiendo en forma de pensión sus propias cotizaciones adicionadas con el producto de los intereses que se generaron en los mercados financieros.

Debemos reconocer que el nulo crecimiento del país impide a nuestros trabajadores tener poca o alguna capacidad de ahorro, contra lo que ocurre en otros países, motivo por el cual el Estado mexicano debe participar con aportaciones en el pago de pensiones y jubilaciones.

Si consideramos como un eslabón fundamental a la micro, pequeña y mediana empresa para que las economías nacional y personales crezcan de manera sólida y se vuelvan competitivas tanto en el mercado interno como en las exportaciones, influirán de manera directa en el desarrollo del país.

Debido a que dadas sus condiciones, su establecimiento representa una cantidad considerable por su elevado porcentaje de generación de empleos y por su contribución en el producto interno bruto, independientemente de los múltiples beneficios que esos 3 aspectos conllevan: beneficios sociales, consumo, reactivación económica y captación de impuestos, entre otros, es el caso que las micro, pequeñas y medianas empresas en México, a la fecha no han dado los resultados esperados.

En términos numéricos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el número de micro, pequeñas y medianas empresas en México es de 3 millones, 38 mil 514 establecimientos a nivel nacional. El 95.4 por ciento de éstos está ocupado por microempresarios; el 3.3 por ciento por las pequeñas empresas; y el .09 por ciento por las medianas empresas.

Las micro, pequeñas y medianas empresas en México enfrentan diversos problemas, pero el principal se refiere a la obtención de recursos para funcionar productivamente porque en la mayoría de los casos la banca no las considera sujetas de crédito, sólo el 25 por ciento de ellas tienen acceso a fuentes de financiamiento.

Además, la banca comercial y de desarrollo proporcionan únicamente el 21 por ciento del financiamiento total a las mismas.

En el ámbito internacional, las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una amplia participación. En la mayoría de los países representan más del 90 por ciento del total de las empresas; proporcionan entre el 60 por ciento y 70 por ciento del empleo y contribuyen entre el 50 por ciento y 60 por ciento del producto interno bruto. Con base en la participación del empleo que generan y contribución al producto interno bruto, la mayoría de los países identifican a este sector como estratégico para el desarrollo y crecimiento de sus países.

Para el funcionamiento del sistema de pensiones se crearon instituciones especializadas dedicadas exclusivamente a administrar cuentas individuales de los trabajadores, que fueron denominadas Afore, así como las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondo para el Retiro, Siefore, las cuales reciben los recursos para inversión; una vez llegado el término se puede optar por los retiros programados con la Afore, dependiendo del saldo acumulado en la cuenta individual o por renta vitalicia celebrando un contrato con una compañía de seguros.

La realidad es que existen varios intermediarios en el Sistema de Ahorro para el Retiro, lo que implica un incremento en la administración del fondo para el trabajador, condición que se traduce en comisiones altas y tasas de intereses poco atractivas, situación que a través de los años generarán una pensión insuficiente.

Acorde al sistema de capitalización individual, establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la pensión a que tenga derecho el asegurado, estará en función del monto que haya logrado ahorrar en su cuenta individual a través de los años.

Entre las personas que tienen una cuenta individual, existen algunas que se han convertido en empresarios probados que buscan su libertad financiera a través del esquema de vida. Este empresario debe tener la oportunidad de obtener los recursos que el Afore no le va a otorgar mediante la posibilidad de hacer un retiro de acuerdo con el saldo en su cuenta personal y aplicándose en su empresa.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, para que las aportaciones, con excepción de las efectuadas a la subcuenta de vivienda, puedan ser retiradas por el titular de la misma para ser destinadas como aportación a capital social de micro, pequeñas o medianas empresas que tengan 2 años de operación e ingresos anales equivalentes a 700 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando el titular lleve 2 años de no cotizar y además sea accionista. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Economía la presente iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución de la tecnología en prácticamente todos sus ámbitos modifica el quehacer humano a una velocidad cada vez mayor, por una parte conlleva el progreso pero por otra, los cambios generan incertidumbre y ésta a su vez ansiedad e intranquilidad. Vivimos una economía globalizada en la que se han transformado los patrones de producción, de intercambio y de consumo.

Hoy, un proceso productivo se realiza en varias latitudes, las corrientes de comercio e inversión entre las naciones se incrementan y los mercados financieros de los diversos países se vuelven estrechamente interdependientes.

Una de las actividades que ha sufrido una mayor transformación es la de los mercados financieros. Esta se ha caracterizado por su integración, su modernización tecnológica y la generación de nuevos instrumentos y productos.

Mientras en el pasado la mayoría de las operaciones se hacían por medio de las instituciones de crédito mediante la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos, hoy el ahorro y el crédito se llevan a cabo más frecuentemente a través de instrumentos del mercado de dinero y capitales.

Los bancos se están transformando en ``empresas de servicios financieros'' en la medida en que participan en áreas de negocios y asumen riesgos anteriormente reservados a instituciones especializadas. Por su parte, las instituciones no bancarias como las sociedades de inversión, los fondos de pensiones y las compañías de seguros compiten activamente con los bancos tanto en la captación de fondos así como en la estructuración de financiamientos, y otros servicios que antes eran exclusivos de las instituciones bancarias.

La profundización de estas tendencias implica nuevos retos, y genera nuevas oportunidades para los usuarios de los servicios financieros. La creación y uso de nuevos productos y la sofisticación de las operaciones pueden por una parte dificultar que el público y hasta las propias instituciones entiendan cabalmente los riesgos en que incurren. También, la rapidez, el monto y la volatilidad de los flujos de capitales, pueden representar una amenaza a la estabilidad económica de las instituciones y hasta de los países.

Por otra parte, las oportunidades que ofrece el desarrollo actual de los mercados financieros también son numerosas. Gracias a la integración de un mercado global, el público puede ahorrar o solicitar créditos casi en cualquier divisa fuerte, casi a través de cualquier instrumento, y mediante una amplia gama de productos. Esto le permite tener un mayor rango de opciones para tomar sus decisiones económicas y proteger sus riesgos.

La incesante evolución de los mercados financieros nos lleva a plantearnos entre otras las siguientes preguntas. ¿Cómo se pueden cuidar los ahorros en este nuevo entorno? ¿Qué modificaciones a los esquemas normativos y de operación de los mercados financieros son necesarias? y ¿Cuál es la situación de México en esta materia? ¿Tenemos un esquema adecuado y funcional de seguro de depósitos?

La transparencia no sólo implica que el público sepa más sobre la situación de emisores e intermediarios. También significa que la información con la que los intermediarios toman sus propias decisiones sea de calidad. Por eso, la transparencia requiere de la cooperación de todos los actores, como son las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, los intermediarios financieros y los propios usuarios.

En un entorno de globalización y creciente evolución de los mercados y productos financieros es fundamental adecuar nuestras instituciones, nuestras normas jurídicas y nuestras propias actitudes, a fin de tomar las decisiones más responsables y eficaces respecto a nuestro patrimonio.

La protección social puede revestir distintas formas, como es el caso de la asistencia social, ahorro individual y colectivo, los mecanismos basados en la idea de solidaridad y mutualidad, el seguro privado, etcétera.

Como instrumento básico de la seguridad social se estableció el Seguro Social y para administrarlo y organizarlo, se decretó la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios denominado Instituto Mexicano del Seguro Social. El 6 de enero de 1944 se puso en marcha formalmente el otorgamiento de servicios médicos en todas las modalidades prescritas.

Para atender las necesidades de los trabajadores al servicio del Estado el 12 de agosto de 1925 empezara a funcionar la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro. En el año de 1959 se presentó una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para la creación del ISSSTE, su aprobación fue publicada en el diario oficial el 30 de diciembre, iniciando sus actividades en enero de 1960. Originalmente la ley prevenía la existencia de 14 seguros, prestaciones y servicios, entre estos los relativos a la protección de la salud, de préstamos y pensiones, también se estableció una revisión sexenal del monto de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

A fin de responder a una gran diversidad de circunstancias personales, sociales, económicas, laborales y demográficas, se idearon múltiples variaciones que se estimaron necesarias, aunque siempre en el marco de las cuatro técnicas básicas utilizadas para suministrar prestaciones de seguridad social.

1. Regímenes Universales. Concede una pensión a todos los residentes que hayan pasado la edad prescrita, independientemente de sus ingresos, de su situación laboral o de sus recursos.

2. Regímenes de Asistencia Social. Otorgan prestaciones a las personas de edad avanzada, previa comprobación de sus recursos y los gastos que inevitablemente debe hacer frente.

3. Regímenes de Seguro Social. Proporcionan prestaciones a sus afiliados de edad, pero con arreglo al tiempo que hayan trabajado o a las cotizaciones que hayan abonado.

4. Cajas de Previsión. Pagan a sus afiliados, a una edad prescrita, una suma única constituida por las cotizaciones que se han abonado a la caja y por los intereses acumulados por dichas cotizaciones.

Además de las prestaciones de vejez, los mismos regímenes casi siempre pagan prestaciones de invalidez y de sobrevivencia.

En el caso de la Asistencia Social, la responsabilidad recae principalmente sobre el gobierno y se financia con recursos públicos. Regularmente los programas de ayuda se enfocan a grupos en extrema necesidad, procurando aliviar sus necesidades más apremiantes.

Por otra parte, la denominada Seguridad Social incluye genéricamente la atención médica, hospitalaria y farmacéutica, así como los fondos y programas de pensiones para el retiro.

Los programas de Seguridad Social, a diferencia de los de Asistencia, no son gratuitos, y regularmente su financiamiento es compartido por el trabajador, por su empleador, o por ambos. Generalmente las contribuciones gubernamentales son de naturaleza complementaria. De tal suerte, el alcance del concepto denominado Seguridad Social, puede diferir entre países y entre épocas, así como también entre perspectivas y enfoques para definir tanto los ámbitos de acción, como las modalidades de producción, financiamiento y distribución de los servicios.

Los regímenes de jubilaciones y pensiones son considerados piedra angular de la seguridad social. En Latinoamérica estos sistemas fueron surgiendo a lo largo de un amplio período de gestación el cual puede ser dividido cronológicamente en tres etapas. El primer periodo en el que a principios de siglo se desarrollaron regímenes de jubilaciones en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, y Uruguay. El segundo período fue impulsado por la adopción de la ley de Seguridad Social en los Estados Unidos de América y se prolongó hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En este lapso se crearon los regímenes de jubilaciones y pensiones de Ecuador (1935), Perú (1936), Venezuela (1940), Panamá y Costa Rica (1941), México y Paraguay (1943), Colombia y Guatemala (1946) y República Dominicana (1947). El tercer período se caracterizó por el establecimiento de sistemas basados en leyes que establecieron principios generales y dejaron los detalles a la reglamentación posterior. En esta tercera etapa se crearon los regímenes de jubilaciones y pensiones en El Salvador y Bolivia (1949), Honduras (1952) y Nicaragua (1955).

El concepto más amplio de jubilación se encuentra en la doctrina belga, la cual le otorga el carácter de un derecho que beneficia a cualquier trabajador, público o privado, como compensación al esfuerzo realizado por cierto tiempo y a los servicios prestados durante cierto número de años, sin especificación o límite de edad.

La jubilación ha sido clasificada tanto en el derecho del trabajo como en la sociología en tres grupos:

a) Voluntaria y forzosa.

b) Ordinaria o por edad avanzada.

c) Por invalidez o por incapacidad.

El aspecto jurídico consiste en la terminación de cualquier actividad productiva por la cual reciba un salario, así como el derecho del trabajador a recibir una pensión que le permita subsistir, independientemente del hecho si desea o no descansar o dedicar el tiempo libre de que ya dispone al reposo o al ocio activo.

El derecho a la jubilación ha sido universalmente admitido y lo consigna la legislación o los propios contratos colectivos de trabajo. Varía de país a país en cuanto a la forma de otorgarlo; en algunos casos, como sucede en Estados Unidos, se faculta la separación del trabajador cuando ha llenado determinados requisitos, unos de edad y otros de años de servicio; en otros países se ha instituido como un derivado de la previsión.

Las anteriores consideraciones conducen a un solo resultado: la jubilación desde el punto de vista jurídico forma parte del sistema de prestaciones convenidas entre patronos y trabajadores, que se toman de un fondo de previsión social con diversas aportaciones de aquellas personas que hayan contribuido al mismo y adquieran el derecho a una retribución periódica.

El objetivo de los fondos es el de proveer a los trabajadores de la tercera edad con ingresos suficientes para su retiro. Dependiendo de la naturaleza de los fondos, los sistemas se pueden dividir en términos generales en sistema de jubilación por repartición (los cuales no poseen fondeo alguno) y sistema de jubilación por capitalización (completamente fondeados), o bien una mezcla de ambos, es decir un sistema de fondeo parcial.

La cobertura contra el riesgo de no tener ingresos suficientes en la senectud, se puede considerar, en principio, como de naturaleza individual y privada, por lo que debería ser satisfecha dentro del núcleo familiar.

Sin embargo, el desarrollo mismo de los esquemas de Seguridad Social protege al trabajador contra los riesgos de vejez y de cesantía en edad avanzada en la mayoría de los países del mundo.

El sistema de jubilación por repartición o sistema de reparto descansa en la base de la solidaridad financiera de alguna manera impuesta por el Estado. Este obligará a los trabajadores activos a dar un porcentaje de su salario en apoyo de los trabajadores jubilados. El intercambio intergeneracional ha sido necesario para el funcionamiento de sistema social. Cada generación paga a la precedente y se hace dependiente de la que sigue. Tradicionalmente los fondos de este sistema son administrados por los Estados. Aparte, el mismo sistema es considerado pilar del Estado Benefactor.

Por otro lado se encuentra el sistema de capitalización sustentado en el ahorro individual para formar los fondos de pensión. Consiste en la recolección del ahorro constituido por las cotizaciones del patrón o de éste y sus asalariados. Dichos fondos pueden ser administrados por áreas privadas o públicas, encargadas de hacer crecer dicho ahorro con el fin de pagar una jubilación al trabajador que cesa sus actividades, es decir, el trabajador recibe, en forma de pensión, sus propias cotizaciones, incrementadas con el producto de los intereses que se generen en los mercados financieros.

Así pues, la capitalización puede ser individual o colectiva, y de orden público o privado, según quien administre los fondos. Algunos autores consideran que la capitalización individual no entraría dentro de las clasificaciones de sistema de seguridad social, y piensan que sólo se trata de un sistema de ahorro.

Realizar una clasificación de los sistemas no es tarea fácil pues los distintos modelos de organización que han adoptado los diferentes países no son del todo excluyentes unos de otros, son dinámicos y en general se encuentran en un continuo proceso de transición o reforma.

El marco jurídico del sistema de pensiones en nuestro país se encuentra regulado, en primer término está la constitución como norma fundamental. En el artículo 123 apartado ``A'', fracción XXIX que establece: ``Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores.

Se pasó de un sistema que funcionaba en su mayor parte por reparto a un sistema de capitalización, lo cual significa que la pensión del trabajador bajo el nuevo esquema dependerá exclusivamente del monto de los recursos aportados y de los rendimientos de los mismos.

En nuestro país coexisten distintos sistemas de pensión, públicos, privados y de tipo ocupacional o personal, los sistemas públicos son ofrecidos por sistemas de seguridad social a escala federal y estatal. Los planes ocupacionales son ofrecidos por algunas empresas públicas y privadas a sus trabajadores, y los personales son aquellos en que los trabajadores se adhieren de manera voluntaria a través de algún intermediario financiero.

La cobertura pública en el ámbito nacional de los sistemas de pensiones está dada por las dos principales instituciones de seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Por lo que se refiere a la cobertura estatal, ésta se encuentra a cargo de organismos que se ubican en cada una de las entidades federativas.

También existen otros organismos públicos que cuentan con su propio sistema de pensiones, como es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otros, los cuales desde un punto de vista estrictamente jurídico deberían estar afiliados al IMSS.

Las aportaciones y obligaciones al sistema de seguridad social del IMSS, provienen del trabajador, patrón y gobierno. Estas tres partes contribuyen a la formación de su retiro. El trabajador tiene una cuenta individual de ahorro para el retiro en la que se depositan las aportaciones obrero-patronales y las cuotas estatales, del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Además se incluyen las aportaciones voluntarias del trabajador, así como los recursos del Sistema de Ahorro Para el Retiro. En el sistema del ISSSTE sólo existen dos partes que contribuyen ya que el patrón es a su vez el gobierno. Para poder financiar estas prestaciones y servicios, las diferentes partes deben efectuar las aportaciones correspondientes como porcentaje del salario base de cotización del trabajador.

Los esquemas de seguridad social mexicanos se han concebido como sistemas integrales en que el asegurado y sus beneficiarios gozan de un conjunto de prestaciones que comprenden pensión, asistencia médica, asignaciones familiares, y ayuda asistencial. De esta manera se busca ofrecer sistemas de seguridad social que resulten atractivos para los trabajadores.

Independientemente del sistema al que se esté incorporado, la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se constituye con aportaciones equivalentes al 2% del sueldo básico de cotización, que deben hacer las dependencias y entidades a favor de los trabajadores. Estas aportaciones se hacen a una cuenta individual que se divide en dos subcuentas: la del ahorro para el retiro y la del fondo de vivienda. La cuenta individual del SAR funciona de acuerdo al modelo de contribuciones definidas, en el cual cuando el trabajador se retire, podrá disponer del total del saldo acumulado a la fecha de la suspensión laboral. Además el trabajador tiene el derecho de cambiarse de sociedad de inversión (Siefore), así como de realizar aportaciones voluntarias y retirar hasta el 10% del saldo de la subcuenta de ahorro.

Los montos de las pensiones que recibirá el trabajador o sus beneficiarios dependerá del sistema al cual se haya afiliado. El sistema de capitalización individual establecido por el IMSS establece que la pensión a que tenga derecho el asegurado estará en función del monto que haya logrado ahorrar en su cuenta individual a través de los años, así como del rendimiento que sus ahorros le hayan generado. Por su parte, en la Ley del ISSSTE se establece que para el cálculo de los montos correspondientes a cada una de las pensiones que constituyen el sistema, se toma en cuenta el llamado ``sueldo regulador'' que es: ``el promedio del sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento''.

Los trabajadores mexicanos, además de las peculiaridades culturales, tienen poca o nula capacidad de ahorro, contra lo que ocurre en otros países, por lo cual el Estado mexicano debe participar con aportaciones en el pago de pensiones y subsidios.

Conforme al sistema de capitalización individual establecido por el IMSS la pensión a que tenga derecho el asegurado estará en función del monto que haya logrado ahorrar en su cuenta individual a través de los años, es ese sentido, el trabajador es propietario de sus recursos, tiene la oportunidad de obtener intereses; tiene la posibilidad de tener un retiro de acuerdo con su trayectoria salarial, y tiene la posibilidad de elegir quién le ofrece los mejores servicios para ganar.

En México además, se crearon aseguradoras especializadas, con un patrimonio específico, con cuatro niveles prudenciales de reserva técnica para proteger el ahorro de los trabajadores; el derechohabiente cuando se retira, puede elegir entre contratar una renta vitalicia con una de las aseguradoras referidas, o bien, pedirle a la AFORE que le entregue sus recursos en un retiro programado.

Por otra parte el existe interés por impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) ha sido cada vez mayor en los últimos años, no sólo en México, sino también en casi todos los países desarrollados o en proceso de desarrollo. Ello, debido a la elevada cantidad de establecimientos que representan, el elevado porcentaje de empleos que generan, su contribución en el Producto Interno Bruto (PIB), y a los múltiples beneficios que esos tres aspectos conllevan: empleo, beneficios sociales, consumo y reactivación económica, generación de impuestos, entre otros.

Las Mipymes son eslabones fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se vuelvan competitivas, tanto interna como externamente, por lo que en la medida que las Mipymes crecen, en esa misma medida influyen en el desarrollo de su país. A pesar de ello, en ningún país estas empresas tienen favorables condiciones y, sobre todo ahora, con la competencia que se ha generado en este mundo globalizado. En México ha sido difícil ubicarlas correctamente a través del tiempo, puesto que las variables e indicadores que se han tomado en cuenta para clasificarlas han cambiado constantemente. Además, de manera tradicional, se han utilizado parámetros económicos y contables para clasificarlas, tales como: el número de trabajadores, el total de ventas anuales, los ingresos y los activos fijos de las empresas, es decir, el concepto es variable cualitativa y cuantitativamente para la aplicación de políticas de ayuda crediticia, arancelaria, fiscal y de asistencia técnica.

En el caso de las Mipymes en México, los esfuerzos por alentarlas se han visto reflejados con la creación de diversos programas de apoyo y fomento, pero a la fecha esos programas no han dado los resultados esperados, antes bien, las problemáticas que enfrentan para poder sobrevivir frente a las grandes empresas, los desequilibrios económicos y volverse más productivas y eficientes, son cada vez más notorias.

En términos numéricos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el número de Mipymes en México es de tres millones 38 mil 514 establecimientos a nivel nacional, el 95.4% de establecimientos esta ocupado por microempresarios, el 3.3% por las pequeñas empresas, el 0.9% por las medianas empresas y el 0.4% por las grandes industrias. Es decir, 3,027,518 establecimientos de Mipymes en total, que representaban el 99.6% y la gran industria agrupa 10,996 establecimientos, es decir, sólo el 0.4%.

A pesar de que los programas de apoyo a las Mipymes han sido numerosos, no sólo en sexenios anteriores sino también actualmente, los problemas que enfrentan recientemente las Mipymes no dejan de ser ajenos y diferentes a los de otros años, lo cual indica que los programas de gobierno no han impulsado adecuada y suficientemente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Tanto la escasa operatividad de los programas del gobierno federal para el fomento de las Mipymes, como el comportamiento macroeconómico de los últimos años, no han sido capaces de generar las condiciones necesarias para que aquellas puedan crecer en forma dinámica y estable. Ello, debido a que las Mipymes enfrentan una serie de dificultades que obstruyen notablemente su desarrollo.

Incluso, cabe recordar que las problemáticas que enfrentan las Mipymes no han variado con el paso de los años, el Centro de Estudios Industriales de Concamin identificó en un estudio, los principales factores externos que afectan la estructura de costos de estas empresas, mencionando los que a continuación se señala:

Altos costos de materias primas, materiales y componentes.

Capacidad de producción ociosa.

Elevada imposición tributaria.

Altas tasas de interés del crédito.

Elevados costos de transporte, comunicaciones y otros servicios.

Con relación en la eficacia, el Centro de Estudios Industriales de Concamin señaló los siguientes factores que afectan la estructura de los costos de las Mipymes:

Baja eficiencia en la mano de obra.

Desactualización de la tecnología, maquinaria y equipo.

Altos costos en el mantenimiento y reparación de la maquinaria.

Baja eficiencia de la mano de obra indirecta.

Variedad excesiva de productos.

Recientemente, las principales problemáticas de las Mipymes mexicanas que se han observado por la Secretaría de Economía, son las que se describen a continuación:

Acceso limitado a fuentes de financiamiento.

Excesiva carga impositiva.

Participación limitada en el comercio exterior.

Desvinculación de los sectores más dinámicos.

Capacitación deficiente de sus recursos humanos.

Falta de vinculación con el sector académico.

Débil estructura y técnicas en su organización y funcionamiento.

Tasas de interés más elevadas que en los países desarrollados.

Burocratismo y complicada estructura gubernamental.

Globalización y acelerados cambios tecnológicos.

Mayores costos de insumos y escaso poder de negociación.

Escasa innovación y productos de calidad deficiente.

Programas de fomento poco eficientes.

Ante todo, el problema principal se refiere a la obtención de recursos para funcionar productivamente porque en la mayoría de los casos la banca no las considera sujetas a crédito. Si asisten a una institución bancaria privada, quizá tendrán que esperar largos períodos para la aprobación de un financiamiento, el cual tardará aún más en ser expedido y, en los casos más afortunados, una vez que el dinero está disponible, éste se invierte en una apuesta al tiempo. Cuando las cosas no salen según lo planeado la empresa en cuestión se ve obligada a recurrir a una institución financiera de fomento, a la que le pide dinero para continuar con su producción, ésta se lo presta y ahora se encuentra endeudada por todos lados.

Sólo el 25 por ciento de las Mipymes tienen acceso a fuentes de financiamiento. Además, la banca comercial y de desarrollo proporcionan únicamente el 21 por ciento del financiamiento total a las Mipymes, por lo que esa sujeción crediticia ha ocasionado que las Mipymes busquen fuentes alternas de financiamiento, como son los proveedores.

En el ámbito internacional, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tienen una amplia participación; ya que en la mayoría de los países representan más del 90 por ciento del total de las empresas, proporcionan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo y contribuyen entre el 50 y el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Con base en la participación del empleo que generan y contribución al PIB, la mayoría de los países identifican a las Mipymes como un sector estratégico para el desarrollo y crecimiento del país. Pero como las Mipymes tienen fortalezas y debilidades específicas, es necesario fijar políticas especiales de apoyo; por lo que los gobiernos de diferentes países han implementado diversas políticas de promoción y programas de apoyo para estas empresas. Casos específicos y notorios son: Japón, Estados Unidos, Italia, España y Argentina.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en el artículo 3, fracción III bis, define el concepto de cuenta individual como aquélla de la que sea titular un trabajador en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, se registrarán las aportaciones a los fondos de vivienda y se depositarán los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser aportados a las mismas, así como aquellas otras que se abran a otros trabajadores no afiliados en términos de esta ley;

En el artículo mencionado en la fracción IX. Se señala a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, las instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras previstas en el reglamento de esta ley.

El artículo 74 señala que los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección. Para abrir las cuentas individuales, se les asignará una clave de identificación por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En las fracciones I a IV se menciona la integración de las siguientes subcuentas:

I. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

II. Vivienda;

III. Aportaciones voluntarias, y

IV. Aportaciones complementarias de retiro.

Para el funcionamiento del sistema de pensiones se crearon instituciones especializadas dedicadas exclusivamente a administrar cuentas individuales de los trabajadores (AFORES), mismas que administran los recursos de la cuenta individual y las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (Siefores) quienes reciben los recursos para inversión. Una vez llegado el término se puede optar por retiros programados con la AFORE dependiendo del saldo acumulado en la cuenta individual ó por renta vitalicia celebrando un contrato con una compañía de seguros.

La realidad es que existen varios intermediarios en el Sistema de Ahorro para el Retiro lo que implica un incremento en la administración del fondo para el trabajador (comisiones), tasas de interés que pueden ser más atractivas y desempleados que actualmente no aportan pero si están cubriendo la comisión respectiva, situación que a través de los años generará una pensión insuficiente.

Conforme al sistema de capitalización individual establecido por el IMSS la pensión a que tenga derecho el asegurado estará en función del monto que haya logrado ahorrar en su cuenta individual a través de los años, es ese sentido, el trabajador es propietario de sus recursos.

Entre las personas que tienen una cuenta individual, existen algunas que se han convertido en empresarios probados que buscan su libertad financiera a través de este esquema de vida, mismos que pueden destinar dichos recursos para fortalecer a la Mipyme en la cual cumplen funciones de empleado y accionista a la vez, facilitando así el acceso limitado a fuentes de financiamiento.

Con base en la participación del empleo que generan y contribución al PIB, la mayoría de los países identifican a las Mipymes como un sector estratégico para el desarrollo y crecimiento del país y con esta iniciativa, el empresario tendrá la oportunidad de obtener rendimientos que una AFORE no le va a pagar en este país y la posibilidad de tener un retiro de acuerdo con su trayectoria empresarial.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro para quedar:

Fracción IV. ...

...

...

...

Las aportaciones a las subcuentas mencionadas en este artículo, con excepción de las efectuadas a la subcuenta de vivienda, podrán ser retiradas por el titular de la misma y deberán ser destinadas exclusivamente como aportación a capital social, siempre y cuando el titular lleve como mínimo dos años de no cotizar y además sea accionista de una micro, pequeña o mediana empresa que tenga al menos dos años de operación e ingresos anuales equivalentes a 700 salarios mínimos mensuales, esto conforme a las reglas que para el efecto emitan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Secretaría de Economía.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 10 del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

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LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Juventud y Deporte.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte de esta LIX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que adiciona un artículo 104 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, sometida a la conside- ración del Honorable Congreso de la Unión por el C. Diputado Fernando Espino Arévalo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en el Artículo 73 fracción XXIX--J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes.

ANTECEDENTES

Primero. En sesión celebrada, el día catorce de septiembre de dos mil cuatro, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la presente Iniciativa a esta Comisión para su estudio y dictamen.

Segundo. El día 9 de diciembre del presente, el Diputado promovente remitió a esta Comisión que dictamina, sus observaciones y propuestas para la realización del presente dictamen, solicitando se considerará otorgar a los medallistas como a sus beneficiarios los servicios médicos proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Tercero. Los miembros integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que se discute y tomando en consideración que:

1.- Desde el año 1960 se celebran los juegos Paralímpicos.

2.- En el año de 1972 México debuto en Juegos Paralímpicos como invitado y oficialmente empezó a participar en Paralimpiadas en la ciudad de Toronto, Canadá en 1976.

3.- El 8 de julio de 1997 los Presidentes de la Federaciones Nacionales de Deporte para Personas con discapacidad existentes en el país, fundaron el Comité Paralímpico Mexicano.

4.- El 24 de febrero de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte.

5.- El 16 de abril del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Ley General de Cultura Física y Deporte.

6.- Los Juegos Paralímpicos han significado para México la obtención de una totalidad de 227 medallas.

Con base en los antecedentes señalados, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

De acuerdo con la exposición de motivos del Diputado promovente, el objetivo de la iniciativa en estudio es el de contribuir a que los mejores deportistas Olímpicos del país tengan acceso a un reconocimiento posterior a su participación Olímpica, que les pueda redituar en algo el empeño y dedicación deportiva que pusieron para alcanzar la gloria de los Juegos Olímpicos.

Asimismo se propone otorgar a todos aquellos que hayan obtenido alguna medalla Olímpica, el beneficio de recibir para ellos y sus beneficiarios de los servicios proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al respecto, es importante mencionar que desde 1995 se constituyó mediante contrato de fideicomiso el denominado Reconocimiento a Medallistas Olímpicos, dirigido a los deportistas que hayan obtenido una o más medallas como representantes oficiales de México en Juegos Olímpicos, mismo que es sostenido por las aportaciones del gobierno federal, donaciones y el rendimiento de las inversiones y reinversiones realizadas al mismo conforme a su contrato.

No obstante lo anterior, en los últimos años se ha tomado especial interés por las personas que viven algún tipo de discapacidad, lo que de de ninguna manera debería constituir un problema social, en virtud de que quienes padecen algún tipo de limitación o restricción en sus capacidades, son seres humanos al igual que todos, con grandes virtudes, capaces de aportar enormes contribuciones al país, tanto en el ámbito económico, político, social como en el deportivo; por tanto merecen un trato digno, con las mismas oportunidades y beneficios que los demás inegrantes de la sociedad.

Actualmente nuestros deportistas con algún tipo de discapacidad se preparan profesionalmente, pese a los impedimentos tanto físicos como sociales de que son objeto, pero poniendo desde luego su máximo esfuerzo, y representando dignamente a nuestro país.

Es por ello que consideramos apropiado extender los beneficios otorgados a los deportistas convencionales de la misma manera hacia los que viven con algún tipo de discapacidad.

En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos que hayan obtenido medalla en estas justas deportivas, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte hemos decidido estipular en la Ley General de Cultura Física y Deporte como atribuciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la promoción y gestión para constituir fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento vitalicio, a los deportistas que obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos, sin hacer distinción alguna entre los deportistas Olímpicos y los Paralímpicos resaltando en ambos su esfuerzo, dedicación y disciplina.

Reconociendo de esta forma a nuestros deportistas nacionales su gran esfuerzo y digno ejemplo a la sociedad mexicana y en especial de la Juventud.

De igual forma consideramos que la inquietud del promovente de beneficiar a los ganadores de alguna medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con los servicios médicos proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, rebasa el objeto y las atribuciones establecidas en la Ley en estudio, por lo que dicha propuesta deberá ser objeto de una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asimismo la adición que se propone complementará lo establecido en las fracciones XX y XXII del artículo 29 de la misma Ley, en beneficio de nuestros deportistas con algún tipo de discapacidad.

Además de que con el establecimiento en la Ley General de Cultura Física y Deporte de los reconocimientos a los medallistas Olímpicos y Paralímpicos se consolidará en nuestro país la cultura del fomento y estímulo a los deportistas nacionales.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, esta Comisión del Deporte coincidiendo con la necesidad de aprobar la iniciativa propuesta formula las siguientes:

CONCLUSIONES

1.- La Comisión que dictamina, integrada de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de esta LIX Legislatura, ha considerado favorablemente el objetivo fundamental de la Iniciativa en estudio.

2.- A efecto de precisar y de acuerdo con las conclusiones obtenidas hemos considerado conveniente establecer por cuestiones de técnica legislativa el contenido de la proposición en el artículo 99, adicionando un nuevo segundo y tercer párrafo, mismos que no contrarían el objetivo principal de la iniciativa además de reconocer y fortalecer el papel de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

3.- Que por los razonamientos expuestos, resulta apropiado aprobar la iniciativa en los términos en que se ha acordado modificar.

Como resultado de lo anterior, esta Comisión de Juventud y Deporte se permite someter a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 99 quedar como sigue:

Art. 99.- Corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su caso, en la convocatoria correspondiente.

La CONADE promoverá y gestionará la constitución de fideicomisos destinados al otorgamiento de un reconocimiento económico vitalicio, a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan obtenido una o más medallas en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

La CONADE regirá los criterios y bases para el otorgamiento y monto de la beca a que se harán acreedores los beneficiados por los fideicomisos creados para reconocimiento a medallistas Olímpicos y Paralímpicos.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2005.--- Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el 28 de Septiembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa para reformar los artículos 234 y 245 materia de sustancias de estupefacientes y psicotrópicos.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 28 de Septiembre de 2004 el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa objeto del presente dictamen pretende llevar acabo reformas que permitan que la misma Ley General de Salud se adecue a las tendencias internacionales y a los tratados que México tiene celebrados en materia de fiscalización de estupefacientes y psicotrópicos, dado que algunas de las sustancias que se encuentran clasificadas internacionalmente no lo están en dicha Ley.

Así mismo el diputado proponente establece que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes mantiene un dialogo permanente con los gobiernos, por ende la iniciativa marca en su exposición de motivos que es necesario cumplir con los compromisos internacionales e incluir los productos considerados en las listas como estupefacientes a nuestro ordenamiento jurídico.

III. CONSIDERACIONES.

A. Durante décadas pasadas se ha venido instaurando un sistema mundial de fiscalización de las drogas objeto de uso indebido, resultado de esto son diversos tratados internacionales.

Cada uno de los sucesivos tratados ha traído consigo una legislación complementaria y ha hecho progresar el Derecho Internacional. Desde un principio, la finalidad básica de los tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes ha sido limitar el uso de las drogas al ámbito de los fines médico y científico exclusivamente.

B. Todos los estupefacientes y psicotrópicos son sustancias que producen efectos en el sistema nervioso central y poseen un poder terapéutico indudable en el tratamiento de padecimientos que en los últimos tiempos han cobrado mayor incidencia, tales como carcinomas, crisis de angustia, ansiedad generalizada y depresión; sin embargo también presentan un potencial de adicción que puede traducirse en su abuso o desvío para fines ilícitos, lo cual representa un grave riesgo para la salud.

Por ende se requiere de acciones y un mayor control sanitario, que asegure la prescripción y dispensación de estos medicamentos. Para lograr esto es necesaria una constante actualización de los listados que identifican las sustancias psicotrópicas y estupefacientes a fin de facilitar la correcta clasificación de medicamentos innovadores.

Asimismo se permitirá sujetar a una mayor regulación aquellos medicamentos que presenten un potencial de adicción, abuso o desvío y coadyuvará a que México pueda adoptar con rapidez los criterios de calcificación dictados por la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

C. La Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE o Junta), órgano fiscalizador independiente encargado de aplicar las Convenciones y el Convenio de las Naciones Unidas relativos a las drogas.

El alcance de la fiscalización internacional de drogas se refleja en los tratados internacionales de fiscalización de drogas, las cuales controlan dos categorías de drogas; estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Al examinar y analizar la información que recibe de unos 190 países y territorios, la JIFE comprueba si se están aplicando los tratados en todo el mundo de la forma más eficaz posible. Mediante la evaluación permanente de los esfuerzos nacionales, la JIFE puede recomendar medidas y sugerir ajustes de los regímenes de fiscalización internacional y nacional. En caso necesario, la Junta puede recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a los gobiernos que presten asistencia técnica o financiera a fin de apoyar los esfuerzos que hacen los gobiernos para cumplir las obligaciones derivadas de los tratados.

Mediante la evaluación permanente de los esfuerzos nacionales, la JIFE puede recomendar medidas y sugerir ajustes de los regímenes de fiscalización internacional y nacional.

D. El sistema internacional de fiscalización del movimiento lícito de estupefacientes establecido por la Convención de 1961 funciona en general de forma satisfactoria, y las drogas producidas o fabricadas lícitamente no suelen constituir una fuente de tráfico ilícito. Los países tienen obligación de no rebasar las cantidades fijadas en las previsiones confirmadas o establecidas por la Junta.

E. Es de prioridad realizar esta regulación, sin embargo se considera que las reformas del diputado proponente no permiten lograr una constante actualización de los listados de sustancias psicotrópicas y estupefacientes toda vez que, no obstante señalar que es facultad de la Secretaría de Salud especificar la clasificación de estupefacientes y psicotrópicos, al incluir los listados en la Ley limita la posibilidad de actualizarlos continuamente.

En este mismo sentido se considera necesario que dichas listas de sustancias psicotrópicas y estupefacientes deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo del Consejo de Salubridad General, de manera que dentro del texto de la Ley General de Salud, sólo se conserven las definiciones de estupefacientes y de psicotrópicos; sin hacer mención explicita de las sustancias encuadradas en los 5 grupos que regula el articulo 245.

F. El Consejo de Salubridad General de la Republica tiene la posibilidad de establecer medidas necesarias respecto de la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, y tomando en cuenta la facultad existente en los artículos 234 y 244 de la Ley General de Salud a cargo del Consejo de Salubridad General, para establecer que sustancias serán consideradas como estupefacientes y psicotrópicos además de las indicadas en las listas de la propia Ley; se considera que dicho organismo es el indicado para determinar cuales serán las sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicos en la reforma propuesta.

A fin de tener un mayor control sanitario sobre las sustancias psicotrópicas y estupefacientes se realiza el siguiente proyecto de decreto.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 234 y 245, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único.- Se reforman los artículos 234 y 245, de la Ley General de Salud.

Artículo 234. Para los efectos de esta Ley se entiende por estupefacientes las substancias que introducidas en el organismo causan disminución de las actividades intelectuales, analgesia y dependencia.

Las sustancias que se consideren como estupefacientes serán determinadas mediante las disposiciones de carácter general que emita el Consejo de Salubridad General mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 245. Para efectos de esta Ley, se entiende por substancias psicotrópicas, aquellas que tienen efectos sobre el sistema nervioso central, modificando las funciones mentales y/o emocionales del individuo que se manifiesta como cambios en el comportamiento.

En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán de adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública;

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública;

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública;

IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y

V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria.

Las substancias que se consideren como psicotrópicas serán determinadas mediante las disposiciones de carácter general que emita el Consejo de Salubridad General mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.--- Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 28 de Septiembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la iniciativa para incorporar varias NOMs que están a cargo de la COFEPRIS, a la FEUM.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44, 45, y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los ternas que la componen.

En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 28 de Septiembre de 2004 el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370, de la Ley General de Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa objeto del presente dictamen pretende que ciertas Normas Oficiales Mexicanas referidas a los insumos para la salud y que se ubican dentro de la COFEPRIS, queden ubicadas dentro de la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos). Ya que desde el año 2002 la COFEPRIS a optado por buscar reducir su carga normativa, y específicamente en cuanto a las normas que atañen al subcomité de insumos para la salud.

Así mismo el diputado proponente hace mención de que se percibe como significativa la cantidad de normas oficiales mexicanas existentes en el campo de insumos para la salud. Menciona que la mayor cantidad de normas oficiales mexicanas se refieren a productos para dispositivos médicos; equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales entre otros más. Con el objetivo de lograr una desregulación dirigida a obtener una maquinaria administrativa eficaz, se realizo dicha propuesta.

III. CONSIDERACIONES.

A. Hoy en día sabemos que no es necesario una sobre regulación ni mucho menos que un órgano tenga mucha carga normativa. Ya que no se empataría ni se cumplirían con los objetivos establecidos en el sector salud.

Por ello la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha buscado reducir su carga normativa, entre otras las Normas Oficiales Mexicanas que se encuentran a cargo de esta, específicamente en el Subcomité de Insumos para la Salud.

B. Desde décadas anteriores, ha sido constante la preocupación por preservar y reestablecer la salud cuando ésta se encuentre alterada. Por necesidad lógica, los primeros medios utilizados por el hombre para este propósito, fueron los naturales aprovechando los efectos que causaban en él.

La química, la toxicología y la farmacología, tuvieron en su origen estas preocupaciones. El gran adelanto de estas ciencias ha permitido a la medicina contar con productos cada vez más específicos, menos tóxicos y terapéuticamente más eficaces.

La conveniencia de registrar y reglamentar la preparación de los medicamentos dio origen a la elaboración de libros. Y la primera Farmacopea Oficial fue la Matricense publicada en 1739 y que teóricamente sustituyó a la ``Palestra Farmacéutica de Palacios'' que era aceptada por todas las Farmacias. Ésta Farmacopea simplificó los procedimientos y sistemas de anotación que utilizaban otras, unificó las pesas y medidas, y substituyó los signos alquímicos por indicaciones precisas, que indudablemente esto constituyó un avance notable.

C. En 1821 fue editado en México, por primera vez, el ``Formulario Magistral y Memorial Farmacéutico'', considerada esta obra como la primera Farmacopea Mexicana.

Al entrar en vigor la Ley General de Salud, se hizo necesario preparar una nueva edición, de distintas que ya se habían elaborado, habiéndose integrado la Comisión Permanente de la Farmacopea.

Con la publicación de la Ley Federal de Metrología y Normalización en 1992, cuyo objetivo es regular la normatividad en el país, a partir de la Sexta Edición se sigue lo establecido en la NOM-001-SSA1-1993 ``que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos''.

D. El propósito de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es promover la Salud Pública precisando las especificaciones, tolerancias y procedimientos que aseguren la calidad de los medicamentos y sus materias primas utilizadas en México. Por lo tanto, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos es resultado de la ciencia y de la tecnología farmacéutica; es una de las más antiguas y completas y comprende no sólo los medicamentos alopáticos sino también los homeopáticos y los herbolarios. Así mismo, cuenta con más de 100 especialistas, lo que le permite actualizar permanentemente los métodos de análisis de los insumos para la salud.

Los tratados comerciales firmados por México establecen que todos los productos motivo de comercio exterior que se importen, deberán ser regulados y controlados de acuerdo a las leyes del país en el que se van a comercializar.

E. Por otro lado consideramos que es de suma importancia tener en cuenta los artículos que regulan el tema en comento.

El reglamento de insumos para la salud en su titulo segundo que plasma sobre las características y condiciones sanitarias como a continuación se señala:

Artículo 8. La Secretaria fijará las características que deberá reunir un producto para ser considerado como medicamento u otro Insumo en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o en las Normas correspondientes. Asimismo, las especificaciones de calidad de los aditivos, fármacos y medicamentos y los procedimientos para evaluarlos, serán los indicados en la edición vigente, al momento de la evaluación, de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos. Cuando en ésta no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente.

F. Como vemos el propósito de la Farmacopea en nuestro país es de suma importancia, el ayudar a mejorar la Salud Pública precisando las especificaciones, tolerancias y procedimientos que aseguren la calidad de los medicamentos en especial los del Cuadro Básico es parte de prever la salud pública en México. Estamos de acuerdo en que se realice dicha reforma sin embargo se considera que es mejor encuadrar dicha propuesta encaminada a incluir en los artículos de la misma, la regulación derivada de otras disposiciones que resulten aplicables, a fin de poder aplicar todas aquellas disposiciones que contengan una regulación relacionada con los productos y servicios contemplados en la Ley General de Salud, sin limitarlo a determinados productos, pudiendo incluir de manera enunciativa, mas no limitativa las disposiciones de la Farmacopea de los Estados unidos Mexicanos.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud tiene la facultad de fijar las especificaciones que deberá reunir un determinado producto para ser considerado insumo para la salud y los métodos de muestreo, prueba y análisis para verificar dichas especificaciones. Dicha facultad generalmente se ejerce a través de Normas Oficiales Mexicanas, sin embargo, para establecer las especificaciones sanitarias de los cerca de 10,000 dispositivos médicos, se necesitaría una cantidad extraordinaria de Normas Oficiales Mexicanas, razón por la cual se considera como la mejor alternativa la de generar un solo documento normativo que integre las especificaciones de los diversos dispositivos médicos.

G. Así mismo, siendo la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos la responsable de la revisión de dicho documento, se garantizaría, por su experiencia, la constante revisión, actualización y reducción de tiempo en estas tareas. Actualmente la Farmacopea esta limitada a determinados productos, sin abarcar toda la gama incluida en la Ley General de Salud, por lo que se sugiere que la reforma permita aplicar todas las regulaciones relacionadas con todos los productos y servicios contemplados en la Ley.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis Y 370, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforman los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este Título. Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría de Salud mantendrá permanentemente actualizada la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual contará con un órgano técnico asesor que será la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho órgano asesor, mediante acuerdos de colaboración que celebre con la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, elaborará, publicará y difundirá la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 201. La Secretaría de Salud, determinará los tipos de establecimientos dedicados al proceso de los productos a que se refiere este Título, que deberán efectuar su control interno con base en las normas oficiales mexicanas o las disposiciones aplicables que al efecto se expidan.

Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Artículo 258. Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XI, del artículo anterior y los relativos a las demás fracciones cuando se dediquen al proceso de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta Ley, deben contar con la licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salud. Los establecimientos diversos a los referidos en el presente párrafo sólo requieren presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud.

Los establecimientos a que se refieren las fracciones I, II, IV y XII del artículo anterior y las relativas a las demás fracciones cuando se dediquen a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado y manipulación de los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta Ley, deben poseer y cumplir con lo establecido en la última edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales para productos o actividades específicas, elaborados por la propia Secretaría. Los diversos establecimientos a los contemplados en el presente párrafo únicamente deben poseer y cumplir con lo establecido en los suplementos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la venta y suministro de medicamentos.

Artículo 264. El proceso, uso y mantenimiento de equipos médicos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de radiación, se ajustarán a las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, incluso en la eliminación de desechos de tales materiales, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Las etiquetas y contraetiquetas de los equipos y agentes de diagnóstico deberán ostentar, además de los requisitos establecidos en el artículo 210 de esta Ley, la leyenda: ``Peligro, material radiactivo para uso exclusivo en medicina''; la indicación de los isótopos que contienen actividad, vida media de los mismos y tipo de radiaciones que emiten, así como el logotipo internacional reconocido para indicar los materiales radiactivos.

Artículo 286 Bis. La importación de los productos y materias primas comprendidos en este Título que no requieran de autorización sanitaria previa de importación, se sujetará a las siguientes bases:

I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Comercio y Fomento Industrial, conforme a los acuerdos de coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaria del arribo y destino de los productos;

II. La Secretaría podrá aleatoriamente muestrear y analizar los productos importados, aún cuando cuenten con certificación sanitaria a fin de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables. Cuando se encuentre que el producto muestreado no cumple con las normas o disposiciones citadas, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento, y si esto no es posible, procederá en los términos de esta Ley. Además, en estos casos se revocará la autorización del laboratorio que expidió el certificado; y

III. Los productos nuevos o aquellos que vayan a ser introducidos por primera vez al país, previa su internación serán muestreados y analizados en laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables.

Artículo 370. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por tiempo indeterminado, con las excepciones que establezca esta Ley. En caso de incumplimiento de lo establecido en esta ley,, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, las demás disposiciones generales que emita la Secretaría de Salud, o de las aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, las autorizaciones serán revocadas.

TRANSITORIOS.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General del Salud.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'', se sintetiza el alcance de la Iniciativa en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

El día 14 de Octubre del 2004, en sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud.

Dicha iniciativa fue turnada en esa misma fecha a la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LIX Legislatura, por parte de la Mesa Directiva.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar desarrolla el tema de los ``infomerciales'', los cuales ofrecen promociones que tienden a provocar la compra impulsiva del producto anunciado, generando además gran confusión al público consumidor, tal situación hace de éste un problema de salud pública que deberá enfrentarse con el apoyo de los medios de comunicación.

Continúa señalando que de algunos años a la fecha, la propaganda comercial de productos que no son medicamentos ha alcanzado un notable crecimiento, y en muchos casos la publicidad de los mismos no cuenta con la autorización respectiva, o bien, no se realiza conforme a las disposiciones aplicables de la Ley General de Salud. Por tal motivo, se debe proteger la salud pública evitando que continúen anunciándose y/o comercializándose en el mercado, productos cuya publicidad infrinja las disposiciones aplicables.

III. CONSIDERACIONES.

A. La salud es un valor fundamental e indispensable en todo ser humano que condiciona el desarrollo y bienestar de las comunidades humanas. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 4, párrafo tercero el derecho que tiene la persona a la protección de la salud, para hacer efectiva esta prerrogativa, el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. Actualmente, se publicitan como medicamentos diversos productos a los que además se les atribuyen propiedades terapéuticas o de rehabilitación e incluso se ofrecen como solución definitiva para determinados padecimientos sin contar la calidad de medicamentos de conformidad con la legislación vigente.

Este tipo de publicidad cuenta con un formato que genera confusión en el público consumidor y con promociones que tienden a provocar la compra impulsiva del producto. Coincidimos en que se trata de un problema de salud pública que requiere atención inmediata y el apoyo y comprensión de todos los involucrados, en particular de los medios de comunicación.

C. Resulta emergente proteger la salud pública y los intereses de la sociedad de este tipo de publicidad que resulta engañosa, que se anuncia sin contar con la autorización respectiva o que no se apega a las disposiciones de la Ley General de Salud y sus reglamentos.

Coincidimos en que las regulaciones existentes en el marco legal y reglamentario vigente, no han sido efectivas en el control de la publicidad de estos productos, por lo que se considera necesario modificar la Ley General de Salud para que ésta pueda establecer en forma precisa los lineamientos que debe cumplir la publicidad, así como las sanciones aplicables en esta materia.

D. En lo concerniente a la proposición de reforma al artículo 301, es propicio señalar que se considera innecesaria, toda vez que la revocación de la autorización en el caso de contravención a lo establecido en el artículo 306 de la Ley General de Salud, ya se encuentra regulado en la legislación vigente en las fracciones II, III y IX del artículo 380 de la misma ley.

E. Apelamos en favor de la idea de que debe precisarse en la Ley la facultad de la autoridad para proceder al aseguramiento de la mercancía en el caso de publicidad que contravenga lo dispuesto en la Ley y sus Reglamentos, sin embargo, se considera que la misma debe ser incluida en la Ley como una medida preventiva mas que como una sanción, por lo tanto, se sugiere más adelante la adición de un artículo 414 Bis que rescata el contenido de la iniciativa materia de este dictamen, estableciendo el aseguramiento de mercancías como medida de seguridad para proteger la salud.

F. En cuanto a las reformas a los artículo 420 y 421, en lo que concierne a los mínimos y máximos de las sanciones aplicables, cabe señalar que carece de suficiente motivación ya que las cantidades sugeridas se establecen de forma arbitraria y sin que medie previamente, un estudio social, económico y jurídico del impacto de las reformas en comento.

Así mismo, es imperativo resaltar que dichas reformas tienen impacto no sólo en los supuestos comprendidos en la Ley General de Salud en sus artículos 301 y 306, que son los que motivan las reformas, sino también en los supuestos contenidos en los demás artículos citados en los artículos 420 y 421 de la Ley, impacto que no fue considerado en la iniciativa en estudio. Tampoco se menciona razón alguna por la que se omitió tal consideración.

G. En referencia a las reformas a los artículos 420 y 421, en lo que concierne a sus ámbitos de aplicación cabe señalar lo siguiente:

Las reformas para que las infracciones al artículo 301 se incluyan en el ámbito de aplicación del artículo 421, se consideran innecesarias, toda vez que dicha propuesta va vinculada a la propuesta de reforma del artículo 301, descartada con anterioridad en el presente, por lo que sigue su suerte.

Además, el supuesto contenido en el texto vigente del citado artículo se debe interpretar conjuntamente con la fracción VII del artículo 375 y cuya infracción ya se encuentra contemplada en el artículo 421.

H. En lo que atañe a las reformas a los artículos en comento para que el artículo 421 incluya en su ámbito de aplicación las infracciones al artículo 306, coincidimos con la proponente, pues es razonable que se imponga la misma sanción a la violación de alguno de los requisitos para la publicidad contenidos en el artículo 306 como a la publicidad que se anuncie sin el permiso respectivo (artículo 375).

Ambos ordenamientos regulan, desde diferentes posturas, la publicidad con el propósito de que esta al difundirse cumpla con las disposiciones de la Ley General de Salud. Por lo anterior, se puede concluir que la contravención a los requisitos de la publicidad y la oposición a las condiciones bajo las que se otorgó el permiso comparten la misma naturaleza, alcance y efectos, y por tal motivo su sanción debe ser igual.

Por las consideraciones antes señaladas, se hace un resumen de las propuestas, tanto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar, así como los emitidos por la Comisión de Salud:

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 420 Y 421 Y ADICIONA EL ARTÍCULO 414 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforman los artículos 420 y 421, y se adiciona el artículo 414 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 414 Bis. Será procedente la acción de aseguramiento prevista en el artículo 414 como medida de seguridad, para el caso de que se comercialicen productos y mercancías que indebidamente hubieren sido publicitados o promovidos como medicamentos o a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos, presentándolos como una solución definitiva en el tratamiento preventivo o rehabilitatorio de un determinado padecimiento, no siendo medicamentos y sin que los mismos cuenten con registro sanitario para ser considerados como tales.

En caso de que se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la medida de seguridad se aplicará respecto de los productos que tenga almacenados el fabricante, así como de los que se encuentren en poder de distribuidores, comercializadores o comerciantes para efectos de su venta al público.

Artículo 420. Se sancionará con multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 127, 142, 147, 149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 265, 267, 304, 307, 308, 315, 341, 348, tercer párrafo, 349, 350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 350 bis 3, 373, 376 y 413 de esta Ley.

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de cuatro mil hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 100, 101, 122, 125, 126, 146, 193, 205, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis, 281, 289, 293, 298, 306, 308 bis, 309, 309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 348, primer párrafo, 365, 367, 375, 400 y 411 de esta Ley.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5, y un artículo 7 Ter. a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por la Diputada Federal María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍAI. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LA INICIATIVA'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'' la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada con fecha 7 de diciembre de 2004, la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción VIII Bis. al artículo 5, y un artículo 7 Ter. a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

En su exposición de motivos, la diputada manifiesta su preocupación ante la trascendencia del problema que constituye la discapacidad en nuestro país, afirmando que existen estimaciones que mencionan que para el año 2050 el 15 % de la población del país padecerá algún tipo de discapacidad.

Subraya también la importancia y los alcances que, desde su creación, mediante decreto publicado en agosto de 1997, ha conseguido el Centro Nacional de Rehabilitación.

Menciona que el Centro Nacional de Rehabilitación presta servicios de atención médica de excelencia, para lo cual cuenta con las instalaciones y el equipo necesarios, así como con el personal especializado, que lo ha llevado a ser un centro de referencia nacional.

Señala que el referido Centro, cuenta con una infraestructura hospitalaria de tercer nivel, única en el país, lo que le permite otorgar una atención médica de alta especialidad, que además genera investigación científica y forma personal, lo que lo lleva a ejercer una medicina académica indispensable a nivel de un Instituto Nacional.

III. CONSIDERACIONES.A. Como lo señala la Diputada en su exposición de motivos, la propuesta de adicionar una fracción VIII Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es congruente con lo que se establece en el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

B. Así mismo, la propuesta referida, se encuentra de conformidad con lo que se establece en la fracción XI del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que estipula la posibilidad de la creación de otros Institutos, por ley o decreto del Congreso de la Unión.

C. Según cifras publicadas por el INEGI, hasta el año 2000, había 1,795,300 personas con distintos tipos de discapacidad en nuestro país.

Del total mencionado, el INEGI hace una distribución porcentual por tipo de discapacidad en la que se menciona que el 45 % tiene una discapacidad motriz, el 26% visual, el 15.7 % auditiva y un 4.9 % de lenguaje.

Estas cifras nos hacen ver la magnitud del problema de salud pública al que se enfrentan las instituciones de salud en relación con la discapacidad en la población mexicana.

D. El Centro Nacional de Rehabilitación es una institución desconcentrada de la Secretaría de Salud, que tiene como funciones; la atención médica especializada de alto nivel en materia de Rehabilitación, Ortopedia y Comunicación Humana, así como, la formación y capacitación de personal especializado en estos campos y fundamentalmente la investigación científica, para la búsqueda de mejores recursos y procedimientos para la prevención de discapacidades y la rehabilitación.

Este Centro, también proporciona servidos de calidad para la rehabilitación de pacientes con enfermedades y secuelas discapacitantes del aparato locomotor, de la audición, voz, lenguaje, cardiorrespiratorio y de todo tipo así como lesiones deportivas, con la aplicación de los más avanzados conocimientos científicos y empleando la tecnología más avanzada.

Como lo menciona la diputada en su exposición de motivos, el Centro Nacional de rehabilitación también tiene una vocación formativa, ya que capacita recursos humanos para la rehabilitación, con la mejor participación científica y tecnológica.

Del mismo modo, desarrolla investigación científica que permite el más amplio y preciso conocimiento de los fenómenos epidemiológicos de la discapacidad; de las acciones para prevenirla y detectarla de manera temprana; de sus mecanismos fisiopatológicos y de aquellos que actúan para su recuperación o compensación; de la substitución de órganos, tejidos y funciones dañadas; de los recursos de diagnóstico y tratamiento y del desarrollo tecnológico para la producción de prótesis, órtesis, implantes y ayudas técnicas, así como de los aspectos de la familia y la comunidad relacionados con este problema.

E. Es así como queda de manifiesto la trascendencia de la labor del Centro Nacional de Rehabilitación y que, como se puede demostrar, cumple con todos los requisitos para ser considerado como un Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y por lo que los integrantes de la Comisión de Salud estamos a favor de la propuesta de adición de una fracción VIII Bis, al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud contenida en la iniciativa.

F. En lo referente a la adición de un artículo 7 Ter. a la Ley referida, la Comisión considera que resulta innecesaria la inclusión de un artículo que especifique las facultades y obligaciones de lo que será el Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que dichas prerrogativas se encuentran mencionadas de forma general para todos los Institutos Nacionales de Salud en el artículo 6 de la Ley en estudio. Por lo que consideramos sería más adecuado y congruente con la estructura de la propia Ley dejar las precisiones al reglamento que en su caso deberá expedir el Ejecutivo de conformidad con lo que estipula el mencionado articulo 6, así como los demás referentes a la creación de los Institutos Nacionales de Salud y de Organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.

G. Es por estas razones que la Comisión de Salud la siguiente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII Bis. al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a VIII. ...

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;

IX. a XI.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará lo necesario para otorgar las previsiones de recursos y asignación de bienes para el establecimiento y operación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Artículo Tercero. Una vez constituida la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación, ésta expedirá su Estatuto Orgánico en un plazo de noventa días.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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FUTBOL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se autoriza.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Juventud y Deporte.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de punto de acuerdo, suscrito por el Diputado José Francisco J. Landero Gutiérrez integrante del Partido Acción Nacional, para que esta Cámara de Diputados exhorte a la Asamblea Legislativa de Distrito Federal y los Congresos locales, para que realicen las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencia, no puedan actuar más del cuarenta por ciento de jugadores extranjeros en cada equipo.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el día 19 de enero del presente año se turnó el presente proyecto de punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

El amplio debate generado en los últimos meses al interior del deporte nacional por el aumento de jugadores de extranjeros en la máxima liga de fútbol soccer ha propiciado una revisión exhaustiva de los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia a fin de garantizar la preferencia de los jugadores formados en las canteras de los clubes y equipos nacionales.

Si bien es cierto que el crecimiento y efervescencia de este deporte popular demando en su momento de la contratación de grandes figuras de origen extranjero bajo la idea de fomentar y desarrollar más jugadores, la realidad es que con el paso del tiempo genero que algunos clubes deportivos se convirtieran en empresas competidoras y promotoras de espectáculos deportivos con fines de lucro, para lo cual requerían de contar con los mejores exponentes para lograr sus objetivos, lo que provocó la llegada al país de una gran cantidad de jugadores extranjeros dando lugar al desplazamiento de los jugadores nacionales.

Dicha situación, unida a la falta de un ordenamiento jurídico que diera solución a esta naciente problemática tuvo respuesta por parte del Gobierno Federal en la publicación del, hoy multicitado, Decreto expedido por el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho, publicado el 24 de enero de 1945, buscando con ello privilegiar la participación de los jugadores nacidos en México.

No obstante y de acuerdo a los acontecimientos recientes sobre el trato y solución al tema expuesto y objeto de la propuesta en estudio, el Órgano Legislativo del Distrito Federal concluyo que dicho Decreto había sido derogado, pues al emitir la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, estableció expresamente que el número de jugadores extranjeros a participar en los espectáculos deportivos, sería determinado por el reglamento de cada asociación deportiva.

Es por ello y reconociendo que es facultad de los Órganos Legislativos Estatales y del Distrito Federal expedir las disposiciones jurídicas aplicables, en el ámbito de sus atribuciones, para el correcto desarrollo de la actividad física y deportiva en todas sus modalidades.

Que en la actualidad la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, ejercerán sus atribuciones en materia deportiva de conformidad con las bases de coordinación establecidas en la misma.

Que uno de los fundamentos que dieron origen a la creación de esta Comisión de Juventud y Deporte fue el de promover los ordenamientos jurídicos necesarios para estimular a nuestros deportistas nacionales, no obstante sin dejar de reconocer que el papel de los deportistas extranjeros en nuestro país ha sido y sigue formando parte importante del desarrollo de nuestras diversas disciplinas deportivas practicadas en nuestro país.

Que por lo anteriormente expuesto esta Comisión ha considerado manifestarse a favor de exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos locales

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos Locales de las Entidades Federativas, a estudiar y considerar la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres o más jugadores y que intervengan permanentemente en competencias en dichas entidades, no puedan actuar más del cuarenta por ciento de jugadores extranjeros o naturalizados mexicanos en cada equipo durante la realización de cada juego o encuentro.

Segundo.- Diríjase comunicación para hacer del conocimiento de todos los Congresos en las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2005.--- Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está a discusión el dictamen... Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces, está suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo puesto a su consideración.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

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COMISION PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, suscrita por el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación audite a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con base en los siguientesAntecedentes

Por decreto de la Secretaría de Gobernación, el pasado 18 de febrero de 2004, fue creada la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez, como órgano desconcentrado de la Secretaría antes mencionada, siendo designada como titular de esta Comisión a la licenciada Guadalupe Morfín Otero.

Esto con el fin de promover ante las instancias correspondientes la observancia de los principios internacionales de los derechos humanos así como el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, derivadas de los convenios, acuerdos y tratados internacionales de los que forma parte, específicamente en aquellos hechos vinculados en este decreto.

El país y en especial el estado de Chihuahua han sido mudos testigos del asesinato de 323 mujeres en los últimos 12 años. Investigaciones van y vienen. Los chihuahuenses, las madres y familiares de las víctimas, dieron por su lado su confianza a esta Comisión que sólo ha evidenciado una mayor ineficiencia. No sólo no hay un solo detenido, sino que se ha hecho escarnio de supuestos funcionarios negligentes, fuera de tiempo, porque los delitos han prescrito y peor aún, pretendiendo juzgar sin la menor prueba contundente de ilícito.

Guadalupe Morfín Otero, Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , ni siquiera tiene acceso los expedientes de las indagatorias sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez por lo que esto retrasa en su mayoría toda la investigación.

Asimismo, también ha salido a relucir el exagerado sueldo que percibe la Comisionada, por ser más alto que el del mismo gobernador y del presidente municipal. En virtud de lo anterior en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito someter a este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único.- La H. Cámara de Diputados instruye a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar una completa auditoría a las áreas y funcionarios responsables de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Esta Presidencia recibió también proposición con punto de acuerdo... Permítanme un segundo.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos, promovida por diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional... Por no estar el señor diputado García Tinajero en el salón de sesiones, pasa el final del capítulo.

Y la siguiente proposición del señor diputado don Iván García Solís, ha sido retirada por él mismo del orden del día.

Luego entonces, tiene el uso de la palabra doña Eliana García Laguna, que ha registrado tres proposiciones. La primera de ellas para presentar punto de acuerdo relativo al recurso destinado a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1946... Doña Eliana García Laguna no está en el salón de sesiones. Pasa al final de capítulo con sus 3 puntos registrados.

Doña Irma Figueroa retira su punto de acuerdo en relación a las elecciones en el estado de Guerrero.

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ESTADO DE VERACRUZ
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la CNA, declaren la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz, como zona de restauración ecológica.El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El suscrito, a nombre de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Presidenta de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex y en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, sometemos a la consideración de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Como es de su conocimiento, el pasado día 22 de diciembre de 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos derramó más de 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, ocasionando daños ambientales, sociales y económicos en la región.

No es la primera vez que afectaciones de esa naturaleza se presentan en el río Coatzacoalcos, de hecho se han convertido en mayor o menor grado en fenómenos más bien cotidianos como parte de los riesgos de convivir con Pemex. No sólo estamos preocupados por los recientes acontecimientos, sino también por las consecuencias futuras que tendrá el permanente impacto que ha sufrido esta cuenca y las sinergias de los mismos, es decir, la suma de las afectaciones históricas.

Estamos conscientes, compañeros diputados, de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente; sin embargo, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar.

Debemos de iniciar un trabajo de restauración ecológica y de gestión integral de la cuenca del río Coatzacoalcos, con un horizonte de 50 años, habrá de garantizar la voluntad política de las partes involucradas, a fin de que esto sea viable de forma inmediata.

Por lo anterior me permito someter a la consideración de este pleno de esta Cámara los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con fundamento en los artículos 78, 78 Bis, 79 y 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, declare zona de restauración ecológica la cuenca del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, y elabore el programa de restauración ecológica correspondiente, siendo éste publicado a la brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, con fundamento legal en los artículos 7 y 7 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presente a la brevedad posible el plan de manejo de la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz.

Suscrito por la Comisión plural investigadora de daños ecológicos, a quienes les agradezco plenamente su visita a la zona afectada. Muchas gracias a todos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la CNA a declarar la cuenca del río Coatzacoalcos, Veracruz, zona de restauración ecológica, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del PRI

En voz del diputado Gonzalo Guízar Valladares:

La suscrita diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con los antecedentes y consideraciones que a continuación se detallan:

Antecedentes

Como es de su conocimiento el pasado día 22 de diciembre del 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), derramó 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, ocasionando graves daños ambientales, sociales y económicos en la región. Durante las primeras horas de esta contingencia, fue indispensable evacuar de sus hogares a 1,500 personas debido al intenso olor que se percibía en el ambiente, de éstas 769 requirieron atención médica especial; 11.3 kilómetros del río resultaron afectados, de los cuales, 1 kilómetro de longitud por 2.5 metros de ancho de vegetación tipo manglar fueron dañados; 12 kilómetros de playas afectadas; impacto a 500 metros del arroyo Tepeyac y a la laguna Pajaritos; diversas especies de animales, principalmente aves y reptiles, dañados; serias afectaciones a la actividad pesquera y turística: se estima que han resultado perjudicados, en general, transportistas, comerciantes y pequeños empresarios.

No es la primera vez que afectaciones de esta naturaleza se presentan en el río Coatzacoalcos, de hecho se han convertido, en mayor o menor grado, en fenómenos más bien cotidianos. Como parte de los riesgos de convivir con Pemex, sin duda, estos lamentables accidentes han dejado una secuela de experiencias en materia de impacto ambiental y social, acumulado por varias décadas.

No sólo estamos preocupados por los recientes acontecimientos, sino también por las consecuencias futuras que tendrá el permanente impacto que ha sufrido esta cuenca y la sinergia de los mismos, es decir, la suma de las afectaciones históricas: sobre-esfuerzo pesquero, vertimiento de aguas residuales urbanas sin tratamiento, destrucción del hábitat, contaminación del agua y de la atmósfera por residuos peligrosos de tipo doméstico, por mencionar sólo algunos.

Estamos conscientes de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente, sin embargo, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar e iniciar un trabajo de restauración ecológica de mediano plazo y de gestión integral de la cuenca del río Coatzacoalcos con un horizonte a 50 años. Las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia ambiental lo establecen con toda claridad; habrá que garantizar la voluntad política de las partes involucradas a fin de que esto sea viable de inmediato.

Consideraciones

El artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que ``en aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría (habrá que entender Semarnat) deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos que en ella se desarrollaban''. En este sentido el artículo 78 bis del mismo ordenamiento legal define que ``en aquellos casos en que se estén produciendo procesos (...) o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá (...) la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, es importante resaltar que dichas declaratorias deberán incluir: la delimitación de la zona; las acciones para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona; las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica; la participación de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas y los plazos para la ejecución.

El artículo 79 de la LGEEPA define los criterios esenciales para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y la fauna que se encuentran en territorio nacional, en especial cuando se refiere, en su fracción I, a la preservación de la biodiversidad y del hábitat natural.

El artículo 88 de la LGEEPA, en sus cuatro fracciones indica, con toda claridad, los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos; es importante resaltar lo que dice la fracción I: ``corresponde al estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico''.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública: ``la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional'' y ``el restablecimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas vitales vinculados con el agua''.

El artículo 7 bis de la mencionada ley declara de interés público: ``la cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos''.

Por las razones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con fundamento legal en los artículos 78, 78 bis, 79 y 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, declare zona de restauración ecológica la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz y elabore el programa de restauración ecológica correspondiente siendo este publicado, a la brevedad posible, en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, con fundamento legal en los artículos 7 y 7 bis de la Ley de Aguas Nacionales, presente, a la brevedad posible, el plan de manejo de la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz.

Suscrito por los diputados integrantes de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Carla Rochín Nieto, Francisco Herrera León, Pablo Pavón Vinales, Sergio Posadas Lara, Oscar Pimentel González, Yadira Serrano Crespo, Pablo Anaya Rivera, Carlos Rovirosa Ramírez, Gonzalo Guízar Valladares, María Elena Orantes López, Juan F. Perdomo Bueno, Abraham Bagdadi Estrella, Dolores Gutiérrez Zurita (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Esta Presidencia somete a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo...

No tenemos registrados oradores, luego entonces se considera el tema suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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FEMINICIDIOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los homicidios de Juárez, en el municipio de Juárez, estado de Chihuahua, suscrita por el señor diputado don Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que audite la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación audite a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, con base en los siguientes

Antecedentes

Por acuerdo del procurador general de la República, el pasado 27 de enero de 2004, fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, para investigar y perseguir los delitos relacionados con homicidios de mujeres en dicho municipio, siendo designada como titular de esta fiscalía la licenciada María López Urbina.

En el mismo acuerdo, publicado en el DOF el 30 de enero de 2004, se establecen como competencias de la citada fiscalía, las siguientes:

``El titular de la Fiscalía Especial tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, y será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones a que se refiere el párrafo precedente, sin perjuicio de que pueda realizarlas directamente.''

``Asimismo, coordinará la intervención del Ministerio Público de la Federación en los procesos penales iniciados contra los probables responsables de los delitos competencia de la Fiscalía.''

De acuerdo con el informe de la fiscal López Urbina, para el año 2004 supuestamente ésta fiscalía recibió un presupuesto de 25 millones de pesos autorizados por el Presidente de la República. Sin embargo de acuerdo con declaraciones del 27 de enero de 2005 del señor Mario Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, solo se autorizaron 21 millones de pesos de los cuales 14 millones 464 mil pesos se destinaron a recursos humanos que corresponde a sueldos y salarios y 3 millones 493 mil pesos en investigaciones, autos y remodelaciones.

A la anterior cantidad, debemos sumar los cinco millones de pesos que aportó el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, gobernador constitucional del estado de Chihuahua.

Y para el año 2005, esta honorable Cámara autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la cantidad de 31 millones de pesos.

Sin embargo, a un año de creada esta fiscalía, que esperábamos rindiera valiosos resultados considerando que contó con el apoyo del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de Chihuahua, así como con los recursos financieros y humanos, hace unos días conocimos el último informe de la fiscal María López Urbina, que no solo ha decepcionado a las madres de decenas de mujeres asesinadas, ha decepcionado a la sociedad chihuahuense porque en su informe de 10 minutos dejó en claro, que sus resultados han sido erróneos y que no ha llevado, ni pretende llevar a los verdaderos culpables a la justicia; a pesar de las recientes condenas, no hay sospechosos, no hay culpables y no hay detenidos.

María López Urbina llegó a su puesto diciendo que su principal objetivo era estudiar los 279 expedientes que obran en poder de la Procuraduría General de la República, de un total de 323 reportados por las autoridades del estado de Chihuahua, hasta el día 12 de enero del año 2005 y hay que actuar en consecuencia de acuerdo a las competencias de agente del Ministerio Público que le fueron conferidas. Para ello, creó un banco de información de ADN y un registro de víctimas, pero hasta ahora sólo han analizado 26 casos, de los cuales no se tiene ningún resultado ni indicio de sospechosos.

Cabe destacar, que la Procuraduría General de la República asignó recursos adicionales para que se siguiera investigando un problema que, a nivel nacional e internacional, se está agudizando, y a pesar de que se han asignado estos recursos adicionales, no hemos podido observar ningún resultado.

La fiscal designada, María López Urbina, lejos de esclarecer tan deplorables hechos, se ha mostrado como una funcionaria prepotente e ineficaz, haciendo que una instancia pública de la que todos los ciudadanos esperábamos respeto, dignidad, resultados y justicia a la memoria de las decenas de víctimas, se haya convertido ahora en una instancia carente de confianza, innecesaria y derrochadora de los recursos públicos, por lo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, somete a la consideración de ésta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La H. Cámara de Diputados instruye a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar una completa auditoría a las áreas y funcionarios responsables de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, febrero 10 de 2005.--- Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)

Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE HIDALGO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto, para que, de acuerdo con sus facultades, se establezcan los mecanismos de coordinación necesarios a efecto de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable. La diputada Marisol Vargas Bárcena: Con su venia, señor Presidente.

La que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados, la colonia del ISSSTE se vio amenazada por un vehículo que transportaba gas LP al quedarse sin frenos, propiedad de Gas Sierra Norte, SA de CV.

El objetivo de la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado de Hidalgo es el salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante la eventualidad de un desastre de origen natural o provocado por el hombre, para garantizar el cumplimiento de su objetivo.

Protección Civil debe aplicar, coordinar y supervisar estrategias de alerta y prevención de auxilio y recuperación mediante acciones de normatividad, de diseños de mecanismos operativos, de coordinación interinstitucional, de capacitación y difusión, que permitan definir los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad.

El gobernador Manuel Angel Núñez Soto es el encargado de velar por el orden estatal en materia de protección civil, a través del Consejo de Unidad Estatal de Protección Civil, tal como lo establece la ley de la materia para el estado de Hidalgo, misma que él emitió. Por tal motivo, le corresponde efectuar acciones para evitar el riesgo de una catástrofe a cargo del olvido mecánico de los vehículos de transporte de gas LP, que el mismo permisionario debe mantener en condiciones de seguridad de las obras instalación, vehículos, equipo y accesorios.

El presidente municipal de Pachuca de Soto, Alberto Meléndez Apocada, a través del área de tránsito, tiene la facultad de detener a los vehículos para revisar la documentación y que cumplan con las normas oficiales mexicanas en cuanto al transporte en materiales peligrosos o gas LP, de acuerdo con el reglamento de gas licuado.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto, de acuerdo con sus facultades.

Segundo. Se establezcan mecanismos de coordinación necesarios, a fin de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra, SA de CV.

Tercero. Que la Secretaría de Economía y Energía tengan a bien prestar un informe pormenorizado acerca de los criterios para el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación de las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP, Hidalgo.

Es cuanto, señor Presidente. Y pido por favor que quede plasmado íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y al ayuntamiento de Pachuca de Soto a establecer, de acuerdo con sus facultades, los mecanismos de coordinación necesarios para prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte, SA de CV, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados, la colonia del ISSSTE se vio amenazada por un vehículo que transportaba gas LP al quedarse sin frenos propiedad de Gas Sierra Norte SA de CV.

Según el Gobierno del estado de Hidalgo, protección civil es la acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, junto y bajo la dirección de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de la población, donde estos son destinatarios y actores principales de esa acción ante la ocurrencia de un desastre.

El objetivo de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del estado de Hidalgo es el salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante la eventualidad de un desastre de origen natural o provocado por el hombre. Para garantizar el cumplimiento de su objetivo, protección civil debe aplicar, coordinar y supervisar estrategias de alerta y prevención, de auxilio y recuperación, mediante acciones de normatividad, de diseño de mecanismos operativos, de coordinación interinstitucional, de capacitación y difusión que permitan definir los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad.

El gobernador Manuel Ángel Núñez Soto es el encargado de velar por el orden estatal en materia de protección civil a través del Consejo y Unidad Estatal de Protección Civil, tal como lo establece la ley de la materia para el estado de Hidalgo, misma que él emitió.

La aplicación de esta ley compete al Poder Ejecutivo del estado, al Sistema Estatal de Protección Civil y a los Sistemas Municipales de Protección Civil. Por tal motivo corresponde efectuar acciones para evitar el riesgo de una catástrofe a causa del olvido mecánico de los vehículos de transporte de gas LP.

Según el reglamento de gas licuado de petróleo el permisionario debe mantener en condiciones de seguridad las obras, instalaciones, vehículos, equipo y accesorios conforme a las normas oficiales mexicanas y capacitar a su personal para la prestación de los servicios y para la prevención y atención de siniestros, conforme a las disposiciones legales aplicables.

El presidente municipal de Pachuca de Soto, Alberto Meléndez Apodaca, a través del Área de Tránsito tiene la facultad de detener a los vehículos para revisar la documentación y que cumplan con las normas oficiales mexicanas en cuanto al transporte de materiales peligrosos o gas LP.

El titular del Ejecutivo estatal debe velar que se cumplan las diversas disposiciones estatales y las de colaboración federal. Tal como los permisos para el transporte de materiales peligrosos en el estado y la vigilancia del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta soberanía exhorte al Gobierno del estado de Hidalgo y al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de acuerdo con sus facultades, se establezcan mecanismos de coordinación necesarios, a fin de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte SA de CV que tienen a su cargo el vehículo en mención, así como inspeccionar las condiciones de todos los vehículos que circulan en el estado encargados de la distribución de gas LP.

Segundo.- Que la Secretaría de Economía y de Energía tengan a bien presentar un informe pormenorizado, acerca de los criterios para el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación de las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP de Hidalgo.

Tercero.- Que, la STPS informe a la Cámara de Diputados sobre las medidas de seguridad y de prevención de los trabajadores en gaseras de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Marisol Vargas Bárcena (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se plasma y se inserta íntegramente el texto de la diputada Marisol, en el Diario de los Debates, con mucho gusto. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la realización de una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. El diputado Víctor Suárez Carrera: Gracias, señor Presidente; con su permiso. Compañeras y compañeros.

Vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la Sagarpa.

Como es bien sabido, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004, se autorizó el Programa Especial Concurrente, estableciendo el conjunto de programas y subprogramas con su monto correspondiente.

Hay algunos programas como el Programa Ganadero; Programa de Integración de Cadenas Agroalimentarias, Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyos a la Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores y un conjunto de programas vinculados al café, que ascienden a más de 3 mil 382 millones de pesos, que su destino de esos programas ha sido desviado o de plano no ha sido ejecutado por la Sagarpa. Esto, en contraposición con mandatos muy específicos del decreto de presupuesto, que dice que bajo ninguna circunstancia se afectará el monto ni el destino de cada uno de los programas y subprogramas establecidos en el Programa Especial Concurrente y que bajo ninguna circunstancia se podrán canalizar a propósitos diferentes a los establecidos para cada uno de estos programas.

En este sentido, la Sagarpa ha hecho una desviación abierta de los montos de los programas aludidos y en muchos casos han sido absolutamente desviados para otros fines.

Por lo anterior, se presume que existen graves anomalías en la ejecución de los programas y subprogramas antes señalados, así como un claro y abierto incumplimiento de los mandatos diversos establecidos en el decreto del PEF 2004, por parte de la Sagarpa.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Unico. Con fundamento en el artículo 79 constitucional, se mandata a la autoridad superior de la Federación, para que audite de manera urgente y legalice la aplicación de los recursos 2004 de los programas y subprogramas siguientes:

A cargo de la Sagarpa, Programa Ganadero, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Pesqueras, Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyo y Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores, Integración de Cadenas Agroalimentarias, Retiro de Calidades Inferiores de Café, Acopio y Comercialización de Café, Formación de Reservas de Café y Apoyo al Sector Social para Beneficio Húmedo y Seco, todos a cargo de la Sagarpa, con el fin de esclarecer el probable desvío de recursos públicos y el incumplimiento de los mandatos contenidos en el PEF, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una investigación especial sobre el probable desvío de recursos públicos de algunos programas y subprogramas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Víctor Suárez Carrera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones 1. El 30 de diciembre de 2003, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó por 370 votos a favor, 93 en contra y 6 abstenciones el proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal del Año 2004, el cual fue publicado el 31 del mismo mes por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación.

2. En el PEF 2004 se establece en el anexo 17 los programas y el correspondiente presupuesto que forman parte del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Entre dichos programas y subprogramas se establecen los siguientes:

3. El 16 de abril de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en oficio no. 312. A. 0460 comunica a la Sagarpa la autorización de 5, 867.3 millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado originalmente en el PEF 2004, a efecto de fortalecer las acciones del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con lo cual el monto total autorizado para la Sagarpa en el 2004 ascendió a la cantidad de 42,240.7 millones de pesos, incluyendo los programas, subprogramas y presupuesto antes indicados.

4. Por otro lado, en el decreto de Presupuesto 2004 se establecen explícita y precisamente un conjunto de disposiciones relativa al ejercicio del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, entre las cuáles destacan las siguientes:

a) Con relación a la reasignación de recursos federales a las entidades federativas (artículo 14 del PEF 2004): ``Las disposiciones de este artículo no aplican al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, salvo causas de emergencia macroeconómica y en las finanzas públicas, en cuyo caso, el Ejecutivo Federal deberá consultar previamente cualquier adecuación presupuestaria con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las Comisiones Unidas del Sector Rural de las Cámara de Diputados''.

b) Con relación a las normas de disciplina presupuestaria en caso de disminución de los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos (artículo 25 del PEF 2004): ``En este renglón de ajuste no se afectarán los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a excepción del gasto corriente diferente a subsidios listados en el Anexo 17''.

c) Con relación al artículo 30. De las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal artículo 30 del PEF 2004): ``Del gasto neto total, se reasigna la cantidad de 27,219,100,000.00 pesos conforme se establece en el anexo 20 de este Decreto. Dichas reasignaciones no afectarán en ningún caso y en ninguna circunstancia el gasto prioritario de programas sustantivos en educación, salud, desarrollo social, Acuerdo Nacional para el Campo, justicia, empleo, seguridad pública y nacional''.

d) Con relación a la observancia estricta de lo establecido en al anexo 17 del PEF (artículo 62, inciso VIII): ``La Sagarpa, deberá observar que los importes que se establecen para cada uno de los programas enlistados en el anexo 17 de este Decreto, efectivamente se canalicen para los propósitos de cada uno de ellos, por lo que, a fin de transparentar la aplicación de los recursos y mejorar el control presupuestario, entregará 15 días hábiles después del término de cada trimestre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara, un informe presupuestario de sus programas...''

e) Con relación al mismo propósito: Décimo octavo transitorio. ``Los recursos asignados a los programas y componentes que integran el PEC para el DRS, indicados en el anexo 17, no podrán ser utilizados para fines distintos a los que marcan sus reglas de operación ni traspasados a otras unidades administrativas de las Secretarías responsables de los programas o entre dependencias y entidades''.

5. No obstante lo anterior, la Sagarpa incumple sistemáticamente los mandatos establecidos en el PEF 2004, como a continuación se ilustra: a) Con relación al Programa Ganadero (Progran), la Sagarpa suprimió el Progan para ovinos, caprinos y porcinos, no obstante dichos subprogramas estaban incluidos en el anexo 17 con los correspondientes montos por ejercer.

b) En el Progan bovinos, Sagarpa desvío del monto correspondiente al pago directo a beneficiarios, una cantidad de 200.0 millones de pesos aproximadamente para el aretado del ganado.

c) En algunos estados, el pago directo a los beneficiarios del Progan bovinos no alcanza ni el 15 por ciento al 31 de diciembre de 2004.

d) Diversos programas y subprogramas del anexo 17 les fue reducido el monto autorizado y en algunos casos, la totalidad del monto aprobado no fue ejercido en los programas y subprogramas autorizados y fue desviado a otros fines. Tal es el caso de los programas de Integración de Cadenas Agroalimentarias y Pesqueras, Infraestructura de Comercialización Social, Fondo de apoyo para la consolidación de empresas comercializadoras de los productores, Retiro de calidades inferiores de café, Acopio y comercialización de café, Formación y de reservas de café, y, Apoyo al sector social para beneficio húmedo y seco de café.

6. Por lo anterior, se presume que existen graves anomalías en la ejecución de los programas y subprogramas antes señalados así como un claro y abierto incumplimiento de los mandatos diversos establecidos en el Decreto del PEF 2004 por parte de la Sagarpa. Es por ello que considerando los párrafos tercero y quinto del Artículo 1 del Decreto del PEF 2004 que a la letra dicen: Primero: ``La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley de Fiscalización de la Federación, deberá corroborar el ejercicio de las asignaciones aprobadas en este Presupuesto, la aplicación de los calendarios de gasto y el avance de las metas'' y, párrafo quinto: ``El incumplimiento por parte de los servidores a que se refiere el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las obligaciones que les impone el presente decreto, será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables''.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal Víctor Suárez Carrera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación especial y urgente sobre el ejercicio y aplicación de los recursos 2004 de los programas y subprogramas siguientes a cargo de la Sagarpa: Programa Ganadero (Progan); Integración de Cadenas Agroalimentarias Pesqueras (Alianza para el Campo); Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyo Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, Retiro de calidades inferiores de café, Acopio y comercialización de café, Formación y de reservas de café, y, Apoyo al sector social para beneficio húmedo y seco de café, todos a cargo de la Sagarpa, con el fin de esclarecer el cabal cumplimiento o incumplimiento de los mandatos contenidos en el decreto de PEF 2004, en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y de la Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal así como de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Suárez Carrera.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Está a discusión la propuesta...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió de parte de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo para decretar a los médanos de Samalayuca, estado de Chihuahua, como área natural protegida.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para declarar área natural protegida los médanos de Samalayuca, Chihuahua, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 10 de febrero de 2005

María Ávila Serna, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los Médanos son regiones arreicas de particular importancia biogeográfica por su alto nivel de endemismo derivado de condiciones climático-edáfico-hidrológicas extremas, que han provocado una baja biodiversidad, pero altamente tolerante a dichas situaciones en cuanto a sequía, salinidad y temperatura.

En nuestro país, uno de los más representativos es el de los Médanos de Samalayuca, que se encuentra en el norte del estado de Chihuahua, abarcando una gran área que queda comprendida entre los 31°10'-3l°40' de latitud norte, y los 106°13'-107°30' de longitud oeste (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 1992).

Esta área se encuentra poblada por algunos ranchos los cuales están separados por distancias entre 5-10 o más kilómetros.

En ella, no se presentan cultivos ya que el uso que se le da al suelo es principalmente para ganado vacuno y los ranchos que ahí se localizan son de grandes extensiones, abarcando varios kilómetros cuadrados cada uno de ellos. La mayoría de los caminos son de terracería, teniéndose acceso a prácticamente toda la zona de médanos a través de éstos.

Su clima es muy árido, templado con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, oscilando del mes más frío entre -3°C y 18°C, al mes caliente menor de 22°C; presentando lluvias entre verano e invierno mayores al 18% anual.

El tipo de suelo es el árenoslo, que es un suelo con una textura gruesa hasta una profundidad mínima de un metro (Clasificación FAO-UNESCO, 1989); posee únicamente un horizonte A ócrico o un horizonte E álbico con susceptibilidad a la erosión de moderada a alta. El subtipo háplico posee únicamente un horizonte A (ócrico) de color claro con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y macizo cuando se seca; en ningún momento del año se satura y carece de material calcáreo en una proporción significativa.

Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: un 87% de vegetación de dunas, un 9% de vegetación halófila de suelos salinos, y un 4% de áreas sin vegetación aparente parcialmente erosionadas, incluyendo eriales, depósitos de litoral, jales, dunas y bancos de ríos.

Dentro de la zona se presentan un sinnúmero de especies de flora y fauna carismaticas como: Arizona elegans, Bufo cognatus Say, Bufo debilis Girard, Bufo punctatus Baird y Girard, Spea bombifrons (Cope), Crotaphytus collaris (Say) Garnbelia w, wislizenii (Baird y Girard), Cophosaurus texanus scitulus (Peters), Holbrookia maculata bunkeri., Holbrookia maculata bunkeri Smith, Phrynosoma cornutum (Harlan), Phrynosoma modestum Girard, Sceloporus belli Lemos-Espinal, Smith, Ballinger, Smith, y Chiszar, S. belli, Sceloporus undulatus speari , Seeloporus magíster, Sceloporus p. poinsetti Baird y Girard, Sceloporus undulatus speari Smith, Chiszar, Bell y Lemas-Espinal, Urosaurus ornatus caerulus Smith, Uta stansburiana stejnegeri Schmidt, Urosaurus ornalus caeruleus, Eumeces obsoletus (Baird y Girard), Cnemidophorus exsanguis, Cnemidophorus inornatus chihuahuae Wright, Cnemidophorus inornatus heptagramus Axtell, Cnemidophorus tigris marmoratus Baird y Girard, Hypsiglena torquata texana Stejneger, Masticophis flagellum (Shaw), Pituophis melanoleucus affnis (Hallowell), Sonora semiannulata Baird y Girard, Thamnophis marcianus (Baird y Girard), Crotalus atrox Baird y Girard, Crotalus molossus Baird y Girard, Crotalus v. viridis (Rafinesque) Terrapene ornata luteola Smith y Ramsey, Kinosternon flavescens (Agassiz).

Desafortunadamente, la zona presenta una fuerte problemática ambiental derivada de los cambios de uso del suelo (irrigación con pozos); turismo irresponsable por el uso de vehículos tubulares que perturban el equilibrio de las dunas y la contaminación por residuos sólidos.

Asimismo, hay fuerte afectación de la vegetación relictual de la zona, prácticas de manejo de las tierras inadecuado, turismo mal planeado, contaminación y ausencia de políticas de conservación.

Toda vez que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), ha ubicado Médanos de Samalayuca como Región Terrestre Prioritaria en México, RTP-48, debido a su riqueza de especies y a la necesidad de su conservación y que el Gobierno del estado de Chihuahua solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde octubre pasado, fuera decretada esta zona como Área Natural Protegida para que tal pronunciación permita una mayor vigilancia y control del aprovechamiento de los recursos del lugar.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a realizar los estudios pertinentes a fin de declarar a los Médanos de Samalayuca, Chihuahua, como área natural protegida, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.1

Nota:

1 El artículo 57 de la LGEEPA señala que ``las áreas naturales protegidas señaladas en las fracciones I a VIII del artículo 46 de esta ley se establecerán mediante declaratoria que expida el Titular del Ejecutivo federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables''.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de febrero de 2005.--- Dip. María Ávila Serna (rúbrica).»

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE VERACRUZ
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, el señor diputado don Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Veracruz, durante los ejercicios fiscales de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán Velasco. El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso, diputado Presidente.

Creo que es de sentido común que cuando inicia una administración en un gobierno estatal, quede de manera muy clara y transparente el del fin de responsabilidades.

Cuando inició la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán, en el mes de diciembre del año pasado, hubo muchas opiniones y muchos comentarios sobre una deuda que se dejaba, a un uso de los manejos en el estado, que hasta la fecha no han quedado perfectamente claros.

Esto ha provocado que en estos 2 meses y medio casi de la administración actual, haya vacíos importantes en la información con respecto al manejo de los recursos en Veracruz, en la administración anterior.

Creo que para el beneficio de una buena operación de la administración actual y también para tranquilidad de las personas que condujeron el destino de Veracruz durante los 6 años anteriores, es conveniente que se transparenten los recursos.

Al mismo tiempo esto lo hacemos en Convergencia como una demanda que hemos recibido públicamente de parte de ciudadanos que han asistido a los foros y eventos que hemos organizado en el estado de Veracruz, y si bien les hemos aclarado que nuestro papel es fundamentalmente en el ámbito federal y que es competencia del ámbito del Congreso local, atender al tema del gobierno estatal, sí tenemos la obligación, como ahora lo voy a sustentar, de que se auditen los fondos federales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79, la facultad que tenemos esta Cámara de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación con respecto a los sujetos de fiscalización superior.

Los recursos federales asignados al estado de Veracruz ascienden en el periodo del gobernador Alemán a 175 mil 934 millones de pesos, aproximadamente, por lo tanto y con el objetivo de que ya quede clara la situación que guarda la administración anterior, nuestra fracción parlamentaria considera que la rendición de cuentas, debe de ser una condición práctica cotidiana en México, incluso nuestra norma debe ser explícita, si no hay rendición de cuentas no debe haber más recursos.

El punto de acuerdo único es que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución, artículos 2°, 4° y 16, practique auditoría a los fondos federales asignados a Veracruz en los ejercicios de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales de la administración del otrora gobernador Miguel Alemán Velasco, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, en la sesión del jueves 10 de febrero de 2005

Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes

Consideraciones 1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus artículos 74 y 79, que la H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejercen las entidades federativas, los municipios y los particulares.

2.- La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la Cuenta Pública, entre ellos los entes públicos federales y todas aquellas entidades que ejercen recursos públicos.

3.- Como resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública del estado de Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2003, el Congreso del estado determinó amonestar a los ex titulares de distintas secretarías, entre las que destacan: Finanzas y Planeación, Contraloría General y la Oficina del Programa de Gobierno. En ellas, se detectaron una serie de observaciones, entre las que hay que subrayar, la formación de un pasivo de 5 mil 315 millones de pesos, derivado de irregularidades en 10 de los 28 fideicomisos estatales.

Por ello, solicitamos que se auditen los recursos federales asignados al estado de Veracruz, toda vez que son los recursos que fueron destinados a las más sentidas necesidades de la población. Pero sobre todo, están orientados para todos aquellos que nada tienen.

4.- Los recursos federales asignados para el estado de Veracruz, uno de los estados de mayor marginación, ascienden a la cantidad de $175,934.20 millones de pesos aproximadamente.* *Fuente: Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

5.- En este orden de ideas, el día 9 de febrero del presente, el diario El Universal publicó una nota en la que señala que se desviaron recursos por el orden de 65 millones de pesos, que estaban destinados a la construcción de naves industriales y la generación de al menos 13 mil empleos. Estos recursos provinieron del programa federal Marcha Hacia el Sur.

6.- La rendición de cuentas de los programas sociales es consustancial a toda democracia, no debemos permitir y dejar la impresión de que los recursos de los programas sociales puedan tener un propósito distinto al que están destinados.

7.- México está construyendo su democracia. En esta tarea están participando todos los mexicanos; y uno de los valores de la democracia es la transparencia en el ejercicio del gobierno y en el manejo de los recursos públicos. No existirá democracia en México si no hay transparencia y rendición de cuentas.

En esta condición no hay argumento valido para impedir la transparencia, como no lo es, desde luego, la invocación de la soberanía estatal, que no es, ni debe ser, una especie de salvoconducto, para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.

8.- La rendición de cuentas debe ser práctica cotidiana en México; incluso, nuestra norma debe ser explícita: si no hay rendición de cuentas, no debe haber más recursos. En el Congreso se hacen las leyes y los primeros obligados a su cumplimiento somos los legisladores; así como los miembros de los otros poderes, Ejecutivo y Judicial.

El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.

En Convergencia creemos que sólo luchando por la legalidad y transparencia podremos construir el país que queremos, justo, próspero y demócrata; por ello el grupo parlamentario de Convergencia propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 74, fracción IV; el 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales de la administración del otrora gobernador licenciado Miguel Alemán Velazco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Diputados: Jesús Martínez Álvarez, Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Juan Fernando. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió de parte de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, sancione a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo, en el río Suchiate, estado de Chiapas.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a sancionar, por conducto de la CNA, a los presuntos responsables del aprovechamiento de aguas nacionales sin el título respectivo en el río Suchiate, Chiapas, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El río Suchiate, es un recurso hídrico léntico, ubicado entre la depresión Central de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas. Presenta suelos tipo regosol, vertisol, rendzina, cambisol y litosol; un clima cálido-subhúmedo, semicálido-subhúmedo y templado húmedo todos con lluvias en verano e influencia climática tanto del Pacífico como del golfo.

La temperatura media anual oscila entre los 16-24 oC, y la precipitación total anual es de 1200-3000 mm. Sus principales poblados: Suchiapa y parte de Benito Juárez.

A lo largo de su cauce podemos encontrar diversos tipos de vegetación: bosques de pino-encino, de pino, mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, selva baja espinosa caducifolia, selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, pastizal inducido, pinares sabanoides y chaparral de niebla.

La flora característica esta compuesta por una alta diversidad de plantas caracterizadas por la presencia de plumajil Alvaradoa amorphoides, pie de venado Bauhinia divaricata, palo mulato Bursera simaruba, lantá Ceiba aesculifolia, palo colorado Clethra matudai, tepeguaje Cojoba arborea, cinco negritos Comocladia engleriana, Dioon merolae, amate Ficus glabrata, matapalo F. obtusifolia, fresno Fraxinus uhdei, ashiqueté F. purpusii, tincuí Gyrocarpus mocinnoi, brazil Haemotoxylum brasiletto, citeíto Hasseltia guatemalensis, aguajpó Heliocarpus reticulatus, cuajinicuil Inga vera spuria, órgano Lemaireocereus griseus, otoposte Licania arborea, manchones de liquidámbar Liquidambar styraciflua, chaperla Lonchocarpus guatemalensis, guayabillo Matudaea trinervia, encinos Quercus acatenangensis, Q. brachystachys, Q. conspersa, Q. corrugata, Q. peduncularis, Q. pilicaulis, pinos Pinus oocarpa, P. pseudostrobus, barbasco Psiadia psicipula, peine Sloanea ampla, castaño Sterculia mexicana, sabino Taxodium mucronatum, naranjito Ziziphus sonorensis. Endemismos de cicadáceas Dioon merolae, Ceratozamia matudae, orquídeas Calea megacephala, leguminosas.

También encontramos especies de crustáceos como el Procambarus (Austrocambarus) sbordonii; de peces Cichlasoma grammodes y C. hartwegi; de anfibios, de aves Campylorhynchus chiapensis y Passerina rositae y mamíferos. Algunas especies amenazadas como plantas bromeliáceas, orquídeas y la cicadácea Ceratozamia matudai; de aves como Aspatha gularis, Dendroica chrysoparia, Harpyhaliaetus solitarius, el pavón Oreophasis derbianus, el quetzal Pharomachrus mocinno, Passerina rositae, Pionus senilis, Sarcoramphus papa y de mamíferos como el jaguar Panthera onca y el tapir Tapirus bairdii.

A pesar su gran riqueza presenta problemas de modificación del entorno, tales como: deforestación de los ambientes naturales y altas tasas de erosión, contaminación y explotación de recursos para abastecimiento urbano de agua y madera.

Tan sólo consideremos la problemática suscitada desde hace algunos días, debido a la construcción del aeropuerto de Chiapas, donde con pretexto de la lejanía, las compañías constructoras extraen miles de litros de agua del río Suchiapa, sabiendo de antemano que el no contar con un permiso de extracción expedido por la Comisión Nacional del Agua (CNA) conlleva sanciones altas y multas por alterar el abastecimiento de los mantos acuíferos.

En los medios de comunicación de la localidad, se han presentado un sin numero de denuncias por parte de empresarios dueños de pipas de agua, que manifiestan que actualmente laboran 10 pipas de agua para la construcción, las cuales transportan aproximadamente 92 mil litros de agua haciendo 12 viajes en el transcurso del día.

Es por ello que tomando en cuenta que la construcción lleva casi dos meses en proceso, se llega a la estimación de una extracción de agua de 67 millones de litros desde el día que inició la obra.

No obstante de ser un secreto a voces, las autoridades siguen sin tomar cartas en el asunto ni dar solución a la problemática que esta alterando este ecosistema tan rico en biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua se sancione a los presuntos responsables de aprovechamiento de aguas nacionales sin el titulo respectivo, en el río Suchiate, Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119, fracción VIII, de la Ley de Aguas Nacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de febrero del 2005.--- Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica).»

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

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ESTADO DE GUERRERO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Angel Pasta Muñúzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que se realice un estudio en la costa del estado de Guerrero, y se coloque un sistema de alerta y un observatorio de tsunamis. El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Con el permiso de la Presidencia.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Angel Pasta Muñúzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, ante esta honorable Asamblea presento proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes considerandos:

En el estado de Guerrero existe una alta actividad sísmica y hoy podemos anticiparnos con las instalaciones y estudios científicos necesarios para la protección y prevención de lo que podría ser una de las peores catástrofes en México.

El Servicio Mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM, que cuenta con 9 estaciones en el Pacífico y 6 en el Golfo, sólo nos darían 2 minutos para avisar a la costa afectada por el siniestro, por lo que es necesario crear una red de alerta local, es compromiso urgente ante los desastres naturales inevitables, estar lo mejor informados y preparados, con el único propósito de salvar vidas, ya que la anticipación y protección civil, en unión a los elementos técnicos y científicos, deberán darnos como resultado el menor dolor evitable.

En base en los últimos estudios, se refleja la acumulación suficiente de la energía elástica, capaz de causar un sismo de inimaginables consecuencias, éste podría ser de magnitudes similares o mayores al temblor del año 1985, más no podemos desgraciadamente precisar cuándo ocurrirá. Propongo punto de acuerdo.

Unico. Los titulares de las dependencias de Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General del Centro General de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, se programen y realicen una investigación en las áreas sísmicas, estructura cortical, proceso dinámico de rupturas de falla y sobre la factibilidad de colocar en la costa del estado de Guerrero, a la brevedad, un sistema de alerta, donde de manera inmediata se dé a conocer a las autoridades locales de los maremotos submarinos capaces de crear tsunamis y advertir así a las posibles víctimas, de lo que podría suceder en estos momentos.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales a realizar un estudio en la costa de Guerrero y colocar un sistema de alerta y observatorio de tsunamis, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partidos Acción Nacional, de la LIX Legislatura ante esta honorable asamblea presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes:

Considerandos

Todos tenemos presente, que existe probabilidades de que en nuestras costas mexicanas se produzcan maremotos, tsunami, como desafortunadamente sucedió recientemente en Asia.

En las costas de Guerrero, existe una alta capacidad sísmica, lo recientemente ocurrido, se debe de tomar como una advertencia, que la naturaleza nos concede, hoy podemos anticiparnos con el equipo tecnológico adecuado, lo que da posibilidad de vida, el anticipar con tiempo la cercanía de una catástrofe, hoy mas que nunca se deben de tomar en cuenta las declaraciones del Director de Riesgos Geológicos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, Cenapred, quien señalo ante un medio nacional, ``México no tendría ``ninguna defensa'' en caso de enfrentar un maremoto o tsunami similar al que ocurrió en Sri Lanka, Indonesia y Tailandia. De hecho, dijo Carlos Gutiérrez, titular de esa dirección, aunque estuviera automatizado el servicio mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM que cuenta con nueve estaciones en el Pacífico y seis en el Golfo ``sólo contaríamos con dos minutos para desalojar la costa afectada por el siniestro'' y ``estamos a expensas de los avisos que se nos envíen desde Estados Unidos, único país con la capacidad suficiente para enviar la alerta con anticipación''.

Lo que preocupa y mucho por ello es necesario crear una red de alerta local, en nuestro país y de ser posible en toda América.

Es compromiso urgente, la anticipación civil, en los desastres naturales inevitables, debemos de estar lo mejor preparado, con el único propósito de salvar vidas, la anticipación y educación civil, aunado a los elementos técnicos y científicos, bien utilizados deberán de darnos como resultado evitar el menor dolor evitable.

Después del terremoto de septiembre de 1985, sufrido en nuestro país, era lógico pensar que la mayor parte de la energía acumulada en el interior de los océanos, hubiera sido ya liberada, por tanto, los estudiosos no consideran que la costa de Michoacán represente una zona de alto potencial sísmico en el futuro próximo. Sin embargo se señala que hay otras dos regiones en el país, que tienen actualmente características similares a las que tenía la costa de Michoacán hasta antes de las 7:17 de la mañana del 19 de septiembre de 1985: son Guerrero y Chiapas.

Existe una brecha en Guerrero, en la Costa Grande, situada inmediatamente al sur del área de ruptura del sismo de Petatlán. Afortunadamente no ha habido ningún sismo importante desde los temblores de 1907 1908; sin embargo piensas algunos geógrafos calificados que en los últimos años se ha acumulado suficiente energía elástica capaz de causar un sismo de consecuencias. La longitud de la brecha sísmica de Guerrero es aproximadamente del mismo tamaño que la antigua brecha de Michoacán y, de romperse en un solo sismo, éste podría ser de magnitud similar al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Señalan ``podemos, por tanto, adjudicarle un alto potencial sísmico, más no podemos, desgraciadamente, precisar cuándo ocurriría tal sismo''

En conclusión se puede determinar que la tierra, nuestro planeta, nuestra casa natural, es un sistema dinámico, siempre activo, que no ha tenido punto de reposo desde que se formó e inicio la vida. No debemos espantarnos, debemos prevenir, en la medida de lo posible, con los avances científicos y tecnológicos seguramente llegara un día donde anticipar una catástrofe natural sea una realidad.

Los elementos naturales como el agua y el viento causan catástrofes pero asimismo renuevan los suelos y sostienen la vida, son generadores de vida, los volcanes y los sismos son parte de la tectónica de placas, pero en escalas de tiempo geológico han formado los continentes y moldeado los paisajes.

Punto de Acuerdo

Único. Los titulares de las dependencias de Coordinación General de Protección civil, la Dirección General del Centro General de Prevención de Desastres y de la Dirección General del fondo de desastres naturales, se programe y se realice una investigación en las áreas de sismo tectónica, fuente sísmica, programación de ondas, estructura cortical riesgo sísmico, proceso dinámico de ruptura de fallas, en las Costas del estado de Guerrero y sobre la factibilidad de colocar en la costa de Guerrero, un sistema de alerta y observatorios de sismos, tsunamis y demás, donde de manera inmediata se den a conocer a las autoridades de las localidades, terremotos submarinos, capaces de crear olas gigantes y advertir así a las posibles víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Angel.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión la proposición...

Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Luego entonces la considera suficientemente discutida.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día pasa al final del capítulo, a petición de su promovente, Pablo Franco Hernández.

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ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para obsequiar la petición de la diputada Angélica de la Peña Gómez, esta Presidencia amplía para opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, la iniciativa de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la propia diputada ante el pleno de esta soberanía.

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BRACEROS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada doña María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación a los recursos presupuestales destinados a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964.La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu: Gracias, diputado Presidente; apreciables diputadas y diputados; medios de comunicación; queridos compañeros ex braceros:

Las suscritas legisladoras de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo y urgente resolución.

El Estado mexicano conserva una deuda con los trabajadores braceros que se enrolaron para trabajar en Estados Unidos en el periodo que abarca de 1942 a 1964. Durante este periodo, miles de mexicanos laboraron legalmente en aquel país en condiciones de explotación y en muchos casos, semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación que se prolonga hasta nuestros días. Esta historia cobra vigencia no sólo por el reclamo que les devuelvan y les regresen su dinero a quienes les descontaron de sus salarios en esas fechas, sino sobre todo por el contexto en que da el debate que hoy se presenta ante la urgente necesidad de acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos.

A esta Cámara han acudido sinnúmero de veces, miles y miles de compañeros ex braceros para ser atendidos en su demanda de devolución de sus recursos que les fueron descontados de su salario, del 10 por ciento. En esta misma honorable Asamblea, el ejemplo más reciente lo constituye la aprobación por parte de esta Cámara de los recursos presupuestales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, por la cantidad de 298.5 millones de pesos, mismo que aparecen en el Anexo 17 del decreto de presupuesto de la parte relativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la asignación de esta partida es fruto del acuerdo de diversos partidos políticos aquí representados en esta LIX Legislatura. Como tal, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004.

Por otra parte, en la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la integración del presupuesto, señala en el concepto de invalidez tercero, inciso c) numeral 5, que existen programas nuevos asignados a las dependencias que no tienen competencia en la materia, y en particular establece que el fondo para el pago de adeudos a braceros migratorios no le corresponde a esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Ejecutivo, en consecuencia, solicita de manera expresa al hablar de esto y otros programas: ``En este orden de ideas, a continuación se señalan las asignaciones de gasto y programas que aprobó la Cámara en violación con el artículo 26 constitucional de las leyes que lo reglamentan, solicitando a esa Suprema Corte de Justicia, que declarara la invalidez de dichas asignaciones a los programas''.

No obstante que lo solicita por escrito a la Suprema Corte de Justicia la invalidez de este presupuesto que asignamos, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación emite un comunicado al presente año para señalar que se habían respetado tal como lo había aprobado la Cámara de Diputados.

Por tal razón, solicitamos un punto de acuerdo con urgente resolución. Unico. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que solicite a la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información detallada sobre los 298.5 millones de pesos destinados a los braceros de 1942 a 1964, mismos que fueron programados y aprobados por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de 2005.

Firman, la diputada Eliana García Laguna y su servidora Hilaria Domínguez Arvizu. Gracias compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con los recursos presupuestales destinados a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1964, a cargo de la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI

Las suscritas, legisladoras de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

El Estado mexicano conserva una deuda con los trabajadores braceros que se enrolaron para trabajar en Estados Unidos en el período que abarca de 1942 a 1964. Durante este período miles de mexicanos laboraron legalmente en aquel país en condiciones de explotación y, en muchos casos, de semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación, que se prolonga hasta nuestros días.

Esta historia cobra vigencia no sólo por el reclamo de que les sea devuelto el dinero que les descontaron de sus salarios, sino sobre todo por el contexto en que se da y el debate que hay sobre la necesidad de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

A esta Cámara han acudido sin número de veces diversos grupos de representantes de los ex braceros, quienes demandan la devolución de los recursos que les fueron retenidos. Desde la LVIII Legislatura se formó una Comisión Especial de diputados y diputadas para buscar los mecanismos que permitan el cumplimiento de su petición y se han dado importantes avances en ese sentido.

El ejemplo más reciente lo constituye la aprobación por parte de la Cámara de diputados de un recurso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 por la cantidad de 298.5 millones de pesos, mismos que aparecen en el anexo 17 del Decreto de Presupuesto en la parte relativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La asignación de esta partida es fruto del acuerdo de diversos Partidos Políticos representados en esta soberanía y como tal apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004.

Por otra parte en la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo ante la Suprema Corte de justicia para impugnar la integración del Presupuesto de Egresos, señala en el Concepto de Invalidez Tercero, inciso C, numeral 5, que existen programas nuevos asignados a dependencias que no tienen competencia en la materia y en particular establece que el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios no le corresponde a la secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo solicita de manera expresa al hablar de este u otros programas: ``En este orden de ideas, a continuación se señalan las asignaciones de gasto y programas que aprobó la Cámara de Diputados en violación con el artículo 26 constitucional y de las leyes que lo reglamentan, solicitando a esa suprema Corte que declare la invalidez de dichas asignaciones o programas''.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación emitió su primer comunicado del presente año para afirmar que dicho recurso no había sido impugnado y que se pagaría conforme a lo que estableció la Cámara de Diputados. Esta Secretaría por cierto es la encargada de llevar un registro del padrón de ex braceros que se verán beneficiados.

Pese a la afirmación de Gobernación, al revisar detenidamente los analíticos administrativo económico y programático que publica la Secretaría de Hacienda en su página de Internet, no se hallaron esos recursos con el destino preciso para solventar el apoyo a los ex braceros.

Es por ello que solicitamos a esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que solicite a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre los 298.5 millones de pesos destinado a los ex braceros de 1942 a 1962, mismos que fueron programados y aprobados por está Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2005.

Diputadas: Eliana García Laguna, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Hilaria.

Esta Presidencia ha recibido la petición de la diputada Eliana García Laguna para hablar en pro. Luego entonces tiene el uso de la palabra.

Ya se sumó a la propuesta y ya no pasa a la tribuna.

Luego entonces, consulte la Secretaría a la Asamblea, no habiendo más oradores, si se considera suficientemente discutida y consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor... Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada la proposición. Comuníquese.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

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BILLETES FALSOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la proliferación de billetes falsos en el país.

El diputado Javier Salinas Narváez: Con su venia, Presidenta.

El suscrito, diputado federal de esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Hace algunas semanas, diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación dan cuenta de una creciente proliferación de billetes falsos en todo el territorio nacional. Hace apenas unos días, en la Ciudad de México fue descubierta una caja que contenía 7 mil 120 billetes falsos de 200 pesos, equivalente a más de un millón de pesos. Destaca el hecho de que los billetes que con mayor frecuencia son falsificados son los de denominación de 200 y 500 pesos y aun el reciente puesto en circulación billete de mil pesos, también ha comenzado a ser falsificado. Se calcula que apenas puesto a circulación los billetes de mil pesos, han sido detectados 300 billetes falsos en apenas 2 meses.

Hay evidencias de que en diversas entidades del país existe un mercado negro de billetes falsificados que son vendidos al público en general y puestos a circulación todos los días. Se trata de un problema grave que afecta, tanto a los usuarios comunes, es decir, a los ciudadanos, como a los comerciantes y aún las instituciones bancarias.

A pesar de que las distintas autoridades involucradas como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han minimizado el problema, no se cuenta con registros confiables sobre el número de billetes falsos en circulación, de lo que se desprende que el problema podría ser más grave que lo que se presume.

Pero si estas circunstancias no fueran suficientes como para llamar la atención de esta soberanía, se encuentra el hecho de que en meses recientes se ha vuelto común que los propios bancos, a través de los cajeros automáticos, entreguen billetes falsos a los usuarios. Estamos frente a un problema público en varios niveles que comienza con la facilidad que se puede ser duplicados, donados, clonados y falsificar los billetes en circulación de todas las denominaciones.

El problema continúa cuando ya en circulación y al ser detectados, los billetes falsos se mezclan con los verdaderos y llegan hasta las instituciones bancarias, que de nueva cuenta y sin retenerlos, los ponen en circulación para que sigan funcionando hasta que finalmente son descubiertos.

Parece entonces indispensable trabajar en conjunto entre las autoridades para que este problema pueda ser atendido.

Por lo anterior me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Banco de México a reforzar las medidas de seguridad en los billetes de circulación de todas las denominaciones, tales que hagan más complicado o casi imposible su falsificación.

Segundo. Se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que realicen una campaña nacional de información y difusión sobre las características de identidad de los billetes en circulación de todas las denominaciones, así como para que se den las medidas de seguridad para que las personas tengan esa seguridad.

Tercero y último. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que en el marco de sus atribuciones supervise que las instituciones bancarias regulen el manejo de billetes falsos, y que en caso de que por cualquier vía, éstos se sigan entregando a los usuarios, obligue a las instituciones al canje inmediato por un billete auténtico.

Muchas gracias, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la proliferación de billetes falsos en el país, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace algunas semanas, diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación dan cuanta de una creciente proliferación de billetes falsos en todo el territorio nacional.

Hace apenas unos días, en la Ciudad de México fue descubierta una caja que contenía siete mil 120 billetes falsos de 200 pesos, equivalentes a más de un millón de pesos.

Destaca el hecho de que los billetes falsificados con mayor frecuencia son los de las denominaciones de 200 y 500 pesos; y aun el recientemente puesto en circulación billete de mil pesos también ha comenzado a ser falsificado.

Se calcula que, apenas puestos en circulación, de los billetes de mil han sido detectados 300 billetes falsos en apenas dos meses.

Hay evidencia de que en diversas entidades del país, existe un mercado negro de billetes falsificados, que son vendidos al público en general y puestos en circulación todos los días.

Se trata de un problema grave que está afectando tanto a los usuarios comunes, es decir a los ciudadanos, como a los comerciantes y aún a las instituciones bancarias.

Son muchos los casos de turistas extranjeros que, al no estar familiarizados con las características de los billetes, son sorprendidos por estafadores que les entregan billetes falsos.

Es un círculo vicioso porque cada billete falso puesto en circulación recorre varias manos hasta que es detectado, afectando tanto el propio funcionamiento del mercado como los procesos inflacionarios.

A pesar de que las distintas autoridades involucradas como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han minimizado el problema, no se cuenta con registros confiables sobre el número de billetes falsos en circulación, de lo que desprende que el problema podría ser más grave de los que se presume.

Pero si todas esas circunstancias no fueran suficientes para llamar la atención de esta soberanía, se encuentra el hecho de que, en meses recientes, se ha vuelto común que en los propios bancos, a través de los cajeros automáticos, se entregan billetes falsos a los usuarios.

Comienza entonces un vía crucis para los cuentahabientes porque les resultará muy complicado lograr que les sea canjeado el billete falso por uno original y, en consecuencia, restituido su dinero.

Huelga decir la indefensión en que son colocados los ciudadanos porque carecen de instrumentos jurídicos para defenderse de esta modalidad de estafa.

Las más de las veces los usuarios tendrán que absorber el costo por un error atribuible a la institución bancaria, que en la recepción de los billetes no satisfizo los requisitos de seguridad mínimos.

Estamos así frente a un problema público en varios niveles, que comienza con la facilidad con que pueden ser duplicados, clonados y falsificados los billetes en circulación, de todas las denominaciones.

El problema continúa cuando, ya en circulación y sin ser detectados, los billetes falsos se mezclan con los verdaderos y llegan hasta las instituciones bancarias que, de nueva cuenta y sin retenerlos, los ponen en circulación para que sigan funcionando hasta que finalmente son descubiertos.

Parece entonces indispensable el trabajo conjunto entre diversas autoridades para frenar esta grave problemática y evitar el deterioro en la confianza de nuestra moneda que ya se registra en el país, a fin de lograr:

1. Que el público usuario cuente con la información suficiente para distinguir las características de identidad de los billetes verdaderos.

2. Que los usuarios puedan detectar por sí mismos cuando tienen en sus manos un billete falso.

3. Que alguna autoridad se haga responsable de restituirle al usuario la totalidad de su dinero cuando el billete falso salga de una institución bancaria.

Nos debe quedar claro que lo que se está afectando aquí no es sólo la credibilidad de las instituciones financieras, algo ya de por sí muy grave, sino la confianza en nuestra moneda y en el intercambio de dinero por mercancías que es el corazón de toda economía.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Banco de México a reforzar las medidas de seguridad en los billetes en circulación, de todas las denominaciones, que hagan más complicada o --en su caso-- imposible la falsificación.

Segundo. Se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a realizar una campaña nacional de información y difusión sobre las características de identidad de los billetes en circulación, de todas las denominaciones, así como de las medidas de seguridad que las personas deben considerar para identificar los billetes falsos.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar, en el marco de sus atribuciones, que las instituciones bancarias regulares no manejen billetes falsos y que en caso de que por cualquier vía, éstos se entreguen a los usuarios, se obligue a la institución al canje inmediato por un billete auténtico.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Salinas Narváez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A petición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a que participen en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación a los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, que propondría el diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, se pospone para la próxima sesión.

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ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud, tiene la palabra el compañero diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, detener los hostigamientos que funcionarios de esa dependencia han iniciado contra la radio comunitaria indígena Ñomdaa, ``la palabra del agua''.

El diputado José Luis Medina Lizalde: Compañeras y compañeros legisladores:

En días recientes, las autoridades tradicionales y el Comité de la Radio denominado Ñomdaa, que significa ``la palabra del agua'', localizada en el municipio autónomo de Xochistlahuaca, Guerrero, fueron hostigados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adscritos a la delegación Guerrero, así como por funcionarios del gobierno encabezado por René Juárez Cisneros y lo que es más grave, por elementos del Ejército mexicano, con la finalidad de detener las transmisiones que realiza dicha radio comunitaria, misma que trasmite en lengua amuzga y posibilita que las comunidades hablantes de la región de la costa chica guerrerense y oaxaqueña, puedan conocer en su propia lengua lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en esos estados.

La actual campaña de hostigamiento y amenazas que se ha enderezado en contra de quienes hacen posible radio Ñomdaa, no son más que la muestra de actitudes discriminatorias y racistas que prevalecen entre los funcionarios federales y estatales denunciados en el asunto.

A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 2o., apartado B, fracción VI, se establece la obligación que tienen las autoridades federales, estatales y municipales de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, a fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a dichos pueblos, y a pesar de lo señalado en distintos convenios internacionales celebrados por nuestro país, como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha asumido una actitud de confrontación y eliminación de las radios comunitarias en nuestro país, negándose a otorgar los permisos que se requieren para su operación.

Las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales, tienen como propósito principal difundir en la lengua de la región a la que pertenecen, las actividades propias de la comunidad.

Por todo lo anterior, proponemos:

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que instruya al delegado de esa dependencia en el estado de Guerrero, a detener los ataques iniciados por funcionarios.

Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instrumentar un programa de apoyo para que se otorguen a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que han solicitado y presentado documentación, los permisos correspondientes.

Tercero. Solicitar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, remita a esta soberanía un informe detallado sobre las actividades realizadas por integrantes del 48 Batallón de Cruz Grande, Guerrero, en las instalaciones de radio Ñomdaa, en virtud de que dicha entidad no tiene competencia ni facultades para introducirse a las instalaciones que ocupa este medio de difusión.

Solicito que se inscriba íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es todo, ciudadana Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes detener los hostigamientos que servidores públicos de su adscripción han iniciado contra la radio comunitaria indígena Ñomdaa, ``la palabra del agua'', a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD

En días recientes, las autoridades tradicionales y el Comité de la Radio denominada Ñomdaa, que significa ``la palabra del agua'', localizada en el municipio autónomo de Xochistlahuaca, Guerrero, fueron hostigados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adscritos a la delegación Guerrero, así como por funcionarios del gobierno que encabeza René Juárez Cisneros y por elementos del Ejército Mexicano, con la finalidad de detener las transmisiones que realiza dicha radio comunitaria, que transmite en lengua amuzga y posibilita que las comunidades hablantes de la región de la costa chica guerrerense y oaxaqueña, puedan conocer en su propia lengua, lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en el estado.

La actual campaña de hostigamiento y amenazas que se han presentado en contra de quienes hacen posible Radio Ñomdaa, no son más que la muestra de actitudes discriminatorias y racistas que prevalecen entre los funcionarios Federales y Estatales que se resisten a reconocer la función que desempeñan dichas estaciones de radio, entre las comunidades.

A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 2º, apartado B, fracción VI, se establece la obligación que tienen las autoridades federales, estatales y municipales de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, a fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a dichos pueblos; y a pesar de lo señalado en distintos convenios internacionales celebrados por nuestro país, tal como lo es el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales número 169, de la Organización Internacional del Trabajo; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha asumido una actitud de confrontación y eliminación de las radios comunitarias en nuestro país, negándose a otorgar los permisos de que se requieren para su operación por parte de los pueblos y comunidades indígenas, así como por sus autoridades.

Las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales, tienen como propósito principal, difundir en la lengua de la región a la que pertenecen, las actividades propias de la comunidad.

Al respecto, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor Raúl Trejo Delarbre señala: En todo el mundo, las radios comunitarias son una forma de expresión y cohesión de la sociedad y su reconocimiento constituye una tendencia que se generaliza. El año pasado en Bolivia el gobierno expidió un Decreto para la Radio Comunitaria. En Brasil, en donde algunas fuentes hablan de un millar de radiodifusoras de ese corte, el presidente Lula creó un Grupo de Trabajo Interministerial para regularizar y promover esas estaciones. También en el año 2004 en Chile --en donde hay cerca de 180 estaciones comunitarias con autorización legal y cobertura limitada-- la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, propuso revisar el marco regulatorio de la radiodifusión para responder a las preocupaciones de los empresarios que se han quejado de la proliferación de estaciones sin permiso.

La promoción de las radios comunitarias es una de las prioridades de la UNESCO, que desde hace años difunde el manual de radios comunitarias, que ha sido publicado en varios idiomas.

Por ello no se entiende la negativa del gobierno mexicano a promover la constitución de las radios comunitarias en el país, no se entiende como el gobierno del presidente Vicente Fox se cierra a la posibilidad de que se otorguen los permisos correspondientes para que este importante medio de difusión alternativo que han generado nuestros pueblos indígenas, contribuya al fortalecimiento de nuestra identidad nacional, cultural y social.

Es necesario atender las denuncias presentadas por las radios comunitarias en nuestro país, por que tarde o temprano, tendremos que responder a los requerimientos de los organismos internacionales que consideran una prioridad que los pueblos y comunidades indígenas del mundo, utilicen estos canales para el fortalecimiento de su identidad cultural, para el fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones, pero también para que cada vez más estén informados en sus respectivas lenguas.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir al delegado de esa dependencia en Guerrero para detener los ataques y hostigamientos que iniciaron funcionarios de Vías Generales de Comunicación adscritos a esa delegación contra la radio indígena comunitaria Radio Ñomdaa, ``La Palabra del Agua'', localizada en el municipio de Xochistlahuaca.

Segundo. Se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que instrumente un programa de apoyo para que se otorguen a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que han solicitado y presentado la documentación correspondiente, los permisos correspondientes para operar radios comunitarias, que les permitan difundir y fortalecer sus lenguas, tradiciones, usos y costumbres, así como las problemáticas de su comunidad y región.

Tercero. Solicitar al secretario de la Defensa Nacional que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las actividades realizadas por integrantes del 48 Batallón de Cruz Grande, Guerrero, en las instalaciones de Radio Ñomdaa, en virtud de que dicha entidad no tiene competencia ni facultades para introducirse a las instalaciones que ocupa este medio de difusión.

Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica)»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Medina Lizalde y de acuerdo a su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de Debates. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

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OBRAS CARRETERAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El diputado Roger David Alcocer García: Gracias, diputada Presidente.

Le solicito por favor que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates.

El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a llevar al cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes consideraciones:

Llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara colegisladora y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos.

Esta empresa ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace 3 años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra. Me refiero a estos 3 años que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún.

El subsecretario de infraestructura, Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado el 21 de abril pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año pasado la obra se terminaría, pero no fue así.

Los medios de comunicación de Yucatán han seguido puntualmente estas anomalías.

En su reciente comparecencia de octubre pasado, ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, confirmó la rescisión de los 7 contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora, es únicamente la suspensión de la obra.

Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán, entre otros, siendo que una mayoría de ellos no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, pues mucho menos nadie es responsable.

Por estas razones, ciudadanos senadores del estado de Yucatán propusieron a nuestra colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sendas investigaciones sobre el particular.

Nos parece, ciudadanos diputados, que las sanciones que se le han impuesto no corresponden al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido en nuestra entidad federativa y que aún falta por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche.

Por lo tanto, proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación conozca, investigue e informe si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y/o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa sobre los tramos mencionados.

Segundo. Que se exhorte a la SCT informe a esta soberanía sobre el estatus de los contratos suscritos con esta empresa en el país y al mismo tiempo dar informe sobre la concesión otorgada de la autopista Amozoc-Perote, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, para así tener certidumbre de fincar responsabilidades a los funcionarios correspondientes.

Gracias, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una revisión especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión definitiva de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes

Consideraciones

Es un argumento indiscutible que el sector carretero constituye un renglón de trascendental relevancia para el de-sarrollo nacional. Nuestras vías de comunicación son las arterias principales por las cuales fluyen personas y productos, formando verdaderos ejes a partir de los cuales se establece la infraestructura de nuestro país.

En razón de esto, dicho sector ha sido y seguirá siendo primordial para esta Soberanía, que año con año aprueba los presupuestos para su mantenimiento y ampliación. Y es, con este tipo de acciones, con las que favorecemos la reactivación económica del país, apoyando a la industria de la construcción que, está demostrado, deriva en sucesivas derramas económicas a otros sectores.

Por ello, llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara Colegisladora, y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización, por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos.

Esta empresa tiene su sede en León, Guanajuato, y ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace tres años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil, que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra con la consiguiente pérdida de recursos y el peligro latente para los conductores.

Me refiero a estos tres años de obra que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún, e inclusive entre el centro de la República y Cancún, siendo este último un gran destino turístico, lo que ha costado innumerables pérdidas materiales por accidentes y un número importante de vidas humanas.

El subsecretario de Infraestructura, arquitecto Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado del 21 de abril del año pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año la obra se terminaba, pero no fue así.

Los medios de comunicación de Yucatán, en especial el periódico Por Esto!, han seguido puntualmente estas anomalías. Incluso, se especula que dicha empresa goza de privilegios en el territorio nacional por una presunta vinculación de sus dueños, Cosme Mares y esposa Josefina Hernández, con un hijo de Marta Sahagún de Fox.

Finalmente, en su reciente comparecencia de octubre pasado ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, confirmó la rescisión de los siete contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora es la suspensión de la obra.

Se habló incluso de asignar los contratos a empresas locales, pero luego se dijo que no, que los tramos quedarían inconclusos al menos hasta enero de 2005, cuando iniciaría otro proceso de licitación.

Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los Estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán entre otros, siendo que en una mayoría de ellos, no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, mucho menos, nadie es responsable.

Entre las irregularidades, el 17 de septiembre pasado fue publicado en Quintana Roo un artículo en el cual se menciona que la empresa guanajuatense, que trabaja el tramo Bacalar-Chetumal, les pagó a los transportistas de esa zona, con un cheque sin fondos.

Por estas razones, ciudadanos senadores por el Estado de Yucatán propusieron a nuestra Colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sendas investigaciones sobre el particular, para deslindar responsabilidades.

No obstante, recientemente la SCT dio a conocer las sanciones por el atraso en la obra Mérida-Kantunil que recibirá la empresa Facopsa, por el incumplimiento de los contratos y por ejercer parte de los anticipos, ascendiendo, en cifras redondas, a $17 millones, de los cuales $15 millones son por el uso de anticipos y los $2 millones restantes por los retrasos.

Nos parece, ciudadanos diputados, que esta sanción no corresponde al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido a nuestra entidad federativa, y que falta aún por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, en los cuales, según se ha publicado en la prensa peninsular, también ha incurrido en anomalías.

Particularmente en el caso de Yucatán la pérdida de vidas humanas es irreparable, y en poco aliviaremos la pena de los deudos si se le aplica al responsable una sanción equivalente a una palmadita en el hombro.

A más decir, parecería que, efectivamente, esa empresa es de las consentidas por tener vínculos con el poder presidencial, situación que es necesario e imperativo aclarar.

Ahora, la terminación de la carretera Mérida-Kantunil podría retrasarse indefinidamente porque la empresa Fabricación y Colocación de Pavimentos (Facopsa) apeló la decisión del gobierno federal de retirarle la concesión de la vía; la ampliación, una de las más importantes de la Federación en el estado podría incluso, demorarse hasta un año, demostrando así una estrategia de Facopsa para negociar con el Gobierno Federal la restitución de la concesión.

Por lo anterior expuesto y para resolver definitivamente sobre el asunto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que conozca, investigue e informe, si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y/o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa, sobre los tramos carreteros Mérida-Kantunil, Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, así como a la supervisión del estado físico y condiciones establecidos en el título de concesión de la autopista Kantunil-Cancún.

Segundo. Se solicite a la misma ASF que realice una auditoria especial sobre los fondos federales invertidos en dichos tramos carreteros, así como el impacto económico sobre las finanzas nacionales que ha tenido la irresponsabilidad de Facopsa y la pasividad de la SCT. Particularmente, revisar la correcta aplicación de multas en proporción a dichos daños económicos, con la finalidad de determinar las sanciones correspondientes tanto a los particulares como a los servidores públicos que hubieren incurrido en responsabilidad.

Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Alcocer García. Inscríbase íntegro en el Diario de los Debates.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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PILOTOS DE PUERTO
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, explique los motivos y causas que se tomaron en consideración para reformar los artículos del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto, en la supervisión y evaluación de los aspirantes a pilotos de puerto.El diputado Sergio Arturo Posadas Lara: Con permiso, diputada Presidenta.

El que suscribe, diputado Sergio Posadas, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de este poder de la Unión, como de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

A fin de que se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes, explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98, párrafo segundo y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de aspirantes a pilotos de puerto, ya que tal reforma contraviene no sólo a las recomendaciones de los tratados internacionales que México tiene signados en materia marítima ante la OMI, sino que a la luz de la Ley de Seguridad Pública Nacional, resulta realmente incongruente y contradictorio.

El Gobierno federal enarbola como postulados el humanismo, la equidad y el cambio. Ello bajo los criterios de inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional. Y traza como normas a seguir, el apego a la legalidad, la gobernabilidad, la democracia, el impulso al federalismo, la defensa de la soberanía e independencia nacionales, la transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, estas reformas ponen de manifiesto intereses totalmente diferentes.

Consideraciones: El pilotaje o practicaje es un servicio de seguridad a la navegación y jurisdicciones portuarias. Está considerado como de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto para efectuar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos y tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de las embarcaciones e instalaciones portuarias.

Para el desempeño de esta función, la Ley de Navegación y su reglamento, exigen que un profesional del mar con alto grado de experiencia, habilidad y pericia probadas en la conducción de embarcaciones, asesore al capitán de un buque en la forma en que debe de realizar las maniobras correspondientes. Ello obedece a que cada puerto presenta dimensiones diferentes, como en el canal de navegación, vientos, corrientes dominantes, niveles de mareas y ubicación, características de los accidentes topográficos y señalamientos marítimos.

Por lo anterior, someto a consideración de este pleno del poder de esta Unión, como de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo, no sin antes decirle a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, que en el buque tanque Orfeo, que se varó en Coatzacoalcos, no estaba el capitán del buque a bordo ni el jefe de máquinas a bordo. Tampoco... también regresaron al piloto de puerto para que no asistiera a darle pilotaje.

Por lo anterior, someto lo siguiente:

Se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad de las instalaciones portuarias y buques, sino que violan recomendaciones emanadas de los tratados internacionales. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a explicar los motivos y las causas que consideró para reformar los artículos del Reglamento de la Ley de Navegación relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de los aspirantes a pilotos de puerto, a cargo del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Sergio Posadas Lara, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de este poder de la Unión, como de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98, párrafo segundo, y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los Pilotos de Puerto en la supervisión y evaluación de aspirantes a Pilotos de Puerto, ya que tal reforma contraviene no solo las recomendaciones de los tratados internacionales que México tiene signados en materia marítima ante la Organización Marítima Internacional, sino que a la luz de la Ley de Seguridad Pública Nacional, resulta realmente incongruente y contradictoria.

I. Antecedentes

El Gobierno Federal enarbola como postulados el humanismo, la equidad y el cambio, ello bajo los criterios de inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional y traza como normas a seguir el apego a la legalidad, la gobernabilidad, la democracia, el impulso al federalismo la defensa de la soberanía e independencia nacionales, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, estas reformas ponen de manifiesto intereses totalmente diferentes.

II. Consideraciones I. El Pilotaje o Practicaje es un servicio de seguridad a la navegación en las jurisdicciones portuarias, está considerado como de interés público y consiste en conducir una embarcación mediante la utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones portuarias.

Considerado como coadyuvante en la preservación de la seguridad, soberanía e independencia nacionales, la Constitución política exige para su desempeño el grado supremo de vinculación con la patria, la calidad de mexicano por nacimiento.

Para el desempeño de esta función, la Ley de Navegación y su Reglamento exige que un profesional del mar con alto grado de experiencia, habilidad y pericia probadas en la conducción de embarcaciones, asesore al capitán de un buque en la forma en que debe de realizar las maniobras correspondientes, ello obedece a que cada puerto presenta características diferentes tales como: profundidad, dimensiones del canal de navegación, vientos y corrientes dominantes, niveles de las mareas y ubicación y características de los accidentes topográficos y de los señalamientos marítimos.

II. El servicio de pilotaje al ser de interés público se deberá prestar a toda embarcación mayor de 500 (TRB) toneladas de registro bruto que arribe o zarpe de un puerto y el piloto de puerto tiene autonomía técnica en su desempeño, por lo que por ley no puede tener puesto, cargo o comisión con las empresas navieras, sus filiales o sus agentes consignatarios, pues antes que el interés mercantil debe privar el criterio de seguridad.

III. Para tener derecho a prestar este servicio, los Pilotos de Puerto, además de ser necesariamente mexicanos por nacimiento, deberán contar con el título profesional de marino, comprobar documentalmente su experiencia en años de navegación y mando en embarcaciones de más de cinco mil toneladas de registro bruto y obtener previas prácticas reglamentarias y exámenes correspondientes el certificado de competencia que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lo acredite para un solo puerto, es decir sin cubrir estos requisitos no puede prestar sus servicios en un puerto diferente al que hizo sus prácticas.

Dichas prácticas son ininterrumpidas durante 90 días en el puerto en el que se pretenda prestar el servicio, bajo la instrucción y supervisión de un Piloto de Puerto en activo y, al término sustentar examen teórico y práctico ante la Dirección de Navegación de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

III. Hechos

1.- El día 28 de enero próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 98, párrafo segundo, y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación, por la que se excluye a los Pilotos de Puerto de participar en la supervisión y evaluación de aspirantes a Pilotos de Puerto.

Con las reformas al mencionado reglamento los comprobantes de las prácticas que realicen los aspirantes a Pilotos de Puerto ya no necesitan ir avaladas por los Pilotos de Puerto con quien hayan realizado las mismas, ahora únicamente deberán contar con el aval de los capitanes de las embarcaciones en que las realizaron, que en la gran mayoría de los casos, son embarcaciones con bandera extranjera y cuyos capitanes también extranjeros desconocen las características de los puertos a que arriban, para ellos no existe ningún compromiso al firmar el comprobante, puesto que durante las maniobras el aspirante no interviene en ningún momento en las instrucciones, la firma del capitán del barco solo es garantía de que el aspirante estuvo presente, pero de ninguna manera pueden calificar si aprendió bien o mal. De quedar la reforma como se publicó, es darle mayor autoridad a un extranjero, cuya capacidad profesional no le consta al gobierno, que a un nacional calificado y reconocido por la propia autoridad marítima.

Asimismo se excluye a los prácticos de puerto como jurado en el examen teórico y práctico para evaluar a los aspirantes, quedando encargados de esas evaluaciones únicamente el capitán del Puerto del lugar y un capitán de Altura que designe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es de hacer notar que con sus muy raras excepciones quienes ocupan el cargo de Capitán de Puerto, no solo no han navegado, muchos son sólo capitanes de Marina y algunos otros ni siquiera son marinos profesionales. Los requisitos para ser Piloto de Puerto son muy superiores a los que cubre un Capitán de Puerto, cuya función es más administrativa y de control, que de práctica marítima.

Respecto del segundo sinodal es decir del Capitán de Altura que designe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solo se puede decir que el grado de Capitán de Altura, se obtiene en forma académica, por ello el requisito para ser piloto es de haber tenido el cargo de capitán de una embarcación de más de cinco mil toneladas, por más de cinco años. Lo que significa que alguien puede ostentar el grado de Capitán de Altura, sin nunca haber navegado, ni con ese grado ni con el mando de la embarcación, experiencia que resulta indispensable para aspirar a Piloto de Puerto.

Como se puede observar, ninguna de las personas que quedan autorizadas para reconocer y evaluar a los prácticos tienen el interés, el conocimiento y la experiencia necesaria para hacerlo, lo que significa que quien sustente el examen sabrá mucho más que cualquiera de sus examinadores.

2.- La importancia de la participación de los Pilotos de Puerto en la instrucción, supervisión y evaluación de aspirantes radica en que son ellos quienes conocen perfectamente los puertos, por ende los únicos capacitados para capacitar y evaluar el desempeño, destreza y capacidad del futuro Piloto de Puerto.

Cada puerto cuenta con una infraestructura diferente, entendiéndose como tal, los canales de navegación, las dársenas y los muelles, asimismo presenta condiciones atmosféricas y mareográficas variables como lo son corrientes marítimas, vientos dominantes, mareas, etcétera, por lo que la función que realiza el Piloto de Puerto, quien es un experto conocedor del mismo, es de suma importancia para evitar algún accidente que ponga en riesgo las instalaciones portuarias o los buques que entran o salen de estos.

3.- La experiencia nos indica que cuando el servicio de pilotaje, es de carácter obligatorio, y no es utilizado con la complacencia de las autoridades marítimas, o no es prestado por una persona debidamente capacitada para ello, ocurren siniestros: el ejemplo más reciente el buque tanque Orfeo que se varó en las playas de Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 13 de enero, que por una persona sin autoridad, sin conocimiento de los peligros que encierra no solo para su buque, sino para las personas, instalaciones portuarias y la ecología y con un criterio puramente mercantilistas cancelaron la participación del Piloto de Puerto y ahí están las consecuencias que afortunadamente hasta ahora no han producido desgracias mayores. Cabe recordar también que el 16 de septiembre de 2004, la Capitanía de Puerto en Mahahual, Quintana Roo, que por cierto la ocupa una persona que no es profesional de la marina mercante, por instrucciones de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, violó una suspensión provisional concedida por un juez de Distrito a favor del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, y autorizó al Capitán de Altura Rafael Elizondo Larrañaga, a quien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó certificado de competencia para fungir como Piloto de Puerto en el citado lugar sin haber reunido los requisitos prácticos correspondientes, al introducir a puerto al buque Rhapsody of the Seas, provocó una colisión contra las instalaciones portuarias.

4.- Otros hechos documentados son los que acontecen en los puertos de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y Cabo San Lucas, BCS, en donde no obstante que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se declaró obligatorio el uso del servicio de pilotaje para las embarcaciones a partir de 500 toneladas de registro bruto (TRB), que arriben o zarpen de esos puertos, los capitanes extranjeros al mando de embarcaciones con bandera extranjera arriban y fondean sin hacer uso de ese servicio de seguridad sin importar el daño ecológico que causan con las anclas y cadenas, las cuales barren el fondo marino dañando los arrecifes permanentemente, lo anterior con la autorización de las Capitanías de Puerto y la complacencia de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante quien es la encargada de velar por el estricto cumplimiento de la normatividad.

5.- Cabe mencionar que el servicio de practicaje se encuentra regulado de manera uniforme a nivel mundial por la Organización Marítima Internacional, (OMI), existe la Recomendación A-960, sobre la formación y capacitación de Prácticos (pilotos) de Puerto. La OMI a la cual pertenece nuestro país, misma que ha mostrado preocupación por las políticas que respecto de ese servicio de seguridad ha venido implementando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Además las agrupaciones de Pilotos de Puerto de España y de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, y la Organización Internacional de los Pilotos de Puerto han manifestado ante este poder de la Unión su inquietud por el establecimiento de normas y prácticas que a su consideración ponen en riesgo la seguridad marítima.

6.- El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2005, la Ley de Seguridad Nacional, en ella se establece en sus artículos:

3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleve a: ...

II.-La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.

...

V.- La defensa legitima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

4.- La Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respecto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

5.- Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional:

...

IX.-Actos ilícitos en contra de la navegación marítima.

...

XII.- Actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos.

8.- A falta de previsión expresa en la presente ley, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: ...

VI.- Para el resto de los aspectos se aplicarán los principios generales del derecho.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de este poder de la Unión, como de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se requiera al secretario de Comunicaciones y Transportes explique los motivos y causas que tomó en consideración para reformar los artículos 98, párrafo segundo, y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación, relativos a la participación de los pilotos de puerto en la supervisión y evaluación de aspirantes a pilotos de puerto, lo cual no sólo pone en riesgo la seguridad de las instalaciones portuarias y buques, sino que violan recomendaciones emanadas de los tratados internacionales y atentan contra la seguridad nacional.

Dip. Sergio Posadas Lara (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Posadas Lara.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.

En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado ninguna solicitud para hablar sobre el tema, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE VERACRUZ
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a revisar irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos otorgados al municipio de Orizaba, estado de Veracruz. El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.

Vengo a presentar a su consideración un punto de acuerdo por el que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a que revise irregularidades en el manejo de recursos en el municipio de Orizaba.

La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de recursos debe ser una parte fundamental en la actuación de todos los servidores públicos, así como la honradez debe ser el valor fundamental de cualquiera que sirve a la nación en un Estado que se precie de ser demócrata y plural.

Debe existir una fiscalización que persiga los intereses económicos del Estado, así como la correcta aplicación de los recursos, en la cual debe prevalecer la certeza en la utilización de éstos, y en caso de no ser así, poder determinar con validez, la responsabilidad fincada en un servidor público que no haga un correcto uso de éstos y que nadie le sirva de tapadera.

Una vez comprobadas dichas responsabilidades, los ciudadanos al depositar su confianza en sus representantes, ellos tienen no sólo el derecho, sino la obligación de exigir a aquéllos cuentas claras sobre los recursos asignados por la Federación.

En este punto donde se resaltan las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la cual fue creada para apoyar a esta honorable Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública federal y con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera y de comprobación, apegándose a las disposiciones normativas aplicables para constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.

Por las consideraciones antes mencionadas, se propone el siguiente punto de acuerdo. Unico. Se instruya a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una revisión exhaustiva a los recursos que le fueron otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, a fin de transparentar el gasto y fiscalizar el destino y la aplicación de los recursos públicos en el periodo comprendido de 2001 al 2004.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar irregularidades en el manejo y la aplicación de los recursos otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe diputado Tomás Trueba Gracián, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este H. Congreso de la Unión, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones 1. La rendición de cuentas y la transparencia en la utilización de recursos debe ser una parte fundamental en la actuación de todos los servidores públicos, así como la honradez debe ser el valor fundamental de cualquiera que sirve a su nación, en un estado que se precie de ser demócrata y plural.

2. Debe existir una fiscalización que persiga los intereses económicos del estado, así como la correcta aplicación de los recursos, en la cual debe prevalecer la certeza en la utilización de éstos y, en caso de no ser así, poder determinar con validez la responsabilidad fincada en el servidor público que no haga un correcto uso de estos, una vez comprobadas dichas responsabilidades. Los ciudadanos al depositar su confianza en sus representantes, ellos tienen no solo el derecho, sino la obligación de exigir a aquellos cuentas claras sobre los recursos asignados por la Federación.

3. Es en este punto donde se resaltan las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la cual fue creada para apoyar a la H. Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, vinculadas con la revisión de la Cuenta Pública Federal y con el objeto de conocer los resultados de la gestión financiera y de comprobación, apegándose a las disposiciones normativas aplicables para constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.

4. Debido a la intranquilidad y dudas por parte de los ciudadanos que habitan el municipio de Orizaba, Veracruz, sobre la utilización de recursos por parte de quien fuera presidente municipal, Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta, el que suscribe, como representante del pueblo y como servidor público del estado, solicita a la Auditoría Superior de la Federación, practique una revisión a los recursos federales que le fueron asignados para su utilización, en la prestación de los servicios del municipio en el periodo que comprende del año 2001 al 2004.

Por las consideraciones antes mencionadas, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una revisión exhaustiva a los recursos que le fueron otorgados al municipio de Orizaba, Veracruz, encabezado por el ex alcalde Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta, a fin de transparentar el gasto, fiscalizar el destino y la aplicación de los recursos públicos en el periodo que comprende del año 2001 al 2004.

Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, compañero Trueba Gracián. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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ESTADO DE COAHUILA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar una auditoría especial sobre los retiros ilegales efectuados a las cuentas individuales SAR-ISSSTE en el estado de Coahuila.

El diputado Agustín Miguel Alonso Rara: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros.

Como todos sabemos, en el decreto publicado el 1o. de mayo de 1992, se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro y en julio de 1997 se convirtió en un nuevo sistema administrado por las Afores para los trabajadores del Seguro Social y para los afiliados al ISSSTE se mantuvo como un esquema de retiro complementario a las pensiones y jubilaciones previstas por la ley.

El SAR-ISSSTE de 1992 tiene 2 subcuentas: una para el retiro, en la que se aporta el 2 por ciento, y otra para vivienda, en la que se aporta el 5 por ciento.

En el caso de la subcuenta de retiro, la condición para que se pueda retirar ese dinero es que o se haya jubilado el trabajador o se hayan cumplido los 65 años de edad.

Se están haciendo retiros de este dinero sin que se cumplan los requisitos, con documentos falsos, en diferentes entidades de la República. Hasta ahora se tienen detectados, en el caso de Coahuila, poco más de 200 casos de trabajadores que han hecho estos retiros. Y por otro lado, aparece en ceros la subcuenta de vivienda en muchos de los informes de las cuentas de trabajadores, en donde ya no aparece la subcuenta de vivienda para muchos de ellos, a pesar de no haber ejercido ningún crédito del Fovissste.

Por esta razón, estamos solicitando la anuencia de ustedes para que, de urgente resolución, se mandate a la Auditoría Superior de la Federación para que haga la investigación correspondiente y determine lo que haya lugar, después de localizar qué está pasando con las autoridades que intervienen en el cuidado de los fondos de los recursos de los trabajadores, porque lo que queda aquí claro es que, aun los particulares que administran estos fondos vía determinados bancos, no están garantizando la confiabilidad y no están garantizando la seguridad de esos fondos de los trabajadores y que se puede, con documentos falsos, hacer retiros de los mismos.

El punto de acuerdo, compañeras y compañeros, está firmado por diputados del Partido Revolucionario Institucional, por diputados del Partido del Trabajo, por diputados del Partido Verde, de Convergencia y del Partido de la Revolución Democrática, por lo que, señora Presidenta, solicito que esto se inserte textualmente en el Diario de los De-bates y se ponga a consideración de la Asamblea de urgente resolución este punto de acuerdo. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría especial sobre los retiros ilegales efectuados de las cuentas individuales SAR-ISSSTE en el estado de Coahuila, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que informen sobre diversas irregularidades observadas en el SAR-ISSSTE, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1. El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue establecido como una prestación obligatoria para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo al decreto publicado el 1 de mayo de 1992.

En julio de 1997, el SAR de los trabajadores afiliados al IMSS se convirtió en un nuevo sistema administrado por las AFORES y para los afiliados al ISSSTE se mantuvo como un esquema de retiro complementario a las pensiones y jubilaciones previstas por la ley.

El SAR-ISSSTE es un sistema de cuentas individuales integradas por dos subcuentas: ahorro para el retiro, constituido por aportaciones patronales del 2 por ciento del salario base de cotización, invertidas en créditos a cargo del Gobierno Federal y vivienda, con aportaciones del 5 por ciento del salario base de cotización, administrado por Fovissste. Las mencionadas cuentas individuales son operadas por las instituciones de crédito autorizadas por la Consar.

El trabajador, con 65 años de edad y al cumplir los supuestos contenido en la Ley del ISSSTE para tener acceso a una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, invalidez, riesgo de trabajo y cesantía en edad avanzada, o sus beneficiarios en caso de fallecimiento del trabajador, tienen derecho a disponer del saldo acumulado en la subcuenta de ahorro para el retiro. A este monto, se agrega el saldo de la subcuenta de vivienda en caso de no haberse ejercido el crédito al que están destinadas.

2. El ISSSTE cuenta con 2.4 millones de afiliados en 428 dependencias o entidades y con 5 instituciones financieras encargadas de la operación de las subcuentas de retiro del SAR de las cuentas individuales referidas. En promedio, bimestralmente las aportaciones suman 552 millones de pesos en el caso del retiro y 1,441 millones de pesos en el caso de vivienda.

Al cierre de mayo de 2004, el fondo acumulado en 7.7 millones de cuentas era de 102 mil millones de pesos (44 mil correspondientes a retiro y 58 mil a vivienda), y el saldo promedio que un trabajador tiene en el SAR-ISSSTE es de 35 mil pesos.

A diferencia de las cuentas individuales administradas por las AFORES, la tasa de interés para los fondos de la subcuenta de retiro del SAR-ISSSTE es determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera trimestral y es publicada en el Diario Oficial de la Federación, teniendo como mínimo un 2 por ciento real.

De la tasa de interés pagada a los trabajadores, Hacienda determina también la comisión máxima que los bancos podrán cobrar por la También se cobra a los recursos del SAR-ISSSTE una comisión determinada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de 0.57 por ciento: 0.50 para la banca y 0.07 para la empresa operadora de la Base de Datos Nacional del SAR.

3. La enorme responsabilidad que significa la administración de estos recursos que se traducen en un complemento a la pensión, obliga a las autoridades a emprender con la mayor seriedad las tareas de supervisión y gestión que las leyes les encomiendan.

En fechas recientes, la Presidencia de la Comisión de Seguridad Social ha recibido quejas de trabajadores en relación a posibles irregularidades en relación a la entrega de los saldos del SAR-ISSSTE a trabajadores que aún no cumplen los requisitos especificados en la Ley del ISSSTE.

En el estado de Coahuila, se ha presentado un número importante de casos de trabajadores que sin reunir los requisitos de ley, han podido retirar recursos de la subcuenta de retiro del SAR-ISSSTE. Estos retiros, que estarían afectando a 10 mil cuentas pueden representar un fraude de alrededor de 700 millones de pesos.

Estos retiros ilegales (que opera un despacho de abogados que cobran el 25 por ciento del saldo a retirar) sólo pueden ser posibles con la participación de servidores públicos del ISSSTE, del Fovissste y de empleados bancarios que pueden violentar los registros y controles del sistema. Pero también alude a una grave falta en la supervisión y operación de todo el Sistema de Ahorro para el Retiro, que se erigió bajo la promesa de constituirse en un sistema eficiente y transparente.

A petición de la presidencia de la Comisión de Seguridad Social, la Consar requirió a las instituciones de crédito operadoras de cuentas individuales SAR-ISSSTE, una relación detallada de las solicitudes de retiro de fondos que los trabajadores sujetos a la Ley del ISSSTE han efectuado durante 2004, así como una revisión del registro que llevan a cabo los bancos de las cuentas individuales.

Por su parte, en comunicación oficial a la Presidencia de la Comisión de Seguridad Social, el ISSSTE reconoció la problemática (aunque sólo admite una parte mínima de casos) y que se proponía reforzar las medidas de vigilancia y supervisión. No obstante, el Instituto es omiso sobre las acciones que efectivamente realiza para fincar responsabilidades sobre estas acciones que pueden ser constitutivas de delitos sobre el patrimonio de los trabajadores.

Otra irregularidad se ha presentado en el caso de la subcuenta del Fondo de Vivienda que administra el Fovissste. Además de los retiros indebidos reseñados anteriormente (y que incluyen fondos de esta subcuenta), existen casos de trabajadores que, sin haber obtenido un crédito del Fovissste, de un bimestre a otro el saldo de su subcuenta aparece en ceros.

Finalmente, otra problemática es la relativa a la enorme duplicidad de cuentas en el sistema; la relación entre las cuentas abiertas en el SAR-ISSSTE y los afiliados al Instituto es de 3 a 1, lo que significa que dos terceras partes de las mismas están inactivas. Esto puede deberse a la duplicidad en las cuentas o a su inactividad por separación del trabajador, sin embargo, esto no se aclara debidamente en los informes que presentan la Consar y el ISSSTE. Además existe la evidencia de que la unificación de cuentas es un trámite engorroso en el que la banca no coadyuva por ser una obligación del trabajador y porque no le reporta al banco un beneficio directo. De todas formas, de acuerdo a diversos testimonios, la falta de cumplimiento de este trámite mantiene cuentas duplicadas, cuyo monto es desconocido con los consecuentes efectos a largo plazo que pueden suscitarse en el patrimonio para el retiro de los trabajadores al servicios del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de este Honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de Federación, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una auditoría especial sobre los retiros ilegales efectuados a las cuentas individuales SAR-ISSSTE en el estado de Coahuila referidos en la presente proposición; sobre las anomalías en la subcuenta de vivienda de dichas cuentas individuales en las que, sin haberse ejercido crédito de vivienda alguno, se reportan saldos en ceros; y, sobre la duplicación de las cuentas individuales registradas en el SAR-ISSSTE, detallando las razones y montos de esta duplicación y las acciones que deban emprenderse para corregirlas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Diputados: Miguel Alonso Raya, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Francisco Javier Carrillo Soberón, Pablo Franco Hernández, Clara Marina Brugada Molina, Jaime Fernández Saracho, Rogelio Rodríguez Javier, José Angel Ibáñez Montes, Jesús Zúñiga Romero, Javier Salinas Narváez, Laura Elena Martínez Rivera, Manuel Velasco Coello, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Alonso Raya. De acuerdo a su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, se considera de urgente resolución.

En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado solicitud para hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutida la proposición.

Consulte en tal virtud la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, señor Secretario. Aprobada. Comuníquese.

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ESTADO DE CHIAPAS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, realizar estudios ejecutivos y llevar a cabo proyectos carreteros en las comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todos del X distrito federal electoral del estado de Chiapas.

El diputado Belizario Iram Herrera Solís: Con su permiso, ciudadana diputada Presidenta.

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Es- tados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, estudios ejecutivos y la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de 5 tramos que componen 86 kilómetros de comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todos en el X distrito federal electoral con cabecera en Motozintla de Mendoza, Chiapas, bajo las siguientes consideraciones:

Dentro de las carencias que padece el estado de Chiapas, especialmente en el X distrito electoral federal de la Sierra Madre del Sur, es precisamente la falta de infraestructura carretera, situación que permite que las comunidades productoras de café estén marginadas, sobre todo en los mercados regionales inmediatos, circunstancias que se ven reflejadas en la pobreza de los habitantes de esa zona. Es por ello que nuevamente vengo a interceder por los débiles de los pueblos que represento, no precisamente en el carácter, sino por el estado de olvido que en él se encuentran.

Quiero dejar claro que para abatir la pobreza y la marginación de las comunidades serranas, es urgente satisfacer por lo menos con 10 carreteras pavimentadas en su modalidad de camino rural que les permita tránsito seguro a las cabeceras municipales a donde pertenece no solamente para accesar a las buenas escuelas, sino también para accesar a los centros de salud como todas las redes de comunicación existentes como son: el teléfono, correos y otros servicios que acortan la distancia, sobre todo para mayor comunicación con las autoridades municipales, que es de su especial interés.

Recordemos que Chiapas padece y ha padecido problemas sociales en los recientes años precisamente por falta de vías de comunicación con sus comunidades retiradas, aisladas de los centros urbanos donde se realizan actividades de mercado, donde se comentan las posibilidades de los servicios, padeciendo de nuevos horizontes de justicia, hacinándose más la pobreza por falta de oportunidades productivas para todo lo que ahí vive.

Es por ello del requerimiento de estos tramos carreteros: tramo Rosario-Agua-Escondida, pasando por el ejido Ojo de Agua-ejido de Berriozábal, municipio de Motozintla, 25 kilómetros, que beneficiará a 15 comunidades productoras de café.

Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa-propiedad Llano Grande, 18 kilómetros que beneficiará a 14 comunidades productoras de café del municipio de Motozintla.

Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec, municipio de Motozintla, con 14 kilómetros, pasando por el barrio Toquian y Nueva Esperanza, beneficiando a 7 comunidades productoras de café.

Tramo El Porvenir-ejido El Rodeo, 4 kilómetros, que beneficiará a 13 comunidades productoras de papa, maíz, frijol de calidad del municipio de Siltepec que sólo el ecoturismo los va a salvar.

Tramo Frontera Comalapa-ejido Nueva Independencia, 25 kilómetros, municipio de Frontera Comalapa, productores de maíz y ganadería.

Todas estas obras dan vida a 78 mil habitantes de la vasta zona serrana referida. Lo anterior puntualiza la urgencia de la obra, en virtud de que el beneficio queda perfectamente demostrado en ese amplio universo de pobladores que también tienen derecho a contar con el mínimo de servicios para algún día alcanzar el tan sonado desarrollo. Con mucho énfasis se pronuncia en la discusión de cada uno de los presupuestos de egresos de cada año ya sea local o federal, que se quedan en palabras o en puras discusiones sin hacerse realidad para los marginados de mi tierra: la zona serrana de Chiapas.

De estas consideraciones, emergen las necesidades de las comunidades que beneficiarán, para que se les requiera a las dependencias del ramo de rubros marcados como emergentes en el presupuesto de egresos y saque a esos pobladores necesitados de su estado de emergencia en cuanto a sus caminos carreteros pavimentados, por lo que someto a la deliberación de esta honorable Asamblea los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore estudios ejecutivos, así como la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de los tramos Rosario Agua Escondida-ejido Berriozábal, 25 kilómetros del ejido de Motozintla; ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa- propiedad Llano Grande, 18 kilómetros; ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec municipio de Motozintla, 14 kilómetros.

Segundo. Que los recursos implementados por la secretaría del ramo para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los programas especiales o emergentes dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2005 o, en su caso, 2006 se tome lo necesario.

Solicito se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias, Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal que realice estudios ejecutivos y lleve a cabo proyectos carreteros en las comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todas del X distrito federal electoral del estado de Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, estudios ejecutivos y la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de cinco tramos (86 kilómetros) de comunidades rurales de la Sierra Madre del Sur, todos del X distrito federal electoral con cabecera en Motozintla de Mendoza en Chiapas, bajo las consideraciones siguientes

Consideraciones

Dentro de las carencias que padece el estado de Chiapas, especialmente el distrito X federal electoral de la Sierra Madre del Sur, es precisamente la falta de infraestructura carretera, situación que permite que las comunidades productoras de café estén marginadas, sobre todo de los mercados regionales inmediatos, circunstancia que se ve reflejada en la pobreza de los habitantes de esa zona, es por ello que nuevamente vengo a interceder por los débiles de los pueblos que represento, no precisamente en el carácter sino por el estado de olvido en el que se encuentran.

Quiero dejar claro, que para abatir la pobreza y la marginación de las comunidades serranas, es urgente satisfacerles por lo menos con vías carreteras pavimentadas en su modalidad de camino rural, que les permita tránsito seguro a las cabeceras municipales a donde pertenecen, no solamente para accesar a buenas escuelas, sino también para accesar a los centros de salud, como a todas las redes de comunicación existentes, como son el teléfono, correos, y otros servicios que acortan las distancias, sobre todo para mayor comunicación con las autoridades municipales que es de su especial interés.

Recordemos que Chiapas padece y ha padecido problemas sociales en los recientes años, precisamente por falta de vías de comunicación con sus comunidades retiradas, aisladas de los centros urbanos donde se realizan actividades de mercado, donde se concentran las posibilidades de los servicios, padeciendo de nuevos horizontes de justicia, hacinándose más la pobreza por falta de oportunidades productivas para todos lo que ahí viven.

Es por todo ello, del requerimiento de estos tramos carreteros, tramo Rosario Agua Escondida, pasando por el ejido Ojo de Agua-ejido Berriozabal municipio de Motozintla (25 kilómetros), que beneficiará a 15 comunidades productoras de café.

Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa-propiedad Llano Grande (18 kilómetros), que beneficiará a 14 comunidades productoras de café del municipio de Motozintla de Mendoza, Chiapas.

Tramo ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec, municipio de Motozintla de Mendoza (14 kilómetros), pasando por el barrio Toquian y Nueva Esperanza, beneficiando a 7 comunidades productoras de café y a una población de 12 mil habitantes.

Tramo El Porvenir-ejido El Rodeo (4 kilómetros), que beneficiará a 13 comunidades productoras de papa, maíz, frijol de calidad, del municipio de Siltepec, que sólo el ecoturismo los va a salvar.

Tramo Frontera Comalapa-ejido Nueva Independencia (25 kilómetros), municipio de Frontera Comalapa, productores de maíz y ganadería.

Todas estas obras dan vida a 78 mil habitantes de la vasta zona serrana referida.

Lo anterior puntualiza la urgencia de la obra, en virtud de que el beneficio queda perfectamente demostrado de ese amplio universo de pobladores, que también tienen derecho a contar con el mínimo de servicios para algún día alcanzar el tan sonado desarrollo que con mucho énfasis se pronuncia en la discusión de cada uno de los presupuestos de egresos de cada año, ya sean local o federal, que se quedan en palabras o en puras discusiones sin hacerse realidad para los marginados de mi tierra, la zona serrana de Chiapas.

De estas consideraciones, emerge la necesidad de las comunidades que se beneficiarán, para que se le requiera a la dependencia del ramo de los rubros marcados como emergentes en el Presupuesto de Egresos y saque a esos pobladores necesitados de su estado de emergencia en cuanto a sus caminos carreteros pavimentados, por lo que someto a la deliberación de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore estudios ejecutivos, así como la ejecución de la obra de los proyectos carreteros de los tramos Rosario Agua Escondida-ejido Ojo de Agua-ejido Berriozabal (25 kilómetros) del municipio de Motozintla de Mendoza, ejido Belisario Domínguez-ejido Villa Hermosa-propiedad Llano Grande (18 kilómetros), ejido Belisario Domínguez-ejido San José Ixtepec, municipio de Motozintla de Mendoza (14 kilómetros), ejido El Porvenir-ejido El Rodeo (4 kilómetros) municipio de Siltepec, Frontera Comalapa-ejido Nueva Independencia (25 kilómetros), todos ellos en el estado de Chiapas.

Segundo.- Que de los recursos implementados para la Secretaría del ramo y para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en los programas especiales o emergentes dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año 2005 y en su caso del 2006, se tome lo necesario para la elaboración de los estudios ejecutivos, así como, la ejecución de la obra de los proyectos carreteros referidos en el párrafo primero, por ser éstas consideradas de emergentes por la zona en la que están enclavadas de alta marginación.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A usted muchas gracias, diputado Herrera Solís. Favor de integrarlo de manera total en el Diario de los Debates, de acuerdo a la solicitud del diputado y se turna a la Comisión de Transportes.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Fernando Alvarez Monje, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de la Función Pública autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas, ubicado en la ciudad de Delicias, estado de Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5.

El diputado Fernando Alvarez Monje: Con su venia diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

La agricultura mexicana en distritos de riego enfrenta la problemática de mantener su competitividad ante la competencia internacional, así como la de propiciar que sea una actividad rentable para los agricultores, contando con una gran limitación en el abastecimiento de agua.

Cabe recordar que la administración centralizada del agua en México, por parte del Gobierno Federal, propició problemas de eficiencia, por lo que a partir de 1990 inicia la descentralización de distritos de riego, transfiriendo la operación, conservación y administración a asociaciones de usuarios.

Derivado de lo anterior, en el año de 1991 se constituyó en la ciudad de Delicias, Chihuahua, la organización civil denominada Módulo 5 como parte del proceso de descentralización de la administración del agua de riego en nuestro país. Esta asociación civil de usuarios tiene como objetivos actuales; la operación, conducción, conservación y administración del agua de riego a lo largo de una red de distribución de 288 kilómetros y ofreciendo sus servicios a más de mil 200 usuarios, en su mayoría pequeños productores agrícolas.

Los integrantes de esta asociación, como parte del sector agrícola conocen a fondo la problemática del campo, misma que tiene como una de las principales limitantes la disponibilidad de agua. Esta situación ha generado la necesidad de buscar nuevas alternativas productivas para mantener la competitividad, por lo que dicha asociación se encuentra dentro de un proceso de evolución de sus objetivos, planteando la necesidad de ofrecer nuevos y mejores servicios dirigidos a los productores agrícolas de la región.

Dentro de este entorno se contempla la creación de Centro de Servicios Agrícolas y Uso Sustentable del Agua Módulo 5, para ofrecer al productor agrícola servicios de apoyo y fomento al desarrollo competitivo de la agricultura a la región de Delicias, Chihuahua. Dicho proyecto está respaldado por más de mil 200 usuarios que participan activamente y se justifica por la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego, lo cual representa una de las acciones claves en el desarrollo de la agricultura en regiones áridas como es el caso del estado de Chihuahua.

Lo anterior se traduciría en un beneficio directo a los productores que les permitiría obtener mayores utilidades con los productos rentables en el mercado, mejorando la calidad de vida, asegurando la calidad de nuevos cultivos agrícolas, optimizando el aprovechamiento del agua de riego a través de nuevas técnicas y cultivos de menores requerimientos, así como la obtención de insumos agrícolas a bajo costo.

Sin embargo, debido a los años de sequía que se han padecido últimamente, resulta imposible para dicha asociación el adquirir un inmueble que le ayude a llevar a cabo los proyectos mencionados, los cuales se han reseñado y tendrán un impacto positivo en nuestros sectores.

En razón de lo anterior y considerando que las instalaciones del organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado Productora Nacional de Semillas, ubicada en la ciudad de Delicias, se encuentran actualmente en desuso, mismos que por sus condiciones y características pudieran albergar el Centro de Servicios Agrícolas y Uso Sustentable del Agua, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Que esta Cámara de Diputados exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en términos del medio jurídico idóneo, se autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas, ubicada en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de la Función Pública a autorizar el empleo del inmueble de la Productora Nacional de Semillas situado en Delicias, Chihuahua, por parte de la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5, a cargo del diputado Fernando Álvarez Monje, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe Fernando Álvarez Monje, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Función Pública a que, dentro del ámbito de sus atribuciones, y en términos del medio jurídico idóneo, se autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas ubicado en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5.

Consideraciones

La agricultura mexicana en distritos de riego, enfrenta la problemática de mantener su competitividad ante la competencia internacional, así como la de propiciar que sea una actividad rentable para los agricultores, contando con una gran limitación en el abastecimiento de agua.

Cabe recordar que la administración centralizada del agua en México, por parte del Gobierno Federal, propicio problemas de eficiencia, por lo que a partir de 1990, inicia la descentralización de distritos de riego, transfiriendo la operación, conservación y administración a asociaciones de usuarios.

Este tipo de asociaciones de usuarios, tiene como objetivo administrar el agua en distritos de riego en forma eficiente, así como desarrollar obras de mejoramiento y conducción para incrementar la eficiencia del aprovechamiento de este líquido.

Asimismo, debido a las propias necesidades del campo mexicano, dichas asociaciones evolucionan para ofrecer a los agricultores, una gama mayor de servicios, con la finalidad de dotar de más y mejores instrumentos a sus asociados.

Derivado de lo anterior, en el año de 1991 se constituyó en la ``ciudad de Delicias, Chihuahua'', la organización civil denominada ``Módulo Cinco'', como parte del proceso de descentralización de la administración de agua de riego en nuestro país.

Esta asociación civil de usuarios, tiene como objetivos actuales, la operación, conducción, conservación y administración de agua de riego a lo largo de una red de distribución de 288 kilómetros, ofreciendo sus servicios a más de 1,200 usuarios, en su mayoría pequeños productores agrícolas.

Los integrantes de esta asociación, como parte del sector agrícola, conocen a fondo la problemática del campo, misma que tiene como una de las principales limitantes, la disponibilidad de agua de riego. Esta situación, ha generado la necesidad de buscar nuevas alternativas productivas para mantener la competitividad, por lo que dicha asociación, se encuentra dentro de un proceso de evolución de sus objetivos, planteando la necesidad de ofrecer nuevos y mejores servicios dirigidos a los productores agrícolas de la región.

Dentro de este entorno, se contempla la creación del ``Centro de Servicios Agrícolas y Uso Sustentable del Agua Modulo Cinco'', para ofrecer al productor agrícola, servicios de apoyo y fomento al desarrollo competitivo de la agricultura en la región de Delicias, Chihuahua.

Dicho centro, brindaría servicios no solamente de operación del agua, sino también la renta de maquinarias para mantenimiento parcelario y de infraestructura agrícola; participaría en asociación con otros módulos, a través de una constructora para incorporarse a los programas de uso sustentable del agua, convocados por el Gobierno Federal; ofrecería servicios de fomento a la producción agrícola y técnicas de riego; fomentaría la transferencia de tecnología sobre el uso y administración del agua, y operaría un laboratorio de análisis de suelos y agua, entre otros.

Dicho proyecto, esta respaldado por más de 1,200 usuarios que participan activamente, y se justifica por la necesidad de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego, lo cual representa una de las acciones claves en el desarrollo de la agricultura en regiones áridas, como lo es el caso del Estado de Chihuahua.

Sin duda que el centro que se propone crear, se convertiría en un impulsor del desarrollo de productos estratégicos, para explorar nuevos mercados agrícolas de mayor rentabilidad, y se convertiría en detonante privilegiado en el desarrollo de la cadena productiva regional, beneficiando a un alto porcentaje de población de bajos recursos.

Lo anterior, se traduciría en un beneficio directo a los productores, que les permitiría obtener mayores utilidades con productos rentables en el mercado, mejorando la calidad de vida, asegurando la calidad de los cultivos agrícolas, optimizando el aprovechamiento del agua de riego a través de nuevas técnicas y cultivos de menores requerimientos, así como la obtención de insumos agrícolas a bajo costo.

De igual manera, en el ámbito regional se obtendrían importantes beneficios, como son el fomento del arraigo en la zona, la creación de fuentes de empleo en una región con vocación agrícola, mejoramiento de las condiciones actuales de la agricultura regional, bajo un modelo de fomento a la competitividad, y el desarrollo de la cadena productiva agrícola, impactando directamente a un importante número de productores agrícolas de bajos recursos.

Sin embargo, debido a los años de sequía que se han padecido últimamente, resulta imposible para dicha asociación, el adquirir un inmueble que le ayude a llevar a cabo los proyectos mencionados, los cuales como se han reseñado, tendrían un impacto positivo en uno de nuestros sectores más vulnerables, como lo es el agrícola.

En razón de lo anterior, y considerando que las instalaciones del organismo descentralizado del Gobierno Federal denominado Productora Nacional de Semillas, ubicadas en la ciudad de Delicias, Chihuahua, se encuentran actualmente en desuso; mismas que por sus condiciones y características, pudieren albergar el Centro de Servicios Agrícolas y Uso Sustentable del agua, citado.

Sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta Cámara de Diputados, exhorte a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de la Función Pública; para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en términos del medio jurídico idóneo, se autorice el uso del inmueble de la Productora Nacional de Semillas ubicado en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a la Asociación Civil de Usuarios Módulo 5.

Dip. Fernando Álvarez Monje (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Alvarez Monje. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra la compañera diputada Clara Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad libere los recursos aprobados por esta soberanía para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica, del campo y para las universidades estatales.

La diputada Clara Marina Brugada Molina: Gracias, diputada Presidenta.

«Proposición on punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar con la mayor brevedad los recursos aprobados por esta soberanía para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica y del campo, así como para las universidades estatales.

Los que suscriben, diputados y diputadas federales integrantes de la de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de diciembre, esta Legislatura aprobó, entre las modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, una ampliación por 3, 895 millones de pesos a la Secretaría de Salud, para apoyar proyectos de infraestructura y equipamiento en salud a Hospitales y Centros de Salud en las entidades Federativas, 17 mil 120 millones de pesos para infraestructura carretera, 5 mil 200 millones de pesos para infraestructura hidráulica, 4347. 3 millones para apoyo a las universidades estatales, 20 mil millones 698 pesos para el campo, entre otros.

Con estas ampliaciones, la Cámara de Diputados responde al rezago acumulado en los últimos 25 años en las materias sustantivas como las comunicaciones, la salud, la educación y el campo.

Dichos recursos fueron debidamente integrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Presupuesto de Egresos de la Federación modificado publicado en su página electrónica el 1 de enero de este año y también fue comunicado a la Secretaría de Salud el 7 de enero al publicar los calendarios de gasto autorizados a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

En este sentido, es preciso señalar que el ejecutivo federal no impugnó estas ampliaciones hechas por la Cámara de Diputados y por ende tampoco solicitó la suspensión de su ejercicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, nos resulta sumamente preocupante, que la Secretaría de Hacienda suspenda por la vía de los hechos el ejercicio de estos recursos autorizados por la Cámara de Diputados.

Lo anterior constituye un hecho grave, ya que la SHCP sin sustento legal que avale el congelamiento de estos recursos, obstruye el cumplimiento de un mandato expreso de este órgano legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos, a la presidencia someta consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión formula un firme llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con la mayor brevedad libere los recursos aprobados por esta soberanía para infraestructura hospitalaria, carretera, hidráulica, el campo y para las universidades estatales.

Segundo: Se cite a comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para explique las razones del retraso en la liberación y radicación de estos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Clara M. Brugada Molina (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Brugada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, Secretaria. En virtud de que a esta Presidencia no ha llegado solicitud para el uso de la palabra, se considera la propuesta suficientemente discutida.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está aprobada. Comuníquese.

A continuación queremos dar la bienvenida a un grupo de vecinos del municipio de Tlalnepantla, estado de México, a ésta, la más alta tribuna de la nación. Ellos han sido invitados por la compañera diputada Adriana González. Bienvenidos.

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HUERFANOS
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de sus entidades y dependencias amplíe, fortalezca y eficientice las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos abandonados del país. El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Con su permiso, diputada Presidenta.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Para hablar de un efectivo Estado de derecho, éste debe contemplar la inclusión de todas y todos los habitantes de la nación, con especial énfasis, debe procurar la garantía del goce de los derechos de la niñez; sólo de esta forma el Estado se constituirá en la base de una auténtica democracia, la cual es parte de una visión de política y estrategia integral que compromete la cultura de la solidaridad, la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y el sentido preciso de la justicia social.

El ampliar, fortalecer y eficientar las acciones de apoyo a todas las niñas, y niños huérfanos o abandonados del país, es una inversión ya que los beneficios sociales, familiares e individuales que representa en cada uno de estos componentes, propicia que sus efectos se multipliquen.

Necesitamos que se avance en la construcción de nuevas políticas o bien, en el fortalecimiento de las que ya existen para que su acción en este campo sea equitativo, ya que la demanda de estos sectores así lo exigen.

Considero que es nuestra responsabilidad gestionar estos apoyos, ya que estos niños carecen de la protección más inmediata con que deben contar de sus progenitores, lo cual resulta perjudicial para su bienestar y desarrollo, además, corren un mayor riesgo de ser objeto de violencia, explotación, trata de menores, discriminación y otros abusos, así como enfrentar desnutrición, enfermedades, traumas físicos, psicosociales y limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional.

Por ello, es necesario ampliar, fortalecer y mejorar las acciones que se realizan en su favor. México necesita ciudadanos con una actitud activa y no pasiva ante estos fenómenos sociales, debemos reflexionar con profesionalismo y respeto; nosotros como representantes sociales, debemos ser los garantes de los intereses de la nación, que nos ha encomendado la tarea fundamental de generar el cambio desde esta tribuna.

No debemos olvidar que el factor crítico es el elemento que permite construir, pero quien tiene el derecho a retroalimentar tiene la obligación de trabajar. Si logramos cristalizar esta propuesta, sin duda alentaremos la consolidación la democracia y la responsabilidad entre los niños por su futuro, ya que ellos tienen recursos valiosos que aportar en la vida sociopolítica de este país; de hecho, la población infantil de México es la que más desconfía de sus dirigentes políticos entre sus pares de América Latina y, a su vez, reclama soluciones según la encuesta regional divulgada por la UNICEF.

Nuestra niñez es nuestro principal activo como país, a la cual debemos de acompañar en su cuidado y desarrollo, formación y crecimiento, para que pueda tener las oportunidades y herramientas que necesita para el engrandecimiento de nuestra patria.

Por lo anterior, propongo a esta honorable Asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de sus entidades y dependencias y de acuerdo con las atribuciones que le competan respectivamente, amplíe, fortalezca y eficientice las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos o abandonados de este país. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que, a través de sus entidades y dependencias, amplíe, fortalezca y vuelva eficientes las acciones de apoyo a las niñas y los niños huérfanos abandonados del país, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura, José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Para hablar de un efectivo estado de derecho, éste debe contemplar la inclusión de todas y todos los habitantes de la nación. Con especial énfasis, debe procurar la garantía del goce de los derechos de la niñez, sólo de esta forma el Estado se constituirá en la base de una auténtica democracia, la cual es parte de una visión de política y estrategia integral que compromete la cultura de la solidaridad, la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y el sentido preciso de la justicia social.

El ampliar, fortalecer y eficientar las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos o abandonados del país es una inversión, ya que los beneficios sociales, familiares e individuales que representa en cada uno de esos componentes, propicia que sus efectos se multipliquen y a su vez, potencian recíprocamente dadas las interrelaciones positivas que los vinculan. Así mismo, se incentivaría su propio esfuerzo y se promovería su acceso a nuevas oportunidades de desarrollo. Así de simple.

Con esto no quiero decir que en el gobierno federal no existan acciones positivas a favor de estos grupos vulnerables pero necesitamos que se avance en la construcción de nuevas políticas o bien, en el fortalecimiento de las que ya existen para que su acción en este campo sea equitativo, ya que la demanda de estos sectores así lo exigen. Considero que es nuestra responsabilidad gestionar estos apoyos, ya que estos niños carecen de la protección más inmediata con que deben contar: sus progenitores. Lo anterior resulta perjudicial para su bienestar y desarrollo, además corren un mayor riesgo de ser objetos de violencia, explotación, trata de menores, discriminación y otros abusos, así como enfrentar desnutrición, enfermedades, traumas físicos y psicosociales y limitaciones en su desarrollo cognitivo y emocional, entre otros. Por ello, es necesario ampliar, fortalecer y mejorar las acciones que se realizan en su favor.

México necesita ciudadanos con una actitud activa y no pasiva ante estos fenómenos sociales, debemos reflexionar con profesionalismo y respeto; nosotros como representantes sociales debemos ser los garantes de los intereses de la nación, que nos ha encomendado la tarea fundamental de generar el cambio desde esta tribuna. No debemos olvidar que el factor crítico es el elemento que permite construir, pero quien tiene el derecho de retroalimentar, tiene la obligación de trabajar.

Si logramos cristalizar esta propuesta, sin duda alentamos a consolidar la democracia y la responsabilidad entre los niños por su futuro, ya que ellos tienen recursos valiosos que aportar en la vida sociopolítica de este país. De hecho, la población infantil de México es la que más desconfía de sus dirigentes políticos entre sus pares de América Latina y a su vez, reclaman soluciones, según una encuesta regional divulgada por el UNICEF.

Demostremos que este gobierno es sensible ante el dolor ajeno y que la política foxista radica en la vocación de servicio.

Por lo anterior, propongo con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de sus entidades y dependencias y de acuerdo con las atribuciones que les competan respectivamente, amplíe, fortalezca y eficiente las acciones de apoyo a todas las niñas y niños huérfanos o abandonados del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Bermúdez. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familia.

En el área de visitas y de invitados especiales está la licenciada Lucila Flores, el licenciado José Antonio Pimentel y el licenciado Juan Carlos García, todos ellos de Cuencamé, estado de Durango, que fueron invitados a acompañarnos en este recinto por los diputados federales de ese estado.

Sean ustedes bienvenidos.

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SECRETARIA DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se comunica a la Secretaría de Salud y a Censida, el beneplácito de esta Cámara por la campaña contra la homofobia, así como para exhortarlas a no detenerla por presiones de grupos homofóbicos y sugerirles que extiendan la misma a otros medios de comunicación.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañera Presidenta.

La homofobia es una enfermedad psicosocial que se define como el odio a los homosexuales y pertenece al mismo grupo que el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se fundamenta en el odio al otro, al diferente, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños amenazadores para la sociedad y lo que es peor, contagiosos.

La homofobia, como otras actitudes fascistas, prepara siempre las condiciones para el exterminio, crea y consolida un clima agresivo contra los gays y las lesbianas, identificándolas como personas peligrosas, viciosas, ridículas y anormales, enfermas, marcándoles con un estigma específico, que es la causa para las acciones de violencia política, desigualdad legal, desigualdad social, exclusión y escarnio públicos o la violencia física, ataques y asesinatos.

La homofobia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen único ni un objetivo ni una razón, está enraizada desgraciadamente en diferentes culturas, épocas, clases sociales e instituciones; sin embargo, tenemos la obligación de combatirle, desde la infancia, desde la escuela, desde el lenguaje, así como también desde las instituciones.

El conocimiento y la educación, son nuestra mejor protección contra el prejuicio que no razona y el miedo que produce pánico, ya sea por algún interés especial o la simple ignorancia desbordada. En consecuencia, nos parece relevante que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-sida dé inicio a una campaña para fomentar la existencia y manifestación de la diversidad sexual, mediante difusión de spots en la radio, al mismo tiempo esto fomenta que la diversidad sexual sea respetada. Esta es una condición indispensable para fortalecer la lucha que estamos dando todos contra la expansión de la pandemia de VIH-sida.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación Nacional de Padres de Familia y Provida han manifestado su desacuerdo con la campaña, señalándola como una imprudencia de Julio Frenk y refieren que está cargada ideológicamente para fomentar la homosexualidad. Califican a la homosexualidad como un desorden mental, incluso Jorge Serrano Limón señaló que la decisión de la OMS en 1991 de retirar la homosexualidad como una enfermedad, es un grave error. Esta actitud ha motivado que integrantes de la Organización Diversidad y Dignificación de la Política presentara una denuncia penal contra la UNPF y Provida para promover la homofobia y por calificar la homosexualidad como una enfermedad y aberración.

Debemos condenar estos señalamientos y respaldar totalmente la decisión de la Secretaría de Salud y de organizaciones civiles por promover el respeto a la diversidad y a la tolerancia sexual.

En consecuencia y por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del pleno los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. La honorable Cámara de Diputados celebra que la Secretaría de Salud y Censida difundan campañas orientadas a cambiar los patrones culturales que fomentan el respeto a la diversidad y el rechazo absoluto a la homofobia.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a Censida a no ceder ante grupos de presión que intentan frenar la campaña contra la homofobia, pues sólo consiguen poner en riesgo la armonía de y entre los mexicanos y en la medida de lo posible también le pedimos a Censida y a la Secretaría de Salud que hagan extensiva esta campaña de la televisión a otros medios de comunicación, como la radio.

Muchas gracias, compañera Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se comunica a la Secretaría de Salud y al Censida el beneplácito de esta Cámara por la campaña contra la homofobia, y se les exhorta a no detener dicha campaña por presiones de grupos homofóbicos y se les sugiere que extiendan la misma a otros medios de comunicación, a cargo del diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los homosexuales. La homofobia pertenece al mismo grupo que otras enfermedades parecidas, como el racismo, la xenofobia o el machismo. Este grupo de enfermedades se fundamenta en el odio al otro, entendido éste como una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y extraños, amenazadores para la sociedad, y ---lo que es peor--- contagiosos.

La homofobia, como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones del exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo contra los gays y las lesbianas, identificándoles como personas peligrosas, viciosas, ridículas, anormales, y enfermas, marcándoles con un estigma específico que es el cimiento para las acciones de violencia política (desigualdad legal), social (exclusión y escarnio públicos) o física (ataques y asesinatos).

El conocimiento es la educación en su sentido verdadero, es nuestra mejor protección contra el prejuicio que no razona y el miedo que produce pánico, ya sea que estos nazcan de algún interés especial, de minorías restrictivas o la simple ignorancia desbordada.

El miedo nace de los mitos y de la ignorancia a un tema, y se les puede perder el miedo a los homosexuales si comenzamos a entender los mitos que rodean a la homosexualidad.

La homofobia tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, no tiene un origen único, ni una cabeza visible, ni un objetivo, ni una razón histórica, está enraizada en diferentes culturas, épocas, clases sociales e instituciones.

Sin embargo, tenemos la obligación de combatirla desde la infancia, desde la escuela, desde el lenguaje, así como también desde las instituciones.

Por esta razón, nos parece de suma importancia que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, esté a punto de iniciar la campaña para fomentar el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual mediante la difusión de los spots de radio titulados ``Homofobia-la cena y Homofobia-preguntas''

La discriminación por motivos relacionados con las preferencias sexuales son una muestra de la falta de conocimiento que agrava no solo a quienes la practican, sino a quienes no la condenan y realizan acciones para erradicarla.

Celebramos que la Secretaría de Salud, a través de su titular, coincida en la difusión de los spots, ya que es de conocimiento para todos, que la Asociación Nacional de Padres de Familia así como Provida, han manifestado su desacuerdo con la campaña señalándola como ``una imprudencia de Frenk, pues la campaña está cargada ideológicamente para fomentar la homosexualidad'' o que ``son producto, los anuncios de un desorden mental'', por lo que han solicitado la cancelación de los mismos. Es tan descomunal el señalamiento de Provida que su vocero, Jorge Serrano Limón, señaló que ``la decisión de la OMS en 1991 de retirar a la homosexualidad como una enfermedad, es un gran error''.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La H. Cámara de Diputados celebra que la Secretaría de Salud y el Censida, difundan campañas orientadas a cambiar los patrones culturales que fomenten el respeto a la diversidad y el rechazo absoluto a la homofobia.

Segundo.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a Censida, a no ceder ante grupos de presión quienes intentan frenar la campaña contra la Homofobia, pues solo consiguen poner en riesgo la armonía de y entre los mexicanos.

Tercero.- Se solicita a la Secretaría de Salud que, en la medida de lo posible, se haga extensiva esta campaña a la televisión.

Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A usted, diputado García Tinajero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se considera de urgente resolución.

En virtud de que no tenemos en esta Presidencia ninguna solicitud para el uso de la palabra, se considera suficientemente discutida la proposición. En tal virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del IFE, presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del mismo, que contenga los elementos necesarios para que esta soberanía conozca y analice el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006.

El diputado Emilio Zebadúa González: Muchas gracias, diputada Presidenta.

El Congreso de la Unión, como sabemos, es corresponsable, según la Constitución, del funcionamiento adecuado del Consejo General del IFE. El artículo 41 constitucional establece expresamente que en la integración del Instituto Federal Electoral participa el Poder Legislativo y más concretamente, que el Consejo General del IFE incluye la participación de consejeros representantes de este Poder Legislativo.

Estamos en vísperas del inicio de un proceso electoral que anticipa ser complejo y competitivo. El IFE como máxima autoridad administrativa en materia electoral, estará encargado de conducir dicho proceso, su éxito dependerá de su apego a los principios rectores inscritos en la Constitución: el de certeza, el de legalidad, el de imparcialidad, el de independencia y el de objetividad.

¿Está el IFE y en particular su Consejo General y su Junta General Ejecutiva preparados para el desafío del 2006?

Hoy tenemos en el ambiente posiciones diversas un tanto encontradas sobre este tema, pero hay una duda que subsiste. Desde su constitución o designación el actual Consejo General abrió un debate sobre el tema y ahora hemos conocido de la demanda de juicio político que presentan 2 de los partidos políticos que participaron en la designación de dicho Consejo General, en contra del presidente de la institución y de la mitad de los consejeros electorales.

Más allá de los meritos o motivos de dicho juicio político, me parece a mí que no podemos ignorar el malestar que con el desempeño del Consejo General del IFE está posición extrema refleja.

Es por ello que me parece a mí que esta Cámara y el Congreso de la Unión tienen una responsabilidad tanto política como institucional, de llevar a cabo de manera institucional, imparcial y objetiva, una evaluación previa del Consejo General del IFE antes de que inicie el proceso electoral de 2006, para que de este modo haya plena certeza de que el árbitro está preparado para conducir la elección presidencial del 2006.

¿Por qué el Congreso de la Unión? Justamente porque participa en la integración del Consejo General del IFE a través de representantes que nos representan, no a los partidos políticos o a los grupos parlamentarios, sino al Poder Legislativo en su conjunto.

Es por eso que pongo a la consideración de esta Cámara este punto de acuerdo que establece que el pleno de la Cámara de Diputados solicitará a los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del Consejo General que contengan los elementos necesarios para conocer y analizar el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006, con base a lineamientos objetivos estipulados previamente en un cuestionario presentado por la comisión de esta Cámara respectivamente.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del IFE que presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del mismo que contenga los elementos necesarios para que esta soberanía conozca y analice el funcionamiento de la institución, de cara al proceso electoral de 2006, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que suscribe, diputado Emilio Zebadúa González integrante del grupo parlamentario del PRD, me permito presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tomando en cuenta que el Poder Legislativo es responsable de la integración del IFE, según lo establece expresamente el artículo 41 constitucional y el artículo 74 del Cofipe, y que también por disposición constitucional y legal el poder legislativo forma parte de su Consejo General a través de sus propios Consejeros, aunque su participación en las discusiones del pleno se limita a tener el derecho de voz más no de voto, esta representación y en particular esta Cámara de Diputados se encuentra obligado en consecuencia a participar en el buen funcionamiento del Consejo General y del IFE como órgano autónomo.

Se debe, pues, respetar su autonomía, pero también se debe asumir la responsabilidad constitucional que la Carta Magna y el diseño institucional del IFE depositan en el Poder Legislativo por medio de sus Consejeros ante el Consejo General.

Que en el ejercicio de su función del que participan todos los consejeros integrantes del Consejo General, independientemente del origen de su designación, están obligados a seguir y respetar los principios rectores que le marca la Constitución y el Cofipe, como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que le dan fuerza y legitimidad al ejercicio de su función y a las decisiones que en él se toman.

Que es necesario, para esta soberanía, en función de que participa de la integración del Consejo General y de sus trabajos, conocer de las actividades que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones en general, tomando en cuenta que es difícil normar un criterio informado con respecto a la situación que guarda el IFE, solamente a partir de uno de sus múltiples y variados acuerdos o bien, de la opinión de uno o incluso todos los partidos políticos.

Para estar en condiciones de cumplir con el espíritu y la letra de la ley en lo que respecta a la responsabilidad constitucional en lo que toca al Poder Legislativo es necesario contar con elementos objetivos y ciertos.

Debemos, pues, con toda responsabilidad, y en vísperas de una elección que se anticipa compleja y competitiva, dotarnos a nosotros mismos como Poder Legislativo e integrante del Consejo General, de un diagnóstico y análisis del desempeño integro y completo de este Consejo General durante el periodo en que ha ejercido sus funciones.

Junto con la Cámara de Senadores, esta Cámara de Diputados debiera solicitar dicho análisis e informe --elaborado bajo criterios objetivos, imparciales--- y hacerle llegar a los Consejeros del Poder Legislativo esta petición, puesto que son ellos, en su carácter institucional como representantes del Congreso de la Unión y no de los partidos políticos, menos aún, de un solo partido, quienes deben poder elaborar dicho análisis y permitir de esta manera, que el Poder Legislativo se forme un juicio sobre las condiciones en que se conducirá el proceso electoral del 2006.

Hay que decirlo, en un entorno de competitividad e incluso, de una posible polarización política, es indispensable que el actual Consejo General del IFE, demuestre que está a la altura de los retos y las responsabilidades tan grandes que tiene frente a este proceso electoral federal que ya se avecina.

Es cierto que una decisión o resolución del Consejo General del IFE; incluso todas las decisiones o acuerdos del Instituto, por sí mismas o en su conjunto no pueden dar lugar a una sanción o censura de parte de la Cámara de Diputados, aún en el caso de haber tomado dicho acuerdo sin motivación o fundamento jurídico suficiente, sobre todo tomando en cuenta que en el diseño constitucional que vela sobre la legalidad de las decisiones y actos electorales, el Legislador determinó conferir la facultad jurisdiccional y revisora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y sin embargo, sostenemos en virtud de las anteriores consideraciones que podemos solicitarles a nuestros Consejeros, sin vulnerar en absoluto la autonomía del IFE o violar la norma constitución y la legalidad este ejercicio de rendición de cuentas.

Asimismo, me permito presentar una propuesta de guía o temario y los criterios técnicos de evaluación del Consejo General del IFE para así buscar el consenso en ambas cámaras para solicitarle a los Consejeros del Poder Legislativo en el Consejo General del IFE dicho informe.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- El pleno de la Cámara de Diputados solicita a los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del Instituto Federal Electoral que presenten en un plazo de 30 días un informe sobre los trabajos del Consejo General del IFE que contenga los elementos necesarios para conocer y analizar el funcionamiento de la institución de cara al proceso electoral de 2006 con los lineamientos siguientes:

1. Evaluación de la legalidad de los acuerdos del IFE y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

2. Evaluación del personal del Servicio Profesional Electoral

3. Modificaciones a la estructura de la Junta General Ejecutiva y de los mandos medios y superiores

4. Cumplimiento de la obligación del Presidente del Consejo General del IFE de velar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto Federal Electoral como lo marca el artículo 83, numeral 1, inciso a) del Cofipe

5. Funcionamiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral

6. Informe sobre el programa de redistritación

7. Evaluación de los alcances en el acceso a la información y transparencia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted compañero diputado Emilio Zebadúa. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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HUMEDALES COSTEROS
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la NOM-022-Semarnat de 2003.El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

El 7 de mayo de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la adición al punto 4.43 de la Norma 022-Semarnart-2003, suscrita por Juan José García de Alba Bustamante, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, adición con la cual la Semarnat consintió de manera cínica, irregular e irresponsable, la destrucción de los humedales en las zonas de manglar.

Con la adición a la 4.43 se pone en riesgo a este ecosistema, ya que la Semarnat abre la posibilidad de establecer una compensación económica a cambio de permitir la realización de obras y actividades que pueden involucrar un cambio definitivo en el uso del suelo.

Es de resaltarse que con la adición de este punto, el funcionario en comento violó el procedimiento establecido en el artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, ya que esta norma señala de manera expresa que cuando se pretendan crear nuevos requisitos o procedimientos o bien incorporar especificaciones más estrictas, se debe seguir el mismo procedimiento que para su elaboración y, en este caso, a iniciativa propia realizó tal adición. Con esa actitud, dicho servidor público se hace acreedor a una responsabilidad por contravenir el principio de legalidad y atentar contra el Estado de derecho.

Lo más grave de todo este asunto, es que el biólogo Ricardo Juárez Cervantes, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Semarnat, dio el visto bueno al desarrollo Costa-Cancún, el 23 de febrero de 2004, violentando las disposiciones de la norma oficial existente, ya que a la fecha de dicha autorización, aún no había sido adicionado el numeral 4.43 para la construcción de obras en zonas de manglares.

Compañeras y compañeros legisladores: Resulta inadmisible la incongruencia de la política ambiental desarrollada por la administración federal y la ilegalidad con la que han actuado diversos funcionarios de la Semarnat, ya que en lugar de constituirse como verdaderos garantes de la protección del medio ambiente y su conservación, el titular de dicha Secretaría se encuentra más preocupado por su candidatura a la Presidencia de la República, que en realizar y culminar el trabajo de la Secretaría a su cargo, dejando en manos de irresponsables funcionarios e incompetentes, la conducción de la política ambiental, lo cual nos hace pensar que la irregularidad en la reforma a la norma y a la aprobación del dictamen de impacto ambiental, responde más a intereses económicos que a salvaguardar el interés de la nación en el medio ambiente adecuado.

Por todo lo anterior, exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente a derogar la adición 4.43 de la NOM-022-Semarnat de 2003, para evitar la destrucción de los manglares a cambio de una compensación económica que de nada sirve para la reconstrucción de dicho ecosistema.

Solicito, señora Presidenta, que se inserte íntegro en el Diario de los Debates la presente proposición con punto de acuerdo. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la NOM-022-SEMARNAT-2003, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A pesar del gran esfuerzo de la comunidad científica y de la sociedad en general por la conservación de los humedales costeros en zona de manglar, el pasado 7 de mayo del 2004 el C. Juan José García de Alba Bustamante, subsecretario de fomento y normatividad ambiental, signó un acuerdo que cancela de facto uno de los objetivos primordiales que dieron origen a la NOM-022 publicada el diez de abril de 2003.

Dentro de los considerandos de la hoy reformada NOM-022-SEMARNAT se establecía que era urgente establecer medidas y programas que garantizaran la integridad de los humedales costeros, protegiendo y en su caso, restaurando sus funciones hidrológicas, evitando en todo momento su deterioro por el cambio de uso de clima entre otros factores que dañan terriblemente este ecosistema.

Sin embargo y fuera de cualquier lógica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un acuerdo que adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana ``NOM-022-SEMARNAT-2003, que señala las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauraron de los humedales costeros en zona de manglar''.

Lejos de realizar o fomentar la protección al manglar tal y como lo indica la denominación de dicha NOM- 022 la reforma realizada que a la letra dice: 4.43 ``La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea el caso se establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente'' ; solo nos demuestra que la intención de tal reforma, por ningún motivo implica la protección integral al manglar.

Con esta reforma a la norma oficial NOM-022, el gobierno a través de la Semarnat da vía libre a todos los proyectos que devastan manglares materializando de esta forma su pretensión de no poner ningún obstáculo ambiental a los planes de desarrollo económico

La construcción de la norma original requirió siete años, ya que se integraron las opiniones de investigadores, universidades y organizaciones ambientalistas con el único fin de dar protección integral a los humedales costeros en zona de manglar, sin embargo, la modificación de dicha Norma Oficial fue realizada de manera incorrecta toda vez que tal y como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su artículo 51, la modificación de una norma que pretenda crear nuevos requisitos o procedimientos, o bien incorporar especificaciones mas estrictas como es el caso de la NOM-022-SEMARNAT, deberá seguir el procedimiento establecido para la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas; procedimiento que no siguió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que dicha modificación es del todo ilegal y únicamente evidencia la urgencia de esta dependencia por convalidar las autorizaciones para la destrucción de estos ecosistemas a cambio de ambiciosos proyectos turísticos que solo benefician a unos cuantos inversionistas y afectan a todos los habitantes de estas zonas afectadas.

Mientras ante el mundo México forma parte de los países preocupados por la conservación de este ecosistema, firma acuerdos y reconoce reglas más estrictas para la protección de los ecosistemas costeros, la Semarnat aprueba un retroceso a la reglamentación que protege a los manglares.

La modificación a esta norma establece que se podrán realizar construcciones en los humedales costeros en zona de manglar siempre que exista una ``compensación'', que de ninguna manera podrá revertir el daño causado a los mismos, ya que se admite una compensación económica a cambio de la autorización de obras y actividades antes prohibidas.

Esta situación es por demás alarmante en cifras y hechos, ya que de acuerdo con datos del INEGI anualmente se pierden 9,913 hectáreas de manglares.

Dentro de las bondades que los manglares proporcionan a México, tenemos beneficios por un valor que oscila entre 8 mil y 14 mil millones de dólares al año, solamente en servicios ambientales para la pesca.

Se calcula que el servicio proporcionado por cada hectárea de manglar tiene un valor anual que va de 10 mil dólares a 16,750 dólares; tan sólo en Quintana Roo, el servicio a la industria pesquera asciende a 460 mdd anuales y por si esto fuera poco, los manglares son barreras contra la erosión y protegen a la población de huracanes y tormentas, actuando como zona de amortiguamiento y resguardo.

La importancia de la conservación de los manglares es de tal importancia que estudios recientes demuestra que de no haberse destruido y cambiado la zona de manglares por zona turística hotelera en Indonesia, los damnificados del Tsunami hubieran sido muchos menos.

De igual forma los manglares, ofrecen hábitat y refugio para flora y fauna terrestre y acuática, por su enorme diversidad, son refugios únicos en el mundo, proporcionan muchos productos: carbón, leña, madera, pulpa, taninos, peces, moluscos, entre otros; fusionan lo terrestre y lo marino. Ningún otro ecosistema del mundo genera semejante riqueza económica y ecológica por unidad de volumen.

Ahora bien, la autorización de los desarrollos turísticos que se están construyendo en las áreas que albergan al manglar son excluyentes, representando únicamente los intereses de los grandes empresarios turísticos que la mayoría de las veces son extranjeros y que no muestran ningún interés por la conservación del medio ambiente.

La protección de los recursos naturales con los que cuenta nuestro País es una responsabilidad de todos los mexicanos, por tal motivo tenemos la obligación de conservarlos para las generaciones futuras.

Sin embargo, esto no será posible si permitimos que se destruyan a cambio de unos cuantos pesos para los funcionarios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Semarnat a derogar la adición 4.43 a la NOM-022-SEMARNAT-2003, publicada en el diario oficial de la federación el siete de mayo de 2004 ya que su aplicación impacta negativamente a los manglares y sus ecosistemas.

Dado en el Salón de Sesiones, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Ortega Alvarez. Favor de insertar íntegra la propuesta con punto de acuerdo que presentó el diputado Ortega Alvarez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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REPUBLICA DE CUBA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el diputado Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos, promovida por diputados federales del Partido Acción Nacional.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, compañera Presidenta.

La actual administración federal foxista y el Partido Acción Nacional han sido responsables de llevar las relaciones entre México y Cuba a un estado de tensión permanente durante los últimos años. Recordemos las acciones de Jorge Castañeda, que en alianza con la mafia cubano-estadounidense de Miami trató de convertir a México en cabeza de playa de los grupos anticastristas; la reunión de Fox con la disidencia cubana en la Embajada mexicana en La Habana; aquel memorable ``comes y te vas'', para no molestar a Bush, de Fox a Fidel en Monterrey.

En el más grave incidente diplomático que ha tenido nuestro país en su relación con Cuba en los últimos lustros, en el que se acusó a diplomáticos cubanos de espionaje e injerencia en asuntos exclusivos del Estado mexicano, el Gobierno Federal nunca demostró al pueblo de México, la supuesta injerencia del gobierno cubano. La última andanada contra Cuba es la campaña promovida por los legisladores del Partido Acción Nacional, para hermanar o apadrinar a disidentes del gobierno de Fidel Castro, el objeto de esta medida es analizar en qué forma se puede contribuir a conseguir la libertad de quienes son considerados como presos políticos.

La senadora panista Cecilia Romero, artífice de la estrategia, ha comentado que la propuesta fue adoptada debido a la decisión del gobierno cubano de mandar a prisión a 75 periodistas y luchadores sociales. Según dicha legisladora, se trata de un proyecto en el que el Partido Acción Nacional ha venido trabajando desde hace tiempo, la intención es lanzar una campaña a nivel de todo el continente latinoamericano, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América.

La actitud de la senadora Romero es irresponsable, no sólo por ignorar el estado tan frágil de la relación entre México y Cuba, sino por ser ella Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, del Senado de la República, debería ser congruente con sus altas responsabilidades institucionales en torno a la diplomacia parlamentaria.

La campaña de por sí es inaceptable, al pretender los legisladores panistas opinar sobre asuntos jurídicos de Cuba y presionar a las autoridades de aquel país. Además, la iniciativa arroja leña al fuego y cancela las posibilidades del mejoramiento paulatino de las relaciones que se venían gestando en los últimos meses, pero tal vez lo más grave sea que se está actuando de manera irresponsable al confundir a la opinión pública, al intentar involucrar al Congreso en su conjunto en esta campaña.

Esta actitud es contraria a nuestra tradición diplomática y a la histórica relación de amistad entre ambos pueblos y esta Cámara ya se ha manifestado, en alguna ocasión, por el respeto al pueblo y gobierno cubanos y por esforzarnos por mejorar la relación entre ambos países.

Por lo antes expuesto, propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada...

La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado, un momentito.

Activen el sonido en la curul de la diputada González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Si es tan amable de consultarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, ¿aceptaría una pregunta de la diputada González Carrillo?

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: A sus órdenes.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputada González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Muchas gracias, diputado.

Yo, escuchando con mucha atención sus considerandos para este punto de acuerdo, escucho que usted asegura que la senadora Cecilia Romero ha vinculado al Congreso de la Unión y responsabiliza de este hermanamiento al Congreso de la Unión a través de Cecilia Romero.

Quisiera saber en qué fundamenta usted el que una iniciativa de cualquiera de los miembros de este Congreso, se asuma como una iniciativa que involucra a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: En primer término, respondo, creo que escuchó mal. Se está hablando de que diputados del Partido Acción Nacional y senadores del Partido Acción Nacional están iniciando una campaña de hermanamiento con disidentes cubanos y el objetivo del punto de acuerdo es precisamente que no quede la menor duda respecto a esto, a que esto es una acción que solamente está promoviendo la fracción parlamentaria de Acción Nacional y que los diputados de Acción Nacional que asuman esta postura, pues lo harán a título personal o en el nombre de su fracción, y que la Cámara en pleno se tiene que deslindar de esta acción que solamente emprende Acción Nacional y no toda la Cámara y no todo el Congreso.

Precisamente ese es el motivo de que estemos subiendo a la tribuna este punto de acuerdo.

Reitero, repito, deslindar a la Cámara de Diputados en su conjunto, de las acciones que está siguiendo un grupo de compañeros diputados de una fracción parlamentaria.

¿Puedo leer el punto de acuerdo?, que con esto terminaría para que quede claro.

La diputada Adriana González Carrillo (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputada González Carrillo, vamos a permitirle al orador que concluya su punto de acuerdo.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Dice así el punto de acuerdo, para recalcar lo que ya dijimos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada de manera irresponsable por diputados federales del Partido Acción Nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reitera su profunda amistad con el pueblo y el gobierno cubano y se manifiesta por apoyar la soberanía de los Estados, rechazando toda acción que ponga en riesgo la relación entre ambas naciones.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos promovida por diputados federales del Partido Acción Nacional, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1.- La actual administración federal foxista y el Partido Acción Nacional han sido responsables de llevar las relaciones entre México y Cuba a un estado de tensión permanente durante los últimos años.

2- Esta actitud es contraria a nuestra tradición diplomática y a las ricas y variadas relaciones que se han dado históricamente entre diversos actores de la vida política, económica y cultural de ambas naciones.

3- En el más grave incidente diplomático que ha tenido nuestro país en los últimos lustros, el gobierno federal nunca demostró al pueblo de México la supuesta injerencia del gobierno cubano en nuestra política interna, como tampoco explicó por qué esos hechos, considerados por ellos mismos como graves, meses después fueron ``superados'', restableciéndose relaciones normales.

4- La última andanada contra Cuba es la campaña promovida por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para hermanar o apadrinar a disidentes del gobierno de Fidel Castro. El objeto de esta medida es ``analizar en qué forma se puede contribuir a conseguir la libertad de quienes son considerados ``presos políticos''.

5- La senadora panista Cecilia Romero, artífice de la estrategia, ha comentado que la propuesta fue adoptada debido a la decisión del gobierno cubano ''de mandar a prisión a 75 periodistas y luchadores sociales''. Según dicha legisladora, se trata de un proyecto en el que el Partido Acción Nacional ha venido trabajando desde hace tiempo. La intención es lanzar una campaña a nivel de todo el continente latinoamericano, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América, de la cual Acción Nacional es integrante.

La actitud de la senadora Romero no sólo es sumamente irresponsable por ignorar el estado tan frágil de la relación entre México y Cuba, sino que por ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado de la República, debería ser congruente con sus altas responsabilidades institucionales en torno a la diplomacia parlamentaria.

6. La idea de los panistas es seguir el ejemplo de otras organizaciones con tendencias similares, como el Comité Solidaridad Cuba Libre, que opera en Francia y desde febrero del año pasado puso en marcha el apadrinamiento de disidentes del gobierno de Castro. La campaña, denominada ``Apadrine a un prisionero político cubano'', ha comprometido una serie de medidas de presión internacional encaminadas a lograr su liberación y al mismo tiempo denunciar lo que a su juicio son violaciones a los derechos humanos en Cuba.

7. La campaña de por sí es inaceptable, al pretender los legisladores panistas opinar sobre asuntos jurídicos de Cuba y presionar a los funcionarios de dicho país. Además, la iniciativa arroja leña al fuego y cancela las posibilidades del mejoramiento paulatino de las relaciones que se venía gestando en los últimos meses. Adicionalmente, con esta campaña el PAN fomenta de manera incongruente y riesgosa la disidencia en Cuba.

8. Pero tal vez lo más grave sea que se está actuando de manera irresponsable al confundir a la opinión pública al intentar involucrar a la Cámara de Diputados en esta campaña.

Por antes expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada de manera irresponsable por diputados federales del Partido Acción Nacional.

Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reitera su profunda amistad por el pueblo cubano y se manifiesta por apoyar la soberanía de los Estados, rechazando toda acción que ponga en riesgo la relación entre ambas naciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de febrero de 2005.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, diputado José Antonio.

Activen el sonido en la curul del diputado José Antonio de la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputada Presidenta, para solicitarle que esta votación pueda ser nominal.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, ¿quién lo apoya? Adelante.

En términos del 148 del Reglamento, favor de abrir el sistema para hacer la votación nominal, hasta por 5 minutos, por favor.

Consulte la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación si se considera de urgente resolución la proposición.

(Votación)

De viva voz los diputados:

El diputado Emilio Zebadúa González (desde su curul): A favor.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (desde su curul): El sistema sí registró mi voto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Diputada Presidenta, se emitieron 240 votos a favor, 123 en contra, 1 abstención.

Son 363 votos que se emitieron, lo que da una mayoría de 66 por ciento, diputada Presidenta; 240 a favor, 123 en contra, total: 363 votos.

Presidenta, se emitieron a favor 240, en contra 123 con 1 abstención, lo que nos suma 364 votos, por lo que faltó una décima para mayoría calificada. No hay mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

A petición de la diputada Eliana García Laguna, se retira la propuesta con punto de acuerdo relativa al destinado a los trabajadores braceros que laboraron entre los años de 1942 a 1946.

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DESAPARECIDOS POLITICOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Pero tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980 y al procurador general de la República, para que agilice la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos.

La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señora Presidenta.

El día 26 de noviembre de 2001, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos hizo público el acuerdo por el que fue creada la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y para ordenar la apertura de los archivos políticos del Estado, que obraban en poder del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional.

Respecto al segundo punto, el titular del Ejecutivo estableció una limitación consistente en que dicha apertura se constriñera a los años anteriores a 1980. Con ello dejó fuera una etapa de la guerra sucia en la que siguieron ocurriendo hechos delictuosos catalogados internacionalmente como de lesa humanidad.

El efecto de la limitación mencionada es que se ha impedido en la documentación de casos ocurridos después de 1980 o con consecuencias posteriores a esa fecha.

Por ejemplo: la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado y las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas, El Charco, en los estados de Chiapas y Guerrero.

En diciembre de 2004 fue localizado con vida Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien tenía 4 años al ser detenido y desaparecido. Hoy sabemos que fue adoptado y tiene el nombre de Juan Carlos Hernández Valadés y vive en la ciudad de Washington. Su localización fue posible por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la prensa y la dedicación de la familia, destacadamente de doña Quirina Cruz viuda de Gallangos.

La referida limitación contenida en el decreto presidencial, también ha obstaculizado la indagación de las desapariciones forzadas de los niños nacidos en cautiverio, entre los cuales se sabe de los hijos de las siguientes personas: Lourdes Martínez, Emma Cabrera, Teresa Torres, Rebeca Padilla, Alicia de los Ríos, María Violeta Tecla Parra, Elvira Armida Miranda, Martha Murillo de Ramírez.

Lo anterior contribuye también a que bajo el argumento de la prescripción de los delitos, siga habiendo impunidad y se niegue a la sociedad el conocimiento pleno de la verdad de lo ocurrido durante esa época de terrorismo de Estado.

Las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría, no han culminado con la localización con vida de los hijos desaparecidos de desaparecidos políticos nacidos en cautiverio o capturados junto con sus padres.

Por lo anterior presentamos el siguiente:

Punto de acuerdo. Respetuosamente al titular del Ejecutivo solicitar se amplíe el decreto del 26 de noviembre de 2001, a fin de que la apertura de los archivos de Estado relacionados con la guerra sucia no se limite antes de 1980 sino hasta la actualidad, y al ciudadano procurador de Justicia, Rafael Macedo, solicitamos que se agilicen las investigaciones sobre los hijos de desaparecidos políticos, entre ellos los nacidos en cautiverio y los capturados junto con sus padres.

Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias señor, rectifico señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD

Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos 1.- El 26 de noviembre del 2001, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos hizo público el acuerdo por el que fue creada la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y para ordenar la apertura de los archivos políticos del Estado que obraban en poder del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (Cisen).

2.- Respecto al segundo punto, el titular del Ejecutivo Federal estableció una limitación consistente en que dicha apertura se constriña a los años anteriores a 1980. Con ello, dejó fuera una etapa de la ``guerra sucia'' en la que siguieron ocurriendo hechos delictuosos catalogados internacionalmente como de lesa humanidad.

3.- El efecto de la limitación mencionada es que se ha impedido la documentación de casos ocurridos después de 1980, o con consecuencias posteriores a esa fecha. Por ejemplo, la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco, en los estados de Chiapas y Guerrero.

4.- En diciembre del 2004 fue localizado con vida Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien tenía cuatro años al ser detenido y desaparecido. Hoy sabemos que fue adoptado y tiene el nombre de Juan Carlos Hernández Valadéz y vive en la ciudad de Washington, DC, en Estados Unidos. Su localización fue posible por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la prensa y la dedicación de la familia, destacadamente de doña Quirina Cruz viuda de Gallangos.

5.- La referida limitación contenida en el Decreto presidencial también ha obstaculizado la indagación de las desapariciones forzadas de los niños nacidos en cautiverio, entre los cuales se sabe de los hijos de las siguientes personas: Lourdes Martínez Huerta, Emma Cabrera Arenas, Teresa Torres de Mena, Rebeca Padilla Rivera, Alicia de los Ríos Merino, María Violeta Tecla Parra, Elvira Armida Miranda Verdugo y Martha Murillo de Ramírez.

6.- Lo anterior contribuye también a que, bajo el argumento de la prescripción de los delitos, siga habiendo impunidad y se niegue a la sociedad el conocimiento pleno de la verdad de lo acontecido durante el terrorismo de Estado.

7.- Las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría General de la República no han culminado con la localización con vida de los hijos de desaparecidos políticos, nacidos en cautiverio o capturados junto con sus padres. Ha sido la sociedad la que ha hecho gestiones efectivas a este respecto, como en el caso de Lucio Antonio Gallangos Vargas.

En virtud de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo solicitando sea turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Punto de Acuerdo

Primero.- Respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que amplíe el Decreto del 26 de noviembre del 2001, a fin de que la apertura de los archivos del Estado relacionados con la ``guerra sucia'' no se limite a antes de 1980, sino que abarque hasta la actualidad.

Segundo.- Al C. procurador general de la República, Rafael Marcial Macedo de la Concha, a que agilice las investigaciones sobre los hijos de desaparecidos políticos, entre ellos los nacidos en cautiverio y los capturados junto con sus padres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Muy amable, Eliana, Gracias. Inadvertidamente, gracias. Túrnese el documento a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.

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ESTADO DE COAHUILA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra de nuevo, la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita la conformación de un grupo plural de legisladores que investiguen la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, estado de Coahuila.La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señor Presidente y disculpe anteriormente.

El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: No se preocupe, adelante.

La diputada Eliana García Laguna: El 5 y 6 de junio de 2004 se realizó una visita al poblado de Mineral de Hércules, ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Sierra Mojada, Coahuila, pudimos constatar que existen violaciones a las garantías individuales y derechos humanos en diversos ámbitos: en los derechos político electorales, económicos, laborales y sociales.

Se observó que el poblado no se administra por autoridades elegidas y constituidas democráticamente de acuerdo con nuestra Carta Magna y en la Constitución estatal, sino quien rige todos los destinos del poblado es la empresa Minera del Norte.

Hay una seguridad privada que realiza funciones de resguardo de las instalaciones de la minera y rige toda la vida interna del poblado, controla todas las entradas y salidas de las personas, sanciona, juzga, encarcela y al mismo tiempo es la encargada de la seguridad pública en la comunidad.

Nosotros queremos, sobre esta base, proponer y este es el punto de acuerdo, la integración de un grupo plural de legisladores integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se haga una visita al poblado de Mineral de Hércules, perteneciente al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, con la intención de verificar el respeto a los derechos humanos en el lugar.

Hemos conversado ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el entendido de que el primer documento que ellos hicieron llegar a esta Cámara como resolutivo, pueda ser abierto y se pueda hacer incluso una visita conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para verificar cuál es la situación que priva en este poblado en relación con las violaciones a las garantías constitucionales y a la dignidad de la persona que pudimos observar en la visita que hicimos.

Entonces, el punto de acuerdo es la propuesta para crear esta comisión plural y agradezco la atención. Gracias, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita formar un grupo plural de legisladores que investigue la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, Coahuila, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal integrante de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 5 y 6 de junio de 2004 realicé una visita al poblado de Mineral de Hércules, ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Sierra Mojada, Coahuila. En dicha visita pude constatar personalmente que existen claras violaciones a las garantías individuales y derechos humanos en diversos ámbitos (político, económico, laboral y social).

En dicha visita se pudo observar que Hércules no es administrado por autoridades elegidas y constituidas democráticamente de acuerdo con nuestra Carta Magna y en la Constitución estatal, sino que su vida se rige por los lineamientos sui géneris establecidos por la empresa Minera del Norte.

La empresa cuenta con un cuerpo de seguridad privada que realiza funciones de resguardo de las instalaciones de la minera. Además rige la vida interna del poblado, controla las entradas y salidas de las personas de la comunidad, aplica sanciones, juzga y encarcela y es la encargada de la seguridad pública en la comunidad.

La empresa concesiona la principal tienda de abarrotes en donde en ocasiones se han encontrado productos caducos; también la farmacia está bajo control de la empresa y no ha sido surtida en casi tres años por lo que no cuenta con los medicamentos indispensables para tratar una enfermedad común; existe desde hace varios años un brote de fiebre tifoidea pues la planta potabilizadora se encuentra dañada y con contaminación de aguas negras.

Asimismo la empresa es la encargada del centro de salud que, según testimonios de los habitantes, no cuenta con las condiciones mínimas para casos de urgencia. Otros servicios públicos como la luz, el agua e incluso la vivienda, son proporcionados o, en su caso, concesionados por la empresa, quedando a su discreción la administración de los mismos.

La situación planteada anteriormente constituye un caso de excepción al margen de la ley donde se vulneran impunemente los derechos humanos, puesto que además de violarse los derechos laborales, derivado de la coartación de los derechos sindicales y los despidos injustificados, se violan los derechos a la libertad de tránsito, a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la intimidad de la vida privada, a la salud, a la vivienda y los derechos políticos por mencionar algunos.

Ante estos hechos, el 9 de junio de 2004 la senadora Leticia Burgos Ochoa y la de la voz, presentamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humamos una queja formal por violaciones a los derechos humanos y ante la PGR una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resultaren responsables por la comisión de diversos ilícitos.

En un documento oficial, la Comisión Nacional de los Derechos los Humanos afirma que no existen elementos suficientes para reconocer la violación a los derechos humanos en ese poblado.

Por su parte, la Procuraduría General de la República no configuró ningún delito de los que se citan en la denuncia de hechos presentada ante esta instancia.

Sin embargo, los testimonios recabados en el sitio y las evidencias constatadas ponen en evidencia que existen irregularidades que deben ser resueltas.

En virtud de lo anterior someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se propone la integración de un grupo plural de legisladores integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que visite el poblado de Mineral de Hércules, perteneciente al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos en el lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada Eliana García Laguna. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El siguiente punto del orden del día es solicitudes de excitativas. Esta Presidencia recibió del señor diputado don Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Excitativa a la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 9 de noviembre de 2004, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En múltiples ocasiones, tanto los abusos de particulares como la omisión de autoridades federales, han limitado y hasta cancelado el libre tránsito de personas por áreas costeras comprendidas entre la zona llamada Zona Federal Marítima, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, situación que afecta las actividades de lugareños y visitantes.

Junto a ello, resulta necesario garantizar el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo de esta naturaleza y por ningún motivo puede permitirse la existencia de playas particulares o privadas.

El Constituyente definió que la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y va más allá al establecer como de dominio directo a la Nación, los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Si comprendemos como plataforma continental tanto las aguas como la tierra y entre ellas la zona federal marítimo-terrestre, no sólo restringe la Constitución el uso público de las playas comprendidas en esta zona, sino también el Gobierno Federal que es omiso a favor de quien niegue el derecho y, por tanto, se hace copartícipe de la infracción.

Estamos ante un caso de infracción a la ley en lo que participan, por una parte los particulares por el uso abusivo de esos bienes y, por otro, las autoridades por omisión.

El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, lo que tiene por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la vez que cuidar de su conservación, así como lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Gobernación, con la finalidad de que presente el dictamen ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Gobernación, a fin de que turne con la mayor brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada el 9 de noviembre de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, envíase el documento a la Comisión de Gobernación y se le excita para que emita el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Segundo Periodo de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de febrero de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comparecencia del secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 99, de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5o., y un artículo 7o. Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, Secretaria. La última votación nominal servirá de base para el control de asistencia terminal de la sesión.

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Clausura y citatorio

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 14:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 15 de febrero, a las 11: 00 horas, en la que comparecerá el señor licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 13 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 355 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 394.

Verificación de quórum: 356.

Asistencia al final de la sesión: 364.

Diputados que solicitan licencia: 2.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1.

Proposiciones con punto de acuerdo: 18.

Puntos de acuerdo, aprobados: 8.

Excitativas a comisiones: 1.

Oradores en tribuna: 33

PRI-10; PAN-5; PRD-13; PVEM-3; PC-2

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa;

1 oficio de la Cámara de Senadores que remite proposición con punto de acuerdo presentada por senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

12 oficios de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

4 iniciativas del PRI;

3 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM;

1 iniciativa del PC.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Comisión de Juventud y Deporte con proyecto de decreto que adiciona el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 420 y 421 y adiciona el artículo 414 Bis de la Ley General de Salud;

1 de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Juventud y Deporte con puntos de acuerdo para que esta Cámara de Diputados exhorte a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos locales para que realicen las modificaciones necesarias a los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de que en los espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y que intervengan permanentemente en competencia, no puedan actuar más del 40 por ciento de jugadores extranjeros durante la realización de cada juego.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alcocer García, Roger David (PRI) Obras carreteras: 169

Alonso Raya, Agustín Miguel (PRD) Estado de Coahuila: 178

Alvarez Monje, Fernando (PAN) Estado de Chihuahua: 183

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Artículo 115 constitucional: 62

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Verificación de quórum: 103 desde curul

Bermúdez Méndez, José Erandi (PAN) Huérfanos: 187

Brugada Molina, Clara Marina (PRD) Presupuesto de Egresos: 186

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Artículo 20 constitucional: 103

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Orden del día: 17 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) República de Cuba: 199 desde curul

Díaz Escárraga, Heliodoro Carlos (PRI) Ley de Instituciones de Crédito - Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: 109

Domínguez Arvizu, María Hilaria (PRI) Braceros: 162

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Ley Federal de Derechos: 92

García Laguna, Eliana (PRD) Desaparecidos políticos: 200

García Laguna, Eliana (PRD) Estado de Coahuila: 202

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) República de Cuba: 196

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Secretaría de Salud: 189

González Carrillo, Adriana (PAN) República de Cuba: 197 desde curul

González Roldán, Luis Antonio (PVEM) Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: 117

Guízar Valladares, Gonzalo (PRI) Estado de Veracruz: 145

Herrera Solís, Belizario Iram (PRI) Estado de Chiapas: 181

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Código Penal: 95

López Núñez, Pablo Alejo (PAN) Orden del día: 16 desde curul

Medina Lizalde, José Luis (PRD) Artículos 38, 74, 111 y 112 constitucionales: 64

Medina Lizalde, José Luis (PRD) Estado de Guerrero: 167

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Código Penal: 76

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Ley de Protección al Ahorro Bancario: 72

Ortega Alvarez, Omar (PRD) Humedales costeros: 194

Osuna Millán, José Guadalupe (PAN) Orden del día: 15, 16 desde curul

Pasta Muñúzuri, Ángel (PAN) Estado de Guerrero: 160

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Estado de Veracruz: 156

Posadas Lara, Sergio Arturo (PRI) Pilotos de Puerto: 172

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Artículo 73 constitucional: 100

Salinas Narváez, Javier (PRD) Billetes falsos: 164

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Desarrollo rural sustentable: 152

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Estado de Veracruz: 176

Vargas Bárcena, Marisol (PAN) Estado de Hidalgo: 150

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Orden del día: 16 desde curul

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley General de Educación: 113

Zebadúa González, Emilio (PRD) Instituto Federal Electoral: 192 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 153 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 40 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 26 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 115 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 21 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 12 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Reyes Carlos Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bautista López Héctor Miguel Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Ochoa Juan José García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Márquez Gloria Camerina Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 60 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 16 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 13 Total diputados: 94 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 7 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 7 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencias: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Bueno Jesús Aguilar Iñárritu José Alberto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alemán Migliolo Gonzalo Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Chávez Dávalos Sergio Armando Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Domínguez Arvizu María Hilaria Fajardo Muñoz María Concepción Figueroa Smutny José Rubén Galindo Jaime Rafael Gastélum Bajo Diva Hadamira Guerra Castillo Marcela Jiménez Sánchez Moisés Mazari Espín Rosalina Murat Hinojosa Alejandro Ismael Nava Díaz Alfonso Juventino Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez Rocha Ricardo Román Bojórquez Jesús Tolentino Saenz López Rosario Soriano López Isaías Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Flores Fuentes Patricia Gama Basarte Marco Antonio Gutiérrez Ríos Edelmira Jaspeado Villanueva María del Rocío Lara Saldaña Gisela Juliana López Villarreal Manuel Ignacio Rangel Hernández Armando Rojas Toledo Francisco Antonio Torres Zavala Ruben Alfredo Userralde Gordillo Leticia Socorro Vega Casillas Salvador Zavala Peniche María Beatriz Casanova Calam Marbella Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Huizar Carranza Guillermo Manzanares Córdova Susana Guillermina Moreno Álvarez Inelvo Naranjo y Quintana José Luis Ortega Alvarez Omar Padierna Luna María De Los Dolores Portillo Ayala Cristina Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Serrano Jiménez Emilio Ochoa Fernández Cuauhtémoc