DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 17 de febrero de 2005	Sesión No. 7

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Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, se informa que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 10:05 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 17 de febrero de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 506 aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero, a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.

Del diputado Daniel Ordóñez Hernández.

Del Congreso de Colima.

De la Junta de Coordinación Política.

Protesta de ciudadanos diputados

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

-- Acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores y al procurador general de Justicia del estado de Nayarit a actuar con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se llevan a cabo en torno a los hechos de fraude cometidos por la empresa Agency for Workforce Innovations (o Agencia de Trabajo Innovador) contra campesinos de los estados de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. (Votación)

-- Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las dependencias a su cargo para ejercer de inmediato los programas y presupuestos del Programa Especial Concurrente aprobados por esta soberanía para 2005, así como a respetar y cumplir en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo. (Votación)

-- Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario del Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años. (Votación)

-- Acuerdo por el que se solicita al Órgano Interno de Control de Banobras y a la Auditoría Superior de la Federación que inicien, en el marco de sus respectivas atribuciones, investigaciones contra Luis Alberto Pazos de la Torre, director general de Banobras, por las supuestas irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra del libro Los jardines secretos de Dios. (Votación)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Servando Centella Pérez pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le otorga el Ejército Popular de Liberación China. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gerardo Alberto Rivas Orellana, María de Ángel Estrada Reynoso, Carlos Alberto López Torres, Marina del Carmen Encinas Cháirez y Sylvia Érika Montaño Quintana puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, en los Consulados de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, y en Nogales, Sonora; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Ciro Moreno Jacobo, Diana Rodríguez Peña, Rosina Bucio Valdivia, Adriana Sánchez Arroyo y Antonio Hernández Castelán. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cecilia Rivera Ramos y Hugo Enrique Onofre González puedan prestar servicios en la Embajada del Perú en México. (Turno a Comisión)

Cinco, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable

Con el que remite información complementaria correspondiente a los programas de la Secretaría de Educación Pública que integran el Programa Especial Concurrente 2005, detallado por dependencia y entidad, y por programa y su calendario de gasto conforme a las seis vertientes del PEC, en cumplimiento del artículo vigésimo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con los días en que deberá izarse a toda asta la Bandera Nacional, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud y adiciona las fracciones XII y XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno del déficit de atención e hiperactividad en menores, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a coaliciones electorales y candidaturas comunes, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en dicho ordenamiento se enuncien las delegaciones en que se divide esta entidad federativa, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Diva Hadamira Gastélum Bajo, de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

De Ley Federal contra la Desaparición Forzada de Personas, a cargo de la diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13, 19 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 16 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Canales Santos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sandro Muller Rolandi para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Confederación Helvética en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 195, 201, 210, 258, 264, 286 Bis y 370 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 301, 417, 420 y 421 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII Bis al artículo 5 y un artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno de Quintana Roo y al municipio de Benito Juárez a tomar en coordinación las medidas pertinentes para solucionar la problemática de disposición final de residuos sólidos de dicho municipio.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a tomar medidas urgentes que impidan la extorsión por parte de la PFP a ciudadanos mexicanos que transitan por el país en vehículos de procedencia extranjera; y a la SHCP, a efecto de que la Policía Fiscal se abstenga de implantar operativos para decomisar dichos automotores, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y derogar a través de la SHCP el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los delitos ambientales que ocurren en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover --en el marco de los acuerdos internacionales-- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía cómo aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al IMSS que explique a esta soberanía su responsabilidad en la solución del conflicto laboral con la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, donde se vieron alterados los derechos en materia de seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador general de la República a dar continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantiles descubierta en Cancún en noviembre de 2003, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a ésta para realizar una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa, a cargo del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a la Comisión de Cultura a organizar el primer Parlamento de Cultura; y se solicita al Senado de la República, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, y de Economía, y al Conaculta que colaboren como organizadores y participantes del mismo, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrito por los diputados Manuel Velasco Coello y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que supervise a través de su Órgano Interno de Control las impresiones que realiza con recursos federales la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades cometidas por las autoridades del gobierno del estado de Baja California Sur durante las elecciones del 6 de febrero del presente año, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, y a realizar una investigación sobre desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores, por abandonar su actual trabajo y dedicarse a su campaña electoral; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar una nota diplomática de reclamo a Estados Unidos de América contra la construcción del muro a lo largo de la frontera con nuestro país, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implantar los programas de combate de la pobreza que aún no se aplican en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a gestionar lo necesario para eliminar la caseta de cobro Esperanza de la autopista federal Estación Don-Nogales; o bien, reubicarla una vez concluido el libramiento respectivo, a cargo del diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer orden y vigilancia en las estructuras estatales respecto a la entrega de los recursos federales de los distintos programas del Procampo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la STPS a instaurar un sistema de contabilidad laboral del turismo y velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a presentar un informe de los concesionarios de telefonías celulares en México, en los servicios de mensajes cortos, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2001 y de 2002, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Seduvi del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón a mantener el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos de América la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para que reciban atención médica especializada en instituciones de salud en ese país, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que revise el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como que elimine de éste las disposiciones discriminatorias contra las personas con VIH/sida, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a subsanar los perjuicios que presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, por la emisión de elementos tóxicos, a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir de manera urgente el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que incluya el municipio de Tetla, Tlaxcala, en la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a revisar el procedimiento que la Comisión Nacional Forestal realiza para definir las unidades de manejo forestal y promover la constitución de las organizaciones regionales de silvicultores, así como la aplicación de los apoyos del Programa Especial Forestal, a cargo del diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal cambiar, por conducto de las instancias correspondientes, el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que informe sobre los homicidios de mujeres en la entidad, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión del Distrito Federal, a solicitud del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo....

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes quince de febrero de dos mil cinco, correspondiente al Segundo periodo de sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con catorce minutos del martes quince de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los diputados Juan José García Ochoa y Héctor Miguel Bautista López con las que solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electos en la cuarta circunscripción plurinominal y en el trigésimo primer distrito del estado de México. En cada caso la Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

Comunicaciones de los diputados René Arce Islas y Jorge Martínez Ramos con las que informan que se reincorporan a sus actividades legislativas. De enterado.

El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación, y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo al lugar que le ha sido asignado.

A las once horas con veintitrés minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y seis diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

La Secretaría da lectura al acuerdo aprobado en la sesión del diez de febrero de dos mil cinco, relativo al formato de la comparecencia del Secretario de Gobernación para informar sobre aspectos relativos a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo Federal para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

En consecuencia, se concede la palabra para formular sus cuestionamientos a los diputados: Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Alejo López Núñez, del Partido Acción Nacional; y David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; a quienes en su oportunidad el Secretario de Gobernación da respuesta.

Ejercen su derecho de réplica los diputados: Maldonado Venegas; Padilla Peña; Kahwagi Macari; Gómez Álvarez, desde su curul; Patricia Garduño Morales, del Partido Acción Nacional, en lugar del diputado López Núñez; y María Sara Rocha Medina, del Partido Revolucionario Institucional, en lugar del diputado Hernández Pérez.

Formula sus preguntas la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática,

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

quien después de las respuestas respectivas del Secretario de Gobernación, ejerce su derecho de réplica.

Continúan formulando sus cuestionamientos los diputados: Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional; Julián Angulo Góngora, del Partido Acción Nacional; y Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes en su momento el Secretario de Gobernación da respuesta.

Ejercen su derecho de réplica los diputados: María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, en lugar del diputado Uscanga Escobar; Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, en lugar del diputado Angulo Góngora; y Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, en lugar de la diputada Godínez y Bravo.

Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios sobre internos en penales de lo que el Presidente le informa queda constancia.

El Presidente solicita a la comisión designada acompañar al Secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, cuando decida retirarse del salón.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con veintiún minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves diecisiete de febrero de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Someta la Secretaría a la Asamblea el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta.

Se ruega a la Secretaría continuar con los asuntos en cartera.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «CC. Secretarios de la Honorable de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del DVI (506) aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de febrero, a las 10:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la parroquia de Santiago Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Angelina Barona del Valle, Directora de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia designará a los diputados que asistan en representación de esta Cámara a ese evento, una vez que se hagan las consultas con los grupos parlamentarios, y se les comunicará mediante oficio.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

El suscrito diputado federal en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, electo por el distrito XIV del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 64 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por un tiempo indefinido para apartarme de mi cargo como diputado federal a partir del día 22 de febrero del presente año.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones y reitero a usted la seguridad de mi consideración más distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo a 15 de febrero de 2005.--- Dip. Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Someta a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Daniel Ordóñez Hernández para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XIV distrito del Distrito Federal, a partir del 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados. Llámese al suplente.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE COLIMA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.--- 2003-2006.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.--- Presente.

Los diputados integrantes de la fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, en sesión pública ordinaria celebrada el 29 de enero del presente año, presentaron un acuerdo, el que fue declarado aprobado por unanimidad y cuyos resolutivos señalan:

``Primero. Es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía, en nombre del pueblo de Colima, exhorte a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que, en apoyo de la agroindustria de la caña de azúcar y del sector cañero, se apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar dictaminada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al H. Congreso de la Unión, para los efectos legales que correspondan, así como a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo oportuno, se pronuncien al respecto.

Lo comunicamos a usted en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes, anexándole al presente oficio copia del acuerdo correspondiente.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, a 30 de enero de 2005.--- Dip. Francisco Palacios Tapia (rúbrica), Secretario; Dip. Ferdinado E. Martínez Valencia (rúbrica), Secretario.»

«CC. Secretarios del H. Congreso del Estado.--- Presentes.

Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo, por medio del cual exhortamos a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión para que, en apoyo de la agroindustria de la caña de azúcar y del sector cañero, se apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1.- Con fecha 14 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la abrogación del decreto cañero que regulaba la relación entre los productores e industriales de la caña de azúcar, lo cual se hizo de una manera unilateral por parte del Gobierno federal, sin que mediara el dialogo entre el Gobierno y las partes encargadas de la producción y realización de la caña de azúcar y, lo que resultó todavía más perjudicial, sin que se acordaran nuevas normas que rigieran el futuro de esta agroindustria.

Lo anterior provocó incertidumbre en el sector cañero nacional al no quedar claras las reglas que normalizarían las relaciones en esta agroindustria, sobre todo de acuerdo por lo manifestado por el Secretario de Agricultura en el sentido de que no cabrían los productores con superficies pequeñas dentro del sistema de producción de la caña de azúcar; situación que, de darse perjudicaría directamente alrededor de 80,000 de los 157,000 productores, toda vez que tal número cultivan menos de cuatro hectáreas.

A esta situación se agregó que, con la reducción de aranceles para productos endulzantes de origen principalmente de Estados Unidos, y con la fijación de cupos en la importación de azúcar, tomándose como base el precio de la tonelada sea ésta de caña o de su producto, el azúcar, se perjudicó toda la agroindustria azucarera, con mayor énfasis los productores, siendo estos últimos los que, dentro de la cadena productiva del sector más empleos generan y más contribuyen al desarrollo regional, considerando que alrededor de 2.5 millones de personas en 227 municipios de 15 estados de la república dependen de esta agroindustria.

2.- Queda claro entonces que con la abrogación del decreto de referencia el sector cañero del país quedó en un estado de indefinición jurídica en cuanto a la regulación para su producción y venta del producto por lo que se requería de un nuevo acuerdo entre los tres ordenes de gobierno y los participantes del sector para crear un marco jurídico que rigiera todo lo relativo al cultivo, industrialización y comercialización de la caña de azúcar.

En este contexto al no haber existido un diálogo entre Gobierno y productores involucrados en la producción e industrialización de la caña de azúcar, así como tampoco una consulta con el Poder Legislativo Federal que permitiera el establecimiento de un marco jurídico adecuado, en el seno de la Cámara de Diputados se reactivaron tres iniciativas de la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, promovidas cada una de ellas entre noviembre del año 2000 y noviembre del año 2001 por los entonces diputados federales Francisco Castro González, Arturo Herviz Reyes y Bernardo Pastrana Gómez, en nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional; asimismo se reactivó un proyecto de decreto por el que se adicionan tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que había sido presentado en el año 2002 por los entonces senadores de la República Fidel Herrera Beltrán, Gerardo Buganza Salmerón, Rodimiro Anaya Téllez y Gloria Lavara Mejía, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Verde Ecologista de México, respectivamente.

Con base en las iniciativas mencionadas la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, llevó a cabo una intensa consulta en la que participaron todas las fracciones parlamentarias, productores e industriales del ramo de la caña de azúcar, consulta de la cual se tuvo la coincidencia de que esta rama de producción representa un auténtico interés público, por lo que se consensó al interior de dicha comisión un proyecto de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar con la finalidad de crear un marco jurídico para que el Gobierno federal pudiera definir una política de estado que permita el desarrollo del sector, considerando esquemas de financiamiento, modernización tecnológica, usos alternativos de la caña e integración global de sector, para afrontar los retos que habrán de surgir a partir de la apertura total de las fronteras con motivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

3.- De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, la Ley que se propone permitirá el fortalecimiento de la rectoría del estado en este sector, por ser ésta la agroindustria de mayor impacto social en el campo mexicano, representar la fuente de energéticos más barata y eficaz en la dieta de las familiar mexicanas; asimismo se crea en el marco de la ley una instancia de participación y solución de controversias como lo es el Comité Nacional del Sistema Producto Caña de Azúcar, en el que estarán representados en paridad todos los sectores de la cadena productiva; se establece un sistema de pago por tonelada de caña al inicio de cada zafra en función del precio de kilogramo de azúcar base estándar que habrá de permitir que el abastecedor vigile que en el ingenio se pague la materia prima acorde a la cantidad y a la calidad de la caña entregada a la fábrica y a su contenido de azúcar; se establecen bases para permitir una mayor apertura para la constitución de organizaciones representativas de los abastecedores de caña de azúcar; asimismo se dispone la creación del sistema de investigación para el desarrollo tecnológico de la caña de azúcar, con la obligación de fomentar al máximo el aprovechamiento de subproductos, coproductos y derivados de la caña de azúcar y, sobre todo, la obligación del estado de apoyar estas medidas.

4.- Los suscritos consideramos que esta ley normaliza desde el aspecto jurídico todos los eslabones de la cadena productiva que van desde la siembra hasta la industrialización y comercialización de la caña de azúcar, y con ello se evitan riesgos de desestabilización social en las zonas azucareras del país, además de que se cumple con el postulado de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución General de la República que expresamente señala: ``El estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaría para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés publico''.

Por esta razón consideramos que esta soberanía, en nombre del pueblo de Colima debe pronunciarse haciendo un llamado para que los diputados y senadores del Congreso del Unión aprueben esta importante ley .

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Es de aprobarse y se aprueba que esta soberanía, a nombre del pueblo de Colima, exhorte a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión para que, en apoyo de la agroindustria de la caña de Azúcar y del sector cañero, se apruebe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar dictaminada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al H. Congreso de la Unión, para los efectos legales que correspondan; así como a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo oportuno, se pronuncien al respecto.

Atentamente

Colima, Col., a 27 de enero de 2005.--- Los diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado.--- Diputados: Hilda Cevallos Llerenas, Jesús Silverio Cavazos Cevallos, José Antonio Orozco Sandoval, Héctor Bautista Vázquez, Mario Anguiano Moreno, Juan Carlos Pinto Rodríguez, Luis Avila Aguilar, Florencio Llamas Acosta, José Luis Aguirre Campos, Jessica Lissette Romero Contreras, Francisco Palacios Tapia, Martín Flores Castañeda, Carlos Cruz Mendoza y José Cortés Navarro (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, para su conocimiento.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, lo solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México-Reino Unido, solicitado por el Diputado Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Sustitución del diputado con licencia Horacio Martínez Meza, por la Diputada Gloria Camerina Martínez Márquez como secretaria del grupo de amistad antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 16 de febrero de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c) en relación con el artículo 44, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el Diputado Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Alta del diputado Juan Pérez Medina como integrante de la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.

Baja de la diputada Susana Manzanares Córdova, como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 16 de febrero de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueban los referidos cambios.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en el Grupo de Amistad México-Eslovaquia, solicitado por el Diputado Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Sustitución del Diputado con licencia Gilberto Ensástiga Santiago, por el Diputado Francisco Diego Aguilar como integrante del grupo de amistad antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 16 de febrero de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba el referido cambio.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del Diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c) en relación con el artículo 44, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el Diputado Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Sustitución del Diputado con licencia Gilberto Ensástiga Santiago por el Diputado Francisco Diego Aguilar, como integrante de las Comisiones del Distrito Federal y de Justicia y Derechos Humanos.

Sustitución del Diputado con licencia Horacio Martínez Meza, por la Diputada Gloria Camerina Martínez Márquez como integrante de las Comisiones del Distrito Federal y de Desarrollo Metropolitano.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 16 de febrero de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Marcos Álvarez Pérez y Guillermo Olmos Capilla, diputados suplentes electos en el XXXI distrito del estado de México y en la IV circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión, para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: Sergio Armando Chávez Dávalos, Alfredo Gómez Sánchez, Roberto Colín Gamboa, María Guadalupe Morales Rubio, Joel Padilla Peña, Jesús González Schmal y Juan Manuel Dávalos Padilla.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide a la comisión cumplir esta encomienda.

(La comisión cumple la encomienda)

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ciudadanos Marco Álvarez Pérez y Guillermo Antonio Olmos Capilla: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Marco Álvarez Pérez y Guillermo Antonio Olmos Capilla: Sí, protesto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Bienvenidos. Continúe la Secretaría.

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FRAUDES CONTRA CAMPESINOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores y al procurador general de Justicia del estado de Nayarit a actuar con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se llevan a cabo en torno a los hechos de fraude cometidos por la empresa Agency for Workforce Innovations (o Agencia de Trabajo Innovador) contra campesinos de los estados de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Guerrero

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Procurador General de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Relaciones Exteriores y al Procurador General del Estado de Nayarit a actuar con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos de fraude cometidos por la empresa Agency for Workforce Innovations (AWI) o Agencia de Trabajo Innovador en contra de de los campesinos de los estados de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, presentada por la Diputada Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit para que informe las acciones que se han tomado a este respecto y el estado que guardan las diligencias referentes a las querellas por la comisión del delito de fraude y demás ilícitos que resulten cometidos por las presuntas y presuntos representantes de Agency for Workforce Innovations (AWI) o Agencia de Trabajo Innovador y se castigue con todo el peso de la ley a estos delincuentes.

SEGUNDO: Se exhorta al Procurador General de la República, al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que conozcan de este caso y se lleven a cabo las acciones en función de su ámbito de competencia y se aboquen de inmediato a las investigaciones, se integren todas las denuncias y en estricto apego a derecho se castigue a quienes resulten responsables a fin de que se reinstale a nuestros campesinos su dinero producto del sudor de su frente.

Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores, y al procurador general del estado de Nayarit a actuar con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos de fraude cometidos por la empresa Agency For Workforce Innovations (AWI) o Agencia de trabajo innovador en contra de los campesinos de los estados de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, a cargo de la diputada Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La suscrita diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Exposición de Motivos

Durante muchos años los campesinos mexicanos ante la desesperación por el estado de pobreza extrema en que se encuentran lo que les impide llevar sustento a sus familias y ante la falta de fuentes de trabajo en nuestro país, se aventuran a emigrar a los Estados Unidos de América en busca de un trabajo legal y sufren condiciones de explotación y, en muchos casos de semiesclavitud, la historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación.

No obstante lo anterior, muchos obligados por la necesidad buscan la manera de pasar al otro lado, situación que aprovechan muchos vivales, canallas sin escrúpulos que reinventan maneras para sustraerles en forma fraudulenta cantidades elevadas de dinero, bajo promesa de enviarlos a laborar a Estados Unidos de Norteamérica legalmente, nuestros campesinos con esta ilusión solicitan cantidades prestadas a altas tasas de intereses a los agiotistas.

Un ejemplo reciente es el fraude canalla a un grupo numeroso de campesinos de los estados de Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Guerrero, campesinos que pagaron cada uno $6,500.00 pesos a delincuentes organizados reclutadores que operaron bajo el nombre de Agency Workforce Innovations (AWI) o Agencia de Trabajo Innovador, campesinos fraudiados que han pagado altas cuotas por sus visas de trabajo a esta organización de delincuentes bajo la promesa de llevarlos a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica, promesa que nunca fue cumplida ya que en el mes de diciembre en el que supuestamente los trasladarían les dijeron que sería hasta el 19 de enero lo cual no ocurrió ya que los muy canallas desaparecieron, dejando en el abandono y con fuertes frustraciones a nuestros hermanos campesinos.

Por lo anterior; vengo ante esta soberanía a denunciar a estos delincuentes sin escrúpulos que abusando de nuestros hermanos campesinos les quitaron este dinero que en muchos casos pagaron familias completas, por lo que hoy se encuentran en la desesperación al comprobar que fueron engañados vilmente, teniendo que pagar los préstamos hasta con un 25% de intereses, familias que se encuentran en una situación desesperada por no tener los recursos para realizar este pago, la historia se repite, los pobres de los pobres no sólo son explotados sino fraudiados en su economía, en nombre de mis hermanos campesinos más de 2,500 en Nayarit y muchos más en otros estados de la República en las mismas condiciones, exijo se aplique todo el peso de la ley y se castigue a estos delincuentes, vivales, que ya fueron denunciados formalmente ante el Ministerio Público del fuero común del municipio de Ruiz en el estado de Nayarit, querellas y denuncias por la comisión del delito de fraude y los ilícitos que resulte en contra de estos supuestos representantes de la agencia denominada Agency For Workforce Innovations (AWI) o Agencia de Trabajo Innovador.

Es por ello que solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero.- Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit para que informe las acciones que se han tomado a este respecto y el estado que guardan las diligencias referentes a las querellas por la comisión del delito de fraude y demás ilícitos que resulten cometidos por los presuntas y presuntos representantes de Agency for Workforce Innovations (AWI) o Agencia de Trabajo Innovador y se castigue con todo el peso de la ley a estos delincuentes.

Segundo.- Se exhorta al Procurador General de la República, al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que conozcan de este caso y se lleven a cabo las acciones en función de su ámbito de competencia y se aboquen de inmediato a las investigaciones, se integren todas las denuncias y en estricto apego a derecho se castigue a quienes resulten responsables a fin de que se reinstale a nuestros campesinos su dinero producto del sudor de su frente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2005.--- Dip. Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa...La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

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programa especial concurrente - acuerdo nacional para el campo

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a las dependencias a su cargo para ejercer de inmediato los programas y presupuestos del Programa Especial Concurrente aprobados por esta soberanía para 2005, así como a respetar y cumplir en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Secretarios de la mesa directiva de la cámara de diputados. Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a las dependencias a su cargo a ejercer de inmediato los programas y presupuestos del Programa Especial Concurrente aprobados por esta Soberanía para el año 2005, así como para que respete y cumpla en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo, presentada por el Diputado Rafael Galindo Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a las dependencias a su cargo para que apliquen de manera rigurosa, en tiempo y forma, los programas y presupuesto del Programa Especial Concurrente aprobados por esta Soberanía para el año 2005.

SEGUNDO: Asimismo, se exhorta al ciudadano Presidente de la República a que instruya a las dependencias y entidades para que cumplan en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte al ciudadano Vicente Fox Quezada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a las dependencias a su cargo a ejercer de inmediato los programas y presupuestos del programa especial concurrente aprobados por esta soberanía para el año 2005, así como, para que respete y cumpla en su totalidad, los compromisos establecidos en el acuerdo nacional para el campo.

C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente:

Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, Rafael Galindo Jaime, (...), diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y (...), integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes:

Considerandos

El modelo de desarrollo que ha adoptado nuestro país para enfrentar los retos que impone un mundo globalizado en sus relaciones económicas, que cambia vertiginosamente en el terreno de la ciencia y la tecnología y que transita hacia un régimen democrático constantemente amenazado, ha dejado como saldo en menos de 20 años de aplicación, un sector rural en el que predomina la pobreza y el atraso.

A pesar de los avances alcanzados, en las áreas rurales se observan grandes diferencias sociales y una discriminación ancestral que no ha podido ser revertida. Entre el campo y la ciudad, persisten asimetrías en lo económico, lo social y lo cultural que en la mayoría de los casos no tienen visos de ser reducidas o eliminadas.

Por otro lado, las actividades del sector rural han venido perdiendo rentabilidad debido a la baja de los precios reales de la mayoría de los productos agropecuarios que en los últimos 10 años han perdido cerca del 40% de su valor, al enfrentar una política de alineación con los precios internacionales que son fuertemente subsidiados por los gobiernos de los países desarrollados. En contraste, los precios de los insumos para la producción han venido creciendo, deteriorando la capacidad productiva del país, sobre todo en el renglón de los granos básicos.

No se ha revertido el desmantelamiento de la infraestructura del Estado que garantizaba el apoyo a la producción, el almacenamiento, la comercialización y el financiamiento en el sector.

Ante la pérdida de capacidades de los productores nacionales y la falta de una política oficial que promueva la inversión, facilite el acceso al crédito, que canalice recursos presupuestales crecientes en términos reales y que se ejerzan total y oportunamente, vemos con preocupación como las empresas transnacionales aprovechando los tratados y acuerdos internacionales que México ha suscrito, se están apoderando de subsectores y cadenas productivas estratégicas para el desarrollo y la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Conscientes de la situación del campo mexicano, las principales organizaciones campesinas del país, suscribimos el 28 de abril del año 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo, por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria, que establece un compromiso institucional para reconstruir la vida rural, ante la agudización de sus problemas económicos y sociales, resultado tanto de causas estructurales internas, como de la política de apertura comercial.

A dos años de vigencia de este pacto, las organizaciones sociales del sector rural han denunciado el incumplimiento, la falta de interés y hasta la tergiversación de los compromisos pactados, aún más, han manifestado que los recursos de varios programas que integran el Programa Especial Concurrente, no son ejercidos en su totalidad en detrimento de las condiciones de vida de la población rural.

Para hacer patente su inconformidad, algunas de las organizaciones campesinas firmantes del Acuerdo, nuevamente se han movilizado hacia la Ciudad de México en demanda de que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, cumplan con el Acuerdo Nacional para el Campo y con los programas y presupuestos destinados al sector rural.

Nuevamente, ha quedado constancia que la pobreza, la falta de oportunidades y el incumplimiento de los compromisos del gobierno, son el germen principal que incuban y pueden hacer estallar conflictos sociales que nadie desea.

El Congreso de la Unión y en especial la Cámara de Diputados, ha sido congruente con las demandas del sector rural y con los compromisos pactados en el Acuerdo Nacional para el Campo. El año anterior, esta soberanía creó la Comisión Especial para el Campo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y sobre todo, cada año, conforme a lo pactado, ha asignado recursos crecientes en términos reales, hasta llegar este año a cerca de 146 mil millones de pesos para el Programa Especial Concurrente.

Los diputados hemos establecido incluso las normas para que la falta de cumplimiento a las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, sea motivo de responsabilidad de los servidores públicos, sin embargo, no hemos encontrado reciprocidad de parte de muchos funcionarios de las dependencias y entidades del gobierno federal. Muchos de ellos, se han amparado en la Controversia Constitucional que interpuso el Ejecutivo Federal para no ejercer los recursos de importantes programas sociales en estos primeros meses del año.

Los diputados federales que suscribimos esta proposición consideramos que no existe justificación jurídica para suspender el ejercicio de los recursos presupuestales aprobados por esta Cámara.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales firmantes, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Primero.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a las dependencias a su cargo para que apliquen de manera rigurosa, en tiempo y forma, los programas y presupuesto del Programa Especial Concurrente aprobados por esta soberanía para el año 2005.

Segundo.-Asimismo, se exhorta al ciudadano Presidente de la República para que a través de las dependencias y entidades a su cargo, respete y cumpla en su totalidad los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para el Campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diez días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Dip. Rafael Galindo Jaime (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el acuerdo. Esta Presidencia tiene registrado para hablar en contra al señor diputado don Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional; y tiene el uso de la voz.El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso, ciudadano Presidente.

¡Qué cinismo de los coordinadores de la oposición insistir en que se ejerzan los recursos del Presupuesto, que torpemente fue elaborado modificado por los diputados de la oposición en diciembre! Ayer, en diciembre, avalaron las torpes propuestas de sus diputados los coordinadores, con el pretexto de poder modificar el proyecto de Presupuesto.

En aquel entonces, en diciembre, se tomaron hasta el último día de sesiones para rechazar las observaciones que el Ejecutivo había enviado a esta Cámara. Ahora están muy apurados para que se ejerzan los recursos. Hoy avalan en la Junta de Coordinación hacer un exhorto para ejercer de inmediato los recursos del Programa Especial Concurrente. ¡Ya olvidaron las broncas que ocasionaron: los montos de su Presupuesto en los diferentes anexos no coinciden! La Secretaría de Hacienda tiene que estar interpretando lo que se supone era el espíritu de los legisladores de la oposición. Después van a reclamar que eso no era lo que ellos pensaban!

Además, los diputados de la oposición ignoran que para ejercer la mayor parte de los recursos del campo, tiene que haber algún trabajo previo, como los acuerdos que se tienen que firmar con los estados, los cuales todavía no existen.

El otro punto del exhorto es relativo al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo. Los proponentes y quienes los avalan, los coordinadores de la oposición, no dicen cuáles son los numerales que no se han cumplido; pero nosotros sí sabemos cuál es el apuro de los dirigentes de las organizaciones, algunos de ellos diputados, presidentes de comisiones, que están desesperados porque les den recursos.

¡Quieren recursos! Y esto es muy importante, compañeras y compañeros diputados, que quienes no están familiarizados con el campo lo sepan: quieren recursos para los programas de adultos mayores y para los programas de vivienda rural, entre otros. Pero permítanme informarles cuál es la gracia de estos dirigentes y defensores y salvadores del campo mexicano.

En el Programa de Adultos Mayores, que es uno de los componentes del Acuerdo Nacional para el Campo, que se inició en 2003, algunos dirigentes o personas de las organizaciones pedían hasta 200 pesos a los adultos mayores para poder registrarlos en los listados. Después, al llegar el apoyo de un cheque de 2 mil 100 pesos, les sacaban la mitad de ese monto, so pretexto de que pudieran persistir en el padrón.

En el Programa de Vivienda Rural, el recurso en 2003 se entregó a las organizaciones. ¿Y saben qué sucedió? Que en muchos casos no hay vivienda. Y tenemos nosotros registrado que, por ejemplo, al dirigente de la Central Campesina Independiente se entregaron 10 millones 800 mil pesos para 1,000 acciones de vivienda rural.

A Miguel Luna, al diputado Miguel Luna, de la Coduc, se le entregaron 13 millones para vivienda rural y 2 mil 547 acciones.

A un dirigente que suena mucho en los medios y que es muy revoltoso, y tomó ahí Gobernación y todas las acciones ilegales que puede haber... Él las encabeza, Max Correa: el señor recibió 34 millones por ser así de agresivo.

Margarito Montes Parra, 8 millones. Gente relacionada hasta CNC, 47 millones. ¿Quién la representaba ahí? Ismael Ordaz Jiménez. Y la prima hermana de CNC o su hermana separada que encabeza Nabor Ojeda, 38 millones.

Entonces, ¡ése es el apuro para que haya recursos y que se libere este dinero de parte del gobierno! ¡No es mejorar el campo, es ver cómo se aprovechan los dirigentes por medio de sus organizaciones!

Por tanto y por esa razón, Acción Nacional vota contra este punto de acuerdo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, en el entendido de que también tenemos el registro a favor de Rafael Galindo Jaime, del PRI.El diputado Víctor Suárez Carrera: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeros diputados; compañeras diputadas: no es de extrañar que la bancada del Partido de Acción Nacional se oponga a que el Presupuesto autorizado por esta soberanía se ejerza de manera oportuna, de manera adecuada, en beneficio de la sociedad rural y del desarrollo productivo. Tampoco es raro que se opongan a que el Ejecutivo federal cumpla los compromisos que firmó.

Es claro cómo volvemos a notar que el Ejecutivo, efectivamente, dialoga, pero no negocia. Y en los casos excepcionales que negocia, como el Acuerdo Nacional para el Campo, no cumple. Entonces, estamos ante la evidencia de que el Partido Acción Nacional es un partido de la elite, es un partido de los privilegiados, es un partido que da la espalda al campo.

Hoy, tenemos a un Ejecutivo con el Presupuesto más alto para el campo desde 1982, pero que es incapaz, ineficiente para ejercer ese Presupuesto. Es un gobierno incapaz; no sabe operar el Presupuesto. Es un gobierno autoritario porque, frente a los mandatos del decreto de Presupuesto, ejerce los recursos como los caprichos de los secretarios en turno lo determinan. No podemos aceptar esto; y por esto es el punto de acuerdo que hoy se va a aprobar en esta soberanía.

Y en cuanto a los recursos para el campo, éste, Javier Castelo, diputado federal que representa al PAN y a los agricultores ricos, se opone a que el Presupuesto tenga topes porque el Presupuesto se ha ejercido para beneficio de los agricultores más ricos, como los que él representa en Sonora y en Sinaloa, cuando de apoyos a la comercialización se dan hasta a un solo agricultor más de 5.5 millones de pesos. Los subsidios, recursos fiscales, son para quien más lo necesita y no para los ricos que representa Javier Castelo. Y con la complicidad de la Secretaría de Agricultura se canalizan, violando las reglas, a los agricultores más ricos.

Por eso establecimos en el decreto de Presupuesto un tope en los apoyos directos de Aserca, para que no se apoye a un volumen superior al resultante de 100 hectáreas de temporal. Aquí se dan apoyos de hasta 500 dólares por productor, cuando en Estados Unidos hay un tope de 65 mil. Estamos en un gobierno de los ricos y para los ricos, y para eso tenemos un decreto de Presupuesto que debe cumplirse.

Y también establecimos un porcentaje de distribución de los presupuestos de apoyo a la comercialización. En el pasado, a los estados del altiplano y del sur-sureste solamente se canalizaba 3 por ciento de los 7 mil millones de apoyos a la comercialización, contra 80 por ciento para Sonora, Sinaloa y las Baja Californias.

Hoy, en el decreto de Presupuesto establecimos que al menos 25 por ciento...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame, señor orador. Suspendan el tiempo por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ramón González González (desde la curul): Para preguntar al diputado Víctor Suárez si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Víctor Suárez, ¿permite que le hagan una pregunta?

El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, diputado Ramón González, adelante. El diputado Ramón González González (desde la curul): Bien. Quisiera preguntar al orador en qué puntos concretos del Acuerdo Nacional para el Campo no se le está dando cumplimiento. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor orador.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Lo iba a tocar enseguida en mi tiempo disponible, pero lo toco ahora y después lo refuerzo. Gracias por la pregunta.

Mire, le voy a poner dos ejemplos muy importantes: un acuerdo del Ejecutivo federal fue iniciar negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá para asegurar un tratamiento especial al proceso de desgravación de maíz y frijol, dado que son cultivos fundamentes para el país, la soberanía alimentaria, el empleo rural.

Del 28 de abril a la fecha el Gobierno Federal solamente se limitó a preguntar a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Ann Bedeman, y al representante de Comercio de Estados Unidos, Soellick, hoy subsecretario de Estado, que si estarían en disposición a negociar un tratamiento particular para el maíz blanco y el frijol; como les dijeron que no, hasta ahí quedó la negociación. Y fíjense de qué estamos hablando: el maíz blanco y el frijol representan solamente 60 millones de dólares de las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos a México, de un total de 9 mil 500 millones de dólares por año. Estamos hablando de 0.5 por ciento objeto de una negociación para defender a 3 millones de pequeños productores y defender la soberanía alimentaria frente al proceso de muerte anunciada para el 1 de enero de 2008.

Y frente a esta negociación mínima de 0.5 por ciento de las exportaciones, el Gobierno Federal ha sido incapaz de cumplir ese compromiso. Otro acuerdo: el Ejecutivo federal se comprometió a hacer una evaluación participativa de los impactos del Tratado de Libre Comercio sobre el sector agropecuario y de la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos para, en función de esa evaluación participativa, tomar determinaciones de carácter interno y de carácter bilateral o trilateral con Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno Federal incumplió este acuerdo porque, simplemente, se limitó a contratar un estudio a unos investigadores sin llevar a cabo la evaluación participativa con todos los sectores involucrados, incluyendo esta soberanía.

Y así podríamos hablar, compañero diputado, de cómo el Ejecutivo federal firmó ese Acuerdo Nacional, pero no con la intención de cumplirlo sino, solamente de manera superficial y cosmética, hacer como que estaba cumpliendo. Son dos ejemplos de muchos más que le puedo presentar. Y, si le parece, continúo con mi exposición, señor Presidente

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor orador, con su tiempo.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Decía que, entonces, también en el decreto de Presupuesto en este año establecimos por primera vez que al menos 25 por ciento de los recursos de Apoyos a la Comercialización deberán canalizarse a los estados del Altiplano y del sur-sureste; 25 por ciento este año, contra 3 por ciento del año pasado. Y, por otro lado, señor diputado Castelo Parada y la bancada del PAN, si ustedes se oponen a que se canalicen de esa manera los recursos de adultos mayores y vivienda rural, no los entiendo porque fue gracias a las reglas de operación, autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social y autorizadas por el secretario de la Reforma Agraria, que se reparten esos presupuestos por cuotas clientelares porque ustedes, como gobierno panista, han revivido el corporativismo en el campo. Y en diciembre pasado, un servidor propuso aquí que se prohibiera en las reglas de operación etiquetar predeterminadamente recursos a organizaciones; en las reglas de operación, y ustedes se opusieron. Así que no tienen ninguna autoridad, usted ni su bancada, para hacer esos reclamos, porque ustedes y los ricos del campo han sido los principales beneficiarios de una mala aplicación de mayores presupuestos para el campo.

Así que, compañeros y compañeras, el grupo parlamentario del PRD está a favor de este punto de acuerdo y va a votar afirmativamente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra don Jorge Luis Preciado Rodríguez, para hablar en contra del PAN. En pro, don Jesús González Schmal.El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: El campo, el campo mexicano no aguanta más, no aguanta más líderes corruptos. Se viene a decir aquí y se hacen muchos señalamientos al secretario de Agricultura, pero el fondo, el fondo de las organizaciones que promueven este punto de acuerdo es aquellas que siguen el principio de que al niño más llorón es al que le dan el primer biberón.

El año pasado se entregaron a los líderes de estas organizaciones --que, por cierto, muchos de ellos son diputados y muchos de ellos están promoviendo este punto de acuerdo-- más de 100 millones de pesos, de los cuales no han rendido cuentas. Ése es el problema de fondo.

No estamos contra el Programa de Adultos Mayores, no estamos contra el Programa de Vivienda Rural. De lo que estamos en contra es que a las organizaciones se entregue este dinero y no haya vivienda y no haya rendición de cuentas y el dinero ya no exista. Ése es el problema, compañeros.

Tenemos la lista de los diputados que han recibido recursos y que no lo han comprobado y que no han hecho las obras ni las viviendas, que con él se habían comprometido.

El Acuerdo Nacional para el Campo no debe resolverlo y darle seguimiento y cumplirlo únicamente y exclusivamente el Gobierno Federal. El propio Acuerdo señala que existe corresponsabilidad entre la Federación, los gobiernos de los estados, los académicos y las instituciones, así como las organizaciones, y los únicos que no han cumplido son las organizaciones, con el objetivo de hacer presión social y lograr más recursos directamente y sin reglas de operación para su funcionamiento.

Hay que decirlo claro: el Acuerdo Nacional para el Campo establece la posibilidad de que las organizaciones participen en el diseño de las reglas de operación, pero no lo hacen, no participan, porque pretenden que sin reglas se les entregue directamente este dinero.

Y les pongo un ejemplo: el año pasado se debieron haber ejercido 375 millones para vivienda rural, pero las organizaciones no quisieron participar en el diseño de las reglas de operación. Para este año se autorizaron 500 millones, y gracias a la presión que hicieron en la toma de edificios y cierres de carreteras, este año las organizaciones van a ejercer de manera directa y sin fiscalización 886 millones de pesos. Ése es el problema de fondo.

No estamos en contra de que haya más recursos para el campo, de lo que estamos en contra es del uso discrecional e irracional y corrupto que hacen algunas organizaciones de los recursos que aquí aprobamos.

Tenemos documentado, por ejemplo, además del cobro para registrarse en el Programa de Adultos Mayores de 200 pesos, tenemos registrados algunos casos en el estado de Hidalgo: por lo menos 41 por parte de la CCI, a los cuales se pidió a los beneficiarios de vivienda rural que endosaran los cheques para que los cobrara la organización.

Tenemos el expediente a disposición de cualquier diputado que quiera examinarlo. Lo tendremos que llevar a la Auditoría Superior de la Federación para que realice la fiscalización correspondiente.

Sí al dinero del campo. Sí al apoyo a las organizaciones, siempre y cuando lo apliquen en lo que debe ser, siempre y cuando entreguen cuentas. No es del debate si se les entrega más o menos; el debate es que ese dinero vaya realmente para quien lo necesita, que son los campesinos del campo mexicano.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Rafael Galindo Jaime, del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro de la propuesta de la Junta de Coordinación Política.El diputado Rafael Galindo Jaime: Gracias, diputado Presidente.

Creo necesario aclarar a diputados como Javier Castelo qué es lo que ha estado pasando no solamente con el Presupuesto, que está aprobado por la Cámara de Diputados, y qué es lo que está pasando en la realidad social, política y económica del campo. Desde luego, a diputados como Javier Castelo, que yo estoy seguro de que no todos los diputados de Acción Nacional piensan de esa manera, les interesa más que el recurso llegue a los ricos, como realmente está sucediendo con el Presupuesto.

Les quiero aclarar, señores diputados de Acción Nacional, que esos programas que han llegado a las organizaciones campesinas y no a la organización en sí, sino a los militantes de esas organizaciones que tienen derecho a recibir el apoyo, que tienen derecho a recibir el dinero de los programas, son puras bagatelas. Programas como Fapa y Promusal de Reforma Agraria, programas como Adultos Mayores y Vivienda Rural, no suman siquiera la cantidad que se ejerce por ejemplo el programa de Papir, que ejerce la Secretaría de Agricultura. Y esos programas, los que realmente tienen dinero, son los que van a la gente rica, a la gente que usted quiera apoyar, señor diputado Castelo Parada. Lo que estamos planteando en este punto de acuerdo está dentro de la legalidad.

Hemos hablado con funcionarios que dicen que no quieren ejercer el Presupuesto, que no se puede porque hay una controversia constitucional, lo cual es una aberración jurídica, lo cual es una aberración económica, porque no está impedido el gobierno para ejercer el Presupuesto.

Y le quiero aclarar, señor diputado, y también al diputado de Acción Nacional que me antecedió en la palabra, que la misma Comisión Intersecretarial, en donde comparecen, en donde participan todas y cada una de las secretarías de Estado, nos mandaron hace dos semanas la distribución del gasto público programado, calendarizado mes por mes, y ahí está contemplado ya cómo se va a gastar ese recurso. Lo que sí nos ha extrañado es que la Secretaría de Hacienda, violando el acuerdo, violando el Presupuesto de Egresos de la Federación, elimine más de 6 mil millones de pesos del Programa Especial Concurrente.

Desde luego, si eso para ustedes, para los diputados de Acción Nacional que piensan como Javier Castelo, que yo estoy seguro de que no todos, si lo que quieren es seguir empobreciendo el campo, si lo que quieren es que el dinero no baje con oportunidad, si lo que quieren es que el dinero no llegue a los campesinos más pobres, pues ya entendemos, ya entendemos el porqué de la respuesta que ha habido en las últimas elecciones en los diferentes estados en el país.

Quiero comentarle que, efectivamente, las organizaciones campesinas como la que yo represento recibieron recursos, pero lo que no sabe usted, señor diputado, es que desde febrero del año pasado demostramos a la Sedesol que esos 10 millones 800 mil pesos se ejercieron puntualmente; se demostró fiscalmente. Y por eso este año, para que más les duela, los campesinos de la CCI van a recibir 19 millones de pesos. Y no lo está recibiendo Rafael Galindo ni la organización campesina; lo están recibiendo campesinos pobres, campesinos que no tienen vivienda. Inclusive, vinieron organizaciones campesinas a hablar con algunos miembros de la Mesa Directiva, por la ineficacia y la ineptitud del director del Fonhapo, que durante 2004 no pudo ejercer el Presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados. Por eso le exigimos, por eso se hicieron las marchas, para que quitaran al Fonhapo los recursos de Vivienda Rural de 2004 que todavía no se ejercen, señor diputado.

Por eso, este punto de acuerdo va encaminado a la legalidad, va encaminado al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, que firmó el Presidente de la República y todo el gabinete federal. Va encaminado al cumplimiento del Presupuesto de Egresos tal y como lo aprobó la Cámara de Diputados; pero todavía más: como ya lo aprobó la Comisión Intersecretarial, en la que participan todos los secretarios de Estado.

Desde luego, no nos extraña que usted, señor diputado Castelo Parada, también esté recibiendo recursos de Progan y de Alianza para el Campo, pero los recursos, pero los recursos millonarios que realmente deberían llegar a los campesinos pobres.

Tampoco nos extraña que diputados con la mentalidad como la suya, fundamentalista, se opongan a la libertad de asociación, a la libertad de reunión y a la libertad de petición que ejercemos las organizaciones campesinas.

Sé muy bien, diputado Castelo Parada, que le duele mucho que organizaciones como la CCI tengan apoyo, porque ustedes no tienen organización que sea respetada en el campo mexicano.

Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Rafael.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra; luego, don Jesús González Schmal. Después, para hablar a favor, en la inteligencia de que si hay otro registro de oradores, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si es de abrirse una segunda ronda.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Con su permiso, señor Presidente...

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado; le ruego me disculpe. Ciérrese el sistema electrónico de registro de asistencia. Le ruego me disculpe señor diputado, vamos a hacer un trámite de carácter administrativo interno.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia, informando que tienen 15 minutos los que no lo hayan hecho para registrar por cédula.

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PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE - ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado. Le ruego disculpe la interrupción.El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala: Nuevamente con su venia, señor Presidente.

Es interesante el debate que hoy se da porque el debate que hoy se da no es cualquier debate: se trata de poner sobre la mesa un exhorto, un punto de acuerdo, exigiéndole al Presidente de la República que cumpla el Acuerdo Nacional para el Campo.

Y digo que es interesante porque pareciera que solamente el Presidente de la República tiene la obligación de cumplir el Acuerdo Nacional para el Campo. También es interesante porque quienes hoy vienen a aquí a reclamar que no se ha cumplido el Acuerdo Nacional para el Campo, lo que beneficia a los más pobres entre los pobres, que por ellos son capaces de morir y dar la vida, llegan a la Cámara manejando un BMW. ¿No es cierto, diputado Víctor?

No entendemos cómo un dirigente campesino puede llegar a ese extremo de lucro con los que menos tienen. Y no está de más, digo, no es de extrañarnos, no hay forma más fácil de hacerse rico que pretendiendo luchar por los pobres.

Aquí tenemos un verdadero atraco a la nación, señores medios de comunicación. Aquí venimos a denunciar un atraco a la nación; que se escuche bien, que por estar saliendo a las calles para ir a tomar Bucareli, por manosear el Presupuesto, por no querer participar en la elaboración y en el cumplimiento de las reglas de operación, los partidos políticos que tiene organizaciones campesinas se están sirviendo con la cuchara grande, a expensas de los que menos tienen. Y si robar a la nación, robar a la nación es algo denigrante, robar a los que menos tienen lo es aún más; y a las pruebas nos remitimos:

Tenemos escritura notarial, la número 4 mil 344 --a disposición de cualquiera de ustedes--, donde dice claramente que la UCD está cobrando 100 pesos para llenar el formado de afiliación a Adultos Mayores. Aquí está, señor diputado Víctor, si la quiere a analizar. Ahí está el atraco a la nación.

Además, el cambio, el cambio que hacen de los cheques, no sabemos por qué al final el líder de la organización campesina es quien va y cambia los cheques endosados por quienes se pretende beneficiar con estos programas.

Y vamos también a las pruebas, señor Rafael Galindo: su organización, en 2003, recibió 10 millones 832 mil pesos para construir 6 casas, 268 ampliaciones. Aquí están los datos, y están a su disposición.

Señor ingeniero Margarito Montes Parra: su organización recibió 8 millones 130 mil para construir 162 casas. Señor Miguel Luna Hernández: su organización, la Coduc, recibió 13 millones 55 mil pesos para construir una casa y 4 ampliaciones.

Señor Rosendo Alonso Hernández: su organización recibió 30 millones 849 mil para no construir una sola casa, 7 mil y tantas supuestas remodelaciones. Aquí está el atraco a la nación; no son faramallas, no son discursos en contra de los que menos tienen y lo decimos fuerte, porque así de indignante es este atraco. No lo sería tanto si el atraco no fuera a los más pobres; del PRI y del PRD no se puede esperar otra cosa.

En el Acuerdo Nacional para el Campo, el Gobierno Federal, los diputados que han respondido al llamado de la evaluación, sabemos bien quiénes han cumplido y en qué parte no se ha cumplido. Hoy se pretende atracar a la nación usando discrecionalmente más de 880 millones de pesos en el Fondo de Vivienda Rural y discrecionalmente otorgándoselo a quien los dirigentes de las organizaciones campesinas quieran, como quieran y sin comprobar y comprobar lo que quieran.

Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Reclamamos del Gobierno Federal mano firme en la entrega de estos recursos, pero sobre todo transparencia en la comprobación y en el diseño de la forma en que se habrá de operar estos programas. Es esto lo que los compañeros --los diputados del Partido Acción Nacional--, y no otra cosa, venimos hoy a denunciar. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene el uso de la palabra don Víctor Suárez Carrera.El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): ¡Presidente, para alusiones personales!El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Para alusiones personales de su compañero?El diputado Víctor Suárez Carrera: Gracias, señor Presidente.

Cuando se pone a esta soberanía a discusión un punto que plantea la exigencia de que se cumpla un presupuesto autorizado por esta soberanía para el campo y que el Presidente de la República cumpla un acuerdo político firmado, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra en lugar de debatir viene a difamar.

Pido al señor Presidente que retire del Diario de los Debates esta afirmación porque es una difamación, y pido al diputado que pruebe su dicho; de lo contrario, procederé conforme a derecho. El diputado que me antecedió difama, miente; y lo tiene que probar. Y pido al señor Presidente de la Cámara que retire esta afirmación difamatoria del Diario de los Debates. El señor diputado que me antecedió hace eco a un...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite un segundo, señor diputado?

¿Con qué objeto, diputado Rubén Alfredo Torres Zavala?

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Nada más para pedir una disculpa al diputado Víctor. Me equivoqué: le dije que era un BMW; no es un BMW, es un Mercedes, creo. Muchas gracias. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, sonido en la curul; permítame un segundo. ¿Con qué objeto, señor diputado? El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul): Para solicitarle, señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Diputado, acepta una pregunta?

El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, adelante.

El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández: Solamente preguntarle, señor diputado, ¿en qué basa usted sus afirmaciones?

El diputado Víctor Suárez Carrera: ¿Cuáles afirmaciones?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están prohibidos los diálogos. Señor diputado, el orador hace la solicitud de que precise usted su pregunta. El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul): Que las afirmaciones que está haciendo en este momento, ¿en qué las basa, lo que está expresando en este momento? El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado Suárez Carrera.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Bueno, la calumnia, no solamente expresada con anterioridad, sino reiterada y agrandada, es del diputado del PAN que me antecedió; él tiene que probar ese dicho. Yo no tengo que probar lo contrario. Así que, reitero, el diputado del PAN que me antecedió en la palabra, que sé que va a misa todos los días y reza todos los días y es un ``mocho'', ``santurrón'', viene a esta tribuna a difamar a un diputado, sólo para defender a un Ejecutivo federal que incumple sus acuerdos políticos y que se niega a respetar la soberanía de esta Cámara de Diputados, al incumplir lo establecido en el decreto de Presupuesto de la Federación para 2005, retenido para el campo...

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado. Diputado De la Vega Asmitia, ¿con qué objeto? El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Para solicitarle una moción, en el sentido de que reconvenga al orador a conducirse con respeto en el lenguaje respecto a sus compañeros legisladores. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya lo escuchó, señor diputado.

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La diputada Muñoz, ¿con qué objeto?

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Para hacer una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted una pregunta de la diputada Muñoz?

El diputado Víctor Suárez Carrera: Sí, adelante.

La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (desde la curul): Señor diputado, anteriormente en su intervención, usted mencionó que 80 por ciento de los apoyos hacia el campo había sido destinado a Sinaloa, Sonora y las Bajas Californias. ¿Está incluida la Baja California Sur ahí, me pregunto yo?

El diputado Víctor Suárez Carrera: Señora diputada, me estoy refiriendo a los apoyos a la comercialización de Aserca, no a la totalidad de los apoyos al campo. Y sí está incluida la Baja Sur, sí: del 80 por ciento, con 1 por ciento de ese 80 por ciento. ¿Puedo continuar?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe, señor orador.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Después de haber expresado lo que dije con relación a la difamación del diputado del PAN, y que la vuelve a reiterar y a acrecentar, quiero hacer tres preguntas a la fracción del PAN:

Primera pregunta: ¿por qué la secretaria de Desarrollo Social y por qué el secretario de Reforma Agraria publicaron Reglas de Operación para los programas de Adultos Mayores, Vivienda Rural, Fapa y Promusac, en donde se establece que al menos 75 por ciento en un caso, o 50 por ciento, se destinarán a las organizaciones firmantes del campo, cuando esto mostró una clara predilección por el corporativismo y el clientelismo? Fue una decisión de esos secretarios de Estado, que están publicadas por dos años consecutivos en el Diario Oficial de la Federación.

¿Quién promueve el corporativismo y el clientelismo, que se suponía que era cosa del pasado? El actual gobierno, del Presidente Fox, que incluso desarrolla sus propias organizaciones de clientelismo y corporativismo en el campo, como Unios y Plantar.

Segunda pregunta: ¿por qué si desde enero de 2004 sabían...

El diputado Sergio Vázquez García (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor orador; el diputado Sergio Vázquez me está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? El diputado Sergio Vázquez García (desde la curul): Para rectificación de hechos. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Disculpe usted. Adelante, no sería el momento.

El diputado Víctor Suárez Carrera: Segunda pregunta a la fracción del PAN: ¿por qué si desde enero de 2004 sabían de esas anomalías, por qué ni las secretarías de Estado correspondientes ni ustedes han presentado una solicitud de auditoría y una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes?

Y tercera pregunta, que espero que me respondan: ¿por qué en diciembre, en la discusión del texto del decreto de Presupuesto para 2005, se propuso específica y puntualmente que debería ser prohibido en las reglas de operación asignar predeterminadamente a personas morales y físicas recursos públicos, ustedes se opusieron?

Son tres preguntas que deben ser respondidas porque, de otra manera, ustedes carecen de toda autoridad y porque ustedes como PAN, como gobierno del Presidente Fox, han preferido, en lugar de impulsar la transición a la democracia y la democratización del campo, han decidido revivir las prácticas clientelares y corporativas para mantener sus políticas neoliberales hacia el campo, como han decidido apostar a los sindicatos charros para tener apoyo a sus reformas estructurales neoliberales.

Ustedes ni están a favor de la democracia, ni están a favor del desarrollo del campo, ni están a favor de un ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos.

Ustedes, que dijeron que iban a combatir a los peces gordos, ustedes han sido cómplices de esos peces gordos y han sido los que han cobijado la impunidad y la corrupción del pasado y del presente, por lo cual ustedes carecen de toda autoridad moral.

Insisto: que se retire del Diario de Debates la difamación del diputado ``santurrón'', que acostumbra difamar y provocar y no a parlamentar ni argumentar sus intereses ni su dicho. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, el señor diputado Javier Castelo Parada.El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso, diputado Presidente.

Quisiera solicitar en forma comedida al diputado Rafael Galindo que me muestre cuáles son los recursos de la Alianza que yo recibí en cualquiera de sus programas.

Sí, en cambio, le digo --y esto es importante, amigas y amigos legisladores-- que todos sepan alguna de las artimañas que se utilizan para volarse el dinero de los campesinos.

Aquí tengo copia de un certificado de subsidio federal, que es una especie de vale para los materiales de vivienda rural. ¿Qué es lo que hacen? Le sacan la firma al campesino y le dan una feria y se quedan con los materiales y luego los venden. Y luego reportan que cumplieron con todo; pues sí, pero se sentaron en el dinero.

Yo quisiera también que sepan, amigas y amigos legisladores, y lo digo muy principalmente para quienes no están familiarizados con el campo, por qué del debate y por qué les duele a los dirigentes campesinos.

Hablaba el diputado Rafael Galindo de los programas de Promusac y Fapa, de Reforma Agraria. Estos programas, con el afán de ayudar a los campesinos, son programas que dan recursos prácticamente a fondo perdido. Se ha estado insistiendo en que para poder otorgar nuevamente estos recursos a las organizaciones promoventes, que se verifique que se invirtieron; que si dijeron que iban a comprar vacas, que estén las vacas ahí. Y lo que nos estamos encontrando es que no existen estas supuestas compras o estas supuestas inversiones.

En contra de eso es en lo que estamos nosotros atacando y por lo cual creo que todos nosotros debemos unirnos para impedirlo. Ya se dijo lo que sucede en Adultos Mayores, ya se dijo lo que sucede en Vivienda Rural; estamos comentando lo que sucede en Fapa y Promusac.

Yo quiero preguntarle también, porque creo que no es del conocimiento de todos, ¿por qué el diputado Rafael Galindo, me dirijo a él siendo paisano y amigo, porque él fue el actor de esto, por qué visitó al Presidente de la Mesa Directiva para cobijarse en él, a ver si le ayudaban a sacar el punto de apoyo? Y después lo mandaron a que fuera a la Comisión de Presupuesto también a pedir que en la Comisión de Presupuesto avaláramos este punto de acuerdo. Y como no tuvo respuesta en la Comisión de Presupuesto, yo no sé quién fue el que le sugirió que fuera a la Junta de Coordinación Política y ahí convenció á los coordinadores de la oposición.

Quiero aprovechar también para comentarles, amigas y amigos diputados, qué sucede con el dueño de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el cenecista Cruz López: desde mayo de 2004 se aprobó en comisión, después de cuatro intentos, un dictamen para la liquidación de Pronase. Pues el señor porque a él se le... Eso no lo ha pasado al Pleno, un dictamen aprobado en comisión, incluso por unanimidad, en mayo de 2004; y no lo ha turnado al Pleno. ¿Por qué? Porque estaban pretendiendo ellos, los señores de la CNC, presentar --y ya presentaron-- una iniciativa para una promotora de semillas, en la cual pretenden, como pretendieron antes, que les entreguen las instalaciones de Pronase a ellos porque ellos son las organizaciones, que son cuatro o cinco vivales que andan por ahí.

¿Por qué en el Presupuesto, amigas y amigos diputados, la CNC, que se apoderó del Centro de Estudios para el Sector Agropecuario, que es de todos pero ellos se apoderaron ahora en el Presupuesto, y creo que lo hicieron muy mal, por qué proponen dos plantas de etanol casi focalizadas para que se las den a ellos? La materia prima es maíz, y somos deficitarios de maíz, pero la inversión, 280 millones de pesos. Eso es lo que ellos quieren y para qué quieren el presupuesto.

Quieren una productora de semillas que sea una organización que ellos administren; ya no queremos organizaciones del sector público, y menos administradas por ellos. Quieren la pretendida iniciativa de Ley del Café, que haya un organismo para el café, todavía nos acordamos del Inmecafé.

Eso es lo que debemos atacar entre todos: la corrupción que muchos de los compañeros encabezan.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, perdón. Miren ustedes: tenemos a Rafael Galindo Jaime, para alusiones personales; y luego, para hechos, a Sergio Vázquez García y a Arturo Nájera. Después de esto, esta Presidencia... Y claro, el turno que queda pendiente de don Jesús González Schmal. Después de esto, esta Presidencia preguntará a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Julián Nazar, para alusiones personales.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Galindo Jaime.

El diputado Rafael Galindo Jaime: Muchas gracias, diputado Presidente.

Considero que no se vale, considero que es una actitud inmoral y antiética que ciertos diputados de Acción Nacional lleguen aquí y se suban a esta tribuna y hagan señalamientos calumniosos sin tener pruebas, sin tener los antecedentes a la mano, aprovechándose del fuero y aprovechándose de que no pueden ser recriminados. Sin embargo, la ley no prohíbe que otro diputado les pueda decir sus verdades.

Los dos diputados de Acción Nacional que se subieron a esta tribuna han estado haciendo señalamientos que constituyen delitos contra el erario público. Voy a hacer dos retos a los dos diputados de Acción Nacional que subieron a esta tribuna: que vayan al Ministerio Público y demuestren quiénes han cometido delitos con el ejercicio de estos programas a los que hacemos alusión. Y específicamente, al diputado que señala que la organización que yo represento ejerció recursos para construir seis viviendas.

Yo le quiero decir, señor diputado, que con los recursos de Vivienda Rural, que fue un programa que no fue creado por el Ejecutivo federal sino que fue a partir de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, con base en un programa de recursos emergentes, que se acordó ejercer un monto de 400 millones de pesos.

La organización que yo represento, señor diputado, con los recursos de 2003 tuvimos apoyo para 1,039 acciones de vivienda; y esto está documentado en la Sedesol, ahí donde está el ingeniero Isaac Rodking. Estas 1,030 acciones de vivienda fueron para apoyar a campesinos pobres que viven en pocilgas, para seis estados.

Pero no solamente eso: a partir de este programa que se implementó en el Acuerdo Nacional para el Campo, la Cámara de Diputados para 2004 aprobó otra cantidad importante de recursos, así como para 2005, de tal manera que yo estoy seguro de que, diputadas y diputados de esta Legislatura, apoyarán este exhorto que se hace al Presidente de la República, porque la mayoría de los diputados que están aquí están para apoyar a los campesinos pobres; están por programas sociales que nunca había existido para que los campesinos tengan vivienda rural. Desde luego...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite un segundo, diputado Rafael Galindo? ¿Con qué objeto, diputada Dolores Gutiérrez Zurita?

La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (desde la curul): Para preguntar al diputado que tiene la palabra si acepta una pregunta de mi parte.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta una pregunta de la diputada?

El diputado Rafael Galindo Jaime: Con mucho gusto, diputada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante. La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (desde la curul): Gracias. Diputado Galindo: como Presidente de la Comisión Especial para el Campo, ¿nos puede usted precisar los objetivos centrales incumplidos por el Gobierno Federal en el mismo, y cuánto tiempo se llevó la negociación de éste? Gracias.

El diputado Rafael Galindo Jaime: Con mucho gusto, diputada. De hecho, el Acuerdo Nacional para el Campo, diputada, tiene 282 numerales. De esos 282 numerales, alrededor de 240 numerales son obligaciones sustantivas del Gobierno Federal. Desde luego que las obligaciones, los compromisos que están en el Acuerdo Nacional para el Campo abarcan toda la problemática rural.

Como ya lo señalaba el diputado Víctor Suárez, está ahí el tema de comercio internacional, que mucho ha impactado al país. A partir del acuerdo de este tratado comercial, en México se consume 40 por ciento de alimentos que son importados de otros países.

También a partir de este tratado comercial, los precios de los productos agropecuarios han perdido más de 40 por ciento de su valor. En estos últimos 10 años, más de 400 mil campesinos jóvenes han abandonado las zonas rurales porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay inversión productiva, porque no hay creación de empleos.

Ése es un tema que se planteó, de manera muy puntual, por las organizaciones campesinas para que la Secretaría de Economía hiciera planteamientos formales ante los socios comerciales para modificar el Tratado de Libre Comercio en lo que se refiere al Capítulo Agropecuario, circunstancia que no se ha cumplido.

En el Acuerdo Nacional para el Campo también se pactaron 24 acciones concretas desde el punto de vista legislativo, y prácticamente no se ha cumplido una sola. Ahorita se está procesando la Ley de Planeación, se está procesando también la reforma del marco jurídico agrario, y por ahí de alguna manera tiene que ver el tema de la Ley de Presupuesto porque en el Acuerdo Nacional para el Campo se plantea la necesidad de implementar presupuestos multianuales para tener una auténtica planeación, como la tienen la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, con los que de manera pomposa nos ostentamos socios comerciales. Pero que haya simetrías que están afectando al productor mexicano.

Otro aspecto en el que no se ha cumplido también en el Acuerdo Nacional para el Campo es implementar la modificación de políticas públicas encaminadas, compañera diputada, a plantear o a realizar una reforma estructural para 2006. En eso prácticamente no se ha avanzado.

También está planteado en el Acuerdo Nacional para el Campo ir definiendo políticas y estrategias para una planeación al año 2002. De eso no hemos visto nada con relación al cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

Desde luego, uno de los numerales --y sí lo quiero comentar a algunos diputados de Acción Nacional que subieron a hacer uso de la voz--, uno de los compromisos centrales que firmó el Presidente de la República es en el sentido de que las normas de operación, que no es cierto que queramos ejercer recursos y normas de operación. Inclusive, queremos participar en el diseño de las normas de operación.

Deben ir encaminados estos programas a beneficiar a la gente más pobre, que deben ir encaminados los programas para beneficiar al mayor número de población rural, pero también un compromiso de eliminar burocratismos y dilaciones que contiene esa norma de operación.

Tradicionalmente, las normas de operación se aprobaban a mediados del año y prácticamente la mitad del año se pierde sin ejercer recursos. Con esta presión que hemos hecho las organizaciones campesinas y que también ha sido avalada por diputados de esta Legislatura y la anterior, obtuvimos --por ejemplo-- Fonaes. Por si no lo sabían algunos diputados, publicaron la norma de operación del año 2005 el 28 de diciembre; y no fue broma, porque se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

En concreto, son muchos los aspectos que tiene el Acuerdo Nacional para el Campo, diputada; pero yo diría que parcialmente se ha cumplido. Se han impulsado los programas normales, pero no se ha empujado la nueva, esa agresividad, esa perspectiva, esa visión de fondo que plantea el Acuerdo Nacional para el Campo.

El campo ha perdido mucha competitividad y ha perdido mucha presencia. Y el INEGI registra datos tan importantes como éste --con esto yo daría por contestada de manera general, diputada, la pregunta--: en 1970, el campo aportaba 39 por ciento del Producto Interno Bruto. Y el señor secretario de Agricultura lo reconoció hace dos años: no pasa del 14 por ciento del PIB que aporta la producción agropecuaria.

Esto, ¿qué nos dice? Nos ha ganado la industria; nos ha ganado la prestación de servicios y nos ha ganado la actividad comercial. Y el campo cada vez está más rezagado, sobre todo si no tenemos presupuesto, sobre todo si se subejerce el presupuesto y si se cumple tardíamente ese presupuesto.

Esto es lo que plantea este punto de acuerdo, que nosotros --respetando el trámite parlamentario-- hicimos llegar a la Mesa Directiva y la Mesa Directiva lo hace suyo para notificarlo al Ejecutivo federal.

Si hubiésemos violado normas, reglas preestablecidas en esta Legislatura, estoy seguro de que no habría llegado al orden del día este punto de acuerdo.

Por esa razón estamos impulsando, estamos requiriendo al Presidente de la República que cumpla a tiempo y con todo el Presupuesto que está previsto. Por cierto, ya está recortando, antes de empezar a ejercerlo, más de 6 mil millones de pesos al Programa Especial Concurrente. Y ésa es una violación de la legalidad porque aquí vino el Presidente de la República a decir que iba a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, y el Presupuesto de Egresos es una ley. Y desde la Secretaría de Hacienda ya se está implementando un recorte anticipado del Programa Especial Concurrente. Con eso yo creo que satisfago un poco la pregunta, compañera diputada.

Quiero comentar también que no se vale que se venga aquí a decir que los campesinos pobres son irresponsables. No estamos de acuerdo en que se venga aquí a decir que los campesinos pobres no cumplen sus obligaciones.

El Banco Rural lo cerraron porque 85 por ciento de los recursos los ricos no lo pagaron y apenas 15 por ciento de la cartera vencida era deuda de campesinos pobres, ejidatarios y comuneros. Ésa es la verdadera moral del campesino pobre, no del agricultor rico, que pide dinero y no cumple. Y a esos campesinos pobres venimos a defender aquí, compañeros de Acción Nacional, que ojalá que no sean muchos que piensan como los diputados que subieron a esta tribuna. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene por último la palabra el diputado Julián Nazar. Después vienen, para rectificación de hechos, Sergio Vázquez García y Arturo Nahle; y, para ejercer su turno, en pro, el diputado Jesús González Schmal. Y de inmediato preguntaremos si está suficientemente discutido.El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeros diputados; compañeras diputadas:

Hace un momento escuché a un diputado del PAN en una actitud hasta cierto modo contraria a los principios de nación, y no me sorprende porque el señor que vino a denunciar supuestamente irregularidades de algunas organizaciones sociales que le apuestan a cumplir el compromiso que hicieron en el país con sus electores, que es una parte vital del trabajo de gestoría de cada uno de nosotros que venimos a representar los intereses de la ciudadanía, no me cabe la menor duda de que este diputado carece de compromiso social, que desconoce la problemática del campo, que únicamente sabe de los intereses de la defensa de las instituciones federales y del gobierno en turno.

Hoy por hoy, ese compañero se tiene que transformar en defensor de oficio de los que le ordenen, ya sea las dependencias federales o la Secretaría de Gobernación. Pero nunca va a defender los intereses del pueblo.

Y vino a tocar un tema que es fundamental para la vida de México, para el sistema alimentario mexicano. Habla de desmantelar una de las instituciones que tienen que ver con la vida del campo, como es la Productora Nacional de Semillas. Se queja de que ya había sido votado en una iniciativa y que, por ende, se le violentaron sus derechos.

Él cree que los derechos que adquiere en una votación cuando hay minoría se transforman en derecho contra las mayorías. Pero yo quiero decir al compañero que la Productora Nacional de Semillas que se está presentando crear para el servicio de los productores mexicanos no atenta contra lo que están haciendo desde la Sagarpa, por orden del Ejecutivo federal, desmantelar Pronase.

Ya le dijimos que pueden desmantelarla si quieren, como han hecho con otras instituciones, pero tienen que respetar lo que el Congreso va a aprobar en una iniciativa de ley para crear una Productora Nacional de Semillas que sirva a los campesinos. ¿Por qué necesitamos que tenga que haber ese respaldo a los productores nacionales? Porque trae una política el partido que sube a defender la desaparición de estas instituciones de transformar a México en mercado de consumo y no en un país productor para que tenga autonomía alimentaria y le permita soberanía nacional.

¡Y eso no lo conocen ellos porque no conocen el campo! Bueno, corrijo: sí conocen del campo; pero del campo de golf porque son gente de elite, de otro tipo de visión con el que ven el escenario nacional. Pero no tienen compromiso con los campesinos, y no tienen compromiso con los campesinos por una sencilla razón: ellos no son producto de una sociedad que reclama mayor participación con justicia social porque si tuvieran tantito compromiso social, dirían a ``su'' Gobierno Federal que no interpusiera una controversia contra un Presupuesto de Egresos que aprobó la Cámara y que va a beneficiar a millones de mexicanos que están naciendo y esperando en cada uno de sus rincones del país una oportunidad de vida. ¡Y no permitir que con la falta de apoyo en el campo se esté emigrando en forma espantosa hacia Estados Unidos para buscar el sueño americano a través de un empleo en la recolección de las cosechas!

Pero sí quiero dejar claro con los compañeros que nos antecedieron que, aunque no quieran ellos, esa Ley de la Productora de Semillas se va a aprobar con los diputados que tienen conciencia de nación y que tienen compromiso con esa sociedad que nos hizo llegar acá.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado. ¿Me permite, don Julián Nazar; me permite preguntar a la diputada Angélica de la Peña con qué objeto se dirige a esta Presidencia?

La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera que usted consultara al señor diputado si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, ¿acepta una pregunta?

El diputado Julián Nazar Morales: Con todo gusto, compañero.

La diputada Angélica de la Peña Gómez (desde la curul): ¿Podría decirnos por favor a cuánta gente se afectaría el no cumplimiento de este acuerdo, si es tan amable?

El diputado Julián Nazar Morales: Miren, compañera diputada y compañeros diputados: desaparecer la Productora Nacional de Semillas y no sustituirla por otra que cumpla el objetivo social de atender las demandas del campo. Estamos destinando a más de 25 millones de mexicanos que viven de la producción a desaparecer como productores y transformar a 100 millones de mexicanos en consumidores de lo que Estados Unidos produce y que nos transformaríamos nosotros nada más en consumidores y en ventana de ese gran mercado que está orquestando el Gobierno Federal a través del ALCA, del acuerdo de comercio que quiere hacer con Centroamérica y el Caribe. Y al tratar ellos de desaparecer esta Productora Nacional de Semillas, estamos destinando a que la producción de México, como está sucediendo ahorita, se desplome a menos de 50 por ciento de lo que teníamos hace seis años.

Eso quiere decir que la actitud del Gobierno Federal que hoy representan los que subieron aquí a proponer y a descalificar a las organizaciones que defienden la producción en México, son aliados de ese gran monstruo que es Estados Unidos y que desde hace muchos años se quiere dar la autoría de ser el único país que produzca semilla y que nosotros seamos consumidores. Ésa es la política que traen ellos. No tienen una visión de país ni de nación, ya diría yo sentimiento nacionalista. Desconocen los compañeros qué es compromiso social porque no conocen lo que es convivir con la gente del campo.

Por eso me espanta, pero al mismo tiempo me hace reflexionar muy en mi interior qué insensibles son estos compañeros que suben a esta tribuna a decir a todo México que ellos no van a permitir que se les dé el espacio de oportunidad para tener producción, para tener un sistema alimentario que permita a los mexicanos no estar hincados contra los grandes productores internacionales.

Por eso nos quitan los subsidios, por eso quitan los apoyos como la semilla, el programa Kilo por Kilo, el apoyo a la producción a través de los fertilizantes. No nada más nos lo quitan, sino que nos los incrementan a precios desorbitantes.

Ésa es la política que trae este partido y que no han querido entender que la Cámara no es una ventanilla de trámite del Ejecutivo. La Cámara, hoy por hoy, se ha transformado en el equilibrio que requiere el país para dar a los mexicanos certidumbre en lo social, en lo político, en lo económico. Y por eso los diputados de todas las fracciones que formamos la Cámara y que aun con nuestras diferencias que podamos tener políticamente hablando y que tenemos conciencia de nación y traemos el nacionalismo adentro, porque nacimos en el campo, porque nacimos en México y porque somos buenos mexicanos, vamos a defenderlo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, el diputado Ramón González me está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Ramón González González (desde la curul): Para ver si el orador me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, señor diputado Nazar?

El diputado Julián Nazar Morales: Adelante, compañero.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado. El diputado Ramón González González (desde la curul): Gracias. Usted ha manifestado que algunos diputados no tenemos interés en el campo. En lo personal, tengo mucho interés porque el campo salga adelante, porque el campo sea apoyado.

Usted acaba de dar una cifra de que son varios millones los que se estarían afectando en caso de no llegar este apoyo. Con el interés que tengo, quisiera preguntarle si tiene la lista de esos millones de mexicanos. Y, de ser afirmativo, que me la haga llegar para poder dar una atención personalizada a esas personas.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero diputado de Acción Nacional. Yo nada más le preguntaría a qué tipo de campo se refiere: ¿al agrícola o al de golf que ustedes conocen?, para que yo le pueda dar respuesta de cuántos mexicanos son los beneficiados.

Pero voy a dar por hecho que usted habla del campo productivo de México. Usted desconoce que somos alrededor de 5 millones de mexicanos que trabajamos la tierra, 5 millones de mexicanos que nos dedicamos a la agricultura y que transformamos una gran familia de alrededor de 25 millones de productores que dependen de la agricultura en todas las cadenas de producción, y en todas se las están negando.

Les negaron a través de un decreto que abroga el 91 y el 93, el decreto cañero. Hace unos días desaparecen el Consejo Mexicano del Café. Están desmantelando las estructuras productivas.

No nos espanta: damos por hecho que cumple el mandato que dice Estados Unidos al Gobierno de México. Pero, como diputados federales, tenemos una obligación y una responsabilidad con los mexicanos: hacer leyes que les permitan el abuso del poder del Gobierno Federal, que violando la Constitución de la República Mexicana atenta contra los mexicanos y atenta contra los que menos tienen, que son los campesinos.

Por ello le doy una tarea, compañero diputado: si quiere saber a cuántos mexicanos afecta esa iniciativa que presenta el Presidente de la República, consulte en INEGI y ahí le van a dar los datos de cuántos mexicanos están sumidos en la pobreza, con un proyecto de nación que traen con el interés de servirle al patrón que los manda y que está en Estados Unidos.

Y nosotros, como diputados federales...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, discúlpeme. El diputado Rubén Torres Zavala se dirige a esta Presidencia. ¿Con qué objeto?

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Para preguntar al orador si, respetuosamente, me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, don Julián Nazar?

El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado. El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (desde la curul): Yo tengo una duda: quisiera saber, no lo sé, si usted es dirigente de alguna organización campesina, si nos puede decir cuál es y cuáles son los mecanismos de transparencia que utilizan para manejar los recursos que se hacen llegar a través de los diferentes programas nacionales e internacionales? Muchas gracias. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto, compañero diputado.

Para empezar, mi origen es campesino: provengo de las comunidades rurales; mi padre fue comisariado ejidal y yo formo parte del ejido de mi municipio, el de Copainalá, y del ejido Ángel Albino Corzo. Soy ejidatario, pero eso no me priva del derecho y me da legitimidad de llegar a este Congreso a defender a mi gente, que confió en mí en el voto.

Por si usted lo dice, por dirigente soy el líder estatal de la CNC en Chiapas, diputado federal, representante de la organización más grande que pueda haber en el país. Y se lo digo con todas las letras: ustedes están tratando de estimular a esta gran organización o a las grandes organizaciones creando organizaciones que simulen que son campesinas. Ahí tenemos Plantar, la organización que crea el PAN. ¿Saben quiénes son sus dirigentes? ¿Saben quiénes son los dirigentes de esa organización, que creó el PAN, la organización campesina? Los secretarios de Estado; la encabezan Usabiaga, Semarnat y Sedesol. ¿De esa organización están hablando?

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Julián Nazar, la diputada Judith Díaz quiere en este preciso instante dirigirse a la Presidencia. La Presidencia no le daba el uso de la palabra en función de que usted está contestando; pero, diputada, adelante.

El diputado Julián Nazar Morales: En cuanto yo concluya, compañera diputada, la pregunta del compañero. Ahorita concluyo, compañero.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor diputado. Es la Presidencia la que otorga el uso de la palabra, diputada Judith. La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Señor Presidente: en primer lugar, me gustaría que se explicara al señor orador que no le pedía tener una intervención o un diálogo con él. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada? La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Me dirijo a usted. Quisiera que me hiciera favor de preguntar al orador si acepta una pregunta. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Yo la atiendo con un gran gusto, diputada. Señor diputado Julián Nazar, ¿acepta usted una pregunta?

El diputado Julián Nazar Morales: Se la acepto. Le acepté a tres hombres; por lógica, a la compañera.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante. La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Estamos en igualdad de circunstancias y no es porque sea la maestra. Soy compañera, pero diputada, igual que usted. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se prohíben los diálogos, diputada. Adelante con su pregunta. La diputada Judith Díaz Delgado (desde la curul): Lo único que le quiero preguntar --muchas gracias, señor Presidente--, además le quisiera preguntar: ¿qué tanto cambió o ha cambiado la vida de los campesinos en el estado de Chiapas, cuál ha sido su mejoría trascendente a partir de que usted está dirigiendo el organismo que nos acaba de señalar que usted dirige?

Y, en tercer lugar, preguntarle además: ¿cómo ha sido todo durante toda su trayectoria política? Yo quisiera saber qué tantos menos pobres campesinos hay en el estado. Porque es preocupante que usted esté hablando de que dirige una organización, de que se proveen apoyos, pero la verdad es que también habla de que la pobreza continúa. Entonces, no entiendo su incongruencia; quisiera que me lo explicara por favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputados.

El diputado Julián Nazar Morales: Con gusto vamos a dar respuesta a la compañera y quiero decirle algo de entrada: que con todo cariño, por ser dama, aunque seamos compañeros diputados, usted tiene preferencia sobre todos nosotros, los varones, con todo el respeto.

Alguien decía, cuando le preguntaban si creía en Dios, y contestaba: ``soy ateo, pero le tengo miedo. ¡Pero cómo le tengo miedo!'' Eso me pasó cuando ganaron la Presidencia de la República su partido; de veras, ¿eh? Cómo me aterró saber que alguien de la derecha que nace --óiganlo bien, ese partido-- para contrarrestar la Revolución de 1909 se transforma en un partido para defender los grandes capitales, los grandes intereses. Nacieron en 1929, y corríjanme si estoy mal, para contrarrestar la lucha social de 1909 y que había dejado más de un millón de muertos.

Por eso desconoce usted su origen y le contesto: ¿por qué tuve miedo a Fox cuando ganó la Presidencia de la República? Porque en mi estado no había visto tanta emigración hacia Estados Unidos. Habían mantenido en sus parcelas el trabajo cotidiano de los campesinos, pero empieza la política de desmantelamiento, de abandono en el campo; y hoy revisen: no hay números, en ingresos de dólares, cuántos emigraron a Estados Unidos de las comunidades indígenas. Por eso me aterra; y se los dejo de tarea, se los dejo de tarea.

Se los dejo de tarea: rueguen a Dios, o roguemos a Dios todos los que estamos en este Congreso de la Unión, para que el ejercicio de este gobierno no vayamos a terminar en una convulsión social y una confrontación que vaya a ir más allá de los compromisos, porque no vamos a tener mañana como país ni como mexicanos.

No he terminado, compañero; ¡ahora se aguantan! Así, el que pide lleva, ¿eh? Ni le estén rascando porque entre más, yo estoy contestando y les pido respeto para que también pueda yo concluir mi respuesta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, Julián Nazar, el diputado Alfonso Moreno Morán desea dirigirse a esta Presidencia. ¿Con qué objeto, diputado Moreno?

El diputado Alfonso Moreno Moran (desde la curul): Con todo respeto, señor Presidente, de preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Diputado orador?

El diputado Julián Nazar Morales: Pregunto a la Asamblea si tenemos tiempo, con gusto. Adelante, compañero.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado. El diputado Alfonso Moreno Moran (desde la curul): Alabo su interés que tiene en el campo, y tenga la seguridad de que no es el único: también nosotros tenemos interés por ello. En este sentido, la pregunta es si estamos buscando el apoyo de los campesinos, ¿usted avalaría que las organizaciones dieran cuenta de los recursos que se les asignan? El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado.

El diputado Julián Nazar Morales: Por muy organización que sea, la que sea, tiene que transparentar el ejercicio de los recursos, pero me gustaría también, con relación a ello, ¿ustedes creen que esa organización que creó el PAN y que está encabezado por las instituciones federales, que tienen todo el recurso que le dimos desde el Congreso, está transparentado los recursos? Pero tampoco los juzgo.

Porque cualquier iniciativa de apoyo que llegue al campo es bienvenida. Lo único que tenemos que cuidar es lo que decía el compañero diputado que me hizo la pregunta: si cuidábamos la forma de hacer llegar los recursos, seguro que cuidamos, porque hay reglas de operación que tienen que ajustarse para que puedan entrar las organizaciones a tener beneficio de los programas.

¿Ustedes creen que una organización que no es afín a ustedes como gobierno en el poder va a poder acceder a los recursos sin cuidar las normas y sin no cuidar la transparencia en su aplicación? Claro, como la boca no tiene llenadero, el compañero puede subir y descalificar a las organizaciones, como lo puedo yo hacer contra el Presidente.

Pero no hay en ninguna parte de la República un programa que permita, compañero diputado, que si usted no cuida las reglas de operación pueda llegar a la gente que menos tiene, porque quiero decirle que con este gobierno quitaron el Kilo por Kilo de Maíz, pero crearon el ``kilo por kilo de papel'': para poder acceder a un programa, tenemos que llegar como 200 formas y tenemos que cumplirlas.

¿Y saben cómo se llama el programa de este gobierno? Se llama ``la puerta negra'', porque tiene más de 100 candados. Y si eso no es transparentar los recursos, ¿entonces qué es lo que hacen las organizaciones?

Yo creo que quedaron satisfechos, compañeros del PAN. Y ahora que quieran un debate en materia del campo, en la rama de producción que ustedes quieran, nosotros vivimos en el campo y a eso nos dedicamos a la gestoría de nuestra gente y a la defensa de lo que menos tiene. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor compañero.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Sergio Vázquez García para rectificación de hechos.El diputado Sergio Vázquez García: Con su permiso, señor Presidente. Quiero celebrar con todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, el gran progreso del campo mexicano porque ahora hay campesinos que, en lugar de traer tractores, traen Mercedes. Ése es un gran progreso del campo mexicano.

Creo que el debate en esta tribuna es precisamente las reglas de operación que el Gobierno Federal trata de poner para que los recursos lleguen verdaderamente a los campesinos. El debate no es otro; ése es el debate: la desviación de recursos que han hecho líderes campesinos que son ricos y que tienen representados pobres. Ése es el punto medular de estas reglas de operación: los recursos que se apliquen, se apliquen transparentemente. Y hoy estuvo una persona aquí, en esta tribuna, y no supo decir de qué forma transparenta los recursos que lleva su organización; no supo porque no los tiene, porque algo debe, porque algo teme. Entonces, creo que el debate es el desfalco a la nación en el que se está cayendo cuando no se aplican estas reglas de operación y que es lo que ahora se está discutiendo.

El PAN no defiende a ricos porque si defendiera a los ricos defendería a los diputados que recibieron millonadas de pesos y que ahorita de seguro están ricos. Yo supongo, porque no han transparentado sus recursos.

Yo no sé por qué se molestan los compañeros diputados de que el campo está pobre. No son cuatro ni cinco años que está pobre: tiene años que el campo está pobre por culpa de los líderes campesinos ``charros'', que se gastan el dinero del Gobierno Federal. Ésa es la realidad: el campo tiene muchos años pobre y no es culpa de este gobierno. Que lo sepan todos, y los mexicanos lo saben.

Yo solamente quiero decirles que si el diputado del Mercedes tanto defiende a los pobres y los recursos del campo, está dispuesto a apoyar en la próxima sesión un punto de acuerdo para que el auditor superior fiscalice, investigue estos recursos que fueron dados a algunos distinguidos diputados de esta Legislatura en el manejo para los campesinos. Que se investigue este manejo, que se llegue a las últimas consecuencias y que paguen lo que tengan que pagar en caso de que sean desviados.

Espero que con esta vehemencia el próximo martes de sesión puedan apoyar este punto de acuerdo para que sean fiscalizados los recursos que se han utilizado en el campo y que mi compañero presentó una lista. Y, además, quiero decirles que aquí hay 30 campesinos, que fueron engañados con el recurso para vivienda por la Central Campesina Independiente, que están dispuestos a declarar. Y estos datos los vamos a mandar al auditor superior para que sean reconvenidos y declaren quiénes y cómo fueron engañados por estos líderes campesinos.

El diputado Víctor Suárez Carrera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado orador, permítame un segundo. Diputado Víctor Suárez Carrera, ¿con qué objeto? El diputado Víctor Suárez Carrera (desde la curul): Señor Presidente, para preguntar al orador si me permite una pregunta. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor orador.

El diputado Sergio Vázquez García: No, la verdad no me interesa que me pregunte nada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No acepta. Continúe con el tiempo de su intervención.

El diputado Sergio Vázquez García: Solamente quiero comentarles que el próximo martes podrá hacer las preguntas que quiera cuando la presente el punto de acuerdo y sean revisadas organizaciones campesinas, señor diputado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.El diputado Arturo Nahle García: Gracias, señor Presidente.

Creo que el asunto del campo es un asunto que se debe abordar con seriedad, se debe abordar con respeto; es un asunto muy complejo. Aquí se ha venido a denostar a las organizaciones campesinas, se ha venido a denostar a sus dirigentes: que si unos representan al campo productivo, que si otros representan al campo de golf, que si fulanito trae un carro marca no sé qué. Creo que hemos desviado --lo digo con toda franqueza-- un debate que debiéramos abordar con mayor seriedad.

Todos conocemos en esta Cámara, independientemente de nuestro origen, independiente de nuestra afiliación política, creo que todos conocemos los problemas tan serios, tan complejos que atraviesa el campo mexicano.

El campesino, cuando requería un pedazo de tierra, lo pedía a la Reforma Agraria y lo obtenía; se acabó el reparto agrario. El campesino, cuando requería semilla para sembrar, acudía a Pronase, la Productora Nacional de Semillas; eso se acabó. Cuando requería fertilizante, podía acudir a Fertimex; también eso se acabó. Cuando requería agua, cuando requería un seguro, cuando requería financiamiento, cuando requería vender su cosecha, hay muchas instituciones que estaban encargadas de atender al campo mexicano; y han desaparecido o se privatizaron.

Por si fuera poco, se firma el Tratado de Libre Comercio y se manda a los hombres del campo a competir en condiciones desiguales ante los productores de Estados Unidos y de otros países. Por eso está el campo como está: con una baja productividad y lleno, con millones de mexicanos que se encuentran en una situación de pobreza extrema.

Pero independientemente de este somero análisis de la problemática del campo, creo que debemos centrar el debate en el punto de acuerdo que nos ha presentado la Junta de Coordinación Política y que tiene que ver con el Presupuesto que aprobó la Cámara.

El pasado mes de diciembre, la mayoría de los integrantes de esta soberanía aprobamos una cantidad diversa de programas y de recursos dirigidos a la atención del sector agropecuario: algunos, para ser ejercidos por la Sagarpa, otros por la Semarnat, otros por Reforma Agraria, otros por la Comisión Nacional del Agua, etcétera.

A la suma, a la suma de estos programas, a la suma de estos presupuestos, es a lo que se denomina ``Programa Especial Concurrente'', y la suma de estos recursos asciende a una cantidad superior a la que nos propuso el Presidente de la República en su iniciativa. El problema radica en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al expedir los anexos del Presupuesto, las cantidades, los presupuestos que aprobamos en esta Cámara en el mes de diciembre para ese sector, fueron modificados, fueron reducidos.

Por eso, el punto de acuerdo expresa un exhorto al Presidente de la República para que instruya a las dependencias encargadas de la aplicación de este denominado ``Programa Especial Concurrente'' para que apliquen de manera rigurosa en tiempo y en forma los programas y presupuestos aprobados por esta soberanía.

Pregunto con todo respeto a las legisladoras y a los legisladores de Acción Nacional: ¿es mucho pedir? ¿Es mucho pedir al Presidente de la República que aplique a través de las dependencias a su cargo los presupuestos que fueron aprobados por esta Cámara para el sector agropecuario?

¿Es mucho pedir decirle al Presidente de la República que honre su palabra y que respete los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para el Campo?

¿Es mucho pedir? Porque eso es lo que estamos debatiendo, no si fulanito trae un carro de tal marca, no si a fulanito le gusta el golf, no si tal o cual líder es bueno.

Creo que tenemos que orientar este debate de una forma seria, responsable, respetuosa, y votar por unanimidad un punto de acuerdo que, con toda franqueza, opino que no es mucho pedir.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, para ejercer su turno en pro, el señor diputado don Jesús González Schmal.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.

Efectivamente, no puedo especular aquí respecto de segundas intenciones respecto de esta propuesta con punto de acuerdo, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Es efectivo y objetivo que los programas de apoyo al campo están sufriendo tremendos atrasos, extemporaneidad, insuficiencia y absoluta falta de técnica y precisión en su aplicación.

Los datos son elocuentes: apenas el último trimestre de este año que concluyó, logramos empezar a arrancar con el crecimiento de la economía nacional. Los sectores que quedaron rezagados son los sectores primarios respecto del promedio del 4.4 por ciento: agricultura, el sector agropecuario, el sector minero y en el sector secundario, las manufacturas. En cambio, crecieron estrepitosamente los sectores terciarios, que no contribuyen, que no aportan en realidad trabajo amplio, trabajo a la población productiva. Y me pregunto: ¿qué: ésta es de veras una política económica adecuada? ¿Qué: no es necesario recapacitar y ver en dónde está el engranaje de los recursos que esta Cámara de Diputados aprueba y por qué no inciden verdaderamente en el crecimiento del sector agropecuario?

Los que tenemos y visitamos nuestros lugares de origen nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del diesel, el que logró el campesino que se le cobrara al precio del diesel en Estados Unidos, siquiera para ser competitivos en ese solo insumo, respecto de sus competidores norteamericanos. Para que empezara a funcionar el programa tardó más de seis meses, cuando ya los tractores o habían sembrado o no habían podido arrancar porque no tenían combustible. ¿Y qué pasó entonces con los vales que se dieron a los campesinos? Pues, presas de la miseria, de la falta de ingresos, tuvieron en muchos casos que traficarlos con los expendedores de combustible a precios de ganga; y esto, porque en realidad hubo una deficiencia clara en el mecanismo para llegar efectivamente al objeto del subsidio en el combustible.

Igual está pasando en la inversión en maquinaria, en los insumos para semilla, para mejoramiento de sistemas de riego. Todo esto, como aquí se ha señalado, son trámites burocráticos de tal complejidad, que evidentemente no están al alcance de los campesinos y si en realidad se quiere evitar que haya intermediaciones que encarecen o que incluso hacen que no le llegue al campesino el beneficio del subsidio, entonces que optimicen, que agilicen los procedimientos administrativos de las entidades dedicadas al apoyo del campo para que presten servicios al campesino y no sólo le jueguen el dedo en la boca, no sólo le estén diciendo que la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto, pero que es el Ejecutivo el que puede con sus facultades limitar la efectividad de esa decisión que esta Asamblea o que esta representación nacional toma.

Y como el caso del diesel hay muchos otros. Aquí tendríamos que abordar, efectivamente, ¿por qué se decidió desmantelar Banrural en vez de hacer la reconvención para que este modelo típico o, más bien, tipo avanzado en su género en todo el mundo, haya sido sustituido por una financiera Banrural con fondos que incluso se están sustrayendo del ahorro de los trabajadores, como aquí lo denunció Convergencia, y que no se ha revitalizado ni se han sustituidos los mecanismos que el Banrural con técnica y con sentido progresista tenía a favor de los productores del campo?

Es, pues, necesario que veamos la realidad objetivamente, que este punto de acuerdo se apruebe sin perjuicios y con el máximo y alto sentido de que la administración pública a cargo del Ejecutivo asuma su plena responsabilidad para que los recursos lleguen a quienes están destinados, a quien esta soberanía puso como destinatarios, para que se reactive la producción en el campo y el Producto Interno Bruto en el sector agropecuario crezca a nivel del de otros sectores e, inclusive, lo supere. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tenemos todavía registrados a los señores diputados Cruz López Aguilar, la señora diputada Hilaria Domínguez y al diputado Rubén Alfredo Torres Zavala. Sin embargo, esta Presidencia anunció que preguntaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido, cosa que ruega a la Secretaría cumplimentar en este momento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa.... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, siendo un mandato de la Asamblea, consulte la Secretaría a la Asamblea si la propuesta se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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EMPLEO DE PERSONAS MAYORES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario del Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que instruya al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años, presentada por el Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Trabajo y Previsión Social a efecto de que establezca un programa permanente de promoción al empleo de las personas mayores de 50 años.

SEGUNDO: Se solicita al Secretario de Trabajo y Previsión Social que informe sobre las medidas que adopte para la implementación de dicho programa, y una vez establecido el mismo, informe anualmente sobre sus avances a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo, 15 de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que instruya al secretario de Trabajo y Previsión Social para que establezca un programa permanente de promoción del empleo de las personas mayores de 50 años.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presentes.

Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que instruya al Secretario de Trabajo y Previsión Social para que establezca un Programa Permanente de Promoción del Empleo de las Personas Mayores de 50 años, bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS1. El artículo 133, fracción I, de la Nueva Ley Federal del Trabajo vigente, de acuerdo con su reforma publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974, dispone que queda prohibido a los patrones el negarse aceptar trabajadores por razón de edad o por su sexo.

2. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece entre las garantías de las personas adultas mayores las relativas al trabajo y, dentro de ellas, la de gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que le permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

3. Las disposiciones legales invocadas nos sirven de sustento y referencia para promover el establecimiento de un programa institucional de promoción del empleo a favor de las personas adultas mayores de 50 años.

Si bien las estadísticas nos muestran que las edades que corresponden a la quinta década de la vida de las personas, no es de las más sufren de desempleo abierto, en cambio las encuestas nos muestran que son edades muy sensibles para quienes padecen la pérdida del empleo y en esa década en la vida de muchos mexicanos es cuando más se sufre para encontrar un nuevo empleo. Nos encontramos frente a la paradoja de la persistencia del hombre en la plenitud de sus capacidades, optimizadas por la madurez y la experiencia y, sin embargo, las dificultades y trabas en los mercados de trabajo se presentan en niveles de gravedad en razón de que los patrones a través de sus oficinas de personal, se sienten afectados y preocupados por la proyección de costos relacionados con jubilaciones y seguros de gastos médicos.

Por ello, es necesario que las autoridades del trabajo, en la esfera de su competencia, promuevan proyectos y programas de empleo para las personas adultas con edades que van de los 50 y hasta menos de 60 años, por sus características particulares y su problemática específica.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía los siguientes

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que instruya al Secretario de Trabajo y Previsión Social para que establezca un Programa Permanente de Promoción del Empleo de las personas mayores de 50 años.

SEGUNDO.- Se solicita del Secretario de Trabajo y Previsión Social que informe sobre las medidas que adopte para la implementación de dicho programa y, posteriormente y una vez establecido el mismo, informe anualmente sobre sus avances, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Hay oradores registrados: la diputada Adriana González Furlong, del Partido Acción Nacional, en pro.

La diputada Magdalena Adriana González Furlong: Con su venia, señor Presidente.

El espíritu es correcto y nos parece oportuno apoyar toda iniciativa que pugne por la creación de empleos ya que, efectivamente y por desgracia, las personas no sólo de 60 años o de 50 años enfrentan problemas para encontrar un empleo: se ha visto que personas desde los 40 son víctimas de discriminación y de no ser sujetos de contratación. Sin embargo, estaríamos hablando de dos cosas diferentes:

Uno. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en la fracción I del artículo 3o., establece que adulto mayor es la persona que cuenta con 60 años o más de edad.

De igual forma, me parece adecuado comentar que el Gobierno Federal ya lleva a cabo e implementa programas de empleo dirigido a estos adultos mayores. Actualmente, la Secretaría del Trabajo cuenta con una Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo que, a través de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Laboral para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Personas con VIH/Sida, llevan a cabo los siguientes programas y actividades:

Proporcionar las herramientas necesarias hacia una nueva perspectiva de vida a las personas adultas mayores, a través de una segunda orientación vocacional, e impulsar las acciones de capacitación para el trabajo y asesoría para la formación de microempresas y autoempleo, organización de talleres de emprendedores de empresas, impulso para la incorporación al trabajo de los adultos mayores, difundir los derechos y obligaciones laborales de las personas adultas con la sociedad en general y entre los sectores empresariales, para implementar su cumplimiento, así como dar a conocer las atribuciones que tiene asignadas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Organiza talleres sobre la Experiencia sigue dando frutos, promueve y sensibiliza hacia una cultura laboral al sector empresarial y social en general, para que reconozca las capacidades, habilidades y experiencias de las personas adultas mayores para obtener, mejorar y conservar un empleo y con ello elevar su calidad de vida.

Establecer fuentes de trabajo para las personas adultas mayores, que les permitan satisfacer sus necesidades económicas, así como su desarrollo a través del cuidado de los niños y propiciar la cohesión y el fortalecimiento de la familia.

Promover una nueva cultura laboral con el sector empresarial, mediante la motivación y sensibilización para lograr la inclusión laboral de las personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH/Sida.

Seguimiento de las empresas dispuestas a contratar a esta población a fin de contar con un registro de ofertantes y proceder a la canalización de los mismos. Asimismo, existen acciones como la línea telefónica Chambatel y el boletín de publicación quincenal Mi Chamba.

Por lo que con las precisiones hechas con anterioridad, Acción Nacional votará a favor del presente asunto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No hay más oradores registrados. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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BANOBRAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de Acuerdo por el que se solicita al Órgano Interno de Control de Banobras y a la Auditoría Superior de la Federación que inicien, en el marco de sus respectivas atribuciones, investigaciones contra Luis Alberto Pazos de la Torre, director general de Banobras, por las supuestas irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra del libro Los jardines secretos de Dios

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar al Órgano Interno de Control de Banobras, inicie una investigación contra Luis Alberto Pazos de la Torre, Director General de Banobras por las irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra del libro Los jardines secretos de Dios, de su autoría a la Editorial Diana, presentada por la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados solicita al Órgano Interno de Control de Banobras y a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de sus respectivas atribuciones, inicien investigaciones en contra de Luis Alberto Pazos de la Torre, Director General de Banobras, por las supuestas irregularidades en la utilización de recursos públicos para la edición y compra a la Editorial Diana del libro de su autoría titulado Los jardines secretos de Dios y, en su caso, se proceda a fincar las responsabilidades correspondientes.

Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a. en contra), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica se pregunta...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada, ¿me permite un segundo? Hay orador registrado, la diputada Malú Mícher Camarena, en pro. Esta Presidencia le respeta el derecho. Luego entonces, tiene el uso de la palabra. Mientras viene a la tribuna, esta Presidencia, y con relación a la ceremonia del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, una vez hechas las consultas a los grupos parlamentarios, designa a los siguientes legisladores para que asistan en representación de la Cámara: Juan Manuel Dávalos Padilla, Patricia Garduño Morales y María Angélica Díaz del Campo. Adelante, diputada.La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

Nos parece que lo que está sucediendo es alarmante. Es alarmante porque un funcionario público como el señor Luis Pazos de la Torre, quien se ha destacado por escribir distintos artículos, por escribir distintos libros, como por ejemplo Los vividores del Estado, o el artículo ``Gasto antipatriota'' o el artículo ``Derroche gubernamental'', donde dice: ``Un gran número de ciudadanos, empresarios, comerciantes y profesionales han buscado un puesto público o hacer negocios con el gobierno como el medio más fácil de obtener beneficios''.

Pero no solamente habla en este artículo de los vividores del Estado, sino en el artículo ``Gasto antipatriota'' dice: ``La finalidad del gasto público es ayudar a mantener un entorno de justicia, paz, orden y libertad en la sociedad''.

Y no sólo en ese artículo, sino en el de ``Derroche gubernamental'' dice que ``la principal causa del constante pedir de los funcionarios es que no es su dinero el que gastan sino el de todos, el del pueblo''.

Y ahora resulta que el director de Banobras hace un libro, que ya dijimos cómo se llama, ante editorial Diana, y dice a editorial Diana: ``Te voy a comprar de mis libros, para entregárselos al personal de Banobras, con el cual yo trabajo y del cual yo soy jefe, y les voy a entregar un libro --dice textualmente-- que los oriente y les ayude en cuestión de superación personal''.

Ahora resulta que el director de Banobras es el orientador vocacional del personal de Banobras; el orientador religioso y, además, un hombre que miente.

Ahora sí le digo desde aquí, señor Luis Pazos: no le creemos en contra del uso y del abuso de los funcionarios públicos. Ahora usted es el que ha caído en su propia trampa, abusando del poder, comprando un libro de su propia autoría a la editorial Diana, de la cual usted es miembro del Consejo Editorial; y, además, vanagloriándose de ya no gastar 1 millón de pesos en gastos sino solamente 169 mil pesos.

Esto es lamentable, esto es tráfico de influencias, esto es un absoluto delito porque la ley de responsabilidades de funcionarios públicos dice claramente en su artículo decimotercero: ``Todo funcionario público debe excusarse de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o resolución en asuntos de los que tenga interés personal o familiar''. Y aquí, señor Pazos, tiene, tiene interés personal porque está recibiendo dinero o regalías. Aunque no lo estuviera haciendo, está comprando a editorial Diana un libro de su propia autoría, en lugar de únicamente podría recomendarle a sus empleados y empleadas que lo leyeran.

Pero no, se dio el lujo de regalárselos, de autocomprar --él siendo el autor-- y además de hacer un fraude al interior de Banobras, por lo que les solicito, compañeras y compañeros, que autoricen esta propuesta que hacemos a la Auditoría Superior y al órgano interno de Banobras. Por su atención, muchas gracias. ¡No al desafuero!

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada Mícher. En términos del 122, tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Murat, también para hablar en pro, con lo que se cierra el registro de oradores.El diputado José Adolfo Murat Macías: El tema que nos ocupa hoy es el tema de este libro, Los jardines secretos de Dios. En el pasado nos habíamos visto obligados a hablar de otro tema también del señor Luis Alberto Pazos de la Torre: sus desviaciones a Provida.

El gran cuestionamiento que tiene mi bancada, y por lo mismo apoyo este punto, es que el señor Luis Pazos, muy respetable, puede hacer con sus creencias y puede creer en lo que él quiera, pero lo que no es posible y tampoco es justo es que use los recursos públicos, los recursos del erario federal para hacer promoción de sus propias creencias.

Este hecho no podemos soslayarlo. Tenemos la obligación, como lo establece la Constitución, de promover la educación laica, pero no andar promoviendo creencias particulares de un mexicano, y mucho menos con recursos públicos.

No es posible que este señor continúe de manera aberrante --porque lo ha seguido haciendo desde que estuvo en este mismo recinto-- apoyando sus propias creencias, y esto no es permisible.

Es así de sencillo el punto. La cuestión no son los 162 mil pesos; la cuestión es que él no puede andar promoviendo un culto particular, cuando este país no tiene una religión fija, donde la educación aquí es laica. Así de simple.

No tendría yo que agregar nada más porque es muy claro esto. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. General Brigadier DEM Servando Centella Pérez pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le otorga el Ejército Popular de Liberación China.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 16 de diciembre de 2004.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Gerardo Alberto Rivas Orellana.

Puesto: Operador telefónico de conmutador.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: María de Ángel Estrada Reynoso.

Puesto: Asistente consular en la Sección Consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.Nombre: Carlos Alberto López Torres.

Puesto: Asistente de sistemas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados de América en México.Nombre: Marina del Carmen Encinas Cháirez.

Puesto: Operadora de sistemas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.Nombre: Sylvia Érika Montaño Quintana.

Puesto: Asistente comercial/secretaria.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.

Nombre: Ciro Moreno Jacobo.

Puesto: Chofer.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Diana Rodríguez Peña.

Puesto: Empleada del Departamento de Recursos Humanos.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados de América en Monterrey, Nuevo León.Nombre: Rosina Bucio Valdivia.

Puesto: Técnica bibliotecaria.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Adriana Sánchez Arroyo.

Puesto: Asistente de Visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.Nombre: Antonio Hernández Castelán.

Puesto: Encargado de trámites aduanales.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 10 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que se refiere a la solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación.

Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar sus servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Cecilia Rivera Ramos.

Puesto: Encargada de prensa y difusión.

Lugar de trabajo: Embajada de Perú en México.Nombre: Hugo Enrique Onofre González.

Puesto: Empleado de limpieza y mensajero.

Lugar de trabajo: Embajada de Perú en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación y Nota 5-19-M/05 de la Embajada del Perú.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1o. de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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ESTADO DE VERACRUZ
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1218, signado el 26 de enero del año en curso por los CC. diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SIEDF/113/2005, suscrito el 3 del actual por el C. licenciado Carlos Javier Vega Memije, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da contestación al apartado primero del punto de acuerdo en el que se exhorta a esa Procuraduría a proceder a la investigación y persecución de la probable existencia de los delitos que resulten del derrame de hidrocarburos que dañaron los recursos naturales, flora y fauna del río Coatzacoalcos y su entorno en diciembre de 2004.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, Distrito Federal.--- Presente.

Distinguido señor subsecretario:

Por instrucciones del licenciado Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, y en atención al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que ``Primero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en ejercicio de sus facultades constitucionales, proceda a la investigación y persecución de la probable existencia de los delitos que resulten del derrame de hidrocarburos que dañó los recursos naturales, flora y fauna del río Coatzacoalcos y su entorno en diciembre de 2004 y consigne la averiguación prevía que integre a la autoridad jurisdiccional que corresponda.'', me permito informar lo siguiente:

Con base en los artículos 21 y 102 apartado ``A'' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente original del oficio SIEDF/114/2005, por el que se da respuesta institucional al citado órgano legislativo, respecto del punto de acuerdo en cita.

Lo anterior, a efecto de que la subsecretaría a su digno cargo, como enlace oficial del Gobierno Federal con los órganos legislativos del país, haga llegar la respuesta en comento.

En ese sentido respetuosamente le solicito se tenga por desahogado el requerimiento formulado a esta institución, por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y de esa dependencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El C. subprocurador, licenciado Carlos Javier Vega Memije (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Senadora Lucero Saldaña Pérez, Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Distinguidos legisladores:

Por instrucciones del licenciado Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, y en atención al punto de acuerdo aprobado por ese órgano Camaral, a través del cual se precisa que: ``Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en ejercicio de sus facultades constitucionales, proceda a la investigación y persecución de la probable existencia de los delitos que resulten del derrame de hidrocarburos que dañó los recursos naturales, flora y fauna del Río Coatzacoalcos y su entorno en diciembre de 2004 y consigne la averiguación previa que integre a la autoridad jurisdiccional que corresponda'', me permito comunicar a esa instancia parlamentaria lo siguiente:

Con motivo de los hechos referidos en el punto de acuerdo que se atiende, esta Procuraduría, de conformidad con los artículos 21 y 102 apartado ``A'' de la Constitución General de la República, inició las investigaciones relacionadas con el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, Veracruz, la cual dio origen a la averiguación prevía 08/UEIDAPLE/DAB/4/05.

Al respecto, es importante establecer que personal ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales de esta subprocuraduría, al igual que la delegación de esta institución en el estado de Veracruz, y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizan las diligencias y peritajes indispensables para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los responsables de dichos hechos.

En ese sentido, actualmente se practican los peritajes solicitados por esta representación social de la Federación (fotografía, criminalística de campo, video, impacto ambiental y afectación de aguas), bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y especialistas de esta Procuraduría, por lo que se está a la espera de los dictámenes correspondientes a fin de determinar la indagatoria de mérito, misma que será informada a esa soberanía de manera puntual.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de febrero de 2005.--- El C. subprocurador, licenciado Carlos Javier Vega Memije (rúbrica).

Ccp. Lic. Rafael Macedo de la Concha. Procurador General de la República. Para su superior conocimiento, Paseo de la Reforma Núm. 211, 16 piso, Ciudad.

Ccp. Lic. Santiago Creel Miranda. Secretario de Gobernación. Para su conocimiento, Abraham González Esq. Bucareli, Ciudad.

Ccp. Lic. Humberto Aguilar Coronado. Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento. Abraham González Esq. Bucareli, Ciudad.

Ccp. Lic. Elías Gabino Troncoso Calderón. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales. Para su atención procedente. Río Rhín 9, Piso 1, Ciudad.

Ccp. Lic, Claudia C. Cameras Selvas. Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional. Para su conocimiento. Reforma 211, Piso 12, Ciudad.

Ccp. Lic. Jorge Leonel Sánchez Ruiz. Secretario Técnico del C. Procurador. En atención a su Memorándum, ST/0295/2005.--- Reforma 211, Piso 16, Ciudad.

Ccp. C. Sandra Pacheco Medina. Secretaria Técnica del C. Subprocurador de Especializada en Delitos Federales. En atención al oficio SIEDF/ST/081/05. Reforma 211, Piso 15, Ciudad.

Ccp. Minutario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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LECHE
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1408, signado el 19 de enero próximo pasado por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Ma. del Carmen Mendoza Flores, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-IV-13827, signado el 4 del mes en curso por el C. licenciado José Alfonso Torres Cabello, administrador central de Contabilidad y Glosa del Servicio de Administración Tributaria, así como un disco compacto, mediante los cuales da contestación al punto de acuerdo por el que se solicita a la Administración General de Aduanas, la información relativa al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos 2005, para determinar el precio de referencia de la leche en el programa de sustitución de importaciones y adquisición de leche de producción nacional y transparentar el precio de compra de leche al productor que estará vigente durante el año de 2005.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- México, DF.

Hago referencia a su atento oficio No. SEL/300/274/05, de fecha 20 de enero de 2005, mediante el cual hace del conocimiento de los puntos de acuerdo aprobados por el Congreso de la Unión del día 19 de enero de 2005, exhortando a la Administración General de Aduanas a que proporcione la información necesaria para determinar el precio de referencia de leche en el programa de sustitución de importaciones y adquisición de leche de producto nacional y transparentar el precio de compra de leche al productor que estará vigente durante todo el año de 2005.

Sobre el particular; se anexa al presente un disco compacto el cual contiene la información estadística requerida a través de su conducto, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, relativo a los valores en aduanas y el volumen de las importaciones de leche en polvo comprendidas en el periodo del mes de marzo al mes de agosto de 2004.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 4 de febrero de 2005.--- Lic. José Alfonso Torres Cabello (rúbrica), administrador central.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1367, signado el 12 de enero del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CGPC/154/2005, signado el 26 de enero último por la C. licenciada María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de esta Secretaría, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que disponga una partida del Fondo de Desastres Naturales para la atención de los daños ocurridos en el estado de Baja California, a consecuencia del fenómeno meteorológico acontecido el 11 de enero pasado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presentes.

Me refiero a su oficio número SEL/300/1164/05, de fecha 13 del presente mes y año, mediante el cual informa que los CC. Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

``Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que disponga una partida del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para la atención de los daños ocurridos en las zonas mencionadas en este punto de acuerdo.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal el envío, a la brevedad, de los recursos destinados en la partida señalada, en el punto primero, al estado de Baja California que resultó afectado por el presente fenómeno meteorológico, para la realización de operaciones ágiles que tengan por finalidad la resolución inmediata de los problemas que enfrentan las comunidades afectadas.

Sobre el particular me permito informarle atentamente lo siguiente:

1. Respecto del primer punto de acuerdo, se comenta lo siguiente:

El Fonden es un programa del Ejecutivo federal que tiene como finalidad atender los efectos que produce un desastre natural, el cual requiere para poder ser utilizado, de que se agoten los procedimientos y formalidades previstas en sus disposiciones jurídicas que lo rigen, en este caso, la Ley General de Protección Civil y sus Reglas de Operación vigentes, publicadas estas últimas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004:

Es por ello, que esta Secretaría no puede generar o instruir la constitución de partidas de manera a priori a que se desahogue el procedimiento previsto en las referidas reglas de operación.

En ese sentido, cabe mencionar que con fecha 20 de enero de 2005, se llevó a cabo la instalación del comité de evaluación de daños del desastre acaecido en Tijuana, Baja California, con motivo de las lluvias presentadas el 11 de enero del presente año. Acto a través del cual, las dependencias involucradas en la atención de los daños ocasionados por el fenómeno que nos ocupa, realizarán el diagnóstico y la cuantificación de los mismos.

No omito mencionarle que en términos del artículo 29 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, los resultados de la evaluación y cuantificación de daños de cada sector, deberán ser entregados a más tardar el próximo 2 de febrero del año en curso y será hasta esa fecha cuando se puedan conocer los daños por sector afectado y los montos de apoyo susceptibles a atenderse con cargo al Fonden.

2. Respecto del segundo punto de acuerdo, se comenta, tal cómo se mencionó en el punto anterior, esta Secretaría sólo podrá apoyar al estado de Baja California con motivo del desastre que nos ocupa, hasta en tanto se desahogue el procedimiento institucional establecido para tal efecto en las multicitadas Reglas de Operación del Fonden.

No obstante lo anterior, con el objeto de brindar la asistencia inmediata a la población afectada con la emergencia acaecida en el municipio de Tijuana, Baja California, es el caso que con fecha 14 de enero de 2005, se emitió la correspondiente declaratoria de emergencia. Con ello se activaron los recursos del fondo revolvente para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud, entre los que destacan hasta ahora: 4,000 colchonetas, 4,000 cobertores, 1094 atados de láminas de cartón y 8,000 costales de polipropileno.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 26 de febrero de 2005.--- La coordinadora general de Protección Civil, Lic. María del Carmen Segura Rangel (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CONTRABANDO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1055, signado el 29 de diciembre último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número PFC.A.A.13.44/0012-2005, suscrito el 3 del actual por el C. licenciado Carlos Arce Macías, procurador federal del Consumidor, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que solicita a esa Institución, informe sobre las medidas dispuestas durante diciembre de 2004 para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y a su venta en la vía pública.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría Federal del Consumidor.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación con su oficio SEL/300/011/05, del 3 de enero de 2005, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en la sesión del 29 de diciembre de 2004.

El punto de acuerdo exhorta, entre otras autoridades, a esta Procuraduría, para informar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre las medidas que se han dispuesto durante el periodo de diciembre de 2004, para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública.

Al respecto, le comento que el combate al contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública, no son competencia de esta Procuraduría.

Sin embargo, con el ánimo de informar al honorable Congreso de la Unión sobre el trabajo que esta Procuraduría realizó durante las últimas semanas de 2004, le envío una nota informativa con los aspectos más destacados para proteger al consumidor en esas fechas.

En todo caso estoy a su disposición para abundar sobre la información enviada.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 3 de febrero de 2005.--- El Procurador Federal del Consumidor, Lic. Carlos Arce Macías (rúbrica).»

«Nota Informativa.

Presentación

La Procuraduría Federal del Consumidor organiza el Programa Especial de Verificación y Vigilancia Navidad, Fin de Año y Reyes 2004, mismo que inició el día 13 de noviembre de 2004 y concluyó el 6 de enero del año en curso.

En dicho programa se llevaron a cabo visitas de verificación en las materias siguientes:

Por lo que toca al comportamiento comercial, se revisó que no se incurran en manipulaciones de precios y tarifas, que se cumplan las promociones y ofertas; que no se lleven a cabo prácticas discriminatorias, condicionamiento de venta y servicio e información engañosa;

Respecto a las Normas Oficiales Mexicanas se verificó que los productos o servicios cumplan con las especificaciones de seguridad, eficiencia, calidad y demás características señaladas en la normatividad, tal es el caso de diversos bienes y servicios que se comercializan con motivo de las fiestas navideñas.

En metrología se verificó que los instrumentos no operaran en perjuicio de los consumidores y que cumplieran con las especificaciones y tolerancias.

PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION Y VIGILANCIA BASILICA 2004

El programa inició el 1o. de diciembre y concluyó el día 13 de diciembre, durante el mismo, se entregaron mil 52 oficios de exhortación en los siguientes giros: líneas camioneras, restaurantes, tiendas de artículos religiosos, fabricantes de ceras y parafinas, hoteles, moteles, farmacias, tortillerías, panaderías, rosticerías, loncherías, taquerías, venta de prendas de vestir, florería, venta de jugos, cocinas económicas, venta de abarrotes, tiendas de autoservicio y departamentales, estacionamientos entre otros en el entorno de la basílica, conminándolos a cometer abusos en perjuicio de los consumidores.

Se verificaron más de mil instrumentos de medición entre basculas y relojes registradores de tiempo para garantizar la exactitud de las mediciones y que los consumidores no pagaran más por los productos que recibían, además, se verificó el cumplimiento de 3 Normas Oficiales Mexicanas, llevándose a cabo 56 visitas a establecimientos en donde se verificaron 12 mil 384 productos relativos a veladoras, ceras y joyerías.

En materia de comportamiento comercial se vigiló alrededor del perímetro de la Basílica, verificándose el comportamiento de establecimientos fijos, semifijos y ambulantes, con venta de flores, alimentos, veladores, souvenirs, aguas frescas, artesanías, luces, espumas, aerosoles, paletas, helados, gorras, sombreros, playeras, cobijas, fotografías, refrescos, artículos religiosos, recuerdos, frutas preparadas, anillos, arroz grabado e incluso estacionamientos, para evitar la comisión de prácticas abusivas.

Como parte de las acciones especiales de este programa se instalaron 7 módulos de atención directa a los consumidores identificados por mantas espectaculares, así como por vehículos y personal con indumentaria de la institución, la ubicación de estos fue: Henry Ford esquina calzada de Guadalupe, Joyas esquina calzada de Guadalupe, Garrido esquina calzada de Guadalupe, Misterios esquina Fray Juan de Zumárraga, explanada de la delegación Gustavo A. Madero, iglesia del Posito y mercado Corredor del Peregrino.

Se actuó con brigadas móviles que se llevan a cabo recorridos en el perímetro ``Basílica de Guadalupe'' y en coordinación con personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, la Subdirección de Mercados y Vía Pública, la Dirección de Seguridad Pública de la demarcación.

Dentro de la cobertura de la Basílica, se repartieron, en la vía pública y en forma directa a los consumidores, más de 22,000 volantes informativos respecto de la forma de presentar sus quejas y denuncias.

Para evitar cualquier pretexto de los proveedores en el mercado informal y la comisión de prácticas abusivas, se proporcionaron y colocaron más de 17,000 preciadores en locales, puestos fijos y semifijos y ambulantes con giros relativos a productos como alimentos, bebidas, pan, veladoras, imágenes religiosas, flores, artesanías, gorros, bufandas, sombreros, playeras, anillos, discos, entre otros, en más de 2,000 establecimientos, puestos semifijos y ambulantes en el entorno de la Basílica.

Se atendieron oportunamente 115 denuncias presentadas por peregrinos respecto de cobros injustificados, principalmente en el consumo de alimentos en el interior del mercado Corredor del Peregrino, pollos rostizados al exterior del mismo y anillos grabados ambulantes.

Se obtuvo la devolución a los consumidores de cerca de $30,000.00 que les fueron cobrados injustificadamente.

Se brindó asesoría y atención a 361 consumidores sobre los servicios prestados por la Profeco, así como a sus derechos de conformidad a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se verificaron nueve hoteles de los cuales en uno de ellos denominado Hotel Juan Diego se procedió a la colocación de sellos de advertencia relativos a prácticas abusivas e información engañosa, toda vez, que no se respetaba la tarifa exhibida, condicionando y negando el servicio de hospedaje.

Se dio parte a las autoridades correspondiente sobre los anilleros ambulantes que cometían fraudes en perjuicio de los peregrinos para que fueran retirados y en su caso, remitidos ante el Ministerio Público.

Se exhortó a concesionarios y microbuseros de servicio público a exhibir la tarifa especial aplicada para el traslado de visitantes de la Villa a: San Lázaro, metro Aeropuerto y metro Pantitlán, misma que se pactó en $5.00 y $10.00, debido a que en el inicio se cobraba $20.00 por persona. Lo anterior derivado de las quejas e inconformidades presentadas en los módulos de la Profeco por la ausencia de la Setravi responsable de vigilar y regular estos servicios.

Normas Oficiales Mexicanas

Se verificaron normas oficiales mexicanas para los servicios de arrendamiento de vehículos, eventos sociales y tiempos compartidos, para evitar y sancionar conductas que vulneren los derechos e interese de los consumidores tales como: Obligar a los consumidores a firmar pagarés en blanco, no aplicar contratos de adhesión registrados ante la Profeco, o en su caso, utilizar contratos con cláusulas abusivas, desleales o coercitivas en perjuicio de los consumidores, pólizas de seguros vencidas entre otras.

Asimismo, se verificaron normas oficiales mexicanas de productos de temporada tales como: Trajes de baño, toallas, sandalias, bronceadores, cámaras y artículos fotográficos y juguetes de playa.

Se realizaron un total de 462 visitas, de las cuales en 84 se iniciaron los procedimientos por infracciones a la ley; los motivos fueron por no cumplir con ofertas, no entregar comprobantes, no exhibir precios, no contar con póliza de seguros, cobros adicionales injustificados, no contar con contrato de adhesión, etcétera.

En ese sentido en Manzanillo y Puerto Vallarta, fueron emplazados el hotel Buenaventura, el restaurante Pipis, Latino Americana de Hoteles, Best Pacífico, Hotel la Posada, Hotel Molinos de Agua, Hotel Estancia San Carlos, Restaurante Mogambo, Holistara, SA de CV y/o Bar 69.

En Acapulco e Ixtapa, el hotel Avila, Villa Vera, Puerto Mío, Hotelera Caracol, Operadora Turística Acapulco, restaurante Oceanic, hotel Costa Mar, El Quijote Inmobiliaria, centro nocturno Tabares, centro de alineaciones, Dance table Las Chicas, discoteque Q-Eros Show Bar, taller mecánico Antonio, El Chicano, hotel Mini Brisas, Hotelera y Promotora del Pacífico, Real hoteles, hotel Villa Vera, restaurante Onix, Sr. Frogs, restaurante bar Linde, Mangos Condesa, Automotriz Navarrete, Servicio de Reparación, Automotriz Mediano y F.J. Instalaciones.

En Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, a los restaurantes la Habichuela, Mama Roma, Bar Fat Thuesday, Jungla Caribe; las arrendadoras Budget Car, Acua Búster, Avicar Rent, renta de carros Avis, Catun, SA de CV, Renta de vehículos la Isla, Jarrafón de Castilla, Top Car Renta, Arrendadora I.J. Vegas y Holiday Rent a Car; a los hoteles Coral, Uxmal, Inmobiliaria Cocar, Hyatt Regency Cancún, Fiesta Americana, Vista al Mar, Caracol, Melia Turquesam, Manajaroa del Caribe, Marestel, Solar Solimanche, Jungla Caribe, Blue Parito Resort, Exploradora Turística, Villa Blanca Garden Beach, Turísticas del Caribe y a los tiempos compartidos Club Beach Marina, SA de CV, invirtiendo en el Caribe, Promotora Sunset Beach, Royal Beach, Royal Fishermans, Manejadora del Caribe, Palace Premiere y Fiesta Americana.

Fin de Año

Derivado de las acciones de verificación realizadas los días 30 y 31 de diciembre de 2004, con motivo de la celebración de fin de año, se vigiló el comportamiento comercial y el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en los productos y servicios que con motivo de fin de año se comercializan, tal es el caso de los eventos sociales que a través de paquetes de servicios que incluyen la cena, el baile y el hospedaje, se ofrecen a precios reducidos, de oferta o promoción.

En ese sentido se realizaron 66 visitas de verificación a hoteles, restaurantes, salones de fiesta y discotecas, en los que se vigiló el respeto de las reservaciones los precios y tarifas y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera anunciado en los periódicos u otros medios de comunicación; ofrecido o convenido, en lugares tales como: hotel Presidente Intercontinental, hotel Nikko, hotel Marquis, hotel Sheraton, centro de espectáculos Escenaria, centro de espectáculos El desván, restaurante Mughal, Italianis, Sanborns, Wings, Vips; Discotecas Magic Club, Meneo, Rivoli Lounge, Worka, Continental DJ Club, El Naranjito, principalmente.

Emplazando a procedimiento administrativo, a dos discotecas, toda vez que se condicionaba la prestación de servicio a un consumo mínimo, se negaba el servicio a los consumidores y no se exhibían precios; dos restaurantes por no exhibir y respetar los precios, además de no proporcionar información clara y veraz sobre las promociones en el consumo de alimentos.

Particular atención se dio a las promociones y ofertas que las tiendas de autoservicio y departamentales, realizan para atraer a los consumidores, vigilando que los descuentos, reducciones de precios o el otorgamiento de otros productos se hicieran conforme a lo ofrecido.

Programa Especial de Verificación y Vigilancía Vacaciones de Destinos Vacacionales

A partir del día 20 de diciembre de 2004 y hasta el 2 de enero de 2005, se realizaron acciones especiales en los siguientes destinos vacacionales:

1.- Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo

2.- Puerto Vallarta y Manzanillo

3.- Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres.

El programa contempló, la verificación del comportamiento comercial en hoteles, restaurantes, bares, discoteques y tiempos compartidos.

En este sentido, se verificó el comportamiento comercial de los proveedores para inhibir prácticas comerciales tendientes a negar o condicionar la venta de productos o servicios; la realización de prácticas discriminatorias, selección de clientela u otras similares; el no respeto de los precios y de las tarifas previamente acordadas; el cumplimiento de todo lo ofrecido conforme a los paquetes de viaje todo pagado o todo incluido y que se respeten las promociones y ofertas, relativo a productos o paquetes de temporada que se ofrecen a los consumidores.

Operativo de Bebidas Alcohólicas

Se intensificaron las acciones de verificación de bebidas alcohólicas, con la finalidad de detectar adulteraciones o falsificaciones y constatar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas NOM-142-SSAI-1995, NOM-006-SCFI-1994 y NOM-070-SCFI-1994, se verificaron los establecimientos que comercializan a través de barras libres o de las modalidades todo incluido o all inclusive.

Se realizó los días 26, 27 y 28 de diciembre en las poblaciones de Arandas, Tequila y el Arenal, Jalisco visitas de verificación y clausuras, teniendo el siguiente resultado:

Establecimiento

Edelmira Reynoso Reynoso y/o Campo Azul Vinos y Licores

Carretera Internacional No. 541-A

Col. El Cerrito, CP 46400

Tequila Jalisco

Resultado

Se procedió a notificar el resultado del laboratorio en el que se señala el incumplimiento de las especificaciones de la NOM-006-SCFI-1994, por lo tanto se procedió a la clausura para impedir que el establecimiento visitado continuara vendiendo pseudotequila a granel, actividad que se encuentra prohibida.

Establecimiento

Vinos y Licores Los Tradicionales

Carretera Internacional No. 546

Tequila, Jalisco

Resultado

Se procedió a la inmovilización de 250 litros de pseudotequila blanco y reposado, el cual carece de toda información comercial y no cuenta con la certificación del organismo autorizado para la evaluación de la conformidad. Se procedió a la recabación de muestras de 04 muestras para enviarlas al laboratorio de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Establecimiento

Tequila Agave Azul Huizzar

Lázaro Cárdenas No. 289

El Arenal, Jalisco

Resultado

Se procedió a la inmovilización de 275 litros de pseudotequila blanco y reposado, el cual carece de toda información comercial y no cuenta con la certificación del organismo autorizado para la evaluación de la conformidad. Se procedió a la recabación de muestras de 02 muestras para enviarlas al laboratorio de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

Establecimiento

Vinos y Licores Velázquez

Abasolo No. 108 y 108-A

Col. Centro, CP 46400

Tequila, Jalisco

Resultado

Se procedió a la inmovilización de 36 productos por carecer de denominación genérica de la marca Reserva de Doña Valeria.

Establecimiento

Vinos y Licores Valle Azul

Lázaro Cárdenas No. 40

El Arenal, Jalisco.

Resultado

Existe la presunción de que este establecimiento comercializa tequila a granel, sin embargo, no se pudo constatar lo anterior en virtud de que no permitieron el acceso, además, existe un anuncio a la entrada al establecimiento que dice ``Se Vende Tequila Barato Pase Usted''. El propietario y su hijo se negaron a la visita de verificación, este último se ostentó como regidor del ayuntamiento del municipio del Arenal. Intentaron comunicarse con una persona que aparentemente trabaja en la delegación de la Profeco en Guadalajara para que los asesorara; quien según los visitados, señaló que no podíamos verificar en otro lugar que no fuera el punto de venta. El nombre de la persona que aparentemente trabaja en la delegación de la Profeco en Guadalajara es ``Miguel Angel''.

Establecimiento

Compra y Venta de Vinos y Licores

Degollado sin número frente al número 180

CP. 47180, Arandas, Jalisco

Resultado

Notificación de sanción económica, procediéndose a verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas relativas a bebidas alcohólicas en donde no se encontró producto objeto de la verificación.

Establecimiento

Irma Graciela Meléndez Gaytán y/o Vinos y Licores Irma

Carrera Internacional No. 541

Col. Zona Centro, CP 46400

Tequila, Jalisco

Resultado

Liberación de muestras

Establecimiento

Vinos y Licores y/o Rubén Hernández Rivera

Monterrey No. 15 Tequila , Jalisco

Resultado

Establecimiento cerrado

Establecimiento

Vinos y Licores y/o Berta Alicia Castañeda Meléndez

Jesús Rodríguez de Híjar Nos. 9 y 9-A

Tequila, Jalisco.

Resultado

Los locales pertenecientes al 9 y 9-A se rentaron por separado, verificándose el número 9 en donde no se encontró violación, asimismo, el local 9-A permaneció cerrado.

Establecimiento

Vinos y Licores Pepe Chuy

Ramón Corona No. 127

Col. Zona Centro, CP 46400. Tequila, Jalisco

Resultado

Se realizó la visita de verificación en donde no se encontró violación.

Establecimiento

Vinos y Licores y/o Sarahí Castañeda Chávez, López Portillo No. 58 Tequila, Jalisco

Resultado

No se encontró el domicilio

Establecimiento

Vinos y Licores y/o Rosario Preciado Guzmán

Carretera Internacional No. 41 Tequila, Jalisco

Resultado

Se realizó la vista de verificación en donde no se encontró violación.

Establecimiento

Vinos y Licores Mary

Carretera Internacional No. 539-A

Tequila, Jalisco

Resultado

Se realizó la visita de verificación en donde no se encontró violación.

Establecimiento

Vinos y Licores y/o Zoila Correa Sandoval

Carretera Internacional No. 39

Tequila, Jalisco

Resultado

Se realizó la visita de verificación en donde no se encontró violación.

Establecimiento

Vinos y Licores y/o José Rosario Preciado Guzmán

Guadalupe Victoria No. 162 Tequila, Jalisco

Resultado

Se constató que es una casa-habitación y se encontraba cerrada.

Establecimiento

Venta de bebidas alcohólicas

Calle sin nombre casi esquina carretera Internacional

Tequila, Jalisco

Resultado

Establecimiento cerrado.

Resultado de Visitas

Como acciones preventivas se enviaron más de 25,000 exhortos a nivel nacional a comercializadores, fabricantes, importadores con la finalidad de apercibirlos a cumplir con la normatividad.

Se realizaron 1097 visitas de verificación en los siguientes giros: Agencias de viajes, líneas aéreas y camioneras, centrales de abasto, mueblerías, jugueterías, discotecas, hoteles, restaurantes, llanteras, tiendas departamentales y de autoservicio.

De lo anterior, se ha sujetado a procedimiento administrativo a 267 por infracciones a la ley y normatividad aplicable, verificándose a 2.744,419 productos tales como calzado, ropa, bolsas para dama, juguetes, alimentos y bebidas no alcohólicas, uvas de mesa, series navideñas, esferas, aparatos eléctricos, electrónicos, réplicas de armas de fuego, bebidas alcohólicas, llantas, de los cuales se inmovilizaron 253,662 por incumplimientos principalmente por no identificar el país de origen en calzado, carecer de la descripción de insumo y forro en prendas de vestir, carecer de instructivo y garantía en series navideñas, no cumplir con la información comercial y especificaciones que deben contener las réplicas de armas de fuego, carecer de nombre o denominación en parte de hígado de ganso, carecer de nombre, denominación, razón social y domicilio del productor responsable de la fabricación en el caso de juguetes, por inducir a error o confusión respecto a la naturaleza y características del producto, no indicar las condiciones para su conservación en el caso de pavos principalmente.

Asimismo se han verificado 616 básculas de bajo y medio alcance, procediendo a la inmovilización de 81 de ellas que se encontraron operando en perjuicio de los consumidores.

Modulos

Con relación a los módulos instalados en los principales tianguis y ferias de juguete en la Ciudad de México, en los cuales se han instalado módulos de atención directa a los consumidores, identificados por mantas espectaculares, en los que opera personalmente debidamente identificado.

Se han colocado 5,700 preciadores en cerca de 1400 puestos semifijos y ambulantes instalados en estos lugares, con la finalidad de evitar manipulaciones y engaños respecto de los precios de los productos que ahí se comercializan, adicionalmente se han distribuido más de 4,000 volantes informativos, a los que incorporó tecnología doméstica, para la elaboración de la tradicional Rosca de Reyes.

Durante el periodo que se denomina Guadalupe-Reyes la Profeco mantuvo un intenso programa de verificación y vigilancia permanente y a nivel nacional. En este sentido, desde el 15 de noviembre y hasta el 6 de enero, los cerca 350 verificadores de la institución participaron activamente en diversos operativos, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos e intereses de los consumidores. Las acciones se realizaron incluso en días y horas inhábiles como fue el 31 de diciembre y 1o. de enero y la madrugada del 6 de enero, un esfuerzo del personal de la Profeco para apoyar a los consumidores.

Día de reyes: 3 al 6 de enero

Se realizaron 438 visitas para verificar el comportamiento comercial, relativo a la exhibición y respeto de precios, cumpliendo de promociones y ofertas, información engañosa, así como los requisitos de información comercial, seguridad, calidad y eficiencia, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas.

Se emplazó a procedimientos a 41 establecimientos por violaciones a la ley y normatividad aplicable por no exhibir el monto total a pagar, no respetar los precios anunciados y proporcionar información engañosa.

En materia de normas por citar ejemplos, se encontró que se comercializaban juguetes tractor trascabo marca: Craibuder, hecho en Alemania. Vehículo de radio control marca I, X y muñeca musical Jessica, piano de pilas, muñeco marca Baby play, motocicleta de baterías, los cuales carecían de la leyenda o símbolo que indique la edad recomendada por el fabricante; carecían de instructivo en idioma español; carecían de país de origen; por no ostentar la razón social y domicilio del fabricante o importador.

Se verificaron un total de 29,707 productos, principalmente juguetes, de los cuales se procedió a la inmovilización de 4,475 por incumplimiento como los antes señalados, las medidas precautorias se aplicaron a importadores y comercializadores tales como: Alondra Importaciones, SA de CV, Industrias AS Plas, SA de CV, Carrefour, Liverpool, Comercial Mexicana, Jugueterías Frida, Jugueterías Memito, entre otras.

Se mantuvo la presencia de personal en las siguientes plazas y centros comerciales: Pabellón Polanco, Plaza Moliere, Plaza Tepeyac y Galerías Coapa y Galerías Insurgentes, en donde se practicaron visitas de verificación a las tiendas de autoservicio y departamentales y jugueterías como Liverpool, Palacio de Hierro, Juguetron, Sanborns, Sears, Mercería del Refugio, Carrefour, Walt Mart, Sam's, Gigante, Comercial Mexicana entre otros.

Se instalaron brigadas intinirantes y 5 módulos de atención a los consumidores en los principales tianguis y ferias de juguete, ubicadas en: El deportivo los Galeana, Monumento a la Madre, Mercado Hidalgo, Palacio de los Deportes y zona de Tacubaya, los cuales estuvieron identificados por mantas espectaculares, en los que operó personal de la Dirección General, para concertar con los proveedores el cumplimiento de la ley y el respeto que debe prevalecer en las relaciones de consumo, de esta forma se exhibieron precios y se entregaron notas y pólizas de garantías.

Resulta imperativo señalar el esfuerzo y la capacidad de negociación del personal de verificación para poder colocar preciadores y lograr el reconocimiento y respeto por parte de los proveedores a las labores de conciliación y asesorías a los consumidores.

México, DF, a 31 de enero de 2005.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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ESTADO DE TABASCO
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1368, signado el 12 de enero del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número CEI.- 100.- 2005.-0035, suscrito el 4 del actual por el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que se ajusten las tarifas del consumo doméstico de electricidad, de tal forma que se beneficie a los consumidores de menores ingresos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 11 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su oficio No. SEL/300/197/05, por medio del cual nos informa el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en sesión del 12 de enero de 2005, por medio del cual se exhorta a la CFE para que incorpore a los consumidores del servicio doméstico de electricidad de Tabasco en la tarifa 1E, en virtud de las condiciones climatológicas particulares de esa entidad.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento los comentarios emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Dependencia:

Del análisis jurídico al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente resaltan los siguientes puntos a considerar:

Entre los factores que se toman en cuenta para fijar las tarifas eléctricas se encuentran los costos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como los costos de los combustibles utilizados para generar electricidad, por lo que sería difícil fijar tarifas eléctricas con base en una zona geográfica, sin tomar en cuento los factores señalados.

En la actualidad el sistema tarifaria prevé la tarifa 1E para el servicio doméstico en localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados.

Es importante precisar que la temperatura media mínimo referido debe ser lo registrado en una localidad durante 3 o más años de los últimos 5 de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante 2 meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Conclusiones:

Desde el punto de vista legal, si el estado de Tabasco no ha registrado el promedio de temperatura medía mínima requerido durante el verano, para la aplicación de la tarifa 1E, no es procedente el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

El coordinador, Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CERTIFICADOS DE DEFUNCION
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-951, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar numero CNAM/300/4465/05, suscrito el 1 del presente por el doctor Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional de Arbitraje Médico, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, escuchando a diversas instancias federales y locales, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y de muerte fetal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Lic. M. Humberto Aguillar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Acuso recibo de su oficio con número de referencia SEL/300/4663/04, fechado el 2 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual adjunta copia del dictamen que emite la Comisión de Salud de esa H. Cámara de Diputados en relación con el ``punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Salud, se proceda a revisar y formular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y muerte fetal''.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que en términos de su decreto de creación, la Conamed tiene como finalidad fundamental contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, para lo cual, atiende las inconformidades derivadas de la prestación de los servicios de atención médica por actos de presunta mala práctica médica, dentro de los cuales, no se califica el proceso administrativo relativo a la emisión de certificados de defunción y muerte fetal.

La Conamed también elabora dictámenes periciales para las autoridades de procuración y administración de justicia, para lo cual, en algunos casos, se hace necesario evaluar el contenido de los documentos citados, no obstante, consideramos que dichos formatos fueron elaborados conforme a las disposiciones sanitarias, por lo cual, no tenemos observaciones que plantear para el desahogo del dictamen que tuvo a bien enviarme.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración personal.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 2005.--- Dr. Carlos Tena Tamayo (rúbrica), comisionado nacional.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-951, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar numero 058/05, suscrito el 24 de enero último por el licenciado Luis Ignacio Cubillas Tellechea, director del Registro del Estado Civil de las Personas del estado de Puebla, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, escuchando a diversas instancias federales y locales, proceda a revisar y reformular los formatos o modelos que actualmente se utilizan para extender los certificados de defunción y de muerte fetal.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Puebla.--- Gobierno del estado.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación Federal--- México, DF.

En atención a su oficio SEL/300/4684/04 le informo: que en mi carácter de Director del Registro del Estado Civil en el Estado y en representación de los 703 juzgados existentes en la entidad poblana, opino que el certificado de defunción debe contemplar un campo para el caso en que el finado haya sido casado se anote el nombre del cónyuge o ex cónyuge y otro campo para que se anoten los nombres de los padres del finado.

Sin otro particular, me es grato reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

H. Puebla Zaragoza, a 14 de enero de 2005.--- Lic. Luis Ignacio Cubillas Tellechea (rúbrica), director del Registro del Estado Civil del estado.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

En alcance al oficio número 400.- 031, del 31 de enero del presente, como secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, y por instrucciones de su Presidente, C. Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, me permito enviar información complementaria correspondiente a los programas de la Secretaría de Educación Pública que integran el Programa Especial Concurrente 2005.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 9 de febrero de 2005.--- Ing. Antonio Ruiz García (rúbrica), Secretario Técnico de Desarrollo Rural.»

ANEXO

Gasto y composición del Programa Especial Concurrente por dependencia, Programa y calendario de gasto

Secretaría de Educación Pública (SEP)

ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO CUARTO (Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005)

Contenido

Presupuesto por Secretaría (resumen)

Presupuesto por Secretaría y programa

Presupuesto por Secretaría y programa calendarizado

Presupuesto por vertiente (resumen)

Presupuesto por vertiente y programa

Presupuesto por vertiente y programa calendarizado

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LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con relación a todos los días en que deberá izarse a toda asta la Bandera Nacional, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con los días en que deberá izarse a toda asta la Bandera Nacional, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

El que suscribe, diputado federal Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa que reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con los días en que deberá izarse a toda asta la Bandera Nacional, en actividades que competen al H. Congreso de la Unión, con respecto al inicio de cada período ordinario de sesiones.

Exposición de Motivos

El principal motivo por el que se presenta esta iniciativa de reforma es que con fecha 2 de agosto de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, relativo a la fecha de inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del H. Congreso de la Unión, de cada Año de Ejercicio Legislativo, habiéndose decretado el mismo, el día 1 de febrero.

Es igualmente importante hacer mención de que, con fecha 7 de diciembre de 2004, esta Legislatura participó en la elaboración de la iniciativa de reforma al artículo 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente, relativa a la incorporación del 1 de febrero como fecha de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.

En este tenor de ideas, el grupo parlamentario de Convergencia considera de vital importancia realizar la adecuación respectiva a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, mediante una reforma al artículo 18, inciso a) de dicho ordenamiento, a efecto de que se sustituya el día 15 de marzo, por el día 1 de febrero, como día señalado al Congreso de la Unión para izar a toda asta la Bandera Nacional, en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del grupo parlamentario de Convergencia, respetuosamente sometemos a esta honorable asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18.- En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:1 de febrero.

Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

Transitorio

Único: El presente decreto comenzará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con fecha 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Gobernación.

En cuanto a la segunda de las iniciativas presentadas por el diputado Jesús Martínez Álvarez, pasa al final del capítulo.

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LEY GENERAL DE SALUD - LEY GENERAL DE EDUCACION
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, y adiciona las fracciones XII y XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno del déficit de atención e hiperactividad de menores.La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores: Nuestra Constitución consagra, en su artículo 4o., la protección de la salud, que tiene entre otras finalidades la de hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de padecimientos mentales y neurobiológicos que, si bien no son mortales, tienen un impacto en el ámbito psicosocial de los individuos, mismo que puede derivar en consecuencias negativas para su salud.

La salud mental de niños y jóvenes es un tema cuya atención compete al Estado a través de las instituciones públicas dependientes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.

Recientes estudios científicos han demostrado que el denominado trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico creciente en nuestro país, que se manifiesta por síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención. Estos síntomas no son causados por factores sociales, económicos, educativos o de ambiente familiar.

Es importante mencionar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene su inicio típicamente en edades tempranas, antes de los siete años de edad, y produce un impacto en las actividades principales de la vida del niño. Consecuentemente, tanto más temprana se haga la detección de estos padecimientos y se dé el tratamiento o terapia adecuada, mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida.

Debe mencionarse que dicho trastorno es un padecimiento cuya regulación compete a las autoridades sanitarias y a las educativas, en estrecha colaboración con los padres de familia y la comunidad médica.

Considerando:

1o. Que, como ha quedado expuesto en los antecedentes de este documento, la legislación sanitaria y educativa en vigor contempla de manera genérica la protección y vigilancia de los niños que padecen trastornos mentales de alguna índole, mas no reconoce específicamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que como se demuestra.

2o. Debe existir una política sanitaria y educativa que establezca los procedimientos específicos a seguir en el tratamiento del citado padecimiento.

3o. Que resulta indispensable reconocer la existencia de éste y otros trastornos del comportamiento tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General de Educación, estableciendo los lineamientos generales a seguir en el tratamiento de educandos que padecen dicha enfermedad remitiendo a una norma oficial los aspectos concretos en el tratamiento.

4o. Que debe determinarse la creación de una norma oficial mexicana que detalle los aspectos técnicos específicos para que dicho tratamiento sea el adecuado para cada niño.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar lo siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en menores.

Por razones de tiempo, les dejo ya el decreto, que ustedes conocen, y lo someto a la consideración de ustedes. Gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, y adiciona las fracciones XII y XIV al artículo 7 de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno del déficit de atención e hiperactividad en menores, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

La suscrita, diputada federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud; y reforma las fracciones XIII y XIV del artículo 7º de la Ley General de Educación, de conformidad con los siguientes antecedentes y considerandos.

I. Antecedentes

Nuestra Constitución consagra en su artículo 4º la protección de la salud que tiene entre otras finalidades, la de hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de padecimientos mentales y neurobiológicos que si bien no son mortales, tienen un impacto en el ámbito psicosocial de los individuos, mismo que puede derivar en consecuencias negativas para su salud.

La salud mental de niños y jóvenes es un tema cuya atención compete al Estado a través de las instituciones públicas dependientes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública.

Recientes estudios científicos han demostrado que el denominado trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico creciente en nuestro país que se manifiesta por síntomas de hiperactividad, impulsividad e inatención. Estos síntomas no son causados por factores sociales, económicos, educativos o de ambiente familiar.

Es importante mencionar que el TDAH tiene su inicio típicamente en edades tempranas -antes de los 7 años de edad- y produce un impacto en las actividades principales de la vida del niño. Consecuentemente, en tanto más temprana se haga la detección de estos padecimientos y se de el tratamiento y/o terapia adecuada, mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida.

En esa medida, la detección oportuna de cualquier trastorno de aprendizaje y conducta que se desarrolle en la infancia resulta necesaria, con la finalidad de que los niños y las niñas puedan ser diagnosticados por profesionales de la salud y recibir un tratamiento, favoreciendo su adecuado desarrollo académico, físico y psicológico.

La participación del docente en el tratamiento del niño con TDAH es muy importante, de hecho los maestros son quienes normalmente detectan en primera instancia el cambio en la conducta del niño. Sin embargo, el diagnóstico del TDAH es complicado y debe ser efectuado necesariamente por médicos. Cualquier duda que pudiera surgir entre padres o docentes debe ser evaluada y resuelta por éstos.

El objetivo básico y central en el tratamiento del TDAH consiste en modificar el curso natural del padecimiento, disminuyendo las consecuencias que el mismo tiene en la conducta del niño, evitando que la enfermedad tenga consecuencias en sus actividades cotidianas, tales como el proceso de aprendizaje.

Para que el tratamiento del TDAH sea completo, es necesario que el paciente acuda a las instancias de salud para que se le sugiera un manejo integral de su padecimiento, conformado por una terapia conductual, el apoyo de padres, profesores y personas a cargo del cuidado del niño, así como el tratamiento farmacológico adecuado (previa autorización de los padres).

Actualmente, una base primordial en el tratamiento del TDAH es el manejo farmacológico. Esto se debe a que el TDAH es un trastorno con bases neurológicas y neurobioquímicas bien sustentadas; es una alteración neuroconductual, reconocida mundialmente como un problema de salud pública, que se manifiesta con síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que afecta negativamente todas las acciones de los niños y niñas que lo presentan.

Es importante resaltar que únicamente los médicos pueden prescribir una medicación segura y que beneficiará al paciente y esta prescripción se hará con la debida autorización de los padres del niño. Además debe recalcarse que ha quedado demostrado a través de diversos estudios, que un tratamiento adecuado lejos de provocar un problema de uso, abuso o dependencia de substancias, tiene un efecto protector contra la posibilidad de consumo de drogas y alcohol.

Debe mencionarse que el TDAH es un padecimiento cuya regulación compete a las autoridades sanitarias y a las educativas, en estrecha colaboración con los padres de familia y la comunidad médica.

Tanto el artículo 77 de la Ley General de Salud como en los artículo 7º y 42 de la Ley General de Educación, establecen los lineamientos generales que obligan a las autoridades a actuar en sus respectivas esferas de competencia, tomando en cuenta el estado físico y mental de los menores, proveyendo que en casos específicos en los cuales la salud mental de los menores no sea favorable y adecuada para su desarrollo, se deberán tomar las medidas conducentes para el tratamiento de los mismos.

Aún cuando de lo anterior se desprende que las autoridades sanitarias y educativas deben proporcionar atención a niños y jóvenes con padecimientos mentales como el TDAH, actualmente no se reconoce en la normatividad sanitaria ni en la educativa la existencia del TDAH.

II. Considerando

Que como ha quedado expuesto en los Antecedentes de este documento, la legislación sanitaria y educativa en vigor contempla de manera genérica la protección y vigilancia de los niños que padecen trastornos mentales de alguna índole, más no reconoce específicamente el TDAH.

Que como se demuestra, debe existir una política sanitaria y educativa que establezca los procedimientos específicos a seguir en el tratamiento del TDAH.

Que para disminuir el impacto que el TDAH pueda tener sobre el individuo y los procesos de aprendizaje, debe existir la obligación del docente de orientar a los padres de familia a las instancias de salud para obtener el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del padecimiento.

Que debe establecerse que el tratamiento del TDAH deberá sugerirse por autoridades médicas, quienes tendrán la obligación de comentar con los padres del menor todos los beneficios y riesgos que el tratamiento conlleve y en todo caso deberá contarse con la aprobación de los mismos.

Que el setenta por ciento de los niños que padecen TDAH, presentan también síntomas de otros trastornos del comportamiento que agravan su situación conductual y de comportamiento con consecuencias negativas en su vida cotidiana.

Que el Ejecutivo federal debe garantizar los mecanismos que ayuden a los planteles a reconocer problemas de aprendizaje o conducta en el aula o en la escuela, favoreciendo que los padres de familia acudan a clínicas o médicos del sector salud para un diagnóstico y tratamiento, sin condicionar el sitio donde deben recibir dicha atención.

Que resulta indispensable reconocer la existencia del TDAH y otros trastornos del comportamiento tanto en la Ley General de Salud como en la Ley General de Educación, estableciendo los lineamientos generales a seguir en el tratamiento de educandos que padecen dicha enfermedad, remitiendo a una norma oficial los aspectos concretos en el tratamiento.

Que debe determinarse la creación una Norma Oficial Mexicana que detalle los aspectos técnicos específicos para que dicho tratamiento sea el adecuado para cada niño.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud; y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 7º de la Ley General de Educación, para promover el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en menores.

Primero.- Se reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

``Artículo 77.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas así como el personal docente de las instituciones educativas públicas y privadas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta y aprendizaje que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales.

Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca las características, especificaciones, criterios o procedimientos que permitan proteger y promover la salud de los educandos con problemas de atención o conducta, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos del comportamiento. Dicha Norma deberá contener las previsiones necesarias para coadyuvar a que el personal docente de los centros educativos identifiquen o reconozcan esos comportamientos a efecto de orientar a los padres de familia para que, en su caso, acudan a las instituciones del sector salud para los diagnósticos y tratamientos correspondientes, sin condicionar el sitio donde puedan recibir esa atención.''

Segundo.- Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 7º de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

``Artículo 7º.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a XII...

XIII. Vigilar el derecho de las niñas y los niños a no ser discriminados en los planteles de educación básica públicos y privados, por causa de actitudes, conductas diferentes, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y otros trastornos del comportamiento, durante su proceso de aprendizaje, evitando se atente contra su dignidad humana; y considerar que debe hacerse una derivación oportuna hacia médicos del sector salud que establezcan un diagnostico y en su caso, bajo la responsabilidad de los padres, recibir un tratamiento oportuno multidisciplinario.

XIV. Garantizar que en los establecimientos educativos públicos o privados, se brinde el apoyo a los educandos que presenten problemas de bajo rendimiento escolar o actitudes diferentes al resto de las niñas y niños así como a aquellos que presenten síntomas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y otros trastornos del comportamiento, para reconocerlos y enviar, con el consentimiento de los padres o tutores, al sector salud y a las instancias de apoyo pedagógico o psicológico oficiales o privadas correspondientes, conforme a lo establecido en la norma oficial establecida al efecto.''

Transitorios

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Cristina Díaz Salazar; y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

La siguiente iniciativa se retira a petición del grupo parlamentario de Acción Nacional.

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LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por ello, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el permiso de las legisladoras y los legisladores presentes:

Presentaremos la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de explotación sexual infantil.

Voy a pedirle que sea usted tan gentil, señora Presidenta, de que nuestra exposición de motivos y nuestra iniciativa íntegra quede en el Diario de los Debates y, por tanto, no voy a mencionar todos los antecedentes de una serie de iniciativas que están en curso en las distintas comisiones en esta materia, tanto en esta soberanía como en el Senado de la República, pero que esta iniciativa que hoy presento va acorde para asegurar una reforma integral en esta materia, que es de una gran preocupación para nuestra nación y para todo el mundo, porque es un debate además que se está dando prácticamente en todos los Congresos de América Latina.

Las consideraciones que quiero utilizar ahora para la presentación de esta reforma se basan en que la teoría del Estado nos impone la consideración de que toda actividad que atenta contra los elementos que dan unidad al Estado nacional debe tener rango eminentemente federal. Tales elementos que la teoría del Estado nos presenta son pueblo, gobierno, territorio, soberanía y orden jurídico fundamental. Todo ataque a estos elementos debe ser de naturaleza federal.

Continuando con la teoría del Estado, el estilo más puro del federalismo en la distribución de sus competencias. Lo derivamos en nuestro artículo 129 constitucional, que señala: ``Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados''.

Y es en el artículo 73 que define, que nos presenta que las facultades que tiene conferidas el Congreso de la Unión y de cuyas 30 fracciones advertimos especialmente la 21, en su primer párrafo, que define como facultades del Congreso ``establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que para ellos deban imponerse''.

Encontramos también en nuestra Constitución, en el artículo 133, respecto de las relaciones internacionales y los tratados emanados de esta relación y que desde luego corresponde necesariamente al gobierno, en nuestro caso federal.

Desde estos tratados hemos dicho en diversas ocasiones desde esta tribuna, de manera muy particular la que se refiera a la protección de los derechos humanos de la niñez, que es la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 44/21 el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.

La Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso, especialmente el compromiso surgido del Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia, en 1996 y su siguiente, en Yokujama, Japón, en diciembre de 2001, así como una serie de actividades que se han realizado en distintos ámbitos internacionales, como es el de Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, etcétera. Todos estos compromisos internacionales que posteriormente ha venido signando el Senado de la República requieren necesariamente su instrumentación y armonización en nuestro marco jurídico nacional.

Por tanto, nos parece muy importante, de manera muy particular, mencionar lo que define el artículo 34 de la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, que dice a la letra: ``Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.

c) La explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos.

Creo que es muy importante mencionar aquí que los delitos de prostitución, pornografía, lenocinio y trata de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender o resistir el significado del hecho son delitos cometidos contra la génesis de uno de los elementos constitutivos del Estado: el pueblo.

Estos delitos son eminentemente perpetrados por bandas delictivas, organizaciones dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuya esfera de acción son interestatal y --en muchísimas ocasiones-- también internacional.

Entonces, en concordancia con las reformas que en distintas ocasiones se han propuesto de diversos ordenamientos de nuestro marco jurídico federal, hoy presentamos ante ustedes la que se refiere a la modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que al tenor quedaría como sigue:

Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: ... --vienen las fracciones y en la primera fracción incluimos un inciso n), que dice:-- ... n) Los previstos en los artículos 202, 203, 204 y 205 del Código Penal Federal.

Es cuanto, señora Presidenta. Le solicito que turne, si es tan gentil, esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a la de Atención a Grupos Vulnerables, que también viene revisando toda esta materia, y con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

La suscrita diputada federal Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

1. Que el 23 de abril de 2002 fueron presentadas individualmente las siguientes Iniciativas:

Del senador Francisco Fraile García, iniciativa de reforma al Código Penal Federal, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; Derechos Humanos y Estudios Legislativos.

De la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, iniciativas de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

De la senadora Georgina Trujillo Zentella, iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal, Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

2. Que el 29 de abril de 2002 la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés presentó iniciativa de reforma al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

3. Que el 3 de octubre de 2002, el senador Roberto Pérez de Alva Blanco presentó iniciativa de reforma y adiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, turnada a Comisiones Unidas de Justicia; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

4. Que el 22 de octubre de 2002, la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, presentó una iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales; y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

5. Que el 24 de octubre de 2002, la senadora Emilia Patricia Gómez Bravo, presentó iniciativa de reformas Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

6. Que el 15 de abril de 2003, los senadores Antonio García Torres y Enrique Jackson Ramírez, presentaron iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal y a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

7. Que con fecha 21 de mayo de 2003 el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de Explotación Sexual Infantil, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos, Primera; y de Desarrollo Social.

En la misma fecha, la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, presentó iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley General de Población y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

8. Que el 30 de julio de 2003, la senadora Yolanda Eugenia González Hernández presentó iniciativa de reforma al Código Penal Federal en materia de Agravio y Maltrato a Menores, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

9. Que el 24 de noviembre de 2003, la senadora Ma. del Carmen Ramírez García, presentó iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

10. Que el 12 de noviembre del 2003 fue enviada esta H. Cámara de Diputados minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, por el que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

11. Que el 24 de marzo de 2004, la senadora Micaela Aguilar González, presentó iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

12. Que el 13 de abril de 2004, el diputado Jesús González Schmal, presentó iniciativa de reformas al Código Penal Federal para incluir en los medios de comisión del ilícito tipificado como Corrupción de Menores e Incapaces el uso de las redes de información electrónica abierta y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto, turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

13. Que el 16 de junio de 2004, el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, presentaron iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales a fin de establecer como figuras delictivas con propia definición y sanción la pornografía y el lenocinio infantiles, turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

14. Que con fecha 2 de septiembre de 2004, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal de Turismo y de la Ley Federal de Telecomunicaciones

15. Que con fecha 19 de octubre de 2004 la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del PAN presentó iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de la niñez y personas con discapacidad intelectual profunda.

Consideraciones

La Teoría del Estado nos impone la consideración de que toda actividad que atenta contra los elementos que le dan unidad al Estado Nacional debe tener rango eminentemente Federal. Tales elementos que la teoría del Estado nos presenta son: pueblo, gobierno, territorio, soberanía y orden jurídico fundamental. Todo ataque a estos elementos debe ser de naturaleza Federal.

Continuando con la Teoría del Estado, el estilo más puro del Federalismo en la distribución de sus competencias lo derivamos de nuestro artículo 124 constitucional que señala: ``Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados''. Y es el artículo 73, como fundamental, el que nos presenta las facultades concedidas por la Constitución al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de cuyas treinta fracciones advertimos que la XXI en su primer párrafo, le otorga facultades al Congreso: ``Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.''

Encontramos también en nuestra Constitución el artículo 133 respecto de las relaciones internacionales y los Tratados emanados de esta relación que, desde luego, corresponden necesariamente al gobierno, en nuestro caso, federal.

De entre estos tratados internacionales mencionemos la ``Convención de los Derechos del Niño'' que fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 y su entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990.

La Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso surgido del Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia, el año de 1996 y su siguiente en Yokohama, Japón, en diciembre de 2001 así como las actividades específicas de la ONU, UNICEF, UNESCO, OEA, etcétera.

Cada uno de estos compromisos internacionales signados por el Senado de la República, requieren de su instrumentación y armonización en nuestro marco jurídico nacional, derivado de la vinculación que adquiere México como Estado Parte.

La Junta Ejecutiva del UNICEF decidió en 1991 (decisión 1991/9) que todos los programas deben reflejar los principios de la Convención, lo que significa que el UNICEF debe utilizar la Convención como un marco de referencia para todos los programas, tanto si el país ha ratificado el tratado o no.

Ahora bien, el artículo 34 de la Convención señala:

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

Con posterioridad se emitió el Protocolo Facultativo, que se anexa con el número 1, y el cual también fue ratificado por nuestro país en diciembre de 2001.

México, se unió al Congreso Internacional Contra la Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes, en Estocolmo en 1996 donde los países parte se comprometieron en un trabajo frontal contra estos delitos.

Además, en junio de 1999, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución por la que ``encomienda al Instituto Interamericano del Niño abordar en forma sistemática el problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la región'' así como la preparación de un informe anual para su presentación ante el Secretario General de la OEA para dar cuenta de las acciones que emprendan los estados miembros para combatir esta explotación sexual.

Los delitos de prostitución, pornografía, lenocinio y trata de personas menores de dieciocho años de edad o de quienes no tienen capacidad para resistir o comprender el significado del hecho, son delitos cometidos en contra de la génesis de uno de los elementos constitutivos del Estado, el pueblo. Estos delitos son eminentemente perpetrados por bandas delictivas, organizaciones dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuya esfera de acción es generalmente interestatal y en muchas ocasiones internacional. En concordancia con las reformas propuestas a diversos ordenamientos de nuestro marco legal federal, tales como el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Turismo y la Ley Federal de Telecomunicaciones presento:

Por estas consideraciones y por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Único: Se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:

Título Cuarto De los Juzgados de Distrito

Capítulo II De sus atribuciones

Artículo 50

Los jueces federales penales conocerán:

I. ... ... a) a m)...

n) Los previstos en los artículos 202, 203, 204 y 205 del Código Penal Federal.

II. ...

III. ...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada De la Peña Gómez. Y de acuerdo con su solicitud, favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables y la Especial de la Niñez, Juventud y Familias.

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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley General de la Vida Silvestre.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputada Presidenta.

Compañeras diputadas y diputados: El derecho a ser informado exige necesariamente la obligación de informar. El Estado debe garantizar el derecho a la información, y esta garantía debe traducirse en la imposición de la obligación informativa a cargo de los entes físicos, morales, privados, oficiales, paraestatales o de cualquier otra índole que determine la ley.

Sin dicha obligación estatal, el correlativo derecho sería francamente irrealizable. Si esa obligación de informar se hace gravitar sobre los órganos de comunicación masiva no gubernamentales, radio, prensa y televisión, se provocaría el riesgo de vulnerar las garantías de libre expresión de las ideas que consagran los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, al constreñírseles a proporcionar la información según los criterios que en el ordenamiento reglamentario se prevén, a pretexto de una veracidad tan relativa, que puede interpretarse tan diversa como contradictoriamente.

Por otro lado, si el derecho a la información se contrajera a determinados sujetos físicos o morales o a cierta índole de agrupaciones políticas profesionales, académicas, sindicales o sociales, sin comprender a todos los gobernados, incluso a todos los extranjeros, se violarían los artículos 1o., 6o. y 33 de la Constitución, según el principio que enseña que donde la ley no distingue, no se debe distinguir.

El derecho a la información debe versar sobre cualquier materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente se establece. Ahí nuevamente debemos estar alerta para evitar la añeja idea de restringir el acceso a la información gubernamental, ya que cómo podríamos hablar de transparencia y acceso a la información gubernamental si se contemplan puntos tan controversiales como sujetos obligados, costos de acceso y, todavía más grave, información reservada.

El derecho a la información es eso y nada más. El artículo 6o. constitucional reconoce y acepta ese derecho inalienable, que nos es propio. Debe ser obligación permanente de los gobiernos la entrega precisa, puntual y veraz de la información.

El derecho a la información es garantía constitucional que asegura al pueblo su innegable e irrenunciable derecho a ser informado. Desde aquellos tiempos en que el derecho a la información se adicionó al 6o. constitucional y desde que se dio a conocer el propósito de reglamentarlo, se produce un impacto en la sociedad; a tal grado, que el tema no sólo ha sido abordado por periodistas, escritores, académicos y políticos sino también por el hombre no versado en esta materia; y ha sido motivo de discusión en los hogares, en las oficinas, en los centros de enseñanza superior y, ¿por qué no decirlo?, hasta en las reuniones de café ¿Por qué ha sucedido este fenómeno social, por qué ha sucedido este fenómeno social? Simplemente, porque el pueblo intuye que está en juego algo que es inherente al hombre, la libertad, la libertad de expresión, la libertad de la palabra, la libertad por la que han luchado tanto hombres y mujeres, incluso ofrendando su existencia misma, porque la libertad es irrenunciable; es parte vital y básica del ser humano. Sin ella, la existencia no tiene razón de ser.

De aquí la necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno y de los organismos no gubernamentales. Sin embargo, la protección de la información reservada, protegida, secreta y clasificada otra vez implica una controversia sobre la subjetividad de estas determinaciones. Pero, en fin, es necesario tomar acciones para favorecer el derecho a la información, que los órganos de gobierno den respuesta veraz, documentada en tiempo y forma a las demandas sociales de información que sean requeridas por los sectores de la misma.

Vale la pena realizar cualquier posible acción a favor de la transparencia y acceso a la información gubernamental. El citado derecho ha sido sumamente complejo de instrumentar normativamente, pues el equilibrio entre su ejercicio dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución es siempre difícil de lograr.

La información disponible para la ciudadanía determina en forma muy importante el tipo de relación entre sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos claros, precisos y sistemáticos es un aspecto central y, por consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona participe en los asuntos públicos, impulsando así la cultura de transparencia en el servicio público.

Siendo una materia tan delicada y compleja la información, el derecho ha tenido que intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir, procurar justicia. Sin el reconocimiento de este derecho, se puede limitar el tránsito hacia un Estado más democrático, ya que no puede haber un Estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información. El reconocimiento y la protección del derecho a la información como garantía política y social de las personas es necesario; implica abrir espacios a los particulares y organizaciones para conocer el desarrollo de las actividades de la autoridad, para plantear sus puntos de vista y participar en la vida política y administrativa de un Estado.

Asimismo, se busca reconocer la obligación de las autoridades para entregar la información requerida de una manera completa y oportuna, estableciendo sanciones para los que actúen de forma contraria. Acceder a la información, pero especialmente a la información generada por el gobierno y poderes públicos, incide en una mejora notable en las decisiones adoptadas por las personas, en las cosas cotidianas, cuyos efectos son visibles en diversos aspectos sociales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 49. En su Sistema Nacional sobre la Vida Silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa de la fracción I a la XI, que queda igual, toda persona tendrá derecho a que la Secretaría ponga a su disposición la información antes señalada, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de la que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

El derecho a ser informado exige como contraparte necesaria la obligación de informar. El Estado Mexicano, garante de ese derecho debe tutelar su estricto cumplimiento, determinando a sus dependencias la obligación de informar, sin más límites que los que determine la ley.

Sin la mencionada obligatoriedad estatal, sería utópico el correlativo derecho; si esa obligación de informar se refiriera sólo a los medios de comunicación masiva (radio, prensa y televisión), se vulnerarían las garantías de libre expresión de las ideas que consagran los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se limitaría a estos a proporcionar la información según los criterios que en el ordenamiento reglamentario se prevén, so pretexto de una ``veracidad'', de suyo tan relativa que puede interpretarse tan diversa como contradictoriamente.

Por otro lado, si el derecho a la información se constriñera a determinados sujetos físicos o morales o a cierta tipo de agrupaciones políticas, profesionales, académicas, sindicales o sociales sin incluir a todos los gobernados, se violarían los artículos 1, 6 y 33 de la Constitución General de la República. Según el principio de derecho que determina ``donde la ley no distingue no se debe distinguir'', el derecho a la información incluye cualquier sujeto o materia conforme a la amplitud con que constitucionalmente quedó establecida.

Hoy nuevamente, debemos estar atentos para evitar la práctica de restringir el acceso a la información gubernamental, cómo podríamos hablar de transparencia y acceso a la información gubernamental?, si se contemplan puntos tan controvertidos como: sujetos obligados, clasificación y conservación de la información, costos de acceso, y todavía mas grave, la información reservada.

El derecho a la información es eso y nada más; el artículo 6º Constitucional reconoce y garantiza que ese derecho es inalienable, nos es propio. Este derecho conlleva la obligación permanente de los gobernantes de la precisa, puntual y veraz entrega de la información a los gobernados.

Reafirmo, el derecho a la información es garantía constitucional que asegura al pueblo su innegable e irrenunciable derecho a ser informado.

Desde aquellos tiempos en que el derecho a la información se adicionó al artículo 6º constitucional y se dio a conocer el propósito de reglamentarlo, se produjo un impacto en la sociedad, a tal grado que el tema no sólo ha sido abordado por periodistas, escritores, académicos y políticos, sino también por el ciudadano común, y ha sido motivo de discusión en los hogares, en la oficina, en los centros de enseñanza superior, y por qué no decirlo, hasta en las reuniones de café.

¿Por qué ha sucedido este fenómeno social? Simplemente porque la población intuye que está en juego algo que es inherente al hombre: la libertad.

La libertad de expresión.

La libertad para la palabra.

La libertad por la que han luchado tantos hombres y mujeres, inclusive ofrendando su existencia misma, porque la libertad es irrenunciable. La libertad es parte vital del ser humano. Sin ella la existencia no tiene razón de ser.

Es clara la necesidad de conocer la información de interés público que provenga de los órganos de gobierno. Sin embargo las restricciones impuestas con los términos de información reservada, nominativa, protegida, secreta y clasificada otra vez implica una controversia sobre la subjetividad de estas determinaciones.

Por esto es necesario tomar acciones para privilegiar el derecho a la información, para favorecer que los órganos gubernamentales den respuesta veraz, oportuna y documentada a los requerimientos de información que les haga la sociedad.

Vale la pena realizar cualquier posible acción a favor de la transparencia y acceso a la información gubernamental.

Históricamente el multicitado derecho, ha sido normativamente complejo de instrumentar, pues el equilibrio entre su ejercicio dentro de un marco de seguridad para México y la observancia de la Constitución es siempre difícil de lograr.

La información disponible para la ciudadanía, determina y condiciona en forma muy importante, el tipo de relación entre la sociedad y gobierno. El acceso a la información bajo procedimientos estrictamente claros, precisos y sistemáticos es un aspecto toral, que por su adecuada aplicación otorga a toda persona la posibilidad de participar en los asuntos públicos del país, y promueve la cultura de transparencia en el servicio público.

Siendo una materia tan delicada y compleja la información, el derecho ha tenido que intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir, procurar justicia. Sin el reconocimiento de este derecho, se puede limitar el tránsito hacia un estado más democrático, no se puede concebir un estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información.

En un verdadero estado democrático, el reconocimiento y protección del derecho a la información son garantía política y de paz social.

Esto implica abrir los obligados espacios a los particulares y organizaciones privada, donde puedan conocer el desarrollo de las actividades de la autoridad, para plantear sus puntos de vista y para participar en la vida política y administrativa del país.

Asimismo, se busca reconocer a la obligación de las autoridades para entregar en tiempo y forma la información requerida, estableciéndose también las sanciones para aquellos que no la cumplan.

Acceder a la información, pero especialmente a la información generada por el gobierno y de los poderes unión, incide en una mejora notable en la toma de decisiones de la población, aún en las cosas cotidianas cuyos efectos son visibles e inciden en diversos aspectos de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el 2º párrafo del artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 49.- El Subsistema Nacional sobre la Vida Silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa a:

I. a la XI. ...

Toda persona tendrá derecho a que la Secretaría ponga a su disposición la información antes señalada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con excepción de aquella que sea susceptible de generar derechos de propiedad intelectual.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Velasco Coello. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se encuentran con nosotros aquí, en la sala de sesiones --y les damos la más cordial bienvenida--, catedráticos y estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatepec, del estado de Morelos.

Sean ustedes bienvenidos. Ellos han sido invitados por nuestra compañera diputada Rosalina Mazari Espín.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Los suscritos, diputados federales del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de adición al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente exposición de motivos:

La consolidación de la democracia en México, sin lugar a dudas, está directamente vinculada a las normas electorales, tanto constitucionales como de legislación secundaria, que establecen los procedimientos por medio de los cuales el pueblo de México accede al poder público.

Una característica esencial de la democracia mexicana es que es una democracia representativa, en la que si bien es cierto el pueblo es el titular de la soberanía, la función de gobierno y titularidad se ejerce por medio de las personas que resultan electas como titulares de los órganos del poder público.

Durante todo el siglo XX se realizaron importantes esfuerzos para hacer que la voz de las oposiciones se escuchara en las Cámaras del Congreso. Desde 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario, hasta 1963, con la creación de los diputados de partido, prácticamente la totalidad de los integrantes del Congreso eran miembros de un mismo partido.

El mérito de la reforma al artículo 54 constitucional de 1963 es que permite que en la Cámara de Diputados se expresen los ciudadanos, por medio de la emisión de su voto, a favor de otras opciones políticas.

La reforma del artículo 54 constitucional señalaba en su fracción I que todo partido político nacional, al obtener el 2.5 por ciento de la votación total en el país en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten de sus candidatos a 5 diputados y a 1 más, hasta 20 como máximo, por cada medio por ciento más de votos emitidos.

De lo anterior se desprende que el primer requisito para la obtención de este equipo de diputados era obtener al menos el 2.5 por ciento de la votación total en el país, y que el máximo de los diputados que se podrían tener por ese principio era de 20 diputados.

Paradójicamente, y no obstante esta apertura hacia las oposiciones para acceder a las Cámaras del Congreso, esta reforma se aplica en las etapas más duras del autoritarismo gubernamental, que se dio en el sexenio del Presidente Díaz Ordaz. En la administración del Presidente López Portillo se da inicio al proceso conocido como ``reforma política'', en el que fue modificado nuevamente el artículo 54 constitucional y en el que, a diferencia de las dos reformas constitucionales antes citadas, se establece un número fijo de diputados denominados ``de representación proporcional'', a la que los partidos políticos minoritarios podrían acceder, siendo este número de 100.

El requisito para acceder a esos diputados se consignó en la fracción II del artículo 54 y se exigía no haber obtenido 60 o más constancias de mayoría ni tener al menos el 1 por ciento del total de la votación emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.

Bajo la gestión del Presidente Miguel de la Madrid se reformó nuevamente el artículo 54 constitucional. El propósito central de esta reforma es aumentar a 200 el número de diputados de representación proporcional, y manteniendo el requisito de obtener por lo menos el 1.5 por ciento del total de la votación emitida en las cinco circunscripciones.

Las reformas de 1990 y de 1993 mantienen el número de diputados de representación proporcional en 200, y el porcentaje de votación necesaria para acceder a los mismos era el 1.5 por ciento de la votación.

Ahora bien, la última reforma del artículo 54 fue la de 1996, en la que se mantiene el número de 200 diputados de representación proporcional, sólo que se aumenta el porcentaje de votación necesario para tener derecho a diputados, y fue el 2 por ciento.

Compañeras y compañeros legisladores: es necesario seguir consolidando el marco de la representación proporcional y que, efectivamente, el número de diputados con los que cada partido cuente esté en relación directa con los votos obtenidos. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que haya una primera ronda de distribución de los 200 diputados de representación proporcional, en la que los partidos políticos que tengan el 2 por ciento de la votación y hasta el 5 por ciento de la votación misma se distribuyan las diputaciones, que posteriormente quienes tengan un porcentaje de votación superior al 5 por ciento se distribuyan las diputaciones restantes en una segunda etapa.

Asimismo, con esta propuesta se busca encontrar una relación más certera entre el porcentaje de votación obtenida por un partido político y el número de diputados con los que cuenta en esta Cámara. Se pretende evitar distorsiones y sobrerrepresentaciones que derivan de una ficción legal. En esencia, proponemos una relación directa entre el porcentaje de votación y el porcentaje de diputados con los que cada partido cuenta en esta Cámara.

Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un inciso a), corriéndose en su orden el actual inciso a), para pasar a ser el inciso b), y el inciso b) pasa a ser el inciso c) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 13, inciso a). ``A los partidos políticos que hayan obtenido del 2 al 5% de la votación nacional emitida se les asignará una cantidad de diputados de representación proporcional de acuerdo con una fórmula de proporcionalidad pura, tomando como base del cálculo de los 500 diputados que integran el total de la Cámara de Diputados. A los partidos políticos que hayan obtenido más del 5% de la votación nacional emitida se les asignará el resto de los diputados de representación proporcional conforme al procedimiento que a continuación se señala:

``b) Coeficiente natural

``c) Resto mayor

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero del año 2005, y firman los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Diputada Presidenta: hago entrega a la Secretaría de la iniciativa presentada y le solicito que la misma sea debidamente insertada en la Gaceta Parlamentaria y en su integridad en el Diario de los Debates. Y es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La consolidación de la democracia en México, sin lugar a dudas, está directamente vinculada a las normas electorales, tanto constitucionales como de legislación secundaria, que establecen los procedimientos por medio de los cuales el pueblo de México accede al poder público.

Una característica esencial de la democracia mexicana es que es una democracia representativa, en la que si bien es cierto que el pueblo es el titular de la soberanía, en la función de gobierno dicha titularidad se ejerce por medio de las personas que resultan electas como titulares de los órganos del poder público.

Durante todo el siglo XX se realizaron importantes esfuerzos para hacer que la voz de las oposiciones se escucharan en las Cámaras del Congreso.

Desde 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario, hasta 1963, con la creación de los diputados de partido, prácticamente la totalidad de los integrantes del Congreso eran miembros de un mismo partido.

El mérito de la reforma al artículo 54 Constitucional de 1963 es que permite que en la Cámara de Diputados se expresen los ciudadanos por medio de la emisión de su voto a favor de otras opciones políticas.

La reforma al artículo 54 constitucional señalaba en su fracción primera que ``todo partido político nacional, al obtener el dos y medio por ciento de la votación total en el país, en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, a cinco diputados, y a uno más, hasta 20 como máximo, por cada medio por ciento más de los votos emitidos''.

De lo anterior se desprende que el primer requisito para la obtención de este tipo de diputados lo era obtener al menos el dos y medio por ciento de la votación total en el país, y que el máximo de diputados que se podrían tener por este principio era de 20 diputados.

Paradójicamente y no obstante esta apertura hacia las oposiciones para acceder a las Cámaras del Congreso, esta reforma se aplica en las etapas más duras del autoritarismo gubernamental que se dio en el sexenio del Presidente Díaz Ordaz.

En la administración del Presidente José López Portillo se da inicio al proceso conocido como ``reforma política'', en el que fue modificado, nuevamente, el artículo 54 constitucional, y en la que, a diferencia de las dos reformas constitucionales antes citadas, se establece un numero fijo de diputados, denominados de representación proporcional, a los que los partidos políticos minoritarios podrían acceder, siendo este número de 100.

El requisito para acceder a estos diputados se consignó en la fracción II del artículo 54 y se exigía no haber obtenido sesenta o más constancias de mayoría ni tener al menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones plurinominales.

Bajo la gestión del Presidente Miguel de la Madrid se reforma nuevamente el artículo 54 constitucional; el propósito central de esta reforma es aumentar a 200 el número de diputados de representación proporcional, y manteniendo el requisito de obtener por lo menos el uno y medio por ciento del total de la votación emitida en las cinco circunscripciones.

Las reformas de 1990 y de 1993 mantienen el número de diputados de representación proporcional en 200 y el porcentaje de votación necesario para acceder a los mismos era del uno y medio por ciento de la votación.

Ahora bien, la última reforma al artículo 54 fue la de 1996, en la que se mantiene el número de 200 diputados de representación proporcional, sólo que se aumenta a dos por ciento el porcentaje de votación necesario para tener derecho a diputados plurinominales.

Compañeras y compañeros legisladores:

Es necesario seguir consolidando el marco de la representación proporcional y que efectivamente el número de diputados con los que cada partido cuenta esté en relación directa con los votos obtenidos.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone, en la presente iniciativa, que haya una primera ronda de distribución de los 200 diputados de representación proporcional, en la que los partidos políticos que tengan el dos por ciento de la votación y hasta el cinco por ciento de la misma, se distribuyan las diputaciones y que posteriormente quienes tengan un porcentaje de votación superior al cinco por ciento se distribuyan las diputaciones restantes, en una segunda etapa.

Asimismo con esta propuesta se busca encontrar una relación más certera entre, el porcentaje de votación obtenida por un Partido Político y el número de diputados con los que cuenta en esta Cámara, se pretende evitar distorsiones y sobrerrepresentaciones que derivan de una ficción legal.

En esencia, proponemos una relación directa entre porcentaje de votación y porcentaje de diputados con los que cada partido cuenta en esta Cámara.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa de Adiciones al inciso a) del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un inciso a), corriéndose en su orden el actual inciso a) para pasar a ser inciso b), y el inciso b) pasar a ser inciso c), del numeral 1 del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 13

1. ...

a) A los partidos políticos, que hayan obtenido del dos al cinco por ciento de la votación nacional emitida, se les asignará una cantidad de diputados de representación proporcional, de acuerdo con una fórmula de proporcionalidad pura, tomando como base del cálculo los quinientos diputados que integran el total de la Cámara de Diputados.

A los Partidos Políticos que hayan obtenido más de cinco por ciento de la votación nacional emitida, se les asignará el resto de diputados de representación proporcional, conforme al procedimiento que a continuación se señala.

b) Cociente natural, y

c) Resto mayor.

2. ...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Por el grupo parlamentario del PT, diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Vázquez González. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a coaliciones electorales y candidaturas comunes.

El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez: Con su permiso, compañera Presidenta. Compañeras y compañeros:

Quiero llamar la atención de todos ustedes, y en forma muy particular a la Comisión Especial para la Reforma del Estado y a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recordemos que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Este mandato constitucional significa que el Congreso, este Congreso, cuenta con el presente periodo ordinario de sesiones para poder conocer, discutir y dictaminar y votar las reformas legales que, por su naturaleza e impacto en el proceso electoral del año 2006, deben considerarse como fundamentales.

Nuestro partido ha insistido y ha presentado de manera permanente diversas iniciativas tendentes a mejorar el actual Cofipe, que fue en su momento un instrumento que sirvió para regular los procesos electorales. Y hoy estamos viendo cómo estos vacíos legales propician que los órganos electorales legislen como lo hace en ocasiones el IFE y, en muchas otras, el propio Tribunal Federal Electoral.

En ese marco de premura, el grupo parlamentario de Convergencia propondrá a la consideración de esta soberanía las iniciativas de reforma electoral que, en nuestra opinión, son ineludibles para garantizar que la renovación completa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que llena la agenda electoral de 2006, se rija por normas actualizadas que garanticen la profundización del proceso democrático y alejen los peligros de la ilegitimidad, de la ingobernabilidad, el abstencionismo y la polarización política permanente.

De dejar las cosas como van, no existe la menor duda de que estos hechos a que hago referencia se presentaran en el año 2006.

Convergencia estima de la mayor prioridad política nacional que esta Cámara de Diputados y la Colegisladora asuman la agenda de cambios en materia electoral, que ya han acreditado su urgencia y entre las que se cuentan como ausencias notables la nueva normatividad para la regulación de medios de comunicación electrónicos en el proceso electoral, nuevas normas de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos, los nuevos mandatos legales que obliguen a la democratización de la vida interna de los partidos políticos y a la regulación de las precampañas.

Siguen ausentes las regulaciones de ley que acaben con la opacidad en la elección de dirigentes partidarios y normen de modo universal los ahora conflictivos procesos de postulación de candidatos. Falta y es urgente encarar la reforma que acorte la duración de las campañas y la que permita la compactación del calendario nacional de elecciones. Falta normar, haciendo obligatorios, los debates en las campañas presidenciales. Falta legislar, cancelando incluso, candidaturas o registros partidarios en sanción a la violación reiterada de los topes de campaña. También falta reformar la ley para hacer de las coaliciones electorales un mecanismo de formación de bloques estables, de gobernabilidad y de coherencia legislativa. Falta el establecimiento de normas para permitir y regular las candidaturas comunes, que hoy no existen. A estos dos temas, y en esa ocasión precisamente, coaliciones y candidaturas comunes, se refiere la iniciativa que hoy ponemos a la discusión y examen de esta Legislatura.

Lo que nuestra iniciativa pone a debate es la conveniencia de normar las coaliciones como pactos políticos duraderos que deben abarcar la totalidad de las candidaturas y estar sujetos a compromisos de carácter programático. Proponemos que la ley defina, como contenido esencial de una coalición, el compromiso de los partidos políticos de encontrar las coincidencias de una plataforma de gobierno compartido que define objetivos, mecanismos y que incluye un convenio de configuración del Poder Ejecutivo, en el que se transparentan ante los electores las formas que tomará la responsabilidad compartida del gobierno.

En el caso de las coaliciones para postular candidatos a legisladores, ya sea para senadores o diputados, se propone como contenido esencial la elaboración de una plataforma legislativa común, pero que sea obligatoria, de resultar electo como candidato, como legislador de coalición. En consecuencia, se propone derogar las disposiciones que ahora permiten lo que se conoce como ``coaliciones parciales'', buscando obligar a los partidos que negocien y convengan programas de gobierno con carácter de mandato vinculatorio para el Ejecutivo y los legisladores así electos.

En resumen, se subordina el procedimiento electoral a su contenido duradero y de gobierno de legislación; se privilegia la gobernabilidad al colocar los incentivos de la coalición en la coincidencia de largo plazo, por encima de la coyuntura en el proceso electoral. La iniciativa introduce la nueva figura de candidaturas comunes y las define como un mecanismo en que los partidos coinciden en postular un número delimitado a candidatos a senadores y diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa.

Es decir, al postular el mismo candidato por separado, los partidos se obligan a sumar fuerzas reales, mejorando la calidad de nuestros candidatos, pues en todo momento se conserva la transparencia de la votación de cada partido, con las correspondientes consecuencias en la asignación de legisladores de representación proporcional.

Lo que aquí se busca, compañeras y compañeros, es evitar que un partido esconda sus debilidades en las fortalezas relativas de otro. Al trasladar el centro de gravedad a la calidad de las candidaturas, se favorece la participación de candidatos de la sociedad civil, de figuras cívicas de consenso, adicionando un elemento importante en el cambio democrático.

Desde luego, a Convergencia le parece que esta figura de candidaturas comunes es complementaria, desde luego, a la figura renovada de las coaliciones, dotadas éstas de contenidos programáticos y alianzas duraderas para gobernar y para legislar con plataformas horizontales.

La iniciativa regula y modifica diversos artículos del actual Cofipe. En suma, están todas ellas publicadas en la Gaceta Parlamentaria con todo detalle, pero lo que se pretende, en suma, es seguir avanzando en la democratización de nuestro país, fijando reglas claras que permitan a los partidos y a los electores mayor transparencia, un mayor compromiso de gobernabilidad y un mayor compromiso dentro del Poder Legislativo. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con coaliciones y candidaturas comunes, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

El suscrito, diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ``Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.''

Este mandato constitucional significa que el Congreso cuenta solo con el presente periodo ordinario de sesiones para conocer, discutir, dictaminar y votar las Reformas legales, que por su naturaleza e impacto en el proceso electoral del 2006, deban considerarse fundamentales.

En ese marco de premura, el Grupo Parlamentario de Convergencia propondrá a la consideración de esta soberanía las iniciativas de Reforma Electoral que en nuestra opinión son ineludibles para garantizar que la renovación completa de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que llenan la agenda electoral del 2006, se rijan por normas actualizadas que garanticen la profundización del proceso democrático y alejen los peligros de la ilegitimidad, de la ingobernabilidad, el abstencionismo y la polarización política permanentes.

Convergencia estima de la mayor prioridad política nacional que esta Cámara de Diputados y la colegisladora, asuman la agenda de cambios en materia electoral que ya han acreditado su urgencia, y entre los que se cuentan como ausencias notables:

La nueva normatividad para regulación de medios de comunicación electrónicos en el proceso electoral; las nuevas normas de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos; los nuevos mandatos legales que obliguen a la democratización de vida interna de los partidos políticos y a la regulación de las precampañas.

Siguen ausentes las regulaciones de ley que acaben con la opacidad en elección de dirigentes partidarios y normen de modo universal los ahora conflictivos procesos de postulación de candidatos.

Falta y es urgente encarar la Reforma que acorte la duración de las campañas y la que permita la compactación del calendario nacional de elecciones.

Falta normar haciendo obligatorios los debates en la campaña presidencial.

Falta legislar cancelando candidaturas o registros partidarios en sanción a la violación reiterada de topes de campaña.

También falta reformar la ley para hacer de las coaliciones electorales un mecanismo de formación de bloques estables de gobernabilidad y de coherencia legislativa.

Falta el establecimiento de normas para permitir y regular las candidaturas comunes.

A estos dos temas, coaliciones y candidaturas comunes, se refiere la iniciativa que hoy ponemos a examen de esta soberanía.

Lo que nuestra iniciativa pone a debate es la conveniencia de normar las coaliciones como pactos políticos duraderos, que deben abarcar la totalidad de las candidaturas y estar sujetos a compromisos de carácter programático.

Proponemos que la ley defina como contenido esencial de una coalición el compromiso de los partidos políticos de encontrar las coincidencias de una plataforma de gobierno compartido que define objetivos, mecanismos y que incluye un convenio de configuración del poder ejecutivo, en el que se transparenta ante los electores las formas que tomara la responsabilidad compartida de gobierno.

En el caso de coaliciones para postular candidatos a legisladores, sean senadores y/o diputados se propone como contenido esencial la elaboración de una plataforma legislativa común que será obligatoria de resultar electo como legislador de coalición;

En consecuencia se propone derogar las disposiciones que ahora permiten lo que se conoce como coaliciones Parciales buscando obligar a que los partidos negocien y convengan programas de gobierno con carácter de mandato vinculatorio para el Ejecutivo y los legisladores así electos.

En resumen: se subordina el procedimiento electoral a su contenido duradero de gobierno y de legislación. Se privilegia la gobernabilidad al colocar los incentivos de la coalición en la coincidencia de largo plazo, por encima de la urgencia coyuntural del proceso electoral.

La iniciativa introduce la nueva figura de candidaturas comunes, y las define como un mecanismo en el que los partidos coinciden en postular un número limitado de candidatos a senadores y diputados exclusivamente por el principio de mayoría relativa. Es decir, al postular al mismo candidato por separado, los partidos se obligan a sumar fuerzas reales, mejorando la calidad de nuestros candidatos, pues en todo momento se conserva la transparencia de la votación de cada partido, con las correspondientes consecuencias en la asignación de legisladores de representación proporcional.

Lo que aquí se busca es evitar que un partido esconda sus debilidades en las fortalezas relativas de otro. Al trasladar el centro de gravedad a la calidad de las candidaturas se favorece la participación de candidatos de la sociedad civil, de figuras cívicas de consenso, adicionando un elemento importante en el cambio democrático

Desde luego a Convergencia le parece que esta figura de candidaturas comunes es complementaria de la figura renovada de las coaliciones, dotadas estas de contenidos programáticos y alianzas duraderas para gobernar y legislar con plataformas horizontales.

Iniciativa

Por lo antes expuesto se presenta, ante esta Soberanía, el siguiente proyecto de decreto en que se modifica la denominación del Título Cuarto; se modifica el numeral 2 del artículo 56; Se modifica el título del Capítulo Segundo; se modifican los numerales 1, 5 y 10 del artículo 58;se modifica los numerales 1 y 2 del artículo 59; se modifican los numerales 1, 2 y 4 del artículo 59-A; se modifica el numeral 1 y se derogan los numerales 2, 3 y 4; se modifican los numerales 5 y 6 del artículo 61; se modifican el numeral 1 en sus incisos a) a la h) inclusive, se deroga los párrafos 2 al 6 inclusive, del artículo 63; se adiciona un nuevo artículo 63-A y se modifican los numerales 1 y 5 del artículo 64.

Se modifica el Título Cuarto.

Título Cuarto De los Frentes, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Fusiones

Se modifica el numeral 2 del artículo 56.

Artículo 56

1. ...

2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones y convenir candidaturas comunes para postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en este Código.

3. y 4. ...

Se modifica el título del Capítulo Segundo.

Capítulo Segundo De las coaliciones y las candidaturas comunes.

Se modifican los numerales 1, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 58.

Artículo 58

1.- Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones electorales con la finalidad de ofrecer a los electores un plan de gobierno, un convenio de configuración del Poder Ejecutivo con responsabilidad compartida, y una plataforma legislativa que se constituyen en compromisos con efectos de mandato vinculatorio para los candidatos así electos, mismos que serán postulados por los partidos coaligados en formulas únicas.

Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para:

a) Postular los mismos candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a senadores y a diputados;

b) Postular los mismos candidatos a Senadores y,

c) Postular los mismos candidatos a diputados;

Las tres variantes de coalición electoral tendrán efectos sobre las 32 entidades federativas, las cinco circunscripciones plurinominales, y los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional; obligándose los partidos coaligados a postular y registrar candidatos en todas las formulas de mayoría relativa y en todas las correspondientes de representación proporcional;

Los partidos políticos podrán optar por presentar una o ambas coaliciones para postular candidatos a legisladores en la misma elección federal.

2. y 4...

5. Todo partido político que no forme parte de una coalición podrá registrar candidaturas comunes con otros partidos políticos, para postular candidatos senadores y/o a diputados, con arreglo a las disposiciones contenidas en el presente Título.

6. Los partidos políticos que se coaliguen, o que convengan candidaturas comunes para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Título.

7. El convenio de coalición o de candidatura común podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.

8. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición o candidatura común que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio respectivo.

9. ...

10. Los partidos políticos podrán postular candidatos comunes para las elecciones de senadores y diputados exclusivamente por el principio de mayoría relativa, sujetándose a lo siguiente:

a) Para la elección de senador deberá registrar candidatos comunes de entre 6 y 20 fórmulas de candidatos. El registro deberá contener la lista con las dos fórmulas por entidad federativa; y

b) Para la elección de diputado, de igual manera, deberá registrar entre 33 y 100 fórmulas de candidatos comunes.

Se modifican los numerales 1 y 2 del artículo 59.

Artículo 59

1. Los partido políticos nacionales que decidan abrir el proceso de formación de una coalición deberán notificar al IFE su propósito entre el 1º y el 10 de septiembre, tres meses antes de la fecha de registro de documentos y formulas, acreditando la aprobación de los órganos partidarios competentes según su norma estatutaria.

La coalición por la que se postule candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos postulara de modo simultaneo senadores y diputados en todas las fórmulas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, por lo que tendrá efectos sobre las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, y se sujetará a lo siguiente:

a) y b) ...

c) Disfrutará de la suma de las prerrogativas en materia de radio y televisión y podrá contratar en estos medios como si se tratara de un solo partido. En los casos en que por disposición de este Código se tome en cuenta la fuerza electoral, se considerará al partido político coaligado con mayor fuerza electoral en la última elección federal; y

d) ...

2. ...

a) y c) ...

d) Que los órganos nacionales partidistas respectivos aprobaron, de acuerdo con la declaración de principios, programa de acción, estatutos y plataforma electoral adoptados por la coalición, el programa de gobierno y el convenio de configuración del poder ejecutivo con responsabilidad compartida al que se sujetará el candidato de la coalición de resultar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

e) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados, aprobaron postular y registrar, como coalición, a todos los candidatos a los cargos de diputados y de senadores por ambos principios, así como aprobar la plataforma legislativa común que será obligatoria de resultar electo legislador;

3. y 4 ...

Se modifican los numerales 1 y 2 del artículo 59-A.

Artículo 59-A

1. La coalición por la que se postulen candidatos a senadores obliga a presentar candidaturas (por ambos principios) tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional, y tendrá efectos en las 32 entidades federativas en que se divide el territorio nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo anterior.

2. Para el registro de la coalición que postula senadores los partidos que pretendan coaligarse deberán cumplir con lo señalado en los incisos a), b), d), y e) del párrafo 2 del artículo anterior, y, registrar las candidaturas de las 32 listas de fórmulas de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa en las 32 entidades federativas, así como las correspondientes formulas de representación proporcional.

3. y 4. ...

Se modifica el numeral 1 del artículo 60.

Artículo 60

1. La coalición por la que se postulen candidatos a diputados obliga a presentar candidaturas tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional y tendrá efectos en los 300 distritos electorales, y las cinco circunscripciones en que se divide el territorio nacional y se sujetará a lo señalado en los incisos a) al d) del párrafo 1 del artículo 59.

2. a 4...

Se modifica los numerales 1, 5 y 6; y se derogan los numerales 2, 3 y 4 del artículo 61.

Artículo 61

1. La candidatura común por la que se postulen candidatos a senadores comprende exclusivamente las formulas por el principio de mayoría relativa, se sujetará a lo siguiente:

a)...

b) Participará en las campañas de las entidades correspondientes con su propio emblema asentando la leyenda ``candidatura común ``;

c) Deberá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral en las entidades de que se trate, tantos representantes como corresponda a cada partido político;

d) Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como corresponda al partido político ante las mesas directivas de casilla en las entidades de que se trate;

e) Se deberá acreditar que la candidatura común fue aprobada por el órgano competente de cada uno de los partidos políticos postulantes. Asimismo, se deberá comprobar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las fórmulas de candidatos fueron aprobadas igualmente por los órganos competentes;

f) Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron la plataforma electoral de la coalición y la plataforma legislativa que se compromete en común;

g) En el convenio de candidatura común, se deberá señalar para el caso de que alguno o algunos de los candidatos resulten electos, a qué grupo parlamentario quedarán incorporados; y

h) ...

2. Derogado

3. Derogado

4. Derogado

5. El registro de candidatos comunes a senadores por el principio de mayoría relativa, comprenderá siempre las dos fórmulas de propietario y suplente por cada entidad.

6. Para el conteo de los sufragios se considerará a la candidatura común como la suma de votos coincidentes en la formula postulada; pero para todos los efectos de la asignación de senadores y diputados por el principio de representación proporcional, se considerara la votación de cada partido por separado.

Se modifican el numeral 1 en sus incisos a) a la h), y se deroga los numerales 2 al 6 inclusive del artículo 62.

Artículo 62

1. La candidatura común por la que se postulen candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, se sujetará a lo siguiente:

a) ...

b) Participará en las campañas en los distritos correspondientes con su propio emblema asentando la leyenda ``en candidatura común'';

c) Deberá acreditar, en los términos de este Código, ante los órganos electorales del Instituto Federal Electoral en el distrito de que se trate, tantos representantes como correspondiera al partido político;

d) Asimismo, deberá acreditar tantos representantes como corresponda al partido político ante las mesas directivas de casilla en los distritos de que se trate;

e) Se deberá acreditar que la candidatura común fue aprobada por el órgano competente de cada uno de los partidos políticos postulantes. Asimismo, se deberá comprobar en su oportunidad y en forma previa al registro, que las fórmulas de candidatos fueron aprobadas igualmente por los órganos competentes;

f) Se deberá comprobar que los órganos partidistas correspondientes aprobaron la plataforma electoral común y; la plataforma legislativa que se compromete en común;

g) En el convenio de candidatura común, se deberá señalar para el caso de que alguno o algunos de los candidatos resulten electos, a qué grupo parlamentario quedarán incorporados; y

h) De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político postulante para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

Se modifica el inciso g) del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 63.

Artículo 63

1. ...

a) al f) ...

g) En el caso de la coalición para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados, se acompañarán, en su caso, el programa de gobierno y el convenio de configuración del poder ejecutivo con responsabilidad compartida al que se sujetará el candidato presidencial en el supuesto de resultar electo, así como la plataforma legislativa común que será obligatoria de resultar electo legislador y los documentos en los que conste que los órganos partidistas correspondientes, de cada uno de los partidos coaligados, los aprobaron;

h) a l) ...

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos postulantes, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.

3. ...

Se adiciona un nuevo artículo 63-A.

Artículo 63-A

1. El convenio de candidatura en común contendrá en todos los casos:

a) Lo dispuesto en los incisos a), b),c) y d) del artículo 63;

b).- El compromiso del candidato de sostener una plataforma electoral común acordada por los partidos que lo postulan;

c).- La plataforma legislativa común que será obligatoria de resultar electo legislador y los documentos en los que conste que los órganos partidistas correspondientes, de cada uno de los partidos coaligados, los aprobaron;

d).- El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados bajo la candidatura común y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; y

e).- Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién ostentaría la representación de la candidatura.

Se modifican los numerales 1 y 5 del artículo 64.

Artículo 64

1. La solicitud de registro de convenio de coalición para postular candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a senadores y diputados, deberá presentarse al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral entre el 1º y el 10 de diciembre del año anterior al de la elección, acompañado de la documentación pertinente. El convenio de coalición para postular candidatos a senadores así como el correspondiente a la coalición para postular candidatos a diputados, deberá presentarse para solicitar su registro ante el mismo funcionario, a más tardar treinta días antes de que se inicie el registro de candidatos de la elección de que se trate. Durante las ausencias del Presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el Secretario Ejecutivo del Instituto.

2. al 4. ...

5. Los convenios de candidatura común deberán presentarse en los 30 días antes de que se inicie el registro de candidatos de la elección de que se trate.

Se modifican los numerales 4 y 5 del artículo 178.

Artículo 178

1. al 3. ...

4. La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional para las cinco circunscripciones plurinominales, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición a la que, en su caso, pertenezca.

5. La solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el principio de representación proporcional para la circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición a la que, en su caso, pertenezca.

6. ...

Transitorio

Único: El presente decreto comenzará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con fecha 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Martínez Álvarez. Se turna a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE COORDINACION FISCAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el compañero diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Francisco Herrera León: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y servicios que induzcan el respeto a la legalidad. Éste es el texto plasmado en el artículo 3o. de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que nace con grandes expectativas, como consecuencia de la importante reforma del artículo 21 de nuestra Constitución Política en 1994, con el espíritu de una real de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

Sin embargo, es inconcebible que, existiendo un marco legal adecuado en materia de seguridad, el Gobierno Federal otorgue recursos de muy poca manera para ponerlos en práctica, enviando con esto un mensaje a la sociedad de que la ley es una simulación y que en realidad se carece de voluntad política para prevenir el delito.

Infinidad de veces hemos escuchado grandes discursos proponiendo políticas de seguridad pública que la mayoría de las ocasiones han resultado ineficaces, pero que han consumido cuantiosos recursos del Presupuesto. Y esto se debe a que el Gobierno Federal --y, tenemos que reconocer, los estatales-- necesita voltear la atención a la célula política más importante del país; es decir, los municipios, en materia de seguridad pública.

Los municipios en nuestro país vienen acusando los efectos de una política central, supeditados a decisiones y diagnósticos erróneos de carácter financiero emanados de los órganos federales y de las entidades federativas que han impedido su funcionamiento autónomo y libre. De un diagnóstico también erróneo sólo pueden provenir estrategias erróneas.

Desde el Gobierno Federal se habla de programas de capacitación de los cuerpos policiacos, de mayores recursos a los estados para el combate de la inseguridad. Sin embargo, estos recursos son canalizados a los municipios después de una ardua peregrinación de los alcaldes por infinidad de dependencias gubernamentales, de donde, si salen bien librados, les alcanzará para pagar la nómina de elementos mal equipados.

Si queremos resultados, no podemos suponer que con la sola moralización de los policías se garantizará la seguridad pública. Sería caer en el error de la ingenuidad.

Podemos tener corporaciones policiacas decentes pero ineficaces si éstas no se modernizan y cuentan con recursos suficientes para desarrollar sus métodos de operación.

Así, hemos descuidado la prevención del delito. Por ello llegamos tarde a esta responsabilidad de tutela social. Nuestro compromiso debe ser evitar la comisión de ilícitos. Siempre será mejor proteger a los ciudadanos que perseguir delincuentes. Cuando el Ministerio Público actúa, es porque las áreas de prevención han fallado, convirtiéndose en una doble falla: cuando el Estado, al no poder evitar la realización del delito, posteriormente no sanciona a los responsables.

Actualmente, en nuestro país existen 2 mil 418 municipios y, dadas la diversidad demográfica y lejanía de algunos, resulta difícil para las corporaciones policiacas preventivas, federales y estatales, tener presencia permanentemente en todos y en cada uno.

Por tanto, en esta materia tenemos varias tareas por delante. Y una de ellas es canalizar eficazmente los recursos para seguridad pública, contemplando en la Ley de Coordinación Fiscal que los gobiernos estatales entreguen también a los municipios, sin demora alguna, las partidas necesarias para sus tareas de seguridad pública, con base en los criterios de los consejos estatales, tomando en cuenta lo apartado de las comunidades y su dispersión poblacional.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adiciona un párrafo quinto y se reforma el último párrafo al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44. Los estados, bajo los términos de este artículo, entregarán a los municipios, con base en los criterios que los consejos estatales de seguridad pública determinen, a propuesta de los secretarios de Seguridad Pública respectivos, mediante solicitud de cada municipio, los recursos necesarios para la tarea de seguridad pública.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañera Presidenta: le ruego se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates; y le solicito que sea turnado a las Comisiones de Seguridad Pública, de Hacienda, y de Presupuesto. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, por la cual se modifica el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar, las libertades, el orden y la paz públicos.

El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y servicios que induzcan el respeto a la legalidad.

Éste es el texto plasmado en el tercer artículo de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una ley que nace con grandes expectativas como consecuencia de la importante reforma al artículo 21 de nuestra Constitución Política en 1994, contemplando el espíritu de una real coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

Es inconcebible que existiendo el marco legal adecuado se nieguen o se otorguen recursos --al ``ahi se va''-- para ponerlo en práctica, con esto se envía un mensaje a la sociedad que la ley es una simulación y que en realidad se carece de voluntad política para prevenir el delito.

Infinidad de veces hemos escuchado grandes discursos proponiendo maravillosas políticas de seguridad pública que la mayoría de las veces han resultado ineficaces, pero han consumido cuantiosos recursos del presupuesto, y esto se debe a que ni el gobierno federal y el estatal han volteado la atención a la célula política más importante del país los municipios.

Los municipios en nuestro país vienen acusando los efectos de una política central, supeditados a decisiones y diagnósticos erróneos de carácter financiero, emanadas de los órganos federales y de las entidades federativas, que han impedido su funcionamiento autónomo y libre. De un diagnóstico erróneo sólo pueden provenir estrategias erróneas.

Y digo esto porque por definición como ex presidente municipal soy defensor de un municipio libre y autosuficiente, desde donde con más facilidad se puede detectar que el poder, los intereses y las causas de inseguridad pública tiene nombre y apellido.

Desde el Gobierno Federal se habla de programas de capacitación de los cuerpos policíacos, de mayores recursos a los estados para el combate a la inseguridad. Sin embargo, estos recursos son canalizados a los municipios después de una ardua peregrinación de los alcaldes por infinidad de dependencias gubernamentales, de donde --si ``salen bien librados''-- les alcanzara para pagar la nómina de elementos mal equipados.

Si queremos resultados, no podemos suponer que con la sola moralización de los policías se garantizará la seguridad pública, sería caer en un error de ingenuidad. Podemos tener corporaciones policíacas decentes pero ineficaces, si éstas no se modernizan y cuentan con los recursos suficientes para desarrollar sus métodos de operación.

Así, hemos descuidado la prevención del delito, por eso siempre llegamos tarde a esta responsabilidad de tutela social. Nuestro compromiso debe ser el de evitar la comisión de ilícitos. Siempre será mejor proteger a los ciudadanos que perseguir delincuentes, cuando el Ministro Público actúa es porque las áreas de prevención han fallado. El problema de impunidad es una doble falla que se da cuando el Estado no ha podido evitar la realización del delito y posteriormente no sanciona a los responsables.

Actualmente, en nuestro país existe un total de 2 mil 418 municipios, y dada la diversidad demográfica y lejanía de algunos, resulta difícil para las corporaciones policíacas preventivas federales y estatales tener presencia permanente en todos y cada uno de ellos.

Por ello, en esta materia tenemos varias tareas por delante, y una de ellas, es canalizar más recursos a los municipios para seguridad pública a través de la Ley de Coordinación Fiscal, contemplando la asignación de partidas con base a lo apartado de las comunidades y a su dispersión poblacional.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa de decreto por el que se modifica el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifica el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 44

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación antes mencionados.

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones incluyendo aquellas de carácter administrativo.

Los estados, bajo los términos de este artículo, entregarán a los municipios, con base en los criterios que los consejos estatales de Seguridad Pública determinen a propuesta de los secretarios de seguridad pública respectivos, los recursos necesarios para la tarea de Seguridad Pública.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Francisco Herrera León (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Herrera. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, y a la Comisión de Presupuesto.

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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en dicho ordenamiento jurídico se enuncien las delegaciones en las cuales se divide esta entidad federativa.

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia:

Vale hacer mención que el Distrito Federal está sujeto en principio a los poderes federales. Durante muchos años, los ciudadanos estuvieron privados del derecho de elegir sus propias autoridades. Pero en años recientes ha habido avances significativos que se han concretado en el actual régimen político consagrado en el artículo 122 constitucional.

El primer gran paso para la democratización de la ciudad se dio en 1986, con la creación de la entonces Asamblea de Representantes, resultado de demandas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales.

En 1993 se dio un reconocimiento limitado tanto de los derechos políticos como de la autonomía del gobierno del Distrito Federal, otorgándose a la Asamblea facultades específicas y limitándose la facultad presidencial de nombrar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea.

En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir por primera vez mediante voto directo al jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon asimismo los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales integrados de elección popular.

En el transcurso de este proceso, la Suprema Corte ha venido en diversas ejecutorias reiterando el carácter del Distrito Federal como entidad federativa, con un estatus particular, su existencia como un orden jurídico identificado junto al de la Federación y los estados en el conjunto del Estado Federal Mexicano y el carácter de órgano que tiene su Asamblea, su jefe de Gobierno e incluso las demarcaciones políticas territoriales, que son las delegaciones.

Pero el proceso no ha concluido: aún falta un largo recorrido para concretar la reforma política para la ciudad. Esta iniciativa pretende ser un paso sustancial en el proceso de democratización plena del ámbito local del gobierno de la capital, pues en la medida en que el marco jurídico que regula esta entidad se semeje más al marco jurídico de la mayoría de los estados, habremos de acercarnos más al modelo municipal, que es la base de la organización territorial y política del resto de las entidades federativas.

Y es que, haciendo un ejercicio de derecho comparado, observamos que en México 21 entidades federativas enuncian en sus Constituciones estatales los municipios en que está dividido su territorio. Es decir, sólo 10 Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no mencionan la división territorial; lo hacen en una ley secundaria.

Parece lógico que las Constituciones locales enuncien los municipios en que se dividen sus territorios, tal como sucede en el artículo 43 de la Constitución Política, en el que se enuncian las partes integrantes de la Federación, y más aún si consideramos que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.

Es decir, el establecimiento de los municipios en que ha de dividirse una entidad integrante de la Federación implica el reconocimiento explícito del municipio como el ámbito gubernamental y de organización social más cercano a la comunidad, más palpable a la realidad y, en esencia, más canalizador y resolutivo de las demandas de los ciudadanos.

Por eso se considera necesario que el Estatuto de Gobierno enuncie las delegaciones en que se divide esta entidad, reconociendo de esta forma el carácter sustantivo de representación democrática y de acción de gobierno que corresponde a cada una de las delegaciones políticas.

Por lo que hace a la división en concreto de la delegación Gustavo A. Madero, para conformar tres delegaciones en su actual territorio, vale hacer mención de que esta demarcación actualmente tiene una superficie de 8 mil 662 hectáreas, que representan 5.8 por ciento del área total del Distrito Federal y 13.4 por ciento del suelo de conservación de esta ciudad.

Aproximadamente, mil 266 hectáreas es suelo de conservación; es decir, 14 por ciento del territorio delegacional. La zona urbanizada comprende 7 mil 623 manzanas, divida en 10 subdelegaciones, formadas por 194 colonias, de las cuales 6 son asentamientos irregulares, 34 son unidades habitacionales que --por su magnitud-- se consideran como colonias, y 165 son barrios y fraccionamientos.

La evolución de la delegación Gustavo A. Madero se determina por su crecimiento poblacional y se define a partir de hechos políticos, económicos y sociales. Su densidad de población dificulta la integración de sus habitantes con la autoridad delegacional, lo que facilita la congestión en los medios de contacto entre unos y otros.

Las necesidades de tal concentración humana requieren para su atención un elevado presupuesto, cuyo manejo es complejo y ha dado pie a fallas de control, tanto en el lado financiero como en el lado de la verificación física de las obras y la provisión de los servicios.

En Gustavo A. Madero, por su situación geográfica, no se ha desarrollado entre los ciudadanos un sentido de pertenencia, salvo cuando sufren carencias que deben ser atendidas por las autoridades.

Consecuentemente, las personas que habitan en un extremo de la delegación no sienten identificación alguna con quienes habitan en el otro extremo; contrariamente a lo que se observa en otras delegaciones, donde sus habitantes comparten y consideran comunes ciertos espacios, ya sea por motivos comerciales, políticos, de tránsito, culturales o hasta religiosos.

En Gustavo A. Madero no es así, a no ser por la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, este espacio de identificación común obedece más bien a una identificación nacional que, consecuentemente, los habitantes comparten.

De ahí la propuesta de dividir en tres esta delegación, pues dicha división conllevaría a la conformación de áreas de tamaño de población similar, con un elemento de identificación común de tipo vecinal, cultural, socioeconómico, comercial, político y de tránsito.

Estas demarcaciones serían una en el centro de la delegación, en donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, y que se denominaría Villa de Guadalupe Hidalgo; una al oriente de la actual delegación, en donde predomina la unidad San Juan de Aragón y que se llamaría San Juan de Aragón; y una última, al norte de la actual delegación, cuyo contorno está fundamentalmente dado por la sierra de Guadalupe y que se denominaría Gustavo A. Madero.

En el caso de Iztapalapa, también se propone dividirla en tres delegaciones. De acuerdo con el Censo de Población en 2000, Iztapalapa contaba con 1 millón 773 mil 342 habitantes, que representan más de 20 por ciento del total de la población del Distrito Federal.

La constitución demográfica de la demarcación es distinta en tres zonas de la delegación: la del poniente se caracteriza porque sus pobladores cuentan con un nivel socioeconómico y con un nivel educativo superior inclusive al de la media nacional. El nororiente se caracteriza por tener una zona industrial colindante con el estado de México y sus habitantes tienen un promedio de nivel socioeconómico medio-bajo o bajo en cuanto a servicios. Finalmente, la del oriente, que colinda con Tláhuac, se caracteriza por tener grandes zonas de invasiones, sobre todo a lo largo de la sierra de Santa Catarina, y porque la gran mayoría de sus pobladores no son oriundos de Iztapalapa sino del interior de la República.

Dicha división demográfica y geográfica sería la base de la creación de las tres nuevas delegaciones. La del poniente de la actual delegación se llamaría Fuego Nuevo, la del nororiente de la actual delegación se denominaría Iztapalapa y la del oriente sería la delegación Santa Catarina.

Finalmente, la presente iniciativa establece que será la ley secundaria la que habrá de especificar los límites territoriales de cada una de las delegaciones de reciente creación y que la Asamblea Legislativa podrá proponer la creación de nuevas delegaciones o modificar el territorio de las actuales.

En virtud de lo expresado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento a esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que se enuncien en dicho ordenamiento las delegaciones en las cuales habrá de dividirse esta entidad federativa.

El proyecto de decreto es un artículo único. Se reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 104. La administración pública del Distrito Federal contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial. Las delegaciones en las que se divide el Distrito Federal son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Fuego Nuevo, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, San Juan de Aragón, Santa Catarina, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Villa de Guadalupe Hidalgo y Xochimilco.

La ley establecerá los límites geográficos de cada una de las delegaciones. La Asamblea Legislativa podrá proponer la creación de nuevas delegaciones o modificar el territorio de las actuales.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en dicho ordenamiento se enuncien las delegaciones en que se divide esta entidad federativa, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para que en dicho ordenamiento jurídico se enuncien las delegaciones en las cuales se divide esta entidad federativa, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El significado de la Ciudad de México, no solo como Capital de la República, asiento de los poderes federales, sino también como conglomeración urbana y, consecuentemente, como centro político, económico, cultural, religioso y social del país en su conjunto, y que data de mas de cinco siglos, han dado a esta entidad un carácter especial, que ha adquirido mayor relevancia por su enorme crecimiento, resultante en una de las concentraciones urbanas mas grandes del planeta.

La presente iniciativa pretende alcanzar dos objetivos: enunciar a las delegaciones en las que se divide el Distrito Federal en el Estatuto de Gobierno, y dividir las actuales delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa en tres delegaciones cada una.

En cuanto al primer objetivo, el de enunciar a las delegaciones en el Estatuto de Gobierno, vale hacer mención que el Distrito Federal está sujeto, en principio, a los poderes federales. Durante muchos años, sus ciudadanos estuvieron privados del derecho de elegir sus propias autoridades, pero en años recientes, y gracias a las peticiones de los capitalinos, ha habido avances significativos, que se han concretado en el actual régimen político, consagrado en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del Distrito Federal: legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, respectivamente: Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un gobernador y mas delante de un órgano establecido en la ley federal que fue un Departamento administrativo dependiente del Ejecutivo y con competencia territorial específica. Aunque se crearon municipalidades, fueron pronto abolidas.

El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas inaplazables y de una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales.

En 1993 se dio un reconocimiento limitado, tanto de los derechos políticos locales, como de la autonomía del gobierno del Distrito Federal otorgándose a la Asamblea facultades legislativas específicas y limitándose la facultad presidencial de nombramiento de Jefe del Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea.

En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez, mediante voto directo, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon, asimismo, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales integrados por elección popular.

En el transcurso de este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido, en diversas ejecutorias, reiterando el carácter del Distrito Federal como entidad federativa con un ``status'' particular, su existencia como un orden jurídico identificado, junto el de la federación y los estados, en el conjunto del Estado Federal Mexicano y el carácter de ``órgano'' que tienen su Asamblea, su jefe de Gobierno e incluso las demarcaciones políticas territoriales (delegaciones).

Pero el proceso no ha concluido, pues aún falta un largo recorrido para concretar la reforma política para el Distrito Federal. Esta iniciativa pretende ser un paso sustancial en el proceso de democratización plena del ámbito local de gobierno en la capital, pues en la medida en que el marco jurídico que regula a esta entidad se asemeje mas al marco jurídico de la mayoría de los estados, habremos de acercarnos mas al modelo municipal que es la base de la organización territorial y política del resto de las entidades federativas.

Y es que, haciendo un ejercicio de derecho comparado, observamos que en México, 21 entidades federativas enuncian en sus constituciones estatales los municipios en los que está dividido su territorio;1 es decir, solo 10 constituciones estatales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal mencionan la división territorial en municipios en la ley secundaria.

Parece lógico que las constituciones locales enuncien a los municipios en los que se dividen sus territorios tal como sucede en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se enuncian a las partes integrantes de la Federación, y mas aún si consideramos que el Municipio Libre --como se establece el artículo 115 constitucional--, es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. Es decir, el establecimiento de los municipios (delegaciones en el caso del Distrito Federal, que es el que nos ocupa) en los que ha de dividirse una entidad integrante de la federación, implica el reconocimiento explícito del municipio como el ámbito gubernamental y de organización social más cercano a la comunidad, mas palpable de la realidad y, en esencia, mas canalizador y resolutivo de las demandas ciudadanas.

Por eso se considera necesario que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal enuncie las delegaciones en las que se divide esta entidad federativa, reconociendo de esta forma el carácter sustantivo de representación democrática y de acción de gobierno que corresponde a cada una de las delegaciones políticas --hecho que está por encima de cualquier la denominación con la que se les reconozca jurídicamente.

Por lo que hace a la división de la delegación Gustavo A. Madero para conformar tres delegaciones en su actual territorio, vale mencionar que esta demarcación actualmente tiene una superficie de 8662 hectáreas, que representan el 5.8% del área total del Distrito Federal y el 13.4% del suelo de conservación del Distrito Federal. Aproximadamente 1266.56 hectáreas es suelo de conservación, es decir el 14.54% del territorio delegacional. La zona urbanizada comprende 7623 manzanas dividida en 10 subdelegaciones formadas por 194 colonias, de las cuales, 6 son asentamientos irregulares, 34 son unidades habitacionales que su magnitud se consideran como colonias y 165 son barrios y fraccionamientos.

La evolución de la delegación Gustavo A. Madero se presenta en relación con su crecimiento poblacional, ya que su espacio delegacional se define respondiendo a fines políticos, económicos y sociales. Su densidad de población dificulta la interrelación de sus habitantes con la autoridad delegacional, lo que facilita la congestión en los medios de contacto entre unos y otros. Las necesidades de tal concentración humana requieren para su atención un elevado presupuesto, cuyo manejo es complejo y ha dado pie a fallas de control tanto por el lado financiero como en el lado de verificación física de las obras y la provisión de servicios, por no mencionar los actos de corrupción recientes con obras inexistentes.

En Gustavo A. Madero, por su situación geográfica, no se ha desarrollado entre los ciudadanos una idea de pertenencia a una misma demarcación política, salvo cuando se sufren carencias que deben ser atendidas por sus autoridades. Consecuentemente, las personas que habitan en un extremo de la delegación Gustavo A. Madero no sienten identificación alguna con quienes habitan el extremo opuesto. Contrariamente alo que se observa en otras delegaciones donde sus habitantes comparten y consideran comunes ciertos espacios ya sea por motivos comerciales, políticos, de tránsito, culturales o religiosos, en Gustavo A. Madero esto no se observa a no ser por la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, este espacio de identificación común obedece más bien a una identificación nacional, que consecuentemente los habitantes de Gustavo A. Madero comparten, pero que no puede considerarse exclusivamente un factor de identificación de tipo delegacional.

De ahí la propuesta de dividir en tres esta delegación, pues dicha división conllevaría a la conformación de áreas de tamaño de población similar y con elementos de identificación común de tipo vecinal, cultural, socio-económico, comercial, político y de tránsito. Estas demarcaciones serían: una en el centro delegación, en donde se encuentra la Basílica de Guadalupe y que se denominaría ``Villa de Guadalupe Hidalgo''; una al oriente de la actual delegación, en donde predomina la unidad San Juan de Aragón y que se denominaría ``San Juan de Aragón''; y una al norte de la actual delegación, cuyo contorno está fundamentalmente dado por la Sierra de Guadalupe y que se denominaría ``Gustavo A. Madero''.

En el caso de Iztapalapa, también se propone dividirla en tres delegaciones. De acuerdo al Censo de Población del año dos mil, Iztapalapa contaba con un millón setecientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y tres habitantes, mismo que representan el 20.6% del total de la población del Distrito Federal, inmersos en una superficie de 11667 hectáreas, que representa 7.62% del área del Distrito Federal, de las cuales, 10815 se consideran urbanas y las 852 restantes de suelo de conservación.

La constitución demográfica de la demarcación es distinta en tres zonas de la delegación. La del poniente, se caracteriza porque sus pobladores cuentan un nivel socieconómico y con un nivel educativo superior a la media nacional. La del nororiente, se caracteriza por tener una zona industrial, colinda con el Estado de México y sus habitantes tienen en promedio un nivel socieconómico medio bajo o bajo. En cuanto a servicios, tienen comúnmente problemas con la dotación de agua potable. Y finalmente, la del oriente, que colinda con Tláhuac, se caracteriza por tener grandes zonas de invasiones sobre todo a lo largo de la Sierra de Santa Catarina y porque la gran mayoría de sus pobladores no son oriundos de Iztapalapa, sino del interior de la República.

Dicha división geográfica, demográfica y socioeconómica, sería la base la creación de las tres nuevas delegaciones: la del poniente de la actual delegación se denominaría ``Fuego Nuevo'', la del nororiente de la actual delegación se denominaría ``Iztapalapa'', y la del oriente se denominaría ``Santa Catarina''.

Finalmente, la presente iniciativa establece que será la ley secundaria la que habrá de especificar los límites territoriales de cada una de estas delegaciones de reciente creación, y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrá proponer la creación de nuevas Delegaciones o modificar el territorio de las actuales.

En virtud de lo expresado, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que en dicho ordenamiento jurídico se enuncien las delegaciones en las cuales se divide esta entidad federativa.

Proyecto de Decreto

Artículo Único: Se reforma el artículo 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:

``Artículo 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano político-administrativo en cada demarcación territorial.

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y los órganos político-administrativos en cada una de ellas se denominarán genéricamente Delegaciones.

Las Delegaciones en las que se divide el Distrito Federal son:

I. Álvaro Obregón;

II. Azcapotzalco;

III. Benito Juárez;

IV. Coyoacán;

V. Cuajimalpa de Morelos;

VI. Cuauhtémoc;

VII. Gustavo A. Madero;

VIII. Fuego Nuevo;

IX. Iztacalco;

X. Iztapalapa;

XI. La Magdalena Contreras;

XII. Miguel Hidalgo;

XIII. Milpa Alta;

XIV. San Juan de Aragón;

XV. Santa Catarina;

XVI. Tláhuac;

XVII. Tlalpan;

XVIII. Venustiano Carranza,

XIX. Villa de Guadalupe Hidalgo; y

XX. Xochimilco.

La ley establecerá los límites geográficos de cada una de las delegaciones.

La Asamblea Legislativa podrá proponer la creación de nuevas Delegaciones o modificar el territorio de las actuales.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Nota:

1 Dichas entidades federativas, así como los artículos de sus correspondientes constituciones locales son: Aguascalientes (artículo 9), Baja California Sur (artículo 120), Campeche (artículo 4), Chiapas (artículo 3), Chihuahua (artículo 25), Coahuila (artículo 158), Colima (artículo 104), Durango (artículo 26), Guanajuato (artículo 33), Guerrero (artículo 5), Hidalgo (artículo 23), Morelos (artículo 111), Nayarit (artículo 3), Nuevo León (artículo 28), Querétaro (artículo 17), Quintana Roo (artículo 127), Sinaloa (artículo 18), Tabasco (artículo 3), Tamaulipas (artículo 3), Tlaxcala (artículo 21) y Zacatecas (artículo 117)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Triana Tena. Se turna esta iniciativa a la Comisión del Distrito Federal.

Se encuentran con nosotros en la sala de sesiones compañeros invitados especiales del municipio de Huauchinango, Puebla, quienes fueron invitados a acompañarnos aquí, al recinto. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Ellos han sido invitados por el compañero diputado René Meza Cabrera.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera Martha Lucía Mícher Camarena para presentar iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: a finales del siglo XX y principios del siglo XXI hemos sido testigos, testigas del progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos en el orden jurídico nacional y en el orden jurídico internacional.

Sin embargo, la legislación sanitaria de nuestro país no ha sido adecuada a esta nueva realidad. La regulación de la atención a la salud sexual y reproductiva que contiene actualmente la Ley General de Salud incluye la caracterización de la mujer exclusivamente en su rol reproductivo, ya que la única ocasión en que tal ordenamiento legal hace referencia expresa y específica a la mujer es al regular la atención materno-infantil, señalando que ésta comprende, entre otras acciones, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, cuando es evidente que la problemática que presenta la salud reproductiva de las mujeres excede la que conlleva a la procreación.

De igual manera, la Ley General de Salud no regula de forma específica la atención de la salud sexual, haciendo tan sólo referencia a la educación sexual en el apartado relativo a la planificación familiar.

Con esto se permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo su ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de los seres humanos.

El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales de las personas implica que estos derechos no sólo deban ser vistos como límites negativos para el Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados en el ejercicio de las políticas públicas. Su ausencia debe ser asumida como un incumplimiento de estos derechos.

La relación entre la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, implica reconocer que el ejercicio de la sexualidad deje de ser subordinado a la finalidad procreativa y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad.

Las carencias legislativas en la materia provocan también deficiencias en la atención y en la solución de graves problemas de salud pública.

Por ejemplo, el aborto y sus complicaciones representan la cuarta causa de muerte materno-infantil. Cada año ocurren 51.4 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes.

Las omisiones legislativas provocan que las interrupciones del embarazo permitidas por la ley no se realicen en condiciones idóneas y, por ende, se pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de las mujeres, al tener que recurrir a la práctica del aborto clandestino, inseguro e insalubre.

En México se han reportado desde 1993 casi 70 mil casos de sida. El 92 por ciento de los contagios fue por transmisión sexual. El sida ha causado en nuestro país casi 40 mil muertes en población fundamentalmente en edad reproductiva.

En 2003, la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes fue de 4.8 y la prevalencia en la población de 15 a 24 años es de 3.5 casos por 100 mil habitantes.

Del total de los casos, el 85 por ciento son hombres; y de este universo 80 por ciento se refiere a hombres que tienen sexo con hombres.

Según cálculos de Censida, existen en México aproximadamente 650 mil hombres que tienen sexo con hombres y de ellos 101 mil padecerían VIH/sida.

Según datos oficiales, el promedio de edad nacional de inicio de la vida sexual son los 16 años y 8 de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección.

Debido a ello, en esta iniciativa se propone la adición a la Ley General de Salud del correspondiente capítulo referente a la salud sexual y reproductiva, describiendo los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, sociales y privados que son aplicables en el ámbito sanitario y haciendo explícito el contenido de los servicios que el Estado debe brindar de manera obligatoria. Las modificaciones y adiciones más relevantes que contiene la iniciativa son las siguientes:

Se consideran materia de salubridad general: la salud sexual y reproductiva; los servicios de planificación familiar y anticoncepción; y la salud de las niñas y los niños de manera gratuita.

Se sustituye el capítulo de atención materno-infantil por el capítulo de salud sexual y reproductiva.

La salud sexual y reproductiva comprende la salud sexual, la salud materno-perinatal, la salud de las personas adolescentes, los servicios de planificación familiar y anticoncepción, y la prevención, detección y tratamiento de cáncer de los órganos reproductivos.

Los programas para la atención de la salud sexual y reproductiva estarán enfocados a satisfacer las necesidades particulares de los grupos poblacionales específicos por género, edad y orientación sexual.

Explícitamente, se reconoce el derecho de las y los adolescentes a recibir servicios de salud sexual y reproductiva otorgando relevancia jurídica a su voluntad. Se reconoce la prevalencia del principio de interés superior de los menores en caso de conflicto entre sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva y las creencias de sus padres o tutores.

En materia de salud materno-perinatal, la atención de la mujer comprende el embarazo, el aborto espontáneo o incompleto, la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por la legislación penal, el parto y el puerperio.

Se establece la obligatoriedad de las instituciones públicas de salud de prestar gratuitamente los servicios de interrupción legal del embarazo en los supuestos autorizados por la ley.

En el caso de la interrupción legal del embarazo, se reconoce la objeción de conciencia, salvo que esté en peligro la vida o la salud de la mujer. Ésa será a título individual y no institucional, por lo que las instituciones públicas de salud tendrán la obligación de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de médicos no objetores.

Se reconoce el derecho de las personas usuarias de servicios de planificación familiar de beneficiarse del progreso científico y tecnológico en la materia.

Se reconoce la obligación del Estado de suministrar todos los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.

En los servicios de planificación y anticoncepción se entenderá que el embarazo comienza con la implantación del embrión, por lo que son considerados métodos anticonceptivos todos los que actúen antes de que tenga lugar la implantación.

Se regulan expresamente los servicios de salud para las niñas y los niños. En la plataforma de Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, documento que México suscribió, firmó y ha ratificado en Beijing +5 y ahora seguramente en Beijing +10, dice: ``Reforzar las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas que eliminen la discriminación contra las mujeres es un lineamiento obligatorio de todos los Estados. Reconocer que los derechos de las personas están por encima de las creencias es la base conceptual del Estado laico mexicano''.

Señora Presidenta: solicito a usted que se publique el texto íntegro de esta iniciativa, que entregaré en el Diario de Debates, y le solicito también que se turne a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género. Por su atención, muchas gracias. ¡No al desafuero! ¡Sí a la esperanza! Muchas gracias.

«Iniciativa que modifica y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva, suscrita por las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Diva Hadamira Gastélum Bajo, de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI, respectivamente

Las suscritas diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta H. soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales de las personas implica que estos derechos no sólo deban ser vistos como límites negativos para el Estado o los particulares, sino que también deben ser considerados como el establecimiento de obligaciones positivas. Estas exigen la creación de condiciones que faciliten su ejercicio, y su falta de generación, debe ser considerada como un incumplimiento de estos derechos. La regulación de la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, torna ineludible que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad procreativa, y que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la sexualidad.

Sin embargo, a pesar del progresivo reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, por parte del orden jurídico nacional y del orden jurídico internacional, la legislación sanitaria de nuestro país no ha sido adecuada a esta nueva realidad. Por eso la regulación de la salud reproductiva que se realiza en la Ley General de Salud incluye la tácita caracterización de la mujer exclusivamente en su rol reproductivo, ya que la única ocasión en que tal ordenamiento legal hace referencia expresa y específica a la mujer es al regular la atención materno-infantil, señalando que ésta comprende, entre otras acciones, ``la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio'' (artículo 61, fracción I), cuando es evidente que la problemática que presenta la salud reproductiva de las mujeres excede la procreación.

De igual manera, la Ley General de Salud no regula de manera específica la salud sexual, haciendo tan sólo referencia a la educación sexual en el apartado relativo a la planificación familiar. Así que al carecer de una reglamentación específica de la salud sexual se permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su protección, reproduciendo tácitamente la ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un mero medio para la reproducción de los seres humanos. Esto determina que su reglamentación legal esté supeditada a la regulación que los procesos reproductivos reciben por parte del ordenamiento jurídico, en tanto que la salud reproductiva es regulada de manera fraccionada, en los apartados referentes a la salud materno-infantil y a la planificación familiar, sin que se haga un reconocimiento expreso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Debido a ello, en esta iniciativa se propone la adición a la Ley General de Salud del correspondiente capítulo referente a los derechos sexuales y reproductivos, describiendo los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos, sociales y privados que son aplicables en el ámbito sanitario, y haciendo explícito el contenido de los servicios que el Estado debe brindar de manera obligatoria.

Siendo diferentes las necesidades que los diversos grupos poblacionales tienen en materia de salud sexual y reproductiva, en la delimitación de los contenidos mínimos de los derechos sexuales y reproductivos se debe ser consecuente con la satisfacción de necesidades específicas de ciertos grupos poblacionales, de modo tal que se incida en la provisión de los servicios públicos que son requeridos para su cabal cumplimiento.

Tratándose de la salud sexual y reproductiva de las personas menores de edad, ésta es regulada de manera deficiente por la Ley General de Salud, ya que sus disposiciones se limitan a señalar que en las actividades relativas a la planificación familiar se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes, pero omite considerar que es una realidad social que un número importante de adolescentes tienen relaciones sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad, de acuerdo a la información contenida en el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia de la Secretaría de Salud, los dieciséis años es la edad promedio en que inician su vida sexual los adolescentes. La caracterización de los derechos sexuales como derechos fundamentales pretende evitar que el ejercicio de la sexualidad se realice en condiciones de riesgo para la salud, según el Consejo Nacional de Población, ocho de cada diez mujeres jóvenes de 15 a 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección, y la prevalencia del VIH/Sida en la población de 15 a 24 años de edad es de 3.5. casos por cada 100 mil personas. Por lo tanto se vuelven imprescindibles la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos y a mecanismos protectores para impedir el contagio de infecciones sexualmente transmisibles, así como para reducir el número de embarazos adolescentes. La difusión de esta información es una obligación del Estado.

A pesar de que en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Federal se reconoce que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, y que se establece en el párrafo séptimo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar tales derechos y se impone al Estado la obligación de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, en la práctica los adolescentes con frecuencia enfrentan obstáculos infranqueables por cuanto hace a la debida protección a su salud sexual y reproductiva. La caracterización que en esta materia se ha realizado de la patria potestad, conduce a la falta de consentimiento de los padres o la negativa expresa de éstos para que los adolescentes reciban la prestación de los servicios de salud que requieren. Las creencias ideológicas o religiosas de sus padres o el temor del personal médico de incurrir en alguna clase de responsabilidad, en caso de no contar con el consentimiento de los padres, violentan los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, que corresponden a los adolescentes. En el artículo 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 14.3. de la Convención de los derechos del niño, se reconoce que la libertad de creencia religiosa está sujeta a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Es del más indiscutible interés público la preservación de la seguridad, vida y salud de los adolescentes, bienes fundamentales que se ven socavados ante la nula prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de carácter preventivo, que eviten que en el caso de aquellos adolescentes que libremente y con las restricciones impuestas por la legislación, deciden ejercer su sexualidad, vean vulnerados sus derechos fundamentales.

Es conveniente tener presente que la diferenciación entre niñas, niños y adolescentes no es arbitraria, ya que las disposiciones constitucionales que han sido citadas se encuentran reglamentadas por la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de mayo de 2000, en cuyo artículo 2° se define a los niños y niñas como a las personas de hasta 12 años incompletos y a los adolescentes las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años cumplidos. Esta diferenciación es consecuente con el artículo 12.1. de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar al menor que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, y a tener en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez.

Por tal motivo, se propone conceder relevancia a la satisfacción de las necesidades de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, así como respetar sus derechos y decisiones, que deben tener preponderancia sobre las decisiones de quienes ejercen la patria potestad ya que el ejercicio de ésta no puede tener un carácter absoluto o ilimitado, ya que encuentra la medida de su ejercicio, y consecuentemente, sus límites, en la prevalencia del principio del interés superior de los menores, que se encuentra contenido en el artículo 18.1. de la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido suscrita y ratificada por nuestro país, y por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal, tiene una mayor jerarquía que las leyes federales y locales, por lo que el ejercicio de la patria potestad o los derechos y creencias de los padres necesariamente deben ceder ante la necesidad de proteger los derechos humanos e intereses de los adolescentes.

De igual manera, en el artículo 3° de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes se dispone que, entre otros, un principio rector es el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, por lo que en el artículo 4° se prevé que las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Por ello el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, por lo que expresamente se prevé en el apartado B del artículo 11 que es obligación de las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes el protegerlos contra toda forma de daño. El ejercicio de la patria potestad no puede atentar contra la integridad física o mental de las personas menores de edad, ni puede actuar en menoscabo de su desarrollo, correspondiendo a las diversas instancias de gobierno asegurarles la protección y el ejercicio de sus derechos, tal y como lo establece el artículo 7° de la ley que nos ocupa.

De manera expresa en el artículo 21 se dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, en tanto que en el artículo 28 se ordena que para la debida protección del derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes las diversas instancias de gobierno les deberán asegurar asistencia médica y sanitaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación de su salud. Por ello deberán atender de manera especial las infecciones de transmisión sexual y del VIH/sida, impulsando programas de prevención e información sobre ellas, así como establecer las medidas tendientes a prevenir los embarazos tempranos, disposiciones legales que son consecuentes con el contenido del artículo 17 de la Convención de los derechos del niño, que establece la obligación de los Estados de velar para que los niños tengan acceso a la información que promueva su salud física y mental, y del artículo 24.1., en donde se encuentra contenido el reconocimiento de los Estados de que los niños tienen derecho al más alto nivel posible de salud, mediante el disfrute de los servicios de salud que resulten pertinentes. Esto se ve complementado con el derecho de los niños de recibir educación que desarrolle su personalidad y su capacidad mental y física para potencializar sus posibilidades, a que se hace referencia en el artículo 29.1.de la Convención.

Ya que la diferencia entre los sexos es sustancial respecto a la procreación, tratándose de las mujeres se debe partir del señalamiento contenido en la Recomendación General número 24 emitida por el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al artículo 12 de dicha Convención, en el sentido de que ``las medidas tendientes a eliminar la discriminación contra la mujer no se considerarán apropiadas cuando un sistema de atención médica carezca de servicios para prevenir, detectar y tratar enfermedades propias de la mujer'', por lo que se propone subsanar la omisión de la Ley General de Salud en cuanto a garantizar la prestación de servicios médicos en los diversos supuestos en que los Códigos Penales de nuestro país permiten la interrupción legal del embarazo. Esta omisión vulnera los derechos humanos de las mujeres con base en los cuales se han establecido las diversas causas excluyentes de responsabilidad penal tratándose del aborto, ya que en la vida cotidiana enfrentan barreras de acceso que les impiden recibir los servicios de salud que requieren para que la interrupción del embarazo se realice en condiciones idóneas, lo que origina que pongan en riesgo su vida, su salud y su integridad personal, al tener que recurrir a la práctica del aborto clandestino, no obstante la licitud de la interrupción del embarazo, dando lugar a un grave problema de salud pública, tal y como lo reconocen la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Población, representado por las muertes o graves afectaciones a la salud de las mujeres, que son consecuencia de procedimientos realizados en condiciones insalubres, o por personas que carecen de la experiencia y capacidad profesionales necesarias.

Por tanto, se propone poner fin a esta forma de discriminación omisiva y silenciosa en que ha incurrido el Estado Mexicano, regulando los procedimientos que permitan y garanticen a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando ésta se encuentra autorizada por la ley, en condiciones de gratuidad, calidad y disponibilidad de los correspondientes servicios de atención médica, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres. Esto indiscutiblemente evitará cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios de salud, el cual generalmente está condicionado por la situación económica de las propias mujeres, por lo que la carencia de servicios de salud públicos genera un segundo problema: sólo las mujeres con recursos económicos pueden obtener la prestación de servicios de calidad, lo que agrava la discriminación y la injusticia social en perjuicio de las mujeres pobres, que se ven impelidas a recurrir a la prestación de los servicios de interrupción del embarazo en condiciones insatisfactorias.

La reforma propuesta parte de la premisa de que vivimos en una sociedad en donde las personas tienen una pluralidad de creencias. Dado que el Estado mexicano es laico y reconoce esta diversidad, no puede imponer una determinada moral como única y universal, sino respetar esta diversidad de creencias. Este pluralismo de sus habitantes, establece el derecho de los médicos de quedar exentos del deber jurídico de realizar la interrupción del embarazo, siempre que por sus convicciones personales, éticas o religiosas, objeten en conciencia la interrupción del embarazo, sin que ello desconozca el derecho de las mujeres de acceder a la prestación de los servicios médicos para la interrupción del embarazo, ya que invariablemente debe existir la correlativa obligación de las instituciones públicas de salud de contar con médicos no objetores. Sólo así se puede asegurar la prestación de los servicios, en tanto que tratándose del supuesto en que la mujer embarazada corra peligro de afectación a su salud o a su vida, debe subsistir la obligación de atender médicamente a la mujer, quedando obligado el médico objetor en los restantes supuestos a referir a la mujer embarazada con el responsable del servicio para que éste a su vez designe a otro médico que no sea objetor.

Por cuanto hace a la planificación familiar y anticoncepción, para hacer efectiva la libertad reproductiva que está reconocida como una garantía individual en el párrafo primero del artículo 4° de la Constitución Federal, resulta imperativo que en dicha materia se reconozca el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico y tecnológico, sin que ello quede supeditado al reconocimiento de un determinado método por las autoridades sanitarias. La experiencia ha demostrado que transcurren largos periodos de tiempo entre el momento en que la eficacia terapéutica de un determinado método anticonceptivo está acreditada científicamente y el reconocimiento como tal en la normatividad sanitaria.

De igual manera, debe garantizarse como un componente de la libertad reproductiva, el derecho de toda persona a elegir el método anticonceptivo que desee emplear, por lo que correlativamente debe imponerse al Estado la obligación de reconocer y suministrar todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas, así como de garantizar a las personas usuarias la disponibilidad del método anticonceptivo que constituya la mejor alternativa.

Por lo anterior, los suscritos integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática nos permitimos someter a consideración de esta Cámara de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva.

Artículo Primero.- Se modifican las fracciones IV y V, y se adiciona la V Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a III. ...

IV. La salud sexual y reproductiva.

V. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

V Bis. La salud de los niños y las niñas.

VI. a XXVIII. ...

Artículo Segundo.- Se modifican la fracción I del apartado B) del artículo 13, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

A) ...

B) ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, III, IV, V, V Bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 3° de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

Artículo Tercero.- Se modifica el artículo 27, fracciones IV y V, de la Ley General de Salud, y se adiciona la fracción V Bis, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. a III. ...

IV. Los servicios de salud sexual y reproductiva.

V. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción.

V Bis. Los servicios de salud para niños y niñas.

VI. a X. ...

Artículo Cuarto.- Se modifica la denominación del Capítulo IV del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo V Salud Sexual y Reproductiva

Artículo Quinto.- Se modifican los artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley General de Salud, y se adicionan los artículos 66 Bis, 66 Bis 1, 66 Bis 2 y 66 Bis 3, para quedar como sigue:

Artículo 61.- La atención de la salud sexual y reproductiva es de carácter prioritario, ya que tiene la finalidad de garantizar un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con los sistemas sexual y reproductor, para que las personas cuenten con las condiciones adecuadas para tener una vida sexual y reproductiva saludable y sin riesgos, por lo que los servicios que se prestan en la materia constituyen un medio para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y comprenden las siguientes áreas:

I. Salud sexual.

II. Salud materna-perinatal.

III. Salud de las personas adolescentes.

IV. Servicios de planificación familiar y anticoncepción.

V. Prevención, detección y tratamiento del cáncer de los órganos reproductivos.

Artículo 62.- Toda prestación de servicios en materia de salud sexual y reproductiva requiere el consentimiento informado de las personas usuarias.

Artículo 63.- Los programas para la atención de la salud sexual y reproductiva estarán enfocados a satisfacer las necesidades particulares de los grupos poblacionales específicos, por cuanto hace a género, edad y orientación sexual, por lo que deberán garantizar una provisión equitativa de los recursos y servicios de salud en la materia, para coadyuvar en la creación de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Artículo 64.- La prestación de servicios de salud sexual a adolescentes pretende evitar condiciones de riesgo para su salud, el contagio de enfermedades sexualmente transmisibles y el embarazo de adolescentes, siendo de interés público la preservación de la seguridad, vida y salud de los menores adolescentes, por lo que se prohíbe toda injerencia arbitraria que pretenda desconocer su derecho a recibir la prestación de los servicios de salud sexual, por lo que la voluntad de los adolescentes tendrá relevancia jurídica, debiendo garantizarse que el adolescente reciba información suficiente para formarse un juicio propio, tenga el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos de salud que lo afecten.

Artículo 65.- En caso de conflicto entre las necesidades de salud sexual y reproductiva de los adolescentes y las decisiones, creencias religiosas o ideología de las personas que ejerzan la patria potestad o los representen legalmente, deberá prevalecer el principio de interés superior de los menores.

Artículo 66.- La atención de la salud materna-perinatal comprende las siguientes acciones:

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el aborto espontáneo o incompleto, la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por la legislación penal aplicable, el parto y el puerperio;

II. La atención del recién nacido y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, hasta los dos años de edad.

III. La promoción de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 66 Bis.- En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna y perinatal, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

Artículo 66 Bis 1.- En la organización y operación de los servicios destinados a la atención de la salud materna-perinatal, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I.- Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas usuarias;

II.- Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, y

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores.

Artículo 66 Bis 2.- Las instituciones públicas de salud, gratuitamente y en condiciones de calidad, deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por la legislación penal que resulte aplicable, cuando la mujer interesada así lo solicite.

La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 66 Bis 3.- Los prestadores de servicios de salud a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo en los casos permitidos por la legislación que resulte aplicable, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal interrupción, podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción del embarazo, debiendo referir a la mujer con el responsable del servicio de la institución pública de salud para que éste a su vez designe a un médico no objetor. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia en la materia.

Artículo Sexto.- Se modifica la denominación del Capítulo VI del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo VI Planificación Familiar y Anticoncepción

Artículo Séptimo.- Se modifican los artículos 67, párrafos primero y tercero, 68, párrafo primero y fracciones II, III, IV y V, 69, 71 y se adicionan los artículos 71 Bis y 71 Bis 1, para quedar como sigue:

Artículo 67.- Los servicios de planificación familiar y anticoncepción tienen carácter prioritario y su principal propósito es contribuir a la prevención de los embarazos no planeados y no deseados, disminuir el riesgo reproductivo y coadyuvar en la plena realización de los ideales reproductivos de las personas y de las parejas. En sus actividades se debe incluir la información, orientación educativa y provisión de servicios para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre los riesgos del embarazo en los extremos de la vida fértil, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número, todo ello mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a las personas.

...

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad de las personas usuarias de los servicios o ejerzan presión para que éstas la admitan, serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad legal en que incurran.

Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar y anticoncepción comprenden:

I.- ...

II.- La atención y vigilancia de las personas aceptantes y usuarias de los servicios de planificación familiar y anticoncepción;

III.- La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar y anticoncepción a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población;

IV.- El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, reproducción asistida, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V.- La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar y anticoncepción; y

VI.- ...

Artículo 69.- La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación familiar, anticoncepción y de educación sexual, definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalencia y a sus efectos sobre la salud.

Artículo 71.- La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar, anticoncepción y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.

Artículo 71 Bis.- Las personas usuarias de los servicios de planificación familiar y anticoncepción tendrán derecho a beneficiarse del progreso científico y tecnológico en la materia, por lo que el Estado está obligado a reconocer y suministrar todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente, y a garantizar que las personas usuarias tendrán acceso al método anticonceptivo que, previo consentimiento informado, constituya la mejor alternativa, incluyendo aquellos que sean necesarios para evitar el embarazo de adolescentes y el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Artículo 71 Bis 1.- Para efectos de lo dispuesto en este capítulo, por embarazo se entiende la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión y termina con el nacimiento o con un aborto, por lo que se considerarán como métodos anticonceptivos todos aquellos cuyos efectos actúen hasta antes de que tenga lugar la implantación.

Artículo Octavo.- Se adiciona el capítulo VI Bis del Título Tercero, para quedar como sigue:

Capítulo VI Bis Servicios de Salud para Niños y Niñas

Artículo 71 Bis 2.- Los servicios de salud para niños y niñas tienen carácter prioritario y comprenden las siguientes acciones:

I.- Vacunación universal para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación;

II.- Prevención y control de los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años;

III.- Orientación y vigilancia nutricional y, en su caso ayuda alimentaria directa para mejorar el estado nutricional de los niños y las niñas;

IV.- Procedimientos que favorezcan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los niños y las niñas a través de la promoción de estilos de vida saludable y de la prevención de la enfermedad;

V.- Garantizar, en la medida de lo posible, que cuando los niños y las niñas sean objeto de tratamiento médico, éste no dificulte su normal desarrollo, y

VI.- Desarrollar de programas preventivos contra la violencia intrafamiliar y la notificación de los casos de maltrato ante la autoridad correspondiente.

Artículo 71 Bis 3.- La protección de la salud física y mental de los niños y las niñas es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general.

Artículo 71 Bis 4.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

I.- Los programas para padres destinados a promover la atención de los niños y las niñas y prevenir la violencia intrafamiliar;

II.- Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar, promover la salud física y mental de sus integrantes y evitar la violencia intrafamiliar;

III.- La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los niños y las niñas.

Artículo 71 Bis 5.- En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud de los educandos y la comunidad escolar. Las autoridades sanitarias y educativas se coordinarán para la aplicación de las mismas.

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las autoridades sanitarias y educativas competentes.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.--- Diputados: Martha Lucía Mícher Camarena, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Alejandro González Yáñez, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Vázquez González, María Avila Serna, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Fernando Espino Arévalo, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Manuel Velasco Coello, Marbella Casanova Calam, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Gelacio Montiel Fuentes, Enrique Torres Cuadros, Francisco Chavarría Valdeolivar, Marcos Alvarez Pérez, Santiago Cortés Sandoval, Eliana García Laguna, Nancy Cárdenas Sánchez, Jesús González Schmal, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Mícher Camarena. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Equidad y Género.

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codigo penal

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen y con opinión de la Comisión de Agricultura y Ganadería para su posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.

Exposición de Motivos

En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos son sorprendentes y han alcanzado un alto grado de evolución, generando diversas opiniones sobre el objetivo y las consecuencias que estos nuevos descubrimientos puedan tener sobre la futura evolución de los seres humanos. Ejemplo de esto es la manipulación genética de organismos, la cual ha creado una serie de controversias acerca de su eficiencia, los intereses que generaría la producción masiva de éstos y sobre todo, las consecuencias que pueda traer a los ecosistemas y a la salud humana. Por otra parte, recientemente hemos visto florecer a diversos grupos, los cuales haciendo uso de prácticas terroristas buscan dar a conocer al mundo las razones de su causa, generando daños a personas, bienes y ahora sus objetivos de ataque se han diversificado, causando mayores consecuencias a largo plazo.

La preocupación por los alimentos y cualquier otro organismo genéticamente modificado es una realidad que va creciendo día a día en todo el mundo.

Desde el punto de vista de la salud se desconocen aún las consecuencias que pueden tener los alimentos transgénicos por la posible aparición de alergias, el agravamiento del problema de la resistencias a antibióticos en microorganismos patógenos, o el efecto de acumulación de plaguicidas empleados sobre los cultivos transgénicos.

Desde la perspectiva medioambiental, las precauciones se centran en el incremento de la contaminación química por los biocidas asociados con las plantas transgénicas; la aparición de una preocupante contaminación genética, todo ello con su impacto sobre plantas silvestres, insectos beneficiosos, la microflora y microfauna, el suelo, y el dramático problema de la pérdida de biodiversidad silvestre y agropecuaria. Un ejemplo reciente de estos impactos ecológicos son las investigaciones realizadas sobre la mariposa monarca en Norteamérica. Es de especial importancia contar con estudios científicos certeros y comprobados para evitar la contaminación genética de la biodiversidad. Específicamente, preocupa el que productos como maíz, chile, frijol, yuca, calabaza, papaya, jitomate y algodón, de los cuales México es el centro de origen y diversidad, vean alteraciones genéticas por la introducción no regulada de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Desde el punto de vista agrícola y ganadero, los riesgos que se apuntan son la aparición de resistencias de las plagas, la desaparición de insectos beneficiosos, la contaminación del suelo y de cultivos próximos o la transferencia de genes a los animales. Los agricultores y ganaderos pierden el control acerca de las consecuencias de la utilización de transgénicos, a la vez que se les exige una responsabilidad en caso de daños sobre la salud y el medio ambiente. Sectores como la apicultura y agricultura ecológica no están protegidos en caso de contaminación accidental.

En el mundo han existido grandes opositores a la producción y comercialización de los OGM, un caso es Gran Bretaña1, en donde el Príncipe Carlos de manera pública y reiterada ha declarado su oposición a los OGM. En México, activistas encapuchados treparon el monumento del Ángel de la Independencia y colgaron cartelones de protesta contra la importación de maíz transgénico. En Italia, manifestantes desnudos y empapados con pintura roja que simula sangre arrojaron tomates genéticamente manipulados al secretario de Agricultura estadounidense, para demostrar su oposición a las importaciones de maíz y soya transgénicos. Así, el rechazo de los consumidores ha creado dificultades para comercializar cultivos tansgénicos. Esto es un hecho evidente en la Unión Europea, pero está empezando a despuntar en los Estados Unidos.

No obstante todas estas preocupaciones y manifestaciones, los cultivos y la comercialización de transgénicos es una realidad en el mundo actual. Sólo en 1998 se cultivaron en todo el mundo 28 millones de hectáreas de alimentos transgénicos de los cuales el 52% fueron de soya y el 30% de maíz. En el año 2000 pasó a 43 millones de hectáreas de cultivos transgénicos que fueron sembradas en su mayoría en los Estados Unidos, Canadá y Argentina (China 1%).

En México, en el año de 1988, se iniciaron experimentos en agricultura y en 1996 se publica la norma fitosanitaria que regula esta experimentación2. Esta norma es muy limitada, pues sólo define la siembra de materiales transgénicos a nivel experimental. Actualmente en nuestro país se experimentan transformaciones genéticas en 25 especies como maíz, papa, algodón, calabaza, soya, papaya, tomate, piña y tabaco, entre otras, aunque a nivel semicomercial sólo están sembradas 70 mil hectáreas de algodón.

Es así, que los conocimientos científicos y sus posibles aplicaciones han traído a la humanidad una responsabilidad muy grande: la de vigilar que esta tecnología no se utilice de tal manera que represente una amenaza a la vida, tal y como la conocemos. En consecuencia, nuestro país no se puede quedar a la saga de la innovación tecnológica; sin embargo, este proceso debe realizarse bajo un estricto marco precautorio, basado en una exhaustiva investigación científica y experimental en áreas controladas, antes de permitir cualquier liberación hacia el exterior.

No obstante, es así, que ante la inseguridad sobre las consecuencias que pueda acarrear la liberación de organismos genéticamente modificados, ciertos grupos han ejercido la violencia y el terror a fin de frenar las investigaciones y los cultivos de estos organismos. Claro ejemplo ha pasado en la India, donde manifestantes han toman por asalto estaciones experimentales y arrancan las plantas genéticamente modificadas de las parcelas de ensayo deteniendo las investigaciones que nos permitirían saber las consecuencias sobre el uso de estos organismos.

Otro caso se dio en Francia cuando José Bové fue apresado por sus acciones en contra de los organismos genéticamente modificados. Esas acciones han consistido en destruir, a lo largo del tiempo, campos de experimentación o siembras de transgénicos. Es decir, en poner en práctica la desobediencia civil en contra de una tecnología sobre la que existen dudas razonables acerca de su impacto en la salud humana.

Se debe de aclarar, que el terrorismo biológico contra la agricultura y la cría de animales experimentales es completamente distinto al bioterrismo contra las personas, ya que los ataques son mas fáciles de llevarse a cabo; los agentes biológicos utilizados no son, por lo general, peligrosos contra las personas que perpetran el ataque; las formas de implementarlos no son muy sofisticadas, para obtener un efecto grande sólo se requiere un pequeño daño; se pueden llevar a cabo incluso desde otro país y el ataque puede hacerse parecer como algo natural y no provocado a propósito. Por otra parte, estos actos también se pueden confundir con actos vandálicos y no terroristas; sin embargo el que un grupo buscando hacerse oír ejerza la violencia en contra de un objetivo y perturbe la paz pública es un acto de terrorismo.

La amenaza terrorista contra la agricultura y los animales es muy seria e importante, por lo cual es inminente el mantener una constante alerta ante esta amenaza, principalmente porque México está reconocido mundialmente como un país líder en ingeniería genética de plantas3.

Una realidad es que los OGM han estado presentes en nuestra alimentación y diario vivir desde hace varios años, por esto debemos de enfatizar en que se hagan los estudios e investigaciones pertinentes para que se evalúe el posible daños que éstos puedan tener.

El espíritu de esta iniciativa va en el sentido de proteger cualquier cultivo experimental o sitio investigación de OGM, ya que serán estos estudios los que nos determinarán si dichos organismos son o pueden ser dañinos a la salud humana. Cabe recalcar que esta propuesta no fomenta la introducción o comercialización de estos, sino promueve la investigación científica nacional de productos de origen mexicano.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado, respetuosamente somete a la consideración de esta h. Cámara la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 420 Ter y se adiciona un artículo 420 Ter 1, ambos del Código Penal Federal.

Artículo Único. Por el que se modifica el segundo párrafo del artículo 420 Ter y se adiciona un artículo 420 Ter 1, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420 Ter.-

...

Para efectos de este código, se entenderá como organismo genéticamente modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas de ingeniería genética.

Artículo 420 Ter 1.-

Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio o cualquier otro medio violento, realice actos con los que se interrumpa, altere, destruya o saquee de forma deliberada, los cultivos, centros y laboratorios experimentales de organismos genéticamente modificados, buscando obstaculizar las investigaciones de estos organismos, perturbando la paz pública.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La Asociación Medica Británica se ha pronunciado por una moratoria sobre todo tipo de alimentos genéticamente modificados hasta que haya más investigación.

2 NOM-056-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética.

3 El primer científico que logró demostrar que un gen de un organismo podía trasladarse a otro fue el mexicano Luis Herrera Estrella, quien ahora trabaja en la transformación genética del maíz a fin de hacerlo resistente al aluminio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero del 2005.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, ciudadana Presidenta:

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II, del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

El tema de los custodios y personal que laboran en los penales federales de máxima seguridad se ha vuelto prioritario en la agenda de seguridad pública nacional, los hechos recientes son contundentes, empezando con los homicidios de Miguel Ángel Beltrán Lugo, el Ceja güera y Arturo Guzmán Loera, el pollo, por los cuales más de 50 custodios del penal de La Palma están sujetos a investigación. Por otro lado, está el asesinato de seis personas que laboraban en la Cárcel de Máxima Seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

El pasado 14 de enero, cerca de un millar de soldados y agentes federales tomaron el control de La Palma y se inició una serie de operativos en las demás cárceles de máxima seguridad del país, con el fin de restablecer el control y el orden.

El secretario de Seguridad Pública federal, anunció que después de cesar a 105 custodios, un nuevo grupo de agentes resguardaría los penales federales, reemplazando en los próximos meses a la totalidad de los empleados de La Palma.

Estos acontecimientos han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los penales de máxima seguridad del país, así como la falta de atención que el gobierno Federal le ha dado al papel del personal que labora dentro del proceso de readaptación social de los reos.

No es casual que los custodios tengan vínculos, ya sea por temor o por corrupción, con los capos del narcotráfico, pues todos sabemos que sus sueldos son bajos, que la capacitación y evaluación que deberían recibir no es otorgada, y que las garantías de seguridad social son escasas.

Por otra parte, es importante señalar que la proporción entre número de custodios y reclusos en penales de máxima seguridad varía a lo largo del mundo. Sin embargo, mientras que en México en casos extremos la proporción llega a ser de un custodio por cada treinta reclusos, en algunos países hay un guardia por cada preso.

En La Palma, en uno de los tres turnos que hay, los 562 reos llegan a estar a cargo de sólo 75 guardias; la colonia Islas Marías tiene una población aproximada de 630 internos, los cuales son cuidados por 32 custodios.

En Argentina, por ejemplo, existen tres cárceles federales de máxima seguridad, dos de las cuales tienen una proporción de dos presos por cada custodio, y la tercera de ellas tiene una proporción de 1.5 presos por agente.

Bolivia tiene una sola cárcel de máxima seguridad, en donde hay un carcelero por recluso. Cabe señalar que Bolivia carece de una guardia penitenciaria especializada, sin embargo, todos los oficiales están obligados a trabajar por lo menos una vez, a lo largo de un año, en una de las cárceles del país, además de cursar tres años en la Escuela Superior de Policía.

En Francia no existen cárceles de alta seguridad. Los penales se dividen entre los que albergan detenidos que cumplen penas largas y los de rápida reinserción. La proporción entre guardias y detenidos en las cárceles francesas es de 39 guardias por cada 100 detenidos. El proceso de selección de custodios se basa en un examen de admisión y 8 meses de capacitación en la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria y de Prácticas Penales. Al término del curso se les practica otro examen.

Estos son tan solo unos ejemplos de el gran rezago que existe en materia de capacitación, actualización y evaluación de los custodios en México.

El 12 de octubre pasado, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, dio a conocer, ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la creación de un plan para depurar el cuerpo de custodios y aumentar la plantilla, pues admitió que el personal era insuficiente.

De acuerdo a la convocatoria de reclutamiento que se emitió, la recepción de solicitudes se cerró el pasado 13 de diciembre, y el curso iniciaba el 17 de enero. Pero no hubo aspirantes suficientes y el curso se canceló, quedando en emitir nuevamente la convocatoria más adelante.

La escasez de custodios y la falta de interés en ingresar deben considerarse focos rojos en materia de readaptación social. El equipo de custodios a nivel federal está descuidado y olvidado; se contrata gente que no está capacitada en materia de prevención y readaptación, o peor aún, personas que cuentan con antecedentes penales. Las acciones deben implementarse ya.

Mediante esta reforma que presento el día de hoy, se busca, que si bien es cierto, el personal penitenciario para ingresar a laborar cumplió en su momento con los requisitos que establece el artículo 4 de la Ley de Normas Mínimas de Readaptación, como son la vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, es necesario valorar por medio de procedimientos especializados, con carácter de obligatorios y periódicos, si estos siguen cumpliendo con esos requisitos, de lo contrario no podrán continuar con el desempeño de su encargo.

Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Único.- Se adiciona un segundo párrafo del artículo 5 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue

Artículo 5

...

Los miembros del personal penitenciario quedan obligados a sujetarse a procedimientos de evaluación, los cuales determinarán si siguen cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta ley, a efecto de continuar en el desempeño de su encargo. Estas evaluaciones se realizarán por lo menos cada de 6 meses.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica).»

Es cuanto, ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Jorge Uscanga Aguilar. Se turna la iniciativa a la Comisión de Seguridad Pública.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, diputada Presidenta. No puedo negar que en nuestro país la aplicación actual del derecho para la solución de controversias pasa por muchos formulismos que retardan la decisión judicial, lo que provoca de manera general gran falta de confianza en la administración de justicia, independientemente del elevado costo económico que generan dichos procedimientos jurisdiccionales.

Por ello es indiscutible que en la época actual se requiere un derecho que penetre en forma más efectiva en todas y cada una de las áreas de la vida social. Debe haber y otorgarse seguridad jurídica con la misma velocidad que se presentan los fenómenos sociales. Se requiere un derecho que sea más capaz, más humano, más justo; un derecho que no segregue sino que, por el contrario, se reintegre, que tenga mayor capacidad en la solución de controversias y que, de esta forma, pueda establecer un clima de tranquilidad y confianza en la ciudadanía.

Sabemos que el ciudadano no puede concebir que para la solución de un problema humano que se lleva hasta los tribunales deban transcurrir uno o varios años para llegar a la solución formal de dicho conflicto.

Tampoco puede entender cómo los procesos judiciales deben ser manejados por personas diferentes de ellas mismas. Me refiero a la necesidad de contratar a un abogado para que patrocine o represente al sujeto real del problema jurídico, situación que se traduce en la necesidad de contratar un profesional competente y sagaz, pero incuestionablemente con el alto costo económico que esto significa.

Es difícil reflexionar por qué la fórmula jurídica, sus procedimientos y sus decisiones sólo toman en cuenta el aspecto material y externo de la vivencia humana, olvidando o haciendo a un lado el aspecto intelectual y, sobre todo, emocional.

En consecuencia, nace la urgente y real necesidad de encontrar otros métodos de solución de controversias con ventajas para que el sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no tienen acceso al mismo o que por distintos motivos no pueden sobrellevar la pesada carga que impone un juicio. De tal suerte, todos estos argumentos nos permiten observar y afirmar categóricamente que el derecho no está respondiendo de manera suficiente a las necesidades de la sociedad actual, situación por la cual es menester la construcción de nuevas alternativas que nos ayuden a revertir el proceso de percepción social sobre la insuficiencia del derecho y de las instituciones que tienen relación con la procuración y administración de justicia.

El procedimiento que se propone en la presente iniciativa buscará en el menor tiempo posible la terminación de la controversia por el camino más corto, más rápido y más sencillo. Sin embargo, cabe hacer mención de que con la presente iniciativa no se intenta romper con lo que bien se ha hecho sino, por el contrario, retomamos con gusto del pasado, para vivir con intensidad el presente y construir nuestro futuro.

Hecho que iniciamos reconociendo que el sistema judicial es necesario para vivir en armonía. Sin embargo, debemos reconocer que no ha sido capaz de cumplir su objetivo y que tampoco es la única vía porque existen otros caminos, instrumentos distintos del judicial, para resolver conflictos de índole ya sea familiar, civil, penal o mercantil.

Para ello es imprescindible transitar hacia una nueva cultura de pacificación social. Y la mediación es el instrumento idóneo para lograr ese propósito, ya que la mediación como mecanismo de resolución de conflictos tiene por objeto alivianar y agilizar la solución de cualquier problema de carácter jurídico, dando una justicia restauradora a las relaciones de los factores del litigio.

Su objetivo, las bondades que ofrece este sistema serán sin duda alguna positivos, toda vez que promueven la adopción de una justicia reparadora, por encima de una represiva; no es sin duda la máxima expresión de un entorno civilizado.

No obstante convertirse en un medio eficaz para restaurar las relaciones sociales derivadas de la convivencia cotidiana, no exenta de fricciones, pues ante la necesidad de cambiar la manera de brindar el servicio de justicia, la media ción se constituye en una alternativa ideal para conseguirlo, su propósito es lograr un acuerdo si los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un proceso judicial y sin contienda legal alguna, que rompa aún más con la armonía social.

Se trata de una instancia voluntaria, a la que se podrá acudir con o sin el patrocinio de un abogado, con objeto de impulsar un acercamiento entre las partes en conflicto, con la asistencia de un mediador, de manera que aun cuando no se logre un acuerdo, se abran entre las partes caminos de entendimiento y se esgriman alternativas de solución, que puedan ayudar a lograr la mejor solución a la problemática jurídica planteada.

La mediación y la conciliación constituyen vías de solución de conflictos que han tomado gran auge en nuestro país y que han demostrado eficacia, según lo revelan las estadísticas que al caso se han elaborado en las entidades federativas en que se encuentran reglamentadas.

Asimismo, un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con ayuda de un tercero imparcial, que actúa como favorecedor y conducto de la comunicación.

Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismos el proceso en su desarrollo; es rápido e informal.

La decisión a la que eventualmente arriben es elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como en el caso de un pronunciamiento judicial, siendo la mediación en este contexto un procedimiento no adversarial y pacífico de resolución de conflictos.

Los conflictos, sin duda alguna, serán superados si la conciliación tiene carácter obligatorio como fase procesal, si contiene fórmulas resolutivas, si se convence y capacita a los operadores del sistema judicial de sus bondades y de su eficacia, para que a su vez éstos persuadan a las partes a optar por ese mecanismo.

Por eso, la nueva arquitectura procesal que se propone en la presente iniciativa introduce nuevos sistemas, modifica los ya existentes a fin de resolver los litigios, utilizando los sistemas alternos, que permitan mejorar la prestación pública de justicia, dando preeminencia al arreglo consensual, al dotar a las partes en litigio de elementos que agoten una fase conciliatoria previa a la fijación de la litis, con el ánimo de dirimir sus controversias, procurando establecer reglas sencillas y claras que faciliten la solución del asunto, evitando pérdida de tiempo y de recursos.

En líneas generales, sin perjuicio de sus particularidades propias, estas formas de resolución de disputas tienen ventajas de ser rápidas, confidenciales, informales ---en el sentido de que si bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que las rige---, flexibles, económicas y, por su naturaleza justa, han demostrado ser exitosas.

Lo característico del sistema de mediación es la inclusión de una tercera parte del mediador, que actúa para ayudar a las dos partes disputantes a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. En la medicación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, y aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo lo que se establezca en la mediación para crear el acuerdo.

De todo lo anterior se puede afirmar que la figura de la mediación encierra un procedimiento valioso y no adversarial que, sin menoscabo de la actuación convencional de la autoridad judicial y con sustento en los principios de voluntariedad, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, cooperación y creatividad, contribuye a favorecer la cultura de la paz y satisfacer los intereses de los mediados. Este medio alterno puede ser un importante auxiliar del Poder Judicial de la Federación en la solución de conflictos, reduciendo las cargas de trabajo, los costos materiales, los tiempos y, sobre todo, que las partes construirán la solución de sus problemas ganando ambas con una solución real, afectiva, consecuente con su decisión e interés.

Asimismo, se propone que la operación de los medios alternos de justicia debe quedar a cargo de profesionales debidamente capacitados para el restablecimiento de la comunicación entre las personas en conflicto, subrayando que los procesos mediadores se pueden llevar a cabo antes, durante o después de los procedimientos judiciales, como instrumentos de pacificación social y familiar más efectivos que los desgastantes y violentos procesos judiciales, estableciéndose la posibilidad de que los jueces suspendan los procedimientos para remitir a las partes al órgano de mediación, para lo cual los mediadores y conciliadores tendrán el carácter de auxiliares del Poder Judicial, correspondiendo al Consejo de la Judicatura velar por el correcto funcionamiento del centro.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Jaime del Conde, somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Solicito, señora Presidenta, que el documento de que en este momento hago entrega a esta Mesa Directiva sea el que se publique íntegramente en el Diario de los Debates, toda vez que el publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria contiene errores de forma. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del PAN

Jaime del Conde Ugarte, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformas y adiciones que se proponen al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No podemos negar que en nuestro país, la aplicación actual del derecho para la solución de controversias, pasa por muchos formulismos que retardan la decisión judicial, lo que provoca de manera general una gran falta de confianza en la administración de justicia, independientemente del elevado costo económico que generan dichos procedimientos jurisdiccionales.

Por ello es indiscutible que en la época actual se requiere de un derecho que penetre de forma más efectiva en todas y cada una de las áreas de la vida social, dado que en la actualidad se viven momentos vertiginosos que todo lo transforman. Ante eso, debe haber y otorgarse seguridad jurídica con la misma velocidad que se presentan los fenómenos sociales. Un derecho que sea más capaz, más humano más justo, un derecho que no segregue, sino por el contrario que integre y que tenga mayor capacidad en la solución de controversias y de esta forma pueda establecer un clima de tranquilidad y confianza en la ciudadanía en general.

Toda vez que las personas no pueden concebir que para la solución de un problema humano que se lleva hasta los tribunales, deban transcurrir uno o varios años para llegar a la solución formal de dicho conflicto. Tampoco puede entender cómo los procesos judiciales deben ser manejados por personas diferentes a ellas mismas, me refiero a la necesidad de contratar un abogado para que patrocine o represente al sujeto real del problema jurídico, situación que se traduce en la necesidad de contratar un profesional competente y sagaz, pero incuestionablemente con el alto costo económico que esto significa. Es difícil reflexionar por qué la fórmula jurídica, sus procedimientos y sus decisiones, sólo toman en cuenta el aspecto material y externo de la vivencia humana, olvidando o haciendo a un lado el aspecto intelectual y sobre todo emocional.

Lo anterior se agrava a un más con el lamentablemente hecho de que nuestro sistema de resolución de conflictos es ineficaz ya que entran al tribunal mas causas de las que salen; la duración de los procesos excede el tiempo razonable, a los que debe sumarse otro tanto para lograr la ejecución de las sentencias; y el costo de litigar es alto no solo en términos económicos sino de energías, ansiedades, esperas e incertidumbre. No obstante se suma al hecho la gran cantidad de conflictos queda sin resolver, porque el acceso a la justicia es complicado y costoso y las partes no tienen otros procedimientos disponibles.

En consecuencia, nace la urgente y real necesidad de encontrar otros métodos de solución de controversias, con ventajas para el sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no tienen acceso al mismo, o que por distintos motivos, no pueden sobrellevar la pesada carga que impone un juicio.

Por lo que es necesario pasar del sistema ineficaz o frustrante a un sistema efectivo. La ausencia de mecanismos diversos y adecuados para resolver los conflictos hace que se recurra a los tribunales de justicia en forma irracional. Hay una cultura de litigio enraizada en la sociedad actual, que debe ser revertida si deseamos una justicia mejor; y lo que permite calificar a una cultura como litigiosa no es, propiamente, el numero de conflictos que presenta, sino la tendencia a resolver esos conflictos bajo la forma adversarial del litigio.

En referencia a lo anterior, no es conveniente analizar la problemática que vivimos desde una visión parcial, es necesario reconocer que el problema de vinculación tiene un sinnúmero de razones que interactúan en mayor o menor medida las unas con las otras, en consecuencia el proceso social resulta complicado por la dinámica que existe en esas variadas relaciones humanas. En este contexto, es necesario revisar si las fórmulas jurídicas y sobre todo los procedimientos de solución de controversias, si resultan adecuados o no a para un país como lo es México de constantes y acelerados cambios.

De tal suerte que todos estos argumentos nos permiten observar y afirmar categóricamente que el derecho no está respondiendo de una manera suficiente a las necesidades de la sociedad actualmente. Situación por la cual es menester la construcción de nuevas alternativas que nos ayuden a revertir el proceso de percepción social sobre la insuficiencia del derecho y de las instituciones que tienen relación con la procuración y administración de justicia. No se trata de crear nuevas utopías, sin embargo reconozcamos que nuestro proceso histórico y nuestro marco normativo no resultan coherentes si se les aprecia de una manera seria y serena.

Sin embargo, creemos y estamos convencidos de que no hay necesidad de crear o inventar un nuevo derecho, es necesario únicamente darle mayor amplitud al derecho como actividad humana que necesita de todo conocimiento que se viene obteniendo en las ramas del saber humano.

Tampoco se trata de inventar instituciones que no tienen que ver con la manera que vivimos, dado que el derecho surge de las relaciones sociales, de la realidad, de lo que es; en consecuencia al legislador, al jurista y al juez, nos compete observar la realidad social y pugnar por su regulación a través de las normas jurídicas, y por lo cual su revisión, su adecuación, su perfeccionamiento es mucho más valioso que inventar un nuevo derecho.

Por lo que resulta conveniente hacer algunas reflexiones sobre los llamados medios alternativos de justicia de solución de controversias, dado que con ellos, se podría dar una respuesta más funcional a la preocupante y creciente tendencia de judicializar todo conflicto.

El mandato constitucional establece que debe existir una justicia pronta y expedita. La cual solamente se obtendrá con la sencillez de los actos procésales, así como el principio económico del tiempo. Es por eso que el procedimiento que se propone en la presente iniciativa, buscará en el menor tiempo posible la terminación de la controversia por el camino más corto, más rápido, y más sencillo.

Sin embargo, cabe hacer mención que con la presente no iniciativa no se intenta romper con lo bien que se a hecho, sino por el contrario retomamos con gusto el pasado, para vivir con intensidad el presente y construir nuestro futuro; hecho que iniciamos reconociendo que el sistema judicial es necesario para vivir en armonía. Sin embargo, debemos reconocer que no ha sido capaz de cumplir con su objetivo y que tampoco es el único, pues existen otros instrumentos distintos al de la vía judicial para resolver conflictos de índole ya sea familiar, civil, penal o mercantil. Para ello es imprescindible transitar hacia una nueva cultura de pacificación social y la mediación es el instrumento idóneo para lograr ese propósito. Ya que la mediación como mecanismo de resolución de conflictos tiene por objeto alivianar y agilizar la solución de cualquier problema de carácter penal, dando una justicia restauradora de las relaciones de los actores del litigio. Sus objetivos y las bondades que ofrece este sistema serán sin ninguna duda positivos, toda vez que promover la adopción de una justicia reparadora por encima de una represiva, es sin duda alguna la máxima expresión de un entorno civilizados, no obstante de convertirse en un medio eficaz para restaurar las relaciones sociales derivadas de la convivencia cotidiana y no exenta de fricciones.

Pues frente a la necesidad de cambiar la manera de brindar el servicio de Justicia, la mediación se constituye en una alternativa ideal para conseguirlo. Su propósito es lograr un acuerdo sin los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un proceso judicial y sin contienda legal alguna que rompa aún más con la armonía social.

Se trata de una instancia voluntaria, a la que se podrá acudir con o sin el patrocinio de un abogado, con el objeto de impulsar un acercamiento entre las partes en conflicto, con la asistencia de un mediador de manera que aun y cuando no se logre un acuerdo, se abran entre las partes caminos de entendimiento y se esgrimen alternativas de solución que puedan ayudar a lograr la mejor solución a la problemática jurídica planteada.

La mediación y la conciliación constituyen vías de solución de conflictos que han tomado gran auge en nuestro país y han demostrado eficacia según lo revelan las estadísticas que al caso se han elaborado en las entidades federativas en las que se encuentran reglamentadas.

Ya que dichas figuras son formas alternativas de solución de controversias que no sólo tienden a resolverlas, sino que atacan el fondo de los conflictos, permitiendo que una vez resueltos los diferendos, las partes convivan pacíficamente y con la espontánea voluntad de no generar nuevos problemas, pues asumen el pleno convencimiento de evitar mayores disputas, una vez que de manera voluntaria adquieren conciencia de las consecuencias negativas de entrar en conflicto nuevamente.

Estos medios se convierten en mucho más que una técnica de resolución de disputas, pues permiten un desarrollo interior que revaloriza y produce en el ser humano el interés por sí mismo y por los demás; de forma tal que lo concientiza de que no puede vivir más que de forma pacífica en sociedad, por lo que se ha considerado que son medios eficaces de cultura de la paz, que se caracterizan por el reconocimiento de los errores cometidos y la consideración de aquellas personas a quienes se ha afectado, lograda a través de un procedimiento de diálogo y tolerancia promovido por mediadores y conciliadores profesionalmente capacitados para ello.

Representan asimismo un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial que actúa como favorecedor y conductor de la comunicación. Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismas el proceso cuyo desarrollo es rápido e informal. La decisión a la que eventualmente arriben es elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como en el caso de un pronunciamiento judicial.

En sentido amplio puede afirmarse que el uso de la contribuye a generar un cambio en la conducta de las relaciones humanas facilitando una mejor calidad de vida y promoviendo la paz social.

En este contexto, la mediación constituye un procedimiento no adversarial y pacífico de resolución de conflictos, tendente a lograr un acuerdo rápido y económico en términos de tiempo, dinero y esfuerzo, objetivo difícil de conseguir cuando los conflictos deben dirimirse en sede judicial.

Se trata de una instancia voluntaria a la cual asisten las partes interesadas solas o, en su caso, asistidas por sus abogados. Su objetivo primordial es superar el conflicto, arribando a un acuerdo que evite la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.

Es un proceso donde no existen ganadores ni perdedores, pues todos los interesados se benefician de los acuerdos que se logren. Por otra parte, la mediación evita que las relaciones personales y comerciales se deterioren o destruyan como consecuencia de la tramitación de prolongados juicios.

Asimismo, en la presente se hace alusión al desgaste del sistema penal, pues éste al aplicar una justicia redistributiva; incluso en delitos que se persiguen por querella necesaria o que son de mínima ofensa, lejos de reeducar, readaptar o resocializar a quien infringe la norma penal, lo interna, lo aísla en un medio que lejos de sanarlo de sus problemas sociales y psicológicos, lo enferma aun más adquiriendo enseñanzas reprobables que después aplicará al insertarse a su hábitat social, ya que el sistema penal por su parte, pretende limitar y minimizar la intervención del Estado en la resolución de conflictos de poca ofensa social, aplicando el derecho de castigar como último recurso y no como fin en sí mismo.

Estos problemas sin duda alguna serán superados si la conciliación tiene carácter obligatorio como fase procesal. Si contiene formulas resolutivas. Si se convence y capacita a los operadores del sistema judicial de sus bondades y de su eficacia, para que a su vez éstos persuadan a las partes a optar por ese mecanismo; por eso, la nueva arquitectura procesal se propone en la presente iniciativa, introduce nuevos sistemas, modifica los ya existentes, a fin de resolver los litigios utilizando los sistemas alternos que permitan mejorar la prestación pública de justicia, dando preeminencia al arreglo consensual al dotar a las partes en litigio, elementos que agoten una fase conciliatoria previa a la fijación de la litis, con el ánimo de dirimir sus controversias procurando establecer reglas sencillas y claras que faciliten la solución del asunto, evitando pérdida de tiempo y de recursos.

Es por esa causa que en la presente se agrega como un presupuesto fundamental del procedimiento en la materia adjetiva penal la conciliación, toda vez que consideramos que en el plano procesal resulta una fórmula efectiva y esencial a los fines del proceso, como una forma heterocompositiva que terminará con gran cantidad de conflictos planteados ante los tribunales penales, siempre y cuando no sólo la autoridad reconozca la importancia que esta institución tiene y los beneficios que para la solución de controversias pueden lograrse. Implica también la aceptación por parte de todos los sectores de la sociedad, desde el propio poder público, los justiciables, los postulantes, las universidades y cualquier tipo de organización social o académica.

De la misma forma, si se practica no con oficiosidad de mero trámite, sino con la firme convicción de que dialogando con las partes y proponiendo soluciones componedoras se pude llegar a una justa y equitativa solución, se logrará el objetivo sustancial que se busca con la conciliación.

El carácter obligatorio que tendrá la conciliación en el actual procedimiento, contendrá una formula resolutiva de las controversias bajo la vigilancia del propio tribunal. Éste deberá desarrollar un efectivo poder de comunicación y de persuasión, a fin de hacer comprender a las partes la conveniencia de terminar en esa fase del litigio, procurando que la conciliación resulte lo más equitativa posible, con el fin de no lesionar los intereses de ninguna.

Pues el gran desafío de este proyecto consiste en implementar un método pacífico para resolver conflictos entre los litigantes o partes en el proceso desde las estructuras legales existentes, sin necesidad de crear o de inventar un nuevo derecho, sino por el contrario solamente reformándolo y adecuándolo a las necesidades cambiantes del entorno social.

Para este propósito contempla la presente iniciativa, la reforma y adición de un Título Décimo Cuarto al Código Federal de Procedimientos Penales, el cual tratará los temas relativos a la mediación y conciliación, a efecto de facultar al Ministerio Público para hacer del conocimiento del querellante y del inculpado si lo hubiere, de la mecánica del procedimiento de mediación y que el mismo deberá ser agotado en forma previa a la investigación del ilícito; así mismo se propone una reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para incorporar un Título que hablará del Centro de Mediación y Conciliación Judicial, a efecto de facultar a los jueces para que una vez dictado el auto de formal de un procesamiento por el delito querellable, esté en aptitud legal de remitir a los interesados al centro de mediación y conciliación.

En lo que respecta a las materias familiar, civil y mercantil, se propone crear la instancia conciliatoria una vez iniciado el litigio ante los tribunales jurisdiccionales, una vez contestada la demanda, en donde el juez tendrá la obligación para hacer del conocimiento de las partes, de la mecánica del procedimiento de mediación y que de aceptarse el mismo se remitirán los autos al centro de mediación y conciliación de la federación para los efectos conducentes.

Las principales ventajas que este sistema alternativo puede ofrecer dentro de la administración y procuración de justicia entre muchas otras son las siguientes:

Los métodos alternativos de resolución de disputas llegan a resultados más rápidos porque el tercero neutral, sea arbitro, conciliador o mediador, puede ayudar a formular un resultado antes de que el proceso avance o inclusive previo --o en vez de-- a que se inicie, descontando ya que se haya intentado la negociación directa entre las partes y que ella haya fracasado.

En líneas generales, sin perjuicio de sus particularidades propias, estas formas de resolución de disputas tienen ventajas de ser:

Rápidas: En vez de tardar años, puede terminarse con el problema en pocas semanas de iniciado el conflicto, a veces en una sola audiencia o en pocas horas.

Confidenciales: Los procedimientos no son públicos, sino privados, con lo cual lo que ocurre en ellos es a puertas cerradas y de carácter confidencial, no se transcribe en un expediente ni puede filtrarse a la prensa.

Informales: Si bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que los rige.

Flexibles: Las soluciones a que se arribe no están predispuestas por el precedente legal, ya que es posible que se haga justicia basada en hechos únicos de su caso.

Económicas: Los servicios se ofrecen con costos diversos, según el caso, mas siempre son baratos si se relaciona con el costo de litigar dentro del sistema de los tribunales formales.

Justas: La solución a las controversias se adapta mas a las necesidades de las partes.

Exitosas: Una vez que los programas se encuentran en marcha, de acuerdo a la experiencia de las legislaciones estatales que los han implementado, el resultado es estadísticamente muy satisfactorio.

La resolución de conflictos no constituye un modo de privatizar la justicia en contra de o por oposición al sistema judicial, sino un modo de fortalecimiento del mismo, permitiéndole dar un servicio más completo y adecuado a las circunstancias que se viven hoy en día, pues permitirán a los jueces dedicarse mejor y circunscribirse a los casos que no obtengan solución anterior.

Es voluntaria la iniciación del proceso. Nadie puede obligar a otro a elegir esta vía de conducción: las dos partes deben acordar este camino, así como también es voluntaria la decisión de continuar en él.

Lo característico del sistema de mediación es la inclusión de un tercera parte, ``el mediador'', que actúa para ayudar a las otras dos partes ``disputantes'' a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes.

Produce un sensible alivio a los tribunales, pues muchos casos se solucionan sin haber siquiera entrado dentro del sistema federal judicial. Si bien es cierto que gran cantidad de casos, aun antes de la mediación, se resolvían extrajudicialmente, el solo hecho de iniciar un expediente producía todo un papeleo y el sistema debía ponerse en funcionamiento. Esto también ocasiona gastos al estado, y lleva a los tribunales a un estado máximo de saturación, que perjudica a las otras causas que deben continuar con el proceso.

Ahorro de tiempo para lograr la conducción del conflicto, ya que resulta una ironía que, cuando en el mundo todo se ha acelerado, en el caso de la justicia se ha producido un proceso inverso, ya que, prácticamente, en todo el mundo, cada vez es más lenta. La cantidad de causas que todos los años ingresan a los tribunales es cada vez mayor, y a menudo pasan varios años antes de que alguna se resuelva. Hay casos en que, por la necesidad de tomar una decisión urgente, no se puede esperar los tiempos de la justicia. En estos casos la mediación brinda una gran ayuda, al permitir que se comience a mediar en el momento en que las partes lo acuerden, que puede ser en pocos días o en pocas horas.

Ahorro de dinero: por resultar mucho más económico que los procesos formales, porque generalmente los honorarios se abonan por consulta y no en relación con los capitales en juego. Además, produce un ahorro del casi 100% en lo que a tasas judiciales se refiere. Este tema ha sido muy importante en el área de los negocios y del comercio, para adoptar la mediación.

En la mediación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, lo cual redunda en beneficios en cuanto al mantenimiento de las relaciones futuras entre las partes. Si alguna de las partes se siente perdedora y considera que no es equitativo, el acuerdo alcanzado puede retirarse y alcanzar un juicio.

Aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo lo que se establezca en la mediación para crear el acuerdo. Al ser más flexible, utiliza capacidades alternativas que no están previstas dentro del sistema judicial formal. No debe vararse en leyes previas y en precedentes, al mismo tiempo tampoco puede sentar precedentes para otros caso. Sólo tendrá este valor para las partes involucradas y para el mediador, para sus futuras intervenciones, en la medida en que produce un aprendizaje.

La mayor ventaja individual que produce la mediación es un aumento sensible del protagonismo de las partes, lo que aumenta la responsabilidad de éstas.

Se produce un heteroaprendizaje. Al solucionar un conflicto, como subproducto de esto uno puede adquirir la capacidad de solucionar otros futuros conflictos en la misma área en la cual se presento el anterior o aun en otras áreas diferentes. Esto ha recibido también el nombre de ``transferencia de aprendizaje'' o ``conocimiento tácito''. A veces las partes no son coincidentes de este aprendizaje en el momento en que lo adquieren, aunque se ven las consecuencias a posteriori, cuando enfrentan otro conflicto.

De todo lo anterior se puede afirmar que la figura de la mediación encierra un procedimiento valioso y no adversarial que sin menoscabo de la actuación convencional de la autoridad judicial y con sustento en los principios de voluntariedad, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, cooperación y creatividad contribuye a favorecer la cultura de la paz y satisfacer los intereses de los mediados.

A esta forma alternativa de solución de conflictos a través de un marco legal consistente y eficaz que permita su incorporación a nuestro sistema jurídico y que otorgue a los ciudadanos otra opción que coexistente con la administración de justicia de satisfacción a los verdaderos intereses de las partes.

Advertimos que el número de asuntos que atiende el Poder Judicial de la Federación es creciente tanto aquellos planteados en sus juzgados como en la segunda instancia y con preocupación observamos que cada día se incrementa el volumen de trabajo requiriendo para a realización adecuada de esta función de un esfuerzo adicional, pero sobre todo, como es natural en todo proceso judicial la resolución emitida por los juzgadores no siempre deja satisfecha a la ciudadanía y produce inconformidades y desgaste material y emocional de las partes que acuden a los tribunales. Muchos de estos casos podrían solucionarse casi inmediatamente si las partes contaran con esta vía de acercamiento, por ello, este medio alterno puede ser un importante auxiliar del Poder Judicial de la Federación en la solución de conflictos, reduciendo las cargas de trabajo, los costos materiales, los tiempos y sobre todo que las partes construirán la solución de sus problemas ganando ambas con una resolución real afectiva consecuente con su decisión e intereses.

Asimismo, se propone que la operación de los medios alternos de justicia debe quedar a cargo de profesionales debidamente capacitados para el restablecimiento de la comunicación entre las personas en conflicto, subrayando que los procesos mediadores pueden llevar a cabo antes, durante o después de los procedimientos judiciales, como instrumentos de pacificación social y familiar más efectivos que los desgastantes y violentos procesos judiciales, estableciéndose la posibilidad de que los jueces suspendan los procedimientos para remitir a las partes al órgano mediación. Para lo cual los mediadores y conciliadores tendrán el carácter de auxiliares del Poder Judicial, correspondiendo al Consejo de la Judicatura velar por el correcto funcionamiento del centro.

Por otra parte, estamos convencidos que la implementación de los instrumentos alternativos de resolución de conflictos, no debe quedar reservada a las materias civil, familiar o mercantil, sino comprender la penal para lo cual se propone la modificación respectiva al Código de Procedimientos Penales, La propuesta abarca también la regulación de la suspensión del proceso para el supuesto de que el juzgador remita a las partes al instituto de justicia alternativa en cuestión. Más aún refleja también, la existencia de un decreto a favor del ofendido o la víctima del delito quien podrá solicitar la intervención del referido centro conciliatorio en el momento que más lo crea conveniente y por así mejor convenir a sus propios intereses.

La realidad es que la mediación como medio alternativo de la administración de justicia es ya en México un mecanismo que opera con efectividad; empero, requiere de mayor impulso por parte de las autoridades y la colectividad para lograr su total incorporación al mundo jurídico en nuestro país. Debe trabajarse para formar conciencia y una cultura jurídica en nuestra sociedad; así como para que los órganos encargados de operar la efectiva aplicación de los mecanismos alternativos de administración de justicia.

En este sentido, se busca que el mediador en sede judicial cuente con capacidad profesional, con un perfil determinado y habilidades que le permitan facilitar el encuentro de las partes, con el propósito de que las mismas exploren formulas de solución. El mediador será el hilo conductor que permita el diálogo y que incentive la resolución de los problemas, creando condiciones favorables para que no se rompa la comunicación y tendrá como tarea principal, la de mantener la interacción hasta que se solucione el problema.

Juzgamos que los servicios conferidos al Centro de Mediación y Conciliación de acuerdo con la estructura de la propuesta cubren las expectativas planteadas y garantizan su eficacia conformando un marco legal, en virtud del cual se encargará de

-Evaluar las peticiones de los interesados para determinar el medio idóneo del tratamiento a sus diferencias, recabando la conformidad por escrito de las partes para la atención y búsqueda de soluciones correspondientes.

-Instrumentar y operar servicios de mediación y conciliación extrajudicial, en los asuntos susceptibles de transacción cuyo conocimiento está encomendado por la ley a los tribunales del Poder Judicial.

-Sustanciar procedimientos de mediación y conciliación que pongan a fin a las controversias judiciales en los términos de la fracción anterior.

-Modificar el medio elegido cuando de común acuerdo con las partes resulte conveniente emplear un método alterno distinto al inicialmente seleccionado.

-Dar por terminado e procedimiento de mediación o conciliación cuando alguna de las partes lo solicite.

-Redactar los acuerdos o convenios a que hayan llegado las partes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser informados por ellas y autorizados por el mediador o conciliador que intervino.

-Las demás que establezcan los ordenamientos legales.

Otro aspecto de la propuesta que consideramos concurre a garantizar los propósitos de la mediación se refiere a los requisitos establecidos para el director de Centro de Mediación y para los mediadores y conciliadores, mediante los cuales se da prioridad a su sensibilidad capacidad de comprensión y neutralidad, precisándose, entre otros, que deberá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 35 años el día de la designación; ser licenciado en derecho, psicología, sociología, antropología, trabajo social o comunicación; aprobar el curso y concurso de oposición que realice el Instituto de Capacitación y Especialización Judicial en materia de mediación y conciliación; ser de reconocida buena conducta y solvencia moral; no haber sido condenado por delito intencional. En el caso de los mediadores o conciliadores su edad será de cuando menos 28 años.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Jaime del Conde Ugarte, somete a la consideración de esta H. soberanía, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

PRIMERO. Se reforma el Código Federal de Procedimientos Civiles, adicionando al Libro Tercero un Título Tercero denominado ``De los Sistemas Alternativos de Justicia'' Capítulo Único ``De la Mediación y la Conciliación'', reformando los artículos 543, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554; 555, 556, 557 y 558; recorriendo en orden sucesivo los siguientes artículos para quedar como sigue:

Libro Tercero Procedimientos Especiales

...

...

Título Tercero De los Sistemas Alternativos de Justicia

Capítulo Único De la Mediación y la Conciliación

Artículo 543. Las controversias legales entre los particulares, podrán resolverse a través de la mediación y la conciliación, como medios alternativos a la vía jurisdiccional y podrá llevarse a cabo en cualquier etapa del procedimiento a instancia de alguna o ambas partes.

Artículo 544. Los tribunales podrán remitir a las partes al Centro de Mediación y Conciliación de la Federación, previo consentimiento de las mismas, a efecto de superar el conflicto, arribando a un acuerdo que evite la necesidad de agotar las etapas procésales del juicio y se resuelva el mismo por la vía jurisdiccional. Hecho que deberá constar en forma fehaciente.

Artículo 545. Son materia de mediación y conciliación, todas o algunas de las diferencias que se susciten en relación con un determinado hecho, derecho, contrato, obligación, acción o pretensión. Si éstas no se especificaren, se presumirá que el acuerdo se extiende a todas las diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre los interesados.

Artículo 546. La mediación y la conciliación sólo se admitirán en los asuntos que sean susceptibles de transacción, cuyo conocimiento esté encomendado a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, siempre y cuando no se afecte la moral, o derechos de terceros, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 547. La mediación y la conciliación se rigen por los principios de voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparcialidad.

Artículo 548. El procedimiento que se seguirá en la primera audiencia de mediación será el siguiente:

I. Si sólo comparece el actor o el demandado, se suspenderá la audiencia, dejando razón de ello y se citará para una nueva fecha;

II. Si comparecen ambas partes, previa identificación de las mismas, se les hará saber los objetivos, los beneficios y la mecánica del procedimiento de mediación;

III. Si iniciada la audiencia algunos de los comparecientes manifestaren su deseo de no participar en el procedimiento de mediación, la autoridad mediadora los invitará a que reconsideren su posición y en caso de que persistan, se dará por concluida la audiencia en lo concerniente a ellos, levantándose constancia de este hecho. Asimismo se les informará que subsiste la posibilidad de reiniciar la mediación en las diversas etapas del procedimiento en materia procesal civil.

IV. Si dentro de los que accedieren a participar se encuentran al menos uno de los actores o el demandado, o si fueran varios demandados, todos ellos, se reanudará el procedimiento de mediación con los aceptantes, procediéndose a dar lectura de la síntesis del expediente del que se desprenda la mediación. En caso de no encontrarse presentes los interesados señalados se declarará desierta la mediación.

V. Las partes fijarán sus posiciones, procurando el mediador una comunicación directa y efectiva entre ellas, que les conduzca a establecer opciones, alternativas o acuerdos que tengan como finalidad la solución del conflicto;

VI. Se realizarán tantas sesiones como las partes consideren necesarias para llegar a una conclusión sobre la posibilidad de solucionar el conflicto vía la mediación.

Artículo 549. La inasistencia de alguna de las partes a cualquiera de las citaciones dará lugar a que el mediador cite de oficio por segunda ocasión. Si el faltista nuevamente no asiste a la audiencia sin justificación y hubiera sido citado legalmente, se declarará desierta la mediación, salvo que la parte que sí asista solicite que se fije un nuevo día y hora para la audiencia.

Artículo 550. En caso de que se declare desierta la mediación o no haya sido posible lograr un acuerdo que termine con el procedimiento judicial, se remitirá todo el expediente al Juzgado de origen para que se continúe con el procedimiento correspondiente.

Artículo 551. Quedará bajo la responsabilidad del mediador evitar que durante el procedimiento de mediación, en las actuaciones o el convenio, se asienten frases relativas al reconocimiento de responsabilidad, de la participación, retractaciones o equivalentes. En caso de no cumplir con esta disposición dichas frases se tendrán por no puestas.

Artículo 552. El procedimiento de mediación no podrá exceder de tres meses, a menos que así lo acuerden expresamente las partes.

Artículo 553. La iniciación del procedimiento de mediación no interrumpe ni suspenden las prescripciones señaladas en este Código.

Artículo 554. Sobre las actuaciones que se realicen durante el procedimiento de mediación, recaerá un acta circunstanciada que levantará la autoridad mediadora, siendo éstos solamente los puntos acordados entre las partes, la cita para una nueva audiencia, la suspensión del procedimiento o la declaración de mediación desierta y en su caso, el convenio al que lleguen para concluir el asunto.

Capítulo Tercero Del Convenio

Artículo 555. El convenio derivado del procedimiento de mediación, que pretenda terminar con el litigio judicial, surtirá los siguientes efectos:

I. Al momento de la suscripción del convenio y hasta el día siguiente del plazo convenido para su cumplimiento, suspenderá la tramitación procesal;

II. Al total cumplimiento del mismo, tendrá los efectos de conciliación de las partes; y

III. En caso del incumplimiento o del cumplimiento fuera del plazo y forma establecidos convencionalmente, se dictarán los acuerdos necesarios para la continuación de los procedimientos que se hubieran suspendido.

Artículo 556. A efecto de verificar el cumplimiento de lo acordado, desde el convenio se citará a una audiencia que tendrá verificativo al día hábil siguiente del vencimiento del plazo, apercibiendo a las partes que de no asistir o de no hacer manifestación alguna dentro de los tres días posteriores a la misma, se tendrá por cumplido en su totalidad el convenio.

Artículo 557. En caso de que alguna de las partes alegue el incumplimiento de lo convenido, se citará a una nueva audiencia en la que se les oirá, quienes podrán presentar las pruebas para acreditar su dicho, debiendo resolver la autoridad mediadora sobre el cumplimiento en esa misma sesión.

Artículo 558. Cumplidos los acuerdos establecidos en el convenio, se dictará una resolución de archivo definitivo, la cual tendrá el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales conducentes.

Los plazos y procedimientos que regirán estos medios alternativos a la vía jurisdiccional, se regularán de acuerdo al reglamento respectivo.

SEGUNDO. Se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, adicionando un Título Décimo Cuarto, denominado ``De la Mediación y Conciliación'', mismo que se compondrá por los artículos 577 al 598, para quedar como sigue:

Título Décimo Cuarto De la Mediación y Conciliación

Capitulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 577. La mediación tiene por objeto que el querellante y el inculpado, asistidos de una autoridad mediadora, encuentren formas alternativas de solución al conflicto de índole penal que diriman ante los órganos de procuración e impartición de justicia, con el fin de que logren un acuerdo que termine con la prosecución procesal.

La mediación será procedente únicamente en delitos de querella necesaria.

Artículo 578. La autoridad encargada de la tramitación de la Averiguación Previa o el proceso, en la primera actuación con el querellante o el inculpado, hará de su conocimiento que está abierta la posibilidad de la mediación y la conciliación durante todo el procedimiento.

En el momento en que alguna de las partes manifestara su interés de mediar y conciliar, la autoridad citará a una audiencia, actuando según lo establecido en el presente código, pudiendo suspender la tramitación que se siguiere, si el querellante y el inculpado así lo acordaran.

Capítulo Segundo Del Procedimiento

Artículo 579. El procedimiento que se seguirá en la primera audiencia de mediación será el siguiente:

I. Si sólo comparece el querellante o el inculpado, se suspenderá la audiencia, dejando razón de ello y se citará para una nueva fecha;

II. Si comparecen ambas partes, previa identificación de las mismas, se les hará saber los objetivos, los beneficios y la mecánica del procedimiento de mediación;

III. Si iniciada la audiencia algunos de los comparecientes manifestaren su deseo de no participar en el procedimiento de mediación, la autoridad mediadora los invitará a que reconsideren su posición y en caso de que persistan, se dará por concluida la audiencia en lo concerniente a ellos, levantándose constancia de este hecho. Asimismo se les informará que subsiste la posibilidad de reiniciar la mediación en las diversas etapas del procedimiento en materia de defensa social.

IV. Si dentro de los que accedieren a participar se encuentran al menos un querellante y el inculpado, o si fueran varios inculpados, todos ellos, se reanudará el procedimiento de mediación con los aceptantes, procediéndose a dar lectura de la síntesis del expediente del que se desprenda la mediación. En caso de no encontrarse presentes los interesados señalados se declarará desierta la mediación.

V. Las partes fijarán sus posiciones, procurando el mediador una comunicación directa y efectiva entre ellas, que les conduzca a establecer opciones, alternativas o acuerdos que tengan como finalidad la solución del conflicto;

VI. Se realizarán tantas sesiones como las partes consideren necesarias para llegar a una conclusión sobre la posibilidad de solucionar el conflicto vía la mediación.

Artículo 580. La inasistencia de alguna de las partes a cualquiera de las citaciones dará lugar a que el mediador cite de oficio por segunda ocasión. Si el faltista nuevamente no asiste a la audiencia sin justificación y hubiera sido citado legalmente, se declarará desierta la mediación, salvo que la parte que sí asista solicite que se fije un nuevo día y hora para la audiencia.

Artículo 590. En caso de que se declare desierta la mediación o no haya sido posible lograr un acuerdo que termine con la prosecución procesal, se remitirá la indagatoria a la Agencia o el expediente al Juzgado de origen para que se continúe con el procedimiento correspondiente.

Artículo 591. Quedará bajo la responsabilidad del mediador evitar que durante el procedimiento de mediación, en las actuaciones o el convenio, se asienten frases relativas al reconocimiento de responsabilidad, de la participación, retractaciones o equivalentes. En caso de no cumplir con esta disposición dichas frases se tendrán por no puestas.

Artículo 592. El procedimiento de mediación no podrá exceder de tres meses, a menos que así lo acuerden expresamente las partes.

Artículo 593. La iniciación del procedimiento de mediación no interrumpe ni suspenden las prescripciones señaladas en este código.

Artículo 594. Sobre las actuaciones que se realicen durante el procedimiento de mediación, recaerá un acta circunstanciada que levantará la autoridad mediadora, siendo éstos solamente los puntos acordados entre las partes, la cita para una nueva audiencia, la suspensión del procedimiento o la declaración de mediación desierta y en su caso, el convenio al que lleguen para concluir el asunto.

Capítulo Tercero Del Convenio

Artículo 595. El convenio derivado del procedimiento de mediación, que pretenda terminar con las posibilidades de prosecución procesal, surtirá los siguientes efectos:

I. Al momento de la suscripción del convenio y hasta el día siguiente del plazo convenido para su cumplimiento, suspenderá la tramitación procesal;

II. Al total cumplimiento del mismo, tendrá los efectos de perdón del ofendido; y

III. En caso del incumplimiento o del cumplimiento fuera del plazo y forma establecidos convencionalmente, se dictarán los acuerdos necesarios para la continuación de los procedimientos que se hubieran suspendido.

Artículo 596. A efecto de verificar el cumplimiento de lo acordado, desde el convenio se citará a una audiencia que tendrá verificativo al día hábil siguiente del vencimiento del plazo, apercibiendo al querellante de no asistir o de no hacer manifestación alguna dentro de los tres días posteriores a la misma, se tendrá por cumplido en su totalidad el convenio.

Artículo 597. En caso de que alguna de las partes alegue el incumplimiento de lo convenido, se citará a una nueva audiencia en la que se oirá a las partes, quienes podrán presentar las pruebas para acreditar su dicho, debiendo resolver la autoridad mediadora sobre el cumplimiento en esa misma sesión.

Artículo 598. Cumplidos los acuerdos establecidos en el convenio, se dictará una resolución de archivo definitivo, la cual tendrá el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales conducentes.

TERCERO. Se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, agregando un Título Décimo Segundo, mismo que se compondrá de los artículos 242 al 250, para quedar como sigue:

Titulo Décimo Segundo Del Centro de Mediación y Conciliación

Capitulo I

Artículo 242. El Centro de Mediación y Conciliación es un órgano del Poder Judicial de la Federación, el cual depende directamente del Consejo de la Judicatura Federal y tendrá a su cargo los servicios del sistema de medios alternativos de justicia.

Prestará sus servicios de mediación y conciliación a la ciudadanía en general, sin ser requisito que medie un proceso judicial y contara con los centros que determine el Consejo de la Judicatura Federal, distribuidos estratégicamente en toda la República para atender las necesidades de los ciudadanos mexicanos.

El Centro de Mediación y Conciliación deberá promover y difundir los medios alternativos de solución de controversias con objeto de fomentar la cultura de la paz.

Artículo 243. El Centro de Mediación y Conciliación tiene a su cargo la prestación de los siguientes servicios:

I. Evaluar las peticiones de los interesados para determinar el medio idóneo del tratamiento de sus diferencias, recabando la conformidad por escrito de las partes para la atención y búsqueda de soluciones correspondientes;

II. Instrumentar y operar servicios de mediación y conciliación extrajudicial, en los asuntos susceptibles de transacción cuyo conocimiento está encomendado por la ley a los tribunales del Poder Judicial de la Federación;

III. Substanciar procedimientos de mediación y conciliación que pongan fin a las controversias judiciales en los términos de la fracción anterior;

IV. Modificar el medio elegido cuando de común acuerdo con las partes resulte conveniente emplear un método alterno distinto al inicialmente seleccionado;

V. Dar por terminado el procedimiento de mediación o conciliación cuando alguna de las partes lo solicite;

VI. Redactar los acuerdos o convenios a que hayan llegado las partes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellas y huella digital, autorizados por el mediador o conciliador que intervino y revisados por el director del Centro de Mediación y conciliación, delegado o subdirector correspondiente;

VII. Las demás que establezcan los ordenamientos legales.

Artículo 244. El Centro de Mediación y Conciliación desarrollará sus funciones conforme al Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación, a los manuales de organización, de procedimientos y de más disposiciones que emita el Consejo de la Judicatura Federal, para su adecuado funcionamiento.

Artículo 245. El Centro de Mediación y Conciliación, contará con un registro de convenios a cargo del Director, quien estará facultado para expedir copias certificadas a los participantes del procedimiento de mediación o conciliación.

Capítulo II De su Director

Artículo 246. El Centro de Mediación y Conciliación estará a cargo de un director general, mismo que será designado por los miembros del Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 247. Para ser director del Centro de Mediación y Conciliación se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener por lo menos 35 años cumplidos al día de su designación;

III. Contar con título de licenciado en derecho con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional y tener estudios en la materia de mediación y conciliación;

IV. Aprobar el curso y concurso de oposición que realice el Instituto de la Judicatura en materia de mediación y conciliación;

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa mayor de un año;

VI. Durará cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, podrá ser ratificado hasta por un periodo igual de forma consecutiva y sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señalen las leyes.

Artículo 248. Para ser mediador o conciliador se debe reunir los mismos que se establecen para el director del Centro de Mediación y Conciliación, con excepción de la edad, que será cuando menos de 30 años y la profesión, pudiendo ser licenciado en derecho, en psicología, en sociología, en antropología, en trabajo social o en comunicación.

Artículo 249. Los mediadores o conciliadores tendrán fe pública en todo lo relativo al desempeño de sus funciones, debiendo firmar junto con los interesados todo acuerdo o promoción convenio.

Artículo 250. Son facultades exclusivas del director del Centro de Mediación y Conciliación:

I. Representar al Centro de Mediación y Conciliación;

II. Conducir el funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación vigilando el cumplimiento de sus objetivos;

III. Coordinar a los mediadores-conciliadores y demás personal que labore en el Centro de Mediación y Conciliación;

IV. Emitir acuerdos y determinaciones en los asuntos de la competencia del Centro de Mediación y Conciliación;

V. Informar mensualmente al Consejo de la Judicatura sobre los asuntos y actividades del Centro de Mediación y Conciliación;

VI. Evaluar las solicitudes de los interesados con objeto de designar al mediador-conciliador y determinar el medio alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;

VII. Cambiar el medio alterno cuando con acuerdo de los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido;

VIII. Dar por terminado el procedimiento de mediación o conciliación cuando alguno de los participantes lo solicite;

IX. Vigilar el cumplimiento de este reglamento, de los manuales, oficios, circulares y acuerdos emitidos para el correcto funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación;

X. Acordar las reglas para la designación de mediador-conciliador en cada caso;

XI. Revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que hayan llegado los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellas y autorizados por el mediador-conciliador que intervino;

XII. Negar el servicio o dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación, en caso de advertir alguna simulación en el trámite del medio alterno; y

XIII. Todas aquellas las previstas en la ley, no comprendidas en el artículo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes al de su publicación.

Segundo. El Pleno del Consejo de la Judicatura deberá nombrar al director general del Centro de Mediación y Conciliación dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la aprobación del presente decreto.

Tercero. El director general del Centro de Mediación y Conciliación, en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, deberá presentar a consideración del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su nombramiento, los documentos relativos al Centro de Mediación y Conciliación: Reglamento, Manual de Organización, Lineamientos relativos a la Organización y Desarrollo; y Proyecto de Presupuesto, observando para el efecto la normatividad existente y la disponibilidad presupuestal del Poder Judicial de la Federación.

Cuarto. El director del Centro de Mediación y Conciliación con el apoyo del Instituto de la Judicatura, deberá formular y someter a la consideración del Consejo de la Judicatura Federal, el Programa de Puesta en Marcha del o los Centros de Mediación y Conciliación, el cual deberá incluir las bases, modalidades y tiempos para su gradual implementación, conforme a la disponibilidad presupuestal que para tal efecto se le asigne. El Centro de Mediación y Conciliación deberá estar operando en su totalidad a más tardar en seis meses después de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. El titular del Centro de Mediación y Conciliación, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su nombramiento, con el apoyo del Instituto de la Judicatura, someterá los siguientes instrumentos a la consideración del Pleno del Consejo para el funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación: Lineamientos Relativos al Desarrollo de los Procesos de Selección de Personal; Catálogo de Puestos; Tabulador Salarial del personal adscrito a los Centros de Mediación y Conciliación; Manual de Normas y Procedimientos para el Reclutamiento y Selección, Convocatoria, Concurso, Ingreso; Programa Institucional de Formación y Capacitación; Manual de Normas y Procedimientos para las Promociones y Ascensos; así como Propuesta de Ajuste a la Curva Salarial y Sistema de Evaluación de la Productividad y Desempeño.

Sexto. Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente decreto podrán ser transferidos al Centro de Mediación y Conciliación siempre y cuando no se haya dictado sentencia en primera instancia y si así lo convinieren las partes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jaime del Conde Ugarte (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Jaime del Conde. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de publicar en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria el texto que acaba de entregar el señor diputado en relación con su iniciativa y se turnar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo, un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Exposición de Motivos

Los partidos políticos son instituciones fundamentales de las sociedades modernas que sirven para canalizar la participación política de los ciudadanos, que garantizan el derecho de los ciudadanos de conocer y por tanto elegir a sus candidatos y ser representados ante el poder del Estado. Los partidos tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática y deben consecuentemente ser conocidos por la ciudadanía.

En tal circunstancia y para contribuir en la defensa de la democracia, diversos ordenamientos jurídicos disponen el derecho de los partidos políticos de acceder a la radio y la televisión, para poder dar a conocer a la ciudadanía sus propósitos y propuestas.

Es sin duda necesario que la ciudadanía tenga acceso a la información de los partidos políticos, tanto en tiempos de campañas electorales como en todo momento.

Sin embargo, hasta ahora los partidos emiten sus mensajes en horarios inapropiados para que la ciudadanía los conozca, debido a que el plan de medios elaborado por el Instituto Federal Electoral no es acatado por el Poder Ejecutivo Federal y los concesionarios de los medios.

Es importante mencionar que la Ley Federal de Radio y Televisión en sus artículos 58 y 59 establece que:

``Artículo 58. El derecho de información, de expresión y de recepción, mediante la radio y la televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y de las leyes.''

Así como:

``Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.''

En este mismo sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 establece:

Artículo 42

1. Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.

Artículo 43

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, tendrán a su cargo la difusión de los programas de radio y televisión de los partidos políticos, así como el trámite de las aperturas de los tiempos correspondientes, en los términos de los artículos 44 al 47 de este código.

...

Artículo 44

1. Del tiempo total que le corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, cada partido político disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación.

2. Los partidos políticos tendrán derecho, además del tiempo regular mensual a que se refiere el párrafo anterior, a participar conjuntamente en un programa especial que establecerá y coordinará la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para ser transmitido por radio y televisión dos veces al mes.

3. Los partidos políticos utilizarán, por lo menos, la mitad del tiempo que les corresponda durante los procesos electorales para difundir el contenido de sus plataformas electorales.

...

Artículo 45

1. Los partidos políticos harán uso de su tiempo mensual en dos programas semanales. El orden de presentación de los programas se hará mediante sorteos semestrales.

...

Artículo 46

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos determinará las fechas, los canales, las estaciones y los horarios de las transmisiones. Asimismo, tomará las previsiones necesarias para que la programación que corresponda a los partidos políticos tenga la debida difusión a través de la prensa de circulación nacional.

2. Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y la televisión. Se cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia.

3. La Dirección Ejecutiva gestionará el tiempo que sea necesario en la radio y la televisión para la difusión de las actividades del Instituto así como las de los partidos políticos.

Artículo 47

1. Los partidos políticos, durante las campañas electorales, a fin de difundir sus candidaturas, independientemente del tiempo previsto en el artículo 44 de este Código, tendrán derecho a las siguientes transmisiones en radio y televisión:

a) En el proceso electoral en el que se elija Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el tiempo total de transmisión para todos los partidos políticos será de 250 horas en radio y 200 en televisión;

b) En los procesos electorales en que sólo se elija a integrantes del Congreso de la Unión, el tiempo de transmisión en radio y televisión corresponderá al 50% de los totales previstos en el inciso anterior; y

c) Durante el tiempo de las campañas electorales, adicionalmente al tiempo a que se refiere el inciso a) anterior, se adquirirán, por conducto del Instituto Federal Electoral para ponerlos a disposición de los partidos políticos y distribuirlos mensualmente, hasta 10,000 promocionales en radio y 400 en televisión, con duración de 20 segundos. En ningún caso el costo total de los promocionales excederá el 20% del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos para las campañas en año de elección.''

Cabe destacar que aun cuando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Radio y Televisión establecen categóricamente la naturaleza de los horarios y definen a las autoridades encargadas de hacer cumplir los tiempos en que los partidos políticos deban dar a conocer sus planteamientos y actividades, el Gobierno Federal aduce que es el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión la que regula dicha situación, tal y como queda estipulado en su artículo 15, que a la letra dice:

Artículo 15.- Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

La forma en que podrán dividirse esos treinta minutos será la siguiente:

I. Hasta 10 minutos en formatos o segmentos de no menos de 20 segundos cada uno, y

II. Veinte minutos en bloques no menores de 5 minutos cada uno.

El tiempo del Estado podrá ser utilizado de manera continua para programas de hasta treinta minutos de duración.

Sin embargo existe una contradicción entre lo anterior y el texto del mismo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, debido a que en su artículo 16 establece:

``Artículo 16.- Los horarios de transmisión de materiales con cargo al tiempo del Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se fijarán de común acuerdo con los concesionarios y permisionarios con base en las propuestas que formule la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

Los concesionarios o permisionarios de estaciones de radio y televisión están obligados a conservar la misma calidad de transmisión que la utilizada en su programación normal, en el tiempo de que dispone el Estado.''

Es importante destacar que siendo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el ordenamiento jurídico que regula todo lo relacionado con cuestiones electorales y de partidos políticos debería seguirse lo establecido en sus artículos respectivos, ya que así lo establece de igual manera el artículo 17 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que, a la letra dice:

Artículo 17.- En el ámbito electoral, para el uso y duración de los tiempos del Estado se observará lo previsto al efecto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es necesario, por tanto, que la Ley Federal de Radio y Televisión sea lo suficientemente clara para evitar las discusiones, nunca bien resueltas, que se producen cada año al expedirse por parte del Instituto Federal Electoral el Plan de Medios. Así, en la presente iniciativa se destaca que será en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales donde se definan los horarios y condiciones de transmisión y será el IFE la autoridad competente para la aplicación de dicha norma. Asimismo, se propone que sólo los partidos, a través de la autoridad electoral, puedan contratar lapsos en radio y televisión y que los concesionarios que no cumplan con la legislación serán acreedores a la sanción prevista por la ley que correspondiente a la falta de cumplimiento a la concesión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo segundo, un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo Único.- Se adicionan un párrafo segundo, un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59. (...)

Dentro del tiempo señalado en el presente artículo se llevarán a cabo las emisiones de radio y televisión que correspondan a los partidos políticos, de conformidad con las normas, especificaciones, fechas, horarios y demás características determinadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por el Instituto Federal Electoral.

Dentro de la programación de las estaciones de radio y canales de televisión sólo se incluirán emisiones de carácter electoral y preelectoral contratadas por los partidos políticos con la autorización expresa de los órganos electorales de la Federación y las entidades federativas, por lo que dichas estaciones y canales no podrán otorgar servicios a los particulares o a cualquier persona moral sobre las materias señaladas.

La no observancia del presente artículo por parte del concesionario será considerada como falta de cumplimiento a la concesión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES - LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3º de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5º de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La diputada María Ávila Serna: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados:

El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye la garantía de que todas y todos podamos participar en diferentes esferas y actividades sobre bases de igualdad y equidad. Este principio se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y toda barrera sexista y discriminatoria existente en nuestra sociedad.

Para hacer real este principio y poder llevarlo a la práctica, se han ido construyendo mecanismos y estrategias a favor de la igualdad. La perspectiva de género o enfoque de género, cuyo objetivo es superar los obstáculos existentes para lograr una participación equitativa de hombres y mujeres, es una de esas medidas. Para entender estas acciones positivas en pro de la equidad y contra la discriminación, es necesario que distingamos primero en los seres humanos las características biológicas de las características sociales.

Los seres humanos nacemos con ciertas características biológicas que determinan el sexo de la persona: se es varón o se es hembra. Sin embargo, además de ello, existen elementos sociales que determinan la forma de ser de la persona, elementos que se fortalecen con todo un sistema cultural y que empiezan desde el nacimiento, marcando con ello una diferencia entre lo que será la vida futura de un hombre y de una mujer.

El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que constituyen las diferencias entre hombres y mujeres. Son universales y, por tanto, coinciden en todo tiempo y cultura. Las características que forman el sexo no se aprenden ni se pueden educar, pues se nace con ellas.

El género, por su parte, hace referencia al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, asignadas a las personas según el sexo y pueden variar según las diferentes culturas y épocas históricas.

El género es entonces una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual que rige el orden humano y se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada.

Entender qué es y cómo opera nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se rigen en prescripciones sociales en las cuales se intenta normar la convivencia.

La normatividad social encasilla a las personas y suele ponerlas en contradicción con sus deseos y a veces, incluso, con sus talentos y potencialidades.

En ese sentido, el género es al mismo tiempo un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo y una armadura que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas.

La construcción social de los géneros es un proceso mediante el cual se encasilla de forma diferente a hombres y mujeres en nuestra sociedad, asignándoles distintos roles. Por tanto, establece los comportamientos, tareas y responsabilidades que se espera de forma distinta para hombres y mujeres.

Esta diferenciación se transmite y se aprende a través de las instituciones y los mecanismos que operan en el proceso de socialización de las personas. Así, se espera que las personas respondan a los roles y estereotipos que se les ha asignado y se les cuestiona cuando no cumplen estas expectativas.

Por ejemplo, la construcción social de género asigna diferentes tareas y capacidades a hombres y a mujeres en cuanto a las responsabilidades familiares y a las responsabilidades laborales.

Así, el género se refiere a ese conjunto de ideas, creencias, representaciones, retribuciones sociales construidas en cada cultura que definen la conducta y la subjetividad de las personas en función de su sexo.

Por ello es de suma importancia dejar claro que el género son las valoraciones y significados que cada sociedad da a la diferencia sexual. A partir de ellas se generan ideas, concepciones y prácticas acerca de lo que es o debe ser una mujer o un hombre; es decir, dependiendo de las características físico-sexuales que tiene cada ser humano, se nos enseña a ser mujeres o a ser hombres.

Para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y poder aspirar a una sociedad más justa y democrática, debemos realizar nuestras acciones tomando en cuenta la perspectiva o enfoque de género. Sabemos que ésta es una tarea que llevará tiempo; sin embargo, uno de los primeros pasos y una de las funciones de los legisladores es velar porque los instrumentos jurídicos que norman la vida de los mexicanos estén acordes con la realidad y libres de errores en su estructura.

Por ello y con el fin de que exista una homogeneidad en las normas y no se contrapongan unas con otras, consideramos de suma importancia que entre las leyes que rigen la vida de nuestro país haya concordancia en los conceptos.

Basado en lo anterior, dentro de la legislación mexicana existen dos leyes federales en las que se encuentra definido el concepto de género de diferente forma: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Con el fin de que exista una concordancia entre las leyes que toman en cuenta el concepto género y su definición no se preste a confusiones o imprecisiones, el Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto por el que se reforman la fracción V del artículo 3° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5° de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, para quedar como sigue:

``Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

``Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

``Fracción V. Género. Aquellas ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.''

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

``Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

``Género. Concepto que se refiere a las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.''

Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

Exposición de Motivos ``La cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religiosos, lo cotidiano.''

Pierre Bourdieu, 1998.

El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económica, política, social, toma de decisiones) y actividades (empleo, educación) sobre bases de igualdad y equidad. Este principio se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades sociales y toda barrera sexista y discriminatoria directa o indirecta.

Para hacer real este principio y llevarlo a la práctica, se han ido construyendo mecanismos y estrategias como las medidas específicas o de acción positiva, cuyo fin es superar obstáculos específicos para la participación con equidad de hombres y de mujeres.

La perspectiva de género o enfoque de género, cuyo objetivo es superar obstáculos específicos de género para la participación equitativa de hombres y mujeres y diseñar medidas generales teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades, es una de estas medidas. Sin embargo, para entender las acciones positivas en pro de la equidad y contra la discriminación, es necesario distinguir, en los seres humanos, las características biológicas de las características sociales.

Los seres humanos nacemos con ciertas características biológicas que determinan el sexo de la persona: se es varón o hembra. Sin embargo, además de ello, existen elementos sociales que determinan la forma de ser de la persona, elementos que se fortalecen con todo un sistema cultural y que empiezan desde el nacimiento, marcando con ello una diferencia entre lo que será la vida futura de un hombre y de una mujer. Esto es lo que realmente da una identidad que implica un comportamiento masculino o femenino.

El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que constituyen las diferencias entre hombres y mujeres. Son universales y, por tanto, coinciden en todo tiempo y cultura. Las características que conforman el sexo no se aprenden ni se pueden educar, pues se nace con ellas. El género, por su parte, hace referencia al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas asignadas a las personas según el sexo y pueden variar según las diferentes culturas y épocas históricas.

El género, es entonces, una simbolización cultural construida a partir de la diferencia sexual, que rige el orden humano y que se manifiesta en la vida social, política y económica de una sociedad determinada. Entender qué es y cómo opera nos ayuda a vislumbrar cómo el orden cultural produce percepciones específicas sobre las mujeres y los hombres, percepciones que se erigen en prescripciones sociales con las cuales se intenta normar la convivencia. La normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en contradicción con sus deseos, y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. En ese sentido ``el género es, al mismo tiempo, un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo, y una armadura, que constriñe nuestros deseos y fija límites al desarrollo de nuestras vidas1.

Este sistema sexo-género permite identificar cómo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se han traducido en desigualdades.

La construcción social de los géneros es el proceso mediante el cual se encasilla de forma diferente a hombres y mujeres en nuestra sociedad, asignándoles distintos roles y estereotipos. Por tanto, establece los comportamientos, tareas y responsabilidades que se espera de forma distinta para hombres y mujeres. Esta diferenciación se transmite y se aprende a través de las instituciones y los mecanismos que operan en el proceso de socialización de las personas. Así, se espera que las personas respondan a los roles y estereotipos que se les ha asignado y se las cuestiona cuando no cumplen con estas expectativas. Por ejemplo, la construcción social de género asigna diferentes tareas y capacidades a hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades familiares y a las responsabilidades laborales.

Es así como el género se refiere a ese conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura que definen la conducta y la subjetividad de las personas en función de su sexo. ``Es una especie de filtro cultural con el que interpretamos el mundo y a nosotros mismos y también una especie de armadura con la que constreñimos nuestra vida''2. Es de suma importancia dejar claro que el género son las valoraciones y significados que cada sociedad le da a la diferencia sexual. A partir de ellas, es que se generan ideas, concepciones y prácticas acerca de lo que es o debe ser una mujer o un hombre, es decir, dependiendo de las características físico-sexuales que tiene cada ser humano, se nos enseña a ser mujeres o a ser hombres.

La construcción social del género y las relaciones de género varían con el paso del tiempo y según cada sociedad, cultura y grupo, por eso es importante incorporar este análisis a cada realidad particular. Así, para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debemos realizar un análisis que contemple la perspectiva o enfoque de género, que pone de manifiesto la diferente posición y situación de hombres y mujeres en la organización social. El análisis de género visibiliza roles, estereotipos, responsabilidades, acceso, uso y control de recursos, problemas y necesidades de hombres y mujeres, con el propósito de dar respuesta y corregir las desigualdades detectadas.

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura tomando como referencia a esa diferencia sexual. Incluir el análisis de género implica el estudio de los mecanismos sociales de discriminación, que son los guardianes de la inmovilidad, que mantienen y perpetúan las situaciones de desigualdad. La perspectiva de género reconoce este contexto cultural y diseña acciones para garantizar la inserción de las mujeres, quienes son las que están en una posición de desigualdad frente a los hombres.

Cuestionar la construcción social de género permite tener más libertad para desarrollar las capacidades de las personas, libres de estereotipos y preconcepciones, aprovechando al máximo sus potenciales. La finalidad es poder construir identidades individuales libremente.

Para implementar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y poder aspirar a una sociedad más justa y democrática, debemos realizar nuestras acciones tomando en cuenta la perspectiva o enfoque de género. Sabemos que ésta es una tarea que llevará tiempo, sin embargo uno de los primeros pasos y una de las funciones de los legisladores es velar porque los instrumentos jurídicos que norman la vida de los mexicanos estén acordes a la realidad y libres de errores en su estructura. Por ello, y con el fin de que exista una homogeneidad en las normas y no se contrapongan unas con otras, consideramos de suma importancia que entre las leyes que rigen la vida de nuestro país haya concordancia de conceptos.

Basado en lo anterior, dentro de la legislación mexicana existen dos leyes federales en las que se encuentra definido el concepto de género de diferente forma: la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Con el fin de que exista una concordancia entre las leyes que toman en cuenta el concepto género y su definición no se preste a confusiones o imprecisiones el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se reforman la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Articulo Único.- Se reforman la fracción V del artículo 3o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 5o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres quedar como sigue:

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. al IV.

V. Género. Aquellas ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 5o.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

(...)

Género: concepto que refiere a las ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura a partir de la diferencia sexual.

(...)

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

(1) Marta Lamas. Problemas sociales causados por el género, México 1996.

(2) Ibidem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Ávila Serna. Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Equidad y Género.

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ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

Después de que esta honorable Cámara de Diputados, el pasado 18 de noviembre, aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, hubo una serie de reacciones por parte del Ejecutivo federal, que incluso motivaron que el Presidente de la República, en un acto inédito de que se tenga memoria, descalificara la aprobación del Presupuesto, señalando su rechazo y refiriéndose a él como ``electorero''.

Al mismo tiempo, también descalifica el trabajo que los diputados y las diputadas venimos realizando desde el 8 de septiembre de 2004, haciendo uso de un despliegue publicitario en diferentes medios de comunicación impresos y electrónicos, que señalaron lo que el Ejecutivo calificó de contradicciones, incongruencias e inconsistencias que contiene el Presupuesto. Esta situación de confrontación entre los dos poderes se ha venido agudizando, contando con una actitud parcial y suspicaz de la Corte. Y esto en nada beneficia al país.

El pasado 30 de noviembre de 2004, el Ejecutivo federal hizo llegar al Presidente de la Cámara de Diputados un documento, de 134 páginas, que contiene --según el Ejecutivo-- las observaciones, incongruencias e inconsistencia del Presupuesto aprobado la madrugada del día 18 de noviembre de 2004. Sobre esto, que se ha dado en llamar ``el veto del Presidente'', las opiniones de expertos constitucionalistas obligan a reformar nuestro marco normativo, con el propósito de evitar en lo posible situaciones de incertidumbre, como la que hoy estamos viviendo, que en nada favorecen la democracia y sí el desgaste de las instituciones. El ejercicio democrático, entre otras cosas, reclama diálogo, no acciones caprichosas que hagan sospechar de un manejo turbio en la aplicación de la ley.

En el documento de observaciones del Ejecutivo al Presupuesto aprobado por esta soberanía se hace hincapié en la invasión de facultades que hace el Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, en asuntos que sólo competen al Ejecutivo. Por ejemplo, señala el documento --cito--: ``... en las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, materia de las presentes observaciones, esa Cámara de Diputados dispuso de una serie de recortes, reasignaciones y creaciones de nuevos programas que a su juicio no toman en cuenta elementos de planeación o programación alguno y en ocasiones omiten o contravienen las disposiciones legales'', fin de la cita.

De esta manera se abunda en lo anterior, indicando algunas leyes y artículos que, a juicio del Presidente, viola el Presupuesto de Egresos aprobado por esta soberanía; por ejemplo: los artículos 25, 26, 49 y 89 de la Constitución General de la República; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Estas opiniones que hace el Ejecutivo federal han sido cuestionadas no sólo por esta soberanía, sino de otras instituciones, incluyendo académicos y especialistas en el tema.

Sin embargo, tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su fallo en esta controversia, pese a que su proceder en este asunto ha dejado muchas sospechas en la forma de conducirse de ciertos ministros de la Corte, empañando su investidura y la institución que representan.

Por lo anterior, como diputada federal y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, de nuestro Reglamento, y con la finalidad de que en un futuro no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones, que nada abonan al diálogo y al equilibrio entre poderes, vengo ante esta honorable Asamblea a proponer la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución General de la República, agregando un párrafo al Apartado ``A'', para quedar como sigue:

``Artículo 72. Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

``Se exceptúa de las observaciones referidas en el párrafo anterior la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de todos aquellos asuntos que sólo competen a alguna de las Cámaras.

``Transitorio. ``Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''

Le ruego, señora Presidenta, que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, que parece que ya fue publicada. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta la diputada Martha Palafox Gutiérrez del grupo parlamentario del PRI, que reforma el artículo 72 de la Constitución general de la República, adicionando un párrafo al apartado A, donde se exceptúa de las observaciones del Ejecutivo Federal a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Exposición de Motivos

Después de que la honorable Cámara de Diputados, el pasado 18 de noviembre, aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, hubo una serie de reacciones por parte del Ejecutivo federal, que incluso motivaron que el Presidente de la República, en un acto inédito del que se tenga memoria, cuando menos en la historia reciente de nuestro país, descalificara la aprobación del presupuesto, señalando su rechazo al mismo, incluso refiriéndose a el como electorero y al mismo tiempo, también descalificara el trabajo que los diputados y diputadas venimos realizando desde el 8 de septiembre del 2004.

Haciendo uso de un despliegue publicitario en diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos, se señalaron, lo que el Ejecutivo calificó de contradicciones, incongruencias e inconsistencias que contiene el Presupuesto.

Esta situación de confrontación entre los dos poderes se ha venido agudizando, contando con una actitud parcial y suspicaz de la Corte y esto en nada beneficia al país.

El pasado treinta de noviembre del 2004, el Ejecutivo Federal, hizo llegar al Presidente de la Cámara de Diputados un documento de 134 páginas que contienen, según el Ejecutivo, las observaciones, incongruencias e inconsistencia al Presupuesto aprobado la madrugada del día 18 de noviembre del 2004.

Sobre esto, que se ha dado en llamar el ``veto del Presidente'', las opiniones de expertos constitucionalistas, obliga a reformar nuestro marco normativo, con el propósito de evitar en lo posible situaciones de incertidumbre, como la que hoy estamos viviendo y que en nada favorecen a la democracia y si al desgaste de instituciones. El ejercicio democrático, entre otras cosas, reclama diálogo, no acciones caprichosas, que hagan sospechar de un manejo turbio en la aplicación de la ley.

En el documento de ``observaciones'' del Ejecutivo, al Presupuesto aprobado por esta soberanía, se hace hincapié en la invasión de facultades que hace el Legislativo (en este caso la Cámara de Diputados) a asuntos que solo competen al Ejecutivo.

Por ejemplo, señala el documento. Cito ``en las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, materia de las presentes observaciones, esa H. Cámara de Diputados dispuso de una serie de recortes, reasignaciones y creación de nuevos programas que, a mi juicio, no toman en cuenta elementos de planeación o programación alguno y, en ocasiones, omiten o contravienen las disposiciones legales'' (fin de la cita).

De esta manera, se abunda en lo anterior, indicando algunas leyes y artículos que, a juicio del Presidente, viola el Presupuesto de Egresos aprobado por esta soberanía, por ejemplo los Artículos 25, 26, 49 y 89 de la Constitución General de la República, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, entre otras.

Estas opiniones que hace el Ejecutivo Federal han sido cuestionadas nos solo por esta soberanía, sino de otras instituciones, académicos especialistas en el tema. Sin embargo, tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su fallo en esta controversia, pese a que su proceder en este asunto, ha dejado muchas sospechas en la forma de conducirse de ciertos ministros de la Corte, empañando su investidura y la institución que representan.

Por lo anterior, como Diputada Federal y con fundamento en el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II de nuestro Reglamento, y con la finalidad de que en un futuro no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones que en nada abonan al dialogo y al equilibrio entre poderes, es que vengo ante esta Honorable Asamblea a proponer la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución General de la República, agregando un párrafo al apartado A para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra. Si esta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se exceptúa de las observaciones referidas en el párrafo anterior, a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de todos aquellos asuntos que sólo competen a alguna de las Cámaras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2004.--- Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputada Palafox. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de integrarla de manera completa en el Diario de los Debates y se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Están en la sala de sesiones, un grupo de vecinos del municipio de Tlalnepantla. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a acompañarnos en esta sesión. Ellos han sido invitados por la diputada federal Adriana González Furlong.

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LEY DE AMPARO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Daniel Ordóñez Hernández: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

El suscrito, diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, en representación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 74, en la fracción V, de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El 17 de julio de 1945, los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivados por el gran rezago de los juicios de amparo, principalmente en materia civil, cuya cifra era alarmante, formularon un proyecto de reformas al artículo 107 constitucional, el cual presentaron al Ejecutivo para su consideración. En dicho proyecto, entre una de las medidas que propusieron para disminuir el problema en cuestión, se plantea el sobreseimiento por inactividad procesal, justificándolo en la exposición de motivos del anteproyecto en los siguientes términos:

La Suprema Corte también consideró de modo principal la conveniencia de establecer en la propia Constitución el sistema de terminación del juicio de amparo en materia civil exclusivamente por el sobreseimiento por declaración de quedar firme la sentencia a revisión por inactividad de la parte agraviada o del recurrente, según sea el caso.

El rezago, siempre creciente en los juicios de amparo en materia civil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había obligado desde el año de 1926 hasta llegar la actual Ley de Amparo, en sus artículos transitorios, a establecer que el abandono del quejoso y del recurrente en los juicios de amparo, en general, debería tener las consecuencias naturales de dar por terminado el juicio o por abandono del recurso interpuesto, pues no era debido ni conveniente que la justicia federal empleara su actividad en los casos en que lógicamente es de suponerse que ya no existe interés de la parte agraviada o del recurrente.

El sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia en el juicio de amparo tiene su más remoto antecedente en el artículo 680 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, según el cual cuando el quejoso no promovía después del día 20, se presumía el desistimiento del amparo.

En los decretos del 9 de diciembre de 1924 y 16 de enero de 1928 y el artículo 4o. transitorio de la ley en vigor, del 30 de diciembre de 1935, se estableció por una sola vez la obligación de insistir en la resolución de los juicios de amparo pendientes cuando se discutieran cuestiones de carácter patrimonial para evitar que fueran sobreseídos o se declarara la caducidad de la instancia.

El citado decreto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por establecer una carga que no estaba prevista en el artículo 107 constitucional.

En 1967, el artículo 107 nuevamente se reformó en su fracción XIV, excluyendo de los alcances del sobreseimiento por inactividad procesal los amparos en materia agraria, incluyendo además la caducidad como causa de sobreseimiento en los amparos en revisión.

En diciembre de 1951 se extendió la carga procesal al quejoso de impulsar el procedimiento, aun tratándose de leyes inconstitucionales, generando lo que actualmente se establece en los artículos 107 constitucional y 74 de su Ley Reglamentaria, dada la inevitable necesidad de los gobernados de ser protegidos y amparados por la justicia federal, dentro de un marco donde debieran imperar las garantías de los gobernados, así como los principios constitucionales reguladores del derecho.

La injusticia y el mar de lagunas que existen dentro de las leyes locales y federales, la indebida aplicación de éstas dentro de los procedimientos federales, nos llevan a un sinfín de litigios, los cuales tienen solución a través del juicio de amparo en nuestro sistema judicial mexicano. Ejemplo de ello es la indebida aplicación del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que por su naturaleza contiene contradicciones de orden constitucional, como los apartados 8, 14 y 16, por ser éstos preceptos de legalidad jurídica y este último de audiencia, que es el eje de todo juicio imparcial, donde antes de ser juzgado y condenado deberá ser oído y vencido.

Por lo que, al caso que nos ocupa, el precepto 74, en su fracción V, viola tajantemente lo establecido en los preceptos constitucionales antes invocados, cayendo también en contradicción con el artículo 157 de la Ley de Amparo, por ser un precepto que cuida la garantía de seguridad jurídica que el procedimiento federal brinda al quejoso.

Por lo que, siendo prioridad máxima de este H. Congreso de la Unión corregir y subsanar toda laguna existente en nuestras leyes federales que rigen la debida impartición de justicia, y dado que el artículo 74, fracción V, en esencia nos reitera que en el caso de que el quejoso de la protección de la justicia federal deje de actuar en el procedimiento, dentro de los 300 días, contados los inhábiles, se sobreseerá el juicio en primera instancia por inactividad procesal del recurrente. Y tratándose del recurso de revisión, se confirmará la sentencia recurrida. En el juicio de amparo directo o indirecto, éste se sobreseerá.

Por lo anterior y siendo incongruente pensar que un gobernado que acude a solicitar la protección de la justicia federal por violaciones directas de su esfera jurídica deje de tener interés, hay que pensar y reflexionar como legisladores en que las causas que impiden la continuación del juicio podrían ser demasiadas. Por ejemplo, podríamos decir que, en la práctica jurídica, la responsabilidad de la vigilancia del juicio recae sobre los hombros del abogado patrono, que está defendiendo el juicio de garantías y, obviamente, es un hecho que toda notificación se hace al abogado y los autos que a consideración así determine el tribunal por lista.

Cabe entonces decir, de acuerdo con lo anterior, que al quejoso o gobernado finalmente no le es aplicada la justicia federal y, por las lagunas existentes en la ley, donde no se obliga a la autoridad judicial federal a notificarle personalmente en el domicilio del quejoso todo acto que podría ser constitutivo de poner en peligro su solicitud de amparo y éste tenga la posibilidad, de acuerdo con sus intereses, de evitar con ello la violación de los derechos fundamentales y procedimentales. Por lo que se debe reformar el citado precepto de la Ley de Amparo, que pone en peligro la esfera jurídica y constitucional de todo gobernado.

La presente iniciativa cumple la obligación primordial de no dejar al quejoso en estado de indefensión, de no caer en contradicción con la propia Ley de Amparo en su artículo 157, además de que la autoridad cumpliría el derecho de petición del gobernado y de impartición de justicia.

Es decir, con la previa notificación que propongo que se debe hacer al quejoso --antes de que concluya el término de 300 días-- se evita dejar en estado de indefensión al promovente de la demanda de garantías. La autoridad judicial federal cumplirá cabalmente la seguridad jurídica y la garantía de audiencia que se debe garantizar en todo proceso.

Por último, el quejoso tendrá conocimiento de que el juicio que promovió puede sobreseerse y no otorgársele la protección de la justicia federal. Así también, la autoridad judicial federal tendrá la certeza de que, efectivamente, el quejoso o promovente del juicio de amparo ya no tiene interés en el mismo, emitiendo una resolución que no viola la seguridad jurídica del gobernado.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este Pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, en su fracción V, de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

``Artículo 74. Procede el sobreseimiento... Fracción V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de distrito, cuando el acto reclamado sea de orden civil o administrativo.

``Si cualquiera que sea el estado del juicio no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso, se le notificará de manera personal al quejoso en su domicilio, cuando menos tres días antes de concluir el plazo antes señalado, para que manifieste lo que a su interés y derecho convenga.

``Una vez hecha la mencionada notificación y transcurrido el plazo de 300 días sin que el quejoso haya manifestado interés, se declarará el sobreseimiento.

``Artículo Transitorio Único. Las reformas a que se refiere este decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.''

Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Daniel Ordóñez Hernández, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, en su fracción V, de la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 17 de julio de 1945 los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivados por el gran rezago de los juicios de amparo, principalmente en materia civil, cuya cifra era alarmante, formularon un proyecto de reformas al artículo 107 constitucional, el cual presentaron al ejecutivo para su consi- deración. En dicho proyecto entre una de las medidas que propusieron para disminuir el problema en cuestión, se plantea el sobreseimiento por inactividad procesal, justificándolo en la exposición de motivos del anteproyecto en los siguientes términos: ``La Suprema Corte también consideró de modo principal, la conveniencia de establecer en la propia Constitución, el sistema de terminación del juicio de amparo en materia civil exclusivamente por el sobreseimiento por declaración de quedar firme la sentencia a revisión, por inactividad de la parte agraviada o del recurrente, según el caso.

``El rezago siempre creciente en los juicios de amparo en materia civil, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación había obligado desde el año de 1926, hasta llegar a la actual Ley de Amparo, en sus artículos transitorios, a establecer que el abandono del quejoso y del recurrente en los juicios de amparo, en general debía tener las consecuencias naturales de dar por terminado el juicio o por abandono el recurso interpuesto, pues no era debido ni conveniente que la Justicia Federal empleara su actividad en los casos en que lógicamente es de suponerse que ya no existe interés de la parte agraviada o del recurrente''.

El sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia en el juicio de amparo, tiene su más remoto antecedente en el artículo 680 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, según el cuál cuando el quejoso no promovía después del día 20 se presumía el desistimiento de amparo; en los decretos del 9 de diciembre de 1924 y 16 de enero de 1928 y el artículo 4 transitorio de la ley en vigor del 30 de diciembre de 1935 se establecieron por una sola vez la obligación de insistir en la resolución de los juicios de amparo pendientes, cuando se discutieran cuestiones de carácter patrimonial para evitar que fueran sobreseídos o se declarara la caducidad de la instancia.

El citado decreto, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por establecer una carga que no estaba prevista en el artículo 107 constitucional. Al respecto sustentó: ``. En el citado artículo 107 constitucional se fijaron las reglas de procedencia de amparo en materia civil, evidentemente se tuvo en cuenta el carácter que según la tradición jurídica y la doctrina elaborada paulatinamente, tienen del amparo como institución de derecho público, de naturaleza constitucional, con la misión político -- jurisdiccional de salvaguardar las garantías individuales y las competencias respectivas de la Federación y de los Estados, cuidando la supremacía de la Carta Magna; carácter y naturaleza de que no se ve despojado, aunque verse sobre intereses particulares, como generalmente ocurre en asuntos civiles, pues de no ser así no se habría establecido para esta clase de negocios; y por tanto seria incompatible con la esencia y fines del amparo dejar la inactividad procesal al mismo, excepto su iniciación, al arbitrio de los particulares; además el artículo 157 de la misma ley impone a los Jueces de Distrito y al Ministerio Público, a título de regla general, la obligación de cuidar que los amparos no queden paralizados, proveyendo y gestionado lo conducente hasta dictar sentencia, obligación que por mayoría de razón, debe también atribuirse a la Suprema Corte de Justicia.''

En 1967 el artículo 107 constitucional nuevamente se reformó en su fracción XIV, excluyendo de los alcances del sobreseimiento por inactividad procesal a los amparos en materia agraria, incluyendo además, a la caducidad como causa de sobreseimiento en los amparos en revisión, en los siguientes términos: ``Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción segunda de este artículo y siempre que no este reclamada la inconstitucionalidad de una ley se decretara el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.''

En diciembre de 1951 se extendió la carga procesal al quejoso, de impulsar el procedimiento, aún tratándose de leyes inconstitucionales generando lo que actualmente se establece en el artículo 107 constitucional y 74 de su ley reglamentaria.

Finalmente, las propuestas asignadas por el ejecutivo se cristalizaron en las reformas que salieron a la luz jurídica en mayo de 1975, en cuya exposición de motivos, el legislador planteó el problema en los siguientes términos:

``El juicio de amparo siempre ha procedido a instancia de la parte agraviada: cuando esta parte lo abandona por inactividad, con su abstención demuestra que no tiene interés para su continuación por lo que el sobreseimiento debe declararse. Así lo propone el ante proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se acepta en esta iniciativa, por que no son ajenas a nuestra legislación disposiciones de tal naturaleza, ya que el artículo 680 del Código Federal de procedimientos civiles de 1908 estableció reglas similares y otro tanto hicieron las reformas legislativas que se introdujeron a la Ley de Amparo en los años 1926 y 1939. La fracción XIV del artículo 107 propone el sobreseimiento solo en los amparos civiles y administrativos, por inactividad de la parte agraviada en los casos y términos que señale la ley y siempre que no se haya reclamado la inconstitucionalidad de una ley. No se incluyen la materia penal y la del trabajo, por que la vida y la libertad son derechos imprescriptibles de la persona y no pueden jamás permitir el legislador que se consientan violaciones a garantías tan preciadas; y en lo que respecta a la materia de trabajo, ello redundaría fundamentalmente en perjuicio de la clase trabajadora que no esta en posibilidad de conocer la técnica del juicio de amparo, ni de cubrir honorarios de profesionistas permanentes encargados del cuidado y la atención de sus negocios.'' Finalmente, el articulo 107 fracción XIV constitucional en lo conducente, quedo de la siguiente manera: Cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas y siempre que no este reclamada la constitucionalidad de una ley, se sobreseerá por inactividad de la parte agraviada en los casos y términos que señala la ley Reglamentaria de este artículo.''

Dada la inevitable necesidad de los gobernados de ser protegidos y amparados por la Justicia Federal dentro de un marco donde debieran de imperar las garantías de los gobernados así como los principios constitucionales reguladores del Derecho, la justicia y el mar de lagunas que existen dentro de las leyes locales y federales, la indebida aplicación de estas dentro de los procedimientos Federales nos llevan a un sin fin de litigios los cuales tienen su solución a través del juicio de amparo en nuestro sistema judicial mexicano; ejemplo de ello es la indebida aplicación del artículo 74 fracción V de la Ley de Amparo dado que por su naturaleza contiene contradicciones de orden constitucional como lo son los apartados 8, 14 y 17 constitucionales por ser estos preceptos de legalidad jurídica y este último de audiencia que es el eje de todo juicio imparcial donde antes de ser juzgado y condenado deberá ser oído y vencido por lo que al caso que nos ocupa el precepto 74 en su fracción V viola tajante mente lo establecido en los preceptos constitucionales antes invocados, cayendo también en contradicción con el artículo 157 de la Ley de Amparo por ser un precepto que cuida la garantía de seguridad jurídica que el procedimiento federal le brinda al quejoso.

Por lo que siendo prioridad máxima de este H. Congreso de la Unión la de corregir y subsanar toda laguna existente dentro de nuestras leyes federales que rigen la debida impartición de Justicia y dado a que el artículo 74 fracción V en esencia nos reitera que en caso de que el quejoso de la protección de la justicia federal dejara de actuar dentro del procedimiento dentro de los 300 días contando los inhábiles se sobreseerá el juicio en primera instancia por inactividad procesal del recurrente y tratándose del recurso de revisión se confirmara la sentencia recurrida tratándose del juicio de amparo indirecto y tratándose del juicio de amparo directo se sobreseerá el juicio. Por lo anterior y siendo incongruente pensar que un gobernado que acude a solicitar la protección de la justicia federal por violaciones directas a su esfera jurídica deje de tener interés, hay que pensar y reflexionar como legisladores que las causas que impiden la continuación del juicio podrían ser demasiadas, como ejemplo de ello podríamos decir que en la pragmática jurídica la responsabilidad de la vigilancia del juicio recae sobre los hombros del abogado patrono que ``esta defendiendo el juicio de garantías `` y obviamente es un hecho que toda notificación se le hace al abogado patrono y los autos que a consideración así determine el tribunal por lista, cabe entonces decir, de acuerdo a lo anterior y dado que suena confuso es de reflexionar que al quejoso o gobernado finalmente no le es aplicada la justicia federal y por las lagunas existentes en la ley donde no se obliga a la autoridad judicial federal a notificarle personalmente en el domicilio del quejoso todo acto que podría ser constitutivo de poner en peligro su solicitud de amparo y este tenga la posibilidad de acuerdo a sus intereses de evitar con ello la violación a los derechos fundamentales y procedimentales del quejoso; por lo que se debe reformar el citado precepto de la Ley de Amparo que pone en peligro la esfera jurídico-constitucional de todo gobernado.

La presente iniciativa cumple con la obligación primordial de no dejar al quejoso en estado de indefensión, de no caer en contradicción con la propia Ley de Amparo en su artículo 157, además de que la autoridad cumpliría el derecho de petición del gobernado y de impartición de justicia establecidos en los preceptos 8 y 17 constitucionales.

Es decir que con la previa notificación que propongo, que se debe de hacer al quejoso, antes de que concluya el término de trescientos días, se evita dejar en estado de indefensión al promovente de la demanda de garantías la autoridad judicial federal cumplirá cabalmente con la seguridad jurídica y la garantía de audiencia que se debe garantizar en todo proceso.

Por último el quejoso tendrá conocimiento de que, el juicio que promovió puede sobreseerse y no otorgársele la protección de la justicia federal, así también la autoridad judicial federal tendrá la certeza de que efectivamente el quejoso o promovente del juicio de amparo, ya no tiene interés en el mismo, emitiendo una resolución que no viola la seguridad jurídica del gobernado.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74, en su fracción V, de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 74.- Procede el sobreseimiento:

V.- En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. Se le notificará de manera personal al quejoso en su domicilio, cuando menos tres días, antes de concluir el palazo antes señalado, para que manifieste a lo que su interés y derecho convenga, una vez hecha la mencionada notificación y transcurrido el plazo de 300 días sin que el quejoso haya manifestado interés, se declara el sobreseimiento. Transitorio

Artículo Único.- Las reformas a que se refiere este Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias. Yse turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Presidencia del diputado Juan de Dis Castro Lozano

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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Los derechos sexuales y reproductivos son los que garantizan la libre decisión sobre la forma en que se utiliza el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva.

Son derechos de los que sólo unos pocos han gozado de manera consistente a través de la historia, ya que decidir libremente sobre el propio cuerpo es un privilegio de sexo y de clase.

El término derechos reproductivos se refiere al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y, más ampliamente, con todos los que inciden en la reproducción humana. Estos derechos están internacionalmente reconocidos y son jurídicamente vinculantes.

Por su parte, los derechos sexuales son también derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Se refieren a la libertad que deben tener las personas para expresar su sexualidad, excluyendo de todas ellas la coerción sexual, y explotación y abuso en cualquier periodo y situación de la vida.

Incluye también el derecho a expresar las preferencias sexuales siempre que estas conductas no interfieran en los derechos sexuales de otros.

En la actualidad, los derechos sexuales y reproductivos se han consolidado como derechos humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia.

Estos derechos se encuentran vinculados directamente con muchos otros. El primero de ellos es el derecho a la vida, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto.

El derecho a la libertad y seguridad es un derecho que, en el ámbito de la sexualidad y reproducción, tiene suma importancia, ya que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, y con quién y con qué frecuencia.

Esto implica que nadie puede ser forzado o forzada por otra persona a tener relaciones sexuales.

También incluye que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir a la compañera o compañero sexual, además de otorgar el derecho a que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento, libre e informado.

El derecho a la información y a la educación es igual de importante en este ámbito, ya que se refiere a que toda persona, desde temprana edad, tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva.

El derecho de toda persona a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la privacidad, el derecho a optar por contraer matrimonio o no y a formar o no una familia, el derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuántos tener, el derecho a la atención y protección de la salud, y el derecho a los beneficios del progreso científico son otros derechos que se encuentran vinculados directamente con la sexualidad y la reproducción del ser humano.

El Gobierno de México reconoce en la salud un derecho fundamental del ser humano y un elemento central del bienestar, así como una condición indispensable para desarrollar el potencial productivo de mujeres y de hombres.

Sin embargo, y a pesar de los avances obtenidos en reproducción y educación sexual a nivel nacional, la mortalidad femenina sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud.

El fallecimiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un problema no resuelto. Además, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años ha aumentado a partir de 1997.

En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y los más frecuentes en las mujeres con cáncer de cuello en la matriz y de glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables y que, aun así, constituyen la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más.

Diariamente se registran alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inquietud de género e injusticia social.

El sida es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Para junio de 2004, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, existían en nuestro país 76 mil 311 casos de sida. En un año se registran en México 7 mil 177 casos nuevos y la causa principal es la transmisión sexual.

Existen también en nuestro país otros problemas que vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en muchos lugares todavía subsiste la figura del llamado débito conyugal, que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero.

De igual forma, convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil y el tráfico de niñas y de niños para que sean prostituidos.

La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada y los asesinatos de mujeres.

De acuerdo con el panorama anterior, es de suma importancia que tanto las mujeres como los hombres, incluidas las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país, sepan y estén informados sobre los derechos reproductivos y sexuales que tiene cada uno para que éstos, en la medida de lo posible, no se vean violados o vulnerados por otras personas.

Consideramos que es una forma de discriminación negar o limitar la información de estos derechos, pues las consecuencias de ello llegan, en muchos casos, a marcar la vida de las personas por siempre e incluso son mortales.

Las distintas denuncias de violación de los derechos reproductivos de indígenas, el caso de Paulina y el de Ninet Torres Villarreal, por mencionar tres entre millones, así lo demuestran.

La sexualidad y la reproducción son parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social.

Por ello y dado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos y deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos, el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo Segundo, ``De las Medidas para Prevenir la Discriminación'', de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

``Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

``A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

``VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos, que incluyen la procreación, la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y esparcimiento de las hijas e hijos, así como negar o limitar el derecho a la salud y seguridad sexual, entendida como el derecho a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.''

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada por la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

Exposición de Motivos

El contenido de los derechos sexuales y reproductivos se puede resumir en una frase: toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y si tiene, o no, hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la forma como se utiliza el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva. Son derechos que sólo unos pocos han gozado de manera consistente a través de la historia, ya que decidir libremente sobre el propio cuerpo es un privilegio de sexo y de clase.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su desarrollo pleno depende de la satisfacción de necesidades humanas básicas. Los derechos del cuerpo están arraigados en los principios más básicos de los derechos humanos.

El término ``derechos reproductivos'' se refiere al conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la reproducción humana. Estos derechos están reconocidos internacionalmente y son jurídicamente vinculantes.

Por su parte, los derechos sexuales son, también, derechos humanos universales, basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y se refieren a la libertad que deben tener las personas para expresar su sexualidad, excluyendo de ella todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier periodo y situación de la vida. Incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual dentro de un contexto de la propia ética personal y social; el control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo; el derecho a expresar las preferencias sexuales siempre que estas conductas no interfieran en los derechos sexuales de otros.

La salud es un derecho que está consagrado en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, por tanto es incluido entre los derechos humanos y también en nuestra Constitución Nacional, (teniendo entonces categoría de derecho constitucional) por tanto, todas y todos los mexicanos tenemos derecho a su disfrute. El derecho a la salud abarca diferentes ámbitos y uno de ellos es el de la salud sexual y reproductiva, las cuales deben ser un derecho humano básico, pues son esenciales para el bienestar individual, interpersonal y social de los integrantes de una sociedad.

La salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va mucho más allá de la ausencia de enfermedades y de la planificación familiar. Consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.

Varios tratados y documentos aprobados por consenso internacional, y ratificados por el gobierno de nuestro país, consagran estos derechos que son de aplicación universal. Así, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, la cual dio lugar a la Proclamación de Teherán, se reconoció el derecho humano de los padres para determinar el numero de hijos que desearan tener: ``La comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos''. Esta conferencia fue de gran importancia debido a que reconoció por primera vez el derecho de los padres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos como un derecho humano.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979, es el primer documento que reconoció explícitamente los derechos humanos relativos a los servicios de planificación familiar, nutrición e información durante el embarazo, y educación para la reproducción y esparcimiento de los hijos.

En su artículo 12, se estipula que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el ámbito de la atención médica, con el fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. Asimismo los Estados tienen la obligación de garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando sea necesario, y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

El artículo 16, del mismo instrumento, señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ``los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos''.

Durante la siguiente década, en la Conferencia Mundial para el avance de la mujer realizada en Kenya en 1985, se crearon las Estrategias de Nairobi, las cuales hablaban de nuevo del ``derecho humano básico de todas las parejas y las personas de decidir libre e informadamente el número y espaciamiento de sus hijos''.

En las Estrategias de Nairobi, se reconoció que ``la capacidad de la mujer de controlar su propia fertilidad constituía una base importante para el goce de otros derechos.'' Dichas estrategias establecieron que los gobiernos debían como una cuestión urgente poner a disposición la información, la educación y los medios para que mujeres y hombres pudieran tomar decisiones sobre el número de hijos deseados.

La Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos en 1993 reconoció la importancia del disfrute de la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida. La Conferencia reafirmó, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles.'' (Art. 41) Asimismo es su artículo 18° recalcó que ``los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales''.

El Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (Programa de Acción de El Cairo) de 1994, fue la primera conferencia internacional que definió el término derechos reproductivos.

``La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos (...). La salud sexual es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.''1

(...) los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internaciones sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.2

Se estableció también que dentro de esta definición se incluyera el derecho a:

``adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. (...) Como parte de este compromiso, se debe prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres''(...)

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a cabo en 1995 en Beijing. En esta Conferencia se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la que se reconocieron nuevamente los derechos sexuales y reproductivos ya establecidos en la Conferencia de El Cairo.3

Esta Conferencia dejó constancia de la importancia de la promoción del ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, quedando por sentado que éstos debían ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. Como parte de este compromiso se estableció que se debía prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza y de servicios con objeto de que pudieran asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.

El concepto de salud reproductiva aprobado en la Conferencia de El Cairo y ratificado en la de Beijing habla de la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y de la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Y habla de derechos: del derecho de todas las personas a obtener información y acceso a métodos seguros eficaces, asequibles y aceptables y de su derecho a elegir los que más les convengan para la regulación de su fecundidad, así como del derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo y proporcionen a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

El concepto también incluye explícitamente la salud sexual. La salud sexual, dice el documento, está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. Este hecho marca una ruptura al reconocer que la sexualidad va más allá de la procreación y que incluye el placer sexual. Y aunque en el marco de estas Conferencias la sexualidad se ha tocado en la medida en que se asocia a la reproducción o a la enfermedad, en la Conferencia de Beijing se reconoció que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho de las mujeres a controlar su sexualidad y a decidir libremente respecto de estas cuestiones, sin verse sujetas a la coerción, la discriminación o la violencia.

En la última década, las organizaciones e instituciones gubernamentales, los Estados, los académicos, las ONG y los activistas de derechos humanos han reclamado la protección de los derechos sexuales y reproductivos a través de la garantía de los derechos humanos universalmente reconocidos. Han sostenido que los derechos sexuales y reproductivos son parte intrínseca de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales y las cartas nacionales de derechos. Lo han demostrado, de manera expresa o implícita, en jurisprudencia local e internacional, en tratados y declaraciones, en informes de derechos humanos y comunicados de prensa, en artículos académicos y foros sobre el tema.

Gracias a ello en la actualidad los derechos sexuales y reproductivos se han consolidado como derechos humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción.

Los derechos sexuales y reproductivos se vinculan directamente con muchos derechos humanos. El primero de todos es el derecho a la vida. Este derecho lo tienen por igual hombres y mujeres, pero en materia de derechos sexuales y reproductivos tiene que ver particularmente con el derecho de las mujeres a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o parto. Esto implica que la mujer tiene derecho a no poner en riesgo o peligro su vida por razones de embarazo.

El derecho a la libertad y seguridad es un derecho que en el ámbito de la sexualidad y reproducción tiene suma importancia. Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué frecuencia. Esto implica que nadie puede ser forzada o forzado por otra persona (ni siquiera por su cónyuge) a tener relaciones sexuales. También incluye que toda persona tiene derecho a expresar su preferencia sexual y a elegir a la compañera o compañero sexual y que ninguna mujer puede ser forzada a tener un embarazo o un aborto, ni a ser sometida a una intervención sin su consentimiento libre e informado.

El derecho de toda persona a la igualdad y a la no discriminación es otro derecho humano ligado a la sexualidad y a la reproducción. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, merecen un trato respetuoso. Esto implica que las mujeres y los hombres y las mujeres deben tener las mismas posibilidades de educarse y trabajar. Que a ninguna mujer se le puede exigir prueba de embarazo para acceder a un empleo o concursar para una beca, por ejemplo. Tampoco puede ser despedida de su trabajo o establecimiento educativo por estar embarazada. Ninguna persona requiere autorización del cónyuge o compañera (o) para utilizar algún método anticonceptivo (incluyendo la ligadura de trompas o vasectomía).

El derecho a la privacidad tiene gran relevancia en este ámbito ya que toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad e implica que los prestadores de servicios (en los consultorios, hospitales o centros asistenciales) están obligados a guardar el secreto profesional. La información que el personal de salud obtiene, relacionada con la vida sexual y reproductiva de una persona, debe mantenerse en reserva y es parte de la vida privada de la o del paciente. Por cierto, las y los jóvenes, al igual que todas las personas, tienen derecho a que se respete su intimidad.

En lo que respecta a la vida sexual y reproductiva, toda persona tiene derecho a pensar y obrar libremente. El derecho a la libertad de pensamiento significa que ni la religión, ni el partido político, ni la cultura deben limitar a la persona en su forma de pensar o actuar frente a su vida sexual y reproductiva.

El siguiente derecho que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción es el derecho a la información y a la educación. Toda persona, hombre o mujer, desde temprana edad tiene derecho a ser educada y debe tener igual acceso a información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con su vida sexual y reproductiva. Esto implica que todas las personas deben ser educadas y preparadas para asumir con responsabilidad las consecuencias de su conducta sexual y reproductiva:

Las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, tienen derecho a que se les brinde información y se les vincule a programas de prevención de embarazos no deseados, maltrato, abusos y todo lo relacionado con el ejercicio de su sexualidad.

Las adolescentes embarazadas tienen derecho al apoyo especialmente de su familia, la comunidad y el Estado. Tanto la madre como el padre tienen un papel fundamental en el proceso educativo y deben brindar a sus hijos e hijas información oportuna y adecuada sobre los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción.

Otro derecho humano muy importante ligado a la sexualidad y la reproducción es el derecho a optar por contraer matrimonio o no, y a formar o no formar una familia. Es decir, toda persona, hombre o mujer, tiene derecho a elegir si se casa o no se casa, cuándo y con quién.

Esto implica que ninguna persona puede ser obligada a contraer matrimonio. Además, ninguna persona está obligada a permanecer casada ni unida a alguien con quien ya no es feliz.

El derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos juega un papel determinante. Toda persona, mujer u hombre, debe tener a su alcance la más amplia información y servicios relacionados con los métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia.

Esto implica que toda persona, ya sea hombre o mujer, tiene derecho a elegir libremente el número de hijos que quiere tener y el espaciamiento de los mismos. No se requiere la autorización del cónyuge o el compañero sexual para planificar el número de hijos o hijas ni para elegir el método anticonceptivo, cualquiera que éste sea.

Otro derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho a la atención y protección de la salud. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria, libre de riesgos y a desarrollar su vida y relaciones de pareja en buenas condiciones.

Esto implica que toda persona tiene derecho a la calidad más alta posible en la atención de la salud sexual y reproductiva y que, en consecuencia, las personas usuarias de los servicios de salud sexual y reproductiva tienen derecho a exigir que la calidad de tales servicios sea óptima.

Todos debemos de contar con el derecho a los beneficios del progreso científico, lo que significa que toda persona tiene derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y el progreso tecnológico. En otras palabras, toda persona debe disponer de métodos anticonceptivos modernos, seguros y aceptables para regular su fecundidad y a estar informada sobre ellos.

Finalmente, el último derecho humano asociado a la sexualidad y a la reproducción es el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas y maltratos y, por el contrario, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto implica que toda persona tiene derecho a no ser agredida (ni física ni verbalmente) por su compañera o compañero sexual, ni por ninguna otra persona y nadie puede ser forzado(a) a tener relaciones sexuales. En las relaciones de pareja debe primar la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes.

El Gobierno de México reconoce en la salud un derecho fundamental del ser humano y un elemento central del bienestar, así como una condición indispensable para desarrollar el potencial productivo de mujeres y hombres. En nuestro país, la salud reproductiva fue adoptada como prioridad en la atención de la salud desde 1995, con la creación del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva 1995-2000.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) propone, como uno de sus objetivos rectores, elevar los niveles de salud de la población, garantizar el acceso a servicios integrales de salud con calidad y trato digno y disminuir las desigualdades sociales en la materia. Asimismo, busca la participación responsable de la población en el cuidado preventivo individual, familiar y colectivo de la salud. Dentro de este Plan se establece que la salud reproductiva está estrechamente vinculada con los derechos reproductivos y su importancia como concepto integral, radica en que no solamente incorpora a la planificación familiar, sino también a todos los otros aspectos vinculados con la sexualidad y la reproducción.

Si bien el gobierno de nuestro país establece sus prioridades y políticas en materia de salud reproductiva, éstas deben ser congruentes con nuestra Constitución, las leyes y las normatividades que de ella se derivan, así como con los compromisos internacionales asumidos por el estado mexicano.

Al respecto, la Ley General de Salud y la Ley General de Población, que deben ser observadas en toda la República, determinan la normatividad general en materia de salud reproductiva, la planificación familiar y educación sexual. La primera hace énfasis en el derecho a la salud y la segunda en la regulación de los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población regula la aplicación de las políticas de población. Se ocupa particularmente de los derechos reproductivos en su Sección II ``Planificación Familiar''. La atención del Estado a la planificación familiar y a la salud sexual y reproductiva derivan de su interés por regular el volumen de la población nacional.

A pesar de los avances en la salud de los mexicanos, y específicamente en los derechos reproductivos y sexuales, a nivel nacional en la República Mexicana, la mortalidad femenina sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud. El fallecimiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio es un problema no resuelto. Pese a los avances registrados a la fecha, las tasas de muerte materna se han mantenido sin variaciones durante la década de los años noventa y principios del siglo XXI. A pesar de los distintos programas impulsados durante los últimos trece años, México no escapa a la inmovilidad de las tasas de mortalidad materna. La tasa estimada para el 2003 era de 6.0, la cual es la misma del año 1990.4

Igualmente, se mantienen las causas de mortalidad materna registradas desde 1985: toxemia, hemorragias del embarazo, parto y puerperio; todos los tipos de aborto; sepsis del puerperio y complicaciones en los abortos. Todas ellas en conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas.5 Se estima que en México se embarazan un promedio de 2.5 millones de mujeres al año, de las cuales alrededor de 370 mil son atendidas por personal no calificado. El porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes menores de 20 años, ha aumentando a partir del año de 1997 llegando en el 2002 a 17.2.6

En México se diagnostican anualmente más de 50 mil pacientes con cáncer y los más frecuentes en las mujeres son el cáncer del cuello de la matriz y el de la glándula mamaria, enfermedades totalmente evitables, y que aún así constituyen la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre las mujeres de 25 años y más. Diariamente se registran alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inquietud de género e injusticia social.

El sida es otra de las enfermedades que tienen que ver de manera directa con los derechos sexuales y reproductivos y que se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional. Para junio del 2004, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, existían en nuestro país 76, 311 casos de sida acumulados. Eso significa que entre noviembre del 2003 y junio del 2004, es decir en 8 meses, hubo 4,785 nuevos casos. Haciendo un cálculo con estas cifras, en un año se registran en México 7, 177.5 nuevos casos de sida, aproximadamente entre 20 y 25 personas se infectan diario en nuestro país. Según varias investigaciones, la transmisión sexual es la causante del 89.7% de los casos acumulados de sida en México.

De acuerdo con la Encuesta de Salud Reproductiva de los Estudiantes de educación Secundaria y Media Superior y pese al avance en la difusión del uso del condón, el conocimiento del sida y los métodos anticonceptivos, el 31.3% de los jóvenes de entre 13 y 19 años de edad, revelaron que en su primera relación sexual no emplearon ningún método preventivo. Además del total de jóvenes, el 6.5% evidenciaron su desconocimiento sobre el sida, ya que aseguraron que la enfermedad ``se podía curar fácilmente con tratamiento''

Existen también en nuestro país otros problemas que vulneran constantemente los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en muchos lugares todavía subsiste la figura del llamado ``débito conyugal'' que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero. De igual forma convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil y el tráfico de niñas y niños para que sean prostituidos. Cifras oficiales señalan que en México 16 mil menores son sometidos a abuso al ser prostituidos o utilizados en la pornografía.

La violencia de género es otro aspecto que vulnera los derechos sexuales y reproductivos. La vida de mujeres de todas las edades se ve amenazada de manera cotidiana por diversas formas de violencia y privación, que van desde la violación sexual hasta formas de abuso como la violencia doméstica, la prostitución forzada, y los asesinatos de mujeres. En general la violencia de género, tanto en el ámbito de lo doméstico como en el ámbito de lo público, se ejerce efectivamente con el fin y el resultado de limitar el derecho de las mujeres y de las personas más indefensas a decidir sobre su propio cuerpo.

La discriminación por orientación sexual y por forma de unión de la pareja también vulnera los derechos sexuales y reproductivos. En nuestra cultura el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y reproducción ha sido un privilegio de algunas parejas, y las demás personas sufren discriminación de hecho y de derecho por su situación marital, orientación y preferencias sexuales, por su edad, por sus discapacidades, por estar en situación de reclusión, etcétera.

En cuanto al derecho a la salud y a la planificación familiar, este se ha visto restringido también por barreras culturales. El silencio en torno a la sexualidad convierte en tabú temas relacionados con la salud sexual, como es la protección contra enfermedades de transmisión sexual.

De acuerdo al panorama anterior, es de suma importancia que tanto las mujeres como los hombres, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país sepan y estén informados sobre los derechos reproductivos y sexuales que tiene cada uno para que éstos, en la medida de lo posible, no se vean violados o vulnerados por otras personas. Consideramos que es una forma de discriminación negar o limitar la información de estos derechos pues las consecuencias de ello llegan, en muchos casos, a marcar la vida de las personas para siempre e incluso son mortales.

En México se ha avanzado. A pesar de la evidente reducción en los recursos financieros asignados se han hecho esfuerzos importantes por integrar estos principios a la prestación de los servicios de salud. Y se han librado batallas para defender estos derechos en el ámbito internacional. Pero el camino es largo y espinoso y todavía queda mucho por hacer. Las distintas denuncias de violación de los derechos reproductivos de indígenas, el caso de Paulina7 y el de Ninett Torres Villarreal,8 por mencionar tres entre millones, así lo demuestran.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos se consideran parte integrante del desarrollo y de los derechos humanos: especialmente el derecho de las mujeres a asumir el control y a tomar decisiones respecto de su cuerpo y su sexualidad. Una buena salud sexual y reproductiva, que va más allá del enfoque demográfico y la planificación familiar, es un requisito previo para lograr el progreso socioeconómico y el desarrollo sustentable de un país.

La sexualidad y la reproducción son parte integral de la personalidad de todo ser humano y su desarrollo es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social. Por ello y dado que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad para todos los seres humanos, y deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos, el Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo II, De las Medidas para Prevenir la Discriminación, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Artículo Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 9 del Capítulo II de las medidas para prevenir la discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 9

Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. a la V.

VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos que incluyen la procreación, la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y esparcimiento de las hijas e hijos. Así como negar o limitar el derecho a la salud y seguridad sexual, entendida como el derecho a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.

VII. a XXIX.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994, Capítulo VII, Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva, párrafo 7.2.

2 Ibidem, párrafo 7.3

3 Plataforma de Acción de la de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Párrafo 94 de la Plataforma de Acción.

4 Tasa por 10,000 nacimientos estimados por el Conapo. Daniela Díaz Echeverría. Presupuesto Público y Mortalidad Materna: Seguimiento al Programa Arranque Parejo en la Vida, Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC, México, DF, 2003.

5 Las principales causas se vinculan directamente con las condiciones socioeconómicas de las mujeres afectadas y el acceso a y calidad de una atención médica oportuna.

6 Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

7 Paulina Ramírez, cuyo caso alcanzó atención internacional, tenía 13 años de edad en julio de 1999, cuando fue violada por unos drogadictos que irrumpieron en su casa en Baja California. A pesar de tener derecho a que se le practicara un aborto, funcionarios públicos y médicos del servicio de salud del estado le impidieron ejercer su decisión de interrumpir el embarazo a través de amenazas y presiones, proporcionándole información errónea y abusando de su autoridad.

8 El 9 de agosto de 2004 la escritora oaxaqueña Ninett Torres Villarreal fue seleccionada como beneficiaria de una beca de 77 mil pesos en el Centro Mexicano de Escritores, comprometiéndose a cumplir con un proyecto de trabajo. Sin embargo y a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que pedía dicha institución, la beca le fue revocada por encontrase en estado de gravidez. Aunque después y gracias a los movimientos que se formaron en torno a este problema, la beca le fue devuelta y Ninett fue aceptada en el Centro, la discriminación y la violación de sus derechos fueron innegables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Invitados por el señor diputado don Gustavo Madero Muñoz, nos acompañan alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua. ¡Bienvenidos!

Los siguientes dos puntos del orden del día se posponen a solicitud de los promoventes.

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ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente.

Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a la siguiente exposición de motivos:

Primero. En nuestro sistema político-social, y en especial en el ejercicio de la administración pública, es de explorado derecho la utilización del derecho escrito, es decir, que tanto en los actos de autoridad como en los inherentes a las gestiones particulares ante las autoridades --derecho de petición, en el artículo 8° de la Constitución-- debe constar por escrito y ser firmado por los directamente interesados o facultados en los términos de la ley para tener validez jurídica.

Segundo. El artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, el cual a la letra dice: ``En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas el de las armas y los jurados, así como al desempeño de los cargos concejiles y los de la elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio de la Constitución y de las leyes correspondientes, los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley, con las excepciones que ésta señale''.

Así también, los artículos 36 y 38 del citado cuerpo máximo de leyes establecen literalmente --el artículo 36--: son obligaciones de los ciudadanos de la República ``inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos, y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, de responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan las funciones electorales y las del jurado''.

El artículo 38: ``Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

``I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo.

``Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley.

``II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

``III. Durante la extinción de una pena corporal;

``IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

``V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

``VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.''

La ley fijará los casos en que se pierden los demás y que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación. De la interpretación sistemática y funcional de los anteriores artículos podemos concluir que los principios, los cargos de elección popular son de desempeño obligatorio y el incumplimiento de los mismos sin causa justificada es sancionable con la suspensión de los derechos y las prerrogativas ciudadanos.

Tercero. Según la doctrina jurídica que se plasma en el Diccionario de derecho de los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, de la editorial Porrúa, en su página 440, al momento de definir el concepto renunciable, lo hace de la siguiente manera: ``Renunciable: susceptible de renuncia de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal. En el artículo 6o. y 7o. sólo puede renunciarse con los derechos privados que no afecten directamente el interés público cuando la renuncia no perjudique intereses de tercero. La renuncia no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho a que se renuncia''.

Para mayor soporte, el propio artículo 8° de la citada Constitución Política literalmente contempla: ``Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República''.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, que invariablemente la petición debe hacerse por escrito y dicha garantía no excluye a los servidores públicos, ya que antes son funcionarios y son ciudadanos.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el siguiente criterio de interpretación del citado artículo, plasmado en la tesis relevante que a continuación se transcribe:

``Toda vez que se han dado casos en los cuales tanto las solicitudes de licencia como las propias renuncias se han presentado de manera verbal y además sin que se argumente la causa grave o justificada por la cual dichos actos están viciados en su forma y evidentemente contravienen la ley, por lo que se hace necesario dejar muy claro en la Constitución el procedimiento y los requisitos básicos a seguir en caso de licencias o renuncias a los cargos de elección popular, dada su importancia relevante en el contexto de los intereses públicos de nuestra sociedad.''

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a su elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

``Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

``Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

``Todo cargo de elección popular será obligatorio en los términos del artículo 5° de esta Constitución. Sin embargo, podrán ser renunciados sólo por causa grave, debiendo presentar por escrito la correspondiente renuncia firmada por el peticionario en la cual exponga la causa grave que debe ser valorada y, en su caso, aprobada por la autoridad competente.

``Lo anterior, para no ser sujeto a la suspensión de los derechos políticos en los términos de los artículos 36 y 38.

``Transitorios. Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

``Artículo 2o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

``Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero.

``Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.''

Es cuanto diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arevalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- En nuestro sistema político social, y en especial en el ejercicio de la administración pública, es de explorado derecho la utilización del derecho escrito, es decir, que tanto los actos de autoridad como los inherentes, las gestiones particulares ante las autoridades (derecho de petición, artículo 8 constitucional) deben constar por escrito y ser firmados por los directamente interesados o facultados en los términos de ley para tener validez jurídica.

Segundo.- Según el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto el cual a la letra dice:

``En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.''

Así también los artículos 36 y 38 del citado cuerpo máximo de leyes establecen literalmente:

Artículo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República:

I.- Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley;

II.- Alistarse en la Guardia Nacional;

III.- Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;

IV.- Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

V.- Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III.- Durante la extinción de una pena corporal;

IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

De la interpretación sistemática y funcional de los anteriores artículos podemos concluir que en principio los cargos de elección popular son de desempeño obligatorio y el incumplimiento a los mismos sin causa justificada es sancionable con la suspensión de los derechos y prerrogativas ciudadanas.

Tercero.- Según la doctrina jurídica que se plasma en el libro Diccionario de derecho de los juristas Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara de la editorial Porrúa en su página 440 al momento de definir el concepto de renunciable lo hace de la siguiente manera: ``Renunciable: susceptible de renuncia. De acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal (arts. 6 y 7) sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique intereses de tercero. La renuncia no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia.

Para mayor soporte el propio artículo 8 de la citada Constitución Política literalmente contempla:

Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Es decir que invariablemente la petición deberá hacerse por escrito y dicha garantía no excluye a los servidores públicos, ya que antes que funcionarios son ciudadanos.

Así mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el siguiente criterio de interpretación del citado artículo plasmado en la tesis relevante que a continuación se transcribe:

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

Página: 135

Derecho de petición. las autoridades administrativas solo estan obligadas a contestar las solicitudes a las personas que las signan y no a quienes aparecen en el contexto de dicha solicitud. De la interpretación del artículo 8o. de la Carta Magna, se obtiene que las autoridades ante las cuales se elevan peticiones, sólo están obligadas a contestar en los términos de dicho numeral, a los peticionarios o solicitantes, entendiéndose por tales aquellos cuyos nombres y firmas aparecen en el escrito correspondiente, no bastando con que aparezca únicamente el nombre de una persona, pues no existiendo su firma, a pesar, de que por ella se pida que se le tome en cuenta para determinados hechos, sino sólo la del peticionario, es claro que no hay instancia de la parte por la que se aboga, pues ésta no expresa su voluntad de que efectivamente está interesada en lo que se le solicita a la autoridad, en atención que sólo con la firma estampada en forma personal y de su puño y letra o con su huella digital en caso de no saber firmar o puesta a su ruego por persona diversa de la interesada puede apreciarse la voluntad de una persona que eleva una solicitud de que la misma le sea contestada, y por ende, la obligación de la autoridad ante la cual se eleva, de respetar la garantía individual contenida en el artículo 8o. constitucional.

Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 1413/90. Francisca Sangrador Albañil. 10 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Cuarto.- Toda vez que se han dado casos en los cuales tanto las solicitudes de licencia como las propias renuncias se han presentado de manera verbal y además sin que se argumente la cusa grave o justificada por la cual dichos actos están viciados en su forma y evidentemente contravienen la ley, por lo que se hace necesario dejar muy claro en la Constitución el procedimiento y los requisitos básicos a seguir en casos de licencias o renuncias a los cargos de elección popular, dada su importancia relevante en el contexto de los intereses públicos en nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

...

I. a IV. ...

...

Todo cargo de elección popular será obligatorio en los términos del artículo 5o de esta Constitución, sin embargo podrán ser renunciados sólo por causa grave, debiendo presentar por escrito la correspondiente renuncia, firmada por el peticionario, en la cual exponga la causa grave que deberá ser valorada y en su caso aprobada por la autoridad competente.

Lo anterior para no ser sujeto a la suspensión de los derechos políticos en los términos de los artículos 36 y 38.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Gonzalo Moreno Arevalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.El diputado Fermín Trujillo Fuentes: Con su permiso, señor Presidente. El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor diputado.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes: Honorable soberanía:

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.

``Antecedentes:

``El sostenimiento del fenómeno migratorio ha cambiado la composición poblacional de los estados y municipios fronterizos, tanto en su modalidad de tránsito hacia Estados Unidos como en el de repatriación, constituyendo nuevos retos para las políticas y programas públicos en ambos niveles.

``Esta realidad es ajena a la metodología de cálculo de los recursos participables, así como la definición del destino de los mismos, toda vez que la estructura actual planteada dentro de la Ley de Coordinación Fiscal no considera la planteada importancia de este fenómeno, que impacta la demanda de bienes y servicios públicos en la frontera, ni favorece los principios de equidad y reciprocidad que deben fundamental el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

``Con base en lo anterior, el pasado 26 de octubre de 2004 se aprobó en el Congreso Libre y Soberano del Estado de Sonora la presentación de una iniciativa que reforma la mencionada Ley de Coordinación Fiscal, para crear un fondo de aportaciones para municipios fronterizos, que les permita hacer frente a esta importante realidad.

``La iniciativa se formuló en el ejercicio del derecho de iniciativa que confiere el artículo 71 de la Constitución Política a los Congresos locales y fue apoyada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Sonora, demostrando que, en torno del fenómeno migratorio y de la solidaridad y eficacia pública para atender sus necesidades y su integración socioeconómica en el caso de la franja fronteriza, existe importante coincidencia, más allá de las particulares características de los partidos políticos.

``Por ello, el promovente de este proyecto considera que este esfuerzo plural, responsable y realizable amerita el apoyo de este honorable cuerpo colegiado para contribuir a hacer de la zona limítrofe del norte del país una zona más segura, incluyente, capaz de atender con mejores resultados su problemática y, sobre todo, sensible y útil para los mexicanos que deciden perseguir el sueño americano o que se asientan transitoria o definitivamente en tal región.

``Consideraciones:

``La presente iniciativa de reforma tiene por objetivo modificar la base de cálculo para la distribución de las participaciones a los municipios fronterizos, a efecto de que se considere y cuantifique a la población migrante en tránsito a Estados Unidos de América, así como a quienes se encuentren en estado de repatriación, especificando las causas que fundamentan la petición y el destino de los recursos que se asignen para tal efecto.

``Esta nueva fórmula permitiría contar con recursos para implementar programas institucionales de atención a la población migrante, brindar una mejor calidad de vida a las personas residentes en la frontera y fortalecer la capacidad de creación de infraestructura urbana, ante la insuficiencia presupuestal de los municipios fronterizos, que hace virtualmente imposible detener en su situación actual la proliferación del hacinamiento urbano, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución y sus secuelas de enfermedades transmisibles, la falta de programas de incentivación del empleo, la falta de servicios urbanos indispensables, entre otros.

``Las personas en tránsito demandan y emplean diferentes servicios y las que son deportadas a los diferentes puertos fronterizos que después se desplazan de manera horizontal a lo largo de la frontera, ante la falta de recursos para retornar a sus localidades o países de origen, muchas veces estimulados por la presencia de las maquiladoras, agravan dramáticamente la situación financiera de los municipios.

``La emigración a la Unión Americana se ha incrementado en magnitud e intensidad, tanto documentada como indocumentada. Entre el año 2001 y 2003, el flujo de trabajadores temporales ascendió a 437 mil personas al año, haciendo una diferencia de más de 100 mil personas respecto de la disminución lograda en la última década del siglo XX.

``Entre los migrantes sin autorización para cruzar Estados Unidos, las cifras han llegado hasta un 75 por ciento del total en el periodo 2001-2003. Este fenómeno ha llevado a reforzar el control fronterizo en los puntos tradicionales de ingreso como San Diego y El Paso, lo cual llevó a cambiar las rutas migratorias, propiciando que los migrantes indocumentados se trasladen a otros puntos de mayor riesgo y costo.

``Por eso, en los últimos años Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo han perdido importancia en cuanto a puntos preferenciales de cruce de los migrantes, bajando también Reynosa y Piedras Negras como localidades de cruce significativo.

``En contraste, Agua Prieta y Matamoros o comunidades como El Sásabe, en Sonora, han adquirido relevancia, lo que evidencia que los migrantes se trasladan ahora prácticamente a todo lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos.

``En cuanto a la repatriación, tan sólo el año pasado se dieron más de 550 mil eventos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: Coahuila, 313 mil 395; Tamaulipas, 50 mil 558; Chihuahua, 84 mil 136; Sonora, 201 mil 974; y Baja California, 209 mil 886.

``Ello demuestra la extensión territorial del fenómeno migratorio y hace comprensible el hecho de la imposibilidad material del municipio fronterizo de canalizar los recursos para atender a los migrantes deportados y a quienes finalmente se quedan a residir en ellos por la carencia de partidas específicas para este fin.

``Los migrantes temporales demandan todos los servicios públicos y obligan a reforzar específicamente los de seguridad pública, servicios asistenciales y albergues, entre otros.

``Asimismo, los que se quedan a residir en esos municipios elevan la demanda de terrenos, vivienda, agua, luz, drenaje, educación, empleo, salud y, entre otras. Más de la mitad de los presupuestos municipales se gastan en servicios públicos, infraestructura urbana y seguridad pública, que lleva a desproteger a la población y a debilitar los programas de atracción y arraigo de la inversión extranjera, toda vez que la frontera es un punto atractivo de intercambio financiero y de ubicación de maquiladoras que requieren infraestructura y condiciones atractivas para superación.

``En ese sentido, considerando que la Ley de Coordinación Fiscal establece la distribución de las participaciones hacia los estados y los municipios, fija las reglas de coordinación administrativa entre las diversas autoridades fiscales y establece los criterios para su asignación, se propone la reforma del artículo 25, para crear el Fondo de Aportación para Municipios Fronterizos; y adicionar un artículo 45 Bis, para que el factor poblacional que se emplea para la asignación de los recursos contemple a la población migrante, toda vez que llega a representar 40 por ciento en promedio total de habitantes de un municipio.

``En efecto, en la normatividad vigente tanto para la operación como para la distribución del Fondo General de Participaciones hasta ahora no se incluye como un parámetro variable para efectos de cálculo la presencia de población flotante de municipios o entidades fronterizas, únicamente se incluye un pequeño porcentaje, de .136 por ciento, de la recaudación federal participable para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realiza la entrada o salida de bienes que se importen o se exporten, menospreciando la existencia de dicha población flotante, para lo cual la única disposición es en el sentido de celebrar convenios con la Federación en materia de introducción ilegal en territorio de mercancías de procedencia extranjera.

``En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, aparecen como criterios de distribución o factores de población residente y población flotante.

``Sin embargo, se emplean únicamente para definir la distribución de recursos para las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, excluyendo las entidades federativas, que también presentan un alto flujo de población flotante por su vecindad geográfica fronteriza con otros países, en particular frente al polo de atracción que significa Estados Unidos.

``Por las anteriores precisiones, se presenta esta iniciativa para fortalecer la economía de los municipios ubicados en la zona fronteriza con otros países, a efecto de que mediante esta reforma de la Ley de Coordinación Fiscal se pueda avanzar en la atención a la problemática ocasionada por el grupo de población migrante.

``Proyecto de Decreto

``Artículo Unico. Se reforma el artículo 25, adicionándole una fracción VIII, y se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue.

``Artículo 25, de la fracción I a la VII quedan igual y se agrega una VIII, que diga: Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos, y se agrega un artículo 45 Bis, que dice: El Fondo de Aportaciones para Municipios se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos a que se refiere el artículo 2º de esta ley de un .5 por ciento de la recaudación federal participable. Según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para este Ejercicio, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75 por ciento conforme al criterio del factor de población estadística y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica, Geografía, perdón, e Informática.

``Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el primer día del ejercicio fiscal inmediato posterior al que se publique en el Diario Oficial de la Federación.'' Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal.

Antecedentes

El sostenimiento del fenómeno migratorio ha cambiado la composición poblacional de los estados y municipios fronterizos, tanto en su modalidad de tránsito hacia los Estados Unidos como en el de repatriación, constituyendo nuevos retos para las políticas y programas públicos en ambos niveles. Esta realidad es ajena a la metodología de cálculo de los recursos participables, así como a la definición del destino de los mismos, toda vez que la estructura actual, planteada dentro de la Ley de Coordinación Fiscal, no considera la importancia de este fenómeno que impacta la demanda de bienes y servicios públicos en la frontera ni favorece los principios de equidad y reciprocidad que deben fundamentar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Con base en lo anterior el pasado 26 de octubre de 2004, se aprobó en el Congreso Libre y Soberano del Estado de Sonora la presentación de una Iniciativa que reforma la mencionada Ley de Coordinación Fiscal para crear un Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos, que les permita hacer frente a esta importante realidad. La Iniciativa se formuló en el ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política a los Congresos Locales y fue apoyada por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Sonora, demostrando que en torno del fenómeno migratorio y de la solidaridad y eficacia pública para atender sus necesidades y su integración socioeconómica, en el caso de la franja fronteriza, existen importante coincidencias más allá de las particulares características de los partidos políticos.

Por ello, el promovente de este proyecto considera que este esfuerzo plural, responsable y realizable, amerita el apoyo de éste Honorable Cuerpo Colegiado para contribuir a hacer de la zona limítrofe norte del país una zona más segura, incluyente, capaz de atender con mejores resultados su problemática y, sobre todo, sensible y útil para los mexicanos que deciden perseguir el sueño americano o que se asientan transitoria o definitivamente en tal región.

Consideraciones

La presente iniciativa de reforma tiene el objetivo de modificar la base de cálculo para la distribución de las participaciones a los municipios fronterizos, a efecto de que se considere y cuantifique a la población migrante en tránsito a los Estados Unidos de América, así como a quienes se encuentren en estado de repatriación, especificando las causas que fundamentan la petición y el destino de los recursos que se asignen para tal efecto.

Esta nueva fórmula permitiría contar con recursos para implementar programas institucionales de atención a la población migrante, brindar una mejor calidad de vida a las personas residentes en la frontera y fortalecer la capacidad de creación de infraestructura urbana, ante la insuficiencia presupuestal de los municipios fronterizos, que hace virtualmente imposible detener, en su situación actual, la proliferación del hacinamiento urbano, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución y sus secuelas de enfermedades transmisibles, la falta de programas de incentivación del empleo, la falta de servicios urbanos indispensables, entre otros.

Nuestra frontera norte está en riesgo de convertirse en un espacio de desigualdad y marginación extendida, a pesar de ser una zona que produce una elevada proporción de la riqueza nacional, si no encontramos las fórmulas políticas y administrativas que permitan dar respuesta a un fenómeno contemporáneo creciente e impactante como es el de las migraciones.

Las personas en tránsito demanda y emplean diferentes servicios y las que son deportadas a los diferentes puertos fronterizos que después se desplazan de manera horizontal a lo largo de la frontera, ante la falta de recursos para retornar a sus localidades o países de origen, y muchas veces estimulados por la presencia de las maquiladoras, agravan dramáticamente la situación financiera de los municipios.

Efectivamente, la emigración a la Unión Americana se ha incrementado en magnitud e intensidad, tanto documentada como indocumentada. Entre 2001 y 2003, el flujo de trabajadores temporales ascendió a 437 000 personas al año, haciendo una diferencia de más de 100 000 personas respecto a la disminución lograda en la última década del siglo XX.

Entre los migrantes sin autorización para cruzar a Estados Unidos las cifras han llegado hasta un 75% del total en el periodo 2001-2003. Este fenómeno ha llevado a reforzar el control fronterizo en los puntos tradicionales de ingreso, como San Diego y El Paso, lo cual llevó a cambiar las rutas migratorias, propiciando que los migrantes indocumentados se trasladen a otros puntos de mayor riesgo y costo. Por eso, en los últimos años Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo han perdido importancia en cuanto puntos preferenciales de cruce de los migrantes, bajando también Reynosa y Piedras Negras como localidades de cruce significativo.

En contraste, Agua Prieta, Matamoros, o municipios como El Sásabe, en Sonora, han adquirido relevancia, lo que evidencia el fenómeno de que los migrantes se trasladan ahora prácticamente a todo lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos.

En cuanto a la repatriación, tan sólo el año pasado se dieron más de 550 000 eventos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: Coahuila 313 395, Tamaulipas 50 558, Chihuahua 84 136, Sonora 201 974 y Baja California 209 886.

Ello demuestra la extensión territorial del fenómeno migratorio y hace comprensible el hecho de la imposibilidad material del municipio fronterizo de canalizar recursos para atender a los migrantes deportados y a quienes finalmente se quedan a residir en ellos, por la carencia de partidas específicas para este fin.

Los migrantes temporales demandan todos los servicios públicos y obligan a reforzar específicamente los de seguridad pública, servicios asistenciales, salud y albergues, entre otros.

Los deportados necesitan transportación a sus lugares de origen, consumen los servicios anteriores y generan la necesidad de apoyarles para su reintegración familiar. En muchos casos, los municipios han debido absorber los gastos funerarios y de traslado, en el caso de la lamentable pérdida de vidas humanas.

Asimismo, los que se quedan a residir en esos municipios, elevan la demanda de terrenos, vivienda, agua, luz, drenaje, educación, empleos, salud preventiva y curativa, entre otras.

El fenómeno del flujo migratorio en la zona norte se ve todos los días en todos los sitios públicos y genera la necesidad de elevar los servicios de seguridad pública, para reforzar unidades móviles y equipamiento, dado el incremento de los índices delictivos y de conductas antisociales.

Más de la mitad de los presupuestos municipales se gastan en servicios públicos, infraestructura urbana y seguridad pública, que llevan a desproteger a la población fija y a debilitar los programas de atracción y arraigo de la inversión extranjera, toda vez que las fronteras son un punto atractivo de intercambio financiero y de ubicación de maquiladoras que requieren infraestructura y condiciones atractivas para su operación. El rubro de las maquiladoras genera importantes recursos fiscales, derivados de la importación y exportación de productos y que se recaudan directamente por la federación, sin posibilidad de que los municipios los aprovechen para su desarrollo y problemática migratoria.

En ese sentido, considerando que la Ley de Coordinación Fiscal establece la distribución de las participaciones hacia los estados y municipios, fija las reglas de coordinación administrativa entre las diversas autoridades fiscales y establece los criterios para su asignación, se propone reformar su artículo 25 para crear el Fondo de Aportación para Municipios Fronterizos y adicionar un artículo 45 Bis para que el factor poblacional que se emplea para la asignación de los recursos contemple a la población migrante, toda vez que llega a representar hasta un 40% en promedio del total de habitantes de un municipio.

En efecto, en la normatividad vigente, tanto para la operación como para la distribución del Fondo General de Participaciones hasta ahora no se incluye como un parámetro o variable para efectos de cálculo la presencia de ``Población Flotante'' en los municipios o entidades fronterizas. Únicamente se incluye un pequeño porcentaje de 0.136% de la recaudación federal participable para aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realice la entrada o salida de bienes que se importen o se exporten, menospreciando la existencia de dicha población flotante, para la cual la única disposición es en el sentido de celebrar convenios con la federación en materia de introducción ilegal al territorio de mercancías de procedencia extranjera.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, aparecen como criterios de distribución los factores ``Población Residente'' y ``Población Flotante''. Sin embargo, se emplean únicamente para definir la distribución de recursos para las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, excluyendo a las entidades federativas que también presentan un alto flujo de población flotante por su vecindad geográfica fronteriza con otros países, en particular frente al polo de atracción que significa Estados Unidos.

Por las anteriores precisiones, se presenta esta iniciativa para fortalecer la economía de los municipios ubicados en las zonas fronterizas con otros países, a efecto de que mediante esta reforma de la Ley de Coordinación Fiscal se pueda avanzar en la atención a la problemática ocasionada por el flujo de población migrante.

En tal virtud, se somete a esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se reforma el artículo 25, adicionándole una fracción VIII, y se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VII. (Quedan igual)

VIII. Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos.

Artículo 45 Bis. El Fondo de Aportaciones para Municipios se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, solo para efectos de referencia, al 0.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para Municipios Fronterizos entre los municipios cuya demarcación geográfica colinde con fronteras internacionales reconocidas por el derecho internacional, siendo asignado un 75% conforme al criterio del factor de población estadística y el 25 % restante al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística más reciente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el primer día del ejercicio fiscal inmediato posterior a aquel en que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Fermín Trujillo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.El diputado Sergio Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeras:

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se adiciona un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente exposición de motivos:

En abril del año 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, que plantea la necesidad de un verdadero cambio estructural, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26, de la fracción XX, del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestra Carta Magna, este Acuerdo Nacional para el Campo reconoce la obligatoriedad de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Establecer con claridad los derechos y obligaciones, tanto del sector público como de la sociedad en un marco de corresponsabilidad, para alcanzar los objetivos que se pretende como nación.

Fortalecer el marco institucional, legislativo y normativo, programático y presupuestario y de rendición de cuentas para la realización de las responsabilidades públicas.

Organizar en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparentes hacia la sociedad y fortalecer los mecanismos que permitan que los recursos públicos, privados y sociales, requeridos para realizar dichas tareas.

Con tales principios de adecuación y, más allá de los resultados ofrecidos a la fecha, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y la suma de esfuerzos con un mismo fin y dirección, el desarrollo agropecuario integral, que dé respuesta práctica a las fuertes y justas demandas de los productores rurales.

Es de recordar que la Secretaría de Desarrollo Rural tiene como misión lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de los sectores agroalimentario, pesquero y alimentario en la continua capacitación y superación de los servidores públicos que conforman las dependencias, permitiéndoles mantener actividades productivas rentables y competitivas, en los sectores agrícolas, ganaderos, pesquero, alimentario y de desarrollo rural.

Pretendiendo por lo anterior, entre otros, propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

El Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006 establece que en México el uso del agua es el 76.3 agrícola, el 17 por ciento público, el 5 por ciento industrial, el 1.4 acuícola y el 0.2 en generación de energía.

Se reducen aguas residuales por cerca de 3 kilómetros cúbicos, de los cuales el 82.9 por ciento se utiliza en la agricultura, el 7.2 por ciento para uso público y el 9.9 por ciento para la industria, para el manejo y administración del agua para riego de la superficie, se encuentra distribuida en un 54 por ciento, en 82 distritos de riego y en un 46 por ciento en las unidades de riego para el desarrollo rural.

De los 82 distritos de riego, sólo 40 han sido realmente rehabilitados, los otros permanecen en un estado de gradual deterioro por la falta de financiamiento e inversión.

Además, la distribución del agua es ineficiente, ya que se desperdicia más de la mitad. Es inadecuado su uso, aunado al costo de extracción del suelo. Es un reto que debe extenderse a la luz del impacto ecológico, económico y social.

De igual forma, se requiere una política adecuada que estimule el ahorro del líquido vital y la eficiencia en su empleo, en beneficio de los productores y del propio país.

Los problemas fundamentales para el aprovechamiento del agua en la agricultura son la poca infraestructura de riego y sus deficientes niveles de tecnificación, lo cual se refleja en que menos de 25 por ciento de la superficie agrícola se cultiva en condiciones de riego. Ante esta compleja realidad, es urgente adecuar los esquemas legales que permitan articular los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y de los grupos de productores debidamente organizados y sustentados en las leyes aplicables.

Por tanto, si el compromiso es mantener niveles de producción rural que permitan competir en los mercados internacionales y abastecer el consumo interno, se entiende que ese recurso hidráulico es de los compromisos más fuertes para lograr el uso racional y sustentable para consecuente impacto en la producción y productividad rural.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 83, párrafo 3º: ``La coordinación y concertación señalada en este artículo se formulará considerando en todos los casos lo establecido en el Capítulo 2 de la Ley de Aguas Nacionales''.

Transitorio. Único. ``El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación''.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En abril de 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, mismo que plantea la necesidad de un verdadero cambio estructural, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 y en la fracción XX del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 4º de nuestra Carta Magna.

Este Acuerdo Nacional para el Campo reconoce la obligatoriedad de cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Establecer con claridad los derechos y obligaciones, tanto del sector público, como de la sociedad, en un marco de corresponsabilidad para alcanzar los objetivos que se pretenden como nación;

Fortalecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático, presupuestario y de rendición de cuentas para la realización de las responsabilidades públicas;

Organizar en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparente hacia la sociedad; y

Fortalecer los mecanismos que permitan combinar los recursos públicos, privados y sociales requeridos para realizar las tareas.

Con tales principios de actuación, y más allá de los resultados ofrecidos a la fecha, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación institucional y la suma de esfuerzos con un mismo fin y dirección: el desarrollo agropecuario integral, que dé respuesta práctica a las fuertes y justas demandas de los productores rurales.

Es de recordar que la Secretaría de Desarrollo Rural tiene como misión lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento sustentable de los sectores agroalimentario, pesquero y alimentario con una continua capacitación y superación de los servidores públicos que conforman la dependencia, permitiéndoles mantener actividades productivas, rentables y competitivas en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, alimentario y de desarrollo rural.

Pretendiendo para lo anterior, entre otros, propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales y la protección del ambiente.

En el Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001/2006, establece que en México el uso del agua es 76.3% agrícola; 17% público, 5.1 por ciento industrial, 1.4% acuícola y 0.2% en generación de energía.

Se reutilizan aguas residuales por cerca de 3 kilómetros cúbicos, de los cuales 82.9% se utiliza en agricultura, 7.2% para uso público y 9.9% para la industria.

Para el manejo y la administración del agua para riego, la superficie se encuentra distribuida en 54% en 82 distritos de riego y en 46% en las unidades de riego para el desarrollo rural.

De los 82 distritos de riego, sólo 40 han sido realmente rehabilitados; los otros permanecen en un estado de gradual deterioro por falta de financiamiento e inversión.

Además, la distribución del agua es ineficiente ya que se desperdicia más de la mitad; su inadecuado uso, aunado al costo de extracción del subsuelo, es un reto que debe enfrentarse a la luz del impacto ecológico, económico y social.

De igual forma, se requiere una política adecuada que estimule el ahorro del líquido vital y la eficiencia en su empleo, en beneficio de los productores y del propio país.

Los problemas fundamentales para el aprovechamiento del agua en la agricultura son la poca infraestructura de riego y sus deficientes niveles de tecnificación, lo cual se refleja en que menos de 25% de la superficie agrícola se cultiva bajo condiciones de riego.

Ante esta compleja realidad, es urgente adecuar los esquemas legales que permitan articular los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y de los grupos de productores debidamente organizados y sustentados en las leyes aplicables.

Por tanto, si el compromiso es mantener niveles de producción rural que permitan competir en los mercados internacionales y abastecer el consumo interno, se entiende que el recurso hidráulico es de los compromisos más fuertes para lograr el uso racional y sustentable por su consecuente impacto en la producción y productividad rural.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 83 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue.

Artículo 83

...

...

(Párrafo tercero)

La coordinación y concertación señalada en este artículo, se formulará considerando en todos los casos lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Aguas Nacionales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Sergio Chávez Dávalos (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Sergio Chávez Dávalos. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural.

Señoras y señores legisladores: en virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, que dispone el artículo 1o. del acuerdo parlamentario que establece los lineamientos para acreditar las asistencias a las sesiones plenarias, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

Un momento, señor secretario. Por favor, sonido en la curul del señor diputado por Durango don Pedro Ávila Nevárez.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente, con todo respeto quería pedirle que pidiera a la Asamblea a ver si es posible que me permitan dar lectura a un asunto de interés general, que es la barda que se está levantando en la frontera norte por parte de Estados Unidos.

Yo quisiera que preguntara a la Asamblea si se me permite el uso de la palabra, por favor.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Don Pedro Ávila: efectivamente, su solicitud es en el sentido de que consulte a la Asamblea, porque solamente puede prorrogarse la sesión por acuerdo de los coordinadores o del Pleno. Entonces, instruyo a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si autoriza que haga uso de la palabra el señor diputado don Pedro Ávila Nevárez para el objeto que ha señalado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se permite al diputado Pedro Ávila abordar el asunto mencionado.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los que estén en contra... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Ruego al señor diputado don Pedro Ávila Nevárez hacer uso de la palabra, en virtud de que así lo ha autorizado el Pleno de la Asamblea, y --al mismo tiempo-- ruego a la Secretaría, antes de iniciar su intervención don Pedro Ávila Nevárez, instruya se abra el sistema electrónico para tomar la asistencia final, hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 del Reglamento y ábrase el sistema electrónico de asistencia hasta por cinco minutos.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra, señor diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente --distinguido paisano mío--, Juan de Dios Castro.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Pedro.El diputado Pedro Ávila Nevárez: De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Exposición de Motivos: a través de todo este gobierno hemos venido observando el deterioro de la política exterior mexicana, la que nos brindó orgullo y reconocimiento, pero esto no es nuevo para esta soberanía: somos testigos del entreguismo por parte del responsable de la política exterior del país, el señor Derbez. No sólo ha mentido con expresiones de supuestos reclamos por las medidas antiinmigrantes de mexicanos que se han desarrollado en Estados Unidos de América, como fue en el caso de la Ley 200 de Arizona.

Han sido claras sus mentiras al decir que iniciarán los reclamos ante las autoridades de ese país. Una vez más, el señor Derbez cree que sólo con declaraciones a la prensa nacional es suficiente para engañarnos; lo ha intentado permanentemente.

Esta soberanía le ha pedido en otras ocasiones que entregue una nota diplomática para exigir el respeto de los migrantes y nos envíe el acuse de recibo; hasta la fecha eso no se ha logrado. Miente, señor Derbez: usted no ha hecho nada por los mexicanos en la Unión Americana.

El señor Derbez prometió enviar una queja por la Ley 200 y aseguró su intervención para orientar y proteger a los mexicanos en el estado de Arizona, pero esto no ha sucedido. En cambio, se entrevista con la señora Condoleezza Rise y, de manera servil, ahora declara que la construcción del ``muro de la ignominia'' se trata de una acción de seguridad y no contra los migrantes mexicanos, a los que se mata y discrimina.

El señor Derbez engaña de nuevo e intenta mentir. Su incapacidad está de manifiesto; por un nuevo puesto al servicio de otros intereses ha sacrificado el trabajo que por obligación debe realizar.

Si quiere cambiar su puesto en la Secretaría de Relaciones Exterior por el del secretario general de la OEA, es hora de renunciar. No se debe seguir solapando este abandono de sus obligaciones en perjuicio de México.

Este ``muro de la ignominia'' nos recuerda el muro de Berlín o el muro contra los palestinos, muros que han sido rechazados por el mundo entero, han sido incluso denunciados en el ONU. En el caso del primero, lo vimos caer...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Le ruego concluir, señor diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: ... de un nuevo orden mundial. El segundo, esperamos verlo caer como señal de paz y entendimiento entre las naciones. Y el tercero...

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor diputado, le ruego concluir...

El diputado Pedro Ávila Nevárez: ... el que se construye en nuestra frontera norte. Debemos usar todas nuestras fuerzas diplomáticas para derrumbarlo y así realmente proteger a nuestros compatriotas.

Que el señor Derbez diga si es secretario de Relaciones Exteriores traicionando al Presidente Fox y al pueblo de México o si está bajo los intereses de Estados Unidos.

El punto de acuerdo lo paso aquí, para que en esta forma se dé seguimiento.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores, por abandonar su actual trabajo y dedicarse a su campaña electoral; y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar una nota diplomática de reclamo a Estados Unidos de América contra la construcción del muro a lo largo de la frontera con nuestro país, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Exposición de Motivos

A través de todo este gobierno hemos venido observando el deterioro de la política exterior mexicana, la que nos brindó orgullo y reconocimiento. Pero esto no es nuevo para esta soberanía: somos testigos del entreguismo por parte del responsable de la política exterior del país, el señor Derbez.

No sólo ha mentido con expresiones de supuestos reclamos por las medidas antiinmigrantes mexicanos que se han desarrollado en Estados Unidos de América, como fue en el caso de la Ley 200 de Arizona. Han sido claras sus mentiras al decir que iniciarían los reclamos ante las autoridades de ese país. Una vez más, el señor Derbez cree que sólo con declaraciones a la prensa nacional es suficiente para engañarnos. Lo ha intentado permanentemente.

Esta soberanía le ha pedido en otras ocasiones que entregue una nota diplomática para exigir el respeto de los migrantes, y nos envíe el acuse de recibo. Hasta la fecha esto no se ha logrado. ¡Miente, señor Derbez: usted no ha hecho nada por los mexicanos en la Unión Americana!

El señor Derbez prometió enviar una queja por la Ley 200, y aseguró su intervención para orientar y proteger a los mexicanos en Arizona, pero esto no ha sucedido; y, en cambio, se entrevista con la señora. Condoleezza Rice y, de manera servil, ahora declara que la construcción del muro de la ignominia se trata de una acción de seguridad y no contra los migrantes mexicanos. El señor Derbez engaña de nuevo e intenta mentir, su incapacidad está de manifiesto. Por un nuevo puesto al servicio de otros intereses ha sacrificado el trabajo que por obligación debe realizar.

Si quiere cambiar su puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores por el de secretario general de la OEA, es hora de renunciar. No se debe seguir solapando este abandono de sus obligaciones en perjuicio de México.

Este muro de la ignominia nos recuerda el muro de Berlín, o el muro contra los palestinos, muros que han sido rechazados por el mundo entero, han sido incluso denunciados en la ONU. En el caso del primero, lo vimos caer como señal de un nuevo orden mundial. El segundo esperamos verlo caer como señal de paz y entendimiento entre las naciones. Y el tercero, el que se construye en nuestra frontera norte, debemos usar todas nuestras fuerzas diplomáticas para derrumbarlo y así, realmente, proteger a nuestros compatriotas.

Por lo anterior presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se formule un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores por abandonar su actual trabajo y dedicarse a su campaña electoral. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nota diplomática de reclamo a Estados Unidos de América contra la construcción del muro a lo largo de la frontera con nuestro país, y enviar a esta soberanía el acuse de recibo correspondiente.

Palacio de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. En virtud de que está registrado este asunto como de urgente y obvia resolución, instruyo a la Secretaría consulte a la Asamblea si lo considera de urgente y obvia resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera, en virtud de la votación calificada del Pleno, de urgente resolución. Por tanto, está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que la Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado. Comuníquese.

Ruego a la Secretaría dé a conocer el resultado de la asistencia, después de dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 22 de febrero de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del LXV aniversario del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de febrero, delegación Cuauhtémoc.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: De viva voz los diputados:

El diputado Guillermo Antonio Olmos Capilla (desde la curul): Guillermo Olmos, presente. Gracias.

El diputado Marcos Álvarez Pérez (desde la curul): 281, presente. Gracias.

El diputado Arturo Robles Aguilar (desde la curul): Robles Aguilar, presente. Gracias.

El diputado Evaristo Corrales Macías (desde la curul): Diputado Evaristo Corrales, presente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Presente, de viva voz.

El diputado Salvador Vega Casillas (desde la curul): Presente.

El diputado Fernando Álvarez Monje (desde la curul): Presente.

El diputado Juan Bustillos Montalvo (desde la curul): Presente.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Presente.

El diputado Víctor Flores Morales (desde la curul): Presente.

La diputada Patricia Durán Reveles (desde la curul): Presente.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Presente.

El diputado Omar Bazán Flores (desde la curul): Presente.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): Presente.

El diputado Daniel Ordóñez Hernández (desde la curul): Presente.

El diputado Pascual Sigala Páez (desde la curul): Presente.

La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Presente.

El diputado Juan Gordillo Reyes (desde la curul): 492, presente.

El diputado Manuel Ovalle Araiza (desde la curul): Presente.

El diputado Francisco Mora Ciprés (desde la curul): Presente.

El diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (desde la curul) Presente.

El diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera (desde la curul): Presente.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias. Diputado Presidente, hay una asistencia de 382 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 22 de febrero, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 5 horas 3 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 287 diputados.

Asistencia al cierre de registro: 404 diputados.

Asistencia al final de la sesión: 382 diputados.

Diputados suplentes que se incorporan: 2.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3.

Punto de acuerdo, aprobado: 1.

Oradores en tribuna: 33

PRI-12; PAN-8; PRD-7; PVEM-3; PT-1; PC-2.

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica;

1 oficio del Congreso del estado de Colima;

4 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa de cambios en la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México-Reino Unido; y en la integración de las comisiones: Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, de Desarrollo Metropolitano, del Distrito Federal, de Justicia y Derechos Humanos y en la de Desarrollo Metropolitano, así como en el Grupo de Amistad México-Eslovaquia;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita permiso constitucional necesario para que 1 ciudadano pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa que le otorga el Ejército Popular de Liberación China;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permisos constitucionales necesarios para que siete ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América y en la Embajada del Perú en México, respectivamente; y comunica el que han dejado de prestarlos cinco ciudadanos

5 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;

7 iniciativas del PRI;

2 iniciativas del PAN;

4 iniciativas del PRD;

1 iniciativa del PT;

4 iniciativas del PVEM;

2 iniciativas del PC.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: 149

Avila Nevárez, Pedro (PRI) Estados Unidos de América: 171

Avila Serna, María (PVEM) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores - Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: 137

Castelo Parada, Javier (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 28, 36

Chávez Dávalos, Sergio Armando (PRI) Ley de Desarrollo Rural Sustentable: 167

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 79

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 40 desde curul

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 35 desde curul

Del Conde Ugarte, Jaime (PAN) Código Federal de Procedimientos Civiles - Código Federal de Procedimientos Penales - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 121

Díaz Delgado, Blanca Judith (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 42 desde curul

Díaz Salazar, María Cristina (PRI) Ley General de Salud - Ley General de Educación: 76

Galindo Jaime, Rafael (PRI) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 32, 37

González Furlong, Magdalena Adriana (PAN) Empleo de personas mayores: 48

González González, Ramón (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 30, 41 desde curul

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 45

Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen (PRD) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 38 desde curul

Herrera León, Francisco (PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 99

Madrigal Hernández, Luis Felipe (PRI) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 34 desde curul

Martínez Alvarez, Jesús Emilio (PC) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 91

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Banobras: 50

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Ley General de Salud: 107

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Artículo 41 constitucional: 158

Moreno Morán, Alfonso (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 43 desde curul

Muñoz Vargas, Miriam Marina (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 35 desde curul

Murat Macías, José Adolfo (PRI) Banobras: 50

Nahle García, Arturo (PRD) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 45

Nazar Morales, Julián (PRI) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 39

Ordóñez Hernández, Daniel (PRD) Ley de Amparo: 144

Palafox Gutiérrez, Martha (PRI) Artículo 72 constitucional: 142

Preciado Rodríguez, Jorge Luis (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 31

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 29, 34

Torres Zavala, Rubén Alfredo (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 33, 34 desde curul, 41 desde curul

Triana Tena, Jorge (PAN) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: 102

Trujillo Fuentes, Fermín (PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 162

Uscanga Escobar, Jorge (PRI) Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados: 119

Vázquez García, Sergio (PAN) Programa Especial Concurrente - Acuerdo Nacional para el Campo: 44

Vázquez González, Pedro (PT) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 87

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley General de Vida Silvestre: 84 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 167 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 29 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 28 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Barrio Terrazas Francisco Javier Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 114 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 15 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 20 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Márquez Gloria Camerina Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Olmos Capilla Guillermo Antonio Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 72 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 16 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 6 Total diputados: 96 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 6 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 3 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 4 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 2 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencia: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Adame De León Fernando Ulises Aguirre Rivero Ángel Heladio Alemán Migliolo Gonzalo Arias Martínez Lázaro Badillo Ramírez Emilio Buendía Tirado Ángel Augusto Collazo Gómez Florencio Del Valle Reyes Guillermo Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Gastélum Bajo Diva Hadamira Jiménez Sánchez Moisés Martínez De La Cruz Jesús Humberto Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Montenegro Ibarra Gerardo Moreno Ovalles Irma Guadalupe Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Ruíz Cerón Gonzalo Soriano López Isaías Tapia Palacios Paulo José Luis Utrilla Robles Jorge Baldemar Vidaña Pérez Martín Remigio Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Faltas por grupo: 28 Barrera Zurita Baruch Alberto Cárdenas Vélez Rómulo Contreras Covarrubias Hidalgo Döring Casar Federico Flores Fuentes Patricia Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Hernández Martínez Ruth Trinidad Llera Bello Miguel Angel López Villarreal Manuel Ignacio Marquez Lozornio Salvador Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Ortíz Domínguez Maki Esther Pérez Cárdenas Manuel Preciado Rodríguez Jorge Luis Rivera Cisneros Martha Leticia Sigona Torres José Userralde Gordillo Leticia Socorro Vázquez González José Jesús Faltas por grupo: 20 Bagdadi Estrella Abraham Herrera Herbert Marcelo Medina Lizalde José Luis Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Rodríguez Fuentes Agustín Faltas por grupo: 6 Fernández Avila Maximino Alejandro Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Faltas por grupo: 3 CONVERGENCIA Moreno Garavilla Jaime Miguel Faltas por grupo: 1