DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 28 de febrero de 2005	Sesión No. 10

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 331 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la sesión (a las 11:05 horas).

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte entonces la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa.... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Lunes 28 de febrero de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 176 aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo, a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria en la Plaza de Santo Domingo, situada en República de Brasil y Belisario Domínguez, delegación Cuauhtémoc.

De los diputados Francisco Barrio Terrazas y Zeferino Torreblanca Galindo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Tres, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Cámara de Senadores

En el que transcribe punto de acuerdo por el que manifiesta su disposición e interés de participar en conferencia con la Cámara de Diputados a fin de dotar el sector del marco legal indispensable que ofrezca certeza y seguridad jurídica y los instrumentos que promuevan la competitividad, diversificación y consolidación de la actividad azucarera nacional. (Turno a Comisión)

En el que transcribe punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Auditoria Superior de la Federación, se le presenten los resultados que arrojó la reciente auditoría practicada al Consejo Mexicano del Café. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se adicionan al Título Cuarto, Capítulo VI, los artículos 153 Bis al 153 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y de Japón. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y Francesa, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado en la Embajada de la República de Bolivia en México. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los artículos 2, numeral III, y 2-A, numerales I y II; y adiciona la fracción V al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2 de la Ley de Navegación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que crea la Ley Federal del Servicio Voluntario, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ernesto Canales Santos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Sandro Muller Rolandi para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Confederación Helvética en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Servando Centella Pérez para aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gerardo Alberto Rivas Orellana, María de Ángel Estrada Reynoso, Carlos Alberto López Torres, Marina del Carmen Encinas Cháirez y Sylvia Érika Montaño Quintana para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, y en Nogales, Sonora, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Cecilia Rivera Ramos y Hugo Enrique Onofre González para prestar servicios en la Embajada de Perú en México.

De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones, y de Transportes, con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública federal, y de Relaciones Exteriores que envíen a la Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución, los avances y los beneficios del programa ``Bienvenido, paisano'' para su estudio y evaluación.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo para que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio y 26 de octubre de 2004.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una norma oficial mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a implantar programas para fomentar la artesanía en la República Mexicana.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar, en el ámbito de sus atribuciones, la tarifa por temperatura ambiental de la 1B, de 28º centígrados, a la de 1C, de 30º centígrados, para el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a establecer, en coordinación con la industria del acero, los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica mexicana.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a tomar medidas urgentes que impidan la extorsión de la PFP a ciudadanos mexicanos que transitan por el país en vehículos de procedencia extranjera; y a la SHCP, a efecto de que la Policía Fiscal se abstenga de implantar operativos para decomisar dichos automotores, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al IMSS que explique a esta soberanía su responsabilidad en la solución del conflicto laboral con la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, donde se vieron alterados los derechos en materia de seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que supervise, a través de su Órgano Interno de Control, las impresiones que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos realiza con recursos federales y, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra los hechos de violencia acontecidos el domingo 20 de febrero en el centro de tratamiento para menores de San Fernando, en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía cómo aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrito por los diputados Manuel Velasco Coello y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que autorice un donativo de un millón de pesos para la fundación Fidevida, a fin de que ésta continúe apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y derogar a través de la SHCP el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los delitos ambientales que ocurren en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover --en el marco de los acuerdos internacionales-- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador general de la República a dar continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantiles descubierta en Cancún en noviembre de 2003, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a ésta para realizar una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa, a cargo del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca a la Comisión de Cultura a organizar el primer Parlamento de cultura; y se solicita al Senado de la República, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, y de Economía, y al Conaculta a colaborar como organizadores y participantes del mismo, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades cometidas por las autoridades del gobierno del estado de Baja California Sur durante las elecciones del 6 de febrero del presente año, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral e investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Federal a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implantar los programas de combate de la pobreza que aún no se aplican en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a gestionar lo necesario para eliminar la caseta de cobro Esperanza de la autopista federal Estación Don-Nogales; o bien, reubicarla una vez concluido el libramiento respectivo, a cargo del diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer orden y vigilancia en las estructuras estatales respecto a la entrega de los recursos federales de los distintos programas del Procampo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la STPS a instaurar un sistema de contabilidad laboral del turismo y velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a presentar un informe de los concesionarios de telefonías celulares en México, en los servicios de mensajes cortos, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2001 y de 2002, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Seduvi del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón a mantener el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos de América la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para que reciban atención médica especializada en instituciones de salud en ese país, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que revise el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como que elimine de ahí las disposiciones discriminatorias contra las personas con VIH/sida, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a subsanar los perjuicios que, por emisión de elementos tóxicos, presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que incluya el municipio de Tetla, Tlaxcala, en la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que cambie, por conducto de las instancias correspondientes, el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que informe sobre los homicidios de mujeres en la entidad, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar los delitos cometidos por el gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, y sus colaboradores durante el pasado proceso electoral de esa entidad, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud para que en esta entidad federativa se promuevan e instauren las acciones y los programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre los hechos del 10 de junio de 1971, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, a cargo del diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador constitucional de Guerrero a adoptar las medidas conducentes en el proceso penal contra el C. Felipe Arreaga Sánchez, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implantar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para el envío de una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de América en protesta por los señalamientos públicos del director de la CIA acerca de la política interna de México, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar o, en su caso, considerar la creación de una ley a fin de prevenir y atender la violencia familiar, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a retirar del Programa de Libros de Texto Gratuitos, para consulta en las bibliotecas de aula, los que incluyen narcocorridos, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones conducentes a obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en los asuntos electorales de sus estados, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT adecuar la norma oficial mexicana referida a la construcción de carreteras federales y autopistas, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al auditor superior de la Federación a auditar el Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre el apoyo para trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, SCL, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades del acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba la nueva demarcación electoral en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a investigar la epidemia de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca y efectuar el control sanitario respectivo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sobre el destino dado a los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004, a cargo de la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a llevar a cabo la reparación y el mantenimiento de las carreteras que le corresponden, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del estado de Michoacán y a la Empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrito por los diputados Inelvo Moreno Álvarez, Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a no intervenir en los procesos internos de elección de dirigentes en sus respectivas entidades federativas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar, en el ámbito de sus competencias, el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con diversos comentarios emitidos, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el ajuste salarial de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, conforme al acuerdo y los criterios emitidos por la SHCP sobre la partida presupuestal del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se cree una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales a campañas en elecciones locales, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reformar el acuerdo 312, en el que se determinan los programas de educación primaria, y que tenga efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006, a cargo del diputado Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a fin de que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento a los titulares de la SEP y de la SHCP por el recorte de 1,734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa Oportunidades, a cargo de la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que un grupo de diputados y de diputadas se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa en relación con la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que se destinan al consumo humano, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa sobre el levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Agenda política

Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte también la Secretaría si se le dispensa la lectura, ya que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de febrero de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos diecinueve diputadas y diputados, a las diez horas con seis minutos del jueves veinticuatro de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

A las diez horas con siete minutos la Secretaría informa del registro de trescientos treinta y siete diputadas y diputados e instruye el cierre del registro electrónico de asistencia y votación.

Desde su curul el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios sobre problemas en el estacionamiento para diputados. El Presidente toma nota e instruye a la Secretaría General a instrumentar las medidas correspondientes.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Tres, con las que propone cambios en la integración de los grupos de Amistad México -- Belice, México -- Estados Unidos de América y México -- Corea del Sur; y en la Delegación Permanente ante la Confederación Parlamentaria de las Américas. Se aprueban en votación económica.

Dos, con las que informa de cambios de integrantes en las comisiones de Seguridad Pública; de Radio, Televisión y Cinematografía; de Desarrollo Metropolitano; en el Comité de Información, Gestoría y Quejas; y en las comisiones de Economía, de Relaciones Exteriores y Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros. De enterado.

El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Se turna a la Comisión de Economía.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, con el que remite Informe Semestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio -- diciembre de dos mil cuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos setenta y cuatro, setenta y nueve, ciento diez, ciento once, ciento dieciséis y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El ciudadano Ricardo Franco Guzmán solicita permiso para prestar servicio en las embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Homero Ríos Murrieta, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veinticinco de la Ley Federal de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo primero de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma los artículos veintisiete y sesenta y ocho de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Amalin Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Desde su curul el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del Partido Acción Nacional, solicita la verificación del quórum y la entonación del Himno Nacional para conmemorar el Día de la Bandera. El Presidente instruye a la Secretaría a ordenar la apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para comprobar el quórum.

Virginia Yleana Baeza Estrella, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos treinta y cinco y setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana. La Secretaría informa del registro de trescientos sesenta y tres diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum y, puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional para conmemorar el Día de la Bandera, en atención a la solicitud del diputado Pasta Muñuzuri.

Marcos Morales Torres, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación hacendaria entre la federación y las entidades federativas. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.

Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Economía.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo setenta y seis ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.

Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que adiciona el artículo veinte de la Ley de Expropiación y reforma el artículo noventa y cuatro de la Ley Agraria. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Reforma Agraria.

Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cuarenta y siete y reforma el artículo cincuenta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y noventa del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo doscientos quince del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento sesenta y dos y ciento setenta y nueve y adiciona un artículo ciento setenta y cinco bis a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos treinta y dos y treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, atendida por la Presidencia. También desde su curul el diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para el efecto.

Raúl Pompa Victoria, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo nueve bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y durante su intervención el Presidente saluda la presencia en el recinto del Excelentísimo Embajador de los Estados Unidos de América en México, Antonio Garza. Se turna la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos propone proyecto de acuerdo para modificar el calendario de sesiones del presente Periodo Ordinario. Se aprueba en votación económica.

La Secretaría informa del registro de trescientos cuarenta y un diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

La Junta de Coordinación Política propone los siguientes proyectos de acuerdo:

Para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que revisen y corrijan los incrementos de precios autorizados a las distribuidoras de gas natural en el país, en particular en Gómez Palacio, Durango, y en la región lagunera. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para solicitar al Ejecutivo Federal, a que a través de la Secretaría de Salud, otorgue de manera gratuita el Seguro Popular a los infantes y adolescentes que padecen cáncer en sus diferentes características y, en especial, a los de leucemia. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar a los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que implementen un programa emergente para el combate integral de la rata de campo en la superficie de cultivos agrícolas del norte del estado de Sinaloa. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar al Secretario de Gobernación a que se investiguen las actividades políticas dentro del territorio nacional de la Fundación Nacional Cubano -- Americana. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de una iniciativa con proyecto de decreto del diputado Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, que reforma los artículos cuarto, catorce, veintidós, treinta y siete y cuarenta y cuatro de la Ley de Aeropuertos, y la turna a la Comisión de Transportes.

Continúan la presentación de iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Gustavo Moreno Ramos, a nombre propio y del diputado Jorge Uscanga Escobar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veintisiete del Código Federal de Procedimientos Civiles.Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General de Vida Silvestre. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Francisco Luis Monárrez Rincón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y quinto y séptimo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de juicio político. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Enrique Guerrero Santana, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiséis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso:

Al ciudadano Servando Centella Pérez, para que pueda aceptar y usar la medalla que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.

A cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

A dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada del Perú en México.

Son de primera lectura.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona una fracción octava bis al artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Es de segunda lectura. La diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone modificaciones a los artículos segundo y tercero transitorios y la adición de un artículo cuarto transitorio al proyecto de decreto, mismas que la Asamblea admite en votación económica. Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones y la adición admitidas, por trescientos cincuenta y seis votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Benito Juárez, para que en coordinación, tomen medidas para solucionar la problemática de disposición final de residuos sólidos en dicho municipio. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que reforma el artículo noveno y adiciona los artículos segundo, cuarto, séptimo, octavo y doce de la Ley General de Asentamientos Humanos. Es de segunda lectura. Fundamentan el dictamen a nombre de las comisiones las diputadas: María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional.

Desde su curul el diputado Bernardino Ramos Iturbide, del Partido de la Revolución Democrática, solicita la palabra para presentar un voto particular. El Presidente aclara que sólo le puede conceder el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen y funda su criterio en los artículos noventa y cinco y ochenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los que da lectura. Desde su curul el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, señala que el texto del artículo noventa y cinco reglamentario que leyera la Presidencia contiene un error de imprenta, da lectura al texto original y solicita sea corregido, previa compulsa con éste. El Presidente informa que en tres ediciones que tiene en su poder, el texto del artículo en cuestión aparece en los términos en que le diera lectura, solicita a los servicios parlamentarios de apoyo localizar el Diario Oficial Federación donde aparece publicado el texto aprobado por el Congreso de la Unión y, por razones de tiempo y economía procesal, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si autoriza que el diputado Ramos Iturbide presente su voto particular, y en votación económica no se autoriza.

Hablan los diputados: Bernardino Ramos Iturbide, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Margarita del Sagrado Corazón de Jesús Chávez Murguía, del Partido Acción Nacional, en pro; Javier Manzano Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; y Huberto Aldaz Hernández, del Partido Acción Nacional, en pro.

El Presidente informa que el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, ha entregado a la Presidencia copia del Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de marzo de mil novecientos treinta y cuatro, que confirma que las ediciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a su disposición, tienen un error tipográfico que cambia totalmente el sentido de lo dispuesto en el artículo noventa y cinco, anunciando que en lo sucesivo se sujetará al texto original; instruye la inserción íntegra del voto particular del diputado Bernardino Ramos Iturbide en el Diario de los Debates, en atención a la solicitud hecha por el diputado Gómez Álvarez; y ofrece una disculpa al diputado Ramos Iturbide, quien desde su curul hace comentarios al respecto que el Presidente señala se le tienen por manifestados.

La diputada Marbella Casanova Calam, del Partido de la Revolución Democrática, habla en contra del dictamen de referencia.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional; Bernardino Ramos Iturbide y Javier Manzano Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y sin que se reserven artículos para su discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos setenta y seis votos en pro, setenta y seis en contra y cuatro abstenciones. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo noveno y adiciona los artículos segundo, cuarto, séptimo, octavo y doce de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita prorrogar la sesión hasta desahogar un dictamen más y la Asamblea, en votación económica, autoriza la prórroga.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Es de segunda lectura. El diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen. Hablan en pro los diputados Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, del Partido Acción Nacional; y Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto de referencia en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta votos en pro y tres abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de la sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con treinta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el lunes veintiocho de febrero de dos mil cinco a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda entonces a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada, el acta.

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SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVI (176) aniversario luctuoso de doña Josefa Ortiz de Domínguez el próximo miércoles 2 de marzo, a las 10:00 horas, en el monumento erigido a su memoria, en plaza de Santo Domingo, ubicada en República del Brasil y Belisario Domínguez, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara, que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Angelina Barona del Valle, directora de Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para asistir en representación de esta Cámara, en su oportunidad se designará a los ciudadanos diputados.

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diputado que solicita licencia

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Distinguido señor Presidente:

Con fundamento en lo que establecen los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el suscrito, diputado federal, integrante de la LIX Legislatura, ruega a usted, respetuosamente, disponga se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo que actualmente ostento.

Asimismo, le pido de la manera más atenta que se llame a mi suplente.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, febrero 24 de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En consecuencia, están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco Barrio Terrazas para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo....

Los que estén por la negativa.... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Están aprobados los puntos de acuerdo.

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DIPUTADO QUE OPTA POR OTRO CARGO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Diputado Federal Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, diputado federal por la quinta circunscripción, con licencia, por tiempo indeterminado por esta LIX Legislatura, ante usted con el debido respeto paso a exponer:

Que, en términos del artículo 125 Constitucional, vengo a manifestar que, derivado del proceso electoral celebrado en el estado de Guerrero, el pasado 6 de febrero del año en curso para elegir gobernador, y como resultado de dichas elecciones me ha sido otorgada la constancia de mayoría por parte del Consejo Estatal Electoral, he optado por desempeñar el cargo de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conferido por voluntad del pueblo, a partir del día 1 de abril el presente año; lo que hago del conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.

Agradezco además todas las facilidades apoyo que me brindó esta H. Cámara de Diputados para el desempeño de mis tareas legislativas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.--- CP Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado; comuníquese.

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TARIFAS ELECTRICAS

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1368, signado el 12 de enero del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 102-K-IV-A-046, suscrito el 14 del actual por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que ajuste las tarifas de consumo doméstico de electricidad, de tal forma que se beneficie a los consumidores de menores ingresos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Bucareli No. 99, Piso 1, Juárez. 06600, México, DF.

Hago referencia a su oficio No. SEL/300/196/05 del 14 de enero de 2005, dirigido al licenciado José Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el que remite copia del punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión. Sobre el particular, le comento lo siguiente a fin de que por su conducto se remita al interesado.

La política de precios y tarifas de los bienes y servicios que producen y comercializan los organismos y empresas del sector público es de aplicación general y tiene como objetivo reflejar los costos de proveerlos. Con ello se busca fomentar el saneamiento financiero de las empresas públicas, reducir los subsidios implícitos que se otorgan de manera generalizada a los consumidores vía precios y tarifas, e incrementar la eficiencia productiva de las empresas y organismos. De esta manera, los usuarios recibirán una señal de precios adecuada para la toma de decisiones productivas y de consumo.

Sin embargo, como un apoyo a los usuarios domésticos, las tarifas de dicho sector se encuentran altamente subsidiadas, al no cubrir sus costos de generación, transmisión y distribución. Lo anterior, limita a los organismos suministradores la ampliación del sistema eléctrico vía ingresos propios, y condiciona al Gobierno Federal a realizar importantes transferencias de recursos para cubrir los programas de inversión en infraestructura eléctrica, y así continuar con la provisión oportuna y suficiente de dicho servicio ante la creciente demanda por energía eléctrica.

Cabe señalar que el diseño actual de las tarifas domésticas pretende que los usuarios de menor consumo reciban un porcentaje mayor de subsidio, por esta razón los cargos tarifarios son crecientes, asimismo, el beneficio se incrementa durante el verano al aplicar a dicho sector una estructura tarifaria con cargos más bajos y rangos de consumo subsidiado más amplios.

Por lo anterior, incrementar el nivel de subsidio otorgado a los usuarios domésticos, agravaría la situación financiera de los organismos suministradores con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda por energía eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2005.--- Pedro Luna Tovar (rúbrica), director general adjunto de Precios y Tarifas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CONTRABANDO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1055, signado el 29 de diciembre de 2004, por los CC diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Arturo Nahle García, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 326-SAT-X-4-13300, suscrito el 2 del actual, por el C. Lic. Mario Córdova López, administrador central de Fiscalización Aduanera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades que informen sobre las medidas tomadas durante diciembre de 2004, para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y su venta en la vía pública.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Por instrucciones del administrador general de Aduanas y en atención a su oficio número SEL/300/009/05 del 3 de enero de 2005, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mismo que se refiere a que diversas unidades administrativas, en el ámbito de su competencia, remitan medidas que se han dispuesto durante diciembre de 2004 para hacer valer el estado de derecho en relación con el contrabando y otras conductas delictivas.

Sobre el particular, me permito comentarle que la Administración General de Aduanas ha implementado una serie de medidas con el objeto de combatir la introducción ilegal de mercancías de procedencia extranjera. Los programas y acciones más relevantes son las siguientes:

1) Programa de Fiscalización Anual, durante el 2004 se llevaron a cabo 7,447 operativos a nivel nacional y se embargó mercancía con un valor aproximado de $1,394,550,139.00. Dichas acciones representan un incremento de un 88% en comparación con el 2003.

Cabe destacar que se han llevado a cabo acciones en lugares de conflicto como Tepito (DF), San Juan de Dios (Guadalajara), Barrio el Coecillo (Guanajuato), mercados de comerciantes ambulantes como ``las pulgas'' (Monterrey, Nuevo León), el centro de Ciudad Juárez, barrio La Purísima en Aguascalientes, entre otros.

Asimismo, el fin del año pasado se realizó el embargo más grande de discos compactos vírgenes en lo que va de la presente administración, aproximadamente 9 millones de discos compactos, que iban a ser destinados a cometer ilícitos con los derechos de autor (piratería).

2) Programa Navidad, su objetivo es abatir la entrada irregular de mercancías extranjeras al país que durante el fin de año se incrementa. Para ello se tomaron las siguientes acciones:

En coordinación con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, a partir del 4 de octubre de 2004 se instalaron 26 puntos de revisión en las principales carreteras del país.

Se estableció que la vigencia de este programa fuera del 4 de octubre al 17 de diciembre de 2004.

Se diseñó un esquema de supervisión y monitoreo permanente al personal que participó en este operativo.

3) Programa CAT- Metropolitano, como resultado de la coordinación interinstitucional para el combate de diversos delitos, entre los que se encuentra el contrabando, se participa en el Programa CAT-Metropolitano coordinadamente con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el barrio de Tepito, colonia Morelos, central de abastos de Iztapalapa y se extiende a los límites de los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz y Valle de Chalco del estado de México, y los resultados de dicho programa en el 2004 fueron 132 procedimientos administrativos en materia aduanera asegurándose mercancía con un valor de $53,770,108.34.

4) Emisión de órdenes de embargo, con el objeto de fiscalizar las acciones de comercio exterior de contribuyentes que no cumplen con la normatividad existente, se emiten las órdenes de embargo, las cuales se actualizan al declarar un domicilio falso en su pedimento, se trate de una subvaluación de las mercancías o bien de un proveedor falso. En el 2004 se emitieron 185 de estos instrumentos con lo cual se aseguró mercancía con un valor de $83,023,779.20.

5) Proyecto ValuNet, con la finalidad de combatir el fraude aduanero, específicamente a la subvaluación de las mercancías y reglas de origen (triangulación), la Administración General de Aduanas ha estructurado el Proyecto ValuNet, el cual tiene como objeto la prestación de los servicios de verificación, entendiéndose por éstas la investigación internacional de valores en el país de origen de la mercancía exportada hacia México para determinar si los datos contenidos en la documentación e información proporcionada por los importadores corresponden con la operación real, sin retrasar el despacho aduanero.

Finalmente, estamos a su disposición para cualquier aclaración o duda que tenga con respecto a dicho asunto, en nuestras instalaciones situadas en avenida Hidalgo número 77, Módulo IV, primer piso, colonia Guerrero, CP 06300, en la Ciudad de México, DF, o en los teléfonos 9157 3388 y 9157 3660.

Atentamente

México, DF, a 2 de febrero de 2005.--- Lic. Mario Córdova López (rúbrica), administrador Central de Fiscalización Aduanera.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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PROGRAMA OPORTUNIDADES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1140, signado el 14 de diciembre de 2004, por los CC diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 230 000 00/000219/2004, suscrito el 10 de febrero último, por el C. doctor N. Salvador Escobedo Zoletto, Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, con la participación de dicha instancia, se reconsideren los contenidos temáticos de los cursos que mensualmente deben de tomar los padres de familia, inscritos en el programa Oportunidades.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

México, DF, a 10 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«DIF.--- Oficialía Mayor.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Sirva la presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al tiempo de remitirle por este conducto la respuesta del Sistema Nacional DIF al dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso del Unión, presentado al pleno parlamentario el 14 de diciembre de 2004, dado a conocer a este SNDIF mediante oficio No. D.G.P.L 59-II-3-1141 de la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, en el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que evalúe y, en su caso, reconsidere los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia del programa Oportunidades. Al tenor de las consideraciones anteriores, la Comisión de Desarrollo Social emitió el siguiente

Dictamen

``Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a evaluar y, en su caso, reconsiderar los contenidos temáticos de los cursos que mensualmente deben tomar los padres de familia inscritos en el programa Oportunidades, ya que actualmente sólo se enfocan a salud y nutrición.

Segundo.- Que la coordinación del programa Oportunidades considere la participación de instancias como la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para complementar y desarrollar temas relacionados con la formación humana, desarrollo personal, fomento de los valores universales así como la prevención y el combate a las adicciones''.

Sobre el particular, para que se evalúe y, en su caso, reconsidere los contenidos temáticos de los cursos para padres de familia del programa Oportunidades, me permito comentarle lo siguiente:

1. Desde agosto de 2003, y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Sistema Nacional DIF ha desarrollado un Modelo Nacional de Educación Familiar, cuyo objetivo general es promover el desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas necesarias para la convivencia y relaciones familiares en padres, madres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a través de acciones formativas integrales orientadas a fomentar la función educativa de la familia.

Este modelo se implementará en los estados de la República Mexicana mediante una alianza estratégica entre las Secretarías de Educación de los estados y los Sistemas Estatales DIF a lo largo de 2005.

2. El Sistema Nacional DIF ofrece a la Secretaría de Desarrollo Social, para el cometido descrito en el punto segundo de acuerdo, el documento de trabajo del Modelo Nacional de Educación Familiar, a fin de que pueda ser de utilidad para el programa Oportunidades.

Esperando dar oportuna respuesta y sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de febrero de 2005.--- Dr. N. Salvador Escobedo Zoletto (rúbrica), oficial mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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AGUA DE LLUVIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1120, signado el 14 de diciembre de 2004, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 0086, suscrito el 14 del actual por el C. ingeniero Jaime Parada Ávila, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante el cual da respuesta al apartado tercero del punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a identificar, conjuntar, validar y transmitir las tecnologías generadas por los centros de investigación y particularmente a conformar paquetes tecnológicos que apoyen la capacitación y asesoría técnica sobre captación, tratamiento, almacenamiento y utilización de agua de lluvia.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

México, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Conacyt.--- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Estimado licenciado Aguilar:

En respuesta a su atento comunicado SEL/300/5377/04, me permito informar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Conacyt, éste tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

1. Formular y proponerlas políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología;

Asimismo, dentro de los principios orientadores que establece la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que:

``La actividad de investigación y desarrollo tecnológico que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a procurar la identificación y solución de problemas y retos de interés general, contribuir significativamente a avanzar la frontera del conocimiento, permitir mejorar la calidad de vida de la población y del medio ambiente, y apoyar la formación de personal especializado en ciencia y tecnología''

De igual manera, de conformidad con el artículo primero del acuerdo de sectorización de fecha 14 de abril de 2003, las entidades paraestatales que conforman el Sistema de Centros Públicos Conacyt, quedan sectorizadas en un régimen especial de coordinación sectorial, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En ese mismo sentido la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 48 que:

``Los centros públicos de investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa en los términos de esta ley, sin perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le corresponda''.

Considerando lo anterior, y tomando en cuenta que la política de estado en materia de ciencia y tecnología será instrumentada a través de este Consejo, se ha girado la instrucción a las direcciones adjuntas a mi cargo, para que en los proyectos financiados por el Conacyt y en aquellos que tenga participación o intervenga, se procure tomar en cuenta el contenido del punto de acuerdo emitido por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. Cámara de Diputados aprobado en su sesión del 14 de diciembre de 2004.

Al agradecer su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 14 de febrero de 2005.--- Ing. Jaime Parada Ávila (rúbrica), director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - CONGRESO DE LA UNION

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1131, signado el 2 de diciembre de 2004, por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 529-II-SFFLC-029, suscrito el 15 del actual, por el C. licenciado Ismael Reyes Retana Tello, subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al apartado segundo del punto de acuerdo por el que se apercibe al titular de esa dependencia de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por la H. Cámara de Diputados conlleva a caer en el desacato.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/300/4749/04 de fecha 7 de diciembre de 2004, mediante el cual hizo del conocimiento del C. secretario de Hacienda y Crédito Público el punto de acuerdo aprobado por la H. Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 2 de diciembre del citado año, y que fuera propuesto por la Junta de Coordinación Política de dicha Cámara.

Al respecto, es importante señalar lo que al efecto quedó establecido en el segundo punto resolutivo:

``Segundo.- Se apercibe a los ciudadanos licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público y la C. Xóchitl Gálvez Gutiérrez, directora general para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (sic), de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por esta honorable Cámara de Diputados, conlleva a caer en desacato.''

Por lo tanto, después de una revisión a los antecedentes de la proposición con punto de acuerdo (incluyendo la versión estenográfica de la discusión efectuada por los legisladores), se puede desprender que no existió una imputación concreta, de alguna manifestación a expresión escrita o verbal, en día y hora en lo particular, por parte del titular de esta Secretaría, que permitiera concluir sobre la afirmación establecida por la Cámara de Diputados, es decir, la imputación a que se hace referencia en el resolutivo trascrito.

En adición a lo anterior, es importante destacar que la Unidad de Comunicación Social y vocero de esta Secretaría informó que de los comunicados de prensa o de las declaraciones efectuadas por el C. titular esta dependencia en las fechas cercanas al punto de acuerdo de referencia no se encontraron elementos que permitieran concluir sobre la afirmación que nos ocupa.

En consecuencia, mucho le agradeceré que por su conducto se manifieste a la H. Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesta en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una aclaración en el sentido de que el licenciado José Francisco Gil Díaz en ningún momento ha realizado un llamado al incumplimiento de las normas expedidas por esa soberanía, en virtud de que su actuación siempre se ha apegado a derecho y conforme al mandato constitucional que tiene conferido y, por lo tanto, no se ha promovido un incumplimiento que implique vulnerar el marco normativo aplicable al que todo ciudadano se encuentra obligado a respetar, no importando el cargo o comisión que desempeñe.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de febrero de 2005.--- Lic. Ismael Reyes Retana Tello (rúbrica), subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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INGENIOS AZUCAREROS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; y Especial que da seguimiento al cumplimiento de los objetivos y fines del decreto por el que se expropiaron diversos ingenios azucareros, con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero. El Senado de la República manifiesta su preocupación y reservas a la medida que el Ejecutivo federal decretó en lo referente a las actividades vinculadas a la siembra, cosecha e industrialización de la caña de azúcar consideradas de interés publico.

Segundo. El Senado de la Republica manifiesta su absoluta solidaridad con las exigencias económicas, sociales y jurídicas de los productores, obreros y organizaciones del sector, tendientes a clarificar el escenario de incertidumbre del sector azucarero nacional que se ha generado como resultado del decreto abrogatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de 2005.

Tercero. El Senado de la República manifiesta su disposición e interés de participar en conferencia con la Cámara de Diputados, a fin de dotar al sector del marco legal indispensable que ofrezca certeza, seguridad jurídica y los instrumentos que promuevan la competitividad, diversificación y consolidación de la actividad azucarera nacional.

Cuarto. En base a lo dispuesto por los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación proporcionar los análisis técnicos, financieros, comerciales, sociales y políticos que fundamentaron el decreto abrogatorio referido e informen sobre las medidas concebidas para atender los efectos colaterales del sector debidos a la disposición decretada. Asimismo, se cita a comparecer al C. secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al C. secretario de Economía, a fin, de que informen sobre las repercusiones y el diseño e instrumentación de las políticas orientadas a resolver la situación y desarrollo del sector como consecuencia del decreto en materia azucarera expedido por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero del año en curso''.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía, con opinión de la Comisión Especial para analizar los problemas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda por favor la Secretaría a ordenar el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Señor Presidente: hay una asistencia de 360 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Continúe por favor la Secretaría.

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CONSEJO MEXICANO DEL CAFE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, con el siguiente punto de acuerdo:

``Primero: El Senado de la República solicita atentamente a la Cámara de Diputados que por conducto de la Auditoría Superior de la Federación nos presente los resultados que arrojó la reciente auditoría practicada al Consejo Mexicano del Café, por el uso del Fondo de Estabilización de los Precios del Café durante los últimos tres años.

Segundo: Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que siguiendo esta política de impulso al campo cafetalero, realice las gestiones pertinentes para que no se realice la retención del recurso por cada productor del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura, con la intención de que el Gobierno Federal aporte la misma cantidad de recursos en proporción uno a uno y genere un fondo que sea destinado al apoyo de más productores.

Tercero: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , para que en base a la equidad y justicia hacia los productores, se revise nuevamente el espacio de los terrenos de cada uno de los cafeticultores, por la diferencia que provoca el sistema satelital, ya que no cubre las hondonadas y las barrancas''.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Comisión Especial del Café, para su conocimiento.

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ley general del equilibrio ecologico y la proteccion al ambiente - CODIGO PENAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adicionan al Título Cuarto, Capítulo VI, los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN AL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO VI, LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 BIS 1, 153 BIS 2, 153 BIS 3 y 153 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; Y SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL:

ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 153.-...

Artículo 153 BIS.- Se prohíbe el ingreso a territorio nacional de los contaminantes orgánicos persistentes que se enlistan en el artículo 153 Bis 4 de la Ley, de aquellos que determine la Secretaría en la norma oficial mexicana correspondiente y de los materiales que los contengan o estén contaminados con ellos, cualquiera que sea la forma de uso que haya adoptado, con las excepciones previstas en dicho articulo.

Dentro del territorio nacional se prohíbe la producción, comercialización y/o uso de nuevas aplicaciones de contaminantes orgánicos persistentes y de materiales que los contengan o estén contaminados con ellos.

Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes a las sustancias, mezclas y compuestos que contienen los elementos cloro y carbono en forma estructural de anillo cíclico aromático en su estructura molecular.

Artículo 153 BIS 1.- Todas las aplicaciones cerradas que ingresen en el territorio nacional que contengan fluidos aislantes o de transferencia térmica, deben tener la identificación de las sustancias contenidas o, en su defecto, la indicación de que no contienen contaminantes orgánicos persistentes, tanto para información de las autoridades como de los usuarios.

Artículo 153 BIS 2.- En todos aquellos casos en que se importen al territorio nacional productos de cualquier naturaleza de cuyo contenido o componentes se tenga presunción de la existencia de contaminantes orgánicos persistentes o de materiales que contengan estas sustancias o estén contaminados con ellas, las autoridades de control aduanero solicitarán la toma de muestras que se someterán a los análisis correspondientes. En caso de detectarse la presencia de compuestos orgánicos persistentes las autoridades aduaneras ordenarán el retorno de las mercancías al país de origen.

El costo de las muestras, análisis, estudios u otras diligencias que deban realizarse será a cargo del propietario de los productos en cuestión.

Artículo 153 BIS 3.- La Secretaría elaborará el Plan Nacional de Implementación de Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El Plan debe contener, al menos, el inventario de existencias en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación y la metodología y cronograma de eliminación y remediación.

Artículo 153 BIS 4.- Los contaminantes orgánicos persistentes a que se refiere el presente capítulo son los siguientes:

I. Aldrina;

II. Clordano;

III. Dieldrina

IV. Endrina;

V. Heptacloro;

VI. hexaclorobenceno;

VII. Mirex;

VIII. Toxafeno;

IX. Bifenilos policlorados (BPC);

X. DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), y

XI. Los demás que determine la Secretaría

La producción, importación o utilización de DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (clorofenil) etano) sólo se permitirá para el control de vectores de enfermedades siempre que su utilización se realice por dependencias y entidades gubernamentales.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

ARTICULO 414. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

...

...

...

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia y Derechos Humanos.

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ARTICULO 76 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I...

II...

III. Autorizarlo también para que pueda permitir el paso o la estancia de unidades militares pertenecientes a otros países por el territorio nacional, excepto en los casos contemplados en tratados y normas del derecho internacional ratificados por el Estado Mexicano.

Tratándose de la salida de unidades pertenecientes al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos de los límites del territorio nacional para realizar acciones bélicas, requerirá la autorización por parte del Senado. En los demás casos, el Ejecutivo Federal informará al Senado de las actividades realizadas.

IV a X...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Permítame un momento, señor secretario. Sonido a la curul de la diputada Adriana González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle --si es tan amable-- se pueda turnar con opinión esta minuta del Senado que reforma el artículo 76 de la Constitución, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Claro que sí.

Entonces: turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con mucho gusto.

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LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Atentamente

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 68.- El usuario podrá, a su elección, presentar reclamación ante la Comisión Nacional contra alguna Institución Financiera, o iniciar directamente el juicio correspondiente ante el juez competente. En caso de que opte por presentar la reclamación ante la Comisión Nacional se deberá agotar el procedimiento conciliatorio conforme a las siguientes reglas:

I. a X. ...

...

ARTICULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CONDECORACIONES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para que pueda aceptar y usar condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y de Japón.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al C. Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Estrella de Rumania en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Rumania.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al C. Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente en grado de Cordón Grande, que le confiere el Gobierno de la República de Japón.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y MVZ José Luis Gallardo Nieto, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y de Francia, respectivamente.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Pedro Díaz Corona para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito en el Servicio Diplomático, Medalla Heung-in, que le confiere el Gobierno de la Republica de Corea.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos, para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional al Mérito'' en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la Republica de Paraguay.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano MVZ. José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Merito Agrícola en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica); Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación también.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana mexicana Guillermina Villegas Sánchez para que pueda prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México.

Atentamente.

México, DF, a 15 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Guillermina Villegas Sánchez, para que pueda prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.--- México, DF, a 15 de febrero de 2005.--- Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), Vicepresidente en Funciones de Presidente; Sen. Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica), Secretaria.

Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.--- México, DF, a 15 de febrero de 2005.--- Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día son iniciativas de los ciudadanos diputados. En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2, numeral 3, y 2-A, numerales 1 y 2; y adiciona la fracción V al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente: de conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta H. soberanía la siguiente iniciativa, que reforma los artículos 2, numeral tres, y 2-A, numerales 1 y 2, y adiciona la fracción V del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de motivos: con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en el continente americano.

Con la promulgación del Plan de Iguala, el 21 de febrero de 1821, se establecen la independencia del país y su forma de organización en una monarquía constitucional, la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos, dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución Española de Cádiz.

En esa época, el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas: se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones. Por ende, se dio una disminución de las fuentes de ingresos.

La Constitución de 1857 precisó la organización del país en forma de república representativa, democrática, federal y popular, producto de las luchas de las libertades por el Estado laico, que dieron soberanía y nacionalismo al pueblo de México. Sin embargo, fue inmediatamente enfrentada por los conservadores, que en las personas de Miramón Mejía y al traidor Suluaga desconocieron esta Máxima Ley, iniciándose una lucha fratricida.

La intervención francesa, promovida por los conservadores, trajo como consecuencia el establecimiento del Segundo Imperio en México. Maximiliano, a través de su Estatuto provisional, designaba la soberanía en la persona del emperador; las contribuciones eran designadas por el emperador de acuerdo con propuestas de los consejos municipales y se estableció que ninguna carga en impuesto municipal podría implantarse sino a propuesta del consejo municipal.

El dominio imperial no alcanzó a consolidarse en el territorio mexicano, debido principalmente a ese gran hombre, don Benito Juárez, Padre de la República, y no fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial, convirtiéndose este hecho en la culminación de la lucha de los liberales por darnos patria, derrotando la traición de los conservadores.

En julio de 1867 se restablecieron la sede del gobierno en la capital del país y, con ello, el régimen republicano.

Durante el porfirismo, 1876, 1880, 1884, 1911, el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana, debido principalmente a que el dictador tenía para sí el control de la nación impulsando el centralismo hacendario.

En 1903, la organización municipal se daba de la siguiente forma: los prefectos eran los jefes de todos servicios de las municipalidades y estaban subordinados al Gobierno del Estado. La autonomía y la libertad no la ejercía él: quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales eran los jefes políticos.

El Plan de San Luis expresaba la división de los poderes. La soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existen en nuestra Carta Magna.

En ese mismo Plan, Francisco I. Madero hizo resaltar en el punto 4, de los 11 que se expresaban, el principio de ``no reelección'', desde el Presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales. Y ese espíritu de no reelección deberá seguir a pesar de los intentos de la reacción, que olvida las instituciones que sostienen a nuestra República.

El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata, ese campesino que honró a la patria con su sangre en 1911, dictara la Ley General sobre Libertades Municipales en el estado heroico de Morelos. En esa ley se reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio. Un gran hombre que derrotó al usurpador Victoriano Huerta, un gran ejemplo para reconocer los municipios indígenas.

El Congreso Constituyente de 1816 y 1917 aborda la elaboración del artículo 115 de la Constitución, que trata de la organización de los estados y de los municipios.

En esta Constitución se habla del municipio libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las tres bases siguientes.

Por esta historia presenté la reforma del artículo 115 de la Constitución Política, que permite al municipio apoyar a la población en extrema pobreza a través de subsidios en sus cobros hacendarios y programas asistenciales. En nuestro país, la mayoría de los casi 3 mil municipios están en la pobreza. No basta que los gobiernos federales establezcan programas asistenciales, sino que deberá fomentarse en la hacienda federal la mayor participación de los municipios en los recursos que recaban, sin pretender amarrarlos en actividades que son de naturaleza federal, como el caso de la participación en vigilancia de fronteras y litorales en la entrada de mercancías extranjeras.

Deberemos fortalecer el municipio como principio de la nación. Es ahí donde se manifiestan los principales problemas nacionales: la inseguridad, la pobreza, las desigualdades, el hambre y la injusticia. Pero ahí también se hace de México un país con riqueza cultural, económica y política que lo engrandecen.

Nuestra nación tiene en el municipio libre su célula de organización. Debemos luchar contra la desigualdad en el desarrollo del municipio, como dijo el patriota mexiquense Adolfo López Mateos: démosle la posibilidad de crecer y de cuidar de su población, sobre todo la más pobre.

Solicito a esta Presidencia que se inserte la totalidad de la iniciativa en el Diario de los Debates. Y yo, desde aquí, aunque no está en esta iniciativa, pido a los compañeros de la Comisión de Prácticas Parlamentarias que den prisa al decreto en que se inscribirá con letras de oro el nombre del patriota mexicano Adolfo López Mateos. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 2, numeral III y 2-A, numerales I y II, y adiciona la fracción V al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta H. Soberanía la siguiente iniciativa que reforma al artículo 2 numeral III, 2-A, numerales I y II, y adiciona la fracción V al artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de Motivos

Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización de este cuerpo político y jurídico en el Continente Americano.

Respecto a la división del territorio, los españoles tomaron como antecedente ciertas entidades precortesianas, la llamada división antigua, a las que se añadieron las conquistas militares realizadas a través de las llamadas capitulaciones reales.

Durante casi todo el periodo colonial el ayuntamiento estuvo subordinado al Estado español, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, tomó parte activa en el proceso de emancipación política.

Con la promulgación del Plan de Iguala el 21 de febrero de 1821 se establece la Independencia del país y su forma de organización en una monarquía constitucional la cual reconoció la existencia de los ayuntamientos dejando subsistentes las normas establecidas en la Constitución española de Cádiz.

En esta época el ayuntamiento se vio afectado por las finanzas públicas, se redujeron y suprimieron algunas de las contribuciones, por ende se dio una disminución de las fuentes de ingresos.

La Constitución de 1857 precisó la organización del país en forma de república representativa democrática, federal y popular. Producto de la lucha de los liberales por el Estado laico, que le dieron soberanía y nacionalismo al pueblo de México. Sin embargo fue inmediatamente enfrentada por el púlpito de las Iglesias y los conservadores, que en las personas de Miramón, Mejía y el traidor Zuloaga, desconocieron esta Máxima Ley iniciando una lucha fraticida.

En el artículo 72 se mencionaba que se elegirá popularmente en las autoridades públicas municipales y judiciales; el artículo 31 mencionaba que todo mexicano debe contribuir a los gastos de la Federación, estado o municipio, así que estos últimos podían exigir impuestos para sus funciones y cierta independencia económica; y el artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su municipio. De tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban sus respectivos regímenes municipales.

La intervención Francesa promovida por los conservadores, trajo como consecuencia el establecimiento del Segundo Imperio en México. Maximiliano, a través de su Estatuto Provisional, designaba la soberanía en la persona del emperador. Las contribuciones eran designadas por el emperador de acuerdo a propuestas de los concejos municipales y se estableció que ninguna carga ni impuesto municipal podía implantarse, sino a propuesta del concejo municipal respectivo.

El dominio imperial no alcanzó a consolidarse en el territorio mexicano debido principalmente a ese gran hombre, Don Benito Juárez, Padre de la República, y no fue sino hasta la toma de Querétaro cuando se derrocó al régimen imperial, convirtiendo este hecho en la culminación de la lucha de los liberales por darnos Patria, derrotando la traición de los conservadores. En julio de 1867 se restableció la sede del gobierno en la capital del país y con ello el régimen republicano.

Durante el Porfirismo, el municipio fue la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana. Debido principalmente a que el dictador tenía para si el control de la nación, impulsando el centralismo hacendario.

En este periodo se dan proyectos que sujetan la actividad de los municipios. En 1897 se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, estableciéndose los siguientes puntos: rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, subvenciones del Gobierno Federal, e ingresos extraordinarios.

La autonomía y libertad no ejercían en él, quienes determinaban verdaderamente las elecciones y otras actividades locales eran los jefes políticos.

La libertad municipal fue una de las causas por la que lucharon los mexicanos durante el más grande movimiento social mexicano, la Revolución Mexicana de 1910. El Plan de Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906 se propuso consagrar la libertad municipal; en los artículos 45 y 46 del Plan se señalaba la supresión de los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos y restablecer el poder municipal.

El Plan de San Luis expresaba: la división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existen en nuestra Carta Magna.

En este mismo Plan, Madero hizo resaltar en el punto 4 de los 11 que se expresaban. El principio de no reelección desde el Presidente de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales. Y ese espíritu de no reelección deberá seguir a pesar de los intentos de la reacción que olvida las instituciones que sostiene a nuestra República.

El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata, ese campesino que honró a la Patria con su sangre, en 1911 dictara la Ley General sobre Libertades Municipales en el estado de Morelos, en esa ley se reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio.

El Congreso Constituyente de 1916 y 1917 aborda la elaboración del artículo 115 de la Constitución, que trata de la organización de los estados y de los municipios.

El 1 de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, ocupando el municipio un sitio muy destacado en la vida política, jurídica, económica y social de México.

Es importante mencionar cómo en esta constitución se habla del municipio libre como la base de la organización política y de la administración pública de los estados, adoptando para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, tendiendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las tres bases siguientes:

Por esta historia es que presente la reforma del artículo 115 de la Constitución Política, que permite al municipio apoyar a la población en extrema pobreza a través de subsidios en sus cobros hacendarios y programas asistenciales. En nuestro país la mayoría de los casi 3000 municipios están en la pobreza. No basta que los Gobiernos Federales establezcan programas asistenciales, sino que deberá fomentarse en la hacienda federal la mayor participación de los municipios en los recursos que recaban, sin pretender amarrarlos en actividades que son de naturaleza federal, como el caso de la participación en vigilancia de fronteras y litorales en la entrada de mercancías extranjeras.

Deberemos fortalecer el Municipio como principio de la nación. Es ahí donde se manifiestan los principales problemas nacionales: la inseguridad, la pobreza, las desigualdades, el hambre y la injusticia. Para ahí también se hace de México un país con riqueza cultural, económica y política que lo engrandecen.

Por lo anterior, presento a esta soberanía la siguiente

Iniciativa que reforma y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Único: Se reforman los artículos 2 y 2-A, así como se adiciona la fracción V al artículo 10-A, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.

...

I.- ...

II.- ...

III.- ...

... ...

Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales. Este monto deberá ser entregado directamente a los municipios donde se encuentran estos bienes o bosques.

...

Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente:

I.- En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señala participarán los municipios, en la forma siguiente:

0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o los litorales, así como aquellos municipios que mantienen niveles de extrema pobreza de conformidad con la información que para tal efecto proporcione la Secretaría de Desarrollo Social.

...

II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos productos, así como a los municipios que subsidien a la población en situación de extrema pobreza o grupos vulnerables y sea estos supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y los municipios que mantienen niveles de pobreza.

...

III.- ...

Artículo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por:

I.- ... a) a g) ... II.- ... a) a b) ... III.- ...

IV.- ...

V).- La Federación deberá compensar los recursos perdidos de los municipios que resulten de los subsidios o exenciones de su hacienda a la población en extrema pobreza y grupos vulnerables.

Transitorio Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica).»

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señor diputado Ávila Nevárez. Sonido en la curul del diputado Escalante.El diputado Enrique Ariel Escalante Arceo (desde la curul): Señor Presidente, con su permiso: si es tan amable de conceder la rectificación de quórum.El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado. Proceda la Secretaría a hacer los avisos para la rectificación de quórum, por 10 minutos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente. El tema de la infancia, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, nos plantea un nuevo paradigma con relación a niñas, niños y adolescentes.

La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño constituyó el punto culminante de la preocupación de todas las naciones del mundo por lograr bienestar y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

El nuevo paradigma que nos plantea la Convención define el camino desde el cual el Estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para hacer más eficaces la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen 18 años de edad.

La nueva doctrina de protección integral derivada de los preceptos jurídicos y filosóficos de la Convención convierte las necesidades de niñas, niños y adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Asimismo, se amplía para ellas y ellos una serie de nuevos derechos que antes sólo se reconocían a los mayores de edad; por ejemplo: el derecho a la libertad de opinión, la participación y asociación a la seguridad social.

La mencionada Convención, en su artículo 4, nos dice: ``Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional''.

Asimismo, el artículo 41 de la misma Convención nos dice: ``Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar acogidas en el derecho de un Estado parte, el derecho internacional vigente respecto a dicho Estado''.

Este artículo tiene como finalidad fomentar la aplicación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos en el momento de aplicar las disposiciones de la Convención. Mantener actualizadas las legislaciones, las políticas y las prácticas a la luz del derecho internacional vigente, el cual deberá interpretarse en forma amplia, incluido también el derecho internacional consuetudinario, e instar a los Estados miembros a elaborar nuevas normas internacionales sobre derechos humanos y aplicar siempre las disposiciones que sean más conducentes para la protección de los derechos de la infancia.

Para garantizar esta disposición, el Estado deberá revisar la legislación nacional para determinar si incluye disposiciones más conducentes a la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, revisar el derecho internacional aplicable para analizar si incluye disposiciones más conducentes a la realización de los derechos de la infancia y la adolescencia que las de la Convención.

El artículo 3 de esta Convención nos plantea a su vez la definición del interés superior, donde en su primer párrafo establece: ``En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño''.

Para lograr determinar el interés superior de la infancia en todas las acciones que se deben tomar, nosotros ahora proponemos las siguientes características:

Primero. La opinión de niñas, niños y adolescentes;

Segundo. La necesidad de equilibrio entre los derechos y las garantías de niñas, niños y adolescentes, y sus deberes;

Tercero. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común, y los derechos y las garantías de la infancia y la adolescencia;

Cuarto. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y de los que aún no han cumplido 18 años de edad;

Quinto. La condición específica de niñas, niños y adolescentes como personas en desarrollo; y

Sexto. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Asimismo, el artículo 13, párrafo segundo, nos dice: ``Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño o a la niña la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él y de ella ante la ley, y con ese fin tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas''.

La adecuación de la legislación nacional implica que no existan medidas que contravengan aspectos generales, así como particulares, relacionados con ámbitos como la salud, la educación, la alimentación, el ambiente o la seguridad.

Nuestra nación ha dado un paso trascendental al reconocer los derechos de niñas y de niños en el artículo 4o. constitucional y también al promulgar su ley reglamentaria, además de una serie de reformas y ordenamientos, tanto en el ámbito federal como en el local, a propósito del reconocimiento de los derechos de las personas que aún no cumplen 18 años de edad.

En el Poder Legislativo hemos dado un gran avance al crear la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, porque ha permitido impulsar estudios relacionados con la infancia y la adolescencia, así como trabajar en la homologación y la armonización de la legislación federal con el criterio holístico en los términos de los preceptos de la doctrina de protección integral derivada de la Convención.

Por tanto, esta Comisión ha venido trabajando y presentará dentro de poco, junto con otras comisiones de carácter legislativo y ordinario, una serie de opiniones de distintas reformas legislativas para que sean puestas a consideración de esta Asamblea.

Hoy, en nombre de las diputadas y de los diputados que integramos la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, presentamos la reforma del numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se adiciona una fracción XXIII, recorriéndose las demás fracciones, para quedar en los términos siguientes:

Capítulo Sexto. De las Comisiones y los Comités. Sección Primera, De las Comisiones. Artículo 39, hasta la fracción XXIII, que reconoce como comisión ordinaria la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Está a su consideración. Le pido, señor Presidente, que sea tan amable de inscribir la iniciativa en comento en el Diario de los Debates, con las firmas incluidas de quienes integran esta Comisión Especial. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

La suscrita, diputada federal Angélica de la Peña Gómez, en nombre de las y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias que suscriben la presente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1.- El tema de la infancia a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989), ratificada por México en 1990, nos plantea un nuevo paradigma con relación a niñas, niños y adolescentes.

La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, constituyó el punto culminante de la preocupación de todas las naciones del mundo por lograr bienestar y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Es importante señalar que este tratado de derechos humanos para la infancia ha sido ratificado por 193 países, solamente un país no la han ratificado: Estados Unidos.

La dignidad de la persona humana existe y debe reconocerse sin distinción alguna. De ello se deduce que los derechos humanos son universales por naturaleza y que todos los miembros de la familia humana adquieren esos derechos al nacer.

2.- El Nuevo paradigma que nos plantea la Convención de los Derechos del Niño, CDN, define el camino desde el cual el Estado y la sociedad deben crear los instrumentos y mecanismos indispensables para ser más eficaces en la defensa y promoción de los derechos humanos específicos de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad. La nueva doctrina de protección integral derivada de los preceptos jurídico/filosóficos de la Convención de los Derechos del Niño, convierte las necesidades de niñas, niños y adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Asimismo se amplían para ellas y ellos una serie de nuevos derechos que antes solo se reconocían a los mayores de edad, por ejemplo: el derecho a la libertad de opinión, la participación, asociación, a la seguridad social, entre otros.

3.- La mencionada convención en su artículo 4to., nos dice ``Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional''

Éste artículo cuarto da origen a una serie de medidas legislativas que los Estados parte debemos acatar y siendo algunas de éstas:

1. Incorporar los derechos de niñas y niños en la Constitución.

2. Garantizar que toda la legislación sea plenamente compatible con la Convención; ello supone una revisión exhaustiva tanto de leyes generales o de carácter local, además se trata de que la Convención este incorporada en dichas leyes.

3. Adoptar una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual ya se tiene, sin embargo es necesario crear algunos mecanismos para garantizar el pleno cumplimiento de ésta.

4.- Asimismo, El artículo 41 de la misma Convención, nos dice ``Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado''.

Este artículo tiene como finalidad, el fomentar la aplicación de otros instrumentos internacionales de derechos humanos en el momento de aplicar las disposiciones de la Convención, mantener actualizadas las legislaciones, las políticas y las prácticas a la luz del derecho internacional vigente, el cual deberá interpretarse de forma amplia, incluyendo también el derecho internacional consuetudinario e Instar a los Estados miembros a elaborar nuevas normas internacionales sobre derechos humanos y a aplicar siempre las disposiciones que sean más conducentes para la protección de los derechos de la infancia.

Para garantizar esta disposición, el Estado deberá revisar la legislación nacional para determinar si incluye disposiciones más conducentes a la realización de los derechos del la infancia y adolescencia, revisar el derecho internacional aplicable para analizar si incluye disposiciones más conducentes a la realización de los derechos de la infancia y adolescencia que las de la Convención.

5.- El artículo 3 de la CDN, nos plantea la definición del Interés superior en donde en su primer párrafo, establece: ``En todas las medidas concernientes a los que niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.''

El interés superior de la infancia es el principio base para la creación, interpretación y aplicación de la normativa para las niñas, los niños y adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límite a la discrecionalidad de las actuaciones.

Para lograr determinar el interés superior de la infancia en todas las acciones se den tomar en cuenta las siguientes características:

Primero: La opinión de niñas, niños y adolescentes;

Segundo: La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes y sus deberes;

Tercero: La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías de la infancia y la adolescencia;

Cuarto: La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y de aquellos que aun no han cumplido los 18 años de edad;

Quinto: La condición específica de niñas, niños y adolescentes como personas en desarrollo; y

Sexto: Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Asimismo el artículo 3 en su segundo párrafo nos dice ``Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas''

Este artículo plantea la integración del interés superior de la infancia y las políticas nacionales relacionadas con la infancia, así como actividades parlamentarias y legislativas, en especial a las relativas a asignaciones presupuestarias, por lo que es necesario valorar las repercusiones de políticas de niñas, niños y adolescentes, incluidas las políticas presupuestarias y de recorte presupuestario.

Para nuestro país, establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento es una tarea de primer orden para poder proteger a los grupos más endebles de los efectos adversos de las políticas económicas, hay que considerar por lo tanto:

La proporción del presupuesto destinada a gastos sociales en favor de niñas, niños y adolescentes en todos los planos.

Las tendencias presupuestarias.

Las medidas tomadas para garantizar que todas las autoridades nacionales, regionales y locales competentes basen sus decisiones presupuestarias en el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La evaluación del grado de prioridad que se da a niñas, niños y adolescentes en la elaboración de los presupuestos.

La adecuación de la legislación nacional implica que no existan medidas que se contrapongan en aspectos generales como particulares relacionados con ámbitos como la salud, la educación, la alimentación, el medio ambiente, la seguridad, etcétera.

6.- Nuestra nación ha dado un paso trascendental al reconocer los derechos de niñas y de niños en el artículo 4° constitucional y al promulgar su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2000, además de reformar una serie de ordenamientos tanto en el ámbito federal y como en el local a propósito del reconocimiento de los derechos de las personas que aun no cumplen los 18 años de edad.

7.- En el poder legislativo hemos dado un gran avance al crear la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, por que ha permitido impulsar estudios relacionados con la infancia y adolescencias así como la homologación y la armonización de la legislación federal con un criterio holístico en los términos de los preceptos de la Doctrina de la Protección Integral derivada de la Convención.

8.- Desde ésta Comisión, se han promovido iniciativas de reforma a diferentes ordenamientos en relación a los temas de la niñez y adolescencia como a la Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Turismo en relación a la explotación sexual infantil comercial y no comercial; a la Ley Federal del Trabajo en relación al trabajo infantil; al Código Penal Federal para castigar de forma más severa a quien utilice a personas menores de edad para la comisión de delitos; hemos emitido opiniones en torno a iniciativas de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación, Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y Ley General de Salud, así como a la reforma al Código Penal Federal en torno a la explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes; hemos realizado foros en los que se han analizado el trabajo infantil, los derechos humanos de niñas y niños indígenas, la explotación sexual infantil comercial y no comercial, el debido proceso sobre adolescentes infractores, por mencionar algunos; realizamos las gestiones para que se firmara un convenio de colaboración entre esta H. Cámara de Diputados y el UNICEF; sin embargo, el trabajo no termina aquí, la protección y vigilancia de los derechos que se refieren a la niñez y el trabajo legislativo sobre estos temas, son cuestiones permanentes.

9.- El Comité de los Derechos del Niño, reitera en sus observaciones que el Estado parte continúe el proceso de reforma legislativa para velar porque la legislación relacionada con los derechos de la niñez, tanto en el plano federal como en el estatal, corresponda plenamente a los principios y las disposiciones de la Convención y refleje su carácter holístico e integral.

Señoras diputadas, señores diputados: hemos hecho una somera revisión de las acciones que hemos delineado para preponderar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos a partir de que la Convención sobre los Derechos de la Niñez se ha convertido en ley suprema en toda la nación, en términos del artículo 133 constitucional, así mismo con la creación de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, siendo importante su permanencia y trascendencia a una Comisión Ordinaria con todas las facultades que le confiere el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los numerales 1 y 3, de elaboración de dictámenes, informes, opiniones, resoluciones y de información y control evaluatorio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se presenta a la consideración de esta honorable soberanía la

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos, bajo el tenor de lo siguiente:

Primero.- Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando una fracción XXIII y recorriéndose las demás fracciones para quedar en los siguientes términos:

Capítulo Sexto De las Comisiones y los Comités

Sección Primera De las Comisiones

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Niñez, Adolescencia y Familias;

XXIV. Participación Ciudadana;

XXV. Pesca;

XXVI. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXVIII. Puntos Constitucionales;

XXIX. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXX. Recursos Hidráulicos;

XXXI. Reforma Agraria;

XXXII. Relaciones Exteriores;

XXXIII. Salud;

XXXIV. Seguridad Pública;

XXXV. Seguridad Social;

XXXVI. Trabajo y Previsión Social;

XXXVII. Transportes;

XXXVIII. Turismo; y

XXXIX. Vivienda.

3. ...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- La Junta de Coordinación Política integrará la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias en un plazo máximo de un mes a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Dip. Francisco Mora Ciprés, Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros, Dip. Lilia Isabel Aragón del Rivero, Dip. Carlos Bernardo Vega, Dip. Ma. de Carmen Izaguirre Franco, Dip. Margarita Martínez López, Dip. Consuelo Muro Urista, Dip. Rosario Sáenz López, Dip. Evelia Sandoval Urban, Dip. Rodrigo Iván Cortes Jiménez, Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza, Dip. Blanca Gómez Gutiérrez, Dip. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Dip. Lorena Torres Ramos, Dip. Iván García Solís, Dip. Rafael García Tinajero Pérez, Dip. María Avila Serna, Dip. Amadeo Francisco Espinosa Ramos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, señora diputada. Y así se hará, como usted ha solicitado. Ésta se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: La anterior iniciativa, del diputado Pedro Ávila Nevárez, tiene turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia quiere dar la bienvenida a los profesores, padres de familia y alumnos de la escuela primara Narciso Mendoza, del Jicarero, del municipio de Jojutla, Morelos, que han sido invitados por la diputada Rosalina Mazari.

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GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señoras y señores diputados: el día de hoy, la Mesa Directiva tuvo la solicitud de su secretaria, la diputada Graciela Larios, para que este Pleno pudiese guardar un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos fallecidos el pasado 24 de febrero en un trágico accidente aéreo y entre quienes se encontraban el ciudadano profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, gobernador constitucional del estado de Colima, y el señor licenciado Roberto Preciado Cuevas, secretario de Turismo del gobierno del estado de Colima y diputado federal durante la LVIII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados. La Mesa Directiva ruega a todos ponernos de pie para guardar este minuto de silencio.

(Minuto de silencio.)

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VERIFICACION DE QUORUM
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ruego a la Secretaría instruir el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hay una asistencia de 331 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra, para continuar con el capítulo de iniciativas, la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el entendido de que la iniciativa que propone el diputado Jesús Martínez Álvarez ha sido pospuesta para mejor ocasión y que la iniciativa programada que hiciese del conocimiento del Pleno el diputado Manuel Velasco Coello pasa al final del capítulo.La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita: Con su venia, señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expone a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus párrafos tercero y cuarto, con base en la siguiente exposición de motivos:

El Impuesto sobre la Renta representa sin lugar a dudas la fuente de mayor captación de recursos vía impositiva en nuestro país. Así, hoy día lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación por recaudación de impuestos, más de 40 por ciento, se tenía previsto que fuera por concepto de ISR, quedando muy por delante en recaudación del IVA y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Como toda ley impositiva en el mundo, en México, a efecto de incentivar las actividades generadoras de riqueza y empleo, se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta la posibilidad de reducir de los ingresos obtenidos partidas denominadas deducciones, a efecto de que el impuesto a cargo del contribuyente sea por regla general calculado con base en la utilidad real del contribuyente y no únicamente con base en el monto neto de los ingresos derivados de la actividad ya que, de aplicar esta última premisa como fórmula básica para el cálculo del tributo, resultaría por demás inicuo, ya que no se contemplarían los gastos necesarios realizados a efecto de llevar a cabo la actividad preponderante del ente económico que tributara en su oportunidad.

Con base en lo anterior, nuestra legislación en materia de Impuesto sobre la Renta prescribe en el artículo 31 los requisitos que deben reunir las deducciones autorizadas por esta ley, a efecto de poder ser tomados en cuenta para deducirse de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Así, dicho numeral expresa que los requisitos de los gastos realizados por el contribuyente deberán cumplir las siguientes obligaciones:

Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Estar amparados con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, y que los pagos cuyo monto excedan 2 mil pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria.

Estar debidamente registrados en contabilidad y que sean restadas una sola vez.

Cumplir las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargos de tercero.

Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en los comprobantes correspondientes.

En el caso de intereses por capitales tomados en préstamos, éstos se hayan invertido en los fines del negocio.

No obstante lo anterior, la falta de claridad en el texto del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en particular en su fracción III, ha traído como consecuencia lógica una serie de problemas de carácter fiscal, sobre todo a las personas morales que, por la naturaleza tanto de su constitución como de su actividad, así como la falta de recursos monetarios para la contratación de especialistas en materia tributaria y la mala fe de algunas administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria, que verdaderamente se han ensañado con las personas morales, sobre todo las que se dedican a actividades como agricultura y pesca.

El problema de la redacción del citado numeral radica fundamentalmente en dos vertientes: la primera es la falta de establecimiento de reglas particulares a efecto de que los proveedores de los contribuyentes estén constantemente fiscalizados por la autoridad hacendaria, ya que hasta la fecha el criterio que predomina por las administraciones locales de recaudación es el de una extrema vigilancia al contribuyente que deduce y no así al proveedor de éste.

La segunda vertiente es el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público violenta de manera constante el espíritu de nuestra legislación en el tema de las excepciones a la obligación de los contribuyentes de amparar sus pagos, cuyos montos excedan 2 mil pesos, mediante cheque nominativo del contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Cuando las operaciones se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios bancarios, ya que la autoridad determina caso por caso a qué contribuyente exenta de la obligación antes citada y a quién no, estableciendo el término de que podrán, al que hace referencia la fracción III, en su tercer párrafo, del artículo 31, es de carácter potestativo para la autoridad y no de carácter imperativo como lo estableció el legislador.

Incluso, en un acto de muy mala fe, la Secretaría de Hacienda, a través de sus reglas de facilidades administrativas, ha establecido un procedimiento para dar cumplimiento a esta sección obligando con estas reglas al contribuyente a cumplir una serie de requisitos para que, en su caso, si así le parece a la administración local jurídica, se les dé por liberados de las obligaciones antes citadas.

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la autoridad hacendaria violenta el marco de su competencia al establecer obligaciones en sus reglas de facilidades administrativas cuando éstas, por ley, sólo pueden otorgar derechos.

Compañeras y compañeros legisladores: sólo por mencionar una rama de las actividades productivas, en este momento en varios estados que cuentan con litorales el Servicio de Administración Tributaria ha emprendido una campaña de auditorías fiscales --sin parangón en la memoria de nuestras entidades--, argumentando presuntas violaciones del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinando en la gran mayoría de los casos créditos fiscales por presuntas violaciones en este artículo

El problema que enfrentan los pescadores mexicanos es que, por un lado, enfrentan a una autoridad que les exige pagar con cheques nominativos sus adquisiciones; y, por el otro lado, existe gran número de proveedores, en la gran mayoría de los casos, de combustibles que se niegan a aceptar estos pagos. El segundo problema es el hecho de que la autoridad de las administraciones locales jurídicas se niega a autorizar las excepciones de pagar mediante cheque nominativo de contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos a los contribuyentes que viven en zonas rurales, cuando éste es un derecho que les otorga la ley.

Por las razones antes mencionadas, considero pertinente establecer con claridad las reglas de deducibilidad de las personas morales, a efecto de que tanto autoridades como contribuyentes no malinterpreten las disposiciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus párrafos tercero y cuarto, para quedar en os términos siguientes:

Ley del Impuesto sobre la Renta. Título II, ``De las Personas Morales''. Disposiciones Generales. Capítulo II, ``De las Deducciones''. Sección Primera. De las en General. Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

Fracción III. Los pagos que en los términos de esta fracción deben efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.

Para efectos del cumplimiento de estas disposiciones, el Servicios de Administración Tributaria verificará a petición de los contribuyentes, a los que hace referencia este artículo, todo aquel proveedor del que se presuma la negativa de aceptar los pagos de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.

Las autoridades fiscales están obligadas a liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos o tarjetas de crédito, de débito o de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción cuando las mismas se efectúan en poblaciones o en zonas rurales sin servicios bancarios.

Para este fin, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer, a más tardar el tercer mes de cada ejercicio, las comunidades que carecen de servicios financieros.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expongo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 31 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus párrafos tercero y cuarto, con base en la siguiente

Exposición de motivos

El Impuesto sobre la Renta representa sin lugar a dudas la fuente de mayor captación de recursos vía impositiva en nuestro país, es así que al día de hoy lo contemplado en la Ley Ingresos de la Federación por recaudación de impuestos más del 40% se tenía previsto que fuera por concepto del ISR, quedando muy por delante en recaudación del Impuesto al Valor Agregado, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Como toda ley impositiva en el mundo, en México, a efecto de incentivar las actividades generadoras de riqueza y empleo se contempla en la ley del impuesto sobre la renta la posibilidad de deducir de los ingresos obtenidos partidas denominadas deducciones a efecto de que el impuesto a cargo del contribuyente sea por regla general calculado en base a la utilidad real del contribuyente y no únicamente en base a al monto neto de los ingresos derivados de la actividad, ya que de aplicar esta última premisa como fórmula básica para el cálculo del tributo, resultaría por demás inequitativo ya que no se contemplarían los gastos necesarios realizados a efecto de llevar a cabo la actividad preponderante del ente económico que tributara en su oportunidad.

En base a lo anterior, nuestra legislación en materia de impuesto sobre la renta prescribe en su artículo 31 los requisitos que deben reunir las deducciones autorizadas por esta ley a efecto de poder ser tomados en cuenta para deducirse de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Es así, que dicho numeral expresa que los requisitos de los gastos realizados por el contribuyente deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

2. Estar amparados con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien la expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00, se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria.

3. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros.

5. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el Impuesto al Valor Agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en los comprobantes correspondientes.

6. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en los fines del negocio.

No obstante lo anterior la falta de claridad en el texto del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en particular en su fracción tercera ha traído como consecuencia lógica una serie de problemas de carácter fiscal sobre todo a aquellas personas morales que por la naturaleza tanto de su constitución como de su actividad así como la falta de recursos monetarios para la contratación de especialistas en materia tributaria y la mala fe de algunas administraciones locales del servicio de administración tributaria que verdaderamente se han ensañado con las personas morales sobre todo las que se dedican a las actividades de agricultura y pesca.

El problema de la redacción del citado numeral radica fundamentalmente en dos vertientes, la primera es la falta del establecimiento de reglas particulares a efecto de que los proveedores de los contribuyentes estén constantemente fiscalizados por las autoridades hacendarías ya que hasta la fecha el criterio que predomina por las administraciones locales de recaudación es el de una extrema vigilancia al contribuyente que deduce y no así al proveedor de este; la segunda vertiente es el hecho de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público violenta de manera constante el espíritu de nuestra legislación en el tema de las excepciones a la obligación de los contribuyentes de amparar sus pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, cuando las operaciones se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios ya que la autoridad determina caso por caso a que contribuyente exenta de la obligación antes citada y a quien no, estableciendo el término que podrán al que hace referencia la fracción tercera en su tercer párrafo del artículo 31 es de carácter potestativo para la autoridad y no de carácter imperativo como lo estableció el legislador, inclusive en un acto de muy mala fe, la Secretaría de Hacienda a través de sus reglas de facilidades administrativas ha establecido un procedimiento para dar cumplimiento a esta excepción obligando con estas reglas al contribuyente a cumplir con una serie de requisitos para que en su caso si así le parece a las administraciones locales jurídicas se les dé por liberados de la obligación antes citada, de acuerdo a lo anterior podemos concluir que la autoridad hacendaria violenta el marco de su competencia al establecer obligaciones en sus reglas de facilidades administrativas cuando éstas por ley sólo pueden otorgar derechos.

Compañeras y compañeros legisladores: sólo por mencionar una rama de las actividades productivas en este momento en varios estados que cuentan con litorales el Servicio de Administración Tributaria ha emprendido una campaña de auditorias fiscales sin parangón en la memoria de nuestros estados, argumentado presuntas violaciones al artículo 31, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, determinando en la gran mayoría de los casos créditos fiscales por presuntas violaciones a este artículo, el problema que enfrentan los pescadores mexicanos es que por un lado enfrentan a una autoridad que les exige pagar con cheques nominativos sus adquisiciones y por el otro lado existe un gran número de proveedores en la gran mayoría de los casos de combustibles que se niegan a aceptar estos pagos.

El segundo problema es el hecho de que la autoridad de las administraciones locales jurídicas se niegan a otorgar las excepciones de pagar mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos a los contribuyentes que viven en zonas rurales cuando este es un derecho que les otorga la ley.

Por las razones antes mencionadas considero pertinente establecer con claridad las reglas de deducibilidad de las personas morales a efecto que tanto autoridades como contribuyentes, no mal interpreten las disposiciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 31 fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus párrafos tercero y cuarto para quedar en los siguientes términos:

Ley del Impuesto sobre la Renta Título II. De las personas morales disposiciones generales

Capítulo II. De las deducciones Sección I. De las deducciones en general

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

...

III. ...

Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Para efectos del cumplimiento de estas disposiciones el Servicio de Administración Tributaria verificará a petición de los contribuyentes a los que hace referencia este artículo a todo aquel proveedor del que se presuma la negativa de aceptar los pagos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

Las autoridades fiscales están obligadas a liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios; para este fin el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer a mas tardar al tercer mes de cada ejercicio las comunidades que carecen de servicios financieros.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

Dip. Dolores Gutiérrez Zurita (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Salorio para presentar iniciativa que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el entendido de que la iniciativa de modificación de la Ley Federal del Servicio Voluntario, del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, se pospone para próxima sesión, y la iniciativa del diputado Jorge Kahwagi Macari pasa al final de este capítulo.La diputada Alejandra Méndez Salorio: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: en nuestro país se ha demostrado que en el proceso de alcanzar mayor desarrollo económico a menudo desaprovechamos, degradamos o agotamos recursos naturales en diversas entidades del país.

Esto ha dado lugar a que hoy intentamos que no puede producirse un desarrollo económico sostenibles y respetuoso con el ambiente sin que vaya acompañado de atribuciones legales, bien definidas, entre los estados y la Federación que componen nuestra nación, que posibiliten una utilización de dicho derecho, teniendo presente eso: aceptación nacional, normas claras de intervención administrativa y marcos institucionales adecuados.

Los intereses ambientales son tan diversos como los de los intereses sociales, las formaciones políticas, la cultura y las acciones económicas. También los temas ambientales han borrado las fronteras sectoriales y disciplinarias, que antes lo reducían a comportamientos más o menos pequeños y claros de la administración pública y la de académica y profesional.

En esta atmósfera, la legislación ambiental debe ser receptiva y evolucionar al ritmo de la creciente diversidad y complejidad de los intereses sociales, políticos y económicos que presuponen el país moderno a que aspiramos. Requiere ser más eficaz, menos discrecional y centralizadora, más eficiente en su aplicación, así como guardar mejores equilibrios jurídicos.

Con el marco jurídico actual y la concurrencia difusa que existe entre Federación, los estados y los municipios en materia ambiental, es recomendable proponer modificaciones para evitar las fallas de interpretación jurisdiccional y de aplicación de la norma ambiental, que daña todo proceso de conservación del ambiente.

La iniciativa evita que las materias que corresponden al Gobierno Federal se generen, que impidan la atención eficiente y oportuna de aspectos relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

Debe resaltarse que ahora se destinen de manera inequívoca las atribuciones de la Federación, así como los gobiernos de los estados, estableciéndose con claridad los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

A pesar de las diferencias que existen en la conformación, capacidades y cultura de los municipios, enfrentamos de-safíos y compartimos aspiraciones comunes. En ese sentido, es necesario que el crecimiento económico y los desa-fíos del desarrollo social obliguen a que las instituciones políticas se adecuen a las exigencias de sociedades, cada vez más complejas y los gobiernos locales deben involucrarse en la tarea de orientar sus acciones al fomento de la inversión, fortalecer la equidad en la distribución de los ingresos, cuidar el ambiente y facilitar la participación ciudadana.

Las reformas se nutren de una renovada voluntad federalista y descentralizadora, que asume mayor participación de estados y municipios, así como mayor compromiso y equilibrio entre los poderes federales. Se trata de un federalismo que articula armónica y eficazmente la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las facultades constitucionales del Gobierno Federal.

Este esfuerzo legislativo apunta a establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental en favor de las autoridades locales. Por último, es necesario comprender que el proceso de descentralización es complejo y es recomendable desarrollarlo en forma flexible y clara, la cual se respalda con una clara voluntad política de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforman los artículos 4, 5 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud de la limitación de tiempo, omitiré la lectura del articulado, pero solicito a la Presidencia que se publique íntegra en el Diario de los Debates Muchas gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma los artículos 4, 5 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

En nuestro país, se ha demostrado que en el proceso de alcanzar un mayor desarrollo económico, a menudo desaprovechamos, degradamos o agotamos recursos naturales de diversas entidades del país. Esto ha dado lugar a que hoy entendamos que no puede producirse un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente sin que vaya acompañado de atribuciones legales bien definidas entre los Estados y la Federación que componen nuestra Nación, que posibiliten una utilización de dicho derecho teniendo presente su afectación nacional, normas claras de intervención administrativa y marcos institucionales adecuados.

Los intereses ambientales son tan diversos como el horizonte de los intereses sociales, las formaciones políticas, la cultura y las teorías económicas. También, los temas ambientales han borrado las fronteras sectoriales y disciplinarias que antes los reducían a compartimentos mas o menos pequeños y claros de la administración pública y la vida académica y profesional.

En esta atmósfera, la legislación ambiental debe ser receptiva y evolucionar al ritmo de la creciente diversidad y complejidad de los intereses sociales, políticos y económicos que presupone el país moderno al que aspiramos. Requiere ser más eficaz, menos discrecional y centralizadora, más eficiente en su aplicación, así como guardar mejores equilibrios jurídicos.

Con el marco jurídico actual, y la concurrencia difusa que existe entre federación, estados y municipios en materia ambiental, es recomendable proponer modificaciones para evitar las fallas de interpretación de jurisdicción y de aplicación de la norma ambiental, que daña todo proceso de conservación de medio ambiente.

La iniciativa evita que, en las materias que corresponden al gobierno federal, se generen vacíos que impidan la atención eficiente y oportuna de aspectos relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Debe resaltarse que ahora se definen de manera inequívoca las atribuciones de la federación así como de los gobiernos de los estados, estableciéndose con claridad los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

A pesar de las diferencias que existen en la conformación, capacidades y culturas de los municipios, enfrentamos desafíos y compartimos aspiraciones comunes, en este sentido es necesario que el crecimiento económico y los desafíos del desarrollo social, obligan a que las instituciones políticas se adecuen a las exigencias de sociedades cada vez más complejas, y los Gobiernos Locales deben involucrarse en la tarea de orientar sus acciones al fomento de la inversión, fortalecer la equidad en la distribución de los ingresos, cuidar el medio ambiente y facilitar la participación ciudadana.

Las reformas se nutren de una renovada voluntad federalista y descentralizadora, que asume una mayor participación de estados y municipios, así como un mayor compromiso y equilibrio entre los poderes federales. Se trata de un federalismo que articula armónica y eficazmente la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las facultades constitucionales del gobierno federal. Este esfuerzo legislativo apunta a establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental en favor de las autoridades locales.

Por último, es necesario comprender que el proceso de descentralización es complejo, y es recomendable desarrollarlo en forma flexible y gradual, la cual respaldarse con una clara voluntad política de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente

Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 4, 5, y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, 5, y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Capítulo II Distribución de Competencias y Colaboración

Artículo 4o.- La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con la distribución que de éstas se prevé en la Constitución, cuya delimitación es el objeto de esta ley, misma a la que deberán sujetarse las leyes locales relativas, así como los otros ordenamientos legales que establezcan facultades para el Gobierno Federal en materia de protección al ambiente y preservación o restauración del equilibrio ecológico y las demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 5o.- ...

De la fracción I a la X. ...

XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable la protección y la preservación de los recursos forestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora y la fauna y los demás recursos naturales de su competencia, de conformidad con las disposiciones contenidas en esta y las demás leyes que resulten aplicables.

De la fracción XII a la XIII. ...

XIV.- Regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que, por disposición del artículo 27 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, sean competencia de la Federación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente.

...

Artículo 12.- Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación en su caso de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:

De la fracción I a la X. ...

XI.- Los acuerdos de colaboración deberán señalar, en su caso, las metas a realizar y los plazos para su debido cumplimiento;

XII.- Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de las estipulaciones contenidas en los acuerdos de colaboración.

...

...

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el ser humano ha ejercido el comercio desde los primeros momentos de su historia. En un mundo globalizado como en el que nos tocó vivir, la actividad comercial ha adquirido una importancia trascendental. Por ello, las leyes que regulan el dinamismo mercantil deben responder a la realidad imperante.

Siendo México una República federal, coexisten en su territorio un órgano legislativo federal y varios órganos legislativos estatales. Ambos ejercen una misma función dentro de un cuadro competencial diferente, de tal forma que, de conformidad con la fracción X del artículo 73 de nuestra Norma Suprema, compete al Congreso de la Unión emitir leyes, entre otras materias, en la mercantil.

En nuestro sistema jurídico, las leyes mercantiles se clasifican en especiales y en una ley general, como es el Código de Comercio. Este orden normativo data del 15 de septiembre de 1989, día en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde más de 60 por ciento de su articulado es de carácter procesal.

Por su parte, las leyes especiales mercantiles están entretejidas también en disposiciones adjetivas. Esta relación que debe existir entre derecho sustantivo y adjetivo se mantiene constante en nuestro sistema jurídico, en el cual a toda materia federal corresponde un proceso igualmente federal. La única excepción es precisamente la materia mercantil, donde existe una competencia concurrente; es decir, están facultados para conocer del proceso mercantil tanto jueces federales como jueces locales, en aplicación de las leyes mercantiles que tienen naturaleza federal. Lo anterior es así y su fundamento se encuentra previsto en el artículo 104 de la Constitución General de la República.

En 1973, el legislador de entonces emitió un decreto por el que fueron derogados los artículos que regulaban el juicio sumario del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que fue publicado el 14 de marzo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, ante el silencio de la legislación adjetiva mercantil y de la civil supletoria. El juicio sumario ha dejado de existir, y los casos mencionados en la Ley General de las Sociedades Mercantiles deben tramitarse en la vía ordinaria mercantil.

Dicha ley invoca el juicio sumario para el ejercicio de diversas acciones; entre otras, la de los acreedores de una sociedad, para oponerse a la reducción del capital social, y la de los socios o acreedores de una sociedad para demandar a los administradores de la misma y hacer efectiva la obligación de formar o reconstruir el fondo de reserva.

De acuerdo con el artículo 1o. de la ley en cita, las sociedades mercantiles se clasifican en sociedad en nombre colectivo, anónima y cooperativa. Cualquiera de las sociedades, con excepción de la que se mencionó en último término, podrá constituirse como sociedad de capital variable; por tanto, su actividad deberá estar regulada por un capital social y su giro estará dirigido a los actos mercantiles.

No debemos olvidar que la actividad comercial ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. A ello se debe que los pueblos y las naciones hayan tenido un progreso económico trascendente, el que se tradujo en bienestar de la sociedad. Ahora, el comercio se realiza con mecanismos sofisticados que lo hacen más ágil y rápido, atendiendo el avance tecnológico que los países poseen.

El derecho, por su parte, no puede quedar rezagado y, por lo mismo, tiene que ir a la vanguardia. Y a nosotros, los legisladores, corresponde asumir el mandato que el pueblo nos confirió, mediante la perfección y producción de normas jurídicas que respondan a las necesidades de la sociedad.

Por otro lado, el Código de Comercio establece varias formas para desahogar las controversias mercantiles, privilegiando el procedimiento convencional, sean de tribunales judiciales o a través de un procedimiento arbitral. Si los interesados no se ponen de acuerdo, se sujetarán a los procedimientos previstos en las leyes mercantiles o, en su caso, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del Libro Quinto de dicho código y, en su defecto, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como lo consigna el artículo 1054 de ese ordenamiento jurídico.

Como se observa, el precepto mencionado remite a una supletoriedad expresa, como es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cabe aclarar que recientemente fue reformado este artículo, concretamente el 24 de abril de 2003. La reforma del precepto referido obedece a que antes remitía a una supletoriedad que recaía en los códigos procesales civiles locales. Esto creó una serie de problemas, ya que se perdía la uniformidad del procedimiento mercantil en la República por la multiplicidad de criterios legales en los estados.

Por ello consideramos acertada la decisión del legislador al reformar el artículo e invocar a la ley federal adjetiva civil. Sin embargo, tal reforma resultó insuficiente, en virtud de que algunas de las leyes mercantiles prevén en su normatividad el juicio sumario, figura jurídica que no se encuentra reglamentada o prevista en el actual y vigente Código de Comercio ni lo comprende el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual resulta incongruente, en virtud de que mientras una ley sustantiva invoca el juicio sumario y éste no está previsto en las leyes procesales mercantiles, entonces ¿de qué forma se pueden resolver las controversias que demanda la vía sumaria?

Esto implica la administración de justicia, tanto para el gobernado como para el órgano jurisdiccional; incluso contraviene el artículo 17 de nuestra Carta Política, porque no se cumple la garantía de una administración de justicia pronta y expedita. De ahí la importancia de la presente iniciativa, en virtud de que la función del legislador debe ir encaminada a lograr un eficiente y eficaz funcionamiento de las sociedades mercantiles desde el perfil legal, por lo que no debemos olvidar que en gran medida la economía de un país se sustenta en capital privado y social; y qué mejor que exista un mecanismo jurídico que las dote de una ágil y expedita administración de justicia, como el que se está proponiendo.

La sociedad mexicana ha aspirado a que las instituciones estructuren un sistema judicial basado en procedimientos claros y expeditos, que hagan posible la aplicación rápida y objetiva de la impartición de justicia, porque la recta y equitativa administración de justicia en nuestro régimen democrático es un imperativo social que estamos obligados a cumplir con integridad. Por eso en el grupo parlamentario del Partido Verde tenemos como tesis primaria impulsar, mejorar y perfeccionar la constancia de nuestra administración de justicia: exclusivamente mediante el establecimiento de procedimientos adecuados se asegura el cumplimiento estricto de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el encabezado del Título Primero del Libro Segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como se adicionan los artículos 355 Bis y 356 Ter, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrján Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa con proyecto decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, en base a la siguiente:

Exposición de Motivos

El ser humano ha ejercido el comercio desde los primeros momentos de su historia. En un mundo globalizado, como el que nos tocó vivir, la actividad comercial ha adquirido una importancia trascendental, por ello las leyes que regulan la actividad mercantil, deben responder a la realidad imperante.

Siendo México una república federal, coexisten en su territorio un órgano legislativo federal y varios órganos legislativos estatales, ambos ejercen una misma función dentro de un cuadro competencial diferente. De tal forma que de conformidad a la fracción X del artículo 73 de nuestra Norma Suprema, compete al Congreso de la Unión emitir leyes, entre otras materias, la mercantil.

En nuestro sistema jurídico, las leyes mercantiles se clasifican en especiales, y una ley general, como lo es el Código de Comercio. Este orden normativo, data del 15 de septiembre de 1889, día en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde mas del 60% de su articulado es de carácter procesal. Por su parte las leyes especiales mercantiles están entretejidas también en disposiciones adjetivas. Esta relación que debe existir entre derecho sustantivo y adjetivo se mantiene constante en nuestro sistema jurídico, en el cual a toda materia federal corresponde un proceso igualmente federal, la única excepción es precisamente la materia mercantil, en donde existe una competencia concurrente, es decir, están facultados para conocer del proceso mercantil, tanto jueces federales como jueces locales, en aplicación de las leyes mercantiles que tienen una naturaleza federal. Lo anterior es así, porque se encuentra previsto en el artículo 104 de la Constitución General de la República.

En el año de 1973, el legislador de entonces, emitió un decreto por el que fueron derogados los artículos que regulaban el juicio sumario del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mismo que fue publicado el 14 de marzo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, ante el silencio de la legislación adjetiva mercantil y de la civil supletoria, el juicio sumario ha dejado de existir y los casos mencionados por la Ley General de Sociedades Mercantiles deberán tramitarse en la vía ordinaria mercantil.

Dicha Ley invoca al Juicio Sumario, para el ejercicio de diversas acciones, entre otras: la de los acreedores de una sociedad, para oponerse a la reducción del capital social (artículo 9º); la de los socios o acreedores de una sociedad para demandar a los administradores de la misma y hacer efectiva la obligación de formar o reconstituir el fondo de reserva (artículo 22); la de la sociedad para exigir el pago de las acciones suscritas, o bien la venta de las mismas (artículo 118); la de cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, para oponerse judicialmente a la fusión (artículo 224); la de cualquier interesado para solicitar a la autoridad judicial que ordene el registro de la disolución de una sociedad o bien la cancelación de dicha inscripción (artículo 232); cuando por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija el artículo 236; cuando surja una causa grave para la revocación de los liquidadores, en los términos del artículo 236 (artículo 238); Cuando se entregue, parcial o totalmente, el haber que le corresponda algún socio y no estén extinguidos sus créditos pasivos, los demás socios podrán oponerse a esa entrega (artículo 243).

De acuerdo con el artículo primero de la Ley en cita, las Sociedades mercantiles se clasifican en:

Sociedad en nombre colectivo;

Sociedad en comandita simple;

Sociedad de responsabilidad limitada;

Sociedad anónima;

Sociedad en comandita por acciones, y

Sociedad cooperativa.

Cualquiera de las sociedades, con excepción de la que se menciona en último término, podrá constituirse como sociedad de capital variable. Por tanto su actividad deberá estar regulada por un capital social, y su giro estará dirigido a los actos mercantiles.

No debemos olvidar que la actividad comercial ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, a ello se debe que los pueblos y las naciones hayan tenido un progreso económico trascendente, mismo que se tradujo en bienestar de la sociedad. Ahora el comercio se realiza con mecanismos sofisticados, que lo hacen más ágil y rápido, atendiendo al avance tecnológico que los países posean.

El derecho por su parte no puede quedar rezagado, sino que tiene que ir a la vanguardia, y a nosotros, como legisladores, nos corresponde asumir el mandato que el pueblo nos confirió, mediante la perfección y producción de normas jurídicas que respondan a las necesidades de la sociedad.

Por otra lado el Código de Comercio establece varias formas para desahogar las controversias mercantiles, privilegiando al procedimiento convencional, sea ante Tribunales Judiciales o a través de un procedimiento arbitral, sí los interesados no se ponen de acuerdo, se sujetarán a los procedimientos previstos en las leyes mercantiles, o en su caso, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del Libro Quinto de dicho Código y en su defecto se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como lo consigna el articulo 1054 de ese ordenamiento jurídico.

Como se observa, el precepto mencionado remite a una supletoriedad expresa, como es al Código Federal de Procedimientos Civiles, cabe aclarar que recientemente fue reformado este artículo, concretamente el 24 de abril del año 2003, la reforma al precepto aludido obedece a que antes remitía a una supletoriedad que recaía en los códigos procesales civiles locales, esto creó una serie de problemas ya que se perdía la uniformidad del procedimiento mercantil en la Republica, por la multiplicidad de criterios legales dispares en los Estados. Por ello consideramos acertada la decisión del legislador al reformar el artículo en comento, e invocar a la Ley Federal Adjetiva Civil. Sin embargo tal reforma resultó insuficiente, en virtud de que algunas de las leyes mercantiles prevén en su normatividad el juicio sumario, figura jurídica que no se encuentra reglamentada o prevista en el actual y vigente Código de Comercio ni tampoco lo comprende el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo cual resulta incongruente, en virtud de que mientras una ley sustantiva invoca al juicio sumario y este no está previsto en las leyes procesales, mercantiles entonces ¿de qué forma se pueden resolver las controversias que demandan la vía sumaria? Esto complica la administración de justicia, tanto para el gobernado, como para el órgano jurisdiccional, e inclusive contraviene al artículo 17 de nuestra Carta Política, porque no se cumple con la garantía de una administración de justicia pronta y expedita.

Dentro de la exposición de motivos de la referida reforma, se encuentra que se establecen modificaciones al Código de Comercio en la parte adjetiva, con la finalidad de lograr una impartición de justicia más expedita en materia mercantil.

Por otro lado el mismo Código de Comercio establece en su artículo 1055 que los juicios mercantiles serán ordinarios, ejecutivos y los especiales sin precisar cuales son éstos últimos.

De ahí la importancia de la presente iniciativa, en virtud de que la función del legislador debe ir encaminada a lograr un eficiente y eficaz funcionamiento de las sociedades mercantiles desde el perfil legal. Por lo que no debemos olvidar que en gran medida la economía de un país se sustenta en el capital privado y social y que mejor que exista un mecanismo jurídico que les dote de una ágil y expedita administración de justicia, como el que se propone.

La sociedad mexicana ha aspirado por que las instituciones estructuren un sistema judicial, basado en procedimientos claros y expeditos, que hagan posible la aplicación rápida y objetiva la impartición de justicia, por que la recta y equitativa administración de justicia en nuestro régimen democrático, es un imperativo social que estamos obligados a cumplir con integridad.

Únicamente a través de la claridad y precisión de las leyes, sustantivas y de procedimiento, se procura la realización de la función jurisdiccional y por lo tanto se cumple el mandato constitucional.

Compañeros, estamos obligados a mejorar y perfeccionar la constancia de nuestra administración de justicia, y exclusivamente mediante el establecimiento de procedimientos adecuados se asegura el cumplimiento estricto de la ley.

Se insiste que la iniciativa que se plantea, contiene la pretensión de ajustar los preceptos de las leyes sustantivas mercantiles que invocan al sumario, para lo cual es conveniente que la Ley Federal procesal sume en su articulado este tipo de proceso.

A continuación se presenta una explicación, del contenido de la iniciativa para mejor comprensión.

Contenido de la iniciativa

Se plantea con la presente iniciativa, el cambio de denominación del título primero del libro segundo, en el sentido de que actualmente establece, ya que sólo alude al Juicio Ordinario, en tanto lo que se pretende es que refiera tanto a los ``Juicios Ordinarios'' como a los ``Juicios Sumarios'' para darle congruencia.

En cuanto a la adición del artículo 355 bis, se exponen varias causales que le den procedencia al juicio sumario, contenidas en cuatro fracciones, para normar la actividad justicial, esto es así, porque se considera que el catálogo que se propone lo es con carácter enunciativo más no limitativo, lo cual se traduce que queda abierta la posibilidad para que se actualicen otras causales.

En ese mismo orden de ideas, se conduce la adición del artículo 355 Ter, en el sentido de que la instauración del juicio sumario por su carácter breve, se le dota de términos cortos ágiles, para la contestación de la demanda, así como se señala un audiencia para que las partes lleguen a una conciliación, de tal forma que de no darse ésta, en la misma audiencia se ofertaran las pruebas que las partes aporten para comprobar su dicho, en ésta hipótesis el desahogo de pruebas se verificará dentro de los cinco días siguientes, al concluir la etapa probatoria, se pasará al período de alegatos y la sentencia se dictará dentro de los cinco días posteriores. En síntesis el juicio que se plantea se substanciara, a mas tardar en un término de 30 días, por ello la connotación de ``sumario'', cuyo significado gramatical, es ``rápido'', ``breve'', ``conciso'', ``abreviado'', ``resumido'', etcétera. Sin embargo se siguen respetando las reglas del juicio ordinario en lo que no se oponga al sumario.

En cuanto a los recursos, que son los medios de defensa legal que tienen las partes procesales para inconformarse contra las resoluciones judiciales, se propone la procedencia del recurso de apelación en contra de las sentencias interlocutorias y definitivas que se dicten en el juicio sumario, con salvedad de que sólo tenga efectos devolutivos, es decir, que en caso de que proceda se reponga el procedimiento, al momento en que surgió la violación procesal.

En mérito de lo antes expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el encabezado del título primero del libro segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como se adicionan los artículos 355 Bis, 355 Ter y se adiciona un párrafo segundo al artículo 323 del ordenamiento jurídico mencionado, para quedar en los siguientes términos:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica el encabezado del Título Primero del Libro Segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como se adicionan los artículos 355 Bis, 355 Ter y se adiciona un párrafo segundo al artículo 232 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO Contención

TITULO PRIMERO De los Juicios

Ordinario y Sumario Del Juicio Sumario

Artículo 355 Bis. Procede el Juicio Sumario, en los siguientes casos:

I. Las demandas que tengan por objeto el otorgamiento de la escritura correspondiente, para el caso de que el contrato social no se hubiere otorgado ante Notario;

II. Las demandas que versen sobre la oposición, para el caso del aumento o reducción del capital social;

III. Las demandas que tengan por objeto la inscripción en el caso de liquidación y disolución de la sociedad;

IV. La solicitud de la rendición de cuentas al administrador o administradores de la sociedad;

V. Los demás negocios para los que las leyes determinen la vía sumaria.

Artículo 355 Ter. El juicio sumario se ajustara a las reglas establecidas para el ordinario con las siguientes modificaciones.

Los plazos serán:

I. Tres días para contestar la demanda, y en su caso, interponer la reconvención. Pero ésta no será admisible sino cuando proceda también tramitarlas en juicio sumario;

II. Cinco días para comparecer a la audiencia de conciliación y/o celebración de una audiencia de ofrecimientos de pruebas, mismas que se desahogaran dentro de los cinco días siguientes y se presentaran los alegatos;

III. La sentencia se pronunciará dentro de los cinco días siguientes.

Atento el carácter sumario del juicio, el juez al presidir las audiencias y a lo largo del procedimiento tendrá amplias facultades de dirección, procurando que su desarrollo sea pronto y expedito.

DE LA APELACION Y DE LA REVISIÓN FORZOSA

Artículo 232

``La apelación...''

En los juicios sumarios solamente los autos y sentencias interlocutorias que decidan incidentes y las sentencias definitivas, serán apelables; el recurso solo se admitirá en el efecto devolutivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DE NAVEGACION
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley de Navegación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley de Navegación, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del lunes 28 de febrero de 2005

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Marina, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Exposición de Motivos

Sobre la extensión del territorio, la Constitución establece, en su artículo 42, que éste comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.

Es sobre este territorio, que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, entendiendo a la primera como ``la calidad del soberano1 que se atribuye al Estado como órgano supremo e independiente de autoridad, y de acuerdo con la cual es reconocido como institución que dentro de la esfera de su competencia no tiene superior''. Es así que la soberanía territorial sería el conjunto de poderes que el Estado ejerce sobre su propio territorio. En la Constitución, se establece que ``la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno'', en donde ``el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal'' (artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente).

Por otra parte, la jurisdicción es entendida como ``la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto''. Desde el punto de vista, más general, la jurisdicción hace referencia al poder del estado de impartir justicia, esto es, el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes.

Es así que dentro de lo considerado como territorio nacional2, la nación tiene la capacidad para ejercer su jurisdicción y soberanía. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en su artículo 27 y 23 respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores.

Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado como territorio nacional, donde también se ejerce este poder. La Constitución establece, en su artículo 27, que ``la Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso'', la cual es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, que se extiende a 200 millas marinas (374,000 metros) contadas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la Nación ejerce: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos (artículos 46 y 49 de la Ley Federal del Mar3).

En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la Nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional; no obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana esta omisión, como en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en la Ley Federal del Mar.

Esta consideración es relevante ya que las disposiciones, programas y proyectos que se enumeran en algunas leyes, deberán de abarcar no solo las zonas determinadas como territorio sino también aquellas sobre las que Estado ejerce su soberanía y jurisdicción. Esta prolongación protege y conserva, no solo el territorio nacional, sino también las zonas periféricas que específicamente lo permiten. De igual forma, la disposición resulta de gran importancia cuando se trata de recursos que compartimos con otras naciones.

No obstante que la ley marco sobre protección al ambiente, la LGEEPA, y la Ley de Federal del Mar entre otras, ya amplían su cobertura legal, otras leyes nacionales, cuya aplicación pudiera ser hasta la zona económica exclusiva, no lo determinan específicamente, como en el caso de la Ley de Navegación, que en su artículo 2º define las vías generales de comunicación por agua o vías navegables, sin tomar en cuenta las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Para efecto de que en las zonas omitidas, las disposiciones de ley no carezcan de aplicabilidad, dejando una porción espacial sin regulación legal y siguiendo el espíritu de congruencia entre las leyes, es que debemos de corregir el vacío de jurisdicción de la ley en comento y en atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto: Por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Navegación.

Artículo Único: Se reforma el artículo 2º de la Ley de Navegación, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:

...

...

...

...

...

...

Vías generales de comunicación por agua o vías navegables: El mar territorial, los ríos, las corrientes, vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, los canales que se destinen a la navegación; así como la superficies acuáticas de los puertos, terminales y marinas y sus afluentes que también lo sean y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero del 2005.

Notas:

1. Soberano: es el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos.

2. Artículo 42 Constitucional.

3. Artículo 46.- La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este:

I.- Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;

II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta ley, de su reglamento y del derecho internacional, con respecto:

1.- al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;

2.- a la investigación científica marina; y

3.- a la protección y preservación del medio marino; y

III.- Otros derechos y deberes que fije esta ley, su reglamento y el derecho internacional.Artículo 49.- El poder ejecutivo federal vigilara que, al ejercitar los Estados extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en la zona económica exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisdicciones y deberes de la Nación y cumplan esta ley, su reglamento y otros reglamentos nacionales adoptados de conformidad con la Constitución y normas aplicables de derecho internacional.Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se turna, a solicitud del promovente, a la Comisión de Marina.

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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, A LA INICIATIVA QUE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DE ARTÍCULO 6, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS DEL ARTÍCULO 90, SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 98 BIS AL 98 BIS-8, PARA CREAR LAS FIGURAS JURÍDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA, presentada por los C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de LIX Legislatura, el 30 de noviembre de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de noviembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentaron los C.C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/1178/04 de fecha de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. Con fecha del 16 de febrero de 2004, el pleno de las Comisión de Economía aprobó el presente dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

La iniciativa pretende que puedan crearse las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa, en el animo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por vía del acreditamiento previo y de facultar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para emitir dichas declaratorias.

En la iniciativa se han contemplado dos grados de notoriedad; la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece la protección ampliada.

A través de la iniciativa se ha considerado que la declaratoria deba ser un acto administrativo de carácter declarativo, ya que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tendrá facultades para recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, y de esa forma se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, además de que se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares, en virtud de lo anterior, se propone la reforma de las fracciones III y X del artículo 6 a fin de darle facultades al Instituto, para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

En la propuesta se señala que aún y cuando en México de algún modo ya existe la protección para las marcas, a través de los Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha existido una adecuación legal en nuestro marco normativo que permita la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa.

En el artículo 90, fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca y se dividió el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.

Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos del 98 bis al 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.

En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

TERCERO. Que las marcas, son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso, prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.

CUARTO. Que existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

QUINTO. Que México forma parte de diversos tratados internacionales, en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada Marca Notoriamente Conocida, tales como el Convenio de París de 1967, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

SEXTO. Que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París, de 1967, establece en su artículo 6 bis, lo siguiente:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Y en su artículo 10 bis agrega:

Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

SÉPTIMO. Que es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, respecto a marcas notoriamente conocidas establece:

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

OCTAVO. Que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prescribe en su parte relativa a la Propiedad Intelectual:

Artículo 1708. Marcas

...

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

NOVENO. Que durante la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros, llevada a cabo del 20 a 29 de septiembre de 1999, se ha aprobado y emitido una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la que se han establecido criterios generales de determinación y protección de marcas notoriamente conocidas.

DÉCIMO. Que atendiendo a lo señalado por el artículo 133 constitucional, todas las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte, deben considerarse ley suprema de la Unión.

DÉCIMO PRIMERO. Que en el ámbito nacional, los principios de protección a las Marcas Notoriamente Conocidas, se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 90 fracción XV de la misma, que a la letra dispone:

Artículo 90

No serán registrables como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Una vez señalado lo anterior, podemos decir que la protección que se otorga no tiene como requisito que la marca se encuentre registrada ni en México, ni en el extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio, aún cuando deba destacarse que en el párrafo 4° de la misma fracción, aclara que el impedimento de registro procederá --solamente- cuando pudiese causar confusión o riesgo de asociación o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca notoriamente conocida, en resumen, cuando se le pueda causar perjuicio o lesionar intereses al titular de la misma.

DÉCIMO SEGUNDO. Que no obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

Además de que existen marcas notoriamente conocidas que, teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

Y la razón de que algunas de éstas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial, de debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que, aún cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por la cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares, que de aprobarse la iniciativa quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocida y famosa.

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que se considera que la notoriedad y fama son preexistentes, la declaratoria no es constitutiva de derechos, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.

Que la declaratoria debe ser un acto administrativo de carácter declarativo a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho o ius prohibendi que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.

En virtud de que la declaratoria no se pronuncia hacia el futuro, ya que deriva de lo que se haya probado en un tiempo determinado, solamente podrá afirmar que en una fecha dada, se acreditó que tal marca era conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país o por el público en general.

También es viable que ya emitida una declaratoria, los actos administrativos subsecuentes no son nuevas declaratorias, sino una actualización de las pruebas que acreditan que subsisten las condiciones necesarias para que una marca se considere notoriamente conocida o famosa.

Por lo ya expuesto y con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la el siguiente Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa y presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y X de artículo 6, y la fracción XV del artículo 90. Se adicionan la fracción XV bis del artículo 90, y un capítulo II BIS denominado: De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos 98 bis al 98 bis-8, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. y II. ...

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. a IX. ...

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

Artículo 90. No serán registrables como marca:

I. a XIV....

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XV bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

CAPITULO II BIS.

De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fr. XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Artículo 98 bis-3. El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Artículo 98 bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

II. La marca y el número de registro que le corresponde;

III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud;

Artículo 98 bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Artículo 98 bis-6. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Artículo 98 bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 98 bis-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:

Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo;

Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas;

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Artículo 98 bis-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2004.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Es de primera lectura.

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CONSUL HONORARIO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ernesto Canales Santos, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 3 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio interesado prestará en al Reino de Tailandia, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Ernesto Canales Santos, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 4 de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

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consul honorarioEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 2 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Sandro Muller Rolandi, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la Confederación Helvética, en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 8 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la Confederación Helvética, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Sandro Muller Rolandi, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la Confederación Helvética, en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 9 de febrero de 2005.---Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

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condecoracionesEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, de fecha 16 de diciembre de 2004, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Servando Centella Pérez, pueda aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.

En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 17 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C) del artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Servando Centella Pérez, para aceptar y usar la medalla conmemorativa ``Primero de Agosto'', que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 10 de febrero de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gerardo Alberto Rivas Orellana, Carlos Alberto López Torres, Sylvia Erika Montaño Quintana, María de Angel Estrada Reynoso y Marina del Carmen Encinas Chairez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en Nogales, Sonora, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 17 de febrero del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en Nogales, Sonora, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado C), del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Gerardo Alberto Rivas Orellana, para prestar servicios como Operador Telefónico de Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Alberto López Torres, para prestar servicios como Asistente de Sistemas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Sylvia Erika Montaño Quintana, para prestar servicios como Asistente Comercial/Secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana María de Ángel Estrada Reynoso, para prestar servicios como Asistente Consular en la Sección Consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Marina del Carmen Encinas Chairez, para prestar servicios como Operador de Sistemas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el día lo. de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Cecilia Rivera Ramos y Hugo Enrique Onofre González, puedan prestar servicios como encargada de prensa y difusión y como empleado de limpieza y mensajero, en la Embajada del Perú en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 17 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad .mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada del Perú, en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II), del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Cecilia Rivera Ramos, para prestar servicios como encargada de prensa y difusión, en la Embajada del Perú, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Hugo Enrique Onofre González, para prestar servicios como empleado de limpieza y mensajero, en la Embajada del Perú en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura a los dictámenes.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se les dispensa la lectura.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se pregunta si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, hasta por ocho minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por ocho minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto en conjunto. (Votación) Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señor Presidente: se emitieron 349 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor secretario. La diputada Margarita Zavala tiene problemas con el sistema.

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Sí, señor Presidente; es que no marcó mi voto, a favor.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está registrado a favor. El diputado Óscar Rodríguez.

El diputado Óscar Rodríguez Cabrera (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: A la izquierda, sonido a la curul de la diputada.

La diputada Gloria Martínez Márquez (desde la curul): A favor. También está fallando el sistema.

El diputado Arturo Robles Aguilar (desde la curul): A favor.

La diputada María Concepción Fajardo Muñoz (desde la curul): Mi voto es a favor.

El diputado Francisco Herrera León (desde la curul): A favor.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 355 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados, los proyectos de decreto por 355 votos a favor. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

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PROGRAMA ``BIENVENIDO, PAISANO''
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, se autoriza. Proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones que suscriben, Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES, DE TRANSPORTES, DE POBLACIÓN FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE GOBERNACIÓN, SE AVOQUEN A ESTUDIAR, EVALUAR Y PROPONER MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE EL PROGRAMA ``BIENVENIDO PAISANO'' Y LA OPERACIÓN DE RETENES EN LAS CARRETERAS DEL PAÍS, SE CONDUZCAN A SATISFACER EL OBJETIVO ORIGINAL DE SU IMPLEMENTACIÓN; presentada el día jueves 6 de noviembre del 2003, por el Diputado Federal JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia por la Democracia.

Los integrantes de éstas comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracciones XXV, V y XXXVI, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica; y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se abocaron al estudio y análisis de la Proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente DICTAMEN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES1. En sesión celebrada por esta H. Cámara de Diputados, con fecha jueves 6 de noviembre del año 2003, el Diputado Federal: Jesús González Schmal, presentó ante el pleno de ésta Honorable Asamblea, el Punto de Acuerdo en estudio, a fin de que la aplicación de las medidas contenidas en el programa ``Bienvenido Paisano'', no se conviertan en molestias, inseguridad, contrabando y contaminación en amplías áreas del territorio nacional.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva de ésta Cámara, turno a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y Transportes, la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, a efecto de que se elabore el Dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓNa) El promovente señala en su exposición de motivos que el programa conocido como ``Bienvenido Paisano'', el cual se reestablecerá en las fronteras del norte de nuestra República con motivo de la proximidad de las celebraciones del mes de diciembre y de su consecuente fin de año; requiere de una seria y urgente revisión en lo que respecta a su aplicación y operación.

Establece, que en la realización práctica de éste programa sobre las deterioradas carreteras de nuestro país, en la infraestructura de servicios de abastecimientos de gasolina, en la atención de accidentes; la vigilancia y el gigantesco control del contrabando se realiza al amparo y a la facilidad de acceso de la corrupción, lo que origina la consumación de delitos.

b) Durante la época de diciembre, miles de paisanos regresan sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica para reunirse con sus familiares, parientes y amigos, internándose en las diferentes regiones de nuestra República, situación que igualmente es aprovechada por los traficantes que introducen varios vehículos y camionetas con cargas para reventa, ó para ser dejados dentro de nuestro territorio nacional, con la esperanza de su posterior regularización.

Este fenómeno de internación y contrabando de vehículos, origina una importante y preocupante saturación de nuestros caminos y carreteras, cuadruplicando el tiempo normal de transito de una región a otra, y paralizando lugares enteros por congestionamiento; lo cual provoca a su vez altos índices y condiciones de contaminación.

c) La innumerable existencia de retenes provoca igualmente colas kilométricas de extensión, inhibiendo el desplazamiento por nuestras carreteras; además de que nuestros visitantes ``paisanos'' con sobretodo, víctimas del maltrato y la extorsión en éstas inocultables ``aduanas'' de dudoso beneficio.

Señala además, que tanto el Ejercito Mexicano, como la Policía Federal Preventiva (PFP), la Policía Federal de Caminos (PFC), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y en muchas de las ocasiones, las policías locales de los municipios, concurren bloqueando nuestras vías generales de comunicación con piedras, tambos, trincheras con costales de arena, y hasta con vehículos oficiales; constituyendo una violación flagrante a la libertad de tránsito de millones de mexicanos que viajan por carretera en vehículos privados o de transporte público obligándoles a salir de sus autos para ser inspeccionados bajo la amenaza de personal armado, como si de tráfico de drogas se tratara; al ``amparo'' de la autorización en la aplicación de éste programa, y sin que a la fecha se sepa sobre los resultados positivos que han arrojado la aplicación de éste sistema, ni de sus consecuentes costos.

C O N S I D E R A N D O SA.- Líderes de organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad mexicana y méxico--americana residentes en los Estados Unidos de Norteamérica, presentaron al gobierno de México la propuesta de creación de mecanismos que buscarán controlar y eliminar los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en el que incurrían los servidores públicos de diversas dependencias del gobierno federal.

Como consecuencia de estos movimientos, se expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de abril de 1989, el ``Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país''.

Éste Acuerdo, fue la base de creación del Programa ``Bienvenido Paisano'', con la participación de las Secretarías de Estado de: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Salud y Turismo; así como la Procuraduría General de la República y el Organismo Público Descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

B.- Que el objetivo principal del programa ``Bienvenido Paisano'' para que los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de la información y difusión sobre el cumplimiento de las obligaciones y derechos, la protección de su integridad física y patrimonial, la sensibilización y capacitación de servidores públicos y sociedad, así como la atención y seguimiento de quejas y denuncias; es el de asegurarles un trato digno y conforme al derecho.

C.- Que es competencia del Poder Ejecutivo de la Unión, a través de sus Secretarías de Estado competentes, dar cumplimiento al objeto por el cual se creo el programa ``Bienvenido Paisano''.

R E S U L T A N D O SPRIMERO.- Que el derecho ejercido por el legislador promovente, se sustenta en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Estas H. Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes, son competentes para resolver sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, numeral 2, fracciones XXV, V y XXXVI; 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que de conformidad a los dispuesto por los artículos 93 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica y 89 del Reglamento; ambos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; que facultan a éstas Comisiones Dictaminadoras a solicitar información, y

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de éstas H. Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes; de manera conjunta, en éste acto; proponemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente DICTAMEN; se solicita a ésta H. Soberanía y de conformidad a los dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hágase atenta solicitud a las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública Federal y de Relaciones Exteriores, envíen a esta H. Cámara de Diputados, toda la información relacionada con la ejecución, avances y beneficios que tiene el programa ``Bienvenido Paisano'' para su estudio y evaluación.

SEGUNDO.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

RECOMENDACIÓN

A. De los resultados obtenidos del estudio y evaluación del Programa ``Bienvenido Paisano'', se estará en la posibilidad de que los integrantes de estas H. Comisiones Unidas, propongan las medidas pertinentes a fin de que se realice una mejor implementación y desempeño, así como la garantía del respeto, trato, eficiencia, organización y operación de éstos retenes en las carreteras de nuestra República.

Dado en la Sala de Sesiones de las Comisiones Unidas de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y Transportes.--- H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.--- Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 21 días del mes de Septiembre del año 2004.--- Por la Comisión de Transportes, Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes, secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías, Adrián Villagómez García (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica).

Por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Presidente; Ruth Trinidad Hernández Martínez, secretaria; Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), secretario; Lino Celaya Luría (rúbrica), secretario; Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), secretaria; Fernando Álvarez Monje, Blanca Judith Díaz Delgado, Marco Antonio Gama Basarte, Alfonso Moreno Morán, Homero Ríos Murrieta, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña, María Guadalupe Suárez Ponce, José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), María Ávila Serna.

Por la Comisión de Comunicaciones, diputados: Ángel Heladio Aguirre Rivero (rúbrica), Presidente; Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Sergio Augusto Magaña Martínez, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), secretarios; Pedro Ávila Nevárez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ángel Augusto Buendía Tirado, Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Rafael Moreno Valle Rosas, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, Tatiana Clouthier Carrillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala.»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores, esta Presidencia lo da como suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense. Continúe.

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ALCOHOLISMO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 29 de Diciembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo para que por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de Julio y 26 de Octubre de 2004, presentado por el Diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por los integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Los integrantes la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisión encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del Punto de Acuerdo en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 29 de Diciembre de 2004 el Diputado Javier Salinas Narváez, presentó proposición con Punto de Acuerdo para exhortar que el Ejecutivo a través del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de Julio y 26 de Octubre de 2004. Dicho Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud el día 4 de Enero de 2005 para su respectivo estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen pretende exhortar al Ejecutivo para que a través del Consejo de Salubridad General ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de Julio y 26 de Octubre de 2004, los cuales tienen el propósito de combatir el alcoholismo.

Sin embargo esta situación ha suscitado inconformidades entre los miembros de la industria alcoholera. Además han transcurrido varios meses de las publicaciones de los acuerdos y no se ha cumplido con la exigencia de la Constitución Federal que obliga al órgano sanitario a remitirlos al Congreso de la Unión para el caso especifico a la Cámara de Diputados, para que en uso de sus atribuciones dictaminen sobre la procedencia de los mismos.

Por lo anterior los Diputados Proponentes exhortan al Ejecutivo Federal para que por medio del Consejo de Salubridad General se suspendan dichos acuerdos, y puedan ser analizados por este Órgano Legislativo.

III. CONSIDERACIONES.

A. Actualmente en nuestro país el alcoholismo representa un problema de salud. Su abuso ha adquirido proporciones masivas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y se encuentra asociado a toda una constelación de consecuencias adversas, de las cuales la enfermedad alcohólica constituye sólo una pequeña parte.

B. El problema del alcoholismo se ha convertido, sin duda, en uno de los fenómenos sociales más generalizados de las últimas décadas, es por ello la preocupación hoy en día de todos y cada uno de los mexicanos.

Por ende el problema de alcoholismo debe ser analizado y, en su momento, atacado por todas las vías legales y científicas posibles, dado el grado de conflictos que provoca en nuestra propia sociedad.

C. Por ello nuestro país ha tomado medidas las cuales se encuentran reguladas en la Ley General de Salud específicamente en los artículos 185, 186 y 187, los cuales regulan los Programas Contra las Adicciones, contemplando acciones específicas para la prevención y tratamiento del alcoholismo y así combatir este problema de salud.

Dichos preceptos a letra plasman lo siguiente:

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y

III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo.

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:

I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.

II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo.

Artículo 187.- En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Recientemente también se han llevado a cabo acciones por parte del Consejo de Salubridad General, como se plasma en el acta de la duodécima sesión ordinaria del órgano referido, en donde se emite un acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo y evitar la ingesta de alcohol etílico, mencionado en el numeral 3; ``(Acuerdo CSG 33-V-04), la propuesta por la que se establece como medida contra el alcoholismo, la prohibición de venta de alcohol etílico sin desnaturalizar, Acuerdo publicado por el Consejo de Salubridad General en el DOF''.

D. Por lo que respecta a los acuerdos en su fondo, se fundamenta con la fracción XV del artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, el cual dice: Al Consejo le Corresponde: fracción XV. Expedir los acuerdos necesarios sobre los asuntos de su competencia.

Por otra parte es importante destacar lo que establece el artículo 73 de nuestra Constitución Política que a la letra dice:

Artículo 73. El Congreso tiene Facultad:

I a XV.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la republica.

1a a 3ª.

4A. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

XVII a XXX.

Por lo anterior, el Congreso tiene la facultad jurídica para dictar Leyes sobre Salubridad General, el Acuerdo mencionado es una medida que inscribe la campaña contra el alcoholismo, lo cual constituye una cuestión de salubridad general.

Es por ello que congruente con nuestra Constitución los Decretos en la materia deben ser revisados por el Congreso de la Unión. Se considera suspender la vigencia de los decretos mencionados, atendiendo a un acorde procedimiento sin violentar el bien jurídico tutelado, es de trascendente importancia que se remitan dichos acuerdos conjuntamente con los fundamentos científicos y jurídicos que dieron origen a la emisión de los mismos, para su revisión y de esta forma llevar acabo un adecuado proceso.

E. Es de señalarse que los miembros de la industria afectada han manifestado a los miembros de ésta Comisión de Salud su inconformidad por haber sido sometidos durante estas últimas semanas en revisiones sanitarias, verificaciones fiscales y judiciales, lo cual ha sido interpretado como una acción represiva a sus manifestaciones de inconformidad a los acuerdos multiseñalados.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que el Consejo de Salubridad General suspenda la vigencia de los Acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los días martes 6 de Julio y martes 26 de Octubre del 2004.

SEGUNDO. Se solicita al Ejecutivo Federal enviar los Acuerdos mencionados así como la fundamentación científica y jurídica que los motivaron, a fin de que sean analizados en el seno de esta Comisión en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales.

TERCERO. Se solicita al Ejecutivo Federal evitar acciones de hostigamiento fiscal y judicial en contra de las empresas involucradas en la materia.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.--- Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud. Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera los puntos de acuerdo suficientemente discutidos. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense. Continúe la Secretaría.

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TABACO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal, para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una norma oficial mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, fueron turnadas para su estudio y dictamen las proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se solicita al titular de la Secretaría de Salud Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo y una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias, así como el establecimiento de otras leyendas precautorias. Igualmente se solicita la prohibición del uso de los términos ``light'', ``suave'', ``sin nicotina'' o algunos similares y que se establezcan los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que podrán tener los cigarros elaborados y comercializados en el territorio nacional, aprobadas por los congresos de los estados de Nuevo León y Tabasco.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a las proposiciones con Punto de Acuerdo antes mencionadas, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO'', se sintetiza el alcance de la propuesta de los Puntos de Acuerdo en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

En sesión celebrada por el pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León de la LXX Legislatura el 1 de Noviembre del año 2004, se aprobó el Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud Federal que considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo y una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las medidas precautorias, así como la prohibición del uso de los términos ``light'', ``suave'' o ``sin nicotina''. Así como la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que podrán tener los cigarros elaborados y comercializados en el territorio nacional.

Con fecha 23 de Noviembre del año 2004, fue turnado el Punto de Acuerdo a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

En sesión celebrada por el H. Congreso del Estado de Tabasco de la LVIII Legislatura el 29 de Noviembre del año 2004, se emitió el Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal que considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo; una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias; y, además, fijar los máximos de sustancias como nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, en el contenido de los cigarros. Así también se le solicita dictar Acuerdo para el establecimiento de otras leyendas precautorias y la prohibición del uso de las palabras ``light'', ``suave'' o ``sin nicotina'' y de otras similares. Punto de Acuerdo emitido el 9 de noviembre de 2004 por la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco.

Con fecha 12 de Enero del año 2005, fue turnado el Punto de Acuerdo en comento a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO.

Los Puntos de Acuerdo tienen la finalidad de solicitar al titular de la Secretaría de Salud Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, considere la emisión de una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo y una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias, así como el establecimiento de otras leyendas precautorias. Igualmente se solicita la prohibición del uso de los términos ``light'', ``suave'', ``sin nicotina'' o algunos similares y que se establezcan los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que podrán tener los cigarros elaborados y comercializados en el territorio nacional.

En las propuestas se manifiesta que el tabaquismo es un problema reconocido de salud pública pues los daños a la salud asociados con el consumo de tabaco causan más de medio millón de muertes en el continente americano y en México es una de las principales causas de mortalidad y la primera causa de muerte prevenible en personas adultas.

El planteamiento se motiva en el hecho de que es necesario disminuir el consumo de tabaco, por los efectos negativos que produce en la salud y en la calidad de vida de las personas. Por lo anterior, es menester que se informe a los consumidores potenciales de los efectos del consumo en el cuerpo humano. Las medidas propuestas tendrán un impacto tal que podrán disuadir a consumidores potenciales del tabaco, motivar a quienes son adictos al tabaco para alejarse de este hábito y en general podrán disminuir el consumo del mismo. Por otro lado, se menciona que la publicidad impulsa de manera llamativa el consumo de tabaco, sin informar de las consecuencias negativas que el consumo del mismo produce en la salud.

Así mismo, se menciona no hay una regulación relativa a los mínimos y máximos de determinadas substancias que contiene el tabaco, ni respecto a algunos términos utilizados en los empaques de los cigarrillos, que pueden generar confusión en el público consumidor e inducir al error de pensar que son menos dañinos para la salud, por lo que hay que tomar medidas al respecto.

III. CONSIDERACIONES.

A. La salud es un valor fundamental e indispensable para el bienestar de las comunidades humanas y condición indispensable para su desarrollo. El artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para hacer efectiva esta prerrogativa, el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. Efectivamente el tabaquismo es un problema de salud pública ya que es una de las principales causas de mortalidad en México. Así mismo coincidimos en que la lucha contra el tabaquismo se ha convertido en un proceso irreversible en el que impera la necesidad de tomar medidas que logren disuadir a potenciales consumidores de productos de tabaco de utilizarlos y que procuren alejar a los adictos al mismo de este hábito.

C. Con fecha del 21 de mayo de 2003, se aprobó el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), tratado multilateral que pretende dar un marco a las medidas de control enfocadas a disminuir la prevalencia en el consumo del tabaco, así como en la exposición al humo del mismo.

El CMCT aprobado por México, propone esencialmente, dos tipos de medidas. Las primeras, enfocadas a la reducción del consumo, la protección a los no fumadores y la regulación e información sobre los componentes tóxicos del tabaco y sus emisiones. Se pretende desalentar el consumo del tabaco aumentando el tamaño de las etiquetas sanitarias y exigiendo la rotación de los mensajes. Asimismo, se propone prohibir el uso de términos engañosos, haciendo conciencia en el público a través de la educación y la comunicación. Igualmente, existe un rubro referente a la publicidad, la promoción y el patrocinio de las tabacaleras.

México, como país que aprobó el CMCT, ha entrado en una nueva etapa de compromiso hacia el control del tabaco, para ello incluso se creo una Comisión Nacional para el Control del Tabaco y se ha previsto la aplicación de las medidas del convenio en un plazo.

D. Pese a que ha habido trabajo y compromiso por parte de la Secretaría de Salud en materia de control del tabaco, se considera que a la fecha no se han generado suficientes medidas para regular y combatir el consumo del mismo, por lo que resulta necesario que la Secretaría continúe su labor a fin de adecuarse a la brevedad a lo estipulado dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco y cuya implementación constituye una necesidad y una obligación para el gobierno mexicano tanto respecto de la comunidad internacional como de la sociedad mexicana.

E. Es importante que se establezcan medidas para sensibilizar a los consumidores potenciales del tabaco sobre las repercusiones que tiene el mismo en el cuerpo humano, tales como que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, contengan imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo. Así mismo, se debe evitar el uso de términos que puedan dar lugar a mal interpretaciones que hagan creer al consumidor que determinados productos son menos dañinos para la salud; y una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las leyendas precautorias, para que las mismas sean claramente visibles para quien consuma o pretenda consumir tabaco. De igual manera, se debe regular acerca de los máximos permitidos de determinadas substancias nocivas contenidas en el cigarro.

G. Respecto a la propuesta que pretende el establecimiento de otras leyendas precautorias, cabe mencionar que no se motiva en forma suficiente pues no se justifica la razón de tal medida y no se manifiesta el fin de la misma ni el efecto que podría tener. Además, no se precisa la cantidad ni el contenido que deberían tener las leyendas precautorias en comento.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorga el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, emita una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo en el cuerpo humano y una tipografía de mayor tamaño que la utilizada actualmente en las medidas precautorias, así como la prohibición del uso de los términos ``light'', ``suave'' o ``sin nicotina''. Igualmente, debe determinar los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que podrán tener los cigarros elaborados y comercializados en el territorio nacional.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, el asunto se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor ..

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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ARTESANIAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a implantar programas para fomentar la artesanía en la República Mexicana

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A IMPLANTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA ARTESANÍA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, presentada por el C. Diputado Álvaro Burgos Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de octubre del 2004. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 28 de octubre del 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Álvaro Burgos Barrera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/1082/04 de fecha 04 de noviembre del 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador solicita lo siguiente:

``Único. Exhortar a la Secretaría de Economía a implementar los programas necesarios que tengan por objeto el fomento y difusión de la artesanía nacional, así como destinar los recursos necesarios a fin de impulsar el desarrollo de esta actividad.''CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que el patrimonio cultural es un aspecto invaluable y distintivo para toda nación. Sus manifestaciones son diversas, ya que se refiere al arte, a la lengua, costumbres, tradiciones y valores.

TERCERO. Que las artesanías mexicanas, interpretación material de nuestra identidad cultural, constituyen un factor importante en la vida económica de diversas regiones del país. La actividad artesanal ha sido trasmitida entre generaciones, sin embargo, su preservación se ve amenazada por las condiciones de un mercado cada vez más globalizado.

CUARTO. Que el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), es un Fideicomiso Público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene por objeto apoyar a los artesanos de México, a los que preservan técnicas y diseños tradicionales, y que viven en condiciones de pobreza, para potenciar sus capacidades a través del financiamiento y el estímulo a la creatividad, mediante la asistencia técnica para desarrollar diseños nuevos y promover estrategias comerciales eficaces que permitan la venta adecuada de sus productos en los mercados nacionales e internacionales.

QUINTO. Que la Secretaría de Economía con la aportación del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (FONAES), tiene en operación el Programa de Apoyo al Diseño Artesanal (PROADA), el cual fomenta la comercialización de las artesanías proporcionando a sus productores asesoría y asistencia técnica en diseño, procesos productivos y comercialización, a través de seminarios y talleres, a fin de que sus productos se coloquen en los mercados nacionales e internacionales en mejores condiciones de competitividad.

SEXTO. Que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, ha establecido el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, (PRONAFIM), mismo que tiene el objetivo de impulsar las iniciativas productivas de los individuos y grupos sociales en condiciones de pobreza, mediante el fomento y promoción de un sistema de microfinanzas con la participación de Instituciones de Microfinanciamiento como canales para la distribución y ejecución del crédito en todas las regiones del país, con especial énfasis en aquellas que registren mayores índices de pobreza.

SÉPTIMO. Que esta Cámara de Diputados aprobó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, asignar 68 millones de pesos al FONART, 1,500 millones de pesos para el FONAES y 177 millones de pesos para el PRONAFIM, con la intención de apoyar a la artesanía nacional.

OCTAVO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que existen los programas que satisfacen la solicitud del legislador, por lo que es procedente que el Ejecutivo Federal impulse y agilice la aplicación de estos programas para apoyar a los artesanos, y al mismo tiempo, canalizar los recursos que aprobó esta Cámara de Diputados para este fin.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la comisión de Economía aprueba los siguientes puntos de acuerdo:

PRIMERO. Se solicita a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, que implementen a la brevedad los programas a su cargo, que tienen por objeto fomentar y difundir la artesanía nacional, así como canalizar los recursos necesarios y suficientes a fin de impulsar el desarrollo de esta actividad.

SEGUNDO. Se informe a esta Cámara de Diputados sobre las acciones de esas dependencias, en cumplimiento del presente acuerdo.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte, Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a implantar programas para fomentar la artesanía en la República Mexicana.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el tema suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense. Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar, en el ámbito de sus atribuciones, la tarifa por temperatura ambiental de la 1B, de 28º centígrados, a la de 1C, de 30º centígrados, para el municipio de Cihuatlán, Jalisco

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RECLASIFICAR, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA TARIFA POR TEMPERATURA AMBIENTAL DE LA 1B DE 28º CENTÍGRADOS A LA DE 1C DE 30º CENTÍGRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO, presentada por el C. Diputado Carlos Blackaller Ayala del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de noviembre de 2004. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de noviembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Carlos Blackaller Ayala del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/1185/04 de fecha 6 de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

``Exhorto a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus funciones, de sus facultades y atribuciones puedan hacer la reclasificación de la tarifa por temperatura ambiental de la 1B de 28° C a la de 1C de 30 °C para el municipio de Cihuatlán, Jalisco.''CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretaría de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas eléctricas, asimismo, podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

TERCERO. Que el objeto de la política tarifaria del sector eléctrico es reflejar los costos en que incurren los organismos en el proceso de suministro. Sin embargo, como un apoyo al consumo de energía eléctrica de los usuarios residenciales, las tarifas de uso doméstico son de las más subsidiadas al cubrir menos del 58% de los costos de generación, transmisión y distribución.

CUARTO. Que las tarifas eléctricas de uso general se establecen con base en una estructura de 36 categorías de acuerdo a criterios tales como energía demandada, tensión, temperatura, uso, tipo y garantía de servicio, así el municipio de Cihuatlán, Jalisco, está clasificado en la 1B, que es la tarifa para las localidades con temperatura mínima en verano de 28 grados centígrados.

QUINTO. Que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas arboladas, por lo tanto, la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de las ciudades, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor.

SEXTO. Que la Comisión Federal de Electricidad, durante los años de 2002 y 2003, instrumentó una serie de medidas, tales como: la reclasificación de tarifas en 53 localidades del país, con lo que se beneficiaron cerca de 2.5 millones de usuarios; el establecimiento de la nueva tarifa 1-F para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados y la disminución del factor de ajuste mensual acumulativo a los cargos de las tarifas para servicio doméstico.

SÉPTIMO. Que para determinar una temperatura media mínima en una localidad, es necesario que alcance el límite indicado durante 3 ó más años de los últimos 5 de que se disponga de la información correspondiente, además, se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante 2 meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

OCTAVO. Que el C. Diputado promovente manifiesta que ``según estudios que se hacen periódicamente a nivel nacional por instituciones serias y reconocidas como la Comisión Nacional del Agua o como la propia Semarnat, reportan que en los últimos 5 años se han incrementado notablemente los promedios de las temperaturas, hasta alcanzar la justificación plena para lograr un cambio en la tarifa eléctrica'' en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

NOVENO. Los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que el esquema tarifario en el sector eléctrico, pretende reducir la relación existente en el precio y el costo, con el fin de sanar las finanzas de las paraestatales y asegurar la generación y el abasto de la electricidad para el país, sin embargo, es necesario que se realice un análisis, en aquellas localidades, sobretodo las que presentan las temperaturas más altas, para contar con los elementos suficientes para conocer si son de reclasificarse.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía aprueba los siguientes Puntos de Acuerdo:

PRIMERO. Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad, lleve a cabo los estudios necesarios, para analizar la procedencia de la reclasificación de la tarifa doméstica del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a efecto de ubicarla en la 1C.

SEGUNDO. Que se informe a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de estos estudios.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a la consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo. No hay registrados oradores; luego entonces, se considera el tema suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados; comuníquense.

Continúe la Secretaría.

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industria siderurgica

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a establecer, en coordinación con la industria del acero, los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica mexicana

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A ESTABLECER, EN COORDINACIÓN CON LA INDUSTRIA DEL ACERO, LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA, presentada por el C. Diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de noviembre de 2004. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de noviembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/1185/04 de fecha 6 de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

``Primero: Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con la industria del acero, establezcan los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica y propiciar que el consumo de las materias primas para el sector se de en nuestro país.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar y promover las acciones necesarias que apoyen a los productores mexicanos de acero y a la cadena productiva que tiene relación con el ramo, para fomentar el consumo de productos fabricados en nuestro país.''

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que la industria del acero en nuestro país es un importante detonante del empleo y de la inversión, toda vez que el producto interno bruto de este sector a nivel nacional asciende al 1.4%, y representa el 10.4% de la industria manufacturera, generando cerca de 52,200 empleos directos y otros 550,000 de manera indirecta.

TERCERO. Que la industria acerera nacional es un multiplicador de la actividad económica, a través del encadenamiento productivo que realiza hacia atrás y hacia delante, dado que, por un lado, es el primer consumidor de energía eléctrica (10% del total nacional), el segundo consumidor de gas natural (32% del total nacional), y es uno de los principales usuarios de los ferrocarriles (10% del volumen de carga nacional), y por el otro lado, las industrias de la construcción y la automotriz absorben el 65% y 11%, respectivamente, de la oferta nacional de acero.

CUARTO. Que en los últimos años, la industria siderúrgica mundial ha atravesado una crisis, debido al descenso en la actividad productiva a nivel mundial, a la sobreproducción, así como a los altos inventarios, ocasionando una caída en los precios internacionales del acero, esta situación, se ha manifestado en la bancarrota de algunas compañías, disminuyendo la capacidad instalada de la industria.

QUINTO. Que el panorama mundial ha cambiado para el 2004 y 2005, la recuperación de las economías americana y japonesa, además de la incesante demanda de China (30% de la producción mundial), ha resultado en una disponibilidad limitada de acero a nivel mundial, provocando un incremento en el nivel de precios internacionales de hasta un 50%.

SEXTO. Que la industria del acero nacional está en recuperación, sin embargo, el precio de los insumos que emplea, como el gas natural y la chatarra, en 2004 aumentaron su cotización en 61% y 50%, respectivamente, además de otros incrementos en la electricidad y el mineral de hierro, bajo este contexto, la competitividad de los productores nacionales esta limitada y los márgenes de utilidad de las empresas tenderán a contraerse.

SÉPTIMO. Que el aumento en la demanda junto con un mayor nivel de precios, ha beneficiado a la industria siderúrgica nacional, con un crecimiento del 5% en la demanda y de 10% en la producción durante 2004, pero esto ha sido en detrimento de otras industrias que consumen acero, que absorben este incremento en los costos de producción, que eventualmente son trasladados al consumidor final, perjudicando los mercados de estos bienes.

NOVENO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que es prioritario impulsar las acciones que promuevan la competitividad de las empresas, con el objetivo de fomentar la inversión y el empleo, de esta manera, el acero constituye un insumo básico para el crecimiento y desarrollo de la planta productiva nacional, por lo que es urgente que el Ejecutivo Federal instrumente las medidas para apoyar este importante sector de la economía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía aprueba los siguientes Puntos de Acuerdo:

PRIMERO. Se solicita respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, que a través de las Secretarías de Economía y de Energía impulse estrategias, mecanismos e instrumentos, en coordinación con la Industria mexicana del acero, tendientes a elevar y extender la competitividad del sector, propiciando el encadenamiento productivo del ramo, de manera tal, que los insumos que utiliza sean nacionales y que prioritariamente se consuman productos siderúrgicos elaborados en el país.

SEGUNDO. Que se informe a esta Cámara de Diputados sobre las acciones de esas dependencias, en cumplimento del presente Acuerdo.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte, Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Como no hay oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a tomar medidas urgentes que impidan la extorsión a ciudadanos mexicanos que transitan por el país en vehículos de procedencia extranjera, por parte de la Policía Federal Preventiva; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la Policía Fiscal se abstenga de implementar operativos para decomisar dichos vehículos, suscrita por el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a tomar medidas urgentes que impidan la extorsión por parte de la PFP a ciudadanos mexicanos que transitan por el país en vehículos de procedencia extrajera; y a la SHCP, a efecto de que la Policía Fiscal se abstenga de implementar operativos para decomisar dichos automotores, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta soberanía a solicitar que se turne a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Publica Federal, para que tome medidas urgentes que impidan la extorsión a ciudadanos mexicanos que transitan en el país en vehículos de procedencia extranjera, por parte de la policía federal preventiva, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la policía fiscal se abstenga de implementar operativos para decomiso de vehículos de procedencia extranjera, en tanto se llega a un acuerdo o se publica la ley para la regularización de vehículos extranjeros.

Antecedentes

En nuestro país existe una considerable cantidad de vehículos de procedencia extranjera mismos que circulan por las carreteras y caminos rurales y que en su mayoría son conducidos por gente del campo, y constantemente son detenidos por la policía federal preventiva encargada del transito federal sin haber cometido falta a los reglamentos, con la única finalidad de extorsionarlos.

Muchos de nosotros como representantes populares con frecuencia recibimos quejas de estos ciudadanos por los constantes abusos de que son objeto por parte de esta y otras corporaciones estatales y municipales, que los molestan frecuentemente con el mismo fin y sin haber cometido infracción alguna al reglamento respectivo.

Es del dominio público que algunos elementos de esas corporaciones hacen de la extorsión una actividad lucrativa y continua en prejuicio de la ciudadanía que tiene la necesidad de transitar por carreteras en vehículos irregulares.

La policía fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciertamente en cumplimiento de sus facultades, realiza operativos de decomiso de vehículos extranjeros, destacando que siempre lo hacen con prepotencia e infringiendo la ley pero nunca ajustan el procedimiento administrativo a la norma legal, citando como ejemplo que nunca presentan una orden de inspección como lo señala el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones.

En fecha próxima, esta Soberanía habrá de tomar una decisión respecto a la estancia de vehículos extranjeros y la aprobación de una ley que regule la importación definitiva de vehículos extranjeros con permiso de importación temporal vencidos.

Compañeros diputadas y diputados, no podemos permanecer indiferentes ante la gran cantidad de abusos en contra de ciudadanos mexicanos que tienen la necesidad de transitar en un vehículo de procedencia extranjera por las carreteras del país, estos abusos son cometidos por servidores públicos que tienen la obligación de velar por nuestra seguridad y la de nuestro patrimonio, por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Soberanía para solicitar que sea turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda, de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que los elementos de la policía federal preventiva se abstengan de molestar y detener arbitrariamente a ciudadanos que conducen vehículos de procedencia extranjera en tanto no cometan infracciones o faltas al reglamento respectivo.

Se instrumente un operativo de supervisión a efecto de que los elementos policiacos que sean sorprendidos incurriendo en este tipo de faltas sean consignados a las autoridades correspondientes.

Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda para que la policía fiscal se abstenga de implementar operativos para decomiso de vehículos de procedencia extranjera en tanto se llega a un acuerdo o se publica la ley para la regularización de vehículos extranjeros.

Se dé seguimiento puntual a las quejas ciudadanas que se interpongan por estas razones con el propósito de no dejar en estado de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de enfrentar a estos malos servidores públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por ello, esta Presidencia la turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

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EMPRESA AVON
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social explicar a esta soberanía, su responsabilidad en la solución del conflicto laboral con la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, en donde se vieron alterados los derechos en materia de seguridad social de sus trabajadoras y trabajadores, suscrita por el grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al IMSS que explique a esta soberanía su responsabilidad en la solución del conflicto laboral con la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, por el que se vieron alterados los derechos de sus trabajadoras y trabajadores en materia de seguridad social, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Hace unos pocos días elaboré, para presentar ante esta soberanía, un proyecto de punto de acuerdo en el cual se manifestaba la inquietud acerca del conflicto administrativo que se presentó entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y Avon Cosmetics, SA de CV. Lo que verdaderamente estaba en juego eran los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, particularmente aquellos relativos a la seguridad social de miles de familias que dependen de este ingreso para ello.

El IMSS celebró desde 1972 un convenio con Avon Cosmetics SA de CV, para inscribir a quienes fungían como ``agentes comisionistas'' de esa empresa, al régimen obligatorio del Seguro Social. En varias ocasiones este convenio fue modificado ajustándolo a nuevas condiciones, sin cambiar la calidad de asegurados de sus beneficiarios, lo que vino sucediendo por más de 34 años.

El pasado 13 de septiembre de 2004, el IMSS notificó a la empresa Avon de la terminación del último convenio firmado en 1994, a partir del 15 de noviembre de ese mismo año. Como respuesta, Avon se dirigió al Consejo Técnico del IMSS en un comunicado, en el cual pretende variar el aseguramiento obligatorio que comprenden todos los seguros a favor de las trabajadoras y los trabajadores de esa empresa, con el de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio pero con el carácter de comerciantes independientes, aspecto regresivo y atentatorio desde el punto de vista laboral y de seguridad social.

Tras reiteradas solicitudes de prórroga por parte de la empresa, ésta notifica el 22 de noviembre de 2004, al IMSS, la baja de 23,627 trabajadoras y trabajadores de un total de 27,099 dejando en la indefensión con ello, a miles de familias aseguradas por esta vía al Seguro Social.

La empresa notificó a las trabajadoras y los trabajadores que era una decisión unilateral del IMSS la disolución del acuerdo, con lo cual una vez cubierto un plazo de gracia de ocho semanas concedido por el Seguro Social, las y los trabajadores quedaron al margen de los servicios de salud y derivados, desde el 10 de enero pasado.

En variadas ocasiones y por diversas vías realizaron pronunciamientos a favor de la rápida solución de este conflicto, en beneficio de todos los trabajadores que se encuentran en el desamparo de su seguridad social. Inclusive, durante los trabajos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se aprobó un ``punto de acuerdo, relativo al término del convenio suscrito entre Avon Cosmetics, SA de CV y el IMSS para la inscripción en el Seguro Social de los agentes de la comisión mercantil independiente'', presentado por el diputado Javier Salinas Narváez y suscrito por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

De igual forma, el sindicato independiente de trabajadores de la Profeco, en voz de su Secretario General, Arturo Martín Corona Navarrete, hizo llegar a la OIT un documento denominado ``Comentarios sobre la aplicación del Convenio 102 de la OIT por parte del Gobierno de México'', en el cual se detallan actos de omisión por parte del IMSS relativos a la situación laboral en que se encuentran los trabajadores de Avon afectados por este conflicto.

En todos los casos los argumentos son similares y la preocupación lógica está vinculada a la seguridad física y a la salud de todos los trabajadores, y sus familias, involucrados en el conflicto y que han visto cancelados sus derechos hasta que no se encuentre solución al mismo, entre la empresa y el IMSS, lo que podría llevar varios meses e incluso años de procedimientos y fundamentaciones.

El IMSS se ha pronunciado ya respecto al carácter de los trabajadores de Avon en esta calidad, con todos sus derechos laborales, de conformidad con el Acuerdo 278/2004 de su Consejo Técnico, de fecha 23 de junio de 2004, en el cual se afirmó que ``en términos por el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 20 y 21, los agentes de comercio, vendedores, propagandistas, impulsores de ventas y otros semejantes, incluyendo a los agentes comisionistas denominados 'representantes' deben ser considerados como trabajadores de las empresas a las que prestan sus servicios, por tener éstos carácter de permanentes, y por lo tanto sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio que establece la Ley del Seguro Social [...]''.

Finalmente, el pasado viernes 11 de febrero, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, accedió a la incorporación de las 26 mil trabajadoras y trabajadores que se encontraban en el desamparo de la Ley del Seguro Social, lo que a simple vista da por concluido el efecto negativo de la pugna entre el IMSS y Avon.

Sin embargo, la situación de indefensión en materia de seguridad social en que se encuentra los trabajadores y sus familias, en el caso de la empresa Avon, como en el caso de muchas otras empresas de venta directa, es permanente. Es el caso de AMWAY, de Jafra, de Füller, de Stanhome, de Omnilife, de Zermat, por referirnos a unas cuantas de ellas.

Avon Cosmetics, finalmente ha accedido a incorporar a 33 mil trabajadoras y trabajadores al Seguro Social, aunque reconoce que su nómina de ``comisionistas'' en toda la República haciende a más de 450 mil personas. En esas circunstancias se encuentras muchas familias más, que no pueden hacer uso de derechos laborales adquiridos con su trabajo por la indiferencia con que su caso es aplicado por las instituciones responsables de la defensa de sus derechos laborales. Especialmente, los derechos a la salud y la seguridad social que están previstos en nuestra Constitución como una garantía individual y que son soslayados por las empresas en la búsqueda de mayores beneficios y menos riesgos y costos.

El espíritu de origen del IMSS de velar por los intereses de los trabajadores queda en entredicho mientras la institución no se haga cargo de revisar con detenimiento estos casos, que a la luz del conflicto Avon son frecuentes y tienen en evidente desamparo a los trabajadores y sus familias, todo lo anterior constituye un caso que de no detenerse volverá a poner en riesgo a personas que cumplen su labor en esta empresa, y otras similares, por lo que esperan de dicha empresa, así como del Estado la misma respuesta.

Por las consideraciones anteriores se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que ésta Soberanía llame al director general del IMSS, de forma urgente, para que explique las condiciones en que se encuentra el conflicto Avon, cómo repercute esto entre sus trabajadoras y trabajadores en el ámbito de su competencia y, a la luz de este conflicto, cómo se estudian las condiciones jurídicas en que se encuentran los trabajadores de otras empresas, quienes en condiciones inexplicables siguen fuera de los esquemas de seguridad social a los cuales tienen derecho.

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que la turnamos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

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COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió asimismo proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a través de su Órgano Interno de Control, efectuar una supervisión a las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan, suscrita por el señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP, a través de su Órgano Interno de Control, supervisar las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal, Luis Maldonado Venegas, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

El grupo parlamentario de Convergencia, tiene en su poder, un libro de Jordi Sierra Fabra, el cual fue ilustrado por Pablo Núñez, titulado El asesinato del profesor de matemáticas.

Este libro, se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los talleres de Compañía Editorial Ultra y tuvo un tiraje de 46,719 ejemplares.

El costo de la impresión fue superior a los quinientos mil pesos y se utiliza dentro del Programa ``Biblioteca de Aula'' de la Secretaría de Educación Pública, por lo que su distribución está al alcance de niños de primaria.

Además, tenemos conocimiento de que también han sido editados con recursos federales, ochenta mil novecientos ochenta y nueve ejemplares del libro Cien corridos. Alma de la canción mexicana, que contiene los más exitosos corridos relacionados con el narcotráfico.

Independientemente de la erogación, que con recursos del pueblo de México efectuó la Conaliteg, deseo obtener la atención de esta soberanía, para hacer un llamado a las altas autoridades educativas del país a fin de que pongan su mayor interés respecto a los contenidos que ponemos al alcance de los menores de edad en nuestro país.

Quizás se podría considerar exagerada mi apreciación si descalificara los libros a que aludo tan solo por su título o por su contenido, en el que se utilizan palabras poco usuales en nuestro país y que podrían resultar altisonantes, cuando hoy, los medios de comunicación proyectan programas a toda hora que alientan la violencia y justifican la inmoralidad.

Pero ese no es el fondo de mi planteamiento, me preocupa que en ésta, la época más violenta que vive la humanidad, en la que la codicia del ser humano ha alcanzado magnitudes inimaginables, no se tenga el cuidado, por parte de las autoridades educativas del país, de adquirir publicaciones que contribuyan a edificar a nuestros educandos y fomentar los valores propios de la sociedad mexicana.

Podemos entender, que con un ánimo meramente mercantilista, se difundan por la radio corridos populares que exaltan la violencia como forma de vida y hacen apología del narcotráfico, pero no podemos, con el ánimo de fomentar el hábito de la lectura de los estudiantes de primaria, promover la lectura de materiales lesivos que utilizan lenguaje procaz, y actitudes obscenas.

Por ello, desde esta tribuna, hago un llamado a los padres de familia y maestros, para que pongan su mayor atención en los materiales de lectura que reciben nuestros hijos en las escuelas primarias del país, pues hay evidencia de que la Conaliteg está distrayendo recursos económicos en publicaciones de dudoso contenido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:

Único.- Que la Secretaría de Educación Pública, a través de su órgano de control interno, efectúe una supervisión a las impresiones que con recursos federales realizó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de determinar si éstos se ejercen de conformidad a la normatividad establecida y a los programas educativos aprobados por la dependencia y en caso contrario, se deslinden las responsabilidades que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 17 de 2005.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

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CENTRO DE TRATAMIENTO PARA MENORES DE SAN FERNANDO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra los hechos de violencia acontecidos el domingo 20 de febrero en el Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando, en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que la H. Cámara de Diputados se pronuncia en contra de los hechos de violencia acontecidos el domingo 20 de febrero en el centro de tratamiento para menores de San Fernando, en la delegación Tlalpan, Distrito Federal, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Quien suscribe, diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se pronuncia la H. Cámara de Diputados en contra del tratamiento dado por las policías del GDF y PFP al motín suscitado en el centro de tratamiento para menores de San Fernando, en Tlalpan, con el fin de que la Secretaría de Seguridad Pública Federal lleve a cabo las medidas de control y seguridad correspondientes, para detener dichos hechos de violencia y evitar que sucedan de nueva cuenta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Como ha sido dado a conocer en los diversos medios de información, desde el día de ayer; en el Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando, en Tlalpan, Distrito Federal, al mediodía, cuando se realizaban visitas familiares a los internos, se inició una revuelta y en términos de lo que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, una parte del centro fue quemado y los jóvenes que en él habitan, se enfrentaron a golpes, utilizando palos y piedras, contra los agentes de agrupamientos policiales, que coordinaba la Subsecretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, apoyada más tarde por la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal y elementos de la Policía Federal Preventiva.

Asimismo, hay que señalar que con anterioridad han sucedido eventos de este tipo y que no han sido informados a la sociedad.

2. Consideramos que los cuerpos de seguridad, tanto del gobierno de la ciudad, como los federales eviten cualquier acción violenta y represiva como método para solucionar este tipo de conflictos.

3. Que se investiguen las causas que originaron este motín, el cual se desprende de la inconformidad de los jóvenes que ahí se encuentran recluidos, para que se tomen las medidas de fondo y no le oculte a la sociedad, sin encubrir las deficiencias o encubrimiento de funcionarios. Puesto que hechos de esta naturaleza pueden terminar en actos de graves consecuencias.

Aparentemente los hechos han sido generados a raíz del rechazo a los mecanismos restrictivos adoptados en el Centro de Tratamiento, para ingresar alimentos a los menores y las quejas sobre el abuso que los custodios han ejercido sobre los adolescentes internos, lo cual, a juicio del grupo parlamentario Convergencia, bajo ningún renglón se justifica que se haya desencadenado un motín con un saldo de estragos causados a mujeres y niños que quedaron atrapados en la revuelta.

4. El grupo parlamentario de Convergencia tiene una especial preocupación por los asuntos relacionados con la seguridad de los internos que habitan en los Centros de Tratamiento, como es el de San Fernando, y más aún, considera que además de que deben ser revisados y evaluados los programas de readaptación que se aplican a los menores, se debe tener un especial cuidado con los métodos de control antimotín que se utilizan por los cuerpos policiales en casos análogos, ya que, la brutalidad y el abuso de la fuerza no constituyen un buen ejemplo para la sociedad y mucho menos contribuyen a la reintegración social de los adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdoa) Que se den a conocer las causas reales que originaron los hechos.

b) Que se investiguen los hechos acontecidos el pasado domingo 20 de febrero en el centro de tratamiento para menores de San Fernando.

c) Que se exhorte a las autoridades de los gobiernos de la ciudad y federal para que eviten la represión en la solución del conflicto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, don Jesús González Schmal.El diputado Jesús Porfirio González Schmal (desde la curul): Simplemente, para solicitar que se sirva autorizar la ampliación de turno de esta propuesta a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, porque el tema realmente implica esta especialidad y nos interesa que llegue...El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Obsequiada la petición del diputado González Schmal.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía cómo aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, suscrita por el señor diputado don Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía cómo aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, presentada por el diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Salud la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En sesión del 9 de diciembre de 2003, el diputado Manuel Velasco presentó la iniciativa que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

``Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor de dos a seis años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de ninguna institución del sector salud.''

La Comisión de Salud consideró conveniente, en la elaboración del dictamen, utilizar los rangos de edad que utiliza la Secretaría de Salud y establecer la obligatoriedad de realizar un estudio socioeconómico para beneficiar a los más pobres, para quedar como sigue:

``Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.''

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con 383 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 11 de noviembre de 2004 y en la Cámara de Senadores con 51 votos en pro, 3 en contra y 13 abstenciones, el jueves 18 de noviembre de 2004.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 18 de enero de 2005.

Si bien la reforma ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud podría argumentar que no puede ser puesta en operación por las siguientes razones:

No existe suficiencia económica y los institutos nacionales de salud verían afectado su presupuesto.

La Secretaría de Salud se comprometió a evaluar el impacto financiero, para que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación se mitigara el impacto. Además, cabe decir que en virtud de que se restringió la propuesta a sólo tres deciles, el impacto que la medida pudiera tener es mínimo, ya que actualmente se exime del pago a los de menores ingresos.

La reforma aprobada, contempla a las familias que por su nivel de ingreso se encuentran en los tres últimos deciles de la población, es decir a los de mayores ingresos.

Evidentemente el espíritu de la iniciativa y del dictamen era beneficiar a las familias más pobres, sin embargo por una confusión de la Comisión de Salud se establecieron los tres últimos deciles, debiendo ser los tres primeros ya que la Secretaría de Salud, establece que las personas de menores ingresos son los que se encuentran en los primero deciles.

Por eso hacemos un llamado, para que la Secretaría de Salud informe la manera en que aplicará el decreto del Congreso de la Unión para que las familias de escasos recursos, con menores de cinco años, puedan gozar de un sistema de salud sin restricciones económicas.

Queremos hacer un exhorto para que la Secretaría de Salud, frente a cuestiones que son vitales para la salud de los mexicanos, haga valer la propuesta de otorgar atención medica y medicamentos a los niños mas pobres en cualquier circunstancia.

La Secretaría de Salud debe responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar el sano desarrollo de la niñez mexicana.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía los mecanismos que realizará para la aplicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la NOM-083SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrita por el señor diputado Manuel Velasco Coello y la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada por los diputados Manuel Velasco Coello y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello y Jacqueline G. Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con el numeral 14.1 de dicha norma.

Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

Chiapas es el estado que más ha crecido en el país durante los últimos cuatro años, convirtiéndose en la economía número 17 a nivel nacional al incrementar un cuatro por ciento su Producto Interno Bruto.

El gran número de actividades productivas, así como la variedad de recursos naturales con que cuenta, han propiciado un rápido crecimiento de la población y todos los problemas que conlleva la expansión de la mancha urbana.

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de los chiapanecos, no obstante de ser una ciudad prioritaria por su ubicación geográfica, y el gran número de habitantes que alberga, es la única capital del país que carece de un relleno sanitario, depositando sus residuos en un tiradero a cielo abierto.

Este añejo problema se ha convertido en una emergencia ambiental considerando las más de 600 toneladas que diariamente genera nuestra entrañable urbe.

La administración municipal (2001-2004) a cargo de la licenciada Victoria Rincón Carrillo a sabiendas del creciente problema de la basura, dispuso de más de 8 millones de pesos para la construcción de un relleno sanitario a un lado del tiradero actual en el poniente de la Ciudad. Dicho capital fue obtenido mediante un préstamo otorgado por Banobras, sin embargo, sin haber realizado los estudios de impacto ambiental respectivos, se llevó a cabo la obra.

Actualmente dicho relleno es inviable toda vez que no cumple por completo la diversa normatividad aplicable, está mal diseñado y en general ``es inoperante'':

1. El sitio no cuenta con un camino bien pavimentado de entrada al relleno que permita la circulación de vehículos grandes de carga ni vehículos pesados.

2. El área que comprende el relleno no se encuentra bardeada lo que permitiría que cualquier persona entre a depositar toda clase de residuos.

3. El sitio carece de puerta y caseta de vigilancia que impida la entrada y salida de vehículos.

4. No existen caminos interiores pavimentados ni con la inclinación adecuada para la circulación de vehículos.

5. Hay fuga de lixiviados del actual tiradero.

6. La geomembrana y el liner de protección del suelo están mal colocados, mal parchados, en pendiente inadecuada.

7. No cuenta con muros de contención o protección para el relleno.

8. No existen drenajes para recolección de lixiviados.

9. No cuenta con báscula que verifique el peso de residuos a depositar.

10. Carece de compactadora de basura para acomodar los residuos en el relleno.

11. No tiene infraestructura de captación de biogás.

12. Se encuentra a menos de 10 kilómetros del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez lo que pone en riesgo a las aeronaves por carecer de un estudio de riesgo aviario adecuado.

13. Esta colocado en zona de recarga del acuífero y zona de inundación.

14. Carece de estabilidad física por estar en zona susceptible a deslave.

15. Cuenta a muy corta distancia con un rastro concesionado, único lugar de matanza de ganado en la zona.

16. Se encuentra junto a una planta que embotella agua presumiblemente extraída del acuífero.

17. Por sus características es evidente que se paso por alto los estudios geológicos, hidrogeológicos, topográficos, geotécnicos y de permeabilidad de suelos poniendo en riesgo a los mantos freáticos.

18. El proyecto esta viciado de origen toda vez que la administración municipal anterior no realizó las licitaciones correspondientes, ni presento un adecuado proyecto ejecutivo, de acuerdo a datos presentados por el actual cabildo.

Por ultimo, toda vez que la deuda heredada por el actual ayuntamiento de Tuxtla, debido al relleno sanitario y la inoperabilidad del mismo ha dificultado la capacidad del municipio para resolver el problema de manera inmediata, por lo que resulta necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno participen y apoyen en la solución de este problema.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con el numeral 14.1 de dicha norma, y en su caso sancionar a los presuntos responsables.

Segundo: Se exhorta a la Contraloría General de Chiapas a realizar una auditoría a la administración (2001-2004), del municipio de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracciones VI y X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el ámbito de sus respectivas competencias a solucionar la problemática de disposición de residuos sólidos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 28 de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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FEMINICIDIOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorizar un donativo de 1 millón de pesos para la fundación Fidevida para que ésta continúe apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, suscrita por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que autorice un donativo de un millón de pesos para la fundación Fidevida, a fin de que ésta continúe apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Para nadie es un misterio que la muerte ronda las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Las ciudades de paso de emigrantes latinos hacia el sueño americano, son testigos de seres humanos que mueren cruzando la frontera. Pero en una de estas ciudades no es necesario cruzar la frontera para que la sombra de la muerte persiga a los habitantes, y en especial a sus mujeres jóvenes. Este lugar es Ciudad Juárez.

Desde 1993 a la fecha, suman más de 400 las víctimas de los homicidios que se han perpetrado, y según el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 2003 existían más de cuatro mil reportes de mujeres desaparecidas. Estos hechos han provocado una preocupación creciente en la sociedad, tanto del estado como a nivel nacional.

La mayoría de estos homicidios se ajustan a un patrón. Son mujeres que han sido secuestradas, violadas y asesinadas, y cuyos cuerpos han sido tirados posteriormente en lotes baldíos. En un comienzo se trataba fundamentalmente de mujeres jóvenes, morenas, empleadas en la industria maquiladora, cuyo aspecto humilde sugería que pudieran ser algunas de las muchas migrantes que habían llegado a Ciudad Juárez para trabajar en su industria. Posteriormente, el patrón se amplió para incluir mujeres de diversas edades, algunas de ellas niñas o adolescentes, que se desempeñaban como camareras, estudiantes o mujeres que trabajaban en la economía informal.

El ambiente que ha rodeado a estos casos y la calidad de las investigaciones deja mucho que desear pues hasta el momento los culpables en buena parte no han sido capturados; los sujetos que se encuentran en proceso penal no se les han comprobado su participación en los asesinatos y algunos salieron libres, sin investigaciones previas. De igual forma no se ha podido demostrar la participación de los asesinos seriales o bandas organizadas.

Los crímenes han suscitado la atención mundial y la condena de organizaciones internacionales de justicia; las investigaciones y sus resultados confirman un alto grado de impunidad en los casos. Lo cierto es que estos crímenes se han dado en un clima de violencia social que pone como objetivo principal a las mujeres.

Es difícil e imposible ocultar el sufrimiento de las familias que han enfrentado estas tragedias. La necesidad de las mujeres juarences de salir a ganarse la vida las ha hecho vulnerables a pesar de las precauciones y medidas de seguridad tomadas, y en muchas ocasiones la ha convertido en víctimas de la violencia más absurda y han sido asesinadas.

Ante la búsqueda de respuestas, son numerosas las personas, grupos y organizaciones que se han movilizado para denunciar los hechos y/o brindar ayuda a los parientes de las víctimas. Ya que debemos destacar que los daños resultantes no sólo afectan a las víctimas, sino también a sus familias.

En el 2003, a 10 años de asesinatos de mujeres, se creo la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, un fideicomiso de apoyo a los familiares directos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión (2000-2003) creo la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Esta Comisión Especial contaba con cinco Subcomisiones, una de ellas era la Subcomisión para la Atención a Familiares Directos de las víctimas, integrada por la Diputadas María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Hortensia Aragón Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Hortensia Enríquez Ortega, y los Diputados José Tomás Lozano Pardiñas, Manuel Arturo Narváez Narváez y David Rodríguez Torres.

En el seno de esta Subcomisión se creó el 27 de enero del 2003 la Fundación Fidevida la cual tiene como objetivo principal apoyar en el sostenimiento total o parcial de los afectados directos o dependientes económicos, de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la actualidad o el momento que determine el Consejo Técnico.

Fidevida pretende que tanto los ascendientes como los descendientes directos que dependían de las víctimas y aquellas otras personas que determine el Consejo Técnico, cuenten con un apoyo educativo, psicológico y jurídico en los términos que determine el Consejo Técnico. Dicho apoyo se dará previo estudio de cada caso y con la aprobación del Comité Técnico.

Básicamente son tres las áreas en las que la Fundación apoya y ayuda a los familiares de las víctimas:

Apoya y asesora a los familiares en trámites jurídicos, canalización para tratamientos psicológicos de hijas, hijos, hermanos, hermanas, madres y padres de las víctimas, atención a la problemática del entorno familiar causado por el fallecimiento de la víctima.

Brinda apoyo con becas completas a las hijas, hijos, hermanos o hermanas de las víctimas, en las que se incluyen: uniformes, zapatos, tenis, material escolar, inscripciones y colegiaturas.

Da apoyo con medicamentos, consultas médicas, atención odontológica y visual a hijas, hijos, padres, madres y hermanas (os) de las víctimas.

La Fundación constituyó un Fideicomiso para el manejo de los donativos que recibe y otorga. Este fideicomiso es un instrumento de apoyo para la administración y control de los fondos de la Fundación. La administración de la Fundación está a cargo de un patronato compuesto por las personas que designen los fundadores.1 El Patronato estará integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y el número de vocales que determinen los fundadores. Forman la Junta General, los fundadores y los miembros del Patronato.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Fundación es el ingeniero Bernardo Escudero Ortega, ex presidente de la Asociación de Maquiladoras.

Vicepresidente del Patronato: Licenciado Daniel Treviño Frías (Asociación Municipal de Padres de Familia de Ciudad Juárez).

Secretario del Patronato: Licenciado Salvador Urbina Quiroz (Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, AC).

Tesorero del Patronato: Licenciado Alfonso C. Rodríguez Ávila (Universidad Regional del Norte).

Primera vocal: Astrid González Dávila (Barra de Abogados de Ciudad Juárez).

Segundo vocal: Licenciada Zulema Bolívar García (Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).

Tercer vocal: Monseñor Mariano Mosqueda Delgadillo (Cáritas de Ciudad Juárez, AC).

El domicilio de la Fundación es avenida Ejército Nacional número 6415 Oriente, despacho 201, colonia Partido Iglesias, CP 32582, Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fundación recibió de la Comisión Especial, perteneciente a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de un estudio realizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; una lista de 90 casos de los denominados ``casos seriados'', correspondientes a las mujeres que fueron víctimas en el municipio de Ciudad Juárez desde el periodo de 1993 hasta el 2003. Actualmente la Fundación atiende a 52 niñas y niños menores de 18 años que son las hijas, hijos, hermanas y hermanos que dependían económicamente de las mujeres asesinadas. De los 90 casos 32 eran de osamentas no identificadas, 29 no contaban con toda la información2 y 29 casos fueron localizados por Trabajo Social de la Fundación.

Fidevida tomó estos 29 casos localizados pero además incorporó otros 11 casos más recientes, 7 no seriados más 4 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, atendiendo un total de 40 casos. Son 52 niñas y niños que atiende actualmente la fundación y 33 madres de las víctimas.

A través de la petición de la Comisión Especial para el seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez de la LVIII Legislatura, el 17 de febrero del 2003, la Cámara de Diputados donó un millón de pesos deducibles de impuestos a la Fundación Fidevida. Con el objetivo de que esta Fundación pueda seguir prestando ayuda a los familiares de las mujeres asesinadas, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorice un donativo de un millón de pesos para la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, con el objetivo de que ésta continué apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Notas:

1 Ingeniero Bernardo Escudera Ortega (Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, AC, AMAC); licenciado Daniel Treviño Frías (Asociación Municipal de Padres de Familia de Ciudad Juárez); licenciado Salvador Urbina Quiroz (Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, AC); ingeniero Ricardo Alberto Ramírez Vela (Universidad Regional del Norte); Monseñor Mariano Mosqueda Delgadillo (Cáritas de Ciudad Juárez, AC); doctor Felipe Fornelli Lafon (Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez); licenciado Daniel García Coello (Rector Universidad Regional del Norte); ingeniero Ricardo Escamilla Pruneda (Universidad Regional del Norte); licenciado Jesús Alfredo Delgado Muñoz (Presidente Municipal de Ciudad Juárez); licenciado Álvaro Navarro Garate (Representante del C. Gobernador en Ciudad Juárez); Astrid González Dávila (Barra de Abogados de Ciudad Juárez); licenciada Zulema Bolívar García (Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).

2 Cambiaron de domicilio, declinaron recibir cualquier ayuda, etcétera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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SIDA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió también, de parte del señor diputado don Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el marco de los acuerdos internacionales, promuevan leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover --en el marco de los acuerdos internacionales-- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Pablo Franco Hernández y Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 20 de enero, el Presidente Vicente Fox Quesada publicó en el Diario Oficial el ``Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos'', donde en el apartado de Requisitos para el Alta se establece que será necesario contar con un certificado médico que acredite estar sano y apto clínicamente. Entre los exámenes de laboratorio que se solicitan son las reacciones seroluéticas (VDRL, VIH, Hepatitis B y C).

Éste es un acto discriminatorio e inconstitucional que contraviene el artículo 1º de la Constitución, que establece en el párrafo tercero ``... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

Además de incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la no discriminación es un precepto universal y es algo que no se atiende por parte del gobierno federal una prueba es que México es de los pocos países que forman parte la Organización de las Naciones Unidas y que aún no han adoptado una legislación para prevenir la discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida.

Solicitar como requisito una prueba de VIH es un acto de discriminación contra las personas que viven con VIH/sida, o contra las que se piensa que están infectadas, ya que constituye una clara violación de sus derechos humanos.

No son tolerables la discriminación y estigmatización, tanto en la legislación como en las políticas y en la práctica, contra las personas que sufren de VIH/sida.

De ninguna forma las leyes que rigen el Ejército Mexicano pueden contraponerse a las reglas o leyes que se pueden aplicar para cada caso, es un principio que siempre se debe optar por la que se apegue más a los principios que la rigen, en este caso, al principio de la no discriminación.

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a promover --en el marco de los acuerdos internacionales-- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no considere ninguna forma de discriminación y se adecue a las normas internacionales en la materia, eliminando cualquier disposición discriminatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005.--- Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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COMERCIO EXTERIOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y derogue el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federal el 28 de diciembre de 2004. Esta Presidencia advierte que no está la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar y derogar, a través de la SHCP, el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2004, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del PRI

La diputada federal Consuelo Rodríguez de Alba, de la LIX Legislatura, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rectifique y derogue el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2004, donde se establece que no se requerirá a los importadores de animales, sus productos o subproductos que acrediten el pago de derechos que establece al artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2004, al tenor de los siguientes

Considerandos

La relación comercial con nuestros socios comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se ha dado en condiciones desventajosas para los productores de nuestro país. Desventajas que se reflejan, principalmente, en el intercambio de productos de origen agropecuario.

El sector de producción de carne para el consumo humano de los países integrantes del TLCAN existe una diferencia abismal por la tecnología y el desarrollo en general que incide sobre los costos de producción, empaquetado y traslado de los productos cárnicos, de tal manera que la competitividad en precios es bastante dispareja en perjuicio de los productores e importadores mexicanos. Sin embargo, estos han encontrado los mecanismos para competir y exportar productos nacionales de calidad hacia los Estados Unidos de América.

Para los exportadores nacionales las autoridades del vecino país del norte han establecido políticas arancelarias y no arancelarias para inhibir la introducción de productos cárnicos al mercado de ese país, a pesar de que la carne que se exporta es, en ocasiones, de mejor calidad que la que se ofrece en los mercados internos de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas han decretado que por cada tonelada de carne mexicana que los productores nacionales introducen a ese país deben pagar una cuota de aproximadamente $700.00 pesos por tonelada por servicios de certificación zoosanitaria, haciendo la aclaración de que esta cuota se debe cubrir independientemente si el producto es considerado apto para el mercado, es decir, que el pago de dicho concepto se cobra independientemente de si la carne ingresa al mercado de Estados Unidos.

En el afán de apoyar a los productores nacionales y de proteger el mercado nacional, los legisladores pertenecientes a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, a través de diversos análisis, hemos considerado la conveniencia de crear legislaciones ``espejo'' que equiparen el marco jurídico legal entre los socios comerciales que permita la sana competencia equitativa entre los productores nacionales y de los países socios del TLCAN.

Por tal razón el Congreso de la Unión en el primer periodo de sesiones del Segundo año de Ejercicio de la actual Legislatura, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos, determinó, mediante el artículo 85-A, que por los servicios de verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria de la importación de animales, sus productos o subproductos, se pagaran derechos por $ 290.00 pesos por cada tonelada; $ 50.00 pesos por la importación de ejemplar vivo de especie bovina; y $ 12.50 por la importación de ejemplar vivo de especie caprina, ovina, porcina o equina.

En visitas realizadas por los diputados de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería a espacios de verificación zoosanitaria ubicados en las fronteras donde se revisan los productos cárnicos que ingresan al país para el consumo humano, se ha observado una falta total de recursos para determinar qué productos pueden ser nocivos para la salud pública.

Con la aprobación de ese cobro de derechos se había sugerido que los recursos que se captarán a través del pago de tal rubro, fueran destinados para dotar a los centros de verificación de elementos e infraestructura suficiente para que el proceso de revisión y verificación fuera idóneo para proteger a los consumidores mexicanos.

Sin embargo, el ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contraviniendo las disposiciones del Poder Legislativo y mediante una resolución publicada en el Diario Oficial hecha por tierra los ordenamientos que fueron instaurados para proteger tanto a los productores de carne nacionales como a los consumidores mexicanos y señala que las autoridades aduaneras no requerirán a los importadores que acrediten el pago del derecho del artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos, por la expedición del certificado de verificación zoosanitario que hayan exigido, ni por la prestación del servicio realizado por la autoridad zoosanitaria correspondiente.

Con decisiones tan absurdas y fuera de toda legalidad, al pretender mediante una resolución administrativa abrogar un ordenamiento como la Ley Federal de Derechos aprobada por el Congreso de la Unión, es una falta de respeto a las labores legislativas de Congreso, situación que muestra, una vez más, el proceso de deterioro de las relaciones entre ambos Poderes de la Unión fomentado por el ejecutivo Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un exhorto al ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y derogue el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2004, donde se establece que no se requerirá, a los importadores de animales, sus productos o subproductos, que acrediten el pago de derechos que establece al artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2004.

Dip. María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa para que participen en el ámbito de sus respectivas competencias en la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas.El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: de conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Francisco Antonio Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que participen en el ámbito de sus respectivas competencias en la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En la última década se han creado diferentes instancias y espacios para la lucha contra el delito ambiental, existiendo mayor interés gubernamental por contrarrestar la problemática ambiental que enfrenta nuestro país. Sin embargo, la prevención del ilícito ambiental es incipiente: se sigue adoleciendo de burocratización del proceso de atención a este tipo de ilícitos, problema que se conjuga con una carencia de recursos humanos para vigilar y cuidar nuestras áreas naturales protegidas y con posibles conexiones entre grupos de delincuentes ambientales y narcotraficantes e invasores dentro de zonas con fuerte alteración social.

Todo ello ha promovido mayor frecuencia en la aparición de ilícitos ambientales, particularmente en las áreas naturales protegidas de mi estado natal, Chiapas. Cabe señalar la ocurrencia cada vez más frecuente de incendios forestales, así como el uso de fuego en cacerías y la falta de educación y cultura ambiental.

Mención aparte merecen la alta tasa de crecimiento poblacional y la aparición de nuevos asentamientos humanos en condiciones de pobreza y marginación, como las que existen en Chiapas. Provocan la conversión de áreas forestales en zonas en las que se practica la ganadería extensiva, el aprovechamiento ilegal de leña, carbón y madera y la desaparición de cada vez más áreas naturales.

Este aprovechamiento forestal ilegal está acompañado de la extracción y del tráfico ilegal de la vida silvestre en las áreas naturales protegidas de Chiapas. La alteración de esos hábitat ocasiona graves daños a la población de diversas especies de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que incrementen sus acciones de control, protección, vigilancia y educación ambiental, así como otras acciones que se consideren pertinentes, en el ámbito de su respectiva competencia, para lograr la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas.

Por su atención, muchas gracias.

«FMEI.--- Fundación Miguel Estrada Iturbide.

Punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que participen dentro del ámbito de sus respectivas competencia, en la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas el estado de Chiapas.

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura; compañeras y compañeros Diputados

De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Francisco Antonio Rojas Toledo del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las secretarías de Salud, Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que participen dentro del ámbito de sus respectivas competencia, en la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

En la última década se han creado diferentes instancias y espacios para la lucha contra el delito ambiental, existiendo un mayor interés gubernamental por contrarrestar la problemática ambiental que enfrenta nuestro país.

Sin embargo, la prevención del ilícito ambiental todavía es incipiente, se sigue adoleciendo de una burocratización del proceso de atención a este tipo de ilícitos, problema que se conjuga con una carencia de recursos humanos para vigilar y cuidar nuestras áreas naturales protegidas y con posibles conexiones entre grupos de delincuentes ambientales y narcotraficantes e invasores, dentro de zonas con una fuerte alteración social.

Todo ello a promovido una mayor frecuencia en la aparición de ilícitos ambientales, particularmente en las áreas naturales protegidas de mi estado natal Chiapas.

Cabe señalar la ocurrencia cada vez más frecuente de incendios forestales, así como el uso de fuego en cacerías y la falta de educación y cultura ambiental.

Mención aparte merece la alta tasa de crecimiento poblacional y la aparición de nuevos asentamientos humanos que, en condiciones de pobreza y marginación como las que existen en Chiapas, provocan la conversión de áreas forestales a zonas en las que se práctica la ganadería extensiva, el aprovechamiento ilegal de leña, carbón y madera y la desaparición de cada vez más áreas naturales.

Este aprovechamiento forestal ilegal está acompañado de la extracción y tráfico ilegal de vida silvestre de las áreas naturales protegidas de Chiapas. La alteración de estos hábitat ocasiona graves daños a las poblaciones de diversas especies de la región.

Caso aparte resulta la cada vez mayor contaminación de cuerpos de agua, suelo y subsuelo generada por las descargas de aguas residuales sin tratamiento realizadas por empresas privadas y paraestatales, así como la contaminación por emisiones a la atmósfera generada por Pemex y por las industrias caleras ubicadas en Chiapas, entre otros problemas ambientales que enfrenta mi Estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a las secretarías de Salud, de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que incremente sus acciones de control, protección, vigilancia y educación ambiental, así como otras acciones que se consideren pertinentes en el ámbito de sus respectivas competencia, para lograr la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2004.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ABUSO SEXUAL Y PORNOGRAFIA INFANTIL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador general de la República a que dé continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantiles descubierta en Cancún en noviembre de 2003.La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado Presidente; gracias. Compañeras diputadas y diputados: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro ante esta soberanía planteando que se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados, la publicación semanal del periódico El Universal de nombre La Revista publicó --bajo el título ``Abuso sexual de niños''-- un artículo respecto a una red de pornografía infantil y de abuso sexual contra menores de edad que se descubrió en Cancún, Quintana Roo, encabezada por un hombre libanés, naturalizado mexicano, de nombre Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, detenido en Arizona el 5 de febrero de 2004 por delitos que fueron cometidos en nuestro país y contra niñas y niños mexicanos.

Esta red es considerada la segunda más amplia de las que se han detectado en nuestro país, involucrando a más de 18 mil menores, procedente de diversos países, encargada de abastecer de material pornográfico infantil al mercado norteamericano.

Este caso fue descubierto en noviembre de 2003, pero se remonta a poco más de 10 años atrás, y en él se refieren fiestas clandestinas organizadas por Succar en un hotel de su propiedad en Cancún, en las cuales se abusaba sexualmente de niños y de niñas. Se les obliga a mantener relaciones sexuales entre sí, mientras se les tomaban fotogra-fías y videos que posteriormente eran distribuidos en Estados Unidos por Gloria Pita Rodríguez, esposa de Succar, principal operador de la red, implicando además amenazas a las víctimas para que no acudieran ante las autoridades.

Las presiones a las y los adolescentes abusados, así como a los abogados que los representan para que se retracten de las acusaciones, continúan ahora que el caso se hizo público, como consta en grabaciones de audio entregadas por una de las víctimas.

La Procuraduría General de la República ya solicitó la extradición de este individuo con base en las indagatorias derivadas de las averiguaciones previas. Actualmente, no se sabe el estado en que se encuentra el proceso de extradición, siendo innegable que Succar Kuri debe ser entregado a las autoridades mexicanas, pero ésa es únicamente una de las dos caras de la moneda, pues --como ya se sabe-- no actuó solo. La otra parte de la búsqueda de justicia por este caso es determinar la responsabilidad en que incurrieron las demás personas que aparecen mencionadas en la indagatoria.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita legisladora somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que dé continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con el resto de las personas mencionadas por los testigos como implicadas en el red de abuso sexual y pornografía infantiles descubierta en Cancún en noviembre del año 2003.

Por su atención, compañeros diputados y compañeras diputadas, muchas gracias. Espero su apoyo para esta proposición de urgente resolución.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador general de la República a dar continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil descubierta en Cancún en noviembre de 2003, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía planteando que se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.

En días pasados la publicación semanal del periódico El Universal, de nombre La Revista, publicó bajo el título ``Abuso sexual de niños'' un artículo respecto a una red de pornografía infantil y de abuso sexual contra menores de edad que se descubrió en Cancún Quintana Roo, encabezada por un hombre libanés naturalizado mexicano, de nombre Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias ``Johnny'', detenido en Arizona el 5 de febrero de 2004 por delitos que fueron cometidos en nuestro país y contra niñas y niños mexicanos. Esta red es considerada como la segunda más amplia de las que se han detectado en nuestro país, involucrando a más de 18 mil menores procedente de diversos países, encargada de abastecer de material pornográfico infantil al mercado norteamericano. A lo grave del caso debe sumarse el hecho de que entre los presuntos implicados tal y como lo declararon algunas de las víctimas y testigos, se encuentran servidores y ex servidores públicos, así como un conocido empresario, también de origen libanés.

Este caso fue descubierto en noviembre de 2003, pero se remonta a poco más de diez años atrás y en él se refieren fiestas clandestinas organizadas por Succar en un hotel de su propiedad en Cancún, en las cuales se abusaba sexualmente de niños y niñas, se les obligaba a mantener relaciones sexuales entre ellos, mientras se les tomaban fotografías y videos que posteriormente eran distribuidos en Estados Unidos por Gloria Pita Rodríguez, esposa de Succar, principal operador de la red, implicando además amenazas a las víctimas para que no acudieran ante las autoridades. Las presiones a las y los adolescentes abusados, así como a los abogados que los representan para que se retracten de las acusaciones continúan ahora que el caso se hizo público, como consta en grabaciones de audio entregadas por una de las víctimas. Este caso amenaza además con revelar una serie de complicidades al interior de dependencias públicas, así como nombres de figuras públicas involucradas en este ilícito.

La Procuraduría General de la República ya solicitó la extradición de este individuo con base en las indagatorias derivadas de la averiguación previa AP/447/2003-IV, pero por ser un caso que involucra, como mencioné con anterioridad, a servidores y ex servidores públicos, es susceptible de ser objeto de presiones de ambos lados de la frontera o de prestarse a un manejo político. Actualmente no se sabe el estado en que se encuentra el proceso de extradición, siendo innegable que Succar Kuri debe ser entregado a las autoridades mexicanas, pero esa es únicamente una de las dos caras de la moneda, pues como ya se sabe, no actuó solo; la otra parte en la búsqueda de justicia por este caso es determinar la responsabilidad en la que incurrieron las demás personas que aparecen mencionadas en la indagatoria.

Es de fundamental importancia que coadyuvemos a la pronta resolución de este caso para otorgarle justicia a las víctimas afectadas por este terrible delito que seguramente dejará secuelas imborrables en el desarrollo de sus vidas por el hecho de haber sido cometidos cuando eran menores de edad. Estos delitos son considerados además una violación a los Derechos Humanos, tal y como lo establece el Protocolo Facultativo contra la Explotación Sexual Infantil de la Convención sobre los Derechos del Niños, ratificado por México. Es además urgente porque significa un paso más del Estado mexicano en la lucha por erradicar la explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, y, en un nivel más amplio, en la lucha por garantizar a los ciudadanos la seguridad que nos exigen ante el constante aumento de la violencia y la delincuencia organizada en nuestro país.

El hecho de no exigir la pronta resolución de este caso daría oportunidad para la proliferación de redes de prostitución y pornografía infantiles, no sólo en Cancún que de suyo pertenece a un estado que está considerado como uno los principales focos rojos del país en relación con estos delitos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, sino en todo el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita legisladora somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que de continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con el resto de las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil descubierta en Cancún en noviembre de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Aguirre Maldonado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente y obvia resolución la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Diputado Murat..El diputado José Adolfo Murat Macías (desde la curul): Sí, Presidente, para rectificación de quórum de acuerdo con la Ley Orgánica.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mire, basta una declaración de la Presidencia y, en este caso y por esta ocasión, no le vamos a obsequiar su petición, diputado. Y vamos a declarar que hay quórum.

Para hablar a favor de la propuesta de la diputada Aguirre Maldonado, tiene la palabra el señor diputado Tamborrel.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronuncia en favor de este punto de acuerdo. No obstante, es preciso señalar que en el presente caso, durante la averiguación previa radicada ante las autoridades locales, han sucedido hechos aberrantes e indignantes contra los propios inculpados, que nos hacen asumir esta postura.

Tal como se menciona en los motivos de la propuesta, la red de abuso sexual y pornografía infantiles fue descubierta desde noviembre del año 2003. Sin embargo, de las investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo se suscitaron múltiples irregularidades denunciadas por organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos de la niñez, que se tradujeron en violaciones sistemáticas de leyes e instrumentos internacionales, en perjuicio de los menores de edad ofendidos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que cuando alguno de éstos sea parte de un proceso jurisdiccional, se le debe garantizar y reservar su identidad y la confidencialidad de sus datos, situación que durante la averiguación previa iniciada contra el señor Succar Kuri no se observaron, pues los ofendidos --niñas, niños y adolescentes-- fueron objeto de señalamientos al ser ventiladas sus fotografías y domicilios en los medios de comunicación por parte de autoridades locales, con lo que evidentemente no se protegió su identidad y, por ende, su dignidad, más aun cuando los mismos menores fueron usados como carnada para conseguir elementos para la consignación de la averiguación respectiva.

Por ello, y con el propósito de que con la mayor brevedad se esclarezcan tan lamentables hechos, estimamos necesario acelerar el proceso de extradición del inculpado, así como las investigaciones relacionadas con los testigos implicados en el presente asunto, permitiendo con esto que dicha persona pueda ser sometida a los órganos competentes de impartición de justicia mexicanos. Lo anterior evitaría que sean violentadas de nueva cuenta leyes y convenios internacionales en perjuicio de las víctimas de estos delitos y, desde luego, que reciban pronta justicia.

Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que es de continuar atendiendo, como principio rector de la protección de los derechos de la niñez, el interés supremo de la infancia, reiterando así nuestro pronunciamiento en favor del presente punto de acuerdo.

Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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MIGRANTES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América, suscrita por diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores.El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: Con su permiso, Presidente. En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y con fundamento en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia enérgicamente contra la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 del Congreso de Estados Unidos de América, con base en las siguientes consideraciones:

El jueves 10 de febrero de 2005, el Pleno de la Cámara de Representantes aprobó la Real ID Act HR-418, que fue introducida el pasado 26 de enero por el congresista James Censer Brenen y que ahora corresponderá al Senado de Estados Unidos analizar. La propuesta faculta al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos de América para construir ciertas barreras y caminos en la frontera con México; establece el endurecimiento de las leyes de inmigración y nacionalidad para requerir mayores pruebas de que quienes soliciten asilo a Estados Unidos de América no sean terroristas; y limita con una serie de criterios más rígidos la expedición de licencias de conducir para que puedan ser aceptadas por autoridades federales.

El documento agrega que la administración trabajará con el Congreso para asegurarse de que las personas que porten una licencia o identificación que no llene los criterios establecidos por el Gobierno Federal no tengan acceso a infraestructuras críticas ni puedan conducir ciertos vehículos.

El criterio fundamental exigido para expedir licencias de conducir aceptadas por autoridades federales es la evidencia de que quien solicita tenga residencia legal. Evidentemente, esta ley no representa una solución integral al fenómeno migratorio y es omisa respecto al debate de fondo del problema. Afecta los derechos de los migrantes mexicanos, así como de otras nacionalidades, por la restricción en la expedición de licencias de conducir y por la construcción de bardas en la frontera.

Hacer más estrictos los requerimientos para su expedición para nuestros migrantes resulta innecesario, toda vez que esta comunidad no tiene ninguna relación con actividades terroristas, como las que la ley en cuestión pretende compartir. Los migrantes mexicanos no son terroristas. Por las consideraciones anteriores, se somete a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la aprobación de la iniciativa HR-418 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por constituir una distorsión violatoria del derecho internacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar las acciones encaminadas a la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense y dar puntual seguimiento a la eventual entrada en vigor de esta ley.

Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos de América merecen un trato digno y respetuoso, toda vez que viajan a ese país buscando condiciones de vida a través de un reconocido y arduo trabajo, por lo que no corresponde considerarlos como terroristas.

Cuarto. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sostenga un acuerdo a la brevedad con sus homólogos de la Cámara del Senado de Estados Unidos de América para comunicarles la preocupación por la iniciativa denominada Real ID Act HR-418 por considerar que se trata de una medida que lesiona a nuestros connacionales en territorio estadounidense.

Quinto. La iniciativa HR-418 no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto al debate de fondo del problema. Por el contrario, tal medida no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades entre ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que producen en esta región.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores

Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América con base en las siguientes

Consideraciones

El día jueves 10 de febrero de 2005, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la Real ID Act, (HR-418) con 261 votos a favor y 161 votos en contra, misma que fue introducida el pasado 26 de enero, por el congresista James Sensenbrenner y que ahora corresponderá al Senado estadounidense analizarla.

La denominada iniciativa Real ID Act (HR-418) que, como su antecedente directo -la HR10- dice implementar las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos de América.

La propuesta faculta al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos de América para construir ciertas barreras y caminos en la frontera con México, establece el endurecimiento de las leyes de inmigración y nacionalidad para requerir mayores pruebas de que quienes soliciten asilo a los Estados Unidos de América no sean terroristas y limita con una serie de criterios más rígidos la expedición de licencias de conducir para que puedan ser aceptadas por autoridades federales.

Desafortunadamente este proyecto de ley ha sido respaldado por el gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, según declaraciones oficiales de la Casa Blanca. En ellas se indica que ``La Administración apoya las provisiones de HR-418 para reforzar el estándar sobre la manera en que son expedidas las licencias de conducir. La Administración está dispuesta a trabajar con el Congreso para clarificar la definición de 'propósito oficial' bajo los cuales las licencias de conducir o tarjetas de identificación pueden ser aceptadas por las agencias federales''.

El documento agrega que la Administración trabajará con el Congreso para asegurarse de que las personas que porten una licencia o identificación que no llene los criterios establecidos por el gobierno federal no tengan acceso a infraestructuras críticas ni tampoco puedan conducir ciertos vehículos.

El promovente Sensenbrenner, ha declarado que las personas que portan documentos no considerados aceptados por el gobierno federal, no podrán tener acceso a edificios federales, ni tampoco a abordar aviones comerciales, de ser aprobado su proyecto de ley.

El criterio fundamental exigido para expedir licencias de conducir aceptadas por autoridades federales es el de la evidencia de que quien la solicita tenga una residencia legal. Adicionalmente, esta ley autoriza al secretario de Seguridad Interior a imponer requerimientos adicionales a la expedición de las mismas.

Evidentemente, esta ley no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto del debate de fondo del problema. Afecta los derechos de los migrantes mexicanos, como de otras nacionalidades por la restricción en la expedición de licencias de conducir y por la construcción de bardas en la frontera, pues tal medida no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región.

Las licencias de conducir han fungido como un instrumento central para la identificación y obtención de un empleo para el área de servicios para la población migrante en Estados Unidos de América. Hacer más estrictos los requerimientos para su expedición para nuestros migrantes resulta innecesario toda vez que esa comunidad no tiene ninguna relación con actividades terroristas, como las que la ley en cuestión pretende combatir. Los migrantes no son terroristas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la aprobación de la iniciativa HR-418 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América por constituir una disposición violatoria del derecho internacional que asiste a los migrantes en el mundo que no contribuye a una solución integral para la migración legal, segura y ordenada entre ambos países.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar las acciones encaminadas a la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense y a dar puntual seguimiento a la eventual entrada en vigor de esta ley.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.

Cuatro. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sostenga un encuentro a la brevedad con sus homólogos en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos de América para comunicarles la preocupación por la iniciativa denominada Real ID Act (HR-418) por considerar que se trata de una medida que lesiona a nuestros connacionales en territorio estadounidense.

Quinto. La iniciativa HR-418 no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto del debate de fondo del problema, por el contrario, tal medida no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.---Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores: Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos, secretario (licencia); Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruíz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo..

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.

Está registrado para hablar en pro el señor diputado don Manuel González Reyes, del Partido Acción Nacional.

El diputado Manuel González Reyes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: como legisladores preocupados por los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los diputados del Partido Acción Nacional manifestamos nuestra mayor preocupación por las implicaciones que la aprobación de esta iniciativa, la HR-418, pueda tener.

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero aún falta que la apruebe el Senado de Estados Unidos. Por eso, desde aquí hacemos un atento llamado a los senadores estadounidenses para que consideren los argumentos que aquí exponemos contra esta propuesta.

Los diputados de Acción Nacional siempre hemos defendido el derecho de nuestros connacionales a ser tratados con respeto y dignidad. Por lo que respecta al marco jurídico de la migración entre ambos países, creemos que éstas deben edificarse con valores y políticas de cooperación que den sustento a nuestra relación bilateral.

No cabe duda que esta medida socava estos principios, por eso es importante invitar a los legisladores estadounidenses a reflexionar sobre las implicaciones nocivas que esta medida tendría para ambos países.

Los legisladores mexicanos somos respetuosos de la soberanía del Congreso estadounidense y de su gobierno. No obstante, como diputado originario de la franja fronteriza de la zona entre Tijuana y San Diego y sobre mi distrito pretender instalarse esta malla, este muro, manifiesto mi más enérgico rechazo a esta propuesta. La barda que pretende instalarse no va a detener el paso de indocumentados sino que, por el contrario, va a provocar más incertidumbre, inseguridad y muerte en la frontera.

Los muros dividen, no construyen, como en Alemania o Palestina, que son fuente de conflictos, divisiones y mezquindades. Nosotros ocupamos cooperación, confianza, prosperidad y buena voluntad. México y los diputados de Acción Nacional apoyamos los esfuerzos y las medidas de la comunidad internacional contra el terrorismo, pero nada por encima de la persona humana ni por encima de los derechos humanos.

Por eso, los diputados del PAN reiteramos nuestro compromiso con nuestros connacionales en el extranjero y manifestamos nuestra posición a favor de esta proposición de la Comisión de Relaciones Exteriores, que busca intensificar las acciones encaminadas a la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. El PAN está con ellos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. No hay más oradores registrados; luego entonces...

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Jorge Martínez, ¿en pro? ¿Con qué objeto, señor?

El diputado Jorge Martínez Ramos (desde la curul): En pro, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted el uso de la palabra.El diputado Jorge Martínez Ramos: Gracias, diputado Presidente, con su permiso.

La iniciativa real y de cuestión que busca prohibir la expedición de licencias para conducir a extranjeros indocumentados y restringir el asilo político en Estados Unidos no aporta mecanismos para solucionar el fenómeno migratorio de manera integral. De hecho, excluye de manera tajante, condena a los indocumentados a una situación de ilegalidad sin salida, alienta la xenofobia, y asalta la privacidad y los derechos de los inmigrantes y hasta de los refugiados.

La iniciativa aprobada por la Cámara baja de ese país se suma al sentimiento de paranoia que invade a sus gobernantes y abona en tierra fértil al momento en que se plantean más políticas antiinmigrantes. De ratificarse en el Senado estadounidense, esta iniciativa generaría un clima más adverso para la comunidad mexicana que, hay que decirlo, ha estado completamente al margen de cualquier actividad relacionada con el terrorismo.

Los legisladores recibimos esta decisión de nuestros colegas estadounidenses con un profundo pesar, pues hace evidente el fracaso de una política de Estado que no ha sido capaz de poner como prioridad la seguridad, los derechos humanos, los derechos civiles de quienes realizan uno de los más significativos aportes al desarrollo de ambos países.

Ahora bien, en términos de las consideraciones políticas y también económicas que hay detrás de esta iniciativa, es sabido que negar una mecanismo de identificación a los inmigrantes en Estados Unidos es equivalente a excluirlos de cualquier acto de protección de sus intereses económicos y materiales y, concretamente en el caso de quienes recurren a las compañías en envío de remesas, es condenarlos a no poder jamás utilizar los mecanismos bancarios y quedar eternamente en manos de intermediarios y sus políticas financieras, al no contar con identificación.

No nos engañemos: sabemos todos que son éstos los intereses que están presentes detrás de la iniciativa. Recordemos que no constituye un hecho aislado: desde hace meses se ha venido advirtiendo por parte de organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos civiles y por esta propia Cámara la andanada antiinmigrantes que se prepara en los despachos de funcionarios y congresistas norteamericanos.

Esto se agrava incluso porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada una medida que autoriza a cazadores de recompensas para capturar inmigrantes que tengan órdenes de deportación y entregarlos a las autoridades migratorias en 10 centros ubicados en diversas partes del país. Esta medida pone a nuestros connacionales migrantes en la vulnerabilidad y la indefensión, al hacer legal la barbarie de la cacería de personas y permitir que a cambio de recompensas sean entregadas a las autoridades personas cuyo aspecto sea considerado como sospechoso.

Nuestras autoridades no pueden seguir impávidas ante estos hechos. En su afán propagandista por buscar la Presidencia de la OEA, el canciller Derbez se ha olvidado de su función elemental en el cargo de la Cancillería. Estas medidas constituyen una flagrante violación de los derechos de nuestros compatriotas y la actitud del secretario lo pone en entredicho, algo de graves consecuencias para el país.

Por ello nos sumamos al punto de acuerdo presentado, con el ánimo de que esta Cámara demande la protección de derechos de nuestros connacionales, que se establecen tanto en la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, así como lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Martínez. En términos del 122, el asunto está suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, la proposición; comuníquese.

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COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruir a dicha entidad a que realice una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa.El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Con su permiso, señor Presidente.

Considerandos: Primero. Que en sesión celebrada la segunda semana de febrero en la Comisión de Presupuesto, el Presidente de la Comisión obtuvo la aprobación del informe de trabajo de la Comisión, a pesar de no cumplirse diversas consideraciones de carácter legal y administrativo, concernientes al desempeño adecuado que debe regir el trabajo legislativo de las comisiones. Esta disposición está contenida en el artículo 45, numeral seis, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El grupo parlamentario del PAN dejó claro que dicho informe no cumple las disposiciones de la ley; la afirmación tiene sustento.

Segundo. El informe del diputado Buendía Tirado establece la realización de un número importante de reuniones. No obstante, el acuerdo parlamentario relativo a la organización y reuniones de las comisiones y los comités de la Cámara de Diputados aprobado en el Pleno en sesión del 2 de diciembre de 1997, el cual es vigente por no existir otro que lo supere, establece los procedimientos de convocatoria; por consiguiente, se considera que las reuniones enunciadas son cuando menos irregulares.

Preocupa a la salud política nacional el involucramiento que se ha hecho del Presidente de la Mesa Directiva al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a su secretario técnico, junto con los asesores, respecto del reportaje publicado por el semanario Proceso de fecha 6 de febrero del presente año porque enuncia hechos que, de verificarse su validez, pondrían en entredicho la integridad del representante legal de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo. Estas violaciones al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los...

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. ¿Con qué objeto, señor diputado Trueba?

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (desde la curul): Diputado Presidente, para ver si me permite el orador hacerle un cuestionamiento.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Le acepta una pregunta al señor diputado Trueba?

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Sí.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, señor diputado. El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (desde la curul): Sí, diputado. Es un hecho que usted está buscando una mejoría en el trabajo legislativo, pero yo quisiera saber en qué basa su duda y por qué no se extiende este punto de acuerdo a todas las comisiones de esta Cámara. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Adelante con su respuesta.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Baso mi duda en que en esa reunión de trabajo donde el Presidente de la Comisión de Presupuesto da su informe comete diversas violaciones del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos que, a nuestro juicio, deben ser valoradas.

Primero. Omite un informe administrativo, cuando en el ejercicio presupuestal de 2004 nos solicitó a los secretarios de la Comisión una ampliación presupuestal que fue a dar a la Mesa de Coordinación, la cual fue denegada. Nunca nos informó del valor de los contratos, supuestamente, de los asesores. Un ex diputado, de nombre Chávez Presa, de pronto aparece ahí y no sabemos quién lo contrato: si lo contrató la Comisión, si lo contrató la Cámara de Diputados, como es miembro de la empresa que está siendo cuestionada.

Además del ex diputado Chávez Presa, hay diputados que son dueños de esa empresa, pero además son consultores de esta Cámara. Son el caso del secretario técnico, el caso de Octavio West, por ejemplo, no sabemos si cobra en la Cámara o cobra en esta empresa. Por eso fundo esta duda, esta solicitud de que se practique una auditoría. Adicionalmente, han llegado a través de la revista Proceso contratos exhibidos de gobiernos estatales de un grupo parlamentario y recientemente me llegó un contrato del gobierno del estado de Michoacán, hasta por 4 millones de pesos.

¿Estas dudas son violaciones de la ley o no? Entonces, estas interrogantes, con estas pruebas, queremos que simplemente se practique una auditoría y quede a salvo la integridad. Eso es mi respuesta.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado, sí; continúe con su tiempo. Debo advertir que el señor diputado José Guadalupe Osuna Millán está haciendo una propuesta, una propuesta que, inmediatamente después de que culmine, vamos a preguntar a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Si se considera de urgente resolución, entonces vendrá la discusión.

Entonces, ruego al diputado Osuna culmine la presentación de su propuesta para darle el trámite reglamentario.

El diputado José Guadalupe Osuna Millán: Cómo no, Presidente. Pregunto a ustedes: la información clasificada sobre las finanzas públicas que ofrece esta empresa, ¿dónde la consiguen? ¿Usarán sus cargos para obtener esta información?

Pregunto: ¿quién pagó al asesor Chávez Presa por su participación en el dictamen del proyecto de decreto del PEF 2004: le pagó la Cámara de Diputados o pagó la empresa de consultoría A Regional?

El sábado sale una nota en el Milenio donde dice que no han detectado contratos de esta Cámara con la empresa Aregional. Pero pregunto: ¿sus miembros trabajan aquí? ¿Tienen contratos con la Cámara? ¿Tienen contratos individualmente? ¿Eso es legal? ¿Eso es ético?

Pregunto: ¿hay incompatibilidad legal en vender servicios de esta naturaleza a clientes que también reciben dinero presupuestado, como los gobiernos estatales? ¿Son ellos los terceros perjudicados en la controversia constitucional? Por eso pido que se aclare y se practique una auditoría. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Priposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que instruya a ésta para realizar una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa, a cargo del diputado José Guadalupe Osuna Millán, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Guadalupe Osuna Millán, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estado Unidos Mexicanos, pone a su consideración el siguiente acuerdo, para su aprobación de urgente resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. En sesión celebrada el día de ayer, el diputado Ángel Buendía Tirado, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, obtuvo la aprobación del informe de trabajo de la Comisión, a pesar de no cumplirse diversas consideraciones de carácter legal y administrativo concerniente al desempeño adecuado que debe regir el trabajo legislativo de las Comisiones, esta disposición está contenida en el artículo 45, numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del PAN, dejó claro que dicho informe no cumple las disposiciones de la ley; la afirmación tiene sustento.

Segundo. El informe del diputado Buendía Tirado establece la realización de un número importante de reuniones, no obstante el Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados aprobado por el pleno en la sesión de 2 de diciembre de 1997, el cual es vigente, por no existir otro que lo supere, establece los procedimientos de convocatoria, por consiguiente, se considera que las reuniones enunciadas son cuando menos irregulares.

Tercero. Preocupa a la salud política nacional el involucramiento que se ha hecho del Presidente de la Mesa Directiva, al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a su secretario técnico junto con los asesores, respecto del reportaje publicado por el semanario Proceso de fecha 6 de febrero del presente año, porque enuncia hechos que de verificarse su validez pondrían en entredicho la integridad del representante legal de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo.

Cuarto. El reportaje del semanario comenta que uno de los principales socios de la firma de consultoría Aregional, SA de CV, es el Presidente de la Mesa Directiva y en ella participan, entre otros, Ángel Buendía Tirado, Jesús Alberto Cano Vélez, Jorge Chávez Presa y Octavio West Silva, que entre sus principales funciones es ``proporcionar información clasificada y oportuna, análisis y estadística sobre temas referentes al federalismo, el desarrollo regional y las finanzas públicas en general a sus contratantes''. Así como la publicación de su índice de transparencia, la cual califica la transparencia y rendición de cuentas de las entidades federativas.

Quinto. Un elemento de suspicacia, es que el reportaje del semanario señala entre sus principales clientes de la consultoría es gobierno del estado de Tabasco, y justamente de las giras realizadas por el Presidente de la Comisión de Presupuesto se inician en Tabasco, y continua en Sonora, estado natal de quien se dice en el reportaje, es de los principales accionistas de la firma Aregional.

Sexto. Los ex diputados Jorge Alberto Chávez Presa y Octavio West Silva fueron contratados para asesorar al Presidente de la Comisión, lo cual no debería existir conflicto de intereses, si es que los primeros no fueran socios del segundo y además se duplican sus servicios de asesoría económica, con las actividades que realiza por mandato de Ley Orgánica del Congreso General, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que por acuerdo de los diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano de gobierno del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, este Centro de Estudios tiene como objeto ser un instituto técnico para el análisis, organización y manejo de la información relacionada con las finanzas públicas del país, dicho centro también es uno de los clientes de la citada empresa.

Séptimo. Ser transparente en el desempeño de un cargo público y el cumplimiento de la ley, no sólo es tarea del Presidente de la República y de los Funcionarios del Gobierno Federal, es una obligación de todos y cada uno de los servidores y funcionarios públicos, la Cámara de Diputados, no escapa a la fiscalización y escrutinio ciudadano, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece con claridad que los Poderes de la Unión son sujetos de ésta, de tal suerte que solicito respetuosamente y con el propósito de hacer una investigación seria, objetiva y profunda de lo anteriormente expuesto, se apruebe de urgente resolución el siguiente

Acuerdo

Único. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia, se instruya a realizar una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyendo verificación de los gastos administrativos y por lo que se refiere a celebración de contratos de asesoría externa, si estos no contravienen a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional y demás disposiciones aplicables.

Dado en el Salón de Sesiones, a dicisiete de febrero de dos mil cinco.--- Dip. José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... No hay mayoría calificada, ciudadano diputado.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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PRIMER PARLAMENTO DE CULTURA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se convoca a la Comisión de Cultura a organizar el primer Parlamento de cultura y solicitar al Senado de la República, la SHCP, la SEP, la SRE, la Secretaría de Economía y al Conaculta que colaboren como organizadores y participantes del mismoEl diputado Inti Muñoz Santini: Con su venia, señor Presidente. El desarrollo cultural en las sociedades democráticas ha cobrado...

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Evidentemente, no hubo una buena percepción a la hora de la votación. Pedimos que sea nominal, y me apoyan más de cinco diputados. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada, esta Presidencia ya dictó el trámite. Y esta Presidencia, a todas luces... No es que esta Presidencia quisiera manipular o no el sentido de la voluntad de la Asamblea, simple y sencillamente es evidente.

Hace un momento, un diputado nos pidió la confirmación del quórum y esta Presidencia dio el mismo trámite. Ya lo turnamos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y no quisiera sentar un precedente, después de haber cantado un trámite, que esta Presidencia lo rectifique. Vamos a permitir que se continúe el desarrollo de la sesión.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): (habla fuera de micrófono)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le ofrezco que lo voy a checar con los asesores de la directiva y, en caso de que usted me haya pedido la palabra en ese instante, vamos a instruir la votación nominal.

Esta Presidencia no esconde nada. Esta Presidencia tuvo la percepción del secretario de la Cámara y, trátese del asunto de que se trate, esta Presidencia está obligada a actuar estrictamente conforme a derecho.

En otras ocasiones hemos obsequiado la votación nominal, pero en este caso, diputada, y en otros muchos, cuando tengamos nosotros esta percepción, esta Presidencia tiene la obligación moral, política y legítima de actuar --repito-- conforme a derecho.

Continúe el diputado Inti Muñoz.

El diputado Inti Muñoz Santini: El desarrollo cultural en las sociedades democráticas ha cobrado una enorme significación en el marco del nuevo concierto de las naciones, ya que no hay modernidad democrática sin cultura ni transformación económica y comercial...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputada Betsi Yáñez, ¿con qué objeto? La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (desde la curul): Señor Presidente, creo que fue muy clara la inconformidad de muchos diputados. Creo que no se vale que se haga el trámite así de rápido, cuando existe la inconformidad de mucha gente que no está de acuerdo en que no había la mayoría. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada... Sí, señor diputado Pablo Gómez, ¿con qué objeto? El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente, es obvio que si el PAN y el PRD están votando a favor, y el PRI está votando en contra, no puede haber dos tercios. Eso es imposible. La Secretaría está tomando una votación de dos tercios. No puede haber dos tercios, colegas del PAN. Nosotros votamos a favor.

Ahora, quiero decirles también que el trámite que le dio la Presidencia es el mismo que estaba solicitado. Yo no sé ni por qué. Si un diputado, de un punto de acuerdo, solicita que se le dé turno indebidamente a la Comisión de Vigilancia y no a la Contraloría de la Cámara, un asunto contable interno de la Cámara, pues allá el que lo propuso.

Pero como todo está mal y no había dos tercios y ya se fue el asunto a la Comisión de Vigilancia, creo que aquí todo mundo ha quedado satisfecho. Han ganado sin haber ganado, o hemos ganado sin haber ganado. Gracias al Presidente que dio el turno. Y allá, en la Comisión de Vigilancia, lo van a regresar aquí porque no es competencia de la Comisión.

Entonces, todo esto está tan mal, señor Presidente, que yo propongo que el orador continúe. Usted dio el trámite correcto. Ya. Se acabó el asunto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado De la Vega, ¿con qué objeto? El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Con objeto de precisar, diputado Presidente, que el turno solicitado por el orador es de urgente resolución y no de turno a comisión, como lo comenta el diputado Pablo Gómez.

En segundo lugar, los dos tercios, para que una votación sea de urgente resolución, es de los diputados presentes, no de las bancadas como están conformadas. Ésa sería la precisión, diputado.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado De la Vega, diputada Betsi: esta Presidencia tuvo una apreciación y dictó un trámite que, creo firmemente, está apegado a derecho. No porque de repente un grupo de diputados se inconforme con una decisión de la Presidencia, ésta --que considera estar apegada a derecho-- tiene por qué rectificar. Por esta ocasión, les ruego su comprensión. Esta Presidencia ha dictado el trámite que ha considerado pertinente. Adelante, el orador.

El diputado Inti Muñoz Santini: Gracias, señor Presidente. No hay modernidad democrática sin cultura, ni transformación económica y comercial fuera del horizonte cultural. No es sólo por la preponderancia de la identidad y diversidad cultural nacionales sino porque en el siglo XXI las sociedades de servicios tienen como piedra angular la gran diversidad de formatos y productos culturales.

La modernidad significó para México la creación de sus leyes en instituciones culturales nacionales. Estas leyes e instituciones han operado para defender nuestro patrimonio cultural y una identidad propia. Sin embargo, con el desarrollo de los acuerdos comerciales, las tecnologías de comunicación y la dinámica comercial de regiones y países, nuestras estructuras institucionales y nuestras leyes han devenido obsoletas ante las nuevas realidades establecidas por la globalización.

Entre ellas, la que más preocupa es la subordinación del valor sustancial de la cultura por su explotación comercial; el valor de cambio de zonas arqueológicas; el saqueo y la corrupción en el otorgamiento de licencias son algunas de sus expresiones. Baste recordar los conflictos en torno de la instalación en zonas arqueológicas, como Teotihuacán y Monte Albán, de desarrollos inmobiliarios y centros comerciales.

A decir de algunos especialistas, vivimos una de las etapas de mayor riesgo para el patrimonio cultural. Por ello, desde la sociedad civil nacional e internacional se alzan voces para que las regulaciones comerciales y de inversiones tomen en cuenta los bienes culturales, pues las denominadas ``reformas comerciales'' están destruyendo nuestro capital cultural.

El pleno de la Comisión de Cultura de esta Cámara ha escuchado esas voces. Recientemente, aprobó un exhorto dirigido al Presidente de la República para que instruyera un equipo de negociadores de alto nivel que participarían en la consulta que el director de la UNESCO organizó en la OMC, en el marco del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios de la OMC, para que presentaran una postura firme de apoyo a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas.

En este espíritu debe inscribirse la realización del primer Parlamento de cultura que estamos proponiendo con el objetivo de promover el análisis, la deliberación e intercambio de experiencias entre el Congreso federal, los Congresos locales, las autoridades federales, estatales y municipales, la sociedad civil, especialistas, intelectuales, artistas y comunidades indígenas para la promoción e integración de una agenda legislativa nacional en materia de cultura encaminada a reformular las leyes e instituciones para favorecer el tránsito de las políticas personales y de sexenio a políticas culturales de Estado, así como la urgente elaboración de una ley general de cultura.

Por las consideraciones anteriormente expuestas ponemos a su atención los siguientes puntos de acuerdo:

El primero: exhortamos a la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara de Diputados a organizar el Parlamento de cultura en el presente año y a emitir una convocatoria plural e incluyente considerando temas, participantes, locaciones y fechas.

El segundo: exhortamos, finalmente, al Senado de la República, a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, de Economía y de Hacienda y Crédito Público a participar activamente en la emisión de la convocatoria y la organización del primer Parlamento de cultura. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a la Comisión de Cultura de esta soberanía a organizar el primer Parlamento de Cultura; y se solicita al Senado de la República, la SHCP, la SEP, la SRE, la Secretaría de Economía y al Conaculta que colaboren como organizadores y participantes del mismo, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo cultural en las sociedades democráticas y republicanas, ha cobrado una enorme significación en el marco del nuevo concierto de las naciones, ya que no hay modernidad democrática sin cultura, ni transformación económica y comercial fuera del horizonte cultural. Esto es así no sólo por la preponderancia de la identidad y diversidad cultural de cada país, sino porque en el siglo XXI las sociedades de servicios tienen como piedra la gran diversidad de servicios, formatos y productos culturales.

La modernidad trajo a México la formación de instituciones culturales de gran importancia nacional, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Radio, entre otras; y las leyes de Protección de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de Cinematografía, Derechos de Autor, etcétera.

Estas leyes e instituciones han operado hasta fechas recientes para defender nuestro patrimonio cultural y preservar nuestra identidad como nación. Sin embargo, con el diseño de los bloques económicos; el desarrollo de los acuerdos comerciales; las tecnologías de comunicación y la dinámica comercial de regiones y países, nuestras estructuras institucionales y nuestras leyes han sido rebasadas por las nuevas realidades que establece la globalización. Entre ellas, la que más preocupa es la subordinación del valor sustancial de la cultura, por su explotación económica, el mercadeo --o marketing si así lo desean--, el valor de cambio de amplias zonas arqueológicas, el saqueo y la corrupción en el otorgamiento de licencias, son algunas de sus expresiones en nuestro país.

A esta caracterización del contexto internacional hay que añadir la incompetencia de la actual administración y la excusa recurrente en la falta de vinculación entre los niveles de gobierno y el desfase de las leyes vigentes. Baste recordar una serie de conflictos que se han presentado en el actual sexenio, en torno a la instalación --en zonas arqueológicas en Monte Albán y Teotihuacan--, de desarrollos inmobiliarios y centros comerciales, o de la probable pérdida de patrimonio artístico por el litigio en que se encuentran las obras de Remedios Varo con la eventual anuencia de Conaculta, la destrucción del mural La comunicación postal del pintor Jesús Álvarez Amaya fundador del Taller de La Gráfica Popular, por mencionar algunos.

A decir de algunos especialistas, vivimos: ``una de las etapas de mayor riesgo para el patrimonio cultural''. Esta etapa histórica puede ser más destructiva, para nuestro patrimonio, que las desatadas por las Leyes de Reforma en el siglo XIX o las décadas 20 y 30 del siglo XX, cuando ``parte de los bienes históricos se destruyeron'', en nombre de la Revolución o de los conflictos sociales.

Desde la sociedad civil nacional e internacional se alzan voces para que las regulaciones comerciales y de inversiones tomen en cuenta los bienes culturales, las denominadas reformas comerciales están destruyendo nuestro capital cultural, debemos resguardarlo y promoverlo con una legislación moderna. El pleno de la Comisión de Cultura ha escuchado esas voces. Recientemente aprobó un exhorto dirigido al Presidente de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía para que instruyera a un equipo de negociadores de alto nivel que participarían en la consulta que el director de la UNESCO organizó con la Organización Mundial de Comercio, en el marco del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, presentarán una postura firme de apoyo a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, la cual debe estar a favor de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales. En este sentido debe inscribirse la realización del Primer Parlamento de Cultura, con el objetivo de promover el análisis, la deliberación e intercambio de experiencias entre el Congreso Federal, los congresos locales, las autoridades federales, estatales y municipales; la sociedad civil, especialistas, intelectuales, artistas y comunidades indígenas para la promoción e integración de una agenda legislativa nacional en materia de cultura, encaminada a reformular las leyes e instituciones culturales; para favorecer el tránsito de las políticas personales y de sexenio a políticas culturales de Estado. Así como la urgente elaboración de una Ley General de Cultura.

Es por las consideraciones anteriormente expuestas que ponemos a su atención los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Exhortamos a la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara de Diputados a organizar el Parlamento de Cultura en el presente año y a emitir una convocatoria plural e incluyente, considerando temas, participantes, locaciones y fechas.

Segundo.- Exhortamos, finalmente, a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a participar activamente en la emisión de la convocatoria y la organización al Primer Parlamento de Cultura.

Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que hay mayoría calificada para que se considere de urgente resolución, tiene el uso de la palabra la diputada Carla Rochín Nieto, para hablar en pro de la proposición.La diputada Carla Rochín Nieto: Gracias, diputado Presidente; estimadas compañeras, estimados compañeros: me presento ante ustedes para sumarme y sumar al grupo parlamentario del PAN a la propuesta antes expuesta por el diputado Inti Muñoz.

No obstante, creo que es importante aclarar que esta propuesta fue hecha por el grupo parlamentario del PAN hace más de un año en sesión de la Comisión de Cultura. También esta propuesta fue aceptada en el pleno de la Comisión por aprobación de todos los partidos.

El Parlamento de cultura no se ha podido llevar a cabo porque no ha existido la organización ni la voluntad política de todos los diputados. También es importante señalar que el grupo parlamentario del PRD en la Comisión de Cultura pocas veces apoyó el tema y mostró poco interés.

La cultura en México es uno de los temas más nobles y de más sencilla resolución política. No requiere protagonismos falsos, ya que siempre ha existido consenso en la Comisión y, sobre todo, disposición y apertura en cualquier tema cultural.

El grupo parlamentario del PAN está de acuerdo en llevar a cabo el Parlamento de cultura; eso queremos que quede muy claro, señor Presidente. Es más, fuimos nosotros quienes lo propusimos y hoy me llama la atención ver en un punto de acuerdo una propuesta ya acordada que se discutió en Comisión.

Para concluir, creo que es importante subrayar que la cultura es un tema de interés humano nacional, no político, y que no nos va a llevar a nada intentar ponerle un color porque la cultura, por sí misma, incluye todos los colores. Por eso, señor Presidente, pido a usted que se turne a comisiones y no se vote de urgente y obvia resolución. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No hay más oradores registrados. Luego entonces, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades electorales cometidas por las autoridades del gobierno del estado de Baja California Sur durante las elecciones del mes de febrero del presente año.

No encontrándose el diputado Elpidio Concha Arellano en el salón, pasa al final del capítulo.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar los programas de combate de la pobreza que aún no se aplican en la Ciudad de México.El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia: durante la presente administración, los programas de desarrollo regional han tenido como objetivo contribuir a superar la pobreza extrema y la exclusión social mediante acciones que promuevan la generación de empleos y oportunidades de ingreso para los ciudadanos.

En la gran mayoría de los estados de la República se han instrumentado programas del Gobierno Federal para el combate de la pobreza. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal la gran mayoría de los programas federales en materia de desarrollo social no se aplican porque, hasta la fecha, no están los convenios correspondientes ente ambos niveles de gobierno.

Cabe hacer mención de que no todos los programas de combate de la pobreza incluidos en el Ramo 20 podrían o deberían implementarse en el Distrito Federal, pues muchos están dirigidos a poblaciones rurales.

Considerando que el gasto social forma parte de las erogaciones públicas destinadas al financiamiento de servicios sociales básicos, que son los gastos de educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros de características similares.

Que para revertir la pobreza y convertirla en prosperidad se requiere que la política de desarrollo regional incluya estrategias que eleven las oportunidades de desarrollo socioeconómico.

Que se han establecido normas transparentes y se ha fortalecido la coordinación entre instituciones del Gobierno Federal con gobiernos estatales y municipales para la distribución de los recursos destinados a la inversión y capital humano; que la concentración de un número cada vez mayor de pobres en las ciudades y zonas metropolitanas del país ha dado lugar a un intenso proceso de urbanización de la pobreza e incluso se estima que en el año 2002 alrededor de 35.4 por ciento de los hogares urbanos del país se encontraba en situación de pobreza patrimonial.

Que en el caso del Distrito Federal, el gobierno local implementó el Programa Integrado Territorial, enfocándose a los sectores más vulnerables de la población. Tal instrumento no ha sido suficiente para abatir los índices de pobreza de la ciudad e incluso el propio Programa de Trabajo 2005 de la Secretaría de Desarrollo social del Distrito Federal establece que cuando menos 80 por ciento de la población a que va dirigida se queda sin recibir el beneficio del Programa Integrado Territorial.

Que de aplicarse programas de desarrollo social tanto del gobierno local como del Gobierno Federal, el número de beneficiados por estos programas en la Ciudad de México crecería exponencialmente, generando así una mejor calidad de vida para los más necesitados en la Ciudad de México. Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno de la República a celebrar un convenio en materia de de-sarrollo social para implementar en esta entidad federativa los programas de combate de la pobreza extrema que aún no aplican y que pudieran aplicarse en la Ciudad de México y que la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal lleva a cabo con éxito en el resto de los estados de la República. Es cuando, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno Federal a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar los programas de combate a la pobreza extrema que aún no se aplican en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo 2001 -- 2006 establece que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal, trabajará para mejorar los niveles de bienestar de la población y desarrollar sus capacidades, acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades, fortalecer la cohesión y el capital social y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental.

Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:

Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.

Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional.

Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control.

Durante la presente administración, los Programas de Desarrollo Regional han tenido como objetivo contribuir a superar la pobreza extrema y la exclusión social mediante acciones que promuevan la generación de empleos y oportunidades de ingreso, privilegiando la atención a grupos y regiones que presenten los mayores rezagos sociales.

En la gran mayoría de los estados de la República se han instrumentado programas del gobierno federal para el combate a la pobreza, tales como Empleo Temporal, Crédito a la Palabra, Atención a Zonas Áridas, Fondos Regionales Indígenas, Fondos Regionales Compensatorios, Atención a Productores Agrícolas de Bajos Ingresos, Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas y Servicio Social Comunitario, Desarrollo Local (Microrregiones), Opciones Productivas, Incentivos Estatales por Demanda, Iniciativa Ciudadana 3 x 1, Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, el Programa Hábitat y el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva ``Tu Casa''.

Actualmente, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, gobernados por alguno de los tres partidos mayoritarios, han signado la gran mayoría de los Convenios de Desarrollo Social con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para el combate a la pobreza extrema.

Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, la gran mayoría de los programas federales en materia de Desarrollo Social no se aplican porque hasta la fecha no existen los convenios correspondientes entre los dos ámbitos de gobierno.

Por supuesto que no todos los programas de combate a la pobreza incluidos en el Ramo 20, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, podrían o deberían implementarse en el Distrito Federal, pues las Reglas de operación de los mismos, presentan restricciones en cuestiones relacionadas con su objetivo, ámbito de aplicación y población objetivo, entre otros, que no necesariamente serían congruentes con las características geográficas o socioeconómicas de los habitantes de esta ciudad. En su mayoría, los programas de dicho Ramo están dirigidos a poblaciones rurales con los más altos índices de pobreza y marginación que son catalogadas como zonas de atención prioritaria.

Las zonas de atención prioritaria, definidas con criterios aportados por el Consejo Nacional de Población y Sedesol, no integran ninguna localidad perteneciente al Distrito Federal, lo que podría ser una de las causas de su exclusión en la implementación de programas sociales por parte de la Sedesol. Además, a partir de dos mil tres el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, establece que la población objetivo de los programas referidos es la población en pobreza de acuerdo con los criterios que al respecto establezca la Sedesol.

Según lo establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los programas gubernamentales a través de los cuales se canalizan subsidios deben contar con Reglas de Operación, por lo tanto, los programas sociales a cargo de la Sedesol operan en estricta observancia de las mismas. En las Reglas de Operación se establecen el objetivo, la cobertura y la población objetivo, entre muchas otras disposiciones, lo que introduce restricciones importantes para la implementación de los mismos. Lo anterior pone de manifiesto que, dadas las restricciones establecidas en las Reglas de Operación, solamente algunos programas de la Sedesol podrían ser implementados en el Distrito Federal.1

Considerandos

Primero.- Que el Gasto Social forma parte de las erogaciones públicas destinadas al financiamiento de servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros de características similares.

Segundo.- Que las reglas de operación para estos programas, precisan los esquemas a los cuales los gobiernos de los estados y de los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, participan en la planeación, operación y ejecución de acciones que se instrumentan a través de los programas que, en su caso, se operan en el marco de los Convenios de Desarrollo Social.

Tercero.- Que en dichos instrumentos se establecen las adecuaciones pertinentes a las reglas generales de operación que obedecen a las características regionales o locales propias de cada estado, así como a la facultad de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos para proponer al Ejecutivo Federal, de acuerdo con la legislación federal y local aplicable, los mecanismos e instancias de participación y contraloría social en la operación y vigilancia de los programas.

Cuarto.- Que la Secretaría de Desarrollo Social informa trimestralmente a los gobiernos de los estados participantes sobre la distribución del total de los recursos de todos los programas que ejerce, enviando copia de dichos informes a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Quinto.- Que de acuerdo con el Convenio de Desarrollo Social, los gobiernos de los estados son los responsables de la correcta aplicación de los recursos que se les asignen para ejecutar los programas.

Sexto.- Que el desafío más importante para cualquier gobierno, es la superación de la pobreza; en este sentido, las políticas y programas de cada entidad federativa deben encaminarse al desarrollo humano como el principal factor para que las personas, las familias y las comunidades mejoren sus capacidades y aprovechen todas las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Séptimo.- Que para revertir la pobreza y convertirla en prosperidad, se requiere que la política de desarrollo regional, incluya estrategias que eleven las oportunidades de desarrollo socioeconómico y fortalezcan el capital humano.

Octavo.- Que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal, mediante la conjunción de esfuerzos interinstitucionales fortalece y promueve el desarrollo de las micro regiones con los más altos índices de marginación y pobreza.

Noveno.- Que se han establecido normas transparentes y se ha fortalecido la coordinación entre instituciones del Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales para que la distribución de los recursos destinados a la inversión y capital humano, construcción de infraestructura social básica y generación de oportunidades de empleo e ingreso, se canalice hacia las regiones y grupos de población que más lo necesitan.

Décimo.- Que por primera vez en México, se creó el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, integrado por ciudadanos, lo que constituye una base firme para el diálogo permanente entre los distintos ámbitos de gobierno y la población beneficiada.

Décimo primero.- Que la concentración de un número cada vez mayor de pobres en las ciudades y zonas metropolitanas del país ha dado lugar a un intenso proceso de urbanización de la pobreza, e incluso se estima que en el año 2002 alrededor de 35.4 por ciento de los hogares urbanos del país (42% de la población urbana) se encontraba en situación de pobreza patrimonial.

Décimo Segundo.- Que en el caso del Distrito Federal, el gobierno local implementó el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social, cuyo objetivo es atender y resolver las demandas de la población, apoyado fundamentalmente en la participación ciudadana, mecanismo que busca estrechar las relaciones entre el gobierno y las comunidades, enfocándose a los sectores más vulnerables de la población.

Décimo Tercero.- Que el instrumento a que se refiere el considerando anterior, no es suficiente para abatir de manera eficaz y oportuna los índices de pobreza en el Distrito Federal, pues requiere en todo caso de una coordinación con las autoridades federales para el combate a la pobreza extrema en el Distrito Federal.

Décimo Cuarto.- Que en el Programa General de Desarrollo 2000-2006, del Gobierno del Distrito Federal, se destaca que ''la política social será un eje articulador de los objetivos y programas del gobierno de la Ciudad de México. Que es una obligación atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. La atención de la autoridad se dirigirá sobre todo, a aquellos que han sufrido el abandono y la desprotección crónica. En ésta estrategia, se dará preferencia a los niños y niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, las personas con discapacidad y los indigentes.

Décimo Quinto.- Que conforme al Programa de Trabajo 2005 de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local, el Distrito Federal invertirá, a través del Programa Integrado Territorial (PIT), cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos (en ochocientas ochenta y seis unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación).

Décimo Sexto.- Que sin embargo, el propio Programa de Trabajo 2005 de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, establece que cuando menos el 80% de la población a la que va dirigida se queda sin recibir el beneficio del Programa Integrado Territorial.

Décimo Séptimo.- Que si, como se menciona en el considerando anterior, la gran mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal que viven en las unidades territoriales con mayores niveles de marginación, no reciben el apoyo de los programas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, entonces los programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal deben ser considerados instrumentos de política pública para el beneficio de aquellos que no reciben el apoyo del gobierno local.

Décimo Octavo.- Que a través de la aplicación de programas de desarrollo social tanto del gobierno local como del gobierno federal, el número de beneficiados por estos programas en la Ciudad de México crecerá exponencialmente, generando así una mejor calidad de vida para los mas necesitados.

Décimo Noveno.- Que en la actualidad el Gobierno del Distrito Federal no ha celebrado todos los convenios que en materia de desarrollo social pudiera realizar con el Gobierno Federal, lo que hace necesario la suscripción de éstos en atención a que los 31 Estados de la República ya han signado dichos convenios con el Gobierno Federal.

Vigésimo.- Que como un llamado a evitar el aislamiento y la falta de coordinación, así como para realizar acciones más eficientes para combatir las condiciones de pobreza en nuestra ciudad, resulta indispensable, para el beneficio de los habitantes de la capital del país, exhortar al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno de la República, a signar un Convenio en materia de Desarrollo Social, pues solo así estaremos dando un eficaz combate a la pobreza en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno de la República a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar en esta entidad federativa aquellos programas de combate a la pobreza extrema que aún no se aplican en la Ciudad de México y que la Secretaría de Desarrollo Social lleva a cabo en el resto de los estados (de urgente resolución).

Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.

Nota:

1 Cabe hacer mención de que la Sedesol cuenta con programas dirigidos a atender la pobreza urbana, algunos de los cuales ya operan de manera importante en el Distrito Federal. Es el caso del programa Hábitat que busca atender las necesidades de la población en pobreza de las zonas urbanas, en el mismo sentido se opera una parte importante del programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), una pequeña parte del programa Oportunidades y mediante diversos proyectos el programa de Coinversión Social. Sin embargo, tenemos casos tales como el del Programa de Jornaleros Agrícolas, Iniciativa Ciudadana 3x1, Desarrollo Local Microrregiones, Apoyo Alimentario, Adultos Mayores en Zonas Rurales y Vivienda Rural, entre otros, los que de acuerdo con sus reglas de operación serían de muy difícil implementación en una ciudad predominantemente urbana y con una gran heterogeneidad socioeconómica de su población, siendo que éstos están destinados básicamente a zonas rurales con los más altos índices de pobreza y marginación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia turna a Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y del Distrito Federal.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ahora sí, tiene la palabra el señor diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades electorales cometidas por las autoridades del gobierno del estado de Baja California Sur durante las elecciones del 6 de febrero del presente año.El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su permiso, señor Presidente: el suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente:

El pasado 6 de febrero, en Baja California Sur se llevaron a cabo elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso y el ayuntamientos. A lo largo de las campañas electorales y durante la jornada electoral, la ciudadanía exigió insistentemente al entonces gobernador del estado, Leonel Cota Montaño, sacar las manos del proceso, dejar de apoyar con recursos públicos al candidato de su partido y detener sus ataques injustificados contra los candidatos de los partidos distintos del suyo.

Contrario a esto y en abierta violación de la legalidad, Leo-nel Cota Montaño operó, paralelamente a la del candidato de su partido a la gubernatura, una campaña de Estado en beneficio de éste, quien --como se sabe-- es a su vez su primo Narciso Agúndez Montaño.

Así, la alteración del número de boletas por casilla, la falsificación de actas de escrutinio y cómputo, la instrucción-inducción del voto en las urnas, la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, la realización extemporánea de encuestas, la compra e inducción del voto, la intimidación a electores por medio de la policía estatal, la exaltación de la reducida obra de gobierno en los medios de comunicación y el mismo día de la jornada constituyeron violaciones de la normatividad electoral del estado, que se caracterizó en todo el proceso.

La Alianza Ciudadana por Baja California Sur ha logrado documentar todas estas irregularidades, proporcionadas por la delincuencia organizada que operó en las elecciones, las cuales --no tenemos duda-- originarán la nulidad del proceso.

Entre tanto, en esa entidad federativa existe un ambiente de incertidumbre, irritación e impotencia al saber que la soberanía que reside en el pueblo fue burlada por su gobernador, quien mediante la presión, la intimidación y el tráfico de influencias alteró los resultados electorales y sometió a sus intereses personales y de grupo al Instituto Electoral de Baja California Sur.

Dada la importancia que para la democracia y las instituciones de nuestro país tiene el esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió en las elecciones de Baja California Sur, independientemente de las acciones que Alianza Ciudadana por Baja California Sur, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, hará valer ante los tribunales electorales, me permito someter a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que, en ejercicio de sus facultades, investigue los delitos cometidos por el gobernador del estado de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo a que intervenga en la medida de sus facultades legales para la solución del conflicto político en Baja California Sur.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre las irregularidades cometidas por autoridades del gobierno de Baja California Sur durante las elecciones del 6 de febrero del presente año, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley y considerando la importancia que tiene para la democracia y las instituciones electorales, el respeto irrestricto del voto ciudadano, somete a la consideración de esta asamblea el punto de acuerdo siguiente.

1.- El pasado 6 de febrero se realizaron elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso local y las alcaldías de Baja California Sur, un estado donde la división de poderes ha sido borrada como elemento de la gobernabilidad. La represión y la intimidación son elementos utilizados por el gobernador con licencia Leonel Cota Montaño para amedrentar a quienes no comparten sus ideas, menos aún sus formas caciquiles de gobernar.

2.- Durante la campaña y el día de la jornada electoral desde diversos sectores de la ciudadanía y de los partidos políticos, se exigió una y otra vez, al gobierno del estado que sacara las manos de la elección, que dejara de apoyar con recursos del erario público al candidato de su partido y sobre todo, detuviera la campaña de golpeteo político en contra de los candidatos de la ``Alianza Ciudadana'' conformada por el PRI y el PVEM, así como los de otros partidos políticos.

3.-Contrario a esto, y violando flagrantemente el Estado de Derecho en la entidad, el supuesto encargado de velar por la transparencia y equidad de las Instituciones del Estado, Leonel Cota Montaño, operó y montó una campaña de Estado, para favorecer y hacer ganar a su primo Narciso Agúndez Montaño, por medio de un descomunal fraude electoral, que hoy agravia la vida democrática del país.

4.-Expresamos nuestra profunda preocupación porque hoy en la entidad se respira un ambiente de incertidumbre, enojo, dolor e impotencia, al saber que la soberanía que reside en el pueblo y que se ejerce por medio del sufragio libre, universal y directo, fue violentada por su gobernante, quien valiéndose de todo tipo de artimañas, no conforme con intervenir para alterar los resultados electorales, convirtió al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur en un instrumento partidario, sometido a sus oscuros intereses, con la anuencia de su consejero presidente, quien complaciente presenció la serie de actos ilegales ejecutados por Cota Montaño y sus empleados públicos.

5.- Hoy, la gobernabilidad de Baja California Sur está en grave peligro y con ella la del país. No podemos guardar silencio ante las irregularidades registradas en la jornada electoral que complican el supuesto resultado electoral, el cual no aceptamos por el bien de los procesos democráticos.

6.- Una vez concluida la jornada electoral, los abogados de la ``Alianza Ciudadana por Baja California Sur'', han podido constatar y documentar la modificación de los resultados electorales por medio de la alteración del número de boletas por casilla, la expedición de actas de escrutinio falsas, la introducción de boletas apócrifas en las urnas, así como la sustitución ilegal de funcionarios de casilla.

Además la falta de certeza y legalidad queda evidenciada también cuando se aprecia la realización de encuestas que estaban prohibidas por la ley y que sin embargo, la propia autoridad electoral hizo suyas, a sabiendas de que eso constituía un delito. La falta de imparcialidad y de transparencia se documentan también con la participación de funcionarios electorales del IEE en la manipulación de actas y paquetes electorales, así como en la ausencia de PREP y en el tortuguismo y opacidad con las que recibieron las actas en el propio Instituto.

Todo esto llevó a la Alianza PRI-PVEM a interponer 16 juicios de inconformidad en contra de los resultados del pasado domingo seis. Uno por cada Distrito. Tenemos documentadas irregularidades en más del 27% de las casillas, así como la violación de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y transparencia, por tanto, hemos demandado la nulidad de la elección tanto por la vía específica como por la vía abstracta, con pruebas indubitables y contundentes que refuerzan nuestra argumentación ante los tribunales electorales.

7.- Además se cuenta con elementos probatorios fehacientes sobre la compra e inducción del voto con dinero, despensas y materiales provenientes del Gobierno del Estado y la intimidación a los votantes por medio de los organismos de seguridad del Estado, antes y durante la elección. Dichas pruebas se acompañaron a cada una de las denuncias presentadas oportunamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR.

8.- Fue ofensivo para la dignidad ciudadana que el día de la elección, el gobernador Leonel Cota Montaño, al sentir que los resultados no le eran favorables a su candidato, saliera a los medios de comunicación vestido con los colores de su partido, a exaltar la obra pública realizada y pedir que emitieran el voto a favor de su candidato y de la dinastía familiar.

La injerencia de Leonel Cota en las elecciones, metió de lleno al gobierno en la elección y la autoridad estatal electoral asumió una actitud servicial y de permisibilidad a la voluntad del mandatario estatal.

9.-Es notorio que, una vez que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur ``legitimó'' el fraude cometido, perdió toda credibilidad y confianza ante la ciudadanía sudcaliforniana.

10.- Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Legislador Federal presento ante esta Soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortamos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que en pleno ejercicio de sus facultades, valore cada una de las pruebas presentadas en las denuncias formuladas por la ``Alianza Ciudadana por Baja California Sur'' y, en su caso, ejercite la acción penal correspondiente contra quienes resulten responsables por la probable comisión de los delitos electorales a que haya lugar.

Segundo. Manifestamos nuestro pleno respeto y confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en el momento procesal oportuno analice y valore debidamente cada una de las pruebas ofrecidas por la ``Alianza Ciudadana por Baja California Sur'' sobre el presunto fraude electoral, y en su momento, emita resolución para los efectos de anular la elección del pasado 6 de febrero y ordenar la reposición del proceso electoral.

Tercero. Solicitamos a la Secretaría de Gobernación interponga sus buenos oficios, para que de las múltiples anomalías mencionadas no derive un clima de violencia y represión contra la mayoría de los ciudadanos sudcalifornianos que disienten de las acciones del gobierno del estado de Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta a la Asamblea...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, permítame un segundo. ¿Con qué objeto, diputado Chávez?El diputado Adrián Chávez Ruiz: (desde la curul): Para invocar el artículo 13 del Acuerdo para la Conferencia respecto a solicitar a usted el uso de la palabra contra la urgente resolución.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Perdón. No le escuché esta última parte.El diputado Adrián Chávez Ruiz: (desde la curul): Quiero hablar contra la urgente resolución, fundamentada en el artículo 13 del Acuerdo de la Conferencia para la organización del orden del día de aquí, de la Cámara.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiere votar contra la urgente resolución?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): ¡Hablar! ¡Hablar!

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Estamos distinguiendo el trámite. Estamos distinguiendo el trámite, diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Chávez. Diputado, ya le otorgamos el uso de la palabra para hablar contra la urgente resolución. Adelante.El diputado Adrián Chávez Ruiz: Sí, gracias Presidente, nada más que era por cinco minutos, de acuerdo con el propio Reglamento, pero muy bien.

Aquí, el asunto, compañeras y compañeros diputados, es plantear que es muy difícil que alguien que visita el estado dos días en plena jornada electoral pueda tener un contexto de lo que sucedió dos meses durante la elección.

La Cámara de Diputados, nuestra LIX Legislatura, no puede estar discutiendo los problemas electorales de cada uno de los estados de la República, en cada una de las entidades, e impedir en los hechos que las instancias correspondientes revisen éstos con el tiempo suficiente, con la disponibilidad de pruebas de manera suficiente y, en este caso, por eso nos pronunciamos contra la urgente resolución.

Además, aquí se está planteando una serie de inexactitudes, desde que son primos Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez, lo cual es una falsedad, lo cual es una mentira, lo cual, nosotros tenemos aquí las actas de nacimiento de ambos y se podría corroborar, y el cuerpo del texto que asienta definitivamente una serie de situaciones que no son ciertas.

Incluso, el propio punto de acuerdo, la redacción del punto de acuerdo, viola el precepto de la presunción de inocencia porque, de facto, ya se está dando por hecho que lo que aquí vino a plantear el diputado es un hecho consumado, lo cual no corresponde a la verdad.

Se han presentado recursos de impugnación que, en el caso de los 16 distritos han sido desechados, se han presentado mal, han sido machotes únicamente de versiones de testigos que no se presentan, de testigos que no van a ratificar su declaración. Y sí, en cambio, se asentaron el día de la jornada electoral distintas irregularidades, como la presencia de gente armada que intimidó a los votantes en Comondú, el municipio del candidato de la Alianza, gente que estuvo con demandas penales precisamente por estar buscando inhibir la votación.

Se plantea aquí que se violaron los paquetes electorales, que se falsificaron. Yo les quisiera comentar que, a solicitud del representante Rodimiro Amaya, se abrieron los paquetes electorales y resultó que los propios paquetes en el cómputo estatal daban más votos para la coalición democrática sudcaliforniana y se pidió que se parara de abrir esos paquetes electorales porque estaba resultando peor esta circunstancia.

Creo que el asunto aquí de fondo no es un asunto del PRI, no es un asunto del Partido Revolucionario Institucional, ni siquiera del Partido Verde: es un asunto de Rodimiro Amaya Téllez, un candidato externo que se les impuso aún en contra de la voluntad de los priístas de Baja California Sur, que perdió en las encuestas, perdió en la encuesta de salida, perdió la elección, y pues lo que quiere ahorita el señor es repetir una elección hasta que los únicos que voten sean sus amigos, para poder ganar, lo cual para este Congreso no es admisible y les pedimos por tanto que rechacen esta urgente resolución. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... Existe mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Diputado Elpidio Concha, ¿con qué objeto?El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Presidente, era para hechos, pero ya se votó, así es que quedo conforme, señor Presidente. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En pro de la propuesta, la diputada Míriam Marina Muñoz Vargas.

La diputada Míriam Marina Muñoz Vargas: Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras legisladores: Acción Nacional y el pueblo de Sudcalifornia vivieron una de las etapas más viles del autoritarismo al enfrentar el pasado 6 de febrero una elección de Estado plagada de irregularidades, presiones y acarreo de votos, con un valor de cerca de mil 500 pesos por voto.

El tope máximo de candidatos de campaña a la gubernatura fue superado, pues se calcula que el gobierno del estado derrochó millones de pesos para imponer a la fuerza a su candidato. Nuestro candidato a la gubernatura en Baja California Sur, Luis Coppola, denunció una y otra vez el desaseo del proceso ante un Instituto Electoral confabulado y obediente a las órdenes del gobernador Cota Montaño.

Ahí están las pruebas, hoy hechas públicas; ahí están la inconformidad y el enojo de todos los partidos opositores y la mayoría de los sudcalifornianos. Temeroso se encuentra nuestro pueblo en Sudcalifornia de las consecuencias que pueda traer la llegada de un partido al poder que se dice democrático y que durante seis años pregonó la pluralidad, la democracia y el respeto y, sin embargo, accionó con el nepotismo, el autoritarismo y la venganza, propiciando que muchas familias sudcalifornianas bien nacidas tuvieran que emigrar de nuestro estado.

Por tanto, y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, como diputada federal representante de mi estado, Baja California Sur, hago uso de esta tribuna para apoyar el punto de acuerdo presentado por el Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián Chávez.El diputado Adrián Chávez Ruiz: Muchas gracias, Presidente: entendemos que la inconformidad se puede dar en un partido que prácticamente fue borrado en el estado de Baja California Sur, como es el Partido Acción Nacional, pero sustentemos en los hechos nuestra participación y es el problema de que el supuesto conflicto postelectoral sólo existe en los que, efectivamente, hicieron un gran derroche de recursos, que efectivamente comprometieron una serie de aspectos importantes para la vida del estado y que hoy no tienen cómo pagar con sus acreedores esos recursos. Y eso no lo digo yo; eso lo dice el delegado del PRI para Baja California Sur, el señor Marín, el cual dijo que el problema de Rodimiro era que tenía que justificar la cantidad de dinero que había obtenido en su campaña con sus acreedores.

No fue sorpresa que perdiera Rodimiro Amaya: perdió en las encuestas de Mitofsky, perdió con Covarrubias, perdió en la encuesta de María de las Heras. Se hace la elección, y pierde en los resultados del conteo de salida.

Señoras y señores diputados: hubo medios nacionales cubriendo la elección, y déjenme decirles que no se dieron ni la quinta o veinteava parte de las irregularidades que certificaron en estados como Oaxaca, donde ahí todavía tenemos un conflicto postelectoral.

Quiero decirles también que las irregularidades supuestas que se han presentado pues, efectivamente, se dieron; y se dieron, ¿por qué? Porque el candidato de la Alianza gastó millonadas de dinero en una campaña donde incluso invitaban a la gente a sus actos a cambio de participar en una rifa de 1 millón de pesos en el caso que el señor resultara ganador de la contienda electoral.

Vimos también cómo había un Tráiler de la Salud, que pedía a la gente una consulta; la gente daba sus datos de la credencial de elector, y nunca le dieron los resultados de sus estudios. Esa gente todavía está esperando la respuesta.

Vimos una campaña publicitaria donde gente a que se había apoyado por parte de patronatos de beneficencia aparecía en bardas y en fincas diciendo que daba gracias a Rodimiro por el apoyo que había recibido, cuando eso era totalmente falso y de todo eso la gente se enteró, pero fundamentalmente el resultado de Baja California Sur se puede entender a partir de tres circunstancias. La primera es la opinión que yo tengo: hay un gobierno popular, un gobierno democrático, un gobierno que ha cumplido las expectativas de la gente, que logró pasar de contar con Baja California Sur una dependencia 100 por ciento del Presupuesto del Gobierno Federal, a contar una obra pública con recursos propios.

La segunda explicación ya se las dije: fundó sus expectativas de triunfo en cuentas alegres; y su trabajo, en función de su persona y no en un proyecto incluyente. Aseguraba que tenía un activo de 85 mil votos, sumando cantidades de sufragios obtenidos por terceras personas en otras elecciones. No lo digo yo, lo dice el Presidente del PRI en Guerrero, ex alcalde de Taxco, Enrique Marín Castillo.

Los invito a que pregunten a los priístas de Baja California Sur, a que le pregunten a los que consiguieron los votos, ¿por qué perdió el PRI, por qué se ganaron los 16 distritos por parte del PRD? Y dejemos ya a las autoridades resolver esto conforme a derecho, que por cierto ya desechó sus 16 impugnaciones, y que en todo caso avancemos en el esfuerzo de reconciliación del pueblo de Baja California Sur, que ganó el pueblo que salió a votar, a pesar de la intimidación del señor Rodimiro Anaya Téllez. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Alberto Aguilar Iñárritu.El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu: Con su venia, señor Presidente: no nos extraña, compañeros, que nos vengan a hablar de derroches de recursos por parte de instituciones que están absolutamente vendidas con un gobierno. Ya lo esperábamos, por eso vamos a ir al Tribunal Federal Electoral a pedir la nulidad de las elecciones.

Lo que aquí estamos discutiendo no son los pleitos internos del PRD. Lo que aquí estamos discutiendo es si vamos a apoyar la soberanía en Baja California Sur, que reside en un pueblo que no tiene derecho a votar sin autoridad del gobierno encima o no; ése es un asunto de democracia, no de partidocracia, menos aun de grupos de interés.

No nos engañemos: Baja California Sur vive un momento muy difícil en términos políticos. Hace seis años explotó el PRI, del cual era militante el actual gobernador, Leonel Cota Montaño, y hoy explota el PRD; de ahí que haya habido una candidatura externa. En Baja California Sur es necesario reconstruir desde el ring, señores, desde los jueces, hasta el martillo, señores, para que no peguen con él por la espalda.

Es necesario que el pueblo de Baja California Sur conquiste, una vez más, la soberanía perdida, para que ese estado pueda cumplir los requisitos elementales que le permitan satisfacer a los ciudadanos en sus necesidades crecientes de un desarrollo que hasta ahora es muy cosmético, señores. Ése es el fondo.

Aquí nosotros jamás hemos establecido ningún planteamiento contra el ejercicio de cualquier ciudadano que haya votado por el color que guste, en su legítimo derecho de hacerlo. Somos los primeros en reconocer que hubo alta participación de la ciudadanía, que salió a las calles a votar por los distintos colores. Ése no es el tema; el tema es que hubo un gobierno antes, durante y después de la jornada en este proceso que pertenecía a los ciudadanos.

Lo denunciamos en su momento, clausuramos el Palacio de Gobierno en su momento, exigimos que sacara las manos de la jornada, hay videos, hay grabaciones, hay mil elementos de este tipo. Ahora, lo que estamos exigiendo es la nulidad de las elecciones porque no se cumplieron los principios de certeza, legalidad, transparencia e imparcialidad, que son fundamentales para que el pueblo ejerza su soberanía.

No quitemos a Baja California Sur el derecho a vivir en un estado soberano. El ejercicio que estamos haciendo en este momento es lo que recuerda, es lo que promueve, no la partidocracia ni los pleitos internos. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tenemos dos últimas solicitudes de oradores, Arturo Nahle y Pablo Gómez. Preguntábamos al Partido de la Revolución Democrática quién de los dos hace uso de la palabra porque, entonces, ya se estarían cumpliendo los tres en contra. Bueno, entonces Pablo Gómez, adelante. Declina el diputado Nahle. Adelante, diputado Pablo Gómez.El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados: me pregunto ¿por qué Aguilar Iñárritu no se presentó como candidato? Y habría tenido quizá el apoyo de Acción Nacional en Baja California.

Dice el diputado Aguilar que hace seis años el PAN explotó, se dividió, pero dice que aquí no venimos a discutir problemas internos de los partidos y lo único que escuché hablar al diputado Aguilar fueron problemas internos de los partidos, que se han hecho problemas externos de la entidad, lo cual ocurre en todos los lugares donde tal situación se presenta.

Sí, efectivamente. Pero en esta ocasión el PRD no explotó porque si hubiera explotado, le habría pasado lo mismo que al PRI hace seis años y habría perdido la gubernatura. El PRI tomó un candidato perredista, senador de la República, como candidato. Bueno, estaba en su derecho; lo presentó, algunos del PRI no estaban de acuerdo porque ofreció al PRI sacarle los votos al PRD. Resulta que no le sacó los votos al PRD; hubo un mal cálculo de los estrategas priístas, pero eso no es responsabilidad del PRD.

Luego, dicen que el gobernador, el candidato a gobernador que obtuvo la mayoría es primo del gobernador saliente. En primer lugar, no es primo y, segundo lugar, si lo fuera, ¿qué, qué? Hay gente que no tiene ningún parentesco y que apadrina y asume como sus ahijados a otros que no tienen nada que ver con su familia. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué?

Bueno, aquí lo que estamos discutiendo no es otra cosa más que lo siguiente: los dos partidos que perdieron la elección piden al Tribunal Electoral que la anule, ¡lógico! ¿Y cuál es el valor de la resolución que va a tomar la Cámara? Desgraciadamente, ninguno, ¿por qué? Porque son los dos partidos que perdieron que hacen una mayoría, le piden a un Tribunal que anule una elección, pues no hay magistrado que les haga caso, señores, así será.

En otra ocasión pierde, gana el PRI, pierde el PRD, pierde el PAN, nos unimos con Convergencia, el PT, no sé quién más, sacamos otra resolución así. ¿Qué magistrado nos va a hacer caso? O sea, en conclusión, diputado Aguilar: todo esto es una perdedera de tiempo, para eso hubo reforma electoral, órganos electorales, tribunal. Ya estuvo bueno de estar discutiendo eso en esta Cámara.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición del diputado Elpidio Concha. Permítame un segundo.El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu (desde la curul): Señor Presidente, para alusiones personales. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, el señor diputado Alberto Aguilar Iñárritu.El diputado José Alberto Aguilar Iñárritu: Con su venia. En efecto, es una pena que sigamos discutiendo en esta Cámara la imposibilidad de tener democracia en muchos estados. Es una pena que lo que avanzamos en la Federación no estemos dispuestos a respetarlo en muchos estados, y éste es un caso.

Aquí lo que se generó fue un frente, un frente partidario que sacó a un candidato que, por cierto, como el señor Leo-nel Cota Montaño, fue militante del PRI y esto es una realidad que nosotros debemos entender en el tema de Baja California Sur. Probablemente aquí suene un poco raro esto, pero en Baja California Sur ésa es nuestra realidad.

Pero lo que estamos discutiendo no es cómo estuvieron las preferencias de militancia en un caso o en otro; lo que estamos discutiendo es cómo se violó la Ley de Baja California Sur al permitir encuestas de salida que la propia ley prohibía, hechas por dos encuestadoras contratadas por dos televisoras; cómo antes de que cerraran las casillas, antes de las 6 de la tarde, se habían dado en las televisoras nacionales unos resultados de 7 puntos; cómo se estableció un gallo monumental por las calles para decir que se había ganado con un albazo, cómo teníamos en nuestros registros que habíamos ganado con 7 mil 644 votos. Cómo el Instituto Estatal Electoral, como no tiene PREP, porque también el PREP está prohibido, óiganlo bien, está prohibido un PREP.

Cómo el Instituto Estatal Electoral era incapaz de dar a conocer las actas a las 11:30 de la noche, porque supuestamente no había actas. Después, a las 12, dijo que tenía 14 por ciento de las actas. Cómo el Presidente del Instituto Estatal Electoral dio los resultados de manera global por municipio y no casilla por casilla y cuando se retiraron los representantes del PAN, del PRI, del Verde y del PT, milagrosamente a las 3 de la mañana tenía 90 por ciento de las actas, con las mismas cifras que había dado la encuesta de salida que estaba prohibida horas antes.

Estamos diciendo, cómo al momento de entregar el recurso de nulidad nosotros en el Instituto Estatal Electoral, la Secretaría dijo que habíamos llegado tarde con el recurso, pero cuando se le dijo este reloj dice que no es tarde, dijo: ``en el mío, ustedes llegaron tarde''. Y se levantó el acta y los siete relojes de los funcionarios tenía horarios distintos. Estamos hablando de que no hay certeza, de que no hay legalidad, de no hay transparencia, de que no hay imparcialidad. Y eso violenta la soberanía de un estado y sí es motivo de nosotros discutirlo porque no lo podemos permitir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

Tiene la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se pospone.

Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal instruir una investigación sobre las graves... ¿No está Eliana García Laguna? Pasa al final del capítulo.

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ESTADO DE SONORA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe gestionar lo necesario para eliminar la caseta de cobro de Esperanza de la autopista federal Estación Don-Nogales o bien, reubicar la misma, una vez que quede concluido el libramiento respectivo.El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente. El tramo Estación Don-Nogales de la autopista federal México-Nogales, mejor conocido como ``carretera cuatro carriles en Sonora'', inició formalmente operaciones el 1 de junio de 1989, con una longitud de 459 kilómetros y 6 casetas de cobro, distribuidas a lo largo del territorio del estado de Sonora. Para efectos legales, dicho trámite puede ser considerado carretera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de Puentes y Autotransporte Federal.

El actual concesionario de dicha ruta es Banobras, a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Sin embargo, quien opera directamente la misma es Capufe. En particular, hoy quiero referirme a la difícil situación que día a día enfrentan los habitantes del sur del estado de Sonora, concretamente del municipio de Cajeme. Cajeme el segundo municipio más importante del estado en términos de población y actividad económica; se encuentra prácticamente sitiado por dos casetas de cobro: la de Esperanza, al norte, y la de Fundición, al sur.

Así, el crecimiento poblacional y el auge económico que Cajeme ha experimentado en los últimos años han provocado que ambas casetas de cobro se encuentren actualmente dentro del casco urbano de la cabecera de dicho municipio, Ciudad Obregón. Este hecho contraviene lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que a la letra dice: ``Dentro de los límites urbanizados y urbanizadas de poblaciones, las empresas de vías generales de comunicación no podrán poner obstáculos de ningún genero que impidan o estorben cualquier forma o que molesten el uso público de las calles, calzadas o plazas, a juicio de las autoridades locales''.

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la carretera de cuatro carriles no cuenta con un libramiento que permita a quienes no deseen pagar cuotas continuar su camino con seguridad y comodidad. Por el contrario, las rutas habilitadas como alternas no están pavimentadas, no tienen señalamientos ni son seguras, pues en la mayoría de los casos se trata de caminos vecinales, agrícolas y brechas.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal Antonio Astiazarán Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del PRI, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe la eliminación de la caseta de cobro de Esperanza en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas, de la carretera cuatro carriles.

Segundo. En caso de que la Federación determine inviable la eliminación de la caseta de cobro de Esperanza, hago un atento exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, inicie con la mayor brevedad los trabajos de construcción y puesta en funcionamiento el libramiento para el tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas.

Tercero. Una vez concluido dicho libramiento, se reubique la caseta de cobro de Esperanza fuera del casco urbano de Ciudad Obregón. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a gestionar lo necesario para eliminar la caseta de cobro de ``Esperanza'' de la autopista federal Estación Don-Nogales, o bien, reubicarla cuando quede concluido el libramiento respectivo, a cargo del diputado Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tramo Estación Don-Nogales, de la autopista federal México-Nogales, mejor conocido como la carretera de cuatro carriles, inició formalmente operaciones el 1 de junio de 1989 con una longitud de 459 kilómetros y 6 casetas de cobro distribuidas a lo largo del territorio del estado de Sonora.

Para efectos legales, dicho tramo puede ser considerado como carretera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:

Artículo 2.- ``Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Caminos o carreteras: a. Los que entronquen con algún camino de país extranjero;''

El actual concesionario de dicha rúa es Banobras, a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, FARAC; sin embargo, quien opera directamente la misma es Capufe.

En particular, hoy quiero referirme a la difícil situación que día a día enfrentan los habitantes del sur de Sonora, concretamente, del municipio de Cajeme.

Cajeme, el segundo municipio más importante del Estado en términos de población y actividad económica, se encuentra prácticamente ``sitiado'' por dos casetas de cobro: la de ``Esperanza'', al norte, y la de ``Fundición'', al sur. Así, el crecimiento poblacional y auge económico que Cajeme ha experimentado en los últimos años, ha provocado que ambas casetas de cobro se encuentren actualmente dentro del casco urbano de la cabecera de dicho municipio, Ciudad Obregón.

Este hecho contraviene lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que a la letra indica:

Artículo 43.- ``Dentro de los límites urbanizados y urbanizables de las poblaciones, las empresas de vías generales de comunicación no podrán poner obstáculo de ningún género que impida o estorbe en cualquier forma o que moleste el uso público de las calles, calzadas o plazas, a juicio de las autoridades locales...''

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la Carretera de Cuatro Carriles --en el que se ubica la caseta de ``Esperanza''- no cuenta con un libramiento que permita a quienes no desean pagar cuotas, continuar su camino con seguridad y comodidad. Por el contrario, las rutas ``habilitadas'' como alternas no están pavimentadas, no tienen señalamientos, ni son seguras, pues en la mayoría de los casos se trata de caminos vecinales, agrícolas y brechas.

Este hecho contraviene, además de la garantía de libre tránsito, a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que textualmente señalan:

Artículo 40.- ``Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación... para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;'' Artículo 25.- ``La Secretaría (de Comunicaciones y Transportes), tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.''

Esta situación afecta económica y socialmente al sur de Sonora --la zona más poblada del estado--, pues además de restringir el libre tránsito por la Carretera de Cuatro Carriles infringiendo con ello el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menoscaba el patrimonio de empresarios, inversionistas, transportistas, turistas y familias de la región.

Todo lo anterior se agrava aún más con el reciente aumento de 3.6% a las cuotas de peaje, medida altamente impopular y ampliamente rechazada por los usuarios de la vía, pues no perciben que las cuotas que pagan se traduzcan en mayor infraestructura, rehabilitación y mejoras de la carretera de cuatro carriles.

Pongo como ejemplo, el caso de los maestros residentes en Ciudad Obregón que acuden a impartir clases en comunidades rurales de Cajeme como Estación Corral, Loma de Guamúchil, Tajimaroa y Vícam y que ante la ausencia de un libramiento, cada uno tiene que pagar alrededor de 110 pesos diarios por concepto de cuotas en la caseta de ``Esperanza'' .

En este sentido, diversos sectores representativos de la sociedad cajemense como: grupos de maestros; cámaras empresariales locales como Canaco, Canacintra, Canirac y la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar); el Club de Usuarios y Consumidores de Ciudad Obregón; partidos políticos; medios de comunicación; diputados locales; el Ayuntamiento de Cajeme; y la tribu yaqui, han alcanzado un consenso y exteriorizado públicamente sus demandas porque la caseta de cobro de ``Esperanza'' sea eliminada, o en su caso, reubicada a un punto donde no afecte a la población del sur de Sonora.

Ahora bien, de no ser posible la eliminación de dicho centro de cobro, hago un atento exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, destine en el presente ejercicio fiscal, el recurso presupuestal suficiente para la construcción y puesta en funcionamiento del libramiento en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la Carretera de Cuatro Carriles; esto, como requisito previo a la reubicación de la caseta de cobro de ``Esperanza''.

Esto último, con fundamento en la fracción XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción I del artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en lo conducente señalan:

Artículo 36.- ``A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales...'' Artículo 3.- ``Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal: I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación;''. Artículo 5.- ``Corresponden a la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes), sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;''

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, se permite poner a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos la eliminación de la caseta de cobro de ``Esperanza'' en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la Carretera de Cuatro Carriles.

Segundo. En caso de que la Federación determine inviable la eliminación de la caseta de cobro de ``Esperanza'', hago un atento exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, inicie a la brevedad los trabajos de construcción y puesta en funcionamiento del libramiento para el tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas.

Tercero. Una vez concluido dicho libramiento, se reubique la caseta de cobro de ``Esperanza'' fuera del casco urbano del municipio de Cajeme.

México, DF, a 16 de febrero de 2005.--- Dip. Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Francisco Astiazarán Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Tiene el uso de la palabra la diputada doña Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario... Pasa al final.

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sector turismoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a instrumentar un sistema de contabilidad laboral del turismo.La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputada.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Consideraciones:

Una de las principales demandas de la población en los últimos años ha sido la generación de empleos, siendo que en la actualidad el sector turístico crea 1 de cada 20 empleos remunerados en la economía nacional y tiene enorme potencialidad hacia el futuro en este sentido.

El empleo generado en esta industria está enmarcado en una actividad económica dependiente de factores externos que determinan su comportamiento, como eventos terroristas, fenómenos naturales, crisis económicas y periodos vacacionales, por citar sólo algunos ejemplos.

Actualmente, el INEGI registra como parte de la cuenta satélite de turismo de México la aportación de la actividad turística, la ocupación total del país, lo que permite realizar comparativos con el resto de los sectores económicos en términos de productividad y está basada en las cuentas nacionales de México.

La Organización Internacional del Trabajo, en cooperación con la OMC y la OCDE, ha formulado una metodología para crear un sistema de contabilidad laboral para el turismo con independencia de la cuenta satélite de turismo, lo que permite medir de manera más específica, detallada y amplia el nivel de las características del empleo generado por la industria del turismo. Con base en lo expuesto, propongo a la H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir al INEGI para que instrumente un sistema de contabilidad laboral para el turismo como registro independiente de la actual cuenta satélite de turismo, partiendo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con objeto de propiciar la obtención de mejores y más completos resultados en la evaluación del empleo y las condiciones de trabajo en este sector, lo que apoyará la generación de empleos y la elevación de las condiciones de vida para estos trabajadores y, al propio tiempo, impulsar el desarrollo de esta actividad, cada vez más estratégica en el mapa económico del país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades locales del trabajo a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades de inspección, velen de manera permanente por el respeto de los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en las actividades del turismo de nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP y de la STPS a establecer un sistema de contabilidad laboral del turismo y velar por el respeto de los derechos de los trabajadores del sector, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1.- Una de las principales demandas de la población en los últimos años ha sido la generación de empleos, siendo que en la actualidad el sector turístico crea uno de cada 20 empleos remunerados en la economía nacional y tiene una enorme potencialidad hacia el futuro en ese sentido. Pero esto no es suficiente; la desigualdad, que es uno de los principales problemas para el desarrollo de México, está presente específicamente en este sector. El designio del ramo no debe ser sólo generar cantidad de empleos; sino que desde el ámbito legislativo se debe impulsar la creación y el seguimiento de indicadores que propicien la calidad de los mismos, es decir el establecimiento y respeto de condiciones de trabajo dignas y en el marco de la ley, en favor de las personas que prestan sus servicios en esta industria, lo que simultáneamente se traducirá en una elevación de la productividad del sector.

2.- El empleo generado en esta industria está enmarcado en una actividad económica dependiente de factores externos que determinan su comportamiento como eventos terroristas, fenómenos naturales, crisis económicas, períodos vacacionales, por citar algunas. Esto genera un constante ambiente de incertidumbre, propiciando que se mantenga una plantilla de trabajadores mínima y básica, y que en temporadas de auge se recurra a contrataciones temporales, circunstancias que amenazan la estabilidad laboral de gran número de trabajadores.

3.- Se añaden a este escenario condiciones derivadas de las características propias de la actividad como horarios de trabajo irregulares, trabajo frecuente los domingos, salarios sin un elemento básico fijo y sometido a las propinas, omisión generalizada del pago de del tiempo extraordinario, disparidad de hasta un 80% entre los salarios de la mayoría de los trabajadores y los puestos gerenciales, insuficiente capacitación para el trabajo.

4.- Lo anterior contraría el derecho de todo trabajador a beneficiarse de condiciones legales y satisfactorias de trabajo, de protección a su salud y en general a su integridad física, debiéndose readecuar el sistema de contratación de manera que se brinde una mayor estabilidad en el trabajo, ya que el índice de rotación en este sector es demasiado elevado lo que impacta negativamente a ambos factores de la producción.

5.- Actualmente el INEGI registra como parte de la Cuenta Satélite de Turismo de México la aportación de la actividad turística a la ocupación total del país, lo que permite realizar comparativos con el resto de los sectores económicos, en términos de productividad y está basada en las Cuentas Nacionales de México; es decir, tiene un enfoque esencialmente económico-empresarial para la toma de decisiones en el ámbito de los negocios; por lo que resulta insuficiente si lo que queremos obtener son características de las ocupaciones generadas, calidad de las condiciones de trabajo, rendimientos de trabajo, distribución del ingreso en el sector, entre otros.

6.- La Organización Internacional del Trabajo en cooperación con la Organización Mundial de Turismo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha formulado una metodología para la creación de un Sistema de Contabilidad Laboral para el Turismo con independencia de la Cuenta Satélite de Turismo, lo que permite medir de manera más específica, detallada y amplia el nivel y las características del empleo generado por la industria del turismo y con un fin de tutela a los derechos de los trabajadores. Nuestra propuesta va en el sentido de hacer extensivo a nuestro país este Sistema de Contabilidad, como una ampliación del sistema de contabilidad laboral general que opera el INEGI.

Con base en todo lo expuesto, propongo a la H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para instruir al INEGI a que instrumente un Sistema de Contabilidad Laboral para el Turismo como registro independiente de la actual Cuenta Satélite de Turismo, partiendo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de propiciar la obtención de mejores y más completos resultados en la evaluación del empleo y las condiciones de trabajo en este sector, lo que apoyará la generación de más empleos y la elevación de las condiciones de vida para estos trabajadores y, al propio tiempo impulsar el desarrollo de esta actividad cada vez más estratégica en el mapa económico del país.

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a las autoridades locales del trabajo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades de inspección, velen de manera permanente por el respeto a los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en las actividades del turismo en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, doña Nancy Cárdenas Sánchez.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Ruego, señor Presidente, por favor, que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social.

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TELEFONIA CELULAR
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Cofetel a presentar un informe de los concesionarios en México de telefonía celular en los servicios de mensajes cortos.El diputado Ángel Pasta Muñuzuri: Con su permiso, señor Presidente. Por respeto al tiempo, hago una síntesis y solicito, señor Presidente, que se publique el texto original en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

El suscrito, diputado federal Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes considerandos:

La telefonía celular en nuestro país gana cada día más adeptos por las ventajas que ofrece en comparación con la telefonía convencional y, sin embargo, es precisamente la creciente demanda lo que motiva a los concesionarios a invertir grandes sumas en la modernización de los sistemas de transmisión de señales, sin medir los posibles daños que pueden ocasionar a nuestra niñez mexicana, ya que la publicidad de los diferentes medios de comunicación es desmedida.

Es un gran peligro que nuestros niños estén al alcance de mensajes no adecuados para su edad; ya que en los medios de comunicación la invitación que hacen para solicitar mensajes de consejos dudosos en diferentes temas notoriamente nos damos cuenta de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, más aún, la Comisión Federal de Telecomunicaciones no vigilan adecuadamente dicha función.

No hay que dejar pasar por alto a nuestra juventud y, aún más, a nuestra niñez, ya que ellos están al alcance de estos servicios sin ningún control y supervisión. Siento que en la mayoría de éstos hay supuestos, y digo supuestos, consejos mal orientados sexualmente. Solicito punto de acuerdo.

Único. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones rindan a esta Cámara de Diputados un informe detallado de la revisión de las funciones y la mercadotecnia que utilizan los concesionarios de telefonía celular en nuestro país y principalmente del servicio de mensajes cortos que tiene a su cargo, explicando qué tipo de mensajes son los más comunes y los de mayor ingreso para las empresas.

Es cuanto, señor Presidente. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de la Cofetel a presentar un informe sobre los concesionarios de telefonía celular en México, en los servicios de mensajes cortos, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La telefonía celular en nuestro país, gana cada vez más adeptos, por las ventajas que ofrece en comparación con la telefonía convencional sin embargo, es precisamente la creciente demanda lo que motiva a los concesionarios a invertir grandes sumas en la modernización de los sistemas de transmisión de señales.

En los próximos años, los volúmenes totales de mensajes de texto por teléfono celular se cuadruplicarán de 670 mil millones en 2002 a 2.6 billones en 2007 gracias a la popularidad que ha tenido este servicio en todo el mundo, prevé la firma de investigación Analysys.

Tan sólo en Estados Unidos, la mensajería de texto aumentó de 33 millones de mensajes telefónicos enviados en junio de 2001 a mil millones en diciembre de 2002, según la Cellular Telecommunications & Internet Association.

El servicio de mensajes cortos, ya representa para algunos operadores en Europa entre el 10 y el 15 por ciento de su facturación total; por ejemplo, para la empresa inglesa de telefonía móvil Mmo2, los servicios de datos representaron el 17 % de sus ingresos en 2002.

Con un negocio del servicio de mensajes cortos en auge, Mmo2 introduce ahora servicios de mensajería más avanzados y busca lograr que sus servicios de datos representen el 25 por ciento de la facturación en los próximos meses.

Luego que el año pasado la facturación mundial por servicios de mensajes cortos por teléfono fue de 31 mil millones de dólares, en 2007 podría ascender vertiginosamente a 69 mil millones, siempre y cuando los operadores fomenten el crecimiento del servicio, refiere Analysys.

La combinación de ese éxito en el negocio y la creciente popularidad de la mensajería en el continente americano está alentando a los operadores de la región a lanzar más servicios de datos, señala 3GAméricas, una organización de operadores que fomenta el uso de la tecnología GSM.

Destaca que las redes de próxima generación que soporta GSM ofrecen la mejor capacidad para lanzar una amplia gama de servicios generadores de facturación, particularmente el Servicio de Mensajería Multimedia, con fuerte potencial de convertirse en un servicio de datos para el mercado masivo.

Los datos de crecimiento económico, para la telefonía celular en el ámbito mundial y principalmente en nuestro país, México, son alentadores, existe el gran temor, es que la comisión federal de telecomunicaciones, presidida por el licenciado Jorge Arredondo Martínez, no proporcione la debida vigilancia al uso de la telefonía celular.

Es un gran peligro que nuestros niños estén al alcance de mensajes no adecuados para su edad, ya que en los medios de comunicación, la invitación que hacen para solicitar mensajes de consejos dudosos en diversos temas, notoriamente nos damos cuenta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y más aún la Comisión Federal de Telecomunicaciones no vigilan adecuadamente dicha función.

Los datos de crecimiento que proporciono en esta relatoría, en el sentido económico para cualquier país son excelentes, pero no hay que dejar pasar en alto a nuestra juventud y más aun a nuestra niñez, ya que ellos están al alcance de estos servicios.

Por consiguiente solicito al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, rindan un informe a esta Cámara de Diputados, de las revisiones a los concesionarios de telefonías celulares, y principalmente del servicio de mensajes cortos, que tienen a su cargo.

Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones rindan a esta Cámara de Diputados un informe detallado de la revisión de las funciones, a los concesionarios de telefonías celulares en nuestro país, y principalmente del servicio de mensajes cortos que tienen a su cargo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Ángel Pasta Muñuzuri. Como lo ha solicitado el señor diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates.

Como lo tiene registrado la Presidencia como asunto de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución; está a discusión. En virtud de que la Presidencia no tiene registrados oradores en la discusión, se considera suficientemente discutido y, por tanto, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobado; comuníquese.

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CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2001 y de 2002.El diputado Carlos Hernán Silva Valdés: Con su anuencia, diputado Presidente: Carlos Silva, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Conforme lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la honorable Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva e indelegable la de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, y de comprobar si el ejercicio de los recursos se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

En consecuencia, el estudio, análisis, revisión y dictamen de la Cuenta Pública revisten importancia fundamental, no sólo para reafirmar la atribución legislativa de ejercer un control constitucional sobre el ingreso y el gasto de la Federación sino, esencialmente, para garantizar a los mexicanos que el ejercicio público y la aplicación de los recursos públicos federales se apeguen irrestrictamente a los principios de transparencia, honestidad, honradez, eficacia y eficiencia.

Esta facultad obligatoria de la Cámara de Diputados cobra mayor relevancia al considerar que el proceso de revisión de las Cuentas Públicas de 2001 y de 2002 ha sido objeto de un grave retraso por la falta de presentación de los dictámenes respectivos.

Es asimismo inédito que por primera vez este cuerpo legislativo tenga el análisis de tres ejercicios fiscales, sea en dictámenes o en práctica de auditorías; esto es, los correspondientes a las Cuentas Públicas de 2001, 2002 y 2003, por lo cual es imperativo presentar los dictámenes correspondientes para finiquitar los procesos de revisión de las Cuentas Públicas.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales señalados, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 45, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a las comisiones ordinarias legislativas opinión fundada --si la hubiere-- de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal por los años 2001 y 2002; y de conformidad con lo que establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proceda de inmediato --termino, señor Presidente--, proceda de inmediato a elaborar los dictámenes respectivos y, en consecuencia, los presente al Pleno de esta honorable Asamblea.

Le solicito atentamente, diputado Presidente, que tenga a bien ordenar la inserción íntegra de la presente proposición, en virtud de que sólo leí un extracto de la misma. Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a dictaminar las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 2001 y de 2002, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Conforme lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva e indelegable la de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con objeto de:

1) Conocer los resultados de la gestión financiera,

2) Comprobar si el ejercicio de los recursos se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,

3) Y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

En consecuencia, el estudio, análisis, revisión y dictamen de la Cuenta Pública reviste una importancia fundamental, no sólo para reafirmar la atribución legislativa de ejercer un control constitucional sobre el ingreso y el gasto del Ejecutivo, sino esencialmente para, garantizar a los mexicanos que el ejercicio público se apegue irrestrictamente a los principios de transparencia, honestidad, honradez, eficacia y eficiencia.

Esta facultad, obligatoria de la H. Cámara de Diputados, cobra mayor relevancia al considerar que el proceso de revisión de las Cuentas Públicas 2001 y 2002 ha sido objeto de un grave retraso por la falta de presentación de los dictámenes respectivos, lo que ha limitado las acciones de fortalecimiento de los programas y políticas de gobierno y alentado la permanencia de conductas no deseadas de los servidores públicos. Igualmente esta indebida omisión de los legisladores ha coartado, de manera inexplicable, dichas facultades que la Constitución les otorga.

Es asimismo inédito que por primera vez este cuerpo legislativo tenga el análisis de tres ejercicios fiscales, sea en dictámenes o en práctica de auditorías, esto es, los correspondientes a las Cuentas Públicas 2001, 2002, y 2003, por lo cual es necesario presentar los dictámenes correspondientes para finiquitar los procesos de revisión de las Cuentas Públicas de los primeros dos años de gobierno del Presidente Vicente Fox y evitar que esto se repita en lo que se refiere a la Cuenta Pública de 2003.

En tal virtud, se propone tomar las medidas pertinentes para que el Pleno de la H. Cámara de Diputados ejerza plenamente las atribuciones que le han sido conferidas y se cumpla estrictamente con la obligación Constitucional de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo que implica que los legisladores deberán recibir los dictámenes de las Cuentas Públicas 2001 y 2002, por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en consecuencia, determinar lo que se considere procedente.

Es conveniente también, que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados de las auditorías practicadas, así como el avance a la fecha, de las acciones promovidas para el fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones que hubieren procedido.

Compañeras y compañeros legisladores, considero que de no tomar las medidas pertinentes sobre este asunto, se contraviene lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numeral 1, y 45 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales señalados, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a las comisiones ordinarias legislativas opinión fundada, si la hubiere, de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal por los años 2001 y 2002 y de conformidad con lo que establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proceda de inmediato a elaborar los dictámenes respectivos y en consecuencia los presente al Pleno de esta honorable asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputado. Como solicita el señor diputado don Carlos Hernán Silva Valdés, insértese el texto íntegro de la proposición en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con diversos comentarios emitidos.El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Gracias. Con su venia, diputado Presidente, y le solicito atentamente que, por obviedad de tiempo, el texto íntegro sea incluido en el Diario de los Debates.

El 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, en julio de 1990, nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría.

Fue en enero de 1992 cuando se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Nuestro ombudsman, entendiéndose como tal al titular de la institución, es el gestor, el mediador, el intermediario o el defensor de los particulares, el cual no debería reconocer relación jerárquica con la autoridad gubernamental ni poder público alguno, menos aun con partidos políticos o con otros grupos o factores reales de poder.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, mencionó en días pasados que, a título personal, el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista jurídico, no procede, ya que el supuesto delito de desacato que cometió no tiene pena específica y --por tanto-- no hay ley que lo sancione. Si no hay delito, no hay pena, aclaró. Esta afirmación está fuera de lugar, ya que esto es un asunto que compete a la autoridad correspondiente, en este caso la Sección Instructora del Pleno de esta Cámara.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe dedicarse a velar por la legalidad, la imparcialidad, la neutralidad y la institucionalidad como normas de conducta vigente y no subirse al caballo en función de coyunturas políticas.

Uno de los ejes principales del nuevo modelo de Estado democrático es, efectivamente, la promoción y la protección de los derechos humanos como un asunto importante para la sociedad contemporánea. Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. Hacer un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que se abstenga de emitir comentarios de carácter que no son de su competencia y que sólo enrarecen el clima político y social del país.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación con diversos comentarios emitidos, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

Nuestro ombudsman --entendiéndose como tal al titular de la institución-- es el gestor, el mediador, el intermediario o el defensor de los particulares, el cual no debiera reconocer relación jerárquica con autoridad gubernamental ni poder público alguno, menos aún con partidos políticos o con otros grupos o factores reales de poder.

Por tanto, el titular de la institución, en ejercicio de su independencia, realiza las actividades señaladas por la ley de la materia en atención a las demandas públicas que en este caso son la promoción y defensa de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, con ausencia de obligación, sumisión, jerarquía o jurisdicción respecto de cualquier otro organismo o autoridad. Y la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra ubicada al margen del Poder Judicial, basándose en la división tripartita de los Poderes de la Unión, por tal motivo dicha institución se ubica fuera de todo contexto jurisdiccional, en congruencia con el estado de derecho en el cual nos encontramos inmersos en nuestro país.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes Fernández, mencionó en días pasados, ``que a título personal el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista jurídico no procede ya que el supuesto delito de desacato que cometió no tiene pena específica y por tanto no hay ley que lo sancione. Si no hay delito no hay pena aclaró''. Esta afirmación esta fuera de lugar, ya que esto, es un asunto que le compete a la autoridad correspondiente que en este caso es, la sección instructora, el pleno de la Cámara y en caso de proceder, será asunto de la autoridad jurisdiccional quién tendrá que dictar la resolución pertinente, no el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque su persona, no está facultada para emitir declaraciones en el sentido que lo hizo, lo cuál, solo enrarece el clima político y social que se vive en nuestro país.

El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe dedicarse exclusivamente a opinar sobre asuntos que son de su competencia, a velar por la legalidad, la imparcialidad, la neutralidad y la institucionalidad como normas de conducta vigentes, y no subirse al caballo en función de coyunturas políticas o de intereses partidistas. De hecho, para el ombudsman ésos son los valores intrínsecos a su función y a sus objetivos, implícitos en su concepción, por lo que no pueden estar sujetos ni a momentos históricos ni a acomodos circunstanciales.

Lo dicho en la prensa por Soberanes, lo dijo como jurista y no tanto como ombudsman, pudiera ser, lo grave del asunto es que una persona con esa investidura no tan fácil puede despojarse de ella y subirse al ring a opinar en asuntos que son de carácter meramente jurídico y que perjudican invariablemente a las instituciones del país.

Uno de los ejes principales del nuevo modelo de Estado democrático, es efectivamente la promoción y la protección de los derechos humanos, como un asunto importante para la sociedad contemporánea. Por tratarse de un tópico de interés público, pero además porque es una de las principales fuentes de legitimidad de los gobiernos; por esa razón, bajo ninguna circunstancia, los criterios que rijan su conducta, pueden quedar sujetos a las dinámicas partidistas o a las agendas de la coyuntura política.

Por todo lo anterior se pone a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Hacer un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que se abstenga de emitir comentarios de carácter que no son de su competencia y que solo enrarecen el clima político y social del país.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Tomás Trueba Gracián. Como lo ha solicitado, insértese íntegro el documento en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición por la que se exhorta a la Seduvi del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón a mantener el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango.El diputado Víctor Suárez Carrera: Gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros: la delegación Álvaro Obregón, de la cual soy diputado federal en su distrito XVI, se asienta sobre las estribaciones de la sierra de Las Cruces, que es la zona montañosa localizada al oeste de la Ciudad de México.

Esta ubicación determina un relieve de lomeríos y la formación de una serie de barrancas, cuyo cauce desciende del poniente al oriente. Las barrancas corren paralelas de sur a norte y son Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Guadalupe y Texcalatlaco. Estas barrancas son las zonas naturales a las cuales desembocan los escurrimientos pluviales y varios manantiales. Además, constituyen una importante área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a los pobladores del Distrito Federal.

Por ello, esta serie de barrancas, junto a las ubicadas en las delegaciones aledañas, son una importante salvaguarda para la ciudad, pues constituyen un sistema de control y manejo de escurrimientos pluviales o aguas pluviales hacia la cuenca en que se encuentra asentada la población.

De esa manera, estas barrancas han sido objeto de la presión especulativa de intereses inmobiliarios que solamente buscan afectar las escasas zonas verdes en esta delegación para aumentar sus ganancias especulativas.

En este sentido, preocupa la denuncia realizada por los vecinos de la barranca de Tarango durante la segunda semana de este mes en torno de un proyecto inmobiliario elaborado por Grupo Lomas para construir cerca de 4 mil viviendas, área de comercio y servicios y una universidad privada.

Concretamente, los habitantes de Las Águilas, Bosques de Tarango, San Bartolo Ameyalco, Lomas de Axomiatla y Villa Verdum publicaron un desplegado el 7 de febrero en el que mencionan el deterioro ecológico que implicaría un proyecto de tal magnitud, amén de los problemas que acarrearía el incremento de la afluencia de automóviles.

Un desarrollo inmobiliario de tal magnitud en esa zona no sólo tendría nefastas consecuencias para la situación ambiental, sino que pondría en grave peligro, en primer lugar, a quienes se encuentran ya asentados en estas zonas de alto riesgo. Por esta razón, me permito someter a este Pleno el siguiente punto de Acuerdoa.

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la autonomía de que goza el Distrito Federal, solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón que mantengan el uso del suelo como área verde de la barranca de Tarango y suspendan cualquier autorización de cambio de uso del suelo con fines inmobiliarios, toda vez que son zonas de alto riesgo y por el impacto ambiental que implicaría.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a las autoridades de la delegación Álvaro Obregón que presenten a los vecinos y actores interesados, habitantes de las zonas citadas en el cuerpo del presente, el programa delegacional recientemente elaborado, así como el proyecto que presentó Grupo Lomas, incluyendo los permisos otorgados a las empresas inmobiliarias, solicitándole se consulte ampliamente cualquier determinación en el cambio de uso del suelo.

Es cuanto. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Seduvi del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Álvaro Obregón a mantener el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La delegación Álvaro Obregón se asienta sobre las estribaciones de la Sierra de la Cruces que es la zona montañosa localizada al oeste de la Ciudad de México. Esta ubicación determina un relieve de lomeríos y la conformación de una serie de barrancas, cuyo cauce desciende del poniente al oriente. Las barrancas corren paralelas de sur a norte y son: Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Guadalupe y Texcalatlaco.

Estas barrancas son las zonas naturales a las cuales desembocan los escurrimientos pluviales y varios manantiales; además constituyen una importante área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a los pobladores del Distrito Federal. Por ello, esta serie de barrancas, junto a las ubicadas en las delegaciones aledañas son una importante salvaguarda para la ciudad pues constituyen un sistema de control y manejo de escurrimientos pluviales y aguas fluviales hacia la cuenca en que se encuentra asentada la población.

Los lomeríos han dotado a la ciudad desde la época prehispánica de arenas y grava de origen volcánico para la construcción, en ese tiempo estos materiales se encontraban sueltos al pie de las barrancas. Sin embargo, se agotaron y fue necesario cavar minas subterráneas, accediendo desde las barrancas para extraer el material, este proceso socavo el terreno dejando amplias oquedades en las orillas de las barrancas.

Durante la década de los 70´s del siglo pasado, la expansión de la Ciudad de México llevó a los pobladores a buscar terrenos para asentarse en la periferia, así proliferaron asentamientos a lo largo de las barrancas. Las viviendas y los terraplenes en donde se han construido las casas han invadido los cauces naturales del agua, impidiendo su circulación y ocasionando problemas hidráulicos que han provocado incluso perdidas de vidas y múltiples pérdidas materiales. Los asentamientos humanos han generado un aumento en las necesidades de drenaje y la pavimentación ha ocasionado un fuerte y rápido incremento en las tasas de escurrimiento y una disminución en los volúmenes de recarga de acuíferos. Al correr los escurrimientos sobre suelos desprovistos de vegetación y sobre superficies pavimentadas, se concentran aguas con cargas elevadas de material sedimentable que azolva corrientes, vasos y líneas de drenaje.

Los asentamientos han modificado los taludes de las barrancas. Para ganar terreno se busca la verticalidad de los taludes conformándolos con material colocado sin ningún tratamiento. En una lluvia extraordinaria los taludes están sujetos a fallas y a su posible desmoronamiento o desgajamiento.

De esta manera la mayor parte de los asentamientos de la delegación se encuentren sobre terrenos minados, en las orillas de las barrancas e inclusive sobre los cauces de los ríos. La zona es considerada en un alto porcentaje de alto riesgo, lo cual no sólo significa la peligrosidad en que se vive sino también la vulnerabilidad a la que esta sujeta la población, teniendo implicaciones aún en la conducta.

En este contexto preocupa la denuncia realizada por vecinos de la barranca de Tarango durante la segunda semana de este mes en torno a un proyecto inmobiliario elaborado por el Grupo Lomas para construir cerca de cuatro mil viviendas.

Concretamente, habitantes de Las Águilas, Bosques de Tarango, San Bartolo Ameyalco, Lomas de Axomiatla y Villa Verdún publicaron un desplegado el 7 de febrero en el que mencionan el deterioro ecológico que implicaría un proyecto de ésta magnitud. Amén de los problemas que acarrearía el incremento en la afluencia de automóviles.

Un desarrollo inmobiliario de tal magnitud en esta zona, no sólo tendría nefastas consecuencias en la situación ambiental, pondría en grave peligro, en primer lugar a quienes se encuentran asentados en zonas de alto riesgo y también a la población de la ciudad, pues ya detallamos la importante función de salvaguarda que juegan estas barrancas para la contención de escorrentías.

Por lo antes expuesto someto a este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la autonomía de la que goza el Distrito Federal, le solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación de Álvaro Obregón a que mantengan el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango y suspendan cualquier autorización de cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios, toda vez que son zonas de alto riesgo y por el impacto ambiental que implicaría.

Segundo.- La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a las autoridades de la delegación Álvaro Obregón a que presenten a los vecinos y actores interesados, habitantes de las zonas citadas en el cuerpo del presente, el Programa Delegacional recientemente elaborado, así como, el proyecto que presentó el Grupo Lomas incluyendo los permisos otorgados a las empresas inmobiliarias, solicitándole se consulte ampliamente cualquier determinación en el cambio de régimen de uso de suelo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los dicisiete días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Víctor Suárez Carrera. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

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FRONTERA NORTE
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos de América la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte.El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, diputado Presidente. Por respeto al tiempo, estoy presentando una síntesis y le solicito que se inserte el documento, que ya entregué previamente, tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.

Con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente, el suscrito, Norberto Corella Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de Estados Unidos de América para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte, con la finalidad de que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país, bajo las siguientes consideraciones:

A partir de los ataques terroristas que sufrió el pueblo de Estados Unidos de América en septiembre de 2001, y como parte del refuerzo de las medidas de seguridad internas puestas en práctica por el gobierno de ese país, se restringió el otorgamiento de visas especiales a pacientes que requerían ingresar en la Unión Americana, principalmente a personas de origen humilde que por muchos años han solicitado atención médica especializada y gratuita.

Estos permisos especiales, conocidos también como ``visas humanitarias'', han permitido que estos residentes --en su mayoría niños-- reciban la atención médica especializada en clínicas y hospitales de Estados Unidos.

También, estas visas han permitido que muchos niños participen en actividades deportivas y culturales del vecino país. Y, dados los costos asociados a la obtención de esas visas, la suspensión en ocasiones hace imposible que sigan participando en tales actividades.

También, el otorgamiento de estas visas ha ocasionado que mexicano-norteamericanos atiendan a los pacientes mexicanos en algunas instituciones de salud en las entidades del norte de nuestro país, donde en muchas ocasiones no se cuenta con la instalación adecuada ni con los instrumentos necesarios para que estos profesionales de la salud desa-rrollen su trabajo en forma eficiente.

Según datos proporcionados por el Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, tan sólo de diciembre de 2002 a octubre de 2003 fueron otorgadas en esta ciudad 5 mil visas humanitarias para la atención médica.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que se realicen las gestiones necesarias ante el Gobierno de Estados Unidos de América para la reanudación del otorgamiento de las visas humanitarias a los residentes de la frontera norte, con la finalidad de que se pueda recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a gestionar ante el gobierno de Estados Unidos de América la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país, a cargo del diputado Norberto Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte con la finalidad de que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país, basado en las siguientes

Consideraciones

A partir de los ataques terroristas que sufrió el pueblo de los Estados Unidos de América en septiembre del año 2001, y como parte del reforzamiento de las medidas de seguridad interna puestas en práctica por el gobierno de ese país, se restringió el otorgamiento de permisos especiales a pacientes que requerían ingresar a la Unión Americana, principalmente a personas de origen humilde que por muchos años han solicitado atención médica especializada gratuita. Estos permisos especiales conocidos también como visas humanitarias, han permitido que residentes de las ciudades fronterizas del norte de México, en su mayoría niños, reciban atención médica especializada en forma gratuita, en lugares como la Clínica Ortopédica de Calexico, el Hospital Shriner's for Childrens de San Diego y el Hospital Ortopédico de Los Angeles, todos ellos del estado de California.

Por otra parte, estos instrumentos también han permitido que muchos niños participen en actividades deportivas y/o culturales en el vecino país y, que dados los costos asociados a la obtención de una visa formal para ellos y sus padres, la suspensión de la visa humanitaria en ocasiones hace imposible su participación.

En el caso más importante que se refiere a la salud, las visas humanitarias habían sido otorgadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, de tipo médico o definitivas, dependiendo del diagnóstico, atención y tratamiento requerido por el paciente. No obstante, los trámites para solicitar las visas para asistir a los diferentes hospitales norteamericanos se restringieron a partir de enero de 2003 y ahora los pacientes de escasos recursos enfrentan dificultades para gestionarlas y sufragarlas.

La suspensión del otorgamiento de visas humanitarias ha ocasionado que médicos norteamericanos atiendan a los pacientes mexicanos en algunas instituciones de salud en las entidades del norte de nuestro país, donde en muchas ocasiones no se cuenta con las instalaciones adecuadas ni con los instrumentos necesarios para que estos profesionales de la salud, desarrollen su trabajo de forma eficiente.

Estas visitas de médicos norteamericanos fueron temporales en tanto el Gobierno de los Estados Unidos reanudara el otorgamiento de las visas humanitarias o permisos especiales, lo que significa que al no autorizarlas, miles de pacientes mexicanos de escasos recursos dejaron de recibir atención médica especializada gratuita.

Según datos proporcionados por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, tan sólo de diciembre de 2002 a octubre de 2003, fueron otorgadas en esa ciudad 5,000 visas humanitarias para atención médica, servicios funerarios y tratamiento a niños por parte del Hospital Shriner's for Childrens de San Diego. Esta oficina diplomática recibía a la semana un promedio de 50 solicitudes de visas humanitarias.

Es necesario resaltar que algunos legisladores norteamericanos, en reconocimiento de la importancia de este tema, han presentado ya una iniciativa de ley para modificar la Ley de Nacionalidad e Inmigración de su país, a efecto de reanudar el programa de permisos temporales para los casos ya señalados de salud, participación en eventos culturales o deportivos o su asistencia a eventos comunitarios que se celebran en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, con el objeto de que esta propuesta se pueda materializar, consideramos que el gobierno de México debe insistir en el asunto hasta lograr su aprobación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte con la finalidad de que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Norberto Corella. Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicado. Y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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SIDA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal revisar el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, compañero Presidente. El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Es fácil decir que el sida es simplemente un problema médico. Lo cierto es que el sida es también un grave problema social.

Desde que se identificó la epidemia, en 1981, mucha gente ha usado el sida como una excusa para discriminar. Personas con el VIH han sido despedidas de sus empleos o echadas de sus viviendas; se les ha negado cuidado de su salud o han sido abandonadas por sus familiares. La discriminación siempre ha sido un síntoma del sida.

Se reconoce que la no discriminación es un derecho humano básico, indispensable para asegurar el desarrollo, el bienestar y la dignidad de la persona. En consecuencia, la discriminación está prohibida por las disposiciones en materia de derechos humanos codificadas en diversas constituciones y legislaciones nacionales. También está prohibida por una amplia gama de instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos, y sobre derechos económicos, sociales y culturales. La Organización Internacional del Trabajo ha instado a adoptar medidas contra la discriminación en el mundo laboral.

Desde 1990, la Organización de las Naciones Unidas también ha aprobado una serie de resoluciones sobre derechos humanos y VIH. Estas resoluciones confirman que los criterios internacionales sobre derechos humanos prohíben la discriminación por razón del estado serológico respecto a VIH.

México se ha adherido a prácticamente todos los convenios internacionales sobre la materia. Pero no sólo eso: tanto nuestra Constitución como las leyes que la reglamentan recogen preceptos contra la discriminación que, sin duda, incluyen la que se da por motivos de salud. Mención especial merecen entre, otras muchas leyes y normas, los artículos 1o. y 4o. de nuestra Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control del VIH/Sida.

Todo este preámbulo debimos de hacerlo porque sucede que el pasado 20 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de Reclutamiento del Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que en sus artículos 18, 20, 21, determina que para el ingreso de nuevos conscriptos será obligatorio se les aplique la prueba de VIH, la cual permitirá saber si se encuentran sanos y útiles. Dicho reglamento contraviene todas las normas nacionales e internacionales a que hemos hecho alusión. Por los motivos anteriormente expuestos, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo revisar el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y eliminar de éste las disposiciones que contravienen la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control del VIH/Sida y los tratados internacionales sobre la materia firmados por México.

Segundo. Se exhorta al titular --termino, señor Presidente-- del Ejecutivo a instalar, a través de la Secretaría de Salud, del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación en la Sedena y el ISSFAM, una mesa de trabajo para analizar y determinar las medidas que eviten la discriminación de los seropositivos y enfermos de sida en las Fuerzas Armadas.

Tercero. Se exhorta a esta soberanía a revisar la Ley del ISSFAM para hacerla congruente con el resto de la legislación nacional en materia de no discriminación.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, revisar el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como eliminar del mismo, las disposiciones discriminatorias contra las personas con VIH-sida, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Es fácil decir que el sida es un problema médico. Lo cierto es que el sida es también un problema social. Desde que se identificó la epidemia en 1981, mucha gente ha usado el sida como una excusa para discriminar. Personas con el VIH han sido despedidas de sus empleos, echadas de sus viviendas a la calle, se les han negado cuidados de salud y han sido abandonadas por sus familiares. La discriminación siempre ha sido un síntoma del sida.

Se reconoce que la no discriminación es un derecho humano básico, indispensable para asegurar el desarrollo, el bienestar y la dignidad de la persona. En consecuencia, la discriminación está prohibida por las disposiciones en materia de derechos humanos codificadas en diversas constituciones y legislaciones nacionales.

También está prohibida por una amplia gama de instrumentos internacionales en vigor incluidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. También la OIT ha instado a adoptar medidas contra la discriminación en el mundo laboral.

Desde 1990, la Comisión de las Naciones Unidas también ha aprobado una serie de resoluciones sobre derechos humanos y VIH: Estas resoluciones confirman que los criterios internacionales existentes sobre derechos humanos prohíben la discriminación por razón del estado serológico respecto al VIH-sida.

México se ha adherido a prácticamente todos los convenios internacionales sobre la materia, pero no solo eso, tanto nuestra Constitución como las leyes que la reglamentan recogen preceptos contra la discriminación que sin duda incluyen la que se dan por motivos de salud.

Mención especial merecen entre otras muchas leyes y normas, los artículos primero y cuarto constitucionales; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Norma Oficial Mexicana para la prevención y control del VIH-sida.

Pues bien, el pasado 20 de enero del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicana en el que en sus artículos 18, 20 y 21 determina que para el ingreso de nuevos conscriptos será obligatorio se les aplique la prueba del VIH, el cual permitirá ``saber si se encuentran sanos y útiles''. Dicho reglamento contraviene todas las normas nacionales e internacionales contra la discriminación referidas.

Asimismo, tras una reunión celebrada en Los Pinos, entre quienes participaron Conasida, Conapred el ISSFAM y la Sedena, el Presidente de la República los instruyó a integrar un grupo de trabajo que tiene por objetivo determinar implicaciones y posibles soluciones a esta problemática. Sin embargo, cinco meses después de esta instrucción, como en otras tantas ocasiones, más que un compromiso, parece una burla, pues hasta la fecha no se ha dado cumplimiento.

Por los motivos anteriormente expuestos, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita al titular del Ejecutivo federal revisar el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y eliminar de éste las disposiciones que contravienen a la Constitución, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la NOM para la Prevención y Control del VIH-sida y a los tratados internacionales sobre la materia firmados por México.

Segundo.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar, a través de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, la Sedena y el ISSFAM, una mesa de trabajo para analizar y determinar las medidas que eviten la discriminación de los seropositivos y enfermos de sida en las fuerzas armadas.

Tercero.- Se exhorta a esta soberanía a revisar la Ley del ISSFAM para hacerla congruente con el resto de la legislación nacional en materia de discriminación.

Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez. Esta Presidencia tiene registrado este tema como de urgente resolución; por tanto, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si así se considera.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la propuesta.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Hay duda, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Para dilucidar y conocer con certeza el sentir de la Asamblea, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para determinar si hay votación calificada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

(Votación nominal)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz, el diputado Gonzalo Moreno. Denle sonido a su curul.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo (desde la curul): Moreno Arévalo, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 193 votos a favor, 170 en contra y 3 abstenciones. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor secretario. En consecuencia, no se considera de urgente resolución y se dispone que se turne a la Comisión de Gobernación.

¿Dígame, diputada? Sonido en la curul de la diputada, por favor. Diputada González.

La diputada Magdalena Adriana González Furlong (desde la curul): Gracias, señor Presidente. De manera muy respetuosa, quisiera solicitar la opinión también, si usted a bien lo considera, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Perdón. ¿Me repite, diputada?La diputada Magdalena Adriana González Furlong (desde la curul): Quisiera que se anexara con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que sea turnada por favor.El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a subsanar los perjuicios que por concepto de emisión de elementos tóxicos presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del valle de Mexicali, estado de Baja California.El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Con su permiso, Presidente. El deber de los gobiernos es procurar las condiciones que proporcionen a cada ciudadano bienestar y seguridad en su patrimonio familiar. Por eso hoy estoy en esta tribuna para alzar la voz y pedir al Gobierno Federal que atienda el siguiente problema.

En el valle de Mexicali, Baja California, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con una planta productora de energía eléctrica, que está ubicada en tierras de cultivo agrícola por la razón de que el subsuelo es propicio para la generación de electricidad. Esta actividad da agilidad y movimiento económico a la región; sin embargo, se presume que los productores agrícolas están siendo afectados por los bajos rendimientos en sus cosechas que han presentado en los últimos años y que los residentes, vecinos de esta planta, han manifestado enfermedades respiratorias agudas que no son explicables.

Expertos en la materia afirman que la Comisión Federal emite elementos químicos tóxicos que deterioran la calidad de las tierras de cultivo, como el arsénico y el ácido sulfúrico. Asimismo, el sílice residual que se encuentra a cielo abierto, el litio y el amoniaco pueden ser la causa de enfermedades manifestadas por los residentes. Por tal motivo hago un llamado a las autoridades competentes para que revisen con el interés debido esta situación.

No es posible que una empresa pública como la Comisión Federal de Electricidad, que proporciona energía eléctrica costosa a una región que tiene las temperaturas más altas del país, en la cual ignora el reclamo de los habitantes, pueda hacerse nuevamente de ojos ciegos e ignorar a toda esta gente que ha dominado el desierto y lo ha hecho producir.

Por todo esto, y en nombre de los residentes del valle de Mexicali y de los bajacalifornianos en general, quiero poner a consideración de esa honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a tomar medidas para evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y a resarcir, si fuera el caso, el daño causado a las tierras del cultivo por contaminación de desechos químicos;

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud la emisión de un diagnóstico para saber qué afectación pueden provocar en el ser humano estos elementos químicos; y

Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar los posibles efectos que esta planta genera en el valle de Mexicali.

Señor Presidente: quisiera que este punto de acuerdo fuera turnado a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis. Muchas gracias; es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a subsanar los perjuicios que presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, por emisión de elementos tóxicos, a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del valle de Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Hidalgo Contreras Covarrubias, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a subsanar los perjuicios que, por concepto de emisión de elementos químicos tóxicos de la planta Geotermoeléctrica Cerro Prieto, situada en el valle de Mexicali, Baja California, en donde se presume que han contaminado las tierras de cultivo de los productores y deteriorado la salud de los residentes, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La Comisión Federal de Electricidad tiene instalada una planta generadora de energía eléctrica en la zona rural del municipio de Mexicali, Baja California, a cual suministra el servicio al mismo, incluso genera energía de exportación cuando ha sido necesario.

La geotermoeléctrica Cerro Prieto es una planta independiente de producción separada de la red central de suministro de la CFE, ubicada en tierras dedicadas a la agricultura y propicias para la generación de energía por el calor contenido en el subsuelo, estas condiciones hacen posible la producción de electricidad en gran cantidad.

Si bien es cierto que las actividades de la Comisión Federal de Electricidad son estratégicas para el desarrollo industrial, económico y social del Municipio de Mexicali, hemos detectado que algunas de ellas afectan directamente perjudicando a residentes vecinos de dicha planta.

Desde hace varios años, productores agrícolas de ejidos cercanos a dicha empresa pública, han manifestado señalamientos de que sus cosechas han venido a la baja por el reducido rendimiento que se ha presentado en cada ciclo de cultivo.

Al acudir al asesoramiento de los especialistas en esta materia, han concluido que los suelos han sufrido afectaciones por la presencia de elementos químicos contaminantes que han provocado el deterioro de la calidad de la tierra haciéndola cada vez menos productivas y perjudicando el ingreso de las familias dedicadas toda su vida a la agricultura.

Buscando los motivos de este fenómeno contrario a los intereses de los ciudadanos de esta zona, se encontró que la geotermoeléctrica cerro Prieto en sus actividades diarias de producción, emite elementos químicos tóxicos como litio, cadmio, arsénico, ácido sulfhídrico, boro y amoniaco, suficientes para evitar que las tierras produzcan normalmente.

Esta información ha obligado a estos productores a buscar una solución a su calamidad acudiendo a distintas dependencias para recibir la ayuda correspondiente y a la que tienen derecho.

Asimismo, se presume que algunos residentes han manifestado enfermedades respiratorias que son imputadas a las emisiones químicas de la planta, lo que es grave desde el punto de vista medico y legal por tener un alto grado de responsabilidad por parte de la paraestatal en caso de ser verídico.

Consideramos urgente que las dependencias involucradas emitan un diagnóstico o estudio real de esta situación y se proporcionen públicamente los resultados con el fin de aplicar una solución efectiva a la brevedad posible, creemos justo que la CFE deba cumplir su obligación de mantener el equilibrio ecológico y preservar la salud de los ciudadanos.

Es paradójico que una empresa pública, propiedad de los mexicanos, se niegue a escuchar un reclamo justo de ciudadanos quienes le expresan la necesidad de que se les consideren tarifas eléctricas acordes con las temperaturas más altas del país en este municipio y que, por otro lado, después de explotarlos de esa manera, les echen a perder sus tierras y deterioren su salud.

Por tal motivo, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a tomar medidas necesarias para evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y a resarcir, si fuere el caso, el daño causado a las tierras de producción agrícolas por contaminación de dichos químicos.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud la emisión de un diagnóstico sobre la afectación que puedan provocar en el ser humano los elementos químicos emitidos por la geotermoeléctrica Cerro Prieto tales como el litio, cadmio, arsénico, acido sulfhídrico, boro, amoniaco y sílice residual que se encuentra en depósitos a cielo abierto.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar los posibles efectos que esta planta geotermoeléctrica genera al valle de Mexicali.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputado Hidalgo Contreras Covarrubias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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ESTADO DE TLAXCALA
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Secretaría de Economía para que incluya al municipio de Tetla, estado de Tlaxcala, dentro de la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur.

El diputado José Juan Bárcenas González: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado.El diputado José Juan Bárcenas González: El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece entre sus principales lineamientos la promoción del desarrollo regional equilibrado, la búsqueda por la equidad de género y la inclusión de los jóvenes al desarrollo.

A partir de la generación de empleos permanentes y de calidad, el año pasado el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Economía para incluir Tlaxcala en el programa Marcha Hacia el Sur, atendiendo favorablemente a un exhorto de esta H. Cámara de Diputados, pero acotó el beneficio a ocho municipios que son los de mayor nivel de marginación en la entidad.

Esto es adecuado cuando sólo se analiza la situación socioeconómica de la población de dichos municipios. Sin embargo, prevalece una situación geográfica determinante y es que siete de los ocho municipios beneficiados con esta inclusión se ubican en la región nororiental del estado, algunos de ellos colindan con el municipio de Tetla y otros se encuentran a menos de 25 kilómetros de él.

Esto no tendría mayor significación si no fuera porque es precisamente el municipio de Tetla donde se encuentra instalada una capacidad considerable de infraestructura industrial en la que micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen empleo a la población asentada en los municipios cercanos.

La propia Delegación de Economía en la entidad se ha visto imposibilitada para tramitar solicitudes de empresas que pudieran tener alto nivel de viabilidad para ser apoyadas por el programa Marcha Hacia el Sur, pero que al encontrarse ubicadas físicamente en la jurisdicción del municipio de Tetla son rechazadas. Por las condiciones geográficas de infraestructura industrial y de marginación socioeconómica que caracteriza la región nororiental del estado de Tlaxcala, se hace estrictamente necesaria la inclusión del municipio de Tetla para poder aprovechar íntegramente los beneficios del programa Marcha Hacia el Sur, pues la característica de polo de desarrollo industrial microrregional potencia las posibilidades de aprovechamiento de este programa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía a fin de que incluya el municipio de Tetla, perteneciente al estado de Tlaxcala, dentro de la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, que se establecerá en sus Reglas de Operación para 2005.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que incluya el municipio de Tetla, Tlaxcala, en la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito Juan Bárcenas González, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece entre sus principales lineamientos la promoción del desarrollo regional equilibrado, la búsqueda por la equidad de género y la inclusión de los jóvenes al desarrollo, a partir de la generación de empleos permanentes y de calidad.

El instrumento por excelencia con que el Estado mexicano cuenta para lograr éstos y otros objetivos, es el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que en el año 2004, integró el Programa Marcha Hacia el Sur, radicado en el Ramo 10 de la Secretaría de Economía, con 100 millones de pesos como gasto de inversión física; y para el año 2005 se están analizando las alternativas para asegurar su continuidad.

El estado de Tlaxcala, ha venido superando en las últimas décadas un rezago socioeconómico ancestral, fundamentalmente gracias al esfuerzo de los tlaxcaltecas pero también al apoyo de los recursos económicos federales.

El año pasado el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Economía para incluir a Tlaxcala en el Programa Marcha Hacia el Sur, atendiendo favorablemente a un exhorto de esta H. Carama de Diputados; pero acotó el beneficio a ocho municipios que son los de mayor nivel de marginación en la entidad, esto es adecuado cuando sólo se analiza la situación socioeconómica de la población de dichos municipios.

Sin embargo prevalece una situación geográfica determinante, y es que siete de los ocho municipios beneficiados con esta inclusión, se ubican en la región nororiental del estado, algunos de ellos colindan con el municipio de Tetla y otros se encuentran a menos de 25 kilómetros del mismo; esto no tendría mayor significación sino fuera porque es precisamente en el municipio de Tetla, donde se encuentra instalada una capacidad considerable de infraestructura industrial, en la que micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen empleo a la población asentada en los municipios cercanos.

La propia delegación de Economía en la entidad se ha visto imposibilitada para tramitar solicitudes de empresas que pudieran tener un alto nivel de viabilidad para ser apoyadas por el Programa Marcha Hacia el Sur, pero que al encontrarse ubicadas físicamente en la jurisdicción del municipio de Tetla, son rechazadas.

Por las condiciones geográficas, de infraestructura industrial y de marginación socioeconómica que caracterizan a la región nororiental del estado de Tlaxcala, se hace estrictamente necesario la inclusión del municipio de Tetla, para poder aprovechar íntegramente los beneficios del Programa Marcha Hacia el Sur, puesto que la característica de polo de desarrollo industrial microregional, potencializa las posibilidades de aprovechamiento de este Programa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único: Se solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía, a fin de que ésta incluya al municipio de Tetla, perteneciente al estado de Tlaxcala dentro de la zona de cobertura del Programa Marcha Hacia el Sur, o su equivalente, una vez que se haya autorizado su presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil cinco.--- Dip. Juan Barcenas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Juan Bárcenas González. Túrnese a la Comisión de Economía.

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ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a llevar a cabo la reparación y el mantenimiento de las carreteras a su cargo.El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: Con su permiso, diputado Presidente.

Primero. Que contar con un sistema de carreteras funcional y en buenas condiciones es de vital importancia para todos los mexicanos, toda vez que gran parte del turismo y traslado de personas y mercancías en general de nuestra República se lleva a cabo a través de las carreteras.

Segundo. Que, a su vez, la construcción y rehabilitación constante de dichos caminos traen como consecuencia conectar las principales ciudades de los estados con los municipios y las comunidades más alejados, lo cual genera la habilitación de servicios necesarios, como luz, agua y drenaje; y hay, consecuencia de esto, la generación de empleos, tanto temporales como permanentes, reactivando la economía en dichos lugares.

Tercero. Que el Gobierno Federal ha entendido la necesidad imperante de conectar con vías de comunicación accesibles y en buen estado todas las zonas, y la propia Presidencia de la República... Se han construido durante lo que va de la administración actual 17 autopistas, libramientos y carreteras nuevas, y el presupuesto asignado para 2004 en el rubro de construcción y modernización se incrementó de manera considerable.

Cuarto. Que es inadmisible, ha sido prioridad para algunos gobiernos estatales, como es el caso de mi estado, Michoa-cán, ya que lamentablemente las carreteras que comunican las diversas poblaciones y comunidades que son a cargo del estado de Michoacán se encuentran en un estado deplorable.

Quinto. Que por mencionar algunas carreteras que se encuentran en estas condiciones lamentables la que une Maravatío con Ciudad Hidalgo, Tlalpujahua con Contepec, Tocumbo con Cotija, Cotija con Jaripo, Tlalpujahua con Angangueo, Zitácuaro con Coalcomán, Coahuayana, Irimbo-Ocampo Angangueo y Peribán con Buenavista.

Sexto. Un caso muy particular e inadmisible es que la carretera Jacona-Tingüindin-Los Reyes, que no obstante que dicha carretera se encuentra en un estado de destrucción severo en sus diversos puntos, el gobierno del estado ha decidido su ampliación a cuatro carriles, en lugar de rehabilitarla y, posteriormente, buscar los mecanismos para su ampliación, lo cual nos muestra la falta de formulación y planeación de los proyectos de obra para el mejoramiento de estas vías de comunicación, las cuales son muy necesarias e indispensables para el comercio de las comunidades y población.

Séptimo. Que el llamado que hoy se propone ante esta máxima tribuna para el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo se motiva esencialmente en la exigencia de los pobladores, transportistas y todos los que hacen uso de las carreteras, y que se han visto afectados en sus bienes a consecuencia del estado tan deplorable en que se encuentran y toda vez que no han sido satisfechos y escuchados por las autoridades correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo ante esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se hace un llamado respetuoso al ciudadano Lázaro Cárdenas Batel, gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, para que instruya a las áreas que correspondan a su digno cargo para que a la brevedad y en la medida del presupuesto y condiciones administrativas posibles, se lleven a cabo la evaluación y planeación con los diversos municipios del estado para el mejoramiento, rehabilitación y construcción de las carreteras y caminos rurales que se encuentran en su jurisdicción. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a llevar a cabo la reparación y el mantenimiento de las carreteras que le corresponden, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y párrafo primero del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo para que lleve a cabo la reparación y el mantenimiento de las carreteras a su cargo, con base en los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que el contar con un sistema de carreteras funcional y en buenas condiciones es de vital importancia para todos los mexicanos, toda vez que gran parte del comercio, turismo y traslado de personas y mercancías en general en nuestra República, se lleva acabo a través de la transportación terrestre.

Segundo.- Que a su vez, la construcción y rehabilitación constante de dichos caminos, trae como consecuencia el conectar las principales ciudades de los estados con aquellos municipios y comunidades más apartados, lo cual genera la habilitación de los servicios más necesarios como luz, agua, drenaje y a consecuencia de esto la generación de empleos tanto temporales como permanentes, reactivando la economía de dichos lugares.

Tercero.- Que el Gobierno Federal ha entendido la necesidad imperante de contar con vías de comunicación accesibles y en buen estado, por lo cual, y de acuerdo a lo dicho por la propia Presidencia de la República, se han construido durante lo que va de la administración actual, 17 autopistas, libramientos y carreteras nuevas y en el presupuesto destinado para el año 2004 en el rubro de construcción y modernización se incrementó de manera considerable.

Cuarto.- Que es inadmisible que no ha sido prioridad para algunos gobiernos estatales, como es el caso del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, ya que lamentablemente las carreteras estatales que comunican a las diversas poblaciones y comunidades con las principales ciudades, se encuentran en un estado deplorable.

Quinto.- Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2004, en su artículo 11 establece que:

``Artículo 11. Las erogaciones previstas para las entidades paraestatales importan la cantidad de $1,402,271,238 (un mil cuatrocientos dos millones doscientos setenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 MN), que se distribuyen de la siguiente forma:

[...]

``Junta de Caminos 128,867,461''

Sexto.- Que en este mismo ordenamiento, el artículo 13 nos refiere que:

Artículo 13. Las erogaciones previstas para la Unidad Programática Presupuestaria denominada Participaciones y Aportaciones a Municipios importan la cantidad de $3,783,514,647 (tres mil setecientos ochenta y tres millones quinientos catorce mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.), que por concepto de Participaciones en Ingresos Federales y Estatales, le corresponden por un importe de $1,776,884,291 (un mil setecientos setenta y seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y un pesos 00/100 m.n.); del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal, por un importe de $1,063,345,503 (un mil sesenta y tres millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos tres pesos 00/100 m.n.);

así como del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un importe de $943,284,853 (novecientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.).

En este mismo sentido, el artículo 15 de dicho marco legal, enuncia que:

Artículo 15. En los términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, el monto de los ingresos que corresponden a los municipios en los Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social; y, para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respectivamente, serán aplicados por las autoridades municipales, a los siguientes fines:

I. Al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los rubros de: agua potable, alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales; e infraestructura productiva rural; y,

II. A la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, y en caso de que dispongan de remanentes, los podrán destinar a la ejecución de obras, acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Tomando en consideración lo establecido en los ordenamientos que anteceden y que es de suma importancia para el desarrollo social, económico y de salud para los habitantes de varias comunidades que se conectan a través de estas carreteras y caminos rurales, debe ser prioritario para el Gobierno del estado y las autoridades municipales el llevar a cabo las mejoras a estas vías de comunicación.

Séptimo.- Que por mencionar algunas carreteras que se encuentran en estas condiciones tan lamentables dentro del estado, están las de Maravatio--Ciudad Hidalgo; Tlalpujahua--Contepec; Tocumbo--Cotija; Cotija--Jaripo; Tlalpujahua--Angangueo--Zitácuaro; Coalcoman--Coahuayana; Irimbo--Ocampo--Angangueo; Peribán--Buenavista.

Octavo.- Que un caso muy particular e inadmisible es el de la carretera Jacona--Tingüindin--Los Reyes, ya que no obstante que dicha carretera se encuentra en un estado de destrucción severo en diversos puntos de ésta, el Gobierno del estado ha decidido su ampliación a cuatro carriles en lugar de rehabilitarla y posteriormente buscar los mecanismos para su ampliación, lo cual nos muestra la falta de formulación y planeación de los proyectos de obras para el mejoramiento de estas vías de comunicación, las cuales son muy necesarias e indispensables para el comercio de las comunidades y poblaciones que utilizan dicha vía.

Noveno.- Que el llamado que hoy se propone ante esta máxima tribuna para el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, se motiva esencialmente en la exigencia de los pobladores, transportistas y todos aquellos que hacen uso de estas carreteras y que se han visto afectados en su bienes a consecuencia del estado tan deplorable en el que se encuentran; y, toda vez que no han sido escuchados por las autoridades correspondientes, nosotros, como sus legítimos representantes, tenemos la obligación de llevar su voz para que sea escuchada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se hace un llamado respetuoso al C. Lázaro Cárdenas Batel, gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, para que instruya a las áreas que correspondan a su digno cargo, para que en medida del presupuesto y condiciones administrativas posibles, lleven a cabo la evaluación, planeación y gestión con los diversos municipios del estado, para el mejoramiento, rehabilitación y construcción de las carreteras y caminos rurales que se encuentran dentro de su jurisdicción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.--- Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado Cortés Mendoza. Túrnese a la Comisión de Transportes.

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ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Poder Ejecutivo federal cambiar, por conducto de las instancias correspondientes, el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en el municipio de Matamoros, estado de Tamaulipas.El diputado José Julián Sacramento Garza: Con el permiso de la Presidencia. Hoy día, uno de los principales retos a que se enfrenta el gobierno mexicano en sus tres niveles es sin duda la conservación de la seguridad pública. En los últimos cuatro años, el Gobierno Federal ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Prueba de ello es que a finales de 2004 se había detenido a más de 31 mil personas vinculadas a organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, entre líderes, financieros, lugartenientes, sicarios y distribuidores, mismos que hoy se encuentran en prisión. Sobre este tema, en las últimas semanas la ola de ejecuciones presuntamente ligadas al crimen organizado en diversos estados del norte del país, principalmente en Tamaulipas, ha originado que la cifra de homicidios violentos sea de 53 en lo que va del presente año.

En estas ejecuciones han estado supuestamente involucrados narcotraficantes presos en los principales Ceresos federales.

En las últimas semanas, los principales medios de comunicación, tanto noticiarios de televisión como de radio, así como los periódicos del país y a nivel internacional, fueron ocupados en transmitir la ejecución de seis trabajadores del Cefereso número 3, denominado Matamoros, por encontrarse aproximadamente a 17 kilómetros del municipio de Matamoros, Tamaulipas, lo que ha originado que la ciudad se vea lesionada en su buena imagen y nombre, tanto en el país como en el mundo, ya que este hecho ha suscitado que el penal federal número 3 sea asociado con inseguridad en la ciudad y en el estado.

En este sentido, resulta innegable el impacto negativo sobre la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que ha generado la dominación del Cefereso número 3, ya que por virtud de ello todo acontecimiento suscitado en el referido Centro Federal de Readaptación Social repercute directamente en la imagen y percepción ciudadana de esta importante ciudad, ubicada en el noreste del país, al grado de llegar a estigmatizar esta ciudad como una localidad con desmedidos índices de violencia e inseguridad, en detrimento directo de sus habitantes que viven de manera honesta.

Asimismo, debido a que la ciudad de Matamoros constituye un destino turístico importante, por encontrarse en frontera con Estados Unidos, ante la percepción ciudadana de inseguridad en esta ciudad no sólo en este ramo se ve afectada esta localidad, sino también en el comercio y en las inversiones, que en su mayoría provienen del extranjero.

Por ello, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se propone solicitar de manera respetuosa al Ejecutivo federal que a través de las instancias federales correspondientes se analice la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a efecto de retirar la denominación relativa a esta localidad para que de esta manera atenuar la percepción mediática que desafortunadamente se puede llegar a tener respecto a esta ciudad cada vez que sucede algo en el penal federal anteriormente referido.

Concluyo, Presidente. Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente puunto de acuerdo.

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de las instancias federales correspondientes, se analice y estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Centro de Readaptación Social número 3, ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, eliminándose en consecuencia en la nueva denominación toda referencia que verse sobre la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 28 de febrero de 2005.

Presidente: le pido que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que cambie, por conducto de las instancias correspondientes, el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, José Julián Sacramento Garza, en su calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Hoy día, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el gobierno mexicano en sus tres niveles, es sin duda la conservación de la seguridad pública.

En los últimos cuatro años, el gobierno federal ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Prueba de ello es que de finales del 2000, al 2004, se han detenido a más de 31 mil personas vinculadas a organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, entre líderes, financieros, lugartenientes, sicarios y distribuidores, mismos que hoy se encuentran en prisión. Ello nos conmina a seguir por los cauces institucionales que en esta materia ha marcado la presente administración.

Por ello, Acción Nacional respalda el esfuerzo y el compromiso realizado por el presidente Vicente Fox para garantizar la seguridad de los mexicanos y el respeto al Estado de Derecho, con la presentación ante el Senado de la República, de una importante iniciativa de reformas constitucionales y a diversos ordenamientos legales, en materia de seguridad pública y justicia penal, que pretende replantear de manera integral, las bases y esquemas sobre los que descansa el sistema de seguridad pública y justicia en el país, partiendo de una visión amplia de la seguridad pública, que incluya todas aquellas medidas relativas al funcionamiento del sistema de control y enjuiciamiento penal; prevención y represión del delito; estructuración de las instituciones de procuración y administración de justicia; así como en el caso particular, el replanteamiento del sistema de ejecución de sanciones penales, como componente esencial de nuestro sistema penitenciario, a través de la implementación de la figura del juez de ejecución de sanciones penales, encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas, así como de conocer y resolver las controversias que se generen entre la autoridad penitenciaria y los sentenciados.

En este sentido, es nuestro deber como legisladores, asumir el compromiso sobre la relevancia del tema de seguridad pública; es nuestra responsabilidad de atenderlo y darle solución, a través del diálogo, de acuerdos y acciones concertadas y concretas que se traduzcan en respuestas en beneficio de todos los mexicanos, no de partido o grupo político específico.

Sobre este tema, en las últimas semanas la ola de ejecuciones presuntamente ligadas al crimen organizado en diversos estados del norte del país, principalmente en Tamaulipas, ha originado que la cifra de homicidios violentos sea de 36 en lo que va del presente año. En estas ejecuciones, han estado supuestamente involucrados, narcotraficantes presos en los principales penales federales.

Por ello, el Gobierno Federal dio una enérgica respuesta, como nunca se había visto, ordenando el traslado de diversos capos y reos de alta peligrosidad del penal de La Palma, al de Puente Grande, Jalisco y al de Matamoros. Estos traslados se han acompañado de las revisiones físicas de todos los espacios de los Ceferesos y, con la rotación, despido en algunos casos y renuncia en otros, de los mandos administrativos de estos penales y, de las aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encargadas de la readaptación social, del manejo y control de los Ceresos federales.

En las últimas semanas, los principales medios de comunicación, noticiarios de televisión y de radio, así como los periódicos del país y a nivel internacional, fueron ocupados para transmitir la ejecución de seis trabajadores del Cefereso número 3, denominado ``Matamoros'', por encontrarse aproximadamente a 17 kilómetros del municipio de Matamoros, Tamaulipas, lo que ha originado que la ciudad se vea lesionada en su buena imagen y nombre, tanto en el país como en el mundo, ya que este hecho suscitado en el penal federal número 3, se ha asociado con inseguridad en la ciudad y en el estado.

En ese sentido, resulta innegable el impacto negativo que sobre la ciudad de Matamoros ha generado la denominación atribuida al Cefereso número 3, ya que por virtud de ello, todo acontecimiento suscitado en el referido centro federal de readaptación social, repercute directamente en la imagen y percepción ciudadana de esta importante ciudad ubicada en el noreste del país, al grado de llegar a estigmatizar a esta ciudad como una localidad con desmedidos índices de violencia e inseguridad, en detrimento directo de sus habitantes, que viven de manera honesta.

Asimismo, debido a que la ciudad de Matamoros constituye un destino turístico importante por encontrarse en la frontera con Estados Unidos, ante la percepción ciudadana de inseguridad en esta ciudad, no sólo en este ramo se ve afectada esta localidad, sino también en el comercio y en las inversiones que en su mayoría provienen del extranjero, al encontrarse una gran cantidad de maquiladoras en el municipio.

Por ello, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se propone solicitar de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a través de las instancias federales correspondientes, se analice y estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a efecto de retirar la denominación relativa a esta localidad, para de esta manera atenuar la percepción mediática que infortunadamente se puede llegar a tener respecto a esta ciudad, cada vez que sucede algo en el penal federal anteriormente referido.

La solicitud de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3 tiene como antecedente que el Cefereso número 1 situado en el municipio de Almoloya de Juárez, México, era conocido como ``Almoloya'' y, a petición de los residentes de esa población, fue cambiado el nombre por el de La Palma.

Los matamorenses no queremos que sí en el futuro, el Cefereso número 3 es escenario nuevamente de hechos violentos, se siga relacionando con nuestra ciudad y, esta tenga una imagen de violenta. Queremos dejar muy en claro que Matamoros, no solo es un Centro Federal de Readaptación Social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de las instancias federales correspondientes, se analice y estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, eliminándose en consecuencia en la nueva denominación toda referencia que verse sobre la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputado. Como solicita el señor diputado José Julián Sacramento Garza, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates.

En virtud de que esta Presidencia lo tiene registrado como asunto de urgente resolución, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea si así lo considera.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Se considera de urgente resolución. Está, pues, a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido. Se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo..

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Aprobada; comuníquese.

Señoras y señores legisladores: en virtud de que ha concluido el tiempo destinado a la duración de la presente sesión, se instruye a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión, en el cual se incluirán los asuntos no considerados en la presente.

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ORDEN DEL DIA
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 1o. de marzo de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Abraham Mafud, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. (Turno a Comisión)

Seis, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo para solicitar informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre EZLN y el Gobierno Federal.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. La última votación nominal servirá de base para el registro final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano (a las 15:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, martes 1 de marzo, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 59 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 331 diputados

Asistencia al cierre de registro: 360 diputados

Verificación de quórum: 331 diputados

Asistencia al final de la sesión: 366 diputados

Diputado que solicita licencia: 1

Diputado que opta por otro cargo: 1

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Minuto de silencio: 1

Proposiciones con puntos de acuerdo: 14

Puntos de acuerdo, aprobados: 12

Oradores en tribuna: 34

PRI-6; PAN-16; PRD-11; PVEM-2.

Se recibió:

1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

3 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

2 oficios de la Cámara de Senadores con puntos de acuerdo;

2 oficios de la Cámara de Senadores con los que remite minutas con proyecto de decreto, que concede permiso a cuatro ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros;

1 oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, que concede permiso a ciudadana para prestar servicios en la Embajada de la República de Bolivia en México;

3 minutas de ley;

1 iniciativa del PRI;

2 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM

Dictámenes de primera lectura:

1 de la de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 90, 98 Bis y 98 Bis-8 de la Ley de la Propiedad Industrial

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Ernesto Canales Santos, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Tailandia en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario al ciudadano Sandro Muller Rolandi, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la Confederación Helvética, en la Ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el Estado de Quintana Roo;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Servando Centella Pérez, para que pueda aceptar y usar la medalla que le confiere el Ejército Popular de Liberación China;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permisos a cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permisos a dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada del Perú en México;

1 de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones, y de Transportes, con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública federal, y de Relaciones Exteriores que envíen a la Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución, los avances y los beneficios del programa ``Bienvenido, paisano'' para su estudio y evaluación;

1 de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio y 26 de octubre de 2004;

1 de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita una norma oficial mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo;

1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo a proposición para exhortar a la Secretaría de Economía a implantar programas para fomentar la artesanía en la República Mexicana;

1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reclasificar, en el ámbito de sus atribuciones, la tarifa por temperatura ambiental de la 1B, de 28º centígrados, a la de 1C, de 30º centígrados, para el municipio de Cihuatlán, Jalisco;

1 de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía a establecer, en coordinación con la industria del acero, los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica mexicana

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Iñárritu, José Alberto (PRI) Estado de Baja California Sur: 133, 134

Aguirre Maldonado, María de Jesús (PRI) Abuso sexual y pornografía infantil: 110

Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco (PRI) Estado de Sonora: 135

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Ley de Coordinación Fiscal: 41

Bárcenas González, José Juan (PAN) Estado de Tlaxcala: 155

Cárdenas Sánchez, Nancy (PRD) Sector turismo: 138

Concha Arellano, Elpidio Desiderio (PRI) Estado de Baja California Sur: 129

Contreras Covarrubias, Hidalgo (PAN) Estado de Baja California: 153

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Frontera norte: 149

Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN) Estado de Michoacán: 157

Chávez Ruiz, Adrián (PRD) Estado de Baja California Sur: 131, 132

De la Peña Gómez, Angélica (PRD) Ley Orgánica del Congreso: 45

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Primer Parlamento de Cultura: 121 desde curul

De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo (PAN) Migrantes: 113

Escalante Arceo, Enrique Ariel (PRI) Verificación de quórum: 45 desde curul

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) Sida: 150

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Estado de Baja California Sur: 134

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Primer Parlamento de Cultura: 121 desde curul

Gómez del Campo, Margarita Ester Zavala (PAN) Primer Parlamento de Cultura: 120 desde curul

González Carrillo, Adriana (PAN) Artículo 76 constitucional: 38 desde curul

González Furlong, Magdalena Adriana (PAN) Sida: 153 desde curul

González Reyes, Manuel (PAN) Migrantes: 116

González Schmal, Jesús Porfirio (PC) Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando: 98 desde curul

Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen (PRD) Ley del Impuesto sobre la Renta: 51

Martínez Ramos, Jorge (PRD) Migrantes: 116

Méndez Salorio, Alejandra (PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 55

Muñoz Santini, Inti (PRD) Primer Parlamento de Cultura: 120

Muñoz Vargas, Miriam Marina (PAN) Estado de Baja California Sur: 132

Murat Macías, José Adolfo (PRI) Abuso sexual y pornografía infantil: 112 desde curul

Osuna Millán, José Guadalupe (PAN) Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 117

Pasta Muñuzuri, Ángel (PAN) Telefonía celular: 140

Rochín Nieto, Carla (PAN) Primer Parlamento de Cultura: 124

Rojas Toledo, Francisco Antonio (PAN) Estado de Chiapas: 108

Sacramento Garza, José Julián (PAN) Estado de Tamaulipas: 159

Silva Valdés, Carlos Hernán (PRD) Cuenta de la Hacienda Pública Federal: 142

Suárez Carrera, Víctor (PRD) Distrito Federal: 146

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Abuso sexual y pornografía infantil: 112

Triana Tena, Jorge (PAN) Distrito Federal: 124

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 118 desde curul

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 144

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Código Federal de Procedimientos Civiles: 58

Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia (PAN) Primer Parlamento de Cultura: 121 desde curul PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 151 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 26 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 39 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 104 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 21 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 19 Total diputados: 149 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Márquez Gloria Camerina Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Olmos Capilla Guillermo Antonio Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 63 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 20 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 7 Total diputados: 96 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 5 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 4 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 2 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencia: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Amezcua Alejo Miguel Arechiga Santamaría José Guillermo Burgos García Enrique Campa Cifrián Roberto Rafael Carrillo Guzmán Martín Castillo Cabrera Jorge de Jesús Cervantes Vega Humberto Domínguez Arvizu María Hilaria Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Guerra Castillo Marcela Guizar Macías Francisco Javier Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Jiménez Sánchez Moisés Martínez López Margarita Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Ponce Beltrán Esthela de Jesús Ramón Valdez Jesús María Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez de Alba María del Consuelo Román Bojórquez Jesús Tolentino Scherman Leaño María Esther de Jesús Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Yu Hernández Nora Elena Faltas por grupo: 39 Barrera Zurita Baruch Alberto Camarena Gómez Consuelo Chávez Murguía Margarita del Sagrado Corella Manzanilla María Viola Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto Flores Fuentes Patricia González Furlong Magdalena Adriana Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Martínez Cázares Germán Moreno Morán Alfonso Nader Nasrallah Jesús Antonio Ortíz Domínguez Maki Esther Ovando Reazola Janette Preciado Rodríguez Jorge Luis Ruiz del Rincón Gabriela Sigona Torres José Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Vega Casillas Salvador Zavala Peniche María Beatriz Faltas por grupo: 19 Álvarez Reyes Carlos Cota Cota Josefina Franco Hernández Pablo Mícher Camarena Martha Lucía Rodríguez Fuentes Agustín Torres Baltazar Edgar Valdes Manzo Reynaldo Francisco Faltas por grupo: 7 Alvarez Romo Leonardo Fernández Avila Maximino Alejandro Faltas por grupo: 2