DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 1 de marzo de 2005	Sesión No. 11

---

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

---

ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 348 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 10:08 horas): Se abre la sesión

---

ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si dispensa la lectura al orden día, por estar publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 1 de marzo de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex

Con el que remite informe correspondiente a las actividades que desarrolló en los foros de consulta celebrados en el estado de Campeche.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Punto de acuerdo, para exhortar a todos los Congresos locales a sumarse a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios''. (Votación)

Punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a realizar las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún. (Votación)

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en la atención de delitos violentos contra las mujeres. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Abraham Mafud pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. (Turno a Comisión)

Seis, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, a cargo del diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que crea la Ley Federal del Servicio Voluntario, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 7, 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X, y 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo II Bis, denominado ``De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas'', a la Ley de la Propiedad Industrial.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a cumplir en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y a procurar apoyar la compra de leche de productores nacionales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo para solicitar informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, acerca de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre EZLN y el Gobierno Federal.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que informe sobre los homicidios de mujeres en la entidad, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar los delitos cometidos por el gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, y sus colaboradores durante el pasado proceso electoral de esa entidad, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud para que en esta entidad federativa se promuevan e instauren las acciones y los programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, a cargo del diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador constitucional de Guerrero a adoptar las medidas conducentes en el proceso penal contra el C. Felipe Arreaga Sánchez, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implantar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para el envío de una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de América en protesta por los señalamientos públicos del director de la CIA acerca de la política interna de México, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar o, en su caso, considerar la creación de una ley a fin de prevenir y atender la violencia familiar, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a retirar del Programa de Libros de Texto Gratuitos, para consulta en las bibliotecas de aula, los que incluyen narcocorridos, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones conducentes a obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en los asuntos electorales de sus estados, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT adecuar la norma oficial mexicana referida a la construcción de carreteras federales y autopistas, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al auditor superior de la Federación a auditar el Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre el apoyo para trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, SCL, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades del acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba la nueva demarcación electoral en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a investigar la epidemia de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca y efectuar el control sanitario respectivo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sobre el destino dado a los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004, a cargo de la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del estado de Michoacán y a la Empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrito por los diputados Inelvo Moreno Álvarez, Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a no intervenir en los procesos internos de elección de dirigentes en sus respectivas entidades federativas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar, en el ámbito de sus competencias, el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral e investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el ajuste salarial de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, conforme al acuerdo y los criterios emitidos por la SHCP sobre la partida presupuestal del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se cree una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales a campañas en elecciones locales, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reformar el acuerdo 312, en el que se determinan los programas de educación primaria, y que tenga efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006, a cargo del diputado Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a fin de que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento a los titulares de la SEP y de la SHCP por el recorte de 1,734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa Oportunidades, a cargo de la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que un grupo de diputados y de diputadas se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa en relación con la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que se destinan al consumo humano, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa sobre el levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer orden y vigilancia en las estructuras estatales respecto a la entrega de los recursos federales de los distintos programas del Procampo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a ampliar el plazo del trámite de incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar, y a establecer mecanismos para certificar el grado académico correspondiente a los docentes que no cuentan con la licenciatura en educación preescolar y sí con gran experiencia y varios años de antigüedad en las aulas, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT del Gobierno Federal a ejercer los recursos necesarios para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, a cargo del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex expedir copia certificada de los ``Contratos-Alianza'', a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, y se solicita mayor presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SHCP, al secretario técnico del IPAB y al director de Cintra a informar sobre la operación para vender ésta, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral y a investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar y ponderar la remoción del director del Conacyt, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar en coordinación con gobiernos estatales y organizaciones ganaderas una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis, a cargo del diputado Enrique Guerrero Santana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar al orden constitucional las actividades militares en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Hacienda y Crédito Público; y Especial Sur-Sureste que realicen una reunión en Villahermosa, Tabasco, para evaluar el ejercicio de los recursos asignados a la zona fronteriza con Centroamérica, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a solicitar la renuncia del C. Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que solicite al IFE un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana, así como el diagnóstico de las posibles opciones para fiscalizar y regular las precampañas, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos provenientes de las multas impuestas por el IFE se destinen a los centros públicos de investigación del Conacyt, para la creación de plazas del personal académico y de investigación, y al gasto corriente y de inversión, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, para que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía de resolver el acuerdo relativo a la caseta de cobro Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

---

ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; también ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Consulte entonces la Secretaría si se dispensa su lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el lunes veintiocho de febrero de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con cinco minutos del lunes veintiocho de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo sexto aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Francisco Javier Barrio Terrazas con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

Comunicación del diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo con la que informa que opta por el cargo de gobernador del estado de Guerrero. De enterado. Comuníquese.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite:

Punto de acuerdo por el que manifiesta su disposición e interés de participar en conferencia con la Cámara de Diputados, a fin de dotar al sector azucarero del marco legal indispensable que ofrezca certeza, seguridad jurídica y los instrumentos que promuevan la competitividad, diversificación y consolidación de la actividad azucarera nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con opinión de la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. A las once horas con trece minutos la Secretaría informa del registro de trescientos sesenta diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, se le presenten los resultados de la reciente auditoría practicada al Consejo Mexicano del Café, por el uso del Fondo de Estabilización de los Precios del Café durante los últimos tres años. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y remítase a las comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial del Café, para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto:

Que adiciona los artículos ciento cincuenta y tres bis, ciento cincuenta y tres bis uno, ciento cincuenta y tres bis dos, ciento cincuenta y tres bis tres y ciento cincuenta y tres bis cuatro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y reforma el primer párrafo del artículo cuatrocientos catorce del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia y Derechos Humanos.

Que reforma la fracción tercera del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.

Que reforma el primer párrafo del artículo sesenta y ocho de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Rumania y Japón. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Que concede permiso a tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Corea, Paraguay y Francesa. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios dentro de la Embajada de la República de Bolivia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto:

Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos segundo y dos -- A, y adiciona el artículo diez - A de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Desde su curul el diputado Enrique Ariel Escalante Arceo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum y por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para el efecto.

Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. A solicitud de la diputada Secretaria Graciela Larios Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente aéreo del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, entre quienes se encontraban el gobernador del estado de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el secretario de Turismo de esa entidad federativa, Roberto Preciado Cuevas, quien fuera diputado federal en la Quincuagésima Octava Legislatura. La Secretaría informa del registro de trescientos treinta y un diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.

Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarto, quinto y doce de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley de Navegación. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Marina.

Dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Es de primera lectura.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura de cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso:

Al ciudadano Ernesto Canales Santos, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Al ciudadano Sandro Muller Rolandi, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la Confederación Helvética en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Al ciudadano Servando Centella Pérez, para que pueda aceptar y usar la medalla que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.

A cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

A dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada del Perú en México.

Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y cinco votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, información sobre el Programa Bienvenido Paisano.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que el Consejo de Salubridad General suspenda la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha seis de julio y veintiséis de octubre de dos mil cuatro, solicitando sean enviados con su fundamentación científica y jurídica para su análisis. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a que emita una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar los programas a su cargo que tienen por objeto fomentar y difundir la artesanía nacional, canalizando recursos para impulsarla. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que analice la procedencia para reclasificar la tarifa doméstica del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a efecto de ubicarla en la uno C. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal a que, a través de las secretarías de Economía y de Energía, impulse estrategias, mecanismos e instrumentos, en coordinación con la industria mexicana del acero, tendientes a elevar y extender la competitividad del sector. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública a tomar medidas que impidan la extorsión a ciudadanos mexicanos que transitan en el país en vehículos de procedencia extranjera por parte de la Policía Federal Preventiva; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que la Policía Fiscal se abstenga de implementar operativos para decomisar dichos vehículos. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social información relativa al conflicto en la empresa Avon Cosmetics, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, a través de su órgano de control interno, efectuar una supervisión a las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para que se investiguen los hechos de violencia acontecidos el veinte de febrero de dos mil cinco en el Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando, en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, atendida por la Presidencia.

Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de Salud información sobre la manera en que aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo treinta y seis de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Salud.

Manuel Velasco Coello, a nombre propio y de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana número NOM -- cero ochenta y tres -- SEMARNAT -- dos mil tres, en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para realizar un donativo a una fundación que apoya a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, en el marco de los acuerdos internacionales, promueva leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con el virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y derogue el punto dos punto doce punto diecisiete de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Francisco Antonio Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que incrementen sus acciones para atender de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Procurador General de la República a que dé continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil, descubierta en Cancún en noviembre de dos mil tres, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum. El Presidente hace aclaraciones y declara la existencia de quórum. El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, habla en pro del punto de acuerdo y sin nadie más que solicite la palabra, la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.

Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, para pronunciarse en contra de la aprobación de la iniciativa HR -- cuatrocientos dieciocho en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica la Asamblea considera de esa manera el asunto. Hablan en pro los diputados: Manuel González Reyes, del Partido Acción Nacional; y Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa, acepta interpelación del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica no se considera de esa forma la proposición en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Desde su curul la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, solicita con el apoyo de otros diputados que la pasada votación sea nominal. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento y sobre el resultado de la votación económica y no considera atendible la solicitud.

Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para organizar el Primer Parlamento de Cultura y solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Relaciones Exteriores y de Economía, colaboren al respecto y solicita trámite de urgente resolución. Durante la presentación de esta proposición, hablan desde su curul la Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional, para reiterar la solicitud de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo; y los diputados: Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, ambos para hacer comentarios en relación con la proposición del diputado José Guadalupe Osuna Millán y el resultado de la votación económica para el trámite de urgente resolución que solicitara. El Presidente reitera las aclaraciones de procedimiento y sobre el sentido de la votación económica en cuestión. La Asamblea considera de urgente resolución la proposición del diputado Muñoz Santini en votación económica. Habla en pro la diputada Carla Rochín Nieto, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los gobiernos del Distrito Federal y Federal, a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar aquellos programas de combate a la pobreza que aún no se aplican en la Ciudad de México y que la Secretaría de Desarrollo Social lleva a cabo en el resto de las entidades federativas. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y del Distrito Federal.

Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a que investigue los presuntos delitos cometidos por el gobernador del estado de Baja California Sur durante los recientes procesos electorales locales, y solicita trámite de urgente resolución. Habla en contra del trámite solicitado el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Hablan la diputada Miriam Marina Muñoz Vargas, del Partido Acción Nacional, en pro; y los diputados: Chávez Ruiz en contra; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; y Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Contesta alusiones personales el diputado Aguilar Iñárritu. Suficientemente discutido el punto de acuerdo, se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a eliminar la caseta de cobro conocida como Esperanza, en el tramo Ciudad Obregón -- Guaymas, en el estado de Sonora.

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano

Se turna a la Comisión de Transportes.

Nancy Cárdenas Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que instruya al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a instrumentar un sistema de contabilidad laboral para el turismo, y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en ese sector. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social.

Ángel Pasta Muñúzuri, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, un informe de la revisión de las funciones a concesionarios de telefonías celulares, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión se aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Carlos Hernán Silva Valdés, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que dictamine las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales de dos mil uno y de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que se abstenga de formular comentarios sobre materias que no son de su competencia. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la Delegación Álvaro Obregón, a mantener el uso de suelo como área verde en la Barranca de Tarango. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que gestione ante el gobierno de los Estados Unidos de América, la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal la revisión del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y eliminar las disposiciones discriminatorias contra personal militar con el virus de inmunodeficiencia humana -- síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y solicita trámite de urgente resolución. En virtud de dudas por parte de la Secretaría del resultado de la votación económica para la dispensa de trámites, se recoge votación nominal y por trescientos noventa y dos votos en pro, ciento setenta en contra y tres abstenciones, no se considera de urgente resolución en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.

Hidalgo Contreras Covarrubias, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a que subsane los perjuicios que, por concepto de emisión de elementos tóxicos, presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a instruir a la Secretaría de Economía a que incluya al municipio de Tetla, estado de Tlaxcala, dentro de la zona de cobertura del Programa Marcha Hacia el Sur. Se turna a la Comisión de Economía.

Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al gobierno del estado de Michoacán a que lleve a cabo la rehabilitación, mantenimiento y construcción de carreteras y caminos rurales que se encuentran dentro de su jurisdicción. Se turna a la Comisión de Transportes.

José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Ejecutivo Federal, analice el cambio de nombre del Centro Federal de Readaptación Social número tres, ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de la presente sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las quince horas con cuatro minutos, citando para la que tendrá lugar el martes primero de marzo de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada el acta.

---

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

C. Dip. Fed. Manlio Fabio Beltrones Rivara, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Con fundamento en el punto cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, me permito presentar a usted, el informe correspondiente a las actividades que desarrolló la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, en los foros de consulta celebrados en el estado de Campeche.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo a 24 de febrero de 2005.--- Dip. Carmen Guadalupe Fons Sáenz (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex

Informe de los foros en Campeche 18, 19, 20 y 21 de julio de 2004

Introducción

Como parte de los objetivos que nos propusimos desde la instalación de la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, planteamos la necesidad de desarrollar foros y mesas de trabajos para la recepción de la información que nos permita escuchar a los sectores que han sido afectados por la actividad petrolera y atender los problemas que nos fueran planteados.

Fue de ésta manera que durante los días 19, 20 y 21 de julio de 2004, los integrantes de esta Comisión, de manera conjunta con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asistimos a una gira de trabajo por el estado de Campeche, que nos permitieron intercambiar experiencias y propuestas con los representantes de la sociedad campechana.

Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo con los secretarios del gobierno del estado, con los integrantes del Congreso del estado, con los representantes de sectores productivos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, comerciantes, empresarios, pescadores, entre otros.

En cada una de las reuniones se desarrolló una presentación de los integrantes de la Comisión que asistieron a esta visita, ante los invitados y participantes, se dio a conocer los objetivos y programas de trabajo con el fin de iniciar los diálogos que tiendan puestas de comunicación y entendimiento para explicar la función de la misma.

De la misma manera, durante nuestra estancia en la entidad campechana, visitamos el área de plataformas de la sonda de Campeche, de donde se extrae más del 80 por ciento de la producción nacional de crudo, siendo los yacimientos más importantes del país.

El presente informe pretende presentar de manera clara, las propuestas, experiencias y comentarios que los integrantes de esta Comisión, recibimos en nuestra visita a Campeche, así como las acciones que se emprendieron para dar respuesta a la población y los sectores que han sido afectados.

Cabe destacar que de los problemas a los que mayor referencia hicieron los participantes de estas reuniones, fue la carencia de programas de reordenamiento ecológico y la restitución de los daños generados por la paraestatal en la sonda de Campeche.

Como resultado de los planteamientos escuchados en las reuniones sostenidas, la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, inició la realización de entrevistas y reuniones de trabajo con las autoridades involucradas en la solución de cada uno de ellos; se han desarrollado reuniones de trabajo con las autoridades estatales y del ámbito federal, que al igual pueden ayudar en la solución de estos problemas.

Diputados participantes

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz

Presidenta

Dip. Carla Rochín Nieto

Secretaria

Dip. Yadira Serrano Crespo

Secretaria

Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán

Secretaria

Dip. Abraham Bagdadi Estrella

Dip. Gonzalo Guízar Valladares

Dip. Francisco Javier Lara Arano

Dip. Yolanda Valladares Valle

Dip. Oscar Rodríguez Cabrera

Dip. Carlos Manuel Rovirosa Ramírez

Dip. Francisco Herrera León

Dip. Víctor Alcerreca Sánchez.

Programa de actividades

Con la finalidad de atender las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la sociedad del estado de Campeche, ante las actividades realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), este fue el programa desarrollado durante los días 19, 20, y 21 de julio de 2004.

Lunes 19 de julio

8:30 horas

Desayuno de bienvenida

Salón Bajeles, Hotel Baluartes

Asistentes:

CP. Jorge Carlos Hurtado Valdez, gobernador del estado de Campeche.

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio, secretario de Gobierno.

Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.

Lic. José Ángel Paredes Echevarria, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Arq. José Luis González Curi, secretario de Turismo del estado.

Lic. Jorge Luis González Curi, coordinador general de Asesores del gobernador.

Lic. Femando Ortega Bernes, presidente municipal de Campeche.

Objetivo:

Reunión interinstitucional para escuchar, atender y proponer soluciones a la problemática generada por el impacto ambiental y social de la presencia de Pemex en la entidad.

10:30 horas

Reunión Interinstitucional

Salón Gobernadores, Palacio de Gobierno

Asistentes:

Lic. Carlos Felipe Ortega Rubio, secretario de Gobierno.

Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.

Lic. José Ángel Paredes Echevarria, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

Ing. Jorge Rosiñol Abreu, presidente municipal del Carmen.

Lic. Jorge Luis González Curi, coordinador general de Asesores del gobernador.

Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del estado.

Lic. Manuel Angulo Romero, secretario de Ecología del estado.

Lic. Edilberto Rosado Méndez, secretario de Desarrollo Social del estado.

CP. Víctor Santiago Pérez Aguilar, secretario de Finanzas del Gobierno del estado.

Dr. Alvaro Arceo Ortiz, secretario de Salud del Gobierno del estado.

Lic. Carlos Marrero Solá, coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica del Gobierno del estado.

CP. Enna Alicia Sandoval Castellanos, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche.

CP. Nicolás Novelo Noble, rector de la Universidad Autónoma del Carmen.

Ing. Héctor Leyva Torres, subdirector de Pemex Región Marina Suroeste.

Ing. Javier Hinojosa Puebla, Subdiredor de Pemex Región Marina

Noroeste.

Ing. Ricardo Palomo Martínez, subdirector de la Región Marina Sureste.

Ing. Mario Abreu Barroso, gerente regional Industrial y Protección Ambiental Región Marina Suroeste.

Ing. Héctor Gervacci González, coordinador de Desarrollo Regional y Comunicación Región Marina Noroeste.

Ing. Rodolfo Maya Sánchez, gerente de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Región Marina Noroeste.

Ing. Gerardo Sosa Alonzo, Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Subdirección de Servicios Marinos.

Vicealmirante C.G.D.E.M. Jerómino Bringas Murrieta, comandante de la Tercera Zona Naval en Lerma.

Vicealmirante C.G.D.E.M. Carlos Servando Ponce de León Colubi, comandante de la Quinta Zona Naval en Carmen.

Objetivo:

Reunión de evaluación del impacto social y ambiental generado por Pemex, en base a una temática de preguntas y respuestas.

12:00 horas.

Reunión interparlamentaria de trabajo.

Sala de Juntas del H. Congreso del estado de Campeche.

Asistentes:

Dip. Carlos Oznerol Pacheco Castro, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.

Diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias.

Objetivo:

Escuchar los planteamientos de los legisladores locales y las propuestas de solución en materia legislativas de las problemáticas que enfrenta la entidad ante los impactos social y ambiental generados por Pemex.

14:00 horas.

Comida y reunión de trabajo con los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y de Ciudad del Carmen.

Salón Ah Kim Pech, Hotel del Mar.

Participantes:

Lic. Alejandro Azar Pérez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

C. Giacomina Merino Capellini, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen.

C. Enrique Acevedo Caamal.

Lic. Mariela Rodríguez Muñoz, presidenta de la Canacintra, Ciudad del Carmen.

Integrantes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Campeche y Ciudad del Carmen.

Lic. José Luis Rebolledo Pereda, en representación del LAE. Antonio Richard Pinto, secretario de Fomento Industrial y Comercial del estado.

Objetivo:

Escuchar los planteamientos y propuestas del sector empresarial campechano, sobre los impactos social y ecológico que resienten, así como las propuestas de solución a los mismos.

16:00 horas

Reunión de trabajo con los representantes del sector pesquero de altura del estado de Campeche.

Sala de Juntas del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

Participantes:

Ing. Ramón Ochoa Perla, secretario de Pesca del Gobierno del estado.

Ing. Jorge Márquez Zapata, presidente de la Canaipesca de Campeche.

Lic. Miguel Roldán, presidente de la Canaipesca de Ciudad del Carmen.

Miembros de las Cámaras Nacionales de la Industria Pesquera y Acuacultura de Campeche y Ciudad del Carmen.

Objetivo:

Escuchar los planteamientos de la problemática que atraviesa el sector pesquero de altura en Campeche, por la presencia de Pemex en las áreas de pesca, las restricciones que se han registrado y las propuestas de solución a cada uno de ellos.

18:30

Reunión de trabajo con organismos no gubernamentales e institutos de investigación de la entidad.

Instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

Participantes:

Dr. Manuel Angulo Romero, secretario de Ecología del Gobierno del estado.

Representantes de las organizaciones no gubernamentales de Campeche.

Representantes de los institutos de investigación de Campeche.

Objetivos:

Conocer los resultados de las investigaciones realizadas en materia de impacto ambiental generado por Pemex en la región, escuchar las preocupaciones de los ambientalistas por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

20:00 horas.

Reunión de trabajo con el sector pesquero ribereño de Campeche.

Salón Ah Kim Pech, Hotel del Mar.

Participantes:

Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del Gobierno del estado.

Representantes del sector pesquero ribereño de Campeche.

Objetivos:

Escuchar las preocupaciones de los pescadores por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Martes 20 de julio

9:00 horas.

Visita y recorrido por las plataformas de Pemex en la sonda de Campeche.

Complejo Cantarell

Participantes:

Representantes de Pemex.

Objetivos:

Visitar las plataformas marinas de Pemex a fin de conocer los procedimientos y normas aplicadas para los procesos de extracción y producción, así como los programas generales de perforación y producción, los programas de seguridad industrial que se desarrollan en estas instalaciones.

20:30 horas.

Reunión interinstitucional con funcionarios municipales del Ciudad del Carmen.

Hotel Fiesta Inn.

Participantes:

Ing. Jorge Rosiñol Abreu, presidente municipal del Carmen.

Integrantes del Cabildo municipal.

Funcionarios del Ayuntamiento del Carmen.

Funcionarios de Pemex.

Funcionarios del Gobierno del estado de Campeche.

Representantes de organizaciones no gubernamentales.

Representantes de cámaras, clubes de servicios, sectores, etcétera.

Objetivos:

Reunión interinstitucional para escuchar, atender y proponer soluciones a la problemática generada por el impacto ambiental y social de la presencia de Pemex en la entidad.

Miércoles 21 de julio

10:30 horas.

Reunión de trabajo con el sector pesquero ribereño de Ciudad del Carmen.

Casino Naval de Carmen.

Participantes:

Ing. Ramón Ochoa Peña, secretario de Pesca del Gobierno del estado.

Representantes del sector pesquero ribereño de Campeche.

Objetivos:

Escuchar las preocupaciones de los pescadores por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Problemática

En el estado de Campeche, se encuentran los yacimientos de petróleo más importantes de América Latina, del cual se extraen el 80 por ciento de la producción nacional de crudo, generando ingresos que sirven de pilar a la economía del país.

Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene como instalada en Ciudad del Carmen, punto mas cercano de las 166 plataformas marinas ubicada en la sonda de Campeche, las oficinas de las Subdirecciones de la Regiones Marinas Noroeste y Suroeste, además de dos secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En 1970 al iniciarse las actividades de producción de crudo en la sonda de Campeche, a la entidad no se le consideró como entidad petrolera, dado que los trabajos se desarrollaban en el mar y no en tierra como sucede en otras entidades, por lo que al aportar solo una mínima parte de la producción nacional de crudo, el reclamo de los campechanos no fue escuchado por la Federación.

Sin embargo, para 1980 al entrar en vigor la Ley de Coordinación Fiscal, Campeche no fue considerado por este concepto, lo que hace que pese a ser la entidad de donde se extrae el 84 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos, otras localidades con menor porcentaje obtengan mayores recursos que este estado.

En el marco de la Convención Nacional Hacendaria, efectuada durante el 2004, gobernadores de estados, Congresos locales, diputados federales, senadores y sociedad mexicana, apoyaron las propuestas de Campeche, para que recibiera mayores recursos por concepto de su aportación de hidrocarburos a la nación, sin embargo, en este acuerdo y llamado no ha sido escuchada hasta el momento.

Desde 1970, año en el que se inician los trabajos en la sonda de Campeche en su calidad de exploración, a la fecha Ciudad del Carmen ha tenido un incremento importante en su índice poblacional, provocado por una alta migración de personas provenientes de la entidades como Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, principalmente, quienes llegan en busca de oportunidades en la actividad petrolera.

Esta alta migración ha provocado una población flotante donde en 1991 se dio a conocer que en Ciudad del Carmen obtiene el 25 por ciento de la población campechana la densidad de población es de 656 habitantes por kilómetro cuadrado; el área urbana y conurbana de la ciudad cubre alrededor de 25 por ciento de la isla y sólo existe 15 por ciento mas de superficie habitable ya que el restante 60 por ciento corresponde a pantanos y manglares.

Esto determina que la densidad real de población sea de mil 500 habitantes por kilómetro cuadrado, dicho valor es 40 veces mayor que el índice nacional y 150 veces que el estándar estatal y poco menos de un tercio de lo reportado para el Distrito Federal según datos de INEGI.

Este indicador demográfico tiene un gran peso en las posibles explicaciones de los desequilibrios socioeconómicos y ambientales que la actividad petrolera ha generado en Campeche.

El asentamiento de una mayor población, ha generado un crecimiento desmedido de la localidad, a través de una serie de invasiones de terrenos y predios, ante la falta de espacios adecuados para ello, lo que ha llevado incluso, a que familias busquen fincar sus hogares en zonas de manglar, con lo que además de manifestar un daño al medio ambiente, impactando esta especie en peligro de extinción.

Aunado a este problema de crecimiento poblacional desmedido, se han venido presentando otros más como la inseguridad, encarecimiento de los artículos de canasta básica por encima de otras localidades de la entidad, prostitución y alto índice de desempleo.

La falta de oportunidades de los lugareños para incursionar en la actividad petrolera, donde se les brinda empleos de baja categoría en base a sus niveles escalafonarios, ha llevado a diversas instituciones educativas a desarrollar carreras con vínculos a la actividad petrolera, sin embargo, las oportunidades de ingreso son escasas.

Pesca

Las áreas de pesca, localizadas en los sitios que actualmente ocupan las zonas restringidas por la actividad petrolera en la sonda de Campeche, alcanzaron sus niveles record en 1978, manteniéndose en un promedio de 17 mil toneladas hasta 1980.

Estos volúmenes de producción en la industria camaronera, se concretaban con una flota de 650 embarcaciones, que permitían la actividad en 19 plantas procesadoras, además de 20 varaderos, 15 astilleros y empleos directos que sumaban 17 mil, que los con generados de manera indirecta, convertían a la pesca en la actividad sustento de la economía de los campechanos.

Según un estudio publicado en 1997 por Epomex de Análisis y Diagnóstico de los Recursos Pesqueros, el potencial de pesca de camarón era en los 31 mil kilómetros del área de la sonda de Campeche y se estima de 20 mil a 30 mil toneladas de diferentes especies.

La actividad petrolera se ha reducido dramáticamente, ya que se calcula que solo en el 2003, se produjeron 2 mil toneladas de camarón blanco. Actualmente la flota pesquera de altura se estima en 167 embarcaciones.

Cabe destacar que la actividad pesquera fue primera a la presencia de Petróleos Mexicanos en Campeche, la cual con sus plataformas, restringió de manera considerable el área de pesca del camarón.

La tecnología utilizada por Pemex para la extracción de los hidrocarburos, no permite la convivencia armónica de esta actividad y la pesquera, como sucede en el Mar del Norte y las costas del Golfo de México en Estados Unidos, con el desarrollo paralelo de las dos actividades.

Medio Ambiente

Un grave problema en materia ambiental generado por Pemex, fue la explosión de pozo Ixtoc, ubicado en la sonda de Campeche y que se salió de control, con el derrame de millones de galones de petróleo en todo el Golfo de México. Este accidente es considerado como el impacto petrolero más grande de todos los tiempos en el mundo, solamente comparado con los sucesos de la Guerra del Golfo Pérsico en 1991.

Según datos de la Administración Ecológica y Atmosférica de los Estados Unidos de Norteamérica, este acontecimiento ha causado la muerte del sistema ecológico de la mayor parte del Golfo de México y sobre todo en especial de la sonda de Campeche.

Las actividades petroleras costa afuera son eventuales fuentes de contaminación de aguas en su modalidad química, en dos variantes: la contaminación por hidrocarburos y contaminación por metales pesados.

Ambas variantes se consideran ambientalmente riesgosas y en particular la correspondiente a metales pesados, en virtud de la persistencia que estos elementos poseen como la acumulación en los organismos vivos.

Diversos estudios documentan de manera fehaciente la presencia de hidrocarburos de origen petrogénico y metales pesados.

En materia de contaminación de suelos, se registran impactos tan antiguos como el de 1985, cuando un fenómeno hidrometeorológico causó la ruptura de una obra de contención y provocó la entrada de agua salina hacia la parte continental a través del canal construido para el gaseoducto, en el ejido de Atasta que causó el ensalamiento de 120 hectáreas agrícolas y de 8 mil 81 hectáreas de pastizales dedicados a la ganadería.

La Evaluación de Riesgo Ecológico e Impacto de las Operaciones industriales, formulado en marzo del 2002 por el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, se afirma que la estación compresora de gas de Atasta, causa contaminación del suelo por la descarga de agua de formación a la fosa de quemado, el agua se filtra y mezcla con el agua del acuífero subterráneo. El análisis hecho al agua, indica la presencia de valores altos de hidrocarburos como petróleo y sólidos disueltos.

La contaminación de aire por emisiones a la atmósfera es un fenómeno poco estudiado en Campeche, por lo que el Instituto Mexicano del Petróleo reconoce la necesidad de instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las plataformas.

El impacto ambiental de los derrames de hidrocarburos de las zonas de manglar y humedales de la entidad, pueden llegar a comprometer el delicado equilibrio de este ecosistema.

Información de Pemex

Según la información proporcionada por Petróleos Mexicanos, en la sonda de Campeche se cuenta con 166 plataformas, en una superficie de 2 mil 900 kilómetros.

Es esta zona la más importante del país, porque produce el 84 por ciento que generado Pemex en todo el país y el 34 por ciento del gas.

De Ciudad del Carmen hacia el área de plataformas hay una distancia aproximada de 80 a 85 kilómetros.

El componente en la Población Económicamente Activa relacionada con la actividad alcanza el 8 por ciento del total.

En esta zona existe la denominada Chapopotera de Cantarell, que es una fractura de más de 4 kilómetros de ancho.

Se cuenta con dos indicadores de calidad de aire, uno de ellos ubicado en la terminal de Dos Bocas.

Las entidades que tiene Pemex Exploración y Producción en México y en particular en la sonda de Campeche, están reguladas, existe un autoridad o autoridades que las vigilan y ellas tienen la capacidad y los controles para en su caso, sancionarlos o suspender actividades, todo lo que permite la legislación mexicana.

El monitoreo ambiental es el instrumento que permite poner a disposición de quien sea, los resultados para ver si existe o no daño alguno y es la herramienta con la cual se puede hacer una toma de decisiones.

Solicitudes recibidas

En respuesta al apoyo recibido por los representantes de los Congresos locales de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Campeche, se solicita promover las acciones y reformas que permitan que la Federación, reconozca la importante aportación de la entidad en materia de hidrocarburos, retribuyéndole más recursos.

Que no se permitan más exploraciones de Petróleos Mexicanos con resonancia magnética o impactos tridimensionales, hasta que no se determine si realmente existe un daño al medio ambiente.

Que se hagan investigaciones científicas de alto nivel, para comprobar que sí se esta haciendo daño y que no se le siga permitiendo a Pemex este tipo de exploraciones.

Que se difunda ampliamente entre la sociedad la existencia de esta Comisión y los mecanismos para hacerle llegar las denuncias de impactos en los estados con presencia de Pemex.

Integrar un paquete de denuncias sobre daños ocasionados a las entidades federativas y determinar los montos de éstos.

El comercio organizado de Campeche solicita oportunidades para convertirse en proveedores de los insumos que requiere la paraestatal.

Reclaman que de 470 empresas que le laboran a Pemex en la entidad, el 95 por ciento son foráneas.

Ante la importancia del tema, las organizaciones no gubernamentales de Campeche solicitan que la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, no sea sólo por un periodo determinado sino permanente.

Que se hagan reuniones con las autoridades y con las propias comunidades que se encuentran afectadas.

La reactivación del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida ``Laguna de Términos''.

El desarrollo de una investigación seria sobre el impacto que ha tenido la actividad petrolera en las comunidades de tortuga marina.

Que la Profepa sea un órgano con mayor independencia, que pueda pertenecer al Poder Judicial de la Federación y no al Poder Ejecutivo, porque se convierte en juez y parte.

Apoyo como subsidio a la gasolina de los pescadores ribereños.

Promover la presencia de técnicos en camaricultura en Campeche, que apoye a los pescadores en la elaboración y producción de esta especie.

Impulso a programas de creación de arrecifes artificiales.

Promover una mayor vigilancia en la Sonda de Campeche y Laguna de Términos, para prevenir y controlar la pesca furtiva.

Impulsar propuesta para la obtención de recursos que permitan desarrollar el dragado del canal de acceso al puerto ``Isla del Carmen''.

Apoyar la implementación de mecanismos legales que permitan la canalización de recursos a las autoridades por concepto de extracción de hidrocarburos.

Realizar gestiones para que Pemex aporte recursos para dotar al municipio del Carmen, el más impactado de la entidad por la presencia de la paraestatal, de agua potable.

Promover una reunión con la participación de Petróleos Mexicanos, Sagarpa, Conapesca, Hacienda y autoridades locales, además de pescadores.

Creación de un fideicomiso para el pago de indemnizaciones al sector pesquero de altura y ribereño por las afectaciones recibidas ante la presencia de Pemex.

El otorgamiento de permisos de pesca de mediana altura a los pescadores ribereños.

Que se capacite a los pescadores de ribera y créditos para la adquisición de embarcaciones para la pesca de mediana altura.

Conclusiones

La presencia de Petróleos Mexicanos en la entidad campechana y en especial en Ciudad del Carmen, ha traído consigo una serie de problemas sociales y ambientales que no han sido atendidos de manera puntual.

La actividad petrolera en Campeche, ha generado impactos al ambiente que pueden resumirse en contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación de aire y alteraciones al paisaje.

Por ello, urge instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las plataformas, para contribuir a un mejor conocimiento de la situación y la definición precisa de las acciones a desarrollar.

De la misma manera, se propone buscar los mecanismos legales y de gestión, para que el Gobierno de la entidad, reciba mayores recursos por su aportación en la producción nacional de crudo y con ello poder dar respuesta a las demandas de la población, no solo local sino flotante en materia de servicios como agua potable, electricidad, pavimentación, seguridad, etcétera.

Es de justicia reconocer que en la actualidad, los mecanismos de seguridad industrial y ambiental que utiliza la paraestatal en sus actividades en el mar, se han mejorado de manera sustancial, sin embargo, es necesario buscar los mecanismos que permitan una convivencia entre la actividad petrolera y la pesca, una de las industrias que fueron pilar de la economía local.

Asimismo, como una preocupación de la sociedad civil se propone el respeto al Área Natural Protegida ``Laguna de Términos'', sitio al que se encuentra inmersa la presencia de Pemex, la cual se encuentra amenazada con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 13 pozos exploratorios.

De la misma manera se recomienda buscar los mecanismos a través de los cuales, se puedan brindar mayores recursos para apoyar a los pescadores de altura y de ribera en la entidad, con la finalidad de brindarles alternativas que les permitan una actividad alterna a la que desarrollaban.

Asimismo es necesario gestionar la disminución a las áreas restringidas mínimas necesarias para la seguridad de las instalaciones petroleras, permitiendo una convivencia de la Pemex con la industria pesquera que ha sufrido una disminución en sus capturas.

ANEXOS*

Anexo I: Reseña con fotografías de la reunión con autoridades estatales el 19 de julio de 2004. Visita a las plataformas marinas el 20 de julio de 2004. Reunión con autoridades estatales el 20 de julio de 2004.

Anexo II. Recortes de los periódicos Milenio y Tribuna de la reunión con la administración pública estatal el 19 de julio de 2004. Desayuno con la prensa en el malecón de Ciudad del Carmen, Campeche el 22 de julio de 2004. Reunión con pescadores del municipio del Carmen el 21 de julio de 2004.

* En el documento entregado a la Secretaría, los anexos contienen copias de fotografías y recortes periodísticos.

«Punto de acuerdo, para solicitar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisar el permiso otorgado a Pemex para explorar en la zona de manejo intensivo del área natural protegida Laguna de Términos; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reactivar el Consejo Consultivo de ésta, presentada por la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

Con fecha 6 de junio de 1994, según decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de Federación, se creó el área natural protegida ``Laguna de Términos'', bajo la categoría de área de protección de flora y fauna, misma que tiene una extensión de más de 700 mil hectáreas, ubicada en el sur del estado de Campeche.

La región se encuentra en uno de los estados de la República Mexicana con menor alteración en el uso de suelo, como lo es Campeche, en el que solo el 38 por ciento de su superficie se encuentra modificado por algún tipo de actividad antrógenica.

Es necesario resaltar, que el plan de manejo de esta área natural protegida, constituyó un ejercicio de planificación que normaría el desarrollo de la misma y que tiene como objetivo la conservación de los recursos naturales en beneficio de la sociedad, con el propósito de elevar su calidad de vida.

Según el texto del plan de manejo, publicado en marzo de 1997, este programa normaría las actividades cotidianas de la sociedad, por lo que en un ejercicio único en el país, este se desarrolló en un proceso de participación de todos los sectores de la población.

Y es que son los propios pobladores del área, quienes mejor conocen la problemática ambiental y las formas de resolverlas, por lo que a través de los denominados ``módulos temáticos'', en un proceso de más de 110 reuniones periódicas, que involucró a más de 46 organizaciones sociales, públicas y privadas, así como a organizaciones no gubernamentales y participaciones ciudadanas independientes, realizadas entre octubre de 1994 y enero de 1995.

Para la redacción del documento final, se creó un grupo multiinstitucional y posteriormente, la versión preliminar fue revisada y comentada por el Consejo Consultivo del Área Natural Protegida, por lo que una vez corregida, se presentó a todos los sectores involucrados en su elaboración.

Este antecedente, habla de la organización social que existe en la región de Laguna de Términos y de la preocupación, disponibilidad e interés de los habitantes de esta zona, en la protección de los recursos naturales con que se cuentan.

Es necesario recordar que, en enero de 1996, Petróleos Mexicanos inició los trabajos preparatorios para el establecimiento de los pozos Gabanudo I y Ribereño I, mismos que el entonces Instituto Nacional de Ecología había autorizado, amparados bajo el argumento de que no existía, al momento de la autorización, el plan de manejo del área natural protegida, lo que activo las protestas de los diferentes sectores de la población, constituyéndose en marzo de 1996 el ``Consejo Consultivo para la Defensa del Área Natural Protegida Laguna de Términos''.

Así fue como el primero de mayo de 1996, se registró una inédita forma de protesta en Ciudad del Carmen, Campeche, cuando la población en general, contingentes de trabajadores, mujeres y niños, desfilaron por las principales calles de la isla, con banderas blancas, pronunciándose de esta manera, en contra de la expansión petrolera en el área natural.

A la fecha, se registran dos lamentables acontecimientos, que inquietan y preocupan a los diferentes sectores de la población, ya que los acuerdos y normas para la protección de los recursos naturales de la región, son violados y los instrumentos de participación y opinión de la sociedad organizada, se han dejado de utilizar.

Me refiero en particular, a las reuniones del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, mismo que desde hace más de 2 años, no sesiona, ni tampoco reúne los requisitos que exigen la normatividad vigente, lo que ha permitido la autorización de un desarrollo de 13 pozos exploratorios por parte de Petróleos Mexicanos en la zona de la Península de Atasta, dentro del área natural.

Resulta lamentable que un zona en donde la participación ciudadana haya sido fundamental para la creación del área natural protegida y el plan de manejo de la misma, actualmente, tanto Petróleos Mexicanos como la Dirección General de Impacto Ambiental, se nieguen a desarrollar una intensa discusión sobre la autorización y los alcances del proyecto que fuera autorizado, como lo demuestra la nula respuesta de ambas dependencias al reclamo popular en ese sentido, representados a través del Congreso local de Campeche y las organizaciones no gubernamentales.

La autorización de este proyecto de desarrollo de 13 pozos exploratorios en la península de Atasta, se contrapone al Plan de Manejo del Área Natural Protegida Laguna de Términos, que en el Anexo II ``Criterios de uso por actividad de la zonificación del Área Natural Protegida Laguna de Términos'', en el apartado de actividad petrolera, en el numeral 3, con la excepción que hace al poliducto a Atasta-Ciudad Pemex, pone en aplicación de manera automática, por interpretación de la ley, los criterios 1 y 2 del mismos, que textualmente señala ``en general en todo esta zona quedará prohibida la expansión de la actividad petrolera en cualquiera de sus fases (prospección, exploración, conducción, reactivación, etcétera)''.

El numeral 2 expresa: ``no se permitirá la construcción de nuevos ductos, ni cualquier otros tipo de infraestructura petrolera''; mientras que en el numeral 5 dice: ``no se permitirá la rehabilitación de la infraestructura actualmente instalada (abandonada, taponada) con fines de reactivación para su exploración y/o aprovechamiento''.

No menos importantes, son los numerales 15 y 18, donde manifiestan que para las aprobaciones de proyectos de expansión de Pemex, se requerirán las opiniones del consejo consultivo, cual en esta ocasión no se realizaron, en una violación a las normas ambientales que nos rigen.

Es por lo anteriormente expuesto, que propongo a este honorable pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar a la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas, la reactivación del Consejo Consultivo del Área de Protección de Flora y Fauna ``Laguna de Términos'', en el estado de Campeche, con la composición que la legislación vigente exige.

Segundo: Exhortar a la Dirección General de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental, realice una revisión a la autorización otorgada a Petróleos Mexicanos, para el desarrollo de 13 pozos en la península de Atasta, donde se pondere el respeto al Plan de Manejo y a la opinión del Consejo Consultivo del Área Natural Protegida ``Laguna de Términos'' y el respeto al decreto presidencial que crea el mismo, en sus artículos sexto y décimo tercero.

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Dip. Enrique Escalante Arceo (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría con oficios de la Secretaría de Gobernación hacia la Cámara de Diputados.

---

CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher pueda aceptar desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República francesa en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

Por lo anterior me permito anexar original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que la interesada solicita dicho permiso y de la carta de vecindad; copia certificada de la carta de naturalización; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Francesa y de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Roberto Abraham Mafud pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Por lo anterior me permito anexar original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad; copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Líbano y de su identificación oficial.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

---

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-697, signado el 23 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 106, suscrito el 15 del actual por el C. ingeniero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como Los Jardines, en Playa del Carmen, Quintana Roo, así como a la revisión de la autorización para la construcción del muelle de mediano calado en el mismo sitio.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio No. SEL/300/3409/04 del 24 de septiembre de 2004, dirigido al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en sesión de fecha 23 de septiembre de 2004, mediante el cual exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias para la protección de la comunidad coralina Los Jardines, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, e informar a esa Cámara de Diputados sobre la implementación de dichas medidas.

Al respecto, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado diversas visitas de verificación al proyecto en construcción de dos muelles para embarcaciones de mediano calado localizado en Playa del Carmen, el cual cuenta con autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Semarnat, a través del oficio No. S.G.P.A.-DGIRA.- 003592 del 3 de octubre de 2001, en este sentido, se instauraron los procedimientos administrativos correspondientes, los cuales han sido resueltos conforme a la normatividad, ambiental aplicable.

Sin embargo, como una medida para la protección de las comunidades arrecifales de la zona, esta Procuraduría mantiene una constante vigilancia sobre las actividades de este proyecto, a efecto de verificar, entre otros aspectos, que durante las actividades de construcción se encuentre colocada la malla geotextil que impida la dispersión de sedimentos en el medio marino.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ing. José Luis Luege Tamargo (rúbrica), procurador federal de Protección al Ambiente.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

CENTROS DE ATENCION A LA INFERTILIDAD

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-775, suscrito el 14 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 081 / 2005, signado el 16 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar el procedimiento correspondiente para elaborar y expedir la norma oficial mexicana relativa a la regulación en las instalaciones de los establecimientos que prestan servicios de salud, en materia de atención a la infertilidad humana.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3759/04, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de octubre de 2004, mediante el cual se solicita al Ejecutivo federal elaborar y expedir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deberán observar los establecimientos que prestan servicios de salud en materia de atención a la infertilidad humana.

Al respecto, me permito acompañar la información que al respecto nos hizo llegar la M. en C. María de Lourdes A. Motta Murguía, secretaria técnica del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, solicitando su valiosa intermediación para remitirla al órgano legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2005.--- Dr. Gabriel García Pérez (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Dra. Ma. de las Nieves García Fernández, directora general adjunta de Vinculación Social en la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo, presentado por la diputada Cristina Díaz Salazar, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a elaborar una norma oficial mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, que fue turnado a esta unidad administrativa mediante el volante de trámite con folio de delegación 46222 de la oficina del secretario recientemente.

Sobre el particular, y por instrucciones del Presidente de este Comité, doctor Roberto Tapia Conyer, me permito informarle lo siguiente:

-- Conforme lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es requisito indispensable para emitir una norma oficial mexicana incorporar el tema de la misma en el Programa Nacional de Normalización del año que corresponda.

En ese sentido, con la publicación del suplemento del Programa Nacional de Normalización 2003 en el Diario Oficial de la Federación del 4 de noviembre de dicho año, este Comité inició formalmente el procedimiento para elaborar la norma oficial mexicana en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, cuyo objetivo es establecer las características y especificaciones de operación, así como los criterios y procedimientos de elegibilidad de la prestación del servicio de prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad.

El tema fue igualmente incluido en el programa del año en curso, el cual fue publicado el 24 de mayo del presente año en el órgano de difusión oficial.

-- El anteproyecto de norma oficial mexicana en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad está siendo elaborado, desde hace aproximadamente dos años, por un grupo de expertos en materia de infertilidad y reproducción asistida, el cual fue convocado en el Subcomité de Salud Reproductiva, dependiente de este Comité Nacional.

-- Tan pronto como se concluya la integración del mencionado anteproyecto, éste será sometido a la consideración del pleno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades a efecto de que, previa aprobación de éste, se continúen los trámites de expedición que marca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, incluyendo el proceso de mejora regulatoria y la publicación del proyecto para consulta pública.

-- Cabe destacar que el 12 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria, el cual señala que se suspende hasta el 29 de abril de 2005 la emisión de regulación por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal que tenga costos de cumplimiento para los particulares y que deba ser sometida al proceso de mejora regulatoria, razón por la cual la mencionada norma no podrá emitirse sino hasta el año entrante.

En virtud de lo anterior, he de agradecerle que por su amable conducto se haga llegar la información contenida en este oficio a la H. Cámara de Diputados, para el desahogo del punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 3 de septiembre de 2004.--- M. en C. María de Lourdes A. Motta Murguía (rúbrica), secretaria técnica del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

ADULTOS MAYORES

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 00232, suscrito el 10 del mes en curso por el C. licenciado Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años, que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando en su caso registros civiles móviles.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Gobierno del estado de Guerrero.--- Secretaría General de Gobierno.

C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

Por instrucciones del C. Mayor Luis León Aponte, secretario general de Gobierno, y en atención al similar número SEL/300/4299/2004, mediante el cual remite copia del dictamen de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, referente a que los gobiernos estatales, realicen la expedición de actas de nacimiento con el mínimo de trámites y sin costo alguno, en beneficio de las personas de 60 años o más que no estén registradas, al respecto adjunto al presente me permito enviar a usted copia del oficio número CTSERC/02259/2004, signado por el C. Lic. David Monroy Adame, coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil, mediante el cual informa que el gobierno del estado ya cuenta con los mecanismos para apoyar en materia registral a los asuntos mayores.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chilpancingo, Gro., febrero 10 del 2005.--- Lic. Gustavo Adolfo Morlet Berdejo (rúbrica), subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos.»

«Gobierno del estado de Guerrero.--- Secretaría General de Gobierno.

C. Lic. Gustavo Adolfo Morlet Berdejo subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos.--- Presente.

En atención a su oficio de fecha 2 de diciembre del año en curso, en donde nos remite para la atención procedente el oficio número SEL/300/4299/2004, signado por el C. licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informo a usted que el gobierno del estado, a través de la Coordinación Técnica, cuenta con campañas y jornadas permanentes de registros gratuitos para la regularización del estado civil de las personas. De igual manera, trabaja en coordinación con diferentes instituciones, como el DIF-Guerrero y el programa Pensión Guerrero, donde se llevan a cabo registros gratuitos en beneficio de los adultos mayores.

Como se puede observar, el gobierno del estado ya cuenta con los mecanismos necesarios para apoyar en materia registral a los guerrerenses que menos tienen, en este caso, a los adultos mayores, a los cuales sólo se les pide cuatro de los requisitos que se requieren para autorizar administrativamente su registro de nacimiento extemporáneo, como lo establece el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Registro Civil.

Sin más por el momento, le envío a usted un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chilpancingo, Gro., a 14 de diciembre del 2004.--- Lic. David Monroy Adame (rúbrica), coordinador técnico del Sistema Estatal del Registro Civil.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-942, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar numero 074, suscrito el 15 del mes en curso por el C. M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, municipio de Coacalco de Berriozábal, estado de México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Midio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En respuesta a su oficio número SEL/300/5345/04, de fecha 20 de diciembre de 2004 y recibido en la oficina del titular de esta Secretaría el 4 de enero de 2005 y en el cual se exhorta a la Semarnat:

A que, en coordinación con el gobierno del estado de México y el ayuntamiento constitucional de Coacalco, en el ámbito de sus competencias, para que previa autorización de la manifestación de impacto ambiental para la construcción del relleno sanitario ubicado en la mina La Bezana, en Coacalco de Berriozábal, estado de México, verifique el cumplimiento puntual de lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento (Impacto Ambiental), la NOM-083-SEMARNAT-2003 y todos los ordenamientos que de ellos se deriven.

Que en coordinación con el gobierno estatal y el municipal, formen un grupo interdisciplinario para analizar, evaluar e informar, en un plazo no mayor de 60 días, sobre la viabilidad de dicho proyecto, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de poder realizar las recomendaciones necesarias.

Informo a usted que, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), respecto a las atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno en relación con la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (rellenos sanitarios), se establece lo siguiente:

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 7o. Corresponde a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la presente ley;

XVI. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación por la presente ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35-Bis-2 de la presente ley;

El artículo 28 en su primer párrafo establece que en los casos que determine el reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras o actividades establecidas en las fracciones I a XIII del presente artículo, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

En este sentido, el reglamento de la ley antes citada, en materia de evaluación del impacto ambiental, establece en sus artículos:

Artículo 4o. Compete a Secretaría:

I. Evaluar el impacto ambiental y emitir las resoluciones correspondientes para la realización de proyectos de obras y actividades a que se refiere el presente reglamento.

El artículo 5o. establece las obras o actividades que requieren previamente la autorización de la secretaría en materia de impacto ambiental.

Derivado de lo anterior, le informo que las obras para la realización de rellenos sanitarios no están reservadas a la Federación para su evaluación en materia de impacto ambiental y, en todo caso, será el gobierno del estado el que deba resolver en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 7o., fracción XVI, de la LGEEPA. En todo caso, sería de competencia federal si para su realización se requiriera la remoción de vegetación de tipo forestal, o se realizaran las actividades en zonas federales de ríos, lagos o arroyos, o dentro de un área natural protegida de carácter federal, en cuyo caso se debiera presentar una manifestación de impacto ambiental para su evaluación y, en su caso autorización, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracciones VII, X y XII, de la LGEEPA; y 5, incisos O, R y S, del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Por otro lado, le informo que el área responsable de esta Secretaría en materia de impacto ambiental, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no cuenta a la fecha con información en el sentido de que se esté evaluando a nivel estatal ni que se haya solicitado opinión o apoyo a la delegación de la Semarnat en el estado de México ni a la misma DGIRA, para dictaminar en materia de impacto ambiental el mencionado proyecto.

Por los motivos expuestos anteriormente, es improcedente lo solicitado en el punto de acuerdo emitido por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de fecha 14 de diciembre de 2004.

Sin más por el momento, me despido de usted con un afectuoso saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 15 de febrero de 2005.--- M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada (rúbrica), subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

PROGRAMA OPORTUNIDADES

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-917, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DGVI/062/2005, suscrito el 16 del actual por el C. licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que informe sobre los pormenores del incidente suscitado en la delegación del estado de Tlaxcala, por el presunto uso, con fines electorales, del padrón del programa Oportunidades, y del estado que guarda la investigación que realiza su Órgano Interno de Control, por las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que participaron en los hechos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México. DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de la licenciada Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, y en atención a su oficio No. SEL/300/5352/04, fechado el 20 de diciembre de 2004, referente al punto de acuerdo aprobado por el la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, referente al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades del estado de Tlaxcala, anexo al presente envío a usted la siguiente documentación:

1) Respecto a los puntos de acuerdo primero y segundo, copia del oficio No. CON/008/2005 del 20 de enero del año en curso, suscrito por el licenciado Rogelio Gómez-Hermosillo Marín, coordinador nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, mediante el que proporciona un informe de la problemática suscitada en el estado de Tlaxcala, concerniente al padrón de beneficiarios del programa mencionado, junto con las correspondientes acciones realizadas.

2) En cuanto al punto de acuerdo tercero, copia del Oficio No. 20.0096/2005 del 7 de febrero de este año, signado por el CP Roberto Pinoncely Proal, titular del Órgano Interno de Control en esta Secretaría, en el que detalla las acciones adoptadas relacionadas con el asunto en comento; aunado al informe de los avances en las investigaciones que está realizando dicho órgano.

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2005.--- Lic. Enrique Lepine Muñoz (rúbrica), director General de Vinculación Interinstitucional.»

«Secretaría de Desarrollo Social.

Señor licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.--- Presente.

Me refiero a su oficio número DGVI/024/2005, de fecha 12 de enero del 2005, recibido en esta a mi cargo el 13 del mismo mes y año, a través del cual comunica que fue hecho del conocimiento de la titular de la dependencia el acuerdo aprobado en la sesión del 14 de diciembre de 2004 de la H. Cámara de Diputados, referente al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala. Con la solicitud de atender en términos de mi competencia el mismo.

Sobre el particular, y en respuesta a los numerales primero y segundo del oficio remitido por el subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Humberto Aguilar Coronado, a la C. secretaria de Desarrollo Social, anexo sírvase encontrar los pormenores de la problemática suscitada en estado de Tlaxcala con relación al padrón del programa, así como las acciones realizadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Por lo que respecta al punto tercero, en el que la H. Cámara de Diputados solicita conocer el estado que guarda la investigación que realiza el Órgano Interno de Control de la Secretaría, y toda vez que desconocemos el avance del procedimiento en cuestión, me permito solicitarle gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea el propio Órgano Interno de Control quien informe sobre el mismo.

Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 20 de enero de 2005.--- Rogelio Gómez-Hermosillo Marín (rúbrica), coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.»

«Secretaría de Desarrollo Social.

Pormenores del incidente suscitado en la Coordinación Estatal de Tlaxcala, con relación a la base de datos que conforma el padrón de beneficiarios

Con fecha 30 de agosto de 2004, aparecieron publicadas en los periódicos Reforma, Milenio y El Sol de México, notas periodísticas tituladas ``Filtran a Héctor Ortiz documentos de Sedesol'', ``Usa panista Oportunidades para hacer proselitismo'' y ``Habría manipulado Héctor Ortiz programas federales en Tlaxcala'', por lo que en vista de la gravedad de las declaraciones, el coordinador nacional del programa presentó ese mismo día denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control, en la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan tales hechos.

El 1° de septiembre del 2004, el mencionado servidor público presentó la denuncia de hechos N° 406/FEPADE/2004 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, radicada ante el licenciado Aristeo Núñez Martha, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Delitos Electorales de la mencionada Fiscalía, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos.

A partir de esa fecha se ha proporcionado al agente del Ministerio Público, así como al Órgano Interno de Control de la Sedesol toda la información que han solicitado tales como:

El nombre de la persona que está a cargo como coordinador estatal del programa Oportunidades, en el estado de Tlaxcala.

Con qué estructura cuenta qara el desarrollo de las funciones en el programa.

Listado de personal que trabaja para el programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala.

Las funciones y atribuciones del personal del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala.

Qué personas elaboran el padrón de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala.

Qué personal de la Coordinación tiene acceso al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala y si algunos de ellos maneja el listado.

La fecha en la que fue publicado el padrón de beneficiarios del Programa en Internet, correspondiente a la localidad de La Trasquila, municipio de Atlangatepec, estado de Tlaxcala, así como cuando fue generada dicha información.

Si en el padrón de beneficiarios que se encuentra publicado en Internet, aparecen los que hayan sido incorporados recientemente, señalando a qué número de fase corresponde su incorporación.

Enviar los padrones de beneficiarios que hayan sido publicados en Internet, durante el presente ejercicio.

Se dio respuesta en tiempo y forma a todas ellas, y se envió copia de las bases de datos que conforman el padrón de las comunidades solicitadas así como el del estado de Tlaxcala al momento de ser solicitado.

Por otro lado, desde el mes de septiembre del 2004 tanto la Fepade como el órgano interno de Control de la Sedesol han realizado diversas diligencias en la Coordinación Estatal de Tlaxcala, sin que esta Coordinación Nacional tenga conocimiento del resultado de ellas; de la misma forma, tenemos conocimiento que tanto la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales como el OIC en la Secretaría, han citado a comparecer a diversos servidores públicos.

Por último, me permito comentar que hasta el momento no ha sido notificada ninguna resolución, sobre el asunto en comento.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Lic. Enrique Lepine Muñoz, director General de Vinculación Interinstitucional en la Sedesol.--- Presente.

Me refiero a su oficio número DGVI/041/2005, de fecha 24 de enero del año en curso, por medio del cual remite para su atención copia del diverso número SEL/300/5352/04, suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en el que se comunica a la Secretaría de Desarrollo Social el contenido del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la Sesión del 14 de diciembre de 2004, referente al presunto uso con fines electorales del padrón de beneficiarios del ``Programa Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala''.

Al particular me permito informar a usted que el 30 de agosto de 2004 ante el titular del área de Quejas de este Órgano Interno de Control, comparecieron la entonces delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Tlaxcala y el coordinador nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a formular denuncia por los hechos publicados en los periódicos El Sol de Tlaxcala, Reforma, Milenio y El Sol de México, en los que se involucra a diversos servidores públicos adscritos tanto a la Coordinación Estatal del programa mencionado como a la delegación Sedesol, ambas del estado de Tlaxcala, por el presunto uso proselitista de la información del padrón de beneficiarios del programa por parte del candidato de la Alianza Ciudadana por Tlaxcala.

Asimismo, en la misma fecha comparecieron en forma voluntaria los CC. Aída Amelia Mancera Pérez y Roberto Nava Briones, coordinadora del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala y responsable del área de Comunicación Social de la delegación Sedesol en la citada entidad federativa, quienes se refirieron a los hechos denunciados por sus respectivos superiores inmediatos, precisando el conocimiento que tenían de los mismos y las funciones que desempeñaban.

Con base en lo anterior, el titular del área de Quejas radicó el expediente de investigación número DE.060.2004, el 1 de septiembre del año próximo pasado, en el que conforme al ámbito de sus facultades y atribuciones, instrumentó las acciones y diligencias siguientes:

a) Se investigó en las páginas de Internet los datos del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades correspondiente al estado de Tlaxcala, incluyendo el municipio de Atlangatepec, que es aquel en el que se verificaron las acciones de presunto proselitismo con las beneficiarias de dicho programa, desprendiéndose que la información a la que tiene acceso la ciudadanía, consiste únicamente en un listado de los nombres de los beneficiarios, del municipio y del estado.

b) Se requirió al coordinador nacional del referido programa y a la coordinadora estatal en Tlaxcala información relacionada con la estructura, operación, cargos, funciones, medios de seguridad en el manejo de información, plantilla laboral y responsabilidades derivados del programa en la Coordinación Estatal de Tlaxcala, así como las acciones que se habían implementado en torno a la transparencia del multicitado programa; información que fue remitida al área de Quejas mediante oficios número CNDO/178/2004 y CEPDHO/0492/2004, de .9 y 10 de septiembre ambos de 2004, respectivamente.

c) Asimismo, se requirió información a la delegada de la Sedesol en el estado de Tlaxcala, relacionados con el C. Ricardo Silva de Lara, quien resultaba ser presunto implicado en los hechos irregulares que se investigaban, remitiendo información mediante oficio número 149/100/004148 del 14 de septiembre de 2004.

d) Adicionalmente, el titular del área de Quejas, comisionó a los CC. Daniel Pérez Lara, José de Jesús Alavez Rosas y Reyna del Rocío Islas Rico, personal de este órgano Interno de Control para efectuar diversas investigaciones en las instalaciones de la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala, quienes instrumentaron el día 9 de septiembre de 2004, constancia de hechos relacionada con el procedimiento, datos y conocimiento que se requieren para tener acceso a la información de los beneficiarios del programa que se encuentran cargados en el Sistema de Información del Centro de Atención y Registro (SIIOP) de esa unidad administrativa; asimismo, los días 14, 15, 20, 21 y 23 de ese mismo mes y año se levantaron actas administrativas de comparecencia a los CC. Delfina Flores Domínguez (auxiliar operativo de la Coordinación), María del Carmen Pluma Pluma (auxiliar operativo), Karina Galván Sánchez (personal de Soporte Técnico), Samanta Ramírez Hernández (operadora de Sistemas), Claudia Pérez Jiménez (capturista de Ventanilla en el Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), María Sandra Rojas Hernández (auxiliar de Incorporación en el Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Maricruz Flores Sanluís (jefa de Departamento de Administración de Padrón), Raymundo Meneses Flores (capturista de Ventanilla del Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Teresa Portillo Mondragón (jefa del Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Víctor Hugo González Pérez (jefe del Centro de Atención y Registro de Zacatelco), José David Javier Sánchez López (jefe de Atención Operativa), Patricia Petra Ramírez Fierro (jefa del Departamento de Administración), Leticia Vázquez Cruz (encargada del área de Atención Ciudadana), Edith López Mosqueda (auxiliar operativa) y Felipe Vázquez Hernández (asistente técnico regional). Cabe señalar que en estas diligencias, los comparecientes aportaron diversa información y documentación que relacionan con los hechos denunciados.

e) Por otra parte, el personal comisionado levantó actas de constancia de hechos relacionadas con la visita que realizaron a los CC. María Graciana Flores Hernández, Sara Vargas Carpinteiro y María Virginia Sara, María Inés Soria Moreno, Patricia Tlecuitl Moreno, María Alicia Vázquez Sánchez, Lucia Vázquez Flores; personas que figuran como beneficiarias del programa y a quienes en el caso de las primeras cuatro mencionadas refirieron haber recibido una carta personalizada en el que se les invita a votar a favor del candidato de la Alianza Ciudadana por Tlaxcala, haciéndose alusión al muchas veces citado Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; asimismo el 20 de septiembre del año próximo pasado se levantó acta de constancia de hechos relacionada con las manifestaciones formuladas por los CC. Apolinar Aztatzi Mendoza, Rafael Pérez Castillo y Juventina Jiménez Carvajal, quienes están relacionados con el presunto irregular levantamiento de la encuesta para la incorporación al programa de la servidora doméstica de la coordinadora estatal en ese estado, recabándose en la referida diligencia, documentación relacionada con esta presunta irregularidad.

f) El 24 de septiembre de 2004, se instrumento acta administrativa de comparecencia del C. Ricardo Silva de Lara, en las oficinas que ocupa el área de Quejas, en la cual aportó diversa información relacionada con los hechos que se investigaban en el expediente número DE.060.2004.

g) De las constancias y actuaciones que se verificaron en el aludido expediente de investigación, el 30 de septiembre de 2004, el titular del área de Quejas en este Órgano Interno de Control determinó lo siguiente: 1.- Que no existían elementos contundentes y fehacientes para acreditar las presuntas irregularidades que le fueron atribuidas a los CC. Miriam Espinoza Sánchez y Ricardo Silva de Lara, en sus cargos como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Tlaxcala y jefe de Unidad de Regiones Prioritarias de dicha unidad administrativa. 2.- Se efectuó desglose de las actuaciones que se relacionaban con la presunta irregularidad administrativa concerniente a los daños sufridos en un vehículo oficial en la que se implica como presunto responsable al C. Roberto Nava Briones, jefe del área de Comunicación Social de la delegación Sedesol en el referido estado, y respecto de la cual actualmente se está instrumentando la investigación correspondiente en el expediente número DE.089.2004. 3.- El traslado de los autos del expediente DE.060.2004 al área de Responsabilidades para iniciarse el procedimiento administrativo de responsabilidad que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos adscritos a la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala, al advertirse la comisión de las irregularidades consistentes en: practicar la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares Urbanos, en un lugar distinto al domicilio de la posible beneficiaria, sin practicar la inspección física y fuera del tiempo de la encuesta; la utilización de recursos materiales de la coordinación para destinarlos a fines distintos al que se encuentran afectos; no garantizar la confianza, responsabilidad y manejo apartidista e institucional de la información relativa al padrón de beneficiarios del programa, y cometer abuso de autoridad por requerir la renuncia de 2 servidores públicos aduciendo actividades partidistas, sin soportar esta imputación.

Ahora bien, por lo que hace a las acciones que el titular del área de Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, ha realizado respecto al presunto uso con fines electorales del padrón de beneficiarios del Programa Desarrollo Humano Oportunidades en el estado de Tlaxcala, las mismas se hacen consistir en lo siguiente:

a) El día 8 de noviembre de 2004 ordenó el registró y la instrumentación del procedimiento disciplinario bajo el expediente número PA.026.2004, en contra de los CC. Aída Amelía Mancera Pérez, José David Javier Sánchez López, Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón.

b) El 24 de noviembre de 2004, se elaboraron los oficios citatorios a los CC. José David Javier Sánchez López, Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón, en los que se individualizó las presuntas irregularidades que se desprendían de las constancias de la causa disciplinaria. Tales oficios les fueron notificados los días 15 y 16 de diciembre d el año próximo pasado, respectivamente.

c) Se celebraron las audiencias de ley a las CC. Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón, el 28 de diciembre pasado, en las que se les otorgó el ejercicio de su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho convino y asimismo se les concedió el plazo legal de cinco días para ofrecer las pruebas que consideraran pertinentes.

d) El 5 de enero de 2005 se celebró la audiencia de ley del C. José David Javier Sánchez, en la que se le otorgó el ejercicio de garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho convino y asimismo se le concedió el plazo legal de cinco días para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes.

e) El 28 de enero de 2005 se elaboró el oficio citatorio a la C. Aída Amelia Mancera Pérez, que fue remitido a la delegada de la Sedesol en el estado de Tlaxcala para que proceda a notificarlo, en auxilio de las labores de este Órgano Interno de Control, por lo que se está en espera de que la referida delegación remita a esta autoridad las constancias de notificación respectivas, a efecto de estar en condiciones de celebrar la audiencia de ley.

f) Los días 4, 14 y 24 de enero del año en curso se dictaron acuerdos en el expediente de responsabilidad, donde se tuvieron por ofrecidas y desahogadas las pruebas que aportaron en el procedimiento los CC. José David Javier Sánchez López, Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón.

g) Asimismo, el 27 de enero de 2005 se solicitó al C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República remita copia certificada de las declaraciones que ante esa representación social hayan rendido los servidores públicos implicados en el expediente de mérito, en la averiguación previa número 406/- FEPADE/2004 y su acumulada 435/FEPADE/2004.

Por lo expuesto y previa debida integración del expediente de responsabilidad, en su oportunidad se le comunicará la resolución que se dicte al respecto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi siempre alta y distinguida consideración, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 7 de febrero de 2005.--- CP Roberto Pinoncely Proal (rúbrica), titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Social.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

TARIFAS ELECTRICAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-1253, signado el 1 de febrero del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y María Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 102-K-IV-A-053, suscrito el 16 del actual, por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 1F, tomando en consideración los índices de calor y humedad que se presentan en dicha entidad federativa.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Bucareli No. 99, Piso 1, Juárez, 06600, México, DF.

Hago referencia al oficio No. SEL/300/510/05, dirigido al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el que remite el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, referente al exhorto para aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 1F. Sobre el particular, le comento lo siguiente a fin de que por su conducto se transmita a los interesados.

Actualmente a los usuarios domésticos se les aplican tarifas preferenciales, toda vez que las tarifas del servicio público de energía eléctrica de dicho sector se encuentran altamente subsidiadas, ya que no cubren sus costos de generación, transmisión y distribución. Dicho beneficio se incrementa durante el verano al aplicar tarifas con cargos menores y rangos de consumo subsidiado más amplios.

Incrementar aún más el nivel de subsidio, aplicando reclasificaciones tarifarias, agravaría la situación financiera de los organismos suministradores con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda por energía eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.

Es importante mencionar que en adición al subsidio que el Gobierno Federal otorga a través de la CFE, podría analizarse que los gobiernos estatal y municipal otorguen un apoyo adicional de manera explícita a los usuarios domésticos, sin distorsionar aún más la señal de precios, ni comprometer la situación financiera de los organismos suministradores y cumpliendo con los criterios generales de aplicación de las tarifas eléctricas, tal y como lo han realizado los gobiernos de Baja California, Chiapas, Sinaloa, Sonora y Nayarit.

Por otro lado, respecto a la solicitud de aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 117, le comento que de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, esta Secretaría fija los ajustes, modificaciones y reestructuraciones a las tarifas eléctricas a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, previa aprobación de su Junta de Gobierno, siendo responsabilidad del organismo suministrador la reclasificación de las localidades en la tarifa eléctrica correspondiente, previo análisis de los registros oficiales de temperatura, emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA), avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo anterior, su solicitud de reclasifícación será remitida a la CFE para su atención, por considerarla ámbito de su competencia.

Finalmente, aplicar reclasificaciones tarifarias no es una solución definitiva a la problemática, de las facturaciones por elevados consumos de energía eléctrica. La CFE ha implementado diversos programas de ahorro de energía, los cuales tienen efectos inmediatos y beneficios permanentes en la facturación de los usuarios sin afectar la calidad de vida, por lo que sería recomendable acudir a dicha dependencia para obtener mayor información al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 16 de febrero de 2005.--- Pedro Luna Tovar (rúbrica), director general adjunto de Precios y Tarifas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

---

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros.La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor Presidente. Muy buenos días.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, adicionando un artículo 31, en materia de devolución del IVA a visitantes y extranjeros.

La suscrita, diputada federal Elizabeth Yáñez Robles, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado con la finalidad de crear un sistema de reembolso del IVA a los visitantes extranjeros cuando realicen sus compras en el territorio nacional, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Recientemente, en casi todos los países europeos y asiáticos se han promovido diversas medidas para estimular la industria del turismo. Una de ellas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los visitantes extranjeros en las mercancías que compran para llevar a su país de origen. Incluso, en algunos países se han abierto tiendas especiales, denominadas ``tiendas de retorno de impuestos'', y en otros se regresa el pago a los extranjeros en un trámite en el aeropuerto o ante empresas dedicadas a prestar este servicio.

Como ejemplo de que esta medida es útil para promover el turismo extranjero y --por ende-- la adquisición de mercancías, podemos señalar el caso de Taiwán. En ese país, las autoridades estiman que el próximo año la captación de impuestos comerciales por ese concepto se reducirá en 700 millones de pesos aproximadamente, pero en sus proyecciones consideran que con esta medida el número de visitantes extranjeros se duplicará en los próximos cuatro años, lo que significará una captación de divisas muchas veces superior a esta cifra.

Actualmente, Taiwán debe recibir aproximadamente la visita de 2.2 millones de extranjeros por la disminución de 30 por ciento tras el brote del síndrome agudo respiratorio y, aun así, ha aumentado la captación de divisas gracias a la medida. En este caso no solamente se ha contemplado el reembolso de estos impuestos, sino la exención de algunos otros. Otro caso digno de mencionar es el de nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio Canadá, que tiene una política de reembolso similar a la descrita en los párrafos anteriores.

En este país, el servicio nacional de reembolso de impuestos ofrece a los visitantes una manera fácil y conveniente de reembolsar los impuestos sobre la compra de bienes adquiridos en su estancia en Canadá. Esto se realiza a través del llenado de un formulario, el cual se envía a la compañía mencionada y ella efectúa los trámites y el pago del reembolso, el cual se encuentra en divisa norteamericana o en depósito a alguna tarjeta de crédito. En Canadá, los extranjeros tienen además la posibilidad de devolución del IVA, la devolución de otros impuestos cuando los productos comprados van a salir del país, así como los de alojamientos cortos. Además, las provincias de Quebec, Toronto y Manitoba permiten reclamar la devolución del impuesto provincial.

En todo el mundo, a pesar de la crisis presentada por la inseguridad y la epidemia del síndrome agudo respiratorio, se está observando en muchos países que los turistas se convierten en mejores consumidores si se les da la oportunidad de comprar ``libre de impuestos'', lo que hace más próspero el negocio turístico. En otro ejemplo, China ha establecido 150 tiendas libres de impuestos, formando una red que cubre 24 provincias. Ellos esperan con esto reforzar la cooperación con la industria, la venta en cadenas de tiendas y crear una industria específica de productos libres de impuesto. En Tailandia, cualquier visitante extranjero puede solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado. Éste es aplicable para toda la mercancía que salga del país y se tiene un plazo de 60 días para exportarla. Existen tiendas especiales para la compra de esos productos al salir del país. El personal de aduanas puede solicitar la inspección de los bienes adquiridos. En ese país, tanto el Departamento de Hacienda como los establecimientos asociados proporcionan información y requisitos para devolución del IVA a turistas extranjeros.

En Chile, los extranjeros en visitas turísticas o de negocios pueden solicitar la recuperación del Impuesto al Valor Agregado pagado en mercancías que abandonarán el país. En ese país, la suma exenta del Impuesto al Valor Agregado tiene un límite de 2 mil dólares de compra.

En un dictamen de la Comisión Europea, en 1997, se establecieron las medidas para que Polonia, Bulgaria, Bielorrusia y otros países de Europa del Este adoptaran las medidas tendentes a incrementar su turismo. De esta recomendación surgió, en 1998, un informe en el cual se concluyó que era necesario realizar esfuerzos considerables en el ámbito del valor agregado, sobre todo en un sistema de reembolso a extranjeros no establecido en estos países.

Este esquema de devolución del IVA ha resultado tan importante, que la Unión Europea establece como requisito para sus miembros contar con un sistema de reembolso, incluidos los países candidatos a ingresar en la Unión Europea. De la experiencia de prácticamente todos los países que tienen entre sus políticas prioritarias el turismo, podemos apreciar las bondades que representa este estímulo a los visitantes extranjeros.

Hoy, en México el sector turismo es considerado una línea prioritaria en las políticas gubernamentales. Ésta es la cuarta fuente de ingreso de divisas y contribuye con 8.2 por ciento del Producto Interno Bruto, empleando a poco más de 1 millón 700 mil personas. Respecto a la generación de un sistema de reembolso de IVA a visitantes extranjeros, compañeros de otros partidos, funcionarios públicos, autoridades hacendarias y empresarios turísticos coinciden en que la medida, de ser adoptada, podría contribuir a traer beneficios al turismo nacional, toda vez que la experiencia internacional apunta hacia un efecto positivo para la industria turística. Este sistema, de acuerdo con la experiencia internacional, debe contar con las siguientes características:

Primero. Garantizará la exportación de la mercancía por parte del turista extranjero, ya que la certificación y el reembolso deberán llevarse a cabo en el área internacional o punto en donde el turista no pueda devolver la mercancía dentro del país.

Segundo. El turista deberá contar con un pasaporte extranjero y con la forma migratoria de turista de salida válida.

En tercer lugar, la autoridad aduanera verificará y validará finalmente la exportación de la mercancía.

Además, el sistema deberá contar con mecanismos de monitoreo con el cual se pueda detectar con facilidad a turistas o minoristas que abusen de éste.

La operación de este sistema de reembolso del IVA deberá ser tal, de manera que asegure al respecto el pago del IVA en el establecimiento afiliado por parte del turista, la exportación de la mercancía por parte del turista, el reembolso oportuno del IVA al turista extranjero, y la promoción y difusión del sistema antes y después de la visita del turista extranjero a México. Además, puede tener varias modalidades a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la dotación de empresas y contratación de profesionales.

Finalmente, es importante señalar que el reembolso del IVA sólo podría darse si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento. En la actualidad, más de 20.5 millones de turistas extranjeros visitan nuestro país anualmente. El ingreso total por turismo es de 10 mil 800 millones de dólares y hoy solamente pueden adquirir mercancías libres de impuestos en las tiendas duty free, ubicadas dentro de los aeropuertos internacionales. Con esta iniciativa se espera que en el futuro cualquier tienda en el país tenga la posibilidad de ofertar este tipo de productos.

Al respecto, queremos señalar nuestras expectativas en que las grandes tiendas departamentales se puedan integrar a esta promoción turística y que, eventualmente, puedan apoyar con su participación en festivales de compras a gran escala.

Particularmente, el reembolso del IVA extranjero parece muy conveniente para los estados que tienen producción y creación de objetos turísticos. Por lo anterior se han sumado como promotores de esta medida los productores empresarios y comerciantes de todo tipo de mercancías, especialmente las artesanías finas. Adicionalmente, el sistema del reembolso del IVA coadyuvará a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas ya que, como se ha señalado, quien busque afiliarse a este sistema tendrá que estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria.

Termino, señor Presidente: distinguidas diputadas y diputados, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para dar al turismo el valor y peso que debió haber tenido desde hace décadas. Tenemos la oportunidad de mejorar el nivel de miles de familias mexicanas que trabajan en la industria turística, y por eso es nuestra responsabilidad. Y por las bondades de este proyecto, presento ante ustedes en esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En virtud de que esta iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y por respeto, en aras del aprovechamiento del tiempo para otros asuntos, omitiré la lectura del articulado solicitando respetuosamente a la Presidencia que sea turnada a la Comisión de Turismo para su dictamen. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita diputada Federal Elizabeth O. Yáñez Robles, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad crear un sistema de reembolso del IVA a los visitantes extranjeros cuando realicen sus compras dentro del territorio nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente, en casi todos los países europeos y asiáticos, se han promocionado diversas medidas para estimular la industria del turismo. Una de ellas es la del reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los visitantes extranjeros, en aquellas mercancías que compran para llevar a su país de origen, incluso, en algunos países se han abierto tiendas especiales, denominadas tiendas de retorno de impuestos, y en otros se regresa el pago a los extranjeros en un trámite en el aeropuerto o ante empresas dedicadas a prestar este servicio.

Como ejemplo de que esta medida es útil para promocionar el turismo extranjero y, por ende, la adquisición de mercancías, podemos señalar el caso de Taiwán.

En este país las autoridades estiman que el próximo año la captación de impuestos comerciales por este concepto se reducirá en 700 millones de dólares aproximadamente, pero en sus proyecciones consideran que, con esta medida, el número de visitantes extranjeros se duplicará en los próximos cuatro años, lo que significará una captación de divisas muchas veces superior a esta cifra.

Actualmente, Taiwán recibe aproximadamente la visita de 2.2 millones de extranjeros, por la disminución de un 30% tras el brote del Síndrome Agudo Respiratorio y, aún así, ha aumentado la captación de divisas. En este caso, no solamente se ha contemplado el reembolso de estos impuestos, sino la exención de algunos otros.

Otro caso digno de mencionar es el de nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, Canadá, quien tiene una política de reembolso similar al descrito en los párrafos anteriores. En ese país, el servicio nacional de reembolso de impuestos (National Tax Refund Service Inc.) ofrece a los visitantes una manera fácil y conveniente de rembolsar los impuestos sobre la compra de bienes adquiridos en su estancia en Canadá; esto se realiza a través del llenado de un formulario ad hoc, el cual se envía a la compañía mencionada y ella efectúa los trámites y el pago del reembolso, el cual se entrega en divisa norteamericana o en depósito a alguna tarjeta de crédito.

En Canadá, los extranjeros tienen además de la posibilidad de devolución del IVA, la devolución de otros impuestos, cuando los productos comprados van a salir del país, así como los de alojamientos cortos. Además, las provincias de Québec, Toronto y Manitoba, permiten reclamar la devolución del impuesto provincial.

En todo el mundo, a pesar de la crisis presentada por la inseguridad y la epidemia del SAR, se está observando en muchos países que los turistas se convierten en mayores consumidores cuando se les ofertan productos libres de impuestos, lo que hace más próspero el negocio turístico.

En otro ejemplo, China ha establecido 150 tiendas libres de impuestos, formando una red que cubre 24 provincias, ellos esperan con esto reforzar la cooperación con la industria, la venta en cadenas de tiendas y crear una industria específica de productos libres de impuestos.

En Tailandia, cualquier visitante extranjero puede solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (Value-Add Tax), éste es aplicable para toda mercancía que salga del país, y se tiene un plazo de 60 días para exportarla. Existen tiendas especiales para la compra de esos productos, al salir del país el personal de aduanas puede solicitar la inspección de los bienes adquiridos. En este país, tanto el departamento de Hacienda como los establecimientos asociados, proporcionan información y requisitos para la devolución del IVA a turistas extranjeros.

En Chile, los extranjeros en visitas turísticas o de negocios pueden solicitar la recuperación del impuesto al Valor Agregado, pagados en mercancías que abandonarán el país, en este país la suma exenta del Impuesto al Valor Agregado, tiene un límite de 2,000 dólares en compras, en una sola o en varias facturas. En este sistema de descuento para extranjeros puede inscribirse cualquier tienda a través de una solicitud y podemos destacar que esta medida, además, favoreció el aumento del número de contribuyentes, de los establecimientos y la regulación de muchos pagos al erario público.

En un dictamen de la Comisión Europea en 1997, se establecieron las medidas para que Polonia, Bulgaria, Bielorrusia, y otros países de Europa del Este adoptaran las medidas tendientes a incrementar su turismo, de esta recomendación surgió en 1998 un informe en el cual se concluyó que era necesario realizar esfuerzos considerables en el ámbito del Impuesto al Valor Agregado, sobre todo, en un sistema de reembolsos a extranjeros no establecidos en estos países y la exención para la exportación de mercancías comerciales.

Este esquema de devolución del IVA ha resultado tan importante, que la Unión Europea establece como requisito para sus miembros contar con el sistema de reembolso, incluyendo a los países candidatos a ingresar a la UE.

De la experiencia de prácticamente todos los países que tienen entre sus políticas prioritarias al turismo, podemos apreciar las bondades que representa este estímulo a los visitantes extranjeros.

Hoy en México, el sector turismo es considerado como una línea prioritaria en las políticas gubernamentales, éste es la cuarta fuente de ingreso de divisas y contribuye con un 8.2% del Producto Interno Bruto, empleando a poco más de 1 millón 700 mil personas.

Con respecto a la generación de un sistema de reembolso de IVA a visitantes extranjeros, compañeros de otros partidos, funcionarios públicos, autoridades hacendarias y empresarios turísticos coinciden en que la medida, de ser adoptada, podría contribuir a traer beneficios al turismo nacional, toda vez que la experiencia internacional apunta hacia un efecto positivo para la industria turística.

Este sistema, de acuerdo a la experiencia internacional, debe contar con las siguientes características:

Primero, garantizará la exportación de la mercancía por parte del turista extranjero, ya que la certificación y el reembolso deberá llevarse a cabo en el área internacional o punto en donde el turista no pueda devolver la mercancía dentro del país.

Segundo, el turista deberá contar con pasaporte extranjero y con la forma migratoria de turista de salida (FMT) valida.

En tercer lugar, la autoridad aduanera verificará y validará finalmente la exportación de la mercancía.

Además, el sistema deberá contar con mecanismos de monitoreo con el cual se pueda detectar con facilidad a turistas o minoristas que abusen de éste.

La operación de este sistema de reembolso del IVA deberá ser de tal manera que asegure:

1. El pago del IVA en el establecimiento afiliado por parte del turista extranjero.

2. La exportación de la mercancía por parte del turista.

3. El reembolso oportuno del IVA al turista extranjero.

4. La promoción y difusión del sistema antes, durante y después de la visita del turista extranjero a México. Además, puede tener varias modalidades:

a. A través de la SHCP.

b. Mediante la contratación de empresas.

c. Contratación de profesionales .

Finalmente, es importante señalar que el reembolso del IVA sólo podría darse si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento. En la actualidad más de 20.5 millones de turistas extranjeros visitan nuestro país anualmente, el ingreso total por turismo es de 10 mil 800 millones de dólares y hoy, solamente pueden adquirir mercancías libres de impuestos en las tiendas dutty free ubicadas dentro de los aeropuertos internacionales. Con esta iniciativa se espera que, en el futuro, cualquier tienda en el país tenga la posibilidad de ofertar este servicio.

Al respecto, queremos señalar nuestras expectativas de que las grandes tiendas departamentales y centros comerciales, se sumen a este gran proyecto de promoción turística y que eventualmente puedan apoyar con su participación en festivales de compras a gran escala.

Particularmente, el reembolso del IVA a extranjeros parece muy conveniente para los estados del norte de la República y aquellos en los que tienen producción y creación de objetos turísticos, por lo anterior, es que se han sumado como promotores de esta medida, los productores, empresarios y comerciantes de todo tipo de mercancías, especialmente los de artesanías finas.

Adicionalmente, el sistema de reembolso del IVA, coadyuvará a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que como se ha señalado anteriormente, quien busque afiliarse a este sistema tendrá que estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, además de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y emitir facturas a todo turista.

Distinguidas diputadas y diputados, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para dar al turismo el valor y peso que debió haber tenido desde hace décadas, tenemos la oportunidad de mejorar el nivel de vida de miles de familias mexicanas que trabajan en la industria turística, es por ello que conscientes de nuestra responsabilidad y de las bondades de este proyecto, presentamos ante esta honorable asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará mediante los comprobantes fiscales que el turista extranjero lleve consigo en la aduana aeroportuaria por la que salga el turista.

III. El valor de las compras realizadas diariamente, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio bancario vigente en la fecha de expedición del comprobante.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de administración que correspondan a las devoluciones efectuadas.

Transitorios

Artículo Primero.- La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006.

Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor de 170 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2005.--- Dip. Elizabeth O. Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputada. Con mucho gusto, daremos el turno que usted ha pedido: a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputada, pediría a usted --si no tiene inconveniente-- que turnemos, porque es un impuesto, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo. Puede ser en las dos. Con mucho gusto. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Turismo, como ha sido solicitado por la promovente. Son comisiones unidas.

---

REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Diputado Presidente, hay una asistencia de 404 diputados.

---

ARTICULO 114 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Para continuar con el orden del día en el tema de iniciativas, tiene la palabra el señor diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político.

El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: Con su permiso, señor Presidente. Solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se incluya en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así se hará.El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: En materia de responsabilidades de los servidores públicos prevista en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén dos figuras jurídicas: el juicio político y la declaración de procedencia como requisitos de procedibilidad para enjuiciar a los servidores públicos que incurren en responsabilidad.

Por lo que respecta a la declaración de procedencia, esta soberanía resolvió aprobar una iniciativa del diputado Alejando Murat Hinojosa, que adiciona en un segundo párrafo el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así, en el artículo 29 de la citada ley se estableció con claridad que no se requerirá declaración de procedencia de esta Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 de nuestra Constitución por cualquier causa se encuentre separado de su encargo.

Esta visión del artículo 29 de la ley en mención resuelve en parte el problema en su nivel de ley reglamentaria del propio Título Cuarto de la Constitución. Sin embargo, queda pendiente dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Sergio Penagos García la cual, de ser aprobada, resultaría congruente con la base constitucional relativa a la declaración de procedencia prevista en el artículo 112 de la Constitución, en virtud de que la misma busca reformar este artículo a efecto de establecer que tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto.

Estas iniciativas y otras más que han presentado se refieren en todo momento a perfeccionar la figura de la declaración de procedencia, dejando a un lado el tema del juicio político. Ante este escenario jurídico, conviene actualizar los diversos supuestos relativos al juicio político. Por ello, al analizar una posible separación del encargo por cualquier causa de parte del servidor público, como puede ser la licencia, la Ley Fundamental no prevé tal situación y la ley secundaria tampoco la trata.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito eficientar el instrumento constitucional en materia de juicio político, que conlleva el firme propósito de erradicar conductas y supuestos no previstos en la ley en los que se pueden encontrar los servidores públicos. Sobre esta base constitucional, el juicio político es una figura jurídica que en la actualidad requiere precisión en cuanto a su ámbito de competencia, y dado que en la ley secundaria no se establece con claridad cuál es el efecto jurídico en el supuesto de que un servidor público se encuentre con licencia, este hecho podría generar confusión, como sucedió en el caso del juicio de declaración de procedencia resuelto por esta soberanía recientemente.

Si bien es cierto que la Ley Fundamental señala con claridad que este procedimiento podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, esta misma disposición constitucional no prevé el supuesto de la licencia que pueda tener el servidor público. Al respecto, la ley secundaria tampoco le da un tratamiento que permita resolver esta laguna constitucional. Por ello, la presente iniciativa, que someto a la consideración de ustedes, tiene como propósito resolver el supuesto cuando un servidor público se encuentre con licencia y se le siga un juicio político. En ese sentido, el procedimiento de juicio político podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su encargo, goce de licencia y dentro de un año después de concluido el mismo. Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes acuerden esta iniciativa, que dice lo siguiente:

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo, goce de licencia y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, a cargo del diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI

Federico Barbosa Gutiérrez, en mi carácter de diputado federal, por el tercer distrito federal del estado de Tlaxcala, como integrante de esta LIX Legislatura, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén dos figuras jurídicas, el Juicio Político y la Declaración de Procedencia, como requisitos de procedebilidad para enjuiciar a los servidores públicos que incurren en responsabilidad.

Por lo que respecta a la Declaración de Procedencia, esta soberanía resolvió aprobar una iniciativa del Dip. Alejandro Murat Hinojosa que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así, en el artículo 29 de la citada ley, se estableció con claridad ``que no se requerirá Declaración de Procedencia de esta Cámara de Diputados, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 de nuestra Constitución, cuando por cualquier causa se encuentre separado de su cargo''.

Esta adición al artículo 29 de la Ley en mención, resuelve parte del problema en su nivel de Ley Reglamentaria del propio Título Cuarto de la Constitución; sin embargo, queda pendiente dictaminar la iniciativa presentada por el Dip. Sergio Penagos García la cual, de ser aprobada, resultaría congruente con la base constitucional relativa a la Declaración de Procedencia prevista en el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la misma, busca reformar este artículo a efecto de establecer que: tampoco se requerirá Declaración de Procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto.

Estas iniciativas y otras más que se han presentado se refieren en todo momento a perfeccionar la figura de la Declaración de Procedencia, dejando a un lado el tema del Juicio Político.

Ante este escenario jurídico, conviene actualizar los diversos supuestos relativos al juicio político. Es por ello, que al analizar una posible separación del cargo por cualquier causa de parte del servidor público como puede ser la licencia, la ley fundamental no prevé tal situación y la ley secundaria tampoco la trata.

En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito eficientar el instrumento constitucional en materia de Juicio Político, que conlleva el firme propósito de erradicar conductas y supuestos no previstos en la ley, en los que se pueden encontrar los servidores públicos.

Sobre esta base constitucional, el juicio político es una figura jurídica que en la actualidad requiere de precisión en cuanto a su ámbito de competencia y dado que en la ley secundaria no se establece con claridad cual es el efecto jurídico en el supuesto de que un servidor público se encuentre con licencia.

Este hecho podría generar confusión, como sucedió en el caso de juicio de Declaración de Procedencia resuelto por esta soberanía recientemente.

Si bien es cierto la ley fundamental señala con claridad que este procedimiento podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, esta misma disposición constitucional no prevé el supuesto de la licencia que pueda tener el servidor público.

Al respecto la ley secundaria tampoco le da un tratamiento que permita resolver esta laguna constitucional.

Es por ello, que la presente iniciativa que someto a la consideración de esta honorable Asamblea tiene como propósito resolver el supuesto cuando un servidor público se encuentre con licencia y se le siga un juicio político.

En este sentido, el procedimiento de juicio político podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su encargo, goce de licencia y dentro de un año después de concluido el mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo, goce de licencia y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

...

...

Artículo Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2005.--- Dip. Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La siguiente iniciativa, a solicitud de su promovente, ha sido retirada del orden del día.

---

LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y GACETAS GUBERNAMENTALES

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el Diario Oficial de la Federación, conocido también como ``Órgano Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos'', es el periódico de naturaleza legal del Gobierno Federal de México, en el que se difunden las disposiciones oficiales más importantes del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Ejecutivo, que incluye las secretarías de Estado y las entidades paraestatales, y de las entidades autónomas, como el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras.

Este instrumento de difusión de las disposiciones oficiales, como instrumento jurídico-administrativo, a través de los cuales se regulan los ámbitos más importantes de la vida nacional, como son, entre otros, los derechos individuales, económicos, sociales, políticos y religiosos. Estas disposiciones oficiales comprenden desde los tratados, leyes, reglamentos, decretos y acuerdos del Ejecutivo, así como estatutos, permisos, circulares, reglas de operación y términos de referencia, sin olvidar que también publica manuales, instructivos, precios oficiales, tipos de cambio y tasas de interés, por mencionar los más habituales en publicarse.

Los ciudadanos mexicanos pueden localizar en el Diario Oficial todas sus obligaciones y derechos, entre los que se encuentran las libertades individuales de credo, tránsito y expresión; los derechos sociales de salud, educación e información; y sus derechos económicos como empleado, ahorrador y consumidor. Asimismo, se pueden localizar indicadores nacionales financieros, económicos, económicos y sociales, como tasas de interés, tipo de cambio, tasas de inflación y tasas de crecimiento poblacional, que publican dependencias y entidades como la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Banco de México. En materia legislativa, las disposiciones legales vigentes obligan tanto a publicar como a cumplir todas las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 72 A y 89, fracción I, establece la facultad y obligación del Presidente de la República de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, mismos preceptos de los que son derivados.

La Ley del Diario Oficial de la Federación y las Gacetas Gubernamentales reglamenta desde 1996 la publicación del Diario Oficial de la Federación y establece las bases para la creación de las gacetas gubernamentales sectoriales. Un gran número de disposiciones vigentes en México obliga a publicar en el Diario Oficial, tanto a las dependencias gubernamentales como a las empresas, diversos aspectos de interés general.

El Código Civil, en su artículo 3o., establece: ``las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial, excepto que sus propios artículos transitorios señalen otra fecha''. El mismo Código Civil, en su artículo 21, expresa que: ``la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento''.

Como puede verse, el Diario Oficial de la Federación es un instrumento claro de difusión y aplicación normativa de las facultades de los Poderes de la Unión, en beneficio de la ciudadanía por conocer y sujetarse al Estado de derecho que debe privar en cualquier nación con estructura similar a la nuestra. El Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede emitir acuerdos por medio de cada una de sus Cámaras, así como de manera conjunta.

Los acuerdos emitidos por cada Cámara que integra el Congreso de la Unión pueden en algunos casos trascender entre diputados y senadores, lo que significaría que el acuerdo mismo puede ser de cuantía para que obligue o requiera su divulgación a toda la ciudadanía en cualquier parte de nuestro país.

No pretendemos convertir el Diario Oficial de la Federación en un simple medio de divulgación para los asuntos legislativos, sino en un instrumento de manifestación real de los acuerdos del Congreso que merezcan un trato distinto por así considerarlo ambas Cámaras.

Por ello sometemos a su consideración la presente

Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales

Artículo Único. Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación:

I. Las leyes decretos y acuerdos expedidos por el Congreso de la Unión.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

El Diario Oficial de la Federación, conocido también como el órgano constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es el periódico, de naturaleza legal, del Gobierno Federal de México, en el que se difunden las disposiciones oficiales más importantes del Congreso de la Unión; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del Poder Ejecutivo que incluye las secretarías de estado y entidades paraestatales; y de las entidades autónomas como son el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras.

En nuestro país , se publica un tipo de Diario Oficial, desde 1787, año en que la Corona Española otorgó su apoyo oficial a la Gazeta de México; y como resultado de la Independencia de México, respecto de España, en 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en su artículo 55 obligaba a publicar las leyes en la Gaceta del Gobierno Supremo de la Federación Mexicana.

Al término de La Reforma, en 1867, en el primer número del Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República, se obligó al cumplimiento de las leyes al ser publicadas en el mismo Diario Oficial.

La actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, refrendó el principio de publicación en el Diario Oficial.

Este instrumento de difusión de las disposiciones oficiales, como instrumentos jurídico- administrativo, a través de los que se regulan los ámbitos más importantes de la vida nacional, como son, entre otros, los derechos individuales, económicos, sociales, políticos y religiosos.

Estas disposiciones oficiales comprenden todos los tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, declaratorias, autorizaciones, normas oficiales y técnicas, estatutos, programas, autorizaciones, resoluciones, permisos, circulares, procedimientos, reglas de operación, términos de referencia, manuales, instructivos, trámites, precios oficiales, tipo de cambio, tasas de interés, aranceles, vedas, informes, avisos generales y judiciales y licitaciones públicas entre otras.

Los ciudadanos mexicanos, pueden localizar en el Diario Oficial todas sus obligaciones y derechos, entre los que se encuentran las libertades individuales de credo, tránsito y expresión; los derechos sociales de salud, educación, ambiente sano e información; y sus derechos económicos como empleado, ahorrador y consumidor.

Asimismo se pueden localizar indicadores nacionales financieros, económicos y sociales, como son tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación y tasas de crecimiento poblacional; mismos que publican dependencias y entidades como son, por ejemplo, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Banco de México. Licitaciones sobre adquisiciones de bienes y servicios emitidas por las diversas instancias gubernamentales, las cuales se publican los días martes y jueves en el renglón de convocatorias. Crédito, ahorro, subsidios, seguros y fianzas, impuestos y derechos que publica la Secretaría de Hacienda. Cupos de importación y exportación y otros bienes y servicios no sujetos a aranceles, así como las normas oficiales y técnicas emitidas por la Secretaría de Economía. Salarios mínimos y contratos colectivos entre otras disposiciones laborales de la Secretaría del Trabajo. Estados financieros de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, fusiones, liquidaciones y adquisiciones de empresas, mismas que aparecen diariamente en el renglón de avisos.

En materia legislativa, las disposiciones legales vigentes obligan tanto a publicar como al cumplimiento, de toda disposición publicada en el Diario Oficial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 72, inciso a) y 89, fracción I, establecen la facultad y obligación del Presidente de la República de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, mismos preceptos de los que derivaron.

La Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, reglamenta desde 1996 la publicación del Diario Oficial de la Federación y establece las bases para la creación de las gacetas gubernamentales sectoriales. Un gran número de disposiciones vigentes en México obliga a publicar en el Diario Oficial, tanto a las dependencias gubernamentales como a las empresas, diversos aspectos de interés general.

En el Código Civil, expedido en 1928, su artículo 3 indica que las leyes, reglamentos, circulares, o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial, excepto que sus propios artículos transitorios señalen otra fecha.

El mismo Código Civil, en su artículo 21 expresa que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.

En el universo de personas y entidades que utilizan el Diario Oficial de la Federación, se encuentran por mencionar a algunas a las empresas para exigir derechos, cumplir obligaciones, aceptar retos y aprovechar oportunidades, las entidades gubernamentales para cumplir con su marco regulatorio, las Universidades, para sus funciones académicas y administrativas. las asociaciones civiles para conocer los apoyos gubernamentales, los abogados para conocer leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, los financieros, para aplicar las disposiciones fiscales, financieras y monetarias los comerciantes para conocer cupos y aranceles sobre importaciones y exportaciones los responsables de control de calidad, higiene, medio ambiente y capacitación, para conducir sus programes y aplicar normas técnicas e incentivos; en general las personas físicas o morales vinculadas con operaciones gubernamentales.

Como puede verse, el Diario Oficial de la Federación como instrumento claro de difusión y aplicación de los Poderes de la Unión, en beneficio de la ciudadanía, por conocer y sujetarse al Estado de derecho que debe privar en cualquier nación con estructura similar a la nuestra.

El Poder Legislativo, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede emitir acuerdos por medio de cada una de sus Cámaras, así como de manera conjunta.

Los acuerdos emitidos por cada Cámara que integran el Congreso de la Unión, pueden en algunos casos trascender entre diputados y senadores (o viceversa), lo que significaría que el acuerdo mismo, puede ser de cuantía para que obligue o requiera de su divulgación a toda la ciudadanía en cualquier parte de nuestro país.

No pretendemos convertir el Diario Oficial de la Federación en una simple mesa de trámite para los asuntos legislativos, sino en un instrumento de manifestación real de los acuerdos del Congreso, los cuales merezcan un trato distinto, por así considerarlo ambas Cámaras.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.

Articulo Único.- Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para quedar como sigue:

Artículo 3

Serán materia de publicación en El Diario Oficial de la Federación:

I.- Las leyes, decretos y acuerdos expedidos por el Congreso de la Unión;

...

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La iniciativa que ha propuesto el diputado Jesús Martínez Álvarez se pospone para posterior sesión.

---

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.La diputada Margarita Martínez López: Con su permiso, señor Presidente. El turismo en México es un sector determinante que influye positivamente en los ámbitos económicos y sociales gracias a su capacidad para captar divisas, generar empleos y lograr el desarrollo local, estatal y federal. Es un elemento de identidad nacional y de bienestar para la población.

El turismo, considerado por el Estado mexicano como una actividad prioritaria y recientemente elevada a rango constitucional, es uno de los sectores más nobles e importantes para el desarrollo de la economía mexicana, ya que contribuye con más de 8 por ciento del Producto Interno Bruto total del país. La actividad turística genera más de 10 por ciento de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para más de 1.8 millones de mexicanos, cuya remuneración media es 30 por ciento superior a otras actividades productivas.

Adicionalmente, el turismo tiene incidencia real en el combate de la pobreza. Genera clase media, pues permite generar empleos mejor remunerados, haciendo evidente su influencia en el desarrollo regional. En México existen alrededor de 54 municipios de vocación turística absoluta, de los cuales 87.7 por ciento están en niveles bajos y muy bajos de marginación. Es importante señalar que el turismo en México depende en gran medida de la entrada y los gastos de los turistas extranjeros. Durante 2003 llegaron a México 18.6 millones de turistas extranjeros, por lo que se obtuvo un poco más de 9.4 miles de millones de dólares. Ese monto de recursos permite ubicar el sector turístico como la tercera fuente generadora de divisas del país, después de las ventas del petróleo y de las remesas de mexicanos en el extranjero.

Con base en información de la Organización Mundial de Turismo a 2003, México se sitúa en el octavo lugar entre los principales destinos a escala internacional como receptor de turistas; sin embargo, sólo en el decimotercer lugar como captador de ingresos derivados de este concepto. Lo anterior da como resultado que nuestro país ocupe hasta el trigésimo segundo lugar respecto al gasto promedio por turistas extranjeros. Es evidente que lo importante para un país como México es lograr aumentar el gasto promedio de los turistas internacionales, ya que con la misma infraestructura se podría incrementar el ingreso de divisas, con el consecuente impulso a la actividad económica y a la generación de empleos.

A pesar de que México aumentó en 2003 su captación anual de divisas por turismo en 6.8 por ciento, este porcentaje es bajo en comparación con el 16.3 por ciento de aumento en promedio que obtuvieron los países líderes durante el mismo año. Es importante aclarar que el aumento de la captación anual de divisas turísticas que logra nuestro país será principalmente debido a factores externos, como aspectos de inseguridad, enfermedades de tipo contagioso, desastres naturales en otros países y, en gran medida, el favorable tipo de cambio de nuestra moneda respecto al dólar americano y al euro.

Los países líderes en el sector turístico a nivel mundial --Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre otros-- siguen diferentes estrategias con el fin de ser más competitivos y colocarse entre los primeros lugares de recepción y gasto de visitantes foráneos. Por ello realizan múltiples esfuerzos y emprenden acciones que hagan más atractivos sus centros turísticos.

Una medida que estos países han llevado a cabo exitosamente para atraer el interés de los turistas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan en esos destinos. Mediante dicha medida, esos países estimulan la venta de mercancías a los turistas extranjeros, además de que hacen más atractiva su estancia. Tal medida tiene como fundamento que las mercancías vendidas en territorio nacional y que son llevadas por los extranjeros no residentes consigo o en su equipaje al abandonar el país son consideradas exportaciones definitivas.

Cabe señalar que en México, como una medida para estimular exportaciones, se aplica la tasa del cero al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exportan. Nuestra legislación fiscal actual contempla que toda exportación de carácter definitivo tiene el derecho a la tasa cero del IVA, según lo establecido en el artículo 29, inciso 1, de la Ley del IVA y en el artículo 102 de la Ley Aduanera.

El esquema de devolución del IVA es tan importante para muchas naciones, que la propia Unión Europea establece dentro de sus disposiciones fiscales la obligatoriedad para sus miembros de contar con un sistema de reembolso del IVA a turistas extranjeros. Incluso, los países candidatos a ingresar en esta comunidad también deben cumplir esa disposición, formando la medida parte de la condición para su posible integración.

Considerar que México perdería con este mecanismo de promoción turística sería equivalente a pensar que el país pierde en la exportación de mercancías en el comercio internacional. Para tal caso, resulta más conveniente exportar mercancías con alto valor agregado, mediante los turistas que nos visitan, más la derrama económica que generan, que exportar estas mismas mercancías con bajo valor agregado mediante empresas exportadoras.

Establecer el reembolso del IVA a los visitantes internacionales significaría aumentar el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con que cuenta el país, además de que favorecería las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayudaría a la recaudación, toda vez que el incremento en el gasto generaría mayor actividad económica. Tomando por ejemplo: si el sistema de reembolso propiciara --conservadoramente-- un aumento en el gasto medio de los turistas al año de tan sólo 5 por ciento del IVA, lo esperado por devolver alcanzaría un monto de 36 millones de dólares, pero se generaría una captación neta del mismo impuesto por 55 millones de dólares. Lo anterior daría como resultado un incremento en la captación neta de recursos fiscales por 19 millones de dólares.

A mayor incremento del número de turistas de su gasto o de su arribo, el beneficio aumentaría, de manera que si el aumento alcanzara 10 por ciento en los dos conceptos, la devolución del IVA sería de 41 millones de dólares, pero habría un incremento neto en la captación fiscal por 234 millones de dólares.

El reembolso del IVA sólo se daría si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento, por lo cual se condiciona efectivamente el reembolso a un mayor nivel de gastos en mercancías exportables. En consecuencia, este esquema ayudaría a disminuir la evasión fiscal, pues el sistema correctamente diseñado garantiza el pago de los impuestos correspondientes por las ventas realizadas a través de éste. Es importante mencionar que esta propuesta es la primera demanda dentro del listado de los 20 puntos cruciales para impulsar la actividad turística en México, que el sector turístico privado de México elaboró y solicitó al Gobierno Federal por medio de la Comisión Intersecretarial de Turismo. El Gobierno de la República, la Secretaría de Turismo y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público han comprometido su apoyo a esta iniciativa.

En general, una medida como ésta constituye un aumento moderno de promoción turística, que lleva como beneficio implícito estimular un mayor gasto de turista internacional. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas, de conformidad con la Ley General de Población, que retornen al extranjero por vía aérea, marítima o terrestre podrán obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado que se les haya sido trasladado en la adquisición de mercancía siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.

2. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificaría en la aduana aeroportuaria, marítima o terrestre, según sea el caso, por la que salga el turista.

3. El valor de las compras realizadas por establecimientos asentado en el comprobante fiscal que presenta el turista al momento de salir del territorio nacional deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuir el costo de administración que corresponda a las devoluciones efectuadas.

Artículos Transitorios. Primero. La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006.

Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor de 120 días naturales, a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, primer párrafo, el retorno de mercancías por vías terrestres sólo podrá ser efectuado a partir del 1 de enero de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005. Firman Margarita Martínez, Héctor Gutiérrez de la Garza y todos los diputados de Nuevo León.

Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Exposición de Motivos

El turismo en México es un sector determinante que influye positivamente en los ámbitos económico y social, gracias a su capacidad para captar divisas, generar empleos y lograr el desarrollo local, estatal y federal. Es un elemento fundamental de identidad nacional y de bienestar para la población.

El turismo, considerado por el Estado mexicano como una actividad prioritaria y recientemente elevada a rango constitucional, es uno de los sectores más nobles e importantes para el desarrollo de la economía mexicana, ya que contribuye con mas del 8% del Producto Interno Bruto total del país, cifra que equivale más que el producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la construcción; maquinaria y aparatos eléctricos; las relativas a la electricidad, gas y agua; vehículos automotores; equipos y materiales de transporte; y la de las imprentas y editoriales.

La actividad turística genera más del 10% de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para mas de 1.8 millones de mexicanos, cuya remuneración media es 30% superior a otras actividades productivas.

Adicionalmente, el turismo tiene una incidencia real en el combate a la pobreza. Este genera clase media, pues permite generar empleos mejor remunerados haciendo evidente su influencia en el desarrollo regional. En México existen alrededor de 54 municipios de vocación turística absoluta de los cuales el 87.7% están en niveles bajos y muy bajos de marginación.

Es importante señalar que el turismo en México depende en gran medida de la entrada y gasto de los turistas extranjeros.

Durante el año 2003, llegaron a México 18.6 millones de turistas extranjeros, por lo que se obtuvo un poco más de 9.4 miles de millones de dólares. Ese monto de recursos permite ubicar el sector turístico como la tercera fuente generadora de divisas del país, después de las ventas de petróleo y de las remesas de mexicanos en el extranjero.

En base a información de la Organización Mundial de Turismo al año 2003, México se ubica en el 8º lugar entre los principales destinos a escala internacional como receptor de turistas, mas sin embargo sólo en el 13º lugar como captador de ingresos derivados de ese concepto. Lo anterior da como resultado que nuestro país ocupe hasta el 32º lugar con respecto al gasto promedio por turista extranjero. Es evidente que lo importante para un país como México es el lograr aumentar el gasto promedio de los turistas internacionales ya que con la misma infraestructura se podría incrementar el ingreso de divisas con el consecuente impulso a la actividad económica y a la generación de empleos.

A pesar de que México aumentó en el 2003 su captación anual de divisas por turismo en un 6.8%, este porcentaje es bajo en comparación del 16.3% de aumento en promedio que obtuvieron los países líderes durante el mismo año.

Es importante aclarar que el aumento en la captación anual de divisas turísticas que logra nuestro país se da principalmente debido a factores externos, como los son aspectos de inseguridad, enfermedades de tipo contagioso, desastres naturales en otros países y en gran medida debido al favorable tipo de cambio de nuestra moneda con respecto al dólar americano y al euro.

Por lo tanto es indispensable asegurar que los buenos resultados en materia turística se den a base de una efectiva política interna que asegure la capacidad competitiva de nuestro país a nivel internacional.

Para lograr lo anterior, es fundamental contar con un marco legal adecuado que despliegue de los múltiples beneficios inherentes a la actividad turística a fin de estar en posibilidad de generar ingresos superiores por turista al promedio de nuestros competidores.

Los países líderes en el sector turístico a nivel mundial Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre otros, siguen diferentes estrategias con el fin de ser más competitivos y posicionarse entre los primeros lugares de recepción y gasto de visitantes foráneos, por ello realizan múltiples esfuerzos y emprenden acciones que hagan mas atractivos sus centros turísticos.

Una medida que estos países han llevado a cabo exitosamente para atraer el interés de los turistas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan en esos destinos. Mediante dicha medida, esos países estimulan la venta de mercancías a los turistas extranjeros, además de que hacen más atractiva su estancia.

Tal medida tiene como fundamento que las mercancías vendidas en territorio nacional y que son llevadas por los extranjeros no residentes consigo o en su equipaje al abandonar el país son consideradas exportaciones definitivas.

Cabe señalar que en México, como una medida para estimular las exportaciones, se aplica la tasa de 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten. Nuestra legislación fiscal actual contempla que toda exportación de carácter definitiva tiene el derecho a la tasa 0% del IVA, según lo establecido en artículo 29 inciso I de la Ley del IVA y en el artículo 102 de la Ley Aduanera.

Más de 40 países aplican con gran éxito sistemas de reembolso de impuestos, los cuales son operados por empresas autorizadas por las autoridades hacendarias para ese objeto. Incluso, estos sistemas son empleados por los principales socios comerciales de México.

Es un hecho que ninguno de estos países ha detenido la aplicación de un sistema de reembolso de IVA a turistas extranjeros, lo que demuestra la confianza que las autoridades hacendarias tienen hacia la efectividad y beneficios que genera un moderno sistema de reembolso.

Aunque no es obligatoria la legislación de un sistema de reembolso a nivel mundial, cada vez más naciones comprenden la importancia que esta medida les representa en términos de ventaja competitiva frente a otros destinos turísticos internacionales así como las ventajas económicas y fiscales que este representa.

El esquema de devolución del IVA es tan importante para muchas naciones, que la propia Unión Europea establece dentro de sus disposiciones fiscales la obligatoriedad para sus miembros contar con un sistema de reembolso del IVA a turistas extranjeros. Incluso, los países candidatos a ingresar en esa comunidad también deben cumplir esa disposición, formando la medida parte de las condiciones para su posible integración.

Es natural pensar que el concepto de devolución de impuestos conllevaría a una pérdida de recursos públicos para el Gobierno Federal. Sin embargo, la realidad y la práctica que se da en los países donde operan dichos sistemas demuestran lo contrario.

La devolución de impuestos se implementa mediante sistemas de reembolso los cuales, por sus mismas características, se establecen como un mecanismo de estímulo a mayor gasto por el turista extranjero. De este incremento en el gasto por parte del turista se traduce una mayor recaudación para las autoridades por concepto del mismo impuesto.

Considerar que México perdería con este mecanismo de promoción turística sería equivalente a pensar que el país pierde en la exportación de mercancías en el comercio internacional. Para tal caso resulta más conveniente exportar mercancías con alto valor agregado mediante los turistas que nos visitan, más la derrama económica que generan, que a exportar estas mismas mercancías con bajo valor agregado mediante empresas exportadoras.

Establecer el reembolso del IVA a los visitantes internacionales significaría aumentar el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con que cuenta el país, además de que favorecería las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que el incremento en el gasto generaría mayor actividad económica.

Considerando información de la Organización Mundial de Turismo al año 2002 y realizando un análisis de sensibilidad, si México adoptara la medida podría incrementar la captación fiscal en montos importantes.

Tomando como ejemplo, si el sistema de reembolso propiciara conservadoramente un aumento en el gasto medio de los turistas al año de tan solo 5%, el IVA esperado a devolver alcanzaría un monto de 36 millones de dólares, pero se generaría una captación neta del mismo impuesto por 55 millones de dólares. Lo anterior daría como resultado un incremento en la captación neta de recursos fiscales por 19 millones de dólares.

A mayor incremento del número de turistas, de su gasto o de ambos, el beneficio aumentaría, de manera que si el aumento alcanzara 10% en los dos conceptos, la devolución del IVA sería de 41 millones de dólares, pero habría un incremento neto en la captación fiscal por 234 millones de dólares.

Siempre el IVA esperado a reembolsar en el sistema será menor que el incremento del IVA neto por captar debido, por una parte, a un mayor número de visitantes, a un mayor gasto medio por turista o a ambos y, por otra, a que, en el ámbito internacional, del total de turistas que realizan compras en países que cuentan con este sistema, en promedio sólo 15% solicita y completa el trámite de reembolso.

Cabe también añadir que adicionalmente las autoridades hacendarias se verían beneficiadas por un incremento en recaudación por otros impuestos, como es el caso del ISR, debido al incremento en la actividad económica generada por este incentivo fiscal y por una mejor y más eficiente fiscalización de los comercios afiliados a dicho sistema.

El reembolso del IVA sólo se daría si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento, con lo cual se condiciona efectivamente el reembolso a un mayor nivel de gasto en mercancías exportables.

Se propone establecer el monto mínimo de compra por establecimiento en mil doscientos pesos ya que actualmente el promedio de dicho monto en los países donde operan sistemas de devolución de impuestos es aproximadamente de cien dólares americanos.

El monto mínimo debe ser un equivalente en pesos mexicanos a los del estándar mundial, ya que es conveniente que participen el mayor número de establecimientos en el país, tanto por razones equitativas comerciales como para incentivar a la economía formal sobre la informal. No es conveniente establecer un monto mínimo de compra más alto al del estándar internacional ya que esto limitaría al uso de este mecanismo solamente a turistas de muy alto poder adquisitivo y a los grandes establecimientos comerciales, reduciendo el potencial aumento del gasto promedio por turista y con el consecuente desvanecimiento del espíritu fiscalizador de esta Iniciativa.

Adicionalmente, el sistema de reembolso coadyuvaría a la fiscalización de los establecimientos minoristas que realicen ventas a turistas extranjeros, ya que para afiliarse al sistema y ofrecer el incentivo, tendrían que operar en congruencia con sus obligaciones fiscales.

En consecuencia, este esquema ayudaría a disminuir la evasión fiscal, pues el sistema correctamente diseñado garantiza el pago de los impuestos correspondientes por las ventas realizadas a través de éste.

Es interesante señalar que actualmente se estima que buena parte del IVA potencial a devolver no está siendo declarado por parte de los pequeños y medianos comercios debido a que estos comercios que venden a turistas extranjeros lo hacen sin la expedición de facturas fiscales.

Los sistemas modernos de devolución del IVA no implican un costo administrativo y operativo para las Autoridades Hacendarias, ya que estos son operados por empresas de servicio especializadas con capacidad probada a nivel mundial.

Esta medida se constituiría en un excelente complemento para la aplicación de la tasa de 0% para congresos, ferias y exposiciones de extranjeros, ya que los visitantes de mediano y alto poder adquisitivo que vinieran al país a celebrar este tipo de eventos realizarían mayores compras por tener como beneficio el sistema de reembolso.

Es importante mencionar que esta propuesta es la primera demanda dentro del listado de los 20 puntos cruciales para impulsar la actividad turística en México, que el sector turístico privado de México elaboró y solicitó al Gobierno Federal por medio de la Comisión Intersecretarial de Turismo. El Gobierno de la República, la Secretaría de Turismo y la misma Secretaria de Hacienda y Crédito Público han comprometido su apoyo a esta iniciativa.

En general, una medida como esta constituye un instrumento moderno de promoción turística que lleva como beneficio implícito estimular un mayor gasto del turista internacional. En particular, para México un sistema de esa naturaleza se convertiría en una herramienta importante para promover el país en el exterior y mejorar los lugares que ocupa internacionalmente. Ayudaría a reducir las diferencias de competitividad entre nuestra nación y los otros centros turísticos que aplican la medida y, sobre todo, sería un elemento detonador de beneficios directos para la población.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 31.- Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea, marítima o terrestre, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el comprobante fiscal que expida el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana aeroportuaria, marítima o terrestre, según sea el caso, por la que salga el turista.

III. El valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos mexicanos.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá las reglas de operación para efectuar las devoluciones a que se refiere el presente artículo y podrá otorgar concesión a los particulares para administrar dichas devoluciones, siempre que los servicios para efectuar la devolución no generen un costo para el órgano mencionado.

En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse el costo de administración que correspondan a las devoluciones efectuadas.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2006.

Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, primer párrafo, el retorno de mercancías por vía terrestre, sólo podrá ser efectuado a partir del 1o. de enero de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2005.--- Diputados: Margarita Martínez López, Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbricas); diputados federales de Nuevo León del grupo parlamentario del PRI: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Juan Carlos Pérez Góngora, Adrián Villagómez García, Mayela Quiroga Támez, Humberto Cervantes Vega, Marcela Guerra Castillo, Alfonso González Ruiz, Carlos Mireles Morales, Cristina Díaz Salazar (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sonido por favor a la curul de la diputada Morales.

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Salvo mejor opinión de la diputada Margarita: si está de acuerdo en que se turne con opinión de la Comisión de Turismo.El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así será, diputada Morales. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo.

---

ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas: comparezco ante ustedes para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto. El veto es una institución regulada a lo largo de toda la historia del derecho constitucional mexicano.

El poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político hicieron durante décadas que esta figura jurídica tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica. En los hechos, su interposición fue ocasional y se generó un vacío en materia de cultura, conocimiento y práctica legislativa de cómo proceder y procesar las observaciones a un decreto enviado por el Poder Legislativo al Ejecutivo para su promulgación.

Las lagunas e imprecisiones del texto legal no representaron riesgo institucional alguno durante esta etapa. Sin embargo, la alternancia en el poder y la pluralidad con que hoy están formadas ambas Cámaras del Congreso de la Unión obligan a replantear las disposiciones constitucionales que regulan la facultad del Presidente de la República de realizar observaciones como condición para que cualquier conflicto en la materia se resuelva con una solución que a todas luces sea constitucional y legítima para los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La reacción desmedida del Presidente Vicente Fox frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2005, acusando de manera irresponsable a la Cámara de Diputados de aprobar un paquete económico contrario a los intereses de todos los mexicanos, ha puesto en relieve la disyuntiva: o se esclarecen las normas reguladoras del veto en nuestro país sin dejar dudas a la interpretación judicial o doctrinaria, o se corre el riesgo de una grave crisis constitucional.

Cuatro son las cuestiones esenciales que conviene dilucidar perfectamente en relación con esta facultad del Ejecutivo: prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales; y reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes.

La Constitución es muy clara: el veto es improcedente en los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, en virtud de la aplicación de la regla general que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto aprobado por una sola de las Cámaras, no una ley; como consecuencia, no es susceptible de veto en la aplicación de la regla general.

Sin embargo, mientras no se establezca la prohibición expresa en el texto constitucional, existe latente la posibilidad de una interpretación contradictoria que deba ser resuelta por el Poder Judicial, con el consiguiente riesgo de una crisis política que el conflicto entre poderes pudiera generar. Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que, para la estabilidad política y económica del país, ocasionaría la interposición de un veto presidencial en materia presupuestaria. Sólo es cuestión de imaginar las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.

Por otra parte, en la doctrina, el Presupuesto comprende no sólo los egresos sino también los ingresos. Existe por ello una íntima relación entre ambos, no obstante que en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que se ha reiterado en nuestras Constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos, que se engloban con el término ``Presupuesto de Egresos de la Federación''; y los ingresos o contribuciones, que se concretan en lo que se denomina ``Ley de Ingresos''.

Y si el Presupuesto de Egresos no es susceptible de veto, ésta sería necesaria e íntima conexión entre egresos e ingresos. Hace derivar de la misma Constitución una regla que justifica la prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos. La regla establecida en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General de la República, en el sentido de que todo gasto debe acompañarse de un ingreso... Sólo pensemos que el Presidente veta una Ley de Ingresos y con ello disminuye la recaudación fiscal, ¿qué sucedería con el Presupuesto? Se tendría que modificar para reducir su monto y equipararlo con los menores ingresos disponibles.

Si esto sucediera, serios problemas de procedimiento surgirían, ya que la Cámara de Diputados primero aprueba los ingresos y remite al Senado, después pasa a discutir y aprobar los egresos, enviando todo el paquete al Ejecutivo. Asimismo, es criterio casi unánime en nuestros estudiosos del derecho que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto, por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución.

El artículo 72 se refiere únicamente a las leyes o decretos de carácter federal; es decir, aquellas en que interviene el Congreso de la Unión. En cambio, las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el Poder Constituyente y los Poderes Constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no puede el Presidente de la República vetar la resolución de un órgano superior.

Al requerir reunir la mayoría calificada de las dos terceras partes, el veto de reformas constitucionales carecería de sentido desde un punto de vista práctico, pues para ser superado en el Congreso se requerirá la misma cantidad de votos que en su momento se requirió para la aprobación de la reforma. En otras palabras: tratándose de reformas de la Constitución, el veto está superado por anticipado y se justifica su prohibición expresa.

Finalmente, el Constituyente de 1917 nunca pensó en instaurar la figura jurídica del veto como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes.

La actual formación de las Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como solo acto de colaboración, exige que también replantara en forma inmediata los términos y las condiciones de procedencia del veto por lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo. Seguir requiriendo el veto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las condiciones de pluralidad, correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de la formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias. Por ello, en la iniciativa de igual forma se plantea reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes, haciendo acorde la norma con uno de los principios básicos de la democracia: el de decisión de las mayorías. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD.

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Establece el artículo 72, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ``se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles siguientes''.

El veto es una institución regulada a lo largo de la historia del derecho constitucional mexicano. Ha estado reglamentado en la Constitución de Cádiz (artículos 144-150), en la de Apatzingán (artículos 128 y 129), en la de 1824 (artículos 55 y 56), en la de 1836 (artículos 35, 36 y 37 de la ley tercera) y en la de 1857 (artículo 71).

El Constituyente de 1917 lo concibió como una institución de procedencia, de naturaleza suspensiva y alcances muy limitados, para que el Presidente de la República estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión, información, objeciones y cuestionamientos adicionales, que pudieran no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso legislativo seguido.

El poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político, hicieron que durante décadas esta figura jurídica tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica, en la que como acertadamente apreciaba el doctor Jorge Carpizo, parecía más bien que el Presidente legislaba y el Legislativo era quien ejercía una especie de derecho de veto respecto a los proyectos presidenciales no importantes.

En los hechos, su interposición fue ocasional y se generó un vacío en materia de cultura, conocimiento y práctica legislativa de cómo proceder y procesar las observaciones a un decreto enviado por el Legislativo al Ejecutivo para su promulgación.

Las lagunas e imprecisiones del texto legal no representaron riesgo institucional alguno durante esa etapa. Sin embargo, la alternancia en el poder y la pluralidad con la que hoy están conformadas ambas Cámaras de Congreso de la Unión, obligan a replantear las disposiciones constitucionales que regulan la facultad de realizar observaciones, como condición para que cualquier conflicto en la materia se resuelva con una solución que a todas luces sea constitucional y legítima para los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La reacción desmedida del Vicente Fox frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2005, acusando de manera irresponsable a la Cámara de Diputados de aprobar un paquete económico contrario a los intereses de todos los mexicanos, ha puesto en relieve la disyuntiva: o se esclarecen las normas reguladoras del veto, sin dejar dudas a la interpretación judicial o doctrinaria, o se corre el riesgo de una grave crisis constitucional.

La actitud, sin duda caprichosa, del Presidente Fox propició que la determinación del gasto, que debiera resultar de una relación republicana entre dos poderes, lo que incluye debates, como sucede en todos los países democráticos, se percibiera socialmente como un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, generando desconcierto entre las instituciones y temor de la ciudadanía a una crisis política. Su determinación de promover una controversia constitucional provocando una intervención forzada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone en riesgo el prestigio de nuestro Máximo Tribunal, en detrimento del proceso mismo de consolidación democrática.

Cuatro son las cuestiones esenciales que conviene dilucidar perfectamente en relación con la facultad del Ejecutivo para hacer observaciones a proyectos de ley que le envíe el Congreso: prohibición expresa del veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales y reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes.

Resulta apremiante reformar y adicionar el artículo 72, incisos b) y c), de nuestra Carta Magna para impedir una interpretación subjetiva del Presidente de la República en turno en tan trascendentes materias.

a) Prohibición expresa del veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación

La Constitución es clara: el veto es improcedente en los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, en virtud de la aplicación de la regla general que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas.

El precepto constitucional alude sólo a la posibilidad de vetar los proyectos de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto aprobado por una sola de las Cámaras, no una ley: como consecuencia, no es susceptible de veto en aplicación de la regla general.

La restricción del veto en materia de presupuesto no necesariamente corresponde a una omisión accidental ni a un error en el diseño constitucional. La omisión fue deliberada. Al restituirse el Senado en 1874, deliberadamente se le excluyó en cuanto a su participación en la elaboración del presupuesto, conservándose esta función como exclusiva de los diputados.

También es claro que en el sistema constitucional de 1857 no existía el veto presidencial. De manera que puede subrayarse que la improcedencia del veto en esta materia es un elemento que encuentra su origen en la Constitución de 1857, que sin duda tendió a favorecer al Congreso en las relaciones entre los órganos del poder.

Empero, mientras no se establezca la prohibición expresa en el texto constitucional, existe latente la posibilidad de una interpretación contradictoria que deba ser resulta por el Poder Judicial, con la consecuente crisis política que el conflicto entre poderes provoca.

Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que para la estabilidad política y económica del país ocasionaría la interposición de un veto presidencial en materia presupuestaria. Sólo es cuestión de imaginar a las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.

b) Prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos

En la doctrina, el presupuesto comprende no sólo los egresos, sino también los ingresos. Por ello, diversos autores han sostenido que el presupuesto es una mezcla de actos jurídicos reunidos, en un sólo documento, que para su análisis debe dividirse en cuanto a recursos y gastos.

Existe, pues, una íntima relación entre ambos, no obstante que en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que han reiterado nuestras constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos, a los que se engloban con el término Presupuesto de Egresos de la Federación, y los ingresos o contribuciones que se concretan en lo que se denomina Ley de Ingresos.

El ejercicio presupuestario no se limita a aprobar los créditos necesarios para la ejecución de los programas de gasto, sino que también debe expresar los recursos con lo que se han de financiar dichos créditos, en el objetivo de replantear los mecanismos de programación para compatibilizar los planos y programas en la realidad.

Y si el Presupuesto de Egresos no es susceptible de veto, esta necesaria e íntima conexión entre egresos e ingresos, hace derivar de la misma Constitución una regla que justifica la prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos.

La regla establecida en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General de la República, en el sentido de que todo gasto debe acompañarse de un ingreso.

Como acertadamente lo observa Luis Carlos Ugalde, imaginemos que el Presidente veta una Ley de Ingresos y con ello disminuye la recaudación fiscal. ¿Qué sucedería con el Presupuesto?, ¿se tendría que modificar para reducir su monto y equipararlo con los menores ingresos disponibles? Si eso sucediera, serios problemas de procedimiento surgirían, ya que la Cámara baja primero aprueba los ingresos y los remite al Senado, después pasa a discutir y aprobar los egresos, enviando todo el paquete al Ejecutivo. Sin embargo, el presidente se vería obligado a promulgar el proyecto de presupuesto, pero mantendría la facultad de hacer observaciones a la Ley de Ingresos, en cuyo caso la tendría que remitir de nueva cuenta a la cámara de origen para su revisión. En ese caso hipotético, podría haber presupuesto decretado sin contribuciones para cubrirlo.

c) Prohibición expresa del veto presidencial a reformas a la Constitución

Existe criterio casi unánime en nuestros constitucionalistas de que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución.

El artículo 72 se refiere únicamente a las leyes o decretos de carácter federal, es decir, aquellas en que interviene el Congreso de la Unión, en cambio, las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el poder constituyente y los poderes constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no puede el Presidente vetar la resolución de un órgano superior.

Asimismo, al requerir reunir la mayoría calificada de las dos terceras partes, el veto a reformas constitucionales carecería de sentido desde un punto de vista práctico, pues para ser superado en el Congreso se requeriría de la misma cantidad de votos que en su momento se requirió para la aprobación de las reformas. En pocas palabras, el veto está superado por anticipado.

d) Reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes

El Constituyente de 1917 nunca pensó en instaurar la figura jurídica del veto, como un instrumento de carácter absoluto e insuperable, que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes.

La actual conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como sólo acto de colaboración, exige también replantear en forma inmediata los términos y condiciones de procedencia del veto, en lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo.

Seguir requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes, en las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso, hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa, en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias.

Por ello, en la iniciativa, de igual forma, se plantea reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes, haciendo acorde la norma con uno de los principios básicos de la democracia, el principio de decisión de las mayorías.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto

Único. Se adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 72. ...

a) ...

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles siguientes; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales.

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto serán nominales;

d) a j) ... Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2005.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted, diputada Portillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

---

LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita tanto por él como por el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos, diputados federales Miguel Alonso Raya y Francisco Javier Saucedo Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en ejercicio de las facultades que nos otorgan la Constitución y el Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social, con base en la siguienteexposición de motivos:

Como es reconocido ampliamente, las cooperativas de producción constituyen alternativas viables para la generación de puestos de trabajo y de ingresos dignos para amplios sectores de la población que no encuentran posibilidades de empleo y de desarrollo personal bajo los esquemas tradicionales de su contratación como obreros o empleados de empresas públicas o privadas. No obstante lo anterior, la política fiscal que se ha aplicado a este tipo de empresas sociales en los últimos años, lejos de alentarlas para que continúen desarrollando una importante labor como factores distributivos de la riqueza y estimularlas a la reinversión productiva de sus excedentes, se ha distinguido por su clara orientación mercantilista, discriminatoria, inicua y meramente recaudatoria. Atendiendo dicha lógica, una serie de medidas regresivas y francamente violatorias del espíritu social de nuestra Constitución dio al traste con las escasas disposiciones de fomento del cooperativismo.

Y 1997 vio nacer una nueva Ley del Seguro Social que enterró el sistema de tributación bipartita vigente desde 1973, que si bien únicamente aplicaba a los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al financiarse con recursos públicos en 50 por ciento y permitir a la propia sociedad como ente moral cubrir el otro 50 por ciento de aportaciones, se libraba al trabajador socio de la carga de aportaciones personales al Seguro Social, estimulando así el autoempleo en sociedades de trabajo filosófica y moralmente muy diferentes de las sociedades de capital. En cambio, con la reforma de la Ley del Seguro Social no se contempla el beneficio del régimen bipartita para las sociedades cooperativas creadas a partir de la reforma, limitándose a insertar el artículo transitorio 23 en la ley para permitir a los cooperativistas que ya se hubieran encontrado disfrutando del beneficio del régimen bipartita continuar con él, con la salvedad de que no tienen derecho al mismo los nuevos socios, incluso los que se incorporen a las cooperativas que sí disfrutaban de ese beneficio desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Así, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997 constituye un atentado a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y justicia que deben distinguir las contribuciones fiscales en nuestro país. Contrario a lo anterior, en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las cooperativas de producción en general estaban obligadas a efectuar aportaciones al IMSS de forma bipartita por lo referente a los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, los cuales se transcriben a continuación para mayor comprensión de los mismos:

Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 1997 por lo que corresponde a enfermedades y maternidad, así como invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, artículos 116 y 179, que a letra dicen: ``Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán 50 por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento''.

Como puede deducirse, a raíz de la reforma efectuada a la Ley del Seguro Social se eliminó del texto de la misma el beneficio que otorgaba a las cooperativas de producción en el sentido de pagar cuotas de manera bipartita, trasladándose dicho beneficio al multicitado artículo transitorio 23. De lo anterior se desprende que el beneficio continuará sólo para los socios registrados ante el IMSS de las cooperativas de producción que hayan iniciado operaciones antes del 1 de julio de 1997, mas no así para los que sean registrados en fecha posterior.

Precisamente por ello es fundamental para las sociedades cooperativas en general que se reconozca de manera expresa en la ley la figura del socio cooperativista, que es diametralmente distinta de la figura del obrero o trabajador de una empresa de capital, motivo por el cual a continuación nos permitimos exponer el concepto de lo que es una sociedad cooperativa, concepto que encuentra su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que a la letra dice: ``La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios''.

De la lectura del citado precepto se desprende que en una sociedad cooperativa por esencia y naturaleza no tienen cabida las figuras obrera y patronal, ya que sus miembros tienen la función de ser ambas a la vez, formando una tercera figura, que es la del socio cooperativista. En el mismo sentido, lo establecido en el artículo 25 constitucional y la recomendación 193 de la OIT de 2002 está dando por sentado las mismas características.

Otro aspecto igualmente importante, por destacar, es que en las disposiciones de la nueva Ley del Seguro Social se obliga a las cooperativas a cumplir la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes sin importar a qué actividad se dedican. De este modo, se ignora que los ingresos de las cooperativas que se dedican a las actividades primarias --agricultura, ganadería, silvicultura y pesca--, así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, están sujetos a diversos factores contingentes que muchas veces no pueden ser previstos, como los cambios climáticos y variaciones de los precios en el mercado.

Significa esto que entre las cooperativas de producción industriales y las que se dedican a actividades primarias y al autotransporte existe diferencia esencial, que tiene que ver con el hecho de que mientras las cooperativas de producción industriales pueden tener seguridad de recibir un ingreso mínimo, dicha seguridad no existe en modo alguno en las cooperativas del sector primario del autotransporte terrestre. En las sociedades cooperativas no existen utilidades. En todo caso, de existir remanentes, éstos deben distribuirse equitativamente entre los socios de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Sin embargo, la Ley del Seguro Social ordena que para integrar el salario base de cotización deben tomarse en cuenta todas las percepciones recibidas, lo cual incluye toda cantidad que los cooperativistas perciban por concepto de remanentes, situación que no acontece en ningún tipo de sociedad. En el caso de los trabajadores ordinarios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa, se excluyen como integrantes del salario base de cotización.

En tal virtud y de manera compensatoria a las desigualdades y desventajas que se hallan en las cooperativas de producción, exigimos que los remanentes distribuidos entre los socios sean excluidos como criterio para la determinación del salario base de cotización. En ese sentido, corresponde también la derogación del artículo 28-A, con objeto de que, a través de la concertación entre las autoridades del Seguro Social y las sociedades cooperativas de producción, se determine la base de cotización. Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter ante la Cámara de Diputados el siguiente decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se reforman artículos 12 y 19, y se derogan los artículos 28-A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

Fracción II. Los socios de sociedades cooperativas de producción; y

Artículo 19. Para los efectos de esta ley, las sociedades cooperativas de producción cubrirán las cuotas que conforme a la misma corresponden a patrones y trabajadores, a excepción de las correspondientes a los seguros contemplados en las fracciones II, III y IV del artículo 11 de esta ley, respecto de los cuales cubrirán 50 por ciento y el Gobierno Federal contribuirá con el otro 50 por ciento.

Artículo 28-A. Se deroga.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social en base a la siguiente

Exposición de Motivos

Como es reconocido ampliamente, las cooperativas de producción constituyen alternativas viables para la generación de puestos de trabajo e ingresos dignos para amplios sectores de la población que no encuentran posibilidades de empleo y de desarrollo personal bajo los esquemas tradicionales de su contratación como obreros o empleados de empresas públicas o privadas.

No obstante lo anterior, la política fiscal que se ha aplicado a este tipo de empresas sociales en los últimos años, lejos de alentarlas para que continúen desempeñando su importante labor como factores distributivos de la riqueza y estimularlas a la reinversión productiva de sus excedentes, se ha distinguido por su clara orientación mercantilista, discriminatoria, inequitativa y meramente recaudatoria.

Atendiendo a dicha lógica, una serie de medidas regresivas y francamente violatorias del espíritu social de nuestra Constitución, dieron al traste con las escasas disposiciones de fomento al cooperativismo, entre ellas, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta de finales de 1989, que entró en vigor plenamente en 1994, en franco perjuicio de las grandes cooperativas industriales del país.

1997, vio nacer una nueva Ley del Seguro Social que enterró el sistema de tributación bipartita vigente desde 1973 y que si bien únicamente aplicaba a los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al financiarse con recursos públicos en un 50%, y permitir a la propia sociedad, como ente moral, cubrir el otro 50% de aportaciones, se libraba al trabajador socio de la carga de aportaciones personales al Seguro Social, estimulando así el autoempleo en sociedades de trabajo, filosófica y moralmente muy diferentes de las sociedades de capital.

En cambio, con la reforma a la Ley del Seguro Social, no se contempla el beneficio del régimen bipartita para las sociedades cooperativas creadas a partir de la reforma, limitándose a insertar el artículo transitorio 23 en la ley para permitir a los cooperativistas que ya se hubieran encontrado disfrutando del beneficio del régimen bipartita continuar con él, con la salvedad de que no tienen derecho al mismo los nuevos socios, incluso aquellos que se incorporen a las cooperativas que sí disfrutaban de este beneficio desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley, con lo cual simplemente se espera la muerte lenta pero segura del régimen bipartita.

Así, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997, constituye un atentado a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y justicia que deben distinguir las contribuciones fiscales en nuestro país. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Ley General de Sociedades Cooperativas no establece ninguna distinción entre los socios, pues éstos tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar la fecha de su ingreso a la sociedad cooperativa, por lo que resulta ilógico que otra Ley, aún cuando esta sea de Seguridad Social, lleve a cabo una clasificación de socios, como la que se estipula en el artículo transitorio 23 de la nueva Ley del Seguro Social.

Contrario a lo anterior, en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las cooperativas de producción en general, estaban obligadas a efectuar aportaciones al IMSS de forma bipartita en lo referente a los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, los cuales se transcriben a continuación para mayor comprensión de los mismos:

LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997

Enfermedades y maternidad

Art. 116 Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.

Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.

Art. 179. Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.

Como puede deducirse, a raíz de la reforma efectuada a la Ley del Seguro Social, se eliminó del texto de la misma, el beneficio que se otorgaba a las cooperativas de producción en el sentido de pagar cuotas de manera bipartita, trasladándose dicho beneficio al multicitado artículo transitorio 23 que a la letra dice:

Art. Transitorio 23. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social que se deroga continuarán cubriendo el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.

De lo anterior se desprende que el beneficio continuará sólo para los socios registrados ante el IMSS de las cooperativas de producción que hayan iniciado operaciones antes del 1 de julio de 1997, más no así para los que sean registrados en fecha posterior, disposición que igualmente aplica para los socios de las cooperativas que se constituyan conforme a la nueva Ley.

Como se puede observar, la disposición anterior se aparta del principio de equidad que consagra nuestra Carta Magna (artículo 31, fracción IV), ya que resulta inequitativo tratar de manera desigual a los iguales, sólo por el hecho de haberse constituido en fechas diferentes.

Visto desde el punto de vista de la doctrina cooperativa, la disposición anterior resulta francamente violatoria del principio de adhesión libre y voluntaria de los socios, puesto que las cooperativas son organizaciones abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo y mucho menos sin importar la fecha de su inscripción.

Finalmente, si se mira en un sentido práctico, la disposición señalada resulta contraproducente, toda vez que, aplicada en la práctica, en una misma cooperativa, la cantidad a pagar por socio será mayor o menor, dependiendo de la fecha de ingreso, lo cual puede derivar en distintos conflictos internos y desavenencias de distinta índole.

Precisamente por ello, es fundamental para las sociedades cooperativas en general, que se reconozca de manera expresa en la Ley, la figura del socio cooperativista que es diametralmente distinta a la figura del obrero (trabajador) de una empresa de capital, motivo por el cual a continuación nos permitimos exponer el concepto de lo que es una sociedad cooperativa, concepto que encuentra su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para de ahí poder identificar la esencia de quienes la integran.

Art. 2. ``La Sociedad Cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

De la lectura del citado precepto se desprende que en una Sociedad Cooperativa, por esencia y naturaleza, no tienen cabida las figuras obrera y patronal, ya que sus miembros tienen la función de ser ambas a la vez, formando una tercera figura que es la del socio cooperativista, esto debido a que, a diferencia de otro tipo de sociedades, los socios de una cooperativa están obligados a aportar fundamentalmente su trabajo, sin que se dé una relación de subordinación obrero-patronal, para tener derecho a percibir ingresos.

Además, según lo establecido en el artículo 25 Constitucional, las sociedades cooperativas forman parte del sector social de la economía. Esto quiere decir que en las cooperativas y demás empresas de propiedad social, el capital y el trabajo están unidos indisolublemente, por lo que al imponer a las cooperativas un tratamiento fiscal diferenciado en función de la fecha de ingreso de sus socios, se les otorga un tratamiento idéntico al de cualquier empresa mercantil en la que impera la subordinación del trabajo al capital.

En base a lo anterior y considerando que la Recomendación 193 de la OIT, 2002, postula que en ningún caso las políticas fiscales que se fijen a las empresas de los sectores público y privado deban ser más favorables que las que se dicten para tasar a las cooperativas, nos atrevemos a proponer la restitución del régimen bipartita contemplado en la Ley del Seguro Social de 1973, de modo tal que las Cooperativas de Producción y el Estado aporten, respectivamente, el 50% del total de las primas de las cuotas de seguridad social relativas a enfermedades y maternidad; invalidez y vida; y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Ahora bien, otro aspecto igualmente importante a destacar es que en las disposiciones de la Nueva Ley del Seguro Social se obliga a las cooperativas a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes, sin importar a que actividad se dediquen. De este modo, se ignora que los ingresos de las cooperativas que se dedican a las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca), así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o pasajeros. están sujetos a diversos factores contingentes que muchas veces no pueden ser previstos, tales como los cambios climatológicos y las variaciones de precios en el mercado. Todo esto significa que entre las cooperativas de producción industriales y aquellas que se dedican a las actividades primarias y al autotransporte, existe una diferencia esencial que tiene que ver con el hecho de que mientras las cooperativas de producción industriales pueden tener la seguridad de recibir un ingreso mínimo garantizado, dicha seguridad no existe en modo alguno para las cooperativas del sector primario y del transporte terrestre.

Con dicha disposición, en la práctica se incurre en un absurdo tal que, aunque la Ley del Seguro Social, en su artículo 28, establece que el límite inferior del salario base de cotización es el salario mínimo autorizado en el área geográfica respectiva, el régimen obligatorio al que están sujetas las cooperativas de producción sin excepción, conlleva a una violación flagrante de la misma norma, puesto que muchos de los miembros de las cooperativas de producción que se dedican a la explotación de actividades primarias y del transporte terrestre, no perciben ni siquiera ese ingreso en forma permanente.

Para valorar en sus justos términos la enorme carga tributaria a la que están siendo sometidas las cooperativas de producción del sector primario y del transporte terrestre, a lo anterior se debe agregar lo dispuesto en el artículo 28 A de la Ley del Seguro Social en el sentido de considerar que la base de cotización para los sujetos obligados por la Ley, se integrará por el total de percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal.

Bajo esta forma de integrar la base de cotización, en la práctica, se está incluyendo hasta la distribución de los remanentes que en su caso existieran en el ejercicio, cosa que de manera equivalente, sería tanto como si a una empresa de capital privado, se le obligará a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social por la utilidad que distribuirá entre sus accionistas, lo cual resulta totalmente arbitrario, desproporcionado e injusto.

En las sociedades cooperativas, no existen utilidades, en todo caso, de existir remanentes, éstos deberán distribuirse equitativamente entre los socios, de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de ellos, tal como se establece en el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; sin embargo, la Ley del Seguro Social ordena que para integrar el salario base de cotización, deberán tomarse en cuenta todas las percepciones recibidas, lo cual incluye a toda cantidad que los cooperativistas perciban por concepto de remanentes, situación que no acontece en ningún otro tipo de sociedad.

Así, por ejemplo, en el caso de los trabajadores ordinarios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, ``las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa'', se excluyen como integrantes del salario base de cotización.

En tal virtud y en aras de un esfuerzo meramente compensatorio de las desigualdades y desventajas en que se hallan las cooperativas de producción en general, exigimos que los remanentes distribuidos entre los socios sean excluidos como criterio para la determinación del salario base de cotización. En correspondencia con lo anterior, proponemos la derogación del artículo 28 A con el objeto de que a través de la concertación entre las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y las sociedades cooperativas de producción se determine la base de cotización respecto de la cual se deberá aplicar el tributo correspondiente, una práctica vigente hasta 1997 que permitió tasar a cada cooperativa de acuerdo con sus ingresos reales.

Finalmente se considera indispensable que la disposición relativa al sistema de cotización bipartita de las cooperativas de producción sea parte del cuerpo de la Ley del Seguro Social, motivo por el cual se reforma el artículo 19 y se deroga el artículo vigésimo tercero transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 y se derogan los artículos 28 A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social.

Artículo Único: se reforman los artículos 12 y 19 y se derogan los artículos 28 A y Vigésimo Tercero Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. ...

II. Los socios de sociedades cooperativas de producción, y

III. ...

Artículo 19. Para los efectos de esta Ley, las Sociedades Cooperativas de Producción cubrirán las cuotas que conforme a la misma corresponden a patrones y trabajadores, a excepción de las correspondientes a los seguros contemplados en las fracciones II, III y IV del artículo 11 de esta ley, respecto a los cuales cubrirán el cincuenta por ciento y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.

Artículo 28 A. Se deroga.

Artículo Vigésimo Tercero Transitorio. Se deroga.

Transitorio

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero del dos mil cinco.--- Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias, diputado Saucedo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a los catedráticos y alumnos de la escuela secundaria General Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Tlaltizapan, del estado de Morelos, invitados por la diputada Rosalina Mazari. También saluda con afecto a los estudiantes de la escuela secundaria técnica número 56, Juan Rodríguez Puebla, invitados por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal.

---

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema de coordinación intergubernamental en materia de deuda pública presenta profundos rezagos en sus diferentes rubros, lo que posibilita un alto crecimiento de pasivos; disparidad en su regulación y criterios de información discrecionales en el manejo de la deuda.

Las finanzas públicas de nuestro país son débiles y no sustentables, esta situación resulta entre otras consideraciones de los bajos niveles de captación de ingresos tributarios y de volátiles e inciertos ingresos petroleros que presenta nuestro país.

Las consecuencias de esta situación se hacen manifiestas en un alto nivel de rigidez en el presupuesto que imposibilita hacer frente a los crecientes compromisos de gasto público e inversión de nuestro país, por lo que este recurre permanente a esquemas crecientes de endeudamiento en diferentes formas.

La situación es verdaderamente preocupante, en base al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre del 2004, enviado por la Secretaría de Hacienda a esta Cámara de Diputados, el monto de la deuda pública neta como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 23.9 por ciento. Por su parte, la deuda externa neta se ubicó en 11.1 por ciento del PIB y el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, indicador que incluye las obligaciones del sector público en su versión más amplia, representó el 39.4 por ciento del PIB.

No tenemos la menor duda que el manejo de la deuda pública tiene importantes implicaciones en las finanzas públicas y en la estabilidad económica de nuestro país.

El problema de la deuda no sólo debe ser visto desde la perspectiva de los montos contratados sino también desde la pertinencia de su contratación y del marco jurídico que la sustenta.

El costo del servicio de la deuda depende de variables como la política fiscal, de la dimensión de los excedentes, la inflación, y crecimiento económico. Pero recordemos que el servicio de la deuda es legítimo si su contratación se sustenta jurídicamente y respeta el marco legal que la autoriza.

La experiencia vivida en la crisis de (1994-1995) demostró la necesidad de un perfil balanceado de deuda y de amortizaciones, de mayor transparencia en su contratación y su manejo.

Las deuda pública legal y contingente sigue creciendo utilizando esquemas novedosos que ponen en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas públicas.

En nuestro país estos esquemas se siguen reproduciendo de acuerdo a las necesidades que el Estado tiene de mayores recursos por ejemplo el IPAB, FARAC y Pidiregas.

Por ello es necesario transparentar la contratación de más deuda y al mismo tiempo permitir una mayor coordinación interinstitucional que permita que más de una institución autorice, evalúe y mida el impacto de mayores niveles de deuda pública.

En este contexto y con el fin de posibilitar una administración de deuda pública transparente y sustentable que posibilite crecimiento económico y estabilidad, el diputado integrante la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, propone la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo 15

En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones que excedan, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las dependencias responsables de los sectores correspondientes, la capacidad de pago de las entidades del sector público que los promuevan.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 1 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. Jorge Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el señor diputado Jaime Moreno Garavilla. Sonido a la curul del diputado Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde la curul): Muchas gracias, señor Presidente. Una atenta súplica: en virtud de que esta iniciativa es producto de la presentación de una organización social que participa en el Foro Permanente de Consulta Ciudadana, en la Comisión de Participación Ciudadana, y tiene interés de invitar a otras organizaciones, yo le rogaría que sea usted tan amable de instruir que fuese en la próxima sesión la presentación, sin perjuicio de pedírselo documentadamente.El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado. Y así como usted lo ha solicitado, se programará para que sea desahogado en la próxima sesión.

---

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia, tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: cada día vemos con preocupación el aumento en el robo de vehículos en todo el país y cuando el cuerpo del delito corre con suerte, es devuelto a su legítimo propietario. Sin embargo, se han acercado a mí ciudadanos preocupados y molestos al haber adquirido un automóvil, es decir, compradores de buena fe, que en operativos de la autoridad competente sus automóviles son detenidos y puestos a disposición de las mismas autoridades, con el argumento de que son robados, a pesar de contar con la documentación correspondiente, incluso cuando los vehículos son de agencia.

Desde luego, creemos en la buena fe de nuestros ciudadanos, que con sacrificio y esfuerzo se hacen de su patrimonio, y no es justo que personas sin escrúpulos opten por el dinero fácil al remarcar los vehículos y que éstos sean sujetos de duda por la autoridad.

Se calcula que solamente en el Distrito Federal se roban al día 2 mil automóviles, con el perjuicio de sus propietarios que esto conlleva, situación que nos hace presentar esta iniciativa. Asimismo, una vez que los afectados por robo de automóvil se presentan ante el Ministerio Público para solicitar la reclamación del automóvil, deben cubrir una serie de requisitos, situación que en múltiples ocasiones hace difícil la entrega de los vehículos, toda vez que éstos son remarcados para su venta o bien las mismas compañías automotrices, al prever suficiencia en la producción, ellas mismas, para no perder material, suelen remarcar el número de chasís de los mismos automóviles y cuando la autoridad pasa a la revisión con su tecnología, ésta detecta que el vehículo ha sido remarcado y, por tanto, se infiere que ha sido robado.

Insisto: aun cuando el automóvil sea adquirido como nuevo de agencia, en ocasiones el mismo fabricante suele remarcar el chasís para no perder márgenes de producción. Sin embargo, con esta medida pone en problemas al propietario del automóvil, situación que hace difícil la devolución a su legítimo propietario ante el Ministerio Público, aun cuando muestre su legal adquisición. Por tanto, el propósito de esta iniciativa es facilitar la devolución de un vehículo robado a su legítimo propietario, siempre y cuando reúna en su conjunto los siguientes requisitos: que no exista denuncia de robo; el reclamante acredite la propiedad con los documentos cuyos datos coincidan con la numeración del vehículo automotor al ser asegurado; y que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado y que sea verosímil por las circunstancias personales del reclamante que el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente.

Una vez que el legítimo propietario cubra la totalidad de estos requisitos, el automotor será entregado en depósito judicial por el término de un año. Pasado este tiempo sin haber denuncia de robo, el reclamante tendrá todos los derechos y las obligaciones de propietario que demostró, sin necesidad de resolución judicial.

Con las anteriores reformas queremos ayudar a los propietarios de automotores a recuperar su patrimonio, pero también no deseamos que abusen de este derecho. Por eso estos requisitos deben ser cubiertos en su totalidad. En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz pone a la consideración de esta Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la adición al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de dictar requisitos sin los cuales no serán devueltos los vehículos automotores cuando sean sujetos de detención por la autoridad o robo.

Por lo anterior, pido a usted, Presidente, que sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de los Debates, para su constancia. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto referente a la devolución obligatoria por parte de la autoridad federal que conozca del asunto, de los vehículos asegurados: a) contra los cuales no exista denuncia de robo; b) que la reclamación se haga con documentación legal cuya identificación coincida con la numeración del vehículo; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que sea posible que el reclamante haya podido adquirir el vehículo cuya devolución demanda, acorde a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Es de conocimiento público que altos funcionarios que dirigen la Seguridad Pública Federal han reconocido que la delincuencia organizada los ha rebasado tanto a ellos como a los encargados de procurar y otorgar justicia. Aún y cuando lo dicho por estas autoridades federales sea materia de debate, lo que hoy propongo no es la intervención del Legislativo en funciones que no le corresponden por ser competencia del Ejecutivo y Judicial, sino cómo solucionar un problema en el cual muchos compradores de buena fe de automotores se ven perjudicados por los encargado tanto de procuración como de administración de justicia.

Segundo.- En efecto. Es ampliamente conocido que existen en todo el país bandas de roba carros que tienen la tecnología y necesario poder económico para conocer cómo, dónde y de qué forma implantar nuevos números de identificación en vehículos robados y contar con empresas ``fantasmas'' de venta de automóviles nuevos o semi nuevos de tal forma que muchas personas compradoras de buena fe que revisan los datos generales o numéricos de identificación de un automotor, datos que aparecen en la factura que se les muestra como relativa al vehículo de que se trata, como son numeración de placas, serie, motor, etcétera, y que coinciden con los datos de identificación que porta el vehículo en cuestión para luego ser detenidos por agentes de diversas corporaciones policíacas quienes les indican que el vehículo cuenta con datos falsos o, como se dice comúnmente, con números ``doblados'', quitándoles posesión y propiedad del vehículo que muchas veces es su único patrimonio y envolverlos en un problema legal dentro del cual no tienen la mínima responsabilidad, hasta llegar al extremo de negárseles la reintegración del vehículo aún y cuando demuestran haber sido compradores de buena fe y que los datos que aparecen en la factura que se encuentra a su nombre son los mismos que aparecen en el vehículo al momento de la detención.

Tercero.- En ese sentido, tenemos pleno conocimiento que existen muchos casos en los que el comprador adquirió el vehículo incluso en una agencia de vehículos nuevos conocida e instalada y debido a que por criterio de los peritos asignados por las autoridades que conocen esos asuntos, se considera que los números de identificación son ``falsificados'', y, aún y cuando nunca señalen en qué basan esa ``falsificación'', la autoridad que conoce del caso niega la devolución del vehículo aduciendo que el comprador está pidiendo se le reintegre un vehículo que cuenta con datos numéricos de identificación que aparecen en la factura o en la tarjeta de circulación mientras que los supuestos números ``falsos'' o ``doblados'' son otros, dando por ciertos los supuestos números ``falsos'' o ``doblados'', haciendo caso omiso de las pruebas con que el afectado presenta para demostrar que se trata de un comprador de buena fe y demostrar que los datos que él presenta en documentos legales coinciden con los datos con que cuenta el vehículo; esto es, la autoridad niega la devolución del auto por no coincidir los números de identificación con que el ciudadano común compró ese vehículo con los supuestos números ``falsos'', máxime que el mismo fiscal y la corporación policíaca a su mando averiguaron que no existe denuncia de robo del vehículo ni con los números que presenta la persona desposeída del vehículo ni con los supuestos números ``falsos'' señalados por los peritos asignados por el fiscal investigador.

Cuarto.- Sin separarme del tema pero basándome en lo actualmente dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, al hacer una relación entre los artículos 168 y 180 de esa norma procesal con los diversos 376 bis, 377 y 378 del Código Penal Federal, se puede concluir que una de las labores principales del Ministerio Público en la materia que hoy se toca es la acreditación del cuerpo del delito con la comprobación de todos los elementos que lo constituyan en los casos de robo de vehículos, además de que, atendiendo a lo dispuesto por los numerales procesales antes mencionados, también podrá acreditarse cuando se demuestre que el inculpado ha tenido en su poder un bien mueble sobre el cuál exista alguien que le impute fundadamente el robo y que no pueda demostrar la procedencia legítima de tal cosa o que por las circunstancias personales de aquél, no sea creíble que lo haya adquirido en forma legal, quedando facultada la autoridad para asegurar reteniendo los instrumentos del delito, cosas, objetos o efectos de dicho reprochable, para el caso que tratamos, de un vehículo automotor.

Quinto.- Sin embargo, el procedimiento penal federal no señala qué hacer con alguna cosa que en principio se haya sospechado como objeto del delito de robo y por consecuencia de ello se haya asegurado, pero posteriormente se acredite que no existe señalamiento de robo, además de demostrarse por el inculpado o por quien tenía en posesión ese objeto que es el legal propietario y/o poseedor y que sí existen probabilidades de ser dicho propietario o poseedor con un origen legal. Lo anterior nos lleva al absurdo jurídico que día a día se comete en las fiscalías y tribunales federales del país de negar la devolución de un vehículo cuya propiedad se acredita con la documentación exigible como pueden ser en principio la factura y tarjeta de circulación del vehículo retenido cuya numeración coincide con la que aparece en el vehículo al momento de ser asegurado, que no existe denuncia de robo de algún vehículo identificado o con la numeración que presenta la documentación y se reclama la devolución del automotor o con la numeración que señalan como ``real'' los peritos de la Procuraduría.

Sexto.- Luego entonces, propongo la adición de un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo más, pasando el actual tercero a quinto párrafo y así sucesivamente al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin que sea obligatorio para el fiscal o la autoridad judicial federal que conozca del caso el devolver el vehículo anteriormente asegurado, no obstante que los peritos asignados por la autoridad que conozca del caso señalen que se trata de numeración ``falsificada'', siempre y cuando sucedan los siguientes hechos: a) que no existe denuncia de robo de ese vehículo ni con los datos numéricos de identificación con que fue asegurado ni con los datos numéricos de identificación que señalen los peritos asignados por la autoridad que conoce o que en su oportunidad conoció del asunto de que se trata; b) que el reclamante acredita la propiedad del mismo con documentación cuyos datos numéricos de identificación coincidan con la numeración con que contaba el auto al momento de ser asegurado; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que por las circunstancias personales, sea verosímil que la persona que reclama el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente.

Séptimo.- Además, en el cuarto párrafo sugerido, se propone que dicha devolución sea en los términos establecidos por el artículo 181 de la misma norma procesal penal federal, esto es, que a fin de comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, las huellas y elementos del cuerpo del delito no se alteren, destruyan o desaparezcan, se entregue el vehículo en depósito judicial con un término de un año de tal manera que quien reclama la reintegración del vehículo no pueda disponer de éste sino solo de gozar de su posesión y usufructo, en la inteligencia que pasado ese año, sin necesidad de acuerdo por parte de la autoridad que conoce del asunto, el depósito judicial quedará sin efecto alguno de tal manera que pasado ese tiempo, quien posee ese vehículo tendrá todos los derechos y obligaciones de propietario que demostró con la documentación señalada líneas arriba.

En ese sentido, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente:

Oniciativa de ley con proyecto de decreto que presenta el diputado Hugo Rodríguez Díaz que propone la adición al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales de un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo más, pasando el actual tercero a quinto párrafo y así sucesivamente a fin que sea obligatorio para la autoridad federal que conozca del caso devolver los vehículos asegurados cuando: a) no exista denuncia de robo; b) el reclamante acredite propiedad con documentos cuyos datos coincidan con la numeración del automotor al ser asegurado; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que sea verosímil, por las circunstancias personales del reclamante, que el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente, entregándose el vehículo en depósito judicial por el término de un año; y pasado este tiempo sin haber denuncia de robo, el reclamante tendrá todos los derechos y obligaciones de propietario que demostró con los documentos mencionados.

Artículo Único.- Se adiciona un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, pasando el actual tercer párrafo a quinto y así sucesivamente, para quedar como sigue:

Artículo 181.- ...

...

En los casos en los cuales se haya asegurado un vehículo, será obligatorio para el agente del Ministerio Público de la federación o la autoridad judicial federal que conozca del caso, el devolver dicho vehículo, no obstante que los datos de identificación que la prueba pericial que exista en el sumario no coincidan con los datos de identificación con que contaba el automóvil al momento de ser asegurado, siempre y cuando coincida que:

I.- Que no existe denuncia de robo de ese vehículo ni con los datos numéricos de identificación con que fue asegurado ni con los datos numéricos de identificación que señalen los peritos asignados por la autoridad que conoce o que en su oportunidad conoció del asunto de que se trata;

II.- Que la persona que se presenta reclamando la reintegración del vehículo acredite la propiedad del mismo con documentación legal cuyos datos numéricos de identificación coincidan con la numeración con que contaba el auto al momento de ser asegurado;

III.- Que tratándose de un vehículo de procedencia extranjera, se encuentre regularizado; y

IV.- Que por sus circunstancias personales, sea verosímil que la persona que reclama el vehículo, lo haya podido adquirir legítimamente.

A fin de que, en caso de existir un delito, no se alteren, destruyan o desaparezcan sus huellas y elementos, la entrega del vehículo señalada en las condiciones señaladas en el párrafo que antecede, será con el carácter de depósito judicial el cual tendrá el término de un año durante el cual el depositario solo podrá gozar de su posesión y usufructo. Pasado este término, el carácter de depositario judicial quedará sin efecto alguno sin necesidad de promoción ni acuerdo de la autoridad que conoce del asunto, reintegrándose al poseedor todos sus derechos y obligaciones de propietario.

...

...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 1 de marzo de 2005.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra : Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

---

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa que adiciona un párrafo a los artículos 20 y 30, así como el artículo 52 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se adicionan dos párrafos al artículo 11 del reglamento de dicha ley, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de los mexicanos de poseer armas en su domicilio, conforme a su artículo 10 que se señala: ``Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas''.

Desde su publicación, el 11 de enero de 1972, se ha mantenido el debate sobre la idoneidad de las diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio, por parte de la Comisión Defensa Nacional, la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esta Ley para regular la posesión de armamento permitido, y crear un Registro Federal de Armas.

En la normatividad vigente no hay un límite establecido para el número de armas que se pueden poseer en el domicilio, refiriéndose la norma aplicable a la pluralidad de armas para la seguridad y defensa legítimos de los moradores de una vivienda.

En virtud de que la delincuencia es muy alta y sus embates contra la sociedad son cada vez más agresivos, existen opiniones insistentes a favor de no restringir el derecho del ciudadano a la posesión y portación de armas de fuego, como elemento de protección que muchos reclaman.

Paralelamente al problema de las actividades delictivas realizadas con armas de fuego, el fenómeno de los accidentes con armas de fuego entre menores de edad, registrados principalmente en el hogar y en las escuelas, hacen necesaria una revisión a fondo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, toda arma debe registrarse ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay quienes evaden esta exigencia y mantienen su armamento en la clandestinidad. Muchas veces las armas son heredadas y llegan a los dueños actuales por abuelos y padres, y la mayoría de las veces sin registro.

El manejo de armas de fuego es muy peligroso, particularmente para quienes carecen del conocimiento y entrenamiento para operarlas, sin prever o controlar el arma cuando se acciona, sobre todo cuando las manejan menores de edad.

Es por ello que se considera positivo promover una reforma a la legislación vigente que permita a las instituciones saber cuántas armas de fuego existen en el ámbito deportivo (a través de clubes de tiro y cacería), cuántas existen en hogares y han sido heredadas (principalmente en áreas campesinas), así como cuántas son de colección, para que dejen de estar en la clandestinidad y se puedan evitar accidentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente:

DECRETO

PRIMERO. Se adiciona un párrafo a los artículos 20 y 30, y se adiciona un artículo 52 Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue

Artículo 20.- ...

Los clubes o asociaciones indicados en el párrafo anterior deberán presentar a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe anual que incluya a cada uno de sus socios, especificando: nombre, clave única del Registro de Población, huella dactilar, domicilio del poseedor, las características del arma, el número de registro asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional y una fotografía del arma.

Artículo 30.- ...

...

La Secretaría de la Defensa Nacional deberá realizar un censo anual a los clubes y asociaciones de deportistas de tiro y cacería, requiriendo a sus socios o asociados que posean armas, acrediten la revalidación y el refrendo de la licencia, en los casos en que corresponda, en los términos de esta Ley y de su reglamento

Artículo 52 Bis.- La Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de la creación y actualización permanente del Sistema de Censo de Armas de Fuego, el cual formará parte del Registro Federal de Armas.

SEGUNDO. Se adiciona dos párrafos al artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego, para quedar como sigue

Artículo 11.- ...

Deberán refrendar su registro cada dos años, ante la Secretaría, para que el Sistema de Censo de Armas de Fuego permanezca actualizado.

De no realizarse el referendo antes del vencimiento de éste, se sancionará al infractor con una multa de cien días de salario mínimo vigente en el área geográfica de aplicación que le corresponda por cada arma involucrada.

Artículo Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación''.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2005.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra : Por lo que se le privilegia en el turno y se envía a la Comisión de la Defensa Nacional.

---

LEY DE AGUAS NACIONALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.El diputado Alejandro Agundis Arias: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: México, como muchos países en la actualidad, enfrenta una situación dual respecto al agua. En términos generales, los niveles de consumo se encuentran por debajo de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Sin embargo, aun cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso, su manejo actual no es sustentable.

De esta forma, nos encontramos con que las necesidades de la población no han sido cubiertas en su totalidad, tanto hablando en términos de agua potable, agua reciclada, alcantarillado, así como una efectiva distribución de competencias. A nivel nacional se presenta un porcentaje de cobertura de agua potable de 87 por ciento, aunque existen estados que tienen niveles de cobertura inferiores a 70 por ciento, como es el caso de Veracruz, que tiene 35 por ciento sin cubrir; Oaxaca, 33 por ciento; y Guerrero, 32 por ciento, lo que contribuye a que sean los que enfrentan mayores índices de marginación en el país y de necesidades básicas insatisfechas.

De igual forma, esos estados --como muchos otros--, además de tener una carencia en cuanto a la cobertura de agua, también tienen un gran conflicto de intereses interestatales, donde muchas veces no existe una conciencia ecológica que fomente el desarrollo sustentable, causando daños irreversibles a los estados vecinos.

Por otro lado, el hecho de que las tarifas del agua tengan niveles tan bajos y no reflejen siquiera los costos de operación agrava la situación del sector hidráulico. Actualmente, el establecimiento de tarifas se encuentra desvinculado con los costos de operación, inversión y escasez. La Comisión Nacional del Agua se mantiene a través del presupuesto que le otorga el Gobierno Federal, mientras que en muchas ocasiones las tarifas municipales se politizan dejando de reflejar los verdaderos costos del recurso.

En términos de descargas de aguas residuales, gran parte del volumen no se contabiliza. El tema de descargas de aguas residuales constituye el principal problema de la industria. Todavía quedan algunos vacíos que influyen en que la generación de contaminantes alcance las dimensiones que se han explicado; entre ellos, la falta de monitoreo y la poca disponibilidad de información entre los diferentes actores.

Sin embargo, en la realidad, independientemente de que la Comisión Nacional del Agua haya promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de agua para uso industrial y agrícola y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.

Por su parte, los estados y los municipios del país, así como los particulares, se oponen --u obstaculizan-- al uso de agua residual tratada, ya sea porque alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen o porque tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de aguas recicladas. A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra ya que, como esos sectores cuentan con gran disponibilidad de líquido y en el caso del sector agrícola se obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e incluso desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas. La escasez del agua en nuestro país demanda que se discriminen los usos que se dan al líquido, a efecto de lograr mayor eficiencia social en su utilización.

Por otra parte, es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de sus recursos hídricos. Debemos dar a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir. Esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos. Su preservación debe considerarse una prioridad del Estado mexicano.

Con un sistema de responsabilidad objetiva se evitarían graves afectaciones al sistema hídrico de cualquier municipio, al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas, sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable, ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares.

Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a los cuerpos acuáticos o sistemas hidráulicos, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar.

Estamos conscientes de que las necesidades y atenciones de los mexicanos son muchas y que requieren atención urgente, pero creemos que una de las más importantes es proteger su entorno, el cual no se debe poner en riesgo con inadecuadas e insuficientes políticas ambientales, que hacen de nuestro país uno de los que sufren una constante depreciación en la calidad del agua.

Es necesario alcanzar un modelo de desarrollo sustentable que no sólo impida el deterioro de nuestro ambiente sino que emprenda la vigorosa restauración del mismo, y promover la conciencia y el compromiso social en el respeto y conservación de los recursos naturales para preservar la integridad de los mexicanos de hoy y la responsabilidad con las generaciones futuras. Por todo esto resulta urgente hacer un esfuerzo por el mejoramiento del ambiente y el cuidado del agua.

De esta forma, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos la presente iniciativa con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas, que atentan contra los recursos de todos los mexicanos. Se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. En virtud de la limitación de tiempo, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Presidencia su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

México, como muchos países en la actualidad, enfrenta una situación dual respecto al agua. En términos generales, los niveles de consumo se encuentran por debajo de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Sin embargo, aún cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso, su manejo actual no es sustentable. De continuar esta tendencia, la probabilidad de que en el futuro se padezcan eventos de escasez generalizada es elevada.

De esta forma, nos encontramos con que las necesidades de la población no han sido cubiertas en su totalidad, tanto hablando en términos de agua potable, agua reciclada, alcantarillado, así como una efectiva distribución de competencias.

A nivel nacional se presenta un porcentaje de cobertura de agua potable del 87%, aunque existen estados que tienen niveles de cobertura inferiores al 70%, como Veracruz que tiene 35% sin cubrir, Oaxaca 33% y Guerrero 32%, lo que contribuye a que sean los que enfrentan mayores índices de marginación en el país y de necesidades básicas insatisfechas.

De igual forma, estos estados, como muchos otros, además de tener una carencia en cuanto a la cobertura de agua también tienen una gran conflicto de intereses interestatales, en donde muchas veces no existe una conciencia ecológica que fomente el desarrollo sustentable, causando daños irreversibles a los estados vecinos.

Por otro lado, el hecho de que las tarifas del agua tengan niveles tan bajos y no reflejen siquiera los costos de operación, agrava la situación del sector hidráulico. Actualmente el establecimiento de tarifas se encuentra desvinculado con los costos de operación, inversión, y escasez. La Comisión Nacional del Agua se mantiene a través del presupuesto que le otorgue el gobierno federal, mientras que en muchas ocasiones, las tarifas municipales se politizan, dejando de reflejar los verdaderos costos del recurso.

En términos de descargas de aguas residuales, gran parte del volumen no se contabiliza. El tema de descargas de aguas residuales constituye el principal problema de la industria. Todavía quedan algunos vacíos que influyen en que la generación de contaminantes alcance las dimensiones que se han explicado, entre ellos la falta de monitoreo y la poca disponibilidad de información entre los diferentes actores.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México hace 50 años, la disponibilidad promedio de agua por habitante por año era de 11,500 metros cúbicos, lo que nos ubicaba a nivel internacional entre los países con alta disponibilidad.

Actualmente, la disponibilidad nacional promedio es baja, de alrededor de 4,900 metros cúbicos por habitante por año, aunque en algunas regiones del país dicha disponibilidad es muy baja, de alrededor de 1,000 metros cúbicos por habitante al año, lo que hace que dichas zonas en nuestro país tengan una disponibilidad de agua similar a la de varias regiones desérticas de África.

Asimismo, se debe considerar que la mayor parte de la población y de la actividad económica del país, se concentra en zonas con baja disponibilidad de agua. De acuerdo con la CNA, el 77% de la población, misma que genera el 84% del Producto Interno Bruto, se ubica en las regiones del país en donde se presenta sólo el 28% de la precipitación. En estas regiones se ubican las 35 ciudades más importantes del país.

Por una parte, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola es el principal usuario del país. Alrededor del 80% del agua en el país es consumida por el sector agropecuario. De acuerdo también con la Comisión Nacional del Agua, más del 55% del agua se desperdicia en el campo debido a técnicas ineficientes de riego, combinado con el hecho de contar con una exención al pago de derechos por agua, por lo que no existe incentivo alguno por parte de los productores agrícolas para el ahorro de agua.

Lo anterior ha sido reconocido por el legislador, al declarar como causa de utilidad pública en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el artículo 7, fracciones IV y V, el restablecimiento del equilibrio hidrológico para el destino de uso doméstico y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual, para el reúso de la misma.

Sin embargo, en la realidad, e independientemente de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de agua residual para uso industrial y agrícola, y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.

Por su parte, los estados y municipios del país, así como los particulares se oponen u obstaculizan el uso de agua residual tratada, ya sea por que alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen, o por que tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de aguas recicladas

A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra, ya que como esos sectores cuentan con gran disponibilidad del líquido, y en el caso del sector agrícola se le obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e inclusive, desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas. La escasez del agua en nuestro país, demanda que se discrimine en los usos que se le dan al líquido, a efecto de lograr una mayor eficiencia social en su utilización.

Por otra parte, es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de sus recursos hídricos, debemos darles a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir, esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos; su preservación debe de considerarse como una prioridad del Estado mexicano.

Con un sistema de responsabilidad objetiva, se evitarían graves afectaciones al medio ambiente al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas; sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a las personas o a sus bienes. Así como una restauración de las agresiones producidas como consecuencia del deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiera lugar.

Estamos conscientes que las necesidades y atenciones de los mexicanos son muchas y que requieren de atención urgente, pero creemos que una de las más importantes es proteger su entorno; el cual no se debe poner en riesgo por inadecuadas e insuficientes políticas ambientales, que hacen ser a nuestro país uno de los pierden de manera más acelerada toda su biodiversidad.

Es necesario alcanzar un modelo de desarrollo sustentable que no sólo impida el deterioro de nuestro medio ambiente, sino que emprenda la vigorosa restauración del mismo. Promover la conciencia y el compromiso social en el respeto y conservación de los recursos naturales para preservar la integridad de los mexicanos de hoy y la responsabilidad con las generaciones futuras.

Es por todo esto, que resulta urgente hacer un esfuerzo por el mejoramiento del medio ambiente y el cuidado del agua. De esta forma, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos la presente iniciativa con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas que atentan en contra de los recursos de todos los mexicanos, se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

De la fracción I a la VIII. ...

IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos;

De la fracción X a la XXII. ...

Artículo 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos de los estados en los términos de esta ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de ``la autoridad del agua'', hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de ley.

Los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y los municipios, establecerán en su normatividad como prevaleciente el uso de agua residual tratada para aquellos consumidores que, en la región en que se encuentran ubicados, cuenten con una fuente alterna de suministro a través de plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan la capacidad de suministrar agua tratada.

En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua.

Artículo 96 BIS. ``La Autoridad del Agua'' intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño ambiental, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de ley.

La responsabilidad civil regulada en esta ley es objetiva y solidaria, y será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable. Como consecuencia de ello, quien pretenda obtener la correspondiente reparación sólo tendrá que probar la acción u omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro del medio ambiente causados y la mera relación de causalidad física entre la acción u omisión del responsable y el daño o deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama.

La responsabilidad civil regulada en esta ley es compatible con las sanciones penales o administrativas que puedan imponerse por los mismos hechos causantes del daño o deterioro del medio ambiente de que se trate.

Transitorio

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia obsequia su petición con mucho gusto. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

---

ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Quintín Vázquez García: Con su venia, compañero diputado Presidente. El suscrito, diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que adiciona el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la seguridad integral que se debe brindar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

Actualmente, gran número de niños, niñas y adolescentes es objeto de explotación en cualquiera de sus modalidades, como lo es la laboral, sexual y social, lo que pone en riesgo su seguridad, su salud y desarrollo físico.

El UNICEF señala que en México se encuentran las peores formas de trabajo infantil. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a los niños obreros que trabajan en los molinos de arena sílica, en la industria metal-mecánica y en las maquiladoras de exportación o en las fábricas de talco y chupones, donde laboran por turnos día, tarde y noche, y donde se exponen a agentes químicos, polvos y altas temperaturas.

También es cierto que muchos de los niños, niñas y adolescentes trabajan para ayudar a la economía familiar, ya que muchos viven en condiciones de extrema pobreza y su necesidad es tal, que no les importa efectuar las peores tareas, o bien, ser objeto de la explotación por parte de los patrones; o bien, trabajan a petición de los padres o tutores, quienes se quedan con la mayor parte del salario de los menores. Y en algunos de los casos, el salario de éstos se ha convertido en el principal ingreso de muchas familias.

Aunado a lo anterior y según datos del propio UNICEF, se indica que en México 400 mil menores acompañan a sus padres como jornaleros agrícolas, emigrando a los estados del norte del país. Por lo que hace a la explotación sexual, explotación sexual comercial y a la pornografía infantil, ésta cada día aumenta entre los menores. Según datos vertidos por el UNICEF y el DIF, se estima que aproximadamente más de 16 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, situación que se da en las grandes ciudades, ciudades fronterizas y principalmente en los destinos turísticos del país.

Existe gran número de causas que hace que los niños y las niñas sean vulnerables a la explotación sexual. Entre éstas podemos mencionar las relacionadas con la pobreza hasta las que se originan en el seno de la familia.

Con relación a las consecuencias, pensamos que todo tipo de explotación sexual es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ya que se afectan no sólo su autoestima y su sentido de pertenencia y de identidad, sino también su proyecto de vida, por lo que es importante rescatar la esperanza de los afectados al proporcionarles una oportunidad para salir de su problema a través de proporcionarles mejores sistemas de vida y de una gran difusión para que conozcan sus derechos y que nadie pueda violentar.

El tema de la infancia ha sido prioritario para el Gobierno Federal, ya que éste se señaló en el Plan Nacional de Desa-rrollo 2001-1006, pero aunque se han implementado diversos programas de apoyo a la niñez, éstos no han dado los resultados esperados y día a día se observa que la explotación de menores en sus diversas modalidades se sigue dando, por lo que es importante que a partir de nuestra Carta Magna se otorgue esa seguridad integral que requieren los niños, niñas y adolescentes para que se respeten sus derechos humanos básicos y así tengan una vida digna y de sano esparcimiento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, seguridad integral y sano esparcimiento para su desarrollo.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en el mes de febrero de 2005.

Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal por el distrito 9 electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco, Quintín Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la seguridad integral que se les debe brindar a los niños, a las niñas y adolescentes, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente un gran número de niños, niñas y adolescentes, son objeto de explotación en cualquiera de sus modalidades como lo es: la laboral, sexual, social, etcétera. Lo que pone en riesgo su seguridad, su salud y desarrollo físico.

La UNICEF, señala que en México ``se encuentran las peores formas de trabajo infantil, por mencionar algunos ejemplos, tenemos a los niños obreros que trabajan en los molinos de arena sílica, en la industria metalmecánica y en las maquiladoras de exportación o en las fábricas de talco y chupones, donde laboran por turnos (día, tarde y noche) y donde se exponen a agentes químicos, polvos y altas temperaturas...''

También es cierto que muchos de las niñas, niños y adolescentes, trabajan para ayudar a la economía familiar ya que muchos viven en condiciones de extrema pobreza y su necesidad es tal que no les importa efectuar las peores tareas o bien ser objeto de la explotación por parte de los patrones, o bien trabajan a petición de los padres o tutores, quienes se quedan con la mayor parte del salario de los menores y en algunos de los casos el salario de estos menores se ha convertido en el principal ingreso de muchas familias.

Aunado a lo anterior y según datos de la propia UNICEF, indica `` En México 400 mil menores acompañan a sus padres como jornaleros agrícolas emigrando a los estados del norte del país...''

Por lo que hace a la explotación sexual, la explotación sexual comercial y a la pornografía infantil, esta cada día aumenta entre los menores y según datos vertidos por la UNICEF y el DIF, se estima que aproximadamente mas de 16 mil niños, niñas y adolescentes, son víctimas de la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, situación ésta que se da en las grandes ciudades, ciudades fronterizas y en los destinos turísticos del país, existe un gran numero de causas que hace que los niños y las niñas sean vulnerables a la explotación sexual, entre éstos podemos mencionar los relacionados con la pobreza, hasta los que se originan en el seno de la familia. Con relación a las consecuencias, pensamos que todo tipo de explotación sexual es una grave violación a los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes. Ya que se afecta su autoestima, su sentido de pertenencia y de identidad, sino también su proyecto de vida. Por lo que es importante rescatar la esperanza de los afectados al proporcionarles una oportunidad para salir de su problema. A través de proporcionarles mejores sistemas de vida y de una gran difusión para que conozcan sus derechos y que nadie puede violentar.

El tema de la infancia ha sido prioritario para el Gobierno Federal, ya que éste se señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, pero aunque se han implementado diversos programas de apoyo a la niñez, éstos no han dado los resultados esperados, y día a día, se observa que la explotación de menores en sus diversas modalidades se sigue dando. Por lo que es importante que a partir de nuestra Carta Magna, se dé esa seguridad integral que requieren los niños, las niñas y adolescentes, para que se respeten sus derechos humanos básicos de los menores. Y así tengan una vida digna y de sano esparcimiento.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:

Decreto por el que se adiciona el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 4o. ...

...

...

...

...

Los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, seguridad integral y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de febrero de dos mil cinco.--- Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Quintín Vázquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

---

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: pongo a su disposición la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona las fracciones XI del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a lo siguiente:

Hoy por hoy, resulta irónico que nuestra legislación contemple el delito de falsedad en declaraciones vertidas ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones. Claro, está dirigido a los gobernados, pero como autoridad no se ha tipificado el delito de falsedad de declaraciones hechas públicamente por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, lo cual resulta aún más grave que el primer delito que sí está tipificado, ya que un esquema de la norma es precisamente que debe ser objetiva y general; por tanto, la generalidad de la imposición y la observancia de la norma no deberían ser unilaterales.

Actualmente, resulta casi cotidiano que los propios gobernados y presidentes municipales y gobernadores e incluso el propio Ejecutivo federal y --¿por qué no decirlo?-- la mayoría de los de cargo de elección popular que muchos representamos, además de altos funcionarios de la administración pública, incluidos muchos del Poder Judicial, incurran en falsedades públicamente lo cual, como líderes de opinión, nos da una imagen, al gobierno, de gran desconfianza por parte de nuestros gobernados, lo cual imposibilita aún más la incorporación del pueblo a la verdadera labor democrática social y cívica de establecer un gobierno de corresponsabilidades mutuas entre gobierno y gobernados.

Este tipo de conductas debe ser eliminado de manera definitiva, por lo que para procurar que se empiece a cambiar la mentalidad tanto de las autoridades como de los gobernados y se busque asegurar la manera más objetiva a tal misión, se debe reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 7, 47 y 48, como un inicio para establecer como causal de juicio político y como indiscutible sanción la destitución, inhabilitación ante la comisión de este tipo de faltas, que además deberían ser tipificadas como delito, para lo cual habré de presentar la iniciativa correspondiente que tienda a complementar la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y reforma la fracción XXIV de este último artículo; así también, se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se adicionan las fracciones IX del artículo 7 y XXV del artículo 47, y se reforma la fracción XXIV de este último artículo, así como el artículo 48, todos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, y de su buen despacho.

Fracción IX: Las violaciones intencionadas al derecho a la información cuando éstas impliquen falta a la verdad. No procede juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo; cuando aquéllos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con la destitución, invariablemente con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, desde un año hasta veinte años.

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad: honradez, leal-tad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de normas específicas al respecto que rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas.

XXIV. Abstenerse en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas de faltar a la verdad, lo cual constituirá además de una falta grave si con ello se viola intencionalmente el derecho a la información. Y las demás que impongan las leyes y reglamentos.

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Secretaría de la Contraloría General, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la Contraloría General, el subalterno podrá platicarla directamente informando a su superior acerca de este acto.

Transitorios. Artículo Primero. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.

Atentamente, el de la voz: diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX al artículo 7 y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así también se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- Que como resulta evidente a todas luces, el pueblo mexicano externa de diferentes maneras su indignación y desconfianza permanente ante una clase política actual en la cual no hemos podido aun cambiar ese sentimiento de desilusión, hartazgo, incertidumbre, falta de confianza, y apatía en muchos casos, que llega a lacerar gravemente nuestro sistema social y político, toda vez que ante esta cultura social y política decadente no se pueden construir los cimientos de una sociedad renovada y unidad fortalecida por valores y criterios que nos permitan un autocontrol como individuos y como grupo, de respeto mutuo y de apoyo solidario. Lo anterior pareciera solo un pensamiento utópico, pero la realidad es, que por más difícil que parezca e incluso por muy iluso que suene, lo cierto es que nos encontramos en el umbral de la debacle en donde no hay de otra, no es opcional, en definitiva o cambiamos o nos hundimos como sociedad, todos debemos poner de nuestra parte para hacer de nuestro país un país de certidumbre de respeto y de confianza tanto en lo interior como ante los demás países.

Segundo.- En definitiva a nosotros como gobierno nos toca dirigir al país firme y decididamente cada uno de los poderes haciendo a cabalidad lo que les corresponde, pero en especial, se debe impulsar una renovadora cultura social, cívica y política de manera integral y cíclica que nos permita avanzar como una verdadera nación unida, donde todos seamos coparticipes de una transición definitiva que nos permita el acceso como individuos y como sociedad a un esquema de vida digna y humanitariamente decorosa.

Para ello es esencial que quienes gobiernan, desde cualquiera de los poderes cambiemos de manera decidida nuestra visión, tomando nuestro cargo no como una oportunidad de servirnos a nosotros mismos en lo personal de las mieles del poder, sino como un alto privilegio de poder servir a los demás en aras de fortalecer a esa sociedad que nos encomendó tan elevado honor, para que cuando ya no estemos en el goce de tal prerrogativa, podamos vivir con la tranquilidad que hoy demandan de nosotros en la actualidad.

Por eso se hace imperioso reformar nuestro sistema de leyes para que el Gobierno, gobierne con mano firme, pero en especial con el ejemplo, ya que si como autoridades exigimos la obediencia y observancia de las normas a nuestros gobernados, pues como todo buen juez por nosotros mismos debemos empezar poniendo el ejemplo y cambiando la imagen tan deplorable que hoy nos cubre como servidores públicos, y esto a pesar de que muchos de nosotros mismos no lo queramos reconocer, resulta totalmente cierto, pero para solucionar cualquier mal primero hay que reconocer que lo padecemos y después actuar contra éste.

Tercero.- Hoy por hoy, resulta irónico, que nuestra legislación contemple el delito de ``falsedad en declaraciones vertidas ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones'', claro está, dirigido a los gobernados, pero como autoridad no se ha tipificado el delito de ``falsedad de declaraciones hechas públicamente por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones'' lo cual resulta aún más grave que el primer delito que sí esta tipificado, ya que un esquema de la norma es precisamente que debe ser objetiva y general, por tanto la generalidad de la imposición y observancia de la norma no debiera ser unilateral.

Cuarto.- El derecho a la información consagrado como una garantía constitucional en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna, resulta uno de los más esenciales y su respeto es de inimaginable valor, para la concreción de una sociedad enterada, responsable y madura lo cual evidentemente es de un interés social muy alto, e incluso la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su sistema de elaboración y determinación de jurisprudencias que la verdad y objetividad de la información dada a los gobernados es de primordial valor social y la contradicción a estos valores sociales implica a su vez una grave violación a las garantías individuales, por lo que para mayor soporte transcribo a continuación la siguiente tesis relevante de jurisprudencia:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Junio de 1996

Tesis: P. LXXXIX/96

Página: 513

Garantías individuales (derecho a la información). Violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional. La configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, por infringir el artículo 6o. También constitucional. El artículo 6o. constitucional, in fine, establece que ``el derecho a la información ser garantizado por el Estado''. Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que esta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante esta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engañó, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número LXXXIX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

Quinto.- Actualmente resulta casi una cotidianidad que los propios gobernadores y presidentes municipales y incluso el propio Ejecutivo federal, y por que no decirlo la mayoría de los cargos de elección popular que muchos representamos además de altos funcionarios, de la administración pública incluyendo a muchos del poder judicial, incurran en falsedades públicamente, lo cual como lideres de opinión, nos da una imagen al gobierno de una gran desconfianza por parte de nuestros gobernados, lo cual imposibilita aun mas la incorporación del pueblo a la verdadera labor democrática, social y cívica de establecer un gobierno de corresponsabilidades mutuas entre gobierno y gobernados.

Sexto.- Este tipo de conductas deben ser eliminadas de manera definitiva, por lo que para procurar que se empiece a cambiar la mentalidad tanto de las autoridades como de los gobernados y se busque asegurar de manera más objetiva tal misión se debe reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 7, 47 y 48, como un inicio para establecer como causal de juicio político y como indiscutible sanción la destitución e inhabilitación ante la comisión de este tipo de faltas que además deberían ser tipificadas como delito, para lo cual habré de presentar la iniciativa correspondiente que tienda a complementar la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX al artículo 7 y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así también se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 7, y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así como el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 7

Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. a la VIII. ...

IX.- Las violaciones intencionadas al derecho a la información, cuando estas impliquen falta a la verdad.

No precede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

Artículo 8

Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución e invariablemente también con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Artículo 47

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. a la XXIII. ...

XXIV.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas de faltar a la verdad lo cual constituirá además una falta grave si con ello se viola intencionalmente el derecho a la información, y

XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Secretaría de la Contraloría General, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la Contraloría General, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior acerca de este acto.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Moreno Arévalo. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

---

FORO AUTORIDADES, DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLITICOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día a efecto de que nos ocupemos de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para dar a conocer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero.- Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene como atribución proponer a la consideración del Pleno proyectos de punto de acuerdo.

Segundo.- Que uno de los temas fundamentales de la vida democrática de nuestro país lo constituye la conformación, desenvolvimiento y quehacer continuo de los partidos políticos, de manera tal, que resulta importante la cimentación de una legislación clara y objetiva respecto a las reglas que deben regir a los mismos en la integración de sus estatutos y reglamentación de su vida interna.

Tercero.- Que es función de esta H. Cámara de Diputados conformar foros de diálogo y discusión para el enriquecimiento de nuestra vida democrática y la elaboración de leyes.

En este sentido uno de los temas prioritarios de la transición política mexicana lo constituye el avance de la cultura democrática, para lo cual son necesarios el conocimiento y la práctica de los principios que la sustentan por lo que la conformación de espacios de discusión y diálogo respecto a la regulación de la vida interna de los partidos políticos es un tema que implica la colaboración de todas las fuerzas políticas, así como de las instituciones que son base de la estructura democrática del país.

Cuarto.- Que la Junta de Coordinación Política, como expresión máxima de pluralidad, considera necesario el análisis de este tema, a fin de conformar un trabajo legislativo que coloque a nuestro país a la vanguardia en el tema de legislación electoral y política.

Es por todo lo anterior que esta Junta, con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Acuerdo

Primero.- La Junta de Coordinación Política acuerda la realización del foro Autoridades, democracia y partidos políticos.

Segundo.- Dicho foro deberá realizarse el día 11 de marzo del presente en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, con la participación de los grupos parlamentarios que la integran.

Tercero.- Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para otorgar los apoyos logísticos necesarios para la realización del evento.

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a. del diputado Jesús González Schmal), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

---

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X, y 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo Segundo Bis, denominado ``De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas'', a la Ley de la Propiedad Industrial. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, A LA INICIATIVA QUE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DE ARTÍCULO 6, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS DEL ARTÍCULO 90, SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 98 BIS AL 98 BIS-8, PARA CREAR LAS FIGURAS JURÍDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA, presentada por los C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de LIX Legislatura, el 30 de noviembre de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de noviembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentaron los C.C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

TERCERO. Mediante oficio CE/1178/04 de fecha de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. Con fecha del 16 de febrero de 2004, el pleno de las Comisión de Economía aprobó el presente dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

La iniciativa pretende que puedan crearse las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa, en el animo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por vía del acreditamiento previo y de facultar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para emitir dichas declaratorias.

En la iniciativa se han contemplado dos grados de notoriedad; la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece la protección ampliada.

A través de la iniciativa se ha considerado que la declaratoria deba ser un acto administrativo de carácter declarativo, ya que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tendrá facultades para recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, y de esa forma se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, además de que se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares, en virtud de lo anterior, se propone la reforma de las fracciones III y X del artículo 6 a fin de darle facultades al Instituto, para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.

En la propuesta se señala que aún y cuando en México de algún modo ya existe la protección para las marcas, a través de los Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha existido una adecuación legal en nuestro marco normativo que permita la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa.

En el artículo 90, fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca y se dividió el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.

Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.

Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos del 98 bis al 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.

En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

TERCERO. Que las marcas, son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso, prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.

CUARTO. Que existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

QUINTO. Que México forma parte de diversos tratados internacionales, en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada Marca Notoriamente Conocida, tales como el Convenio de París de 1967, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

SEXTO. Que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París, de 1967, establece en su artículo 6 bis, lo siguiente:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Y en su artículo 10 bis agrega:

Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

SÉPTIMO. Que es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, respecto a marcas notoriamente conocidas establece:

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

OCTAVO. Que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, prescribe en su parte relativa a la Propiedad Intelectual:

Artículo 1708. Marcas

...

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

NOVENO. Que durante la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros, llevada a cabo del 20 a 29 de septiembre de 1999, se ha aprobado y emitido una Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la que se han establecido criterios generales de determinación y protección de marcas notoriamente conocidas.

DÉCIMO. Que atendiendo a lo señalado por el artículo 133 constitucional, todas las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte, deben considerarse ley suprema de la Unión.

DÉCIMO PRIMERO. Que en el ámbito nacional, los principios de protección a las Marcas Notoriamente Conocidas, se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 90 fracción XV de la misma, que a la letra dispone:

Artículo 90

No serán registrables como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Una vez señalado lo anterior, podemos decir que la protección que se otorga no tiene como requisito que la marca se encuentre registrada ni en México, ni en el extranjero y procede respecto a cualquier producto o servicio, aún cuando deba destacarse que en el párrafo 4° de la misma fracción, aclara que el impedimento de registro procederá --solamente- cuando pudiese causar confusión o riesgo de asociación o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca notoriamente conocida, en resumen, cuando se le pueda causar perjuicio o lesionar intereses al titular de la misma.

DÉCIMO SEGUNDO. Que no obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.

Además de que existen marcas notoriamente conocidas que, teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

Y la razón de que algunas de éstas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial, de debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que, aún cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por la cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.

Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares, que de aprobarse la iniciativa quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocida y famosa.

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que se considera que la notoriedad y fama son preexistentes, la declaratoria no es constitutiva de derechos, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.

Que la declaratoria debe ser un acto administrativo de carácter declarativo a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho o ius prohibendi que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.

En virtud de que la declaratoria no se pronuncia hacia el futuro, ya que deriva de lo que se haya probado en un tiempo determinado, solamente podrá afirmar que en una fecha dada, se acreditó que tal marca era conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país o por el público en general.

También es viable que ya emitida una declaratoria, los actos administrativos subsecuentes no son nuevas declaratorias, sino una actualización de las pruebas que acreditan que subsisten las condiciones necesarias para que una marca se considere notoriamente conocida o famosa.

Por lo ya expuesto y con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la el siguiente Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa y presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforman las fracciones III y X de artículo 6, y la fracción XV del artículo 90. Se adicionan la fracción XV bis del artículo 90, y un capítulo II BIS denominado: De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos 98 bis al 98 bis-8, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. y II. ...

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. a IX. ...

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

Artículo 90. No serán registrables como marca:

I. a XIV....

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XV bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

CAPITULO II BIS.

De las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fr. XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Artículo 98 bis-3. El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Artículo 98 bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante y en su caso de su apoderado;

II. La marca y el número de registro que le corresponde;

III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud;

Artículo 98 bis-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Artículo 98 bis-6. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Artículo 98 bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.

Artículo 98 bis-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:

Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo;

Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas;

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Artículo 98 bis-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Transitorios

Único.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2004.--- Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.»

Es de segunda lectura.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Ricardo Alegre Bojórquez, para fundamentar el dictamen en términos del 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: hago uso de la tribuna, en nombre de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Economía de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, para presentar el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 6o., fracciones III y X, y 90, fracción XV, y se adicionan además la fracción XV Bis del artículo 90 y un artículo 2o. Bis, que contiene los artículos 98 Bis a 98 Bis 9, para crear las figuras jurídicas de declaratoria de marca notoriamente conocida y declaratoria de marca famosa de la Ley de la Propiedad Industrial.

Esta ley, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.

Las marcas son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso prevenir en el público de cualquier posibilidad de confusión. En el ámbito internacional, algunas marcas, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor, que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.

México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección de la denominada ``marca notoriamente conocida'', como el Convenio de París de 1967, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad Intelectual relacionados con el comercio y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

No obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares; además de que existen marcas notoriamente conocidas que, teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.

La razón de que algunas de estas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de propiedad industrial se debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto está sujeta a una estimación; es decir, al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.

La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que aun cuando la noción de notoriedad de las marcas guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse lo que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente.

Aun en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contemplaba un procedimiento de oposición ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca.

Con esto se obliga a los titulares de las marcas en cuestión a exhibir todos los medios de prueba a su alcance, para demostrar que su marca es notoria en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y, nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares. De aprobarse la iniciativa, quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocidas y famosas.

La reforma que hoy se presenta permite, además de proteger a los legítimos titulares de una marca, proteger al consumidor de dichas marcas, pues con la declaratoria de marca famosa y notoriamente conocida le será más fácil identificar si se trata o no de un producto emanado de dicha marca, evitando así caer en confusiones y errores. Agradezco y reconozco al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y a la Asociación Mexicana de Propiedad Industrial, por sus valiosas aportaciones; y a toda la gente que participó durante la iniciativa y en el dictamen, por su disposición para adecuar a las realidades actuales la protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas.

Por lo anteriormente expuesto, los exhorto a que todos y todas se sumen a este proyecto, el cual traerá grandes beneficios para la competitividad de las empresas que han invertido en que sus marcas sean cada vez de mejor calidad y a los consumidores, como ustedes y como yo, al permitirnos identificar fácilmente una marca de otra evitando así caer en confusiones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado por sus fundamentaciones. El dictamen está a discusión en lo general.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido, pero para los efectos del artículo 134 del reglamento, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.

No habiendo reserva de artículos, se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico de votación, hasta por 10 minutos, para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen que nos ocupa.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene el gusto de recibir a los alumnos del sexto semestre del CCH Vallejo, quienes han sido invitados por el ciudadano diputado Elpidio Concha Arellano; bienvenidos. Asimismo, del estado de Morelos, de la Universidad del Valle de Cuernavaca, invitados por el señor diputado don Guillermo del Valle; sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Señor Presidente: se emitieron en pro, 384 votos, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 384 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., fracciones III y X, y 90, fracción XV, y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo Segundo Bis, denominado ``De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas'', a la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de diputados locales del estado de Chiapas de la LVII Legislatura local: los señores diputados Juan Antonio Castillejos, Noé López Corzo, Víctor Ortiz del Carpio, Hugo Pérez Anzueto y Alfredo Lugardo López, invitados por el señor diputado don Julián Nazar Morales.

---

LECHE
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a cumplir en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y a procurar apoyar la compra de leche de productores nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados les fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes

ANTECEDENTES1. En sesión celebrada el 29 de abril pasado, el Diputado José Luis Treviño Rodríguez presentó, en nombre de diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

2. Que, en la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: ``túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social''.

3. Que la Presidencia de esta Comisión solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia información con respecto al tema de esta Proposición con Punto de Acuerdo.

4. Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia remitió un documento con información relativa a este tema, cuya copia fue turnada a la Comisión de Gobernación.

CONSIDERACIONES1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto de fecha 13 de enero de 1977.

2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es una de las estructuras con mayor federalización de nuestro país ya que cuenta con 32 sistemas estatales, autónomos, que dependen de los ejecutivos estatales y dos mil 74 sistemas municipales.

3. Los programas alimentarios del DIF integran las acciones de Desayunos Escolares, Asistencia Alimentaria a Menores de cinco años en riesgo, Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.

4. El proceso de desconcentración, iniciado en 1995 y concluido en 1998, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortaleció el federalismo y ha permitido que cada uno de los Sistemas Estatales DIF reciba, de manera directa, los recursos económicos de los programas alimentarios a través, del Fondo V de Aportaciones Múltiples del Ramo 33 y que DIF Nacional por tanto, solo quedó con atribuciones de coordinación, asesoría, capacitación y de normatividad, aunque esta última es limitada.

Con la asignación directa de recursos a los Sistemas Estatales DIF, queda en ellos la facultad para ejercerlos, mediante licitaciones públicas, en la compra insumos como alimentos, equipos de cocina y material didáctico, siendo el Sistema Nacional DIF quien conjunta la normatividad para la operación de los programas, pero no del ejercicio de los recursos en sus normas de operación.

5. El proceso de desconcentración ha facilitado la operación de los programas acordes a las necesidades de cada estado, no obstante la normatividad aplicable de carácter federal debe ser cumplida y responder a una política pública federal, sin embargo, las facultades del DIF Nacional son limitadas en caso de incumplimiento.

6. Tanto la Federación como los estados tienen normados los procesos de adquisición por las respectivas leyes; las licitaciones públicas son un mecanismo de compra que implica transparencia.

7. Una licitación pública la gana aquél que aprueba las especificaciones técnicas solicitadas por los DIF Estatales; solo las empresas que aprueban los requerimientos pueden concursar; gana la empresa que cumple con las especificaciones técnicas y que ofrece un más bajo precio.

8. Lo anterior no implica que no se presenten problemas como los siguientes: que las especificaciones técnicas estén mal diseñadas o que no sean lo suficientemente exigentes en cuanto a la calidad de los alimentos, de tal manera que los proveedores pueden ofrecer productos que no satisfacen necesariamente los altos niveles de calidad que merece la población vulnerable; que los proveedores ofrezcan muestras de alta calidad durante el proceso de licitación y en la distribución entreguen productos de menor calidad a la ofrecida y, que el procedimiento para la revisión de las pruebas y la documentación requerida.

9. La ``Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba'', expedida el 11 de agosto de 2003, establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado que se comercializa dentro del territorio nacional así como las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la información comercial que deben contener las etiquetas de los envases que los contienen.

10. El Sistema Nacional DIF considera como una prioridad el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003.

11. Para asegurar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana se requiere dotar al Sistema Nacional DIF de mayores facultades en materia de vigilancia, sin menoscabo de los avances registrados en cuanto a la federalización, como son:

1. Que las bases de licitación para la adquisición de insumos alimentarios deban ser enviadas, sin excepción, al DIF Nacional y contar con la aprobación de la institución antes de su publicación;

2. Para asegurar la calidad de los insumos alimentarios y dar seguimiento a la misma, deberán ser verificados con pruebas de laboratorios especificadas por el DIF Nacional y realizarse de manera periódica, tomando como mínimo tres revisiones por periodo de adjudicación en laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA);

3. En el caso de la leche deberá incluir el análisis que determine su autenticidad para garantizar que el producto es cien por ciento de vaca y, establecer un proceso de certificación de los proveedores de leche DIF para garantizar la más alta calidad, mediante un convenio, en proceso de suscripción, con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los proveedores de leche DIF sean evaluados y aprobados por una empresa certificadora que otorgue el distintivo de calidad en leche DIF -- SENASICA.

12. En relación al señalamiento que en los desayunos escolares se entregan a los niños fórmulas lácteas, el Sistema Nacional DIF señala que el documento ``Políticas y Lineamientos para la Operación de los Programas Alimentarios'' norma que la leche distribuida en dichos desayunos debe ser leche entera de vaca, sin adiciones de grasa vegetal o cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche; en caso de ocurrir se deberá al incumplimiento de parte de los proveedores. Sin embargo, estos lineamientos no son obligatorios por falta de atribuciones del Sistema Nacional DIF.

13. En cuanto a la solicitud que la leche que distribuya el Sistema Nacional DIF sea fluida, entera y fortificada, se señala la coincidencia en que sea entera pero debido a los problemas de accesibilidad de algunas regiones o municipios del país, deben considerarse justificables los casos en que los Sistemas Estatales DIF otorguen leche en polvo.

14. El tipo de fortificación de la leche es definida por los Sistemas Estatales DIF dependiendo de las necesidades de la población objetivo de cada entidad.

15. En reuniones celebradas entre productores de leche y diversas instituciones públicas, el Sistema Nacional DIF propuso que la compra de leche con origen nacional para sus programas alimentarios, no solo fuese preferente sino obligatoria. Sin embargo, esta medida deberá ser aprobada por el Legislativo, ya que por la falta de atribuciones del Sistema Nacional DIF, éste no puede tomar la decisión.

16. Es necesario señalar que cumplir con lo anterior significaría, además de contar con las facultades ya señaladas, un incremento del 10 al 15 por ciento en los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

17. En relación a la solicitud para que la Auditoría Superior de la Federación verifique, en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización sobre las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples dirigidos a la asistencia social, la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios, el Sistema Nacional DIF manifiesta que está en disposición para establecer un programa de trabajo conjunto para la revisión de dichos aspectos señalando que, en la actualidad, ya labora con la Auditoría Superior de la Federación para atender estos aspectos.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones emiten el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se observe la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de los productores nacionales.

SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, considerando las particularidades regionales, establezca que en sus programas alimentarios se considere únicamente leche de vaca fluida, entera y fortificada.

TERCERO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que establezca los mecanismos necesarios que permitan verificar y certificar la calidad de la leche que proporciona.

CUARTO.- Se exhorta a esta Comisión y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a estudiar los posibles cambios legislativos para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumpla con los objetivos nacionales referidos en el numeral 11 de los Considerandos.

QUINTO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización, en relación al Fondo de Aportaciones Múltiples dirigido a la asistencia social, se verifique la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Desarrollo Social. Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Sonia Rincón Chanona (rúbrica), secretaria; Armando Rangel Hernández (rúbrica), secretario; Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretario; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales, Armando Leyson Castro (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García (rúbrica).

Por la Comisión de Gobernación. Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín, , Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia informa que tenemos un solo orador registrado en pro, el señor diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que tiene la palabra.El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras legisladores: en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social recibieron para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al DIF para que en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios se cumpla la Norma Oficial Mexicana 155 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.

En 1995 se inició el proceso de desconcentración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que fortaleció el federalismo y transfirió la facultad de realizar las compras de insumos para los programas alimentarios de los Sistemas Estatales DIF. Esto permitió que cada uno de los Sistemas recibiera de manera directa los recursos económicos para los programas alimentarios a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33, en tanto que el DIF Nacional sólo se quedó con las atribuciones de coordinación, asesoría, capacitación y de normatividad, aunque esta última es muy limitada.

Con la asignación directa de recursos de los Sistemas Estatales del DIF queda en ellos la facultad para ejercerlos, mediante licitaciones públicas, en tanto que el Sistema Nacional del DIF vigila que se observe la norma y coadyuva en la operación de los programas, como son desayunos escolares, asistencia alimentaria a menores de cinco años en riesgo, asistencia alimentaria a familias en desamparo y asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, de acuerdo con las necesidades en cada estado.

Tanto la Federación como las entidades federativas se rigen por una normatividad para los procesos de adquisición de bienes y servicios y las compras que se realizan por medio de licitaciones públicas, que muestran la transparencia de estos procesos. La empresa que gana es la que cumple las especificaciones técnicas y la que ofrece el precio más bajo. No obstante, las facultades del DIF Nacional son limitadas en caso de incumplimiento de contratos o en el seguimiento de calidad de los alimentos. Por ello, en varias y desafortunadas ocasiones los proveedores ofrecen muestras de alta calidad durante el proceso de licitación y en la distribución entregan productos de mucho menor calidad; es decir, ofrecen productos que no satisfacen los altos niveles de calidad que merece la población vulnerable. Esto ha provocado que más de 5 millones de niños mexicanos reciban fórmulas lácteas, fórmulas de soya o con un contenido nutricional deficiente.

En este sentido se evidenció la preocupación, que compartimos los integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social, y de Gobernación, ante la importancia de la nutrición de la niñez de nuestro país. Por tal motivo, este dictamen pretende garantizar mediante ciertas acciones que la leche que distribuye el DIF Nacional en sus programas alimentarios cumpla la Norma Oficial Mexicana 155, la cual establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado que se comercializa dentro del territorio nacional, así como las especificaciones físico-químicas que deben reunir estos productos para ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimento y la información comercial que deben contener las etiquetas de los envases que los contienen. Para asegurar dicho cumplimiento se requiere dotar al DIF de mayores facultades en materia de vigilancia y control. Este dictamen también busca fortalecer el abasto de leche por parte de productores nacionales mediante la compra preferencial.

Compañeras y compañeros: los invito a aprobar este punto de acuerdo, en favor del derecho a la alimentación de calidad para nuestros niños y niñas mexicanos. Es de mucha trascendencia el beneficio social que esto representa. Por eso los integrantes de las comisiones lo han respaldado; piden su apoyo y el voto a favor de éste. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado Treviño Rodríguez. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

---

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo para solicitar informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, acerca de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Asuntos indígenas fue turnada, para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar Informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de Desplazados Internos, principalmente en el Estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre EZLN y el Gobierno Federal, presentada el 28 de octubre de 2003 por el Dip. Emilio Zebadúa González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 39, 40, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica y los artículos 60, 65, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I.- Antecedentes

A.- En sesión de Pleno celebrada el 28 de octubre de 2003, el Diputado Emilio Zebadúa González del Grupo Parlamentario del PRD presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar Informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para reestablecer el Diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal.

B.- En esa misma fecha, el Punto de Acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

C.- Cabe agregar que Diputados de distintos partidos políticos presentan el 23 de abril del año de 1998 una Iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente, dictaminada y desechada el 30 de noviembre del año 1999 por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

D.- Es tal interés del Dip. Emilio Zebadúa por el tema de los desplazados internos que por escrito dirigido al Dip. Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión solicita participar, en términos del artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, en la Primera Reunión Plenaria con el objeto de solicitar se incluya en el Programa de la Comisión una iniciativa de ley para normar la situación de los desplazados internos.

E.- Recogiendo esta petición, los diputados integrantes de la Comisión incorporan al Programa de Trabajo la tarea legislativa de elaborar un Proyecto de ley para la atención de los desplazados indígenas internos del país.

F.- La Junta Directiva de la Comisión determina que dicho Punto de Acuerdo fuera analizada y dictaminada por la Subcomisión de Atención a Indígenas Migrantes.

G.- En la ruta de debate y análisis el Diputado Zebadúa González organizó, junto con el Gobierno de Tlaxcala, el Seminario denominado ``Desplazados Internos en México'', llevado a cabo los días 30 y 31 de enero del 2004 en el que participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, representantes de Organizaciones No Gubernamentales y de Organismos Internacionales.

H.- Por su parte, el mismo Dip. Zebadúa González presentó una Excitativa en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 30 de junio de 2004, con el objeto de que la Comisión de Asuntos Indígenas dictamine el Punto de Acuerdo.

I.- Con el criterio de seguir alentando el debate, el mismo Diputado Emilio Zabadúa organiza en el mes de julio de 2004, la Mesa de Análisis sobre Desplazados Internos y Proceso de Paz en Chiapas a la que invita al Dip. Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, participando representantes de Organismos No Gubernamentales.

J.- El tema de los desplazados internos es retomado por organismos públicos, tan es así que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas organiza un Seminario denominado: ``Los Desplazados Internos, hacia una reforma constitucional'', celebrado los días 26 y 27 de octubre con la asistencia y participación de Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas

De acuerdo con los antecedentes anteriores esta Comisión formula las siguientes:

II.- Consideraciones

1.- Los desplazados, como fenómeno social y político, han venido adquiriendo relevancia en su concepción y tratamiento. La Organización de las Naciones Unidas los ha definido como ``Personas o grupos de personas que se han visto forzadas y obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacional reconocida.''

2.- Con el objetivo de definir y reglamentar los desplazamientos internos se han adoptado diversos instrumentos internacionales, entre otros los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994 y los Principios Rectores de los Desplazados Internos del Representante General de la ONU; dichos instrumentos deben ser atendidos y aplicados por el Estado Mexicano.

3.- A la fecha, no obstante esfuerzos de anteriores Diputados Federales, no existe legislación aplicable a la atención y tratamiento de los desplazados internos, creando un vacío que repercute negativamente en las personas en situación de desplazamiento interno.

4.- Si bien el desplazamiento interno se ha venido presentando por diversas causas, no es sino con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas cuando este fenómeno adquiere nuevas aristas por la complejidad y naturaleza del conflicto, con masivos desplazamientos en los municipios de Yajalón, Chilón, Las Margaritas, Salto del Agua, Ocosingo, Márques de Comillas, Tila y Sabanilla, entre otros.

5.- El levantamiento armado indígena en el Estado de Chiapas transforma la situación política nacional interviniendo en su atención, tanto los órganos de gobierno, como el Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto, sobresaliendo los buenos oficios de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), creada por la Ley para el Diálogo , la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas con el objeto de facilitar el diálogo y la negociación entre los representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

6.- Aun cuando se han redefinido las políticas públicas para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, así como las instituciones gubernamentales, resultado de la reforma constitucional de 2001, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas únicamente le faculta genéricamente a operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas.

7.- Ante el diálogo suspendido entre el EZLN-Gobierno Federal y la ausencia de una estrategia que restablezca condiciones aceptadas entre las partes para reanudar el proceso de reconciliación y pacificación en el Estado de Chiapas, la situación de los desplazados internos tiende agravarse.

8.- Es tal la magnitud de la problemática que el promovente del Punto de Acuerdo ha venido organizando diversos foros y seminarios con el único propósito de escuchar propuestas y planteamientos de actores y conocedores del tema.

9.- Por su parte esta Representación Nacional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, aprueba para este ejercicio presupuestal recursos destinados a los desplazados internos en el país y en forma particular a los desplazados en el Estado de Chiapas.

Expresado lo anterior, los integrantes de la Comisión

III.- Resuelven

PRIMERO.- Solicítese a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presente un Informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que incluya: comunidades indígenas con desplazados internos; medidas de protección adoptadas por el gobierno federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada zona de conflicto; programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.

SEGUNDO.- Solicítese a la Comisión de Concordia y Pacificación un Informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Dicha Comisión debe incluir un balance de la dinámica y desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, particularmente en la zona de influencia del EZLN en el estado de Chiapas y los lineamientos de acción y propuestas de trabajo en los que resta de la legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo a los quince días del mes de febrero del año dos mil cinco emitiéndose el sentido de la votación en términos del artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.--- Diputados: Javier Manzano Salazar (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Sofía Castro Ríos, Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Marbella Casanova Calam, César Antonio Chávez Castillo, Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Bernardino Ramos Iturbide, Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez, Florencio Collazo Gómez (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus, José Guzmán Santos, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Roberto Pedraza Martínez, Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Irene Álvarez Ramos, Margarita del Sagrado C. Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Jesús Vázquez González (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para hablar en pro, esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Javier Manzano Salazar, quien tiene el uso de la palabra.El diputado Javier Manzano Salazar: Gracias, Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados: el dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, toca dos puntos fundamentales referentes a la situación prevaleciente en el estado de Chiapas.

Como es conocimiento de esta soberanía, la rebelión de 1994 de nuestros hermanos indígenas de Chiapas constituye a la fecha un asunto pendiente de resolver. Por eso, el punto de acuerdo del diputado Zebadúa, que independientemente del grupo parlamentario a que pertenece, su proposición toca aspectos que nos deben convocar a la reflexión. Viene además de una persona que conoció y conoce la situación que guarda el estado de Chiapas por el cargo que ostentó hace algunos años.

Esta soberanía turna a la Comisión de Asuntos Indígenas el referido punto de acuerdo por ser materia de la Comisión que presido. Del análisis de la proposición, los diversos grupos parlamentarios representados concluyeron en el consenso de aprobar el dictamen, tanto en la subcomisión como en la plenaria, por las siguientes razones:

El fenómeno de los desplazados internos es un problema que repercute en las relaciones sociales y en la vida comunitaria de las regiones indígenas. Con el alzamiento armado de 1994 se dieron los primeros desplazamientos por diversas causas. Posteriormente, la irrupción de confrontaciones propició nuevos desplazamientos internos de numerosos grupos de la población.

A la fecha no se tiene una estimación real y verídica del número de desplazados internos. Es necesario que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas, y el gobierno del estado de Chiapas concurran en acciones para conocer el número real de desplazados e implantar políticas públicas para su atención. El fenómeno de los desplazados no puede entenderse sin evaluar la situación en que se encuentra el conflicto en el estado de Chiapas.

Por esta razón, el promovente del punto de acuerdo tiene a bien solicitar a la Comisión de Concordia y Pacificación que informe de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal.

Quiero convocar a la reflexión serena y sin el apasionamiento partidario, para que esta soberanía reasuma el compromiso de buscar nuevas alternativas legislativas para contribuir al diálogo entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en apoyo de las acciones que pueda emprender la Comisión de Concordia y Pacificación.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Indígenas, con el consenso de los grupos parlamentarios que la conforman, incorporamos a nuestro programa de trabajo el compromiso de alentar y promover el debate sobre los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Por eso consideramos que la proposición con punto de acuerdo del diputado Zebadúa viene a contribuir a esclarecer la situación que guarda el conflicto en Chiapas, con la información solicitada a las diversas instancias.

Estamos ciertos de la necesidad de derrotar el silencio de los actores políticos involucrados. Contribuir a buscar los caminos de la paz en Chiapas pasa por alentar el diálogo y la negociación; y consideramos que la información solicitada por el diputado Zebadúa favorece a conocer el estado actual que guarda dicho conflicto.

Pedimos por tanto, compañeras diputadas y compañeros diputados, votar en favor de dicho dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Esta Presidencia sólo tiene registrado al señor diputado Javier Manzano Salazar en pro; luego entonces, considera que el asunto está suficientemente discutido.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

---

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ha entregado a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí, suscrita por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí, presentada por el grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 1994, la empresa estadounidense Metalclad Corporation, promovió la reapertura de un confinamiento de residuos tóxicos en el municipio rural de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí.

La que en su momento fue presentada como la primera inversión modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) en materia de infraestructura para el depósito de residuos peligrosos en México, acabó siendo el primer caso de juicio contra el gobierno mexicano gracias a las garantías de compensación a la inversión extranjera que establece el capítulo 11 del TCLAN.

El municipio de Guadalcázar está situado en el Altiplano Central en el estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Según datos oficiales cuenta con una población de 28,357 habitantes distribuidos en 82 comunidades de las cuales cinco tienen más de mil habitantes. Como muchos otros municipios pobres, su población se dedica principalmente a la agricultura de temporal y por su escaso nivel de ingresos, se ve obligada a migrar por temporadas a los centros urbanos de México y Estados Unidos.

El conflicto se originó entre 1989 y 1991 cuando una empresa de San Luis Potosí, denominada Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, SA (Coterin), empezó a realizar trabajos de perforación en un predio del valle denominado La Pedrera, del municipio de Guadalcázar. Coterin informó a los pobladores que estaba buscando agua para surtir a las comunidades vecinas y realizar obras de beneficio agrícola; sin embargo, lejos de cumplir sus promesas, depositó ilegalmente 20 mil 500 toneladas de residuos peligrosos a la intemperie. La población molesta por los engaños y ante la indiferencia de las autoridades decidió movilizarse.

La noche del 24 de septiembre de 1991 más de 200 personas impidieron la descarga de 20 trailers con residuos peligrosos, obligando a las autoridades del medio ambiente a intervenir y a ordenar la clausura del lugar ante la evidencia de las anomalías cometidas por la empresa.

En 1994, las toneladas de residuos peligrosos fueron enterradas en tres celdas aunque de manera inadecuada pues en una de ellas según reportes oficiales hay un peligro de explosividad del 100%, quedando pendiente la limpieza del lugar.

Con la entrada en vigor del TCLAN, en 1994 apareció en el conflicto un nuevo actor: la empresa Metalclad Corporation. Esta es una empresa estadounidense, con sede en California, que diseñó un ambicioso plan de expansión ofreciendo sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos y Europa, bajo la promesa de conquistar el mercado de desechos peligrosos en México.

En agosto de 1993, Metalclad sin atender los ofrecimientos del Gobierno del estado de invertir en sitios alternativos, adquirió Coterin y la propiedad del basurero tóxico. El atractivo para ello fue la cercanía de importantes ejes carreteros y que la empresa mexicana había cumplido con dos de las tres condiciones necesarias para operar un confinamiento de residuos peligrosos: un permiso federal para operar y un permiso estatal de uso del suelo, quedando pendiente el permiso municipal de construcción.

Metalclad se comprometió a la limpieza de La Pedrera a cambio de que se le autorizara la reapertura y expansión del basurero tóxico. Sus planes consistían en depositar 30 mil toneladas anuales de desechos tóxicos durante 25 años, con ganancias esperadas de 12.5 millones de dólares en el primer año. Las autoridades federales del medio ambiente, tanto el Instituto Nacional de Ecología (INE) como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se mostraron abiertas a negociar la reapertura del lugar a través de la realización de una Auditoría Ambiental.

En 1995, Metalclad pagó la auditoría que fue supervisada por Profepa, la cual concluyó que el sitio era apto para la reapertura del basurero tóxico. Mientras tanto, Metalclad había continuado construyendo ilegalmente el confinamiento sin permiso del municipio.

Las autoridades del municipio de Guadalcázar exigían la limpieza del lugar y su oposición a la reapertura del basurero tóxico aumentó al presentarse varios casos de niños con malformaciones en comunidades del municipio; su desconfianza creció al enterarse de que el anterior delegado estatal de ecología --quien había clausurado el basurero tóxico era ahora representante de Metalclad; más adelante se descubriría que incluso era accionista y que recibió una comisión de la compra venta de Coterin.

El regidor de ecología del municipio pidió entonces el apoyo a un grupo ambientalista con sede en la capital de San Luis Potosí, llamado Pro San Luis Ecológico, y a Greenpeace México. Gracias a la movilización popular en el municipio, las organizaciones ambientalistas tuvieron acceso a la información de la auditoría ambiental y formaron un comité técnico ciudadano con la participación de geólogos e ingenieros civiles.

Los expertos señalaron que se habían cometido violaciones a la normatividad existente, concluyendo que el lugar no era adecuado para instalar el basurero tóxico y que era necesario realizar otros estudios geohidrológicos en el sitio. Ante la negativa de las autoridades federales para ampliar el plazo para la realización de más estudios, Greenpeace y Pro San Luis Ecológico presentaron una denuncia penal por delitos ecológicos y por faltas administrativas hacia los funcionarios involucrados, en septiembre de 1995.

Metalclad recurrió entonces a todos los medios a su alcance para lograr su objetivo: desde intervenir en la política municipal, el pago de campañas propagandistas en los diarios estatales, hasta los intentos de soborno al regidor de ecología municipal. Lo que finalmente le resultó más efectivo fue el uso de sus contactos con senadores estadounidenses de Chicago y California para presionar al gobierno mexicano para reabrir el basurero tóxico.

Finalmente, las autoridades federales firmaron un Convenio con Coterin-Metalclad el 24 de noviembre de 1995 para la reapertura del basurero tóxico a espaldas de las autoridades estatales y municipales, quienes desconocieron públicamente el convenio y reafirmaron el rechazo a otorgar el permiso de construcción para el basurero tóxico.

El 27 de septiembre de 1997, el gobierno del estado con base en una extensa investigación del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, decretó reserva estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar con características de Reserva de la Biosfera, debido a la gran diversidad endémica de cactáceas, únicas en el mundo. Cabe aclarar que el decreto no tiene carácter retroactivo y no implica la expropiación del confinamiento de acuerdo a las leyes mexicanas.

Después de pleitos legales entre Metalclad y el municipio, la empresa con sus acciones a la baja y anticipando posibles conflictos con sus accionistas a quienes no había informado cabalmente de las dificultades legales de la inversión, decidió en octubre de 1997 demandar una compensación al gobierno mexicano.

Amparada en el capítulo 11 del TLCAN Metalclad acusó al gobierno mexicano de un trato discriminatorio y de expropiación de la inversión ante el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión (I C S I D).

Finalmente, en agosto del 2000, el Tribunal estableció un laudo a favor de la empresa, por el que el gobierno mexicano deberá pagar más de 16 millones de dólares más intereses.

El panel del Tribunal del ICSID ha excedido sus funciones al descalificar la competencia constitucional del municipio de Guadalcázar para negar el permiso de construcción a Metalclad. El Tribunal tampoco explica las razones para aceptar sólo las pruebas de la empresa y desechar las del gobierno de México. El proceso del panel es antidemocrático pues no hay audiencias públicas, las partes afectadas no pueden formar parte del proceso, no pueden tener acceso a los expedientes y la decisión del Tribunal es inapelable. El gobierno de México llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Columbia Británica en Canadá, y el 2 de mayo de 2001 ésta emitió un fallo a favor de Metalclad, desechando algunas determinaciones del Tribunal y fijando el pago de indemnización en aproximadamente 15.5 millones de dólares. Su fallo podría ser apelado ante la Suprema Corte Federal de Justicia en Canadá y el caso podría prolongarse.

El dictamen del fallo del panel de TCLAN crea un precedente terrible para los gobiernos municipales y estatales no sólo de México sino de Estados Unidos y de Canadá que pueden ser cuestionados en sus facultades y competencias para realizar acciones de protección a la salud y al medio ambiente de sus poblaciones. De este modo, los intereses de empresas extranjeras establecen su primacía por encima de las consideraciones de salud y bienestar de las poblaciones y comunidades en donde los capitales transnacionales pretenden asentarse. Pero en fin.

El gobierno mexicano pagó a la empresa Metalclad, poco más de 16 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

Las instalaciones fueron entregadas a la delegación federal en San Luis Potosí el 27 de octubre del 2001.

Se han realizado los diagnósticos sobre la situación actual por parte de técnicos mexicanos (CFE) y alemanes.

Existe una propuesta técnica para la remediación del sitio presentada en julio de 2002 por el Dr. Eckart Hilmer.

Están depositados en el fideicomiso de Conabio los recursos necesarios para los trabajos de remediación y consolidación del sitio.

Existe un diferendo entre el gobierno del estado y la SHCP respecto al pago de los 16 mdd que se entregaron como indemnización a la empresa y en tanto este asunto no se resuelva no se podrán realizar los trabajos de remediación.

Mientras esto sucede, muchas personas en San Luis Potosí están enfermando y viviendo en un sitio altamente contaminado, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para su remediación, aun cuando el secretario de medio ambiente y recursos naturales del gobierno federal ha visitado en 3 ocasiones la zona del confinamiento y ha prometido remediar el asunto, lo que claro está, hasta la fecha no ha cumplido, por lo que la sociedad potosina esta cansada de promesas y visitas infructuosas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad Corporation.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que analice los daños a la salud que ha sufrido la población que habita en la zona y de existir afectaciones, que se tomen las medidas pertinentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

---

ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, del propio Partido Verde Ecologista de México, específicamente de su diputado coordinador, el señor don Manuel Velasco Coello, se ha recibido proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, así como para solicitar mayor presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, el de 2006.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, y se solicita mayor presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Felix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raul Piña Horta; diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Dentro del área geográfica que demarca el municipio de Suchiate Chiapas, se encuentra un valle territorial dotado de una extensa, diversa y muy rica biodiversidad, cuenta con litoral marítimo y ríos de amplio caudal que permiten el crecimiento y desarrollo de diversas especies.

Adicionalmente, en cuanto a su geografía, se sitúa en el límite territorial de nuestra nación, delimitada naturalmente por el trazo que deja a su paso el río Suchiate y es ahí donde se encuentran asentados los dos principales cruces internacionales autorizados, el puente internacional Rodolfo Robles y el Suchiate II, ambos a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingreso.

Cabe mencionar que en ellos se desarrolla el despacho aduanero de las múltiples mercancías que ingresan y abandonan el país de y hacia Centro y Sudamérica, esta actividad representa una aportación de ingresos muy considerable que le genera el municipio a la Federación.

Todo lo anterior, ha provocado el desarrollo económico y de infraestructura de manera acelerada, pero no organizada, ya que oficialmente el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) tiene considerada una población de 30,000 habitantes, que dista por mucho de los 50,000 que son en realidad, y si a esto le agregamos la población flotante de origen diverso, que diario pasa por dicho territorio, en busca del sueño americano, tenemos que cuando se ven frustradas sus aspiraciones, deciden asentarse en la región.

La marginación y la pobreza en que vive la mayoría de la gente que se va quedando en la región, y que se dedican a actividades ilícitas como la prostituciòn y el tráfico de drogas ha creado un ambiente de inseguridad para todos los suchiatenses, además de presentar un panorama por demás triste para aquellos turistas que ingresan al territorio por esa vía.

La Dirección General de Seguridad Pública Municipal, opera y brinda seguridad a la población con un total de sólo 62 elementos y dos patrullas en deplorable estado mecánico, sin armamento ni equipo para su operación.

Si hacemos números, tenemos que hay un policía mal equipado por cada 806 habitantes, cuestión que se agrava por la ubicación de la región.

Informes oficiales indican y además de que es por todos conocido que cientos de miembros de la banda denominada ``Mara Salvatrucha'' operan en esta región de México.

Ni las autoridades del municipio de Suchiate, ni las autoridades estatales y federales han logrado detener la delincuencia.

Ante las endebles condiciones de seguridad en el río Suchiate, que divide México de Guatemala, ingresan diariamente miles de inmigrantes centroamericanos indocumentados, además de drogas y armas.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que en coordinación con las autoridades estatales se lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Suchiate, Chiapas.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a que en la conformación de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, contemple recursos adicionales para incrementar la seguridad en ese municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

---

ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral mediante el cual se aprueba la nueva demarcación electoral del estado de Chiapas.El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los diputados federales del estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar un punto de acuerdo, y queremos que sea suscrito de urgente y obvia resolución, contra los consejeros del Instituto Federal Electoral, quienes el día 11 de febrero de 2005 aprobaron las redistritaciones a nivel nacional y fundamentalmente en el estado de Chiapas; y en esta redistritación atentaron y atenta contra la participación de la militancia y de los ciudadanos que tienen derecho de votar y ser votados, toda vez que no se apegaron en estricto acuerdo a las leyes que marcan, de acuerdo con las facultades que se confieren a través de la Constitución. Por ello, compañeros diputados federales, ponemos ante esta soberanía los puntos de acuerdo a consideración.

Los representantes federales del estado de Chiapas, considerando las severas implicaciones que origina la redistritación aprobada por el Instituto Federal Electoral, exhortamos a dicho organismo a que considere los argumentos aquí planteados, incluyendo la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y realice las adecuaciones necesarias para la creación de una redistritación coherente con los escenarios políticos del estado de Chiapas.

Segundo. Se solicita atentamente a esta H. soberanía que se deje constancia de la actitud asumida por los consejeros electorales integrantes del máximo órgano de dirección del IFE, a fin de que en lo sucesivo eviten realizar actos que atentan contra el avance democrático y los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos, como en el presente caso.

Todo esto viene con relación a que en Chiapas hicieron redistritaciones alterando la geografía, la cultura, la idiosincrasia, las distancias, el número de población. Y eso, compañeros diputados, no se le dio al Instituto Federal Electoral para que esté inhibiendo la participación ciudadana.

Por ello y por todas las argumentaciones que se han vertido en el estado de Chiapas por los diferentes actores políticos, pedimos, señor Presidente de la Mesa, inserte el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates y solicito que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, compañeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, sobre las irregularidades del acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral por medio del cual se aprueba la nueva demarcación electoral en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados federales por el estado de Chiapas, Aguilar Hernández Roberto Aquiles, Collazo Gómez Florencio, Culebro Velasco Mario Carlos, David David Sami, González Orantes Cesar Amín, Gordillo Reyes Juan Antonio, Grajales Palacios Francisco, Herrera Solís Belisario Iram, Nazar Morales Julián, Orantes López María Elena, Pano Becerra Carlos, Rincón Chanona Sonia y Utrilla Robles Jorge Baldemar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento, en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo aprobado el 11 de febrero del 2005 por los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral respecto a la nueva demarcación territorial electoral del estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 11 de febrero del año en curso, el Instituto Federal Electoral, a través de su órgano superior de dirección aprobó el Acuerdo por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, para su utilización en los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009, con base en lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás correlativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La nueva distritación aprobada por el Instituto, conforme a la Constitución, conserva como base la distribución de la población en los 300 distritos uninominales, pero argumenta establecer una mayor paridad entre el número de integrantes por distrito, permitiendo, en teoría que el voto tenga el mismo valor en cada distrito electoral, con lo que dichos Consejeros Electorales afirman que se fortalecerá la representación ciudadana.

En uso de sus atribuciones el Consejo General del Instituto, el quince de julio del 2004, aprobó los criterios y consideraciones operativas que se utilizaron para la conformación de los proyectos de división del territorio nacional en los trescientos distritos uninominales, con el propósito de buscar un sistema de representación justo y equitativo.

Con el Acuerdo CG104/2004 del 15 de julio del 2004 citado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los criterios y consideraciones operativas para la nueva distritación que debería garantizar el equilibrio poblacional, los limites político-administrativo y accidentes geográficos, sobre la base de los artículos 2, 52 y 53 de la Constitución Política. Así como, con apego al artículo tercero transitorio del decreto por el cual se reforma el artículo 2 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001, en el que señala que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales se debe tomar en consideración los pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de propiciar la participación política.

Después de analizar minuciosamente la distritación que aprobó el Consejo General en el estado de Chiapas, los diputados federales de esa entidad, consideramos que esta alejada de la lógica y la operatividad en razón de la falta de valoración de los propios criterios aprobados por el Consejo General ya que se atenta contra la accesibilidad, la geografía, el equilibrio poblacional, los tiempos de traslado, las idiosincrasias de los pueblos, los usos y costumbres, entre otros.

Manifestamos nuestra inconformidad por la violación al artículo 53 constitucional que establece el principio de equilibrio demográfico en la conformación de las demarcaciones territoriales que no se tomó en cuenta en la redistritación de Chiapas violentando con ello la vida democrática y las prerrogativas de los ciudadanos de votar y ser votados, ya que esta distribución geográfica no garantiza que el voto tenga el mismo valor y representatividad, y que las casillas electorales tengan fácil y libre acceso para los electores.

Manifestamos también nuestra inconformidad porque no se respetaron los criterios aprobados por el propio Consejo General, de tomar en cuenta el equilibrio poblacional, los limites políticos-administrativo y accidentes geográficos, ya que existen casos tan absurdos como el del municipio de Tapachula que siendo cabecera distrital integrada por siete municipios le quitan secciones para reubicarlas al distrito once con cabecera en el municipio de Huixtla, al que por cierto también le adjudican los municipios de Cacahotán y Unión Juárez, dichos municipios tienen que atravesar Tapachula, su anterior cabecera, para llegar a Huixtla su nueva sede distrital.

Otros casos, absurdos son que los municipios de Pichucalco y Amatán, que estando a 20 minutos de su cabecera distrital sean reubicados a 7 u 8 horas de la nueva cabecera; el municipio de Las Rosas a 20 minutos de Comitán se haya llevado a dos horas de Tuxtla Gutiérrez, como nueva cabecera. así como un sin número de secciones que fueron reorientadas y que tienen las mismas inconsistencias señaladas.

Sin duda alguna que esta nueva demarcación territorial provocará severas confusiones entre la población e impedirá que el trabajo que realizan los partidos y sus candidatos cumplan con la obligación constitucional de promover la participación del pueblo de Chiapas en la vida democrática y se complique el acceso de los ciudadanos al ejercicio del sufragio. Es por ello, que nuestro partido en uso de sus derechos constitucionales el 17 de febrero pasado, impugnó los actos del Consejo General ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Atento a lo anterior, que desde esta tribuna los diputados priístas chiapanecos manifestamos nuestra más enérgica protesta en contra de estos actos realizados por los Consejeros Electorales del IFE, por lo absurdo e impractico de los cambios que realizaron a la geografía electoral del estado de Chiapas y los exhortamos a que rectifiquen el acuerdo que aprobaron y los cambios a la estructura distrital llevada a cabo en el estado de Chiapas, porque atentan contra el avance democrático y la participación de la ciudadanía chiapaneca en la vida política del estado.

Por lo anteriormente señalado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Los representantes federales del estado de Chiapas, Considerando las severas implicaciones que origina la redistritación aprobada por el Instituto Federal Electoral, exhortamos a dicho organismo a que considere los argumentos aquí planteados incluyendo la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y realice las adecuaciones necesarias para la creación de una redistritación coherente con los escenarios geopolíticos del estado de Chiapas

Segundo.- Se solicita atentamente a esta H. soberanía se deje constancia de la actitud asumida por los consejeros electorales integrantes del máximo órgano de dirección del IFE, a fin de que en lo sucesivo eviten realizar actos que atentan contra el avance democrático y los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos, como en el presente caso.

Insértese el texto integro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

Se solicita que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 24 días del mes de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Nazar Morales, coordinador (rúbrica); Jorge B. Utrilla Robles (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica), Francisco Grajales Palacios.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y, efectivamente, está considerada para plantearla a la Asamblea como de urgente resolución. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le da este tratamiento.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. Bueno, el diputado Emilio Zebadúa. El diputado Emilio Zebadúa, ¿en contra?

El diputado Emilio Zebadúa González (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A favor.

El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿En qué sentido?

El diputado Gustavo Moreno Ramos (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A favor. Ambos a favor.

Luego entonces, inscribimos a los dos a favor y, en términos del reglamento, cerramos la lista de oradores.

Adelante, diputado Zebadúa.

El diputado Emilio Zebadúa González: Con su permiso, señor diputado Presidente; señoras y señores diputados: el estado de Chiapas, que para fines electorales está dividido en 12 entidades, no sufrió modificación en su número como resultado de la reciente redistritación aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Sí fueron modificados, sin embargo, los límites internos del mapa electoral federal de la entidad; las sedes de las cabeceras distritales de los distritos II, anteriormente con sede en Pichucalco; VI, anteriormente con sede en Chiapa de Corzo; y X en Motozintla, fueron trasladadas respectivamente a Bochil, Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores. Un número de municipios que formaban parte de la configuración original fue reasignado como resultado de este proceso.

Así, por ejemplo, como lo ha mencionado en términos generales el diputado Julián Nazar, los municipios fronterizos de Cacahuacán y Unión Juárez fueron asignados al distrito XI, ahora con cabecera no en Tapachula, lo que indicarían las rutas de comunicación y de logística de la región, así como los tiempos de traslado, sino a Huixtla, cabecera a la que hay que llegar hoy pasando justamente por Tapachula, cabecera de otro distrito, el número XII.

Y así podemos ver qué deformaciones geográficas electorales, características ahora del distrito II, con cabecera en Bochil, o incluso bajo la misma argumentación respecto al distrito VI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, se fueron haciendo sin tomar en consideración las condiciones geográficas y las rutas de comunicación y las rutas electorales en particular.

El Consejo General argumenta que en todos los estados, incluyendo Chiapas, se ciñó a lo establecido en el acuerdo CG104/2004 de dicho órgano máximo de dirección del Instituto Federal Electoral.

En el criterio 9 de dicho acuerdo se establece --y cito-- que, para establecer cabeceras distritales, se considerarán los siguientes parámetros: mayor población, vías de comunicación y servicios públicos; y que, en caso de existir dos o más localidades semejantes y una de ellas sea en la actualidad cabecera distrital, prevalecerá esta última.

Sin embargo, este criterio no pudo aplicarse y no se siguió por la reconfiguración que se hizo de antemano, excluyendo para tal propósito poblaciones como en el caso del distrito II de Pichucalco, mucho mayor en su demografía, que la ahora nueva cabecera distrital en Bochin.

Otro tipo de criterios para el caso de Chiapas, tan importante como el de la conformación ética, tampoco pudo haberse aplicado con objetividad si vemos las condiciones en que concluyó dicha reconfiguración en el estado de Chiapas.

Por ello, tomando en cuenta las condiciones reales, materiales, geográficas y étnicas del estado de Chiapas, me sumo al punto de acuerdo presentado por el diputado federal Julián Nazar y exhorto a mis colegas y compañeros a que voten a favor. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Gustavo Moreno Ramos, para hablar a favor.

El diputado Gustavo Moreno Ramos: Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

Lo que acaba de manifestar el compañero diputado Julián Nazar es totalmente fundado y razonable. No tan sólo en Chiapas se han violentado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, sino también en la mayor parte de la República se han violentado la paz y la tranquilidad social con la determinación del IFE de redistritar los 300 distritos en la geografía del país.

El IFE no ha considerado que la redistritación o modificaciones que se realizan a los distritos electorales federales deben tener como eje rector la correcta distribución de los municipios y de las secciones electorales. La redistritación en Chiapas, así como en Veracruz y otros estados del país, desde nuestro punto de vista es errónea e incongruente, en virtud de que no se han considerado factores importantes y decisivos como la historia, la geografía, lo étnico, lo político y el índice poblacional.

La propuesta del IFE es técnica, o sea, de escritorio; es vaga e imprecisa. Sólo señala líneas generales, sin entrar en detalle de cómo se llevará a cabo la redistritación. No toma en cuenta a los representantes populares, a los municipios que conforman los distritos, ni a los afectados o beneficiados con las resoluciones. No se hicieron estudios ni análisis que permitieran la modificación de los límites de los distritos electorales de manera congruente. No tienen objetividad; tan es así, que --por ejemplo-- en Veracruz desaparecen dos distritos electorales injustamente: el de Misantla y el de Álamo.

En el año 2003 fue la elección de diputados federales, y el padrón electoral fue de 3.6 millones de electores. Para 2004 fue la elección de gobernador, diputados locales y alcaldías, y el padrón fue de 4.3 millones, lo que quiere decir que el flujo y reflujo de la población en el estado de Veracruz son internos. Por tanto, es ilógico que con un incremento de 700 mil electores en un año, en vez de aumentar los distritos en el estado, los disminuyan y hayan desaparecido dos.

El IFE, como muchas instituciones del país, está constituido para fortalecer la unidad nacional, la democracia, cuidar la soberanía, cuidar la paz y la tranquilidad social. Sin embargo, el IFE lo que ha provocado con su actuación ignorante y de escritorio es la violentación de la paz y la tranquilidad social de muchos pueblos, de muchos municipios en el país, en Chiapas y en el estado de Veracruz. Ojalá esta situación la considere la Secretaría de Gobernación.

Termino, compañera: esta Cámara aprobó la propuesta para nombrar a los consejeros del IFE. Creo que nos equivocamos. Todo lo están haciendo para justificar un sueldo, un mero trámite legal. Pero todo fuera de la ley, de la realidad política, geográfica, histórica, religiosa, social y económica. Aclaramos y precisamos que no estamos contra la ley; estamos en contra de cómo se está aplicando la ley. Los diputados veracruzanos del PRI apoyamos la inconformidad de los compañeros de Chiapas y dejamos constancia también de nuestra inconformidad en el estado de Veracruz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Moreno. De acuerdo con el artículo 122 que rige nuestra operación, establece que cuando se pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara; sin embargo, tenemos la solicitud de que un miembro del Partido Acción Nacional, el diputado Francisco Rojas, también desea hablar. Por eso solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si autoriza que el diputado Francisco Rojas Toledo también use la tribuna para hablar a favor.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse que se conceda el uso de la voz al diputado Francisco Rojas Toledo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Francisco Rojas Toledo, para hablar a favor. Él es miembro del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados, compañeras diputadas: uso, hoy tomo la tribuna para apoyar la exposición de mi compañero Julián Nazar, del estado de Chiapas. Realmente, analizando la distritación que se hace del estado de Chiapas, lamentablemente no se toma en cuenta la situación geográfica, política y social del estado de Chiapas.

Este lamento también incluye decisiones centralistas, en lo cual no se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía que radica en el estado de Chiapas. Chiapas, por su situación geográfica, hace muy complejo, aun así como estaban los distritos en nuestro estado de Chiapas. Lamentamos, por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, de donde yo pertenezco, de donde vengo, con ese distrito, la zona poniente se relaciona con el municipio de Chapa de Corzo, el cual ni siquiera hay relación de límites entre esta parte de la ciudad y el municipio de Chapa de Corzo. No hay una realidad poblacional en ese distrito, lo cual va a generar una gran confusión a los habitantes del municipio de Tuxtla Gutiérrez.

También es cierto que la composición territorial no permite tampoco a la zona indígena tener comunicación, así como se mencionó en esta tribuna, el hecho de que el municipio de Tapachula, la zona norte, se relaciona con el municipio de la sierra que sí tiene límites. Es cierto, pero no tienen comunicación entre ellos mismos.

Esto, realmente, en lugar de beneficiar la democracia en nuestro estado y en el país, lo que hace es dificultar las campañas electorales por la falta de comunicación entre los diferentes distritos y la falta de no haber tomado en cuenta a la sociedad chiapaneca, a los mismos diputados locales y federales del estado de Chiapas y de esta manera determinar lo que era mejor.

Lamentamos todavía que el Instituto Federal Electoral siga tomando decisiones centralistas que perjudican el desarrollo democrático de este país. Me sumo a la propuesta del diputado Julián Nazar; compartimos la misma opinión y espero que haya una reflexión por parte de los consejeros del Instituto Federal Electoral y podamos lograr componer esto, que va a afectar nuestro estado y el país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Rojas. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba esta proposición.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada; comuníquese.

Se encuentra en el salón de sesiones la licenciada Érika Sánchez Martínez, regidora del municipio de Culiacán, que se encuentra en este Pleno invitada por nuestra compañera la diputada Irma Moreno. Sea usted bienvenida.

---

FEMINICIDIOS
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad.El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Con el permiso de la Presidencia. Solicito que se integre íntegro el texto en el Diario de los Debates.

Con asombro e indignación hemos conocido el resultado de una investigación realizada de forma oportuna, responsable y objetiva por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, en la cual lamentablemente nos dimos cuenta de que Ciudad Juárez no es la única entidad alarmante en la que mueren mujeres víctimas de homicidio violento, ya que el estado de México ha mostrado tasas superiores a la media nacional, la cual es de 3.25 por cada 100 mil mujeres, mientras que la entidad mexiquense alcanza 7.45.

Éste es un asunto que nos incumbe a todos los mexicanos, que nos indigna a los mexiquenses, así como ha indignado a los habitantes de otras entidades de la República. Es importante destacar que, tan sólo en el periodo de los años 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener hasta la fecha medidas y acciones que eliminen este ataque contra las mujeres mexiquenses.

No podemos dejar pasar más tiempo. Por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables, que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México...

---

VERIFICACION DE QUORUM

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado Alexander Rábago. Sí, diputado Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, con la atenta súplica: si pudiera hacer verificación de quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Le quiero decir que sí hay, desde aquí sí, pero con mucho gusto obsequiamos su solicitud. Solicito a la Secretaría, en términos del artículo 27 del acuerdo, se abra el sistema para verificar quórum.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico para verificación de quórum, hasta por 10 minutos.

---

FEMINICIDIOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Habremos de continuar con la sesión y tiene el uso de la palabra, continuando, el diputado Maximiliano Alexander.

El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Es importante destacar que, tan sólo en el periodo de 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130 por ciento superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener hasta la fecha medidas y acciones que eliminen este ataque contra las mujeres mexiquenses.

No podemos dejar pasar más tiempo. Por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables, que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México, sobre todo por lo mostrado en los municipios, ya que en 89 por ciento de sus 125 municipios las tasas de asesinatos de mujeres son superiores a la media nacional. Porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, debemos conocer de las acciones del gobernador del estado de México y los resultados logrados por la administración que encabeza.

Asimismo, debemos involucrarnos para no permitir más asesinatos de mujeres y no continuar con más datos desalentadores como los que nos muestra el estudio realizado por la Comisión, auspiciados por Indesol, con asesoría técnica del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, así como datos obtenidos del INEGI, de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas y de la Interpol. Pretendemos que esta exposición sea un llamado a las autoridades mexiquenses a unir esfuerzos para combatir este terrible ilícito. Es necesario rescatar del silencio la violencia que padecen las mujeres mexiquenses. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Esta Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobernador del estado de México informe sobre las acciones realizadas para combatir los homicidios violentos en agravio de las mujeres en la entidad y, en su caso, de los resultados alcanzados a través de estos mecanismos.

Segundo. Que esta Cámara de Diputados forme una subcomisión la cual conozca y estudie los asesinatos violentos de mujeres en el estado de México, que ha de ser dependiente de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana.

Tercero. Se considera de obvia y urgente resolución. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del PAN

EL suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia es el daño causado a un ser humano, la cual puede provocarle sufrimiento físico, el tormento moral o psíquico y, en un caso extremo, la muerte.

La violencia de género es un acto que rompe con todo orden público, lacerando la armonía existente en la sociedad y perjudicando un sector que por determinadas características sufre ataques, por un ser que se encuentra psicológicamente fuera de la vida en sociedad.

El homicidio es la privación de la vida a otro individuo, es a su vez el nivel más alto de violencia; mismo que es repudiado y rechazado por toda sociedad, el cual debe ser erradicado de todo Estado.

Con asombro e indignación, en las últimas semanas, conocimos el resultado de una investigación realizada de forma oportuna, responsable y objetiva por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, en la cual, lamentablemente, nos dimos cuenta que Ciudad Juárez no es la única entidad en la que mueren mujeres víctimas de un homicidio violento, ya que el estado de México ha mostrado tasas superiores a la media nacional, la cual es del 3.25 de cada 100 mil mujeres mientras que la entidad mexiquense alcanza el 7.45.

Este es un asunto que nos incumbe a todos los mexicanos, que nos indigna a los mexiquenses, así como le ha indignado a los habitantes de otras entidades de la República. Particularmente el estado México que ocupa el triste primer lugar en muertes violentas de mujeres en la República.

Es importante destacar que tan solo en el periodo de tiempo de los años 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130% superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener a la fecha establecidas medidas y acciones que eliminen este ataque en contra de las mujeres mexiquenses.

No podemos dejar pasar más tiempo, por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México, sobre todo por lo mostrado en los municipios ya que, en el 89% de sus 125 municipios, las tasas de asesinatos de mujeres son superiores a la media nacional. Cabe destacar que el estado de México es la séptima entidad del país con el mayor número de violaciones cometidas contra las mujeres.

Porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, debemos conocer de las acciones del gobernador del estado de México y los resultados logrados por la administración que encabeza, asimismo, debemos involucrarnos para no permitir más asesinatos de mujeres, y no continuar con más datos desalentadores como los que nos muestra el estudio realizados por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, con auspicios del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), asesoría técnica del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, así como datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas e Interpol.

Pretendemos que esta exposición sea un llamado a las autoridades mexiquenses a unir esfuerzos para combatir este terrible ilícito. Es necesario rescatar del silencio la violencia que padecen las mujeres mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta H. Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobernador del estado de México informe sobre las acciones realizadas para combatir los homicidios violentos en agravio de las mujeres en la entidad, y en su caso de los resultados alcanzados a través de estos mecanismos.

Segundo. Que esta H. Cámara de Diputados forme una subcomisión, la cual conozca y estudie los asesinatos violentos de mujeres en el estado de México, misma que ha de ser dependiente de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

Tercero. Se considere de obvia y urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de febrero de 2004.--- Dip. Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado. A solicitud del señor diputado, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Diputada Presidenta...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito. Diputado Wintilo.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Con la súplica, Presidenta --en compañía de los diputados que están levantando la mano--, que pudiera ser esta votación nominal.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, tendríamos que esperar a que termine el registro de verificación de quórum, habíamos quedado 10 minutos, y restan 7 minutos, señor diputado.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Esperamos. No hay prisa.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Mientras estamos esperando, solicito a la Secretaría que se dé cuenta con las proposiciones de la Junta de Coordinación Política entregadas a esta Presidencia.

---

REFUGIOS DE MUJERES

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar a todos los Congresos locales a sumarse a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios''

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a todos los Congresos locales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres: ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios'', suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a los Congresos estatales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres: ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios'',

Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, de urgente,y obvia resolución para exhortar a todos los congresos locales a que se sumen a la Campaña Nacional de apoyo a los refugios de mujeres: ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios'', a cargo de la diputada Lila Aragón del Rivero del grupo parlamentario del PRI

Las diputadas y los diputados abajo firmantes de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los articulos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas ha señalado que la violencia basada en género va dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que esta violencia incluye amenazas, coacción y privación de la libertad que ocasionan daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual a las mujeres.1

Gracias a las actividades de las organizaciones de mujeres y a las campañas nacionales de concientización que éstas han promovido, el problerna está más, presente en la opinión pública.

La preocupación por erradicar la violencia contra las mujeres y el feminicidio ha sido una constante a lo largo y ancho del país. Ahora coincidimos en esta H. Cámara de Diputados mujeres -del mundo artístico, académico, y de la comunicación, pertenecientes a distintos movimientos sociales y políticos- que durante años hemos trabajado para que esta sociedad sea más justa.

México es parte de la Convención Belém do Para, instrumento que le obliga a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres y, a pesar de los avances en el ámbito público organizaciones de la sociedad civil se ha hecho cargo de enfrentar el desafío cotidiano que implica la violencia: mujeres ayudando a mujeres mediante el establecimiento de refugios temporales y secretos, agrupadas en la Red Nacional de Refugios AC.

En años recientes, se han establecido 33 centros de refugio temporales y secretos en varios estados, entre ellos Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Baja California, Michoacán y el Distrito Federal. Es menester señalar que las impulsoras de estos refugios ponen en riesgo su propia vida debido a que están sujetas a actos de intimidación y agresiones directas por parte de los golpeadores.

Por lo anterior, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) puso su atención sobre la seguridad de los defensores y las defensoras de los derechos humanos de las mujeres en México. Lo anterior, gracias a la valiente denuncia de las agresiones y persecución de que han sido objeto la señora Lydia Cacho Ribero, Presidenta del Centro de Crisis para Víctimas --- Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) en Cancún, estado de Quintana Roo y el equipo que trabaja en el mismo.

Por su parte, la Red Nacional de Refugios, a través de su Presidenta, licenciada Alicia Leal Puerta, seriamente preocupada por el hostigamiento y persecución que sufren otras representantes de Centros de Refugio del país, ha gestionado ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, medidas oportunas para garantizar su seguridad e integridad física y psicológica, otorgándoles la protección necesaria para el ejercicio de su trabajo y para la seguridad de las mujeres, los niños y las niñas que se encuentran bajo la protección de los Centros de Refugio que conforman la Renarac.

Por lo anterior y porque la violencia contra las mujeres es un problema de salud y seguridad pública que afecta el desarrollo social del país, que las diputadas y los diputados que suscribimos este punto de acuerdo consideramos prioritario incluir en la agenda legislativa federal y estatal, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por ello, impulsamos una campaña de cooperación y la coordinación con los Congresos locales para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, fomentar las medidas preventivas y mejorar la protección que se ofrece a las víctimas, titulada: ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios''.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución

Único. Se exhorta a los Congresos Estatales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios, de mujeres: ``Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios''

Nota:

1 Cfr. Recomendación General 19, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11° periodo de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\Rev.1, párr. 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Diputadas: Blanca Gámez Gutiérrez, Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, secretaria. Es aprobada; comuníquese.

Quiero decir a los compañeros y las compañeras diputadas que, una vez que haya concluido la Secretaria de darnos la información sobre los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, habrá una votación nominal. Por eso solicitamos que permanezcan en el recinto.

---

MUJERES DE CANCUN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a realizar las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún

Secretarios de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para exhortar, a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de Quintana Roo realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Procurador General de la República y a la Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

Las diputadas y los diputados, abajo firmantes, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia afecta la vida de millones de mujeres en el mundo en todos los estratos socioeconómicos y educacionales1.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La diferencia entre la violencia contra las mujeres y otras formas de agresión estriba en que, en éste caso, el factor de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

México, al ser parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do Para, desde el 12 de noviembre de 19982 se comprometió a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres, en términos del artículo 7 de la citada Convención.

No obstante lo anterior, todos los tipos de violencia de que son víctimas las mujeres, sobre todo la cometida en los hogares, se sigue tratando cómo un tema tabú. Nadie habla de ella, nadie reconoce haberla presenciado, nadie hace nada para evitarla y, el Estado, no asume como parte de sus obligaciones, investigarla y sancionarla.

La situación para cientos de miles de mujeres que en México son golpeadas todos los días es francamente vergonzante ni este Gobierno, ni los anteriores, se han ocupado suficientemente del problema. Por ello, la propia sociedad civil y fundamentalmente mujeres ayudando a mujeres, son quienes han tenido que hacerse cargo de proteger a las mujeres violentadas mediante el establecimiento de Centros de Refugio temporales y secretos, agrupados en la Red Nacional de Refugios AC.

Las mujeres que impulsan la creación y mantenimiento de los refugios ponen cotidianamente en riesgo sus vidas, debido a la saña y persecución de los hombres violentos y golpeadores.

Desde hace 18 años, la periodista Lydia Cacho Ribero se ha dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres y recientemente se desempeña como presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Cancún, Quintana Roo, que ha dado protección a víctimas de violación y maltrato. El centro brinda directamente asistencia jurídica, médica y protección especializada de refugio a las mujeres con sus hijos e hijas amenazados cuyas vidas corren peligro.

Por su labor, la señora Lydia Cacho y su equipo han sido constantemente objeto de amenazas y hostigamiento por parte de los agresores de las mujeres y niñas a quienes ayuda.

Por este trabajo, en noviembre pasado comenzó a ser hostigada y a recibir amenazas de muerte, específicamente por apoyar la denuncia contra una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil, encabezada por el empresario libanés nacionalizado mexicano, Jean Succar Kuri, situación que ha sido denunciada en múltiples ocasiones ante la policia municipal, estatal y federal, autoridades ante quienes también han solicitado protección. Sin embargo, los miembros del CIAM Cancún siguen sin protección policíaca.

Tampoco han tenido eco las peticiones de la Organización Mundial contra la Tortura y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que han enviado cartas al gobierno mexicano solicitando su urgente intervención para proteger la integridad de la señora Lydia Cacho y al resto del equipo del centro. Esta denuncia fue ratificada ante la Relatora de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus consecuencias y sus causas, Yakin Ertük, el pasado 23 de febrero en la reunión que sostuvo con representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución

Único. Se exhorta al Procurador General de la República, General Macedo de la Concha, y a la Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo, licenciada Celia Pérez Gordillo, realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún.

Notas:

1 Ver Women and violence (visitada agosto 17, 2004), http//www.un.org/rights/dpi1772e.htm (la traducción es nuestra) 2 Fecha del depósito de la ratificación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Diputadas: Blanca Gámez Gutiérrez, Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor..

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.Continúe para dar cuenta de todos los comunicados de la Junta de Coordinación Política.

---

DELITOS VIOLENTOS EN CONTRA DE LAS MUJERES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en la atención de delitos violentos contra las mujeres

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que un grupo plural de diputadas exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en delitos violentos en contra de las mujeres. Presentado por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, Presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, suscrita por las diputadas Lilia Aragón del Rivero, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Angélica Díaz del Campo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se solicita al procurador general de la República que, con fundamento en los artículos 102 apartado A de la Constitución federal, 4, 5, 9, 10, fracción V, y 11, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 7, incisos b, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer proceda a la creación de una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres, que tenga el nivel de subprocuraduría, actúe con plena autonomía técnica, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien, afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales o esté involucrada la delincuencia organizada.

Palacio Legislativo, a 1o. de marzo de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, de un grupo plural de senadoras que la suscriben, en relación con la actuación de la Procuraduría General de la República en materia de delitos violentos en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del PRD

Señor Presidente, compañeras y compañeros de esta honorable asamblea:

En cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el pasado jueves 17 de este mes, celebramos una reunión de trabajo integrantes de las Comisiones Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos, y de la Comisión Especial para dar seguimiento al avance de las investigaciones en tomo al caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el procurador general de la República y miembros de su equipo de trabajo.

Dicha reunión fue un fructífero intercambio de opiniones en relación a las labores que desempeña la Procuraduría Federal en relación con los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se subrayó la labor que realizó la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, sus logros y las limitantes técnicas y metodológicas.

Las suscritas, senadoras de diferentes comisiones y partidos políticos, consideramos que de esta reunión de trabajo y de la que se sostuvo el pasado miércoles 16 con la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia en contra de las mujeres, sus causas y sus consecuencias, se puede concluir que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial mencionada, ha cumplido ya con un primer trabajo de organización y análisis de los expedientes relacionados con el feminicidio en el municipio de Juárez, Chihuahua. Es de felicitar a la fiscal especial María López Urbina por la delicada labor realizada hasta este momento.

Consideramos también que en la República Mexicana existen focos de atención por hechos de violencia contra las mujeres que requieren, de manera urgente, una labor coordinada de la federación y las entidades federativas. Una labor que, de hecho, el Estado mexicano se ha comprometido a realizar al momento de suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El procurador general de la República mostró cifras de asesinatos de mujeres en todo el país que muestran una inquietante tendencia a la alta. Por diferentes medios hemos tenidos noticias, muchas de ellas confirmadas por estadísticas oficiales, otras por la acción de organismos de la sociedad civil, de situaciones graves en Sonora, Distrito Federal, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, por sólo citar los más impactantes.

Hemos observado que muchos de estos homicidios y desapariciones están relacionados de manera estrecha, al crimen organizado: narcotráfico, trata de mujeres, niños y niñas, tráfico de personas, lavado de dinero, redes de pornografía, proxenetismo y explotación de la prostitución y pornografía infantil. Muchos otros están vinculados a causas culturales y estructurales: violencia familiar, en el trabajo, en las escuelas.

Hemos observado también que la violencia contra las mujeres, en especial cuando alcanza la gravedad del asesinato, desaparición, tortura o violación y mutilación, aunque no sólo en esos casos, es un problema que afecta a varias entidades de la República y tiene un alto impacto social; en ocasiones se trata de hechos relacionados con delitos que perturban la paz social de una entidad o municipio, de una zona o instalación estratégica; en otras ocasiones existe concurso de delitos locales con federales, además de ser un problema alarmante de salud pública.

Por lo expuesto, y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los compromisos que tenemos como Estado parte de la Convención do Belem do Para y de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, proponemos el siguiente

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Se solicita al procurador general de la República que, con fundamento en los artículos 102, apartado A, de la Constitución federal, 4, 51 91 10, fracción V, y 11, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y 7, incisos b, f y g, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, proceda a la creación de una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres, que tenga el nivel de subprocuraduría, actúe con plena autonomía técnica, con la responsabilidad de conocer de los delitos violentos en contra de las mujeres que afecten de manera grave y sistemática los derechos humanos o bien, afecten a varias entidades, sean de alto impacto social, exista concurso de delitos federales y locales, esté involucrada la delincuencia organizada.

Esta Fiscalía Especializada deberá tener las siguientes facultades:

I. Ejercer las atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos de su competencia, le confiere al Ministerio Público de la Federación el artículo 4 de la Ley Orgánica;

II. Determinar la incompetencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal. En estos casos deberá notificarse al ofendido de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Presentar los pedimentos de sobreseimiento y las conclusiones que procedan;

IV. Interponer los recursos pertinentes;

V. Intervenir en los juicios de amparo o cualquiera otros procedimientos relacionados con las averiguaciones o procesos respectivos;

VI. Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Participar en coordinación con las instancias competentes, en la elaboración y ejecución de los programas federales y locales para la prevención y eliminación de al violencia en contra de las mujeres, y

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el procurador.

Su titular deberá tener las siguientes facultades:

I. Atender el despacho de los asuntos competencia de la Fiscalía;

II. Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía y coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integren, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables;

III. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

IV. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;

V. Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

VI. Nombrar y, en su caso, aprobar la contratación de los servidores públicos de la Fiscalía de conformidad con las disposiciones legales correspondientes;

VII. Expedir los acuerdos, circulares e instructivos necesarios para el debido cumplimiento de las funciones de la Fiscalía, y proponer al procurador los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público en el ámbito de su competencia;

VIII. Recibir en acuerdo ordinario a los responsables de las unidades administrativas que integran la Fiscalía y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público, así como para conceder audiencia al público;

IX. Informar al procurador sobre los asuntos encomendados a la Fiscalía, y

X. Informar semestralmente al Consejo del Instituto Nacional de las Mujeres sobre el trabajo realizado, la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Diputadas: Marcela Lagarde y de los Ríos, Lilia Aragón del Rivero, Blanca Gámez Gutiérrez, Angélica Díaz del Campo (rúbricas).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado; comuníquese.

---

VERIFICACION DE QUORUM
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Hay una asistencia de 379 ciudadanas y ciudadanos diputados. Hay quórum, diputada Presidenta. Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición con punto de acuerdo, que presentara el diputado Maximiliano Alexander Rábago, en relación con solicitar al gobernador del estado México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad.

Sonido al diputado Vega.

---

FEMINICIDIOS
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta: le había hecho la solicitud, en compañía de varios compañeros, para que fuera nominal la votación.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Exacto. Consulte la Secretaría, en votación nominal, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, para tomar la votación nominal, para saber si se considera de urgente resolución, por cinco minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Diputada Presidenta: se emitieron 393 votos, 197 a favor, 194 en contra y 2 abstenciones.

No se reportó, diputado.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El diputado Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, ése era el razonamiento: un voto más, un voto menos; no hay mayoría calificada. Muchas gracias, ¿eh?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no hay mayoría calificada, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Especial de Feminicidios de la República Mexicana.

---

JUVENTUD
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El compañero diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, retira del orden del día su proposición con punto de acuerdo. Por tanto, tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. La creación del Instituto Mexicano de la Juventud marcó el inicio de una nueva etapa en el diseño y aplicación en políticas públicas que, de forma integral, fueran enfocadas a tan importante sector poblacional.

Responder en forma adecuada a las inquietudes y expectativas de los jóvenes mexicanos resulta no sólo una acción prioritaria sino estratégica para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo nacional acorde con las necesidades de cada sector de la población juvenil y respondan al mismo tiempo a las condiciones globales de las transformaciones económicas, sociales y culturales.

Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos por la ley, el Instituto planteó sus acciones para la actual administración a través del Programa Nacional de la Juventud, cuyos tres objetivos son coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las y los jóvenes; generar mayores áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los jóvenes, y propiciar condiciones de equidad para los sectores juveniles en exclusión, a través de acciones y políticas compensatorias.

De este programa sectorial se desprenden 25 programas de trabajo de mediano plazo, todos implementados actualmente. Esta acción gubernamental de atención a la juventud llevada a cabo por el Gobierno Federal ha sido posible en la implementación de sus programas gracias al apoyo de 29 gobiernos estatales y de muchos más gobiernos municipales.

Sin embargo, en la Ciudad de México, al área responsable de la atención de este sector de la población, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, no le ha interesado en lo absoluto participar en alguno de los programas del IMJ, haciendo caso omiso a cada una de las invitaciones que se le han hecho para sumarse a los distintos programas en beneficio de los jóvenes.

El Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha preferido enfocarse a trabajar con un solo y muy limitado programa, incumpliendo así su obligación legal establecida en el artículo 49 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. La mayoría de las atribuciones enlistadas en la ley mencionada no se cumplen porque, según la página web del Instituto, existen solamente cuatro programas para la atención de la juventud.

En eso se resume la actividad del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en un programa que parte del principio de que todos los jóvenes capitalinos son adictos o delincuentes en potencia. En esto se gasta el Gobierno del Distrito Federal más de 54 millones de pesos anuales y, aun con tan lamentables resultados, con raquíticos esfuerzos, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal hoy día se rehúsa a sumarse a los programas que implementa el Instituto Mexicano de la Juventud. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

La creación del Instituto Mexicano de la Juventud marcó el inicio de una nueva etapa en el diseño y aplicación de políticas públicas que, de forma integral, fueran enfocadas a tan importante sector poblacional, conformado por más de treinta y cinco millones de personas.

Responder en forma adecuada a las inquietudes y expectativas de los jóvenes mexicanos, resulta no sólo una acción prioritaria, sino estratégica para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo nacional acorde con las necesidades de cada sector de la población juvenil, y que respondan, al mismo tiempo, a las condiciones globales de las transformaciones económicas, sociales y culturales.

Este instituto, cuya ley fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, tiene como propósitos los siguientes:

- Definir y aplicar una política nacional de juventud --para las y los habitantes de entre doce y veintinueve años de edad--, e incorporarlos plenamente al desarrollo del país, de manera enfática en cuanto a organización, salud, empleo y capacitación, prevención de adicciones y otras, a través de la ejecución de acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes, como los premios nacionales de la Juventud y de la Juventud Indígena, entre otros.

- Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo;

- Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requiera;

- Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos;

- Fungir como representante del gobierno Federal en materia de juventud ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en los foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite una participación.

Para dar cumplimiento a los propósitos establecidos por la ley, el instituto planteó sus acciones, para la actual administración, a través del Programa Nacional de la Juventud, cuyos tres objetivos rectores son: 1) Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las y los jóvenes; 2) Generar mayores áreas de oportunidad para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de las y los jóvenes; y 3) Propiciar condiciones de equidad para los sectores juveniles en exclusión, a través de acciones y políticas compensatorias, articuladas en el programa de acción. De este programa sectorial se desprenden los siguientes programas de trabajo a mediano plazo:

- Programa juvenil para la prevención de las adicciones (Prevea);

- Sexualidad y salud reproductiva juvenil;

- Juventud y medio ambiente (Projuma);

- Servicios culturales para jóvenes;

- Género y equidad;

- Apoyo a jóvenes indígenas, migrantes y rurales;

- Programa de Derechos Humanos;

- Turismo y recreación juvenil;

- Certámenes juveniles;

- Empresas juveniles;

- Fortalecimiento al trabajo juvenil;

- Servicio social;

- Apoyo a proyectos juveniles;

- Asociacionismo juvenil;

- Formación y acompañamiento;

- Encuentros juveniles;

- Información prensa y difusión;

- Medios audiovisuales;

- Coordinación de contenidos;

- Investigaciones básicas;

- Investigaciones regionales;

- Programa editorial;

- Revista de estudios sobre la juventud;

- Cooperación internacional; y

- Centros interactivos para jóvenes.

De este modo, a través del Instituto Mexicano de la Juventud y de cada una de las instancias estatales participantes, tan solo durante el dos mil cuatro, cientos de miles de jóvenes en veintinueve entidades federativas del país han adquirido la tarjeta Poder Joven, mediante la cual se han hecho acreedores a descuentos en bienes y servicios que otorgan mas de ocho mil empresas; se han beneficiado del Programa de Fortalecimiento al Trabajo Juvenil a través del Sistema de Información sobre el Empleo, recibiendo así la orientación y la información requerida; han concursado en el Programa Certámenes por sesenta y tres premios económicos que suman dos millones de pesos; han participado en doscientos trece proyectos procedentes de ochenta y ocho universidades en el certamen Emprende del Programa de Empresas Juveniles; han participado en ochocientos ocho proyectos productivos de autoempleo juvenil y en quinientos de apoyo a proyectos juveniles.

Esta acción gubernamental de atención a la juventud llevada a cabo por el gobierno Federal, ha sido posible en la implementación de sus programas gracias al apoyo de veintinueve gobiernos estatales y de muchos mas gobiernos municipales (en el caso de los gobiernos de los estados, cada entidad federativa cuenta con un área específica encargada de la atención a la juventud, cuyo carácter administrativo es variable).

Sin embargo, en la Ciudad de México, al área responsable de la atención a este sector de la población, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal --órgano descentralizado del Gobierno local, con personalidad jurídica y patrimonio propio--, no le ha interesado en lo absoluto participar en alguno de los programas del Instituto Mexicano de la Juventud, haciendo caso omiso a cada una de las invitaciones que se le han hecho para sumarse a los distintos programas en beneficio de los jóvenes de esta ciudad.

El Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha preferido enfocarse a trabajar con un solo y muy limitado programa, incumpliendo así con su obligación legal.

Explico ahora esta afirmación: conforme a lo establecido por el artículo 49 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, el instituto de la Juventud de esta entidad federativa tiene entre algunas de sus atribuciones las de: elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de la Juventud del Distrito Federal; crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias de gobierno Federal, del gobierno central del Distrito Federal, demarcaciones territoriales, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que tengan relación con las temáticas juveniles; promover, potenciar, mejorar y actualizar permanentemente el desarrollo integral de la juventud del Distrito Federal; fomentar entre las y los jóvenes el ejercicio de la libre asociación garantizada por el artículo 9º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; coordinar y desarrollar un sistema de información e investigación sobre la juventud del Distrito Federal; fomentar el establecimiento de vínculos de amistad y de cooperación nacional e internacional en materia de juventud; plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para servidores públicos encargados de la aplicación de los programas de atención a la juventud; además de todas aquellas que la propia ley determine.

Sin embargo, muchas de las atribuciones enlistadas en la ley no se cumplen porque, de acuerdo a la información publicada en el sitio web de este organismo (www.jovenes.df.gob.mx), existen solamente cuatro programas para la atención a la juventud, estos son:

- Jóvenes en riesgo: Promover la integración social de jóvenes en situación de riesgo, para prevenir y proteger de la violencia, el delito y las adicciones, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos, así como generar una convivencia familiar y comunitaria.

- Coinversión: Desarrollar un área de promoción y fortalecimiento de la participación y organización juvenil por medio de líneas de formación e intervención comunitaria para apoyar proyectos e iniciativas específicas.

- Proyectos especiales: Promover acciones culturales y recreativas que difundan y fomenten la participación juvenil.

- Investigación: Iniciar la conformación de un área con dos líneas de contenido programático para el Instituto de la Juventud; la primera será generar una serie de procesos y documentos de investigación a través del diagnóstico participativo y en la acción. La segunda se enfocará en crear espacios de fortalecimiento conceptual y metodológico en temáticas e instrumentos relacionados con la juventud, estos espacios estarán enfocados para servidores públicos en el gobierno central y en las unidades de atención a los jóvenes, así como a coordinadores y miembros de organismos y colectivos juveniles.

Pero aún más. Conforme a datos proporcionados por personal que labora en este organismo, en realidad solo es uno el programa que el Instituto de la Juventud del Distrito Federal implementa, y éste es el denominado Jóvenes en riesgo; así lo demuestra también el organigrama del instituto, en el que se puede observar --además de la falta de pericia técnica para hacer un organigrama-- que de las tres áreas que dependen del director general, dos son adjetivas (la Jefatura de Unidad Departamental de Enlace Administrativo y una unidad administrativa denominada ``asistente''), por lo que toda la acción sustantiva del instituto se centra en un programa, para lo cual se ha creado la única subdirección del instituto: la de atención a jóvenes en situación de riesgo.

En eso se resume la actividad del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en un programa que parte del principio de que todos los jóvenes del Distrito Federal son adictos o delincuentes en potencia; en esto se gasta el Gobierno del Distrito Federal más de cincuenta y cuatro millones de pesos anuales, nada más durante este año.

Y aún con los limitados resultados que este único programa del Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha obtenido (pues evidentemente la gran mayoría de los más de tres millones de jóvenes capitalinos ni son adictos ni son delincuentes en potencia), el Instituto de la Juventud del Distrito Federal se rehúsa a sumarse a los programas que implementa el Instituto Mexicano de la Juventud y cuyos resultados han sido ya mencionados.

No hay razón alguna para que el Instituto de la Juventud del Distrito Federal no solo no esté interesado en la implantación de los mencionados programas, sino que además ni siquiera asista a las reuniones de coordinación a las que son invitados por el Instituto Mexicano de la Juventud. La única razón que pudiera entender su negativa, es la misma que se aplica con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal: rechazar lo que venga del gobierno federal porque el único que debe lucirse en esta ciudad es el señor López.

Luego de denotar, con precisión y claridad, que no hay razones sensatas para que en el Distrito Federal no se implementen los programas de atención a la juventud que coordina el Instituto Mexicano de la Juventud, y por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Triana. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y del Distrito Federal.

Se encuentran con nosotros aquí, en el salón de sesiones, en el área de invitados especiales, compañeros regidores del municipio de Autlán, Jalisco, a quienes damos la más cordial bienvenida. Ellos han sido invitados por nuestro compañero José Luis Treviño Rodríguez.

---

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal instruir una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas.

La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señora Presidenta. El reciente informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas en donde se establece que el Ejército Mexicano creó y armó a grupos paramilitares en Chiapas para destruir y eliminar no sólo las bases insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sino, también, a civiles que simpatizaran con dicha organización constituye una aportación a clarificar las responsabilidades por el cúmulo de violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en la década pasada.

En efecto, el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército planificó, organizó y apoyó a grupos paramilitares en Los Altos, la selva y el norte de Chiapas, y nos permite verificar que las violaciones de los derechos humanos presumiblemente cometidas por el gobierno ahora tendrían sustento y motivación suficiente para iniciar una investigación por parte de la PGR por los delitos cometidos en estas acciones.

En este contexto se crearon organizaciones criminales como Máscara Roja, los Chinchulines y Paz y Justicia, que tanto daño han hecho en la región. Y en el informe se cita la participación del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del Comandante de la Zona Militar Raúl Renán Castillo, que actuaron cuando menos conociendo y dando su anuencia con otros actores de primerísimo nivel, como lo fueron en ese entonces los secretarios de la Defensa, y de Gobernación y el mismo procurador general de Justicia de la época.

Es de comprenderse que un hecho tan abominable como la matanza de Acteal, aún impune por cierto, catalogado por los expertos internacionales como una violación de lesa humanidad, pudo perpetrarse sólo con la complicidad de muy altos niveles de los gobiernos local y federal y con la anuencia de la esfera presidencial, que encabezaba en ese entonces el señor Ernesto Zedillo Ponce de León.

El conflicto en Chiapas sólo se podrá resolver cuando sean atendidas las causas que le han dado origen, y son las profundas desigualdades sociales, que todavía están presentes y en donde por cierto en el estado se siguen violando los derechos humanos. El punto de acuerdo, con base en el artículo 58, sería el siguiente:

Solicitar a la PGR inicie de oficio una investigación de inmediato y abra una averiguación previa en contra de los actos de ex funcionarios citados, incluido el propio Presidente, como posibles responsables de los hechos cometidos, según el informe del Centro Fray Bartolomé.

Y, segundo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicie también una investigación rigurosa, completa e imparcial que permita dilucidar las violaciones.

Señora Presidenta: solicito que se pueda publicar el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD

En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

El reciente informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas en donde se establece que el Ejército Mexicano creó y armó a grupos paramilitares en Chiapas para destruir y eliminar no sólo a las bases insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino también a todos los civiles que simpatizaran con dicha organización, constituye una aportación para clarificar las responsabilidades por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la década pasada.

En efecto, el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército Mexicano planificó, organizó y apoyó a grupos paramilitares en los altos, la selva y el norte de Chiapas, nos permite verificar que las violaciones a los derechos humanos presumiblemente cometidas por el gobierno ahora tendrían sustento y motivación suficiente para iniciar una investigación por parte de la Procuraduría General de la República por los graves delitos cometidos en esas acciones.

En ese contexto se crearon organizaciones criminales como Máscara Roja, Los Chinchulines y Paz y Justicia que tanto daño han hecho en la región, en el informe se cita la participación del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del comandante de la zona militar Raúl Renán Castillo, ellos actuarían, de constatarse ese hecho, por lo menos con el conocimiento y anuencia de otros actores políticos de primerísimo nivel, como serían los entonces secretarios de Defensa, de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.

Es de comprenderse que un hecho tan abominable como la matanza de Acteal, aún impune, catalogado por los expertos internacionales como una violación de lesa humanidad, pudo perpetrarse sólo con la complicidad de muy altos niveles de los gobiernos local y federal, y con la anuencia de la esfera presidencial que encabezaba Ernesto Zedillo Ponce de León.

El conflicto en Chiapas, sólo se resolverá cuando las causas que le dieron origen sean atendidas y resueltas eficazmente, no hacerlo así, y sólo reprimiendo a las personas que simpatizan o participan en estas causas, sólo genera mayor encono sin resolver el fondo del asunto que es el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos indios.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Solicitar que la Procuraduría General de la República inicie de oficio una investigación de inmediato y abra una averiguación previa en contra de los altos ex funcionarios citados, incluido el propio ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como posibles responsables de los hechos contenidos en el Informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas.

Segundo.- De igual manera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considerando los hechos referidos en el Informe antes citado, inicie también de oficio una investigación rigurosa, completa e imparcial que permita dilucidar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron por los altos ex funcionarios incluido el propio ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de febrero de 2005.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Un momentito, diputado. Dígame, diputado Wintilo Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Presidenta, con mucho respeto, me pudiera usted decir ¿en el orden del día viene la presentación del punto de acuerdo anterior como de urgente y obvia resolución? No fue considerada la Asamblea al respecto y quisiera nada más saber qué trámite se dio.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La proponente nos solicitó que se canalizara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Sólo turno, señor; sí.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Estaría objetando el trámite, Presidenta, y le pediría que pusiera a consideración del Pleno por favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, con mucho respeto: fue la proponente quien lo solicitó. Ella solicita, lo trajo a la Asamblea, y que el trámite sea a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Yo le pediría, diputado Wintilo Vega, y a la diputada Morales, que nos permitieran desahogar el trámite, toda vez que el diputado Carlos Obregón Serrano está en la tribuna.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Estoy suplicando el trámite.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En el Reglamento para el Gobierno Interior, en el artículo 21, fracción VI, corresponde a la Presidencia dictar todos los trámites que exige el orden de la discusión de los negocios. En este caso particular, diputado Vega, fue solicitud de la proponente, a la que la Presidencia ha obsequiado, y por eso ha sido ya canalizado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Nada más que estoy objetando su trámite, Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, pero con todo respeto, diputado Vega, es una obligación que además me faculta el Reglamento.

---

DISCAPACITADOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades al país.

Por tanto, diputado Carlos Obregón, tiene usted la palabra.

El diputado Jorge Carlos Obregón Serrano: Con su permiso, diputada Presidenta: el que suscribe, Jorge Carlos Obregón Serrano, diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara exhorte respetuosamente a las Legislaturas estatales y del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de garantizar y poder transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, con base en las siguientes consideraciones:

En esta tribuna han sido reiteradas las menciones respecto a la problemática que día con día enfrentan las personas. Por eso no es necesario repetir las cifras que muestran la discriminación de las personas con discapacidad; ya todas y todos las conocemos. Baste decir que, a pesar de que existe el reconocimiento de esta situación y que se ratifican tratados internacionales en favor de ellos, estamos en ciernes en el aspecto legislativo para proteger sus derechos y permitir un acceso equitativo en todos sus aspectos y espacios de desenvolvimiento personal, social y productivo.

Desde el punto de vista de la legislación, existen sólidos argumentos para afirmar que la discapacidad es materia local, ya que en una interpretación rígida del artículo 124 constitucional se entendería que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia citada, por lo que quedarían reservadas a los estados éstas porque a partir del 1 de enero de 1999 el proceso de democratización y distribución de competencias entre el poder federal y los órganos locales en materia civil, por lo que las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal son las competentes para legislar en esta materia.

Por ello, el presente busca invitar a las Legislaturas a fortalecer el trabajo que en diversos frentes el gobierno y la sociedad realizan en favor de las capacidades diferentes. La dignidad humana no admite espera, todos somos corresponsables para que sea efectiva su participación. Ser solidarios con los grupos sociales más vulnerables demanda medidas concretas. Por lo anterior, me permito presentar a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas locales para que en sus respectivas leyes de tránsito y transporte y demás relativas se establezcan las disposiciones necesarias para que sean respetados los espacios destinados al estacionamiento de vehículos para las personas con discapacidad, así como de las rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales; además, para que aumenten el monto de las sanciones para quienes obstruyan o utilicen los espacios antes referidos.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las adecuaciones necesarias a los reglamentos de tránsito y demás normatividad respectiva, con la finalidad de aumentar las sanciones para quienes obstruyan los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad, además de vigilar su estricto cumplimiento.

Palacio Legislativo.- México, DF, a 22 de febrero de 2005.

Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, a cargo del diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Carlos Obregón Serrano, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas estatales y del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país con base a los siguientes

Considerandos

En esta tribuna han sido reiterativas las menciones respecto de la problemática que día con día enfrentar las personas. Por ello, no es necesario repartir las cifras que muestran la discriminación de las personas con discapacidad, ya todas y todos las conocemos, baste decir que a pesar de que existe el reconocimiento a esta situación y que se ratifican tratados internacionales a favor de ellos, estamos en ciernes en el aspecto legislativo para proteger sus derechos y permitir un acceso equitativo y justo en todos sus espacios de desenvolvimiento personal, social y productivo.

Desde el punto de vista de la legislación, existen sólidos argumentos para afirmar que la discapacidad es materia local, ya que en una interpretación rígida del artículo 124 constitucional, se entendería que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia citada, por lo que quedaría reservada a los estados. Esto porque a partir del 1° de enero de 1999, el proceso de democratización y distribución de competencias entre el Poder Federal y los órganos locales del Distrito Federal, limitaron las facultades del Congreso de la Unión en materia civil, por lo que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal son las competentes para legislar en esta materia.

En la espera local si bien existen importantes avances como lo es que la mayoría de los estados cuentan con una ley para las personas con discapacidad, también es evidente que aún existe un significativo rezago que impide el pleno cumplimiento de importantes convenios internacionales como el de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que establece entre otras cosas, que los gobiernos signantes deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.

Las medidas que aquí nos interesa destacar se refieren a aquellas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; así como aquellas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.

Es por ello que, el presente busca invitar a las legislaturas locales a fortalecer el trabajo que en diversos frentes, el gobierno y la sociedad realizan a favor de los discapacitados. La dignidad humana no admite espera, todos somos corresponsables para que sea efectiva su participación. Ser solidarios con los grupos sociales más vulnerables demanda medidas concretas.

Por lo anteriormente expuesto me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero.- Que la H. Cámara de Diputados exhortar respetuosamente a las Legislaturas locales para que en sus respectivas leyes de tránsito y transporte y demás relativas, se establezcan las disposiciones necesarias para que sean respectados los espacios destinados al estacionamiento de vehículos para las personas con discapacidad, así como, de las rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales. Además, para que aumenten el monto de las sanciones para quienes obstruyan o utilicen los espacios antes referidos.

Artículo Segundo: Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de estados y del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencia, realicen las adecuaciones necesarias a los reglamentos de tránsito y demás normatividad respectiva, con la finalidad de aumentar las sanciones para quienes obstruyan los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad, así como los de sus rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales; además de vigilar su estricto cumplimiento

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 22 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Obregón Serrano. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

---

FELIPE ARREAGA SANCHEZ

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra el diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero para que adopte las medidas conducentes en el proceso penal contra el ciudadano Felipe Arreaga Sánchez.

El diputado Francisco Chavarría Valdeolivar: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados: el punto de acuerdo que hoy traemos a este Pleno se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que únicamente me referiré a los aspectos medulares del mismo:

Primero. Que el miércoles 3 de noviembre de 2004, la Policía Ministerial del estado de Guerrero detuvo al líder campesino ecologista Felipe Arreaga Sánchez en el municipio de Petatlán.

Segundo. Que a Felipe Arreaga Sánchez se le acusa de haber participado en el homicidio de Abel Bautista Guillén, hijo del cacique talamontes de nombre Nino Bautista, en mayo de 1998, precisamente el día en que Felipe Arreaga Sánchez se encontraba en atención medica de un padecimiento en la columna vertebral, en el poblado de Las Mesas, municipio de Petatlán, Guerrero.

Tercero. Como ha quedado demostrado con las apruebas aportadas en el proceso, las acusaciones contra Felipe Arreaga Sánchez carecen de fundamento. Más bien, parecería que se trata de una leve escalada contra los defensores del ambiente en esa región de la Costa Grande y de una defensa a ultranza de los talamontes y depredadores.

Cuarto. En este contexto, nos parece sumamente grave el encarcelamiento del líder de la organización ecologista de la sierra de Petatlán, cuando se inician justamente los ciclos de aniquilamiento de bosques con el corte de madera.

Quinto. Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que existen evidencias de que el proceso contra Felipe Arreaga Sánchez tiene claras motivaciones políticas, a raíz de las cuales dicho organismo ha estado haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que garanticen sus derechos civiles y reciba su plena libertad con la mayor brevedad.

Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que se considere como de urgente y obvia resolución.

Punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, hace un exhorto al gobernador del estado de Guerrero, ciudadano René Juárez Cisneros, para que de manera pronta y expedita adopte las medidas necesarias para la debida valoración de las pruebas dentro del proceso penal contra el ciudadano Felipe Arreaga Sánchez.

Atentamente, el de la voz, Francisco Chavarría Valdeolivar. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador constitucional de Guerrero a adoptar las medidas conducentes en el proceso penal contra el C. Felipe Arreaga Sánchez, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Chavarría Valdeolivar diputado federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El miércoles 3 de noviembre de 2004, la Policía Ministerial del estado de Guerrero detuvo al líder campesino ecologista, Felipe Arreaga Sánchez en el municipio de Petatlán.

A Felipe Arreaga se le acusa de hechos sucedidos en mayo de 1998, de haber participado en el homicidio de Abel Bautista Guillen, hijo de un cacique talabosques, Nino Bautista, precisamente el día en que Felipe Arreaga se encontraba tratándose de un padecimiento en la columna vertebral en el poblado de Las Mesas.

Como ha quedado demostrado con las pruebas aportadas en el proceso, las acusaciones en contra de Felipe Arreaga carecen de fundamento, por lo que parece ser el reinicio de una nueva escalada de represión contra los defensores del medio ambiente en esa entidad y un apoyo encubierto para los talamontes y depredadores.

Nos parece que bajo el supuesto interés por castigar un delito, se muestra nuevamente en esa entidad el rostro más detestable de la parcialidad en el actuar judicial y un nuevo intento por sembrar el temor en las organizaciones sociales que trabajan en proyectos alternativos de desarrollo.

El trabajo de Felipe Arreaga en las comunidades de la sierra de Guerrero, se ha distinguido en organizar y capacitar a las personas para que conozcan y defiendan sus recursos naturales y sus derechos colectivos, así como la participación en proyectos productivos.

Nos parece sumamente grave el encarcelamiento del líder de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán cuando se inicia un nuevo ciclo en la corta de madera.

Felipe Arreaga Sánchez de 55 años, está enfermo y sufre en el penal de Zihuatanejo condiciones inhumanas en una celda que siendo para seis reos están hacinados quince, sin un lugar siquiera para dormir acostados en el piso.

Organismos Internacionales como Amnistía Internacional han señalado que existen claros indicios de que el proceso contra Felipe Arreaga tiene claras motivaciones políticas, por lo que dicho organismo ha hecho un llamado a las autoridades para que sus derechos sean asegurados y reciba un trato justo.

Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efectos de que se considere como de urgente u obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, hace un exhorto al Gobernador del estado de Guerrero, Ciudadano Rene Juárez Cisneros, para que de manera pronta y expedita adopte las medidas necesarias para la debida valoración de las pruebas dentro del proceso penal en contra del C. Felipe Arreaga Sánchez que permitan su pronta liberación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica).»

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya cambió el turno, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el asunto suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, la proposición con los puntos de acuerdo; comuníquese.

---

SECTOR AERONAUTICO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implementar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México.El diputado José Julián Sacramento Garza: Con el permiso de la Presidencia. Desde hace varios años existe una problemática muy aguda en la industria aérea mexicana que la ha venido lesionando severamente y que, a pesar de los esfuerzos de los diversos sectores involucrados en la industria, aun no ha encontrado una solución satisfactoria.

La política aeronáutica implementada en México desde hace varias décadas ha sido con base en un esquema monopólico en beneficio de dos aerolíneas, de las cuales más de 50 por ciento son propiedad del Estado, lo que incide --entre otras cosas-- en conceptos operativos sumamente costosos que repercuten en el precio que tiene que pagar el usuario por ese servicio, el cual es el doble del estándar promedio internacional.

Hoy, a través de la presencia del IPAB, propietario en gran parte de los activos de Cintra, la compañía controladora de las dos principales aerolíneas del país, éstas siguen gozando de preferencias y exclusividades aéreas, que no sólo han impedido el desarrollo y crecimiento de muchas rutas aéreas del país, sino que también se encarece enormemente el costo aéreo.

Según versiones de las dos únicas aerolíneas independientes, como es el caso de Aviacsa y Líneas Aéreas Azteca, han solicitado en diversas ocasiones la autorización de vuelos a ciertos destinos, ésta no les ha sido otorgada por las autoridades aeronáuticas federales. Las empresas de Cintra tienen en conjunto 70 por ciento del mercado aéreo nacional.

Es necesario encontrar alternativas de solución en el mediano y largo plazos, en donde participen los diversos sectores involucrados en esta industria. El objetivo debe ser mejorar el servicio, la calidad del transporte aéreo, y abatir costos. Cabe subrayar que este proceso de modernización del sistema aeronáutico nacional debe darse de manera gradual y no en condiciones desventajosas para las empresas nacionales ante el mercado externo.

En este sentido, es recomendable que tanto desde el punto de vista técnico como político, este proceso debe enfrentar a corto plazo un proceso de adecuación a las condiciones y las estructuras de las diversas empresas aeronáuticas del país, para que puedan competir entre ellas en un primer momento y posteriormente abatir todo el mercado a la competencia externa.

También debemos buscar el desarrollo de la aviación regional del país, ya que en la actualidad los vuelos son concentrados desde y hacia la Ciudad de México. Existe una mala comunicación a lo ancho y largo del país a través del transporte aéreo porque no hay vuelos entre estados o regiones. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que la política aeronáutica se oriente a fomentar un sector aeronáutico competitivo a nivel nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aplique una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México y que busque como objeto de largo plazo posicionar sobre las bases sólidas y reales el sector aeronáutico nacional, en condiciones competitivas ante el mercado aeronáutico internacional.

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2005.

Presidente: le pido con todo respeto que se publique íntegro este punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implantar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz José Julián Sacramento Garza, en mi calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Las vías de comunicación, tanto las terrestres, aéreas y marítimas, son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que es un hecho que el transporte es esencial para su desarrollo.

Desde hace varios años, existe una problemática muy aguda en la industria aérea mexicana, que la ha venido lesionando severamente y, que a pesar de los esfuerzos de los diversos sectores involucrados en la industria, aún no se ha encontrado una solución satisfactoria.

La política aeronáutica implementada en México desde hace varias décadas, ha sido en base a un esquema monopólico en beneficio de dos aerolíneas, de las cuales más del 50% son propiedad del estado, lo que incide entre otras cosas, en conceptos operativos sumamente costosos, que repercuten en el precio que tiene que pagar el usuario por este servicio, el cual es el doble del estándar promedio internacional.

Además, se ha tenido que absorber a través de los esquemas financieros con que cuenta el gobierno federal, una parte importante de las perdidas que aún a pesar de las condiciones monopólicas, vienen reflejando las aerolíneas.

Hoy, a través de la presencia del IPAB, propietaria en gran parte de los activos de Cintra, la compañía controladora de las dos principales aerolíneas del país, éstas siguen gozando de preferencias y exclusividades aéreas, que no solo han impedido el desarrollo y crecimiento de muchas rutas aéreas del país, sino que también se encarece enormemente el costo aéreo.

Según versiones de las dos únicas aerolíneas independientes, como es el caso de Aviacsa y Líneas Aéreas Azteca, han solicitado en diversas ocasiones la autorización de vuelos a ciertos destinos, esta no les ha sido otorgada por las autoridades aeronáuticas federales. La empresas de Cintra tienen en conjunto el 70% del mercado aéreo nacional.

Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia, ha establecido como criterio saludable para la desincorporación de Cintra, en un principio, su venta por separado y que los compradores asuman el 100% de los riesgos en caso de quiebra. La venta por separado de las aerolíneas garantizará un mercado más competitivo, en cambio, sería de alto riesgo para el país depender o contar con una empresa aérea dominante.

Sobre la problemática de la industria aérea en México, no hemos visto que el gobierno federal cumpla cabalmente con los estipulado en el Acuerdo mediante el cual se establece la política aeronáutica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2001, toda vez que establece dentro de las políticas generales para el transporte aéreo, lo siguiente:

Estructurar y mantener esquemas de precios y tarifas que reconozcan los costos de los servicios de transporte aéreo, que promueva la competencia equitativa, que evite prácticas monopólicas.

Fortalecer a la aviación comercial nacional, en un entorno de competencia equitativa, que sea sustentable, financiera y operativamente sana, alcance estándares internacionales de competitividad y calidad; que tenga permanencia y una cobertura regional más amplia, sea accesible a un número mayor de mexicanos.

Es necesario, encontrar alternativas de solución en el mediano y largo plazo, en donde participen los diversos sectores involucrados en esta industria. El objetivo debe ser mejorar el servicio y la calidad del transporte aéreo; abatir costos y elevar el volumen de pasajeros.

Cabe subrayar que este proceso de modernización del sistema aeronáutico nacional debe darse de manera gradual y, no bajo condiciones desventajosas para las empresas nacionales ante el mercado externo, para lo cual deben recordarse las experiencias vividas en el sector bancario o en el manufacturero y, los costos de adaptación que se pagaron para ser competitivos a nivel mundial por toda la población.

En este sentido, es recomendable que tanto desde el punto de vista técnico como político, este proceso deba enfrentar a corto plazo, un proceso de adecuación a las condiciones y las estructuras de las diversas empresas aeronáuticas del país, para que puedan competir entre ellas en un primer momento y, posteriormente, abrir todo el mercado a la competencia externa. Es positivo que esta consideración sí se esté contemplando en el proceso de modernización del sector, pero no se le ha dado el énfasis que requiere.

Como legisladores, debemos impulsar el desarrollo de la industria aeronáutica, porque es trascendente para el desarrollo económico y de las comunicaciones de nuestro país y, para que pueda competir equitativamente con el mercado internacional.

También, se debe garantizar que los usuarios reciban un servicio seguro, eficiente y de calidad; por lo que es indispensable implementar políticas que fomenten una competencia equitativa a través de la oferta y la demanda equilibrada, con tarifas accesibles para todos los mexicanos tanto en el ámbito regional, como nacional e internacional.

Al mismo tiempo, debemos buscar el desarrollo de la aviación regional en el país, ya que en la actualidad los vuelos son concentrados desde y hacia la ciudad de México. Existe una mala comunicación a lo ancho y largo del país a través del transporte aéreo, porque no hay vuelos entre estados o regiones; es necesario conectar la mayoría de estos vuelos en la ciudad de México, perdiendo mucho tiempo en las conexiones.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que la política aeronáutica se oriente a fomentar un sector aeronáutico competitivo a nivel nacional.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aplique una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, que busque como objetivo de largo plazo posicionar, sobre bases sólidas y reales, al sector aeronáutico nacional en condiciones competitivas ante el mercado aeronáutico internacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de febrero de 2005.--- Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes. Y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nación, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a retirar del Programa de Libros de Texto Gratuitos, para consulta en las bibliotecas de aula, los que incluyan narcocorridos.Esta Presidencia informa que el diputado Jorge Martínez Ramos retiró el punto de acuerdo, la proposición con punto de acuerdo que había inscrito para el orden del día de esta sesión. ¿El diputado Landero Gutiérrez?

---

ORDEN DEL DIA

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, ¿con qué objeto, señor diputado?El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Presidente, quisiera retirar del orden del día ese punto de acuerdo.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Es su derecho, y esta Presidencia obsequia su petición.

---

VIOLENCIA FAMILIAR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o, en su caso, considerar la creación de una ley para prevenir y atender este tipo de violencia.El diputado Manuel González Reyes: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: el suscrito, diputado federal Manuel González Reyes, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un exhorto a los Congresos estatales a adecuar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o, en su caso, considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar, conforme a las siguientes consideraciones:

La violencia familiar es una manifestación cada vez más frecuente en muchos de los hogares mexicanos. Acción Nacional tiene la familia como el bastión que va a preservar la sociedad, por lo que es necesario proteger sus derechos, que ya están en la Constitución. La violencia familiar desgraciadamente se está convirtiendo en nuestro país en un problema social verdaderamente alarmante. Datos del INEGI nos dicen que la violencia se ejerce sobre las mujeres en nuestro país proviene en gran parte de la pareja conyugal, que los hombres la agreden a través de amenazas, golpes, insultos, prohibiciones.

Otra vertiente del maltrato infantil es el maltrato que sufren nuestros niños y niñas mexicanas. Este maltrato lo ejercen con mayor reiteración las madres, los padres, los padrastros, las madrastras, las abuelas.

Desde esta tribuna manifestamos un ya basta al maltrato infantil en México, ya basta a la violencia familiar; que quien se atreva a maltratar o violentar los derechos de las personas más sagradas, como son las mujeres, las niñas y los niños mexicanos, deberá atenerse a castigos ejemplares. La violencia familiar se ha acrecentado en los últimos años, lo que ya representa un grave problema por su magnitud y por sus dimensiones.

La violencia familiar ya no es un asunto del ámbito meramente privado; se ha vuelto un asunto público desde el momento en que hay violación de derechos humanos y una falta de respeto a la dignidad de la persona humana, ya que quien es víctima de esta violencia tiende a repetir los mismos patrones.

Para Acción Nacional, el cuidado de la familia no es sólo obligación moral; es una necesidad política. Por eso decimos sí al derecho de las mexicanas y los mexicanos a una vida familiar sin violencia. Por lo anterior, presentamos este punto de acuerdo.

Único. Hacemos un exhorto al Gobierno del Distrito Federal y a los de los estados a adecuar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y, en su caso, considerar la creación de una nueva ley para prevenir y atender la violencia familiar.

Solicito que este punto se amplíe a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar o, en su caso, considerar la creación de una ley a fin de prevenir y atender la violencia familiar, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Manuel González Reyes del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de realizar un atento exhorto a los congresos estatales a fin de adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o en su caso considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar, conforme a las siguientes

Consideraciones

La violencia familiar es una manifestación frecuente en todos y cada uno de los hogares mexicanos, cuyos origines se remontan desde la antigüedad, siendo la familia el bastión indiscutible para la preservación de la sociedad, es necesario que se protejan sus derechos establecidos desde la Constitución misma. La falta de seriedad por parte del Estado mexicano ha logrado que la violencia familiar se esté convirtiendo problema social verdaderamente alarmante, ya que al menos la mitad de los asesinatos de mujeres registrados en la Ciudad de México se debe a la violencia familiar, fenómeno que ocurre en uno de cada tres hogares mexicanos, datos que han sido confirmados por autoridades e investigadores.

Según datos del INEGI la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el seno del hogar proviene en gran parte de la pareja conyugal, los hombres que agreden a las mujeres emplean frecuentemente, amenazas, golpes, insultos, prohibiciones, entre otros medios. El maltrato infantil, en cambio, lo ejercen con mayor reiteración las madres, seguidas por los padres, padrastros, madrastras y abuelos.

Tan solo la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del gobierno capitalino, informó que en lo que va del año se han recibido cerca de 1,500 denuncias de violencia en los hogares y la Red de Atención de la Violencia Familiar ha atendido a 40,000 víctimas.

La violencia en el seno de la familia ha existido siempre en diversas formas, pero sólo en el último decenio se ha reconocido que los abusos representan un grave problema, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. Se estima que sólo 4 de cada 10 mujeres maltratadas recurren a la denuncia penal y de éstas sólo 3 logran iniciar un procedimiento formal.

En nuestro país, las estadísticas que existen son insuficientes para observar el fenómeno en todos sus niveles y manifestaciones, porque la violencia familiar puede ser originada por cada uno de sus integrantes, lo cual obedece al subregistro que se origina en la cultura de la ``no denuncia'' y que prevalece en el país, por desconocimiento de sus derechos. No obstante esta limitante en la información, se puede afirmar que la criminalidad tiene una cara masculina, pues quienes más incurren en los hechos delictivos son los hombres. Diversos organismos tanto a nivel nacional e internacional se han preocupado por este fenómeno, por esto, la ONU presentó en la Ciudad de México una iniciativa para el lanzamiento de una campaña interagencial contra la violencia intrafamiliar, bajo el tema ``Una vida sin violencia es un derecho nuestro'', la ONU busca informar, promover y conscientizar sobre los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas que viven en situaciones de violencia. Del mismo modo, considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países y que tiene efectos sociales y culturales.

De acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal. Por su parte el DIF ha puesto en marcha diferentes programas que promueven el desarrollo de la familia y en concreto propuso la creación de un programa que establece actividades educativas y de capacitación, al personal responsable de atender a menores, en escuelas, guarderías, centros hospitalarios y otras instituciones, a fin de sensibilizarlos en aspectos de violencia familiar, así como con grupos de padres de familia en las comunidades, para mejorar la calidad de la atención, educación y formación del menor. Además impulsa las actividades encaminadas a la modificación de patrones de conducta que provocan el maltrato de los adultos hacia los menores.

En materia de legislación, actualmente son muy pocos los estados que cuentan con leyes específicas en materia de violencia familiar como lo es el caso de Colima, Tamaulipas, estado de México y Baja California, donde dignamente soy representante, y por ello quiero exhortar a los estados restantes a considerar la importancia de tratar de erradicar este problema. La finalidad de contar con leyes a nivel estatal es que se castigue la violencia familiar proponiendo medidas administrativas, sociales y educativas para proteger a la mujer y a sus hijos, fomentar el conocimiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a que se respeten sus derechos, enfatizar que la violencia familiar debe ser atendida en las instancias de salud pública, a través de la creación de las unidades de atención, es necesario plantear la importancia de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos y a la sociedad en general sobre esta problemática, así como promover el diseño de un programas estatales para la prevención de la violencia familiar.

Hoy en día, las legislaciones estatales contemplan en sus códigos penales penas que van desde 6 meses hasta 6 años y algunas más contemplan penas menores de seis meses a cuatro o tres años de prisión según el estado al que nos dirijamos, es decir no hay una homologación clara entre la aplicación de penas por este delito y es por demás preocupante saber que en algunos estados de la República no se tome en consideración la gravedad de este ilícito que va en aumento día a día. Por otro lado el Código Penal federal señala que la violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro.

Es imprescindible reconocer que la violencia no es natural, este un problema social donde deben involucrar a las instancias que deben conocerlo, prevenirlo y resolverlo, la violencia dentro de la familia es una violación a los derechos humanos y no es un asunto privado de cada familia, es un problema de salud y de derechos. La ley no funciona si no establecemos las reglas claras y congruentes que permitan ejercer una autoridad firme que castigue a todos aquellos que violentan la tranquilidad de nuestras familias mexicanas.

Desde nuestra plataforma política la tutela de la familia ha de ser actividad social del Estado, para Acción Nacional, el cuidado de la familia no es solo una obligación moral: es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa. Acción Nacional refuerza sus propuestas, su compromiso y por ello impulsamos el derecho a una vida familiar sin violencia.

Por lo anteriormente fundado y expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Esta H. Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal y los estados a fin de adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o en su caso considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar.

Dip. Manuel González Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

---

DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el Distrito Federal.La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente... El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Me permite la descortesía, diputada Nancy Cárdenas, para obsequiar cortésmente la petición del diputado Manuel González Reyes, antes que pase la oportunidad de turnar su propuesta no sólo a la Comisión de Gobernación, sino Unidas con Atención a Grupos Vulnerables? Discúlpeme la interrupción, diputada; adelante.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: Con su permiso, señor Presidente: con la característica de nuestro país de ser megadiverso, resaltan los humedales con un ecosistema de transición entre los sistemas terrestres y los acuáticos.

El reconocimiento de estos ecosistemas en el ámbito mundial llega en 1986, a través de la adhesión de México a la Convención de Humedales de Importancia Internacional, en especial como hábitat para las aves acuáticas.

De acuerdo con el listado de humedales, más de 70 por ciento de éstos se encuentran en algún esquema de protección, bajo el estatus de área natural protegida. Sin embargo, algunos otros humedales están fuera de este marco de protección federal.

En este sentido, uno de los humedales enlistados y que se encuentra fuera de los ecosistemas de protección mencionados es el denominado Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, que se ubica en el Distrito Federal y que se considera un reducto del gran sistema de lagos de la cuenca de México. De acuerdo con estudios en la zona, se ha definido que cerca de 40 por ciento del agua que se aporta a la ciudad proviene de las aguas subterráneas de esta zona.

Asimismo, estos humedales tienen la función de vaso regulador, toda vez que reciben las aguas de las sierras del sur de la cuenca y así evitan las inundaciones en las zonas urbanas. De esa forma, es importante realizar las gestiones necesarias para obtener recursos financieros que garanticen la conservación de este ecosistema y mantener así los servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Convención de Humedales de Importancia Internacional a fin de establecer un esquema de financiamiento dirigido a la ejecución de los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el Distrito Federal, México.

Segundo. Que la Semarnat establezca el vínculo necesario con el Gobierno del Distrito Federal para que, de forma coordinada, se establezca el esquema de cooperación con las entidades internacionales y las formas de ejecución y monitoreo de programas y obras.

Señor Presidente: le solicito que este texto se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones conducentes a obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita diputada Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una las características que definen a un país como megadiverso es su pluralidad de ecosistemas; en este sentido México sobresale ya que dentro del territorio mexicano se distribuyen los cinco tipos de ecosistemas que se encuentran en América Latina y el Caribe, situando a nuestro país por encima de Brasil y Costa Rica.

Entre esta diversidad de ecosistemas resaltan los humedales como un ecosistema de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos, donde se desarrollan una compleja serie de procesos ecológicos. La dinámica en estos procesos ha definido a estos ecosistemas como uno de los más productivos del planeta, favoreciendo el desarrollo de una gran variedad de comunidades biológicas de plantas y de animales, tanto en los sistemas salobres como en los dulceacuícolas.

En México, la importancia biológica de estos ambientes sobrepasa el ámbito de local y regional, ya que los humedales del país no solo son importantes para el desarrollo de especies propias del territorio, sino que se consideran regiones de importancia vital durante los procesos de migración de muchas especies de aves procedente de Norteamérica.

Aunado a la riqueza biológica en estos ambientes, existen una gran cantidad de servicios ambientales que los humedales brindan a las poblaciones humanas, entre los que destacan su importancia en la recarga y descarga de las aguas subterráneas, el mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos (potencialmente disponibles para el hombre), alta capacidad para reducir los caudales y prevenir las inundaciones, se les considera importantes para la retención de sedimentos y nutrientes, reguladores del clima local y en el caso de los sistemas costeras como barreras naturales contra las tormentas.

El reconocimiento de la importancia a estos ecosistemas en México tiene un desarrollo incipiente, los principales esfuerzos se han realizado principalmente por las instituciones académicas y las ONG. En el caso del Estado los esfuerzos para la protección de estos ecosistemas se realiza a través de la creación de leyes genéricas para la protección del ambiente y la incorporación de esquemas de protección como las áreas naturales protegidas, que integra nuevos conceptos de conservación en el país.

De igual forma el reconocimiento de estos ecosistemas en el ámbito mundial llega en 1986 a través de la adhesión de México en la Convención de Humedales de Importancia Internacional, en especial como hábitat para las aves acuáticas (RAMSAR), incorporando un humedal a la lista de esta Convención. Durante un periodo de más de una década se incorporaron tres humedales más. En el 2003 se sumaban 17 humedales inscritos y fue en 2004 cuando se integran 34 humedales sumando 51 humedales registrados. Recientemente, el dos de febrero del 2005, se agregan cuatro humedales más a la Convención resultando en un total de 55 humedales.

El que México tenga inscritos 55 humedales implica que se han contraído compromisos y obligaciones relevantes en la gestión ambiental, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para conservar el humedal y en su caso aprovecharlo de forma sustentable, tal como es indicado en las obligaciones de los países de la Convención.

De acuerdo con el listado de humedales, mas del 70% de estos se encuentran en algún esquema de protección, bajo el estatus de área natural protegida. Sin embargo, algunos otros humedales están fuera de este marco de protección federal.

En este sentido, uno de los humedales enlistados y que se encuentra fuera de los esquemas de protección mencionados es el denominado ``Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco'', que se ubica en el Distrito Federal y que se considera como un reducto del gran sistema de lagos de la Cuenca de México.

Este humedal se considera crucial debido a la gran cantidad de servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México, una de las más grandes y pobladas del orbe. De acuerdo con estudios en la zona se ha definido que cerca del 40% del agua que se aporta a la ciudad proviene de las aguas subterráneas en la zona; de igual forma la zona es considerada como reguladora del clima local y como amortiguador de los efectos del crecimiento urbano en el sur del Distrito Federal. Así mismo, estos humedales tienen la función de vaso regulador, toda vez que reciben las aguas de las sierras del sur de la cuenca y así evitan las inundaciones en las zonas urbanas.

Por otro lado, y una de las razones para estar incluido en el RAMSAR es el hecho de albergar a una gran cantidad de especies de flora y fauna, considerando su situación geográfica en una de las ciudades con mayor densidad poblacional. De igual forma en esta zona se han registrado una gran cantidad de especies de aves residentes y migratorias, donde se destacan especies como la cerceta de alas azules y la jacana norteña, cuyo registro en el DF procede únicamente de esta zona. También se registra especies de los grupos de mamíferos, reptiles y anfibios que se encuentran protegidas de acuerdo a la legislación mexicana y que algunos de ellos son endémicos de la cuenca. (NOM-059-SEMARNAT-2001).

Un último valor en la zona es el cultural, ya que en este sistema lacustre se estableció en tiempos prehispánicos la cultura azteca que desarrolló una forma de manejo única, a través del desarrollo del agro sistema de chinampas, que prevalece en la actualidad, cuyos principios permitieron elevar la productividad y manejar de forma eficiente los recursos agua y suelo.

La presión urbana que reciben los humedales del ``Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco'', han propiciado un manejo inadecuado sobre el recurso agua, afectando de forma negativa el flujo natural al humedal. Asimismo, se observan otros problemas de índole ambiental, social y económico. La respuesta para la protección y conservación de este ecosistema ha estado a cargo del gobierno local, donde la disponibilidad de recursos ha arrojado la elaboración de un programa de manejo (próxima publicación), donde se definen las líneas estratégicas para la conservación y desarrollo de estos humedales.

Sin embargo, el contar con un programa de manejo no garantiza per se la protección del ecosistema, ya que se requieren los recursos financieros suficientes para implementar los diferentes subprogramas que se contemplan, así como las acciones y obras contempladas en dicho programa.

De esta forma, es importante realizar las gestiones necesarias para obtener recursos financieros que garanticen la conservación de este ecosistema y mantener así los servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México.

Una de las características en el funcionamiento de la Convención RAMSAR es apoyar a las naciones que estén adheridas a través de la orientación técnica para el manejo y la asistencia financiera para ejecutar proyectos de conservación o en su caso la facilitación de sinergias para establecer redes de cooperación internacional con otras instancias dedicadas a la conservación.

Una de las recomendaciones en las dinámicas de la Convención es que el vínculo para cualquier asunto relacionado con los humedales adscritos se realice a través de la autoridad administrativa designada, en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales.

Por lo anterior expuesto, propongo a ésta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) a fin de establecer una esquema de financiamiento dirigido a la ejecución de los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal ``Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco'' en el Distrito Federal, México.

Segundo.- Que la Semarnat establezca el vínculo necesario con el Gobierno del Distrito Federal para que de forma coordinada se establezca el esquema de cooperación con las entidades internacionales y las formas de ejecución y monitoreo de programas y obras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.--- Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Nancy Cárdenas. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

---

PROCESOS ELECTORALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en lo concerniente a los asuntos electorales de estos estados.El diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago: Con el permiso de la Presidencia; compañeros y compañeras diputados: debemos notar que para toda sociedad es desgastante tener procesos electorales de forma continua, los cuales inician campañas de promoción política que mantienen constantemente a los ciudadanos en contiendas que hoy día no sólo ofrecen las propuestas manifestadas en las plataformas políticas de los partidos, sino que también se han enfrascado en una lucha permanente, originando campañas de descalificación y confrontación y que en ocasiones han llegado a un punto tan burdo por parte de los partidos y sus candidatos.

Tales acciones provocan que el ciudadano se envuelva en una esfera de insatisfacción por el desempeño político de las autoridades, así como decepción de los partidos políticos y desinterés por acudir a los centros de votación para ejercer su derecho al voto y así participar en la renovación de sus autoridades federales y locales.

Esa situación se ve reflejada en los últimos tres años, pues la participación ciudadana muestra que en el año 2000 se registró una votación de aproximadamente 37 millones de electores, equivalente a 63.97 por ciento de la población, con una abstención consecuente de más o menos 21 millones de electores. En el año 2003 acudió a las casillas 41.68 por ciento de los votantes que podían acudir y dejó de acudir 58.32 por ciento.

Lo mismo puede notarse, por ejemplo, en el estado de México, que en 2003 eligió a diputados locales y ayuntamientos con una elección diferida con la federal. Sólo basta relacionar los datos anteriores con el gran desgaste sufrido por la población mexicana, al pasar de un proceso electoral a otro.

Tal es el caso del mismo estado, que ha tenido elecciones en periodos muy cortos en los últimos ocho años, correspondientes a la elección local de 1996, la elección de gobernador de 1999, las elecciones federal y local del año 2000, las locales y federales de 2003, que no se celebran de forma simultánea sino que en marzo se eligen ayuntamientos y diputados locales y en julio los diputados federales, además de encontrarse nuevos procesos electorales, como son el que se llevará a cabo en julio de 2005, para renovar gobernador de la entidad, e inmediatamente al año siguiente, es decir, en marzo de 2006, la elección de ayuntamientos y diputados locales, y en julio del mismo año, la elección de Presidente de la República, senadores y diputados federales.

Esto, sin lugar a dudas, ha desgastado en proporciones inmensas a la población de la entidad, encaminándola a la baja participación de los procesos electorales venideros. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es de vital importancia la legitimidad de los funcionarios electos, que se alcanza con la emisión del voto ciudadano y que no se cumple, dado que menos de la mitad de la población es la que decide quiénes han de ser sus representantes.

Por tanto, es necesario orientar a la ciudadanía a la participación en los procesos electorales y, en particular, en este punto de acuerdo, nos centramos en la discusión que hoy se da en el estado de México en la Cámara local para poder empatar una vez más, como se tenía en el pasado, en la elección de 2000, la elección de presidentes municipales, de diputados locales con la elección federal para poder facilitar el voto de nuestros ciudadanos.

Punto de acuerdo. Unico. Que esta honorable soberanía exhorte a las Legislaturas de los estados y en particular, por lo ya mencionado, a la LV Legislatura del estado de México para que realice las reformas necesarias con el fin de llevar a cabo las elecciones locales de forma concurrente con las federales.

Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en los asuntos electorales de sus estados, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del PAN

EL suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debemos entender que una elección es el proceso de selección formal conforme a determinadas reglas, de una o varias personas para el desempeño de un cargo, (o la aceptación o rechazo de una propuesta política) mediante votos que expresan las preferencias de quienes los emiten y los cuales están calificados para votar. El vocablo elección proviene del latín election, que es la acción de escoger.

Las elecciones constituyen la forma de participación política más accesible, importante, generalizada y a veces única para la mayoría de los ciudadanos en las democracias. Una elección es la forma más pura en la que la sociedad mexicana puede hacer valer su facultad soberana de elegir a sus gobernantes expresada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha facultad se ejerce a través de un proceso electoral, mismo que tiene por objeto la renovación de los poderes en sus diferentes niveles de gobierno, federal, local y municipal, siendo éstos el titular del Ejecutivo, los miembros del Legislativo y los integrantes de los ayuntamientos.

Por medio de campañas electorales los aspirantes a ocupar un cargo de gobierno deberán ser postulados por los partidos políticos e iniciar la difusión de sus mensajes y propuestas políticas para el desempeño del mandato popular en caso de ser elegidos por medio del voto directo.

En un proceso electoral uno de los principales objetivos es el incitar a la sociedad a la participación político electoral de elegir a sus gobernantes; dicha actividad es promovida por los institutos electorales relativos al tipo de elección (IFE e institutos electorales de los estados), en la cual a través de sus campañas electorales se difunden sus plataformas de gobierno y legislativas; la ciudadanía puede conocer estas propuestas a través de campañas publicitarias que se manifiestan en anuncios en TV, radio, periódicos, la pinta de bardas, etcétera.

Lo anterior nos muestra que la participación ciudadana es el factor medular para que una elección faculte a un autoridad de legitimidad y en especial de gobernabilidad, situación que se ve frustrada ante una baja asistencia de los ciudadanos a participar en los procesos electorales, desmotivados por diversas razones; una en particular es la que atañe a este punto de acuerdo: el periodo existente entre las elecciones locales y las federales, es decir, el tiempo que la sociedad deja de tener un proceso electoral y todo lo que publicitariamente corresponde.

Debemos notar que para toda sociedad es desgastante tener procesos electorales de forma continua, los cuales inician campañas de promoción política. Que mantienen constantemente a los ciudadanos con contiendas que hoy en día no sólo ofrecen las propuestas manifestadas en las plataformas políticas de los partidos, sino que también se han enfrascado en una lucha permanente originando campañas de descalificación, confrontación y que en ocasiones han llegado a un punto burdo por parte de los partidos y sus candidatos. Tales acciones provocan que el ciudadano se envuelva en una esfera de insatisfacción por el desempeño político de las autoridades, así como decepción de los partidos políticos y desinterés por acudir a los centros de votación a ejercer su derecho al voto y así participar en la renovación de sus autoridades federales y locales.

Dicha situación se ve reflejada en los últimos tres años, pues la participación ciudadana muestra que en el año 2000 se registró una votación de 37,601,618 electores equivalente al 63.97% de la población en condiciones para votar y una abstención de 21,181,119 personas que no acudieron a ejercitar su voto equivalente al 36.03% de la población votante; en el año 2003 acudieron a las casillas 26,968,371 electores siendo un equivalente al 41.68% de los votantes que podían acudir registrándose un abstencionismo de 37,742,225 electores, equivalente al 58.32% de los que no ejercieron su derecho al voto; lo mismo puede notarse en el estado de México que en el mismo año 2003 sólo que en marzo en la elección de diputados locales y ayuntamientos se tiene registrado que solo salió a votar el 46.56% de los mexiquenses que tenían el derecho y el 53.44% se abstuvieron.

Los resultados muestran una gran baja en el interés ciudadano en participar en los procesos electorales situación alarmante para nuestra legislatura y las entidades federativas.

Sólo basta con relacionar los datos anteriores con el gran desgaste sufrido por la población mexicana, al pasar de un proceso electoral a otro. Tal es el caso del estado de México que ha tenido elecciones en periodos muy cortos en los últimos ocho años, correspondientes a la elección local de 1996, la elección de gobernador de 1999, las elecciones federal y local del año 2000 y las locales y federales del año 2003 que no se celebraron de forma simultánea sino que en marzo se eligieron ayuntamientos y diputados locales y en julio a los diputados federales; además de encontrarse en nuevos procesos electorales como lo son el que se llevará a cabo en julio del año 2005 para renovar al gobernador de la entidad e inmediatamente al año siguiente, es decir en marzo del año 2006 la elección de ayuntamientos y diputados locales, y en julio del mismo año la elección de Presidente de la República, senadores y diputados federales. Esto sin lugar a dudas ha desgastado en proporciones inmensas a la población de la entidad, encaminándola a la baja participación en los procesos electorales venideros.

Sin embargo, la anterior situación no es exclusiva del estado de México ya que amén de las elecciones de este año con el siguiente se presentarán las siguientes elecciones locales que se sumarán al desgaste previsto para la elección federal del año 2006. Estamos hablando de las elecciones locales de Yucatán celebrada en mayo de 2004; Chihuahua, Durango y Zacatecas en julio de 2004; Baja California, Aguascalientes y Oaxaca (gobernador y diputados locales) en agosto de 2004; Veracruz, septiembre de 2004; nuevamente Oaxaca (ayuntamientos) y Chiapas en octubre de 2004; Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala noviembre de 2004; Baja California Sur, Guerrero (gobernador), Hidalgo (gobernador y diputados locales) y Quintana Roo febrero de 2005; Nayarit julio de 2005; Coahuila septiembre de 2005; de nueva ocasión Guerrero (ayuntamientos y diputados locales) octubre de 2005 e Hidalgo (ayuntamientos) nuevamente en noviembre de 2005.

Los datos descritos con anterioridad nos muestran el enorme desgaste sufrido por la ciudadanía al presentársele tantos procesos electorales de forma continúa y que da lugar al abstencionismo electoral, situación que debe de ser abordada y corregida en los estados para así lograr una mayor participación ciudadana.

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es de vital importancia la legitimidad de los funcionarios electos, que se alcanza con la encomienda otorgada por el pueblo mexicano al emitir su voto y que no es demostrada así dado que menos de la mitad de la población es la que decide quienes han de ser sus representantes; por lo tanto es necesario orientar la participación en los procesos electorales sin el desgaste al electorado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable soberanía exhorte a las legislaturas de los estados y en particular a la LV legislatura del estado de México para que realicen las reformas necesarias, con el fin de realizar las elecciones locales de forma concurrente con las federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Dip. Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

---

AUTOPISTAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adecuar la norma oficial mexicana que se refiere a la construcción de carreteras federales y autopistas.La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas: hoy día es común encontrar en la red carretera del país un sinnúmero de problemas, principalmente el grave deterioro físico que refleja desconocimiento o desatención por parte de las autoridades encargadas de su buen estado.

Los expertos en el tema manifiestan que los caminos construidos a principios del siglo pasado y muchos de los caminos construidos en la actualidad, tal es el caso de carreteras federales y autopistas, se han visto rebasados, ya que el diseño del pavimento fue proyectado para cargas 5 veces menores y tránsitos de 15 a 20 veces inferiores a los recibidos. Actualmente, hay que sumar a esto las condiciones de calidad de los materiales con que se construyeron los caminos, que resultan de menor calidad que la requerida en carreteras con pavimentos de altas especificaciones.

En los países desarrollados se ha empleado gran cantidad de recursos económicos a fin de progresar en la investigación para construir pavimentos de gran resistencia y de alta especificación, tal es el caso de Francia, Alemania, Italia, España y --recientemente-- Estados Unidos de América. Esas naciones hoy día hacen uso de los avances en la investigación y la tecnología para lograr un servicio adecuado y seguro para los usuarios de las autopistas.

México, a través del Instituto Mexicano del Transporte, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debe lograr que la investigación y el conocimiento contribuyan a que su red carretera se construya con base en un nuevo diseño de pavimento que garantice mejor resistencia a las sobrecargas y les permita una mayor vida útil.

Se deberá buscar un mejor comportamiento de los mismos a la transmisión de carga del transporte pesado, evitando así el daño estructural de sus caminos. Para ello se requiere el uso de mezclas asfálticas; también de la adición de aditivos modificadores del cemento asfáltico y la inclusión de fibras en el material pétreo, que brindarán alta resistencia a los pavimentos. Por lo anteriormente expuesto y con base en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente punto de acuerdo.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, para que actualice la norma referente a las especificaciones con que se deben construir las autopistas y dar mantenimiento adecuado a las existentes para con ello evitar el uso del presupuesto de forma errónea.

Asimismo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, a fin de que dicha nueva normatividad sea aplicada también a los concesionarios de las autopistas de cuota.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT adecuar la norma oficial mexicana referida a la construcción de carreteras federales y autopistas, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes

Consideraciones

1.- Hoy en día es común encontrar en la red carretera del país, un sinnúmero de problemas, principalmente grave deterioro físico. Que refleja desconocimiento o desatención por parte de las autoridades encargadas de su buen estado.

2.- Los expertos en el tema manifiestan que: Los caminos construidos a principios del siglo pasado y muchos de los caminos construidos en la actualidad, tal es el caso de carreteras federales y autopistas, se han visto rebasadas, ya que el diseño del pavimento fue proyectado para cargas 5 veces menores y tránsitos de 15 a 20 veces inferiores a los recibidos, actualmente hay que sumar a esto las condiciones de calidad de los materiales con que se construyeron los caminos, que resultan de menor calidad a la requerida en carreteras con pavimentos de altas especificaciones.

3.- En los países desarrollados se han empleado gran cantidad de recursos económicos, a fin de progresar en torno a la investigación para construir pavimentos de gran resistencia y de alta especificación. Tal es el caso Francia, Alemania, Italia, España y recientemente Estados Unidos de Norte América.

4.- Estas naciones hoy en día hacen uso de los avances en la investigación y la tecnología para lograr un servicio adecuado y seguro, para los usuarios de las autopistas.

5.- México, a través del Instituto Mexicano del Transporte, dependiente de la SCT, debe lograr que la investigación y el conocimiento contribuyan a que su red carretera se construya en base a un nuevo diseño de pavimento que garantice mejor resistencia a las sobrecargas y les permita una mayor vida útil. Se deberá buscar un mejor comportamiento de los mismos a la transmisión de carga del transporte pesado, evitando así el daño estructural a sus caminos. Para ello se requiere el uso de mezclas asfálticas de granulometrías discontinuas. También de la adición de aditivos, modificadores del cemento asfáltico y la inclusión de fibras minerales en el material pétreo, que brindarán alta resistencia a los pavimentos.

Por lo anteriormente expuesto y en base a las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber para que actualice la norma referente a las especificaciones con las que se deben construir las autopistas y dar mantenimiento adecuado a las existentes, para con ello evitar el uso de presupuesto de forma errónea.

Segundo.- Asimismo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, a fin de que dicha nueva normatividad sea aplicada también a los concesionarios de las autopistas de cuota.

Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2005.--- Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transportes.

---

CAJAS DE AHORRO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Francisco Monárrez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al auditor de la entidad de fiscalización superior de la Federación a efecto de llevar a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de muy diversos grupos parlamentarios.El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ponemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar que la entidad de la fiscalización superior de la Federación lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, con los siguientes considerandos:

Primero. El 13 de julio del año 2001 se constituyó el fideicomiso denominado ``Cajas de Ahorro'', con objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado o que se instauren por los ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores.

Segundo. En el año 2002 se crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores, con el propósito de fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo.

Tercero. En el año 2004 se adicionan y se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores; es decir, el Fideicomiso Pago, mismo que señala en su artículo primero transitorio que debe garantizar la continuidad de la operación y, por supuesto, también debe promover, conforme a las disposiciones, con recursos del Gobierno Federal de la Secretaría de Hacienda el pago de todos los fideicomisos de cajas de ahorro.

Cuarto. Que todos los productos y los bienes asegurados de procesos judiciales y administrativos se otorgarán a dicho Fideicomiso para resarcir o reponer el monto aportado a tal Fideicomiso.

Quinto. Durante 2004 comparecen el director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el director de Nacional Financiera ante la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y se les pide una serie de información, como porcentajes y montos de participaciones, quién o quiénes representan o representaron el fideicomitente, también qué juicios se tienen, procesos judiciales y administrativos, y cuáles fueron los que se instauraron y cuáles faltan por instaurarse. Obviamente, se les entregan dos oficios para solicitarles toda esta información. Asimismo, se les solicita la información de qué ahorradores quedan pendientes de hacer las liquidaciones por parte de este Fideicomiso y obviamente con base en que todos estos recursos que se destinaron a estos fideicomisos de cajas de ahorro y a este Fideicomiso Pago fueron recursos del Gobierno Federal. Se solicita que todos los recursos empleados para liquidar a los defraudadores de las cajas de ahorro de las 25 entidades federativas que participaron deben ser considerados como sujetos a revisión y auditoría, por lo que proponemos este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.

Primero. Que se exhorte respetuosamente al órgano superior de la Federación para que efectúe una auditoría a todos estos recursos ejercidos por el fideicomiso Cajas de Ahorro y Préstamo.

Y segundo. Que se proporcione toda la información que se ha solicitado a este Fideicomiso y cajas de ahorro a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al auditor superior de la Federación a auditar el Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que la entidad de fiscalización superior de la Federación lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.- El trece de julio del año dos mil se constituyó el fideicomiso privado denominado Cajas de Ahorro (Ficah) actuando como la fiduciaria Nacional Financiera, SNC (Banca de Desarrollo), con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de posibles ilícitos cometidos en perjuicio de ahorradores de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en veinticinco entidades federativas.

Segundo.- Con fecha veintinueve de diciembre del dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), la que tiene por objeto fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo, así como de apoyar a los ahorradores de las sociedades de las cuales ya se hayan comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable, que consisten en la evaluación de los estados financieros de una sociedad de ahorro y préstamo cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo.

Tercero.- El día veintiocho de enero del año dos mil cuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), mismo que señala en su artículo segundo transitorio lo siguiente:

``Se reconoce la labor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que ha destinado recursos desde el año 2000 para apoyar los gastos operativos del Fideicomiso Cajas de Ahorro, constituido el 13 de julio del año 2000 en Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas cajas populares de ahorro a que se refiere el contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, para proceder a su venta con el fin de que con dichos recursos se resarza a los ahorradores mencionados.

En ese tenor, con el objeto de que se continúe con la labor del fideicomiso Cajas de Ahorro y se cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, así como para el cumplimiento de su objeto y su operación, el Fideicomiso, con cargo a su patrimonio, realizará las aportaciones de recursos necesarias hasta por un monto de 16 millones de pesos durante el año 2004.

Al respecto, la aportación al Fideicomiso Cajas de Ahorro de recursos señalados en el párrafo anterior por parte del Fideicomiso se realizará sin responsabilidad u obligaciones adicionados para éste y sin necesidad de que su Comité Técnico deba valorar o determinar ex ante sobre su procedencia.

Para garantizar la continuidad de la operación del Fideicomiso Cajas de Ahorro:

I. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá, conforme a sus disponibilidades, los recursos para que se continúe con los fines de Fideicomiso Cajas de Ahorro: a) En el caso de los fines del Fideicomiso Cajas de Ahorro no se hubieren alcanzado en su totalidad con los recursos antes señalados.

b) En el supuesto de que, después de los diversos procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que es instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, los bienes asegurados o decomisados puedan integrarse al patrimonio del Fideicomiso Cajas de Ahorro.

II.- El producto de los bienes asegurados, decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos que es han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas cajas populares de ahorro a que se refiera el contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro se destinará al propio Fideicomiso Cajas de Ahorro y, en caso, de existir excedentes, a resarcir el monto aportado por el Fideicomiso.

El Fideicomiso y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes otorgarán al Fideicomiso Cajas de Ahorro apoyo y asesoría gratuita, con los medios y recursos a su alcance, a efecto de que este último esté en posibilidad de cumplir con su objeto''.

Cuarto.- El quince de octubre del dos mil cuatro, comparecieron en las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social representantes de ahorradores de diversos Estados de la República, como fideicomisarios del Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), quienes señalaron que con fecha nueve de agosto del año próximo pasado suscribieron dos documentos dirigidos al licenciado Jonathan Davis Arzac, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al licenciado Mario Loborín Gómez, director general de Nacional Financiera, SNC, a quienes se les solicitó información relativa al objeto de la creación del Ficah, porcentajes y montos de participación, forma de extinción, el estado actual que prevalece, quién o quiénes representan y representaron al fideicomitente y las fechas de su gestión y señalar cuántos bienes se han recuperado a la fecha con los procesos judiciales y administrativos que se instauraron y cuáles faltan por instaurar.

Asimismo, informaron dichos representantes que mediante oficio número 068/2004 de fecha treinta y uno de agosto del dos mil cuatro, el licenciado Gilberto Zárate Tristaín, director general del Fideicomiso Cajas de Ahorro, les informó entre otras cosas que dicho fideicomiso tiene la finalidad de liquidar a los ahorradores que queden pendientes una vez que concluya el Fideicomiso Pago las tareas que tiene encomendadas.

Consideraciones

Único.- Se desprende del artículo segundo transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha destinado recursos de la federación desde el año dos mil al Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado, es decir, la Federación destinó recursos a un ``fideicomiso privado'' para la recuperación de bienes y poder así llevar a cabo el pago a los ahorradores defraudados en veinticinco entidades federativas.

De igual forma, se desprende que el Fideicomiso Pago debió aportar en el año próximo pasado dieciséis millones de pesos al Ficah para que continúe con su labor y cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes que se hayan asegurado, decomisado o abandonado, relativos a los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado o se vayan a instaurar.

Asimismo, se deduce de las reformas en cuestión que el Fideicomiso Pago hará las aportaciones por un monto de dieciséis millones de pesos sin necesidad de que su Comité Técnico, integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y 2 representantes de la Comisión Consultiva, quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados, deban valorar o determinar cuál será la procedencia que determine el Ficah de los recursos que se le aportaron.

Cabe precisar que el Fideicomiso Pago y el Ficah no han tenido ni tienen una relación jurídica, en virtud de que ambos fideicomisos son independientes entre sí, derivan de actos constitutivos diferentes y sus finos contemplados en tales actos de constitución son completamente distintos.

Además, por información de los fideicomisarios (ahorradores defraudados) de siete entidades federativas, el Ficah no ha dado cumplimiento al objeto principal de su creación, siendo el pago de los ahorros de las personas defraudadas.

Sin embargo, mediante oficio número D.G. 068/2004, de fecha 31 de agosto del año próximo pasado, suscrito por el licenciado Gilberto Zárate Tristaín, director general del Ficah, informó a algunos fideicomisarios que se dirijan con los representantes de los gobiernos estatales, que en este caso son los secretarios o subsecretarios de Gobierno en sus respectivas entidades federativas, quienes mantienen contacto con el Ficah para que se les informe sobre los avances en las tareas del instrumento fiduciario, que tiene la finalidad de liquidar a los ahorradores que queden pendientes de pago una vez que concluya el Fideicomiso Pago.

Ahora bien, la honorable Cámara de Diputados considera imprescindible que, a efecto de transparentar las actividades del Ficah y apoyar al cumplimiento de su objeto social, la entidad de fiscalización superior de la Federación fiscalice los recursos federales que ejerció el Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), desde el año dos mil, así como los dieciséis millones de pesos que el Fideicomiso Pago le aportó en el año dos mil cuatro, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, se considera indispensable que la Auditoría Superior de la Federación requiera información amplia al Ficah sobre el manejo, aplicación y custodia de los recursos públicos federales que le fueron asignados, en virtud que desde el año dos mil en que se constituyó y hasta la fecha no ha dado cumplimiento a su objeto, es decir, que no ha recuperado la totalidad de los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos de las veinticinco cooperativas cajas populares de ahorro, para proceder a su venta con el fin de resarcir los daños ocasionados a los ahorradores, ya que éstos no han recibido pago alguno de sus ahorros; asimismo, dicha acción no deberá de exceder de un plazo de setenta y cinco días contados a partir de la recepción del requerimiento que realice la autoridad competente y en consecuencia el Ficah rinda su informe del resultado de sus actuaciones sin que tenga el carácter de reservado, de conformidad con lo estipulado por los artículos 36 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente o de obvia resolución:

Único: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación a efecto de que realice lo siguiente:

a) Auditar los recursos federales que ejerció el Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), desde el año dos mil, asimismo los dieciséis millones de pesos que el Fideicomiso Pago le aportó con cargo a su patrimonio en el año dos mil cuatro, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Requerir información amplía al Fideicomiso Cajas de Ahorro respecto el manejo, aplicación y custodia de los recursos señalados en el párrafo anterior, para efecto de que en un plazo de setenta y cinco días informe el resultado de sus actuaciones sin que tenga el carácter de reservado a la Auditoría Superior de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González, secretario; Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretario; Huberto Aldaz Hernández, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del Río, César Amín González Orantes (rúbrica), José Julio González Garza, Valentín González Bautista (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco, Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera el asunto suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, la proposición; comuníquese.

---

PERIODICO LA PRENSA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz el señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar proposición con punto de acuerdo en relación con el apoyo a trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de muy diversos grupos parlamentarios.El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta honorable Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Pleno de la honorable Cámara de Diputados estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha social y a la consolidación que tuvo desde que se constituyó, en 1935, la Editora de Periódicos Sociedad Cooperativa Limitada, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa social de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal y, más aún, de enfrentar vía judicial a los seudocooperativistas que formaron parte de un supuesto consejo se administración que determinó disolver, liquidar y vender los activos y pasivos de dicha empresa.

Asimismo, se consideró indispensable solidarizarse con los trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', por cuanto hace al procedimiento radicado ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sin ánimo de invadir la esfera de competencia que conceden nuestra Constitución y su Ley Orgánica, ya que si la autoridad judicial revisora modifica o revoca la sentencia dictada por el juez que conoció del asunto, existiría la posibilidad de poner en riesgo el trabajo de cientos de personas que por décadas dignificaron la empresa social como una alternativa en nuestro país de superación y honradez, además de ser un polo de desarrollo regional que se vería gravemente afectada.

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados determina procedente emitir la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución

Único. La honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se solidariza con los trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', quienes ganaron en primera instancia una litis para recuperar el control administrativo y los inmuebles de dicha empresa social y apela a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en segunda instancia emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos, a la equidad y a la justicia social.

Diputado Presidente: el texto íntegro del punto de acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de febrero del año en curso. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, sobre el apoyo para trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, SCL, conocida como ``Cooperativa del Periódico La Prensa'', respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pone a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para efecto de expresar la solidaridad más amplía de esta soberanía con los trabajadores cooperativistas de ``Editora de Periódicos, SCL'', conocida como cooperativa del periódico ``La Prensa'', de conformidad con lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los siguientes:

Antecedentes

Primero.- Con fecha diez de julio de mil novecientos treinta y cinco, se constituyó como empresa social ``Editora de Periódicos, SCL'', conocida corno cooperativa del periódico ``La Prensa'', con aproximadamente cuatrocientos trabajadores cooperativistas, que con el transcurso del tiempo y con la consolidación de dicha cooperativa, llegaron a ser aproximadamente seiscientos trabajadores.

Sin embargo, entre los años de mil novecientos noventa y uno y mil novecientos y dos, de manera unilateral o ilegal, se formó el Consejo de Administración, el cual determinó liquidar a más de cien trabajadores cooperativistas, sin el consenso de la totalidad de los socios y peor aún, en el año de mil novecientos noventa y tres, determinó disolver y liquidar los activos y pasivos de dicha empresa para ponerla a la venta de dos sociedades anónimas; transgrediendo las disposiciones establecidas en los estatutos o bases constitutivas de dicha empresa social y sin que se hubiera dado cumplimiento a las formalidades esenciales de procedibilidad, ni a la normatividad aplicable al caso.

Segundo.- El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, los socios cooperativistas inconformes con los hechos descritos en el antecedente anterior, presentaron una demanda de carácter mercantil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de la que conoció el licenciado Alejandro Rivera Rodríguez, juez décimo quinto de lo Civil, quien lo radicó bajo el número de expediente 460/98.

Tercero.- Con fecha veintitrés de noviembre del dos mil cuatro, el juez décimo quinto de lo Civil, dictó sentencia a favor de los trabajadores cooperativistas, quien determinó apegado a derecho y con base a la justicia y equidad, por lo que declaró la nulidad absoluta e invalidez de diversos documentos que aprobó el supuesto Consejo de Administración.

De igual forma, el juez del conocimiento revocó la disolución y el nombramientos de los liquidadores de ``Editora de Periódicos, SCL'', asimismo declaró nulas e inválidas las ventas de la empresa social e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y declaró la existencia y subsistencia de dicha negociación cooperativa, entre otras.

Cuarto.- Los codemandados en el juicio natural interpusieron recurso de apelación, de la que conoce actualmente la Sexta Sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma que se encuentra pendiente de dictar su sentencia en segunda instancia.

Consideraciones

Primero.- Antes de entrar al análisis del presente asunto, se considera necesario destacar los trabajos realizados por la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de La Plata, Argentina, en los cuales se señala que la crisis económica que azotó en diversas regiones del continente americano, provocó un incremento inusitado de la pobreza, golpeando fundamentalmente a los sectores asalariados que asistían a la progresiva pérdida de sus fuentes de trabajo.

Motivo por el cual, diversos sectores de trabajadores llevaron adelante una serie de iniciativas para hacer frente al desempleo a través de la recuperación de las empresas siendo su objetivo reconvertirlas productivamente hasta lograr potenciar su viabilidad, crecimiento y autonomía en forma de cooperativas de producción y servicios.

Segundo.- El Pleno de la honorable Cámara de Diputados estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha social y a la consolidación que tuvo desde que se constituyó en el año de mil novecientos treinta y cinco la ``Editora de Periódicos, SCL'', conocida como cooperativa del periódico ``La Prensa'', en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa social de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal y más aún, de enfrentar vía judicial a los seudo cooperativistas que formaron parte de un supuesto consejo de administración que determinó disolver, liquidar y vender los activos y pasivos de dicha empresa.

Asimismo, la honorable Cámara de Diputados considera indispensable solidarizarse con los trabajadores cooperativistas de ``Editora de Periódicos, SCL'', conocida como cooperativa del periódico ``La Prensa'', por cuanto hace al procedimiento radicado ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin ánimo de invadir la esfera de competencia que le concede nuestra Constitución General de la República y su ley orgánica, ya que si la autoridad judicial revisora modifica o revoca la sentencia dictada por el juez que conoció del asunto, existiría la posibilidad de poner en riesgo el trabajo de cientos de personas que por décadas dignificaron la empresa social como una alternativa en nuestro país de superación y honradez, además, de ser un polo de desarrollo regional que se vería gravemente afectado.

Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados determina procedente emitir la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único.- La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura se solidariza con los trabajadores cooperativistas de ``Editora de Periódicos, SCL'', conocida como cooperativa del periódico ``La Prensa'', quienes ganaron en primera instancia una litis para recuperar el control administrativo y los inmuebles de dicha empresa social y apela a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en segunda instancia, emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos, a la equidad y la justicia social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil cinco.--- Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica), secretario; Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretario; Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del Río, César Amín González Orantes (rúbrica), José Julio González Garza, Valentín González Bautista (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, se considera suficientemente discutida. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese.

---

DIPUTADOS FEDERALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que un grupo de diputados y diputadas se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana.La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su permiso, señor Presidente: quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pronuncian el grupo parlamentario de Acción Nacional y compañeros de otros grupos parlamentarios por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, al tenor de las siguientes consideraciones:

Dentro de las percepciones de los diputados federales se incluye una partida para las actividades que realizamos de apoyo a la ciudadanía. Ésta se dedica ya sea a gestoría social, establecimiento de oficinas de enlace ciudadano o cualquier otra necesidad ciudadana. Sin embargo, el manejo y la comprobación del uso de esta partida son enteramente discrecionales. ``El buen juez por la casa empieza''.

Así, como Poder Legislativo hemos venido promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos para el Poder Ejecutivo, por lo cual sería incongruente que como Legislativo no estemos sujetos a este mismo principio. Los recursos que ejerce tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo provienen de la contribución de las y los ciudadanos, por lo que resulta imperativo aplicar el principio de transparencia en el ejercicio de los mismos. No debe ser opcional sino obligatorio que el uso de la partida denominada ``Atención ciudadana'' se compruebe de una manera fehaciente ante el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, a fin de evitar la malversación de los mismos.

Es fundamental que se compruebe el destino de estos fondos, a fin de dar certeza a la ciudadanía de que éstos no se acumulan a los ingresos federales de los diputados. Es momento de reivindicar el quehacer legislativo. Mostremos la congruencia de esta LIX Legislatura con la situación económica, política y social que vive nuestro país.

La responsabilidad del político no sólo se mide por sus buenas intenciones, sino por sus acciones concretas, por los medios que emplea y por sus resultados. Por ello, el servidor público deberá dar cuenta tanto de la eficacia como de la calidad ética de su desempeño. Por lo expuesto y fundado, sometemos a esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que la comprobación del uso de los recursos para atención ciudadana que recibe cada diputado y cada diputada federal sea obligatoria, debiéndose hacer ésta bimensual y de no hacerlo resultaría en la suspensión de la entrega de dicha partida, hasta que no se satisfaga dicho requisito.

Segundo. Que la Junta de Coordinación sea quien determine la forma en que se hará esta comprobación ante la propia Cámara, en un periodo no mayor de 20 días, y nos presente la resolución tomada para que ésta se someta al Pleno.

Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que un grupo de diputadas y de diputados se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pronuncia el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, compañeras y compañeros de otros Grupos Parlamentarios, por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, al tenor de las siguientes

Consideraciones 1. Dentro de las percepciones de los diputados federales, se incluye una partida para las actividades que se realizamos de apoyo a la ciudadanía. Esta se dedica ya sea a gestoría social, establecimiento de oficinas de enlaces ciudadanos o cualquier otra necesidad ciudadana. Sin embargo, el manejo y la comprobación del uso de esta partida son enteramente discrecionales.

2. ``El buen juez por su casa empieza''. Si como Poder Legislativo hemos venido promoviendo la rendición de cuentas, la transparencia y el eficiente uso de los recursos públicos en el Poder Ejecutivo, sería incongruente que como Legislativo no estemos sujetos a este mismo principio. Los recursos que ejercen tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo provienen de la contribución de las y los ciudadanos; por lo que resulta imperativo aplicar el principio de transparencia en el ejercicio de éstos.

3. No debe ser opcional sino obligatorio que el uso de la partida denominada ``Atención Ciudadana'', se compruebe de una manera fehaciente ante el órgano de control interno de la Cámara de Diputados a fin de evitar la malversación de estos fondos. Es fundamental que se compruebe el destino de estos fondos a fin de darle certeza a la ciudadanía que estos no se acumulan a los ingresos personales de los diputados federales.

4. Es momento de reivindicar el quehacer legislativo. Mostremos la congruencia de esta LIX Legislatura con la situación económica, política y social que vive nuestro país.

5. ``La responsabilidad del político no sólo se mide por sus buenas intenciones sino por sus acciones concretas, por los medios que emplea y por sus resultados. Es por ello que el servidor público deberá dar cuenta tanto de la eficacia como de la calidad ética de su desempeño''.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la comprobación del uso de los recursos que para atención ciudadana que recibe cada diputada y diputado federal sea obligatoria, debiéndose hacerse esta bimensual y el no hacerlo resultaría en la suspensión de la entrega de dicha partida hasta que se satisfaga este requisito.

Segundo. Que la Junta de Coordinación sea quien determine la forma en que se hará esta comprobación ante la propia Cámara y que en un periodo no mayor a 20 días, nos presenten la resolución tomada para que ésta se someta al Pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Diputados: Tatiana Clouthier Carrillo, Blanca Gámez Gutiérrez, Gabriela Ruiz del Rincón, Armando Leyson Castro, Héctor Gutiérrez de la Garza, Blanca Judith Díaz Delgado, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Carla Rochín Nieto, Germán Martínez Cázares, Miguel Ángel Toscano Velasco, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Evangelina Pérez Zaragoza, Pedro Ávila Nevárez, Jesús Porfirio González Schmal (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

---

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una auditoría a la entidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, sobre el destino que le dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004.La diputada María Angélica Díaz del Campo: Con su permiso, señor Presidente: el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 establecía en su artículo 30 que las dependencias y las entidades del Ejecutivo federal estaban obligadas a cumplir medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de sus asignaciones presupuestales. Y a efecto de cumplir tal obligación, se estableció en el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructura Administrativa... a través de éste se programó la cancelación de plazas laborales en las dependencias y entidades de la administración pública.

En el caso particular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por el año 2004 se programó la cancelación de 5 mil 154 plazas, con un ahorro de 39.2 millones de pesos, cumpliendo a 100 por ciento.

Creemos que, para el caso de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la cancelación de plazas efectuadas el año pasado, 5 mil 154 plazas, pudo haber sido suficiente, por lo que nos interesa conocer las previsiones que está haciendo el organismo en esta materia. En tal virtud, someto a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una auditoría especial sobre el destino que se dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados en el ejercicio fiscal de 2004 por la cancelación de plazas.

Segundo. Se exhorta al titular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a fin de que haga pública la información referente a las medidas que tomará para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a que dicho organismo está obligado en el ejercicio presupuestal de 2005.

Se deberán incluir el número y tipo de plazas por ser canceladas, el ahorro financiero que ello representaría, y la afectación que tal medida tendría en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la entidad, así como el destino que se dará a tales ahorros.

Tercero. Asimismo, se exhorta al titular de la entidad a fin de que la eventual cancelación o transferencia de plazas laborales se lleve a cabo en cumplimiento del mandato contenido en el artículo trigésimo cuarto del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, de acuerdo con el cual si la asignación autorizada a las distintas dependencias y entidades fueran insuficientes para cubrir los servicios personales, aquéllos deberán ajustar sus gastos exclusivamente en los grupos jerárquicos de mandos medios a mandos superiores, es decir, jefaturas de departamento o secretarías de Estado.

Es cuanto. Señor Presidente: le solicito que se publique el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sobre el destino de los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004, a cargo de la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 establecía en su artículo 30 que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal estaban obligadas a cumplir con medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de sus asignaciones presupuestales, y a efecto de cumplir con tal obligación se estableció el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructuras Administrativas. A través de este, se programo la cancelación de las plazas laborales en las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Resultado de lo anterior y de acuerdo con cifras del Informe sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la deuda publica del cuarto trimestre de 2004, para ese año y por los conceptos señalados el gobierno federal programo un ahorro 4 mil millones de pesos; al cierre del 2004 el ahorro efectivo ascendió a 4 mil 201 millones de pesos por lo que se presento un cumplimiento del 91.3 por ciento del ahorro programado.

En el caso particular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para el año 2004 se programo la cancelación de 5,154 plazas laborales con un ahorro de 39.2 millones de pesos; y en efecto fueron canceladas esas 5,154 plazas por lo que el programa cumplido al cien por ciento. Sin embargo, el organismo aun debe informar el destino dado a estos recursos ahorrados.

Para el presente ejercicio, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en su artículo 28, ordena que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal ``deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas aprobados''.

Creemos que para el caso de caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos la cancelación de plazas efectuadas el año pasado --5.154 plazas- pudo haber sido suficiente, por lo que nos interesa conocer las previsiones que este haciendo el organismo en esta materia.

Sería preocupante que los costos, la capacidad operativa y la eficiencia del organismo se debilitaran. La actividad de este organismo es estratégica para la construcción, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura carretera del país; resulta fundamental para el funcionamiento y crecimiento de nuestra actividad económica; y tiene bajo su responsabilidad el manejo de recursos presupuestales y extrapresupuestales relacionados con las autopistas de cuota, a través de distintos fondos y fideicomisos, de manera que la eficiencia en su operación administrativa y financiera es de primordial interés para esta Cámara.

En tal virtud someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una auditoría especial sobre el destino que se dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados en el ejercicio fiscal 2004 por la cancelación de plazas laborales.

Segundo. Se exhorta al titular de las entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a fin de que haga publica la información referente a las medidas que tomara para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a que dicho organismo esta obligado en el ejercicio presupuestal 2005. Se deberá incluir el numero y tipo de plazas a ser canceladas, el ahorro financiero que ello representaría, la afectación que tal medida tendría el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, así como el destino que se dará a tales ahorros.

Tercero. Asimismo, se exhorta al titular de la entidad a fin de que en la eventual cancelación o transferencia que plazas laborales que se lleve a cabo, se de cumplimiento al mandato contenido en el artículo trigésimo cuarto del decreto de Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2005, de acuerdo con el cual, si las asignaciones autorizadas a las distintas dependencias y entidades fueran insuficientes para cubrir los servicios personales, aquellas deberán ajustar su gasto exclusivamente en los grupos jerárquicos de jefatura de departamento, subdirección de área, dirección de área, dirección general adjunta, dirección general y coordinación general, jefatura de unidad, titular de entidad, subsecretaría de estado y oficialía mayor y secretaría de Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 15 de febrero de 2005.--- Dip. María Angélica Díaz del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.... No hay mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

---

ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural.El diputado Sergio Vázquez García: Con el permiso de la Presidencia. En el campo mexicano viven millones de productores, que requieren apoyos importantes y eficientes, como capacitación, acceso a la tecnología y variedades mejoradas de cultivos básicos, que les permitan enfrentar en condiciones adecuadas los retos de la productividad que caracterizan el mercado internacional y, con ello, obtener niveles de ingresos suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa.

El Acuerdo Nacional para el Campo por la soberanía y seguridad alimentaria sin duda es una acción sin precedente en la historia de nuestro país. México tiene un compromiso con los productores rurales y nosotros, los legisladores, como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar un campo vigoroso y digno. En Acción Nacional estamos convencidos de que el campo requiere contar con recursos y apoyos adecuados para permitir su capitalización y la conversión productiva.

Por eso, diversas organizaciones hoy reciben recursos importantes para mejorar el campo mexicano, pero también estamos convencidos de que la aplicación de las auditorías a estas organizaciones y la difusión de sus resultados ante la sociedad representan un paso fundamental para mostrar, con toda objetividad, el grado de compromiso, responsabilidad y cumplimiento que cada uno de los actores del campo tiene con este sector.

Por sólo dar unos ejemplos: en el tema de vivienda rural, en 2003 se ejercieron 277 millones de pesos; en 2004, 506.7 millones y para 2005 habrá 886 millones de pesos. Es decir, de 2003 a la fecha habrán ejercido poco más de mil 590 millones de pesos; y de ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se han llevado 90 por ciento o su equivalente: mil 431 millones de pesos.

Es decir, de 2003 a la fecha esas organizaciones habrán ejercido poco más de mil 665 millones de pesos. De ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se llevaron más de 90 por ciento o su equivalente: un importe superior a mil 500 millones de pesos. Por ello creemos que no basta comprobar la ejecución de los recursos públicos con una factura; algunas veces se debe cerciorar, con los instrumentos de fiscalización, de que los recursos llegaron realmente a los beneficiarios que propusieron las organizaciones.

Dicha fiscalización deberá ser dirigida al cumplimiento estricto de las reglas de operación principalmente a lo relativo a la población objetivo, localidades elegibles, verificación física de los beneficiarios y comprobación y compulsa de los comprobantes fiscales.

Por eso proponemos este punto de acuerdo, señor Presidente, donde esta Cámara exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que se fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo dentro del Programa Especial Concurrente y se verifique físicamente la existencia de los beneficiarios con los domicilios proporcionados.

Segundo. Que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados conforme se vayan concluyendo los trabajos del resultado de las auditorías.

Tercero. Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice las dependencias federales que otorgan apoyos federales a organizaciones de productores del medio rural.

Señor Presidente: en virtud de ser muy importante este punto de acuerdo y de haber sido publicado en la Gaceta, le pido consulte a la Asamblea si este punto de acuerdo puede ser considerado de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como a solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que practique una revisión de los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del PAN

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente Punto de Acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2002 a las organizaciones de productores del medio rural con el propósito de mejorar las condiciones productivas y de bienestar del campo mexicano, bajo las siguientes:

Consideraciones

En el campo mexicano viven millones de productores que requieren de apoyos importantes y eficientes, tales como capacitación, acceso a tecnología, variedades mejoradas de cultivos básicos, entre otros; que les permitan enfrentar, en condiciones adecuadas, los retos de la productividad que caracterizan al mercado internacional y con ello, obtener niveles de ingreso suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa.

Como producto de la política de acercamiento y concertación para el campo que impulso el Presidente Vicente Fox Quesada, en donde se convocó al poder legislativo, a las organizaciones de productores, univer-sidades, investigadores, organismos campesinos, a un gran acuerdo nacional que elevara el nivel de vida e impulsara el desarrollo agropecuario que durante décadas estuvo estancado en el país; Con este fin, se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, estableciéndose en el mismo 282 compromisos cuyo encargo corresponde al poder Ejecutivo y algunos compromisos que las propias organizaciones del acuerdo nacional para el campo estaban obligados a cumplir, mismos que hasta este día no se han cumplido a cabalidad. El acuerdo Nacional para el campo no es solo responsabilidad del Gobierno, sino que es una corresponsabilidad de todos los que firmaron el acuerdo

El Acuerdo Nacional para el Campo, por la soberanía y seguridad alimentaría, sin duda, es una acción sin precedente en la historia de nuestro país, México tiene un compromiso con los productores rurales y Nosotros, los legisladores, como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos para alcanzar un campo vigoroso y digno.

En Acción Nacional estamos convencidos de que el campo requiere contar con recursos y apoyos adecuados para permitir su capitalización, la reconversión productiva, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la comercialización eficiente de sus productos, el acceso a mejores niveles de vida, entre otros.

En este sentido, fue que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional participó de manera activa y coordinada con los otros grupos representados en esta soberanía y con el Ejecutivo Federal durante la LVIII Legislatura para aprobar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, misma que tiene por objeto normar la participación que tienen los diferentes sujetos relacionados con el desarrollo rural nacional.

De esta manera, el sector agropecuario nacional cuenta con un ordenamiento jurídico en donde el Estado se obliga a ``crear los instrumentos de política que aseguren alternativas para las unidades de producción o las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo''.1

En este sentido, el Gobierno Federal se encuentra obligado a proporcionar a los productores nacionales, a través de sus organizaciones, una serie de apoyos que les permitan mejorar sus condiciones productivas y de bienestar.

Para ello, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 140 que el Gobierno Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales que convergen para el cumplimiento de la presente ley, elaborará un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, mediante la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) y en su caso, para las personas morales, con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Este padrón deberá actualizarse cada año y será necesario estar inscrito en él para la operación de los programas e instrumentos de fomento que establece esta ley.

De esta manera, resulta claro que las organizaciones de productores del medio rural realizan un papel fundamental para que los diversos apoyos que el Gobierno Federal está obligado a canalizar a través del Presupuesto de Egresos de la Federación lleguen a manos de los productores nacionales y se ejerzan de manera adecuada y oportuna.

De acuerdo con el artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los apoyos que se otorgan a los productores deben observar, entre otros, los siguientes criterios:

1. Transparencia; mediante la difusión de las reglas para su acceso y la publicación de los montos y tipo de apoyo por beneficiario y;

2. Responsabilidad de los productores y de las instituciones respecto a la utilización de los apoyos, conforme al destino de los mismos y a las reglas para su otorgamiento.

Estas características dejan claro la importancia de llevar a cabo una evaluación permanente sobre el uso eficiente de los recursos públicos para mejorar las condiciones del sector agropecuario nacional.

Si bien por un lado, se realiza una fiscalización a las dependencias de la administración pública federal responsables del desarrollo del campo mexicano, a través de la revisión que la Auditoria Superior de la Federación realiza a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, es preciso que también sean consideradas dentro de esta fiscalización a las organizaciones de productores del medio rural, dado que su participación resulta relevante para que los productores cuenten con los recursos públicos que provienen de los programas federales de apoyo al campo.

No obstante lo anterior, debe considerarse que estas organizaciones son consideradas por la Ley de Fiscalización Superior de la Federación como sujetos de fiscalización superior dado que cumplen con las condiciones establecidas en la fracción VI del artículo segundo de dicho ordenamiento. Por lo tanto, tienen una amplia responsabilidad en torno a la situación que prevalece en el sector agropecuario.

En Acción Nacional hemos sostenido en todo momento que la transparencia es un requisito fundamental para dar certidumbre a la sociedad del uso de los recursos públicos, provenientes en su mayoría de los ingresos tributarios y con ello generar confianza en las instituciones públicas.

De igual forma deben ser fiscalizadas y evaluadas las organizaciones que representan los intereses de una gran cantidad de productores del campo, ya que ello dará certeza a cada uno de sus miembros de que los recursos públicos son utilizados para beneficio de la colectividad sin desviaciones dirigidas a favorecer a grupos o personas en específico.

Estamos convencidos de que la aplicación de las auditorías a estas organizaciones y la difusión de sus resultados ante la sociedad, representa un paso fundamental para mostrar con toda objetividad el grado de compromiso, responsabilidad y cumplimiento que cada uno de los actores del campo tienen con este sector.

Por sólo dar algunos ejemplos en el tema de vivienda rural, en 2003 se ejercieron $277 millones de pesos, en 2004 $506.7 millones y para 2005 habrá $886 millones de pesos; es decir, de 2003 a la fecha habrán ejercido poco más de $1590 millones de pesos. De ellos las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el campo se llevaron el 90% o su equivalente a $1,431 millones de pesos.

Un ejemplo más sería el Programa Adultos Mayores, en 2003 se ejercieron 500 millones de pesos, en 2004 575 millones y en 2005 se ejercerán 590 millones; es decir de 2003 a la fecha estas organizaciones habrán ejercido poco mas de 1,665 millones de pesos, de ellos las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se llevaron mas del 90% o su equivalente a un importe superior a $1,500 millones de pesos.

Señores legisladores en solo 2 programas del Acuerdo Nacional para el Campo, las organizaciones Campesinas que dicen que el Campo no aguanta más se llevaron más de 3000 millones de pesos, eso nos da un claro ejemplo de la urgencia que reviste la aprobación del presente punto de acuerdo.

Por ello no basta con comprobar la ejecución de los recursos públicos, con una factura que algunas veces pudiese ser de dudosa procedencia; sino que además se debe cerciorar con los instrumentos de fiscalización, que los recursos llegaron realmente a los beneficiarios que propusieron las organizaciones.

Dicha fiscalización deberá ser dirigida al cumplimiento estricto de las reglas de operación principalmente a lo relativo a población objetivo, localidades elegibles, verificación física de los beneficiarios y comprobación y compulsa de los comprobantes fiscales entregados por las organizaciones campesinas

Quien se oponga a este punto de acuerdo esta negando uno de los trabajos sustantivos de la Cámara de Diputados, consistente en la fiscalización de los recursos públicos.

Debemos mandar un mensaje a la sociedad de que los diputados no solapan desvíos de recursos, en consecuencia los que se opongan, se delatan como cómplices y encubridores de la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la esta H. Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal, para que se fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el campo dentro del programa especial concurrente, y se verifique físicamente la existencia de los beneficiarios en los domicilios proporcionados, que se trate de población objetivo y de localidades elegibles para cada uno de los programas. Asimismo para que se solicite a la Auditoria Superior de la Federación fiscalice los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo a partir del año 2003 y se constate el estricto apego de las dependencias y organizaciones a las reglas de operación publicadas.

Segundo.- Que la Auditoría Superior de la Federación informe a esta H. Cámara de Diputados conforme se vallan concluyendo los trabajos del resultado de las auditorias firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo que ejercieron recursos públicos para operar recursos federales.

Tercero.- Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice a las dependencias federales que otorgan apoyos federales a las organizaciones de productores del medio rural, con el propósito de identificar el otorgamiento de apoyos a organizaciones que no se encuentren en el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, a fin de realizar las sanciones correspondientes y verificar se cumpla a cabalidad con las reglas de operación de cada programa y la entrega física a la población objetiva beneficiada.

Nota:

1 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 54.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Diputados: Sergio Vázquez García (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mire usted, señor diputado: el artículo 4o. del acuerdo expresamente refiere que cuando el asunto vaya a ser tramitado de urgente resolución, deberá señalarse expresamente, pues, para cumplir un principio de publicidad mínimo de conocimiento de los señores y señoras legisladores. Luego entonces, esta Presidencia lo turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Si, diputado De la Vega, con mucho gusto. Sonido en la curul del diputado De la Vega.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputado Presidente, ha sido práctica parlamentaria de esta Legislatura y de anteriores Legislaturas que cuando un diputado solicita que su turno sea cambiado a urgente resolución, la Asamblea es la que decide. Por ello, nosotros estaríamos solicitándole pudiera consultar, como se ha hecho en múltiples ocasiones, que esta Asamblea pudiera determinar si es de urgente o no lo es. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado, entonces no existía el acuerdo que usted mismo votó. Sin embargo, fíjese que esta Presidencia tiene potestades, según la ley, para obsequiar su cuestión.

Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera el asunto de urgente resolución, tomando en cuenta que es votación calificada. Si, diputado Castelo.

El diputado Javier Castelo Parada (desde la curul): Diputado Presidente, le solicitamos que la votación sea nominal, formal por cinco compañeros.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, ya son dos peticiones que obsequia esta Presidencia. Instruyo a la Secretaría la apertura del sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para ver si se logran las dos terceras partes necesarias, a efecto de que el asunto sea considerado de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 10 minutos.

(Votación)

Sonido a la curul de la diputada Yu Hernández.

La diputada Nora Elena Yu Hernández: En contra.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sonido a la curul de la diputada Díaz Salazar.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: En contra.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sonido en la curul de la diputada Adriana González Carrillo.

La diputada Adriana González Carrillo: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron 198 votos a favor, 200 en contra y 1 abstención. No hay mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

---

ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Inelvo Moreno Álvarez para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro Michoacán, al propio gobierno del estado de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrito por el propio diputado Moreno Álvarez y por los diputados Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.El diputado Inelvo Moreno Álvarez: Con su venia, diputado Presidente; compañeros y compañeras legisladores: el estado de Michoacán cuenta con recursos naturales de distinta índole que permiten a las autoridades de la entidad vislumbrar la posibilidad de conseguir un mejor futuro para todos los michoacanos y, por añadidura, para el país en su conjunto. Asimismo, nuestro gobierno estatal, coordinado con las autoridades federales, está empeñado en impulsar la construcción de la infraestructura productiva que permita concretar las potenciales existentes.

De tiempo atrás se planeó, licitó e inició la construcción de la llamada ``Autopista Siglo XXI'', a fin de unir la ciudad de Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, una obra que consta de 275 kilómetros de longitud y que acortará la distancia entre ambos puntos, que ahora es de 350 kilómetros hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y que a su vez reduciría de seis horas del tiempo de recorrido a sólo tres horas. Esta autopista tiene la clasificación A; es decir, dos carriles con una anchura de 12 metros y la especificación de una capa subyacente, subrasante una base hidráulica y una carpeta asfáltica, además de 120 estructuras para la construcción de puentes, pasos superiores y laterales, pero ha surgido un problema: su construcción se encuentra frenada temporalmente en un tramo de 240 metros por una demanda interpuesta por la empresa concesionaria Transportación Ferroviaria Mexicana por daño al derecho de vía y despojo contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, ya que la misma considera de riesgo la construcción de la obra.

Cabe destacar que los trabajos de construcción están avanzados y faltan únicamente tres kilómetros para concluir la obra, únicamente tres kilómetros, pero por efecto de la demanda no hay fecha de entrega hasta que el proceso legal sea solucionado. Al mismo tiempo, el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán se encuentra realizando los estudios técnicos que permitirían definir la alternativa de construcción para no continuar el corte del material en una longitud faltante de 120 metros y poder solucionar tal situación. Nos preocupa que esta obra tan importante en una forma nacional, regional y estatal pueda estar frenada por este tipo de acciones. Es deseable que las partes involucradas, junto con las autoridades federales y las estatales, lleguen a una solución a favor de cada una de ellas y, sobre todo, por el país. En tal virtud, sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a fin de que redoblen esfuerzos y avancen en las negociaciones y alcancen con la mayor brevedad un acuerdo que favorezca los intereses de las partes involucradas, con el propósito de que la autopista Siglo XXI sea terminada. Termino: y pido que este punto de acuerdo sea agregado íntegramente.

«Proposición conpunto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del estado de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrita por los diputados Inelvo Moreno Álvarez, Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El estado de Michoacán cuenta con recursos naturales de distinta índole que permiten a las autoridades de la entidad vislumbrar la posibilidad de conseguir un mejor futuro para todos los michoacanos y, por añadidura, para el país en su conjunto. Asimismo, nuestro gobierno estatal, coordinado con las autoridades federales, está empeñado en impulsar la construcción de la infraestructura productiva que permita concretar las potencialidades existentes.

De tiempo atrás, se planeó, licitó e inició la construcción de la llamada Autopista Siglo XXI, a fin de unir a la ciudad de Morelia con el Puerto de Lázaro Cárdenas, una obra que consta de 275 kilómetros de longitud que acortará la distancia entre ambos puntos, que ahora es de 350 kilómetros hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas, y que a su vez reduciría de 6 horas el tiempo de recorrido a sólo 3 horas.

Esta autopista tiene la clasificación A, es decir dos carriles con una anchura de 12 metros, y la especificación de una capa subyacente, subrasante, una base hidráulica y su carpeta asfáltica, además de 120 estructuras para la construcción de puentes, pasos superiores y laterales.

Pero ha surgido un problema. Su construcción se encuentra frenada temporalmente en un tramo de 240 metros por una demanda interpuesta por la empresa concesionaria Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), por daño al derecho de vía y despojo, en contra del Centro SCT de Michoacán, ya que la misma considera de riesgo la construcción de la obra.

Cabe destacar que los trabajos de construcción están avanzados y faltan únicamente 3 kilómetros para concluir la obra, pero por efecto de la demanda no hay fecha de entrega hasta que el proceso legal sea solucionado.

Al mismo tiempo, el Centro SCT de Michoacán se encuentra realizando los estudios técnicos que permitirían definir la alternativa de construcción, para no continuar con el corte del material en una longitud faltante de 120 metros y poder solucionar tal situación.

Nos preocupa que esta importante obra que sería un detonador para el desarrollo de la región del Puerto de Lázaro Cárdenas, de todo su trayecto hasta la capital del estado y aún más allá, se vea interrumpida, con los efectos colaterales que ello conlleva como son el incremento de los costos de construcción y el retardo en la obtención de los beneficios esperados.

Es deseable que las partes involucradas junto con las autoridades federales y estatales lleguen a una solución a favor de cada una de ellas y, sobre todo, del país.

En tal virtud sometemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a fin de que redoblen sus esfuerzos de negociación y alcancen, a la brevedad posible, un acuerdo que favorezca los intereses de las partes involucradas con el propósito de que la autopista Siglo XXI pueda ser concluida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.--- Diputados: Inelvo Moreno Álvarez, Isidoro Ruiz Argaiz, Carlos Hernán Silva Valdés (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto integro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates, y consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia la considera de urgente resolución, pero no tiene registrados oradores; luego entonces, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada; comuníquese.

---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad con fines políticos.El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado Presidente: a partir de que la Sección Instructora de esta Cámara notifica al jefe del Gobierno del Distrito Federal del inicio del proceso de desafuero en su contra, este sujeto no ha desaprovechado una oportunidad para litigar en los medios y con argumentos políticos un asunto estrictamente jurídico. El gobierno capitalino en su conjunto está más enfocado en su precampaña que a la atención de los problemas de la ciudad.

Por eso, el 15 de febrero cerca de 4 mil trabajadores del gobierno capitalino fueron reunidos en el teatro Metropólitan para desde ahí escuchar el mensaje político de López sobre el proceso de desafuero. Ahí estuvieron presentes desde secretarios de Gobierno hasta trabajadores sociales, en un acto en el que fue utilizada la infraestructura del gobierno capitalino.

Ese mismo día, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del DF, reconoce que se está usando la estructura gubernamental para evitar el desafuero. El 17 de febrero, varios medios de comunicación revelan que diversas áreas del gobierno capitalino y de las delegaciones perredistas exigieron a sus funcionarios aportar entre 10 y 30 por ciento de su salario mensual para pagar la ``pejecampaña''.

Además, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local elaboró un documento, denominado ``Propuestas de acciones ante el proceso de desafuero'', en el cual se establece que habrán de utilizar toda la estructura gubernamental, incluyendo el servicio Locatel, para persuadir a la población. Todo el aparato gubernamental para luchar políticamente a favor de una sola persona.

Esta campaña no ha sido legal ni ha sido pacífica: el 16 de febrero, un grupo de perredistas, al grito de ¡Obrador!, ¡Obrador!, insultó y golpeó a una diputada local del Partido Acción Nacional.

Lo que en realidad está haciendo Andrés López es desviar recursos para su precampaña, al tiempo que incita a la violencia con mensajes incendiarios dirigidos a las iracundas turbas bejaranistas que conforman las corrientes perredistas. Ellos están dispuestos a agredir físicamente a todo el que se atreva a disentir del jefe del Gobierno, del propietario y accionista mayoritario del PRD. Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea la proposición con punto de acuerdo.

Se exhorta al jefe del Gobierno a abstenerse de seguir utilizando recursos públicos para fines políticos. Se solicita al jefe del Gobierno dejar de distraerse en asuntos ajenos a su función y resuelva los problemas que apremian a los capitalinos.

La Cámara de Diputados hace políticamente responsable al jefe del Gobierno de cualquier acto de violencia que resulte de las virulentas declaraciones que este funcionario realiza en torno de la constante descalificación del juicio de procedencia que se sigue en su contra. Por su atención, gracias. Es cuanto, Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Luego de que el predio El Encino (en la delegación Cuajimalpa, Distrito Federal) fuera expropiado por el gobierno capitalino en noviembre del año dos mil, el catorce de marzo de dos mil uno, un tribunal federal consideró que el decreto de expropiación era inconstitucional, pues no se acreditaba la utilidad pública, y resolvió otorgar una suspensión definitiva a la empresa Promotora Internacional Santa Fe (propietaria original del predio) y ordenó al jefe de Gobierno de la ciudad abstenerse de continuar con las obras en el predio y regresar el terreno.

El veintiocho de agosto de dos mil uno, y como consecuencia de una inspección judicial, el juez federal Álvaro Tovilla León determinó que la suspensión definitiva había sido violada por el Gobierno del Distrito Federal, ya que las obras continuaron, por lo que el mismo juez ordenó a la Procuraduría General de la Republica iniciar una averiguación por el delito de abuso de autoridad.

El veintitrés de enero de dos mil, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó, de manera inapelable y final, que el jefe del Gobierno violó la suspensión definitiva otorgada por el juez. Y el dieciséis de febrero de dos mil cuatro, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Procuraduría General de la República resolver la averiguación previa iniciada contra el jefe del Gobierno en agosto de dos mil uno; la Procuraduría determinó, el diecisiete de mayo de dos mil cuatro, que el Jefe de Gobierno es probable responsable del delito de abuso de autoridad, y dos días después entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia en contra del señor Andrés Manuel López Obrador.

El tres de junio de dos mil cuatro, la Sección Instructora de este órgano legislativo notificó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra, y a partir de entonces, este sujeto no ha desaprovechado oportunidad alguna para litigar en los medios y con argumentos políticos, un asunto estrictamente político.

Así, Andrés López prácticamente todos los días utiliza sus conferencias con los medios de comunicación, en su calidad de jefe del Gobierno del Distrito Federal --es decir, utilizando toda la infraestructura del gobierno local--, para hablar poco de los problemas de la ciudad y para hablar mucho de su limitada y trastocada visión acerca del proceso de desafuero en su contra.

No ha escatimado el señor López oportunidad alguna para utilizar el aparato gubernamental de la ciudad con fines eminentemente políticos. Y en la medida en que se aproxima la fecha en que la Sección Instructora presentará al pleno de esta Soberanía el dictamen correspondiente para determinar si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, se han incrementado las acciones que desde el Gobierno del Distrito Federal se emprenden, utilizando recursos humanos y materiales --en un inminente desvío de recursos--, para lucrar políticamente con este asunto.

El gobierno capitalino en su conjunto está más enfocado en la peje-campaña que en la atención de los graves problemas de la ciudad. Por eso, según información publicada en el Diario Reforma, la mañana del diez de febrero de dos mil cinco se realizó una reunión con todo el gabinete en el salón Independencia del Edificio Nuevo de Gobierno, donde se trató el tema de los preparativos para una movilización política el día que esta Soberanía se convierta en jurado de procedencia. En esta reunión, se acordó que la Secretaria de Turismo tendría a su cargo establecer contacto con organismos internacionales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con Organismos no Gubernamentales nacionales, y la Contraloría tendría la misión de enviar cartas a todos los diputados federales a sus domicilios. Una reunión similar se realizó en la misma fecha en el Instituto de las Mujeres del gobierno de la ciudad.

Por eso el quince de febrero de dos mil cinco, cerca de cuatro mil trabajadores del Gobierno capitalino fueron reunidos en el teatro Metropólitan para desde ahí escuchar el mensaje político de López en el proceso de desafuero en su contra. Ahí estuvieron presentes desde secretarios del Gobierno local hasta trabajadoras sociales. Para la realización del acto fue utilizada la infraestructura del Gobierno capitalino, e incluso para la decoración se ocuparon plantas y tarimas de la Secretaría del Medio Ambiente y del área de giras. Las trabajadoras sociales y los funcionarios, además de sus gafetes de gobierno, portan en su mayoría listones tricolores y botones con la imagen del jefe del Gobierno y la leyenda ``No al desafuero''. A las trabajadoras sociales les fue asignada la tarea de repartición de volantes contra el desafuero, en distintas zonas de la Ciudad a partir de este día. Ese mismo día, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, reconoció que se está usando la estructura de la administración para evitar el desafuero de López.

Y el diecisiete de febrero de dos mil cinco, varios medios de comunicación revelaron que diversas áreas del gobierno capitalino (Secretaría de Transportes, la Contraloría General, la Procuraduría, el Metro, entre otras) y delegaciones como Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac exigieron a sus funcionarios aportar entre el diez y el treinta por ciento de su salario mensual, para pagar la peje-campaña (hecho por el cual el PRI capitalino está preparando una denuncia penal). Algunos de los testimonios recogidos por los medios, manifestaron que la cuota es en efectivo y los funcionarios deben darla a Carlos Aguilar (Director Ejecutivo de Administración), quien fue el encomendado por el Secretario para recibir el dinero. La colecta se realiza sobre todo entre mandos medios y superiores, durante tres o cuatro quincenas. En la Secretaría de Transporte y Vialidad, empleados señalaron que el quince por ciento de su salario fue solicitado directamente por el secretario Francisco Garduño, durante varias reuniones que tuvo con trabajadores. En la delegación Cuauhtémoc la instrucción fue dada directamente por la Jefa Delegacional, Virginia Jaramillo a los directores de área de la demarcación.''El argumento para hacer obligatoria la cuota es que tenemos trabajo gracias a López Obrador'', expresó un trabajador de esa delegación. Y ante tal cantidad de evidencias, López dijo que la cooperación era voluntaria, y quienes sean amenazados deben poner su denuncia en la Contraloría (lo cual por supuesto no serviría de nada, pues la Contralora capitalina no es mas que una empleada de López, que en diversos actos ha demostrado que solo obedece a los intereses del Jefe de Gobierno y a los de los ciudadanos; y como se ha mencionado, también en esa dependencia se ``pasó la charola'').

Como parte de esta peje-campaña, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local (que encabeza el ineficiente ex secretario de Seguridad Pública local, Marcelo Ebrard, quien también reconoció que se utiliza dinero del erario para esta peje-aventura, aunque eso le costó ser reconvenido inmediatamente por su jefe Andrés López) elaboró un documento denominado ``Propuestas de acciones ante el proceso de desafuero que enfrenta el Jefe de Gobierno del DF'', en el cual se establece que habrán de informar sobre este proceso a un millón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. Según el documento, más de dos mil seiscientos servidores públicos trabajarían en cuarenta y un acciones para difundir información relativa al desafuero. A través de sus direcciones, institutos y dependencias darían información impresa a setecientos mil padres de familia en los vales para canjear por los útiles gratuitos; buscarán también llegar a las personas que atienden los centros de Asistencia e Integración Social; establecerían contacto con los coordinadores de los dieciséis planteles de educación preparatoria para tratar de que los docentes informen a los once mil cuatrocientos estudiantes las consecuencias del desafuero; además entrarían en contacto con las doscientas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que participan en los programas de coinversión; con treinta y cinco Comités de Administración y Supervisión del Programa de Apoyo a Pueblos Originarios y con clubes y organizaciones de adultos mayores; transmitirían grabaciones en 12 lenguas indígenas por el sistema de audio del metro, radio bienestar y Locatel. En resumen, utilizarían todo el aparato gubernamental para lucrar políticamente en beneficio de Don López.

Según Andrés López, toda esta peje-campaña se daría dentro de la vía legal y pacífica. Y como hemos mencionado, no ha sido en lo absoluto apegada al marco legal y tampoco ha sido pacífica, pues el dieciséis de febrero de dos mil cinco, un grupo de perredistas, al grito de ``¡Obrador! ¡Obrador!'' insultó y golpeó a la diputada local Gabriela Cuevas y a dos de sus colaboradores cuando éstos preparaban un recorrido por establecimientos mercantiles de las colonias Condesa y Roma.

Es una falacia que el Jefe de Gobierno esté emprendiendo una lucha pacífica por una causa justa. Cómo puede saber si es una causa justa o injusta si la Sección Instructora no ha emitido ningún dictamen, o ¿acaso se sabe tan culpable que por eso ha decidido evitar cualquier defensa jurídica y enfocarse exclusivamente a la defensa política utilizando para ello los recursos del Gobierno de la Ciudad?

Lo que en realidad está haciendo Andrés López es desviar recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del Gobierno del Distrito Federal para su peje-campaña, al tiempo que incita a la violencia con mensajes incendiarios dirigidos a las irracionales e iracundas turbas que conforman las corrientes perredistas, quienes están dispuestos a agredir físicamente a todo aquel que se atreva a disentir del Jefe de Gobierno (como lo demostraron cuando agredieron a la diputada Gabriela Cuevas).

Acción Nacional, avalado por su historia de lucha de inquebrantable lucha por la democracia en México, reitera hoy su convicción de respeto inminente a las instituciones republicanas, a la libertad de expresión, a la propia resistencia civil, pero sin olvidar que ésta tiene dos características fundamentales: ser una última instancia y ser terminantemente pacífica, requisitos que no está cumpliendo la peje-campaña.

Los habitantes de la Ciudad de México no le pagamos un sueldo a Andrés López y sus subordinados para hacer campaña desde el Gobierno de la ciudad, sino para la prestación eficiente de servicios públicos y para que de solución a los graves problemas de la capital, como la creciente inseguridad pública, el permanente desempleo, el deficiente transporte público o la incesante contaminación.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos.

Segundo. Se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal dejar de distraerse en asuntos ajenos a su función como responsable de la función ejecutiva del gobierno de la capital, y a ocuparse ya, de dar solución a los serios problemas públicos que los habitantes de la Ciudad de México padecen permanentemente.

Tercero. La Cámara de Diputados hace políticamente responsable al jefe del Gobierno del Distrito Federal de cualquier acto de violencia que resulte de las virulentas declaraciones que este funcionario realiza en torno a la constante descalificación del juicio de procedencia que se sigue en su contra.

Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.

El diputado Pablo Gómez me ha pedido la palabra para hablar en contra. El asunto está considerado para consultarlo a la Asamblea para ver si éste se considera de urgente resolución. ¿Me permite, diputado Pablo Gómez? Entiendo que usted objetaría el trámite, pero no voy a dar trámite sino hasta que la Asamblea me autorice o no la obvia resolución. ¿Le parece correcto?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): No: el trámite, según el reglamento, un orador puede hablar en pro y otro en contra.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiere usted que nos vayamos por la vía del reglamento? ¿No le parecería correcto que tengamos la autorización de la Asamblea por si es de urgente resolución y entonces le damos la palabra en contra?

Pregunte la Secretaría a la Asamblea.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): No, no es necesario consultar a la Asamblea. No, el reglamento no está sometido en este momento a discusión de la Asamblea.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Mi pregunta es...El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Es en términos del 58.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Nos vamos por el 58. Bueno, habla en contra de la urgente resolución. Adelante.El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados: objeto el trámite de urgente, en primer lugar porque --obviamente-- no lo es; esto es parte de un tremendo litigio político, que es el litigio político más importante. El segundo litigio político es entre el Presidente y la Cámara, el asunto de la controversia.

Son los dos principales litigios políticos que tenemos en este momento en el país, pero que la Cámara en este momento considere que la defensa que hace el gobierno de la ciudad de sí mismo es una defensa ilegítima, podría poner en situación igual a cualquier gobernador de cualquier estado.

Si la Procuraduría General de la República solicita el desafuero de cualquier gobernante, el gobierno encabezado por éste es el directamente afectado y los ciudadanos que votaron por el gobernador y que lo eligieron son los directamente afectados.

Pedir entonces a un gobierno, en este caso, por ejemplo, podríamos ver al Presidente de la República, el Presidente de la República, ve que la Cámara aprueba un Presupuesto que no le complace, el Presidente habla en la televisión, recursos públicos, fiscales, que están en la Ley de Ingresos, utiliza esos recursos públicos, se dirige a la nación, defiende su gobierno y su punto de vista. La Cámara no pudo hacer lo mismo, desgraciadamente, pero teníamos el mismo derecho.

Y creo que los gobernantes tienen el derecho de defender el gobierno que encabezan y están obligados, no solamente tienen el derecho, puesto que han sido elegidos, no son funcionarios designados. El gobierno tiene un mandato popular mayoritario y si es el gobierno el que está siendo señalado por otra autoridad, sea ésta cual fuere, en este caso la PGR, el gobierno tiene que responder, el gobierno tiene que informar, el gobierno tiene que presentar su punto de vista ante la ciudadanía a la cual se debe.

Votar a favor de un trámite de urgencia de esta proposición, sin ni siquiera analizarlo en la comisión, es considerar implicaciones que trascienden al gobierno de la ciudad y se inscriben...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Pablo Gómez, si me permite un segundo.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: En cualquier nivel de gobierno. Yo pido a la Asamblea que el asunto se turne a comisión y que calmen a los vociferantes de la derecha.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Triana, ¿con qué objeto?El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitar respetuosamente la palabra para rectificación de hechos.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le daríamos la palabra en pro de la urgente resolución, en contra. Entonces en pro, porque estamos utilizando la fracción II del 58. Adelante, señor diputado.El diputado Jorge Triana Tena: Señor Gómez: todo gobierno tiene derecho a defenderse. Existe un principio de defensa, de resistencia civil; nosotros lo hemos puesto en práctica, pero nunca hemos utilizado recursos del erario para ello, ¡jamás, jamás, diputado Gómez! No somos iguales; y el asunto de fondo no es solamente el majadero desvío de recursos que está haciendo el jefe del Gobierno.

Le voy a leer en pequeño párrafo de un librito que espero conozca, señor Gómez: ``... se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa de hasta 5 mil pesos a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a actuar de alguna forma. A quienes dirijan, organicen, inciten --inciten-- o patrocinen económicamente a otros para cometer este delito se les aplicará pena de 2 a 10 años de prisión''.

¿Les parece familiar, les parece que es urgente que cese esta campaña virulenta y de discursos incendiarios o no? A mí me parece que sí.

Y le voy a leer otro librito, en otro parrafito, y a ver si lo conoce, diputado Gómez: ``... se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de 50 a 500 días multa al servidor público que, indebidamente, use fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo 267 de este código con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona''. ¿Les parece familiar? A mí sí.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor. ¿Diputado Leonardo Álvarez Romo?

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): No.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿No? Continúe.

El diputado Jorge Triana Tena: Gracias, diputado Presidente. Lo importante aquí, lo importante aquí es el principio del que ``nada debe nada teme''. Si hacerle un extrañamiento al jefe del Gobierno, si solicitarle que serene su tono y su modo, si solicitarle la prudencia cuando dé sus conferencias mañaneras agravia a alguien, que vote en contra de la urgencia y obviedad.

Si alguien está de acuerdo con el respeto al Estado de derecho, a las leyes vigentes en nuestro país y mira en pro de la óptima vida democrática de nuestro país, que lo vote a favor.

Por el actuar que han mostrado René Bejarano y sus amigos aquí sentados, a mí me parece que ustedes no, no coinciden con ninguna de estas premisas; pero la urgencia y obviedad nada le quita a nadie. Venimos aquí, a este Pleno, a hacer respetar la ley, no a consentir su violación flagrante. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento...

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente, solicito que la votación sea nominal. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. El diputado Pablo Gómez solicita la votación nominal. ¿Quiénes lo apoyan? Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico hasta por cinco minutos.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el sistema electrónico de votación, de conformidad con el Reglamento, el artículo 161. Háganse los avisos correspondientes.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La votación por el sí es que se considera de urgente resolución.

(Votación)

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: Diputado Presidente: se emitieron 163 votos en pro, 99 en contra y 128 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

---

EDUCACION PRIMARIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de parte de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reformar el acuerdo 312, en el que se determinan los programas de educación primaria y pueda tener efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a modificar el acuerdo 312 que establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria, a cargo de la diputada Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, Evelia Sandoval Urbán, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso General, presenta ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública a reformar el acuerdo 312 en el que se determinan los programas de educación primaria y pueda tener efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad una de las principales tareas de nuestro país es incorporar, modificar, cambiar, mover y experimentar estrategias que contribuyan al desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños mexicanos, por ello a partir del ciclo 2004-2005 se determinó la necesidad de considerar dentro de la currícula la obligatoriedad de cursar el nivel preescolar, con ello se trata de fortalecer el sistema educativo en nuestro país; el propósito primordial es alcanzar justicia y equidad educativa y sobre todo lograr una transformación y mejora en la calidad de la educación, para colocar a nuestros estudiantes en un nivel de competitividad a nivel mundial.

Es importante reconocer que las dimensiones del sistema educativo en nuestro país no se logran en corto tiempo, sin embargo el lograr que las niñas y niños comiencen su vida educativa a partir de los 3 años significa que el desarrollo físico y mental de los menores será beneficio para lograr con ello un nivel básico y permanente con bases sólidas que permitan un desarrollo profesional y académico a favor de los alumnos interesados en desarrollarse profesionalmente.

Sabemos que la educación básica es el punto medular de todo individuo en donde se establece el ciclo formativo y desarrollo mental, físico, biológico y psicológico de los menores, considerando que a través de varios estudios se reconoce que los menores establecen su personalidad a la edad de tres y cuatro años, además de lograr a esa corta edad conocer sus primeras experiencias socializadoras, así como convivir y desarrollarse libremente, ya sea en lo individual o en conjunto. Por ello el desarrollo físico y psicomotriz de los menores no se alcanza tan sólo por la edad sino también contribuye la familia, la escuela y la sociedad que le permite alcanzar así un grado de madurez que desarrollen sus habilidades y destrezas.

Nuestro objetivo es impulsar la equidad en la impartición de la educación preescolar y primaria, y uno de los puntos importantes para lograrlo, es reconocer que la edad para el ingreso a la educación no debe ser una limitante en el desa-rrollo de los menores.

En todo el país existe una inconformidad generalizada por parte de los padres de familia en cuanto a la limitante del ingreso al primer grado de primaria a los niños que tienen los seis años cumplidos al primero de septiembre, esta disposición ha afectado a miles de niños que por no cumplir con el requisito de la edad se ven obligados a recursar otro año de preescolar o bien ingresar casi de siete años a primero de primaria.

Como fue aprobada la obligatoriedad de preescolar, esta disposición ha quedado superada al haber cursado el preescolar, a través de la psicomotricidad, juegos y socialización le permite al educando alcanzar un grado de madurez para asimilar los conocimientos y su primer contacto con la lecto-escritura y con el razonamiento lógico matemático.

Por lo antes expuesto, sometemos a esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que modifique el acuerdo 312 por el que se modifica el diverso 181, por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria, en su artículo segundo y pueda tener efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006, para quedar como sigue:

Acuerdo 312

Artículo 2o.- Es requisito de ingreso al primer grado de educación primaria en las escuelas del país, haber cumplido 6 años de edad al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

---

AUTOPISTAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal a ejercer los recursos para construir el libramiento Manuel González que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.El diputado Jesús Nader Nasrallah: Con su venia, señor Presidente. En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al Gobierno Federal para que destine mayores recursos para el libramiento Manuel González, del estado de Tamaulipas, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, bajo la siguiente exposición de motivos:

La economía, en particular la de mercado, supone una seguridad que garantice la libertad individual de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de servicios públicos eficientes. Entre estos servicios públicos tenemos la construcción de vías de comunicación.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de la propuesta presentada al arquitecto Pedro Cerisola, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por el ingeniero Manuel de Jesús Ibarra Martínez, Presidente y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga del Sur del Estado de Tamaulipas, organismo que agrupa a los más de 500 transportistas de la zona sur del estado de Tamaulipas.

La importancia de este proyecto para este polo de desarrollo que es Tampico y para el estado de Tamaulipas en general reside en el gran tráfico pesado existente por la exportación e importación de cargas hacia el puerto de Altamira.

Además, este proyecto permitirá disminuir el costo y tiempo de traslado entre el sur de Tamaulipas, el norte del estado, la frontera con Estados Unidos y la conexión natural del estado de Nuevo León.

Fuimos testigos del inicio del programa carretero en Tamaulipas, con el tramo González-Zaragoza, por lo que consideramos que el libramiento Manuel González complementará el esfuerzo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal hace para patentizar los recursos asignados.

Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país y conocemos la firme convicción del Gobierno Federal de atender las prioridades que requieren para su crecimiento los polos industriales, como es el sur del estado de Tamaulipas. Este proyecto es importante no sólo para los transportistas del sur del estado, sino para todos los que estamos interesados en el desarrollo del estado y de la región.

Sin embargo, los recursos que se destinan a esta obra son insuficientes, ya que sólo alcanzan para construir 20 por ciento de este gran proyecto. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal a que destinen mayores recursos para la construcción del libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT del Gobierno Federal a ejercer los recursos necesarios para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, a cargo del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del PAN

En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a ejercer los recursos para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La economía, en particular la de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político.

Al contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y de servicios públicos eficientes.

Entre estos servicios públicos, que es responsabilidad del Estado proveer en forma eficiente, tenemos la construcción de vías de comunicación.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de la propuesta presentada al arquitecto Pedro Cerisola Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por el ingeniero Manuel de Jesús Ibarra Martínez, presidente y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga del Sur de Tamaulipas, organismo que agrupa a los más de 500 transportistas de la zona sur de este estado.

La importancia de este proyecto para este polo de desarrollo que es Tampico, y para el estado de Tamaulipas, en general, reside en el gran tráfico pesado existente por la exportación e importación de carga y su traslado de y hacia el puerto de Altamira.

Además, este proyecto permitirá disminuir el costo y tiempo de traslado entre el sur de Tamaulipas, el norte del Estado, la frontera con Estados Unidos y la conexión natural con el estado de Nuevo León.

Fuimos testigos del inicio del programa carretero en Tamaulipas, con el tramo González-Zaragoza, por lo que consideramos que el libramiento Manuel González complementará el esfuerzo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal hace para potencializar los recursos asignados.

Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país, y conocemos la firme convicción del Gobierno Federal de atender las prioridades que requieren para su crecimiento los polos industriales como lo es el sur de nuestro estado, Tamaulipas.

Además, debemos destacar la importancia de desarrollar la playa de Lauro Villar, que carece de instalaciones básicas, tales como hoteles, agua potable, drenaje; sin embargo, la carga del flujo vehicular para las poblaciones de Manuel y González es tal que vuelve urgente, no sólo iniciar la obra del libramiento Manuel González, sino concluirla.

Este proyecto es importante no sólo para los transportistas del sur de Tamaulipas, sino para todos los que estamos interesados en el desarrollo del estado y de la región.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que ejerza los recursos para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.

Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Chignahuapan, Puebla, invitados por el señor diputado don Ángel Alonso Díaz-Caneja. Sean ustedes bienvenidos.

---

EDUCACION PREESCOLAR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esa Presidencia recibió de parte del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a ampliar el plazo del trámite de incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar y a establecer los mecanismos para la certificación del grado académico que corresponda a los docentes que no cuentan con la licenciatura en educación preescolar, que cuentan con gran experiencia en la docencia y varios años de antigüedad dentro de las aulas.

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a ampliar el plazo del trámite de incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar, y a establecer mecanismos para certificar el grado académico correspondiente a los docentes que no cuentan con la licenciatura en educación preescolar y sí con gran experiencia y varios años de antigüedad en las aulas, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Quintín Vázquez García, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha 5 de marzo de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto mediante el cual se reformaron los artículos 3° y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículo 3° ``todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria...''

Y es con está reforma que la educación preescolar se vuelve de carácter obligatorio, también se señala que los particulares podrán impartir ésta siempre que tengan el registro y la autorización respectiva por parte del poder público.

Posteriormente en Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 2002, se publicó el decreto que adiciona el artículo 3° y el 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en su artículo cuarto transitorio se estipula:

Artículo Cuarto ``Con el objetivo de impulsar la equidad en la calidad de los servicios de educación preescolar en el país, la autoridad educativa deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 2° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional en materia de profesiones, en el sentido de que la impartición de la educación preescolar es una profesión que necesita título para su ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo.''

Por otra parte en comunicado dado a conocer por el director general adjunto de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, con fecha 3 de febrero de 2003, afirmo ``que la SEP no va excluir a los profesores de educación preescolar que han demostrado en la práctica experiencia y solidez, solo por no tener el grado respectivo.''

`` Son profesores que tienen amplia experiencia, tienen competencias probadas y construidas sobre la práctica educativa, lo que hay que hacer solamente es certificarla...''

``...Actualmente no se cuenta con la cifra de profesores que estarían en esta situación, dado que la mayoría de las escuelas particulares que imparten educación preescolar, están en proceso de incorporación, ajustándose al Acuerdo 332...''

Pero en la realidad y específicamente en el estado de Jalisco, es que en los planteles de nivel preescolar, de carácter privado no se ha respetado esto, toda vez que se ha iniciado un despido masivo de los mentores por no tener el nivel de licenciatura violando los derechos adquiridos con su antigüedad en el magisterio.

Con lo que en primera instancia se esta infringiendo el artículo 14 constitucional, que a la letra dice: ``A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna...''

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que es de obvia y urgente resolución

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que amplíe el plazo para la incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar y se establezcan los mecanismos para la certificación del grado académico que corresponda a los docentes que no cuentan con la licenciatura en Educación Preescolar, a fin de que no sufran menoscabo en sus derechos adquiridos y se les respete su antigüedad en la docencia, y esto haga extensivo a nivel nacional.

Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por lo que se turna a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.

Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

---

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Graciela Larios Rivas: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de marzo de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Rumania y Japón.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Corea, Paraguay y Francesa, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez, para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para prestar servicios como asesor jurídico, en las embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos, en México.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Es cuanto, señor Presidente.

---

REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia toma en consideración la última de las votaciones como registro de asistencia.

---

CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 14:56 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de marzo, a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 48 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 348 diputados

Asistencia al cierre de registro: 404 diputados

Verificación de quórum: 379 diputados

Asistencia al final de la sesión: 389 diputados

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 4

Oradores en tribuna: 38

PRI-12; PAN-15; PRD-9; PVEM-2.

Se recibió:

1 informe de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permisos para que 2 ciudadanos puedan aceptar y desempeñar los cargos de Cónsul Honorario de la República Francesa y de la República Libanesa, respectivamente;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

5 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

6 iniciativas del PRI;

1 iniciativa del PAN;

2 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6o., 90, 98 Bis y 98 Bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial;

1 de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a los sistemas nacional y estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se observe la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales;

1 de la Comisión de Asuntos Indígenas con puntos de acuerdo para solicitar sendos informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de indígenas desplazados internos; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, sobre las acciones realizadas para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Agundis Arias, Alejandro (PVEM) Ley de Aguas Nacionales: 81

Alegre Bojórquez, Ricardo (PAN) Ley de la Propiedad Industrial: 101

Alexander Rábago, Rubén Maximiliano (PAN) Feminicidios: 120

Alexander Rábago, Rubén Maximiliano (PAN) Procesos electorales: 148

Barbosa Gutiérrez, Federico (PRI) Artículo 114 constitucional: 52

Cárdenas Sánchez, Nancy (PRD) Distrito Federal: 146

Castelo Parada, Javier (PAN) Acuerdo Nacional para el Campo: 167 desde curul

Chavarría Valdeolivar, Francisco (PRD) Felipe Arreaga Sánchez: 138

Clouthier Carrillo, Tatiana (PAN) Diputados federales: 159

De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo (PAN) Acuerdo Nacional para el Campo: 167 desde curul

Díaz del Campo, María Angélica (PRD) Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 161

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Autopistas: 151

García Laguna, Eliana (PRD) Ernesto Zedillo Ponce de León: 134

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Gobierno del Distrito Federal: 173

González Reyes, Manuel (PAN) Violencia familiar: 143

Landero Gutiérrez, José Francisco (PAN) Orden del día: 143 desde curul

Manzano Salazar, Javier (PRD) Estado de Chiapas: 110

Martínez López, Margarita (PRI) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 58

Monárrez Rincón, Francisco Luis (PRI) Cajas de Ahorro: 153

Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 64 desde curul

Moreno Álvarez, Inelvo (PRD) Estado de Michoacán: 167

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos: 88

Moreno Ramos, Gustavo (PRI) Estado de Chiapas: 119

Nader Nasrallah, Jesús Antonio (PAN) Autopistas: 176

Nazar Morales, Julián (PRI) Estado de Chiapas: 115

Obregón Serrano, Jorge Carlos (PAN) Discapacitados: 136

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Artículo 72 constitucional: 64

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Código Federal de Procedimientos Penales: 76

Rojas Toledo, Francisco Antonio (PAN) Estado de Chiapas: 119

Sacramento Garza, José Julián (PAN) Sector aeronáutico: 140

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Ley del Seguro Social: 69

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Periódico ``La Prensa'': 157

Treviño Rodríguez, José Luis (PAN) Leche: 106

Triana Tena, Jorge (PAN) Gobierno del Distrito Federal: 169, 174

Triana Tena, Jorge (PAN) Juventud: 130

Vázquez García, Quintín (PRI) Artículo 4o. constitucional: 86

Vázquez García, Sergio (PAN) Acuerdo Nacional para el Campo: 163

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Ernesto Zedillo Ponce de León: 136 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Feminicidios: 123 desde curul, 130 desde curul

Vega Murillo, Wintilo (PRI) Verificación de quórum: 121 desde curul

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales: 55

Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia (PAN) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 47

Zebadúa González, Emilio (PRD) Estado de Chiapas: 118 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 172 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 3 Permiso Mesa Directiva: 23 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 24 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita del Sagrado Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Asistencias: 112 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 4 Permiso Mesa Directiva: 21 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 11 Total diputados: 149 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Márquez Gloria Camerina Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Olmos Capilla Guillermo Antonio Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 59 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 22 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 10 Total diputados: 96 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 7 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencia:1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguirre Rivero Ángel Heladio Alcántara Rojas José Carmen Arturo Carrillo Rubio José Manuel Castillo Cabrera Jorge de Jesús Cervantes Vega Humberto Díaz Nieblas José Lamberto García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira González Ruíz Alfonso Laguette Lardizábal María Martha Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Mazari Espín Rosalina Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Olmos Castro Eduardo Ponce Beltrán Esthela de Jesús Rodríguez Javier Rogelio Sánchez Vázquez Salvador Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Uscanga Escobar Jorge Zorrilla Fernández Guillermo Faltas por grupo: 24 Camarena Gómez Consuelo Chávez Murguía Margarita De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo González Carrillo Adriana Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias López Villarreal Manuel Ignacio Ruiz del Rincón Gabriela Sánchez Pérez Rafael Suárez Ponce María Guadalupe Vega Casillas Salvador Zavala Peniche María Beatriz Faltas por grupo: 11 Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Cota Cota Josefina González Bautista Valentín Herrera Ascencio María del Rosario Mícher Camarena Martha Lucía Padierna Luna María De Los Dolores Torres Baltazar Edgar Tovar de la Cruz Elpidio Valdes Manzo Reynaldo Francisco Faltas por grupo: 10 González Yáñez Óscar Vázquez González Pedro Faltas por grupo: 2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Ayala, Rubén Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Reyes, Carlos Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Márquez, Gloria Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Olmos Capilla, Guillermo Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto