DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 8 de marzo de 2005	Sesión No. 12

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Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda por favor, señor secretario, a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Con todo gusto, señor Presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 396 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (a las 11:09 horas): Se abre la sesión.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte, señor secretario, a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Martes 8 de marzo de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

-- Acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instrumente una serie de acciones en relación con el Minute Man Project, que inicia el 1 de abril en el estado de Arizona. (Votación)

-- Acuerdo, por el que se exhorta el Gobierno Federal, al del estado de Colima y a sus ayuntamientos a abstenerse de intervenir en el proceso electoral extraordinario para la elección de gobernador en ese estado. (Votación)

De la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex

Con el que remite informe correspondiente al foro La problemática generada por Pemex en las diversas regiones del estado de Chiapas.

De la Secretaría de Gobernación

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Nancy Lorena Flores Castellanos y José Manuel Villafuerte Arias puedan prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, y en la Embajada de Estados Unidos de América en México, respectivamente; y comunica que ha dejado de prestar servicios la ciudadana María Beatriz Josefina Gómez González. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Teresa Cabrero Díaz, Alejandro Guillermo Aurrecoechea Villela, Rocío Pérez Fuentes y Sergio Joel Salazar Gómez puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México. (Turno a Comisión)

Diez, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para dar cumplimiento al artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deudas interna y externa correspondiente a enero de 2005. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente. (Turno a Comisión)

Del Gobierno del Distrito Federal

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o., numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remite la evolución de los ingresos y egresos, así como el endeudamiento neto de enero de 2005, del Gobierno del Distrito Federal.

Pronunciamientos de los grupos parlamentarios sobre el Día Internacional de la Mujer y las acciones de Beijing + 10

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de exención de cuotas a las gestantes, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que crea la Ley Federal del Servicio Voluntario, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Guillermo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de cuotas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Información, Estadística y Geografía, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 122, 212 y 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconducción presupuestal, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de subsidiariedad, a cargo del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, suscrita por los diputados Guillermo Tamborrel Suárez, María del Carmen Mendoza Flores y Sergio Álvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, exposiciones, ferias y viajes grupales de incentivo, a cargo de la diputada Elizabeth Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería, con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y expide la Ley de Fondo de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y de Japón.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y Francesa, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al Departamento del Consulado en la Embajada de la República de Bolivia en México.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como asesor jurídico en las embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos en México.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que elabore y ejecute los programas de conservación y manejo de las áreas naturales protegidas que carecen de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina Armada de México, y de Comunicaciones y Transportes, a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 de dicha norma.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a mantener una estricta inspección y vigilancia en las épocas decembrinas en virtud del interés que despiertan los árboles de Navidad naturales a personas que trafican con ellos y para evitar el ingreso de plagas con los que se importan.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare la sierra Tarahumara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera; y, en su momento, se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en esa entidad federativa.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, instrumente un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro.

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público que implementen de manera urgente programas y acciones para el combate del contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se integre el Consejo Nacional para el Fomento de la Lectura y el Libro y que éste participe en la celebración de los 400 años de la publicación de ``El Quijote''.

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Educación Pública a fin de realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones estructurales y administrativas, principalmente de los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo federal que mediante la Sagarpa se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca y se realicen estudios de factibilidad del aprovechamiento comercial del pez dorado.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal --a través de las Secretarías de Turismo, y de Comunicaciones y Transportes-- a intervenir de manera inmediata para solucionar el conflicto entre los transportistas de Los Cabos, Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el ajuste salarial de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, conforme al acuerdo y los criterios emitidos por la SHCP sobre la partida presupuestal del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se cree una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales a campañas en elecciones locales, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento a los titulares de la SEP y de la SHCP por el recorte de 1,734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa Oportunidades, a cargo de la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a investigar la epidemia de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca y efectuar el control sanitario respectivo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa en relación con la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que se destinan al consumo humano, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa sobre el levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer orden y vigilancia en las estructuras estatales respecto a la entrega de los recursos federales de los distintos programas del Procampo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar, en el ámbito de sus competencias, el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex expedir copia certificada de los Contratos-Alianza, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SHCP, al secretario técnico del IPAB y al director de Cintra a informar sobre la operación para vender ésta, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral y a investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar y ponderar la remoción del director del Conacyt, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar en coordinación con gobiernos estatales y organizaciones ganaderas una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis, a cargo del diputado Enrique Guerrero Santana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar al orden constitucional las actividades militares en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Hacienda y Crédito Público; y Especial Sur-Sureste que realicen una reunión en Villahermosa, Tabasco, para evaluar el ejercicio de los recursos asignados a la zona fronteriza con Centroamérica, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a solicitar la renuncia del C. Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que solicite al IFE un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana, así como el diagnóstico de las posibles opciones para fiscalizar y regular las precampañas, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos provenientes de las multas impuestas por el IFE se destinen a los centros públicos de investigación del Conacyt, para la creación de plazas del personal académico y de investigación, y al gasto corriente y de inversión, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, para que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía de resolver el acuerdo relativo a la caseta de cobro Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SRA y a la Profepa a implantar un programa de atención integral de las comunidades asentadas de manera irregular en el área natural protegida del Cañón del Sumidero, Chiapas, a cargo del diputado Roberto A. Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo, en los ámbitos federal, estatal y municipal, a implantar las medidas conducentes a promover e instituir el primer domingo de marzo de cada año como el Día Nacional de la Familia, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades del acuerdo aprobado por los consejeros electorales del IFE en que se establece la nueva demarcación territorial electoral, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a ampliar la vigencia del funcionamiento de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Economía, y de Turismo a diseñar e implantar programas conjuntos de difusión, prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud en los centros turísticos del país, a cargo del diputado Óscar Bitar Haddad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a instaurar una amplia campaña informativa para dar a conocer los programas y las acciones que lleva a cabo en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Guillermo Antonio Olmos Capilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a cumplir de manera estricta las disposiciones del PEF de 2005 en el proceso de integración de éste y en la elaboración de los calendarios financieros correspondientes a su ejecución, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación jurídica de los ciudadanos vascos que se hallan en el Reclusorio Norte, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el sistema lagunar Julivá-Santa Anita, Tabasco, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a tomar las acciones conducentes a evitar la discriminación de que son objeto los adultos de entre 35 y 65 años de edad, a cargo del diputado Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Comité Olímpico Mexicano a suscribir un acuerdo de colaboración integral en la materia, de cara a los próximos compromisos deportivos, a cargo del diputado Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a utilizar los tiempos oficiales de transmisión de radio y televisión para impulsar la educación y fomentar los valores personales, sociales y familiares, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de Competitividad y Desarrollo Regional, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativas

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte también, señor secretario, si se dispensa su lectura, debido a que ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Dispensándose la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de marzo de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cuarenta y ocho diputadas y diputados, a las diez horas con ocho minutos del martes primero de marzo de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicación de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Petróleos Mexicanos, con la que remite informe correspondiente a las actividades desarrolladas en los foros de consulta celebrados en el estado de Campeche. De enterado.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, por el que solicita permiso para que la ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Uno, por el que solicita permiso para que el ciudadano Roberto Abraham Mafud, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Turismo. A las diez horas con veinticinco minutos la Secretaría Informa del registro de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados e instruye al cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Federico Barbosa Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo tercero de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Turismo, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Partido de la Revolución Democrática, atendida por la Presidencia.

Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los incisos b) y c) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Francisco Javier Saucedo Pérez, a nombre propio y del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos doce y diecinueve y deroga los artículos veintiocho A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo quince de la Ley General de Deuda Pública. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hugo Rodríguez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo ciento ochenta y uno del Código Federal de Procedimientos Penales.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos veinte y treinta y un artículo cincuenta y dos bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Defensa Nacional.

Alejandro Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos catorce bis cinco, cuarenta y cinco y noventa y seis bis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos séptimo, cuarenta y siete y cuarenta y ocho de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En votación económica, se aprueba la incorporación en el orden del día de un proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar el Foro Autoridades, Democracia y Partidos Políticos, mismo al que la Secretaría da lectura y la Asamblea aprueba en votación económica. Comuníquese.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo sexto, reforma y adiciona el artículo noventa y adiciona un Capítulo segundo bis, denominado De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial. Es de segunda lectura. El diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen. Sin nadie más que solicite la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por trescientos ochenta y cuatro votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social con punto de acuerdo para exhortar a los sistemas Nacional y estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se observe la Norma Oficial Mexicana número ciento cincuenta y cinco -- SCFI -- dos mil tres, y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales. Habla en pro el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con puntos de acuerdo para solicitar sendos informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de indígenas desplazados internos; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, sobre las acciones realizadas para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Habla en pro el diputado Javier Manzano Salazar, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido el punto de acuerdo, se aprueba en votación económica. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

Del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que lleve a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Gobierno Federal, a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, y solicitar mayor presupuesto para el ejercicio fiscal de dos mil seis. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la redistritación aprobada por el Instituto Federal Electoral, para el estado de Chiapas, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica. Hablan en pro los diputados: Emilio Zebadúa González, del Partido de la Revolución Democrática;Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Gustavo Moreno Ramos, del Partido Revolucionario Institucional; y con autorización de la Asamblea concedida en votación económica, Francisco Antonio Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional. Suficientemente discutido el punto de acuerdo, se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Partido Acción Nacional, para solicitar al gobernador del estado de México, información sobre los homicidios de mujeres en esa entidad federativa, y solicita trámite de urgente resolución. Durante la presentación de esta proposición, desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum y la Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia y votación para atender lo solicitado; y al término, el propio diputado Vega Murillo solicita que la votación para la dispensa de trámites de la proposición de referencia sea nominal.

En tanto se comprueba la existencia de quórum, la Secretaría da lectura a los siguientes proyectos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

Para exhortar a los congresos locales a que se sumen a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres, denominada Por la Seguridad de las Mujeres, Defendamos los Refugios. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo a que realicen las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a todas las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Para exhortar a la Procuraduría General de la República a crear una Fiscalía Especializada en la atención de delitos violentos en contra de las mujeres. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

La Secretaría informa del registro de trescientos setenta y nueve diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum; y por ciento noventa y siete votos en pro, ciento noventa y cuatro en contra y dos abstenciones, no se considera de urgente resolución, por no alcanzar la mayoría calificada requerida, la proposición del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago para solicitar al gobernador del estado de México información sobre los homicidios de mujeres en esa entidad federativa. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

Continúan la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud, a efecto de que en el Distrito Federal se promuevan e instrumenten las acciones y programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud. Se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y del Distrito Federal.

Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Procuraduría General de la República, inicie una investigación sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Desde su curul el diputado Wintilo Vega Murillo, del Partido Revolucionario Institucional, solicita aclaraciones sobre el trámite de la proposición de referencia y lo objeta. La Presidencia hace las aclaraciones solicitadas, formula comentarios de procedimiento y no considera procedente la objeción.

Jorge Carlos Obregón Serrano, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas estatales a establecer las disposiciones necesarias para que sean respetados los espacios destinados al estacionamiento de vehículos y las rampas de acceso a banquetas y vías peatonales para las personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Francisco Chavarría Valdeolivar, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobernador del estado de Guerrero, a que adopte las medidas conducentes para la debida valoración de pruebas en el proceso penal en contra del líder campesino Felipe Arteaga Sánchez que permitan su pronta liberación, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

La Asamblea, en votación económica, considera de esa forma el asunto y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo federal, a implementar una política aeronáutica que fomente un sector aeronáutico competitivo. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.

Manuel González Reyes, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y, en su caso, considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Atención a Grupos Vulnerables.

Nancy Cárdenas Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar las gestiones necesarias a fin de obtener financiamiento dirigido a los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal Sistema Lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas de los estados, a que realicen las reformas necesarias a fin de que las elecciones locales sean concurrentes con las federales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la actualización de la Norma Oficial Mexicana relativa a la construcción y mantenimiento de autopistas. Se turna a la Comisión de Transportes.

Francisco Luis Monárrez Rincón, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, para que la Auditoría Superior de la Federación, audite los recursos federales ejercidos por el Fideicomiso Cajas de Ahorro, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, para solidarizarse con los trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, conocida como cooperativa del periódico La Prensa, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional, para que la comprobación de los recursos para atención ciudadana que reciben diputadas y diputados federales, sea obligatoria, solicitando a la Junta de Coordinación Política determine los lineamientos de dicha comprobación. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

María Angélica Díaz del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, sobre el destino de los recursos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto y el Presidente turna la proposición a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Ejecutivo Federal y a la Auditoría Superior de la Federación, a que fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo dentro del Programa Especial Concurrente, y solicita trámite de urgente resolución. El Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del Acuerdo Parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, no considera procedente el trámite solicitado y turna la proposición a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Desde su curul hablan los diputados: José Antonio Pablo de la Vega Asmitia y Javier Castelo Parada, del Partido Acción Nacional, el primero para reiterar la solicitud de urgente resolución y el segundo, con apoyo de otros diputados, para solicitar que la votación respectiva sea nominal. El Presidente atiende ambas solicitudes y por ciento noventa y ocho votos en pro, doscientos en contra y una abstención no se considera de urgente resolución. Se reitera el turno a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Inelvo Moreno Álvarez, a nombre propio y de los diputados Isidoro Ruiz Argáiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno del estado de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana, a que alcancen un acuerdo para la conclusión de la autopista Siglo veintiuno, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que se abstenga de utilizar recursos públicos para fines políticos, y solicita trámite de urgente resolución. Habla en contra del trámite solicitado el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro el diputado Triana Tena. Con el apoyo de otros diputados, el diputado Gómez Álvarez solicita que la votación respectiva sea nominal. Por ciento sesenta y tres votos en pro, noventa y nueve en contra y ciento veintiocho abstenciones no se considera de urgente resolución, en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Evelia Sandoval Urbán, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que reforme el acuerdo que modifica el diverso que establece el plan y los programas de estudio para la educación primaria del ciclo dos mil cuatro -- dos mil cinco. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que destinen recursos para la construcción del libramiento Manuel González que complementa el eje carretero Tampico -- Monterrey. Se turna a la Comisión de Transportes.

Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a que amplíe el plazo para la incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar, y establezca los mecanismos para la certificación del grado académico que corresponda a los docentes que no cuentan con la licenciatura en Educación Preescolar, respetando sus derechos y antigüedad en la docencia. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de la presente sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

El Presidente informa que la última votación nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá lugar el martes ocho de marzo de dos mil cinco a las once horas.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda entonces, señor Secretario, a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada el acta.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes de la escuela secundaria Benito Juárez, del municipio de Tlalnepantla de Baz, que el día de hoy nos visitan en la Cámara de Diputados a invitación de nuestra amiga, la diputada Adriana González Furlong.

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DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Verónica Pérez Herrera, diputada suplente electa en la segunda circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, para entrar en funciones, a los siguientes diputados: José Rangel Espinosa, Adriana González Carrillo, Baruch Alberto Barrera Zurita, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Tomás Cruz Martínez, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Juan Fernando Perdomo Bueno.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple con su encargo.)

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana Verónica Pérez Herrera, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pue- blo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La ciudadana Verónica Pérez Herrera: Sí, protesto.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Enhorabuena y bienvenida.Continúe, señor Secretario, con los asuntos en cartera.

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comisiones legislativas

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios en la Mesa Directiva del Comité del Centro dé Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Baja del diputado Fernando Ulises Adame de León como secretario del Comité antes referido.

Alta del diputado José Guzmán Santos como secretario del Comité antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

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GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en el Grupo de Amistad México-Portugal, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del PRI:

Alta de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo como integrante del Grupo de Amistad antes citado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Instruya también, señor Secretario, el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Se cuenta con un registro previo de 406 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias. Continúe por favor.

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GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México-Sudáfrica, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Alta de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles como Presidenta del Grupo de Amistad antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el referido cambio.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada también.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Recursos Hidráulicos, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

Alta del diputado Fernando Ulises Adame de León como Presidente de la Comisión referida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 5 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el referido cambio.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

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GRUPOS DE AMISTAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México-Italia, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Alta del diputado Benjamín Hernández Bustamante como secretario del Grupo de Amistad antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el referido cambio.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en grupos de amistad, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

Alta de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña como integrante del Grupo de Amistad México-Angola.

Alta del diputado Alejandro Murat Hinojosa Saldaña como integrante del Grupo de Amistad México-Argentina.

Alta del diputado Gustavo Zanatta Gasperín como integrante del Grupo de Amistad México-Brasil.

Baja del diputado Óscar Bitar Hadad como integrante del Grupo de Amistad México-Italia.

Alta del diputado Heliodoro Díaz Escárraga como integrante del Grupo de Amistad México-Italia.

Baja del diputado Heliodoro Díaz Escárraga como integrante del Grupo de Amistad México-Líbano.

Alta del diputado Óscar Bitar Hadad como integrante del Grupo de Amistad México-Líbano.

Alta del diputado Alejandro Bejos Nicolás como integrante del Grupo de Amistad México-Líbano.

Alta del diputado Francisco Madrazo Rojas como integrante del Grupo de Amistad México-Marruecos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el referido cambio.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa....Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la Mesa Directiva del Grupo de Amistad México-Bélgica, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Alta del diputado Javier Villacaña Jiménez como secretario del Grupo de Amistad antes referido.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el referido cambio.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, párrafo 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo Octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de votación en las delegaciones permanentes de la Cámara de Diputados ante organismos parlamentarios de carácter multilateral, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional:

Alta del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra como integrante del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Alta del diputado Mario Zepahua Valencia como integrante del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA).

Lo anterior, para efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los cambios.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

Baja del diputado Fidel René Meza Cabrera como secretario de la Comisión referida.

Alta de la diputada Amalín Yabur Elías como secretaria de la Comisión referida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 5 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta al Pleno si se aprueban los cambios.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Turismo, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

Alta de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz como secretaria de la Comisión referida.

Alta de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña como secretaria de la Comisión referida.

Baja de la diputada Amalín Yabur Elías como secretaria de la Comisión referida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

En votación económica se pregunta al Pleno si se aprueban los cambios.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Alta del diputado Juan García Costilla como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Baja del diputado Edgar Torres Baltazar como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

Baja del diputado Maximino Fernández Ávila como integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste.

Alta del diputado Maximino Fernández Ávila como integrante de la Comisión Especial del Café.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Baja del diputado Humberto Francisco Filizola Haces como integrante.

De Radio, Televisión y Cinematografía:

Baja de la diputada Lilia Aragón del Rivero como integrante.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia y Familias, solicitado por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del grupo parlamentario del PRI:

Baja de la diputada Lilia Aragón del Rivero como integrante de la Comisión Especial antes referida.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 46, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se de cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar:

Alta del diputado Gustavo Zanatta Gasperín como integrante.

Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión:

Alta de la diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero como integrante.

Del Café:

Alta del diputado Benjamín Sagahón Medina como integrante.

Ganadería:

Baja del diputado Lamberto Díaz Niebla como integrante.

Alta del diputado Guillermo del Valle Reyes como integrante.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

De Agricultura y Ganadería:

Baja del diputado Juan Manuel Vega Rayet como integrante.

Alta de la diputada Hilaria Domínguez Arvizu como integrante.

Baja del diputado Guillermo del Valle Reyes como integrante.

Alta del diputado Lamberto Díaz Niebla como integrante.

De Atención a Grupos Vulnerables:

Baja de la diputada Hilaria Domínguez Arvizu como integrante.

Alta de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña como integrante.

De Ciencia y Tecnología:

Alta de la diputada Marcela Guerra Castillo como integrante.

Alta del diputado Erick Agustín Santos Silva como integrante.

Baja del diputado Omar Bazán Flores como integrante.

De Comunicaciones:

Alta del diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa como integrante.

De Defensa Nacional:

Alta del diputado Roberto Rafael Campa Cifrián como integrante.

De Desarrollo Rural:

Baja del diputado Víctor Ernesto González Huerta como integrante.

Alta del diputado José Eduviges Nava Altamirano como integrante.

Del Distrito Federal:

Baja de la diputada Marcela Guerra Castillo como integrante.

De Educación Pública y Servicios Educativos:

Baja de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz como integrante.

Alta del diputado José López Medina como integrante.

De Energía:

Alta del diputado Erick Agustín Santos Silva como integrante.

De Equidad y Género:

Alta de la diputada María Mercedes Rojas Saldaña como integrante.

De Fomento Cooperativo y Economía Social:

Alta del diputado Lisandro Arístides Campos Córdova como integrante.

Alta del diputado Aníbal Peralta Galicia como integrante.

Alta de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz como integrante.

Alta del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante como integrante.

Alta del diputado José García Ortiz como integrante.

De Fortalecimiento del Federalismo:

Alta del diputado Federico Madrazo Rojas como integrante.

De Gobernación:

Alta del diputado Federico Madrazo Rojas como integrante.

De Hacienda y Crédito Público:

Alta del diputado Humberto Francisco Filizola Haces como integrante.

De Justicia y Derechos Humanos:

Baja del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco como integrante.

Alta de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado como integrante.

Baja del diputado Gonzalo Ruiz Cerón como integrante.

Alta del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, como integrante.

De Juventud y Deporte:

Alta de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles como integrante.

De Marina:

Alta del diputado José Javier Villacaña Jiménez como integrante.

Alta de la diputada María Concepción Fajardo Muñoz como integrante.

De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Alta del diputado Alfredo Bejos Nicolás como integrante.

De Pesca:

Baja del diputado José Lamberto Díaz Niebla como integrante.

Alta del diputado Gonzalo Ruiz Cerón como integrante.

De Puntos Constitucionales:

Baja del diputado Gonzalo Alemán Migliolo como integrante.

Alta del diputado Aníbal Peralta Galicia como integrante.

De Radio, Televisión y Cinematografía:

Alta del diputado Federico Madrazo Rojas como integrante.

De Recursos Hidráulicos:

Alta de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles como integrante.

De Reforma Agraria:

Baja del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga como integrante.

Alta del diputado Gustavo Zanatta Gasperín como Integrante.

De Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

Baja de la diputada María Esther Scherman Leaño como integrante

Alta del diputado Omar Bazán Flores como integrante.

De Salud:

Baja del diputado José García Ortiz como integrante.

Alta del diputado Alfredo Bejos Nicolás como integrante.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comités, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

De Información, Gestoría y Quejas:

Alta de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles como integrante.

Alta del diputado Lisandro Arístides Santos Córdova como integrante.

Baja del diputado Gonzalo Moreno Arévalo como integrante.

De Administración:

Alta del diputado Alejandro Saldaña Villaseñor como suplente.

Del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaría:

Baja del diputado Gonzalo Moreno Arévalo como integrante.

Baja del diputado Víctor Ernesto González Huerta como integrante.

Alta del diputado José Eduviges Nava Altamirano como integrante.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios en comisiones, solicitados por el diputado Wintilo Vega Murillo, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del GPPRI:

De Transportes:

Alta del diputado Gustavo Zanatta Gasperín como integrante.

Alta del diputado Gonzalo Moreno Arévalo como integrante.

Alta del diputado Erick Agustín Santos Silva como integrante.

Alta del diputado José Javier Villacaña Jiménez como integrante.

De Turismo:

Alta del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante como integrante.

De Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación:

Alta del diputado Víctor González Huerta como integrante.

De Vivienda:

Alta del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante como integrante.

Alta del diputado José Javier Villacaña Jiménez como integrante

Alta del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco como integrante.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2005.--- Diputado José González Morfín (rúbrica).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado también.

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PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

C. Dip. Fed. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en el numeral cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, a través del cual se crea esta Comisión, me permito anexar a la presente el informe correspondiente al foro La problemática generada por Pemex en las diversas regiones del estado de Chiapas, mismo que desarrollamos de manera conjunta con las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Energía.

La presencia de Petróleos Mexicanos en el estado de Chiapas se encuentra en la parte norte del mismo, en cinco municipios: Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán.

En esta zona aún se recuerda el 26 de julio de 1996, cuando una de las ocho plantas criogénicas del complejo petroquímico de Cactus registró una explosión, con afectaciones al medio ambiente y su impacto social correspondiente.

En estas instalaciones se reciben millones de pies cúbicos de gas para su enfriamiento a bajas temperaturas, para obtener líquidos de este energético. Este gas proviene de los diversos yacimientos en los estados de Tabasco y de Campeche.

Ejidatarios de Nuevo Progreso han demandado en diversas ocasiones, en enero de 2003 y en noviembre de 2004, los daños que les ha causado los continuos derrames de hidrocarburos en sus tierras, de los municipios de San Juan Guichicovi y Matías Romero.

Manifestaron que estas fracturas en las tuberías han causado una fuerte contaminación en los terrenos de ejidatarios y cuerpos de agua aledaños, donde se ha registrado la muerte de diferentes especies de valor comercial incalculable en ejidos como Nuevo Progreso, Estación Sarabia, Boca del Monte y Paso Real.

También expresaron que uno de los cuerpos de agua que ha sido afectado es el arroyo El Colmillo, donde se ha registrado la muerte de centenares de peces, ya que las fugas del combustible han afectado severamente al medio ambiente.

Aunado al problema ambiental, se han venido presentando otros más, como la inseguridad, encarecimiento de los artículos de la canasta básica por encima de otras localidades de la entidad, prostitución y alto índice de desempleo.

La presencia de Pemex en la región ha llevado a diversas instituciones educativas a desarrollar carreras vinculadas a la actividad petrolera, sin embargo, las oportunidades de empleo por parte de la paraestatal son escasas, y las pocas que se llagan a dar comprenden el nivel más bajo dentro del escalafón de Petróleos Mexicanos, de ahí que los jóvenes chiapanecos exijan más oportunidades de empleo dentro de los complejos petroleros de la entidad.

Los lugareños de los municipios con presencia de Pemex presentaron enfermedades respiratorias, las cuales atribuyen a la actividad de la paraestatal y pese a que no existen estudios serios que determinen la veracidad de estas afirmaciones, la realidad es que su presencia data de la entrada en operación de las instalaciones de la empresa.

Puntualizaron que la presencia de Petróleos Mexicanos en la entidad chiapaneca y en especial en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán en el estado de Chiapas ha traído consigo una serie de problemas sociales y ambientales que no han sido atendidos de manera puntual, que pueden resumirse en contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación de aire y alteraciones al ecosistema en general.

Por ello, es necesario instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las instalaciones petroleras, para contribuir a un mejor conocimiento de la situación y la definición precisa de las acciones a desarrollar; asimismo integrar una serie de estudios en materia de salud y sobre el impacto que la actividad petrolera genera en los habitantes de la región.

De la misma manera, se propone buscar los mecanismos legales y de gestión, para que a través de los recursos excedentes petroleros, los municipios impactados reciban mayores, recursos por su aportación en la producción nacional de crudo y gas, para con ello poder dar respuesta a las demandas de la población, en materia de servicios como agua potable, electricidad, pavimentación, seguridad, salud, etcétera.

De la misma manera se recomienda buscar los mecanismos a través de los cuales se puedan brindar mayores recursos para apoyar a los campesinos de la región, con la finalidad de brindarles alternativas que les permitan una actividad alterna a la que desarrollaban.

Asimismo es necesario gestionar la implementación de programas de apoyo a los productores rurales con alambre de púas, jornales, maquinaria agrícola y otros insumos, permitiendo una convivencia de Pemex con la industria pesquera, que ha sufrido una disminución en sus capturas.

Agradeciendo de antemano su amable atención, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2005.--- Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Informe de la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, sobre el foro La problemática generada por Pemex en las diversas regiones del estado de Chiapas, que se llevó a cabo el lunes 20 de septiembre de 2004

Introducción

Continuando con nuestra labor de recepcionar la problemática ambiental y social que se ha registrado en cada una de las entidades en donde la paraestatal Petróleos Mexicanos cuenta con instalaciones.

Los integrantes de la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex, desarrollamos foros y mesas de trabajo para la recepción de la información que nos permita escuchar a los sectores que han sido afectados por la actividad petrolera y atender los problemas que nos fueran planteados.

De esta manera el pasado 20 de septiembre de 2004, des arrollamos una gira de trabajo por el estado de Chiapas, en donde escuchamos y recibimos las propuestas de los diferentes sectores de esta entidad.

En esta ocasión, se realizaron las reuniones de manera conjunta con las Comisiones de Medio Ambiente y de Energía de la H. Cámara de Diputados, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con la población chiapaneca, que mostró gran interés en buscar alternativas de solución a los problemas que han enfrentado por la presencia de Pemex.

Durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo, con los integrantes del Congreso del estado, con los representantes de sectores productivos, Partidos Políticos, organizaciones no gubernamentales, comerciantes, empresarios, y pescadores, entre otros.

En cada una de las reuniones se desarrolló una presentación de los integrantes de la Comisión que asistieron a esta visita, ante los invitados y participantes, se dio a conocer los objetivos y programas de trabajo con el fin de iniciar los diálogos que tiendan puestas de comunicación y entendimiento para explicar la función de la misma.

En atención a la solicitud de la diputada federal María Elena Orantes López, escuchamos las propuestas de los habitantes y sectores productivos de los cinco municipios en los que Pemex tiene presencia en esta entidad: Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán.

Con instalaciones que han representado un peligro para los recursos naturales como las ocho plantas criogénicas del Complejo Petroquímico Cactus, que en 1996 estalló generando graves afectaciones al medio ambiente, el Gobierno del estado de Chiapas enfrenta la solución de los problemas sociales que demanda la población.

El presente informe pretende presentar de manera clara las propuestas, experiencias y comentarios que los integrantes de esta Comisión, recibimos en nuestra visita a Chiapas, así como las acciones que se emprendieron para dar respuesta a la población y a los sectores que han sido afectados.

Cabe destacar que de los problemas a los que mayor referencia hicieron los participantes de estas reuniones, fue la carencia de programas de reordenamiento ecológico y la restitución de los daños generados por la paraestatal en la entidad chiapaneca.

Como resultado de los planteamientos escuchados en las reuniones sostenidas, la Comisión Investigadora del Daño Social y Ecológico Generado por Pemex inició la realización de entrevistas y reuniones de trabajo con las autoridades estatales y del ámbito Federal, que al igual puede ayudar en la solución de estos problemas.

Diputados participantes

Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Presidenta.

Dip. Carla Rochín Nieto, secretaria.

Dip. Yadira Serrano Crespo, secretaria.

Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán, secretaria.

Dip. María Elena Orantes López.

Dip. Baruch Alberto Barrera Zurita.

Dip. Gonzalo Guízar Valladares.

Dip. Francisco Herrera León.

Dip. Francisco Javier Lara Arano.

Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández.Programa de actividades

Con la finalidad de atender las problemáticas que enfrentan diversos sectores de la sociedad del estado de Chiapas, ante las actividades realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), este fue el programa desarrollado el pasado 20 de septiembre de 2004.

Foro La problemática generada por Pemex, en las diversas regiones del estado de Chiapas. 20 de septiembre de 2004, municipio de Reforma, Chiapas.

10:00 horas. Arribo al aeropuerto de la Ciudad de México.

10:55 a 12:15 horas. Vuelo con destino a la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

12:20 a 13:10 horas. Traslado por carretera al municipio de Reforma, Chiapas.

13:30 a 15:30 horas. Comida con Comisiones e invitados especiales.

15:30 a 16:00 horas. Registro de participantes.

16:00 a 16:05 horas. Municipio de Reforma, Chiapas. Foro La problemática generada por Pemex en las diversas regiones del estado de Chipas.

Programa

Bienvenida a cargo de la diputada María Elena Orantez López.

Palabras a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Presidenta de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.

Palabras a cargo de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Palabra a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Palabras a cargo del Med. David López Narváez sobre la situación de la Región Norte.

Palabras y presentación de un video testimonial sobre la realidad de Chiapas por Antonio Lorenzo Guzmán, representante del sector social.

Palabras de Heladio García Pinto, representante del sector social.

Palabras de Tomás Méndez Hernández, representante del sector social.

Presentación de la ponencia ``Problemas de salud por la fuerte contaminación en Santa Teresa de Juárez'', por Juan Cano, representante del sector salud.

Palabras de Baldomero Hernández Cano, representante del sector académico e institutos de investigación.

Presentación de la ponencia ``Relato de la situación de Pichucalco'', por el licenciado Alejandro Vila Chávez, del municipio de Pichucalco, Chiapas.

Presentación de la ponencia ``Relato de la situación de Juárez'', por el C. Jesús Silva Arzat, del municipio de Juárez, Chiapas.

Palabras del C. Humberto González López, presidente municipal de Sunuapa, Chiapas.

Palabras del C. Roberto Torres Bouchot, presidente municipal de Ostuacan, Chiapas.

Palabras del C. Efraín Quevedo Gurría, presidente municipal de Juárez, Chiapas.

Clausura a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Presidenta de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.

19:00 a 20:30 horas. Cena con Comisiones e invitados especiales.

21:00 horas. Arribo al aeropuerto de Villahermosa.

21:45 a 23:10 hrs. Vuelo con destino a la Ciudad de México

Objetivos

Reunión interinstitucional para escuchar, atender y proponer soluciones a la problemática generada por el impacto ambiental y social de la presencia de Pemex en la entidad.

Escuchar los planteamientos de los legisladores locales y las propuestas de solución en materia legislativa de las problemáticas que enfrenta la entidad ante los impactos social y ambiental generados por Pemex.

Conocer los resultados de las investigaciones realizadas en materia de impacto ambiental generado por Pemex en la región, escuchar las preocupaciones de las instituciones de salud e instituciones de investigaciones por la presencia de la paraestatal y recoger los planteamientos de las problemáticas que se presentan y sus posibles soluciones.

Problemática

La presencia de Petróleos Mexicanos en el estado de Chiapas, se encuentra en la parte norte del mismo, en cinco municipios: Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán.

Importante por su aportación en hidrocarburos y gas, además de los trabajos de enfriamiento que se desarrollan en el complejo petroquímico Cactus, ubicado a 10 kilómetros del municipio de Reforma, Chiapas, que registra severos rezagos en comparación con su aportación al país en materia energética.

Todos recuerdan el 26 de julio de 1996, cuando una de las ocho plantas criogénicas del Complejo Petroquímico Cactus registró una explosión, con un saldo de un muerto y decenas de heridos.

Ante la falta de un hospital de primer nivel, los lesionados tuvieron que ser trasladados a Villahermosa, Tabasco.

En estas instalaciones se reciben millones de pies cúbicos de gas, para su enfriamiento a bajas temperaturas, para obtener líquidos de este energético. Este gas proviene de los diversos yacimientos en los estados de Tabasco y Campeche.

Ejidatarios de Nuevo Progreso, han demandado en diversas ocasiones, en enero de 2003 y en noviembre de 2004, los daños que les ha causado los continuos derrames de hidrocarburos en sus tierras, de los municipios de San Juan Guichicovi y Matías Romero.

Manifestaron que estas fracturas en las tuberías han causado una fuerte contaminación en los terrenos de ejidatarios y cuerpos de agua aledaños, donde se han registrado la muerte de diferentes especies de valor comercial incalculable en ejidos como Nuevo Progreso, Estación Sarabia, Boca del Monte y Paso Real.

Expresaron que uno de los cuerpos de agua que ha sido afectado es el arroyo El Colmillo, donde se ha registrado la muerte de centenares de peces, ya que las fugas del combustible han afectado severamente al medio ambiente.

La explotación del petróleo en el país, ha dejado impactos ambientales y sociales muy graves. Lo anterior ha significado el deterioro dramático de ecosistemas de gran diversidad biológica y enorme productividad, así como la calidad de vida de una numerosa población que vivía en la abundancia de recursos naturales que les brindaba su entorno.

Aunado al problema ambiental, se han venido presentando otros mas como la inseguridad, encarecimiento de los artículos de la canasta básica por encima de otras localidades de la entidad, prostitución y un alto índice de desempleo.

La presencia de Pemex en la región, ha llevado a diversas instituciones educativas a desarrollar carreras vinculadas a la actividad petrolera, sin embargo, las oportunidades de empleo por parte de la paraestatal son escasas, y las pocas que se llagan a dar, comprenden el nivel mas bajo dentro del escalafón de Petróleos Mexicanos, de ahí que los jóvenes chiapanecos exigen más oportunidades de empleo dentro de los complejos petroleros de la entidad.

Los lugareños de los municipios con presencia de Pemex, presentaron, enfermedades respiratorias, las cuales atribuyen a la actividad de la paraestatal y pese a que no existen estudios serios que determinen la veracidad de estas afirmaciones, la realidad es que su presencia data de la entrada en operación de las instalaciones de la empresa.

Informacion de Pemex

Según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos, a través de la página de Internet www.pemex.gob.mx, en el 2003, la paraestatal realizaba trabajos de prospección petrolera en un área de más de ocho mil kilómetros cuadrados en las partes occidental y norte del estado de Chiapas, con el objetivo de incorporar reservas de crudo ligero y gas asociado por 177 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en un plazo máximo de cinco años.

En el 2003, la paraestatal entregó a la entidad chiapaneca, por concepto del Anexo de Ejecución 06/03 del Convenio de Desarrollo Social Pemex-Chiapas, recursos por el orden de los 127 millones de pesos, para el desarrollo social y económico de cinco municipios de este estado con mayor presencia de la industria petrolera.

Se informa que la empresa cuenta con instalaciones en los municipios de Chiapas de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán, en la región norte de este estado.

Para el 2004, en entonces director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, en. el mes de septiembre, firmaba el Anexo de Ejecución 08/04 del Convenio de Desarrollo Social y Humano Pemex-Chiapas, aportando donativos en efectivo y en especie por el orden de mas de 80 millones de pesos.

En ese entonces mencionaba que con estos recursos se complementarían y extenderían los proyectos agropecuarios, acuícolas, forestales, de vivienda, educación, salud e infraestructura urbana y camionera de los municipios antes señalados.

Sobre las acciones realizadas con recursos de Pemex y el Gobierno estatal de Chiapas, la paraestatal informaba que en el reglón de proyectos agropecuarios, más de mil familias han sido beneficiadas en 78 localidades, mientras que más de 10 mil han obtenido asistencia técnica y otras mil 700 participan de los beneficios de proyectos acuícolas y pisícolas en la región.

Solicitudes recibidas

Que se realicen estudios de impacto ambiental, por prestigiadas empresas o instituciones de investigación, para dar a conocer los impactos al medio ambiente por la actividad petrolera.

Que en los convenios celebrados entre Pemex y el Gobierno del estado de Chiapas, se contemplen los proyectos u obras a realizar con recursos etiquetados.

Que se retomen los proyectos de devolución de alambres de púas y láminas de zinc, ampliación de la red de energía eléctrica en las comunidades rurales, dotación de fertilizantes.

Se solicita maquinaria para la construcción de pozos profundos, con la finalidad de brindar agua potable a los habitantes de las comunidades rurales y sistemas de riego.

Que se implemente la entrega de módulos de maquinaria agrícola para las comunidades rurales.

La legalización de los contratos de ocupación superficial de las áreas afectadas por Pemex.

El desarrollo de mayor obra social como casas de salud, centros deportivos, entre otros.

Que de los recursos provenientes del excedente petrolero, se destine una parte para los municipios con impacto petrolero, distribuido en base a su aportación a la producción nacional.

Que se desarrollen estudios en materia de salud para determinar si las enfermedades que se presentan tienen que ver con la presencia de Petróleos Mexicanos en la zona.

Que se agilice la entrega de las dotaciones de alambres de púas y se revise el pago por jornales que se hace en este rubro, unificándolos a la media nacional.

Que se brinden espacios a los jóvenes profesionistas en los complejos petroleros en la zona.

Crear un fideicomiso para proyectos productivos en los municipios afectados de Chiapas, por las actividades de Pemex.

Que se construya un hospital de primer nivel y una central camionera, además de gestionar un juzgado mixto en la zona.

La reparación de caminos rurales de la entidad.

Proponer una ley que permita resarcir los daños generados por Pemex, como una deuda histórica que el país tiene con los municipios donde se asienta la paraestatal.

Conclusiones

La presencia de Petróleos Mexicanos en la entidad Chiapaneca y en especial en los municipios de Reforma, Juárez, Pichucalco, Sunuapa y Ostuacán en el estado de Chiapas, ha traído consigo una serie de problemas sociales y ambientales que no han sido atendidos de manera puntual.

Que de acuerdo con lo expresado por los diversos sectores la actividad petrolera en Chiapas ha generado impactos al ambiente que pueden resumirse en contaminación de aguas, contaminación de suelos, contaminación de aire y alteraciones al paisaje.

Por ello, urge instalar una red de monitoreo y la calidad del aire en las instalaciones petroleras, para contribuir a un mejor conocimiento de la situación y la definición precisa de las acciones a desarrollar; asimismo integrar una serie de estudios en materia de salud sobre el impacto de la actividad en los habitantes de la región.

De la misma manera, se propone buscar los mecanismos legales y de gestión, para que a través de los recursos excedentes petroleros, los municipios impactados reciban mayores recursos por su aportación en la producción nacional de crudo y gas, para con ello poder dar respuesta a las demandas de la población, en materia de servicios como agua potable, electricidad, pavimentación, seguridad, salud, etcétera.

De igual forma se recomienda buscar los mecanismos a través de los cuales se puedan brindar mayores recursos para apoyar a los campesinos de la región, con la finalidad de brindarles alternativas que les permitan una actividad alterna a la que desarrollaban.

Asimismo es necesario gestionar la implementación de programas de apoyo a los productores rurales con alambre de púas, jornales, maquinaria agrícola y otros insumos, permitiendo la convivencia de Pemex con la industria pesquera que ha sufrido una disminución en sus capturas.

ANEXOS*

Anexo I: Reseña con fotografías del Foro ``La problemática generado por Pemex en las diversas regiones del estado de Chiapas''.

Anexo II. Recortes periodisticos.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Nancy Lorena Flores Castellanos.

Puesto: Auxiliar de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.Nombre: José Manuel Villafuerte Arias.

Puesto: Asistente de relaciones culturales.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de su identificación.

Al mismo tiempo, se informa que la persona que se menciona a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno estadounidense:

Nombre: María Beatriz Josefina Gómez González.

Puesto: Asistente consular.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Y por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Teresa Cabrero Díaz.

Puesto: Asistente comercial.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Alejandro Guillermo Aurrecoechea Villela.

Puesto: Oficial de relaciones públicas.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Rocío Pérez Fuentes.

Puesto: Jefa de choferes.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Nombre: Sergio Joel Salazar Gómez.

Puesto: Asistente de materiales.

Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de su identificación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1509, signado el 8 del actual por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SIEDO/0168/2005, suscrito el 21 del mes en curso por el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo por el que esa Cámara repudia todas las acciones que el crimen organizado ha instrumentado para alterar la paz social y vulnerar la seguridad del Estado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por acuerdo del procurador general de la República, su oficio número SEL/300/625/05, del 11 de febrero del año en curso, se turnó para su atención a esta Subprocuraduría. En tal virtud, se procedió nuevamente a dictar instrucciones a las unidades que la forman a efecto de que se redoblen los esfuerzos encaminados a combatir el crimen organizado.

Cabe precisar que el caso que motivó el punto de acuerdo del H. Congreso de la Unión, como es de su conocimiento, constituye una acción por parte de la Procuraduría General de la República contra las organizaciones delictivas que buscan permear las instituciones del Estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Lic. José Luis Santiago Vasconcelos (rúbrica), subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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ESTADO DE CAMPECHE

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-1254, signado el 1 de febrero del año en curso por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y María Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 152/2005, suscrito el 18 del actual por el Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Especiales de la Secretaría de Marina, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a publicar en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre de 2003 relativo a las áreas de prevención y exclusión marítima de la sonda de Campeche y a que, en tanto se publican, se otorguen permisos temporales para la pesca del peto en las áreas próximas a las instalaciones petroleras en esta zona durante enero, febrero y marzo del año en curso.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Marina.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Ciudad.

Por instrucciones del Almirante secretario, esta Comisión de Estudios Especiales, en atención al oficio número SEL/300/505/05, de fecha 2 de febrero de 2005, mediante el cual comunica el punto de acuerdo donde la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre de 2003, relativo a las áreas de prevención y exclusión de la sonda de Campeche y, en tanto no se hayan publicado, se otorguen permisos temporales para la pesca del peto en las áreas próximas a las instalaciones petroleras de la sonda de Campeche durante enero, febrero y marzo del presente año, suscrito por los diputados Abraham Bagdadi Estrella y Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

1. Con fecha 30 de octubre de 2003 fue presentado ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo, propuesto por el diputado Abraham Bagdadi Estrella, por el que solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que modifique el acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de septiembre de 2003.

2. En fecha 2 de abril de 2004 se reunieron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del gobierno del estado de Tabasco, con la finalidad de atender la solicitud de los pescadores de la Sonda de Cam peche; representantes de las Secretarías de Gobernación, de Marina, y de Comunicaciones y Transportes, así como de la Sagarpa y de la Conapesca, con el secretario general de Gobierno y secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca por parte del gobierno del estado de Tabasco, llegando a los acuerdos que a continuación se presentan en forma resumida, sin que dichos acuerdos sean considerados modificación del acuerdo intersecretarial número 117.

a. Con esa se fecha se abrió temporalmente el área de prevención marítima ``M'' (anexo A), exceptuando de esto las áreas consideradas de exclusión EI y EIII (anexo A), áreas que continúan abiertas hasta la fecha.

b. Los gobiernos Federal y del estado de Tabasco están de acuerdo en establecer los controles de seguridad, que serán respetados por los pescadores;

c. El gobierno del estado de Tabasco coadyuvará en las acciones para garantizar la seguridad de la zona y fungirá como canal de interlocución con las organizaciones pesqueras del estado, fomentando en todo momento el cumplimiento de la normatividad vigente;

d. En el momento en que se cuente con información que ponga en riesgo las instalaciones establecidas en el área de exclusión, inmediatamente se restablecerán las áreas originales del acuerdo intersecretarial número 117;

e. Al tenerse en operación las alternativas de corto plazo que permitan el desarrollo del sector pesquero, se establecerán las medidas de seguridad como las establece el mencionado acuerdo.

3. En fecha 7 de abril de 2004 se llevó a cabo otra reunión interinstitucional de las autoridades que se mencionan en el punto inmediato anterior con autoridades del estado de Campeche, en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno del estado de Campeche, en la cual se ratificaron los acuerdos citados en el punto que antecede.

4. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 7 de julio de 2004, el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre de los diputados Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentado del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Poder Ejecutivo federal a fin de que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones hechas al acuerdo intersecretarial.

5. En fecha 25 de agosto del año próximo pasado, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, dio a conocer a los secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el contenido del oficio número 929/2004, mediante el cual se dio respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a quien corresponda para que se hagan valer las adecuaciones realizadas al acuerdo intersecretarial creado el 11 de septiembre de 2003, en el sentido de que

a. No se hizo adecuación alguna a las dimensiones de las áreas de prevención y exclusión, y

b. Se permitió la pesca en forma provisional en el área de prevención ``M'' (ver anexo A),continuando su restricción en las denominadas áreas de exclusión ``EI'' y ``EIII'' (ver anexo A), en la inteligencia de que tales actividades se permiten bajo criterios de seguridad.

En opinión de esta institución y en atención a lo citado en el cuerpo del presente escrito, se puede decir que en este aspecto tampoco se ha realizado modificación alguna al acuerdo intersecretarial del 11 de septiembre de 2003, por lo que no hay información que deba ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.

6. En relación con la aseveración realizada por los diputados Bagdadi Estrella y Gutiérrez Zurita, en el sentido de que las autoridades federales hicieron del conocimiento de la opinión pública el 9 de marzo de 2004 la suspensión del acuerdo intersecretarial, es necesario precisar que el único medio por el cual se pretenda hacer oficial la modificación o promulgación de una ley, decreto o disposición del orden federal es en el Diario Oficial de la Federación, circunstancia que hasta la fecha no ha sucedido con relación al presente asunto, motivo por el cual el acuerdo intersecretarial número 117 se encuentra vigente y como consecuencia de ello la incursión de embarcaciones camaroneras o pesqueras, para desarrollar actividades de captura o pesca en las áreas (``EI'' y ``EIII'', anexo A) restringidas colindantes con las plataformas petroleras, no están emitidas.

7. En este contexto, respecto al interés de la posible expedición de permisos para desarrollar actividades de pesca en el área que se cita, es menester señalar que su otorgamiento en los términos que establecen los diputados Bagdadi Estrella y Gutiérrez Zurita se realizaría contra lo determinado en el acuerdo en cita. En consecuencia, sería un acto contrario a lo establecido por la normatividad que rige.

8. También resulta trascendente señalar que, según las cartas pesqueras, el área de pesca en el golfo de México no sólo se limita a las partes sur y suroeste, áreas en parte ocupadas por las plataformas petroleras, sino que también se extiende hacia las zonas norte y noreste, en las cuales se realiza la captura de crustáceo sin mayores restricciones, salvo las establecidas por la autoridad respecto a la temporalidad de captura, lo mismo sucede con las demás pesquerías, ya que no se ha sabido que alguna especie sea sedentaria y se establezca únicamente en el área de plataformas petroleras del golfo de México.

9. En este orden de ideas, y como último punto, es necesario señalar que las plataformas petroleras como instalaciones o estructuras colocadas en una zona marina, están consideradas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el punto 4 del artículo 60, que cuando sea necesario el Estado ribereño podrá establecer alrededor de las islas artificiales, instalaciones y estructuras zonas de seguridad razonables en las cuales podrá tomar medidas apropiadas para garantizar tanto la seguridad de la navegación como las de las islas artificiales, instalaciones y estructuras. En este contexto, la delimitación de las áreas, amén de ser una facultad en ejercicio de soberanía por parte del Ejecutivo federal, por estar las mismas inmersas en aguas de jurisdicción federal, también un acto amparado por el derecho internacional.

En atención a lo citado en el cuerpo del presente escrito, se señala que actualmente el área de prevención ``M'', ilustrada en el anexo A, permanece abierta a la pesca en forma temporal, hasta en tanto los gobiernos estatales y el federal tengan en operación las alternativas de corto plazo propuestas para el desarrollo del sector pesquero y la reconversión económica de la zona, en la inteligencia de que tales actividades se permitirán bajo criterios de seguridad, lo que implica el control de acceso, el cumplimiento de las normas de seguridad en la navegación y la suspensión de cualquier actividad de pesca en esta área en el caso que la Secretaría de Marina lo considere necesario para mantener las condiciones de seguridad necesarias.

Subsistiendo la condición de que cuando se cuente con información sobre la posibilidad de alguna actividad que ponga en riesgo las instalaciones establecidas en las áreas de exclusión ``EI'', ``EII'' y ``EIII'' (Anexo ``A'')*, inmediatamente se restablecerán las áreas en la forma en que se indica en el acuerdo intersecretarial, prevaleciendo en todo momento los objetivos nacionales marítimos y, por ende, el interés nacional.

Por las razones expuestas con antelación, se considera que no es procedente modificar el acuerdo intersecretarial número 117, en el que se establecieron las áreas de prevención y exclusión marítima en la sonda de Campeche, toda vez que la zona descrita en el multicitado acuerdo actualmente cumple la función de contrarrestar cualquier amenaza a la seguridad nacional y descansa en la normatividad jurídica constituida en el derecho mexicano y en el derecho internacional, por el bienestar integral de todos los mexicanos, por lo que no se deben anteponer intereses personales ni de grupo al Estado de derecho ni a la seguridad nacional. Asimismo, se considera que debe prevalecer el interés general de la nación. Por estos motivos, no es posible acceder a lo propuesto por el diputado Abraham Bagdadi Estrella, quien exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modificar el acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial en fecha 11 de septiembre de 2003.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi especial consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez (S-6605095) (rúbrica), presidente de la Comisión de Estudios Especiales.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1134, signado el 2 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DCP-0335/05, suscrito el 18 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita que se les haga llegar el oficio original No. DCP.- 0336/05, con el que da respuesta al punto de acuerdo por el que esa Cámara se pronuncia en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos de América, por lo que se exhorta a esa dependencia a utilizar los recursos administrativos y judiciales, a través de los consulados de nuestro país, para hacer valer el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, sobre el punto de acuerdo aprobado el 2 de diciembre de 2004, en el que la Cámara de Diputados se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a utilizar los recursos administrativos y judiciales, a través de los consulados mexicanos, para hacer valer el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directivade la Comisión Permanente.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 2 de diciembre de 2004, en el que la Cámara de Diputados se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a utilizar los recursos administrativos y judiciales, a través de los consulados mexicanos, para hacer valer el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Al respecto, le informo que:

El 6 de octubre, el Senado de Estados Unidos aprobó con una amplia mayoría la iniciativa S2845, conocida como Reforma a la Inteligencia Nacional 2004, la cual no incluye ninguna referencia al tema migratorio.

La iniciativa que se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 8 de octubre (HR10) incluye algunas medidas relacionadas con la migración y la frontera.

En virtud de que ambas iniciativas eran diferentes, fueron turnadas a un Comité de Conferencia en el que ambos cuerpos legislativos concilian discrepancias.

La iniciativa aprobada en la Cámara contemplaba que para fines de identificación ante oficinas federales, sólo se pueden presentar pasaportes válidos o documentos expedidos por la Procuraduría de Justicia o la Secretaría de Seguridad Interna.

El 19 de octubre, la Casa Blanca envió una carta a los miembros del Comité de Conferencia, firmada por la Asesora de Seguridad Nacional, Condolezza Rice y el Director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Joshua Bolten, en la que expresa su preocupación por los estándares incluidos en la iniciativa sobre la expedición de identificaciones a extranjeros.

El Gobierno de EUA también manifestó su oposición a que se incremente la autoridad que tienen los agentes de la Patrulla Fronteriza para aplicar la ``deportación expedita''. Los conferencistas tanto del Senado como los demócratas de la Cámara de Diputados apoyaban la idea de eliminar de la versión final de la ley las provisiones sobre el tema migratorio.

Aún cuando se esperaba que la Conferencia llegara a un acuerdo el 19 de noviembre, no se alcanzó acuerdo en los asuntos migratorios, particularmente en lo referente al tema de las licencias y a las medidas sobre asilo.

El 7 de diciembre de 2004 el pleno de la Cámara de Representantes aprobó el reporte del Comité de Conferencia que senadores y representantes redactaron para reformar el sistema de inteligencia de Estados Unidos. El Senado, por su parte, lo aprobó el 8 de diciembre y el 17 del mismo mes el Presidente George W. Bush firmó la ley.

Se retiró del proyecto original (HR10) el requisito de probar la estancia legal en el país para quienes desean obtener una licencia de conducir y se suspendió el plan de terminar la construcción de una barda para impedir el paso a los inmigrantes indocumentados en California. El texto definitivo no incluyó el lenguaje aprobado en la Cámara de Representantes que pretendía que, para fines de identificación ante oficinas federales, sólo se hubieran podido presentar pasaportes válidos o documentos expedidos por el Departamento de Justicia o el de Seguridad Interna.

El texto final incluye un importante aumento en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, así como una serie de disposiciones que regularán el tipo de identificaciones que pueden ser utilizadas para abordar aviones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1132, signado el 2 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Antonio Morales de la Peña, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DCP-0386/05, suscrito el 22 de febrero del año en curso por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual solicita que se les haga llegar el oficio original número DCP.-0387/05, con el que da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a que, a través de los Consulados mexicanos en Arizona, utilice los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer en todo momento los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad de Estados unidos de América, con motivo de la aplicación de la propuesta Protect Arizona now.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 1 de marzo de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, sobre el punto de acuerdo, aprobado el 2 de diciembre de 2004, en el que ``Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la aprobación de la propuesta Protect Arizona now, en Arizona, Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria. Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los Consulados mexicanos en Arizona, utilice todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer, en todo momento, el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad. Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la gobernadora demócrata Janet Napolitano, el senador federal republicano John McCain, los representantes federales republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake y los alcaldes de Phoenix y de Tucson rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada No on 200: Arizonians for Real Immigration Reform, presidida por el ex procurador general de Arizona Grant Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas las organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de inmigrantes en aquel estado''.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de relaciones Exteriores.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directivade la Cámara de Diputados.--- Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo, aprobado en sesión ordinaria del 2 de diciembre de 2004, en el que ``Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la aprobación de la propuesta Protect Arizona now, en Arizona, Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria. Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de los Consulados mexicanos en Arizona, utilice todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer en todo momento el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad. Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la gobernadora demócrata Janet Napolitano, el senador federal republicano John McCain, los representantes federales republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake y los alcaldes de Phoenix y Tucson rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada No on 200: Arizonians for Real Immigration Reform, presidida por el ex procurador general de Arizona Grant Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas las organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de inmigrantes en aquel estado''.

Al respecto, le informo:

El Gobierno de México mantiene como posición permanente la defensa de los derechos de nacionales mexicanos por todos los medios políticos, legales y diplomáticos a su alcance. El caso de la aprobación e implementación de la Ley para la Protección del Ciudadano y el Contribuyente de Arizona no es la excepción.

Se ha expresado el pleno rechazo del Gobierno de México a la aprobación de esta ley, por constituir una medida que propicia acciones de discriminación con base en un perfil étnico. Asimismo, se considera que dicha medida no contribuye a enfrentar integralmente los retos del fenómeno migratorio entre México y el estado de Arizona.

El objeto de la ley es principalmente obligar a las autoridades de las agencias del estado y de los condados responsables de la administración de las prestaciones públicas estatales y locales, que no son exigidas por mandato federal, a verificar la situación migratoria del solicitante y a que dichas autoridades denuncien ante las autoridades federales sobre la situación ilegal de un solicitante. Sin embargo, es importante resaltar que la misma únicamente afecta los servicios públicos incluidos en la sección 46 del Código Estatal relacionados con bienestar social, lo cual excluye servicios de asistencia médica de emergencia, asistencia en desastres, vacunación y educación pública básica.

La Secretaría de Relaciones Exteriores agotará todas las instancias y los recursos disponibles para asegurar el respeto de los derechos que brindan a nuestros connacionales tanto el marco legal internacional como la propia legislación estadounidense. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desplegado acciones en cuatro ámbitos: fortalecimiento de la labor de protección de los Consulados; contacto permanente con funcionarios del estado al más alto nivel; promover la valorización de la comunidad mexicana en Arizona y su aportación a ese estado; y acciones específicas para contrarrestar agresiones de particulares contra mexicanos.

Una vez aprobada la iniciativa durante el referéndum realizado en las elecciones generales del 2 de noviembre de 2004, la Cancillería reiteró su preocupación y rechazo a su aplicación y giró instrucciones permanentes a los cinco Consulados de México en Arizona (Phoenix, Nogales, Tucson, Douglas y Yuma) para mantener debidamente informada a la comunidad mexicana y mantener contacto con autoridades estatales y locales, funcionarios electos opositores a la propuesta y organizaciones sociales, a efecto de dar seguimiento, en estricto apego al marco legal aplicable, al proceso mediante el cual las instancias judiciales correspondientes revisaron la constitucionalidad de la medida.

Se ha instruido también a los Consulados de México en Arizona para documentar los casos de abuso contra mexicanos que se lleguen a presentar por la aplicación de la ley o por la negativa a proporcionar servicios fuera del ámbito de la aplicación de la ley. Lo anterior permitirá en su momento presentar los recursos legales que procedan.

La Secretaría, la Embajada de México en Estados Unidos de América y los Consulados han mantenido estrecho contacto con las organizaciones comunitarias del estado con objeto de intercambiar información sobre las circunstancias relativas a la ley y sobre la estrategia legal y acciones.

Esta Secretaría ha instruido a la Embajada para continuar las consultas con el Departamento de Estado, a fin de obtener seguridades de que los efectos de la iniciativa se circunscriban al ámbito estatal en los aspectos señalados específicamente por la enmienda aprobada y prevenir repercusiones a nivel federal.

El Gobierno de México continuará en estrecho contacto con organizaciones hispanas en Arizona para mantener los mecanismos de información y comunicación para la comunidad mexicana sobre el ámbito de aplicación de la medida.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Tlatelolco, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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CANCER DE MAMA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-935, signado el 19 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 084 / 2005, suscrito el 18 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaria de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da contestación al punto de acuerdo en el que se exhorta a esa dependencia para que, en coordinación con autoridades e instituciones educativas, de seguridad social y de salud de las entidades federativas, des arrolle programas y acciones de orientación y fomento del autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre las estudiantes de bachillerato, universitarias y la población en general, con el fin de impulsar una cultura de prevención en torno de esa enfermedad.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3957/04, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2004, mediante el cual ``se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades e instituciones educativas, de seguridad social y de salud de los estados y del Distrito Federal, desarrolle programas y acciones de orientación y fomento del autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre las estudiantes de bachillerato, universitarias y la población en general, a fin de impulsar una cultura de prevención en torno de esta enfermedad''.

Al respecto, me permito acompañar el oficio número 896, suscrito por la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, solicitando su valiosa intermediación para remitirla al órgano legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 18 de febrero de 2005.--- Dr. Gabriel García Pérez (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Dr. Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

En respuesta al atento oficio número SEL/300/3957/04, de fecha 21 de octubre del presente año, en el que el licenciado Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo, hace llegar el acuerdo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobado en la sesión del 19 del mismo mes y año, en el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con instituciones educativas y de seguridad social de los estados y del Distrito Federal, se desarrollen programas y acciones de orientación y fomento del autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama, al respecto me permito comentarle que ya hemos venido trabajando previamente sobre el tema.

En este momento tenemos terminado el diseño de una campaña de comunicación dirigida fundamentalmente a las estudiantes de bachillerato, universitarias y a la población en general que pretende impulsar una cultura de prevención en torno de esta enfermedad.

Esta campaña tiene una visión de aprovechamiento integral que cubriría la gama de mujeres en sus diversas actividades cotidianas, y que se apoyaría en medios masivos electrónicos (radio y televisión) e impresos, trípticos y carteles, todos ellos de alta creatividad y calidad técnica que, sin duda, influirán en la toma de conciencia de las mujeres mexicanas.

Sin embargo, es pertinente aclarar que la implantación efectiva de la campaña dependerá --por un lado-- de los fondos de financiamiento que se tengan para ello, de los espacios en medios que se le asignen y de la coordinación que se logre entre todas las instancias involucradas.

Por nuestra parte, invitaremos a participar a la sociedad civil, representada a través de, entre otras organizaciones, Avon Cosmetics, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Grupo Reto y Fundación Cima, esperando poder unir esfuerzos en una campaña coordinada.

Asimismo, es preciso destacar que el impacto ante la realización de una campaña de este tipo, vinculada a una enfermedad crónica como es el cáncer de mama, se observará en el mediano y largo plazos.

Reciba un cordial saludo.

México DF, a 17 de febrero de 2005.--- Dra. Patricia Uribe Zúñiga (rúbrica), directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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PILOTOS DE PUERTO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1535, signado el 10 de febrero último por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 500.- 071, suscrito el 24 de febrero del año en curso por el ingeniero César Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en que se solicita a esa dependencia que explique los motivos y las causas que se consideraron para reformar los artículos 98, párrafo segundo, y 99, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Navegación.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de marzo de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/637/05, de fecha 10 de febrero del año en curso, mediante el que remite copia del dictamen de la proposición con punto de acuerdo enviada por los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que se requiere que el secretario de Comunicaciones y Transportes explique las causas por las que se modificaron los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación.

En virtud de lo anterior y en obsequio a la solicitud de los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso General, adjunto al presente se servirá encontrar la argumentación que satisface dicha petición.

Sin otro particular, le renuevo las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 24 de febrero de 2005.--- Ing. César Patricio Reyes Roel (rúbrica), coordinador general.»

«Razones por las que se modificaron los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación, para cumplir la proposición con punto de acuerdo por la que se requiere que el secretario de Comunicaciones y Transportes explique los motivos de dichas reformas

1. Facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de seguridad en la operación de los puertos nacionales

Con las reformas de los artículos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Navegación se elimina la intervención de los pilotos de puerto, exclusivamente en cuanto a la firma de los comprobantes de las prácticas realizadas por los aspirantes a pilotos de puerto, por tratarse de un acto de autoridad, lo que no afecta en modo alguno su participación en las prácticas respectivas y mucha menos hace peligrar la seguridad en las operaciones realizadas en los puertos mexicanos.

La reforma prevé que se conserve la firma de capitán del buque en que se realice la práctica, en virtud de la calidad de autoridad de mando que le reconocen los artículos 6, fracción II, 24 y 25 de la Ley de Navegación. Además, el artículo 51 del mismo ordenamiento no lo exime de responsabilidad ante la presencia de un piloto de puerto e, incluso, lo faculta para solicitar al capitán de puerto la sustitución de un piloto por otro si considera que aquél expone la seguridad de la embarcación.

Más aún, el artículo 48 de la ley citada, en su tercer párrafo, permite que la autoridad marítima exceptúe de la obligación de utilizar el servicio de pilotaje a las embarcaciones bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad y cumpla ciertas características que marca el mismo precepto.

Lo antes señalado se ve fortalecido con el mismo artículo 48, que señala que el servicio de pilotaje consiste ``en conducir una embarcación, mediante la utilización por parte de los capitanes de los buques, de un piloto de puerto'', lo que se traduce en el hecho de que el piloto nunca obtiene el mando de la embarcación y, por ende, no puede constituirse en autoridad, con el ``fin de garantizar y preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones portuarias''.

De modo que la eliminación de la participación del piloto de puerto en dicho jurado tampoco representa un peligro para la seguridad en las operaciones de los puertos nacionales, pues con mayor claridad se advierte que se trata de un acto de la autoridad que corresponde a la aprobación de los exámenes teórico y práctico de los aspirantes a piloto de puerto, respecto de los cuales el gremio de pilotos de puerto carece de facultades y de investidura oficial para constituirse en sinodal y emitir un acto de aprobación.

A mayor abundamiento, por lo que se refiere a los aspectos prácticos, es importante señalar que es reconocido internacionalmente el uso de simuladores, a semejanza de los utilizados en materia de aviación, los cuales están próximos a ser empleados en nuestro país y cuya precisión en materia de las características de los puertos garantiza la eficaz capacitación, práctica y evaluación de los aspirantes, sin necesidad de llevar a cabo las prácticas en campo.

En este sentido, aplican en el fondo las siguientes consideraciones de derecho que sustentan las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad marítimo-portuaria, que tiene a su cargo, por sí o por conducto de los capitanes de puerto, vigilar la seguridad en la operación de los puertos nacionales y proveer lo necesario para garantizarla.

El artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa la estricta observancia de las leyes; es decir, consagra la facultad reglamentaria indelegable que le permitió precisamente promulgar el Reglamento de la Ley de Navegación, en cuyos artículos 89 y siguientes regula el servicio portuario de pilotaje, lo que le otorga desde luego atribuciones para modificar dicho reglamento y ajustarlo a la normatividad vigente.

Al respecto, el artículo 90 de la Carta Magna señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios de orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado.

En este orden de ideas, el artículo 36, fracciones XVI, XVIII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponden a SCT, entre otras, las siguientes facultades:

a) ``Regular las comunicaciones y transportes por agua'';

b) ``... proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima''; y

c) ``... coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades de servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento...''

A su vez, los artículos 16 y 17, fracciones II y III, de la Ley de Puertos; y 6, 7, fracciones III, VII y XV, y 8, fracciones III, IV, V, VIII y X de la Ley de Navegación, otorgan al Ejecutivo federal, por conducto de la SCT por sí o a través de las capitanías de puerto, la investidura de la autoridad marítimo-portuaria que no puede conferirse a los particulares como los pilotos de puerto, prestadores del servicio de pilotaje mediante permiso o contrato de cesión parcial de derechos, conforme al artículo 20, párrafo último, de la Ley de Puertos o como a la agrupación que los agremie.

Sólo la autoridad marítimo-portuaria tiene atribuciones para llevar a cabo las siguientes acciones: otorgar permisos y autorizaciones de navegación y para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua; regular y vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación cumplan las condiciones de seguridad; autorizar los arribos y despachos de las embarcaciones; vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los servicios de pilotaje y remolque en los puertos se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia; supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundad, señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación; ordenar, previa opinión del administrador portuario, las maniobras que se requieran de las embarcaciones, cuando se afecte la eficiencia del puerto; y dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior.

Por otra parte, los artículos 20, 28 y 44, fracción I, de la Ley de Puertos, 48 a 51 de la Ley de Navegación y 89 a 125 del Reglamento de esta última señalan que para prestar servicios portuarios se requerirá permiso que otorgue la secretaría o contrato de cesión parcial de derechos celebrado con el administrador portuario, los cuales no confieren derechos de exclusividad, clasificándose como servicio portuario el pilotaje. Para ello, el aspirante a piloto de puerto requiere obtener previamente un certificado de competencia en la Dirección General de Marina Mercante de la SCT.

Aunado a lo anterior, los artículos 27, fracción XIX, y 28, fracciones XVII y XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establecen como facultades de ésta, a través de las Direcciones Generales de Puertos y de Marina Mercante:

a) Supervisar por sí o por los capitanes de puerto correspondientes que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad y profundidad;

b) Vigilar por sí o a través de las capitanías de puerto correspondientes que la navegación y los servicios de remolque y pilotaje en los puertos se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia; y

c) Organizar, promover y establecer las disposiciones sobre la organización del tráfico marítimo y seguridad en materia de navegación en los términos de los tratados internacionales.

Finalmente, en materia de facultades de la secretaría es importante señalar las correspondientes a sanciones, como el artículo 64 de la Ley de Puertos, que señala que la secretaría verificará en cualquier tiempo en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias el debido cumplimiento de las obligaciones que se señalan en la misma, sus reglamentos, las concesiones o permisos y las normas oficiales correspondientes.

Sobre un asunto en particular, se reconoce que México forma parte de la citada Organización Marítima Internacional, en virtud de la firma del convenio constitutivo de la misma, celebrado en 1954. Sin embargo, en su contenido no establece la obligación expresa de los Estados miembros de acatar como obligatorias las recomendaciones que, en su caso, emita la citada Organización, sino que se concreta a establecer condiciones reglamentarias de funcionamiento y de facultades como finalidades de la organización, funciones, miembros, órganos, la asamblea, el consejo, comité de seguridad marítima, comité jurídico, comité de protección del medio marino, comité de cooperación técnica, secretaría, finanzas, voto, sede de la organización, relaciones con Naciones Unidas y otras organizaciones, capacidad jurídica, privilegios e inmunidades, enmiendas, interpretación, disposiciones diversas, entrada en vigor y sus anexos respectivos.

Para reforzar lo anterior, el artículo 133 constitucional establece que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, entendiéndose por tratado un 'acuerdo internacional de voluntades' o, en otros términos, un 'acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional', es decir, entre Estados.

Vistas así las cosas, la recomendación A 960 emitida por la Organización Marítima Internacional carece de fuerza vinculatoria y no considera sanción alguna por su falta de aplicación. Más aún, el numeral 5.2 de la resolución citada establece, entre otras disposiciones, que la experiencia práctica que se adquiere en los buques, en virtud de los avances en materia de pilotaje, puede ser reemplazada por prácticas en simuladores, computadoras, clases o cualquier otro método de entrenamiento.

2. Algunas consideraciones adicionales

a) Durante muchos años, los aspirantes a desempeñar el cargo de piloto de puerto han sido rechazados por las delegaciones de pilotos de puerto, ya que sólo admiten a candidatos que aceptan las condiciones que les imponen. El monopolio en la prestación del servicio ha generado ganancias extraordinarias a los miembros del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto. Por ejemplo, los cinco pilotos asignados al puerto de Cozumel facturaron en 2003 aproximadamente 6 millones de dólares por la prestación de sus servicios.

b) Es oportuno comentar que en algunos países de gran tradición marítima, como Estados Unidos y Canadá, para ocupar el puesto de piloto de puerto no se requiere ser capitán de altura. Solamente se exige la experiencia y la pericia que permitan realizar con seguridad las maniobras correspondientes.

c) Con relación al buque tanque Orfeo, baste señalar que la embarcación no realizó una maniobra para entrar en el puerto, pese a que estaba programado su arribo, y que la agencia consignataria y el capitán del barco dieron el informe al Centro de Control de Tráfico Marítimo de Coatzacoalcos. Actualmente, el Departamento de Control de la Navegación está elaborando el dictamen correspondiente para deslindar responsabilidades.

d) Por otro lado, efectivamente se ha dado respuesta puntual a las organizaciones de pilotos extranjeros y se les ha informado que es política de esta administración establecer vínculos permanentes entre las autoridades marítimas de México y los demás países, como se ha hecho con el Coast Guard y el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el Ministerio de Transporte de Canadá y el Ministerio de Fomento de España, con los que se han firmado memorandos de entendimiento y de cooperación técnica.

e) Con relación a la Ley Nacional de Seguridad, el servicio de pilotaje siempre se ha prestado y se continuará prestando con pilotos de puerto mexicanos, tal como dispone el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para mayor abundamiento, los pilotos que pertenecen al Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto han sido responsables de por lo menos 33 accidentes entre 2000 y 2004 al realizar maniobras en diferentes puertos del país, que comprenden desde el encallamiento de buques hasta impactos con la infraestructura y daños severos a las embarcaciones.

Sin embargo, y en función de la gravedad de los hechos, nos referiremos a dos accidentes en particular. El 23 de junio de 2004, el buque propiedad de Petróleos Mexicanos Sebastián Lerdo de Tejada, con el piloto de puerto Capitán de Altura Esteban Barrón Guzmán, en Puerto Libertad, Sonora, impactó el muelle de la terminal de la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando daños bastante considerables al duque de alba número 2 y al buque abolladuras en una superficie de 2 500 mm. x 2 730 mm. y una fenda de 2 500 mm. de longitud entre las cuadernas 116 y 118, lo que ha provocado que los buques que han operado después del accidente no lo pueden hacer de manera adecuada, tal como consta en el reporte del inspector de Lloyd's Register.

Por otra parte, el 18 de septiembre de 2004 el buque porta contenedores Ville de Mar, de 243 metros de eslora, con los pilotos de puerto Capitanes de Altura José Luis de los Santos (a cargo de la maniobra) y Gregario Orozco Martínez (en proa auxiliando al primero), impactaron la embarcación con el tramo 8 del muelle del puerto interior de Manzanillo, Colima, ocasionando al buque una fenda de aproximadamente 2.40 metros por su banda de estribor y al muelle una entrada de 1.0 x 2.5 metros.

Con relación al supuesto accidente del 16 de septiembre de 2004 en el puerto de Majahual, Quintana Roo, en el que el buque Rhapsody of the Seas, con el Capitán de Altura Rafael Elizondo Larrinaga, provocó una colisión contra las instalaciones portuarias. Adicionalmente, se argumenta que no es profesional de la marina mercante y que no cuenta con los requisitos prácticos para fungir como piloto de puerto y, en consecuencia, la Capitanía de Puerto en Majahual violó una suspensión provisional concedida por un juez de distrito en favor del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto.

En cuanto al primer aspecto, el capitán de puerto de Majahual, Quintana Roo, solicitó a la agencia consignataria del buque información al respecto, pero ésta manifestó no tener conocimiento de dicho incidente, además de que el capitán del buque no presentó el acta de protesta ante la Capitanía de Puerto y no se llevó a cabo el procedimiento que establecen las disposiciones de los artículos 133, 134 y 135 de la Ley de Navegación.

Por lo que hace al segundo punto, la Dirección General de Marina Mercante expidió el certificado de competencia como piloto de puerto en Majahual, Quintana Roo, al Capitán de Altura Rafael Elizondo Larrinaga, quien solicitó a la SCT su cambio de adscripción del puerto de Santa Rosalía, donde prestaba servicios como piloto de puerto, cuyo nombramiento data del 13 de mayo de 1991.

Cabe mencionar que el Capitán de Altura Rafael Elizondo presentó la documentación que establece la normatividad en la materia y ha navegado embarcaciones mayores de 5 000 unidades de arqueo bruto, desde que inició como piloto de puerto, el 13 de mayo de 1991. De igual manera, ha computado la cantidad de 4 367 días de servicio, equivalentes a 11 años, 11 meses y 17 días en el ejercicio de funciones y siempre se ha conducido con puntualidad y responsabilidad. A la fecha ha realizado 5 129 maniobras de pilotaje, que comprenden atraques, desatraques, conducciones, fondeos, abarluos, ciabogas y enmiendas en las terminales marítimas de Isla San Marcos y Punta Santa María, maniobrando embarcaciones desde 546 hasta 37 959 TRB, lo que demuestra la amplia experiencia del Capitán de Altura titulado Rafael Elizondo Larrinaga.

f) Por lo concerniente a los puertos de Zihuatanejo, Guerrero, y Cabo San Lucas, Baja California Sur, en los que se ha decretado la exención del servicio de pilotaje, se menciona que por tal causa los capitanes extranjeros que tripulan embarcaciones de bandera extranjera barren con anclas y cadenas el fondo marino dañando permanentemente los arrecifes.

La Dirección General de Marina Mercante, sustentada en las facultades que le otorgan el Reglamento Interior de la SCT, artículo 28, fracciones XVII y XXIV, y el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Navegación, dispone la exención del servicio de pilotaje, cuando las embarcaciones estén bajo el mando de un mismo capitán, piloto o patrón que acredite su capacidad y se dedique a

I. La realización de trabajos de construcción de infraestructura portuaria y dragado en el mismo puerto, durante el periodo en que ejecuten los trabajos; y

II. La navegación interior y de cabotaje, cuando se realice de manera regular en un mismo puerto, y no transporten petróleo o sus derivados o mercancías peligrosas.

Dentro de este marco regulatorio se eximió de la utilización del servicio de pilotaje a las embarcaciones en los puertos que se citan en el documento del diputado federal por las siguientes razones:

I. Cobro por el servicio de pilotaje sin tener la obligatoriedad de realizar el servicio.

II. Apoyo a los navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas, conforme lo establece el Consejo Consultivo para Reactivar la Marina Mercante Nacional.

III. Las embarcaciones exentadas efectúan navegación de cabotaje al mando de un mismo capitán, algunas son menores de 500 TRB.

IV. Las embarcaciones exentadas no transportan petróleo o sus derivados o mercancías peligrosas, conforme al IMDG (Código Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas).»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1120, signado el 30 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 229-2.0/0904, suscrito el 23 de febrero último por el C. Ricardo Félix Barraza, coordinador sectorial de Planeación y Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al adeudo de cuotas y aportaciones que tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 2 de marzo de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, ssubsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/4628/04, mediante el cual señala que con oficio fechado el día 30 de noviembre del citado año los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, han comunicado al C. secretario de Gobernación el punto de acuerdo aprobado en sesión de esa fecha, en el cual se exhorta a que se liquide de inmediato el adeudo de las cuotas y aportaciones que tienen 35 entidades con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al respecto, me permito comentar a usted que del total de las entidades a quienes se exhorta, 18 corresponden al entorno educativo. De éstas, 16 se circunscriben al ámbito estatal y únicamente 2 son de carácter federal, de conformidad con el cuadro anexo.

En lo que respecta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entidades coordinadas por esta dependencia, le manifiesto que mediante oficios por separado se les está solicitando las acciones realizadas para cubrir el adeudo en comento, por lo que tan pronto obtengamos sus respuestas, las haremos de su conocimiento.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 23 de febrero de 2005.--- Ricardo Félix Barraza (rúbrica), coordinador sectorial de Planeación y Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.»

Anexo del oficio No. 229-2.0/0904

No corresponden al entorno educativo

No. 1Institución: Gobierno del Estado de Baja CaliforniaEntidad: Baja CaliforniaNo. 2Institución: Secretaría de Salud de Baja California SurEntidad: Baja California SurNo. 3Institución: H. Ayuntamiento de Piedras Negras, CoahuilaEntidad: CoahuilaNo. 4Institución: H. Ayuntamiento de Ciudad Acuña, CoahuilaEntidad: CoahuilaNo. 5Institución: H. Ayuntamiento de Monclova, CoahuilaEntidad: CoahuilaNo. 6Institución: Gobierno del Distrito FederalEntidad: Distrito FederalNo. 7Institución: H. Ayuntamiento de Cd. Lerdo, DurangoEntidad: DurangoNo. 8Institución: Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Santiago Papasquiaro, DurangoEntidad: DurangoNo. 9Institución: H, Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán

Entidad: Michoacán

No. 10Institución: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Zitácuaro, MichoacánEntidad: MichoacánNo.Institución: 11 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Apatzingán, MichoacánEntidad: MichoacánNo. 12Institución: H. A Const. Mpo. de José María Morelos y Pavón, Quintana RooEntidad: Quintana RooNo. 13Institución: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de SonoraEntidad: SonoraNo. 14Institución: Comisión Nacional de Zonas Áridas, TamaulipasEntidad: TamaulipasNo. 15Institución: Aeropuertos y Servicios AuxiliaresNo. 16Institución: Instituto Nacional de Administración PúblicaNo. 17Institución: Patronato del Ahorro Nacional (Foráneo)Entorno educativoNo. 1Institución: Servicios de Educación del Estado de Chihuahua

Entidad: Chihuahua

Ámbito: EstatalNo. 2Institución: Secretaría de Educación de Durango

Entidad: Durango

Ámbito: EstatalNo. 3Institución: Servicios Educativos integrados del Estado de MéxicoEntidad: MéxicoNo. 4Institución: Secretaría de Educación de Guerrero

Entidad: Guerrero

Ámbito: EstatalNo. 5Institución: Universidad Tecnológica de la Costa, Guerrero

Entidad: Guerrero

Ámbito: EstatalNo. 6Institución: Colegio de Bachilleres de Guerrero

Entidad: Guerrero

Ámbito: EstatalNo. 7Institución: Conalep, Representación Estatal Guerrero

Entidad: Guerrero

Ámbito: EstatalNo. 8Institución: Instituto Hidalguense de Educación

Entidad: Hidalgo

Ámbito: EstatalNo. 9Institución: Secretaría de Educación, Estado de Jalisco

Entidad: Jalisco

Ámbito: EstatalNo. 10Institución: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Entidad: Oaxaca

Ámbito: EstatalNo. 11Institución: Unidad de Servicios para la Educación Básica, Querétaro

Entidad: Querétaro

Ámbito: EstatalNo. 12Institución: Sistema Estatal de Telesecundaria, Quintana Roo

Entidad: Quintana Roo

Ámbito: EstatalNo. 13Institución: Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas

Entidad: Zacatecas

Ámbito: EstatalNo. 14Institución: Universidad Juárez de Durango

Entidad: Durango

Ámbito: EstatalNo. 15Institución: Universidad Autónoma de Guerrero

Entidad: Guerrero

Ámbito: EstatalNo. 16Institución: Universidad Autónoma de Zacatecas

Entidad: Zacatecas

Ámbito: EstatalNo. 17Institución: Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH

Ámbito: FederalNo. 18Institución: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBAL

Ámbito: FederalEl Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-855, signado el 23 de septiembre último por los CC. diputados Francisco Arroyo Vieyra y Marcos Morales Torres, vicepresidente en funciones de Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 11/OIC/136/2005, suscrito el 22 del actual por el licenciado Rubén Lau Rojo, titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública de la Secretaría de la Función Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se le exhorta a decretar la suspensión del proceso de la licitación pública internacional número 0001 1001-012/04, convocada por la Secretaría de la Función Pública, del programa del aula del siglo XXI, denominado ``Enciclomedia''.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/3000/3404/04, de fecha 24 de septiembre de 2004, el cual fue enviado a este OIC/SEP mediante tarjeta número 021 de fecha 31 de enero del actual, signada por el coordinador de la Unidad de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, por el cual se notificó el contenido del punto de acuerdo aprobado en la sesión de fecha 23 de septiembre de 2004, celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Con relación al citado oficio, informo a usted lo siguiente:

El suscrito nunca recibió de forma oficial el citado acuerdo, emitido por el H. Congreso de la Unión, y sólo tuve conocimiento del documento esencia de este informe hasta la fecha referida en el párrafo que antecede.

Es pertinente mencionar que el Poder Legislativo no es mencionado en la ley de la materia como alguna de las autoridades competentes para detener un proceso licitatorio, por lo que el exhorto referido para suspender el proceso licitatorio no es suficiente para tal fin, ya que las causas para ello, de acuerdo con la ley de la materia, son las siguientes:

1. Las imputables a las dependencias o entidades de la APF (artículo 38, LAASSP);

2. Las que se deriven con motivo del desarrollo de un proceso licitatorio y que sean detectadas por los OIC de acuerdo con las investigaciones que realicen de oficio; o bien (artículo 68, LAASSP)

3. A la presentación de inconformidades que presenten los particulares participantes en la licitación (artículos 65 y 68, LAASSP).

En el caso de las imputables a las dependencias o entidades, la SEP no señaló enfrentar dificultades frente al compromiso jurídico emanado con motivo de la licitación en comento (artículo 38, LAASSP).

En cuanto a las investigaciones que pudieran practicar los OIC de oficio, es menester resaltar que en todo momento servidores públicos de la SEP, la SFP, la Presidencia de la República y de este OIC en la SEP, y también organizaciones sociales, como Transparencia Mexicana, seguimos de cerca el desarrollo del procedimiento licitatorio correspondiente al programa denominado ``Enciclomedia'' y no resultó procedente efectuar ninguna investigación de oficio, ya que no se vislumbraron irregularidades en dicho procedimiento licitatorio.

En cuanto hace a la presentación de alguna inconformidad, ciertamente, con fecha 23 de agosto de 2004, el representante legal de la empresa Foliservis, SA de CV, presentó ante este OIC/SEP una inconformidad contra las bases de licitación y junta de aclaraciones celebradas dentro del proceso licitatorio 00011001-012/04 ``Enciclomedia'', inconformidad que fue atendida por este OIC/SEP y, posteriormente, atraída por la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública (anexo 1), por lo que correspondió a la señalada Dirección General determinar si con motivo de la inconformidad presentada procedía la suspensión de la licitación en comento, la nulidad del acto reclamado o la del proceso licitatorio en cuestión, que, dicho sea de paso, la SFP encontró sin sustento alguno, permitiendo el curso de la licitación pública sin problema hasta su conclusión.

Espero que esta información sea de utilidad para usted.

Quedo atento a sus amables comentarios y, sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Lic. Rubén Lau Rojo (rúbrica), titular del Órgano Interno de Control en la SEP.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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ESTADO DE MORELOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-2-927, suscrito el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número COFEPRIS/CEMAR/000151/05, signado el 22 del actual por el doctor Miguel G. Lombera González, comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia atender el acuerdo 192 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Morelos y practicar los exámenes médicos necesarios a la población de la ex hacienda El Hospital, así como a los ex trabajadores de la compañía Basf Mexicana, SA de CV, para conocer los niveles de contaminantes y los daños causados a su organismo, presentes y futuros, por plomo, cromo, molibdeno y otros metales pesados, ejecutando --en su caso-- las acciones jurídicas y administrativas procedentes conforme a derecho.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.

En respuesta a su oficio número SEL/300/535/04, solicitando a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal que atienda el punto de acuerdo 192 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se practiquen los exámenes médicos necesarios a la población de la ex hacienda El Hospital, así como a los ex trabajadores de la compañía Basf Mexicana, SA de CV, para conocer los niveles de contaminantes y daños causados a su organismo, presentes y futuros, por plomo, cromo, molibdeno y otros metales pesados, ejecutando las acciones jurídicas y administrativas que procedan conforme a derecho.

En ese sentido, le informo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la institución desconcentrada de la Secretaría de Salud encargada de proteger la salud de la población contra los riesgos involuntarios, con base en la mejor evidencia científica que posibilite la toma de decisiones, con fundamentos técnicos y legales.

Con relación a la situación de salud de la población de la localidad Ex Hacienda El Hospital, municipio de Cuautla, Morelos, derivada de la operación en el pasado de una empresa que se ubicó precisamente en la ex hacienda de Nuestra Señora de la Concepción, la Cofepris --a través de la entonces Dirección General de Salud Ambiental, en coordinación con los Servicios de Salud de Morelos-- realizó el primer estudio en población susceptible (menores de 15 años) de esta comunidad en mayo de 2002. Asimismo, en julio de 2003 se realizó un segundo estudio epidemiológico, esta vez a la población en general, en el que se aplicó un cuestionario para determinar las posibles fuentes de contaminación por plomo, así como un monitoreo biológico a la población por la jurisdicción sanitaria III de los Servicios de Salud de Morelos y la propia Cofepris. El 17 de diciembre de 2004, los Servicios de Salud de Morelos llevaron a cabo en la misma localidad un tercer estudio en población general.

De los resultados de los estudios y el análisis correspondiente, destacan las siguientes conclusiones:

De los casos detectados con niveles de plomo en sangre por arriba 10 µg/dl valor normado como límite según la NOM-SSA1-199-2000, sólo tres de ellos ameritaron valoración médica integral, para lo cual fueron remitidos al Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Distrito Federal, para ser atendidos por el Departamento de Toxicología. A la fecha, uno de ellos aún se encuentra bajo tratamiento en dicho hospital, dado que en su último examen presentó 17 µg/dl, mientras que los otros dos fueron dados de alta y les darán seguimiento los Servicios de Salud de estado.

Los niños detectados con niveles altos de plomo en sangre muestran conductas especiales, como ``morder crayolas, lápices, juguetes o pintura de paredes'', situación que puede originar incremento de los niveles de plomo en sangre.

El uso de loza vidriada para preparar y almacenar alimentos en los hogares de los niños es significativo para tener niveles altos de plomo.

Por lo anterior, la Cofepris no considera necesario realizar un nuevo estudio epidemiológico en dicha población. Sin embargo, los Servicios de Salud de Morelos darán seguimiento a los casos detectados en dichos estudios.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2005.--- Dr. Miguel G. Lombera González (rúbrica), comisionado de Evidencia y Manejo de Riesgos.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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MAREMOTOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi similar No. SEL/300/693/05, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DCP-279/05, suscrito el 21 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual aporta elementos adicionales respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a contemplar el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres como un aspecto neurálgico de seguridad internacional.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lic. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacer llegar al H. Congreso de la Unión la respuesta al siguiente punto de acuerdo aprobado el 29 de diciembre de 2004 por la Comisión Permanente:

``Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias a las naciones afectadas por los maremotos en las costas de Asia y a las familias de quienes perdieron la vida en el siniestro, o continúan desaparecidos. Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a responder a la solicitud de auxilio expresada por las embajadas en México de los países afectados. Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a contemplar en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres, como un tema neurálgico de seguridad internacional.''

Al respecto, le informo que:

El Gobierno de México otorga especial importancia al tema de desastres naturales, así como al apoyo al fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar en forma integral los desastres naturales, con una visión de largo plazo y cultura de prevención sustentada en la promoción del desarrollo.

Nuestro gobierno percibe qua el enfoque multidimensional de la seguridad, adoptado en la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, celebrada en México en octubre de 2003, constituye una importante contribución al marco más amplio de seguridad internacional, en el que se inscriben los esfuerzos de la comunidad de naciones para reducir los desastres. Este enfoque multidimensional y los principios rectores contenidos en la resolución 46/182 de la Asamblea General (humanidad, neutralidad e imparcialidad), el respeto pleno a la soberanía, la integridad territorial, la unidad nacional de los Estados, así como del fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar en forma integral los desastres naturales, constituyen el enfoque de nuestro país en el tema.

El Gobierno de México participó activamente en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, que se celebró en Kobe, Japón, del 18 al 22 de enero, así como en la sesión especial del 20 de enero para evaluar las situaciones de los países asiáticos afectados por el tsunami. En dicha sesión la delegación mexicana enfatizó la posición qua ha mantenido el Gobierno de México en materia de desastres naturales y el esfuerzo que realiza nuestro país en la prestación de ayuda humanitaria a esos países.

El Gobierno de México ha mantenido una actitud muy sensible a la cuestión de los maremotos en el sudeste asiático y ha llevado a cabo diversas acciones.

En el marco del 59 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México copatrocinó el proyecto de resolución titulado ``Fortalecimiento de la ayuda de emergencia, rehabilitación, reconstrucción y prevención sobre secuelas del desastre tsunami en el océano Índico''.

El Gobierno de México promueve una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas que revitalice el funcionamiento de todos sus órganos y promueva una adecuada coordinación entre los mismos. En este enfoque no se privilegia exclusivamente la reforma del Consejo de Seguridad.

México está a favor de una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se garantice el equilibrio entre las agendas de desarrollo y seguridad.

Se requiere fortalecer las capacidades preventivas de la Organización, de manera que pueda responder con mayor eficacia a situaciones susceptibles de afectar la paz y la seguridad y evite así el surgimiento de crisis. En la perspectiva de México todas las actividades y programas de las Naciones Unidas deberán trabajar bajo esta óptica preventiva.

Otro eje fundamental de la posición mexicana es revitalizar las instituciones, promover su coordinación y asegurar el uso eficiente de los recursos con los que cuenta la Organización, con base en el esquema de transparencia y rendición de cuentas que establezca con claridad las responsabilidades de cada órgano y las medidas a tomar por cada uno de ellos. Asimismo, las propuestas mexicanas buscan asegurar la identificación oportuna de los ``focos rojos'', el análisis cuidadoso y responsable de éstos, y la definición de acciones para evitar que desencadenen en conflictos o desastres humanitarios, incluyendo violaciones graves de los derechos humanos.

En este enfoque de prevención los desastres ocupan un papel central que será promovido por nuestro país.

Atentamente

Tlatelolco, DF, a 21 de febrero de 2005.--- Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica), director g.eneral de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.

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DEUDA PUBLICA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refínanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2005. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federafiva, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de enero de 2004. En términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaría, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2005. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.

Asimismo, se da a conocer la metodología utilizada para el cálculo de los excedentes petroleros, el volumen de la producción y el precio promedio a que hace referencia el artículo sexto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de marzo de 2005.--- Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica), secretario de Hacienda.»

«Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública Enero de 2005Contenido

I Finanzas Públicas

II Coordinación con Entidades Federativas

III Deuda Pública

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida al ingeniero Sergio Suar Rojas, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, y al contador público Ciro López Coello, gerente de Administración del Padel del estado de Chiapas; los dos, invitados por el señor diputado Julián Nazar.

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CONTRABANDO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/300/009/05 del 3 de enero del año en curso, por virtud del cual el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió al Secretario de Hacienda y Crédito Público el punto de acuerdo de fecha 29 de diciembre de 200 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que es del tenor literal siguiente:

``Único.- Que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y del Procuraduría Federal del Consumidor informen a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre las medidas que se han dispuesto durante el periodo de diciembre de 2004 para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y su venta en la vía pública.''

Al respecto, se informa que por lo que refiere a la formulación de querellas, declaratorias de perjuicio y denuncias, en materia de contrabando y sus equiparables, la Procuraduría Fiscal de la Federación durante el año de 2004, formuló 44 requisitos de procedibilidad (querellas, declaratorias de perjuicio y denuncias) ante la Procuraduría General de la República, comprendiendo un monto del perjuicio causado al fisco federal en cantidad de $4,633,392,232.43 (cuatro mil seiscientos treinta y tres millones trescientos noventa y dos mil doscientos treinta y dos pesos 43/100 MN) y de 4,283,015.00 (cuatro millones doscientos ochenta y tres mil quince dólares de Estados Unidos de América).

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de febrero de 2005.--- Lic. Eduardo Javier T. Sodi Carmona (rúbrica), director general de Delitos Fiscales.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a las Comisiones de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y al promovente, para su conocimiento.

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DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Gobierno del Distrito Federal.--- Secretaría de Gobierno.

C. Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°, numeral 6, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, y con fundamento en los artículos 22, 23, numeral 1, incisos f) y l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción I, y 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y por instrucciones del C. jefe del Gobierno del Distrito Federal, adjunto al presente el documento elaborado por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal relativo a la evolución de los ingresos y egresos, así como del endeudamiento neto del mes de enero de 2005 del Gobierno del Distrito Federal; dicha información ha sido integrada en la forma y términos previstos en el numeral 6 antes citado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de marzo de 2005.--- Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos que hoy nos visitan del Centro Universitario Tehuacán, invitados por la diputada María del Carmen Izaguirre.

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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de los grupos parlamentarios sobre el Día Internacional de la Mujer y las acciones de Beijing + 10. Se han registrado para referirse al tema, los siguientes ciudadanos diputados: Juan Fernando Perdomo Bueno, Joel Padilla Peña, Alejandra Méndez Salorio, Martha Lucía Mícher Camarena, María Angélica Ramírez Luna, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa. Tiene la palabra, en consecuencia, el señor diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del partido Convergencia, hasta por 10 minutos.

El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Dedico este mensaje, con todo mi reconocimiento, a las mujeres de México y particularmente a ustedes, compañeras legisladoras, pero también a las que sufren la agresión todos los días y son víctimas de violencia, como en el caso de Turquía, para poner un ejemplo solamente.

Muchos de los rezagos sociopolíticos y económicos que México padece se deben a la tardía incorporación de las mujeres en la mayoría de los avances políticos, económicos y culturales que obtuvimos a partir de la consumación de la independencia.

A pesar de que las mujeres han sido piedra angular determinante de nuestras luchas sociales, hasta la fecha son quienes padecen en mayor grado, en pleno siglo XXI, el analfabetismo, flagelo social y rezago educativo que no hemos sido capaces de abatir.

Para Convergencia, el Día de la Mujer debería servirnos para evaluar algunas metas sociales en el ámbito de nuestra competencia. En primer lugar, la transformación profunda que impulsamos para una cabal participación de la mujer empieza en la casa. Un amplio programa de educación nos permitirá asumir a cada uno el papel que queremos desarrollar en nuestro ámbito personal, privado y público.

Pero también es necesario auspiciar una política de Estado que conduzca a la integración de las mujeres mexicanas en las tareas de desarrollo nacional, en igualdad de oportunidades con los hombres, mediante la creación de programas que permitan su realización individual y el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. Aunque ha habido avances, estamos totalmente insatisfechos, pues hoy prevalece en nuestro país una cultura de desigualdad y discriminación a las mujeres. Es prácticamente imposible aspirar al desarrollo justo del país, mientras la mitad de la población nacional continúa marginada de las oportunidades que le permitan su integración plena en los procesos de la vida del país.

Tenemos como tarea pendiente garantizar que todas ellas accedan a una ciudadanía plena. Tal ciudadanía no se limita a la emisión del voto, ni siquiera a la posibilidad de que tengan pleno respeto de su derecho de ser votadas: la ciudadanía plena la tenemos que entender como el respeto de la ciudadanía civil, que implica la igualdad ante la ley.

Demos real contenido al artículo 4o. de nuestra Constitución, que establece la igualdad entre hombres y mujeres. Revisemos y corrijamos los ordenamientos jurídicos en que aún prevalezca la desigualdad en razón de género, aceptemos que las diferencias biológicas o psicológicas entre hombre y mujer... no tienen por qué darse desigualdades de tipo económico, social y político. Garantizar la ciudadanía plena de la mujer exige fortalecer su acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo en esos campos.

Tal vez aquí se centran los mayores desafíos por superar, ya que deben emprender acciones específicas que les garanticen acceso pleno a los servicios de salud, educación, empleo... es decir, equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, igualdad de derecho, más igualdad de hecho atendiendo a las especificidades de género.

Tomemos el caso de salud, en el que las mujeres requieren atención a sus muy particulares afecciones, de manera que se reduzca la mortalidad de mujeres a causa de tales enfermedades, así como educación especializada para la prevención o de educación, donde uno de cada tres analfabetos, dos son mujeres, o de las difíciles condiciones que aún tienen para acceder a matrículas de mayor nivel. Y si hablamos del ámbito laboral, todavía encontramos que las mujeres suelen estar en puestos inferiores a su capacidad o percibiendo salarios más bajos por trabajos desempeñados iguales a los hombres.

Se reconoce que las mujeres se han incorporado crecientemente al trabajo formal y aun a la economía informal, pero lo han hecho en una situación de desventaja y la doble jornada que significa el cuidado del hogar. Tal desventaja debe corregirse mejorando sus condiciones de vida laboral y erradicando en el hogar uno de los problemas que las aquejan: la violencia intrafamiliar, que arroja actualmente cifras aterradoras.

El Día Internacional de la Mujer debería servirnos para evaluar algunas metas sociales en el ámbito de nuestra competencia. Esta honorable Cámara es un ejemplo de que el trabajo dinámico de mis compañeras legisladoras, que reconozco y felicito, merece cada vez más que haya mujeres representantes populares. Con su visión contribuyen a dar una verdadera dimensión de género a nuestro trabajo legislativo. En suma, se debe dar paso a una política de Estado que garantice la equidad de género como pilar fundamental del México del nuevo siglo aunque, en opinión del grupo parlamentario de Convergencia, equidad de género consiste en lograr que los avances del progreso y desarrollo permanezcan, para que las nuevas generaciones de mujeres y de hombres lo consoliden, no sobre la base de buenos propósitos de equidad nada más, sino para que los obtengan los mexicanos más inteligentes, mejor preparados, más capaces, más valerosos y patriotas conforme a los promedios de competitividad que el mundo moderno exige. Empecemos hoy, sí, pero impulsémoslo todos los días. Felicidades a las mujeres por este día tan especial. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado don Fernando Perdomo. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo.

El diputado Joel Padilla Peña: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, fraternalmente y de manera solidaria, se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo nos sumamos al júbilo de millones de mujeres en el mundo. Asimismo, nos sumamos a sus justas demandas por el mejoramiento del género femenino en los órdenes personal, educativo, económico, social y cultural.

De ninguna manera podríamos entender el mundo en que vivimos sin la activa participación de las mujeres. Ellas, como madres, esposas o hermanas, son sin lugar a dudas promotoras directas del cambio en sus familias, países y el mundo. Ellas son parte de lo que da sentido a la propia naturaleza humana y a la vida de los varones. Desde luego, no podemos soslayar el hecho de que, más allá de celebraciones como la que hoy realizamos, las mujeres afrontan serias dificultades en muchos órdenes.

Resulta evidente que, en el ámbito laboral, los ingresos que las mujeres perciben son inferiores a los que recibe un hombre por trabajo igual. Inclusive, esta latente desigualdad es mayor en el medio rural: un porcentaje considerable de mujeres no recibe ningún tipo de ingreso y las que lo perciben ganan menos de dos salarios mínimos.

En muchos casos, la capacidad intelectual y productiva de las mujeres es superior, pero a ellas les es difícil ascender, bajo el peregrino argumento de que, como tienen hijos y una casa que atender, no pueden comprometerse a tener mayor responsabilidad de índole laboral. Según datos del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, la población de mujeres en México es superior a la de los hombres. Este aspecto se ve reflejado también en el número de electores que en México existen, en donde las mujeres también son mayoría.

Indudablemente, las mujeres han contribuido con su sensibilidad y pasión al fortalecimiento de las obligaciones gubernamentales del país. Esta Cámara de Diputados es digno ejemplo del esfuerzo que realizan día a día nuestras compañeras diputadas para crear un nuevo marco jurídico que rompa con las desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres. Pero también es importante la contribución de las mujeres en la Administración Pública Federal, en la de los estados, los ayuntamientos y los Congresos locales. Incluso, de los 26 millones de familias que existen actualmente en nuestra nación, 20 por ciento de esos hogares tiene como jefe de familia a una mujer.

Por eso resulta imprescindible una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Por desgracia, en muchos casos las mujeres son víctimas de discriminación; primero, por el simple hecho de ser mujeres; segundo, porque no tienen acceso a la educación ni al trabajo formal; y, tercero, porque se vuelven dependientes económicos de quien sufraga sus gastos. Esta discriminación se traduce también en violencia intrafamiliar o en violencia de género: sabemos del problema de las muertas de Juárez. A todos nos preocupa que este problema, lejos de solucionarse de raíz, se incrementa, a tal grado que se ha agregado el término feminicidio para describir la violencia física hacia las mujeres que, lamentablemente, termina en muchos casos en el asesinato. Pero en miles de hogares mexicanos, las mujeres son víctimas de un tipo de violencia, que no por anónima es menos importante: los golpes y el abuso sexual constituyen una forma de agresión, de violencia de género, que no ha logrado ser erradicada.

El Estado mexicano ha adoptado instrumentos legales de carácter internacional, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres de Belén do Pará de 1994 y que, de conformidad con el artículo 133 constitucional, constituye fuente de derecho interno en el país. Asimismo, el artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la reforma del 31 de diciembre de 1974, establece la igualdad jurídica del hombre y la mujer, al establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

Desgraciadamente, esta igualdad formal que se prescribe en nuestra Norma Suprema en muchos casos se traduce en desigualdad material. Es importante destacar que el artículo 1o. de nuestra Constitución, en virtud del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, establece en su tercer párrafo que: ``queda prohibida toda discriminación motivada por origen ético o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

Queda claro que las intenciones de la ley son eso, meras intenciones porque para romper con la inercia de la desigualdad de género y de oportunidades laborales y de acceso a la educación y a la cultura en general, tenemos que crear instituciones que se encaminen a ese propósito. Estas instituciones tienen que nacer en la base misma de la generación de la riqueza material para que la mujer reciba un ingreso que la haga autónoma e independiente y la sitúe en condiciones de igualdad con el varón, porque la subordinación de la mujer hacia el hombre nace en el corazón mismo del sistema económico, al excluirla en muchas ocasiones de percibir ingresos por su desempeño laboral. Esta subordinación se reproduce en el plano de la cultura familiar y social, al asignar a las mujeres tareas vinculadas con el trabajo del hogar que no les reditúa ningún beneficio económico. Por esta razón, las mujeres del Partido del Trabajo están impulsando iniciativas y acciones articuladas que progresivamente vayan rompiendo con la cultura de la subordinación en que se intenta mantener a millones de mujeres en el mundo.

En este contexto, la mejor manera de honrar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es continuar la tarea de generar condiciones que nos lleven a un mundo en que las mujeres vivan en condiciones de igualdad y de oportunidades. De igual manera, es imprescindible que todos los países del mundo continúen en el impulso de los acuerdos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, en 1995. Es necesario hacer este balance 10 años después de la realización de esta conferencia para conocer qué es lo que hace falta por hacer. Por ejemplo, uno de los puntos de las conclusiones de la Conferencia es el de la mujer y la salud.

En México y en el mundo hay enfermedades como el cáncer cérvico-uterino o el cáncer de mama, que ha crecido exponencialmente sin que las instituciones de salud pública tengan la capacidad para atender estos casos con los que las mujeres que lo padecen están prácticamente condenadas a la muerte. Compañeras y compañeros legisladores: el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados extienden una cordial y fraterna felicitación a las mujeres de México y del mundo, con el deseo ferviente de que las compañeras mujeres sigan incrementando su participación en todas las actividades del quehacer humano por el bien de ellas, de los hombres y del mundo en general. ¡Felicidades a todas las mujeres! Es cuanto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Padilla Peña. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.

La diputada María Ávila Serna: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: a pesar de que los derechos humanos fueron concebidos tanto para hombres como para mujeres, las mujeres comenzamos hace más de dos siglos una lucha que ha implicado grandes esfuerzos de reflexión y acción en la búsqueda por lograr el reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos. Como resultado de esta lucha y debido a las modificaciones acontecidas en las costumbres sociales y políticas de la humanidad, además de la gran influencia y desarrollo mundial de los movimientos feministas, la condición de la mujer en el ámbito mundial ha logrado cambios fundamentales. Las mujeres hemos alcanzado muchos de los derechos que siglos antes nos fueron negados; nos convertimos en sujetos activos con derechos, obligaciones y capacidades, pero sobre todo con una identidad propia.

A partir de la generalización del acceso de la mujer a la educación; de la incorporación masiva al trabajo, que trajo como consecuencia mayor independencia como sujetos; de la divulgación de los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la procreación, la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y esparcimiento de las hijas e hijos; del derecho a la salud y seguridad sexual, entendida como el derecho a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad; de la existencia de personalidad civil sin las cargas sociales; de la generalización del sufragio que nos instituyó como ciudadanas; y, desde luego, de los movimientos feministas que dieron ese paso adelante en el plano de las ideas y de las acciones para reivindicar a las mujeres, la vida y el desarrollo de la mujer han sido más satisfactorios.

Uno de los grandes desafíos que enfrentamos como género humano fue traspasar algunas fronteras y salir del espacio doméstico para conquistar el político y el público. Durante las últimas décadas, la condición social de la mujer en nuestro país ha ido mejorando progresivamente y hemos hecho nuestros espacios que tradicionalmente eran considerados exclusivos de los hombres. Uno de ellos es el político.

La inserción de la mujer en la vida política de México ha sido de suma importancia en la construcción del país. Desde aquella conquista del derecho al voto, las mexicanas hemos ido multiplicando nuestra presencia en los órganos parlamentarios y gubernamentales. Diputadas, senadoras, gobernadoras, secretarias de Estado, por señalar lugares de amplia visibilidad pública, ofrecen testimonio de la presencia de la mujer en la vida política. Todas nosotras somos un ejemplo claro de este avance. Estamos aquí y no dejaremos de luchar por el bienestar de las mujeres mexicanas.

El empeño conjunto de las mujeres mexicanas, la lucha por la defensa, el respeto y la consolidación de nuestros derechos fundamentales y las diversas reformas de las leyes han permitido que emprendamos una cruzada por alcanzar el poder y la representatividad no como un fin, sino como el medio para lograr las transformaciones y reivindicaciones sociales, económicas y políticas necesarias para equiparar la posición de la mujer frente a la del hombre.

La democracia es un valor fundamental de los Estados que requiere una participación y una representación igual de los ciudadanos de ambos sexos. La equidad la entendemos como el acceso, tanto de mujeres como de hombres, con igualdad, al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de equiparar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar.

La equidad plantea como principio básico la responsabilidad de favorecer a todas las personas con igualdad, a partir del reconocimiento de las diferencias. En este sentido, las mujeres todavía tenemos un largo camino por recorrer. La sociedad debe desprenderse de los roles discriminatorios que todavía subyacen en ellas y adoptar medidas que favorezcan la situación de las mujeres mexicanas y que contribuyan al ejercicio pleno de sus derechos y a la igualdad de oportunidad y de trato entre hombres y mujeres.

La ausencia del sexo femenino en cualquier ámbito implica un déficit democrático, incompatible con una verdadera democracia. El objetivo es construir un Estado democrático. La perspectiva de género fomenta la creación de nuevos lazos entre un Estado distinto, un Estado construido y constituido por actores diferentes, en donde todos accedamos con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad. Para ello, las mujeres de México tenemos que trabajar unidas. Y así, unidas, rechazamos la discriminación y violencia de género y pugnamos por la igualdad de trato, de derechos y oportunidades en nuestra sociedad.

Hoy, en el Partido Verde Ecologista de México consideramos que no es necesario contabilizar y enumerar los hechos que impiden a la mujer un trato digno; ésos ya los conocemos. Hoy es necesario refrendar nuestro compromiso y hacer visible que las mujeres estamos aquí presentes y estamos luchando por una sociedad más equitativa. Esta lucha no es un asunto de jerarquías, partidos o sexos; va más allá de los discursos y de los grandes proyectos. Sólo a través de la unificación de esfuerzos y voluntades lograremos dar más pasos en la lucha por la dignificación y el empoderamiento de las mujeres.

El siglo XX, diría el gran ensayista Hans Magnus, no se caracterizó por haber sido muy productivo en ideas. El nazismo, el estalinismo o el franquismo son ideologías totalitarias nada originales y muy negativas para la humanidad. Por eso, la única revolución que va a resistir el paso del tiempo y que es enormemente positivo es el cambio de la posición de la mujer. Hablo de una revolución profunda, que está al margen de las ideologías y que precisamente por eso es la única revolución que sobrevivirá. Ésta es la cara amable de nuestras sociedades.

La lucha continúa y es precisamente ésta la que dota de esperanza a los hombres y a las mujeres. Nunca es tarde para buscar un mundo mejor si en el empeño ponemos coraje y esperanza. Muchas felicidades a todas las mujeres. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Ávila Serna. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muchas gracias, señora Presidenta. Quiero iniciar mi intervención con una frase que tiene esta cartulina, donde dice: ``Tu boca fundamental contra los fundamentalismos. Si no hubiésemos sido tan valientes con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra sexualidad, con nuestros cuerpos, posiblemente ahora no tendríamos ningún derecho sobre nuestras bocas, nuestros labios, nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Tu boca es fundamental contra los fundamentalismos, porque quienes más pierden con los fundamentalismos somos las mujeres''. Ésta es una frase de Católicas por el Derecho a Decidir.

Compañeras y compañeros: a 30 años de la primera Conferencia internacional de la mujer, realizada en México en 1975 y a 10 años de la cuarta conferencia, efectuada en Beijing, China, las mujeres hemos avanzado en la lucha por el pleno ejercicio de nuestros derechos. Hoy, las mujeres participamos en todos los ámbitos de la vida: la matrícula escolar femenina se elevó sustancialmente, en especial en el nivel básico de la educación y en algunas carreras técnicas y de nivel superior. El porcentaje de incorporación de mujeres en el mercado laboral creció: cada vez hay más mujeres en cargos de elección popular, por mencionar algunos aspectos.

Por otro lado, también tenemos situaciones de leyes que hemos modificado para dejar de obstaculizar el acceso a algunos de nuestros derechos. Tenemos Comisiones de Género en el Congreso federal, en los Congresos locales, y hemos tenido la oportunidad de crear las instancias nacionales y estatales para la instrumentación de políticas públicas. También logramos el establecimiento de las cuotas como acciones afirmativas para tener mayor presencia de mujeres en los espacios como éstos, donde se toman decisiones políticas, donde se decide sobre nuestras vidas y donde se asigna presupuesto. También ha avanzado muchísimo la investigación sobre las mujeres y la perspectiva de género.

Pero no ha sido fácil, no nos lo han regalado, no ha sido un asunto de merecimientos tampoco; esto ha sido gracias al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, quienes hemos alzado la voz de manera tenaz, tolerante, propositiva, respetuosa, y que hemos querido decir al mundo que no podemos ver la realidad si no la vemos desde las mujeres, que necesitamos que este país vea la otra mitad, que somos las mujeres.

Por eso tenemos que decir hoy, 8 de marzo, que lo que hemos logrado no es suficiente porque todavía tenemos que evitar que haya niñas en las zonas rurales e indígenas que no asisten a la escuela. Todavía sus madres no están en las estadísticas de mujeres que estén alfabetizadas. Todavía hay segregación laboral en la vida de las mujeres trabajadoras quienes, además, se encuentran mayoritariamente en el sector informal de la economía, sin seguridad social y con los salarios más bajos.

No se puede ignorar tampoco: no obstante la mayor incorporación de las mujeres a la vida académica, se encuentran en carreras feminizadas, debido a que la educación sigue siendo sexista, ya que en la escuela se reproduce la desi-gualdad de género. Y les pongo un ejemplo: los niños, jugando futbol; y las niñas, en las porras. De igual forma, el porcentaje de mujeres en cargos de elección popular resulta inicuo, considerando que representan más de 50 por ciento de la población del país y del padrón electoral.

Pero hoy tenemos que recordar, el 8 de marzo, algunas de las Metas del Milenio que México suscribió y que se evaluarán en septiembre de este año y una de ellas es reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes y, sin embargo, los datos de la Secretaría de Salud nos muestran que en 2002 las muertes por cáncer cérvico-uterino y mamario fueron de 8 mil 160, con lo cual murieron aproximadamente 22 mujeres cada día por estas causas. Aplaudimos las iniciativas del Ejecutivo federal para que las mujeres de todo el país podamos acceder a las pruebas de cáncer cérvico-uterino y mamario gratis.

Señor Fox, señor secretario Frenk, los felicitamos. Qué bueno que en ese tema son nuestros aliados. Y también nos sentimos muy orgullosas y muy orgullosos de que el jefe del Gobierno haya, el día de hoy, mandado una iniciativa a la Asamblea para que por ley sea gratuito el acceso a las mamografías, a las mamografías, que son carísimas para nosotras y que, por cierto, los aparatos los debe de haber diseñado seguramente un hombre. Pero que quede muy claro: cualquiera de las dos iniciativas son plausibles, porque si por algo nos estamos muriendo las mujeres es por cáncer cérvico-uterino y mamario, que puede evitarse y que puede prevenirse.

Las Metas del Milenio también propusieron erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer y también propusieron, en su declaración, luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la Cedau. Sin embargo, tenemos datos donde nos dicen que todavía 46.6 por ciento de mexicanas sufre algún tipo de violencia económica, social, física y sexual.

Ahora estamos a 10 años, a 10 años, por fin, de Beijín y, sin embargo, también hay 10 años de impunidad en Ciudad Juárez. No se han podido esclarecer los asesinatos en Ciudad Juárez y en toda la República Mexicana. Ahora, compañeras y compañeros, permítanme compartir con ustedes la experiencia que acabamos de vivir en Nueva York, en Beijín + 10: Estados Unidos, haciendo un cabildeo con todos los países latinoamericanos y centroamericanos para sacar de la declaración --que saldría en Beijín + 10--, para sacar una declaración donde se eliminarían los derechos sexuales y reproductivos. Nadie apoyó a Estados Unidos. El único Estado, si es que así se llama, fue el Estado del Vaticano. Los fundamentalismos estuvieron ahí. Bush, cumpliendo con los grupos conservadores que le dieron el voto, se quedó solo y México, a lo cual aplaudimos a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en su discurso final donde fijó la postura, dijo claramente: ``señora Presidenta, ni un paso atrás en lo ya logrado''. Esto, por lo pronto, nos demuestra que México no cederá a las presiones de los grupos ultraderechistas ni conservadores, que no nos quieren con derechos sexuales y reproductivos.

Voy a leer lo que entendemos por derechos sexuales, que Estados Unidos quiso sacar de la Declaración de Beijín + 10: ``La salud sexual está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales, y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual''.

Se entiende por salud sexual la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos que no incluya como obligatoria la procreación, que no nos sigan viendo a nosotras únicamente como incubadoras, sino también con derecho a gozar plenamente de nuestra sexualidad. La sexualidad se desarrolla en la comunicación, en la convivencia y en el amor entre personas; y ahí tenían ustedes a Estados Unidos pidiendo que se sacara de la declaración, lo cual no logró y lo cual nuestro país logró salir adelante ratificando y firmando la Declaración de Beijín + 10.

No la voy a leer, está en inglés; la traducción al español la podría yo hacer. Pero lo único que quiero señalar es la ratificación que hacen de sacar adelante los compromisos de la plataforma de acción de Beijín; y ahora que vienen las Metas del Milenio, firmadas por nuestro país, estamos pidiendo que se incorpore la perspectiva de género en las Metas del Milenio. No hemos sido visualizadas las mujeres en las Metas del Milenio más que en el tema de la pobreza y en el tema de la economía. Queremos ser incorporadas en las Metas del Milenio en todos sentidos porque no hay democracia si no estamos las mujeres. No hay economía si no estamos nosotras en el desarrollo de los países. Hemos aportado 10 por ciento al avance económico de los países. No hay, no hay avance en ningún país si no avanzan las mujeres, su dignidad, su salud, su educación, la no violencia, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato en todas las acciones de los gobiernos.

Gracias, diputadas y diputados, por festejar con nosotras el 8 de marzo día de todas las mujeres, no de la mujer. Y gracias por haber aprobado mil millones de pesos que, desgraciadamente, en el Ejecutivo no fueron respetados. Vamos por más políticas públicas. Vamos por más leyes y vamos a demostrar que si la mujer no está, la democracia no va. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Malú Mícher. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María Angélica Ramírez Luna: Compañeras y compañeros diputados: en nombre de Acción Nacional, hoy que conmemoramos con alegría y admiración el XXX aniversario del Día Internacional de la Mujer, cuya celebración el 8 de marzo fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, a efecto de recordar el trágico suceso ocurrido en Nueva York en 1908 cuando, luego de haber sido despedidas por las condiciones laborales que padecían, obreras de una fábrica textil se declararon en huelga y, encerradas en su lugar de trabajo, padecieron un incendio que significó la muerte de 129 de ellas.

Recordar este suceso nos brinda la oportunidad de reflexionar en torno del largo y difícil trayecto que han recorrido y todavía recorren las mujeres de todo el mundo para reivindicar sus derechos en todos los ámbitos y ganar espacios que nos permitan desarrollar integralmente todas nuestras potencialidades. Acción Nacional celebra que las naciones reconozcan el valor de la mujer, al tiempo que considera importante reflexionar sobre los desafíos que en materia de equidad de género aún están pendientes en la práctica y los cuales es necesario afrontar para conseguir la igualdad que permitirá el desarrollo integral de cada ciudadana.

En México, el tema de la mujer sigue siendo difícil de afrontar pues, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, de la unión de muchas voluntades por lograr que se nos valore plenamente, participemos con igualdad de oportunidades y tengamos los mismos derechos en todas las esferas de la vida nacional, todavía no contamos con las condiciones adecuadas ni con las instituciones debidamente consolidadas que aseguren el bienestar y el desarrollo de las mujeres de nuestro país. La prioridad de Acción Nacional ha sido en todo momento contribuir al bienestar del ser humano. Para nosotros, la política debe procurar el desarrollo integral y el bienestar material de todas las personas.

El respeto de los derechos individuales es un ingrediente fundamental de las democracias modernas. Para alcanzar este ideal es necesario erradicar completamente una cultura que no reconoce el valor de la mujer y que, por ende, se traduce en marginación, discriminación, pobreza, analfabetismo e incluso violencia contra nosotras, para convertirnos en seres vulnerables e impedirnos aportar todo lo que podamos dar de nosotras mismas ante el entorno en que nos encontramos inmersas.

La igualdad de género no sólo es objetivo por derecho propio. Es de suma importancia para nuestra capacidad alcanzar todo lo demás. Los estudios demuestran que no hay estrategia de desarrollo eficaz en que la mujer no desempeñe un papel central. Cuando la mujer participa plenamente, los beneficios son inmediatos: las familias están más sanas y mejor alimentadas; aumentan sus ingresos, ahorros e inversiones; aumenta la productividad de las empresas e instituciones. Y lo que es cierto para las familias también lo es para las comunidades y, a la larga, para los países enteros. Si hay familias fuertes, hay ciudadanos fuertes y hay países fuertes.

No podemos permanecer como espectadores mientras tantas mujeres en nuestro país carecen de oportunidades y sufren alguna situación que limita su potencial. Es nuestro deber comprometernos a que el desarrollo de todas y cada una de las mujeres de México no tenga límites. Merece la pena recordar que la Declaración y Programa de Acción de Viena afirma: ``Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales''. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

Nosotros, las y los mexicanos, como miembros de la comunidad internacional, estamos llamados a asumir como un compromiso prioritario la promoción de una cultura y de un entorno en que las mujeres de nuestro país puedan crecer, participar y desarrollarse con todas sus potencialidades. Los legisladores del PAN estamos convencidos de que aun cuando las mujeres han conseguido transformar sus luchas en derechos concretos y en espacios abiertos para ellas, hoy todavía precisan del respaldo debido del resto de la sociedad y de las instituciones para lograr una efectiva equidad de género. A todas las mujeres de México, desde esta máxima tribuna las felicitamos con cariño y admiración. ¡Ánimo y adelante! Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Ramírez Luna.

Queremos darle la más cordial bienvenida al recinto al presidente municipal de Omitlán de Juárez, Hidalgo, el licenciado José Antonio Pérez Anaya. Lo acompañan el director de Turismo y Desarrollo Económico del municipio, David Ángel García Ramírez, y Juan Monroy Fuentes, encargado de Cultura del mismo municipio.

Asimismo, se encuentran con nosotros los alumnos de quinto y sexto años de primaria de la escuela Licenciado Carlos Sánchez Mejorada, también del mismo municipio de Omitlán de Juárez, en el estado de Hidalgo; ellos, acompañados por el director, profesor Orlando Rosales Torres, y personal docente. Sean ustedes bienvenidos. Son invitados del diputado Edmundo Valencia Monterrubio. Bienvenidos, gracias.

También están aquí con nosotros, invitados por nuestra compañera Rosalina Mazari Espín, nuestra compañera diputada federal, los profesores y estudiantes de la escuela primaria General Prudencio Cazal, del municipio de Tlaltizapán, estado de Morelos. Sean ustedes bienvenidos. Gracias.

A continuación, para continuar el posicionamiento sobre el Día Internacional de la Mujer, tiene la palabra nuestra compañera diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Norma Elizabeth Sotelo Ochoa: Buenos días. Con su venia, Presidenta diputada; señoras y señores diputados: el 8 de marzo es una fecha significativa para las mujeres. Aunque existen diversas versiones de por qué este día está instituido como el Día Internacional de la Mujer, algunas establecen que surge a raíz del incendio de una fábrica neoyorquina, ocasionando la muerte de más de 120 obreras en la primera década de 1900. Otras lo atribuyen a las celebraciones que el Partido Socialista Americano realizaba con objeto de reivindicar el derecho de las mujeres al sufragio. Una más manifiesta que el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 8 de marzo en Rusia, para recordar que en el año de 1917 las mujeres rusas se amotinaron ante la falta de alimentos, dando inicio al proceso revolucionario que acabaría en el mes de octubre de ese mismo año.

Lo cierto es que la lucha de las mujeres no ha sido fácil en ninguna parte del mundo. Hemos tenido que hacer un doble esfuerzo para que el reconocimiento de nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales sean reconocidos plenamente. Este año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas está llevando a cabo el XLIX periodo de sesiones ordinarias, a la que se invitó a participar a todos los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas. En ella se están abordando diversos temas, entre ellos la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción, así como los resultados del XXIII periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y el examen de la Declaración del Milenio.

Todo ello, con la finalidad de que los países miembros de las Naciones Unidas instrumenten a nivel jurídico e institucional todas las medidas necesarias a fin de que los derechos humanos, políticos y sociales de las mujeres sean respetados y consolidados. Recordemos que México fue la sede de la primera Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en 1975. Veinte años después se celebró, en 1995, la Plataforma de Beijín, adoptada en la IV Conferencia, en la cual se identificaron 12 áreas críticas para las mujeres; entre ellas, pobreza, educación y capacitación, atención de la salud, estructura y políticas económicas, poder y toma de decisiones, derechos humanos, comunicaciones, medio ambiente y derecho de las niñas.

En esas 12 acciones hemos venido trabajando en México. El tema de las mujeres es un tema que ha avanzado mucho en el papel; ha habido consensos plasmados únicamente en documentos y otros más que se han quedado en el tintero. Pero la realidad es que en los hechos hemos avanzado lentamente. La lucha de las mujeres en México no ha sido el logro de un grupo ni de unas cuantas, sino de todas las mujeres de las diferentes ideologías y de los diferentes ámbitos de la sociedad. Las mujeres que participamos en la LIX Legislatura hemos logrado trabajar y buscar acuerdos por encima de las ideologías partidistas.

Desde luego que no ha sido una tarea fácil; ha sido complicado ponernos de acuerdo en muchos temas, pero finalmente lo hemos logrado. Hemos trabajado en los consensos a fin de ir avanzando y construyendo nuevas acciones que ayuden en el desarrollo y reconocimiento pleno de las libertades fundamentales de las mujeres. Podemos decir que en lo que va de la LIX Legislatura hemos avanzado en el aspecto presupuestal, logrando mayor cantidad de recursos para programas enfocados a mujeres, además de su puntual etiquetamiento y la no reducción ni la aplicación de diferimientos a estos programas.

También hemos avanzado en el trabajo coordinado con otras dependencias del Gobierno Federal. Prueba de ello es la Campaña Nacional de Equidad y Seguridad Integral para la Mujer que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, hemos llevado a cabo con mucho éxito en todo el país. De igual forma, hemos avanzado en materia de legislación con perspectiva de género, presentando iniciativas de reforma a diversas leyes a fin de que sea incorporada la equidad entre los géneros y se logre una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Por otro lado, también hemos impulsado y apoyado la armonización de las legislaciones locales en materia de género. Esto, con la realización del Primer encuentro de legisladoras, lo cual se ha traducido en una serie de iniciativas de reformas de las legislaciones locales a fin de que la erradicación de la violencia se logre en todo el país y los delitos de carácter sexual sean castigados de igual forma en toda la República y así los delincuentes no encuentren vacíos legales en diferentes entidades del país para cometer sus actos ilícitos. También hemos trabajado arduamente para que las voces y propuestas para las mujeres sean escuchadas en la Cámara de Diputados. Para ello regionalizamos el Parlamento de Mujeres de México a fin de que las mujeres de todo el país tuvieran mayores posibilidades de participación en este ejercicio de atención de nuestra problemática y búsqueda de nuevas propuestas para la solución de nuestros problemas.

Cabe hacer mención de que en los seis años anteriores se había dado una participación aproximada de mil 300 mujeres en cada evento anual, y en este año han participado aproximadamente 600 mujeres en cada una de las cuatro reuniones regionales, lo que hasta ahora trae como resultado la participación de 2 mil 400 mujeres, faltando la reunión regional que se realizará en Puebla y la séptima reunión anual. Estamos seguras de que al término de este tan importante evento habrán participado más de 3 mil mujeres de toda la República Mexicana.

Por otro lado, en concordancia con la necesidad de profesionalizar aún más el trabajo legislativo, hemos impulsado la creación de un Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que será presentado formalmente hoy por la tarde. El Centro tendrá por objeto, entre otras cosas, dar seguimiento a la legislación en materia de género, así como la realización de análisis y estudios a fin de que sean realizadas iniciativas de reforma de las leyes viables, que logren impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el reconocimiento pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales y la eliminación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres.

Todas estas acciones y otras más no menos relevantes las hemos venido realizando acorde con lo que establece la Plataforma de Acción de Beijín, que se celebró en 1995 y que hoy, a 10 años de su aplicación, revisamos a nivel internacional a fin de hacer un balance retrospectivo y revisar qué nos falta por hacer, lo que sin duda aún es mucho.

Aprovecho el uso de esta tribuna para lanzar desde aquí un llamado a la reflexión: que el 8 de marzo no sólo sea un día de celebraciones sin contenido; por el contrario, que el 8 de marzo sea un día en el que recapacitemos sobre lo que el sector más grande de la población en el país requiere. Recordemos que un país en el que no son plenamente reconocidos los derechos de algunos de sus grupos sociales no puede ser considerado un país plenamente democrático.

Sea pues desde aquí realizado un llamado a la acción en donde todas y todos sumemos nuestros esfuerzos, independientemente de la filiación partidista o doctrina ideológica que tengamos. Seamos coherentes entre las palabras y los hechos para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, una realidad que nos permita decir cada 8 de marzo. ``Felicidades, mujeres''. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Norma Sotelo Ochoa.

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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, de acuerdo con el orden del día aprobado, se presentarán iniciativas de ciudadanos diputados. Por ello tiene el uso de la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fidel René Meza Cabrera: Con su permiso, diputada Presidenta; diputadas y diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, en relación con el 77, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa para reformar los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El rezago legislativo, es un tema reiterativo al que se han referido en infinidad de iniciativas, para abatirlo; sería redundante volver a citarlo, sino fuera a mencionarlo desde una perspectiva de la cual no se ha analizado.

Ya conocemos cual es la causa que está originando la acumulación de asuntos pendientes en las comisiones ordinarias y que es la abundancia de iniciativas y proposiciones, principalmente. Si revisamos el Orden del Día de cualquier sesión o la Gaceta Parlamentaria, encontraremos que todos los días se presentan iniciativas o proposiciones, las primeras en relación a reformas o adiciones particularmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las segundas en relación a asuntos ya planteados.

Esta abundancia de iniciativas, prolongan la duración de las sesiones y las hacen tediosas y cansadas y lo que es peor aún, la lectura de tanto documento, no permite o al menos retarda, la discusión y votación de dictámenes, muchos de importancia y hasta de urgente resolución.

No es que critique la prolífica producción legislativa de las y los diputados, me parece que la profusión de proposiciones, contribuirán al enriquecimiento y perfeccionamiento de nuestras leyes.

Sólo quiero referirme a lo caótico de los procedimientos vigentes para examinar, discutir y elaborar los dictámenes en el seno de las comisiones ordinarias. Para hacer más ilustrativa la explicación, recurro al siguiente ejemplo:

En muchos templos destinados al culto católico de ciudades coloniales, existen como objeto de veneración retablos, cuadros y esculturas, que por la perfección de sus tallas o la técnica empleada, son verdaderas obras de bellas artes, algunas además, valiosas por el material de que están elaboradas. Su estética y antigüedad, las conceptúan como ``arte sacro'', que ya es admirado, seleccionado, comercializado y codiciado, por aficionados y coleccionistas.

Este ``arte sacro'' ha venido siendo, cada vez más frecuentemente, objetivo de ladrones que casi siempre, con gran facilidad los sustraen de altares y nichos, en donde están colocados sin ninguna protección y los venden a comerciantes en obras de arte o anticuarios, quienes los adquieren por sumas irrisorias y los comercializan con grandes ganancias entre coleccionistas.

El estudio de este fenómeno antisocial, me llevó a descubrir que su incremento, tiene varias explicaciones, aunque para nuestro ejemplo, solo es necesario decir que este ilícito está considerado como robo simple, porque normalmente se comete sin violencia y como delito no grave, lo que permite que el ladrón, cuando es detenido, obtenga su libertad, con facilidad.

Para frenar esta actividad delictiva y muy perjudicial para las comunidades que sufren el robo de sus reliquias veneradas; presenté una iniciativa para sancionar y catalogar como grave la infracción. La iniciativa se publicó el 20 de abril de 2004 en la Gaceta Parlamentaria y está en estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La iniciativa propone la creación de la figura específica de ``robo de arte sacro'' y la define y penaliza a través de la adición de los artículos 381 Ter y 381 Quáter en el Título Vigésimo Segundo, Capítulo I del Código Penal Federal y su calificación como grave en el Capítulo IV, artículo 194 numerales 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por tratarse de un delito de nueva creación, se especificaron los elementos del tipo, necesarios para su comprobación al integrar el cuerpo del delito.

Ahora, describiré la segunda parte del ejemplo, que es una de las causas motivadoras del rezago legislativo, por lo repetitivo de iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo.

El 22 de febrero del presente año, se publica en la Gaceta Parlamentaria otra iniciativa en la cual se propone la creación de los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, referentes al ``robo de objetos religiosos'', si la definición de la figura delictiva, no fuera tan imperfecta, por su deficiente técnica jurídica, pensaría que es un plagio de mi proyecto de ``robo de arte sacro'', quedando en sólo en una mala copia.

Con este ejemplo trato de demostrar lo siguiente:

Muchas iniciativas de ley y proposiciones con punto de acuerdo, si no son copias de otras ya presentadas, sí son muy similares, con partes coincidentes, que hacen dudar de su originalidad, y que se agendan en el Orden del Día y se les tramita de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, prolongando las sesiones y retrasando el trabajo legislativo.

Para resolver esta situación, propongo que en las sesiones sólo se dé lectura a iniciativas que sean inéditas y las que se relacionen a las que ya están en estudio por alguna comisión, pasen directamente a ésta, para que se acumulen a las iniciales y de ser procedente, las enriquezcan y los dictámenes resulten más completos y perfectos.

El o los suscriptores de la iniciativa de ley, pasarían temporalmente a formar parte de la comisión competente, para coadyuvar como asesores en la formación del dictamen, así este se elaboraría más pronto y quizá más completo.

Para establecer este procedimiento, será necesario adicionar dos párrafos a la fracción III del artículo 30 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso:

En el primer párrafo, se indicará que en las sesiones sólo se dará cuenta de las iniciativas de ley que sean inéditas. Y en el segundo párrafo, se dispondrá que será la Secretaría General la que lleve el control de las iniciativas, para informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuales podrán incluirse en el Orden del Día.

Para estar en posibilidad de controlar e informar acerca de las iniciativas, a través de un artículo transitorio, se instruiría a la Secretaría General, para que establezca el registro y control de las iniciativas que le sean presentadas para ese efecto.

Solamente para mayor claridad, se agregaría un segundo párrafo al artículo 56 del mismo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para que las iniciativas de ley se registren en la Secretaría General, antes de pasar a la Comisión correspondiente.

Las proposiciones con punto de acuerdo, no sufrirían modificación en su trámite.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberana Asamblea la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la siguiente forma

Articulo Único.- Se reforman los artículos 30 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. ...

II. ...

III. ...

Sólo se dará cuenta de las iniciativas de ley, que presenten los individuos de la Cámara que sean inéditas para este efecto, la Secretaría General, llevará el control e informará a la Mesa Directiva, para su inclusión en el Orden del Día.

Artículo 56. ...

Antes de pasar a Comisión, las iniciativas de ley, que presenten los miembros de la Cámara, se registrarán en la Secretaría General. El promovente pasará temporalmente a la Comisión que corresponda, para que funja como asesor en relación a la iniciativa que formuló.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría General de la Cámara de Diputados, establecerá el registro de todas las iniciativas de ley, para estar en posibilidad de informar a la Mesa Directiva, cuales son inéditas y las que tengan relación con alguna ya en trámite, se pasará directamente a la Comisión respectiva y se comunicará al promovente para que se adhiera a la referida Comisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 2 de 2005.--- Dip. René Meza Cabrera (rúbrica).»

Es todo, diputada Presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Meza Cabrera. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se encuentra con nosotros, en el recinto legislativo, un grupo de estudiantes del Instituto Mier. Sean ustedes bienvenidos. Ellos han sido invitados por nuestra compañera, la diputada Patricia Garduño. También está aquí, con noso-tros, un distinguido grupo de damas jalapeñas, que han sido invitadas por nuestro compañero, el diputado Miguel Ángel Llera Bello. Sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado José Ángel Córdoba Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de exención de cuotas a las gestantes.

El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, señora Presidenta; compañeros diputados y, especialmente, compañeras diputadas: mi admiración, respeto y reconocimiento a la extraordinaria labor de la mujer mexicana en la construcción de nuestro país. Mil felicidades en su día.

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de excención de cuotas a las gestantes.

El que suscribe diputado José Ángel Córdova Villalobos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36, adicionando un párrafo sexto de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La transición epidemiológica en nuestro país ha sufrido grandes cambios durante las últimas décadas, dando como resultado que la esperanza de vida al nacer se incremente notablemente.

Hace 50 años la esperanza de vida para los hombres era de 51 años, y para las mujeres de 53 años. Actualmente esa edad es la económicamente activa y productiva, ya que la esperanza de vida es de 73 años para los hombres, y de 77 años para las mujeres.

El análisis de la relación directa entre salud y el crecimiento de nuestro país , utilizando indicadores como esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad materna han demostrado que la salud es un factor causal responsable en un tercio del crecimiento económico de México a largo plazo, lo anterior aparejado a la evidencia de que un incremento del 10% del gasto público en salud provocaría una disminución del 7% de la mortalidad materna, lo anterior denota claramente la trascendencia de los montos de los recursos públicos que en nuestro país como porcentaje del PIB (aproximadamente 2.8%) se destinan para salud y la necesidad de que a través de programas exitosos se soporte la necesidad de que el presupuesto nacional en salud sea incrementado.

Por otro lado y en la búsqueda del equilibrio en el desarrollo de los países que forman parte del contexto mundial, y tratando de disminuir las grandes diferencias entre países ricos y pobres, en la ONU en el año 2000, se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por 189 países, que comprometen a países pobres y ricos a luchar contra el hambre, la pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación, atención médica, sanidad, agua potable, deterioro del medio ambiente entre otros, y establecen estándares y metas a alcanzar para el año 2015.

Uno de los objetivos establecidos en lo que se refiere a mortalidad materna fue reducir esta en un 75% entre 1990 y 2015, y su avance hasta ahora ha sido del 32.73%, para lograr un avance mayor en este se requiere entre otros que los partos sean atendidos por personal especializado en un 100% como sucede en buena parte de los países del mundo incluyendo los latinoamericanos.

La toxemia del embarazo y la hemorragia durante el parto siguen siendo la causa de un gran número de muertes maternas, esto explicado por la falta de acceso a los servicios de salud en muchos casos, dentro de cuyas causas se cuenta la no derechohabiencia a los servicios públicos de salud.

Las diferencias en la cobertura del parto en las entidades federativas de México, son importantes, pues existen entidades con coberturas hasta de un 90% (cuyas tasas de mortalidad materna se asemejan a las de los países desarrollados) y otras con coberturas menores al 60% (cuyas tasas se asemejan a los países más pobres y menos desarrollados del mundo), esto se refleja en el hecho de que el porcentaje de partos atendidos en los 386 municipios de muy alta marginación es ligeramente superior al 36%, y en algunas comunidades indígenas este porcentaje de atención de partos en unidades médicas es incluso inferior a un 10%.

Aun cuando las estadísticas nacionales muestran una disminución en las tasas de mortalidad materna entre 1990 y 2004, por 100,000 nacidos vivos, estas se encuentran aún en cifras superiores a 60, lo cual dista mucho de las 6-8 defunciones maternas por las mismas causas en los países desarrollados, esto es aún más dramático cuando observamos que en algunos estados de nuestro país, la tasa es superior a 150, particularmente en las zonas de alta marginación.

Sin duda algunos programas exitosos a favor de las poblaciones más necesitadas como lo es Oportunidades han tenido un impacto, produciendo una reducción en un 11% de la mortalidad materna, y otros programas como el Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, que tiene inscritas a más de 1,700,000 familias , es decir más de 6 millones de mexicanos, de los cuales el 94.2% se encuentra en los dos deciles de menor ingreso, también han impactado para reducir esta mortalidad materna, son muchas las acciones aún a tomar para facilitar el acceso a los servicios de salud a las mujeres embarazadas y garantizar un seguimiento del embarazo y una atención profesional en el parto y así buscar reducir el número de muertes maternas de una manera más acelerada y alcanzar los Objetivos del Milenio.

Actualmente en México existen 24,726,105 mujeres no derechohabientes de la seguridad social, de ellas 11,680,243 se encuentran edad fértil y se registran un poco más de un millón cuatrocientos mil nacimientos por año, el 43% de los hogares a los que corresponden estos conciudadanos tienen un ingreso dentro de los 3 deciles más bajos de nuestro país, y su costo de atención gratuita en todos los hospitales de la Secretaría de Salud de México desde el inicio del embarazo hasta el tercer mes postparto sólo representaría para la Secretaría de Salud el dejar de recibir como cuotas de recuperación una cantidad aproximada de 400 millones de pesos, si tenemos en cuenta la cifra calculada para 2003 que fue de 367,950,000.

Consideramos pues que siendo este uno de los programas primordiales incluido dentro de los Objetivos del Milenio, y ante la imposibilidad por lo aún deficiente de la inversión pública en salud, de brindar este beneficio de manera gratuita a toda la población, se debe al menos aplicar lo más pronto posible en los grupos más necesitados, mientras se logra que el Sistema de Protección Social en Salud, logre la cobertura total en el 2015, como esta previsto en la ley.

Evidentemente que esta reforma requerirá de la proyección presupuestal complementaria por parte de la Secretaría de Salud, para el año de 2006, de manera que ningún factor impida dotar de este beneficio a las mexicanas más desprotegidas.

Por lo anteriormente expuesto me permito poner a su consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo sexto al artículo 36 a la Ley General de Salud

Artículo 36.-...

...

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todas las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta el tercer mes posparto, que se encuentren en los tres primeros deciles de ingreso. Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable haber llevado control prenatal y/o haber acudido a consulta médica en la institución de Salud por lo menos una vez, previa al parto.

Transitorios

Artículo Primero.- El Ejecutivo Federal incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2006 los recursos indispensables para su implementación.

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrara en vigor a partir del primero de enero del año 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).»

Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, doctor Córdova Villalobos. Túrnese a la Comisión de Salud.

Nuestra compañera, la diputada Leticia Gutiérrez Corona, ha invitado --y se encuentran aquí con nosotros en el recinto parlamentario, sean ustedes bienvenidos-- a 100 líderes sindicales pertenecientes a la cuarta generación de los nuevos liderazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sean ustedes cordialmente bienvenidos.

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LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS - LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, el Día Internacional de la Mujer se significa como una jornada mundial para refrendar el compromiso de adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, para el avance y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de la sociedad.

El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es una cuestión esencial de derechos humanos que exige la acción comprometida de todos los sectores de la sociedad y una condición indispensable para la justicia social. Sin el empoderamiento de las mujeres y sin la igualdad plena entre hombres y mujeres, nunca podrá alcanzarse la seguridad política, social, económica y cultural entre todos los pueblos.

En este día reafirmamos como tarea ineludible de todo órgano legislativo incorporar el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en toda legislación, y garantizar mediante normas jurídicas y otros medios apropiados la realización práctica de este principio. En este compromiso, la suscrita, diputada Cristina Portillo, y las diputadas y los diputados que la suscriben sometemos a consideración de la Asamblea esta iniciativa de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de alcanzar la plena integración de la mujer en las Fuerzas Armadas Mexicanas en un plano de absoluta igualdad en los sistemas de incorporación y progresión de carrera.

El tema de la integración plena de las mujeres en las Fuerzas Armadas provoca una cuestión tan compleja como polémica. Hoy, en nuestro país, todavía es un mito hablar de este tema, pues implica en principio el quiebre de uno de los sistemas de organización más tradicionales y ancestrales para el mundo occidental: el que asignaba al hombre el papel de guerrero y a la mujer el papel de madre.

Se ha escrito mucho sobre la imposibilidad de que las mujeres seamos buenos soldados por cuestiones fisiológicas, debilidad física y otros inconvenientes. Sin embargo, estudios de sociología militar efectuados en diversos países coinciden en que la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas ha dado resultados positivos en la eficiencia de las unidades militares. Otras investigaciones demuestran que las mujeres en posiciones decisorias de la política castrense contribuyen a reencauzar los recursos hacia el desarrollo de los países y eliminar los comportamientos violentos dentro de las Fuerzas Armadas. En el caso concreto de México, hasta la fecha la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas ha estado marcada por las diferencias entre los escalafones femeninos y masculinos en términos de grados y áreas de desempeño. Dos premisas justifican integrar plenamente a las mujeres en las Fuerzas Armadas Mexicanas:

Una: el principio fundamental de igual participación de la mujer en la sociedad y de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y los programas de Estado, como estrategia para consolidar una democracia más fuerte y próspera; la otra: que el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas ha ido paralelo a la evolución y construcción del Estado mexicano.

El Estado-nación tiene como característica básica su carácter universal y total; cada ciudadano o ciudadana tiene el derecho y la obligación de participar en la defensa de lo que le es propio. Dentro de esta lógica, sin lugar a dudas que las Fuerzas Armadas Mexicanas se harán más eficientes y profesionales en beneficio de los intereses de la nación, en la medida que exista la posibilidad real de que se incorpore a ellas con absoluta igualdad de oportunidades el otro 50 por ciento de la población: obviamente, las mujeres. Por eso, la intención esencial de la iniciativa que sometemos a consideración de la Cámara de Diputados consiste en alcanzar la plena integración de las mujeres en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos como medio para lograr igual participación y absoluta injerencia de las mujeres en todos los esfuerzos tendentes al mantenimiento y la promoción de la democracia y la seguridad de nuestro país y darles un papel prominente en la adopción de decisiones referentes a la construcción de la paz y a la prevención y resolución de conflictos.

En el texto del proyecto se suprimen todas las limitaciones para que las mujeres militares accedan a todos los niveles de mando, garantizando a la mujer su progresión de carrera en condiciones de igualdad con el hombre, de modo que pueda alcanzar todos los rangos militares y que en la denominación de los mismos no exista ninguna variación con el varón. A partir de la reforma que se propone sin distinción por razón de género, las mexicanas y los mexicanos miembros del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a los distintos niveles de mando, como es el alto mando, mandos superiores y mandos de unidades. Con esto se abriría la posibilidad de que en nuestro país, como en muchos otros, tuviéramos al frente de las Fuerzas Armadas a la primera secretaria de la Defensa Nacional.

En igualdad de condiciones, tendrán derecho a ascender en los distintos escalafones hombres y mujeres, a escalafones y grados que comprenden las armas y los cuerpos especiales del Ejército, al personal de arma y de los personales especiales de la Fuerza Aérea y los servicios del Ejército y la Fuerza Aérea. La iniciativa también salvaguarda la plena igualdad de las mujeres en el terreno profesional, eliminando todas las restricciones para que puedan incorporarse a todos los destinos existentes de las Fuerzas Armadas, sean de arma o de servicios o auxiliares.

Como otro punto relevante en el proyecto, se propone que el ingreso en todos los establecimientos de educación militar sea por igualdad para hombres y mujeres y que éste se efectúe mediante convocatoria pública a través de los sistemas de concurso. Conforme a la nueva redacción, las mexicanas y los mexicanos tendrán derecho de ingresar sin restricciones por cuestión de sexo en todos los niveles de las escuelas de formación de clases, escuelas de formación de oficiales, escuelas, centros o cursos de aplicación, perfeccionamiento, capacitación, especialización y actualización, y escuelas, centros o cursos superiores.

En los sistemas de selección a todos los planteles de educación militar no podrán existir más diferencias por razón de sexo que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso, por lo que, por ejemplo, si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas para la convocatoria por causa de embarazo o parto, debidamente acreditados, realizará todas las demás, quedando la plaza que en su caso obtuviera condicionada a la superación de aquéllas.

La implantación de este nuevo modelo de Fuerzas Armadas con perspectiva de género conlleva necesariamente a la realización de cambios en la estructura y organización del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: el establecimiento de guarderías concertadas dentro o cerca de las dependencias militares y la prioridad para elegir un destino no operativo durante el periodo de lactancia, así como otras medidas destinadas a hacer compatible la vida privada y profesional de las mujeres que se incorporan a las Fuerzas Armadas.

Indudablemente que este proceso exigirá también la plena colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional con el Instituto Nacional de las Mujeres, las respectivas Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y de Senadores y demás organizaciones no gubernamentales especializadas en el análisis de la situación de la población femenina en el ámbito profesional, para instrumentar acciones conjuntas dirigidas a favorecer la plena integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

Realizar trabajos de investigación sobre el procedimiento de su incorporación a planificar acciones informativas y programas específicos de formación para la igualdad y la elaboración de estadísticas que contemplen estas variables y permitan un mejor seguimiento y una acción más acertada.

Finalmente, creemos que es muy importante tanto reconocimiento y tanto homenaje que se hace en nuestro país este día, pero también --¿por qué no?-- queremos hechos y hacemos un llamado al Ejecutivo de la nación para que se sensibilice y apoye esta iniciativa. Queremos hechos y que se nos reconozca en igualdad en las leyes mexicanas. Atentamente, firmamos esta iniciativa Cristina Portillo, por el PRD; Erandi Bermúdez, de Acción Nacional; Martha Lucía Mícher, del PRD; René Arce Islas, del PRD; Consuelo Muro, por parte del PRI; Diva Hadamira Gastélum, del PRI; Lizbeth Rosas; Ana Lilia Guillén, Eduardo Espinosa, Angélica de la Peña, Tomás Cruz y Pablo Franco, por el PRD.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 34, 56, 59, 68, 103, 122, 132, 133, 139, 140, 142, 161, 162, 190, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 5 y 8 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objeto de alcanzar la plena integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, en un plano de absoluta igualdad en los sistemas de incorporación y progresión de carrera, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas, constituye condición necesaria para consolidar sociedades justas y democráticas. Es imperioso establecer una sólida agenda de equidad de género para crear una democracia más fuerte y próspera: las democracias fuertes se basan en el principio de que todos los ciudadanos, mujeres y hombres, tengan la posibilidad efectiva de participar en la sociedad política, económica y civil.

Sin embargo, innumerables de las discriminaciones que sufren las mujeres están basadas en concepciones patriarcales de la sociedad, sostenidas y promovidas por instituciones que operan en diversos frentes.

En todo el mundo, las Fuerzas Armadas constituyen la institución que por excelencia fundamenta su existencia y su accionar en razones y prácticas patriarcales: el uso de la fuerza como última palabra para dirimir conflictos, la subordinación absoluta a las jerarquías como fundamento organizacional, una visión de las sociedades humanas basada en la lógica de amigos-enemigos y la exaltación ``machista'' de cualidades tradicionalmente consideradas como masculinas, que tiene por contrapartida una visión de inferioridad y desprecio de lo que la cultura ha construido como femenino.

El tema de la integración plena de las mujeres en las Fuerzas Armadas provoca una cuestión tan compleja como polémica, puesto que implica, en principio, el quiebre de uno de los sistemas de organización más tradicionales y ancestrales para el mundo occidental. Esto es, aquel que asignaba al hombre el papel de guerrero y a la mujer el de madre.

Se ha escrito mucho sobre la imposibilidad de que las mujeres sean buenas soldados por cuestiones fisiológicas, debilidad física y otros inconvenientes, el hecho concreto es que todas las argumentaciones son meras excusas que pretenden situar a las mujeres en el límite de su capacidad para dejar claro que no son aptas militarmente.

Estudios de la Sociología Militar efectuados en Estados Unidos de América, Europa e Israel, coinciden en concluir que la incorporación de la mujer en las Fuerza Armadas ha dado resultados positivos en la eficiencia de las unidades, los argumentos empíricos de las investigaciones demuestran que, por ejemplo, el nivel de escolaridad y rendimiento académico de las mujeres es superior a los hombres; el ausentismo femenino en las unidades es menor en mujeres que en los hombres, la efectividad de las unidades operativas mixtas es superior a aquellas integradas sólo por hombres.

Otras investigaciones concluyen que las mujeres en posiciones decisorias de la política castrense contribuyen a reencausar los recursos hacia el desarrollo del país y a eliminar los comportamientos violentos dentro de las Fuerzas Armadas, como es el caso de los abusos, tantas veces denunciados, en el servicio militar.

En 1961 se celebró la primera conferencia de mujeres de mayor rango de la Alianza Atlántica, en la que los países asistentes (Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido y los Estados Unidos) acordaron mantener reuniones periódicas para intercambiar información sobre la situación, organización y condiciones de la mujer en las Fuerzas Armadas y examinar las posibilidades y perspectivas futuras en su empleo.

Esas reuniones culminaron con la creación, en 1976, del Comité sobre la Mujer en las Fuerzas Armadas de la OTAN, que, con carácter consultivo, asesora a los países miembros de la Alianza en lo concerniente a la política relativa a la mujer en los Ejércitos. Los temas que más preocupan a este Comité son la igualdad y no discriminación por razón de sexo, el acceso a los puestos de mando y la calidad de vida. Estos asuntos se debaten en las reuniones anuales, que concluyen con la adopción por unanimidad de acuerdos que, con carácter de recomendaciones, se trasladan a las autoridades nacionales y, a través del Comité Militar, al secretario general de la OTAN.

A partir de entonces, a nivel mundial, las mujeres han llegado a ocupar, con excelentes resultados, cargos que antes hubiesen sido inimaginables en ámbitos de conducción de la política militar y en términos más amplios de los asuntos de seguridad de un país. Un vistazo a la conformación de gobiernos de América nos hace reflexionar sobre este punto.

En Estados Unidos, Condolezza Rice, ha desempeñado el cargo Asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush. Ministras de Defensa: en Canadá, Margaret Bloodworth; en Chile, Michele Bachelet; en Colombia, Marta Lucía Ramírez. En Costa Rica, Ana Helena Chacón, Ministra de Seguridad Pública. En Europa las carteras militares también han sido ejercidas por mujeres en países como Francia, Suecia y Noruega.

Esto es una señal de desarrollo social y cultural, de superación de los viejos tabúes según los cuales este tipo de cargos estaban destinados exclusivamente para el hombre debido a la circunstancia en que sus titulares deben desenvolverse.

En el caso concreto de México, finalizada la etapa de la Revolución, el 21 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas funda la Escuela para Enfermeras del Ejército, y con ello se inicia la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Más tarde se incorpora a las mujeres al trabajo social, la odontología, la medicina, la educación física, pero no fue sino hasta 1977 que reciben adiestramiento militar básico.

De esta manera, hasta la fecha, en nuestro país, la participación de las mujeres en las fuerzas armadas ha estado marcada por las diferencias entre los escalafones femeninos y masculinos en términos de grados y áreas de desempeño.

Las prohibiciones de acceso pleno de las mujeres a cualquier institución, y en especial a aquellas que dependen del erario público, constituyen una clara violación a los derechos consagrados en la Constitución General de la República que garantizan la igualdad y prohíben la discriminación por razones de sexo.

Al reconocer y valorar la diversidad humana, presente tanto en hombres como en mujeres, indudablemente que no es legítimo ni democrático que existan limitaciones de los derechos a la libertad de pensamiento e igualdad de oportunidades para aquellas mujeres que deseen seguir la carrera militar.

La misma evolución de la agenda nacional de equidad de género, que reafirma la importancia de la igual participación y plena injerencia de la mujer en todos los esfuerzos tendientes al mantenimiento y la promoción de la democracia, la paz y la seguridad, y la necesidad de dar a la mujer un papel más prominente en la adopción de decisiones referentes a la construcción de la paz y a la prevención y resolución de conflictos, exige hoy en día avanzar en el objetivo de integrar plenamente a las mujeres en las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Dos premisas justifican esta integración plena. Una, el principio fundamental de igual participación de la mujer en la sociedad y de la incorporación de perspectiva de género en todas las políticas y programas del Estado, como estrategia para consolidar una democracia más fuerte y próspera.

La otra, que el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas ha ido paralelo a la evolución y construcción del Estado mexicano. El Estado-Nación tiene como característica básica su carácter universal y total. Cada ciudadano o ciudadana tiene el derecho y la obligación de participar en la defensa de lo que le es propio.

Dentro de esta lógica, sin lugar a dudas que las Fuerzas Armadas se harán más eficientes y profesionales en beneficio de los intereses de la Nación en la medida que exista la posibilidad real de que se incorporen a ellas, con absoluta igualdad de oportunidades, el otro 50% de la población: obviamente, las mujeres.

Además de que es claro que el tema resulta un parámetro oportuno con el que apreciar en qué lugar se encuentran el instituto militar en el interminable camino de una sociedad democrática avanzada. No en vano, la tardanza en incorporar a las mujeres a las Fuerzas Armadas resulta una clara muestra que el ámbito militar todavía constituye un espacio resistente a la entrada de los derechos y libertades propios de una sociedad democrática.

Por esto, la intención esencial de la iniciativa que someto a consideración de la asamblea consiste en alcanzar la plena integración de las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como medio para lograr igual participación y absoluta injerencia de las mujeres en todos los esfuerzos tendientes al mantenimiento y la promoción de la democracia y la seguridad de nuestro país, y darles un papel prominente en la adopción de decisiones referentes a la construcción de la paz y a la prevención y resolución de conflictos.

En el texto del proyecto se suprimen todas las limitaciones para que las mujeres militares accedan a todos los niveles de mando, garantizando a la mujer su progresión de carrera en condiciones de igualdad con el hombre, de modo que la mujer pueda alcanzar todos los rangos militares, y que en la denominación de los mismos no exista ninguna variación con el varón.

Es decir, a partir de la reforma que se propone, sin distinción por razón de género, las mexicanas y mexicanos miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a los distintos niveles de mando: Mando Supremo; Alto Mando; Mandos Superiores, y Mandos de Unidades.

Asimismo, hombres y mujeres, sin diferencias por cuestión de sexo, podrán acceder a los distintos órganos del Alto Mando, ejercer los distintos Mandos Superiores Operativos, integrar las Unidades de la Fuerza Aérea y desempeñar su mando, ingresar a los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea y ocupar sus órganos de dirección, integrar los Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea y ejercer sus mandos y órganos de mando, y formar parte de los Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea y desempeñar sus mandos y órganos de mando.

En igualdad de condiciones, tendrán derecho a ascender en los distintos escalafones y los grados que comprenden las Armas y Cuerpos Especiales del Ejército, al personal de Arma y de los Cuerpos Especiales de la Fuerza Aérea y los servicios del Ejército y Fuerza Aérea.

La iniciativa también salvaguarda la plena igualdad de las mujeres en el terreno profesional, eliminando todas las restricciones para que puedan incorporarse a todos los destinos existentes en las Fuerzas Armadas, sean de arma, de servicio o auxiliares. Si bien algunos de esos destinos están sujetos a determinadas condiciones de edad o psicofísicas, pero nunca más en razón del sexo.

En el texto no se olvida que la igualdad como principio jurídico requiere circunstancias especiales de valoración. Precisa equilibrar las desventajas de los que están en posiciones desfavorables e impone un equilibrio cuando los sujetos están en posiciones de igualdad horizontal.

Como consecuencia, se establecen normas específicas relativas a la condición femenina que permitan alcanzar una igualdad efectiva. Es decir, sin perjuicio de que se contemplen diferencias en las condiciones físicas para el acceso al aplicar distintos parámetros al hombre y a la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer militar queda embarazada, si ocupa un destino que conlleve esfuerzo físico, por prescripción médica, se le puede eximir de dichos cometidos o incluso ser trasladada temporalmente a ejercer otras labores, sin que ello implique la pérdida de su destino.

Como punto relevante, en el proyecto, se propone que el ingreso a todos los establecimientos de Educación Militar sea por igual para hombres y mujeres y que éste se efectúe mediante convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad de género, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Conforme a la nueva redacción del artículo 122 la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las mexicanas y los mexicanos tendrán derecho a ingresar, sin restricciones por cuestión de sexo, a todos los niveles de las Escuelas de Formación de Clases, Escuelas de Formación de Oficiales, Escuelas, Centros o Cursos de Aplicación, Perfeccionamiento, Capacitación, Especialización y Actualización, y Escuelas, Centros o Cursos Superiores.

En los sistemas de selección a todos los planteles de educación militar no podrán existir más diferencias por razón de sexo que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.

Por lo que, por ejemplo, si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizará todas las demás, quedando la plaza que, en su caso, obtuviera condicionada a la superación de aquéllas. Para ello la interesada podrá optar entre la fecha que, a estos solos efectos, se determine en la propia convocatoria, anterior a la de presentación de los admitidos en el centro militar de formación correspondiente, o la que, en su momento, se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados igualmente, podrá elegir de nuevo entre las dos opciones antedichas, sin que en ninguno de estos casos les sea de aplicación los límites de edad.

Así, quedará garantizado el desarrollo profesional del personal femenino de las Fuerzas Armadas. Impartiéndoles una instrucción idéntica a la del personal masculino, permitiendo su adecuada formación y capacitación dentro de la Escuelas de Educación Militar, identificando y corrigiendo cualquier factor de discriminación por razón de sexo que pudiese existir.

La implantación de este nuevo modelo de Fuerzas Armadas con perspectiva de género conlleva necesariamente la realización de cambios en la estructura y organización del Ejército y Fuerza Aérea.

Respecto a los emplazamientos, obligará a introducir ciertas modificaciones en la infraestructura de las unidades. La finalidad es crear espacios diferenciados, sobre todo en los módulos de alojamiento, en los centros docentes militares de formación, acuartelamientos, bases y unidades para adecuar sus instalaciones y separar aseos, dormitorios y vestuarios.

El establecimiento de guarderías concertadas dentro o cerca de las dependencias militares, la prioridad para elegir un destino no operativo durante el período de lactancia, así como otras medidas destinadas a hacer compatible la vida privada y profesional de las mujeres que se incorporan al servicio de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, requiere de prestar especial atención a los supuestos de conductas que atentan a la libertad sexual, con el fin de establecer las medidas adecuadas de prevención y, en su caso, aplicar las normas de régimen disciplinario o de carácter penal que procedan.

Indudablemente que este proceso exigirá también la plena colaboración entre las Secretarías de Defensa Nacional con el Instituto Nacional de las Mujeres, las respectivas Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y Senadores y demás organizaciones no gubernamentales especializadas en el análisis de la situación de la población femenina en el ámbito profesional, para instrumentar acciones conjuntas dirigidas a favorecer la plena integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, a realizar trabajos de investigación sobre el procedimiento de su incorporación, a planificar acciones informativas y programas específicos de formación para la igualdad y a la elaboración de estadísticas que contemplen esas variables y permitan un mejor seguimiento y una acción más acertada.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 34, 56, 59, 68, 103, 122, 132, 133, 139, 140, 142, 161, 162, 190, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 5 y 8 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el objeto de alcanzar la plena integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, en un plano de absoluta igualdad en los sistemas de incorporación y progresión de carrera.

Único: se reforman y adicionan los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 34, 56, 59, 68, 103, 122, 132, 133, 139, 140, 142, 161, 162, 190, 191, 192 y 193 de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 5 y 8 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como siguen:

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo 4. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por:

I. Los mexicanos y mexicanas por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prestan sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, sujetos a las Leyes y Reglamentos Militares;

II. Los recursos que la Nación pone a su disposición; y

III. Edificios e instalaciones.

Artículo 5. Sin distinción por razón de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma Constitucional pertenecen al Servicio Militar Voluntario o al Servicio Militar Nacional.

Artículo 6. Los mexicanos y mexicanas que decidan prestar sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, en forma voluntaria, firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas Fuerzas Armadas por un tiempo determinado.

Artículo 7. Los mexicanos y mexicanas que integran el Servicio Militar Nacional, durante su permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas, quedarán sujetos a las Leyes, Reglamentos y disposiciones militares.

Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando.

I. Mando Supremo;

II. Alto Mando;

III. Mandos Superiores; y

IV. Mandos de Unidades.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a los distintos niveles de mando.

Artículo 16. El Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional, el cual será un General de División del Ejército, hijo o hija de padres mexicanos; y que, con objeto de establecer distinción respecto del resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente General.

Artículo 21. El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los siguientes órganos:

I. Estado Mayor de la Defensa Nacional;

II. Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea;

III. Órganos del Fuero de Guerra; y

IV. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a los distintos órganos del Alto Mando.

Artículo 34. Los Mandos Superiores Operativos recaerán en:

I. El Comandante de la Fuerza Aérea;

II. En los Comandantes de Regiones Militares;

III. En los Comandantes de Zonas Militares;

IV. En los Comandantes de las Grandes Unidades Terrestres o Aéreas;

V. En los Comandantes de las Unidades conjuntas o combinadas; y

VI. En los Comandantes de las Unidades Circunstanciales que el Alto Mando determine implementar.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que reúnan los requisitos exigidos, podrán desempeñar los distintos Mandos Superiores Operativos.

Artículo 56. Las Armas del Ejército Mexicano son:

I. Infantería;

II. Caballería;

III. Artillería;

IV. Blindada; e

V. Ingenieros.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que reúnan los requisitos exigidos, podrán integrar las distintas Armas del Ejército Mexicano.

Artículo 59. La Fuerza Aérea Mexicana se compone de Unidades organizadas, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas y está constituida por:

I. Comandancia de la Fuerza Aérea;

II. Estado Mayor Aéreo;

III. Unidades de Vuelo;

IV. Tropas Terrestres de la Fuerza Aérea; y

V. Servicios.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que reúnan los requisitos exigidos, podrán integrar las distintas Unidades de la Fuerza Aérea y desempeñar su mando.

Artículo 68. Los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea son:

I. Ingenieros;

II. Cartográfico;

III. Transmisiones;

IV. Materiales de Guerra;

V. Transportes;

VI. Administración;

VII. Intendencia;

VIII. Sanidad;

IX. Justicia;

X. Veterinaria y Remonta;

XI. Meteorológico;

XII. Control de Vuelo; y

XIII. Material Aéreo.

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que reúnan los requisitos exigidos, podrán ingresar a los distintos Servicios del Ejército y Fuerza Aérea y desempeñar sus órganos de dirección.

Artículo 103. Los Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea son:

I. Cuerpo de Guardias Presidenciales;

II. Cuerpo de Aerotropas;

III. Cuerpo de Policía Militar; y

IV. Cuerpo de Música Militar.

V. Cuerpo de Guardias Presidenciales

Sin distinción por razón de género, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que reúnan los requisitos exigidos, podrán integrar los distintos Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea y desempeñar sus mandos y órganos de mando.

Artículo 122. Los establecimientos de Educación Militar, tendrán por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para la integración de sus cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la Patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones, los conocimientos que se les hubieren transmitido.

Dichos establecimientos estarán constituidos por:

I. Escuelas de Formación de Clases;

II. Escuelas de Formación de Oficiales;

III. Escuelas, Centros o Cursos de Aplicación, Perfeccionamiento, Capacitación, Especialización y Actualización; y

IV. Escuelas, Centros o Cursos Superiores.

Las mexicanas y los mexicanos tendrán derecho a ingresar a todos los establecimientos de Educación Militar. El ingreso se efectuará mediante convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad de género, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso. Si alguna de las aspirantes no pudiera efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria por embarazo o parto, debidamente acreditados, realizará todas las demás, quedando la plaza que, en su caso, obtuviera condicionada a la superación de aquéllas. Para ello la interesada podrá optar entre la fecha que, a estos solos efectos, se determine en la propia convocatoria, anterior a la de presentación de los admitidos en el centro militar de formación correspondiente, o la que, en su momento, se establezca para la siguiente convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera realizarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acreditados igualmente, podrá elegir de nuevo entre las dos opciones antedichas, sin que en ninguno de estos casos les sea de aplicación los límites de edad.

Artículo 127. Los mexicanos y las mexicanas, sin diferencia por razón de género, que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas, atendiendo a sus capacidades, preparación, responsabilidad y antigüedad, se harán merecedores a un grado en la escala jerárquica, de acuerdo con la ley respectiva.

Artículo 132. Militares son los individuos, sin distinción de género, hombres y mujeres, que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución; la presente ley y demás ordenamientos castrenses.

Artículo 133. Los militares en el Ejército y Fuerza Aérea, hombres y mujeres, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican en:

I. De Arma;

II. De Servicio; y

III. Auxiliares.

Artículo 139. El número de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa del Activo del Ejército y Fuerza Aérea, se fijará en las planillas orgánicas de las Unidades, Dependencias e Instalaciones y con un enfoque de género, deberá estar de acuerdo con los efectivos y necesidades de dichas Fuerzas Armadas.

Artículo 140. Las funciones que desempeñen los militares, sin diferencia alguna por razón de género, deberán estar de acuerdo con su jerarquía, de conformidad con el encuadramiento que les sea fijado en las planillas orgánicas de las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

Artículo 142. Los cuadros de Generales, Jefes y Oficiales profesionales del Activo del Ejército y Fuerza Aérea, estarán integrados por los militares, hombres y mujeres, que tengan acreditado su grado por la Secretaría de la Defensa Nacional y expedida, en su caso, la Patente respectiva.

Artículo 161. El personal que ingrese como alumno o alumna en los establecimientos de Educación Militar, deberá ser mexicano o mexicana por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, excepto el extranjero que sea becario, el cual será admitido con el único fin de realizar estudios que correspondan y al término de los mismos causará baja del plantel al Ejército y Fuerza Aérea.

Los alumnos y alumnas de las Escuelas Militares quedarán sujetos al Fuero de Guerra; los de las Escuelas de Formación de Oficiales que no posean grado militar, recibirán el nombre de Cadetes, pero los grados que dentro de las mismas Escuelas se les confieran, tendrán validez para efectos disciplinarios dentro y fuera del Plantel. Los alumnos Nacionales o Extranjeros que en su calidad de Becarios concurran a realizar estudios en Planteles Militares no estarán sujetos al Fuero de Guerra, pero si deberán sujetarse a los Reglamentos y disposiciones particulares del Plantel al que concurran.

Artículo 162. El personal de las clases de Arma y de Servicio del Ejército y Fuerza Aérea, sin diferencias por razón de género, ascenderá y será recompensado de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia.

Artículo 190. Los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea, sin diferencias por razón de género, comprenderán al personal de Generales, Jefes, Oficiales y Sargentos profesionales en el servicio activo.

Artículo 191. Los escalafones y los grados que comprenden las Armas y Cuerpos Especiales del Ejército son los siguientes:

I. De Plana Mayor, que incluye Generales de División, de Brigada y Brigadieres;

II. De Infantería. De Soldado a General de División;

III. De Caballería. De Soldado a General de División;

IV. De Artillería. De Soldado a General de División;

V. Del Arma Blindada. De Soldado a General de División;

VI. De Ingenieros, que se divide en dos grupos:

A. Ingenieros Constructores. De Capitán Primero a General de División; y

B. Zapadores. De Soldado a General de División.

VII. Del Cuerpo Especial de Policía Militar. De Soldado a Sargento Primero; y

VIII. Del Cuerpo Especial de Música Militar. De Soldado a Mayor.

Sin diferencias por razón de sexo, los mexicanos y mexicanas miembros del Ejército que reúnan los requisitos exigidos, tendrán derecho a ascender en los escalafones y grados que comprenden las Armas y Cuerpos Especiales.

Artículo 192. Los escalafones y grados que comprenden al personal de Arma y de los Cuerpos Especiales de la Fuerza Aérea son los siguientes:

I. De Plana Mayor, que incluye:A. Generales de División, de Ala y de Grupo Pilotos Aviadores; y

B. Generales de División, de Brigada y Brigadieres de Tropas Terrestres.

II. De Pilotos Aviadores. De Subteniente a General de División;

III. De Fusileros de Fuerza Aérea. De Soldado a General de División; y

IV. Del Cuerpo Especial de Aerotropas. De Soldado a Sargento Primero.

Sin diferencias por razón de sexo, los mexicanos y mexicanas miembros de la Fuerza Aérea que reúnan los requisitos exigidos, tendrán derecho a ascender en los escalafones y grados que comprenden al personal de Arma y de los Cuerpos Especiales.

Artículo 193. Los escalafones y los grados que comprenden los servicios del Ejército y Fuerza Aérea son los siguientes:

I. De Plana Mayor, que comprende: Generales de Brigada y Brigadieres de los Servicios con anotación del Servicio a que pertenezcan.

II. De Ingenieros, que se divide en dos grupos:

A. Arquitectos. De Capitán Primero a General Brigadier; y

B. Especialistas del Servicio de Ingenieros de Soldado a Teniente Coronel.

III. Del Servicio Cartográfico, que se divide en dos grupos:A. Ingenieros del Servicio Cartográfico. De Teniente a General de Brigada; y

B. Fotogrametristas. De Soldado a Mayor.

IV. De Transmisiones, que se divide en cuatro grupos:A. De Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica. De Capitán Primero a General de Brigada;

B. De Ingenieros en Transmisiones. De Teniente a General de Brigada;

C. De Transmisiones. De Soldado a General de Brigada; y

D. Especialistas del Servicio de Transmisiones. De Soldado a Teniente Coronel.

V. De Materiales de Guerra, que se divide en dos grupos:A. Ingenieros Industriales. De Capitán Primero a General de Brigada; y

B. De Materiales de Guerra. De Soldado a Teniente Coronel.

VI. De Transportes, que se divide en cuatro grupos:A. Mecánicos Automotrices. De Soldado a Mayor;

B. Conductores. De Cabo a Capitán Segundo;

C. Motociclistas. De Cabo a Subteniente; y

D. Especialistas del Servicio de Transportes. De Soldado a Capitán Primero.

VII. De Administración, que se divide en cuatro grupos:A. Personal de Administración. De Soldado a General de Brigada;

B. Contadores Públicos. De Teniente a General Brigadier;

C. Oficinistas. De Cabo a Teniente Coronel; y

D. Especialistas del Servicio de Administración. De Soldado a Teniente Coronel.

VIII. De Intendencia. De Soldado a General de Brigada.

IX. De Sanidad, que se divide en cinco grupos:

A. Médicos Cirujanos. De Capitán Primero a General de Brigada.

B. Cirujanos Dentistas. De Capitán Primero a General Brigadier;

C. Personal de Sanidad. De Soldado a Teniente Coronel;

D. Enfermeras. De Soldados a Teniente Coronel; y

E. Especialistas del Servicio de Sanidad. De Soldado a Teniente Coronel.

X. De Justicia, que se divide en dos grupos:A. Licenciados en Derecho. De Mayor a General de Brigada; y

B. Especialistas del Servicio de Justicia. De Soldado a Teniente Coronel.

XI. De Veterinaria y Remonta, que se divide en dos grupos:A. Médicos Veterinarios. De Mayor a Coronel; y

B. Personal de Veterinaria y Remonta. De Soldado a Teniente Coronel.

XII. Del Servicio Meteorológico Militar, que se divide en tres grupos:A. Meteorólogos. De Teniente a General Brigadier;

B. Aerologistas. De Subteniente a Coronel; y

C. Especialistas del Servicio Meteorológico. De Soldado a Teniente Coronel.

XIII. Del Servicio de Control de Vuelo. De Subteniente a Coronel.

XIV. Del Servicio del Material Aéreo, que se divide en seis grupos;

A. Mantenimiento de Material Aéreo, que se subdivide en:a. Ingenieros en Aeronáutica. De Capitán Primero a General de Brigada; y

b. Especialistas en Mantenimiento de Aviación. De Soldado a Coronel;

B. Abastecimiento de Material Aéreo. De Sargento Segundo a Coronel;

C. Material Aéreo Electrónico, que se subdivide en:

a. Ingenieros en Electrónica de Aviación. De Capitán Primero a General de Brigada; y

b. Especialistas en Electrónica de Aviación. De Sargento Segundo a Coronel;

D. De Armamento Aéreo. De Soldado a Coronel;

E. Mantenimiento de Paracaídas. De Cabo a Capitán Primero; y

F. Especialistas del Servicio de Material Aéreo. De Soldado a Teniente Coronel.

Sin diferencias por razón de sexo, los mexicanos y mexicanas que reúnan los requisitos exigidos, tendrán derecho a ascender en los escalafones y grados comprenden los servicios del Ejército y Fuerza Aérea.

Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo 5. Los ascensos serán conferidos por rigurosa escala jerárquica y sin diferencias por razón de sexo, en los siguientes términos:

I. De Cabo a Coronel, el ascenso será conferido precisamente dentro del arma o servicio, y

II. De General Brigadier o de Grupo a General de División, no se expresará la procedencia de los militares de arma, pero sí su clasificación técnica, en caso de que cuenten con ella.

Artículo 8. Los ascensos serán conferidos atendiendo conjuntamente a las circunstancias siguientes:

I. Al tiempo de servicios;

II. A la antigüedad en el grado;

III. A la buena conducta militar y civil;

IV. A la buena salud;

V. A la aprobación en los cursos de formación, capacitación, de perfeccionamiento o superiores y demás que estatuya la normativa vigente en materia de educación militar para el grado inmediato superior;

VI. A la aptitud profesional;

VII. A la capacidad física.

VIII. A un enfoque de género.

Transitorios

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro díasdel mes de febrero de dos mil cinco.--- Dip. Federal Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»

Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Cristina Portillo Ayala. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género.

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LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La contaminación daña considerablemente los mares y océanos de la nación, y en gran medida ésta se debe al ser humano. Al igual que la atmósfera, los mares y océanos tienen gran capacidad de adaptación, la cual se está acercando a sus límites.

Es un hecho que cada año los barcos derraman 600 mil toneladas de petróleo en el mar; por tanto, no es extraño que muchos peces sean inadecuados para el consumo humano. Sin embargo, esto no detiene a los pescadores; algunos de ellos incluso utilizan redes kilométricas que se arrastran atrapando delfines y otras piezas que no sean necesarias. Los excesos en la pesca conducen a una captación de peces cada vez menor. En general, profundos son los problemas ambientales que se generan en las zonas marinas y oceánicas, los cuales demandan que se realicen programas de conservación y que se apliquen las leyes y sanciones pertinentes en las zonas donde la nación tiene injerencia, con el único fin de contar con un medio ambiente sano para todos. Ejemplo de esta contaminación marina son los barcos cruceros, que dejan atrás estelas de aguas residuales, basura, sustancias químicas tóxicas y contaminación atmosférica en alguno de los lugares más vulnerables y valiosos del planeta, como son los mares.

Por otra parte, México es uno de los países más ricos en cuanto a recursos marinos, debido a su amplia diversidad biológica. Esta biodiversidad responde en gran parte a la situación geográfica en nuestro país y a la extensión territorial del mismo. La Constitución establece en su artículo 42 la extensión del territorio nacional, y es sobre éste que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en sus artículos 27 y 23, respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar denominada ``mar territorial'', la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores. Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado territorio nacional donde también se ejerce este poder.

La Constitución establece en su artículo 27 que la nación ejercerá en una zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso, la cual es un área situada a 200 millas náuticas, contadas de las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la nación ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables.

En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional. No obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana este error común, como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 1o.

Esta consideración es relevante, ya que las disposiciones, los programas y los proyectos que se enumeran en la ley citada deberán abarcar no sólo las zonas determinadas como el territorio, sino también aquellas sobre las que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Esta prolongación protege y conserva los recursos naturales no sólo dentro del territorio nacional, sino también en las zonas periféricas que específicamente lo permiten. Así, la Ley de Aguas Nacionales únicamente menciona que la extensión de la ley es aplicable al territorio nacional, lo cual exclusivamente nos remite a lo anteriormente contemplado en la Carta Magna y no estipula que esta misma pueda aplicarse dentro de las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Como fue expuesto, existen acciones como las ejercidas por los cruceros en aguas marinas, específicamente nos referimos a la descarga de aguas residuales que generan, las cuales agreden el equilibrio natural existente en los mares y océanos, alterando sus niveles de adaptación y generando niveles considerables de contaminación. Por tanto, siguiendo el espíritu de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debemos corregir el vacío de poderes de la ley en comento y, en atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., primer párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

Exposición de Motivos

La contaminación daña considerablemente los mares y océanos de la nación, y en gran medida, ésta se debe al ser humano. Al igual que la atmósfera, los mares y océanos tienen una gran capacidad de adaptación, la cual se está acercando a sus límites. Esta situación tiende a empeorar; así se calcula que para el año 2020 el 75% de la población podría vivir a 60 Km. de la costa. Si no logramos cambiar, todas esas personas estarán arrojando desechos y aguas negras en los mares.

Es un hecho que cada año los barcos derraman 600,000 toneladas de petróleo en el mar. Por lo tanto, no es extraño que muchos peces sean inadecuados para el consumo. Sin embargo, esto no detiene a los pescadores. Algunos de ellos incluso utilizan redes kilométricas que se arrastran atrapando delfines y otras piezas que no son necesarias. Los excesos en la pesca conducen a una captación de peces cada vez menor.

En general, profundos son los problemas ambientales que se generan en las zonas marinas y oceánicas, los cuales demandan que se realicen programas de conservación y que se apliquen las leyes y sanciones pertinentes en la zonas donde la Nación tiene ingerencia, con el único fin de contar con un medio ambiente sano para todos. Ejemplo de esta contaminación marina, son los barcos cruceros, a los que a veces se les llama ``ciudades flotantes'', que dejan atrás estelas de aguas residuales, basura, sustancias químicas tóxicas, y contaminación atmosférica en algunos de los lugares más vulnerables y valiosos del planeta: los mares.

Un típico barco de crucero, diariamente genera unas 7 toneladas de basura, 114.000 litros de excrementos, 965.000 litros de agua sucia de duchas, lavamanos, lavanderías, baños y cocinas, 57 litros de desperdicios tóxicos de revelaciones fotográficas, tintorería y pintura, emisiones diesel equivalentes a 12 mil automóviles.

La mayoría de estos barcos utilizan combustible de baja calidad que produce 50 veces más contaminantes tóxicos que el más sucio diesel de los camiones. Aunado a esto, casi un 75% del total de aguas residuales generadas por los barcos proceden de los cruceros.

Por otra parte, México es uno de los países más ricos en cuanto a recursos marinos debido a su amplia diversidad biológica. Esta biodiversidad responde en gran parte a la situación geográfica de nuestro país y a la extensión territorial del mismo.

Referente a la extensión del territorio, la Constitución establece, en su artículo 42, que éste comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el océano pacifico;

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores;

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional.

Es sobre este territorio, que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, entendiendo a la primera como ``la calidad del soberano1 que se atribuye al Estado como órgano supremo e independiente de autoridad, y de acuerdo con la cual es reconocido como institución que dentro de la esfera de su competencia no tiene superior''. Es así que la soberanía territorial sería el conjunto de poderes que el Estado ejerce sobre su propio territorio. En la Constitución, se establece que ``la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno'', en donde ``el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal'' (artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente).

Por otra parte, la jurisdicción es entendida como ``la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto''. Desde el punto de vista, más general, la jurisdicción hace referencia al poder del Estado de impartir justicia, esto es, el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes.

Es así que dentro de lo considerado como territorio nacional2, la Nación tiene la capacidad para ejercer su jurisdicción y soberanía. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en su artículo 27 y 23 respectivamente, establecen que la Nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores.

Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado como territorio nacional, donde también se ejerce este poder. La Constitución establece, en su artículo 27, que ``la Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso'', la cual es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, que se extiende a 200 millas marinas (374,000 metros) contadas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la nación ejerce: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos (arts. 46 y 49 de la Ley Federal del Mar3).

En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional; no obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana este error común, como en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que en su artículo 1 menciona que:

``La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción''.

Esta consideración es relevante ya que las disposiciones, programas y proyectos que se enumeran en la LGEEPA, deberán de abarcar no solo las zonas determinadas como territorio sino también aquellas sobre las que Estado ejerce su soberanía y jurisdicción. Esta prolongación protege y conserva, a los recursos naturales, no solo dentro del territorio nacional, sino también en la zonas periféricas que específicamente lo permiten. De igual forma, la disposición resulta de gran importancia cuando se trata de recursos que compartimos con otras Naciones, tales son los recursos marinos o las especies de vida silvestre que ahí interactúan.

No obstante que la ley marco sobre protección al ambiente, la LGEEPA, amplía su cobertura legal, otras de las leyes nacionales, cuya aplicación pudiera ser hasta la zona económica exclusiva, no lo determinan específicamente, tal es el caso de la Ley General de Vida Silvestre. Ésta en su artículo 1 estipula que: ``...su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la republica mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción'', olvidando mencionar las zonas donde la nación también ejerce su soberanía.

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales únicamente menciona que la extensión de la ley es aplicable al territorio nacional, lo cual exclusivamente nos remite a lo anteriormente contemplado dentro de la Carta Magna y no estipula que esta misma pueda aplicarse dentro de las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

Como fue expuesto anteriormente, existen acciones, como las ejercidas por los cruceros en aguas marinas, específicamente nos referimos a la descarga de aguas residuales que generan, las cuales agreden el equilibrio natural existente en los mares y océanos alterando sus niveles de adaptación y generando niveles considerables de contaminación.

Por tanto, siguiendo el espíritu de la LGEEPA, es que debemos de corregir el vacío de poder de la ley en comento y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente someten a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto: Por el que se reforma el artículo 1, primer párrafo de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único: Se reforman los artículos 1, primer párrafo de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; sus disposiciones son de orden publico e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

Notas:

1 Soberano: es el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos.

2 Artículo 42 Constitucional.

3 Artículo 46.- La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este:

I.- Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;

II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta ley, de su reglamento y del derecho internacional, con respecto:

1.- al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;

2.- a la investigación científica marina; y

3.- a la protección y preservación del medio marino; y

III.- Otros derechos y deberes que fije esta ley, su reglamento y el derecho internacional.Artículo 49.- El Poder Ejecutivo federal vigilará que, al ejercitar los Estados extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en la zona económica exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisdicciones y deberes de la Nación y cumplan esta ley, su reglamento y otros reglamentos nacionales adoptados de conformidad con la Constitución y normas aplicables de derecho internacional.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Velasco Coello. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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LEY FEDERAL DEL SERVICIO VOLUNTARIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del partido Convergencia, para presentar iniciativa que crea la Ley Federal del Servicio Voluntario.

Aprovechamos la ocasión para dar la más cordial bienvenida al grupo de invitados especiales que nos acompañan en este día y que han sido invitados por el propio diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: ¿cuál deberá ser el grado de justicia, estímulo y reconocimiento que merece el trabajo que despliega el ser humano de buena voluntad para servir auténticamente a los demás? ¿El que se aprecia junto a la cama de un enfermo en agonía o la de un anciano cuya única compañía es la de sus dorados recuerdos de pretéritas primaveras?

¿El trabajo de quienes remontan valles y veredas con el sol a plomo para llevar las primeras letras a los marginados? ¿El esfuerzo de quien pretende sacudir la conciencia del que tala nuestros bosques y con ello la vida de sus propios hijos? ¿El que logra rehabilitar a los adictos o reinsertar productivamente en la sociedad a quien delinque? ¿Al que lucha y promueve recursos contra el sida o contra el cáncer infantil? ¿A aquel que despliegan quienes establecen y organizan albergues y comedores para indigentes? ¿El que implica el trabajo que implica el riesgo de la vida misma en tareas de socorro alpino de rescate a víctimas en accidentes o de desastres naturales? ¿Cómo recompensar un trabajo de esta envergadura cuando el beneficio pudiera ser a favor de uno de nuestros hijos?

Por lo pronto, desde ésta, la tribuna de la nación, alentando la propuesta de registrar, ordenar, promover, estimular, dar certeza jurídica y elevar a rango de interés público la figura del servicio voluntario, en ello se centra precisamente el propósito de la Ley Federal del Servicio Voluntario que hoy, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 de nuestra Carta Magna, inicio ante ustedes. Se trata de una iniciativa de la más pura y fiel expresión ``participación ciudadana'', propuesta formalmente en el Foro Permanente de Consulta Ciudadana, elaborada e impulsada por quienes integran la Asociación Mexicana de Voluntarios, Asociación Civil, así como por los miembros de Acción Afirmativa, Agrupación Política Nacional, y avalada por 17 organizaciones más.

Cabe destacar aquí el esfuerzo, la dedicación y la entrega que para tal efecto ha venido realizando la señora María Teresa Alfaro de Calvo. En su inalterado texto, que es el que aquí se entrega, se recuerda que en los últimos años la sociedad ha contribuido notablemente al crecimiento registrado en México y en el mundo. Así, la participación ciudadana, soporte angular de las democracias modernas, se ha convertido en factor real de desarrollo, lo mismo por su volumen que por su diversificación.

En el pasado queden ya las soluciones a los grandes retos del desarrollo social, económico y político que únicamente solían buscarse en el Estado y en el mercado. A partir de hoy se reconoce el servicio voluntario, y se le reconoce en efecto, de manera casi unánime, que las actividades del sector no lucrativo, como también suelen reconocerse las de la ciudadanía, se ubican en el corazón mismo de los procesos auténticos de desarrollo con calidad de vida.

Son así los hechos los que demuestran con claridad que la posibilidad de un desarrollo horizontal y sostenido de cada nación está en función dependiente de su capital moral. La fortaleza y calidad de sus nexos sociales son efectivamente la extensión de la confianza y la solidaridad, el nivel del compromiso de cada uno con los demás, más allá de los cálculos del mercado o más allá de los dictados de una ley.

En este marco, precisamente, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido las líneas de redefinición del concepto del servicio voluntario. Y es un concepto cuya interpretación trata precisamente de explicar que han per-meado a lo largo de los últimos años todos sus efectos en la legislación específica de más de 30 países y en sus propias políticas públicas.

De esta forma, el nuevo concepto del servicio voluntario, el que se recoge en esta iniciativa, incluye toda actividad realizada sin afán de lucro que tenga como propósito el desarrollo comunitario y social en cualesquiera de sus aspectos. Se contempla la posibilidad de que el voluntario pueda ser económicamente compensado y fiscalmente estimulado. Antes se definía al voluntario como aquel cuyo desempeño no recibía ninguna contraprestación. Hoy se reconoce con justicia también como voluntario al que en su servicio por la comunidad pueda recibir reembolsos de sus gastos y, además, cuotas de subsistencia que permitan hacer su tarea con una compatibilidad sustentable. Sólo un criterio estrecho podía negar al carácter de voluntarios el de la capacidad de sufragar desde su propio bolsillo todas y cada una de las acciones que realiza para servir a los demás.

Se plantea así que se alcanzaría pues, también con esta ley, un efecto en cascada en beneficio de la población que podría difícilmente de otra manera ser atendida con los solos recursos estatales. El ejemplo: en el 2000, cuando a propósito de la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, más de 10 millones de voluntarios al servicio de la campaña de vacunación contra la poliomielitis lograron la inmunización de 550 millones de niños. La propia Organización de las Naciones Unidas estima que el valor de mercado de esta acción supera 10 millones de dólares, cantidad que no habría estado al alcance de las organizaciones participantes y quizás de los Estados, de los gobiernos que en ella intervinieron.

Esta iniciativa busca homologar criterios conceptuales con los que actualmente están en vigor en los escenarios internacionales, modernizando así el papel de los voluntarios en el desarrollo social. Por estas y muchas otras razones, compañeras y compañeros legisladores, sería prolijo enunciar que al cumplir esta encomienda ciudadana que se me ha asignado, lo hago con la convicción de que al discutir y eventualmente enriquecer la presente iniciativa, haciéndola concordar con la demás legislación vigente relacionada, incorporarían ustedes con su aprobación una herramienta contemporánea de valor extraordinario por su potencialidad para ensanchar las puertas de una participación ciudadana guiada por la solidaridad real y por un acendrado patriotismo fincado en la aplicación de los valores del ser humano para construir a diario, entre todos, un México y un mundo mejor para nuestros hijos, sí, pero también para formar unos mejores hijos para nuestro México y legarlos así al mundo. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa de Ley Federal del Servicio Voluntario, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión Jaime Miguel Moreno Garavilla, integrante del grupo parlamentario del partido Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presenta iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley Federal del Servicio Voluntario, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El servicio voluntario ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en el mundo y en nuestro país. Como parte del nuevo papel jugado por la sociedad civil durante las tres décadas pasadas, tanto el volumen de las actividades realizadas a través del servicio voluntario como su diversificación, importancia e impacto lo han convertido en uno de los grandes actores sociales contemporáneos.

Hasta hace un par de décadas el análisis de las actividades altruistas había prácticamente desaparecido de la literatura académica. En los libros de texto de economía o de sociología, la filantropía y el trabajo voluntario se encontraban, en todo caso, como notas a píe de página, como referencias residuales, como anacronismos románticos. Las soluciones reales a los grandes retos del desarrollo, de la salud, de la educación y del bienestar debían, de acuerdo a los expertos, buscarse en otra parte; en el Estado o en el mercado.

Hoy, por el contrario, se reconoce de manera casi unánime, que las actividades del sector no lucrativo se ubican en el corazón mismo de los procesos auténticos de desarrollo con calidad de vida. Son un ingrediente clave del desarrollo. Lo afirman así, categóricamente, académicos galardonados con el premio Nobel.1 Lo prueban, con datos estadísticos duros, los reportes anuales más recientes de instituciones de cooperación y fomento económico internacional como el Banco Mundial, el PNUD, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo acreditan de modo contundente once resoluciones específicas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que impulsan el establecimiento de marcos legislativos nacionales propicios al desarrollo y consolidación del servicio voluntario como una de las estrategias clave para el cumplimento de las metas del milenio contra la pobreza.

Este cambio radical de opinión no es gratuito. La persistencia del núcleo duro de la pobreza y de las exclusiones incluso en países ricos; los desgarramientos del tejido comunitario y familiar, el aumento exponencial de las adicciones, el crecimiento de los índices de criminalidad en todos sus tipos, y la aparición en las calles de fenómenos insultantes como el de la indigencia y prostitución infantil, han hecho patente en todo el mundo los límites de los enfoques no suficientemente participativos. Los límites de los enfoques no solidarios.

Hoy, los hechos muestran con claridad que la probabilidad de desarrollo equilibrado y sostenido de cada nación es una función dependiente de su capital moral: Es decir, de la fortaleza y calidad de sus nexos sociales; de la extensión de la confianza y de la solidaridad;2 de la colaboración y el apoyo recíproco entre su gente. Del nivel de compromiso de cada uno con los demás, más allá de los cálculos del mercado o de los dictados de la ley.

En México el compromiso voluntario es muy amplio.3 Se le puede encontrar en centros hospitalarios y asistenciales junto a la cama del enfermo o confortando al anciano expósito o al inválido; o participando en las campañas de alfabetización de adultos; o promoviendo la cultura de respeto al medio ambiente; o apoyando las difíciles tareas de rehabilitación de adictos; o las de reinserción social de delincuentes; o recabando fondos en la calle, bote en mano, para la lucha contra el sida o contra el Cáncer Infantil o para el sostenimiento de albergues, dispensarios y comedores para indigentes; o arriesgando su vida en las tareas de socorro alpino o en las de rescate a las víctimas de accidentes o de desastres naturales.4

Y también lo encontramos, de modo no menos significativo, en la defensa los derechos humanos y de género, en la lucha contra la violencia intrafamiliar o en la vigilancia de la erradicación de la tortura. Hay voluntarios detrás de las voces insistentes que no dejan que se olvide a las muertas de Juárez. Y cientos de miles de voluntarios abrieron los causes del cambio democrático en el país, como observadores electorales o como funcionarios ciudadanos de casilla.

Necesitamos más voluntarios, sin duda. Pero necesitamos también, urgentemente, aprender a reconocer y a apoyar a los que ya existen. Valorar su trabajo. Hacerlo visible. Ayudarlos a ayudar. Porque ellos son el rostro generoso de México.

El servicio voluntario es un fenómeno muy antiguo y de carácter global. En un reporte reciente sobre legislación del servicio voluntario la Organización de las Naciones Unidas señala: ``Desde los orígenes de la civilización, uno de los valores humanos fundamentales ha sido que las personas den ayuda a otras personas y por ese medio, se ayuden a sí mismas. La mayoría de las culturas tiene vocablos para describir el servicio voluntario: baranguay, en Filipinas; benevolant y voluntariat, en Francia; gota royang, en Indonesia; harambee, en Kenya; shramanda, en India; mingo, en los países andinos; y al taawun wal tawasul, en los Estados árabes. Pero la acción es conocida incluso allí donde no se conoce la palabra ``voluntario''.

Sin embargo, raíz de su creciente importancia a nivel mundial el concepto de servicio voluntario ha sufrido modificaciones que lo amplían para adecuarlo a las necesidades de la vida contemporánea y para incorporar dentro de sus acepciones una serie de actividades estrechamente relacionadas pero que tradicionalmente no se consideraban comprendidas dentro del servicio voluntario.

La Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado en este sentido un papel central, redefiniendo las líneas generales de la nueva y más completa interpretación de lo que es el servicio voluntario. Estas definiciones a su vez han permeado durante la última década la legislación específica de casi una treintena de países y sus políticas públicas de desarrollo social, educación y salud.5

El nuevo concepto de servicio voluntario incluye toda actividad realizada sin afán de lucro que tenga como propósito el desarrollo comunitario y social en cualquiera de sus aspectos. A diferencia de las definiciones restringidas de ayer, ahora el servicio voluntario incluye no sólo las actividades de beneficencia y de asistencia, como lo hacía tradicionalmente, sino actividades educativas, formativas, recreativas, cívicas, y de ayuda mutua y autoayuda. En las sociedades contemporáneas el voluntario en lo cultural y en lo formativo es tan importante para la salud social como el voluntario en lo directamente sanitario.

Antes se definía al voluntario como aquel en cuyo desempeño no recibía ninguna contraprestación de ningún tipo, hoy se reconoce con justicia también como voluntario a aquel que en su servicio por la comunidad pueda recibir reembolsos de sus gastos y/o cuotas de subsistencia que permitan hacer de su tarea una actividad sustentable. El médico que arriesga la vida en la selva en el combate de alguna enfermedad tropical no es menos voluntario por recibir apoyos de organizaciones nacionales o internacionales para sus traslados y gastos de supervivencia. Sólo un criterio estrecho negaba el carácter de voluntarios a quienes no son capaces de sufragar con su propio bolsillo todas y cada una de las acciones que concurren a su labor.6

Muchas veces el desarrollo de un quehacer social voluntario exige un espacio, energía eléctrica, teléfono,7 o materiales. Obtener fondos para ello no obra en menoscabo de su naturaleza voluntaria. Y muchos voluntarios no tienen medios independientes de subsistencia. El pago de sus gastos de alimentación y otros de índole igualmente elemental tampoco resta carácter voluntario a su cometido. En un país donde la mayor parte de los bomberos son voluntarios que incluso operan con equipo comprado con sus propios recursos, resulta absurdo retirarles el calificativo voluntario por recibir eventualmente apoyos económicos.8

Muy diferente de la lógica del mercado --de búsqueda del beneficio máximo en interés personal-- existe en un gran número de personas una lógica de la solidaridad, del auxilio desinteresado a los demás. Pero para su plena expresión y desarrollo esta lógica o mística de servicio debe contar con plataformas realistas de soporte. Hoy afortunadamente esto se reconoce de manera prácticamente generalizada en el mundo.

Otro de los cambios importantes experimentados por el concepto del servicio voluntario es la incorporación de las actividades de ayuda mutua y autoayuda. Antes no era considerado voluntario el alcohólico anónimo que dedica dos o tres horas diarias de su vida a la conducción, organización o facilitación de sesiones de ayuda mutua de alcohólicos, porque al ayudar a otros se ayudaba a sí mismo. Miles de centros de auto-ayuda de alcohólicos, drogaditos, neuróticos, deprimidos con tendencias suicidas, obsesivos compulsivos siguen este mecanismo y sus organizadores y operadores quedaban por lo tanto fuera de la categoría de voluntarios. Tampoco se consideraba voluntaria a la madre de un niño autista que organiza un centro vecinal de atención para otros niños que junto con el suyo sufren del mismo problema, por ser parte interesada. Estos escrúpulos ridículos9 hacen mucho daño al servicio voluntario, limitando una oferta potencial enorme de solidaridad que no llega a expresarse por falta de recursos mínimos de apoyo. El Estado puede apalancar un enorme esfuerzo social mediante la aplicación de modestos recursos como plataforma mínima de acción del servicio voluntario. Capital social semilla. De este modo se alcanzaría en cascada una población objetivo que difícilmente cabe atender directamente y se multiplicaría el impacto y aprovechamiento real del gasto público.

Sorprende contemplar la reacción de funcionarios pagados, en ocasiones espléndidamente bien pagados, objetando con severidad el auxilio más elemental a voluntarios y grupos de voluntarios, con la excusa de que el empleo de fondos públicos en estos casos puede prestarse a satisfacer intereses particulares.

Funcionarios con abultados viáticos y gastos de alimentación a cargo del erario federal exigen en cambio a los voluntarios sufragar con recursos propios los modestos gastos de traslado a sus tareas voluntarias.10 O someten la entrega de los exiguos recursos aportados en apoyo a una actividad voluntaria a una cantidad de trámites fuera de toda proporción.11 Se deja de este modo a un lado la posibilidad de multiplicar con el concurso de los voluntarios la capacidad operativa del Estado, de aprovechar el enorme potencial solidario de la gente dentro del marco de las políticas públicas.

En el año 2000, más de 10 millones de voluntarios ayudaron a la realización del más ambicioso programa de vacunación en la historia del mundo12 como parte de la Iniciativa de Erradicación Global de la Poliomielitis emprendida por la Organización de las Naciones Unidas, que logró la inmunización de quinientos cincuenta millones de niños.

Sin el auxilio de los voluntarios este programa hubiera sido imposible. Naciones Unidas estima el valor de mercado del apoyo aportado por los voluntarios en más de diez mil millones de dólares, cifra totalmente fuera del alcance de las organizaciones internacionales y gobiernos involucrados.

El apoyo de voluntarios, ciudadanos comunes y corrientes, principalmente llevado a cabo en el marco de sus propias comunidades y vecindarios, hizo así la diferencia entre un programa posible y uno imposible. ¿Cuántos objetivos ahora imposibles al nivel federal, estatal o municipal serían posibles si contaran con el apoyo activo de la gente?

La experiencia del año 2000 en la lucha internacional contra la Poliomielitis es una lección que debería ser aprendida por todos aquellos que diseñan política pública sin tomar en cuenta este extraordinario recurso las más de las veces no sólo desaprovechado sino despreciado.

Tampoco se consideraba tradicionalmente servicio voluntario la participación ciudadana en tareas tales como la observación electoral, o en la de desempeñarse como funcionarios ciudadanos de casilla, o en la de control de redición de cuentas de dependencias públicas, en los consejos ciudadanos, en los cabildos abiertos o en la vigilancia ciudadana del respeto de los derechos humanos y en la erradicación de la tortura o la discriminación, porque en todo caso se le consideraba el cumplimiento de un deber cívico y no de una actividad voluntaria.

Esto ha cambiado radicalmente. Para la Organización de las Naciones Unidas actualmente el servicio voluntario y la participación ciudadana son esencialmente una misma cosa. Dentro de su nueva concepción, el servicio voluntario no es sino una de las manifestaciones más plenas de la auténtica conciencia cívica, de la ciudadanía integral.13

El propósito de esta iniciativa de ley es conformar en México el marco legal adecuado para el crecimiento y consolidación del servicio voluntario. Busca homologar criterios conceptuales con los actualmente vigentes dentro de las tendencias internacionales contemporáneas,14 modernizando el papel de los voluntarios en el desarrollo social y en la política pública del país.

Contribuye a formalizar la existencia jurídica del servicio voluntario, hoy prácticamente invisible, a promover su participación dentro de los programas de la administración pública federal, a establecer mecanismos fehacientes de registro en beneficio tanto de los voluntarios como de las organizaciones e instituciones que se apoyan en sus servicios, y a fijar el marco hacendario de sus actividades reconociendo por primera vez en la historia de México estímulos fiscales a su actividad.

Su aprobación por esta soberanía integrará a la legislación nacional una herramienta contemporánea de valor extraordinario, por su potencialidad para abrir las puertas a una mayor participación ciudadana, guiada por la solidaridad y el patriotismo, en la tarea de construir todos los días un México mejor.

Ley Federal del Servicio Voluntario

Capítulo I Objeto

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto registrar, ordenar, promover, dar certidumbre jurídica y facilitar el desarrollo del servicio voluntario a nivel federal como una actividad de interés público.

Artículo 2. El Gobierno Federal reconoce la valiosa aportación representada por del servicio voluntario al armónico y más equilibrado desarrollo económico y social del país, así como su carácter complementario y estratégico dentro del diseño, ejecución y control de rendición de cuentas de políticas públicas.

Artículo 3. Se entiende para los efectos de esta Ley como servicio voluntario a las actividades o esporádicas realizadas sin fines de lucro por parte de personas físicas a favor de la seguridad, el desarrollo y el bienestar social y comunitario, emprendidas por razones de compromiso social, solidaridad, responsabilidad cívica y patriotismo, y que en forma enunciativa y no limitativa comprenden:

I. Asistencia social y sanitaria de poblaciones vulnerables.

II. Combate a la indigencia y el abandono infantil.

III. Auxilio a la población en desastres naturales y accidentes catastróficos.

IV. Protección civil.

V. Vigilancia medioambiental.

VI. Combate a la desnutrición de grupos vulnerables.

VII. Desarrollo cívico y cultura democrática.

VIII. Consejos consultivos de evaluación de rendición de cuentas.

IX. Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas.

X. Prevención de todas las formas de discriminación.

XI. Promoción de la equidad de genero.

XII. Desarrollo integral de la familia.

XIII. Protección de los adultos mayores.

XIV. Defensa y promoción de los derechos humanos.

XV. Promoción de actividades culturales para población marginada.

XVI. Promoción de actividades deportivas y recreativas para población marginada o excluida.

XVII. Promoción de la salud y medicina preventiva.

XVIII.. Asistencia psicológica a grupos vulnerables.

XIX. Cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.

XX. Alfabetización y realfabetización funcional.

XXI. Capacitación para el trabajo y autoempleo.

XXII. Educación permanente y educación para la vida.

XXIII. Servicio social de pasantes universitarios y técnicos de nivel superior.

XXIV. Servicio social profesional en los términos de la Ley General de Profesiones.

XXV. Organización social y comunitaria para el bienestar y el desarrollo.

XXVI. Microcrédito e intermediación financiera no lucrativa a favor de grupos marginados y vulnerables.

XXVII. Organización de empresas sociales y cooperativas de producción a favor de grupos marginados y vulnerables.

XXVIII. Organización de asociaciones mutualistas y cooperativas de consumo a favor de grupos marginados y vulnerables.

XXIX. Seguridad pública y promoción de una cultura de organización cívica para coadyuvar a la prevención y combate de las conductas delictivas.

XXX. Combate a las adicciones y rehabilitación de sus víctimas.

XXXI. Readaptación social de excarcelados; y

XXXII. Otras de naturaleza análoga siempre que en su realización prevalezca el interés general y el beneficio de terceros.

Artículo 4. El servicio voluntario podrá ejercerse:

I. De forma individual e independiente;

II. Mediante asociación informal con otros voluntarios;

III. Subordinado respecto a organizaciones e instituciones no lucrativas;

IV. En coordinación con los programas de entidades, dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación y de las Cámaras del Congreso de la Unión;

V. En coordinación con los programas de ramos y organismos autónomos; y

VI. En coordinación con los programas de dependencias y organismos de los gobiernos estatales y municipales, así como con órganos jurisdiccionales y legislativos locales.

Capítulo II Del Registro del Servicio Voluntario

Artículo 5. Para disfrutar de los derechos establecidos en esta Ley los voluntarios y las asociaciones de voluntarios deberán registrarse en el Padrón Nacional de Servicio Voluntario, cuya organización y mantenimiento serán responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 6. A cada registro corresponderá la expedición de una cédula de registro que servirá como identificación oficial al prestador de servicio voluntario.

Artículo 7. Los voluntarios independientes se registrarán en forma individual actualizando bi-anualmente la información correspondiente a la naturaleza u alcance de sus actividades realizadas.

Artículo 8. Las asociaciones de voluntarios tendrán a su cargo la responsabilidad del registro y actualización anual de la información correspondiente a sus voluntarios asociados permanentes y temporales.

Artículo 9. Las organizaciones e instituciones no lucrativas tendrán la responsabilidad de registro y actualización anual de la información correspondiente a los voluntarios que apoyan sus actividades.

Artículo 10. Las dependencias y organismos de las administraciones públicas federales y locales, los órganos jurisdiccionales federales y locales, las cámaras del Congreso de la Unión y las cámaras locales tendrán la responsabilidad de registro y actualización anual de la información correspondiente a los voluntarios que participan dentro de sus programas.

Artículo 11. Los registros del Padrón Nacional de Servicio Voluntario serán invariablemente públicos y su inscripción gratuita.

Capítulo III Del Servicio Voluntario Independiente

Artículo 12. Los voluntarios independientes con registro podrán expedir recibos fiscales de donación a personas físicas y morales para el reembolso de gastos en el desarrollo de su tarea, sin que en ningún caso su importe acumulado durante cada mes calendario, pueda exceder el valor de diez salarios mínimos generales mensuales.

Artículo 13. Estos ingresos no causaran impuesto sobre la renta ni quienes los expidan retendrán impuesto sobre el valor agregado contra su giro, pero deberán declararse trimestralmente a la Secretaría de Hacienda para efectos de registro y control fiscal.

Capítulo IV De las Asociaciones de Voluntarios

Artículo 14. Tres o más voluntarios podrán constituir asociaciones de voluntarios con personalidad propia, ante notario público, bajo la figura de asociación civil, que tendrán vigencia plena para los efectos de esta Ley a partir de su registro en el Padrón Nacional del Servicio Voluntario.

Artículo 15. Para su registro las Asociaciones de Voluntarios deberán cumplir el requisito de fijar dentro de sus estatutos:

I. Que no habrá en ningún caso utilidad o remanente distribuible proveniente de sus operaciones.

II. Que no se destinará más de un quince por ciento de sus ingresos a cubrir gastos administrativos.

III. Que a su liquidación destinará su patrimonio a donación a otra asociación civil no lucrativa de mayor antigüedad.

IV. Que los reembolsos individuales no amparados por comprobantes de gasto que cumplan con los requisitos fiscales, que llegara a adjudicar a cada uno de sus voluntarios, no excederán de diez salarios mínimos generales diarios, elevados al número de días del periodo de que se trate.

Capítulo V Del Servicio Voluntario Subordinado a Organizaciones no Lucrativas

Artículo 16. Las organizaciones no lucrativas consideradas como donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrán cubrir a cada uno de sus voluntarios, por concepto de reembolso de gastos no sujetos a comprobación, la suma de hasta diez salarios mínimos generales diarios, elevados al número de días de su participación.

Artículo 17. Las organizaciones no lucrativas que se apoyen en el servicio de voluntarios para el desarrollo de sus actividades deberán contar invariablemente con un manual de procedimientos que contemple como elementos mínimos:

I. Catálogo y descripción de puestos voluntarios.

II. Catálogo de procedimientos y estándares de operación, regulares y de emergencia.

III. Código de ética.

IV. Descripción de riesgos específicos por puesto voluntario.

V. Programas de capacitación.

VI. Establecimiento de instancias de resolución de conflictos.

VII. Mecanismos de registro, evaluación y reconocimiento de las actividades realizadas.

Artículo 18. Las organizaciones no lucrativas que deseen contar con el apoyo de voluntarios deberán suscribir con estos convenios de servicio voluntario en que el voluntario manifieste conocer y aceptar adherirse al manual de procedimientos correspondiente.

Artículo 19. Los convenios de servicio voluntario entre las organizaciones no lucrativas y sus voluntarios deberán ser invariablemente formulados por escrito, sin que representen contratos de trabajo ni pueda derivarse de ellos obligación laboral alguna.

Artículo 20. La Secretaria de Gobernación podrá expedir en todo momento las reglas generales que deban contemplar los convenios de servicio voluntario en aquellas actividades que por su nivel de riesgo y responsabilidad lo requieran.

Capítulo VI Del Servicio Voluntario en Programas Federales

Artículo 21. En el ámbito de sus competencias las distintas entidades, dependencias y organismos de la administración pública federal deberán establecer dentro de las reglas de operación y los lineamientos normativos de los programas a su cargo, los mecanismos específicos de vinculación con organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía que permitan aprovechar su participación directa a través del servicio voluntario.

Artículo 22. Cada entidad, dependencia y organismo de la Administración Pública Federal con programas que incluyan la participación de servicios voluntarios deberá, asimismo:

I. Conformar un padrón permanente con el registro de los voluntarios y de las asociaciones de voluntarios adscritas a sus programas.

II. Generar y difundir un informe anual de la naturaleza alcance e impacto social de las actividades realizadas con apoyo del servicio voluntario.

III. Diseñar programas de formación y capacitación que permitan una mayor eficacia, transparencia y control en la incorporación y aprovechamiento del servicio voluntario.

IV. Estimar las necesidades de servicio voluntario dentro de cada uno de sus programas que correspondan a cualesquiera de los puntos previstos en la relación del artículo 3.

V. Establecer en sus anteproyectos de presupuesto, de acuerdo a los lineamientos expedidos para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las previsiones de gasto e inversión necesarias para apoyar el servicio voluntario dentro de sus operaciones.

Artículo 23. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática incorporará dentro de sus instrumentos de captación periódica de información estadística censal o muestral, preguntas específicas sobre las actividades de servicio voluntario desarrolladas por la población general, a fin de generar cuentas satélites sobre el sector que permitan su adecuado aprovechamiento por parte de los programas de política pública del sector público federal.

Artículo 24. Las entidades, dependencias y organismos de la administración pública federal que integren voluntarios como parte de sus programas deberán expedir manuales de procedimientos que incluyan como mínimo:

I. Descripción del programa.

II. Descripción de las funciones, objetivos e importancia servicio voluntario dentro del programa.

III. Catálogo y descripción de puestos voluntarios dentro del programa.

IV. Catálogo de procedimientos y estándares de operación regular

V. Catálogo de procedimientos y estándares de operación de emergencia.

VI. Código de Ética.

VII. Descripción de riesgos específicos involucrados en cada puesto voluntario.

VIII. Programas de capacitación.

IX. Establecimiento de instancias de mediación y resolución de conflictos.

X. Mecanismos de registro, evaluación y reconocimiento de las actividades realizadas.

Artículo 25. Los voluntarios que participen en programas coordinados por entidades, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal contarán con seguro médico y seguro de riesgos específicos dentro del desarrollo de su tarea.

Artículo 26. Las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal podrán cubrir a los voluntarios bajo su coordinación, por concepto de reembolso de gastos no sujetos a comprobación, hasta la suma de diez salarios mínimos generales diarios, elevados al número de días de su participación dentro del programa.

Artículo 27. El servicio voluntario coordinado por dependencias u organismos de las Administración Pública Federal, no podrá equipararse en ningún caso a una relación de trabajo ni generará obligaciones laborales para el Estado.

Artículo 28. La Secretaría de Gobernación consolidará los informes anuales de las entidades, dependencias y organismos de la Administración Pública Federal que coordinen voluntarios dentro de sus programas, y deberá formular bianualmente un informe de actividades en que describan el nivel y modalidades de la participación del servicio voluntario en los programas del ejecutivo federal, sus principales logros y sus indicadores costo-beneficio de gestión.

Capítulo VII De los Estímulos al Servicio Voluntario

Artículo 29. Las reglas de operación de los programas federales establecerán en cada caso los estímulos y apoyos al servicio voluntario coordinado dentro de su ámbito de acción.

Artículo 30. La Ley del Impuesto sobre la Renta establecerá la deducibilidad del importe anual imputable a gastos asociados al desarrollo del servicio voluntario independiente, subordinado o coordinado, fijando los límites del monto máximo deducible y señalando los requisitos de comprobación correspondientes.

Capítulo VIII Del Reconocimiento al Servicio Voluntario

Artículo 31. El Ejecutivo federal, a través de a la Secretaría de Gobernación, atendiendo a las propuestas y recomendaciones tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de las entidades, dependencias y organismos de la administración pública federal vinculadas al servicio voluntario, impulsará un programa nacional de fomento al servicio voluntario que incluya la realización de actividades de:

I. Campañas nacionales de promoción y reconocimiento del servicio voluntario.

II. Inserción tanto de voluntarios como de organizaciones de voluntarios al servicio de la Administración Pública Federal.

III. Desarrollo y difusión de estudios y encuestas sobre el impacto social y económico del servicio voluntario en el sector público.

IV. Apoyo a las organizaciones de servicio voluntario vinculadas a programas federales, en función de las disponibilidades de espacio y programación, y siempre mediante reglas de aplicación general, mediante acceso a los tiempos oficiales en medios masivos de comunicación, a fin de difundir sus logros y promover una de mayor participación ciudadana en la vida social y política del país.

Capítulo IX Del Consejo Nacional del Servicio Voluntario

Artículo 32. Las asociaciones de voluntarios y los voluntarios independientes podrán crear un Consejo Nacional del Servicio Voluntario, como órgano consultivo de la Administración Pública Federal en materia de política pública en esta materia, bajo los siguientes lineamientos:

I. Sus órganos directivos serán electos en forma democrática por los voluntarios con registro, tanto en forma indirecta, a través de las asociaciones de voluntarios, como en forma directa, por los voluntarios independientes.

II. El Consejo se conformará por un máximo de doce integrantes y sesionará al menos una vez cada dos meses.

III. Las sesiones serán públicas y sus acuerdos formulados por escrito.

IV. A cada sesión asistirá con derecho a voz la Secretaría de Gobernación y podrán concurrir los titulares o representantes de entidades, dependencias u organismos de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de estados y municipios, así como los titulares o representantes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no lucrativas.

V. El Consejo será el representante de los voluntarios mexicanos ante el Programa de Voluntarios de la Organización de las Naciones Unidas, en términos de los lineamientos 57/106 y 56/38 resueltos por su Asamblea General.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación deberá emitir a más tardar noventa días hábiles con posterioridad a la fecha de publicación de esta Ley en el Diario Oficial, el Reglamento que habrá de normar los registros previstos en el Capítulo II.

Notas:

1 Como Amartya Kumar Sen y Joseph Stiglitz, por sólo consignar a dos de los más destacados recientemente.

2 Ver, por ejemplo, los trabajos de Robert Putman (2000, 2001), Francis Fukuyama (1995, 2004), Theda Skocpol (1999), Benjamin Barber (1984, 2000) y Amitai Etzioni (1996, 2000).

3 Ver en ese sentido la propuesta de anteproyecto de decreto presidencial para reconocer, registrar, ordenar e impulsar el servicio voluntario dentro de la Administración Pública Federal, presentada al Ejecutivo federal por la Asociación Mexicana de Voluntarios en diciembre de 2003, en la residencia oficial de Los Pinos, durante la ceremonia anual de entrega del Premio Nacional al Voluntario.

4 Ver los resultados de la Primera encuesta metropolitana sobre servicio voluntario, levantada por Alduncin y Asociados en 2003, bajo el patrocinio de la Asociación Mexicana de Voluntarios, y disponible para consulta pública en su sitio web, www.amevac.org.mx

5 Albania, Arabia Saudita, Bosnia-Herzegovina, Alemania, Francia, Hong Kong, Gran Bretaña, España, Kazakhstan, Corea, Cambodía, Kenya, Rusia, Laos, Líbano, Sri Lanka, Mongolia, Namibia, Nepal, Sudán, Slovakia, Siria, Estados Unidos, Irlanda, Viet Nam y Argentina, entre otros.

6 Opinión cuya lógica exigiría que, además de voluntarios, sean filántropos y que dejaría el servicio voluntario sólo al alcance de las clases acomodadas.

7 Como los voluntarios en línea de Naciones Unidas, o los que ofrecen asistencia psicológica gratuita por teléfono a personas en riesgo de cometer suicidio.

8 Ver Pasión por los demás, de próxima edición por el Fondo de Cultura Económica y la Asociación Mexicana de Voluntarios.

9 Para quien los considere atavismos, es necesario señalar que la actual Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la Sociedad Civil mantiene en vigor estas prevenciones, negando registro, y con el todo tipo de apoyo federal, a las asociaciones donde la directiva tenga alguna relación de parentesco con alguno de los beneficiarios.

10 Experiencias sufridas por los ``topos'' en forma cotidiana.

11 Los fondos anuales promedio para organizaciones de la sociedad civil que concursa Indesol, por ejemplo, son menores de lo que gana en un solo mes el funcionario que los aprueba.

12 Asegurando la asistencia de todos los niños a las estaciones de servicio, revisando sus cartillas y documentos y la toma oportuna de las dosis orales, así como brindando seguimiento de resultados y control de cobertura.

13 Ver Volontariat el Legislation, Note d'Orientation, recientemente publicado por la Organización de las Naciones Unidas.

14 Comparar la legislación actual en México con la que prevalece en Estados Unidos, por ejemplo. Ver en ese sentido en el Anexo A de este anteproyecto los principales rasgos del marco legal en que se desenvuelven hoy día los voluntarios de ese país.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Moreno Garavilla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Participación Ciudadana.

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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Guillermo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Perdón, es el diputado Gonzalo Guízar Valladares.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputada Presidenta. Diputada Presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados: el suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior de este Congreso General, se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente exposición de motivos:

Como sabemos, el pasado 22 de diciembre del año 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos derramó más de 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, ocasionando daños ambientales, sociales y económicos en la región. Posteriormente, el día 24 del mes de enero del año 2005, se produjo otra fuga de nafta, gasolina ligera, en el río Aguadulcita, o Agua Dulce, derivado de la ruptura de un gasolinoducto de 12 pulgadas de diámetro.

Consecuentemente, en ambos casos se propició por parte de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente la aplicación del artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece las multas correspondientes a Pemex como infractor responsable de los daños señalados con anterioridad, cuyo fin es implementar el desarrollo de programas de inspección y vigilancia.

Dichos recursos regularmente no se aplican en las zonas afectadas como debería ser en un ejercicio lógico del gasto público. Sin embargo, hasta el día de hoy las consecuencias de estos lamentables accidentes continúan; los trabajos de limpieza y saneamiento de nuestras playas se realizan de forma deficiente y con mucho retraso. Además, es palpable el deterioro en nuestra flora y fauna, como lo han dado a conocer organizaciones ecologistas no gubernamentales en los principales medios de comunicación tanto a nivel estatal como nacional.

Aunado a ello, muchas familias de escasos recursos, como es el caso de pescadores, permisionarios y libres, así como de prestadores de servicios, hoteleros y restauranteros, han visto mermados sus ingresos por estos desastres ecológicos. Aplicando el marco jurídico vigente a esta situación, las medidas estipuladas resultan insuficientes y, sobre todo, poco oportunas para la pronta solución de esta problemática.

Estamos conscientes de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente. No obstante, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar. Como legisladores, ante estos hechos debemos exigir e impulsar trabajos de restauración ecológica y de gestión integral de las zonas afectadas por estos desastres ecológicos con miras de largo plazo. Es un imperativo garantizar la voluntad política de las partes involucradas a fin de que esto sea viable de forma inmediata.

Por ello se propone una reforma del artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que si bien es cierto que el artículo establece que el dinero de las multas que se genere por daños ecológicos sea destinado a programas de inspección y vigilancia, también es necesario que estos programas se canalicen directamente a la restauración de las zonas afectadas, en coordinación con el municipio correspondiente, pues así el compromiso de los responsables se cumple al restituir aún más los daños ocasionados dentro de la misma localidad. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Único. Se reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 175 Bis. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones de lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública por la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración del fondo para desarrollar programas vinculados con la inspección y vigilancia y restauración de la zona afectada que dio origen a la sanción, en coordinación con el municipio que correspondiere.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Presidenta: en virtud de las modificaciones del proyecto preliminar a la presente iniciativa de reforma, agradeceré sea publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Gonzalo Guízar Valladares del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Como sabemos, el pasado día 22 de diciembre del 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos derramó más de 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, ocasionando daños ambientales, sociales y económicos en la región. Posteriormente el día 24 del mes de enero se produjo otra fuga de nafta gasolina ligera en el río Aguadulcita o Aguadulce, derivado de la ruptura de un gasolinoducto de 12 pulgadas.

Consecuentemente, en ambos casos se propició la aplicación del artículo 175 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece que los ingresos que obtenga la Federación por concepto de multas impuesta por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente a Pemex, como responsable de los daños señalados con anterioridad, sean destinados para el desarrollo de programas de inspección y vigilancia.

Sin embargo, hasta el día de hoy, las consecuencias de estos lamentables accidentes continúan, los trabajos de limpieza y saneamiento de nuestras playas se realizan de forma deficiente y con mucho retraso; además, es palpable el deterioro en nuestra flora y fauna, como lo han dado a conocer organizaciones ecologistas no gubernamentales en los principales medios de comunicación, tanto a nivel estatal como nacional. Aunado a ello, muchas familias de escasos recursos, como es el caso de pescadores, así como de prestadores de servicios hoteleros y restauranteros, han visto mermados sus ingresos por estos desastres ecológicos.

Aplicando el marco jurídico vigente a esta situación, las medidas estipuladas resultan insuficientes y sobre todo, poco oportunas para la pronta solución de esta problemática.

Estamos conscientes de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente, sin embargo, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar.

Como legisladores, ante estos hechos debemos iniciar un trabajo de restauración ecológica y de gestión integral de las zonas afectadas por estos desastres ecológicos, con miras a largo plazo; se tiene que garantizar la voluntad política de las partes involucradas a fin de que esto sea viable de forma inmediata.

Por ello, se propone una reforma al artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que, si bien es cierto que este artículo establece que el dinero de las multas que se generen por daños ecológicos sea destinado a programas de inspección, también es necesario que estos programas se canalicen directamente a la restauración de las zonas afectadas, en coordinación con el municipio correspondiente, pues así el compromiso de los responsables se cumple al restituir los daños ocasionados dentro de la misma localidad.

Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único.- se reforma el artículo 175 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 175 bis

Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a los dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ella deriven, así como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes decomisados, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas vinculados con la inspección, vigilancia y restauración de la zona afectada que dio origen a la sanción, en coordinación con el ayuntamiento que correspondiere.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2005.--- Dip. Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado. Y, de acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y publicarlo en la Gaceta Parlamentaria, con las modificaciones que ha presentado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de cuotas.

El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: Con su permiso, señora Presidenta; honorable Asamblea:

«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, en materia de cuotas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, por la cual se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

Como bien sabemos el derecho a la salud es uno de los más importantes valores de las personas, ya que entre muchos otros éste dignifica al hombre, consagrado dentro de nuestra Constitución Política, en el artículo 4, el cual nos menciona que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes, asimismo nos marca que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Por otra parte, en nuestra Ley General de Salud, el artículo 25 dispone que, conforme a las prioridades del sistema de salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, entre los que destaca la niñez.

Cabe señalar que a pesar de que se tiene regulada dicha situación en algunos ordenamientos legales de nuestro país, hoy en día son miles de mexicanos que carecen de servicios básicos de salud. Sin embargo nos damos cuenta que el Estado ha podido llevar acabo estrategias para poder combatir y aventajar este problema, ejemplo de ello es el propio Programa Nacional de Salud 2001-2006, el cual marca que es necesario analizar la desigualdad de las condiciones de salud.

Asimismo, dicho programa señala que existe un rezago en muchos sectores de la población, por ello sabemos que la falta de acceso a los servicios de salud se ha venido originando como un problema que día a día se agudiza y repercute principalmente en los grupos más vulnerables de nuestro país, por ende es determinante en el ciclo pobreza- enfermedad, ya que la vida familiar se trastorna, pues para atenderlos, se utilizan recursos extraordinarios que inciden en la dinámica de empobrecimiento.

Cabe destacar que esta problemática se vuelve mucho más grave cuando señalamos a la población infantil: sabemos que muchas familias se ven imposibilitadas para atender en alguna enfermedad o patología a sus hijos, ya que no son derechohabientes o beneficiarios del sector salud, donde en la mayoría de los casos se les piden cuotas de recuperación las cuales exceden su capacidad de pago.

Por otro lado, al observar datos que arroja el INEGI sobre el uso de servicios de salud, vemos que aproximadamente el cuatro por ciento de los niños, no tienen acceso a ningún servicio de salud público-privado. Como vemos es una situación grave, ya que con excepción de los niños asegurados, cuyos padres cubren por ley las cuotas de la Seguridad Social, todos los demás niños se ven obligados a pagar al menos una cuota por la atención médica.

Sabemos que en nuestra sociedad se ha establecido la pobreza como el principal problema de salud pública: ``hombres y mujeres enferman porque son pobres, se vuelven más pobres porque están enfermos y más enfermos porque son más pobres''. Ante esta desfavorable situación debemos cuestionarnos seriamente sobre el aprovechamiento de los recursos sanitarios disponibles y que al mismo tiempo se busquen alternativas eficaces para combatir los problemas del sector salud, es menester reconocer --como se mencionó-- las acciones que el gobierno ha hecho, tanto con programas como con reformas a algunos ordenamientos legales. Sin embargo, lo anterior no es lo suficiente para resolver dicha problemática.

La salud es y debe ser claramente entendida como un derecho y un elemento indispensable para el desarrollo humano. No puede ser considerada un privilegio sólo para algunos, si el reto de todos es que toda la población tenga servicios médicos de calidad y acceso a los mismos, un motivo de ello es esta reforma.

Para ello, cabe decir que la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares elaborada por el INEGI, es una fuente primaria de información para evaluar la situación socioeconómica de las familias mexicanas. Para clasificar estas familias se utilizan deciles de la distribución del ingreso, los primeros corresponden a los hogares de menor ingreso por ende en los últimos se ubican aquellos que mayores ingresos perciben.

Por lo anterior, la prestación de servicios debe ser ad hoc a las necesidades de cada uno de los mexicanos y en este caso las personas en extrema pobreza son a quienes incluimos en esta reforma que por ende son las que se encuadran en los tres primeros deciles y no como lo menciona actualmente el artículo 36 el cual en su último párrafo dice: ``... para la exención, la familia solicitante se debe encontrar en el nivel de ingreso correspondiente los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud '', como observamos las personas incluidas en los tres últimos deciles son las familias que perciben mayores ingresos que los primeros y con esto estamos ante una desigualdad, por ende al existir tal desequilibrio en dicho artículo, esta reforma va dirigida a que los beneficiados por la exención deberán ser las familias que se encuentren en el nivel de ingreso de los primeros tres deciles.

Por otro lado, el decreto de la ultima reforma del artículo de nuestra incumbencia, publicado el 18 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo tercero transitorio menciona que todos los niños beneficiarios de la reforma, deberán ser inscritos obligatoriamente en el Programa de Control del Niño Sano de la jurisdicción sanitaria correspondiente, por lo anterior es menester decir que la Secretaría de Salud no cuenta en su estructura orgánica con algún departamento o área que contemple este Programa, por lo que se elimina dicho artículo transitorio.

Par último, es de mencionarse que la salud es el principal patrimonio de nuestra sociedad y la condición indispensable para la construcción del México exitoso y triunfador que queremos, y lo es para asegurar condiciones de justicia social en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud.

Artículo 36. ...

...

...

...

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres primeros deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Transitorio

Único. Se elimina el tercer artículo transitorio del decreto publicado el 18 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, el cual reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Francisco Rojas Toledo (rúbrica).»

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Rojas Toledo. Túrnese a la Comisión de Salud.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

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ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: la que suscribe, en su carácter de diputada federal, perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en las facultades que le confiere la Constitución, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Para referirse a la familia o familias, es necesario partir de que existen distintas teorías desarrolladas por profesionales de la antropología, sociología y demografía, principalmente. El concepto de familia dominante es el definido por la teoría funcionalista, la cual la describe como familia nuclear, donde el hogar se integra por los padres y los hijos. Este modelo ha servido para que algunas teorizaciones sobre la familia consideren que la diversificación de ésta trae como consecuencia la generación de males sociales. Sin embargo, esta concepción es fuertemente cuestionada y actualmente rebasada por las circunstancias sociales.

Es a partir de la década de los setenta cuando el concepto de familia tradicional ha dado paso al nuevo concepto de familias. Si bien es cierto que los hogares nucleares son los más frecuentes en América Latina y que continúa siendo el modelo mayoritario de referencia para buena parte de la población, no debemos dejar de lado la creciente diversificación de fórmulas alternativas de convivencia familiar, encontrando que la diversidad nos remite a la ruptura de un modelo preestablecido de familia: la nuclear. Así, la diversidad de familias que existen son aquellas donde no hay jefe de hogar varón, donde no hay hijos, familias en las que la pareja está constituida por dos personas del mismo sexo, familias extensas que responden a las formas de organización indígena, familias recompuestas que se reconstituyen a partir de segundas y terceras nupcias y en las que los hijos circulan entre un hogar y otro, familias uniparentales y familias feminizadas, entre otras.

En el caso de las familias mexicanas, debemos señalar que éstas no son ajenas al aspecto global que se señala con anterioridad, ya que --efectivamente-- en la actualidad también nuestras familias mexicanas han modificado su composición. Esto es resultado de aspectos como el acceso de las mujeres al sistema educativo en todos sus niveles y el aumento de participación de las mujeres en la vida política. La incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo ha hecho que muchas de ellas se vean obligadas a compaginar el trabajo remunerado con la dedicación al trabajo doméstico y, por tanto, se modifica su papel en el entorno social.

Ante una separación, sistemáticamente es la mujer quien se queda con los hijos. Esto va generando una feminización de la pobreza porque se perpetúa la dependencia económica de la mujer con relación a su ex marido. Una solución es un reparto igual entre géneros, cuando se decida la custodia y distribución de responsabilidades respecto a los hijos e hijas, a fin de que los hombres asuman sus obligaciones como padres, al igual que las madres.

La nueva familia mexicana debe ser resultado de una nueva concepción de los roles genéricos, más democrática. Para la subsistencia de las nuevas familias, habría que fomentar el debate sobre la intervención de la administración pública en la familia, para velar por los miembros que están en mayor vulnerabilidad. Esta implicación debe hacerse sin menospreciar la responsabilidad e integración del padre y la madre, evitando perpetuar la división sexual del trabajo. De esa forma, todos los instrumentos jurídicos, como las políticas públicas, deben responder a esta nueva realidad de las familias en México. Por otro lado, es necesario referirse a las discusiones internacionales que han abordado estos temas, a fin de mostrar la necesidad de actualizar nuestros instrumentos jurídicos.

La Conferencia internacional de población y desarrollo, realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, constituyó un avance muy importante, por las nuevas concepciones en torno de las familias y principalmente para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entre los nuevos conceptos que se incorporan en la plataforma de acción de dicha conferencia está el que los hombres deberían asumir más responsabilidades, no sólo en la planificación familiar, sino también por su propio comportamiento sexual y de reproducción, por el ingreso de la familia, por la educación de los hijos e hijas y por el bienestar de su compañera y de sus hijos e hijas.

La Plataforma de El Cairo reconoce que el proceso de rápido cambio demográfico y sociodemográfico ha influido en la modalidad de formación, composición y estructuras de las familias. Por todo lo anterior, considero necesario modificar el artículo 4o. constitucional ante la realidad que muestra que las mujeres viven una desventaja real por tener casi todo el peso de la responsabilidad de los hijos e hijas cuando se disuelve el vínculo conyugal, creando así el marco para que se modifiquen leyes secundarias en los casos en que resulte necesario.

No obstante la igualdad reconocida jurídicamente por nuestra Ley Suprema, aún subsiste la desigualdad en los hechos respecto de los derechos y las obligaciones que tienen los hombres y las mujeres con relación a las obligaciones para sus hijos. Ahora bien, debido a estos grandes cambios sociales y de conceptualización de las familias, es menester garantizar que, sin importar la composición de estas últimas, tanto la madre como el padre, ya sean constituidores de familias nucleares o de otro tipo, ejerzan una paternidad y maternidad responsable, entendiendo éstas como la obligación compartida e irrenunciable de crear, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias, promoviendo en todo momento la maternidad y la paternidad responsables.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito, señor Presidente, que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, señores diputados.

«Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Para referirse a la familia o familias, es necesario partir de que existen distintas teorías desarrolladas por profesionales de la antropología, sociología y demografía principalmente.

El concepto de familia dominante es el definido por la teoría funcionalista, la cual la describe como familia nuclear, donde el hogar se integra por los padres y los hijos.

Este modelo ha servido para que algunas teorizaciones sobre la familia, consideren que la diversificación de ésta trae como consecuencia la generación de ``males sociales.'' Sin embargo esta concepción es fuertemente cuestionada y actualmente rebasada por las circunstancias sociales. Es a partir de la década de los setenta cuando el concepto de familia tradicional, ha dado paso al nuevo concepto de familias.

Si bien es cierto que los hogares nucleares son los más frecuentes en América Latina y que continúa siendo el modelo mayoritario de referencia para buena parte de la población, no debemos dejar de lado la creciente diversificación de fórmulas alternativas de convivencia familiar, encontrando que la diversidad nos remite a la ruptura de un modelo preestablecido de familia; la nuclear.

Así, la diversidad de familias que existen son aquellas donde no hay jefe de hogar varón, donde no hay hijos. Familias en las que la pareja esta constituida por dos personas del mismo sexo, familias extensas que responden a formas de organización indígena, familias recompuestas que se reconstituyen a partir de segundas y terceras nupcias y en las que los hijos circulan entre un hogar y otro, familias uniparentales, familias feminizadas, entre otras.

Debido fundamentalmente a esas cuestiones no existe un concepto único y universal de familia que permita incorporar o integrar la rica variedad de relaciones, contenidos, estructuras, experiencias y funciones que caracterizan a los sistemas familiares.

De esta forma, podría decirse que los miembros de la familia nuclear se han liberado de las cadenas que la tradición les imponía y que llegaban a impedir su desarrollo como personas autónomas.

En el caso de las familias mexicanas, debemos señalar que éstas no son ajenas al aspecto global que se señala con anterioridad, ya que, efectivamente en la actualidad, también nuestras familias mexicanas han modificado su composición.

Esto es resultado de aspectos como:

El acceso de las mujeres al sistema educativo en todos sus niveles, el nacimiento y desarrollo del feminismo, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el aumento de participación de las mujeres en la vida política, la creciente importancia de la educación y el aumento de autonomía de los niños y niñas.

En nuestro país, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo a hecho que muchas de ellas se vean obligadas a compaginar el trabajo remunerado con la dedicación al trabajo doméstico, y por tanto se modifica su papel en el entorno social. El hecho de que se incremente el número de mujeres que están al frente de un hogar tiene implicaciones culturales y de género relevantes, entre otras, propician que por la desigualdad de género que prevalecen en la sociedad, estas mujeres enfrenten serias desventajas en el ámbito laboral, poniéndolas constantemente en situación de mayor vulnerabilidad.

Ante una separación, sistemáticamente es la mujer quien se queda con los hijos, esto va generando una feminización de la pobreza porque se perpetúa la dependencia económica de la mujer con relación a su ex marido. Una solución es un reparto igual entre géneros cuando se decida la custodia y distribución de responsabilidades respecto a los hijos e hijas, a fin de que los hombres asuman sus obligaciones como padres, al igual que las madres.

La nueva familia mexicana, debe ser resultado de una nueva concepción de los roles genéricos, más democrática. Para la subsistencia de las nuevas familias, habría que fomentar el debate sobre la intervención de la administración pública en la familia, para velar por los miembros que están en mayor vulnerabilidad, esta implicación debe hacerse sin menospreciar la responsabilidad e integración del padre y la madre, evitando perpetuar la división sexual del trabajo.

Algunos indicadores sobre la situación de las familias en México, nos pueden mostrar los cambios que éstas han tenido y su diversidad:

El número de hogares en el país es de 22,640,391 y crece a tasas mayores que el crecimiento de la población.

Dos de cada diez hogares tienen jefatura femenina y de ellos en la mitad aproximadamente la mujer es el principal sostén económico.

En tres de cada 100 hogares en el país, la mujer dice que el jefe del hogar está ausente, esta cifra se eleva a cinco en el medio rural.

En el 31% de los hogares hay niños y niñas menores de cinco años.

En la cuarta parte de los hogares hay al menos una persona del grupo de 60 años o más. Esta presencia es más frecuente en hogares con jefatura femenina, ya que son quienes apoyan a las mujeres en el cuidado de los hijos e hijas.

Casi 7 millones de personas viven solas (son los llamados hogares unipersonales). Seis de cada 10 son hombres. En los cuatro casos restantes en donde la mujer vive sola, la tercera parte de ellas tiene más de 60 años.

Aproximadamente, 8 de cada 100 son hogares de personas sin cónyuge y con hijas e hijos solteros.

Existen hogares feminizados donde conviven 3 generaciones de mujeres: abuelas, madres y nietas.

En los hogares con jefatura femenina es muy común la inclusión de personas sin parentesco como una práctica social de ayuda mutua.

De esta forma, tanto los instrumentos jurídicos, como las políticas públicas deben responder a esta nueva realidad de las familias en México.

Por otro lado, es necesario referirse a las discusiones internacionales que han abordado estos temas, a fin de mostrar la necesidad de actualizar nuestros instrumentos jurídicos.

La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo, Egipto en 1994, constituyó un avance muy importante por las nuevas concepciones en torno a las familias y principalmente para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Entre los nuevos conceptos que se incorporaron en la Plataforma de Acción de dicha Conferencia está el que los hombres deberían asumir más responsabilidades, no sólo en la planificación familiar, sino también por su propio comportamiento sexual y de reproducción, por el ingreso de la familia, por la educación de los hijos e hijas y por el bienestar de su compañera y de sus hijos e hijas.

La Plataforma de El Cairo reconoce que el proceso de rápido cambio demográfico y sociodemográfico ha influido en la modalidad de formación, composición y estructura de las familias.

Afirma que las políticas de población y desarrollo deberían promover la familia en su pluralidad de formas, así como promover la igualdad de oportunidades de los integrantes de la misma, especialmente los derechos de la mujer y los y las niñas.

Asimismo, la Plataforma recomienda a los gobiernos que la suscriben, que deben velar para que todas las políticas sociales y de desarrollo presten apoyo y protección a las familias y respondan plenamente a las necesidades cambiantes y diversas de las familias.

De esta forma, en la Plataforma de El Cairo se dejaron atrás las políticas centradas en el control de la natalidad de las mujeres y se reconoció la necesidad de incorporar a los varones en las responsabilidades familiares.

Sin bien es cierto que en el caso de México, el Código Civil Federal, en su Capítulo III establece dentro de su articulado los derechos y obligaciones de los padres en cuanto a la alimentación y educación, al igual que el reconocimiento de los hijos establecido en el artículo 35 y 64 del mismo ordenamiento.

Es necesario que se modifique el artículo 4o. constitucional ante la realidad que muestra que las mujeres viven una desventaja real por tener casi todo el peso de la responsabilidad de los hijos e hijas cuando se disuelve el vínculo conyugal, creando así el marco para que se modifiquen las leyes secundarias, en los casos que resulte necesario.

Por supuesto, las políticas públicas deben promover la responsabilidad paterna y las autoridades competentes deben vigilar el cumplimiento de las leyes, a fin de que las responsabilidades familiares se distribuyan de manera más equitativa entre los progenitores.

Justificación jurídica

En nuestro país, la idea de garantizar los derechos de los gobernados, frente a la autoridad, comprende una terminología que incluye las garantías individuales, y las garantías sociales.

La primera, debe contener los derechos del hombre pero también los del ciudadano, y los segundos denominados como ``derechos sociales'' nacidos en 1917, que son aquellas disposiciones constitucionales que establecen y regulan los derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos.

Los derechos de los individuos son una mera declaración de las atribuciones individuales, pero la forma de hacer efectivos esos derechos es a través de su reconocimiento como garantía, es decir es necesario proponer los mecanismos conforme a los cuales esos derechos serán respetados por el Estado, lo que constituye una garantía, que tiene como fin asegurar en forma efectiva, el derecho del hombre.

Ahora bien, por lo que respecta al artículo 4o. constitucional, con la reforma realizada a este artículo en el mes de enero de 1975, se establecen en el mismo, una serie de derechos heterogéneos entre sí, y que hasta esa fecha no habían sido contemplados como la igualdad jurídica entre el varón y la mujer; la protección de la familia, y la libertad personal para decidir de manera responsable e informada el número y el espaciamiento de los hijos, si bien es cierto que este principio de igualdad ya subyace en el texto del artículo 1o. constitucional que preceptúa la condición de igualdad para el goce de las garantías individuales, es un hecho, que la inclusión de la garantía de igualdad entre el hombre y la mujer, vino a establecer el compromiso de eliminar toda forma de discriminación sexual que hasta entonces en algunas leyes todavía subsistía.

No obstante la igualdad reconocida jurídicamente por nuestra Ley suprema, aun subsiste la desigualdad en los hechos respecto de los derechos y obligaciones que tienen los hombres y mujeres con relación a las obligaciones para con sus hijos.

Ahora bien debido a estos grandes cambios sociales y de conceptualización de las familias, es menester garantizar que sin importar la composición de éstas últimas, tanto la madre como el padre ya sean constituidores de familias nucleares o de otro tipo, ejerzan una paternidad y maternidad responsable, entendiendo a estas como la obligación compartida e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias, promoviendo en todo momento la maternidad y paternidad responsables.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Información, Estadística y Geografía.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Antes que nada, aprovecho esta tribuna para extender una felicitación a todas las mujeres. Este día es un recordatorio de todo lo que aún nos falta por hacer y, a la vez, un reto para que sigamos trabajando en la consecución de una sociedad más justa y equitativa. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

Es preciso reiterar que no es viable un Estado que conserva una administración pública tradicional, en la cual la ciudadanía no confía, que considera contradictoria, ineficiente, corrupta y desvinculada de los problemas sociales. La pluralidad democrática que hoy vive México propicia que la sociedad construya nuevas formas de convivencia y participación, en especial para que los organismos gubernamentales diseñen y practiquen formas alternativas de ejercer el servicio público, con la coordinación de esfuerzos para optimizar el uso de los recursos y responder de manera más eficiente a demandas sociales y grandes proyectos nacionales.

En nuestro país existen múltiples productores de información, estadística y geografía en los ámbitos tanto federal como estatal, los cuales llevan a cabo sus actividades en el marco de sus respectivas competencias. Con el propósito de ordenar dichas actividades a nivel nacional, se expidió la Ley de Información, Estadística y Geografía en diciembre de 1980. Uno de sus principales objetivos es promover la integración y el desarrollo de los sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica. Los sistemas integran el conjunto de datos producidos por instituciones de los tres poderes en sus ámbitos federales y estatales que, organizado bajo una estructura conceptual predeterminada, permite mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial.

Dicha ley declara que es de interés público la integración de los sistemas, cuya organización, funcionamiento, coordinación, planeación de actividades y evaluación de resultados estarán sujetos a los procedimientos y las normas que al efecto establezca el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para garantizar la homogeneidad y calidad de la información.

Con el propósito de que el instituto esté en condiciones de articular los sistemas, así como para lograr la ordenación y regulación de las actividades necesarias para su debida integración, la ley prevé la existencia de programas de desarrollo de estadística y de información geográfica e instancias de participación y consulta para su elaboración y ejecución en los ámbitos nacional, sectorial y regional.

En resumen, dichos programas son los instrumentos encargados de ordenar y regular las actividades estadísticas y geo-gráficas por realizar en el país, considerando la participación de los integrantes de los sistemas a través de comités técnicos. Estos comités funcionan de manera permanente y en ellos participan los titulares de las unidades productoras de información, la dependencia coordinadora del sector o su representante y los de las entidades que correspondan, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate o su representante y los responsables de los servicios estatales de información y estadística, y los encargados de los servicios de estadística que, en su caso, nombren los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. En todos los casos, el instituto funge como secretario técnico en normas.

Frecuentemente, la presentación de indicadores o información en general no permite verificar la congruencia entre las cifras, se pretende manipular los datos y desinformar, por lo que es necesario tener una fuente confiable de información congruente y veraz, como en el caso de la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Un sistema de información es vital para el desarrollo y la permanencia de un Estado democrático. Por ello, una actividad estadística transparente y veraz resulta necesaria para la correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno en beneficio de la sociedad.

La información proveniente del Estado debe reflejar las cifras oficiales sobre hechos que son relevantes; debe convertirse en herramienta privilegiada en los momentos y una ciudadanía educada en el fortalecimiento de instituciones, al darle congruencia y carácter de oficial.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley de Información, Estadística y Geografía, para dar el carácter de oficial a la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Respetuosamente, solicito a la Presidencia que se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la presente iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Es perceptible un creciente consenso en que la reforma del Estado no es posible sin una verdadera reforma administrativa, por ello es esencial incluir en la propuesta el tipo de administración pública necesaria para responder y atender los desafíos de la globalización, la liberalización económica, la apertura comercial, los cambios tecnológicos y los procesos políticos de consolidación democrática. Es preciso reiterar que no es viable un Estado que conserva una administración pública tradicional, en la cual la ciudadanía no confía, que considera contradictoria, ineficiente, corrupta y desvinculada de los problemas sociales. Pese a los notables cambios experimentados en el sector público, se considera que se mantiene una administración pública tradicional, cuyo rasgo central es su alejamiento de la sociedad.

La pluralidad democrática que hoy vive México propicia que la sociedad construya nuevas formas de convivencia y participación. En especial para que los organismos gubernamentales diseñen y practiquen formas alternativas de ejercer el servicio público con la coordinación de esfuerzos para optimizar el uso de los recursos y responder de manera más eficiente a demandas sociales y grandes proyectos nacionales.

Dentro de nuestro país, existen múltiples productores de información estadística y geográfica en los ámbitos tanto federal como estatal, los cuales llevan a cabo sus actividades en el marco de sus respectivas competencias.

Con el propósito de ordenar dichas actividades a nivel nacional se expidió la Ley de Información Estadística y Geográfica el 23 de diciembre de 1980. Uno de sus principales objetivos es promover la integración y el desarrollo de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica.

Los Sistemas tienen como propósito brindar el servicio público de información estadística y geográfica, es decir, facilitar que cualquier persona que lo requiera pueda tener acceso a información pertinente, veraz y oportuna sobre la realidad nacional.

Los Sistemas integran el conjunto de datos producidos por instituciones de los tres poderes en sus ámbitos federal y estatal, que organizado bajo una estructura conceptual predeterminada permite mostrar la situación e interdependencia de los fenómenos económicos, demográficos y sociales, así como su relación con el medio físico y el espacio territorial.

Dicha ley declara que es de interés público la integración de los Sistemas, cuya organización, funcionamiento, coordinación, planeación de actividades y evaluación de resultados estarán sujetos a los procedimientos y normas que al efecto establezca el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para garantizar la homogeneidad y calidad de la información.

Con el propósito de que el Instituto esté en condiciones de articular los Sistemas, así como para lograr la ordenación y regulación de las actividades necesarias para su debida integración, la ley prevé la existencia de programas de desarrollo de estadística y de información geográfica e instancias de participación y consulta para su elaboración y ejecución en los ámbitos nacional, sectorial y regional.

En resumen, dichos programas son los instrumentos encargados de ordenar y regular las actividades estadísticas y geográficas a realizar en el país, tomando en consideración la participación de los integrantes de los Sistemas, a través de comités técnicos.

Estos comités deben funcionar de manera permanente y en ellos participan, en ese orden, los titulares de las unidades productoras de información; la dependencia coordinadora de sector o su representante y los de las entidades que corresponda; el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa que se trate o su representante y los responsables de los Servicios Estatales de Información Estadística, y los encargados de los servicios de estadística que, en su caso, nombren los poderes Legislativo y Judicial de la Federación. En todos los casos, el Instituto funge como secretariado técnico de normas.

Frecuentemente la presentación de indicadores o información en general no permite verificar la congruencia entre las cifras, se pretende manipular los datos y desinformar, por lo que es necesario tener una fuente confiable de información, congruente y veraz, como en el caso de la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Un sistema de información es vital para el desarrollo y permanencia de un Estado democrático. Por ello la necesidad de una actividad estadística transparente y veraz resulta necesaria para la correcta toma de decisiones y ejecución de los actos de gobierno en beneficio de la sociedad.

La información proveniente del Estado debe reflejar las cifras oficiales sobre hechos que son relevantes, debe convertirse en herramienta privilegiada en el fomento de una ciudadanía educada, en el fortalecimiento de Instituciones al darle congruencia y carácter de oficial.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley de Información Estadística y Geográfica para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley de Información Estadística y Geográfica para quedar:

Artículo 33 ...

La información estadística y geográfica que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática tendrá el carácter de oficial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 8 del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Jesús Martínez Álvarez ha hecho llegar a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, Jesús Martínez Álvarez, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma el artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para modificar el texto en cuanto a las concesiones en materia satelital, por lo que respecta al registro de los satélites ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Exposición de Motivos

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como organismo en el que los gobiernos y el sector privado coordinan las redes y los servicios mundiales de telecomunicaciones, tiene dentro de sus labores la de efectuar un registro ordenado de las posiciones asignadas por los países a los satélites geoestacionarios.

En su esfera de competencia, la UIT esta encargada de la reglamentación y planificación de las telecomunicaciones en todo el mundo, del establecimiento de normas para el funcionamiento de equipos y sistemas, de la coordinación y difusión de los datos necesarios para la planificación y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de la promoción y la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones e infraestructuras afines.

Las concesiones en materia satelital pueden ser para ocupar órbitas satelitales, sean geoestacionarias (órbita circular sobre el Ecuador que permite al satélite girar a la velocidad de rotación de la Tierra) o no lo sean. La UIT a través de su Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R) desempeña un papel fundamental en la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas satelitales. Dichos recursos limitados son demandados por operadores de los servicios fijos, móviles, de radiodifusión, de radioaficionados, de investigación espacial y de meteorología, así como por sistemas mundiales de posicionamiento, de observación del medio ambiente y de servicios de comunicaciones de seguridad en el mar y en el aire.

La UIT-R tiene a su cargo, entre otras actividades, efectuar la atribución, adjudicación y registro de las asignaciones de las posiciones orbitales asociadas en la órbita de los satélites geoestacionarios, así como coordinar los esfuerzos para eliminar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de radiocomunicación de los diferentes países. La UIT-R lleva a cabo los procedimientos de coordinación e inscripción de los sistemas espaciales y las estaciones terrenas. Además se encarga de la recopilación, procesamiento y publicación de los datos y lleva a cabo exámenes de las notificaciones de asignaciones de frecuencias presentadas por las administraciones nacionales para su inclusión en los procedimientos de coordinación formales o su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR). También es responsable de controlar los procedimientos de los planes de asignaciones espaciales o aquellos de adjudicaciones espaciales. La asignación espacial ocurre cuando la solicitud de la posición orbital se apoya en los planes espaciales, los cuales tienen ``preasignadas'' determinadas posiciones orbitales. La adjudicación espacial acontece cuando la posición orbital no está comprendida en dichos planes espaciales.

Los anteriores procedimientos de asignaciones o adjudicaciones espaciales tienen básicamente cuatro fases: Publicación Anticipada, Coordinación, Notificación y Registro. En la primera etapa, la administración nacional solicita la asignación o adjudicación de la posición orbital y exhibe diversa información de carácter técnico. La UIT-R publica un aviso sobre dicha solicitud de manera que las administraciones nacionales tengan conocimiento de la misma y para que puedan presentar, en su caso, objeciones a la asignación o adjudicación. El siguiente paso consiste en que la administración solicitante se coordina con la UIT-R para definir con precisión los detalles técnicos de la solicitud o, en su caso, llevar a efecto modificaciones a la misma. En esta etapa la UIT-R lleva a cabo estudios de afectación para determinar si existe la posibilidad de que ocurran interferencias perjudiciales. Terminada la etapa de coordinación, se procede a notificar la asignación o adjudicación espacial. El procedimiento concluye con el registro de la asignación o adjudicación en el Registro Internacional de Frecuencias.

Una vez obtenida la asignación o adjudicación espacial, conforme a la LFT, las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales se otorgan mediante el procedimiento de licitación pública.

Existen satélites extranjeros cuyas órbitas han sido asignadas por la UIT a otro país, que pueden cubrir y prestar servicios en territorio nacional. Para que una persona pueda explotar derechos de emisión y recepción de señales de las bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros, deben obtener concesión del Gobierno Mexicano. Para ello, deben ser personas constituidas conforme a las leyes mexicanas y debe existir un tratado con el país donde se origine la señal en el que se establezca el principio de reciprocidad.

Lo anterior nos hace ver que el origen de la señal del satélite no puede ser punto de partida para establecer los criterios en la celebración de tratados y concesión sobre derechos de la misma, sino que, más bien debe establecerse ese derecho de acuerdo al país que tenga registrado el satélite ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como punto de partida.

La utilidad que genera esta reforma al artículo 30 de nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones, se traduce en una real y tangible certeza jurídica, ya que, nuestros órganos competentes como la Cofetel, contarán con un criterio y punto de partida sólido en la interpretación y resolución de controversias en materia de concesiones y acuerdos de voluntades celebrados para la transmisión de señales vía satélite. Es decir, esta precisión a la redacción del artículo 30 generará una solución para evitar futuros problemas de interpretación jurídica, partiendo del punto de que los países como México que tengan registrado un satélite ante la UIT, como órgano competente para ello, tendrán mayor eficacia en la celebración de acuerdos y tratados con otros países y de manera interna.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Único. Se reforma el artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Texto vigente

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país de origen de la señal y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Texto que se propone

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, siempre y cuando se tengan firmados tratados en la materia con el país que tenga registrado el satélite ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y dichos tratados contemplen reciprocidad para los satélites mexicanos. Estas concesiones sólo se otorgarán a personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con un acuerdo de órgano de gobierno.

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MIGRANTES

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instrumente una serie de acciones en relación con el Minute Man Project, que inicia el 1 de abril en el estado de Arizona

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al Gobierno Federal una serie de acciones sobre el Minute Man Project, que inicia el 1 de abril en el estado de Arizona, presentado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se crea una comisión plural de legisladores para que, conjuntamente con la comisión homóloga del Senado de la República, compruebe los alcances de la Ley 200 y las acciones que están emprendiendo grupos ciudadanos en acciones antiinmigrantes.

La Junta de Coordinación Política determinará la composición de la comisión a la que se refiere el párrafo que antecede y designará a sus integrantes.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal a que en la próxima visita de la secretaria de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Condoleezza Rice, externe la preocupación de esta Cámara de Diputados en relación con las acciones antiinmigrantes que se están llevando a cabo en Estados Unidos y, específicamente, en el estado de Arizona.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2005.--- Presidente Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar respetuosamente al Gobierno Federal una serie de acciones sobre el Minute Man Project, que inicia el 1 de abril en el estado de Arizona.

Las y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En febrero pasado, la Cancillería mexicana envió al Departamento de Estado estadounidense una nota diplomática para expresar su preocupación por actos de vigilancia que planean realizar en la frontera de Arizona con México civiles armados agrupados en torno del Minute Man Project (MMP).

El grupo, integrado al parecer por más de 500 civiles armados que planean vigilar del 1 al 30 de abril próximo la frontera de Arizona con México, para detener, sin ser claro cómo lo piensan hacer, a indocumentados que sean sorprendidos cruzando la frontera.

Es necesario que como legisladores solicitemos se tomen las medidas necesarias para que, en caso de que miembros del MMP estén violando una legislación federal, estatal o internacional, se proceda acorde con la ley.

El operativo de los voluntarios de MMP cuenta con el apoyo del alguacil de Cochise, Larry Dever, quien consideró ``una causa justa'' que civiles quieran proteger las fronteras del país.

Consideramos que es peligroso que civiles vigilen la frontera de Arizona para contener flujos de indocumentados. Cuando civiles se adjudican facultades que competen exclusivamente a autoridades federales que han recibido capacitación adecuada podrían estar ``cruzando una línea muy fina'' entre la legalidad y la ilegalidad.

El principal objetivo será conocer los alcances exactos de la nueva legislación y verificar que no se violen los derechos de los connacionales en respeto siempre de sus derechos humanos.

Las acciones discriminatorias que se están suscitando en Arizona han provocado desestabilización y violencia a lo largo de la frontera norte de nuestro país.

Solicitamos al Gobierno Federal que sus acciones no se limiten al envío de la nota diplomática del pasado mes de febrero, y que este tema tan sensible para todos los mexicanos sea un tema que se discuta en la próxima visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, el próximo 10 de marzo.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados crea una comisión plural de legisladores que acompañe a la comisión de senadores para comprobar los alcances de la Ley 200 y las acciones que están emprendiendo grupos de ciudadanos en acciones antiinmigrantes.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal para que en la visita de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se manifieste nuestro descontento respecto a las acciones antiinmigrantes que se están realizando en Estados Unidos, específicamente en Arizona.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de marzo de 2005.--- Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor..

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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ESTADO DE COLIMA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Gobierno Federal, al gobierno del estado de Colima y a sus ayuntamientos a que se abstengan de intervenir en el proceso electoral extraordinario para la elección del gobernador del estado de Colima

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Presidente de la República que el Gobierno Federal no intervenga en el proceso electoral extraordinario para la elección de gobernador en el estado de Colima a celebrarse el 10 de abril próximo, presentada por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Gobierno Federal, al Gobierno del estado de Colima y a sus ayuntamientos a que se abstengan de intervenir en el proceso electoral extraordinario para elegir al titular del Poder Ejecutivo del estado de Colima, a celebrarse el 10 de abril del presente año.

Palacio Legislativo, 5 de marzo de 2005.--- Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

«CC. Secretarios de la Honorable de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Los suscritos, diputados federales integrantes de diferentes grupos parlamentarios a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su conocimiento, para que sea considerada de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado jueves 24 de febrero falleció en un accidente el profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, gobernador constitucional del estado de Colima.

Ante la ausencia definitiva del gobernador, el Congreso del estado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 55 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, designó un gobernador interino, en la persona del entonces secretario general de Gobierno Arnoldo Ochoa González. Dicho interinato durara hasta que se elija al nuevo gobernador.

El domingo 6 de marzo el Congreso del estado, aprobó la convocatoria para elecciones extraordinarias, mismas que se verificarán el domingo 10 de abril de este año, y el gobernador electo tomará posesión el 5 de mayo próximo para concluir el periodo constitucional de 2003-2009.

El pueblo de Colima es un pueblo trabajador y comprometido con el desarrollo del país. Es un pueblo con una profunda vocación democrática. La conciencia política de la sociedad colimense es elevada.

Sin embargo, el pueblo de Colima se enfrenta a una nueva elección. En menos de año y medio se realizara la tercera elección para elegir gobernador.

La primera fue en julio de 2003, pero el 29 de octubre de ese año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección. El Congreso local convoco a comicios extraordinarios en diciembre de ese año. Ahora, nuevamente la sociedad colimense enfrentará un nuevo proceso electoral.

Sin embargo, los procesos electorales en los estados de la República no han sido fáciles. En algunos casos ha existido intervención del Gobierno Federal para tratar de orientar el sentido de la votación a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional.

Tan sólo por mencionar dos casos, el viaje del secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez a la campaña electoral del PAN en el estado de Oaxaca. O bien, la presencia de la esposa del Presidente en Toluca, estado de México, en la toma de protesta del candidato del PAN al gobierno del estado de México.

Esto es el tipo de conductas realizadas por servidores públicos que nos preocupan y que en caso de darse pueden viciar indebidamente la elección extraordinaria en Colima.

Nos oponemos terminante y categóricamente a cualquier intento por tratar de incidir en los electores a favor del partido del Presidente de la República, utilizando toda la infraestructura gubernamental.

Ante la pérdida del gobernador constitucional Gustavo Vázquez Montes, lo menos que Colima puede esperar es tener un proceso electoral tranquilo, que permita a la sociedad colimense emitir su voto a favor de la propuesta electoral que consideren es la mejor para el desarrollo político, económico y social del estado de Colima.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Presidente de la República para que el Gobierno Federal, estatal y municipales no intervengan en el proceso electoral extraordinario para la elección de gobernador del estado Colima a celebrarse el 10 de abril próximo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.»

En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de modificarse el orden del día, a efecto de que esta Asamblea conozca del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al secretario de Salud a instrumentar el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para que esta soberanía conozca del acuerdo por el cual se exhorta al secretario de Salud.

Se pregunta a la Asamblea, a las diputadas y a los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Someta a consideración de esta soberanía el contenido del propio acuerdo.

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LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al secretario de Salud a instrumentar el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos décimo cuarto y vigésimo del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Salud con fundamento en lo que dispone el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que instrumente el decreto publicado el en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al Secretario de Salud a que con, fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instrumente el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2005.--- Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.--- LIX Legislatura.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En sesión del 9 de diciembre de 2003, el diputado Manuel Velasco presentó la iniciativa que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

``Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor de dos a seis años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de ninguna institución del sector salud.''

La Comisión de Salud consideró conveniente, en la elaboración del dictamen, utilizar los rangos de edad que utiliza la Secretaría de Salud y establecer la obligatoriedad de realizar un estudio socioeconómico para beneficiar a los más pobres, para quedar como sigue:

``Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.''

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con 383 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 11 de noviembre de 2004 y en la Cámara de Senadores con 51 votos en pro, 3 en contra y 13 abstenciones, el jueves 18 de noviembre de 2004.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 18 de enero de 2005.

Si bien la reforma ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud podría argumentar que no puede ser puesta en operación por las siguientes razones:

No existe suficiencia económica y los institutos nacionales de salud verían afectado su presupuesto.

La Secretaría de Salud se comprometió a evaluar el impacto financiero, para que a través del Presupuesto de Egresos de la Federación se mitigara el impacto. Además, cabe decir que en virtud de que se restringió la propuesta a sólo tres deciles, el impacto que la medida pudiera tener es mínimo, ya que actualmente se exime del pago a los de menores ingresos.

La reforma aprobada contempla a las familias que por su nivel de ingreso se encuentran en los tres últimos deciles de la población, es decir a los de mayores ingresos.

Evidentemente el espíritu de la iniciativa y del dictamen era beneficiar a las familias más pobres, sin embargo por una confusión de la Comisión de Salud se establecieron los tres últimos deciles, debiendo ser los tres primeros, ya que la Secretaría de Salud establece que las personas de menores ingresos son las que se encuentran en los primeros deciles.

Por eso hacemos un llamado para que la Secretaría de Salud informe la manera en que aplicará el decreto del Congreso de la Unión para que las familias de escasos recursos, con menores de cinco años, puedan gozar de un sistema de salud sin restricciones económicas.

Queremos hacer un exhorto para que la Secretaría de Salud, frente a cuestiones que son vitales para la salud de los mexicanos, haga valer la propuesta de otorgar atención médica y medicamentos a los niños más pobres en cualquier circunstancia.

La Secretaría de Salud debe responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar el sano desarrollo de la niñez mexicana.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que instrumente y aplique el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de febrero del 2005.--- Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:--- (Rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Córdova Villalobos, ¿con qué objeto?

El diputado José Ángel Córdova Villalobos (desde la curul): Presidente: con relación a este decreto, hay un error en la publicación, dado que son los tres últimos deciles de ingreso los que se beneficiarían, que son las gentes que tienen mayores ingresos. Por ello no se ha aplicado, porque hay una contradicción; toda la fundamentación que se dio aquí era en beneficio de los niños de menor ingreso, de sus padres de menor ingreso.

Por eso, el día de hoy se presenta una corrección y que sean precisamente los tres deciles, los tres primeros deciles, los que serían beneficiados porque ésos son los que tienen menos ingresos. Ahora, se puede argüir que fue un error de redacción que salió de aquí --y es cierto-- y que se ratificó en el Senado y que se ratificó en la Presidencia. Entonces, lo que se trata es de corregir esto para que sea realmente el grupo más beneficiado los que tienen menos ingresos y no más ingresos. Ésa es la explicación de por qué no se ha puesto en operación.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Leonardo Álvarez.

El diputado Leonardo Álvarez Romo (desde la curul): Diputado Presidente, es claro que la intención del grupo parlamentario del PAN es hacer una confusión respecto de esta iniciativa de ley del Partido Verde, por la cual se ha generado el plantón que todos conocen.

Y el objetivo es querernos robar una promesa cumplida de campaña que está aprobada. Y el error está aclaradísimo en el Senado, en las comisiones del Senado: por cuestiones procesales, para que no regresara a la Cámara de Diputados, los senadores determinaron que se iba a considerar el término ``tres últimos deciles'' como los más pobres. Aunque en teoría quiera decir otra cosa, el Senado en el dictamen determinó y aclaró esa fe de erratas y fue otra cosa lo que el Presidente publicó.

Entonces, la verdad es que queremos llamar la atención y subrayar que el Partido Acción Nacional está tratando de generar una confusión, un ataque otra vez hacia el Partido Verde, para no darle ese mérito que nuestro grupo parlamentario en ambas Cámaras y nuestro partido ha logrado y ha cumplido en términos de palabra de campaña. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señores diputados Córdova Villalobos y Leonardo Álvarez. Esta Presidencia tiene la obligación de conducirse conforme a los documentos que obran en su poder. Por un lado, tenemos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sometido a la consideración de esta soberanía. Por otro lado, tenemos las consideraciones del doctor Córdova Villalobos que, por cierto, es Presidente de la Comisión de Salud, en cuyo caso esta Presidencia les salvaguarda el derecho del doctor Córdova, de tal suerte de presentar una iniciativa que eventualmente corrija los defectos que él pueda pensar tiene este decreto aprobado por ambas Cámaras y publicado por el señor Presidente de la República.

Luego entonces, se ruega a la Secretaría que en este momento someta a la consideración el acuerdo que nos ocupa y, repito, el doctor Córdova Villalobos tiene salvaguardado su derecho para presentar una iniciativa que eventualmente corrija lo que crea la Asamblea que pueda corregirse de este proceso legislativo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se somete el acuerdo a consideración del Pleno si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Jesús Martínez Álvarez arguye economía procesal y por eso envía a esta Presidencia iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, Jesús Martínez Álvarez, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, para reformar el artículo 1, recorriendo las fracciones V y VI, agregando una fracción V que contemple las empresas controladoras como otro tipo societario en la ley, y agregando un Capítulo V Bis que contemple el régimen de regulación de las propias empresas controladoras en México.

Exposición de Motivos

Actualmente, en México el derecho mercantil es escrito y objetivo, debido a que a partir del siglo pasado se promulgó un Código de Comercio aplicable a todo el territorio nacional. Dicho ordenamiento regula las actividades de carácter mercantil y tiene un rango federal, es decir, le compete al Congreso de la Unión legislar todo aquello que tenga relación con actividades mercantiles. Y ello tiene una explicación lógica que radica en el hecho de que por medio del Derecho Mercantil se regulan actividades derivadas del comercio, mismas que juegan un trascendental papel en el ámbito de la economía nacional.

Dentro de la legislación mexicana, en materia de sociedades mercantiles, se cuenta con la Ley General de Sociedades Mercantiles, expedida el 28 de diciembre de 1933, la cual surgió como consecuencia de la imperiosa necesidad de contar con una ley que contemplara la realización de actividades mercantiles en forma organizada y sistematizada.

En el derecho moderno, se ha llevado a cabo la separación entre el derecho público y el derecho privado, siendo el primero de ellos el que emana del Estado y sirve como guía para los subordinados; mientras que el segundo se conoce como el que se crea a consecuencia de la necesidad de regular y sancionar las relaciones y actividades entre particulares.

A partir de dicha división ha nacido el derecho societario, como calidad de derecho privado, con una codificación y reglamentación del mismo.

A raíz del Tratado de Roma de 1957, se crean mercados unitarios y la Comunidad Económica Europea establece los puntos a seguir para la unificación en el nuevo mundo del comercio.

En ese momento resalta la tendencia globalizadora de la economía mundial, que comienza a mostrarse desde mediados del siglo XX con la creación de empresas de dominio en el mercado; ello pudiere ser la primera aplicación de las empresas controladoras en el mundo societario y empresarial.

Llama la atención el hecho de que el empresario ya no es visto como mero especulador, sino que se le considera como impulsor del sistema económico mundial.

En México, actualmente, el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce seis tipos de sociedades, a saber: la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad cooperativa.

Respecto a su naturaleza, y siendo la sociedad una agrupación de miembros que realizan actividades comerciales en forma conjunta y organizada, representados por la propia sociedad que se forma y que expresa la unión de voluntades de sus miembros, el Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 2688 señala que por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial.

El citado artículo señala la participación conjunta de esfuerzos y recursos para lograr un fin común que se da dentro de una sociedad, lo que no significa que existan intereses coincidentes dentro de la misma; la realidad muestra claramente que los socios, al contraer la sociedad, frecuentemente persiguen intereses contrapuestos. Por ello, la comunidad de fines entre los miembros de una sociedad son, precisamente, el medio para que en forma individual cada uno de los socios alcance la satisfacción de sus intereses personales.

Dentro de la clasificación de sociedades existe la diferenciación entre las que son de personas y las que son de capital. Esta clasificación se funda en que el intuitus personae, o la consideración de las cualidades personales de los socios, que tiene gran importancia en algunas sociedades (sociedades de personas), mientras que en otras no posee tal trascendencia, pues en ellas se atiende preferentemente al capital aportado, constituyéndose como intuitu pecuniae (sociedades de capitales).

De acuerdo con dicho criterio clasificatorio, las sociedades de personas son aquellas en las que domina la actividad de las personas, la pluralidad de los socios y la colaboración personal y funcional entre los contratantes que la constituyen, de manera que la relación social quedaría extinta al momento en que sólo quedara un socio del grupo total. Dentro de este tipo de sociedades intuitus personae se encuentra la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple y la sociedad cooperativa.

Por su parte, las sociedades intuitus pecuniae, también denominadas ``sociedades por acciones'', surgen y se constituyen especialmente por la consecución de objetivos que requieren grandes capitales; por ello se organizan de modo tal, que permita la obtención de ingentes sumas por medio de aportaciones de numerosas personas.

Así es como dichas personas adquieren la calidad de socios, ya que adquieren una o más acciones fácilmente transmisibles de la sociedad que se ha constituido.

La diferencia que guardan las sociedades de acciones con las de personas radica en que éstas tienen como origen contractual la unanimidad de voluntades de los socios y las ulteriores diferencias que llegaren a surgir entre ellos, en tanto que aquéllas tienen la peculiaridad de que el contrato social da nacimiento a un organismo nuevo, distinto y autónomo, y este contrato sigue surtiendo efectos y tiene vida aun cuando hayan venido a menos elementos esenciales del contrato, como la pluralidad de socios de que se ha hablado en párrafos anteriores. Este organismo nuevo y autónomo está provisto de personalidad jurídica y se rige por el conjunto de normas que estipulan los estatutos.

Ahora bien, al criterio clasificatorio de sociedades por acciones se integra la sociedad anónima, que domina dentro de la vida económica de la modernidad al poseer un gran alcance en su actividad y gran fuerza en sus métodos; aunando lo anterior a su eficacia, la misma se coloca como la más importante y recurrida dentro de las sociedades mercantiles reconocidas actualmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por otro lado, las sociedades de acciones han sufrido una tendencia que apunta a atesorar y acumular distintos tipos de grupos societarios pertenecientes a un solo núcleo; dicha práctica se deriva fundamentalmente del proceso globalizador que vive el mundo contemporáneo y del cual ningún país puede considerarse ajeno.

En este sentido, para el grupo parlamentario de Convergencia resulta innegable que el ámbito empresarial ya no puede competir de manera particular en los amplios mercados globales. Así como los países han buscado, necesariamente, la conformación de bloques regionales para subsistir en el panorama actual, las empresas se conforman bajo ciertas figuras para trabajar de manera conjunta.

En este marco, el derecho mercantil cambia y se fortalece, logrando una regulación, a veces escasa, de las nuevas figuras, dentro de las cuales las empresas controladoras, por su importancia, deben tener un lugar especial.

De manera específica, es importante insertar a las empresas controladoras en el derecho corporativo, al igual que en el mercantil, para conseguir un amplio campo en el que el abogado encuentra un papel preponderante en la práctica empresarial. En dicha actividad profesional, sin embargo, se observan lagunas importantes que conllevan un estudio más profundo acerca de las leyes positivas en México y su relación con las propias empresas controladoras.

Dichas lagunas se observan específicamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual se ignora a las empresas controladoras; lo anterior también se observa en la imprecisión que existe para determinar el tipo de sociedad bajo la cual deben constituirse las mismas. En otras palabras, no existe en la ley disposición expresa que delimite la responsabilidad de los socios que integran dichas empresas, para lo cual se propone que, dada la estructura y conformación de estas empresas, se definan en artículo expreso de la ley de la materia y su funcionamiento se rija conforme a lo que se dispone para la sociedad anónima, con base en la similitud que existe entre ésta y aquéllas.

La concentración de actividades económicas de las empresas no actúa únicamente a través de pactos contractuales individuales entre empresarios; se manifiesta principalmente por medio de la agrupación de las sociedades que, mediante dicha reunión, busquen alcanzar objetivos y fines comunes no individuales, ya que, como ha quedado explicado, los intereses de los socios pueden no ser coincidentes entre sí, pero se plantea el objetivo de alcanzar fines comunes a la sociedad como persona moral. En la economía capitalista contemporánea, dicha agrupación constituye una forma de concentración que puede manifestarse en la esfera industrial, comercial y en materia de servicios.

Al agruparse, estas sociedades pueden constituir varios tipos, aunque en realidad predomina la sociedad anónima como el modelo más adecuado, mejor constituido y con mayor eficacia para dicho efecto, en función, por un lado, de que las acciones que representa el capital social están destinadas a circular y a ser fácilmente transmisibles y, por el otro, de que surge una limitación de responsabilidad de los socios.

En este orden de ideas, la sociedad controladora, consiste prácticamente en una sociedad que a través de la adquisición de acciones o de partes sociales de otras sociedades obtiene el control de ellas como empresa, bajo los términos establecidos en el artículo 6, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo que el patrimonio de esta sociedad con personalidad jurídica propia está formado por las acciones o valores de las que ésta es titular, con relación a las empresas que controla, y cuya tenencia es precisamente su objeto social.

Dicha sociedad se constituye precisamente con la finalidad de manejar y de gobernar a otras sociedades; a su vez, dicho control se puede lograr tanto a través de la suscripción de la mayoría del capital social (con derecho a voto) por parte de una controladora, como a través de pactos y contratos de la sociedad con sus socios o con terceros, en virtud de los cuales el poder decisorio de los órganos sociales lo ejerce un tercero.

En realidad, el control puede conducir a abusos, en perjuicio de las minorías principalmente, pero también de la economía pública y de los competidores. Aún así, este tipo de empresas controladoras existen en todo el mundo y resulta grave que se puedan realizar abusos en perjuicio de las minorías, precisamente porque dichas empresas no se encuentran reguladas en el sistema mexicano de leyes positivas, razón por la que se propone incluirlas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles, para adicionar al artículo 1 una fracción que contemple las empresas controladoras como otro tipo societario, recorriendo las fracciones V y VI, y agregando un Capítulo V Bis, que contemple el régimen de regulación de las propias empresas controladoras en México

Único

Se reforma el artículo 1 de la ley General de Sociedades Mercantiles y se adiciona a dicho ordenamiento un Capítulo V Bis, para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:

I. Sociedad en nombre colectivo;

II. Sociedad en comandita simple;

III. Sociedad de responsabilidad limitada;

IV. Sociedad anónima;

V. Sociedad controladora;

VI. Sociedad en comandita por acciones; y

VII. Sociedad cooperativa.

Capítulo V Bis

Artículo 206 Bis. La sociedad controladora es la que, constituida bajo el régimen de sociedad anónima, tiene la propiedad de más del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades que, a su vez, se denominan como empresas controladas.

Artículo 206 Bis 1. El objeto de las sociedades controladoras deberá estar relacionado con el propósito de control, a través de la intervención o la absorción de otras empresas denominadas como controladas, con base en la propiedad de la mayoría de las acciones con derecho a voto de estas últimas.

Artículo 206 Bis 2. Son aplicables a las sociedades controladoras, las reglas previstas para la sociedad anónima, en cuanto a su estructura y funcionamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, esta Presidencia en funciones la turna a la Comisión de Economía.

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CODIGO PENAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, diputado Presidente; honorable Asamblea: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en su carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII y se recorre con una reforma de la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado ``De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado'', establece cuatro tipos de responsabilidades: la penal, la política, la administrativa y la civil.

La responsabilidad en nuestro derecho positivo mexicano es la obligación que tiene el servidor público de responder ante la sociedad por sus actos indebidos o ilícitos, según lo establece la ley, y se rige por el principio de autonomía. Por ello existen procedimientos, supuestos y sanciones diferentes para cada responsabilidad, toda vez que el objeto de estas normas es que el sujeto conozca las consecuencias de sus actos realizados de manera consciente.

La relación causal entre los actos y sus consecuencias en las responsabilidades se somete a un juicio de reproche de la sociedad y una reacción legal frente al daño producido por el servidor público, cuya finalidad es reprimir el mal causado, tal como ocurre en el caso de la responsabilidad penal. Esta responsabilidad se establece en el Libro Segundo, Título Décimo, del Código Penal Federal, cuyo fundamento legal precisa en qué consiste el delito de abuso de autoridad.

De las 12 hipótesis que prevé el artículo 215 del Código Penal Federal, ninguna incluye al servidor público en el desempeño de su función respecto a la administración de fondos públicos cuando no son ejercidos en los tiempos y las formas fijados por las leyes, lo cual debe ser sancionado. Por otra parte, debemos distinguir que el delito de peculado tampoco establece la hipótesis de la naturaleza que se analiza, referida al subejercicio del gasto público presupuestado.

Los planteamientos de mérito nos hacen fijar nuestra atención en horizontes legislativos más amplios, a partir de los sucesos que han venido ocurriendo durante los últimos años de gobierno, en los que los servidores públicos se abstienen de cumplir las obligaciones establecidas en los programas que dieron origen a su gestión. Caso concreto, cuando esta Cámara de Diputados aprueba el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se establecen programas de inversión, destinados a un objetivo concreto para beneficio de la sociedad, y el servidor público responsable de su operación, no obstante tener los recursos, no cumple la obligación de ejercerlos para los objetivos fijados dentro del periodo fiscal sino que, simplemente, no los ejerce en tiempo y forma, sin mediar motivo justificado.

Hoy mismo estamos padeciendo esas violaciones: transcurre el mes de marzo y aún no se han proporcionado los recursos a las entidades federativas, conducta que colma los presupuestos para considerarse responsable de un ilícito, mismo que debe sancionarse penalmente porque sus consecuencias perjudican a la sociedad y conculcan el Estado de derecho, por lo que es necesario adicionar un tipo penal al Capítulo Tercero del Código Penal Federal, referente al delito de abuso de autoridad para los actos que afectan el ejercicio de la libertad política del Estado.

El interés general que representa el gasto público para beneficio de los gobernados que se traduce en programas fallidos al no ejercerse los fondos para la finalidad que fueron destinados o fuera del tiempo programado, independientemente de que las sumas sean reintegradas a la Auditoría Superior de la Federación, subsiste una conducta de omisión que de ningún modo repara el daño producido con la devolución del capital, toda vez que esa acción es una obligación ajena al caso que no exime de la responsabilidad contraída con los mexicanos.

Por ello es necesario valorar los elementos del tipo penal, así como los alcances de afectación del bien jurídico tutelado, además de que es el medio idóneo para sancionar a los servidores públicos que violan el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y se escudan en discursos falsos para justificar su incumplimiento, que produce severas afectaciones a la sociedad.

Debemos brindar a los mexicanos elementos legales que garanticen la certidumbre jurídica de que las asignaciones federales destinadas para los programas económico-sociales sean ejercidas como lo preceptúan el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal y los demás ordenamientos legales que establecen obligaciones en este sentido, para beneficio del país. Para los efectos de la sanción, deberán adicionarse el párrafo primero de la fracción XIII reformada, y la fracción XII, con la misma penalidad para las conductas referidas a las fracciones ahí señaladas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII y recorre con una reforma a la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I. a XI. (Quedan como están)

XII. El servidor público que, estando obligado legalmente a administrar o a aplicar recursos públicos federales, se abstenga de ejercer los mismos de manera parcial o total en los plazos fijados o modifique o altere los objetivos establecidos en las leyes o decretos.

XIII, párrafo primero. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XIII se impondrán de uno a ocho años de prisión, de 50 hasta 300 días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005.

Solicito de manera respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 215 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 constitucionales; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción XII y se recorre con reformas la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos denominado ``De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado'', estableció cuatro tipos de responsabilidades: la penal, la política, la administrativa y la civil.

La responsabilidad, en nuestro derecho positivo mexicano es la obligación que tiene el servidor público de responder a la sociedad y al Estado por su conducta o actos indebidos o ilícitos, según lo establece la ley secundaria, y se rige por el principio de autonomía, por ello existen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones diferentes para cada materia de responsabilidad en lo particular, toda vez que el objeto de estas normas es que el sujeto conozca y acepte las consecuencias de sus actos realizados de manera consciente.

La relación causal entre los actos y sus consecuencias en las responsabilidades se someten a un juicio de reproche de la sociedad y una reacción legal frente al daño producido por el servidor público, cuya finalidad es reprimir el mal causado, tal como ocurre en el caso de la responsabilidad penal, cuya comprobación de los hechos exige una investigación de la imputabilidad del autor del daño y la acreditación de los hechos, que significan un acto u omisión que sancionan las leyes penales con privación de la libertad.

Esta responsabilidad se establece en el Título Décimo y Décimo Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal, cuyos fundamentos legales precisan en que consiste el delito de abuso de autoridad.

El tipo delictivo de abuso de autoridad que establece el artículo 215 del Código Penal Federal, para actualizarse requiere que se cometa alguna de las doce hipótesis, que no asimilan al servidor público en el momento de realizar las acciones tendientes a trastocar los límites de su competencia en el desempeño de la función pública, respecto a la administración de fondos cuando no son ejercidos en los tiempos y las formas fijados por las normas.

Debemos distinguir que tampoco el Delito de Peculado establece hipótesis de la naturaleza descrita, solo se limita a garantizar, que los recursos públicos no sean desviados para usos particulares o fines ajenos a los sistemas operativos de la esfera del destinatario que justificó su establecimiento en los planes y programas que dieron origen, es decir para su consumación es necesaria una conducta de disposición de fondos, situación que es diferente al objetivo de la conducta que se analiza.

Estos planteamientos nos hacen fijar la atención en los sucesos que han ocurrido los últimos cuatro años de gobierno, en los que los servidores públicos se abstienen de cumplir las obligaciones contenidas dentro de los programas que dieron origen.

El caso concreto es cuando la Cámara de Diputados aprueba el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación en el que se establecen programas de inversión destinados a un objetivo concreto y el servidor público aun contando con los fondos asignados necesarios, omite la obligación de ejercerlos no solo para los objetivos trazados dentro del periodo del ejercicio fiscal, sino que simplemente no los ejerce en los tiempos fijados.

Asimismo, los secretarios de Estado que tienen la obligación de ejercer cierta cantidad de pesos en un objetivo concreto, y en un tiempo determinado por así haberse establecido en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y simplemente no ejercen.

Estas conductas, son practicadas por un servidor público como sujeto activo de las omisiones ante el deber de canalizar recursos financieros del Estado, destinados a satisfacer objetivos de un programa económico-social que las normas le obligan a aplicar para obtener un resultado en beneficio de la colectividad, situación que colma los presupuestos para considerarse como un agente responsable de un ilícito, lo cual debe penalizarse porque sus consecuencias, perjudican a la sociedad y al estado de derecho.

Por lo que es, necesario adicionar el tipo penal que señalo al Capítulo III del Código Penal Federal referente al Delito de Abuso de Autoridad, toda vez que afecta:

a). El ejercicio de la libertad política del Estado.

b). El interés general que representa la inversión del capital para el beneficio social de los gobernados que se traducen en programas fallidos.

c). La pérdida del tiempo y esfuerzo invertido en destinar una inversión que nunca dará frutos, porque al no ejercerse los fondos en la finalidad que fueron creados o fuera del tiempo programado, independientemente de que las sumas sean reintegradas a la Auditoría Superior de la Federación para su posterior reprogramación en el siguiente año fiscal, subsiste una conducta de omisión que de ningún modo subsana el daño producido con la devolución del capital, toda vez que esa es una obligación ajena al caso, que no exime de la responsabilidad contraída con los mexicanos.

Por otra parte, conforme al análisis de la teoría general del delito, es congruente crear este tipo penal porque cumple con la siguiente clasificación:

a). Por sus consecuencias, es grave;

b). Por el orden de la conducta del agente, es un ilícito cuya comisión se comete en razón un deber legal de actuar;

c). Por su resultado, es de carácter material porque produce un cambio en el mundo exterior y se materializa al momento que se deja de obtener el efecto programado;

d). Por el daño que se causa, es de lesión porque produce un menoscabo en los beneficios que obtendría la sociedad, la nación, tras la falta de ejercicio de un recurso económico;

e). Por su duración, es instantáneo y de tracto sucesivo porque sus consecuencias son inmediatas y sus efectos perduran en el tiempo;

f). Por el elemento interno, es doloso, ya que el agente desea la producción del resultado y de estructura simple, ya que el tipo solo protege un bien jurídicamente tutelado que se comete en una conducta, que es la omisión;

g). Por el número de agentes, es colectivo, toda vez que estriba en la voluntad de un sujeto que instruye omitir un acto y otros que se abstienen de actuar, sin que medie justificación;

Por ello es imperante valorar los elementos de este delito que propongo, se tipifique como tal, así como los alcances de afectación sobre el bien jurídico tutelado, además que es el medio idóneo para castigar a los servidores públicos, que se escudan en discursos falsos para justificar la falta de ejercicio de las partidas que están obligados a ejercer, en la inteligencia que se les entreguen de manera oportuna y cuya abstención produce severas afectaciones a los sectores de la sociedad que se ven perturbados ante una determinación unilateral e ilegal que entorpece la sana práctica del ejercicio público para el objetivo que fue legislado.

Debemos brindar a los mexicanos los elementos legales necesarios que den la certidumbre jurídica, que las asignaciones federales, destinadas para los programas económicos, siempre sean ejercidos como lo preceptúa el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Plantación, la Ley de Coordinación Fiscal, y demás ordenamientos legales que establezcan obligaciones en este sentido para beneficio del país, el fortalecimiento de la democracia y la transparencia que debe existir en el desempeño de los servidores públicos.

Para los efectos de establecer la sanción del delito en comento con el propósito de que esta iniciativa de adición no quede imperfecta, deberá adicionarse al párrafo primero de la fracción XIIII reformada, la misma penalidad para las conductas referidas a las fracciones ahí señaladas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII y recorre con una reforma, la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

``Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

I. -- XI. ...

XII.- El servidor público federal que estando obligado legalmente a administrar o aplicar recursos públicos federales, los modifique o se abstenga de ejercer el destino de los mismos de manera parcial o total, en los plazos fijados, alterando los objetivos establecidos en las leyes o decretos.

XIII. ...

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XIII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorio

Artículo Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo del dos mil cinco.--- Atentamente, Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

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VISITANTES EXTRANJEROS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se encuentra en el salón de sesiones una delegación de estudiantes de la Escuela Superior Santa Anna, de Pisa, Italia, acompañada por el excelentísimo señor Franco Tempesta, embajador de la República Italiana en México, quienes han sostenido reuniones de trabajo con la Comisión de Relaciones Exteriores y con el Grupo de Amistad México-Italia de esta Cámara de Diputados. Les agradecemos su visita y les deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Sean ustedes muy bienvenidos.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 212 y 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su debida autorización, señora Presidenta: el suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura y con fundamento en la normatividad respectiva, presenta ante esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 212, se adiciona un párrafo al artículo 217 y se deroga un párrafo del artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente exposición de motivos:

La presente iniciativa de reformas que presento, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene como objeto integrar algunos aspectos que permitan fomentar el ejercicio del derecho del voto, así como contribuir a que la jornada electoral se desarrolle en una forma ágil. En primer lugar, y el aspecto que por su relevancia considero más importante, se refiere a la adición propuesta al artículo 217 del código que comento, como parte de un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno.

En los últimos años se han aprobado instrumentos legales que tienen como objetivo establecer un marco mínimo de protección de los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como de las personas adultas mayores. En ambos casos, el Congreso ya ha expedido las leyes que dan sustento a ese esfuerzo, como lo son --por citar sólo algunas-- la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en junio de 2003, y la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores, en junio de 2002. Estas leyes buscan coordinar los esfuerzos de los particulares y de las instituciones públicas para generar una estructura que permita la integración plena en las actividades políticas, económicas, sociales y culturales de las personas que integran estos grupos y que, por razones inherentes a sus condiciones, requieren protección adicional.

Estos instrumentos normativos han permitido la creación, en un caso, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como la reestructuración de un órgano ya existente, pero que se fortalece a partir de la ley, como es el actual Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. Dichos organismos descentralizados cumplen funciones importantes desde el ámbito de las políticas públicas y, por tanto, corresponde a los legisladores adecuar las normas jurídicas necesarias para complementar estos esfuerzos. Está de más hablar sobre la condición que las embarazadas experimentan, quienes requieren una acción solidaria y atenta que les proporcione facilidades al momento de cumplir su derecho y obligación del sufragio.

Por tanto, la adición propuesta en el artículo 217 se refiere a permitir que los electores con capacidades diferentes y las personas adultas mayores --es decir, las que tengan más de 70 años de edad--, así como las embarazadas, puedan ejercer su derecho al voto sin necesidad de esperar en las filas correspondientes de la casilla donde deban sufragar. Si bien dicha adición parecería una cuestión que no requiere estar en la ley, por ser un acto que debería ser común como una norma social, considero necesario establecerla en la misma para darle completa validez, en que a partir de la ley dicha norma pueda permear hasta convertirse en una norma de conducta generalizada. Actualmente, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Coahuila incorpora una disposición en este sentido y en ella nos hemos basado.

Por último, cabe señalar que se propone la adición de un párrafo dos al artículo 212 y los actuales párrafos correspondientes del dos al cinco corren su numeración para quedar como párrafos tres, cuatro, cinco y seis. Esto, en razón de aplicar una correcta técnica legislativa y establecer la excepción de la regla general que se encuentra contenida en el párrafo inmediatamente anterior de este artículo. En segundo lugar, esta iniciativa propone una reforma del artículo 212. El objetivo es establecer que el proceso de instalación de las casillas inicie 30 minutos antes de lo que señala la norma actualmente y, por lo mismo, se propone que se derogue el párrafo seis de este artículo 212.

Si bien se propone que la instalación dé comienzo a las 7:30 horas del día de la elección, la apertura de la casilla sería sólo hasta las 8:00 horas para continuar con una jornada electoral efectiva de 10 horas. La razón es clara: permitir que, en efecto, la duración de la recepción de votos sea de 10 horas efectivas, ya que actualmente la instalación se inicia a las 8:00 horas, pero la recepción de los votos empieza varios minutos después. Esta propuesta permitirá aprovechar el tiempo máximo, en beneficio de la participación ciudadana. Con referencia a esto, cabe indicar que la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Baja California contiene esta disposición y no ha habido ninguna situación que nos permita pensar que es inconveniente. Por lo expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente

Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 212, se adiciona el artículo 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se deroga un párrafo del artículo 212, para que quede de la siguiente manera:

Artículo 212, fracción II. El primer domingo de julio del año de las elecciones ordinarias, a las 7:30 horas, los ciudadanos Presidente, secretario y escrutadores de las Mesas Directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran.

En caso de que no se pudiera llevar a cabo la instalación de la casilla, se estará a lo dispuesto en el artículo 213 de este código. A partir de las 8:00 horas deberá abrirse la casilla para recibir la votación, y en ningún caso podrá ser antes de esta hora.

Artículo 217, fracción II. Los electores con capacidades diferentes, los mayores de 60 años y las mujeres embarazadas tendrán derecho preferencial para emitir su voto sin necesidad de hacer fila.

Y se recorren, como había dicho, las siguientes fracciones, para quedar como las número 3, 4, 5 y 6.

Señora Presidenta: dado que esta iniciativa ya fue publicada en la Gaceta, solicitaría de la manera más atenta que ordene su inserción en el Diario de los Debates tal como fue entregada y no como la acabo de exponer, dado que, en atención al tiempo parlamentario, he presentado únicamente una síntesis. Es cuanto, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 122, 212 y 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212, se adiciona un párrafo al artículo 217 y se deroga un párrafo al 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El ejercicio de los derechos políticos requiere de un marco jurídico que facilite al ciudadano su participación y que permita un funcionamiento eficiente de las instituciones políticas. Por lo tanto, la constante actualización de la normatividad electoral es una actividad que debe ocupar la tarea del legislador, siendo éste quien ejerce la representación política de los electores y uno de los actores constitucionalmente facultados para iniciar el proceso de reformas legales.

La presente iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene como objeto integrar algunos aspectos que permitan fomentar el ejercicio del derecho al voto, así como contribuir a que la jornada electoral se desarrolle de forma ágil.

En primer lugar, y el aspecto que por su relevancia considero más importante se refiere a la adición propuesta al artículo 217 del Código en comento. Como parte de un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, en los últimos años se han aprobado instrumentos legales que tienen como objetivo establecer un marco mínimo de protección a los derechos de las personas con capacidades diferentes, así como de las personas adultas mayores.

En ambos casos, el Congreso ha expedido las leyes que dan sustento a este esfuerzo, como son la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en junio de 2003, y la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores de junio de 2002. Estas leyes buscan coordinar los esfuerzos de los particulares y de las instituciones públicas para generar una estructura que permita la integración plena en las actividades políticas, económicas, sociales y culturales de las personas que integran estos grupos y que por razones inherentes a sus condiciones requieren de una protección adicional.

Estos instrumentos normativos han permitido la creación en un caso del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, así como la reestructura de un órgano ya existente pero que se fortalece a partir de la ley como es el actual Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. Dichos organismos descentralización cumplen funciones importantes desde el ámbito de las políticas públicas, y por lo tanto, corresponde a los legisladores adecuar las normas jurídicas necesarias para complementar estos esfuerzos.

Está por demás hablar sobre la condición que las mujeres embarazadas experimentan, quienes requieren de una acción solidaria y atenta que les proporcione facilidades al momento de cumplir con su derecho y obligación del sufragio.

Por lo tanto, la adición propuesta en el artículo 217 se refiere a permitir que tanto los electores con capacidades diferentes, las personas adultas mayores, es decir, aquellas mayores de sesenta años de edad, así como las mujeres embarazadas, puedan ejercer su derecho al voto sin necesidad de esperar en las filas correspondientes de la casilla donde deben sufragar. Si bien, dicha adición parecería una cuestión que no se requiere estar en la ley, por ser un acto que debería ser común como una norma social, considero necesario establecer en la misma para darle completa validez y que a partir de la ley, dicha norma pueda permear hasta convertirse en una norma de conducta generalizada. Actualmente, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Coahuila incorpora una disposición en este sentido.

Por último cabe señalar que se propone la adición de un párrafo dos al artículo 212, y los actuales párrafos correspondientes del dos al cinco, corran su numeración para quedar como párrafos tres, cuatro, cinco y seis. Esto en razón de aplicar una correcta técnica legislativa y establecer la excepción a la regla general, que se encuentra contenida en el párrafo inmediatamente anterior de este artículo.

En segundo lugar, esta iniciativa propone una reforma al artículo 212. El objetivo es establecer que el proceso de instalación de las casillas inicie treinta minutos antes de lo que señala la norma actualmente, y por lo mismo se propone se derogue el párrafo seis de este artículo 212. Si bien se propone que la instalación de comienzo a las 7:30 horas del día de la elección, la apertura de la casilla sería solo hasta las 8:00 horas, para continuar con una jornada electoral efectiva de diez horas. La razón es clara, y es el de permitir que en efecto la duración de la recepción de votos sea de diez horas efectivas, ya que actualmente inicia la instalación a las 8:00 horas, pero la recepción de los votos empieza varios minutos después. Esta propuesta permitirá aprovechar el tiempo al máximo en beneficio de la participación ciudadana. Como referencia, cabe indicar que la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Baja California contiene esta disposición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Decreto por el que se reforma el artículo 212; se adiciona el artículo 217 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se deroga un párrafo al artículo 212.

Artículo Único.- Se reforma el párrafo dos del artículo 212; se adiciona el párrafo dos al artículo 217, y se recorren los párrafos dos, tres, cuatro y cinco para quedar como párrafos tres, cuatro, cinco y seis, del artículo 217 respectivamente; y se deroga el párrafo seis del artículo 212, todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 212.-

1. ...

2. El primer domingo de julio del año de las elecciones ordinarias a las 7:30 horas, los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran. En el caso de que no se pudiera llevar a cabo la instalación de la casilla, se estará a lo dispuesto en el artículo 213 de este código. A partir de las 8:00 horas deberá abrirse la casilla para recibir la votación, y en ningún caso podrá ser antes de esta hora.

3. ...

4. ...

5. ...

6. Derogado.

7. ...

Artículo 217.-

1. ...

2. Los electores con capacidades diferentes, aquellos mayores de 60 años y las mujeres embarazadas tendrán derecho preferencial para emitir su voto, sin necesidad de hacer fila.

3. Los presidentes de casilla permitirán emitir su voto a aquellos ciudadanos cuya credencial para votar contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio.

4. En el caso referido en el párrafo anterior, los Presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los términos de este Código, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo.

5. El presidente de la casilla recogerá las credenciales para votar que tengan muestras de alteración o no pertenezcan al ciudadano, poniendo a disposición de las autoridades a quienes las presenten.

6. El secretario de la Mesa Directiva anotará el incidente en el acta respectiva, con mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo, a los 8 días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Corella Torres. De acuerdo con su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO PENAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Sí...? El diputado Leonel Sandoval...

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (desde la curul): Sí. Gracias, diputada Presidenta: nada más para solicitarle respetuosamente que la iniciativa que acaba de presentar sea tan amable también en turnarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que es el Código Penal, vamos a turnarla para opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli:A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

El diputado Leonardo Álvarez Romo: Con su venia, diputada vicepresidenta; compañeras y compañeros legisladores: apoyar a los artesanos y las artesanas de México, en su mayoría indígenas, para mejorar su nivel de vida y preservar los valores culturales de la tradición milenaria de México es de suma importancia.

Tenemos que vincular la creatividad de los indígenas de México con el consumidor, a través de programas de apoyo y estrategias de comercialización que aseguren el posicionamiento de sus productos en el mercado nacional e internacional. Guatemala es uno de los principales distribuidores de artesanías mexicanas falsas fabricadas en Asia: aretes, pulseras, collares, guayaberas yucatecas, sarapes, jorongos... cualquiera pensaría que son artesanías mexicanas; sin embargo, son fabricadas en China y Corea. Dicha mercancía es introducida legalmente en Guatemala, pero de Guatemala a México se busca introducirla ilegalmente.

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que responde a la necesidad de promover el desarrollo humano, social y económico de las artesanas y los artesanos de México y fue constituido el 14 de julio de 1974, pero ha tenido un pobre desempeño. Tiene como objetivo lograr mejorar los niveles de vida de los artesanos de México diseñando y ejecutando acciones de largo plazo basadas en el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias de los artesanos que les permitan la generación consistente de recursos económicos. Aprovechamos el momento para exigir al gobierno la aplicación fuerte y contundente de los objetivos por los que nació este Fondo para el Fomento de las Artesanías.

Por otra parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene que cumplir el objetivo de establecer una nueva cultura de propiedad industrial en sectores artesanales del país y capacitar a los indígenas para proteger el conocimiento ancestral e incentivar la creatividad y la protección de las invenciones y los signos distintivos en beneficio de las actividades industriales y comerciales de México. Ante la imitación de la artesanía mexicana fabricada en Asia y el peligro que representa para la actividad artesanal como sustento y forma de vida cultural y económica de muchas familias indígenas, debemos contribuir a la mejora de sus niveles y preservar los valores de su cultura.

Un instrumento que puede lograr lo anterior es la denominación de origen, definida como el nombre de una región geográfica de un país que sirve para designar el producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural humano. Con ella se pueden designar productos alimenticios y bebidas; por ejemplo, Tequila u objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica, por ejemplo Olinalá. El uso ilegal de la denominación de origen es sancionado, como en los casos que se utilicen indicaciones tales como género, tipo, manera, imitación u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

En este orden de ideas, se debe estimular el uso de la figura de denominación de origen para proteger en mayor medida a las artesanas y los artesanos mexicanos, y a través de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria propiciar medidas que alienten el crecimiento de este sector y protejan su operación. En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso b) de la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para proteger el de-sarrollo de la microindustria y la actividad artesanal mediante la gestión del certificado de origen.

Lo hacemos para preservar parte del alma de la nación mexicana porque México es un pueblo de arquitectos, pintores, escultores, escritores, poetas, artistas y, por supuesto, artesanos y artesanas. La mano milenaria y sensible de las y los indígenas y la mano mestiza de siglos han moldeado y esculpido con maestría infinidad de objetos con diseños que hoy son parte del rostro orgulloso de la cultura mexicana que se ve en el mundo y no de China ni de Corea. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, presentada por el diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Economía la presente iniciativa que modifica el inciso B de la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Apoyar a los artesanos y las artesanas de México para contribuir a la mejora de sus niveles de vida y preservar los valores de su cultura tradicional es de suma importancia, así como vincular su creatividad con el consumidor final a través de programas de apoyo y estrategias de comercialización que aseguren el posicionamiento de productos artesanales de calidad en el mercado nacional e internacional.

Guatemala, es uno de los principales distribuidores de artesanías mexicanas fabricadas en Asia, aretes, pulseras, collares, guayaberas yucatecas, sarapes, jorongos, cualquiera pensaría que son mexicanos, sin embargo, son fabricados en China y Corea, la mercancía es introducida legalmente a Guatemala, pero de Guatemala a México muchos compradores buscan introducirla ilegalmente.1

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, es un fideicomiso público del Gobierno Federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que responde a la necesidad de promover el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México, fue constituido el 14 de julio de 1974 por mandato del Ejecutivo federal.

Tiene como objetivo lograr mejorar los niveles de vida de los artesanos de México, diseñando y ejecutando acciones de largo plazo basadas en el fortalecimiento de las capacidades individuales y comunitarias de los artesanos; que les permita la generación consistente de recursos económicos.

Una modalidad de apoyo a los artesanos se realiza mediante la adquisición de artesanías, que constituye una forma importante de incrementar los ingresos de los productores ya que les permite continuar con el siguiente ciclo de producción y con ello asegurar su fuente de autoempleo.

El sistema de adquisiciones cuenta con cinco Centros de Acopio ubicados en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, así como en la ciudad de México, desde donde se realizan las compras de los estados circunvecinos.

Por su parte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene como objetivos contribuir el establecimiento de una nueva cultura de propiedad industrial entre los distintos sectores del país, así como difundir los beneficios que ésta ofrece.

Una de las tareas de la Promoción del Instituto se basa en la capacitación de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las personas, empresas e instituciones de investigación o enseñanza superior, el conocimiento y alcance de esta protección para incentivar la creatividad y la protección de las invenciones y los signos distintivos en beneficio de las actividades industriales y comerciales.

Por ello, el Instituto dentro de sus actividades lleva a cabo seminarios y talleres de propiedad industrial en donde se abordan diferentes tópicos que enfatizan la importancia de la protección de las invenciones, el papel que desempeñan las marcas en el comercio, el combate a la piratería y competencia desleal, así como la utilización de la información tecnológica como herramienta para la competitividad, entre otros.

Como parte de esta labor, el Instituto también participa en ferias tecnológicas, comerciales y artesanales, que son foros idóneos para dar a conocer servicios a través de la asesoría especializada a los sectores empresarial, de investigación y educativo, principalmente.

Ante la imitación de artesanía mexicana fabricada en Asia y el peligro que esto representa para la actividad artesanal como sustento y forma de vida de muchas familias, debemos contribuir a la mejora de sus niveles y preservar los valores de su cultura.

Un instrumento que puede lograr lo anterior es la denominación de origen, definida como el nombre de una región geográfica de un país que sirve para designar el producto originario de la misma y cuya calidad y características se deben exclusivamente al medio natural humano, con ella se pueden designar productos alimenticios y bebidas, por ejemplo ``Tequila'', objetos de artesanía elaborados en una región o zona geográfica, por ejemplo ``Olinalá''.

El uso ilegal de la denominación de origen es sancionado, como casos en los que se utilicen indicaciones tales como género, tipo, manera, imitación u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

En este orden de ideas, se debe estimular el uso de la figura de denominación de origen para proteger en mayor medida a los artesanos mexicanos para que a través de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria se propicien medidas que alienten el crecimiento de este sector y protejan su operación.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el inciso B de la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal para quedar en los siguientes términos:

Artículo Único.- Se modifica el inciso B de la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal Para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal para quedar:

Artículo 37 ...

Fracción IX ...A) ...

B) Proponer los criterios para otorgar los certificados de origen, proteger el desarrollo de la microindustria y la actividad artesanal mediante la gestión del mismo, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 8 del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.»

Nota:

1 Cuidado con las artesanías pirata por Leonardo Ferrera; Fuente: Noticieros Televisa; http://www.esmas.com/noticierostelevisa/noticieros/306019.html

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Álvarez Romo.Se turna la iniciativa a la Comisión de Economía.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, compañera Presidenta: pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa, que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atento a la siguiente exposición de motivos:

Primero. El artículo 6o. constitucional establece que: ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''. Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es por tanto básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.

Segundo. El concepto de educación cívica no es simplemente un concepto sin fondo plasmado en la ley, sino una meta idealista, proclive al establecimiento y la consolidación de una verdadera cultura social cívicamente madura, que nos permita a los mexicanos actuar de manera coherente, razonada y objetiva, en aras de trabajar con un rumbo cierto y claro para alcanzar el bien común. Pero es evidentemente lógico que nuestras acciones como ciudadanos dentro de nuestra sociedad para funcionar como tal de manera sistemática deben estar unificadas y coordinadas por nuestros criterios emanados de los análisis lógicos que podamos generar en función directa de la información básica a que tenemos que acceder necesariamente, y dicha información debe ser proporcionada de manera veraz y oportuna por nuestras propias autoridades.

Dado que todo mandatario o servidor público está obligado a rendir buenas cuentas de su desempeño a quien le ha encomendado tan alto honor e invaluable responsabilidad, el pueblo, no es un simple protocolo sin importancia previsto en la Constitución, en su artículo 69, el hecho que el Ejecutivo federal deberá rendir su informe para dar cuenta del estado que guarda su administración, y lo hace además ante el órgano máximo de la representación popular, que es el Congreso de la Unión.

Tercero. En función de lo anteriormente razonado, resulta factible concluir que es imperiosa necesidad cambiar los esquemas políticos que hasta hoy no han resultado ser cuán eficaces habríamos querido y mucho menos que requiere nuestra nación.

Por ello es importante que, como parte integral de los programas de educación cívica a cargo de los organismos electorales, se contemple la difusión del trabajo de todos los representantes populares para permitir a nuestra ciudadanía ir valorando el desempeño de sus representantes y tomarlos en cuenta para sus posteriores decisiones democráticas, con el claro interés de no beneficiar ni de perjudicar a nadie en especial o en lo singular, sino con la alta misión de beneficiar nuestra nación con la incorporación progresiva de verdaderos funcionarios éticos y con un claro sentido de nacionalismo, independientemente del partido de que se trate, porque cuando en los comicios gana el mejor candidato con base en capacidades y valores cívico-sociales, nadie, pero nadie pierde.

Cuarto. Hoy por hoy, vivimos momentos clave en nuestra historia, y en nuestras manos está aprovechar la oportunidad de actuar para corregir los errores que nos impiden el verdadero desarrollo como una nación fuerte y progresiva. Por lo que a mí respecta, debo aprovechar mi posición de representante popular para presentar esta iniciativa que pretende abonar en algo a nuestro sistema democrático, aunque no sea una solución definitiva, pero sí un comienzo, una continuación en la búsqueda de una consolidación. Por lo expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforman los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 7. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral.

No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal ni ejercer en circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección. En caso de haber ejercido el cargo de diputado federal o senador, para postularse a la Presidencia de la República se debe haber cumplido previamente la obligación de presentar los informes anuales individuales relativos a las actividades desempeñadas e iniciativas presentadas. Y en el caso de las candidaturas a diputados federales y senadores, quien ejerció el cargo de senador y pretende ser diputado federal o quien ejerció el cargo de diputado federal y pretende ser senador deberá haber cumplido previamente la obligación de presentar sus informes anuales individuales relativos a las actividades desempeñadas y las iniciativas presentadas.

Los informes citados en los dos últimos incisos deberán ser presentados ante el Instituto Federal Electoral en el mes de octubre, salvo en el caso en que se separe del cargo de manera previa, en cuya situación se tendrán 15 días para presentar el informe preliminar respectivo a los últimos meses previos.

En el artículo 96, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

Acordar con el secretario ejecutivo los asuntos de su competencia.

Coordinarse con las juntas locales ejecutivas para la programación y difusión pública de los informes entregados por los diputados y senadores a que se refiere el artículo 7o. de este código, como parte de actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica.

Las demás que confiere este Código en el artículo 101 son atribuciones de los vocales ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes:

Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica.

Coordinarse con las juntas distritales para la programación y difusión pública de los informes entregados por diputados y senadores a que se refiere el artículo 7o. de este código, como parte de las actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica.

Las demás que señale el Código son atribuciones de los vocales ejecutivos y las juntas distritales en sus respectivos ámbitos de competencia.

Informar a la vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades.

Ejecutar la programación y difusión aprobada de los informes entregados por los diputados y los senadores a que se refiere en el artículo 7o. de este código, como parte de las actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica.

Las demás que señale este código.

Transitorios. Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo de 2005.

Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI

Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atento a la siguiente

Exposición de Motivos

Primero.- El artículo 6o. constitucional, establece que ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''. Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.

Segundo.- El concepto de la educación cívica no es simplemente un concepto sin fondo plasmado en la ley, sino una meta idealista proclive al establecimiento y consolidación de un verdadera cultura social y cívicamente madura, que nos permita a los mexicanos actuar de manera coherente, razonada y objetiva en aras de trabajar con rumbo cierto y claro para alcanzar el bien común, pero es evidentemente lógico que nuestras acciones como ciudadanos dentro de nuestra sociedad, para funcionar como tal, de manera sistemática debe estar unificada y coordinada por nuestros criterios emanados de los análisis lógicos que podamos generar en función directa de la información básica a la que tenemos que acceder necesariamente. Y dicha información debe ser proporcionada de manera veraz y oportuna por nuestras propias autoridades, dado que como todo mandatario o servidor público está obligado a rendir buenas cuentas de su desempeño a quien le encomendado tan alto honor e invaluable responsabilidad, el pueblo.

Por ello, no es un simple protocolo sin importancia, previsto en la Constitución, en su artículo 69 el hecho de que el Ejecutivo federal deba rendir su informe para dar cuenta del estado que guarda su administración y lo hace además ante el órgano máximo de representación popular que es el Congreso de la Unión.

Tercero.- En función de lo anteriormente razonado, resulta concluir que es de imperiosa necesidad cambiar los esquemas políticos que hasta hoy no han resultado ser lo eficaces que hubiésemos querido y mucho menos que requiere nuestra nación. Por ello es importante que, como parte integral de los programas de educación cívica a cargo de los organismos electorales se contemple la difusión del trabajo de todos los representantes populares, para permitirle a nuestra ciudadanía ir valorando el desempeño de sus representantes y tomarlo en cuenta para sus posteriores decisiones democráticas, con el claro interés no de beneficiar ni de perjudicar a nadie en especial o en lo singular sino con la alta misión de beneficiar a nuestra nación con la incorporación progresiva de verdaderos funcionarios éticos y con un claro sentido de nacionalismo, independientemente del partido de que se trate, por que cuando en los comicios electorales gana el mejor candidato en base a capacidades y valores cívicos y sociales, nadie pierde.

Cuarto.- Hoy por hoy vivimos momentos claves en nuestra historia, y en nuestras manos está el aprovechar la oportunidad de actuar para corregir los errores que nos impiden el verdadero desarrollo como una nación fuerte y progresiva, por lo que a mi respecta, debo aprovechar mi posición de representante popular para presentar esta iniciativa que pretende abonar en algo a nuestro sistema democrático, aunque no sea una solución definitiva, pero si un comienzo o continuación en la búsqueda de su consolidación.

Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único: Se reforman los artículos 7, 96, 101 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 7

1. Son requisitos para ser diputado federal o senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes:

a) al d). ...

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral;

f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección;

g) En caso de haber ejercido el cargo de diputado federal o senador, para postularse a la presidencia de la República, se debe haber cumplido previamente con la obligación de presentar los informes anuales individuales, relativos a las actividades desempeñadas e iniciativas presentadas; y

h) En el caso de las candidaturas a Diputados Federales y Senadores, quien ejerció el cargo de Senador y pretende ser Diputado Federal o quien ejerció el cargo de Diputado Federal y pretende ser Senador deberá haber cumplido previamente con la obligación de presentar sus informes anuales individuales, relativos a las actividades desempeñadas y las iniciativas presentadas.

Los informes citados en los dos últimos incisos deberán ser presentados ante el Instituto Federal Electoral en el mes de octubre, salvo el caso en que se separe del cargo de manera previa, en cuya situación se tendrá 15 días para presentar el informe preliminar respectivo a los últimos meses previos.

Artículo 96

1. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:

a) al f) ...

g) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;

h) Coordinarse con las Juntas Locales Ejecutivas para la programación y difusión pública de los informes entregados por los Diputados y Senadores a que se refiere el artículo 7 de este Código, como parte de las actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica; y

i) Las demás que le confiera este Código.

Artículo 101

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes:

a) al g) ...h) Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica;

i) Coordinarse con las Juntas Distritales para la programación y difusión pública de los informes entregados por los Diputados y Senadores a que se refiere el artículo 7 de este Código, como parte de las actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica; y

j) Las demás que les señale este Código.

2. ...

Artículo 111

1. Son atribuciones de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes:

a) al h) ...

i) Informar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades;

j) Ejecutar la programación y difusión pública aprobada de los informes entregados por los Diputados y Senadores a que se refiere el artículo 7 de este Código, como parte de las actividades inherentes que deben contemplar los programas de educación cívica; y

k) Las demás que le señale este Código.

2. ...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero de 2005.--- Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Moreno Arévalo. Y túrnese a la Comisión de Gobernación.

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CODIGO PENAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En relación con la solicitud del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa para turnar a la Comisión de Programación y Presupuesto, es la iniciativa que usted presentó. ¿No es así, diputado? La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII y se recorre con reformas la fracción XIII del artículo 215 del Código Penal Federal. Ésta es la que usted solicita que también tenga la opinión de la Comisión de Presupuesto. Sonido en la curul de la diputada Scherman, por favor.

La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Señora Presidenta: lo que sucede es que la iniciativa que presenta el diputado Leonel Sandoval íntegramente está relacionada con el ejercicio del gasto público. Si usted no tuviese inconveniente, le rogaríamos que pudiera ser turnada para su dictamen. Ojalá me pudiese obsequiar esta solicitud.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Es que, en principio, es del Código Penal Federal; por eso va a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Si ustedes lo consideran, lo podemos hacer ``Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia y Derechos Humanos''.

En primer lugar, va a la de Justicia y Derechos Humanos y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, en Comisiones Unidas. Y con relación a la iniciativa presentada por el diputado Corella Torres, ésta queda exclusivamente en la Comisión de Gobernación. Okey. Gracias.

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ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconducción.

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia: a partir de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría absoluta de un solo partido en la Cámara de Diputados. A partir de entonces, la conformación numérica de los grupos parlamentarios representados en este órgano ha conllevado a una reconformación de las relaciones y negociaciones interparlamentarias para la aprobación, entre otras muchas, de las iniciativas de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el transcurso de los años, es cada más evidente la necesidad de realizar modificaciones para adecuar el marco jurídico, de tal modo que no se vuelvan a presentar situaciones que, en lugar de beneficiar, están perjudicando el desarrollo de la función del gobierno, como es el hecho de no tener un Presupuesto en el tiempo marcado por la ley.

Por ende, es de suma importancia que se establezca en la Constitución el procedimiento o mecanismo que ha de aplicarse para el supuesto en que no estuviera aprobado el Presupuesto de Egresos en el tiempo legal, a fin de generar certidumbre y claridad en el proceso económico del país. En efecto, debe impulsarse una reforma del proceso presupuestal en la Cámara que dé certidumbre y seguridad jurídica, y promueva la estabilidad en los procesos de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como evitar la tensión política e institucional que cada fin de año representa la aprobación de dicho instrumento, eliminando la incertidumbre en torno de una posible parálisis de las funciones del Estado.

La función de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos, además de ser legislativa, es sin duda una forma de control político, por la propia naturaleza de este órgano representativo de los intereses populares. En términos jurídicos, el control --en sus diversas formas y facetas-- tiene un contenido preciso: hacer efectivo el principio de limitación de poder; es decir, todos los medios de control que existan en un Estado de derecho tienen la finalidad de evitar abusos y de fiscalizar la actividad de los gobernantes y de las instituciones de gobierno.

En la actividad financiera, control se puede definir como el proceso y efecto de fiscalización y revisión de la actividad económica del Estado, llevada a cabo por los órganos que constitucionalmente tienen asignadas esas tareas, con objeto de que la actividad de la administración se desarrolle de conformidad con los principios constitucionales y legales en un Estado democrático. El Presupuesto tiene un carácter político y económico por las siguientes razones:

El Presupuesto está compuesto por recursos que se extraen de la sociedad y representan cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona con el poder del Estado de meter la mano en los bolsillos y decidir sobre su asignación. Esa decisión sobre cómo ha de distribuirse el Presupuesto revela las prioridades del gobierno y permite evaluarlo por medio del análisis de sus impactos, así como de su revisión.

El Presupuesto tiene un peso macroeconómico muy evidente en el crecimiento, el empleo, la inflación y la estabilidad. Las políticas de ingresos y de asignación del gasto público son elementos clave de la política económica. Tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y el desarrollo social; son además impactos de largo alcance. Con particular fuerza en países en desarrollo como México, el Presupuesto público estimula la acumulación de capital físico y la inversión de capital humano.

El Presupuesto tiene un evidente impacto en la economía y el desarrollo en su conjunto, pero también la tiene en la vida de los habitantes del país. Tiene un peso macroeconómico con la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. Otro factor que da gran importancia al Presupuesto es el hecho de que constituye la sustancia de funcionamiento gubernamental; representa los recursos del Estado. El Presupuesto tiene una estrecha relación con la política y con el poder. La acción gubernamental repercute de forma determinante en la estructura política: la consolida y erosiona; siempre la modifica.

Las acciones gubernamentales debilitan o favorecen a grupos, regiones, sectores económicos, sociales o geográficos. Desde esta perspectiva, el Presupuesto es parte clave de la política, pues asigna todos sus recursos. Luego entonces, y dada la importancia social del Presupuesto y ante la presencia de una laguna jurídica constitucional, se hace indispensable buscar una solución al respecto para el caso de que iniciara el año fiscal y no estuvieran aprobados dichos proyectos, evitar la parálisis estatal y la probable ingobernabilidad del Estado.

En este sentido, cabe acotar que el derecho constitucional comparado establece varios mecanismos para garantizar la disponibilidad de un Presupuesto al inicio de cada ejercicio fiscal. Uno de ellos es materia de la presente iniciativa: que se tenga por aprobado el Presupuesto presentado por el Ejecutivo. Este mismo mecanismo se aplica en países sudamericanos como Chile o Bolivia.

La iniciativa pretende evitar que, en la aprobación de los próximos Presupuestos, la Cámara de Diputados recurra a la argucia del denominado ``reloj parlamentario'' para aprobarlo no cuando la Constitución lo marca sino cuando sus arreglos políticos lo permitan. Y, aún más, para desincentivar tal acción, la de no aprobar el Presupuesto en las fechas marcadas constitucionalmente, se debe establecer en el texto constitucional que si cumplida la fecha establecida como límite para aprobar el Presupuesto éste aún no ha sido aprobado, entre en vigor el Presupuesto originalmente propuesto por el Ejecutivo, en una especie de afirmativa ficta, lo cual quedaría establecido en un nuevo cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional.

En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconducción presupuestal, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Fracción IV, cuarto párrafo: Si cumplida la fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación señalada en alguno de los dos párrafos anteriores, según sea el caso, la Cámara de Diputados aún no lo hubiere aprobado, regirá para el siguiente año el Presupuesto originalmente propuesto por el Ejecutivo federal. Es cuanto, Presidenta.

«Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconducción presupuestal, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconducción presupuestal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Fue a partir de la LVII legislatura del H. Congreso de la Unión cuando la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría absoluta de un solo partido en la Cámara de Diputados. A partir de entonces, la conformación numérica de los grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo ha conllevado a una reconformación de las relaciones y negociaciones interparlamentarias para la aprobación, entre otras muchas iniciativas, la del presupuesto de Egresos de la Federación.

Con el transcurso de los años, es cada vez mas es evidente la necesidad de realizar modificaciones constitucionales para adecuar el marco jurídico, de tal modo, que no se vuelvan a presentar situaciones que, en lugar de beneficiar, están perjudicando el desarrollo de la función del gobierno, como es el hecho de no tener un presupuesto en el tiempo marcado por la ley (hecho que ha acontecido ya en mas de una ocasión en los últimos cinco años).

Por ende, es de suma importancia que se establezca en la Constitución el procedimiento o mecanismo que ha de aplicarse para el supuesto de que no estuviera aprobado el Presupuesto de Egresos en el tiempo legal, a fin de generar certidumbre y claridad en el proceso económico del país.

En efecto, debe impulsarse una reforma al proceso presupuestal en la Cámara que dé certidumbre, seguridad jurídica y promueva la estabilidad en los procesos de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como evitar la tensión política e institucional que cada fin de año se presenta en la aprobación de dicho instrumento, eliminando la incertidumbre en torno a una posible parálisis de las funciones del Estado.

Nuestro marco constitucional vigente necesita una renovación al procedimiento legal para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. La interpretación de los preceptos actuales que regulan este procedimiento deben ser vanguardistas, siempre y cuando pensemos en un México de progreso y que debe estar fundamentado, entre otras cosas, en finazas públicas transparentes y sanas, misas que, siguiendo los principios de división de poderes, sean justamente un equilibrio.

La función de la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos, además de ser legislativa, es sin duda una forma de control político (por la propia naturaleza de órgano representativo de los intereses populares). En términos jurídicos, el control, bajo sus diversas formas y facetas, tiene un contenido preciso: hacer efectivo el principio de limitación de poder, es decir, todos los medios de control que existen en un Estado de Derecho tienen la finalidad de evitar abusos y fiscalizar la actividad de los gobernantes y de las instituciones de gobierno.

En la actividad financiera, el control se puede definir como el proceso y efecto de fiscalización y revisión de la actividad económica del Estado, llevado a cabo por los órganos que constitucionalmente tienen asignadas esas tareas, con el objeto de que la actividad de la administración se desarrolle de conformidad con los principios constitucionales y legales de un Estado democrático.

Como lo acotan Guerrero y Valdés Palacio, son seis las causas que muestran la importancia del presupuesto y que tienen un carácter político, económico y social, y estas son las siguientes:

a) El presupuesto está compuesto por recursos que se extraen a la sociedad y representan cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona con el poder del Estado de meter la mano en los bolsillos y decidir sobre su asignación.

b) En esa decisión sobre cómo ha de distribuirse, el presupuesto revela las prioridades del gobierno y permite evaluarlo por medio del análisis de sus impactos, así como de la revisión - auditoría.

c) El presupuesto tiene un peso macroeconómico muy evidente en el crecimiento, el empleo, la inflación y la estabilidad. Las políticas de ingreso y de asignación del gasto público son elementos clave de la política económica: tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y en el desarrollo social; son además, impactos de largo alcance. Con particular fuerza, en países en desarrollo como México, el presupuesto público estimula la acumulación de capital físico y la inversión en capital humano. Por ejemplo, políticas tributarias y políticas de gasto son instrumentos fundamentales para paliar la insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de la deuda (interna y externa), contener el alza de precios, mantener la estabilidad macroeconómica y redistribuir el ingreso mediante la reasignación de recursos y esfuerzos hacia programas sociales --educación, mejora en los servicios de salud, disminución de los grados de pobreza, provisión de seguridad pública, creación de infraestructura, desarrollo regional, alientos a la producción, entre otros.

d) El presupuesto tienen un evidente impacto en la economía y el desarrollo en su conjunto, pero también lo tiene en la vida de los habitantes del país; tiene un peso macroeconómico (distribución del ingreso, educación, servicios, oportunidades) con la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. Se pueden paliar las desigualdades a través de la política fiscal acordada en los órganos de representación popular y garantizar así un piso mínimo de bienestar para el conjunto de los ciudadanos.

e) Otro factor que le da gran importancia al presupuesto es el hecho de que constituye la sustancia del funcionamiento gubernamental: representa los recursos del Estado.

f) El presupuesto tiene una estrecha relación con la política (impacto político) y con el poder. La acción gubernamental repercute en forma determinante en la estructura política: la consolida, la erosiona, siempre la modifica. Las acciones gubernamentales debilitan o favorecen a grupos, regiones, sectores económicos, sociales, geográficos. Desde esta perspectiva, el presupuesto es parte clave de la política, pues asigna recursos.

Luego entonces, y dada la importancia social del presupuesto, y ante la presencia de una laguna jurídica constitucional, es que se hace indispensable buscar una solución al respecto para el caso de que al iniciar el año fiscal no estuvieran aprobados dichos proyectos, y evitar la parálisis estatal y la probable ingobernabilidad del Estado.

En este sentido, cabe acotar que en el derecho constitucional comparado se establecen varios mecanismos para garantizar la disponibilidad de un presupuesto al inicio de cada ejercicio fiscal, uno de ellos es materia de la presente iniciativa: el que se tenga por aprobado el presupuesto del Ejecutivo (mecanismo que se aplica en Chile y Bolivia).

La iniciativa pretende evitar que en la aprobación de los próximos presupuestos, la Cámara de diputados recurra a la argucia del denominado ``reloj parlamentario'' para aprobarlo no cuando la Constitución lo marca, sino cuando sus ``arreglos políticos'' lo permitan. Y aún mas, para desincentivar tal acción --la de no aprobar el presupuesto en las fechas marcadas constitucionalmente--, se debe establecer en el texto constitucional que, si cumplida la fecha establecida como límite para aprobar el presupuesto, éste aún no ha sido aprobado, entre en vigor el presupuesto originalmente propuesto por el Ejecutivo, en una especie de afirmativa ficta, lo cual quedaría establecido en un nuevo cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional.

En virtud de lo expresado, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconducción presupuestal

Proyecto de Decreto

Artículo Único: Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reconducción presupuestal para quedar como sigue:

``Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

Si cumplida la fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación --señalada en alguno de los dos párrafos anteriores, según sea el caso-- la Cámara de Diputados aún no lo hubiere aprobado, regirá para el siguiente año el presupuesto propuesto originalmente por el Ejecutivo federal.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo Presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.``

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los ocho días del mes de marzo de dos mil cinco.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene la palabra nuestro compañero diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos. En virtud de que no se encuentra en el salón nuestro compañero diputado Pérez Góngora, tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La diputada Patricia Garduño Morales: Muchas gracias, señora Presidenta; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, en la fracción XXIII del artículo 71 y en la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El tema de la inseguridad pública es complejo. El análisis de las causas que han generado el grave problema que hoy se vive en este ámbito, así como las posibles propuestas de solución, requiere un análisis detenido. Atender los orígenes de los vicios e inercias que prevalecen en las instituciones de seguridad es hoy una cuestión urgente porque la inseguridad nos afecta a todos; nadie está exento de resentir sus efectos. Por eso, una de las vías más eficaces para enfrentarlo es la generación de políticas permanentes que involucren a la ciudadanía, particularmente en las acciones preventivas.

En un escenario en que las instituciones del Estado cuentan con recursos materiales y humanos limitados, y con instrumentos y equipo obsoletos, y en que --además-- se carece de programas modernos y actualizados, de estudios científicos y técnicos para combatir la delincuencia, es preciso emprender acciones que orienten las estructuras jurídicas y las instituciones al mantenimiento de la seguridad y dignidad de los gobernados. Dichas acciones deben ser planteadas desde una óptica integral, en la que las transformaciones partan de la necesidad de redimensionar el papel de las instituciones competentes en materia de seguridad pública.

Para Acción Nacional, la prevención del delito y la atención de las víctimas ha sido una prioridad, tanto en términos de estudio y análisis como por lo que se refiere a las políticas públicas destinadas a garantizarlas. Por ello, la presente propuesta de reformas y adiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla como medidas necesarias la incorporación de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública, partiendo de la premisa de que el problema de inseguridad es multifactorial, por lo que su abatimiento también está relacionado con las estrategias de desarrollo social y humano implantadas por el Estado, así como por la política educativa, y no exclusivamente con la política criminal.

En un programa integral de seguridad pública debe darse particular importancia al sistema de prevención de la delincuencia desde una perspectiva social, que contempla el fenómeno delictivo también como síntoma de la descomposición social resultado de la desigualdad y la pobreza. Por otra parte, consideramos necesario el establecimiento de la conferencia de planeación estratégica y modernización tecnológica en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se visualiza como un espacio en que los integrantes del sistema podrán compartir experiencias respecto a programas, equipos e instrumentos asociados a la modernización tecnológica, con objeto de disminuir la vulnerabilidad de las instituciones a las nuevas formas de comisión de ilícitos asociados al desarrollo de la tecnología electrónica e informática, por lo que se prevén la discusión, el diseño y la implantación de políticas de seguridad e infraestructura que den respuesta a incidentes relacionados con estafas y fraudes informáticos, piratería, pornografía infantil y virus informáticos, por mencionar algunos ejemplos.

Otro de los aspectos importantes de esta propuesta es el establecimiento del registro nacional de auxiliares de seguridad. Considerando que es una enorme responsabilidad que entre distintos entes del Estado realicen dicha labor, pensamos que la función auxiliar de seguridad debe corresponderse con la obligación del Estado de vigilar, supervisar y evaluar constantemente al personal que lleva a cabo dicha función ante la sociedad a través de un esquema de coordinación.

Por esa razón consideramos que la investigación, registro e identificación de los elementos operativos de las empresas de seguridad privada deben llevarse a cabo bajo los mismos lineamientos que los expedidos para los servidores públicos que prestan este servicio, toda vez que es necesario que tanto la Federación como los estados, el Distrito Federal y los municipios cuenten con información veraz y oportuna sobre los integrantes de las empresas de seguridad privada, para garantizar que son personas aptas para prestar dicho servicio, más aun cuando se ha demostrado que en todo el país operan numerosas empresas de seguridad privada formadas por personas poco confiables, que cuentan con antecedentes criminales o de desempeño inadecuado en instituciones de seguridad pública, bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Por ello es preciso que el personal operativo auxiliar de seguridad se inscriba obligatoriamente en el registro nacional que esté disponible para las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de otorgar, renovar y retirar las autorizaciones de funcionamiento a las empresas de seguridad privada. Lo anterior, con la finalidad de garantizar que, efectivamente, las empresas sean auxiliares en la prestación del servicio de seguridad a la ciudadanía y no sean, como ocurre en muchos casos, fachadas de organizaciones delictivas.

Aunado a lo anterior y a efecto de hacer frente a la situación de incumplimiento, retraso y negligencia en la inscripción y actualización del registro nacional de personal de seguridad, se prevé otorgar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la facultad de denunciar ante la autoridad correspondiente a los servidores públicos responsables de inscripción en los registros cuando éstos no hayan cumplido su obligación o la retrasen o exista negligencia respecto a la información proporcionada tanto al registro nacional de personal de seguridad como al registro nacional de auxiliares de seguridad, para que sean sancionados de conformidad con lo establecido en las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal o local, según corresponda.

Por otra parte, se prevé que el servicio de comunicación que se contempla en el artículo 48 de la ley vigente se brinde a través de un número único de emergencia en todo el país a través del cual la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios reciban los reportes de la comunidad que les corresponda sobre emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento. La finalidad es facilitar el acceso de la población a los servicios de instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas que requiera, sin tener que identificar y memorizar infinidad de números telefónicos, ya sean de la Federación, el estado o municipio, dependiendo del servicio que requiera y de la autoridad competente para otorgárselo, lo que generalmente se traduce en retraso en el acceso al servicio o de plano en la negación del mismo por la desinformación.

La esencia de estas propuestas tiene dos vertientes: por una parte, la prevención del delito; y, por otra, el acceso oportuno y eficiente de la población a los servicios de seguridad. Conscientes de que la construcción de un esquema de seguridad pública a la altura del desafío que tenemos hoy es un proyecto de largo plazo, la presente propuesta es una aportación de mi partido, Acción Nacional, que se suma al esfuerzo de renovación de nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia que permita la construcción de una patria que ofrezca justicia, libertad y seguridad efectiva a todos los mexicanos.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por razones de tiempo, Presidenta, no daré lectura al articulado de la iniciativa, por lo que solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por la atención de todos, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Patricia Garduño Morales, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la inseguridad pública es complejo, el análisis de las causas que han generado el grave problema que hoy se vive en este ámbito, así como las posibles propuestas de solución requieren de un análisis detenido.

Atender los orígenes de los vicios e inercias que prevalecen en las instituciones de seguridad es hoy una cuestión urgente, porque la inseguridad nos afecta a todos. Nadie está exento de resentir sus efectos; por eso una de las vías más eficaces para enfrentarlo es la generación de políticas permanentes que involucren a la ciudadanía, particularmente en las acciones preventivas. Si bien, es función primordial del Estado procurar y salvaguardar el bien común de la sociedad, a través de la conservación del orden público; es decir, de la obligación del gobierno de impedir que los ciudadanos sean afectados en su vida, en sus derechos y en sus bienes.

A mediados del XVIII, Montesquieu declaraba que ``La libertad política del ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro''.

La seguridad se convierte entonces en el primero de los bienes y en el fin primario del gobierno, por lo que su abandono sería la ruina del Estado. Sin embargo, es evidente que con su actuación, el Estado no ha podido satisfacer las expectativas de seguridad de la sociedad y que su capacidad para combatir a la delincuencia no se ha transformado con la misma agilidad con la que han evolucionado la comisión de ilícitos y las organizaciones delictivas tanto en sus formas de organización como en sus métodos e instrumentos delictivos.

En un escenario en que las instituciones del Estado cuentan con recursos materiales y humanos limitados, tienen formas de organización y funcionamiento de los cuerpos policiales inoperantes, con instrumentos y equipo obsoleto y que, además, carecen de programas modernos y actualizados de estudios científicos y técnicos para combatir a la delincuencia, es preciso emprender acciones que orienten las estructuras jurídicas y las instituciones al mantenimiento de la seguridad de los derechos y dignidad de los gobernados.

Dichas acciones deben ser planteadas desde una óptica integral en que las transformaciones partan de la necesidad de redimensionar el papel de las instituciones competentes en materia de seguridad pública.

Para Acción Nacional la prevención del delito y la atención a las víctimas del delito han sido una prioridad, tanto en términos de estudio y análisis, como por lo que se refiere a las políticas públicas destinadas a garantizarlas.

Por ello, la presente propuesta de reformas y adiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla como medidas necesarias la incorporación de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación al Consejo Nacional de Seguridad Pública, partiendo de la premisa de que el problema de inseguridad pública es multifactorial, por lo que su abatimiento también está relacionado con las estrategias de desarrollo social y humano implementadas por el Estado, así como con la política educativa y no exclusivamente con la política criminal.

En un programa integral de seguridad pública debe darse particular importancia al sistema de prevención de la delincuencia desde una perspectiva social que contemple al fenómeno delictivo también como síntoma de la descomposición social resultado de la desigualdad y la pobreza.

En ese sentido, consideramos que la prevención del delito es una de las tareas principales de la política social y educativa, por lo que una visión integral del problema de inseguridad necesariamente tiene que contemplar a los encargados de la política social y educativa como promotores y colaboradores en la definición e implementación de estrategias, programas y aplicación de recursos para combatir a la delincuencia y prevenir el delito.

En este esfuerzo, también consideramos necesario el establecimiento de la Conferencia de Planeación Estratégica y Modernización Tecnológica en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que en el seno de esta conferencia se discutan, diseñen, desarrollen y compartan estrategias en todos los ámbitos de seguridad pública que resulten novedosas o que hayan demostrado su efectividad. Asimismo, la conferencia se visualiza como un espacio en que los integrantes del Sistema podrán compartir experiencias respecto a programas, equipos e instrumentos asociados a la modernización tecnológica con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de las instituciones a las nuevas formas de comisión de ilícitos asociadas al desarrollo de la tecnología electrónica e informática.

Por lo que se prevé la discusión, diseño e implementación de políticas de seguridad e infraestructura que de respuesta a incidentes relacionados con estafas y fraudes informáticos, piratería, pornografía infantil y virus informáticos, por mencionar algunos ejemplos.

Otro de los aspectos importantes de esta propuesta es el establecimiento del Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad, en virtud de que la función que desempeñan las empresas de seguridad privada en el país es de gran impacto en las condiciones de seguridad pública del país, toda vez que prestan servicios tales como, el de seguridad y protección de personas, de protección y vigilancia de lugares y establecimientos, así como la custodia y traslado de bienes o valores.

Considerando que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha determinado que la función desempeñada por las empresas de seguridad privada es auxiliar a las labores de seguridad pública, y que implica una enorme responsabilidad que entes distintos al Estado realicen dicha labor, es que consideramos que la función auxiliar de seguridad debe corresponderse con la obligación del Estado de vigilar, supervisar y evaluar constantemente al personal que lleva a cabo dichas funciones ante la sociedad a través de un esquema de coordinación.

Por esta razón, consideramos que la investigación, registro e identificación de los elementos operativos de las empresas de seguridad privada debe llevarse a cabo bajo los mismos lineamientos que los expedidos para los servidores públicos que prestan en el servicio de seguridad, toda vez que es necesario que tanto la Federación como los estados, el Distrito Federal y los municipios cuenten con información veraz y oportuna sobre los integrantes de las empresas de seguridad privada para garantizar que son personas aptas para prestar el servicio de seguridad.

Más aún cuando se ha demostrado que en todo el país operan numerosas empresas de seguridad privada formadas por personas poco confiables que cuentan con antecedentes criminales o de desempeño inadecuado en instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales, lo que desvirtúa la función original de las empresas, las cuales en ocasiones terminan convirtiéndose en empresas del crimen, promotoras principalmente de robos y secuestros, pues se ha demostrado que en la mayoría de los secuestros hay coparticipación de integrantes de corporaciones de seguridad tanto públicas como privadas, bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Por ello, es preciso que el personal operativo auxiliar de seguridad se inscriba obligatoriamente en un Registro Nacional que esté disponible para las autoridades Federales, estatales y municipales encargadas de otorgar, renovar y retirar las autorizaciones de funcionamiento a las empresas de seguridad privada.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar que, efectivamente, las empresas de seguridad privada sean auxiliares en la prestación del servicio de seguridad a la ciudadanía y no sean, como ocurre en muchos casos actualmente, fachada de organizaciones delictivas.

Consideramos que será un avance importante en materia de seguridad contar con los datos que permitan identificar y localizar a los auxiliares de seguridad en caso de que se presuma la comisión de actividades delictivas por éstos.

Aunado a lo anterior, y a efecto de hacer frente a la situación de incumplimiento, retraso y negligencia en la inscripción y actualización del Registro Nacional de Personal de Seguridad se prevé otorgar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la facultad de denunciar ante la autoridad correspondiente a los servidores públicos responsables de inscripción en los registros cuando estos no hayan cumplido con su obligación, la retrasen o exista negligencia respecto a la información proporcionada tanto al Registro Nacional de Personal de Seguridad como al Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad, para que sean sancionados de conformidad con lo establecido en las leyes orgánicas de la administración pública, federal o local, según corresponda.

Por otra parte, se prevé que el servicio de comunicación que se contempla en el artículo 48 de la ley vigente, se brinde a través de un Número Único de Emergencia en todo el país, a través del cual la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios reciban los reportes de la comunidad que les correspondan, sobre emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

La finalidad es facilitar el acceso de la población a los servicios de las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas que requieran sin tener que pasar por el vía crucis que representa tener que identificar y memorizar infinidad de números telefónicos, ya sean de la Federación, el Estado o municipio en que reside el ciudadano, dependiendo del servicio que requiera y de la autoridad competente para otorgárselo, lo que se traduce generalmente en retraso en el acceso al servicio o de plano en la negación del mismo por la desinformación.

La esencia de estas propuestas tiene dos vertientes, por una parte, la prevención social del delito y, por otra, el acceso oportuno y eficiente de la población a los servicios de seguridad.

Conscientes de que la construcción de un esquema de seguridad pública a la altura del desafío que tenemos hoy en día es un proyecto de largo plazo, la presente propuesta es una aportación de Acción Nacional que se suma al esfuerzo de renovación de nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia que permitan la construcción de una patria que ofrezca justicia, libertad y seguridad efectivas a todos los mexicanos.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforman, el primer párrafo del artículo 13, la denominación de la Sección Primera del Capítulo IV, y los artículos 26, 27, 30, 39 y 48 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue

Artículo 13

Para el conocimiento de las distintas materias a que se refiere esta ley, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará con las conferencias de prevención y de readaptación social, la de procuración de justicia, la de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes, la de planeación estratégica y modernización tecnológica, y la de participación municipal. También podrá formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y en particular, para el estudio especializado de las incidencias delictivas; en ellas podrán participar las dependencias y entidades de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios que, por razón de su competencia, tengan relación con el Sistema Nacional.

...

Capítulo IV De la Información Nacional sobre Seguridad Pública

Sección Primera De los Registros Nacionales del Personal de Seguridad Pública y Auxiliares de Seguridad

Artículo 26

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública contendrá la información relativa a los integrantes de las instituciones de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios.

El Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad contendrá la información relativa al personal operativo de las empresas que presten el servicio de seguridad privada. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, nombrarán al responsable de suministrar, intercambiar y actualizar la información al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 27

El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública contendrá, por lo menos: ...

Artículo 30

La consulta de los Registros será obligatoria y previa al ingreso de toda persona a cualquier institución policial, incluyendo las de formación, o empresas de seguridad privada. Con los resultados de la consulta la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes.

Artículo 39

Las normas generales para la recepción, suministro e intercambio de la información serán establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por conducto del Secretario Ejecutivo.

Artículo 48

El Consejo Nacional dispondrá un Número Único de Emergencia a través del cual la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

Artículo Segundo.- Se adicionan, dos fracciones al artículo 12 que quedarán como fracciones VI y VII recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes, un segundo párrafo al artículo 25, el artículo 27 bis, un párrafo segundo al artículo 39 y el artículo 43 bis a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12

El Consejo Nacional será la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional y estará integrado por:

I a V ...

VI. El Secretario de Desarrollo Social.

VII. El Secretario de Educación.

VIII. El Procurador General de la República.

IX. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal; y

X. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 25

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere esta ley.

Para tal efecto, nombrarán un responsable de inscripción de información.

Artículo 27 bis.

El Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad contendrá los datos que permitan identificar y localizar al auxiliar de seguridad, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como su trayectoria en servicios de seguridad pública y privada.

Artículo 29

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública ostentarán una identificación que incluya fotografía, nombre, nombramiento y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

Los auxiliares de seguridad ostentarán una identificación que incluya fotografía, nombre y clave de inscripción en el Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad.

Artículo 43 bis

El incumplimiento en la inscripción de información de seguridad pública será motivo de sanción para el responsable de la inscripción. La aplicación de sanciones se hará de conformidad con lo dispuesto en las leyes orgánicas de la administración pública, federal o local, según corresponda.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública denunciará ante la autoridad correspondiente al servidor público que incumpla, retrase o actué con negligencia en la inscripción de información de seguridad pública.

Transitorios

Artículo Primero

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo

El Ejecutivo Federal, conforme a las disposiciones legales aplicables, realizará anualmente las transferencias presupuestarias necesarias, a efecto de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ponga en operación el Registro Nacional de Auxiliares de Seguridad y el servicio del Número Único de Emergencia a más tardar en octubre de 2007.

Artículo Tercero

Se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Garduño Morales. De acuerdo con su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado iniciativa que habría de presentar el diputado Juan Carlos Pérez Góngora. A solicitud de él y por economía procesal, se solicita que esa iniciativa, que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del PRI

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Juan Carlos Pérez Góngora, en nuestro carácter de senador de la República y diputado Federal, respectivamente, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos ante esta honorable Asamblea iniciativa que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos, mediante la que se modifica la clasificación de las aeronaves a efecto del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo.

Los suscritos, senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria aérea en la actualidad resulta un mecanismo indispensable no solo por los beneficios económicos que en si acarrea en cualquier país, por tratarse de una fuente importante de riqueza, de creación de empleos, de utilización de insumos provenientes de otros sectores, sino también, por las significativas ventajas que representa a la economía en general el crecimiento de este ramo productivo, y por el cúmulo de beneficios que indirectamente proporciona, especialmente a ciertas áreas, como la turística, tan urgida en México de apoyos y estímulos, que además de consolidarla, la fortalezcan y acrecienten. Todo esto al margen, del interés público que a este medio de transporte le es propio.

Muestra importante de esto, lo son las cifras aportadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, que estimó, tan sólo para el año de 1998, de significativa importancia en este sector, una la contribución económica del transporte aéreo mundial superior a los 1.3 billones de dólares, contribuyendo con más de 27 millones de empleos a escala mundial, sea por actividades económicas directas y por su efecto multiplicador.

De ésta forma, las actividades ligadas al transporte aéreo, en el año de 1998, contribuyeron con el 4.5% del PIB mundial.

La aviación civil, contribuyó directamente con $370 mil millones de dólares así como con la creación de 6 millones de empleos en el mundo, que comprenden a 2,3 millones de personas empleadas por los transportistas aéreos comerciales y sus afiliados, 1,9 millones de empleos en el terreno en los aeropuertos y 1,8 millones de empleos en la producción del sector aeroespacial y otras industrias manufactureras.

Estas actividades económicas directas tienen ``efectos multiplicadores'' en industrias que proveen ya sea insumos específicos para la aviación u otros bienes de consumo. En términos sencillos, cada $100 dólares de producto y cada 100 empleos generados por el transporte aéreo inducen una demanda adicional de 325 dólares y 610 empleos en otras industrias de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional.

De esta forma, el transporte aéreo en el mundo se constituye como un elemento indispensable para estimular la actividad económica, para elevar la competitividad de las empresas, reduciendo sus costos de transporte, eficientando la operación con reducidos niveles de inventarios y en general, dinamizando el flujo comercial no sólo entre regiones, sino especialmente entre países.

En otras palabras, la aviación es una herramienta fundamental para estimular el flujo de inversión en las diferentes regiones del país y con ello, la generación de innumerables empleos, sea por vía directa dentro del sector, o por la potenciación de la rama turística, o incluso, en el comercio en si, cuando se trata sólo de transporte de mercancías, y la derrama que de todo esto produce y que se traduce en desarrollo de las distintas regiones del país.

Por otra parte, en un contexto dónde se dispone de escasos recursos para financiar el desarrollo de infraestructura, el crear conciencia sobre la contribución económica de la aviación adquiere cada vez más importancia.

Es por ello necesario impulsar todo instrumento a nuestro alcance con la finalidad de estimular la actividad aérea en el país.

Circunstancia a considerar, igualmente debe ser, la grave crisis económica por la que atraviesan las compañías aéreas, tanto internacionales, como nacionales, por un lado, por el incremento en el precio de sus insumos y, por otro, por la terrible guerra de tarifas a la que el mercado los ha llevado, sin desconocer, desde luego, la disminución de la demanda por el temor de actos terroristas; puntos, todos estos, que indiscutiblemente inciden en la capacidad de pago de los contribuyentes, en este caso las compañías aéreas, y que son de obligada valoración en los sistemas impositivos, ello, independientemente del efecto que en el mercado y en la economía en general, puede representar un incremento de los precios del servicio de transporte aéreo, por el aumento de los costos de estas compañías vía tributos.

En México, en los últimos años, el exceso burocrático y la sobrerregulación para la aviación general, han significado un importante obstáculo para el desarrollo de la aviación y crecimiento de esta industria, afectando no sólo el costo del transporte en el país, sino también, la influencia que esto ha podido tener en el retraso de la consolidación de un mercado turístico de alto impacto, y, por tanto, en la pérdida de divisas potenciales. A este respecto, se estima que en los últimos cinco años, los vuelos privados de Estados Unidos a México se han reducido en más del 50 por ciento.

La burocracia y el exceso de trámites frenan el desarrollo del sector y han provocado que las principales organizaciones internacionales de aviación privada que solían volar a México, y que son las más grandes del mundo, recomienden a sus integrantes evitar en la medida de lo posible aterrizar en territorio nacional.

A lo anterior, habría que agregar el cúmulo de tarifas y derechos que tienen que ser cubiertos, así como los procedimientos que su pago implica; procedimiento que contribuye sistemáticamente, a la extorsión y corrupción por parte de las autoridades aeroportuarias.

Dentro de la Ley Federal de Derechos aprobada en diciembre pasado, se introdujeron una serie de disposiciones tendentes a simplificar el pago de los derechos relacionados con la contribución aplicable por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, adicionándose a este ordenamiento los artículos del 289 al 292.

En esta nueva regulación se establece, como alternativa de pago de esta contribución, además del de número de metros o distancia volada, la posibilidad de cubrirla mediante una cuota única por cada vez que le sea suministrado el combustible a la aeronave de que se trate. Cuota que se regula mediante dos tablas fijadas en los artículos 289, fracción II y 290.

Para tal efecto, se introdujo en los artículos 289, fracción II y 290 una clasificación de las aeronaves en razón de su tamaño o envergadura y, en tal virtud se les aplica una cuota diferenciada por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo. En el rubro que ahora nos interesa y que es objeto de la presente iniciativa, se divide a las aeronaves pequeñas en: tipo A y tipo B, estableciendo como límite de ellas una envergadura de hasta doce metros con cincuenta centímetros, para las tipo A, y mas de ese tamaño y hasta veinticinco metros para las tipo B.

Por otro lado, el elemento de justicia material de la tributación, por mandato constitucional, exige que todo derecho se pague en función, no solo de los costes del servicio que el Estado preste al destinatario, en este caso la persona que use o aproveche el espacio aéreo, sino también en función del principio de la capacidad de pago del sujeto pasivo de la contribución, ambos consideraciones integran, tratándose de los derechos, el concepto de proporcionalidad y equidad o capacidad contributiva.

En referencia al primer elemento, es decir, a los costos estatales del servicio, es evidente, que dicho servicio en el caso, no representa un mayor costo para el Estado según el tamaño o la envergadura de la aeronave que lo utilice y , menos aún, que la diferencia fijada en la Ley y el criterio de su establecimiento, pueda ser el parámetro y la medida de las diferentes cuotas establecidas, por tanto, en este caso, la razón del señalamiento de cuotas distintas a las aeronaves por su tamaño, principalmente radica, en el segundo aspecto de la capacidad contributiva, en consecuencia, en la capacidad de pago producto de la riqueza considerada.

Tratándose de este elemento todo derecho, como especie de contribución, debe ser proporcional y equitativo. Este principio, en el aspecto que se considera, determina que el presupuesto de hecho del tributo y cada uno de sus elementos deben ser congruentes entre si y ser reflejo de capacidad de pago del contribuyente, luego entonces, la base gravable, como elemento que es, igualmente debe ser una expresión de la capacidad contributiva y haber sido establecida, precisamente, en razón de circunstancias o elementos de los que se pueda inferir directamente una real y objetiva capacidad de pago del contribuyente y sobre todo, que se le de el mismo tratamiento a los iguales y distinto a los desiguales y que las razones de esa diferenciación se funden en diferencias objetivas o reales y debidamente justificadas, esto es, que no sean discriminatorias sin base alguna.

Recientemente, en la aprobación de este tributo el Congreso de la Unión, se pronunció porque la fijación y valoración de la base gravable se haga en razón de los metros de envergadura de las aeronaves. La determinación de la base gravable en función de este principio exige que tal elemento, no solo refleje capacidad de pago del sujeto pasivo, sino también que aquélla sea la justa medida de la riqueza gravada; lo que obliga entonces, en el derecho que nos ocupa, a que la diferencia de supuestos considerados en la ley debe ser hecha en base a las reales diferencias que los hechos fácticos, materiales y objetivos justifiquen realizar como fiel reflejo de una diferente capacidad contributiva. Para tal efecto, incorporo una tabla comparativa que ilustrara el sentido de las argumentaciones que señalo:

En este tenor, el método utilizado en las disposiciones anteriores para el establecimiento de distintas cuotas, debe reconocer, de la manera mas exacta posible, las diferencias reales que los hechos nos muestran, así debe tomar en cuenta, de la manera mas idónea lo siguiente:

1.- Dada las características y tamaño de las aeronaves la separación entre ellas, en la envergadura de 11.1 y 12.5, no considera de una manera idónea las diferencias reales que tienen el tipo de aeronaves que existen en el mercado, puesto que, hay aeronaves de una mayor envergadura al tope máximo, esto es, 12.5 metros que tienen características análogas a las comprendidas en dicho rubro, y por tanto, debe dárseles el mismo tratamiento, ya que, ni la capacidad de ellas, ni la velocidad que alcanzan, ni el número de litros que pudieran recibir por carga de combustible, ni el de kilómetros de vuelo que logran por tanque, justifican plenamente la separación de ellas, y la diferente regulación y el establecimiento de cuotas distintas, con los límites establecidos por las recientes reformas.

2.- La diferente envergadura de las aeronaves, y por tanto, el número de metros que tienen, se vincula directamente, mas bien, con la época de fabricación y la tecnología empleada en la elaboración de las aeronaves, así las diferencias en los mas de los casos, se deben fundamentalmente a que con el paso del tiempo se han ido desarrollando nuevas aeronaves de similar capacidad que han ido gradualmente reduciendo su envergadura y así, por ejemplo, hoy en día un mismo modelo de aeronave puede variar de envergadura según su año de construcción.

Dado lo anterior, es claro que el diferente tratamiento no se encuentra plenamente justificado por las reales y objetivas diferencias que las aeronaves presentan, puesto que, la diferente cuota no responde a la diferente capacidad contributiva que la riqueza gravada refleja, pues como se observa, no hay un criterio rector univoco que evidencie distingos que justifiquen un tratamiento distinto, ni por la capacidad de las aeronaves, ni por las horas de vuelo, ni por los kilómetros recorridos. En tal virtud, resulta imprescindible ajustar los límites fijados en la Ley para adecuarlos con mas exactitud a las diferencias reales y objetivas, indiciarias de capacidad contributiva, que las aeronaves tiene en la vida real, y así ser mas acordes con el principio de equidad, y darle con mayor precisión un tratamiento igualitario a las aeronaves que son sustancialmente iguales en los elementos indiciarios de capacidad contributiva, y diferenciarlas sólo, en los casos y límites en que efectivamente las diferencias en los elementos que demuestran capacidad de pago sean distintos, y así darle mas exacto cumplimiento al principio de equidad y tratar igual a los iguales y distinto a los desiguales, y en función de elementos que son indispensables para hacer estas diferencias y en la medida que los propios hechos lo determinen.

Si bien es cierto, por otro lado, que las reformas contribuyen a facilitar el cálculo, pago y control de los derechos respectivos, es pertinente destacar también que, tratándose del límite de 12.5 metros establecido en las tablas, respectivas de los artículos 289 y 290 de la Ley, como aeronaves pequeñas tipo A, tiene como resultado que aeronaves de muy similar envergadura y que se destinan a usos muy similares paguen derechos muy superiores entre sí. Por ésta razón, de acuerdo con los rangos establecidos en la actualidad, dos aeronaves de capacidad y uso muy similar, terminan pagando derechos distintos, por lo que, con esta iniciativa se pretende que capacidades contributivas análogas estén sujetas a las mismas cuotas y que las diferencias de ellas sean reflejo de una objetiva y distinta capacidad de pago, basada en las reales diferencias de las aeronaves.

En consecuencia, resulta indispensable para materializar con más exactitud la equidad y justicia en este derecho, ampliar el tope máximo de la cuota del tercer renglón de aeronaves de la fracción II del artículo 289 y la tabla de las pequeñas tipo A y tipo B, a un límite de 16.7 metros de envergadura, a un límite máximo y mínimo respectivamente, por ser esta cifra mas acorde con las diferencias reales que las aeronaves presentan en los caracteres que son indiciarios de capacidad contributiva y así lograr un tratamiento mas equitativo que el ahora establecido en los artículos aún vigentes.

En otras palabras, lo que se busca es construir un esquema de mayor gradualidad y equidad que refleje la relación correcta entre el tipo de aeronave y el monto del derecho correspondiente al uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, para evitar que los derechos se constituyan, incluso, en una barrera para el desarrollo de este importante sector en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa de ley que reforma los artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Único. Se reforma el tercer rubro de la tabla de la fracción II del artículo 289 relativa a la clasificación de las aeronaves para el pago de cuotas a efecto de establecer como límite máximo de dicho rubro la cantidad de 16.7 metros; y los dos primeros espacios de la tabla del artículo 290, relativos a la clasificación de las aeronaves tipo A y tipo B, fijando como límite máximo de aquéllas y mínimo de éstas una envergadura de 16.7 metros, para quedar como sigue:

Artículo 289.- ...

II.

...

Artículo 290.- ...

...

Artículo Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo a 8 de marzo de 2005.--- Sen. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Dip. Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de subsidiariedad. No se encuentra en el salón.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el compañero diputado Guillermo Tamborrel Suárez para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, suscrita por los diputados Guillermo Tamborrel, María del Carmen Mendoza Flores y Sergio Álvarez Mata, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Gracias; con el permiso de la Presidencia: antes que nada, me permito felicitar a mis compañeras legisladoras y, por su conducto, a todas las mujeres de México.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo del Partido Acción Nacional, por medio de los suscritos, diputados federales María del Carmen Mendoza, Sergio Álvarez y Guillermo Tamborrel, en uso de las facultades que la ley nos otorga, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primicia de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común. Por ello corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social, como bases para el desarrollo de una comunidad democrática sustentable, solidaria y subsidiaria. Ello exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien común.

Asimismo, tenemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social; es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana, no es mercancía y tiene primacía sobre el capital. De ahí la trascendente e ineludible responsabilidad de impulsar políticas públicas que favorezcan y protejan el desarrollo de los menores de edad, así como la de legislar de manera que nuestro marco jurídico laboral garantice el óptimo desarrollo integral de las y los mexicanos, sobre todo de los que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como las niñas, los niños y los adolescentes, y --adicionalmente-- se apegue a lo establecido en una gran diversidad de foros y convenciones internacionales.

Recordemos que nuestra Carta Magna establece en el artículo 4o. lo siguiente: ``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral''.

Asimismo, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que es la ley reglamentaria del mencionado artículo 4o. constitucional, establece --entre otros muchos aspectos-- lo siguiente: ``De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social'', así como también que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social, crecimiento que --desde luego-- implica el resto de los derechos de educación, salud, descanso y juego.

Asimismo, recordemos que la misma ley establece, en el artículo 2o., que --para los efectos de esa ley-- son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos; y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos. Finalmente, no nos olvidemos de que la citada ley también establece, en el artículo 34, que por ninguna razón y circunstancia se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de esos derechos.

Por si lo anterior fuese poco, tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado tratados y convenios internacionales que nos obligan a proteger el derecho al desarrollo sano, pleno e integral de los menores de 18 años. Entre ellos se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que --para los efectos de la Convención-- se entiende por niño a todo ser humano de menos de 18 años de edad. Asimismo, establece que los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. En el mismo tenor se pronuncian otras normas internacionales relativas a los derechos de la niñez, como el Convenio 138, sobre la edad mínima, de la OIT y el Convenio 182 también de la OIT.

Aunadas a las razones jurídicas ya mencionadas, tenemos también importantes argumentos de índole social para presentar la presente iniciativa que, por cierto, es una extensión de la que fue presentada por los suscritos para prohibir las labores peligrosas e insalubres de los menores de 18 años a nivel constitucional; entre ellos, los siguientes: porque el trabajo de menores de edad, como lo observamos en prácticamente todo el país, obstaculiza y menoscaba los derechos a la educación de calidad, de salud, de seguridad, de descanso y juego, entre otros, de nuestras niñas, niños y adolescentes, circunstancia que fomenta el perverso círculo vicioso de la miseria: a menor educación, menores oportunidades de crecimiento laboral y, por ende, menores salarios, menores ingresos.

En suma, el trabajo de menores de edad no es sólo una consecuencia, sino también una causa de pobreza y subdesarrollo porque el ambiente donde laboran muchos de los menores de edad, en las zonas urbanas, son propicios para el consumo de drogas. De hecho y de acuerdo con el estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades, 28 por ciento de los varones y 22 por ciento de las mujeres aseguraron que en sus lugares de trabajo se ofrecen drogas porque el trabajo de menores de edad es un problema de muy grandes dimensiones, cuyo origen es muy complejo, ya que involucra aspectos de pobreza, falta de educación, violencia intrafamiliar, cultura, explotación laboral.

Con el objetivo de dimensionar el problema, baste mencionar que, según la Encuesta Nacional de Empleo 2000, de los 6.6 millones de menores situados en el rango de edad de 12 a 14 años, poco más de 1 millón labora. Ahora que si ampliamos el espectro de menores de entre 12 y 17 años y de acuerdo con el estudio de las 100 ciudades, tenemos que en el país laboran cerca de 3.5 millones de menores, 27 por ciento del total de la población nacional de esa edad. De ellos, 42 por ciento trabaja en la agricultura, 23 por ciento en el sector de los servicios, 17 por ciento en el comercio, 14 por ciento en la industria de transformación y 4 por ciento en la industria de la construcción. De todos ellos, 55 por ciento es trabajador sin pago y 42 por ciento sólo es asalariado.

En cuanto al tiempo que los menores laboran, tenemos que 31 por ciento trabaja de 15 a 34 horas a la semana y 11 por ciento trabaja más de 48 horas por semana porque, en el caso de los jornaleros agrícolas, lamentablemente encontramos un panorama por demás desolador. Según datos del UNICEF, en México existen 900 mil jornaleros menores de edad, quienes por una paga del orden de 60 a 80 pesos trabajan en promedio de 8 a 9 horas diarias.

Sin duda, la iniciativa está enmarcada en la difícil dualidad de desincentivar el trabajo infantil pero, a la vez, no perjudicar a las niñas, los niños y los adolescentes que actualmente trabajan para ayudar a sus familias. Por lo anterior y por todo lo que no logramos plasmar, pero que --estamos seguros-- ustedes habrán de aportar para su mejora, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil, a la que por cuestiones de tiempo no daré lectura, pero que, diputada Presidenta, solicito que sea plenamente integrada al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, suscrita por los diputados Guillermo Tamborrel Suárez, María del Carmen Mendoza Flores y Sergio Álvarez Mata, del grupo parlamentario del PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de los suscritos diputados federales; María del Carmen Mendoza, Sergio Álvarez Mata, y Guillermo Tamborrel Suárez, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para garantizar el sano e integral desarrollo de las y los menores de edad que laboran, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.

Por ello corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable, solidaria, subsidiaria. Ello exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien común.

Asimismo tenemos que el trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana, no es una mercancía y tiene primacía sobre el capital.

De ahí la trascendente e ineludible responsabilidad de impulsar políticas públicas que favorezcan y protejan el desarrollo de los menores edad así como la de legislar de tal manera que nuestro marco jurídico laboral se apegue a lo establecido en una gran diversidad de foros y convenciones internacionales y, por ende, se garantice el óptimo desarrollo integral de las y los mexicanos, sobretodo de aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes.

Es prudente recordar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 4° lo siguiente:

``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''.

``Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral''.

Asimismo la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que es la ley reglamentaria del mencionado artículo 4° Constitucional establece, entre otros muchos aspectos, lo siguiente:

En el artículo 4° se expresa que; ``De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños, y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social''.

También el artículo 19 indica que; ``Las niñas, niños, y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social''. Crecimiento que desde luego implica el respeto a los derechos de; educación, salud, descanso y juego.

Asimismo recordemos que la misma ley establece en su artículo segundo que; ``Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y adolescentes las que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos''.

Finamente, no nos olvidemos que la citada ley también establece en su artículo 34 que ``Por ninguna razón ni circunstancia se les podrá imponer regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia o el menoscabo de estos derechos''.

Por si lo anterior fuese poco tenemos que nuestro país ha firmado y ratificado tratados y convenios internacionales que nos obligan a proteger el derecho al desarrollo sano, pleno e integral de los menores a 18 años. Entre ellos se encuentran:

La Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada el 20 de Noviembre de 1989 en Nueva York, E.U.A. y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991 establece, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

Artículo 1°.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad.

Asimismo en el artículo 32 a la letra establece:

``Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental espiritual, moral o social.

Los Estados Partes adoptaran medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo.''

Finalmente el Convenio establece además que los Estados Parte adoptaran medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar lo establecido en dicho Convenio y entre las que se encuentran:

Fijar una edad o edades mínimas para trabajar.

Reglamentar los horarios y condiciones de trabajo.

Estipular las penalidades y sanciones apropiadas a quien incumpla con los principios del Convenio.

En el mismo tenor se pronuncian otras normas internacionales relativas a los derechos de la niñez como son; El Convenio 138 sobre la Edad Mínima de la OIT, El Convenio 182 también de la OIT, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción inmediata para su eliminación, celebrado el 17 de Junio de 1999, en Ginebra Suiza y promulgado el 7 de Marzo del 2001, y en el que en el artículo segundo se establece:

Artículo 2.- A los efectos del presente convenio, el término ``niño'' designa a toda persona menor de 18 años.

Aunadas a las razones jurídicas ya mencionadas, tenemos también importantes argumentos de índole social para presentar la presente iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, entre ellas las siguientes:

Porque el trabajo de menores de edad, como lo observamos en prácticamente todo el país, obstaculiza y menoscaba los derechos a la educación de calidad, de salud, de seguridad, de descanso y juego, entre otros, de nuestras niñas, niños y adolescentes. Circunstancia que fomenta el perverso círculo vicioso de la miseria; a menor educación menores oportunidades de crecimiento laboral y menores salarios menores ingresos.

En suma el trabajo de menores de edad no es sólo una consecuencia, sino también una causa de pobreza y subdesarrollo.

Porque el ambiente donde laboran muchos de los menores de edad en las zonas urbanas, son propicios para el consumo de drogas. De hecho y de acuerdo con ``El Estudio de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajadores en 100 Ciudades'' de ellos el 28 % de los varones y el 22 % de las mujeres aseguraron que en sus lugares de trabajo se ofrecen drogas.

Porque el trabajo de menores de edad es un problema de muy grandes dimensiones cuyo origen es muy complejo ya que involucra aspectos de pobreza, falta de educación, violencia intrafamiliar, cultura, explotación laboral, etcétera.

Con el objetivo de dimensionar el problema baste mencionar que según la Encuesta Nacional de Empleo 2000, de los 6.6 millones de menores ubicados en el rango de edad de 12 a 14 años, poco mas de 1 millón labora.

Ahora que si ampliamos el espectro a menores ente 12 y 17 años y de acuerdo con el Estudio ``De las 100 ciudades'' tenemos que en el país laboran cerca de 3.5 millones de menores, el 27% del total de la población nacional de esa edad. De ellos el 42% trabaja en la agricultura, 23% en el sector de los servicios, el 17% en el comercio, el 14% en la industria de la transformación y 4% en la construcción. De todos ellos 55% son trabajadores sin pago, y 42% son asalariados. En cuanto al tiempo que los menores laboran tenemos que; 31% trabaja de 15 a 34 horas/semana, y el 11% trabaja mas de 48 horas/semana.

Porque en el caso de los jornaleros agrícolas lamentablemente encontramos un panorama aún más desolador, según datos de UNICEF en México (año 2000) existen 900,000 jornaleros menores de edad quienes por una paga del orden de los 60 a 80 pesos trabajan un promedio de 8 a 9 horas diarias. De ellos el 41% tiene entre 6 y 14 años y el 59% restante tiene entre 15 y 17 años de edad. Jornadas que hacen imposible el acceso a una educación formal ya no digamos que les respete el derecho al descanso y el juego.

La iniciativa está enmarcada en la difícil dualidad de desincentivar el trabajo infantil, pero a la vez, no perjudicar a las niñas, niños y adolescentes que actualmente trabajan para ayudar a sus familias.

Esta iniciativa es una extensión de la que fue presentada por su servidor para prohibir las labores peligrosas e insalubres de los menores de 18 años, por lo que se elevan a 18 años muchas de las disposiciones y prohibiciones del trabajo infantil.

Adicionalmente, tiene innumerables ventajas, de las cuales podemos señalar las siguientes:

Se establece que las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les proteja contra cualquier tipo de explotación laboral y discriminación.

Se listan las que se consideran labores peligrosas e insalubres, que pese a estar de forma expresa en la Constitución y ser tan necesaria su definición, el legislador aún no las plasma en la ley laboral, a diferencia de otros países que ya definen claramente en su legislación cuáles son consideradas como labores peligrosas e insalubres.

Se suprime el léxico peyorativo que denomina ``menores'' a niñas, niñas y adolescentes y se les llama ``personas''.

Se remarca la prohibición del trabajo de las personas menores de catorce años y que las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho serán considerados como trabajadores a efectos de esta ley y gozarán de los derechos que aquí se establecen.

Asimismo, las personas entre catorce y dieciocho años deberán estar especialmente protegidas contra cualquier forma de explotación económica.

En congruencia con otras iniciativas que ya fueron presentadas por Acción Nacional en lo que se refiere a la flexibilidad laboral, se permite a los trabajadores y al empleador repartir las horas de trabajo de la semana a fin de cubrir el periodo de exámenes.

Por lo anterior y por todo aquello que no logramos plasmar pero que estamos seguros ustedes habrán de aportar para su mejora, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 5, 22, 23, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 191, 267 y 988 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Art. 5.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I - III ...;

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años

V-XI. ...

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciocho años; y

XIII. ...

Art. 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores de catorce años. También se prohíbe el trabajo de las personas menores de dieciocho que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Art. 23.- Las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años necesitan, para laborar, la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos; el sindicato a que pertenezcan de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo, de la autoridad política, o la correspondiente en el sistema nacional de asistencia social pública y privada.

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan.

Art. 173.- ``El trabajo de las personas menores de dieciocho años queda sujeto a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo.

Las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho años tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les proteja contra cualquier tipo de explotación laboral y discriminación.

Art. 174.- Las personas menores de dieciocho años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud física para el desempeño del trabajo. Deberán someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo, a fin de asegurarse que dicho empleo no implique un riesgo para la salud o el desarrollo físico-emocional normal de la persona. Sin el requisito del certificado, ningún empleador podrá utilizar sus servicios.

Art. 175.- Queda prohibida la utilización de las personas menores de dieciocho años en las labores peligrosas, insalubres o que puedan afectar su desarrollo integral.

De manera enunciativa mas no limitativa, las actividades comprendidas en el párrafo anterior son las siguientes:

I. Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato;

II. Trabajos ambulantes;

III. Trabajos subterráneos o submarinos;

IV. Labores que impliquen la manipulación de sustancias explosivas, psicotrópicas y tóxicas.

V. Cualesquiera en prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juego de azar.

VI. Trabajos superiores a sus fuerzas;

VII. Trabajos que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal;

VIII. Cualquier labor después de las nueve de la noche; y

IX. Las demás que determinen las leyes o reglamentos respectivos.

La Inspección del Trabajo evaluará las actividades a que se refieren las fracciones II, III y VIII a fin de autorizar o no el empleo de personas menores de dieciocho años, atendiendo a la capacitación que esa labor pueda producir y respetando lo establecido en el primer párrafo de este artículo.

Art. 176.- Las labores peligrosas o insalubres nocivas para la salud y el desarrollo físico de las personas a que se refiere el artículo anterior, son aquellas que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se prestan, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de las personas. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden comprendidos en la anterior definición.

Art. 177.- La jornada de trabajo de las personas menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias siempre que no interfiera con sus programas escolares y deberá dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos períodos, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos. Esta disposición aplicará también a las personas menores de dieciocho años cuando todavía no hubiesen concluido la educación básica obligatoria, salvo que una jornada mayor no interfiera en el cumplimiento de sus programas escolares, en los términos establecidos en el artículo 180 bis.

Art. 178.- Queda prohibida la utilización del trabajo de las personas menores de dieciocho años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más el salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Art. 179.- Las personas menores de dieciocho años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborales, por lo menos.

Art. 180.- Los patrones que tengan a su servicio personas menores de dieciocho años están obligados a:

I a IV ...

Art. 191.- Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a las personas menores de quince años y el de las personas menores de dieciocho en calidad de paleros, pañoleros o fogoneros.

Art. 267.- No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años.

Art. 988.- Los trabajadores mayores de catorce años, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

...

Artículo Segundo.- Se adicionan los artículos; 22 bis, 175 bis, 175 ter, 180 bis, 180 ter, 180 quater, 191 bis, 280 bis y 280 ter de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Art. 22 bis.- La persona menor de catorce años que sea encontrada trabajando fuera del círculo familiar, cesará inmediatamente sus labores y el empleador deberá pagarle el salario que hubiese cobrado un trabajador contratado legalmente, una indemnización igual a la que cobre una persona que sea despedida sin justa causa y todas las prestaciones de ley.

Art. 175 bis.- Las personas entre catorce y dieciocho años deberán estar especialmente protegidas contra cualquier forma de explotación económica. Para ello la Inspección del Trabajo vigilará que se cumplan con las disposiciones que la eliminen, prestando especial atención en:

I. Que los adolescentes sean protegidos contra cualquier trabajo que implique esclavitud;

II. Que los adolescentes perciban un salario equivalente a la actividad realizada;

III. Que su salario sea igual al que reciba el trabajador adulto por el mismo trabajo desempeñado; y

IV. Que la realización de actividades extraordinarias no remuneradas, entendiendo la palabra extraordinaria por la extensión ilícita del horario de trabajo, sean pagadas conforme lo establece el artículo 178 de esta Ley.

Art. 175 ter.- En el trabajo desempeñado por personas mayores de catorce y menores de dieciocho años, queda prohibido:

I. El pacto de condiciones de trabajo que impliquen la realización de labores que excedan las capacidades físicas o intelectuales del adolescente, que las lleven a su límite o que puedan causarle cualquier tipo de perjuicio; y

II. La realización de labores distintas a las pactadas en el contrato de trabajo.

Art. 180 bis.- La fracción III del artículo anterior será aplicable a las personas menores de dieciocho años que no hayan concluido la educación básica obligatoria. Al contratar a una persona menor de edad, el empleador deberá informar a la Inspección del Trabajo el horario a que se somete y la manifestación hecha por los padres del adolescente acerca de su horario de estudio o de si pertenece a algún sistema escolar abierto o a distancia. La Inspección del Trabajo podrá autorizar dicho horario, tomando en cuenta para tal fin, el tiempo normal que el menor deba dedicarle al cumplimiento de sus actividades escolares.

Art. 180 ter.- Todo trabajador gozará de una licencia especial para rendir examen en la enseñanza inicial, media o universitaria. Esta licencia especial será con goce de sueldo.

Los trabajadores y el empleador podrán repartir las horas de trabajo de la semana a fin de cubrir el periodo de exámenes.

A los afectados del otorgamiento de la licencia a que alude el párrafo anterior, los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o a los que estén autorizados por el organismo estatal o federal competente. El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación del certificado expedido por la institución en la cual curse los estudios.

Art. 180 quáter. La persona menor de dieciocho años que se encuentre estudiando no podrá realizar la siguientes ocupaciones por impedir su continuidad en las actividades escolares:

I. Trabajo en buques o en cualquier actividad marina que implique la estancia de la persona menor de edad en alta mar por períodos mayores a seis horas, salvo que dicha actividad se desarrolle en barcos escuela;

II. Trabajo como tripulación en aeronaves, y

III. Trabajo en ferrocarriles o auto transportes que realicen trayectos de larga distancia.

Art. 191 bis.- El empleo de adolescentes en el trabajo marítimo no podrá continuar sino mediante renovación del examen médico, a intervalos que no excedan de un año, y la presentación, después de cada nuevo examen, de un certificado médico que pruebe su aptitud para el trabajo marítimo. Sin embargo, si el término del certificado caducase en el curso de un viaje, se prorrogará hasta el fin del mismo.

El examen mencionado no deberá ocasionar gasto alguno a los trabajadores, a sus padres o a sus tutores.

Art. 280 bis.- Queda prohibido el trabajo de las personas menores de catorce años. Las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho serán considerados como trabajadores a efectos de esta ley y gozarán de los derechos que aquí se establecen. Salvo en los casos previstos en la presente ley.

Art. 280 ter.- Las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que acompañen a sus padres en las tareas que ellos desarrollen y no estén cumpliendo con su educación básica obligatoria, serán considerados de la misma manera que lo dispuesto en el artículo anterior, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 22 de esta Ley.

Artículos Transitorios

Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, a los 8 días del mes de marzo del 2005.--- Diputados: María del Carmen Mendoza Flores, Sergio Álvarez Mata, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Tamborrel. De acuerdo con su solicitud, favor de integrarlo de manera completa al Diario de los Debates. Integrar esta iniciativa al Diario de los Debates de manera completa y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra compañera Elizabeth Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, exposiciones, ferias y viajes grupales de incentivo.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su permiso, ciudadana Presidenta: la suscrita, diputada federal integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo en territorio nacional, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

En diciembre de 2002, el honorable Congreso de la Unión modificó la fracción III del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual permite que los servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen en el país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias por celebrarse en México sean gravados con una tasa de cero por ciento, la cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 2004. Sin embargo, este tipo de eventos no sólo se realiza en hoteles sino, también, en lugares especiales para ello.

Los primeros recintos de exposiciones y convenciones, como la Expo-Guadalajara y el Centro de Convenciones de Acapulco, estaban dedicados a exposiciones especializadas en negocios y consumo, pero hoy existen también espacios específicos para la celebración de eventos de gran tamaño. Las inversiones que se realizan en el país para la construcción de lugares especiales para congresos, convenciones, ferias y exposiciones son considerables.

La infraestructura turística en nuestro país ha destinado grandes recursos y espacios para la construcción de instalaciones especiales para la realización del tipo de eventos en comento, como las existentes en Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, León y Veracruz, entre muchas otras. Complementando las necesidades de este sector, también se ha constituido un gran número de empresas que ofrecen una diversidad de servicios. Estos recintos y todos los servicios complementarios especializados representan una gran ventaja competitiva para nuestro país.

Actualmente, la superficie que el sector hotelero destina para eventos asciende a 432 mil metros cuadrados. En cambio, la superficie especialmente destinada para la exposición supera ya 342 mil metros cuadrados y la destinada para convenciones ocupa 202 mil 879 metros cuadrados. El número de eventos en recintos especiales se incrementó 2.3 veces en tan sólo tres años, al pasar de 3 mil 830 eventos en 1999 a 8 mil 797 en el 2003, lo que implica un crecimiento de 32 por ciento.

En el año 2002, a nivel mundial se llevaron a cabo 2 mil 62 reuniones internacionales de negocios, y las convenciones corporativas generaron una derrama económica de 102.3 billones de dólares. Sin embargo, en la actualidad México es sede sólo de 490 congresos mundiales al año. El turismo de negocios representa 17 por ciento del número de visitantes internacionales a nuestro país. Otra de las bondades del segmento de turismo de negocios es que el turista frecuentemente aprovecha los eventos de congresos, convenciones y exposiciones para llevar a sus familias a conocer el destino. Esto multiplica el número de personas visitando el lugar, siendo la derrama económica que generan un factor importante para la economía de los destinos, sede de los eventos.

Debemos considerar que los visitantes extranjeros que realizan actividades de negocios o asisten a convenciones, ferias y exposiciones son en su mayoría empresarios o profesionistas con mayor promedio de ingresos, lo que representa una capacidad de gasto de los turistas internacionales superior al promedio y una mayor derrama económica. México cuenta con la infraestructura y las redes de comunicación necesarias para ser un destino competitivo a nivel internacional, así como para garantizar todos los servicios especializados que los eventos de negocios requieren para cumplir los estándares internacionales.

Esta iniciativa incluye en el cuerpo de la ley servicios como alimentos y bebidas, áreas de exposición, auditorios, audiovisuales, centro de convenciones, empresas especializadas en la organización y realización de este tipo de eventos, edecanía, edificios, áreas y jardines públicos y privados, monumentos y zonas arqueológicas, recintos feriales y eventos culturales, entre otros. Es importante mencionar que el segmento de las exposiciones en México ha presentado incrementos relevantes, que muestran el interés de los organizadores internacionales por hacer de México la sede para este tipo de eventos.

Tan sólo en 1999 y 2002, el número de exposiciones en México se incrementó en 93.3 por ciento, al pasar de 373 en el primer año a 721 en el último. De acuerdo con información emitida por el Banco de México y cotejada con la proporcionada por el Consejo de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, en 2004 fueron 20 millones 617 mil turistas internacionales los que nos visitaron y el ingreso por turismo superó 10 mil 800 millones de dólares. Estos ingresos internacionales reportaron un incremento de 14 por ciento en relación con el año anterior. Pero aun así, nos colocamos en el lugar número 13 en el rubro, a diferencia del octavo lugar que ocupamos en captación de turistas internacionales.

Si bien es cierto que México se encuentra entre los primeros 10 países por el número de turistas internacionales que recibe, en el tema de ingresos generados por este turismo su posición, desde hace varios años, ha oscilado entre el duodécimo y el decimoséptimo lugar. Esta diferencia radica en que el turista que viene a México tiene un gasto menor que el que visita Francia, España o Estados Unidos. El gran reto de nuestro país es incrementar sustantivamente el gasto por turistas internacionales. México ha logrado avanzar en este tema durante los últimos años, incrementando el número de 28 eventos mundiales en 1999 a 49 en el año de 2003. Sin embargo, su porcentaje de incremento solamente es el 1 por ciento. Potencialmente, México puede ser considerado uno de los principales destinos para congresos y convenciones por su diversidad en destinos y productos turísticos, accesibilidad, clima y valor agregado.

Como integrante de la Comisión de Turismo de la honorable Cámara de Diputados, presento esta iniciativa que, de manera integral, incluye todas las actividades que participan en este tipo de eventos y responde a dar certeza a las empresas turísticas que actualmente están preocupadas al no haber obtenido los resultados que buscaban originalmente. Su inclusión permitirá obtener importantes beneficios al país, derivados de un mayor movimiento turístico internacional; favorecerá que la aportación de la actividad turística al Producto Interno Bruto del país supere el 8.4 por ciento con que actualmente contribuye y generará más empleos de los 1.7 millones con que a la fecha participa en el mercado laboral mexicano.

Las campañas de promoción que México ha hecho en el extranjero han dado un excelente resultado. Durante el periodo de enero a abril de 2003 se registró la mayor entrada de divisas en el país por ese concepto para un primer cuatrimestre del año y, asimismo, los ingresos para la venida de turistas. En Estados Unidos se invirtieron 26 mil 40 millones de dólares en programas de incentivos para 2001, de los cuales 8 mil 370 millones fueron destinados a los denominados ``viajes de incentivo''.

El vecino país del norte genera cerca de 100 viajes de incentivo cada año, de los cuales 60 por ciento se queda en destinos turísticos locales y 40 viaja al extranjero. Entre esos lugares, México está en la preferencia. El objetivo de esta iniciativa no desvirtúa ni busca cambiar su intención original: lo que pretende es ampliar el beneficio de la tasa cero a todos los servicios que integran la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, así como considerar los viajes de incentivo en la Ley del IVA y hacer viables todos los intentos para fortalecer la actividad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de todos los servicios que intervienen en los eventos motivo de esta iniciativa.

Cabe señalar que cada turista en viaje de incentivos deja al país un promedio de 2 mil 224 dólares por viaje. Además, por lo anterior y conscientes de nuestra responsabilidad y de las bondades de este proyecto, presentamos ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo.

En virtud de que esta iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y por respeto y en aras del aprovechamiento del tiempo para otros asuntos, omitiré la lectura del articulado, solicitando respetuosamente a la Presidencia que sea turnada para su dictamen, además de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión de Turismo. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, exposiciones, ferias y viajes grupales de incentivo, a cargo de la diputada Elizabeth Yáñez Robles, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Elizabeth O. Yáñez Robles, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo en territorio nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre de 2002, el H. Congreso de la Unión modificó la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual permite que los servicios de hotelería y conexos realizados por empresas hoteleras a turistas extranjeros que ingresen al país para participar exclusivamente en congresos, convenciones, exposiciones o ferias a celebrarse en México sean gravados con una tasa de cero por ciento. Esto a partir del 1° de enero del año 2004. Sin embargo, este tipo de eventos no sólo se realizan en hoteles, sino también en lugares especiales para ello.

Los primeros recintos de exposiciones y convenciones como la Expo Guadalajara y el Centro de Convenciones de Acapulco estaban dedicados a exposiciones especializadas en negocios y consumo, pero hoy existen también espacios específicos para la celebración de eventos de gran tamaño. Las inversiones que se realizan en el país para la construcción de lugares especiales para congresos, convenciones, ferias y exposiciones son considerables.

La infraestructura turística en nuestro país ha destinado grandes recursos y espacios para la construcción de este tipo de instalaciones especiales para la realización del tipo de eventos en comento, como las existentes en Cancún, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, León, Veracruz, entre muchas otras.

Complementando las necesidades que este sector requiere, también se han constituido un gran número de empresas que ofrecen una diversidad de servicios. Estos recintos y todos los servicios complementarios especializados representan una gran ventaja competitiva para nuestro país1.

En 1999 los hoteles contaban con 205 mil metros cuadrados de salones especializados para eventos, contra 208 mil 806 que reportaba la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones detectados en los recintos de exposiciones y convenciones en México.

Actualmente, la superficie que el sector hotelero destina para eventos asciende a 432 mil metros cuadrados; en cambio, la superficie especialmente destinada para Exposiciones supera ya los 342 mil metros cuadrados y la destinada para Convenciones ocupa 202 mil 879 metros cuadrados. En términos de crecimiento, los espacios en recintos se han incrementado 160.5% y en hoteles el aumento ha sido de 110.6%, en 5 años, debido a la mayor demanda de lugares especializados.

El número de este tipo de eventos en recintos especiales se incrementó 2.3 veces en tan sólo tres años, al pasar de 3,830 eventos en 1999 a 8,797 en 2003, lo que implicó un crecimiento medio anual de 32%. Estas cifras demuestran el incremento sustancial que nuestro país está teniendo en el rubro y es menester aprovechar este potencial de manera integral.

En el contexto internacional, el turismo de negocios para nuestro país representa el 17% del turismo total, y va en aumento. En el año 2002 se llevaron a cabo 2,062 reuniones internacionales de negocios y las convenciones corporativas generaron una derrama económica de 102.3 billones de dólares, sin embargo, en la actualidad México es sede sólo de 49 congresos mundiales al año.

Empero, de acuerdo con información del Consejo de Promoción Turística y del Banco de México, nuestro país es el destino internacional más popular para Convenciones corporativas y para congresos de asociaciones después de Europa y Canadá.

Adicionalmente, se ha encontrado que los visitantes extranjeros que realizan actividades de negocios o asisten a eventos como convenciones, congresos, ferias y exposiciones, o bien visitan el país debido a algún viaje de incentivo, tienen una capacidad de gasto superior al promedio de los turistas internacionales y generan una mayor derrama económica. Además, con frecuencia, extienden su estancia por algunos días en el país que visitan para conocerlo o simplemente para descansar.

Otra de las bondades del segmento de turismo de negocios es que el turista frecuentemente aprovecha los eventos de congresos, convenciones y exposiciones para llevar a su familia a conocer el destino. Esto multiplica el número de personas visitando el lugar, siendo la derrama económica que generan un factor importante para la economía de los destinos sede de los eventos.

Debemos considerar que los visitantes extranjeros que realizan actividades de negocios o asisten a convenciones, ferias y exposiciones son en su mayoría empresarios o profesionistas con mayor promedio de ingresos, además de que nuestro país debe obtener una mayor participación de este segmento.

El turismo de negocios genera una gran derrama económica por el evento en sí. Para ser competitivos en el turismo de negocios, trátese de una convención, un congreso, una feria, una exposición internacional o un viaje de incentivo, se requieren de múltiples servicios especializados y los servicios que se contratan, de hotelería y restaurantería principalmente, son de mayor calidad.

Es importante mencionar que el segmento de las exposiciones en México ha presentado incrementos relevantes que muestran el interés de los organizadores internacionales por hacer de este país la sede para este tipo de eventos. Tan sólo entre 1999 y 2002 el número de exposiciones en México se incrementó en un 93.3%, al pasar de 373 en el primer año a 721 en el último.

México cuenta con la infraestructura y las redes de comunicación necesarias para ser un destino competitivo a nivel internacional, así como la tecnología de punta en los destinos y servicios para el turismo de negocios.

Por otra parte, el mes de mayo de 2004, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, instaló la Comisión Intersecretarial de Turismo2, bajo la premisa de que el desarrollo de la actividad turística ``depende de todos los sectores y de todos los poderes''. Ese mismo mes, Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo y Presidente de la Comisión Intersecretarial, presentó ante la misma un listado de 20 puntos para detonar la actividad turística en México que la iniciativa privada elaboró a solicitud del Presidente, ocupando este tema el segundo lugar en importancia de esta lista, después de la devolución del IVA a extranjeros.

De acuerdo a información emitida por el Banco de México, y cotejada con la proporcionada por el Consejo de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, en 2004 fueron 20 millones 617 mil los turistas internacionales que nos visitaron y el ingreso por turismo superó los 10 mil 800 millones de dólares. Estos ingresos internacionales reportaron un incremento del 14% en relación con el año anterior, pero aun así, nos colocamos en el lugar 13 en el rubro (ocupábamos el lugar 12) y ocupamos el octavo lugar en captación de turistas internacionales.

Si bien es cierto que México se encuentra dentro de los primeros diez países del mundo por el número de turistas internacionales que recibe, en el tema de ingresos generados por este turismo, su posición desde hace varios años ha oscilado entre el décimo segundo y el décimo séptimo lugar. Esta diferencia radica en que el turista que viene a México tiene un gasto menor que aquel que visita Francia, España o Estados Unidos. El gran reto de nuestro país es incrementar sustantivamente el gasto por turista internacional.

Dadas las características que antes se han mencionado es obvio decir que en este momento todos los países están concursando de manera muy agresiva y competitiva para que sus destinos turísticos sean las sedes de eventos de negocios. No es casualidad que Asia empiece a tener un auge en este sentido, ni que Europa o Estados Unidos constantemente estén modificando su legislación para otorgar a los visitantes mejores estancias y mayores beneficios.

México ha logrado un gran avance en este tema durante los últimos años, incrementando el número de 28 eventos mundiales en 1999 a 49 en el año del 20033, sin embargo su porcentaje en este tipo de eventos se ha logrado incrementar solo otro 1% en todos estos años.

Potencialmente, México puede ser considerado uno de los principales destinos para congresos y convenciones por su diversidad en destinos y productos turísticos, accesibilidad, clima y valor agregado.

Si la concientización de la importancia trascendental que representa el turismo para nuestro país se ha extendido por todos los sectores involucrados, el Poder Legislativo no podía ser la excepción. Las demandas y necesidades que han expresado el sector privado, el público y el social para detonar el desarrollo de la actividad turística, de muy distintos y diversos orígenes y naturalezas, ahora deben ser trasladadas al terreno de la ley y dar seguimiento a su aplicación. Obligatoriamente entonces, estas demandas y necesidades son discutidas y analizadas por el H. Congreso de la Unión, procurando dar el respaldo y apoyo necesarios al turismo nacional.

Como integrante de la Comisión de Turismo de la H. Cámara de Diputados, presento esta iniciativa que, de manera integral, incluye todas las actividades que participan en este sector y responde a dar certeza a las empresas turísticas que en este momento están preocupadas al no haber obtenido los resultados que buscaban originalmente.

El compromiso de los legisladores de la Comisión de Turismo de la LIX Legislatura es definitivo para lograr que nuestras iniciativas de ley verdaderamente respondan a las necesidades que el sector tiene para fortalecer la economía a través de la actividad turística.

Su inclusión permitiría obtener importantes beneficios al país derivado de un mayor movimiento turístico internacional: favorecería que la aportación de esta actividad al Producto Interno Bruto del país superara el 8.4% con el que actualmente contribuye, generará más empleos de los 1.7 millones con los que a la fecha participa en el mercado laboral mexicano, siendo estos empleos sumamente benéficos para la población, dado que está comprobado que los empleos creados y mantenidos dentro del sector turístico, tienen una remuneración superior al 30% en cuanto a la media nacional respecto a un empleo generado en cualquier otro sector de la economía.

La situación mundial de los últimos años caracterizada por la inestabilidad generada por actos de terrorismo o por enfermedades contagiosas, ha disminuido el interés de los turistas extranjeros por visitar ciertos países, pero ha abierto la oportunidad para que México aproveche esta coyuntura e incremente su participación a nivel internacional, debido a su privilegiada posición geográfica, su amplia oferta turística y su afamada hospitalidad.

Las campañas de promoción que México ha hecho en el extranjero para aprovechar la coyuntura mundial han generado resultados muy favorables, ya que han permitido tener presencia en los países emisores de turismo más importantes del mundo. Durante el periodo enero-abril de 2003, se registró la mayor entrada de divisas al país por este concepto para un primer cuatrimestre del año, con lo que se logró un monto de 3,367 millones de dólares, un 6.9% más respecto al mismo lapso del año anterior. Asimismo, en esos mismos meses se alcanzó una cifra máxima histórica de llegadas de turistas a México que equivalió a 6.1 millones de turistas internacionales.

Este aspecto tiene su relevancia también porque influye en los llamados viajes de incentivo, los cuales consisten en que las empresas premian el desempeño de sus ejecutivos y empleados a través de reconocimientos en especie como son los viajes a distintos destinos turísticos del mundo, los cuales tienen la característica de ser pagados por el Corporativo que los contrata.

En 2001, en Estados Unidos se invirtieron 26,040 millones de dólares en programas de incentivos, de los cuales 8,370 millones fueron destinados a los denominados viajes de incentivo. En el vecino país del norte, se generan cerca de 100 mil de viajes de incentivo cada año, de los cuales el 60% se queda en destinos turísticos locales y el 40% viaja al extranjero, principalmente a México, Centroamérica y cruceros.

Cada turista en viaje de incentivo deja al país que visita una derrama de 2 mil 224 dólares en promedio4.

Desde una óptica global, este segmento es relevante en virtud de que ofrece la posibilidad de conquistar la participación de este tipo de grupos de visitantes en las actividades turísticas de nuestro país.

En conjunto, los segmentos de convenciones, congresos, ferias, exposiciones y viajes de incentivo son una fuente importante de turismo, por lo que la modificación a la fracción VII del artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado permitiría mejorar la estacionalidad de la demanda turística en los destinos del país así como la ocupación hotelera, y elevaría el gasto y la estadía promedio de los visitantes, con lo que se multiplicarían los beneficios para las distintas regiones del país.

El objetivo de esta Iniciativa no desvirtúa ni busca cambiar su intención original. Lo único que pretende es ampliar el beneficio de tasa cero a todos los servicios que integran la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones; así como considerar los viajes de incentivo dentro de la Ley del IVA y hacer viables todos aquellos intentos que se han realizado para dar al turismo de nuestro país un nuevo impulso. Asimismo, busca fortalecer el mercado interno que dista mucho de agotarse, antes al contrario, esta veta es comprobadamente eficiente y funcional en el resto de los países que han implementado la tasa cero para eventos y viajes de talla internacional.

Además, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica de seguir avanzando para dar al turismo el valor y peso que debió haber tenido desde hace décadas, así como de mejorar el nivel de vida de miles de familias mexicanas que trabajan en de la industria turística.

Por lo anterior, y conscientes de nuestra responsabilidad y de las bondades de este proyecto, presentamos ante esta honorable Asamblea, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 29, fracción VII, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo.

Artículo Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 29 ...

Para los efectos de esta ley, se considera exportación de bienes o servicios:

I. ... VI. ...

VII.- Los servicios directos para la organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones, ferias y viajes de incentivos grupales, así como los de hotelería y conexos que se presten a las personas físicas con actividad empresarial, personas morales extranjeras o personas físicas sin residencia permanente en México, que asistan a dichos eventos y que estén contratados y sean facturados a la empresa, persona física con actividad empresarial y persona moral establecidas en el extranjero. No podrán considerarse bienes de ningún tipo.

Entre los servicios comprendidos se encontrarán:

- hoteles

- alimentos y bebidas

- auditorios

- centros de convenciones

- áreas de exposición

- empresas especializadas en la organización y realización de este tipo de eventos

- edecanía

- edificios, áreas y jardines, públicos y privados

- empresas de apoyo técnico y de organización

- monumentos y zonas arqueológicas

- parques temáticos

- recintos feriales

- traducción simultánea

- transportación terrestre

- salones de reuniones

- audiovisuales

- renta de equipos

- y eventos culturales.

Así como los servicios de transportación y viajes de excursión en el interior de la República y otros servicios directos que se utilicen para el desarrollo de congresos, convenciones, exposiciones, ferias y viajes de incentivo grupales, conforme a las reglas que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para efectos de esta fracción, los servicios directos a que se refiere deberán ser facturados a la empresa extranjera. Las empresas que presten el servicio de organización deben estar debidamente registrados ante el Servicio de Administración Tributaria.

Transitorios

Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 8 días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Notas:

1 De acuerdo con la información proporcionada en marzo de 2005 por el Consejo de Promoción Turística y por la revista Destinos y Convenciones.

2 Presidida por el secretario de Turismo e integrada por los secretarios de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Comunicaciones y Transportes, de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como por el Instituto Nacional de Migración, Nacional Financiera, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

3 Entre otros: Tercer Congreso Latinoamericano de Epilepsia; Congreso Internacional de Pediatría; Foro Global para la Investigación de la Salud; XXVI Reunión Anual de la Asociación Internacional para Investigación del Corazón; Conferencia Internacional de SITE 2004 (Mérida, Yuc.); Congreso Internacional de Nutrición, Metabolismo y Enfermedades Renales; etcétera.

4 De acuerdo a la información proporcionada por la Society of Incentive Travel Executives.

Dip. Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Yáñez Robles. En virtud de que es un asunto que tiene que ver con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, porque se trata de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pero ¿estaría usted de acuerdo, diputada, en que fuera con opinión de la Comisión de Turismo?

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Yo le pediría que se turnara a las dos comisiones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí. Si se puede, con mucho gusto se lo obsequiamos, pero se tarda mucho más. Cuando son comisiones unidas, tardamos mucho más.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Entonces, le rogaría que así se hiciera.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Bueno. Entonces, a solicitud de la diputada, es a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo.

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LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y AVICULTURA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería.

Febrero 22, 2005

HONORABLE ASAMBLEA.

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la Minuta con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1.- En fecha el 23 de septiembre de 2003, el Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Colegisladora iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversos artículos de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, misma que fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Primera.

2.- El Pleno de la Colegisladora en sesión de fecha 30 de noviembre de 2004, aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Primera, que contiene proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

3.- En fecha 02 de diciembre de 2004, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la Minuta respectiva a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.

4.- En sesión ordinaria, los Diputados integrantes de estas H.H. Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, procedieron al análisis de la Minuta antes enunciada, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO. Los integrantes de estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, estiman procedente puntualizar la Minuta remitida por la Colegisladora, misma que a la letra señala:

``DICTÁMENES A DISCUSIÓN

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

INTERVINIERON LOS SENADORES: SALVADOR BECERRA RODRÍGUEZ, PAN. CESAR RAUL OJEDA ZUBIETA, PRD. ESTEBAN MIGUEL ANGELES CERON, PRI. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS, PAN. FUE APROBADO POR 83 VOTOS. SE TURNO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto para modificar diversos artículos de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, presentada por el Sen. César Raúl Ojeda Zubieta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el pasado 23 de septiembre del 2004.

Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente Dictamen.

Con base en las referidas actividades y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, estas Comisiones someten a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Análisis de la iniciativa.

La iniciativa que nos ocupa expresa que tiene por objeto ofrecer a los productores una vía que les facilite el acceso al financiamiento competitivo y estimular una participación más dinámica de los agentes financieros en este sector.

Señala que uno de los propósitos es que las Uniones de Crédito descuenten recursos del FIRA, para evitar la intermediación de la banca comercial y con ello, evitar que los productores enfrenten otro tipo de cargos por las comisiones que cobran los bancos, haciendo el proceso más oneroso para los productores.

Al respecto, menciona que se ha estimado un sobrecosto para las Uniones de Crédito de entre 7.65% y 8.65% con respecto a lo que la banca le paga al FIRA, y de aprobarse la iniciativa de mérito, significaría una disminución entre 30 ó 40% con respecto al costo financiero actual, dependiendo del productor de que se trate.

Expresa, asimismo, que el Gobierno Federal sólo ha instrumentado algunas de las acciones que propuso, como la ampliación de actividades a financiar y la inclusión de intermediarios financieros no bancarios como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), los agentes del Programa de Crédito en Administración, (PROCREA), las cajas rurales y la Financiera Rural, siendo que a la fecha, la banca comercial, respecto del sector agropecuario, solamente financia el 33%.del monto promedio de la década de los noventa.

Menciona que el FIRA ha aumentado su volumen crediticio y se ha buscado que dicho fondo encuentre nuevos intermediarios financieros no bancarios, los cuales, en buena medida, han sustituido la labor de la banca, como lo son las SOFOLES, pero a pesar de todo, las Uniones de Crédito se han quedado rezagadas; por lo que propone que las Uniones de Crédito accedan directamente a los recursos del citado fondo, con lo que dará un importante impulso al sector.

Asimismo, propone ampliar el universo de productores beneficiados para que no solamente sean lo agropecuarios, sino también los forestales.

II. Consideraciones de las Comisiones

Las Comisiones coinciden, en lo general, con los motivos expresados en la iniciativa en estudio y para obviar repeticiones, los consideran reproducidos en el presente dictamen.

Estas comisiones consideran conveniente mencionar que el FIRA se integra por cuatro fondos de fomento constituidos por el Gobierno Federal como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento, así como otorgar garantías de crédito, para la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realicen en el medio rural, así como para fomentar servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología en dicho sector.

El FIRA forma parte del Sistema Financiero de Fomento, y opera como intermediario de segundo piso; es decir, no tiene el control de la asignación directa de los recursos otorgados. Los fideicomisos que integran el FIRA son:

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) constituido bajo el amparo de su propia Ley el 31 de diciembre de 1954;

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) constituido el 26 de agosto de 1965,

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) constituido el 30 de octubre de 1972; y

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) constituido el 28 de julio de 1988.

Los subsidios que otorga el FIRA consisten en i) financiamientos refaccionarios o de avío por debajo de la tasa de mercado; ii) estímulos, apoyos, cuotas o, reembolsos otorgados en forma gratuita para la formación de sujetos de crédito y el fortalecimiento de los Intermediarios Financieros No Bancarios; y, iii) fortalecer los proyectos de inversión a través de la capacitación, asistencia técnica, innovación y adopción de tecnología. Además, realiza operaciones de crédito y descuento con los intermediarios con quienes opera. Los diversos fideicomisos pueden descontar hasta el 100% de los créditos que otorguen, de acuerdo al perfil de riesgo crediticio del intermediario y del acreditado, así como a la exposición de riesgo determinada por el FIRA.

Con las modificaciones propuestas se impulsará al sector agropecuario y forestal, dado que se pretende que las Uniones de Crédito y los Almacenes Generales de Depósito descuenten directamente recursos del FIRA, evitando la intermediación de la banca comercial, lo cual reducirá los costos del financiamiento y se beneficiará, en última instancia, a los productores agropecuarios y forestales.

Asimismo, dado que las Uniones de Crédito tienen una importante presencia a nivel regional, los productores beneficiados con los citados fondos podrán acceder de manera más rápida al financiamiento que requieren, lo cual les garantizará la oportunidad en la entrega de los recursos.

Sin embargo, estas Comisiones consideran conveniente, realizar algunas precisiones con el fin de preservar el patrimonio de FIRA, ya que independientemente que existan reglas generales para el acceso de todas las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito y demás intermediarios al financiamiento y garantías de FIRA, resulta necesario que las tasas de interés, primas de garantías y demás condiciones financieras se determinen considerando el riesgo de crédito que dichos intermediarios representan; en tal virtud esta dictaminadora propone modificar el artículo 1 de la Ley que crea el FONDO en los términos siguientes:

Articulo 1.- ....

La canalización y el uso de los recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura para el desarrollo del sector agropecuario y forestal se harán a través de las instituciones de banca múltiple, las uniones de crédito, los almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, las tasas de interés, primas de garantías y demás requisitos que se aplicarán a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico, considerando el riesgo financiero y calidad crediticia que representen los intermediarios financieros y sus acreditados finales.

Los productores que se beneficien con los recursos de este fondo, recibirán financiamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.

Asimismo, estas Comisiones consideran conveniente reformar también el artículo 5º de la Ley, relativo a las normas a que se sujetarán las operaciones crediticias, para incluir al financiamiento de otro tipo de actividades relacionadas con el desarrollo del sector rural, ya que solamente hace mención de créditos otorgados o concertados para el cultivo de artículos básicos para la alimentación o créditos agrícolas, proponiéndose al efecto el texto siguiente:

Artículo 5º. Las operaciones a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, se sujetarán a las siguientes normas:

I.-Sólo se efectuarán en relación con financiamientos que hayan sido otorgados o concertados con personas físicas o morales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario y forestal, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas y afines, o que se desarrollen en el medio rural.

II.-Sólo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción I anterior, cuando el acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a).-Invertir con recursos propios la parte que señalen las reglas de operación, del presupuesto para cuyos fines se otorgue el financiamiento o,

b).-Tener bienes suficientes para responder del financiamiento total, independientemente del valor que se espere de la actividad productiva a ala que se destinen los recursos.

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, las Comisiones se permiten someter a la consideración del honorable Senado de la República, la aprobación del siguiente dictamen con proyecto de:

DECRETO PARA REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3o., fracciones I, II, III y IV; 5o., fracciones I y II; 7o. segundo párrafo; 9º, y 10 y se adiciona el artículo 1º con dos párrafos; todos de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1º.-...

La canalización y el uso de los recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, las tasas de interés, primas de garantías y demás requisitos que se aplicarán a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico, considerando el riesgo financiero y calidad crediticia que representen los intermediarios financieros y sus acreditados finales.

Los productores que se beneficien con los recursos del Fondo, recibirán financiamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.

ARTÍCULO 3o.- ...

I.- Garantizar a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, en la recuperación de los préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios y forestales;

II.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a los productores agropecuarios y forestales;

III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, con objeto de que éstas a su vez abran créditos a los productores agropecuarios y forestales, y

IV.- Realizar las demás que se fijen en las reglas de operación, siempre que sean por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo.

ARTÍCULO 5o.- ...

I.- Sólo se efectuarán en relación con financiamientos que hayan sido otorgados o concertados a personas físicas o morales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario y forestal, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural;

II.- Sólo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción I anterior, cuando el acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) Invertir con recursos propios la parte que señalen las reglas de operación, del presupuesto para cuyos fines se otorgue el financiamiento, o

b) Tener bienes suficientes para responder del financiamiento total, independientemente del valor que se espere de la actividad productiva a la que se destinen los recursos.

III.-...

ARTÍCULO 7o.- ...

El Fiduciario se subrogará en los derechos de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario acreedor, por las cantidades que le pague con motivo de la garantía otorgada y dicho intermediario financiero suscribirá, con sujeción a las normas legales, los documentos que se requieran para que tales derechos queden a favor del Fondo.

ARTÍCULO 9º.- El Fiduciario deberá reservarse las facultades necesarias para que, cuando lo juzgue oportuno pueda efectuar auditorías, exigir estados de contabilidad, documentos y demás datos a los productores agropecuarios y forestales, según el caso, directamente o por conducto de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario que haya intervenido en la operación respectiva.

ARTÍCULO 10.- Todas las operaciones a que se refiere la presente ley sólo podrán efectuarse por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Transitorio

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para los efectos del presente Decreto, las Uniones de Crédito que reciban de sus socios depósitos de ahorro, deberán ajustarse a los plazos, requisitos, términos y condiciones que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como sus reformas subsecuentes.

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil cuatro.''

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la Minuta presentada por la Cámara de Senadores de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Estas Dictaminadoras coinciden plenamente con las consideraciones vertidas por la Colegisladora en la Minuta que se dictamina.

En efecto, estas Comisiones coinciden con el objetivo plasmado en la Minuta en el sentido de ofrecer a los productores, una vía que les facilite el acceso al financiamiento competitivo y estimular una participación más dinámica de los agentes financieros en este sector.

Lo cual se logrará permitiendo que las Uniones de Crédito y los Almacenes Generales de Depósito, descuenten directamente recursos del FIRA, evitando la intermediación de la banca comercial, reduciendo por ende los costos del financiamiento, y beneficiando, en última instancia, a los productores agropecuarios y forestales.

Lo anterior tomando en cuenta, según se expresa en la Minuta, que el FIRA se integra por cuatro fondos de fomento constituidos por el Gobierno Federal como fideicomitente y el Banco de México como fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento, así como otorgar garantías de crédito, para la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realicen en el medio rural, así como para fomentar servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología en dicho sector.

Así al formar parte del Sistema Financiero de Fomento, el FIRA opera como intermediario de segundo piso; sin que tenga el control en la asignación directa de los recursos otorgados.

Por tanto, y considerando que las Uniones de Crédito tienen una importante presencia a nivel regional, se conviene con las modificaciones propuestas a efecto de que los productores beneficiados con los citados fondos, puedan acceder de manera más rápida al financiamiento que requieren, lo cual les garantizará la oportunidad en la entrega de los recursos.

En razón de lo anterior y coincidiendo plenamente con la Minuta enviada por la Colegisladora, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3º, fracciones I, II, III y IV; 5º, fracciones I y II; 7º segundo párrafo; 9º, y 10; y se adiciona el artículo 1º con dos párrafos; todos de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para quedar como sigue:

Artículo 1º.-...

La canalización y el uso de los recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al efecto, las tasas de interés, primas de garantías y demás requisitos que se aplicarán a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los demás intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, deberán ser aprobados por el Comité Técnico, considerando el riesgo financiero y calidad crediticia que representen los intermediarios financieros y sus acreditados finales.

Los productores que se beneficien con los recursos del Fondo, recibirán financiamiento en condiciones adecuadas para el desarrollo del sector.

Artículo 3o.- ...

I.- Garantizar a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, en la recuperación de los préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios y forestales;

II.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a los productores agropecuarios y forestales;

III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, con objeto de que éstas a su vez abran créditos a los productores agropecuarios y forestales, y

IV.- Realizar las demás que se fijen en las reglas de operación, siempre que sean por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo.

Artículo 5o.- ...

I.- Sólo se efectuarán en relación con financiamientos que hayan sido otorgados o concertados a personas físicas o morales cuyas actividades se encuentren relacionadas con la producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario y forestal, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural;

II.- Sólo podrán garantizarse los financiamientos a que se refiere la fracción I anterior, cuando el acreditado cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

a) Invertir con recursos propios la parte que señalen las reglas de operación, del presupuesto para cuyos fines se otorgue el financiamiento, o

b) Tener bienes suficientes para responder del financiamiento total, independientemente del valor que se espere de la actividad productiva a la que se destinen los recursos.

III.-...

Artículo 7o.- ...

El Fiduciario se subrogará en los derechos de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario acreedor, por las cantidades que le pague con motivo de la garantía otorgada y dicho intermediario financiero suscribirá, con sujeción a las normas legales, los documentos que se requieran para que tales derechos queden a favor del Fondo.

Artículo 9º.- El Fiduciario deberá reservarse las facultades necesarias para que, cuando lo juzgue oportuno pueda efectuar auditorías, exigir estados de contabilidad, documentos y demás datos a los productores agropecuarios y forestales, según el caso, directamente o por conducto de la institución de banca múltiple, de la unión de crédito, del almacén general de depósito o del intermediario financiero no bancario que haya intervenido en la operación respectiva.

Artículo 10.- Todas las operaciones a que se refiere la presente ley sólo podrán efectuarse por conducto de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito o de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para los efectos del presente Decreto, las Uniones de Crédito que reciban de sus socios depósitos de ahorro, deberán ajustarse a los plazos, requisitos, términos y condiciones que establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como sus reformas subsecuentes.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 22 del mes de febrero de 2005.--- Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público: diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería: diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet, Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Míriam Marina Muñoz Vargas (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS - LEY DE FONDO DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería.

22 de febrero de 2005

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Munita con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y Expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, enviada por el Senado de la República el pasado 29 de abril de 2004.

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería presentar ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la minuta, a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

El 29 de abril de 2004, El Senado de la República remitió a esta Soberanía la Minuta que contiene el proyecto de dictamen que reforma la Ley de Sociedades Mutualistas de Seguros y Expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

El 2 de Septiembre de 2004 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, para su correspondiente dictamen.

Estas Comisiones dictaminadoras, determinaron, trabajar en la mencionada minuta a partir de un análisis serio, objetivo, incluyente y responsable, partiendo de los siguientes:

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.- Desarrollo y Evolución del Seguro Agrícola en México

a) Etapas prehispánica y colonial.

En México, la historia del seguro se remonta a la época prehispánica y particularmente al pueblo azteca, el cual instrumentó un mecanismo de protección consistente en proporcionar casa y sustento a aquellos guerreros notables en el combate, que fueran incapacitados en la lucha guerrera.

Durante la época colonial, funcionó una forma rudimentaria de seguro agrícola denominada ``pósitos'', que ligado al crédito agrícola, consistía en la aportación económica de sus integrantes para asegurar la disponibilidad de crédito del siguiente ciclo en caso de ocurrir una contingencia.

También durante la época colonial, otra forma de seguro la constituyeron las ``cajas de comunidades'', cuyos fondos, depositados en el Banco de San Carlos, se destinaban a cubrir las demandas de los indígenas por enfermedad o pérdida de la cosecha, mecanismo que operó hasta el año de 1820, fecha en la que desapareció el mencionado banco. Tanto el esquema de ``pósitos'' como el de ``cajas de comunidades'', encierran en el fondo la aparición de un primer ciclo en el espíritu mutualista del aseguramiento en México, que será retomado más tarde, con otras figuras y otros alcances.

b) El México independiente.

El Código de Comercio de la Ciudad de México del 16 de mayo de 1864, conocido como Código Lares por su principal creador, Don Teodosio Lares, en sus artículos relacionados con la actividad aseguradora de conducciones terrestres y seguros marítimos, consideró funciones de inspección y vigilancia a cargo de un funcionario autorizado por el gobierno para otorgar contratos de seguro, en la figura de los agentes consulares.

En el año de 1892, se dictó la primera Ley Sobre Compañías de Seguros en México, con el propósito de regular la actividad aseguradora que, sin legislación específica, se había desarrollado durante toda la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente en lo que a seguro de vida e incendio se refiere.

Al amparo de esta Ley, surgieron compañías aseguradoras como ``La Mexicana'', ``Compañía General de Seguros Anglomexicana, S.A.'', ``La Fraternal'', ``La Nacional'', ``La Latinoamericana'' y ``Compañía de Seguros Veracruzana'', manejando los ramos de vida, incendio y daños.

En octubre de 1904, se creó formalmente el Departamento de Inspección General de Instituciones de Crédito y Compañías de Seguros; en 1910 se promulgó la Ley Relativa a la Organización de las Compañías de Seguro sobre la Vida, delineando con precisión, la personalidad jurídica del Departamento Especial de Seguros, a fin de vigilar el cumplimiento por parte de las compañías de seguros de los preceptos de la Ley recién promulgada.

Aún cuando en esa época no existieron operaciones de seguro agropecuario, los antecedentes legislativos en materia de seguro de vida y de daños en el ramo de incendio, constituirían la base para la conformación de lo que más adelante desarrolló e impulsó un modelo de protección para la actividad agropecuaria, en el cual, los requerimientos del servicio del seguro, se hicieron evidentes ante la falta de garantías prendarias de los productores agropecuarios, por limitarles su acceso al crédito de desarrollo. Las instituciones de crédito, primero las de carácter gubernamental, y posteriormente las privadas, encontrarían en las pólizas de seguro agrícola, un instrumento para mejorar la recuperación de sus carteras, ante eventos naturales catastróficos que azotan con frecuencia esta rama económica.

c) La época post revolucionaria.

En el año de 1916, el Presidente Venustiano Carranza presentó el proyecto de Constitución Política, el cual abordaba la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de sus trabajadores y la conveniencia de otorgar un seguro de resguardo por enfermedad y vejez, sin embargo, es hasta 1921, cuando el Presidente Álvaro Obregón promovió el proyecto de la Ley del Seguro Social, la cual fue promulgada hasta el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho.

En materia de crédito y seguro agropecuario, la determinación política del gobierno posrevolucionario, encontró expresión legal en el periodo de 1926 a 1931, cuando al emitirse la Ley de Crédito Agrícola, se estableció por primera vez la posibilidad de operar seguros agrícolas por medio de Sociedades Locales Cooperativas con Fondos de Previsión, sociedades que por diversas razones no llegaron a concretarse, por lo cual, México continuaría por una década más sin la operación real del seguro agropecuario. El 31 de agosto de 1935, el Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, emite la Ley Sobre el Contrato de Seguro y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que son expedidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y desde entonces hasta nuestros días, con sus modificaciones, son las que rigen en materia de seguro en general y de seguro agropecuario en particular.

En esta Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que regula la organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros y de las Sociedades Mutualistas de Seguros --figuras jurídicas facultadas para operar el aseguramiento en México--, se destina sólo una mención al Seguro Agrícola y de Animales, inscribiéndolo como un ramo más dentro de las operaciones de los seguros de daños. Las nuevas circunstancias en que hoy se desarrollan las actividades productivas y financieras en el sector agropecuario, requieren que dicha Ley deba adecuarse mediante una reforma que permita considerar de manera expresa otras alternativas y esquemas de participación de los productores agropecuarios en el manejo y operación de su seguro a través de sus propias empresas especializadas en seguro agropecuario, que funcionen al mismo tiempo y de manera muy significativa, como importantes mecanismos de ahorro e inversión productiva, que es el caso de los Fondos de Aseguramiento que han demostrado ser una alternativa viable para estos fines.

d) El espíritu mutualista del seguro agrícola de mediados del siglo XX.

La década de los años 40 representa para el seguro agrícola en México el inicio de una pretensión social gubernamental de dotar al sector agropecuario, de un mecanismo efectivo de respaldo a la actividad productiva, considerablemente afectada por riesgos ajenos a la voluntad del productor y de las instancias oficiales encargadas del crédito agrícola.

Para esa época, el Gobierno de la República había diseñado e implementado un esquema de financiamiento al medio rural, consistente en la operación de dos bancos en función del tipo de productores a atender: el de Crédito Ejidal y el de Crédito Agrícola, financiando a ejidatarios y pequeños propietarios, respectivamente.

En este marco, y ante la necesidad de encontrar esquemas viables para el aseguramiento agrícola, en 1940 el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A., inició estudios para la implementación de un seguro agrícola de granizo, y más tarde, al emitirse la nueva Ley de Crédito Agrícola en el año de 1942, el Gobierno de la República creó el Fondo de Previsión de Riesgos Agrícolas, cuya operación se encomendó a dicho banco, con el propósito de cubrir pérdidas por fenómenos naturales en tanto se formaban aseguradoras especializadas en el ramo.

Los trabajos del Banco Nacional de Crédito Ejidal, S.A. sustentados en experiencias de instituciones españolas, dieron lugar al nacimiento de un seguro agrícola mutualista que se concretó en el mismo año de 1942, con la constitución de la Mutualidad Comarcal de Seguros Agrícolas de la Laguna, la cual inició operaciones con un esquema de protección del riesgo específico de granizo, en los cultivos de trigo y algodón, ampliando posteriormente su cobertura al riesgo de helada y extendiendo la operación para proteger el riesgo de incendio para algodón ``en rancherías'', así como el riesgo de muerte de ganado en el seguro ganadero, el de accidentes de trabajo rural, en lo que a seguro de vida se refiere, y el ramo de automóviles para asegurar los camiones de los ejidos.

La operación de las mutualidades, se llevó a cabo tomando como base dichas leyes, recayendo formalmente la responsabilidad de la inspección y vigilancia en el Departamento Especial de Seguros hasta el 14 de septiembre de 1946, fecha en que, por disposición gubernamental, se creó la Comisión Nacional de Seguros con la función primordial de ejercer la vigilancia de las compañías de seguros, en nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

e) El seguro agrícola mutualista en el tercer cuarto del siglo XX.

La experiencia financiera de las mutualidades en la operación del seguro agrícola, generalmente positiva, incentivó a compañías aseguradoras privadas a considerar al seguro agrícola como una opción de negocio dirigido exclusivamente a la protección del riesgo de granizo en explotaciones agrícolas rentables. De esta manera, a partir de 1950, se incorporan al seguro agrícola: ``Aseguradora Mexicana, S.A.'', ``El Mundo'', ``Cuauhtémoc'', ``La Azteca'', ``Orientes de México'' y ``Seguros del Centro''.

Como ya se comentó, además del fomento a la actividad aseguradora mutualista y privada, con la creación de una oferta de seguro agrícola para ejidatarios y pequeños propietarios, como una garantía colateral al crédito, el Gobierno Federal implementó, en 1953, un Fondo Nacional de Garantía Agrícola, cuya pretensión era estimular a la banca privada a canalizar recursos financieros a la agricultura, al garantizarle la recuperación parcial de créditos, en los casos de afectaciones por riesgos considerados imprevisibles como granizo, heladas, inundaciones y daños por plagas ocurridas en explotaciones que no hubieran contratado seguro con las empresas oferentes.

En ese mismo año, se incorpora a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la figura de Organizaciones Auxiliares de Seguros, con lo cual se dio sustento a los operadores del seguro agrícola y se permitió, inclusive, la asociación de aseguradoras.

Paralelamente al surgimiento de Organizaciones Auxiliares del Seguro, en este mismo 1953, el Presidente Adolfo Ruiz Cortines instruye a la Secretaría de Agricultura y Ganadería la creación de la Oficina de Estudios del Seguro Agrícola, en un intento por extender la protección del aseguramiento a más regiones del país y descargar con ello la presión que, sobre las finanzas públicas, ejercían los siniestros por diferentes fenómenos naturales. En este marco, un año más tarde, en 1954, se crea la Comisión para el Estudio y Planeación del Seguro Agrícola Integral.

Las medidas anteriores y la experiencia adquirida, permitieron al Gobierno y al sector asegurador mexicano, la creación en 1954, del Consorcio Mexicano del Seguro Agrícola Integral y Ganadero, S.A. de C.V., conformado por 9 aseguradoras privadas y 2 mutualidades agrícolas, medida espectacular para la época por pretender la coexistencia armónica del sector social mutualizado y la iniciativa privada en el aseguramiento.

f) Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero, y Creación de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA)

En el periodo de 1963 hasta mediados de 1988, el aseguramiento agropecuario se realizó exclusivamente por parte del Estado en un esquema de seguro público que requirió la promulgación de una legislación específica.

Por iniciativa del Presidente Adolfo López Mateos, en 1961 se promulga la Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero y, en el año de 1963, por acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre, se crea la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA) con un capital social pagado de 25 millones de pesos, con el fin de brindar el aseguramiento en cuatro vertientes principales: Seguro Agrícola, Seguro Ganadero, Seguro Conexo a la Actividad Agropecuaria y Seguro de Vida Campesino, como los ejes de la política de aseguramiento de ANAGSA.

Previamente a la creación de ANAGSA, se habían realizado estudios para la conformación del Seguro Agrícola Integral y Ganadero, analizándose fundamentalmente tres vías para la operación del seguro agropecuario:

Un seguro operado por empresas privadas con apoyo económico del gobierno;

Una organización con base en mutualidades; y,

Un instituto descentralizado del gobierno.

Al concluirse los estudios sobre el seguro agrícola, se reafirma la importancia de desarrollar un esquema de aseguramiento agropecuario que cumpla la función de respaldo y protección de la actividad productiva en el campo, de resarcir las pérdidas ocasionadas por los siniestros, de permitir la continuidad de la actividad agropecuaria y de posibilitar la recuperación crediticia de la banca de fomento y desarrollo, situación que permitiría justificar la participación directa del Gobierno en el seguro agropecuario.

Asimismo, en materia de reglamentación, inspección y vigilancia, se crea en el año de 1970, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que más tarde, en 1971, le permitió a ANAGSA ampliar sus operaciones al Ramo de Vida en la modalidad de Seguro de Vida Campesino.

CONSIDERACIONES

Que en el medio rural se localiza el 25.4% de la población total y concentra los mayores niveles de pobreza extrema.

Que el panorama de la actividad productiva y sus servicios es desalentador, a título ilustrativo se debe tener presente que la rentabilidad de los productores agropecuarios se ha visto severamente mermada por la caída en los precios reales de los principales cultivos y el alza en los precios de los insumos; en el período de 1990 al 2002, los precios reales han disminuido en un 52% para maíz, 54% en trigo, 44% en sorgo y 67% en algodón hueso.

Que la cobertura de crédito proveniente de fuentes oficiales se ha reducido de ocho millones de hectáreas a finales de la década de los ochenta a menos de tres millones en el 2003. Por su parte, la cobertura de aseguramiento al campo ha pasado, en un período de 15 años, de 7.5 millones de hectáreas a solo 1.6 millones. Esto en un contexto en el que las contingencias climáticas han provocado que en la última década se haya perdido, en promedio, el 12% de la superficie sembrada, afectándose severamente a la población rural en su patrimonio familiar, sin que existan esquemas de seguros para su protección quedando sujetos a los apoyos que puedan recibir de programas asistenciales.

Que en el ámbito de los servicios del seguro agropecuario, la participación privada se realiza a través de seis compañías de seguros (ING Comercial América, Protección Agropecuaria, General de Seguros, Seguros Mapfre-Tepeyac, ACE Seguros y Seguros Inbursa), de las cuales sólo cuatro han tenido una operación consistente; por su parte, el Estado Mexicano se ha hecho presente de manera destacada mediante la empresa Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA) y actualmente con Agroasemex; y, en los últimos años ha surgido en el campo mexicano una nueva modalidad para la participación del sector social, materializada a través de la organización de los productores agropecuarios en Fondos de Aseguramiento.

Que en el medio rural mexicano, tanto los productores como los inversionistas agropecuarios, han confrontado, sobre todo actualmente, el escaso desarrollo de lo que se podría denominar Sistema de Intermediación Financiera Rural que comprenda los servicios de crédito, ahorro y seguro. Las actividades agropecuarias se han desarrollado enfrentando la incertidumbre climática generada por sequías prolongadas, recurrentes y catastróficas, huracanes devastadores, lluvias torrenciales y otros riesgos severos, sumándose la problemática derivada de la inexistencia de mercados completos para la comercialización redituable y efectiva de los productos.

Que la limitada participación del sector privado y frente a la necesidad de protección en el campo, se precisó de la intervención del Estado Mexicano mediante el desarrollo de la legislación específica, de las políticas públicas y de la creación y operación de empresas aseguradoras que incidieron en un crecimiento muy significativo en las operaciones de seguros agropecuarios.

Que la extinción de ANAGSA y la limitada cobertura de Agroasemex, los Fondos de Aseguramiento han tenido un desarrollo importante, puesto que han acreditado, en términos generales, prácticas de aseguramiento que sanean las carteras, incrementan la cultura del seguro y constituyen un importante mecanismo de respaldo a la actividad productiva en el campo, además de significar un importante instrumento de ahorro e inversión productiva.

Que en términos económicos, los valores asegurados por los Fondos de Aseguramiento alcanzaron, en el 2002, los 7 mil 598 millones de pesos, de los cuales, a la agricultura correspondieron 4 mil 172 millones de pesos que protegen 862 mil hectáreas, mientras que en la ganadería, se aseguraron inversiones por 3 mil 426 millones de pesos para dar cobertura a 750 mil cabezas de ganado.

Que en el mercado nacional de seguro agropecuario, las operaciones de los Fondos de Aseguramiento, durante el año 2002, representaron el 54% de la superficie asegurada y el 49% de los valores asegurados en la agricultura, mientras que, en la ganadería, si bien la participación de los Fondos fue de apenas el 7% de las cabezas aseguradas y el 14% de los valores protegidos, su crecimiento durante los tres últimos años ha sido significativo, lo que permite vislumbrar perspectivas promisorias.

Que las organizaciones, a través de sus diversos niveles de representación y como acuerdo de su Asamblea General Ordinaria de su Asociación Nacional, han planteado la urgente necesidad de disponer de un marco jurídico que les permita consolidarse y ampliar la cobertura de la prestación de este importante servicio para el campo mexicano, ya que, a pesar de la existencia de disposiciones reglamentarias y normativas en materia de Fondos de Aseguramiento, dictadas por instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es conveniente inscribir la actividad financiera desarrollada por estas asociaciones de productores, en un marco jurídico especial que garantice una operación transparente y segura, consagre los derechos y obligaciones de sus miembros, dé certidumbre jurídica a los usuarios del servicio de seguro, establezca e instrumente instancias y mecanismos de inspección y vigilancia y de servicios de asesoría y seguimiento técnico de operaciones, y promueva a la vez, la partici-pación de otros aseguradores y reaseguradores nacionales e internacionales complementarios a la participación estatal, en respaldo de las actividades de seguro agropecuario desarrolladas por los Fondos de Aseguramiento, ya que, actualmente las Reglas Generales Vigentes limitan de manera significativa el desempeño de los Fondos de Aseguramiento.

Que con un nuevo marco regulatorio que contempla una participación muy importante de SAGARPA y Agroasemex en su carácter de instituciones de desarrollo para el impulso y fomento de esquemas de administración de riesgos en el medio rural, en general, y de los Fondos de Aseguramiento, en particular; lo que sin duda se hace necesario para contribuir a generar condiciones de crecimiento de la organización productiva y financiera en el campo hacia estadios superiores, garantizando la armonía entre los diversos actores económicos del medio rural, al propiciar el fortalecimiento del desarrollo integral de este importante sector de la economía nacional.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que, en su capítulo XII de la Administración de Riesgos en el Campo y en sus artículos 127 y 128, estipula que para facilitar el acceso de los productores al servicio de aseguramiento se apoyará y fomentará a los Fondos de Aseguramiento. El mismo Programa Sectorial 2001-2006, establece como líneas de trabajo en su apartado 6.3, la creación de los incentivos necesarios para los Fondos de Aseguramiento, así como el impulso a la formación de nuevos Fondos y a la consolidación de los existentes. Muy recientemente, al suscribirse el Acuerdo Nacional para el Campo, el pasado 28 de abril de 2003, en su acuerdo No.146, se establece un programa inmediato para el fortalecimiento institucional de los Fondos de Aseguramiento y la promoción de su reconocimiento en la legislación de seguros. La presente Iniciativa de Decreto con Proyecto de Ley es la continuación congruente del interés de la sociedad rural y del Estado Mexicano en los Fondos de Aseguramiento.

Que las Asociaciones de los Fondos de Aseguramiento Nacional, Estatales y Locales, que se han venido constituyendo, como Organismos Integradores, asignándoles funciones específicas para: proporcionar asesoría técnica y capacitación; promover organizaciones productivas a partir de los remanentes de los Fondos de Aseguramiento; y para prestar servicios diversos para el desarrollo de sus afiliados. Para este efecto, se consideran disposiciones para que reciban recursos de programas públicos de fomento, de los que hasta hoy carecen, con los que podrán fortalecer sus estructuras técnicas y desarrollar estudios y proyectos, previéndose que los Fondos contribuyan con las cuotas complementarias que se determinen. También se les facultará para integrar y administrar un Sistema de Protección destinado a apoyar a Fondos de Aseguramiento con problemas de liquidez o insolvencia y dejar sentadas las bases para que, bajo la regulación de la autoridad, puedan iniciar esquemas de retención y retrocesión de riesgos para hacer más atractiva la participación del mercado internacional de reaseguro en respaldo a los Fondos de Aseguramiento, con lo cual, se alentará la formación y desarrollo de un mercado de reaseguro en contraposición al esquema monopólico actual.

Que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como autoridad para la supervisión de las operaciones de los Fondos de Aseguramiento. Se establece que, en uso de sus facultades, podrá convenir con los propios Organismos Integradores de Fondos de Aseguramiento para que, de manera delegada, lleven a cabo labores de supervisión e información sobre la operación de los Fondos. Dicho esquema de supervisión deberá ser bajo un modelo que tome en cuenta que se trata de supervisar a empresas del sector social conformadas por productores, cuya función principal es garantizar la producción agropecuaria del país en condiciones de productividad y competitividad.

CONTENIDO DE LA MINUTA

En primer término, se presenta el proyecto de Adiciones a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que adiciona un párrafo al Artículo 1ro, mediante el cual se reconoce la figura de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural y de los Organismos Integradores. Asimismo, se contempla un Artículo Transitorio en el que se indica el momento de la entrada en vigor de la modificación a la legislación en cuestión.

En segundo término, se expone el proyecto de Decreto de Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

En el Capítulo I se establecen las disposiciones generales y el objeto de la Ley en relación con la promoción y regulación de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, declarándose de orden público y observancia general. En el Capítulo II, se abordan los procesos de constitución y autorización de Fondos de Aseguramiento. El Capítulo III contiene las disposiciones en torno a la organización de los Fondos de Aseguramiento. Por su parte, el Capítulo IV estipula las disposiciones sobre la admisión, suspensión, separación y exclusión de socios.

El Capítulo V precisa los ordenamientos respecto del funcionamiento y operación de los Fondos de Aseguramiento. Las disposiciones para conformación de organismos superiores formados por los propios Fondos de Aseguramiento, denominados Organismos Integradores, están contenidas en el Capítulo VI y en el Capítulo VII, quedan regulados los procesos de afiliación a estos Organismos Integradores. Asimismo, en el Capítulo VIII se establecen las reglas a que deben sujetarse los Fondos de Aseguramiento en el caso de que opten por su no afiliación a los Organismos Integradores.

El Capítulo IX refiere los ordenamientos relativos a la fusión, disolución, liquidación y revocación de las autorizaciones de los Fondos de Aseguramiento. Lo relativo al Sistema de Protección queda previsto en el Capítulo X. En el Capítulo XI quedan dispuestas las facultades de las autoridades y, en el Capítulo XII, se plasman los instrumentos de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento. Finalmente, lo relativo a las sanciones y penas queda estipulado en el Capítulo XIII.

El Proyecto de Decreto de Iniciativa de Ley, incluye nueve artículos transitorios. En el PRIMERO lo relativo a su entrada en vigor. El SEGUNDO contiene la previsión para que los Fondos de Aseguramiento que ya cuentan con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puedan seguir operando. El TERCERO prevé la continuidad en la aplicación de las Reglas Generales de la SHCP hasta en tanto no se cumplimenten las nuevas disposiciones que contiene esta iniciativa. En el CUARTO se asientan la estipulación que deberán seguirse por los Organismos Integradores de Fondos de Aseguramiento en funcionamiento para cumplir lo requerido por esta Ley. En el QUINTO se establece el tratamiento que se le otorgará a las solicitudes de registro de Fondos de Aseguramiento presentadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no hubiesen sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. El Artículo SEXTO indica el plazo que tendrán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir las disposiciones y Reglas Generales previstas en esta Ley. Y el SÉPTIMO deroga las disposiciones que se opongan a esta Ley y define la vigencia de las reglas generales que actualmente regulan a los Fondos de Aseguramiento.

En razón de lo anterior y coincidiendo plenamente con la Minuta enviada por la Colegisladora se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

DECRETO QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y EXPIDE LA LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL.

Artículo Primero.- Se adiciona con un tercer párrafo al artículo 1o y se reforma el artículo 13, todos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

Esta Ley reconoce a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, los cuales se sujetarán en su operación al artículo 13 de esta Ley y serán regulados, para efectos de su organización, funcionamiento y actividades, por la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

Artículo 13. Las asociaciones de personas que sin expedir pólizas o contratos, concedan a sus miembros seguros en caso de muerte, beneficios en los de accidentes y enfermedades o indemnizaciones por daños, con excepción de las coberturas de alto riesgo por monto o acumulaciones y las de naturaleza catastrófica salvo que éstas se relacionen con las operaciones correspondientes al ramo agrícola y de animales o al aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, podrán operar sin sujetarse a los requisitos exigidos por la presente Ley, pero deberán someterse a las reglas generales que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se fijarán las bases para que, cuando proceda por el número de asociados, por la frecuencia e importancia de los seguros que concedan y de los siniestros pagados, la misma Secretaría ordene a estas asociaciones que se ajusten a la presente Ley, convirtiéndose en sociedades mutualistas de seguros.

Artículo Segundo.- Se expide la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, para quedar como sigue:

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 1o. Esta Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto crear y regular la organización, funcionamiento y operación del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que se constituirá por los Fondos de Aseguramiento y por sus Organismos Integradores, que se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de esta Ley, con los siguientes propósitos específicos:

I. Fomentar, promover y facilitar el servicio de aseguramiento por parte de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural;

II. Regular las actividades y operaciones que los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural podrán realizar, así como establecer el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones que deberán recibir, con el propósito de lograr su sano y equilibrado desarrollo;

III. Regular la organización, funcionamiento y operaciones de los Organismos Integradores de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural;

IV. Otorgar certeza y seguridad jurídica en la protección de los intereses de quienes celebran operaciones con dichos Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural; y,

V. Establecer los términos en que se llevará a cabo el seguimiento de operaciones del Sistema de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la dependencia competente para interpretar en sus aspectos administrativos los preceptos de esta Ley y en general, para todo cuanto se refiere a los sujetos de la misma. Para estos efectos, la Secretaría podrá solicitar, cuando así lo considere conveniente, la opinión de algún organismo, dependencia o entidad en razón de la naturaleza de los casos que lo ameriten.

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Comisión, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas;

III. SAGARPA, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IV. Fondo de Aseguramiento, en singular o plural, son las sociedades constituidas como Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, en los términos de esta Ley y de lo previsto en el artículo 13 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;

V. Agroasemex, a AGROASEMEX, S.A., Institución Nacional de Seguros;

VI. Organismo Integrador, en singular o plural, a las Asociaciones de Fondos de Aseguramiento que se constituyan en los ámbitos Nacional, Estatal y Local, de conformidad con lo previsto en esta Ley;

VII. Organismo Integrador Nacional, al Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural formado por Organismos Integradores Estatales, de conformidad con lo previsto en esta Ley;

VIII. Organismo Integrador Estatal, en singular o plural, a las Asociaciones de Fondos de Aseguramiento formadas por Organismos Integradores Locales y/o por Fondos de Aseguramiento de una Entidad Federativa, de conformidad con lo previsto en esta Ley;

IX. Organismo Integrador Local, en singular o plural, a las Asociaciones de Fondos de Aseguramiento formadas por Fondos de Aseguramiento de una misma zona al interior de una Entidad Federativa, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

X. Socios, a las personas físicas o morales que participen como socios de los Fondos de Aseguramiento en los términos de esta Ley;

XI. Líneas de Operación, a las operaciones y ramos de seguros que los Fondos de Aseguramiento podrán practicar al amparo del registro ante la Secretaría, de conformidad con esta Ley, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y con las Reglas Generales que emita la Secretaría;

XII. Sistema de Protección, al sistema integrado por el Fondo de Protección y por los Fondos de Retención Común de Riesgos, en los términos de esta Ley;

XIII. Fondo de Protección, a los recursos constituidos por las aportaciones de los Fondos de Aseguramiento y de otros aportantes, destinados a los fines establecidos en esta Ley;

XIV. Fondo de Retención Común de Riesgos, en singular o plural, a los recursos constituidos por las aportaciones de los Fondos de Aseguramiento y de otros aportantes, destinados a los fines establecidos en esta Ley;

XV. Comité Técnico, a lo comités de los Organismos Integradores, constituidos para la administración del Fondo de Protección y de los Fondos de Retención Común de Riesgos;

XVI. Comité de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, al comité de los Organismos Integradores encargado de planear, coordinar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios que ofrezcan a sus afiliados; y,

XVII. Coaseguro, a la participación por acuerdo entre un Fondo de Aseguramiento y una institución de seguros en un mismo riesgo.

Artículo 3o. Los Fondos de Aseguramiento son las sociedades constituidas en los términos de esta Ley y tendrán por objeto ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios a través de operaciones activas de seguros y coaseguros. Las coberturas que se ofrezcan se circunscribirán a lo siguiente:

I. En las operaciones de daños, al ramo agrícola y de animales y a aquellos ramos que específicamente registre ante la Secretaría para el aseguramiento de los bienes conexos a la actividad agropecuaria, rural y patrimonial;

II. En operaciones de vida, a coberturas con sumas aseguradas limitadas para atender esquemas de saldo deudor y de vida para familias campesinas;

III. En las operaciones de accidentes y enfermedades de sus socios, el ramo de accidentes personales.

Para el caso de las operaciones de vida, las coberturas deberán practicarse por Fondos de Aseguramiento exclusivamente constituidos para este efecto.

En el otorgamiento de coberturas para el ámbito rural, se incluyen todas las Líneas de Operación que ofrezcan protección a la población rural, en sus bienes y personas y en sus actividades productivas, comerciales, de servicios o de otro tipo, en los términos de este artículo.

Artículo 4o. Las operaciones que realicen los Fondos de Aseguramiento estarán respaldadas por sus propias reservas técnicas, por los contratos de reaseguro y coaseguro y, en su caso, por el Fondo de Protección y los Fondos de Retención Común de Riesgos, en los términos previstos en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen los Fondos de Aseguramiento ni los Organismos Integradores, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios.

Artículo 5o. Las palabras Fondo de Aseguramiento, Fondo de Aseguramiento Agropecuario y Rural sólo podrán ser usadas en la denominación de los Fondos de Aseguramiento que se registren para operar en los términos de esta Ley. Se exceptúa la aplicación de lo anterior, a los Organismos Integradores registrados en los términos de esta Ley.

Artículo 6o. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicará a los sujetos de la misma en forma supletoria, lo dispuesto en las siguientes leyes:

I. La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;

II. La Legislación Mercantil;

III. El Código Civil Federal; y,

IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los principios establecidos en la Ley sobre el Contrato de Seguro serán aplicables a las operaciones de los Fondos de Aseguramiento, en lo compatible con su objeto consistente en la protección mutualista y solidaria a sus socios.

TÍTULO PRIMERO DE LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO

Capítulo Primero De su Constitución y Registro.

Artículo 7o. La constitución de un Fondo de Aseguramiento deberá realizarse conforme a las siguientes bases:

I. Deberá suscribirse el contrato social y los Estatutos, mismos que deberán contenerse en escritura pública constitutiva en sujeción a las disposiciones de esta Ley, estipulando su carácter de sociedad sin fines de lucro, su personalidad jurídica y su patrimonio;

II. El objeto social se limitará al funcionamiento como Fondo de Aseguramiento, en los términos de esta Ley;

III. Podrá estipularse que la duración de la sociedad será indefinida;

IV. El domicilio de la sociedad deberá estar siempre dentro del territorio nacional;

V. El nombre de la sociedad deberá expresar su carácter de Fondo de Aseguramiento;

VI. En la escritura pública constitutiva deberá incluirse la relación de socios fundadores, así como de administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley; y,

VII. Señalar los nombres, nacionalidad y domicilios de los asociados, consejeros y funcionarios, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley.

Artículo 8o. El registro para operar como Fondo de Aseguramiento será otorgado por la Secretaría, para lo cual se seguirá el procedimiento que a continuación se señala:

I. Se deberá presentar solicitud, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de esta Ley, ante el Organismo Integrador Estatal correspondiente o, de no existir, ante el Organismo Integrador Nacional, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de dicha solicitud;

II. La Secretaría resolverá las solicitudes de registro, las cuales deberán acompañarse de:

a) El dictamen favorable del Organismo Integrador respectivo;

b) El testimonio de la escritura pública constitutiva, conteniendo los Estatutos que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente Ley establece, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; y,

c) El programa general de operación, que permita a la Secretaría evaluar si podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos: i) las regiones y municipios en las que pretenda operar; ii) un estudio de viabilidad financiera para cada tipo de operaciones y ramos de seguros que pretenda operar; incluyendo las bases para retención de riesgos que asume el Fondo de Aseguramiento con cargo a sus reservas, así como su cesión en reaseguro y/o coaseguro en cada caso; iii) las bases para la aplicación de remanentes; y, iv) las bases relativas a su organización y control interno.

Los Organismos Integradores remitirán a la Secretaría, en términos del presente artículo, las solicitudes para las que hubiesen generado un dictamen favorable, acompañándolas del mismo, y la Secretaría entregará su resolución a través de dichos Organismos Integradores, o directamente cuando se trate de Fondos de Aseguramiento que opten por el régimen de no afiliados;

III. Tratándose de aquellos Fondos de Aseguramiento que pretendan obtener registro y que opten por el régimen de no afiliados, podrán acudir directamente ante la Secretaría, a efecto de que ésta designe al Organismo Integrador que se encargará de emitir el dictamen correspondiente, continuando con el procedimiento señalado en el inciso anterior;

IV. En caso de que el Fondo de Aseguramiento reciba un dictamen desfavorable del Organismo Integrador Estatal o Nacional, según sea el caso, podrá solicitar la revisión de éste ante el mismo Organismo Integrador. De ratificarse el dictamen desfavorable, el Fondo de Aseguramiento podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Secretaría, quien deberá resolver sobre la misma. Los solicitantes contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable para presentar directamente a la Secretaría dicha solicitud de revisión;

V. Los Organismos Integradores contarán con un plazo de quince días hábiles para elaborar su dictamen o resolver las solicitudes de revisión de los mismos, y la Secretaría contará con un plazo de treinta días hábiles para emitir resolución respecto de las solicitudes de registro que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las solicitudes a los Organismos Integradores o a la Secretaría con toda la información y documentación a que se refiere el artículo siguiente de esta Ley;

VI. Se entenderá que la Secretaría resuelve en sentido aprobatorio la solicitud de registro, si no comunica lo contrario al Organismo Integrador o al Fondo de Aseguramiento solicitante dentro del periodo mencionado en la fracción anterior. Asimismo, se entenderá que la Secretaría resuelve, en sentido no aprobatorio, la solicitud de registro presentada directamente por un solicitante que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario al solicitante dentro del periodo mencionado;

VII. Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Secretaría al Organismo Integrador o al solicitante, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Secretaría para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida;

VIII. El Organismo Integrador en su dictamen propondrá a la Secretaría, las operaciones y ramos de seguros que, en términos de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, ampare el registro. Para que el Fondo de Aseguramiento amplíe sus operaciones o ramos, se requerirá de modificar su registro ante la Secretaría, en los términos de lo previsto en este artículo; y,

IX. Los registros que otorgue la Secretaría serán intransferibles y no implicarán respaldo en el cumplimiento de las obligaciones que asuman los Fondos de Aseguramiento, por lo que la Secretaría no asume responsabilidad alguna por dicha inscripción.

Artículo 9o. La solicitud para la obtención del dictamen, deberá acompañarse de lo siguiente:

I. El proyecto de la escritura pública constitutiva, conteniendo los Estatutos que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente Ley establece;

II. El programa general de operación, que permita evaluar si podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:

a) Las regiones y municipios en las que pretenda operar;

b) Un estudio de viabilidad financiera para cada tipo de operaciones y ramos de seguros que pretenda operar; incluyendo las bases para la retención de riesgos que asume el Fondo de Aseguramiento con cargo a sus reservas, así como su cesión en reaseguro y/o coaseguro en cada caso;

c) Las bases para la aplicación de remanentes; y,

d) Las bases relativas a su organización y control interno.

III. La acreditación de la solvencia moral y económica de los principales funcionarios;

IV. Cartas de intención de instituciones de seguros o de reaseguro de participar en los riesgos asumidos por el Fondo de Aseguramiento; y,

V. El proyecto de contrato de afiliación o de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones que, en su caso, celebraría el solicitante con un Organismo Integrador, incluyendo la aceptación por parte de éste para celebrarlo.

Cualquier modificación a la escritura constitutiva del Fondo de Aseguramiento y a sus Estatutos, deberá ser sometida al previo dictamen del Organismo Integrador correspondiente, en términos del Contrato de Afiliación o de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, según sea el caso. Una vez obtenido el dictamen favorable del Organismo Integrador, lo remitirá a la Secretaría para su conocimiento.

Tratándose de Fondos de Aseguramiento no afiliados, este procedimiento se llevará a cabo ante la Secretaría en los términos del presente artículo.

La escritura o sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo exhibirse ante la Secretaría copia certificada del testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha de su inscripción.

En ningún momento la denominación del Fondo de Aseguramiento podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con organizaciones políticas o religiosas.

Capítulo Segundo De su Organización

Artículo 10. Los Fondos de Aseguramiento contarán, cuando menos, con los siguientes órganos:

I. Asamblea General de Socios;

II. Consejo de Administración;

III. Consejo de Vigilancia; y,

IV. Un Director o Gerente.

Artículo 11. La Asamblea General de Socios será la máxima autoridad del Fondo de Aseguramiento. Las asambleas deberán celebrarse en el domicilio social del Fondo de Aseguramiento, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, que deberá especificarse en el acta respectiva.

Artículo 12. Son atribuciones de la Asamblea General de Socios las siguientes:

I. Aprobar los Estatutos, el Reglamento Interno, así como las modificaciones respectivas;

II. Nombrar a los integrantes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia;

III. Aprobar los presupuestos y programas del seguro y reaseguro; las aportaciones al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos; las aportaciones extraordinarias; y, el pago de las cuotas a los Organismos Integradores;

IV. Aprobar la evaluación de resultados, balances y estados financieros y el programa de aplicación de los remanentes en términos de esta Ley;

V. Autorizar la admisión, separación, suspensión o exclusión de socios. La admisión, suspensión y separación podrán ser delegadas al Consejo de Administración, si así lo prevén los Estatutos. Los acuerdos que adopte el Consejo de Administración, deberán ser ratificados en la siguiente Asamblea General de Socios. La suspensión o la exclusión de cualquier socio procederán cuando incurra en violaciones a los Estatutos, al reglamento interno del Fondo de Aseguramiento o a la presente Ley;

VI. Aprobar, dado el caso, sobre la fusión, escisión, transformación o disolución del Fondo de Aseguramiento, misma que deberá ser hecha del conocimiento de la Secretaría;

VII. Remover a los integrantes del Consejo de Administración por las siguientes circunstancias:

a) Incumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Socios o lo previsto en esta Ley;

b) Utilizar en su provecho los recursos económicos, financieros, humanos o materiales del Fondo de Aseguramiento o cometer actos ilícitos en perjuicio o en agravio del Fondo de Aseguramiento o de sus socios; y,

c) Incurrir en las causas de remoción que establezcan los Estatutos o esta Ley.

VIII. Cualquier otro asunto que se le reserve en los términos de esta Ley y de los Estatutos.

Artículo 13. La Asamblea General de Socios se reunirá de manera ordinaria, cuando menos, tres veces durante el ejercicio anual; y de manera extraordinaria cuando sea necesario.

Las convocatorias para las sesiones de la Asamblea General de Socios deberán emitirse por el Consejo de Administración o por el Consejo de Vigilancia. Los socios que representen cuando menos el diez por ciento del total de los votos, podrán solicitar al Consejo de Administración o al Consejo de Vigilancia, la convocatoria para la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Socios para tratar los asuntos que indiquen en su petición. Si no lo hicieren, deberán informar en la próxima sesión de la Asamblea General de Socios las razones que expliquen su determinación.

La convocatoria para las sesiones deberá formularse por escrito, especificando los asuntos a tratar y notificando fehacientemente a los interesados. La forma y términos de la notificación deberán hacerse constar en el acta de la sesión respectiva.

Artículo 14. Para que la Asamblea General de Socios en sesión ordinaria quede legalmente constituida, se requerirá de la representación debidamente acreditada, de cuando menos la mitad más uno de los votos, y en el caso de sesión extraordinaria, del setenta y cinco por ciento. Estos mismos porcentajes se requerirán para aprobar las resoluciones que se tomen en tales sesiones.

Tratándose de Segunda Convocatoria, tanto para sesión ordinaria como extraordinaria, se instalará con los votos representados y las decisiones se tomarán por mayoría simple.

Artículo 15. En los Estatutos se determinará el mecanismo para asignar el número de votos por socio, pudiendo ser un socio un voto, o bien una modalidad de representación proporcional que fije el número de votos por socio en función de la participación del socio en la suma de los valores asegurados o cuotas del Fondo de Aseguramiento. El número de votos por socio, no excederá el 10% de los valores asegurados o cuotas de la sociedad.

De toda sesión de Asamblea General de Socios se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los asistentes a la misma. En caso de que, quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de su nombre, firmando a lado quien funja como Secretario de la Asamblea.

Artículo 16. Las personas físicas o morales o grupos de socios integrantes de un Fondo de Aseguramiento, podrán designar un representante para que en su nombre, acuda a las sesiones de la Asamblea General de Socios. Cuando una persona represente a dos o más socios, ejercerá la suma de los votos de los socios que represente.

En ningún caso podrán ser representantes de socios las personas que ocupen un cargo dentro del Consejo de Administración o Vigilancia del Fondo de Aseguramiento, ni las personas que presten sus servicios al mismo. La representación a que se refiere éste artículo se conferirá en simple carta poder firmada ante dos testigos. Los actos del representante obligarán a los socios representados.

Para ser electo representante de socios, ante la Asamblea General de Socios del Fondo de Aseguramiento, se deberá cumplir con lo siguiente:

I. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles;

II. En su caso, formar parte de la persona moral a la que pretende representar; y,

III. No ser miembro de otro Fondo de Aseguramiento ni representar a más de una persona moral.

Artículo 17. El Consejo de Administración estará constituido por un mínimo de tres miembros propietarios y un máximo de siete, y sus respectivos suplentes. En todo caso el número de Consejeros será impar. En ningún caso los miembros de este Consejo podrán formar parte del Consejo de Vigilancia. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

El Consejo de Administración designará de entre sus miembros un Presidente, un Tesorero y un Secretario; los demás, en su caso, tendrán el carácter de vocales.

Los consejeros durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos, si así lo establecen los Estatutos.

Artículo 18. Para ser miembro del Consejo de Administración se deberá cuando menos cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles;

II. Ser socio del Fondo de Aseguramiento o de la persona moral que lo designe representante en pleno ejercicio de sus derechos de socio del Fondo de Aseguramiento;

III. No tener ninguno de los impedimentos señalados en el artículo siguiente; y,

IV. Los demás que esta Ley o los Estatutos del Fondo de Aseguramiento determinen.

Artículo 19. En ningún caso podrán ser Consejeros del Fondo de Aseguramiento:

I. Las personas que desempeñen algún cargo en el Fondo de Aseguramiento de que se trate, así como en otros Fondos de Aseguramiento;

II. Las personas cuya sentencia haya causado ejecutoria por delitos intencionales patrimoniales;

III. Las personas que tengan litigio pendiente con el Fondo de Aseguramiento; y,

IV. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o de dirigencia política o religiosa.

Los mismos impedimentos se aplicarán a los Consejeros en los casos de los Organismos Integradores Nacional, Estatales y Locales.

Artículo 20. Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

I. Representar al Fondo de Aseguramiento ante terceros, con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio; así como para otorgar poderes generales y especiales, con la única limitación de que para enajenar bienes que formen parte del activo fijo del Fondo de Aseguramiento requerirán autorización previa de la Asamblea General de Socios;

II. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General de Socios y los Estatutos del Fondo de Aseguramiento;

III. Proponer a la Asamblea General de Socios los presupuestos y programas de seguros, coaseguro y reaseguro;

IV. Informar a la Asamblea General de Socios sobre su gestión y sobre los resultados operativos y estados financieros del ejercicio;

V. Realizar gestiones, celebrar contratos y, en general, supervisar la operación del seguro, coaseguro y reaseguro en sus diversas coberturas;

VI. Nombrar al Gerente o Director del Fondo de Aseguramiento, quien tendrá las facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración con las limitaciones que, en su caso, le imponga el Consejo en la sesión que lo designe. El Gerente o Director en ningún caso gozará de facultades para actos de dominio;

VII. Acordar la admisión, suspensión y separación de socios cuando así lo prevean los Estatutos y con la condición de que dicho acuerdo sea ratificado en la siguiente sesión de la Asamblea General de Socios;

VIII. Instrumentar los mecanismos de recuperación de adeudos a cargo de los socios, y,

IX. Las demás previstas en esta Ley y en los Estatutos correspondientes.

El Consejo se reunirá a convocatoria por escrito, firmada por el Presidente o el Secretario, en la forma y términos que señalen los Estatutos, e incluirá el orden del día. De toda sesión se levantará el acta respectiva que contendrá los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. El acta será firmada por todos miembros del Consejo de Administración que participen y por los miembros del Consejo de Vigilancia que asistan.

El Consejo de Administración deberá sesionar cuando menos una vez al mes o cada vez que los asuntos del Fondo de Aseguramiento así lo requieran.

Artículo 21. El Director o Gerente del Fondo de Aseguramiento, deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Tener conocimientos y experiencia en materia de seguros agropecuarios o seguros generales y de administración;

II. Contar con la validación del Organismo Integrador al que se encuentre afiliado el Fondo o con el que tenga celebrado el contrato de prestación de servicios señalado en el artículo 68;

III. No tener alguno de los impedimentos que para ser Consejero señala el artículo 19; y,

IV. Los demás que esta Ley o los Estatutos del Fondo de Aseguramiento determinen.

Artículo 22. Los Fondos de Aseguramientos deberán contar con un Consejo de Vigilancia, que se integrará con socios del propio Fondo de Aseguramiento, estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Vocal con sus respectivos suplentes. En ningún caso podrán formar parte del Consejo de Administración los miembros de este Consejo.

Los integrantes del Consejo de Vigilancia durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos si así lo establecen los Estatutos.

Artículo 23. Para que un socio pueda ser electo como miembro del Consejo de Vigilancia deberá cumplir los mismos requisitos establecidos para la elección de los integrantes del Consejo de Administración.

Artículo 24. Son facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia:

I. Vigilar que todos los actos del Fondo de Aseguramiento se realicen con apego a esta Ley, a los Estatutos y a la normatividad aplicable;

II. Rendir a la Asamblea General un informe anual sobre su gestión, sobre el desempeño del Consejo de Administración, así como del Director o Gerente;

III. Convocar a sesión a la Asamblea General de Socios en caso de omisión del Consejo de Administración y cuando lo juzgue conveniente;

IV. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Asamblea General de Socios y a las sesiones del Consejo de Administración, para lo cual deberán ser convocados en la forma y términos que prevean los Estatutos;

V. Informar oportunamente a la Asamblea General de Socios y al Organismo Integrador correspondiente sobre cualquier desviación observada en la operación del Fondo de Aseguramiento a fin de que se determine lo conducente, y supervisar que las observaciones efectuadas se solventen debidamente y las irregularidades detectadas se corrijan;

VI. En su caso, recomendar y justificar a la Asamblea General de Socios su aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del Consejo de Administración; y,

VII. Las demás previstas en esta Ley y en los Estatutos.

El Consejo de Vigilancia deberá sesionar previamente a la celebración de las sesiones de la Asamblea General de Socios y cuando los asuntos a tratar lo ameriten. De toda sesión se levantará el acta respectiva que contendrá los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. El acta será firmada por todos los participantes.

La Asamblea General de Socios podrá remover a los integrantes del Consejo de Vigilancia, por incumplimiento de las funciones encomendadas y por las causales señaladas para la remoción de los integrantes del Consejo de Administración.

Artículo 25. Los miembros del Consejo de Administración no podrán votar en las sesiones de la Asamblea General de Socios que deliberen sobre la aprobación de la evaluación de resultados, balances y estados financieros y sobre el informe que al respecto deba rendir el Consejo de Vigilancia, o en cualquier otro asunto de esta naturaleza.

En caso de contravenirse esta disposición, el voto de cualquier Consejero será nulo y sancionado en los términos de los Estatutos correspondientes.

Capítulo Tercero De la Admisión, Separación, Suspensión y Exclusión de Socios.

Artículo 26. Para ser socio de un Fondo de Aseguramiento se requiere:

I. Ser persona física de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos y que realice actividades agrícolas o pecuarias, o tenga su residencia en el medio rural; o bien, ser persona moral de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros, cuyo objeto social prevea la realización de actividades agrícolas o pecuarias, o del medio rural;

II. Presentar por escrito solicitud de ingreso;

III. No ser socio de otro Fondo de Aseguramiento, excepto en lo previsto en la fracción VI de este mismo artículo. En caso de que el interesado haya participado en otro Fondo de Aseguramiento deberá presentar el acta de la Asamblea General que haya acordado su separación; o bien, la solicitud de separación recibida por el Fondo de Aseguramiento al que perteneció, cuando no se le hubiere dado respuesta a la misma en el plazo a que se refiere el artículo siguiente;

IV. Presentar la información para efecto de determinar si es susceptible de integrarse como socio al Fondo de Aseguramiento. Cada Fondo de Aseguramiento fijará los requisitos que deberá cumplir el interesado;

V. Que la Asamblea General de Socios o el Consejo de Administración, en caso de que así lo prevean los Estatutos, acepte la solicitud de ingreso del nuevo socio. En caso de ser admitido por dicho Consejo, se requerirá la aprobación definitiva de la admisión en la siguiente sesión de la Asamblea General de Socios;

VI. El socio de un Fondo de Aseguramiento puede pertenecer a otro, siempre y cuando el Fondo de Aseguramiento al que pertenezca originalmente no pueda otorgarle los servicios de aseguramiento, lo que acreditará con la constancia respectiva que dicho Fondo de Aseguramiento expida; y,

VII. Las demás que establezcan los Estatutos.

La calidad de socio del Fondo de Aseguramiento será intransferible.

Artículo 27. La separación de cualquier socio deberá ser solicitada por escrito al Consejo de Administración; el cual según proceda, resolverá lo conducente o presentará la solicitud a la Asamblea General de Socios a efecto de que se acepte o rechace. Entre la solicitud de separación y la resolución, no deberá mediar un plazo mayor de 15 días naturales. La aceptación de la separación estará condicionada a que el socio interesado haya cubierto la totalidad de sus responsabilidades para con el Fondo de Aseguramiento, o bien, hubiere suscrito con el mismo un convenio que garantice el cumplimiento de dichas responsabilidades.

Cuando el socio que hubiere solicitado en los términos anteriores su separación del Fondo de Aseguramiento, no tenga obligaciones pendientes de cumplir a su cargo y no hubiere recibido respuesta en el término mencionado en el párrafo anterior, su decisión de separación producirá efectos al día hábil siguiente al vencimiento de dicho plazo, aún sin la aceptación de la Asamblea General de Socios o del Consejo de Administración, según corresponda.

Artículo 28. La Asamblea General de Socios podrá suspender o excluir a cualquier socio. En caso de que así lo prevean los Estatutos, el Consejo de Administración podrá suspenderlo. Procederá la suspensión cuando el socio incurra en alguna de las siguientes causas:

I. Aportar datos falsos relacionados con los bienes a asegurar;

II. Incumplir los acuerdos de las Asambleas Generales de Socios o violar disposiciones de esta Ley;

III. Causar daño patrimonial al Fondo de Aseguramiento o a sus socios;

IV. No cubrir totalmente y en forma oportuna al Fondo de Aseguramiento las aportaciones a su cargo;

V. No realizar operaciones de seguros con el Fondo de Aseguramiento; y,

VI. Las demás que establezcan los Estatutos.

La suspensión podrá ser hasta por dos años según lo acuerde la Asamblea General de Socios. En caso de daños causados, la suspensión durará hasta que los mismos sean reparados o compensados a satisfacción del Fondo de Aseguramiento o de los socios afectados. En caso de reincidencia, la Asamblea General de Socios podrá resolver la exclusión del socio, lo que implicará la pérdida definitiva de sus derechos como tal.

Capítulo Cuarto De su Funcionamiento y Operación.

Artículo 29. Los Fondos de Aseguramiento funcionarán de manera que las coberturas que practiquen no tengan fines de lucro para el mismo ni para los socios. Sólo podrán cobrar a sus socios por concepto de cuota lo indispensable para sufragar los gastos generales que ocasione su gestión y las cuotas para sus Organismos Integradores; cubrir la prima de reaseguro y accesorios a la misma; constituir o incrementar conforme a esta Ley las reservas técnicas necesarias para cumplir sus compromisos de aseguramiento con sus socios; realizar aportaciones al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos; así como, para crear e incrementar el Fondo Social previsto en esta Ley.

Artículo 30. Los Fondos de Aseguramiento sólo podrán ofrecer servicio de seguros a sus socios por lo que no podrán otorgar protección a terceras personas.

Artículo 31. Los Fondos de Aseguramiento sólo podrán realizar las siguientes operaciones:

I. Practicar las operaciones de seguros a que se refiere el artículo 3 de esta Ley con sujeción al registro que otorgue la Secretaría;

II. Constituir e invertir las reservas previstas en esta Ley;

III. Administrar los recursos retenidos a las instituciones de seguros del país y del extranjero correspondientes a las operaciones de reaseguro que hayan celebrado;

IV. Constituir depósitos en instituciones de crédito;

V. Operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la realización de su objeto social;

VI. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto social; y,

VII. Aquéllas que sean necesarias para la realización de su objeto social.

Artículo 32. Las operaciones de seguro que lleven a cabo los Fondos de Aseguramiento con sus socios se formalizarán mediante constancias de aseguramiento, que deberán ser entregadas al socio del Fondo de Aseguramiento y en las que se harán constar los derechos y obligaciones de las partes. La constancia de aseguramiento deberá contener, cuando menos:

I. La denominación del Fondo de Aseguramiento;

II. El nombre del socio asegurado;

III. La firma del representante del Fondo de Aseguramiento;

IV. La designación de las personas o bienes asegurados;

V. La naturaleza de los riesgos amparados por la cobertura,

VI. En su caso, el nombre y domicilio de los beneficiarios;

VII. La suma asegurada o prestación a cargo del Fondo de Aseguramiento;

VIII. Los deducibles, en su caso;

IX. La fecha de emisión y período de cobertura;

X. El importe de la cuota; y,

XI. El lugar y la forma de pago.

Para este efecto tanto los Fondos de Aseguramiento como sus socios estarán obligados, en los términos previstos en el artículo 6 y en todo aquello que no contravenga a esta Ley, a lo dispuesto por la Ley sobre el Contrato de Seguro.

Asimismo, el Fondo de Aseguramiento tendrá un plazo de 60 días naturales, con posterioridad a la emisión de la constancia de aseguramiento, para acreditar a sus socios que su cobertura se encuentra amparada bajo un contrato de reaseguro.

Artículo 33. Para el caso del seguro de daños, los Fondos de Aseguramiento podrán destinar hasta el 25% de las cuotas cobradas, una vez separada la prima y sus accesorios que hayan sido pagados por concepto de reaseguro, para cubrir los gastos de administración y operación, incluyendo en éstos lo referente a suscripción, inspección y ajustes de siniestros, así como para cubrir las cuotas que correspondan para los Organismos Integradores. Las comisiones derivadas de los contratos de reaseguro proporcional o coaseguro, podrán destinarse a los mismos fines, y en estos casos el porcentaje será el que se contrate en tales operaciones.

Para el caso de los seguros de vida y accidentes y enfermedades, el monto de gastos de administración y operación será el remanente de las cuotas cobradas, una vez deducido el monto de las reservas técnicas a constituir que al efecto determine la Secretaría de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de esta Ley y de considerar, en su caso, el costo de reaseguro.

Cuando las erogaciones para el ejercicio de sus operaciones no puedan sufragarse íntegramente con los recursos a disposición del Fondo de Aseguramiento, podrá determinarse por los socios la aportación de recursos adicionales destinados a cubrir necesidades de capital de trabajo, cuotas a los Organismos Integradores, así como de inversión en activos fijos que apoyen las funciones de administración, suscripción, inspección y ajuste del Fondo de Aseguramiento, para lo cual deberán contar con el acuerdo de su Asamblea General de Socios.

Artículo 34. Los Fondos de Aseguramiento deberán constituir las siguientes reservas técnicas:

I. Reserva de Riesgos en Curso. Para los seguros de vida y accidentes y enfermedades es aquélla que se constituye con base en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, oyendo a la Comisión, para cada línea de operación. Para los seguros de daños, esta reserva se constituirá con el total de los recursos provenientes de las cuotas cobradas una vez descontados el pago de reaseguro y el monto correspondiente a gastos de administración y operación, en términos de lo previsto en el artículo 33 de esta Ley. El producto de la inversión de la Reserva de Riesgos en Curso, formará parte de la misma; y,

II. Reserva Especial de Contingencia. Ésta se constituye con el 25% de los remanentes del ejercicio social. Esta reserva es acumulativa y el producto de su inversión formará parte de la misma. Cada Fondo de Aseguramiento tendrá la facultad de definir los términos en que los recursos de esta reserva podrán ser comprometidos para incrementar su retención de riesgos y negociar los términos y modalidades de la cobertura de reaseguro, así como realizar aportaciones al Fondo de Retención Común de Riesgos conforme a lo previsto en los artículos 75 y 84 de esta Ley. En la operación del ramo agropecuario, esta reserva deberá constituirse al cierre de cada ciclo agrícola o ganadero, pero cuando su monto acumulado alcance el equivalente al 15% de la suma asegurada del ciclo agrícola y/o ejercicio ganadero en curso, los remanentes que se generen particularmente en esa operación, quedarán disponibles para ser destinados a incrementar el fondo social, si así lo aprueba la Asamblea General.

Para los efectos de esta Ley, el remanente es el monto que pueda existir al final del ejercicio social, que resulte de la cantidad que importen las cuotas de retención devengadas más los productos financieros, más las bonificaciones por baja siniestralidad convenidas en los contratos de reaseguro o por otros conceptos, más las comisiones recibidas por reaseguro cedido, menos, los recursos erogados por conceptos de gastos de operación, cuotas, costo de reaseguro y costo neto de siniestralidad. En el caso del seguro agropecuario, el remanente se determinará al cierre del ciclo agrícola o ganadero.

Artículo 35. Los Fondos de Aseguramiento contarán con un Fondo Social que se integrará de la siguiente forma:

I. Con los bienes y valores que los socios acuerden para su constitución;

II. De las aportaciones adicionales que realicen los socios;

III. De las donaciones y/o aportaciones públicas o privadas que se obtengan; y,

IV. Del 70% de los remanentes obtenidos al final de cada ejercicio social o, para el caso de seguros agropecuarios, al final de cada ciclo agrícola o ganadero.

El Fondo Social y su incremento serán destinados a cumplir con el objeto de los Fondos de Aseguramiento, debiendo existir el conocimiento y aprobación de la Asamblea General de Socios respecto de su constitución, incrementos y asignaciones específicas. Estos recursos podrán destinarse por los Fondos de Aseguramiento al incremento de sus reservas técnicas; a disminuir las cuotas de aseguramiento; a su fortalecimiento técnico, operativo y administrativo; al equipamiento y adquisición de bienes muebles e inmuebles; a crear reservas para pasivos laborales diversos; a otorgar prestaciones de previsión social; así como para la integración de organizaciones económicas y de servicios que apoyen las actividades agropecuarias, agroindustriales, comerciales, de financiamiento, de administración de riesgos, y en general de todas aquellas que contribuyan al desarrollo rural en beneficio de los socios del Fondo de Aseguramiento y de sus comunidades. Estas organizaciones deberán estar integradas por todos los socios del Fondo de Aseguramiento de que se trate.

Artículo 36. En las operaciones de seguros, los Fondos de Aseguramiento deberán aplicar las coberturas, tarifas de cuotas, deducibles, sumas aseguradas, normas, participación a pérdidas, franquicias, Condiciones Generales y Especiales, y demás elementos y componentes relativos al aseguramiento, conforme a alguna de las dos siguientes opciones:

I. Tratándose de instituciones de seguros o reaseguro del país que les brinden el servicio de reaseguro, con base en el producto de seguros que al efecto registren ante la Comisión dichas instituciones; o,

II. Tratándose de reaseguradoras extranjeras que les otorguen dicho servicio, con base en los elementos técnicos y contractuales que acuerde con la institución de seguros o compañía de reaseguro que les otorgue dicho servicio.

La determinación del costo de cuotas de aseguramiento deberá tomar en consideración los índices de siniestralidad de la zona en la que opere, así como la experiencia siniestral del mismo y de los socios.

Artículo 37. Los Fondos de Aseguramiento sólo podrán retener riesgos hasta por un monto equivalente a su reserva de riesgos en curso más la parte de la Reserva Especial de Contingencia que comprometan al pago de indemnizaciones.

Todos los riesgos que no puedan ser cubiertos con tales reservas técnicas deberán ser respaldados con esquemas de reaseguro, coaseguro o por conducto del Fondo de Retención Común de Riesgos, en términos de lo previsto en esta Ley.

Los Fondos de Aseguramiento se abstendrán de conceder seguros cuando no se cumpla con lo dispuesto en este artículo.

Para efecto de lo anterior, los Fondos de Aseguramiento podrán contratar, en sus diversas modalidades, cualquiera de los esquemas de coaseguro o reaseguro, en este último caso pueden ser de tipo proporcional, no proporcional o una combinación de los dos anteriores.

Los Fondos de Aseguramiento podrán contratar reaseguro exclusivamente con instituciones de seguro o reaseguro del país autorizadas para realizar la operación o ramo de que se trate, así como con los reaseguradores extranjeros inscritos en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras a cargo de la Secretaría, previsto en el artículo 27 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Los Fondos de Aseguramiento deberán garantizar que los socios recibirán íntegramente la indemnización a que tengan derecho ante la ocurrencia de cualquier nivel de siniestralidad.

Artículo 38. El ejercicio social de los Fondos de Aseguramiento será de un año, se iniciará el primero de enero y terminará el 31 de diciembre, excepción hecha del primer año de operaciones, que iniciará, en la fecha de su constitución y terminará el 31 de diciembre de ese año.

Todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o Fondo Social de un Fondo de Aseguramiento, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad.

En su contabilidad se deberán ajustar al catálogo general de cuentas que autorice la Comisión mediante disposiciones de carácter general. Previa autorización de dicha Comisión, los Fondos de Aseguramiento que lo requieran podrán introducir nuevas cuentas, indicando en su solicitud las razones que tengan para ello.

Los Fondos de Aseguramiento deberán formular sus estados financieros al término de cada ejercicio social, los cuales deberán estar auditados externamente por un Contador Público independiente y aprobados por la Asamblea General de Socios. El dictamen deberá constar de una opinión respecto de los estados financieros y la constitución o incremento de reservas. El Contador Público independiente será responsable de la integridad y suficiencia del dictamen, en términos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como al marco normativo que rige la operación de los Fondos de Aseguramiento.

Dichos estados financieros deberán ser presentados al Organismo Integrador que les otorgue el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, junto con la información que dicho Organismo les solicite al respecto.

Artículo 39. Al invertir sus reservas técnicas, los Fondos de Aseguramiento se ajustarán a lo siguiente:

I. Deberán mantenerlas invertidas, en todo momento, en valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, en valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como objeto de inversión de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros o en depósitos en instituciones de crédito con excepción de la cuenta maestra empresarial y la cuenta de cheques;

II. En los seguros de moneda extranjera deberán mantener invertidas las reservas en valores denominados en moneda extranjera que emita o respalde el Gobierno Federal, en valores denominados en moneda extranjera que estén inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

III. Los títulos o valores a que se refieren las fracciones anteriores deberán depositarse en instituciones de crédito, en las instituciones para el depósito de valores o en casas de bolsa;

IV. La reserva especial de contingencia podrá ser respaldada por convenios de cesión de derechos de PROCAMPO de los socios a favor de los Fondos de Aseguramiento. Deberá considerarse el cobro de intereses a los socios equivalente al porcentaje que los Fondos estén obteniendo en las inversiones del resto de las reservas técnicas. Lo anterior está condicionado a que el socio adquiera un seguro con el Fondo de que se trate, en el que se proteja el riesgo de imposibilidad de realizar la siembra, invariablemente el beneficiario preferente será el Fondo de Aseguramiento.

Si por resultado de esta operación el Fondo de Aseguramiento no alcanzare, por cualquier razón a restituir el cien por ciento de la reserva especial de contingencia, deberá destinar de su Fondo Social presente o futuro el monto de los recursos suficientes para reintegrar el importe total de la reserva especial de contingencia;

V. Los Fondos de Aseguramiento deberán celebrar contratos con los diferentes organismos depositarios, en los que se establecerá como requisito la obligación de los mismos de formular estados de cuenta mensuales en donde se identifiquen de manera individualizada los instrumentos depositados;

VI. Tratándose de inversiones en moneda extranjera podrán fungir como organismos depositarios las entidades financieras mexicanas o las entidades financieras del exterior que sean filiales de aquéllas; y,

VII. Los Fondos de Aseguramiento, al llevar a cabo las inversiones a que se refieren las fracciones I, II y III anteriores, deberán observar los siguientes límites, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera:

a) Por tipo de valores, depósitos o títulos: i) valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, hasta el 100%; ii) valores emitidos o respaldados por instituciones de crédito hasta el 60%; iii) valores emitidos por entidades distintas de las señaladas en los incisos i y ii anteriores, hasta el 30%; y,

b) Por emisor o deudor: i) valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal hasta el 100%; ii) valores emitidos o respaldados por instituciones de crédito hasta el 18%; y, iii) valores emitidos por entidades distintas a las señaladas en los incisos i) y ii) anteriores, hasta el 7%.

Artículo 40. Los Fondos de Aseguramiento sólo podrán operar dentro de su zona de influencia, la cual deberá determinarse en los Estatutos que señalarán el o los municipios que la integran. Nuevos municipios podrán integrarse a su zona de influencia sólo mediante:

I. La modificación que corresponda de los Estatutos;

II. Que cuenten con el compromiso de las instituciones que les brindarán el reaseguro; y

III. La obtención de un dictamen favorable del Organismo Integrador que corresponda al que se encuentren afiliados o, en caso de no afiliación, del Organismo Integrador responsable de otorgarles el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, o el Organismo Integrador o entidad que designe la Secretaría.

Artículo 41. A los Fondos de Aseguramiento les son aplicables las prohibiciones contenidas en el artículo 93 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS ORGANISMOS INTEGRADORES

Capítulo Primero De su Organización

Artículo 42. Los Fondos de Aseguramiento podrán constituir asociaciones a nivel Nacional, Estatal y Local. Con sujeción a lo establecido en esta Ley el contrato social de su constitución y los Estatutos deberán otorgarse ante fedatario público, estipulando su carácter de Organismo Integrador y de sociedad con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propios; el objeto social; la duración de la sociedad, que puede ser por tiempo indefinido; el domicilio, mismo que deberá estar dentro de territorio nacional; el nombre de la sociedad; y, la relación de afiliados fundadores, principales consejeros, directivos y administradores. Las actividades de los Organismos Integradores Nacional, Estatales y Locales, serán las propias de su objeto social y se abstendrán de realizar otro tipo de actividades.

Artículo 43. El Organismo Integrador Nacional se constituirá con la agrupación voluntaria de Asociaciones Estatales, y deberá estar registrado ante por la Secretaría para el desempeño de las funciones a que se refiere esta Ley en su artículo 47.

Artículo 44. Los Organismos Integradores Estatales se constituirán con la agrupación voluntaria de Organismos Integradores Locales y/o Fondos de Aseguramiento de la Entidad Federativa de que se trate, y deberán estar registrados ante la Secretaría para el desempeño de las facultades que se le asignen conforme a lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 45. Los Organismos Integradores Locales se constituirán con la agrupación voluntaria de Fondos de Aseguramiento de una misma zona geográfica de la Entidad Federativa de que se trate, y deberán estar registrados ante la Secretaría para el desempeño de las funciones que se le asignen conforme a lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 46. Las solicitudes para obtener registro para operar como Organismo Integrador Nacional, Estatal o Local, deberán presentarse ante la Secretaría, acompañadas de la documentación e información que se señala en el artículo 48 de esta Ley, y en el caso de los Organismos Integradores Estatales y Locales, dicha documentación deberá incluir además un dictamen del Organismo Integrador Nacional o Estatal según corresponda, que en caso de ser favorable, incluya las funciones que delegará conforme a lo previsto en el artículo 47. Los registros que otorgue la Secretaría serán por su propia naturaleza intransmisibles.

La Secretaría contará con un plazo de noventa días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de registro que le hayan sido presentadas. Se entenderá que la Secretaría resuelve en sentido positivo la solicitud de registro, si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado.

Artículo 47. Los Organismos Integradores realizarán las siguientes funciones:

I. Otorgar el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones a los Fondos de Aseguramiento. La función de Seguimiento de Operaciones se apegará a los lineamientos generales que emita la Secretaría, oyendo a la Comisión, y deberá contemplar que los Fondos de Aseguramiento recibirán asesoría y el servicio de seguimiento de operaciones, entre otros aspectos, para:a) Organizarse y funcionar conforme a lo dispuesto por esta Ley,

b) Realizar sus operaciones de seguro con apego a las disposiciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley y demás regulaciones aplicables,

c) Llevar a cabo sus operaciones aplicando las coberturas, tarifas de cuotas, deducibles, sumas aseguradas, normas, participación a pérdidas, franquicias, Condiciones Generales y Especiales, y demás elementos y componentes relativos al aseguramiento, en términos de lo previsto en el artículo 36 de esta Ley,

d) Contratar esquemas de reaseguro y/o coaseguro que se adapten a sus características, y operar sus coberturas conforme a tales contratos, en términos de lo dispuesto por esta Ley, y

e) Impulsar mecanismos voluntarios de solución de controversias entre los Fondos de Aseguramiento y sus socios;

Asimismo, los lineamientos generales que emita la Secretaría, definirán la forma y términos en que los Organismos Integradores llevarán el seguimiento a las operaciones de los Fondos de Aseguramiento, en especial de sus resultados, de la constitución e inversión de sus reservas, de sus gastos y de los informes que sobre estos temas habrán de rendir a la propia Secretaría;

II. Fungir como representantes legales de sus afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;

III. Prestar a los Fondos de Aseguramiento servicios técnicos, legales, administrativos, financieros y de capacitación;

IV. Promover en general la superación y capacidad técnica y operativa de sus integrantes, así como de sus empleados;

V. Homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos;

VI. Integrar bases de datos en materia de operaciones de seguros, calificación de riesgos, y todo lo relativo al funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento, únicamente utilizarán dicha información para el cumplimiento de su objeto, debiendo abstenerse de proporcionar información para fines distintos de los antes mencionados;

VII. Constituir y administrar un Fondo de Protección y los Fondos de Retención Común de Riesgos, que integran el Sistema de Protección, en los términos descritos en esta Ley;

VIII. Registrar, evaluar y, en su caso, validar, al personal técnico de los Organismos Integradores Estatales y Locales y de las empresas de servicio, que participen en la prestación del servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de las operaciones de los Fondos de Aseguramiento;

IX. Promover que los Fondos de Aseguramiento a partir de los recursos de su Fondo Social y de aportaciones de otras fuentes, formen otras organizaciones productivas y de servicios para beneficio de sus socios, para el otorgamiento de crédito, comercialización de insumos y cosechas, organismos de ahorro, de servicio técnico, entre otras. Para ello, el Organismo Integrador brindará asesoría sobre las diversas disposiciones legales y reglamentarias que regulen estas opciones de organización, identificará los diversos programas de fomento que incidan en estos proyectos, respaldará las gestiones requeridas ante las autoridades correspondientes y, en general, apoyará en todo aquello que sea requerido para la consecución de estas organizaciones; y,

X. Promover que las organizaciones de los socios de los Fondos de Aseguramiento a las que se refiere la fracción anterior integren una administración corporativa para brindar servicios de tipo administrativo, comercial, fiscal, jurídico, informático, técnico, financiero y otros afines que fortalezcan la vinculación entre tales organizaciones.

Las funciones de los Organismos Integradores descritas, corresponden al Organismo Integrador Nacional, quien, para su ejercicio, deberá contar con registro ante la Secretaría.

El Organismo Integrador Nacional, podrá delegar tales funciones, bajo su supervisión y coordinación, a los Organismos Integradores Estatales y Locales, atendiendo a sus niveles de desarrollo y consolidación.

A su vez, los Organismos Integradores Estatales y Locales, podrán solicitar al Organismo Integrador Nacional la delegación de funciones que sean de su interés, para lo cual, deberán acompañar tal solicitud con un Plan de Trabajo. El Organismo Integrador Nacional deberá dar respuesta en un plazo máximo de 30 días naturales; en caso de que dicha respuesta sea negativa el Organismo Integrador podrá presentar su solicitud directamente ante la Secretaría.

Artículo 48. Los Organismos Integradores al solicitar su registro ante la Secretaría, deberán acompañar a su solicitud:

I. El testimonio de la escritura pública constitutiva del Organismo Integrador Nacional, Estatal o Local, conteniendo los Estatutos que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente Ley establece, indicando su sujeción a los lineamientos generales a que se refieren los artículos 47 y 85 de esta Ley, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. En los Estatutos deberá indicarse su objeto y su organización interna entre otros aspectos, acordes con las disposiciones de esta Ley y demás regulaciones aplicables;

II. El ámbito geográfico en el que operará;

III. El programa general de operación, que permita a la Secretaría evaluar si el Organismo Integrador podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:

a) Los planes de trabajo;

b) Las políticas de afiliación;

c) La información y documentación que acredite que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo su objeto; y,

d) La relación de sus principales administradores y directivos, incluyendo al Comisario, debiéndose acompañar el currículum vitae de los mismos;

IV. El proyecto de reglamento interior, con base al cual ejercerá sus funciones de conformidad con esta Ley; y,

V. En el caso de Organismos Integradores Estatales y Locales, el dictamen del Organismo Integrador Nacional.

Las modificaciones a los Estatutos deberán hacerse del conocimiento de la Secretaría.

Artículo 49. Los Organismos Integradores no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones de seguros directamente o por interpósita persona.

Artículo 50. Cada Organismo Integrador formulará su reglamento interior, que deberá contener, entre otras, las normas aplicables a:

I. La admisión, suspensión y exclusión de los afiliados;

II. La forma y metodología en que ejercerán las funciones a que se refiere el artículo 47;

III. Las medidas preventivas, correctivas y de control interno;

IV. Los derechos y obligaciones de los afiliados, así como de los no afiliados que hubiesen contratado el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones;

V. La forma de determinar las cuotas que le deberán aportar sus afiliados;

VI. Las aportaciones que los Fondos de Aseguramiento deberán cubrir para el Fondo de Protección y el Fondo de Retención Común de Riesgos;

VII. Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre los Fondos de Aseguramiento y sus socios; y,

VIII. La forma mediante la cual se proporcionará a los afiliados la información sobre los servicios que ofrecen, con el objeto de fortalecer la cultura de la prevención en general y de seguros en particular.

Artículo 51. Los Fondos de Aseguramiento, en su relación con los Organismos Integradores, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Aportar las cuotas periódicas que fije la Asamblea General de afiliados del Organismo Integrador para su sostenimiento, el costo de la prestación del servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de sus Operaciones y las aportaciones para el Fondo de Protección y el Fondo de Retención Común de Riesgos, en los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen;

II. Proporcionar al Organismo Integrador la información y documentación que le requiera para efectos del cumplimiento de sus funciones establecidas en esta Ley;

III. Cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de prestación de servicios de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, según se trate;

IV. Asistir a través de sus representantes, a las sesiones de la Asamblea General de Afiliados del Organismo Integrador correspondiente y/o a las reuniones convocadas por la misma;

V. Cumplir con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Afiliados del Organismo Integrador correspondiente; y,

VI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 52. Los Organismos Integradores deberán presentar a la Secretaría la información en la forma y términos que la misma les solicite de conformidad con los lineamientos generales a que se refiere el artículo 47 de esta Ley. La Secretaría podrá solicitar a la Comisión, cuando así lo considere necesario, que practique visitas de inspección para verificar el apego a esta Ley y a las demás regulaciones aplicables, por parte de los Organismos Integradores y, en su caso, de los Fondos de Aseguramiento. Para efecto de lo anterior, la Comisión tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que le confiere la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Artículo 53. La Secretaría, escuchando previamente al Organismo Integrador de que se trate y la opinión de la Comisión, podrá a su juicio revocar el registro que le hubiese otorgado para ejercer las funciones establecidas en esta Ley, en los casos siguientes:

I. Si no inicia operaciones dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento del registro;

II. Si no cumple diligentemente las funciones previstas en esta Ley;

III. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas, o si abandona o suspende sus actividades;

IV. Si a pesar de las observaciones de la Secretaría, reiteradamente incumple con las actividades que le establece esta Ley;

V. Si no proporcionan a la Secretaría la información requerida, o bien presenta de manera dolosa, información falsa o incompleta, que no permita conocer su situación real, o la de sus afiliados;

VI. Si se manejan de manera irregular, en su caso, los recursos que integran el Fondo de Protección y el Fondo de Retención Común de Riesgos;

VII. Si obra sin autorización de la Secretaría, en los casos en que la Ley así lo exija; o,

VIII. Si se disuelve, liquida o quiebra.

Artículo 54. Los Fondos de Aseguramiento afiliados a un Organismo Integrador, cuyo registro hubiere sido revocado por la Secretaría, deberán solicitar su afiliación a un Organismo Integrador distinto o sujetarse al régimen de Fondo de Aseguramiento no afiliado en un término no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación antes citada.

Artículo 55. Los Organismos Integradores deberán contar con una Asamblea General de Afiliados que será el órgano supremo del Organismo Integrador y estará compuesto por los representantes de sus afiliados. Además contarán con un Consejo de Administración, un Comisario, con sus respectivos suplentes, y un Gerente o Director. Sus atribuciones serán las señaladas en esta Ley, en los Estatutos y demás disposiciones aplicables.

Para el cumplimiento de sus funciones los Organismos Integradores contarán con personal técnico especializado o podrán contratar empresas de servicios para tal efecto.

En el caso de las Asambleas Estatales, deberá invitarse a acudir con voz pero sin voto, a un representante del Organismo Integrador Nacional, pudiendo invitar a un representante del Gobierno de la Entidad Federativa del área de influencia del Fondo de Aseguramiento.

Artículo 56. La Asamblea General de Afiliados del Organismo Integrador podrá estar integrada, a elección de sus afiliados:

I. Por un representante de cada afiliado; o,

II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada afiliado el número de votos que le correspondan, considerando el número de socios y/o los riesgos asegurados totales de los Fondos de Aseguramiento que le correspondan. En ningún caso, un afiliado podrá representar más del veinte por ciento del total de votos, excepto que el número de afiliados sea inferior a cinco, en tal caso la representación será en porcentajes iguales para cada afiliado.

Artículo 57. El Consejo de Administración del Organismo Integrador estará formado por consejeros electos por la Asamblea General de Afiliados del Organismo Integrador, cuyo número no será menor de tres ni mayor de cinco, mismos que deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de un Fondo de Aseguramiento señala el artículo 18. Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección.

Dicho Consejo de Administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros por consejeros o funcionarios de un mismo afiliado, excepto cuando sean menos de cuatro, en tal caso, la representación será en porcentajes iguales para cada afiliado.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al Presidente del Consejo sobre cualquier situación en la que por su participación se pueda generar un conflicto de interés y de abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 58. El Consejo de Administración nombrará un Gerente o Director del Organismo Integrador, quien deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materia de seguros agropecuarios o seguros generales y administración; y,

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero de un Fondo de Aseguramiento señala el artículo 19.

Artículo 59. La vigilancia interna del Organismo Integrador estará a cargo de un Comisario, cuyas responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en sus Estatutos.

El Comisario realizará las siguientes funciones:

I. Verificar que el Organismo Integrador cumpla con la regulación aplicable;

II. Recibir los informes del Consejo de Administración y los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis;

III. Informar a la Secretaría en términos de los lineamientos generales a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, al Consejo de Administración y a la Asamblea General del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, así como de los hallazgos e irregularidades de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones; y,

IV. Proponer al Consejo de Administración el programa de control y corrección interno del Organismo Integrador y sus modificaciones, a prevenir conflictos de interés y el uso indebido de la información.

El Comisario asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administración del Organismo Integrador.

El Comisario deberá cumplir con los requisitos que para ser consejero de un Fondo de Aseguramiento señala el artículo 18.

Artículo 60. Los Organismos Integradores deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley por parte de las personas que sean designadas como Consejeros, Gerente o Director y Comisario, con anterioridad al inicio de sus gestiones.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito al Organismo Integrador de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 19.

Los Organismos Integradores deberán informar a la Secretaría la designación de nuevos Consejeros, Gerente o Director, y Comisario, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Capítulo Segundo De la Afiliación

Artículo 61. Los Fondos de Aseguramiento podrán afiliarse a un Organismo Integrador Estatal registrado ante la Secretaría. El Organismo Integrador Estatal, a su vez, podrá afiliarse al Organismo Integrador Nacional registrado ante la Secretaría.

El Organismo Integrador Estatal publicará anualmente, en periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, la lista de sus Fondos de Aseguramiento afiliados.

Artículo 62. Para efectos de lo señalado en el artículo 61 anterior, el Fondo de Aseguramiento celebrará un contrato de afiliación con el Organismo Integrador Estatal, en el que se establecerá entre otras estipulaciones, la conformidad por parte del Fondo de Aseguramiento con los términos y condiciones en que se ejercerá la Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones de acuerdo a lo previsto en los lineamientos generales a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior del Organismo Integrador.

Artículo 63. Para formalizar el contrato de afiliación deberá cumplirse cuando menos con lo siguiente:

I. Contar con el registro de la Secretaría, para operar como Fondo de Aseguramiento; y,

II. Exhibir acta de Asamblea del Fondo de Aseguramiento en la que se haya acordado la afiliación correspondiente.

La formalización de dicho contrato deberá efectuarse a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se les haya notificado el registro para operar como Fondo de Aseguramiento.

Artículo 64. El Fondo de Aseguramiento podrá solicitar en cualquier momento al Organismo Integrador correspondiente su desafiliación.

Artículo 65. El Organismo Integrador correspondiente podrá determinar la desafiliación de un Fondo de Aseguramiento cuando éste incumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 51, así como en los casos previstos en su reglamento interior.

Artículo 66. El Fondo de Aseguramiento que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección y al Fondo de Retención Común de Riesgos, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, al momento de celebrarse el contrato de servicios a que se refiere el artículo 68.

El Organismo Integrador correspondiente continuará ejerciendo sobre el Fondo de Aseguramiento desafiliado, las funciones delegadas por el Organismo Integrador Nacional, debiendo el Fondo de Aseguramiento cubrir el costo de estos servicios, hasta en tanto se sujete al régimen de Fondo de Aseguramiento no afiliado, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Capítulo Tercero De los Fondos de Aseguramiento no Afiliados.

Artículo 67. Los Fondos de Aseguramiento que no celebren contrato de afiliación con un Organismo Integrador, conforme a lo dispuesto en ésta Ley, serán considerados como Fondos de Aseguramiento no afiliados.

Artículo 68. El Fondo de Aseguramiento no afiliado deberá celebrar un contrato de prestación de servicios de Seguimiento de Operaciones con el Organismo Integrador que elija o con el Organismo Integrador o entidad que le designe la Secretaría. En el caso de una entidad distinta de un Organismo Integrador, ésta no sea podrá ser la que le brinde el servicio de reaseguro al Fondo de Aseguramiento de que se trate.

El contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá establecer las disposiciones previstas en esta Ley para este efecto y efectuarse a más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que adquiera el carácter de Fondo de Aseguramiento no afiliado, debiendo informarlo a la Secretaría.

El Fondo de Aseguramiento no afiliado tendrá todas las obligaciones de los Fondos de Aseguramiento afiliados inherentes al servicio previsto en este artículo incluyendo la de cubrir el costo de dicho servicio.

Artículo 69. Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, los Fondos de Aseguramiento no afiliados podrán participar en el Fondo de Protección y podrán hacerlo en el Fondo de Retención Común de Riesgos que les corresponda, en términos del Capítulo Único del Título Tercero de esta Ley.

El Organismo Integrador que les preste el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, podrá prestarles servicios complementarios a un costo equivalente al que corresponda a un Fondo de Aseguramiento afiliado.

Capítulo Cuarto De la Fusión, Disolución, Liquidación y Revocación.

Artículo 70. Para los efectos de esta Ley y en términos de la misma, se podrán utilizar los siguientes mecanismos:

I. La fusión del Fondo de Aseguramiento;

II. La disolución y liquidación del Fondo de Aseguramiento; y,

III. La revocación del registro de la Secretaría.

En los casos de fusión, disolución y liquidación, los Fondos de Aseguramiento podrán recibir apoyos financieros del Fondo de Protección, tendientes a cubrir los costos derivados de estos mecanismos.

Artículo 71. El Fondo de Aseguramiento podrá fusionarse con otro u otros, a solicitud propia ante la Secretaría de acuerdo con los lineamientos de carácter general que la misma establezca.

Artículo 72. El Fondo de Aseguramiento se disolverá y liquidará por las causas siguientes:

I. Por disposición legal o resolución de autoridad competente;

II. Por imposibilidad de seguir realizando su objeto social;

III. Si se coloca en situación de inviabilidad técnica o financiera;

IV. Por pérdida del registro ante la Secretaría;

V. Por incumplimiento a esta Ley; y,

VI. Por acuerdo de los socios.

En caso de disolución, si no tuviere adeudos y existieren remanentes al momento de la disolución y liquidación, éstos deberán ser distribuidos entre los socios proporcionalmente a las cuotas pagadas durante los últimos tres ejercicios anuales anteriores a su liquidación y conforme a lo dispuesto en los Estatutos y en el reglamento interno del Fondo de Aseguramiento.

En caso de liquidación, la Asamblea General convocada para tal efecto, elegirá una Comisión Liquidadora que procederá conforme a las leyes de la materia, debiendo informarlo a la Secretaría, al Organismo Integrador Estatal al que pertenezca, al Organismo Integrador Nacional y a la Institución que le proporcione el servicio de reaseguro y/o coaseguro, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la Asamblea en que se haya tomado el acuerdo.

Artículo 73. Cuando la disolución o liquidación de un Fondo de Aseguramiento sea determinada por la revocación del registro ante la Secretaría, la Asamblea General elegirá la Comisión Liquidadora a que se refiere el artículo anterior.

A partir de la fecha en que entre en liquidación un Fondo de Aseguramiento, los pagos derivados de sus operaciones se suspenderán hasta en tanto la Comisión Liquidadora resuelva lo conducente.

En relación a los procesos de liquidación o disolución, los acuerdos de la Asamblea General y la resolución de la Comisión Liquidadora, deberán protocolizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Artículo 74. La Secretaría, escuchando al Fondo de Aseguramiento de que se trate, podrá revocar el registro de un Fondo de Aseguramiento en los siguientes casos:

I. Si no inicia sus operaciones dentro de un año, a partir de la fecha en que se le haya otorgado su registro;

II. Si no constituye, incrementa, invierte y utiliza las reservas técnicas conforme a lo establecido en esta Ley;

III. Si infringe lo establecido en la cláusula de extranjería o si establece con las personas, entidades o grupos mencionados en la misma, relaciones evidentes de dependencia;

IV. Si no diversifica sus responsabilidades conforme a lo previsto en esta Ley;

V. Si excede los límites de las obligaciones que pueda contraer o retener, o si ejecuta operaciones distintas a las permitidas por esta Ley;

VI. Si no cumple con las funciones para las que se constituyó;

VII. Cuando por causas imputables al Fondo de Aseguramiento no aparezcan correctamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado;

VIII. Si asegura a personas que no tengan el carácter de socios;

IX. Si impide que el Organismo Integrador al que esté afiliado o el Organismo Integrador o entidad que le haya sido designado por la Secretaría, lleve a cabo las labores de Seguimiento de Operaciones en los términos establecidos en el contrato;

X. Si incurre en cualquiera de los casos de disolución o entra en estado de liquidación; y,

XI. Si deja de operar por más de dos ejercicios anuales consecutivos.

La declaración de revocación del registro incapacitará al Fondo de Aseguramiento para otorgar cualquier seguro a partir de la fecha en que se le notifique la revocación y pondrá al Fondo de Aseguramiento en estado de disolución y liquidación.

La solicitud de revocación del registro podrá ser formulada ante la Secretaría por la SAGARPA, por el Organismo Integrador Nacional o por el que preste los Servicios de Seguimiento de Operaciones, o por los Consejos de Administración o Vigilancia o los socios del Fondo de Aseguramiento. Dicha solicitud deberá fundarse y motivarse, precisando las causales de revocación establecidas en el presente artículo y acompañarse de las pruebas documentales correspondientes, para iniciar el procedimiento de revocación, la Secretaría podrá iniciar el procedimiento sin mediar solicitud.

La Secretaría, valorará la procedencia o improcedencia de la solicitud de revocación, notificándole a los interesados su resolución de iniciar o no el procedimiento de revocación. En caso de procedencia, notificará al Fondo de Aseguramiento la iniciación del procedimiento, haciendo de su conocimiento las causales que se le imputan y le otorgará un plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de notificación, para que exponga lo que a su derecho convenga. Si las causales de revocación se acreditan durante el procedimiento, la Secretaría resolverá y comunicará la declaratoria de revocación del registro a los interesados.

TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Capítulo Único De los Fondos de Protección y de Retención Común de Riesgos

Artículo 75. En complemento a la operación de Seguros, llevada a cabo por los Fondos de Aseguramiento, se establece un Sistema de Protección integrado por el Fondo de Protección y el Fondo de Retención Común de Riesgos, de acuerdo a lo siguiente:

I. El Fondo de Protección tendrá la finalidad de apoyar a los Fondos de Aseguramiento en el pago de las obligaciones contraídas con sus socios en los siguientes términos:a) Apoyar a los Fondos de Aseguramiento declarados en disolución y liquidación a pagar las indemnizaciones a que tengan derecho los socios y que no fuera posible cubrir con las reservas técnicas, ni con los contratos de reaseguro o coaseguro;

b) Otorgar apoyos preventivos de liquidez a los Fondos de Aseguramiento que se encuentren en problemas financieros transitorios siempre y cuando:

i. Se presente el estudio o expediente que justifique económica, administrativa y técnicamente el apoyo solicitado;

ii. Exista, en su caso, un programa de restauración de reservas; y,

iii. Se otorguen las garantías que el Comité Técnico considere suficientes, sin contravenir lo dispuesto en el artículo 41 de esta Ley.

Los montos de los apoyos preventivos de liquidez que otorgue el Fondo de Protección serán aprobados por el Comité Técnico, previsto en los artículos 79 y 80 de esta Ley, y la suma de los mismos en ningún caso podrá exceder el quince por ciento del patrimonio de dicho Fondo de Protección.

c) Apoyar los casos de fusión, disolución y liquidación de Fondos de Aseguramiento, tendientes a cubrir los costos derivados de estos mecanismos; y,

d) Los apoyos contemplados en los tres incisos anteriores serán independientes de las sanciones penales o económicas a que se hagan acreedoras las personas causantes de operaciones ilícitas, quebranto patrimonial, malversación de las reservas técnicas o del Fondo Social de un Fondo de Aseguramiento.

II. El Fondo de Retención Común de Riesgos tendrá como objetivo fomentar un sistema de retención común de riesgos entre Fondos de Aseguramiento que les permita acceder al mercado de reaseguro en mejores condiciones y obtener contratos más favorables.

Artículo 76. Los Fondos de Aseguramiento, a través del Organismo Integrador a que se encuentren afiliados, podrán participar en el Fondo de Protección, que podrán constituir con el Organismo Integrador Nacional.

El Fondo de Protección se constituirá con el 5% de los remanentes que se generen en los Fondos de Aseguramiento en cada uno de los ciclos o ejercicios sociales, según corresponda, a partir de que suscriban el contrato de afiliación con el Organismo Integrador respectivo, o en caso de los no afiliados, cuando se formalice su participación en el Fondo de Protección.

Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en los mismos instrumentos previstos para las reservas técnicas de los Fondos de Aseguramiento en el artículo 39 de esta Ley.

Los Organismos Integradores Estatales respectivos deberán entregar al Comité Técnico la información que éste requiera para determinar las aportaciones, de conformidad con este artículo.

El Comité Técnico podrá acordar la suspensión temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo, representen más del cinco por ciento del total de riesgos asegurados por los Fondos de Aseguramientos que estén protegidos por dicho Fondo de Protección.

Tratándose de Fondos de Aseguramiento no afiliados, éstos podrán solicitar al Organismo Integrador con el que tengan celebrado el contrato de prestación de servicios de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, participar en el Fondo de Protección. Los Fondos de Aseguramiento afiliados o no afiliados podrán establecer su propio Fondo de Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Ley que resulten aplicables.

Los Fondos de Aseguramiento tendrán la obligación de informar a sus socios, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen. Los términos en que se habrán de otorgar y aplicar los recursos previstos en este artículo, serán definidos en reglas acordadas por la propia Asamblea del Organismo Integrador Nacional con base en las disposiciones de esta Ley.

Artículo 77. Para la operación del Fondo de Protección, el Organismo Integrador Nacional deberá constituir un Fideicomiso de Administración y Garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente al Organismo Integrador Nacional, como fideicomitentes por adhesión a los Fondos de Aseguramiento participantes y como fiduciaria a la institución fiduciaria. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 80 de esta Ley.

Artículo 78. En el contrato de fideicomiso para el Fondo de Protección deberá preverse que para el cumplimiento de sus fines, el fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás atribuciones y obligaciones que las Leyes le establecen, las siguientes:

I. Pagar hasta donde alcancen los recursos del Fondo de Protección, en forma subsidiaria, las indemnizaciones a que tengan derecho los socios y que el Fondo de Aseguramiento les adeude, con los límites y condiciones a que se refiere esta Ley y los que se establezcan en el propio contrato de fideicomiso;

II. Otorgar apoyo financiero a los Fondos de Aseguramiento, conforme a lo estipulado en el artículo 75 de esta Ley;

III. Realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o civil que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del fideicomiso;

IV. Comunicar al Organismo Integrador Nacional las irregularidades que por razón de sus competencias les corresponda conocer; y,

V. Las demás que ésta y otras Leyes prevean para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 79. El Comité Técnico del Fondo de Protección estará integrado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes que serán designados por el Consejo de Administración del Organismo Integrador Nacional y aprobados por la Asamblea General del mismo, cuidando que pertenezcan a Organismos Integradores de distintas Entidades Federativas.

Artículo 80. El Comité Técnico del Fondo de Protección tendrá las siguientes facultades:

I. Calcular al finalizar cada ejercicio social o ciclo agrícola o ganadero, según corresponda, de cada Fondo de Aseguramiento las aportaciones que deberá pagar para la constitución e integración del Fondo de Protección;

II. Instruir al fiduciario, sobre los instrumentos en los que deberá invertir los recursos del fideicomiso en términos del artículo 39;

III. Evaluar los aspectos operativos del fideicomiso;

IV. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;

V. Hacer públicas las reglas conforme a las cuales se procederá a otorgar apoyos a los Fondos de Aseguramiento;

VI. Aprobar los casos en que proceda otorgar apoyos a los Fondos de Aseguramiento, conforme al artículo 75; y,

VII. Las demás que ésta y otras Leyes prevean para el cumplimiento de su objeto, así como las que se prevean en el contrato de fideicomiso del Fondo de Protección.

Artículo 81. Cuando algún Fondo de Aseguramiento no cumpla en tiempo y forma con las aportaciones fijadas por el Comité Técnico del Fondo de Protección, deberá pagar los intereses moratorios que se establezcan en el contrato de fideicomiso correspondiente.

Para el cálculo de los intereses señalados, se deberá considerar por lo menos el interés que hubiesen generado las aportaciones no pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de Protección.

Artículo 82. El Organismo Integrador Nacional deberá informar mensualmente a los Organismos Integradores Estatales y, a través de éstos, a los Fondos de Aseguramiento, del estado que guarda el Fondo de Protección.

Artículo 83. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 75 fracción I, se considerará el principal y los accesorios de la indemnización que no hubieren sido pagados por el Fondo de Aseguramiento.

El monto a ser pagado a cada socio asegurado de acuerdo a lo establecido en este Capítulo quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que determine como procedente el apoyo al Fondo de Aseguramiento. El pago de las indemnizaciones se realizará en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que se cubra el pago correspondiente.

Artículo 84. Los Fondos de Aseguramiento podrán constituir, por conducto de su Organismo Integrador Estatal, un Fondo de Retención Común de Riesgos.

Los recursos para este fin provendrán de aportaciones, adicionales a las previstas en el artículo 76, que realicen los Fondos de Aseguramiento con recursos de su reserva especial de contingencia o Fondo Social. La constitución y operación de los Fondos de Retención Común de Riesgos, así como la administración y utilización de sus recursos serán reguladas por disposiciones que al efecto emita la Secretaría, oyendo a la Comisión. Tales disposiciones deberán prever la posibilidad de que puedan conformarse Fondos de Retención Común de Riesgos administrados por dos o más Organismos Integradores Estatales, e incluso por el Organismo Integrador Nacional.

TÍTULO CUARTO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES

Capítulo Primero Del Seguimiento de las Operaciones

Artículo 85. La Secretaría tendrá además de las facultades que se le otorgan en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo.

La Secretaría oyendo la opinión de la Comisión, emitirá los lineamientos generales a que se sujetarán los Organismos Integradores para realizar las funciones de Seguimiento de Operaciones de los Fondos de Aseguramiento.

El seguimiento de las operaciones de los Fondos de Aseguramiento que realicen los Organismos Integradores, se llevará a cabo con base en los lineamientos generales antes referidos, mediante un esquema formulado específicamente para tal fin, que será distinto al aplicado a las instituciones de seguros y que deberá tomar en cuenta las características propias de los Fondos de Aseguramiento, de tal forma que se realice bajo un sistema simplificado enfocado a los aspectos sustantivos.

El Organismo Integrador Nacional, podrá delegar las funciones de seguimiento de las operaciones de los Fondos de Aseguramiento a los Organismos Integradores Estatales y Locales, atendiendo a sus niveles de desarrollo y consolidación. Los Fondos de Aseguramiento deberán cubrir a dichos Organismos Integradores el pago correspondiente a la prestación de tales servicios.

El Organismo Integrador Nacional, los Organismos Integradores Estatales, los Organismos Integradores Locales y los Fondos de Aseguramiento, deberán proporcionar a la Secretaría toda la información que ésta les requiera para verificar el adecuado cumplimiento de sus funciones, en términos de lo previsto en los lineamientos generales a los que se refiere este artículo.

Artículo 86. La Asamblea General, como órgano máximo de autoridad de los Fondos de Aseguramiento y de los Organismos Integradores, podrá en todo tiempo acordar la remoción de los miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia, de los Comités Técnicos, de los Directores o Gerentes, Comisario o de quienes ejerzan estas funciones en los términos de esta Ley, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven y puedan con sus actos causar perjuicio a los Fondos de Aseguramiento y a los Organismos Integradores Nacional y Estatales.

Capítulo Segundo Del Fomento y Apoyo a los Fondos de Aseguramiento

Artículo 87. Los Fondos de Aseguramiento son organismos que deberán ser considerados como sujetos del fomento y apoyo por parte de las instancias gubernamentales, en términos de lo que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. Igual tratamiento como sujetos de fomento se les reconoce en esta Ley a los Organismos Integradores.

Artículo 88. El Gobierno Federal y sus dependencias, escucharán la opinión de los Fondos de Aseguramiento y de sus Organismos Integradores, en el diseño y operación de programas relacionados con la materia de seguros a que se refiere esta Ley.

Artículo 89. La SAGARPA, en términos de lo estipulado en los artículos 1 y 87 de la presente Ley, propondrá a las instancias competentes lo conducente para lograr correspondencia entre los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación que anualmente se proponen ante el Legislativo, con las disposiciones de apoyo y fomento a los Fondos de Aseguramiento y sus Organismos Integradores previstas en esta Ley y en los programas sectoriales derivados de la Ley de Planeación, y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 90. La SAGARPA será la responsable de ejecutar, coordinar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a todas las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a los Organismos Integradores, que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en general sobre la evolución y desarrollo de estas organizaciones y su incidencia en el sistema financiero rural a través de la administración de riesgos.

Para el desarrollo de esta función la SAGARPA definirá mediante disposiciones de carácter general un mecanismo de concertación permanente en el que participen: la representación de los Fondos de Aseguramiento a través de sus Organismos Integradores; Agroasemex; y otras dependencias y organismos del sector agropecuario.

La SAGARPA también promoverá mecanismos de coordinación con las Entidades Federativas y el Poder Legislativo para el mejor cumplimiento de su función estipulada en este artículo.

Artículo 91. En los términos de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal, por conducto de la SAGARPA, podrá celebrar convenios con las Entidades Federativas, a efecto de que éstas ejerzan las funciones que se acuerden para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 92. Agroasemex será la institución responsable de ejecutar las acciones de fomento y apoyo que le señalen los programas que establezca el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con las reglas de operación que emitan las autoridades competentes de acuerdo con dicho Decreto y en los términos de los mandatos o convenios que suscriba con la SAGARPA y la Secretaría, según su ámbito de competencia.

Artículo 93. Las acciones de fomento y apoyo a los Fondos de Aseguramiento y de fomento a sus Organismos Integradores, serán las que se definan en los programas de apoyo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación y se sujetarán a las reglas de operación que emitan las autoridades competentes de acuerdo con dicho Decreto. Estas acciones de fomento y apoyo, estarán referidas a promover apoyos al productor que coadyuven a cubrir las primas del servicio de aseguramiento; a respaldar y fortalecer el servicio de Asesoría Técnica y Seguimiento de Operaciones, dispuesto por esta Ley; a consolidar el funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento; a impulsar su capacitación; a promover la constitución de nuevos Fondos de Aseguramiento; a desarrollar nuevos productos y coberturas de seguros; a fortalecer las estructuras técnicas de los Fondos de Aseguramiento; y en general, todas aquéllas que contribuyan a respaldar y facilitar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Capítulo Tercero Disposiciones Finales

Artículo 94. El incumplimiento o la violación a las disposiciones de la presente Ley y a las que de ella emanen, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones mercantiles, civiles, fiscales y penales aplicables.

Artículo 95. Los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, reportes sobre:

a) Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y

b) Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados.

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información.

Asimismo, la Secretaría en las citadas reglas generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores deberán observar respecto de:

III. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y las plazas en que operen;

IV. La información y documentación que los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes;

V. La forma en que los mismos Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y

VI. Los términos para proporcionar capacitación al interior de los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento.

Los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere la fracción V de este artículo, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual, ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refiere el artículo 46 fracción XV, en relación con los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las instituciones y sociedades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión conforme al procedimiento previsto en el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, así como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados y personas físicas y morales, que en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma.

Los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores, sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Artículo 96. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se entenderá que los Fondos de Aseguramiento y los Organismos Integradores son intermediarios financieros por lo que serán aplicables a dichos sujetos de las sanciones previstas en dicho artículo.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los Fondos de Aseguramiento registrados ante la Secretaría con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán mantener su registro con el único requisito de presentar el testimonio de la escritura pública a que se refiere el inciso b) de la fracción II, del artículo 8o de esta Ley, en un término no mayor a 270 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

Concluido el plazo señalado, los Fondos de Aseguramiento que no hubieren dado cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior deberán abstenerse de operar como Fondos de Aseguramiento.

ARTÍCULO TERCERO. Durante el término de 270 días naturales establecido en el artículo anterior, los Fondos de Aseguramiento que realicen operaciones de seguro continuarán sujetos a lo dispuesto en las Reglas Generales para la Constitución, Operación y Funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, de Vida Campesino y Conexos a la Actividad Agropecuaria.

ARTÍCULO CUARTO. Las Asociaciones Nacional, Estatales y Locales de Fondos de Aseguramiento que se encuentren constituidas formalmente en la fecha de la entrada en vigor de esta Ley, no se sujetarán a los requisitos previstos en la misma para su constitución y registro como Organismos Integradores, debiendo únicamente presentar la solicitud de registro ante la Secretaría acompañada de los documentos a los que se hace referencia en las fracciones I, III y IV del artículo 48 de esta Ley, en un plazo de 270 días naturales a partir d3e dicha fecha.

ARTÍCULO QUINTO. Las solicitudes de registro presentadas a la Secretaría para constituir y operar Fondos de Aseguramiento, que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán, en su caso, iniciar el procedimiento para obtener el registro a que se refiere el artículo 8o de la misma Ley.

ARTÍCULO SEXTO. La Secretaría contará con un plazo máximo de 270 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto para emitir los lineamientos generales previstos en la Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Reglas Generales para la Constitución, Operación y Funcionamiento de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, de Vida Campesino y Conexos a la Actividad Agropecuaria continuarán vigentes por un plazo de 270 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley y aplicará para aquellos Fondos de Aseguramiento que se encuentren en el caso del párrafo primero del artículo Tercero Transitorio. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

Sala de la Comisión de la honorable Cámara de Diputados a 22 de febrero 2005.--- Comisión de Hacienda y Crédito Público: diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).

Comisión de Agricultura y Ganadería: diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor, Guillermo del Valle Reyes, Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger David Alcocer García, Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Míriam Marina Muñoz Vargas (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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condecoraciones

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que pueda aceptar y usar condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y Japón.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al C. Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Estrella de Rumania en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Rumania.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al C. Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol Naciente en grado de Cordón Grande, que le confiere el Gobierno de la República de Japón.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y MVZ José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, de Paraguay y Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Pedro Díaz Corona para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito en el Servicio Diplomático, Medalla Heung-in, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Antonio Guillermo Villegas Villalobos para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden Nacional al Mérito'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Paraguay.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano MVZ José Luis Gallardo Nieto para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 1o. de abril del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez, para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al Departamento del Consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 28 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Cosiderandoa) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de la República de Bolivia, en México, será como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado, y

c) Que las solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Guillermina Villegas Sánchez, para que pueda prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-- México, DF, a 1 de marzo de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisión de Gobernación.

Honorable Asamblea:

Con fecha 16 de febrero de 2004, el ciudadano doctor Ricardo Franco Guzmán solicita el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asesor jurídico honorario, abogado de confianza, en las Embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos, en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 24 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerandoa) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento, y

b) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano doctor Ricardo Franco Guzmán, para prestar servicios corno asesor jurídico honorario, abogado de confianza, en la Embajada de Bulgaria, en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano doctor Ricardo Franco Guzmán, para prestar servicios como asesor jurídico honorario, abogado de confianza, en la Embajada de los Países Bajos, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-- México, D F, a 25 de febrero de 2005.--- Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica).»

Es de primera lectura.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se autoriza. Continúe, señor Secretario, por favor.

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AREAS NATURALES PROTEGIDAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a elaborar y ejecutar los programas de conservación y manejo de las áreas naturales protegidas que carecen de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que elabore y ejecute los programas de conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas que carecen de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 05 de Noviembre de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que elabore y ejecute los programas de conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas que carecen de este documento normativo y que se consideran prioritarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales, suscrita por la Diputada Nancy Cárdenas Sánchez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Las Áreas Naturales Protegidas son consideradas el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.

Hasta finales del año 2004, las Áreas Naturales Protegidas consisten en: 34 Reservas de la Biosfera, 67 Parque Nacionales, 4 Monumentos Naturales, 26 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 2 Áreas de Protección de Recursos Naturales, 17 Santuarios, y 2 Áreas de Protección, haciendo un total de 151 Áreas Protegidas con una extensión de 18,461,994 hectáreas, representando el 9 por ciento del territorio nacional.

Los planes o programas de manejo, son instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas a nivel mundial. En México estos instrumentos se denominaban planes de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo y/o programas operativos anuales, hasta que en 1988, con la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) quedan formalmente establecidos como tal.

Así mismo, en el Reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas del año 2000 en su artículo 3°, Fracción XI se define el programa de manejo como: el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva.

Actualmente se cuenta con 33 áreas naturales protegidas cuyos programas de manejo están publicados, lo que representa una cobertura del 56% del territorio protegido, no obstante significa alrededor del 20 por ciento en cuanto al número de áreas decretadas.

Sabemos de la complejidad que representa la elaboración de un programa de manejo, no obstante estamos convencidos que para saber el como y en que orden hay que ejecutar las diversas acciones dentro de un área natural es necesario elaborar dichos programas, que serian en todo caso ``todas las instrucciones ó acciones que se requiere efectuar en un orden determinado'' respecto a Uso Sustentable, Inspección y Vigilancia, Educación Ambiental, Desarrollo Comunitario, Difusión y Promoción, Investigación y Monitoreo, Uso Público, entre otros; este documento es un instrumento rector normativo en el cual se apoya el grupo administrador del Área Natural Protegida e incluye la participación de las comunidades locales, usuarios, organizaciones gubernamentales, organizaciones no Gubernamentales, instituciones académicas, instituciones de investigación y autoridades locales que tengan competencia en la región donde se encuentre dicha Área.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, PARA QUE DISEÑE UNA ESTRATEGIA A CORTO PLAZO, Y DENTRO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA DEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005, DONDE SE ESPECIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y PRESUPUÉSTALES, TANTO HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, QUE PERMITAN ABATIR EL REZAGO EN LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A TRAVÉS DEL DECRETO, ACTUALIZACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS E INFORME DEL INICIO DE APLICACIÓN DE LA MISMA A ESTA SOBERANÍA.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, está a discusión el acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, consulte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobado el punto de acuerdo. Y comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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OBSERVACION DE BALLENAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las Secretarías de Turismo, de Marina Armada de México, y de Comunicaciones y Transportes, a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 de dicha norma

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las Secretarias de Turismo, de Marina Armada de México y de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 8 de dicha Norma.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 26 de enero de 2005, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las Secretarias de Turismo, de Marina Armada de México y de Comunicaciones y Transportes a vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 8 de dicha norma, suscrita por los

Diputados Leonardo Álvarez Romo y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

México cuenta con una gran diversidad de cetáceos, entre los que se identifican 39 de las 81 especies conocidas mundialmente en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional de la República Mexicana; entre estas figuran: la ballena gris (Eschrichtius robustus), la ballena franca (Eubalaena glacialis), la ballena azul (Balaenoptera musculus), el rorcual común (Balaenoptera physalus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el rorcual de Sei (Balaenoptera borealis), el rorcual tropical (Balaenoptera edeni), y el rorcual Minke (Balaenoptera acutorostrata).

La conservación en nuestras costas, de la diversidad de ballenas y su hábitat, es indispensable para asegurar la reproducción de estas especies, haciendo que nuestro país cuente con una política conservacionista especialmente para los lobos marinos y la ballena gris.

El artículo tercero de la Ley de Pesca faculta a la Secretaría de Pesca, en este caso a la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a: V. Dictar medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas sujetas a protección especial, o en peligro de extinción y participar con las dependencias competentes en la determinación de estas ultimas dos.

La fracción primera de artículo 420 del Código Penal Federal impone una pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga, mamífero marino, recolecte ó almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

El artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, prevé que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación de instituciones acreditadas.

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, relativa a la protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo, cuenta en su listado con especies de ballenas como: Boreal, Franca, Azul, Bryde, Mynke, Fin, Gris, Jorobada, Cachalote en alguna categoría de riesgo.

La Norma Oficial Mexicana NOM-138-ECOL-1998, establece los lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y conservación de su hábitat.

La observación de las ballenas se ha convertido en una gran industria, que de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el ingreso anual internacional por observación de ballenas supera los 500 millones de dólares. En México representa un ingreso significativo, se estima que genera un promedio de 200,000 dólares diarios por el ecoturismo y la utilización de servicios para observar ballenas. Esto es más de 75 millones de dólares anuales.

El 24 de Mayo de 2002, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece como área de refugio de protección de las ballenas las zonas marinas del territorio nacional, de igual manera aquellas en las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción. Esto significa que del orden de los cetáceos, tanto Odontocetys como Mysticetis, tendrán en el mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva un área de protección y de refugio. Cabe señalar que el Decreto no solo se refiere a las ballenas, también lo hace con orcas, zifios, calderones y cachalotes.

De acuerdo con Diputados promoventes se han recibido al interior del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, un sin numero de denuncias respecto a maltrato a ballenas en las actividades de observación y como lo menciona el diario Informador de Jalisco donde publica que son más de 500 las ballenas jorobadas que cada año visitan Bahía de Banderas en Puerto Vallarta, sin embargo, la actividad de observación de estas especies la pone en peligro, pues su actividad comercial hasta la fecha no ha sido vigilada por ninguna autoridad ambiental.

El Pacífico Mexicano y la Bahía de Banderas ofrecen un santuario impresionante de vida marina y atracciones naturales: ballenas, delfines, mantarrayas gigantes, peces tropicales y aves marinas como los bobos de patas azules y las fragatas, formando parte de las maravillas que se pueden contemplar.

Las ballenas jorobadas son regularmente observadas en la bahía en los meses de diciembre a abril, dándonos la oportunidad de observar a estos impresionantes gigantes sumergirse en el agua y escuchar sus fascinantes cantos.

Al día de hoy sabemos que se otorgaron alrededor de 40 permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no obstante que se estima que en el puerto existen tres veces más embarcaciones que sin permiso realizan recorridos para observarlas.

Por ultimo, estamos en la en la época de mayor arribó de estas especies a nuestras aguas que a pesar de estar protegidos y contar con normatividad propia para las actividades de observación estas parecen ser omitidas e ignoradas por parte de las autoridades.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARIAS DE TURISMO, DE MARINA ARMADA DE MÉXICO Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-131-ECOL-1998, QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS, RELATIVAS A SU PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE SU HÁBITAT, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 8 DE DICHA NORMA.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MARINA ARMADA DE MÉXICO, DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN LA ESFERA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE DE LOS PERMISOS DE LAS EMBARCACIONES QUE ACUDEN A LOS AVISTAMIENTOS DE LAS BALLENAS EN LA REGIÓN DE BAHÍA DE BANDERAS, PUERTO VALLARTA.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no tenemos registrado a nadie para subir a la tribuna, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, están suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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ARBOLES DE NAVIDAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a mantener una estricta inspección y vigilancia en las épocas decembrinas en virtud del interés que despiertan los árboles de Navidad naturales a personas que trafican con ellos y para evitar el ingreso de plagas con los que se importan

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para mantener una estricta inspección y vigilancia en las épocas decembrinas en virtud del interés que despiertan los árboles de navidad naturales a personas que trafican con ellos y para evitar el ingreso de plagas con aquellos que se importan suscrita por la diputada Lorena Torres Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.-. El 9 de Diciembre de 2004, durante el primer periodo ordinario de la Comisión Permanente la LIX Legislatura se presentó al Pleno, el Punto de Acuerdo para exhortar a las Secretarias de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que instrumenten las acciones que permitan suprimir la entrada definitiva de llantas a nuestro país. Y se dictó el tramite de turno a esta Comisión.

2.-.- El 15 de Diciembre de 2004, se recibió oficio emitido por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados de fecha 9 de diciembre de 2004 con anexo del expediente número 2486 que contiene la proposición con punto de acuerdo citada.

Tomando como base la información disponible los antecedentes citados, así como la propuesta en comento, estas Comisiones se abocaron su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

En fecha 04 de abril de 2001, se publicó el Decreto de creación de la Comisión Nacional Forestal, en el Diario Oficial de la Federación, y el 7 de junio de 2001 se publicó su Estatuto Orgánico correspondiente. La Comisión Nacional Forestal cuenta con 13 Gerencias Regionales y representantes en las 32 entidades federativas y es la dependencia encargada de realizar los siguientes programas forestales: Prodeplan, Prodefor, Pronare, Procymaf, Suelos, entre otros.

Dentro de los programas forestales relacionados con la explotación, comercialización ó tráfico de árboles de Navidad conviene recordar los objetivos de los mismos que a continuación se señalan:

Programa de Plantaciones Comerciales Forestales (Prodeplan).- Objetivo: Apoyar, el establecimiento de 875,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, a fin de reducir las importaciones de productos forestales, creando al mismo tiempo alternativas de desarrollo sustentable y diversificación productiva en México, mediante la reconversión al uso forestal de terrenos que alguna vez fueron desmontados con fines agropecuarios.

Programa de desarrollo forestal (Prodefor).- Objetivos: Mejorar el manejo técnico de los recursos forestales de nuestro país; conservar y mejorar los recursos forestales; diversificar las actividades productivas; impulsar el desarrollo forestal; mejorar el nivel de vida de las familias rurales. En el Prodefor participan los ejidos, comunidades y pequeños propietarios dueños o poseedores de bosques (selvas y zonas áridas); y las sociedades que constituyan entre sí. Clasificados en diversas categorías: Productores potenciales; Productores que venden en pie; Productores de materias primas forestales; Productores con capacidad de transformación y comercialización.

Programa nacional de reforestación (Pronare).- Objetivos Estratégicos del Pronare: Incrementar la calidad del proceso de reforestación con fines de restauración seleccionando previamente los sitios potenciales, concertando con los propietarios y poseedores las áreas a reforestar, determinando la calidad del sitio, selección de especies, recolección del germoplasma, producción de planta de calidad, preparación del terreno, transporte de planta, plantaciones, mantenimiento y protección de las mismas que garanticen el mayor índice de sobrevivencia; contribuir a la restauración y conservación de los ecosistemas e incremento de la cobertura forestal; convertir áreas degradadas e improductivas en plantaciones con especies maderables, no maderables, endémicas y de cobertera, mejorando el ambiente y aumentando la recarga de mantos acuíferos. Incrementar la biomasa para contribuir a la captura de carbono; lograr mayor participación de la sociedad en las tareas de forestación y reforestación.

Programa de desarrollo forestal comunitario II (Procymaf II).- Objetivo del Programa: Asistir a ejidos y comunidades forestales para mejorar el manejo forestal sustentable mediante esquemas de silvicultura comunitaria que generen procesos de desarrollo local.

Programa de suelos.- Objetivo: Contribuir a frenar el deterioro de los suelos, mediante la ejecución de programas y coordinación con otras dependencias y entidades de la administración pública, así como los usuarios del recurso; conservar e incrementar la productividad de los suelos forestales, mediante la aplicación de técnicas que permitan evitar su deterioro, rehabilitarlos y aprovecharlos según lo dicte su capacidad de uso; fomentar una cultura de conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos forestales, donde se incluya la valoración de los servicios ambientales, los fines productivos y el valor estético del paisaje natural, a través de una mayor participación de la sociedad; generar información oportuna, confiable y actualizada, sobre la situación y cambios del recurso suelo. Implementar sistemas modernos y eficientes de manejo de información sobre suelos forestales y contar con sus respectivas bases de datos, disponibles para quienes la requieran de manera expedita. Incorporar incentivos para los productores que mejoren las condiciones agroecológicas de los predios y/o que escojan modalidades medioambientalmente más adecuadas para sus plantaciones( especies nativas, plantaciones diversificadas etc.)

La Existencia y operación de estos programas tienden a fomentar el cuidado y conservación de los recursos forestales del país, pero debieran ser complementados por actividades de inspección y vigilancia por parte de la autoridad forestal , aprovechando la estructura que proporciona la Comisión Nacional Forestal, para la actividad solicitada en la proposición citada en el proemio.

Respecto a la participación de productores forestales organizados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales manifiesta que organizaciones como Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales A.C. (RED MOCAF), Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal A.C. (UNOFOC), Consejo Civil Mexicano Silvicultura Sostenible A.C. (CCMSS), entre otros, han sido convocados por la Comisión Nacional Forestal y han participado en reuniones de trabajo, en grupos y en plenarias junto con las principales entidades del sector y áreas centrales de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos naturales, además de la Secretaria de la Reforma Agraria y de técnicos invitados del Banco Mundial para el proceso de elaboración de Reglas de Operación para el otorgamiento de pagos de servicios ambientales por conservación de la Biodiversidad, captura de Carbono, y por los derivados del establecimiento de sistemas agroforestales. Por lo que es conveniente que pudieran ser tomados en cuenta por la autoridad forestal para apoyar las actividades solicitadas en la proposición en comento.

Por lo anterior, esta Comisión, encontrando procedente la proposición en comento en cuanto su contenido general, considera que la realización de tales actividades bien pueden ser planeadas y programadas con eficiencia para la siguiente época decembrina y quedar establecidas de forma permanente.

Con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA ESPECIAL PARA QUE ANUALMENTE SE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FORESTALES RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Ó TRÁFICO DE ÁRBOLES DE NAVIDAD EXISTENTES A FIN DE PREVENIR Y REDUCIR LA TALA ILEGAL DE LOS MISMOS.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR), IMPLEMENTEN OPERATIVOS DE INSPECCIÓN PERMA-NENTE, A FIN DE DETECTAR SITIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD, PROVENIENTES DE TALA ILEGAL Y DE IMPORTACIÓN ILEGAL.

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA , PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE TOME LAS PROVISIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR ANUALMENTE UN PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ÁRBOLES DE NAVIDAD IMPORTADOS.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos registrado a algún diputado que quiera hablar a favor o en contra, se considera que está suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que están por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Semarnat a iniciar el procedimiento para que se declare la sierra Tarahumara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, y en su momento se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la SEMARNAT, a iniciar el procedimiento para que se declare a la Sierra Tarahumara, como Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, y en su momento, se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto (natural, cultural e histórico) de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación; presentado por el Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 7 de diciembre de 2004, el Diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la SEMARNAT, a iniciar el procedimiento para que se declare a la Sierra Tarahumara, como Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, y en su momento, se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto (natural, cultural e histórico) de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación.

2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Sierra Tarahumara recibe su nombre por el más numeroso de los pueblos indígenas que la habitan. Los Tarahumaras, se llaman a sí mismos Rarámuri, que significa corredores a pie, que proviene de las raíces: rara (pie) y muri (correr). Es una región montañosa que cubre 59,874 kilómetros cuadrados, y está situada en la Sierra Madre Occidental, en el Estado de Chihuahua. Su delimitación al noroeste es la región agrícola de Janos.Casas grandes, al oeste la zona montañosa de Sonora, hacia el este los Valles Centrales de Chihuahua y la región forestal de El Salto, siendo el Estado de Durango quien define su porción sureste.

En esta zona se pueden encontrar numerosas barrancas, arroyos y bosques de pino y encino. Aquí nacen los ríos de mayor importancia cultural y ecológica en el norte de México: los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte, que fluyen hacia el Golfo de California, y el río Conchos, que desemboca en el río Bravo y fluye hacia el Golfo de México, constituyendo la divisoria de aguas de todo el Estado.

Los ríos y corrientes de agua de la Sierra, alimentan con su caudal los sistemas de riego, los cuales tienen una gran importancia como reguladores de las aguas de escurrimientos de las precipitaciones pluviales, y aquellas que se derivan de los deshielos, impidiendo que tengan carácter torrencial, ya que están protegidas por una cubierta de vegetación forestal que contribuye a la regularidad del curso normal de esta agua con gran beneficio para la agricultura y la ganadería de la comarca; su influencia se ejerce de una manera directa en la contención de los materiales de acarreo, garantizando con ello, también, la conservación y el buen estado de los caminos y demás vías de comunicación, cuya importancia es altamente significativa en el desarrollo económico de los pueblos.

Comprende 17 municipios, en los que la estructura comunal del ejido es la forma predominante de posesión de la tierra. La mayor parte de la población es de origen Tarahumara, y en menor proporción Pima, Guarijía, Tepehuana y mestiza. La mayoría de los 270,000 habitantes de la zona viven en comunidades rurales y sufren diversos grados de pobreza.

Se considera a la Sierra Tarahumara uno de las zonas de mayor biodiversidad en Norteamérica, principalmente por la riqueza de su flora. Posee una gran variedad de encinos (Quercus sp.), es un refugio biológico para árboles endémicos, incluyendo pinos y otras coníferas (Pseudotsuga sp.), y plantas florales muy apreciadas, como las orquídeas. De las especies de pino más comerciales que se encuentran se puede mencionar la arizónica, ayacahuite, reflexa, chihuahuana, y ponderosa. En un estudio realizado por George Mayer, reportó a Conservation International (1989), que el ecosistema de la Sierra Madre Occidental reúne transiciones extremas del relieve y el clima, que forman la biodiversidad más grande del continente americano. En la región se encuentran 7,000 especies de plantas; lo que habla de la gran importancia de la zona para México. Desafortunadamente se reconocen que un gran número de estas especies endémicas son consideradas extintas, amenazadas o en peligro de extinción.

En cuanto a fauna se refiere, es una de las pocas áreas en las que aún puede encontrarse el guajolote silvestre; además alberga un número sorprendente de especies de aves migratorias y es el lugar de anidación de la amenazada cotorrita serrana y donde se reportó por última vez la presencia del carpintero imperial y otras especies como la agavacea, sicómoro, guamúchiles, nutinas, pericos, tejones y limacoas. En algunos estudios se reporta que: se han registrado 219 especies de vertebrados 74 mamíferos, 64 reptiles, 46 aves, 18 peces y 17 anfibios y al igual que en la fauna, diversos investigadores han reportado que muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción.

Con respecto a sus actividades económicas, la principal es la producción maderera. Aunque las tasas de extracción son típicamente bajas, el daño que presenta el bosque debido a la remoción de árboles es elevado. En su mayoría, los aserraderos son ineficientes y su tecnología obsoleta. Estas características implican una gran generación de desperdicios de madera, un impacto significativo en los ecosistemas terrestres y acuáticos y una baja rentabilidad.

Los Tarahumaras también fabrican objetos para satisfacer las necesidades de la familia, tanto para el uso cotidiano como para las ceremonias y rituales. La producción de estos objetos está dirigida primeramente al autoconsumo y el excedente se comercializa. Las mujeres hacen ollas de barro, cajetes, platos, vasos, tazas y jarros; en algunos lugares también usan la palma y palmilla para tejer canastas de diversos tamaños.

Los hombres fabrican violines, bolas, arcos y tambores, bateas, cucharas y tallan figuras con madera. Unos y otros tejen cobijas y fajas de lana con figuras geométricas. La artesanía producida se vende en Creel, Carichí, Batopilas, Guachochi y Bocoyna. Algunos forasteros se acercan a los pueblos para comprar artesanía y exportarla.

La rapazón, como llaman los Rarámuris a la secular e ilegal tala inmoderada, ha cambiado el escenario natural de muchas regiones serranas. A raíz de la incontrolada explotación forestal, que deja peladas y expuestas a la erosión grandes extensiones de terreno, las lluvias y la nieve han ido disminuyendo en los últimos 50 años. Las poblaciones de peces, aves y mamíferos, muchos de los cuales servían de alimento a los indígenas, han reducido su número a unos cuantos o han desaparecido de la zona.

La agricultura de los indígenas es subsistencial, no comercial; y sus cultivos y crías de animales han decaído ante la falta de agua; además, para complementar su dieta, muchos de ellos cazaban, pescaban y recogían frutos silvestres, lo cual cada día es más difícil. La falta de sustentabilidad que por décadas han adolecido los proyectos forestales, ha impactado doblemente la base de la alimentación Tarahumara. El daño ecológico producido por la rapazón en la sierra de Chihuahua ya es motivo de preocupación internacional, pues está incidiendo en el cambio climático regional, que no sólo afecta al noroeste de México sino también a Nuevo México y Arizona.

Estos lugares de inigualable belleza y sus condiciones naturales, son el refugio propicio para las especies de caza, cuya persecución ha sido cada vez más intensa, dando lugar a la desaparición de algunas especies animales valiosas, a las cuales no ha sido posible proteger de sus depredadores humanos naturales.

Y estamos convencidos de que aquellas áreas que por su configuración topográfica, belleza natural, valor histórico, científico y recreativo, que tienden a mejorar las condiciones de vida de la población y que son de vital importancia para el control y mantenimiento del equilibrio ecológico, y que a la vez se conviertan en espacios gratos con fines de recreación y esparcimiento, deben ser conservadas y aprovechadas en beneficio de la comunidad, como es el caso de la caída de agua que lleva por nombre Bassaseachic, la cual ofrece a los visitantes un espectáculo que los impresiona gratamente, al poseer uno de los saltos clasificados entre los más importantes del mundo, lo cual propicia la llegada de visitantes nacionales y extranjeros en cantidades considerables.

Todo lo anterior hace necesario que en esta zona se lleven a cabo estudios encaminados a su protección, ya que cumple con las características de una región con especies animales y vegetales en abundancia, estando algunas de éstas amenazadas y cumple asimismo, con la característica de ser un valor universal excepcional desde cualquier punto de vista que se le quiera ver, pues es en si misma, una belleza natural del mundo, cuenta con una profunda y amplia cultura indígena y con una secuencia de hechos históricos relevantes en la conformación de su identidad. Pero quizás, lo mas importante es que si se convirtiera en Área Natural Protegida, se supervisarán y protegerán de manera efectiva los bosques, el desarrollo de las comunidades indígenas, los lugares de interés histórico y cultural, al igual que los ecosistemas, logrando con ello, un gran bien no solo para el Estado de Chihuahua y para nuestro país, sino para la humanidad entera;.

Por lo que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A LLEVEN A CABO LAS MESAS DE TRABAJO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A FIN DE EVALUAR LA VIABILIDAD PARA DECRETAR A LA ZONA COMPRENDIDA Y DENOMINADA ``SIERRA TARAHUMARA'' EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA; ASÍ COMO SU RESPECTIVO PROGRAMA DE MANEJO Y LA CATEGORÍA PARA SU DECLARACIÓN.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE UNA VEZ DECRETADA A LA SIERRA TARAHUMARA COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA, INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE SEA DECLARADA COMO PATRIMONIO MIXTO (NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO) DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos registrados diputados o diputadas que quieran hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en la mencionada entidad

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a implantar, en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del Sistema Lagunar de la Cuenca baja del Papaloapan, en el Estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a implantar, en coordinación con el gobierno del Estado de Veracruz y los Municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del Sistema Lagunar de la Cuenca baja del Papaloapan, en el Estado de Veracruz, suscrita por el Diputado Francisco Javier Lara Arano, del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La cuenca del río Papaloapan se ubica en la vertiente sur del Golfo de México; colinda al norte con la cuenca cerrada Oriental y las cuencas de los ríos Atoyac y Jamapa; al este colinda con la cuenca del río Coatzacoalcos; al oeste con la del Alto Balsas y al sur con las cuencas Atoyac de Oaxaca o alto Verde y de Tehuantepec. Tiene una superficie de 46,263 kilómetros cuadrados, ocupando el 2.36 % del territorio nacional, y, por su volumen de escurrimiento de 46,721 millones metros cúbicos, se trata de la segunda cuenca más importante del país, después de la cuenca Lerma-Chapala- Santiago (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2002.)

Debido a su gran importancia, en el año de 1947 fue creada la Comisión del río Papaloapan con el fin de atender los problemas del agua prioritarios en la cuenca, sobre todo las inundaciones, saneamiento, generación de energía eléctrica, desarrollo agrícola y urbano y fomento industrial. La Comisión trabajó desde 1947 hasta 1988, y con la desaparición de está, la Comisión Nacional del Agua (CNA), creada en 1989, se convierte en la institución rectora del agua en México y, en consecuencia, de la cuenca del Papaloapan. La regionalización de la CNA sitúa a la cuenca del río Papaloapan en la Región Administrativa X Golfo Centro y la Región Hidrológica 28.

La actual definición territorial se basa en tres fuentes principales: la geohidrológica (realizada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA, en 2002), la información municipal actualizada (retomada de la Gerencia Estatal en Veracruz de la Comisión Nacional del Agua) y la información disponible, proporcionada y cotejada con el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP). En este sentido, la cuenca del Papaloapan, actualmente, comprende una totalidad de 264 municipios, de los cuales 164 pertenecen a Oaxaca, 29 a Puebla y 71 a Veracruz. Cabe señalar que este punto de acuerdo sólo se toma en cuenta la parte baja de la cuenca del Papalopan, es decir, una fracción ubicada en el estado de Veracruz.

En general, existe un fuerte problema de contaminación en el rió Papaloapan. A lo largo de su caudal se pueden observar diversidad de problemas relacionados con la contaminación, por lo que es un foco de conflictividad en toda la cuenca. En algunos casos este problema va aunado al de la organización y al de producción, pero afecta a todas las actividades productivas de la región. Hay algunas acciones concretas para atender este problema, pero el deterioro de la cuenca aún no ha sido medido ni mucho menos remediado.

En la parte baja de la cuenca se descargan en los diferentes cuerpos de agua trece ingenios, además de recibir las aguas negras de las ciudades de la ribera del Papaloapan. También se tomemos en cuenta la cervecera y la papelera, grandes contaminantes del río Papaloapan, ubicadas en la parte alta de la cuenca, en Oaxaca.

Aunado a lo anterior, hace falta el cumplimiento de las leyes y normas ambientales que permitan aligerar la contaminación y frenar el deterioro de la cuenca. Muchas denuncias se han hecho en el sentido de que la contaminación es visible y no se toman las acciones necesarias para, por un lado, frenar las acciones de contaminación y, por otro, comenzar con acciones descontaminantes. En este sentido, hay una baja gobernabilidad en la cuenca, entendiendo ésta como un deterioro en el cumplimiento de autoridad y falta de respuesta oportuna a demandas, necesidades y problemas de la población.

Esta región conforma un ecosistema con características de humedal, que tiene una alta diversidad biológica, encontrándose diversas especies de peces, reptiles, tortugas acuáticas y aves. Desafortunadamente, el complejo lagunar compartido por los municipios en mención, presenta un deterioro ambiental que se ha traducido tanto en la reducción del espejo de agua, así como en la calidad del agua que ha venido afectando la actividad pesquera, por la contaminación proveniente de las aguas residuales de las diversas actividades industriales y de las aguas domésticas que descargan directamente en los ríos Estanzuela, Moreno, Hondo y el Salvaje.

Recordemos que en los márgenes del río Blanco se asienta la principal zona industrial de la región, además de estar en las cercanías de las ciudades de Orizaba y Córdoba, lo que lo torna como el principal colector de aguas residuales industriales y domésticas.

Los principales contaminantes lo representan las descargas de cuatro ingenios azucareros y las actividades industrial y agrícola del distrito de riego 82 formado por aproximadamente 14,000 hectáreas, donde la mayor parte esta destinada al cultivo de la caña de azúcar y al arroz.

Ante esta situación, existe una alta probabilidad de que se estén violando los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996.

El propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha identificado con grave deterioro a las lagunas de Las Charcas, La Piedra y Maria Lizamba, donde se ve reducido el espejo de agua y se encuentra infestado por malezas acuáticas favoreciendo la eutrofización. Entre las especies que invaden las lagunas se encuentran el lirio acuático, la lechuga de agua, la lenteja de agua, el tule, platanillo y varias especies de esta misma familia de plantas acuáticas.

De igual forma han evidenciado que el agua del sistema lagunar presenta visibilidad nula, olor fuerte a azufre y mortandad recurrente de especies acuáticas como mojarra blanca y negra, róbalo y chucumite.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN, LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS MUNICIPIOS DE TIERRA BLANCA, IGNACIO DE LA LLAVE, TLALIXCOYAN, ACULA, SANTIAGO IXMATLAHUACAN, COSAMALOAPAN, CARLOS A. CARRILLO, AMATITLAN, TLACOTALPAN, TLACOJALPAN, CHACALTIANGUIS, OTATITLAN, TUXTILLA, ALVARADO, COTAXTLA Y TEZONOAPAN A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA LAGUNAR DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS MUNICIPIOS DE TIERRA BLANCA, IGNACIO DE LA LLAVE, TLALIXCOYAN, ACULA Y SANTIAGO IXMATLAHUACAN A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO PERMANENTE DE MALEZAS ACUÁTICAS EN EL SISTEMA LAGUNAR DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

TERCERO.- SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES, EN EL SISTEMA LAGUNAR DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN 9.1 DE DICHA NORMA.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos registrados diputados o diputadas que quieran hacer uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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ESTADO DE MICHOACAN

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, instrumenten un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzuaro

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, instrumenten un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán, suscrita por el Diputado Miguel Amescua Alejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 19 de octubre de 2004, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán y los Municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, instrumenten un programa de saneamiento de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. A cargo del Diputado Miguel Amezcua Alejo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siendo turnado en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La cuenca del Lago de Pátzcuaro, se localiza en la parte central del estado de Michoacán, en el paralelo 19º 30' de latitud norte y al oeste del meridiano 101º 30'. Su mayor longitud, de suroeste a noreste, es de aproximadamente 20 kilómetros, y su máxima anchura de 14 metros. Su profundidad media es de 8 metros y la máxima de 50 metros. Es una de las regiones más notables de nuestro país debido a su importancia biológica, ecológica, cultural, histórica, escénica y arquitectónica. Asimismo, pertenece a la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, una de las más grandes en América Latina. Comprende el lago y el territorio que lo rodea, y tiene una extensión total aproximada de mil kilómetros cuadrados, de los cuales el 10% corresponde al espejo del lago.

Está constituida por los Municipios de Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga, y Tzintzuntzan. Siendo estos cuatro últimos los municipios que circundan la cuenca, incluyendo igualmente las localidades de Pichátaro (Tingambato) y San Isidro (Nahuatzen).

La cuenca, al igual que la meseta tarasca, es parte del eje neovolcánico transversal, en su porción denominada subprovincia neovolcánica tarasca, donde se observan gran cantidad de sierras y la presencia de alrededor de 150 pequeños volcanes. Los rangos de altitud del lago dan lugar a un mosaico eco-geográfico donde se pueden distinguir cinco zonas fisiográficas: islas, ribera , laderas, valles íntermóntanos y montañas.

Es un lago de aguas verdiazules provocadas por el bajo nivel, debido a la erosión de las tierras de la orilla, es muy tranquilo y fresco, se disfrutan los agradables paseos en lancha, se pueden observar musgos, líquenes y lirios en su superficie. En sus aguas hay cinco islas, las más importantes son Janitzio, Pacanda y Jurácuaro, en sus orillas se puede disfrutar del pescado blanco, charales y otras especies del lago recién pescados.

Ocupa una cuenca interior y endorreica, resultado de las formaciones volcánicas del terciario superior y del cuaternario, que impidieron la salida al exterior de las aguas. Por tratarse de una cuenca endorreica, el agua que llega al lago proviene únicamente de la precipitación pluvial, las escorrentias superficiales y los manantiales que afloran en su interior. Las perdidas de agua son debidas a la evaporación, transpiración de las plantas y a las extracciones. Presenta marcadas pendientes y abrupta topografía. Es el lago de los Purepéchas por excelencia, su nombre significa ``lugar de pescadores''. Su artesanía es muy rica, hay redes para los turistas, collares, brazaletes y otros adornos hechos tradicionalmente.

Se administra por el Gobierno Federal, por medio de la capitanía de puerto que es la encargada de vigilar las medidas de saneamiento, su propósito de creación es la preservación de distintas especies de peces como el pescado blanco, mojarra y charal, aunque, últimamente la veda no ha sido respetada.

Es un ecosistema acuático de clima templado con lluvias en verano. La temperatura está regulada por la humedad del agua, en la cuenca no se registran sequías, la temperatura oscila entre los 20 y 24 grados normalmente, con un ligero viento, que es muy agradable, se observan distintos tipos de plantas, no sólo en la superficie del lago, también en sus orillas. Presenta una alta diversidad ecológica: existen seis pisos altitudinales, ocho tipos de vegetación, cinco clases de climas, 14 paisajes morfoedafologicos y 18 diferentes tipos de suelo.

En el municipio predominan el pino, encino, cedro, oyamel y junípero, con fuerte presencia de hierbas, arbustos, pastizales, matorrales subtropicales, y desérticos micrófilos, especiales asociaciones de huizache-mezquite. Asimismo, presenta vegetación halófila, acuática y subacuática, lirios, palmera, juncos, musgo, distintitos tipos de flores, además de chuspata (tule o ixtle), que se emplea como el mimbre para la elaboración de canastos y artesanías.

La venta de artesanías, distintos tipos de comercio, principalmente venta del pez recién sacado del lago, cocinado en sus diversas variedades, charal frito y otros platillos típicos de la región, también nieve y algunos dulces de leche y ates, asi como las pequeñas industrias son las principales fuentes de ingreso de la micro región. En la plaza central de Pátzcuaro se venden regalos, artesanías, recuerdos y otros, algunos de ellos hechos ahí mismo. Las tierras agrícolas se sitúan principalmente en las riberas y laderas, ocupando aproximadamente 40 % del paisaje de la cuenca. Los principales productos agrícolas incluyen maíz, fríjol, avena, janamarvo y lenteja.

Según datos estadísticos del INEGI de censo del 2000, en el Municipio de Pátzcuaro hay un total de población de 47, 993 habitantes, de éstos 4,840 hablan lengua indígena. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informo que en la cuenca existen un total de 122 asentamiento poblacionales, entre los que se destacan la ciudad de Pátzcuaro, con concentra el 37.9% del total de la población de la cuenca y Quiroga con el 10.5% de dicho total.

La principal problemática del lugar, la representa la degradación ambiental, en un acelerado y pronunciado proceso de erosión de los suelos circundantes. Una evidente reducción de la flora regional y su erosión biológica. Enzolvamiento, contaminación y eutrofización del Lago de Pátzcuaro. Al ser contaminada el agua del lago, existe un crecimiento excesivo de organismos (plantas y animales) que al morir provocan la putrefacción del sistema, la falta de producción de oxígeno y, por consiguiente, el lago se seca. La lluvia en la región ha disminuido durante los últimos 16 años, afectando los niveles del lago. En el Lago de Pátzcuaro, el balance del agua es controlado básicamente por la lluvia, la evaporación y la infiltración procedente del área de captación. El lugar está contaminado principalmente por la basura que tiran las personas, por la excesiva utilización de agroquímicos en agricultura y el flujo de aguas negras de las poblaciones que más han crecido, son responsables de la contaminación y enzolvamiento del lago.

Ante dicha problemática y para la recuperación de la cuenca, se implemento el Programa para la recuperación ambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, que se llevaría a cabo en dos etapas: la primera, en el corto plazo, de 2003 a 2004 y la segunda en el mediano plazo, de 2004 a 2007. Durante la primera etapa, se busco atender las causas básicas del deterioro ambiental de la cuenca, y las líneas estratégicas que se plantearon para tal fin fueron las siguientes:

Plan estratégico para la recuperación ambiental de la cuenca.

Cultura y conciencia ambientales entre los pobladores de la cuenca.

Balance y uso del recurso agua en la cuenca.

Alternativas de bajo costo para tratar y depurar las aguas vertidas al lago.

Preservación de especies nativas.

Disposición de desechos sólidos.

Conservación y reforestación.

Uso y explotación racional de los recursos naturales.

Participación social.

Las acciones que se tomaron, tendrían el respaldo técnico, económico y político de las instituciones involucradas en la firma del convenio, en el cual participan al lado de la sociedad instancias de gobierno, organizaciones no gubernamentales, universidades, institutos de investigación y la Fundación Gonzalo Río Arronte. Entre las dependencias del gobierno del estado de Michoacán se encuentran: la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal, el Centro Regional para el Desarrollo Sustentable, el Centro Regional en Investigación Pesquera, y la Comisión Estatal de Ecología. Por las instancias municipales, participan los gobiernos de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro. Asimismo, se cuenta con el apoyo de diversas organizaciones no gubernamentales, tales como la Organización Ribereña contra la Contaminación del Lago de Pátzcuaro, A.C. y Servicios Alternativos para la Educación y Desarrollo. Por el sector académico participan la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa) y la Universidad Autónoma Chapingo; y en el rubro de la investigación: el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Siendo la participación de la sociedad uno de los elementos clave, para garantizar que el programa tuviese continuidad, y que no concluirá hasta que se logre revertir el deterioro ambiental de la cuenca y del lago, con lo cual se establecerían las bases para su sustentabilidad.

Durante la segunda etapa (2004-2007) se planea poner en marcha, ejecutar y consolidar las acciones que se identifiquen, acuerden y programen dentro del plan estratégico derivado de la primera etapa.

De nueva cuenta, se promoverán entre la sociedad los acuerdos y convenios requeridos para garantizar tanto su formalización como el cumplimiento de compromisos a largo y mediano plazo. Todo ello estará sujeto a un proceso de aceptación, aprobación y participación de los pobladores de la cuenca y de los tres niveles de gobierno.

En fecha 26 de febrero de 2004, se publico en la pagina web de la SEMARNAT, el comunicado de prensa número 029/04, en donde se informo lo siguiente:

``Comunicado de prensa Núm. 029/04

Pátzcuaro. Mich., a 26 de febrero de 2004.

CONCLUYE PRIMERA ETAPA DE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO; 42% DE SU COSTO SE FINANCIA CON PRESUPUESTO DEL GOBIERNO FEDERAL

El secretario Alberto Cárdenas Jiménez supervisa hoy, el avance de las acciones iniciadas hace un año.

Inaugura la Planta de Tratamiento Pátzcuaro II y firma el acuerdo de inclusión de nuevas instituciones a los trabajos de saneamiento y conservación de la cuenca.

Pátzcuaro, Mich.- El secretario Alberto Cárdenas Jiménez y el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel supervisarán los avances del Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro que, a un año de ponerse en marcha, registra avances sustantivos con el desarrollo de 13 proyectos que atienden las causas básicas de su deterioro.

El Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la SEMARNAT, financia el 42% del costo total de este programa que incluye dos etapas. El día de hoy, concluye la primera fase y se pone en marcha la segunda que se desarrollará durante el trienio 2004-2007.

Durante el periodo 2003-2004 se desarrollaron 13 proyectos para atender las causas básicas del deterioro ambiental de la cuenca, inscritos en cuatro líneas estratégicas: cultura y conciencia ambientales; balance y uso del recurso agua; alternativas de bajo costo para tratar las aguas residuales; y plan estratégico para la recuperación ambiental.

Los trabajos incluyen la limpieza, restauración y ejecución de obras de los manantiales de Chapultepec, Urandén de Morelos y Urandén de Carián, así como la realización de campañas de aforos, muestreos de calidad del agua y levantamientos físicos en Ojo de Agua I y II, Patambicho, Tzentzenguaro, Pomio, María Valdez, Puquio, Anáchun, Las Palmas, Tzirandangatzio y Cauca; la selección de una de las descargas de la comunidad Cucuchucho para instalar un humedal tipo que incluye el tratamiento de las aguas residuales, una zona para las producciones agrícola y acuícola.

La construcción de estufas ahorradoras de leña en diversas comunidades, entre ellas, Cuanajo, Tzurumutaro y Huiramangaro; la instalación de tres estaciones hidroclimatológicas automáticas en Arocutín, en la isla La Pacanda y en Chupicuaro; y la instalación de seis pluviógrafos digitales.

Asimismo, se realizó un estudio acerca del uso que se le da al agua de la cuenca (público-urbano, servicios, doméstico, agrícola, acuícola); se desarrolló un modelo que permitirá estimar el impacto social de las acciones y obras ejecutadas en relación con proyectos y programas ambientales; se implementó un modelo hidrodinámico para simular y evaluar la eficiencia y efectividad de las diversas acciones en pro del control de la contaminación del lago.

También se capacitaron cerca de setecientos maestros en aspectos relacionados con educación ambiental y cultura del agua; se capacitaron seiscientos pobladores de la cuenca en construcción de biofiltros, cisternas, biodigestores, letrinas secas, agricultura orgánica y uso adecuado del agua, entre otros temas; se caracterizó la problemática socioambiental desde el punto de vista de las comunidades.

Se inició la campaña de comunicación sobre el programa con la producción de material de difusión como videos, carteles, folletos y exposiciones, y se elaboró el proyecto Descubre una cuenca: el lago de Pátzcuaro, dirigido a personas que desean aprender y enseñar sobre la cuenca.

El Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro se sustenta en una serie de proyectos y acciones que permitirán incrementar y mejorar la conciencia y cultura ambientales entre los pobladores de la cuenca.

Se busca lograr el consenso con respecto a los problemas prioritarios y sus soluciones, profundizar en el conocimiento de la disponibilidad de los recursos naturales y su uso, establecer criterios para priorizar acciones, canalizar inversiones que garanticen la recuperación ambiental de la región y llevar a cabo proyectos ejecutivos que generen beneficios tangibles para la cuenca.

Entre las líneas de trabajo que contempla la segunda etapa del programa, destaca el uso racional del agua y saneamiento en el ámbito urbano; saneamiento y desarrollo en el medio rural; pesca; restauración del lago y de la cuenca; educación y cultura ambientales; y fortalecimiento del acuerdo institucional en el que participan: la Semarnat, los gobiernos de Michocán, de los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro, la Fundación Gonzalo Río Arronte, la población de la cuenca, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. (www.semarnat.gob.mx).''

Así mismo la SEMARNAT informo en dicha pagina web, que el pasado 22 de marzo se firmó en Querétaro el Acuerdo de Coordinación para la Recuperación y Sustentabilidad de la Cuenca Lerma Chapala con la asistencia del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y los gobernadores de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro; así como de los Secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo.

El panorama que se pretende alcanzar con la firma del Acuerdo de Coordinación es atender las prioridades de la política en materia hidráulica y de rehabilitación ecológica; ordenar el aprovechamiento del agua en función de la disponibilidad; proponer y ejecutar políticas a nivel nacional que tomen en cuenta los intereses sectoriales y la opinión pública regional; dar congruencia a los programas y presupuestos; agilizar la administración del recurso y facilitar la coordinación entre dependencias a nivel federal, entre Estados y con la sociedad civil a nivel de cuencas.

Sin embargo, la población de la cuenca, ha manifestado no ver avances en el saneamiento de la cuenca, ni que se estén llevando del todo los proyectos emanados del Programa para la recuperación ambiental de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, a pesar de haber concluido la primera de las dos etapas de dicho programa; y, que no se les han incluido en los proyectos de participación de la sociedad, a pesar de haberse considerado como uno de los elementos clave para garantizar que el programa tuviese continuidad y como base de su sustentabilidad, y con esto se lograra revertir el deterioro ambiental de la cuenca y del lago.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y LOS MUNICIPIOS DE PÁTZCUARO, ERONGARICUARO, QUIROGA Y TZINTZUNTZAN, A VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE DEL MISMO EMANAN.

SEGUNDO.- QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) ENVÍE A ESTA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, UN INFORME ACTUALIZADO Y PUNTUAL SOBRE EL AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN, ASÍ COMO DE SUS RESPECTIVOS PROYECTOS.

TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) A TRAVÉS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA), A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES, EN LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de dos mil cinco.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos registrados diputadas o diputados para hacer uso de la palabra, se considera que está suficientemente discutido el punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados; comuníquense.

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INDUSTRIA TEXTIL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público que implementen de manera urgente programas y acciones para el combate del contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondientes a la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, ``PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, IMPLEMENTEN DE MANERA URGENTE PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL COMBATE AL CONTRABANDO, LA PIRATERÍA Y LA MERCANCÍA ROBADA EN LA INDUSTRIA TEXTIL'', presentada por el C. Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de abril de 2004. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados.

Las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 5 de abril de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público''.

TERCERO. El Legislador solicita lo siguiente:

``Primero.- Solicítese a la Secretaría de Economía se implemente de manera urgente, programas y acciones para conformar un frente común con los municipios con actividad económica textil, de manera tal que, con la suma de las autoridades locales, estatal y federal, se puedan formular los diagnósticos necesarios para definir políticas y programas específicos de cada municipio, buscando alternativas y financiamientos concretos a las características municipales, debidamente articuladas con las estrategias de promoción económica y proyectos alternativos.

Segundo.- Solicítese a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la aplicación de programas emergentes para el combate al contrabando, de manera coordinada con las instancias involucradas, y la aplicación de una profunda revisión y corrección de las aduanas en el país, por ser éstas, el origen de la introducción de la mercancía.''

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con las atribuciones antes señaladas se abocaron a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que la cadena productiva de Fibras -- Textil -- Vestido, es un sector estratégico para nuestro país, esta actividad económica integrada por los eslabones productivos de fibras químicas, de textiles y de la confección, participan con más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y a nivel manufacturero, contribuyen con el 7% del producto y el 17% del empleo, estableciéndose como la cuarta actividad manufacturera más importante de México.

TERCERO. Que en julio de 2002, la Secretaría de Economía presentó la Política Económica para la Competitividad, con el objetivo de impulsar a las 12 ramas productivas con mayor impacto en la economía regional y nacional, mediante programas específicos, donde se incluyó a la industria de las fibras, del textil y de la confección, por su importante contribución al PIB, vía exportaciones, inversiones, aportaciones fiscales y generación de empleos.

CUARTO. Que el Ejecutivo Federal con la participación de los organismos empresariales de la cadena de la producción del vestido, elaboraron de manera conjunta el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras -- Textil -- Vestido, mismo que tiene por objetivo consolidar la manufactura de ``paquete completo'' en nuestro país, para recuperar y ampliar el mercado, tanto nacional como internacional, y mejorar la posición competitiva de cada de uno de los eslabones de esta cadena.

QUINTO. Que el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras -- Textil -- Vestido, considera las siguientes metas:

1. Recuperación del Mercado Interno, preferentemente con la utilización de insumos nacionales y a través del uso de los canales legales de producción y comercialización, para lo cual se pretende:a) Reducir anualmente en 10 puntos porcentuales la participación del mercado ilegal en el consumo nacional de prendas de vestir;

b) Abastecer con producción nacional al menos 800 millones de dólares adicionales al año del mercado recuperado a la ilegalidad;

c) Aumentar la producción de la cadena en 100 millones de dólares al año, para captar el 50% del aumento de la demanda de prendas de vestir, resultado del crecimiento de la población, y

d) Con las tres metas anteriores, la producción nacional pasaría en 2006 a abastecer más del 40% del mercado doméstico.

2. Aumentar las ventas al exterior, a través del acceso a los mercados clave, con lo cual las exportaciones podrían aumentar 500 millones de dólares adicionales al año.

3. Incrementar las inversiones, con el objetivo de alcanzar los niveles de inversión registrados en el año 2000, que ascendió a 857 millones de dólares, acelerando su crecimiento, y finalmente,

4. Generar más empleos, esperando que para el 2006, se puedan crear 500 mil nuevos empleos respecto al nivel registrado en diciembre de 2000. De esta manera, la industria textil y del vestido ocuparían un total de más de 1 millón 300 mil trabajadores.

SEXTO. Que estas Comisiones celebran el trabajo que está realizando la Secretaría de Economía para fortalecer la industria del vestido nacional, sin embargo, es necesario que esa Secretaría agilice y canalice los programas y apoyos de consultoría, asesoría, capacitación, así como de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector, de preferencia en los municipios donde se concentra esta actividad económica, por lo que se estima conveniente, promover una acción coordinada de los tres niveles de gobierno para impulsar a esta industria.

SÉPTIMO. Que el contrabando, la ``piratería'' y el robo de las mercancías, ocasionan un gran daño a la industria nacional, a los comercios establecidos, al Gobierno y a la sociedad, dado que estos productos ilegales desplazan la producción nacional y a la mercancía legalmente introducida al país, perjudicando las finanzas públicas, toda vez que estos artículos no pagan impuestos ni derechos, y ponen en riesgo a los consumidores, ya que la mayoría de estos productos, no cumplen con los estándares de calidad, higiene y seguridad.

OCTAVO. Que la industria del vestido y otras más, están siendo perjudicas severamente por el contrabando, la ``piratería'' y el robo de mercancías, según cifras oficiales, se estima que alrededor del 58% del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por estos canales ilegales, lo que genera grandes pérdidas a las empresas del sector y a la economía nacional en su conjunto.

NOVENO. Que la Secretaría de Economía reconoce que el contrabando bronco y técnico o documentado, que implica la triangulación de mercancías, la falsificación de los certificados de origen y el reetiquetado, entre otras prácticas ilícitas, han provocado reducciones en la producción y el empleo en la industria del textil y de la confección, así lo confirman los datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que señalan que en los últimos dos años se han perdido empleos debido a las bajas ventas del sector.

DÉCIMO. Que estas Comisiones reconocen que el problema del contrabando, la ``piratería'' y el robo de mercancías es una tarea de todos, las autoridades, federales, estatales y municipales se deben de coordinar para llevar a cabo acciones más agresivas contra esta práctica comercial, este H. Congreso de la Unión debe proporcionar los instrumentos legales para la correcta persecución de estos delitos, y los consumidores finales, deben evitar adquirir productos ilegales en la calles.

DÉCIMO PRIMERO. Que existen diversas Iniciativas que están siendo estudiadas y analizadas en Comisiones, que buscan dotar más y mejores instrumentos legales a las autoridades federales para combatir la violación de los derechos de la propiedad intelectual y el contrabando, por lo que esta Cámara de Diputados, no es ajena a la afectación económica y social de estas prácticas comerciales que atentan contra el buen funcionamiento de los mercados y en contra de los consumidores, prueba de esto, fue la reciente aprobación de la ``piratería'' como delincuencia organizada.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los CC. Diputados integrantes de las Comisiones de Economía y de Hacienda y Crédito Público, reconocen y concluyen que el contrabando, la ``piratería'' y el robo de mercancías, junto con la falta de una coordinación entre los tres niveles gobierno para apoyar a la industria del vestido, se está vulnerando este importante sector productivo del país, por lo cual, es necesario que las autoridades federales, por una parte, amplíen el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras -- Textil -- Vestido, a aquellas regiones textileras que no han sido atendidas, y por otra parte, apliquen más y mejores acciones para combatir la oferta de productos textiles ilegales.

Con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se estima procedente la petición del C. Diputado Sergio Armando Chávez Dávalos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y se somete a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Economía, se coordine con los gobiernos estatales y municipales, donde se concentra la actividad económica de la industria de fibras, textil y del vestido, para que implemente de manera urgente, el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras -- Textil -- Vestido.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la aplicación de un programa emergente para el combate al contrabando, de manera coordinada con las instancias involucradas, junto con una profunda revisión y corrección de las irregularidades que presentan las aduanas de nuestro país.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero de 2005.--- Por la Comisión de Economía: diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila, Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Eduardo Olmos Castro (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla, Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos, Víctor Suárez Carrera.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público;: diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza, Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos registrados diputadas o diputados para hablar con relación a este tema, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión que dispone el artículo 1o. del acuerdo parlamentario, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en la presente.

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.---Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura

Orden del día

Jueves 10 de marzo de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 680 aniversario de la fundación de Tenochtitlán, tendrá lugar el 13 de marzo a las 10:00 horas, en el monumento erigido en memoria de la fundación de Tenochtitlán, Pino Suárez sin número, a un costado de la Plaza de la Constitución, delegación Cuauhtémoc.

De la Cámara de Senadores

Con la que remite iniciativa que adiciona un artículo 227 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictámenes negativos

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa de Ley de Derechos de la Juventud.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa de Ley de la Juventud.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que no se aprueba, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que deroga los artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley de Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos y abroga el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicara en los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 4o. y se adiciona un tercer párrafo al artículo 10, de la Ley General de Protección Civil.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que .no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para regular las sociedades mercantiles denominadas casas de empeño.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se pide a la Secretaría que instruya se abra el sistema electrónico por seis minutos para verificar asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

(Verificación de asistencia.)

Ciérrese el sistema de asistencia.

De viva voz, la diputada Verónica Pérez Herrera. Den sonido a su curul, la 173.

La diputada Verónica Pérez Herrera (desde la curul): Pérez Herrera Verónica, presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Por favor, den sonido a la curul del diputado Alegre Bojórquez.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez (desde la curul): Ricardo Alegre, presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Por favor, den sonido a la curul del diputado Moreno.

El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): Diputado Moreno, presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Por favor, den sonido a la curul de la diputada Angélica Díaz del Campo.

La diputada María Angélica Díaz del Campo (desde la curul): Angélica Díaz del Campo, presente.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Diputada Presidenta, hay una asistencia de 394 diputadas y diputados.

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CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (a las 16:08 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de marzo, a las 10:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 59 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 396 diputados

Asistencia al cierre de registro: 406 diputados

Asistencia al final de la sesión: 394 diputados

Diputada suplente que se incorpora: 1

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1

Efemérides: 1

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3

Oradores en tribuna: 24

PRI-6; PAN-8; PRD-3; PVEM-4; PT-1; PC-2.

Se recibió:

19 comunicaciones de la Junta de Coordinación Política con las que informa cambios en la integración de Grupos de Amistad, Comités y Comisiones legislativas, respectivamente;

1 Informe de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita permisos constitucionales necesarios para que seis ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México y comunica que ha dejado de prestar servicios una ciudadana;

8 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

1 oficio del Gobierno del Distrito Federal;

5 iniciativas del PRI;

7 iniciativas del PAN;

2 iniciativas del PRD;

3 iniciativas del PVEM;

3 iniciativas del PC.

Dictámenes de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura;

1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y expide la Ley del Fondo de Aseguramiento Agropecuario y Rural;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Rumania y Japón;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Pedro Díaz Corona, Antonio Guillermo Villegas Villalobos y José Luis Gallardo Nieto, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de las Repúblicas de Corea, Paraguay y Francesa, respectivamente;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez, para prestar servicios como asistente consular en la oficina correspondiente al departamento del Consulado, dentro de la Embajada de la República de Bolivia, en México;

1 de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para prestar servicios como asesor jurídico, en las Embajadas de Bulgaria y de los Países Bajos, en México.

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a que elabore y ejecute los programas de conservación y manejo de las Areas Naturales Protegidas que carecen de este documento y que se consideran prioritarias, para conservar la biodiversidad y los recursos naturales;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las secretarías de Turismo, Marina, Armada de México y Comunicaciones y Transportes, vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-ECOL-1998, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 8 de dicha norma;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantener una estricta inspección y vigilancia en las épocas decembrinas en virtud del interés que despiertan los árboles de navidad naturales a personas que trafican con ellos y para evitar el ingreso de plagas con aquellos que se importan;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a iniciar el procedimiento para que se declare a la Sierra Tarahumara, como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera, y en su momento, se realicen las investigaciones necesarias a fin de que sea declarada patrimonio mixto de la humanidad, así como para que se le brinden los apoyos necesarios para su cuidado y conservación;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implantar, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del Sistema Lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, instrumenten un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán;

1 de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público con puntos de acuerdo, para solicitar a las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, implementen de manera urgente programas y acciones para el combate al contrabando, la piratería y la mercancía robada en la industria textil.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Álvarez Romo, Leonardo (PVEM) Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal: 162

Álvarez Romo, Leonardo (PVEM) Ley General de Salud: 151 desde curul

Ávila Serna, María (PVEM) Día Internacional de la Mujer: 95

Córdova Villalobos, José Ángel (PAN) Ley General de Salud: 103, 151 desde curul

Corella Torres, Norberto Enrique (PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 159

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Artículo 4 constitucional: 135

Garduño Morales Patricia (PAN) Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 174

Guízar Valladares, Gonzalo (PRI) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 131

Kahwagi Macari, Jorge Antonio (PVEM) Ley de Información Estadística y Geográfíca: 141

Meza Cabrera, Fidel René (PRI) Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso: 101

Mícher Camarena, Martha Lucía (PRD) Día Internacional de la Mujer: 96

Moreno Arévalo, Gonzalo (PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 165

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Ley Federal del Servicio Voluntario: 121

Padilla Peña, Joel (PT) Día Internacional de la Mujer: 93

Perdomo Bueno, Juan Fernando (PC) Día Internacional de la Mujer: 92

Portillo Ayala, Cristina (PRD) Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos - Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 105

Ramírez Luna, María Angélica (PAN) Día Internacional de la Mujer: 98

Rojas Toledo, Francisco Antonio (PAN) Ley General de Salud: 133

Sandoval Figueroa, Jorge Leonel (PRI) Código Penal: 155, 162 desde curul

Scherman Leaño, María Esther de Jesús (PRI) Código Penal: 169 desde curul

Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth (PRI) Día Internacional de la Mujer: 99

Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Marcos (PAN) Ley Federal del Trabajo: 185

Triana Tena, Jorge (PAN) Artículo 74 constitucional: 170

Velasco Coello, Manuel (PVEM) Ley de Aguas Nacionales: 117

Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia (PAN) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 192 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Donato Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Fernando Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Rafael Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 172 Asistencias por cédula: 4 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 27 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 21 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de Sn. Alberto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Ayala Rubén Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Herrera Verónica Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Marcos Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 112 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 25 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 12 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Álvarez Reyes Carlos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Márquez Gloria Camerina Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Olmos Capilla Guillermo Antonio Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 62 Asistencias por cédula: 7 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 19 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 8 Total diputados: 96 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 1 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 6 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 2 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 1 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 5 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 5 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 0 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencia: 1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Flores Ubaldo Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Anaya Rivera Pablo Arias Martínez Lázaro Bustillos Montalvo Juan Díaz Nieblas José Lamberto Domínguez Arvizu María Hilaria Fernández Saracho Jaime Flores Hernández José Luis Galindo Jaime Rafael Jiménez Sánchez Moisés Martínez López Gema Isabel Moreno Ramos Gustavo Pedraza Martínez Roberto Ramón Valdez Jesús María Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Cabrera Oscar Ruíz Cerón Gonzalo Soriano López Isaías Yu Hernández Nora Elena Faltas por grupo: 21 Contreras Covarrubias Hidalgo Corrales Macías José Evaristo Durán Reveles Patricia Elisa González Carrillo Adriana Nader Nasrallah Jesús Antonio Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Sigona Torres José Torres Ramos Lorena Trejo Reyes José Isabel Villanueva Ramírez Pablo Antonio Faltas por grupo: 12 Carrillo Soberón Francisco Javier García Solís Iván González Bautista Valentín Martínez Ramos Jorge Obregón Espinoza Francisco Javier Padierna Luna María De Los Dolores Silva Valdés Carlos Hernán Tovar de la Cruz Elpidio Faltas por grupo: 8 Alvarez Romo Leonardo Piña Horta Raúl Faltas por grupo: 2

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EFEMERIDES

«Efeméride con motivo de la firma del primer tratado internacional de Miguel Hidalgo con Estados Unidos, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

La amplia cultura filosófica, libresca y políglota de Miguel Hidalgo y Costilla Gallaga lo impulsó a consolidar desde el principio de la Guerra de Independencia el estatuto internacionalista de legitimidad, mediante la búsqueda del consenso de las otras naciones establecidas, entre ellas particularmente Estados Unidos de América, el 13 de diciembre de 1810, que constituye de hecho el tratado internacional del ``primer Gobierno Provisional del México independiente''.

Fue signado por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. Para el grupo parlamentario de Convergencia, representa en la historia de México la exacta visión de Estado que rigiera posteriormente todos los documentos que alcanzó a firmar Hidalgo,

Institucionalización que fuera la guía ejecutiva de legitimidad que condujo los pasos del Generalísimo José María Morelos y Pavón como continuador de la lucha.

El grupo parlamentario de Convergencia considera a un Hidalgo intuitivo quien comprendía que, sin la confirmación en leyes, la insurrección corría el peligro de ser satanizada entre la opinión internacional como una revuelta más y, de ese modo, el Estado español podía impedir la aplicación de las leyes de la guerra, que de alguna manera exigían ciertas normas con carácter humanista.

Por ello, Hidalgo emitió pocos meses antes, en octubre de 1810, el Decreto de Abolición de la Esclavitud. Hecho material y psicológico que daba a los levantados un sustento concreto más por qué luchar y sacrificar la vida.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, la inteligente búsqueda de la aceptación de firma del tratado con Estados Unidos significaba además el reconocimiento de un gobierno de hecho, aunque tuviera el rubro de provisionalidad.

La firma de tal documento constituyó una medida ejecutiva sagaz, que daba auténtico reconocimiento de ``existencia de un nuevo gobierno'', cuyos integrantes se daban el lugar diplomático de ``firmar tratados''.

Y para las relaciones exteriores del naciente Estado de Estados Unidos representaba --como lo sería casi un siglo después con la guerra contra España-- la posibilidad de sacudirse la intervención en el continente americano de una potencia europea.

Y más aún: Hidalgo, que por algo era apodado El Zorro desde sus años de estudiante y rector universitario, les sugería arbitraje y arropamiento a los gobernantes de Estados Unidos.

El reconocimiento del primer Gobierno Provisional encabezado por Hidalgo tenía la congruencia documental, por parte del Gobierno Provisional de Hidalgo, de la aplicación en la práctica de la teoría emanada de la doctrina Monroe: ``América para los americanos''.

Hidalgo, estudioso de los enciclopedistas franceses y seguidor del racionalismo de la Ilustración, estuvo consciente, desde la realización de las tertulias preindependentistas, de que era necesario aprovechar esa dialéctica, aunque en el fondo Hidalgo estuviera consciente de que más temprano que tarde el expansionismo del naciente hegemonismo de Estados Unidos nos enfrentaría contra su militarismo y tendría efectos negativos contra la independencia de México.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, ése es el paradigma del pensamiento visionario del Padre de la Patria, arriesgar la cooptación de la lucha libertaria, con la prioridad de lograr lo esencial: la Independencia.

Tanto es así, que muchos años después, cuando ya había sucedido la guerra de despojo de 1847, Benito Juárez envía a su ministro plenipotenciario Matías Romero a Estados Unidos y le señala en una carta, igualmente con visión de Estado, que ``no firme nada que comprometa un ápice de territorio'', para que las nuevas generaciones no estén impedidas de defenderlo, ``más inteligentes o más valientes que nosotros''.

Ésa ha sido la constante concepción de visión de Estado de nuestros patricios, ser conscientes del peligro que entrañan los nexos, aunque sean diplomáticos, con la potencia de Estados Unidos.

Pero que se suplen con la dignidad y el patriotismo de nuestros luchadores políticos, quienes como Hidalgo ven más allá del momento coyuntural. Por ello, el grupo parlamentario de Convergencia considera por demás importante mantener la vigencia y vivos los paradigmas de nuestra memoria histórica y, para el caso del devenir de esta soberanía, la LIX Legislatura tener vivos los hechos que dieron vida a la patria independiente, autónoma y soberana.

Palacio Legislativo, a 13 de diciembre de 2004.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

«Efeméride con motivo del aniversario luctuoso de Don José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

``Y yo que nací en el jardín de la Nueva España'', fueron las palabras que pronunció José María Morelos y Pavón cuando lo llevaban al cadalso, rumbo a San Cristóbal Ecatepec, hoy en el estado de México, donde fue fusilado el 22 de diciembre de 1815.

Absoluta visión de Estado, del Generalísimo Morelos, Siervo de la Nación como el pidió que se le considerara, fue desde que se incorporó a la lucha insurgente, luego de la reunión de Indaparapeo con el cura Hidalgo, recibiendo la encomienda de que fuera hacia el sur del país para encabezar la rebelión. Para Morelos fue una misión el que la guerra de Independencia tuviera bases sólidas legislativas.

Por ello, desde un principio dio impulso a la realización de un Congreso Constituyente, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Chilpancingo. Ahí redactó sus célebres Sentimientos de la Nación. Documento conmovedor que fuera leído por él mismo en la sesión inaugural del Congreso de Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813.

Los Sentimientos de la Nación, sociológicamente han influido en el pensamiento de nuestras Constituciones. Pero no sólo, sino que el pensamiento de Morelos se puede sentir en muchos de los lineamientos que rigen el Código Napoleónico, cuyos contenidos aún perviven, como prolongación del código europeo, en muchas judicaturas del mundo. Como tal, el Código Napoleónico es materia de estudio en nuestras escuelas de Derecho.

Continuador del espíritu humanista ilustrado de Miguel Hidalgo, Morelos no solamente ratifica la abolición de la esclavitud, sino que va más allá, conocedor de la psicología de los hombres, para que sus huestes revolucionarias tuvieran un asidero sociopolitico por el cual luchar: su libertad. Morelos reitera y dice: ``Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales; y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud''.

Aquí, en, el Siglo XXI en esta soberanía de la Cámara de Diputados, que corresponde a esta H. LIX Legislatura no debemos olvidar tampoco, su concepto esencial sobre la labor prístina de los legisladores, lo expresa así Morelos:

``Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte, se aumente el caudal del pobre, que mejore sus costumbres y evite la ignorancia, la rapiña y el hurto''.

Hay que destacar que en la corta vida revolucionaria de José María Morelos y Pavón, ésta es muy fructífera. Sin su presencia e ideas tal vez se hubiera prolongado más la guerra de Independencia, y, en todo caso no habría tenido el sustento ideológico, con clara conciencia de clase que guió la promulgación de las leyes postrevolucionarias. Todas ellas reflejadas con certeza en la primera Constitución consolidada, la del 5 de febrero de 1857.

Morelos es faro y guía del pensamiento liberal ilustrado. Hasta sus enemigos se dieron cuenta exacta de su dimensión, por lo que en los días posteriores a su aprehensión, los realistas del ejército español tuvieron miedo de que si permanecía más tiempo en la capital del país, el pueblo podría amotinarse y liberarlo, por lo que el tribunal de la Inquisición sesionó rápidamente para juzgarlo y martirizarlo.

Por ello lo transladaron hacia la población de Ecatepec, donde fue ajusticiado. Corre una anécdota en medio del mito que la vida y la obra de Morelos dejaron despertar en el imaginario popular: que en los momentos de consumarse el fusilamiento de Morelos, hubo una crecida del río Ecatepec, que inundó varios kilómetros a la redonda del claustro donde se realizó la ejecución y que ``las aguas lavaron la sangre del héroe, como una cuestión mágica''.

La crueldad con la que las tropas del Virrey Calleja actuaron, en contubernio con la jerarquía eclesiástica de la época, fue para dejar la más honda huella de ejemplaridad entre el pueblo.

Para que a su difusión y conocimiento se terminara la insurrección. Pero como se sabe, precisamente la presencia de Morelos en el sur del país, en lo que hoy son los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla hizo que surgieran nuevos líderes, quienes culminaron la obra de los iniciadores de la Independencia: Hidalgo, Allende y Morelos.

En su honor distintas Legislaturas decidieron que los territorios donde tuvo Morelos varios de sus triunfos militares: el sitio de Cuautla o la toma de Acapulco, hizo que acordaran una nueva división territorial para que hubiera geográficamente un estado de Morelos, y, como todos hemos estudiado, la ciudad de Valladolid, donde naciera fuese la capital de Michoacán, con el nombre de Morelia.

Los 23 puntos que abarcan los Sentimientos de la Nación, son siempre aleccionadores, pues en el último señala con justeza su reconocimiento a la obra de quienes le antecedieron, dice:

``Que igualmente se solemnice el día 16 de Septiembre, todos los años, como el día Aniversario en que se levantó la Voz, de la Independencia de nuestra santa Libertad comenzó, que en ese día fue en que se abrieron los labios de la Nación para reclamar sus derechos y empeñó la espada para ser oída: recordando siempre el mérito del Grande Héroe el señor Don Miguel Hidalgo y su compañero Don Ignacio Allende''.

Palacio Legislativo, a 22 de diciembre de 2004.--- Dip. Luis Maldonado Venegas.»

«Efeméride con motivo de la promulgación del Sistema Mixto Legislativo de México, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

El grupo parlamentario de Convergencia considera que, cuando se habla de la evolución democrática del pueblo de México no debemos olvidar esta fecha, del 28 de diciembre de 1997.

Fue cuando se promulgó la Ley que hizo posible la aprobación de dos conceptos políticos esenciales para ese avance: uno, definir a los partidos políticos mexicanos como entidades de interés público, y, dos, adoptar un sistema propiamente mixto, que permitió la ascensión de diputados de representación proporcional plurinominal en la Cámara de Diputados.

Todo lo cual dio paso a la promulgación del Código Federal de Instituciones, Partidos Políticos y Procedimientos Electorales (Cofippe). Base constitucional del posterior Instituto Federal Electoral (IFE) y la jerarquización jurídica del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, popularmente conocido como Trife.

Este fue uno de los avances que hicieron posible llegar en el Siglo XXI al éxito sociopolítico del llamado gobierno del cambio, que hoy tiene en sus manos la posibilidad todavía de una transición política sin crispaciones.

Los artífices de aquella avanzada de la democratización del pueblo mexicano fueron las distintas luchas que en condiciones de desequilibrio dieron personalidades y grupos de luchadores sindicalistas, y, los miembros de los partidos políticos que vivieron años de angustias, sacrificios en la clandestinidad, algunos de ellos y con registros condicionados otros, pero todos siempre perseguidos.

Hay que decirlo sin ambages, dieron frutos democrática y destacadamente los anarquistas, el magonismo, el Partido Antirreeleccionista, los miembros del Partido Comunista Mexicano, éstos desde 1919, el Partido de Acción Nacional, el Partido Popular y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, entre otros. Reconocerlo es uno de los bastiones del pensamiento sociopolítico de este Siglo XXI. Todos ellos pioneros de una gesta social, que no culmina todavía.

La consolidación de las instituciones electorales hasta nuestros días, puede considerarse inmersa dentro de todas las luchas del pueblo de México por su emancipación. Por ello, para el grupo parlamentario de Convergencia traerlo hoy a la memoria de esta soberanía significa darle toda la valoración a nuestra memoria histórica, para que basados en esos hechos políticos no le redoblemos la carga a nuestro pueblo, y, avancemos más hacia su exigible consolidación y éxitos.

Quienes aún propugnan porque volvamos al pasado, y, neguemos el amplio significado histórico del 28 de diciembre de 1997, debiéramos recordar las palabras en la tribuna más alta de la Nación expresadas por el diputado plurinominal del PCM, Valentín Campa Salazar, quien durante su primera intervención hizo un reconocimiento implícito al talento creativo del ideólogo mexicano Jesús Reyes Heroles, diciendo:

``Para quienes no ven el significado de que un sindicalista como es mi caso, quien desde la prisión política siguió las luchas que afuera daba mi partido, el Comunista Mexi-cano, y, que mantuvimos en la lucha clandestina nuestra integridad ideológica, al llegar aquí no hemos claudicado ningún principio, y, por el contrario reconocemos que éste es un avance democrático por el que los comunistas hemos venido luchando''.

Conceptos idénticos se encuentran en el Diario de los Debates, así como las sucesivas intervenciones que todos sus camaradas dieron a lo largo de históricos debates, donde gracias a ese triunfo civilizado de la democracia mexicana, pudimos estudiarlos hasta la fecha.

Los legisladores --ahora senadores y diputados-- de confirmación plurinominal no somos ni de segunda ni de primera, constituimos con orgullo el conjunto de los resultados de las luchas democráticas de nuestro pueblo. Nos enorgullece.

Esa memoria histórica nos compromete a ejercer nuestra representación con mayor responsabilidad. Y mantener la vigilancia ideológica y partidaria que eleve más aún ese avances, dado y obtenido para bien de la Nación hace exactamente 27 años. Lapso que ha permitido el ejercicio plural de por lo menos 9 Legislaturas, cuyas participaciones y polémicas han enriquecido más y más el acervo de la cultura democrática y legislativa hasta nuestros días.

El grupo parlamentario de Convergencia rinde con estas breves palabras un sentido homenaje y reconocimiento a quienes desde el poder omnímodo y total tuvieron la visión de Estado para impulsar y permitir esos avances.

Dip. Luis Maldonado Venegas.»

«Efeméride sobre el aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, el 6 de enero de 1915, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fijo el siguiente posicionamiento:

Las condiciones deplorables en la clase obrera, la problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo fueron los reclamos sociales más importantes que propiciaron la Revolución encabezada por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910.

A principios del siglo pasado el campo mostraba rezagos semifeudales: los hacendados poseían la mayoría de las tierras y los campesinos, por varias generaciones, dependían de las ``tiendas de raya''.

El 96 por ciento de las cabezas de familias rurales no tenlan tierra, mientras que solamente el uno por ciento de la población controlaba el noventa y siete por ciento del territorio mexicano, y sólo 834 hacendados poseían la mitad de la tierra.

El 5 de octubre de 1910 Madero formuló el Plan de San Luis; en el artículo tercero de dicho plan, Madero postulaba la restitución de las tierras a los campesinos, en su mayoría indígenas que habían sido despojados de ellas abusando de la Ley de terrenos Baldíos, dicho artículo, a la postre se erigió en uno de los postulados básicos de la Revolución Mexicana.

Posteriormente, a fines de noviembre del año siguiente, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, a través del cual exigía la inmediata y efectiva restitución de las tierras a los campesinos: ``A fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.''

Después de triunfar al frente del Ejército Constitucionalista en abril de 1916, Carranza estableció definitivamente su gobierno en la Ciudad de México e inmediatamente se propuso llevar a cabo reformas sociales --entre ellas las relativas a la cuestión agraria, un problema social y nacional-- para lo que dispuso que se legalizaran las reformas agrarias que pretendía el Plan de Ayala, ya no sólo en el estado de Morelos, sino en todos los que requerían esas medidas.

Inspirada en los lineamientos de la propuesta de Andrés Molina Enríquez y redactada en Veracruz por Luis Cabrera --colaborador de Carranza--, el 6 de enero de 1915 fue expedida la Ley Agraria, en la cual se concebía al ejido no como un nuevo sistema de tenencia, sino como reparación de una injusticia.

La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue la primer respuesta institucional a las demandas campesinas que dieron origen al gran movimiento social de 1910. Se reconoció así la necesidad de devolver a los pueblos las tierras, los montes y aguas de que habían sido despojados so pretexto de cumplir con la Ley de Desamortización de Bienes Pertenecientes a las Corporaciones Civiles y Religiosas, expedida en 1856.

En el orden jurídico formal, la Ley Carrancista del 6 de enero de 1915, se constituiría como el antecedente directo de nuestro artículo 27 constitucional de 1917, con lo que se inicia un proceso para tratar de erradicar la desigualdad y el rezago en el agro mexicano, en el que por primera vez, se considera al campo como uno de los ejes rectores del desarrollo del país y fue además el inicio de un amplio proceso de reforma agraria que centró sus acciones primordialmente en la restitución y dotación de tierras a los pueblos, comunidades y demás núcleos de población que lo solicitaron. Más tarde se iniciaron otras acciones como la dotación y accesión de aguas, concesiones de inafectabilidad, creación de nuevos centros de población, ampliación de ejidos, expropiación de bienes, etcétera.

Si bien en su concepción inicial la reforma agraria era restitutoria, hoy es imprescindible que el esfuerzo se concentre en la provisión de instrumentos viables para el bienestar del campesino. El marco jurídico debe garantizar seguridad, justicia y libertad tanto a ejidatarios y comuneros como a pequeños propietarios. Seguridad en la tenencia de la tierra, libertad en la toma de decisiones y justicia en sus relaciones. Es imperativo establecer las condiciones jurídicas necesarias para que fluya la inversión al campo y poder ofrecer a sus habitantes los niveles de bienestar que se merecen.

Así al conmemorar el día de hoy, 6 de enero, la proclamación de la Ley de Reforma Agraria, reconocemos a quienes con sus luchas y su trabajo encontraron en sus parcelas una forma de vida, un patrimonio para su familia y una reivindicación para la lucha de sus padres y abuelos.

Asimismo, miramos hacia delante, hacia una nueva etapa del campo mexicano, una etapa en la que la tierra ya no ha de ser motivo de discordia, sino base de una mayor unidad, donde se busque promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una Nación más prospera, que nuestro campo ya no sea destino de pobreza y de marginación, sino espacio para la esperanza, la superación, el progreso y la justicia.

Dip. María Sara Rocha Medina.»

«Efeméride con motivo del XC aniversario del estallamiento de la huelga textil de Río Blanco, Veracruz, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Las luchas sociales del pueblo de México han sido parteaguas en todos sus momentos históricos. Destacan por ello, las que encabezaron los obreros de la industria textil mexicana al comienzo del siglo XX. En México, la más significativa fue la que desarrollaron los trabajadores textileros de Río Blanco, Veracruz, con el estallamiento de la huelga el 7 de enero de 1907.

La fecha indica el reloj sociológico que iba marcando los límites de la resistencia popular ante la dictadura del porfiriato. Como se sabe las condiciones laborales eran infrahumanas. No sólo por los bajos salarios, sino por la explotación de una jornada de trabajo que muchas veces rebasaba las 12 horas ininterrumpidas. Así como el empleo indiscriminado de mujeres y niños en labores y horarios peligrosos.

Los capataces que abusaban de su poder y los despidos injustificados fueron exacerbando los ánimos, causales que hicieron que los diferentes gremios comenzaran a organizarse.

Para el grupo parlamentario de Convergencia esta reacción popular que ha quedado en la historia nacional, como uno de los prolegómenos de la Revolución Mexicana, junto a la huelga minera de Cananea en junio de 1906, en el norte del país, significan el mecanismo natural de comunicación cuando el descontento social conmueve esa fibras sensibles que marcan el alfa y omega de las transformaciones de los pueblos.

Los obreros textiles no ignoraban cómo habían sido reprimidos los mineros. Con esa experiencia sabían cuáles serían las probables consecuencias de su movilización. Por lo tanto, no fue una huelga loca, como comenzaron a acusarlos a través de las comunicaciones de prensa. Para el grupo parlamentario de Convergencia, la huelga de Río Blanco, Veracruz, es olvidada por cierto en estos momentos difíciles para el sindicalismo amenazado de desintegración.

La huelga de Río Blanco debería ser ejemplarizante para que a través de esa historiografía obrera comenzaran, los propios obreros a luchar por recuperar la industria textil mexicana que está a punto de morir por la invasión de los textiles chinos de contrabando, tanto en rollos de materia prima como en confecciones ya manufacturadas, y, la proliferación de las telas sintéticas también introducidas ilegalmente a nuestro país en pleno siglo XXI. No debiera olvidarse.

Para el grupo parlamentario de Convergencia se vuelve necesario que desde esta alta tribuna de la nación, los legisladores hagamos un exhorto continuado para que la memoria histórica del devenir de nuestro pueblo se mantenga vivo. Porque en estos momentos inexplicablemente se está redoblando la carga social de manera repetitiva. Justamente en la industria textil existe ese descalabro que estamos señalando.

Las autoridades laborales, a partir de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se limitan solamente a dar las bendiciones de extremaunción a las diferentes industrias. En el caso concreto del obrero textil, no ejercen ninguna coadyuvancia contra la negligencia y corrupción aduanera que es el puente de paso a todo contrabando. La piratería de confecciones en todo tipo de ropa ``de marca'', fabricadas en el extranjero e introducidas de contrabando son las causantes del desastre en la industria.

El grupo parlamentario de Convergencia llama la atención de los obreros del gremio textil para que juntos hagamos una reflexión acerca de los errores políticos estratégicos que han hecho que la gran tradición de calidad que los productos textiles de México tuvieron se perdiera, y, cuyo abandono o descuido ha hecho que en estos momentos, en cuanto a la producción textilera, México solamente sea un pequeño segmento de maquila, en cuanto a la confección, sin aportar su producción de textiles, sino solamente aporta mano de obra barata, y, por cierto ya no calificada.

Al conmemorarse el 90 aniversario de la huelga de obreros textiles de Río Blanco, Veracruz, el grupo parlamentario de Convergencia llama a la LIX Legislatura para que revisemos puntualmente, y legislemos hoy en el siglo XXI los resultados de esa revisión, para coadyuvar al rescate de nuestra industria textil hoy abandonada.

Palacio Legislativo, a 12 de enero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

«Efeméride con motivo del Día Nacional de la Abolición de la Esclavitud, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta efeméride relativa al 2 de diciembre, Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud.

La primera definición de esclavitud en un acuerdo internacional figura en la Convención sobre la Esclavitud, aprobada por la Sociedad de las Naciones el 25 de septiembre de 1926. Allí se delimita que esclavitud es ``el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos'' (artículo 1, párrafo 1). A continuación define la trata de esclavos como ``todo acto de captura, adquisición o cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderlo o cambiarlo, y en general todo acto de comercio o de transporte de esclavos'' (artículo 1, párrafo 2). La Convención también se refiere al trabajo forzoso y establece que el ``trabajo forzoso u obligatorio no podrá exigirse más que para fines de pública utilidad'', y que los Estados parte deben evitar ``que el trabajo forzoso u obligatorio lleve consigo condiciones análogas a la esclavitud'' (artículo 5).

La esclavitud tradicional se describía como ``reducción de la persona a la condición de bien semoviente'', pues los propietarios de los esclavos podían tratarlos como parte de sus bienes, al igual que el ganado o los muebles, y venderlos o cederlos a terceros.

Esas prácticas son infrecuentes en la actualidad y el criterio de propiedad puede eclipsar algunas de las otras características de la esclavitud por otro ser humano, que está implícito en la fórmula de ``los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos'' utilizada en la Convención sobre la Esclavitud.

Si bien la esclavitud ha existido desde la antigüedad, el primer instrumento internacional que condenó esta práctica fue la Declaración de 1815 relativa a la abolición universal de la trata de esclavos. El movimiento abolicionista se inició con objeto de poner término a la trata de esclavos en el Atlántico y liberar a los esclavos en las colonias de países europeos y en Estados Unidos de América. Existe gran número de acuerdos multilaterales y bilaterales que datan de principios del siglo y contienen disposiciones por las que se prohíben esas prácticas tanto en tiempo de guerra como de paz. Se ha estimado que entre 1815 y 1957 se aplicaron unos 300 acuerdos internacionales relativos a la abolición de la esclavitud. Ninguno de ellos ha sido totalmente efectivo.

Antes de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud, se determinaron varias formas de esclavitud en una lista por la Comisión Temporal sobre la Esclavitud en 1924 y posteriormente aprobada por el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Además del sojuzgamiento, la importación, la trata y el comercio de esclavos, la lista incluía:

1. La esclavitud o servidumbre (doméstica o predial);

2. Las prácticas restrictivas de la libertad de la persona o que tienden a ejercer el control de la persona en condiciones análogas a la esclavitud; por ejemplo:

a) La compra de niñas mediante pago que se hace pasar por dote, entendiéndose que ello incluye las costumbres matrimoniales tradicionales;

b) La adopción de niños de cualquier sexo con el fin de reducirlos a su virtual esclavitud o deshacerse de sus personas en última instancia;

c) Todas las formas de sostenimiento o reducción de personas a servidumbre o por deudas.

4. El sistema de trabajo forzado, público o privado, con remuneración o sin ella.

La Corte Internacional de Justicia ha determinado que la protección contra la esclavitud es uno de los dos ejemplos de ``obligaciones erga omnes'' dimanentes de la normativa de los derechos humanos, o de obligaciones que tienen un Estado con la comunidad internacional en su conjunto. Por consiguiente, la práctica de la esclavitud ha sido reconocida universalmente como crimen de lesa humanidad, y el derecho a no ser sometido a esclavitud se considera tan fundamental, ``que todas las naciones están legitimadas para denunciar a los Estados infractores ante la Corte de Justicia''. La esclavitud, las prácticas relacionadas con ella y el trabajo forzoso constituyen

a) Un ``crimen de guerra'' cuando son practicados por un Estado beligerante contra los nacionales de otro Estado beligerante;

b) Un ``crimen de lesa humanidad'' cuando son practicados por funcionarios públicos contra cualquier persona, independientemente de las circunstancias y la nacionalidad de ésta; y

c) Un delito internacional común cuando son practicados por funcionarios públicos o por particulares contra cualquier persona.

Por todo esto, y con el fin de que se detengan esas prácticas que violentan los derechos civiles a que todo ser humano se ha hecho acreedor, recordamos el 2 de diciembre como una fecha de lucha en pro de estos derechos civiles y el reconocimiento a personalidades tan importantes como Martin Luther King y Henry David Thoreau, con su teoría de la desobediencia civil, la cual sentó las bases teóricas de la resistencia pasiva, un método de protesta que más adelante adoptaría el político hindú Mahatma Gandhi, quien organizó las comunidades en un movimiento masivo consistente en la no cooperación con las leyes abusivas de las autoridades y la resistencia sin violencia. Por ello hoy rendimos tributo a todas esas personalidades que lucharon por los derechos civiles, de los que ahora disfrutamos.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa.»

«Efeméride con motivo del CXXXVI aniversario de la instauración del estado de Hidalgo como libre y soberano, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

En plena etapa de restauración de la República, a dos años de la derrota de la usurpación del imperio títere de Maximiliano de Habsburgo, y libres ya de la intervención francesa, el Partido Liberal comenzó a identificar y jurisdiccionar la división geográfica de México.

De ese modo, el Congreso de la Unión expidió el decreto que otorgaba al estado de Hidalgo, el 15 de enero de 1869, la categoría republicana de estado libre y soberano. Esta decisión política fue no solamente estratégica para el gobierno del recientemente electo presidente de la República, Benito Juárez, sino que tuvo el significado de reforzar el federalismo.

Los principios de identificación desde ese momento fueron más absolutos, respetando los principios republicanos del liberalismo emancipador de esos momentos. Fue además un acto de justicia para el nombre significativo del Padre de la Patria.

Desde entonces, los hidalguenses desarrollaron, como hasta la fecha, el orgullo de su gentilicio. La entidad rica en su industria minera fue bastión de ese modo, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia, del espíritu combativo de la clase obrera a partir de la reciedumbre de sus mineros, quienes posteriormente serían los pioneros del sindicalismo mexicano.

De esa decisión legislativa se pudieron deducir las siguientes divisiones territoriales de la nación. Y debe observarse en varias de ellas el arraigado sentimiento patriótico de nuestra memoria histórica, llegando además a rendir tributo no sólo al nombre del héroe insurgente como en el caso de don Miguel Hidalgo y Costilla sino, por ejemplo, en el caso del Siervo de la Nación adoptar la feminización exquisita del apellido de Morelos en Morelia, por la ciudad de Valladolid.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, no es sólo cuestión política coyuntural que una Legislatura como la del 15 de enero de 1869 otorgara ese decreto, sino que de esa manera se afianzaba la horizontalidad de justicia socio-histórica a cada uno de los núcleos, con sus respectivos luchadores, que habían logrado defender la integridad de la nación.

Resulta así paradójico que el sentimiento social de nuestro pueblo, al recuperar su identidad regionalista haya servido desde entonces para mantener la unidad nacional, que es como lo registra nuestra historia, y lo reconoce la Constitución General de la República ``única e indivisible''.

Los mexicanos, de ese modo, rindiendo un homenaje a los legisladores de aquel Congreso de la Unión, histórico, de 1869 por su perspicacia y visión de Estado, al dar legitimidad a la división territorial afianzaron así la indivisibilidad de nuestra patria.

Rendir homenaje, para el grupo parlamentario de Convergencia, a esos diputados que lo hicieron posible refuerza nuestros vínculos contra cualquier insinuación de partición o divisionismo o fragmentación de una parte de nuestro territorio. Éste es inalienable bajo cualquier pretexto u ocurrencia de falsa espontaneidad de luchas sociales mal entendidas, como hace poco tiempo algún político propusiera formar la República de Tachicam, que se formaría con los territorios petroleros de Tabasco, Chiapas y Campeche.

Contra este tipo de posibilidades ilusionistas se vuelve útil en el siglo XXI mantener viva y vigente siempre la memoria histórica. Saludamos así los 136 años del decreto legislativo que dio a nuestros compatriotas hidalguenses el júbilo para poseer la categoría de estado libre y soberano.

Palacio Legislativo, a 12 de enero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

«Efeméride sobre la creación del estado de Baja California Norte, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Hace poco más de medio siglo, el Congreso de la Unión decretó la categorización de soberanía para Baja California Norte. Libre y soberano desde el 16 de enero de 1952. Significó un avance sociopolítico para la entidad.

Sus habitantes habían dependido directamente de la capital de la República. Era un paraíso de libre comercio fronterizo que permitía el florecimiento comercial, y, el turismo de playa. Así como las marejadas de indocumentados.

Sin embargo, por esa misma dependencia de afuera no era posible que se desarrollara un liderazgo tanto de oriundez como de emigrados mexicanos de varias partes de la República, principalmente de las entidades aledañas fronterizas del norte del país: Sonora, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y lo que es hoy Baja California Sur (ésta logró idéntica categoría hasta el 8 de octubre de 1975).

La mayoría de la población asentada en el territorio norte de la península, estaba localizada con diversas identidades. Sin embargo, el arraigo y la pujanza de sus principales zonas de paso y puente entre Estados Unidos y el resto de la República hizo que Tijuana y Tecate, más que Mexicali fueran polos de desarrollo que impulsaron la creación del Estado de Baja California (Norte), connotación que hacía la diferenciación respecto de la parte sur peninsular.

Como señalamos, el grupo parlamentario de Convergencia encuentra que la territorialidad --lo que se llama la división geográfica de nuestro territorio nacional--, consolida la unidad nacional paradójicamente. Porque una vez identificada la patria chica, más se estrechan los lazos de la Federación.

Del norte llega el mayor estímulo del desarrollo nacional, no solamente por la industrialización y comercialización fomentadas en conjunto con las oleadas de paisanos que buscan el mal llamado sueño americano. Millones de mexicanos pasan diariamente por Baja California Norte. Muchos se quedan, literalmente, en sus tierras. Ese ir y venir nacional e internacional es lo que ha definido al paso de medio siglo: las cualidades patrióticas de sus habitantes.

El grupo parlamentario de Convergencia entiende que, por ejemplo, Isla de Cedros, es el último jirón de la patria o el principio. Ese terruño y su riqueza salinera, frente a la ciudad puerto de Ensenada tiene en sus habitantes isleños el bastión de la identidad californiana del norte. Igualmente celosos de su identidad, son y han sido los sudcalifornianos.

Destacamos que el primer gobernador a partir de la fecha de instalación y creación del estado, fue Braulio Maldonado, quien era oriundo de San José del Cabo, Sudcalifornia.

Un gobernante progresista, cuya trayectoria política fue bien recibida en general por la población de aquella época. Destacó su régimen en la defensa de los derechos de los californianos, y, la búsqueda constante porque la frontera de Baja California Norte se convirtiera en un polo de desarrollo que arraigara más a los mexicanos.

Su decisión de alcanzar esa meta, décadas después hizo que Tijuana fuera uno de los emporios de inversión extranjera mediante la instalación de maquiladoras. Ese gobernador Braulio Maldonado, sin caer en exageraciones, puede considerarse en el tiempo, como el héroe de Sudcalifornia, el general independentista Manuel Márquez de León. Aquél con las armas modernas de la economía, afincó las raíces de la entidad federal naciente, como el militar lo hiciera en su momento para defender la soberanía nacional.

Por ello, resultó paradójico que en este siglo XXI, la creación del estado de Baja California Norte, como entidad federativa fuera descuidada cívicamente por todas las autoridades 'modernas', que de esa manera regatearon la memoria histórica del gobernante fundador.

Entidad de la República que este domingo 16 de enero de 2005, cumpliera exactamente 53 años de su instauración. Por ello nuestro Grupo Parlamentario lo trae hasta esta tribuna, porque consideramos que mantener viva la memoria histórica de nuestros pueblos, representa el más alto valor humanístico de la identidad nacional.

Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

«Efeméride con motivo del aniversario del natalicio del General Independentista Mariano Escobedo, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

Traer hasta esta tribuna de la Nación los hechos históricos de los grandes paradigmas de nuestro desarrollo como pueblo independiente, significa mantener la llama viva de lo que nos une e identifica como un pueblo soberano. Nunca será inútil, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia darles un ``recuerdo de gloria'', como escribió afortunado el autor del Himno Nacional.

En un día cercano a esta fecha en que se reúne la Comisión Permanente nació el héroe independentista, general Mariano Escobedo. Militar juarista que destacó en dos momentos de nuestras luchas. Uno, en la Batalla del 5 de Mayo de 1862 contra la Intervención Francesa. Sus andares en la Guerra de Reforma, lo identifican justamente como un militar leal ideológica y políticamente.

Él había nacido en el pueblo de Galeana, el 16 de enero de 1826. De cuna humilde, muy joven ingresó al ejército, y, fue precisamente al lado del coronel Porfirio Díaz que luchara tanto en la Batalla del 2 de abril, como en Puebla el 5 de mayo de 1862.

Por ello, no es casual que siendo ya general del Ejército Mexicano, Mariano Escobedo como uno de los jefes principales del Sitio de Querétaro, le tocara el honor de recibir la espada del usurpador Maximiliano de Habsburgo, como señal de entrega y derrota de su imperio frustrado.

Escobedo fue digno asimismo en el triunfo. Recibió el símbolo del fin de una aventura político-militar que había ensangrentado al pueblo y a la República. Mariano Escobedo en ese momento contaba con 40 años de edad, muy joven aún era un hombre que a pesar de sus pocos años, contaba con una larga experiencia guerrera, y, una madurez en sus actos, que determinaba sus acciones de lealtad al gobierno presidido por Benito Juárez.

Al recibir la espada del emperador extranjero, fue magnánimo, y, tomó la decisión de alojarlo con cierta dignidad, esperando las indicaciones legales emanadas del presidente de la República y el gabinete civil. Fue así, como Mariano Escobedo lo entregó a las autoridades civiles y militares que se encargarían de juzgarlo, conforme a nuestras leyes.

Se sabe que Escobedo dentro de las penurias que había en el propio Ejército Mexicano, dio todas las facilidades posibles para que el prisionero pudiera disponer de algunas condiciones elementales en su celda, así como la atención médica, alimentación y necesidades de lectura y escritura. Útiles que le fueron proporcionados al preso, lo cual para el grupo parlamentario de Convergencia es muestra de una gran dignidad republicana de este militar.

El desarrollo de los acontecimientos políticos posteriores encuentra a Mariano Escobedo formando parte de los gabinetes juaristas, en la cartera de Guerra, y, siempre fiel a sus convicciones progresistas destaca como administrador y organizador del ejército.

Cupo el honor a Mariano Escobedo de participar en la Toma de Querétaro, del 15 de mayo de 1867. Y junto con el general Díaz, encabezar la entrada triunfal del presidente Benito Juárez, del 21 de junio del mismo año, fechas con las que se marca el fin de la intervención extranjera, y, el rescate pleno de la soberanía nacional, por tanto para el grupo parlamentario de Convergencia es un mexicano digno de nuestra memoria histórica.

Palacio Legislativo, a 19 de enero de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez.»

«Efeméride en relación con el aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores legisladores:

Existen hombres de dos mundos. Visionarios. Ubicados entre dos siglos. Uno de ellos para bien de la educación y la cultura de México, es el maestro Justo Sierra Méndez, quien nació en Campeche, el 26 de enero de 1848. Tenía 19 años de edad cuando el Partido Conservador fue derrotado en el Cerro de las Campanas, con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

En plenitud de esa edad se incorpora a la reconstrucción del país, como joven estudiante. Abreva del positivismo impulsado por Benito Juárez y Gabino Barreda, y es así como comienza a desarrollar el proyecto de creación del Ministerio de Instrucción Pública.

Justo Sierra Méndez se desenvuelve como un profundo conocedor de la historia de México. Esa será su pasión a lo largo de su vida. La cual se vuelve fructífera al despuntar el siglo XX, en pleno auge del porfiriato. Justo Sierra Méndez reabre la Universidad Nacional de México.

De esa manera él mantiene larvada la posterior rectoría, sesenta años después, en 1968, en su consanguíneo, el inolvidable Javier Barros Sierra. Justo Sierra Méndez fue escritor, periodista y poeta. Junto a los intelectuales de su tiempo dio pie a la presencia posterior de otro mexicano sureño, Vasconcelos, éste quien retomó las ideas y proyectos inacabados de Justo Sierra Méndez, dando a la Universidad el brillo que Sierra Méndez no tuvo tiempo de aplicar luego de su reapertura.

Puso además las bases de la concepción universitaria nacionalista. De la educación laica universalista que hasta la fecha prevalece en nuestras aulas posrevolucionarias. Fue más allá, a instancias de Justo Sierra se creó el Ministerio de Instrucción Pública, que sería asimismo de Bellas Artes.

Era de ese modo una concepción global hacia el desarrollo postmoderno. Por eso el maestro Sierra Méndez resulta visionario. Sólo que él no previo el impulso demográfico posterior a la Revolución Mexicana.

El vasconcelismo daría a la cultura, y justo a las Bellas Artes, con la creación e inserción mundial de la Escuela de Pintura Mexicana, que dio al mundo el muralismo mexicano, donde destacaron los cuatro grandes pintores de talla internacional: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo.

Ese despertar de las artes y de las letras mexicanas no podía haberse descubierto en los albores del siglo XX sin las bases de la instrucción pública previstas por el maestro, historiador, escritor y político Justo Sierra Méndez. Quizás no ha sido difundida su obra con generosidad por un falso concepto de que su principal desarrollo político fuera durante los sucesivos gobiernos de la dictadura de Porfirio Díaz.

Sin embargo, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia, la vida y la obra intelectual del maestro campechano son universalistas, y significaron 19 presencia de un pedagogo e intelectual de alcances modernos y con visión de Estado.

La reapertura de la Universidad fue el parteaguas esencial de la obra educativa de este insigne maestro mexicano. Pero además, su pluma en la prensa nacional era incisiva y elegante. Fue notorio polemista, tuvo varios debates de tipo literario conceptual con otro maestro de la época, Ignacio Manuel Altamirano, quien muriera joven en 1893, en Italia, y, como Justo Sierra Méndez, fue político y periodista. De ambos quedan sus textos hemerográficos en los periódicos principales de su época: El Imparcial, y, El Siglo XIX.

El grupo parlamentario de Convergencia quiere dejar constancia de que la fecha del natalicio del maestro campechano Justo Sierra Méndez; cuando hoy se cumplen 157 años para que sus obras escritas pedagógicas se consideren decisivas para que la educación nacional sostuviera las bases premodernas con una filosofía positivista, cuyas concepciones del liberalismo provenientes de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad no impidieron que el pueblo mexicano luchara contra el intervencionismo del imperio francés.

Con estas líneas el grupo parlamentario de Convergencia sugerimos motivación para que el magisterio mexicano, ahora en la Secretaría de Educación Pública, cuyos cimientos culturales puso Justo Sierra Méndez sean retomados para que su esencia y ejemplaridad se difundan entre las nuevas generaciones.

Puesto que hoy un nuevo intervencionismo clerical continúa empecinado en romper el laicismo educativo en nuestra aulas, a través de directrices del Estado Vaticano, en la persona del sacerdote Zenón Grocholewski, quien se encuentra en estos momentos en nuestro país, como prefecto de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, y viene con la encomienda de que se implante la enseñanza religiosa en México, con el pretexto de que ``la formación religiosa pertenece a los derechos fundamentales de la persona humana''. Todo ello, en contravención de nuestra Constitución y de las enseñanzas de laicidad que impulsara en pleno porfiriato el maestro Justo Sierra Méndez.

Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

«Efeméride con motivo del LX aniversario de la liberación de los campos de concentración nazi, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa en mi carácter de diputado Presidente de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, efeméride relativa al sexagésimo aniversario de la liberación de los campos de concentración nazi.

La exterminación masiva y sistemática que sufrió el pueblo judío en Europa, en tiempos de la Alemania Nazi, fue recordada el pasado mes de enero durante la inauguración de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU, con motivo del sexagésimo aniversario de la liberación de los campos de concentración nazi.

El secretario general del organismo internacional, Kofi Annan, recordó en su intervención que, para vergüenza del mundo, este no ha sido capaz de evitar nuevos casos de genocidio.

Ante representantes de todo el orbe y sobrevivientes de la tragedia, Annan consideró que esta es una obligación, no solo para con el pueblo judío, sino para con otros que puedan ser amenazados con igual destino.

``Debemos permanecer vigilantes contra todas las ideologías basadas en el odio y la exclusión, allí donde aparezcan'', añadió.

La liberación del campo de concentración de Auschwitz se conmemora el 27 de enero, ``Día del Recuerdo del Holocausto'' La conmemoración del 60° aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis son un mal recuerdo, pero es un hecho que no deberá olvidarse, ya que es un claro ejemplo de lo que es capaz el hombre por tener el poder absoluto ya que la destrucción de seis millones de judíos fue un claro ejemplo de lo que puede pasar por la ambición del hombre, la cual en la actualidad esta presente nuevamente por lo que no estamos lejos de que ocurra algo similar.

El holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sólo se conoció al mundo cuando se develo todo el horror que envolvía a los campos de concentración; como los experimentos con los seres humanos, las matanzas en la cámara de gases y otros actos de exterminio.

En toda Europa fue recordado el Holocausto, mediante una serie de ceremonias y hechos que conmemoran a los sobrevivientes y se recuerdan a los seres humanos asesinados por el régimen de Hitler. La ceremonia acogió a unos 10 mil ex prisioneros del Holocausto y combatientes de la resistencia antifascista, además, participaron también monarcas, presidentes, primeros ministros y otros dignatarios de medio centenar de países.

El secretario general de la ONU pidió a todos los países miembros a que le den su apoyo total a la sesión y hasta ahora 138 naciones han respondido positivamente, incluidas del mundo árabe.

``Es una fecha importante para todos nosotros, pues como grupo árabe no tenemos ningún problema en la celebración de este evento'', indicó el embajador de Argelia ante las Naciones Unidas, Abdalá Baali.

Por su parte el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Dan Gillerman, quien dijo que representaba no sólo a Israel y al pueblo judío sino a seis millones de judíos y de otros países que fueron aniquilados en el holocausto, indicó que la conmemoración era ``un evento de dimensión histórica''.

``Esperamos que esta iniciativa universal... haga por lo menos dos cosas: que la gente recuerde y nunca olvide, y que se garantice que esas atrocidades horribles nunca jamás vuelvan a ocurrir en el mundo'', señaló Gillerman.

Los rusos y los polacos eran tratados por los nazis en el campo como seres inferiores, pero los judíos, de cualquier país de Europa, sin distinción, eran tratados como bichos que había que aniquilar. Con estas palabras de Wladslaw Bartoszewki, antiguo preso sobreviviente del Holocausto y con el silbido de un tren simbolizando a los deportados que llegaban a Auschwitz-Birkenau desde la Europa ocupada por los nazis.

El acto transcurrió a pocos metros del horror, ante las vías de Birkenau, la zona del campo donde llegaban aquellos presos que eran llevados directamente a las cámaras de gas. Dos de los mandatarios presentes pronunciaron un discurso en la ceremonia: el presidente polaco, Aleksander Kwasniewski, como anfitrión, y el de Rusia, Vladimir Putin, como representante del país que liberó a los presos judíos.

Entre las personalidades el presidente de Ucrania, cuyo padre fue preso político en Auschwitz y el enviado del Vaticano, el cardenal francés Jean-Marie Lustiger, judío de nacimiento, pero convertido al catolicismo tras ser salvado del Holocausto por la Iglesia.

Alemania llevó a cabo varias ceremonias en el campo de concentración de Sachsenhausen, en las inmediaciones de Berlín, y en la estación de trenes de Gruenewald, desde donde los judíos y otras minorías eran deportados a los campos nazis.

El ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, debía asistir a un memorial en Thessaloniki, en Grecia, una ciudad portuaria conocida como ``la Perla de Israel'' por su importante comunidad judía. Casi todos los judíos de Thessaloniki fueron asesinados.

El primer ministro de Hungría, Ferenc Gyurcsany, reunió a los miembros de la comunidad judía de su país en una ceremonia en el Centro en Memoria del Holocausto para honrar a los 350.000 judíos húngaros que fueron asesinados en Auschwitz, llamado ``el mayor cementerio húngaro''.

Los miembros del Parlamento Europeo permanecieron de pie para rendir un silencioso tributo a las víctimas del Holocausto. El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, instó a que se recuerde ``todos los días el horror absoluto'' del campo de exterminio nazi de Auschwitz.

El presidente de Francia, Jacques Chirac, inauguró un nuevo pabellón donde estaba ubicado el hospital en Auschwitz-Birkenau. Estuvo acompañado por la ex ministra francesa y superviviente de Auschwitz Simone Weil y diez alumnos franceses.

La reina Isabel II de Inglaterra presenció una recepción en el Palacio de St. James para aproximadamente 300 supervivientes del Holocausto y los veteranos británicos que ayudaron a liberar los campos de exterminio Nazis.

En el Báltico, varios monumentos fueron erigidos en antiguos campos de concentración Nazis en la ciudad letona de Salispils y en Klooga, en Estonia.

Los supervivientes del Holocausto, líderes judíos y veteranos de Ejército Rojo mantuvieron un minuto de silencio en Moscú y cantaron una canción dedicada a las víctimas de Holocausto.

Judíos checos descubrieron una placa en la Sinagoga Pinkas de Praga para honrar a los checos que ayudaron a salvar a judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el viceprimer ministro israelí, Simón Peres, declaró en el Foro Económico Mundial de Davos que la liberación del campo de concentración de Auschwitz por parte de los soldados soviéticos supuso la liberación de sus prisioneros, pero no de la humanidad. Peres afirmó que a pesar de que miles de vidas fueron salvadas con la liberación, ``nuestra memoria nunca podrá ser liberada de esta catástrofe''.

El gobierno español y las fuerzas políticas del arco parlamentario rindieron homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas de los campos de exterminio y del antisemitismo nazi. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, apeló a la ``memoria colectiva'' para que los años ``trágicos'' que vivió el pueblo judío durante el exterminio nazi no se vuelvan a reproducir. Además, reclamó ``tolerancia cero'' con los movimientos neonazis.

El hombre deberá aprender del pasado y olvidarse del poder por el poder, tendrá que caminar al futuro si queremos que exista para la humanidad, por lo que es tiempo de construir un mundo mejor para los que nacerán; en el que todos encuentren una vida sin guerras, sin discriminación, sin hambre, sin pobreza, donde todos tengan los mismos derechos, y todos sean iguales.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

«Efeméride con motivo del XCII aniversario de la Marcha de la Lealtad por el H. Colegio Militar escoltando al Presidente Madero, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia

El 9 de febrero de 1913, los cadetes del H. Colegio Militar decidieron dar protección al Presidente de la República, Francisco I. Madero, quien saldría de la residencia oficial en el Castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional. Con su sola presencia gallarda, pundonorosa y juvenil mostraban cuál era el símbolo de su gesto: lealtad a la institución presidencial.

Representada democráticamente por el presidente electo y en funciones. Por cierto, en el paralelismo histórico de los momentos difíciles que hoy vivimos en pleno siglo XXI --cierta confusión y ambigüedad por los más recientes acontecimientos contra la seguridad en la casa presidencial--, no tienen paralelo.

Como todos sabemos, por esos días se fraguaba el magnicidio contra el Presidente Madero --hecho que se daría 13 días después, el 22 de febrero de 1913--, de manera que los cadetes del Colegio Militar fueron sensibles al momento histórico que les tocó vivir.

Eran días revolucionarios. Coincidían los escándalos de la dipsomanía acoyuntada entre Henry Lane Wilson con su amigo, el ya designado comandante Victoriano Huerta. Andando en la historia de esta América Latina nuestra, se dio el mismo dolor 60 años después en el pueblo chileno con Augusto Pinochet y el presidente mártir, Salvador Allende.

La Marcha de la Lealtad, como se ha llamado a la escolta que los cadetes militares dieron al Presidente Madero, apóstol de la democracia, enaltece más aún el acto de honor. Indica que el espíritu de grandeza de Benito Juárez alentaba en ese gesto, naturalmente patriótico y de solidaridad con el político y el pueblo mexicano en peligro, por el injerencismo del embajador extranjero. Su marcha resuena a través de nuestros episodios de grandeza humanística.

Por ello, el grupo parlamentario de Convergencia quiere dejar constancia de ese hecho político en líneas sencillas pero emocionadas.

Hoy más que nunca, el Poder Legislativo debe llamar a la conciencia de los mexicanos de todas las clases sociales, para que retomemos con sensibilidad los más altos valores de la patria --la lealtad y el respeto irrestricto a nuestras instituciones--, considerando que mantener esa vigilancia respecto de esa memoria nos estimulará al desarrollo de una mejor conciencia social, al lado de las causas más nobles de nuestro pueblo.

Ni los cadetes del H. Colegio Militar ni el propio Francisco I. Madero, quien debió sentirse orgulloso, confiado y alegre al contemplar que la hazaña de los jóvenes uniformados que le daban cobijo, aparentemente natural, imaginaban que al ingresar en Palacio Nacional, el presidente sellaba su destino, y que así como podía calificarse de triunfal ese itinerario entre vítores y estupefacción populares y la gallardía de sus escoltas, el Presidente Madero pagaba una cierta debilidad ejecutiva, en el manejo de su gobierno.

El grupo parlamentario de Convergencia mira ahora la distancia, la grandeza de ese hecho político de los leales y espontáneos cadetes. Deduce que es gracias a la inteligencia colectiva, el surgimiento del liderazgo popular, plenamente identificado con los intereses nacionales. Así como con el respeto que desde la infancia se inculca en torno a las instituciones de la República, una de las cuales, si no la principal, es la Presidencia del país.

La Presidencia de la República cuyo paradigma tiene que verse en el rescate que hiciera de ella, con toda propiedad y dignidad, el Benemérito de las Américas, presidente Benito Juárez. Ése es el ideal.

El grupo parlamentario de Convergencia considera ante esta soberanía, respetados señoras y señores diputados, amigos todos de esta LIX Legislatura apunta con firmeza que depende de la salud de nuestras instituciones, todas las que el pueblo se ha dado a lo largo de sus luchas sociales por su emancipación, la grandeza en el tiempo de la República.

Los cadetes del H. Colegio Militar en aquel 9 de febrero de 1913 no solamente escoltaron al señor Presidente Francisco I. Madero, sino que dieron protección a ese presente y al futuro que de alguna manera con su gesto nos han legado.

El grupo parlamentado de Convergencia se hace eco de ese instante luminoso y toma su parte que le corresponde, haciendo un llamado y un alto a nuestra coyuntura política para redoblar nuestros esfuerzos con la mira puesta justamente en el ejemplo que se desprende del gesto patriótico del 9 de febrero de 1913, por nuestros cadetes del Heroico Colegio Militar.

Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2005.»

«Efeméride con motivo del XLV aniversario de la Creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

Se cumplieron apenas, este sábado 12 de febrero, 45 años del acierto pedagógico editorial del Estado mexicano, consistente en decretar la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que vino a llenar un hueco que prevalecía en la legislación educativa.

Como se sabe, el artículo 3° constitucional señala en su segundo párrafo que "La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia".

Asimismo, en el inciso IV, especifica que "Toda la educación que el Estado imparta será gratuita".

Hasta esa fecha del 12 de febrero de 1959, en estricto sentido esas dos premisas que arriba señalo, prácticamente no se cumplían por la omisión que había venido sucediéndose en la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a la liberalidad y discrecionalidad para el uso de los libros de texto en cada uno de los ciclos escolares.

Dicha situación había permitido que se constituyeran verdaderos cacicazgos de autoría, que llevaban de cierto modo la corrupción extraliteraria hasta los terrenos de la antipedagogía y, en casos concretos, antihistóricos. Dejando al libre albedrío de los distintos autores la interpretación ideológica de tesis científicas y sociológicas.

Pero todavía más. Se había llegado al usufructo integral de que funcionarios de las áreas burocráticas de aprobación de los textos en la SEP fueran los mismos subsecretarios o inspectores-autores de los libros de texto "autorizados" o directivos y accionistas de las editoriales que los imprimían.

Esta situación no tendría mayor trascendencia, si no fuera porque los maestros de la educación básica: preprimaria, primaria y secundaria se encontraban año tras año bajo las presiones de unas u otras autoridades para exigir -casi siempre la última edición- equis o zeta libros de texto, uno para lectura y otros para cada asignatura. Todo lo cual, además de la anarquía de contenidos y tendencias, causaba una mayor sangría a las familias de los alumnos.

La proliferación de textos variopintos de todos los géneros y orientaciones, llegó a constituir una gran industria multimillonaria, pero más aún constituía el estira y afloja sexenio a sexenio de la orientación ideológica -insisto, muchas veces anticientífica, retrógrada y antihistórica-, a través de los libros de texto contra la educación popular.

El grupo parlamentario de Convergencia señala con certeza la atinada decisión del Presidente de la República, Adolfo López Mateos, al decretar la creación de la Conaliteg.

La mayor prueba de la razón de Estado para el cumplimiento posrevolucionario, en ese aspecto, del artículo 3° Constitucional, fueron los ataques directos provenientes de la derecha y de la ultraderecha, quienes llegaron a realizar hogueras con libros de texto gratuitos, curiosamente en el Bajío y en el norte de la República, cuyos pirómanos de alguna manera respondían, más que contra la magnífica idea educativa, a la supresión del filón millonario que significó la dotación anual de los libros de texto gratuitos, los cuales hasta la fecha han demostrado su éxito, no solamente editorial, sino científico, literario, estético y, sobre todo, a favor de la economía familiar.

Una de las falacias para atacar a la Conaliteg fue que con su creación se combatía la libertad de pensamiento y expresión de los mexicanos, porque "uniformaría los criterios de aprendizaje" de los educandos.

Falso. Porque simultáneamente a la creación de la Conaliteg se conformó, con el más amplio criterio pedagógico, científico, histórico e inclusive sindical/laboral una comisión especial de maestros de todas las especialidades, literatos y editores que asesoraran -hasta la fecha- a los directivos de la Conaliteg.

De manera que esta Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos ha sido uno de los más grandes triunfos sociales y políticos de la Revolución Mexicana en materia educativa.

Paradójicamente, ha sido hasta últimas fechas, en lo que va del actual gobierno del cambio, del año 2000 hasta hoy, en que los actuales directivos de la Conaliteg están bajo sospecha de favorecer a empresas editoriales extranjeras en la edición de nuestros libros de texto gratuitos nacionales.

Sin embargo, para el grupo parlamentario de Convergencia la institución de la Conaliteg pertenece ya por derecho propio a la conciencia e idiosincrasia de la educación nacional, tan arraigados ya estos libros de texto en la naturaleza de nuestra educación laica, gratuita y pública, que estos instrumentos educativos, pese a cualquier maniobra por su privatización soterrada, son parte consubstancial del magisterio y la educación nacionales. Por todo ello, los recordamos con orgullo.»

«Efeméride con motivo del CLXXIV aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero, Prócer de la Independencia de México, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.

En el transcurrir delas luchas populares de México por su emancipación, la gesta histórica encabezada por Vicente Guerrero es única en su género como continuador de las hazañas del Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.

Cupo la gloria y el honor de ser coautor y ver consumada la Independencia nacional. Ayer, paradójicamente en el imaginario popular día dedicado al amor y la amistad, se cumplieron 174 años del fusilamiento del héroe sureño, Vicente Guerrero.

El grupo parlamentario de Convergencia reconoce en Guerrero a un hombre tenaz, cuya firmeza y patriotismo han dado a la República una de las síntesis del pensamiento progresista por excelencia: "La patria es primero".

La leyenda nos explica su origen. El Virrey Calleja, quien a su vez era el general al mando de las tropas realistas, en 1815 fraguó la crueldad de apresar al padre de Vicente Guerrero, con la finalidad de convencerlo de que rogara a su hijo que desistiera de continuar el movimiento revolucionario, o habría represalias contra la integridad de su progenitor. El héroe pronunció la frase, definiendo así su concepción libertaria.

El contenido del subtexto es infinito en el amor a la causa nacional: la grandeza del amor a la Patria. Ésta que aún no nacía independiente, se gestaba. Para Convergencia, se intuye al estadista. Guerrero así, tuvo a partir de la muerte de Morelos un lustro sosteniendo la antorcha de la libertad. Y es en 1820 cuando comienza, con inteligencia y diplomacia políticas, las negociaciones con Iturbide, como representante de los conjurados de La Profesa, para suspender las acciones bélicas y consumar la Independencia.

Entra el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, después de que en el poblado de Acatempan sellaran con un abrazo los dos caudillos, el realista Agustín de Iturbide y el insurgente Vicente Guerrero. Culminaban así once años de lucha independentista. Después ocurrirían otros diez años de historia nacional postrevolucionaria.

Iturbide traiciona los acuerdos. Se autoerige como "Emperador Agustín I". Es depuesto. Luego ajusticiado, prácticamente como traidor a la Patria. Es designado el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Vienen otras alteraciones antipatrióticas, casi naturales en la lucha por el poder en sí mismo, olvidándose de México y su pueblo combativo.

En ese lapso, Vicente Guerrero se mantiene en su territorio sureño, justamente en lo que andando el tiempo, como homenaje a su memoria, sería decretado como una entidad soberana: estado de Guerrero. Prácticamente él se había refugiado en la región que hasta la fecha se conoce como La Montaña, en el poblado de Alcozauca.

Hasta ahí fue llamado para hacerse cargo de la Presidencia de la República. Entonces la Constitución de la República ordenaba un lapso de cuatro años. Guerrero a punto de culminar su mandato, se retira con la finalidad de no reanudar la guerra civil. Comenzaba prácticamente la era del revanchismo conservador azuzado por el clero político.

Todo ello fue larvando el santanismo. Llegarían los comienzos de 1831, Vicente Guerrero fue invitado a comer por un sedicente amigo, capitán de barco, el italiano Pitaluga, quien ya había sido comprado por los enemigos del héroe, ese marino lo apresó y lo entregó a sus adversarios, quienes lo fusilaron luego de un juicio sumarísimo, precisamente el 14 de febrero de 1831. Vicente Guerrero representaba un escollo de pureza patriótica, no acorde con los arribistas facciosos del poder.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, Vicente Guerrero puede considerarse uno de los últimos grandes luchadores, hombre puro, identificado con el Caudillo del Sur, Morelos. Visionario, Guerrero vislumbró la posibilidad de lograr la paz, aunque fuera precaria.

Guerrero evitó mayor desangramiento popular, o quizás la derrota, porque de hecho se habían conjuntado varios factores políticos, cuyos acontecimientos, como la rebelión de las provincias del norte del país, aprovechando las disensiones del gobierno central, aunados a la injerencia constante del clero en combinación con los intereses criollos y peninsulares, todos intentaban desvirtuar la Independencia.

La firma de los Tratados de Córdoba y el abrazo de Acatempan dieron finiquito a la lucha armada y, de ese modo, Vicente Guerrero fue un mártir heroico característico de los pueblos que se liberan, hombres y mujeres que sucumben en los avatares de la lucha por el poder. Por ello, para el grupo parlamentario de Convergencia es determinante política la vida y sacrificio de Guerrero para la grandeza de la Patria.»

«Efeméride con motivo del natalicio de Miguel Ramos Arizpe, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

Históricamente, México ha sido venero inagotable de mujeres y de hombres con ideas avanzadas de progreso, y visionarios, distinguidos en su país, y con una concepción de dignidad humanística cuando han tenido que presentarse en foros del extranjero.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, tal ha sido en los primeros tiempos de la independencia nacional el destino de algunos de ellos, cuya vida y obra no hemos sabido aquilatar y difundir adecuadamente entre las nuevas generaciones de niños y jóvenes mexicanos. Uno de ellos es Miguel Ramos Arizpe, coahuilense de pura cepa.

Miguel Ramos Arizpe nació el 15 de febrero de 1775 en el valle de San Nicolás, Coahuila, que hoy en su honor es el municipio de Ramos Arizpe. Fue enviado a estudiar en Monterrey y Guadalajara, habiéndose graduado en el seminario de la ciudad jalisciense.

En Monterrey y en Guadalajara impartió las cátedras de derecho canónico y derecho civil. Como maestro lo sorprendió la lucha de Independencia. Por sus dotes y cultura humanística de abogado, fue elegido diputado por Coahuila, en 1810, para asistir a las Cortes de Cádiz, en España.

Ahí se distinguió por su oratoria directa y valor civil al aportar sus ideas para el desarrollo de los trabajos legislativos de esas Cortes. Ahí mismo expresó sus ideas avanzadas progresistas y liberales, inclinándose por la independencia de las colonias de España, desde 1811.

Cuando Fernando VII recupera el trono español, Miguel Ramos Arizpe, aún con su investidura de diputado a las Cortes, fue apresado, encarcelado y condenado al destierro en Valencia, durante cuatro años.

Posteriormente, alrededor de 1820, España vive una breve etapa de libertades civiles. Y Miguel Ramos Arizpe es liberado de su destierro, y puede volver a México, donde ya se había consumado la Independencia.

Por su firmeza y trayectoria independentista, Miguel Ramos Arizpe es reelegido diputado constituyente. A él se encarga presidir la Comisión Legislativa de Constitución. Como tal, Miguel Ramos Arizpe plasma sus ideas liberales en el proyecto de la Constitución de 1824, no sin haber dado una batalla contra lo que él consideraba una injusticia, respecto del cese y despojo de sus empleos a los españoles peninsulares, así como su expulsión del territorio nacional.

El proyecto de Constitución que Miguel Ramos Arizpe presentara para la discusión puede considerarse que fue aprobado en su totalidad. Ramos Arizpe fue un constituyente con ideas liberales, visionarias, y particularmente destacado en su concepción del federalismo.

Puede ser considerado, en realidad, el padre del federalismo mexicano. Se entiende que Ramos Arizpe no fue ningún improvisado en cuanto a la elaboración del proyecto de Constitución de 1824, sino que es el producto de sus participaciones durante las Cortes de Cádiz, de 1812.

En cuyos debates, a pesar de que fueran derrotados por el absolutismo de la monarquía imperante, y la posterior recuperación del trono por Fernando VII, puede verse que Miguel Ramos Arizpe fue de la estirpe liberal y visionaria de Miguel Hidalgo y José María Morelos.

Para el grupo parlamentario de Convergencia, es un orgullo traer ante esta soberanía un breve recuerdo de este coahuilense liberal y federalista por antonomasia, al cumplirse 230 años de su natalicio.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.--- Dip. Jesús González Schmal.»

«Efeméride con motivo del 24 de febrero de 1934, como Día de la Bandera Mexicana, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia

El símbolo nacional de nuestro pueblo por antonomasia es la Bandera Mexicana. Nace de la entraña misma de sucesos históricos incomparables. La leyenda nos narra su proceso de implantación entre el imaginario popular. De cualquiera de todas las maneras, la Bandera proviene de la necesidad intrínseca del ser humano para reconocer su identidad y pertenencia a un territorio y a una nación.

El sentido gregario de identificación se vuelve más necesario, cuando los pueblos requieren diferenciarse entre sí, aunque generalmente colores e insignias son usados como símbolo para confrontaciones bélicas o de competencia deportiva.

De algún modo así nació nuestro Lábaro Patrio. Desde el momento en que el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, tuvo la audacia de requisar el estandarte religioso con la imagen guadalupana, comenzó a gestarse, en el ánimo de los insurrectos frente a los soldados realistas, su diferenciación.

Los pendones han sido característicos de todos los núcleos humanos. Se recuerda el colorido de la vestimenta y los penachos de plumas preciosas que distinguieron a los caciques y jefes indios que combatían contra los conquistadores españoles, y, cómo éstos descubrieron a tiempo para sus fines, que una vez abatidos aquéllos, como los símbolos de la jerarquía los soldados aborígenes se rendían.

Ese es el simbolismo de los pendones y banderas. El 24 de febrero de 1821, cuando se consumara la Independencia mexicana se erigió la fecha. Fue así como se representaron las llamadas Tres Garantías por medio de los colores nacionales --en forma y disposición diagonal--, verde, blanco y rojo, señalados en el Plan de Iguala y aprobados por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

Fue hasta el 24 de febrero de 1934, cuando el Presidente de la República emitiera el decreto presidencial que ratificaba la decisión de que este día fuera dedicado a honrar específicamente a la Bandera, la cual debe izarse a toda asta, en los edificios públicos y privados, tanto del país como del extranjero como embajadas y consulados.

Fecha además, que es mayormente enaltecida en la mayoría de las escuelas nacionales. El simbolismo que representa el Lábaro Patrio, se enriquece espiritual, moral y éticamente con los otros dos: el Escudo e Himno Nacionales. Estos tres constituyen los recursos de identidad y pertenencia.

Al ser conocidos desde la cuna por todos los habitantes originados de México, e ir desarrollando el respeto a esos valores cívicos, cada mexicano los vuelve suyos con la mayor trascendencia particular, que andando el tiempo de su propia evolución, son los valores colectivos que nos dan el amor a la Patria. Bandera simbólica por la cual se inmolan para evitar que sea mancillada por los enemigos, como es la hazaña del Niño Héroe, Juan Escutia.

Tanto es así, que la Bandera es parte consubstancial del ser íntimo que representa la mexicanidad. Sentimiento y emociones que se convierten en algo indescriptible cuando vemos ondear la Bandera Nacional en tierras extranjeras, cuya sensación sólo pueden describirla cuando es vivida en otro país. Eso hace que los deportistas, por ejemplo, lloren de alegría especialmente significativa cuando la enseña mexicana asciende paulatinamente conforme al protocolo olímpico, al ganar una medalla de primer lugar.

Por ello, es muy importante que las autoridades del Estado sean cada vez más responsables y exigentes del cumplimiento de la ley que reglamenta el uso y reproducción de los símbolos nacionales. Porque en el caso de la Bandera Nacional representa todo lo que somos, hemos sido y queremos ser como país. Ésta es una de las razones del festejo cuidadoso y pedagógico del 24 de Febrero como Día de la Bandera.»

«Efeméride relativa al Día de la Bandera, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; promuevo, efeméride relativa al día 24 de febrero, aniversario del Día de la Bandera de México.

Como antecedente de la Insignia Nacional se consideran los pendones que usaban los indígenas de la época precortesiana, con los cuales iban a la guerra y en los que empleaban los colores verde, blanco y rojo, además de adornos con esos colores.

El colonizador Hernán Cortés trajo de Cuba un estandarte que representaba una virgen de busto, pintada sobre damasco rojo y de tono morado, ciñendo en la cabeza una corona de oro, circundada de rayos y de doce estrellas formando un semicírculo, que se conserva en el Museo Nacional de Chapultepec.

En octubre de 1531 el ayuntamiento de la Nueva España dispuso confeccionar un pendón que tuviera las armas de fe y las de la ciudad; por ello se comisiono al alcalde, Juan de la Torre, para que lo hiciera; pero no logró ser del agrado de la ciudad, por que se hizo en colores leonado y pardo, en virtud de no hallarse el verde y encarnado.

En 1540 surgió un nuevo pendón adornado con flecos y cordones en oro y plata, con los escudos de las armas y un lema ideológico en latín, más adelante un estandarte cuadrado de seda y color pardo leonado, con los escudos de la Ciudad de México, con leones coronados, partiendo del centro de la gran cruz de San Andrés en seda color morado que era colocado en el balcón central del antiguo palacio virreinal.

Variados son los incidentes que se refieren al Paseo del Pendón, pues hubo ocasiones en que, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en las, calles de la Ciudad de México se hizo el paseo en canoas, con el virrey al frente, este paseo se hizo por última vez en 1811 con el disgusto de la población que vivía en la efervescencia política de la Independencia.

Después del grito de Dolores, Hidalgo, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla se dirigió a San Miguel de Allende, Guanajuato, previo a su partida del pueblo de Atotonilco el Grande, tomó como bandera un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe entregado por el presbítero Regino González, denotando el fuerte sentimiento religioso de la época.

El 19 de agosto de 1812, don José María Morelos y Pavón empleo como insignia una bandera en forma de cuadrilongo en seda blanca al centro, con ancha franja azul pálido en la orilla, un águila coronada y con alas, con un nopal sobre un acueducto de tres arcos, entre ellos tres letras: ``VVM'' (Viva la Virgen María).

Los insurgentes usaron otra bandera de tres colores, particularmente en los barcos mercantes que hacían al tráfico en el golfo, entre las costas de México y Estados Unidos, esta bandera fue saludada en un país extranjero, por primera vez, en Nueva Orleans, con una salva de 19 cañonazos, con el marco de sus colores blanco, azul y fajas verticales en los mosaicos del Palacio, de Moctezuma Xocoyotzin.

En 1820. los españoles partidarios del absolutismo concibieron la independencia de México con una nación al Rey de España Femando VII, por lo que formularon un plan de La Profesa, consiguieron del Virrey Apodaca tropas y elementos que confiaron al coronel realista Agustín de Iturbide, quien salió a combatir a Vicente Guerrero; pero Iturbide procuró atraerlo para consumar la Independencia expuesta en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

El Plan de Iguala, que en su inciso 16 indicaba que ``se formará un ejército protector, que se denominará de las Tres Garantías (trigarante), porque bajo su dirección toma, lo primero, la conservación de la religión...; lo segundo, la independencia...; lo tercero, la unión intima de americanos y europeos''.

Los colores de la bandera del Plan de Iguala, bajo la cual se consumo la independencia y sirvió para la entrada a México del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821, eran tres: el blanco, que representaba la primera garantía, o sea la religión; el verde, la Independencia; el rojo, la unión de mexicanos y españoles, significado que perdura hasta nuestros días como emblema de la soberanía nacional.

En el museo de historia de Chapultepec, que alberga sendos estandartes de la historia de México, posee una bandera que corresponde al Regimiento de Infantería, probablemente perteneciente al Regimiento de Infantería de la Corona, cuyos 353 hombres fueron los primeros en penetrar a México el 27 de septiembre de 1821, esta insignia tiene en el centro de la franja diagonal un color verde, en el que se aprecia una corona y alrededor de ella las palabras: ``Religión, Independencia, Unión''.

Con el ánimo de halagar a los insurgentes que no se mostraban dispuestos a aceptar el imperio, la Junta Provisional Gubernativa ordenó en el decreto que ``el Pabellón Nacional y la Bandera del Ejército deberían ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado, en franjas verticales, dibujándose en la blanca un águila coronada''.

Al término del imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente decretó el 14 de Abril de 1823 ``que en cuanto al pabellón nacional, se esté el adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mismo que deberá hacerse con el escudo''.

Cuando pasa la bandera deben mantenerse de pie y manifestar un saludo a la Bandera, llevando la palma de la mano derecha extendida con los dedos juntos, hasta tocar ligeramente el hombro izquierdo a la altura de la axila, la palma de la mano derecha, el brazo y el hombro derechos; éste constituye el acto previo a los honores que se consuman los honores al significado de la identidad de los mexicanos.

El 24 de febrero celebramos un onomástico más del Día de la Bandera, el cual debe ser el inicio de un nuevo compromiso por dignificar los valores mexicanos, que en estos días aciagos en los que impera la falta de respeto a los símbolos patrios al denigrarse con las modificaciones realizadas al Escudo Nacional para identificar una administración presidencial sin darse cuenta que con ello se violenta a la Bandera Mexicana, debemos para orgullo cívico de las nuevas generaciones educar por conservar nuestras tradiciones, como ejemplo al mundo de ser un país respetuoso de sus instituciones y gallardo de nuestros símbolos patrios.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

«Efeméride con motivo de la conmemoración de la promulgación del Plan de Ayutla, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve la efeméride relativa a la proclamación del Plan de Ayutla.

A mediados del siglo XIX, México enfrentaba un problema político, consolidarse como nación soberana e independiente. Las pugnas por el control del gobierno entre los grupos conservadores y liberales impedían la construcción de instituciones sólidas y permanentes, que desembocaron en periodos constantes de anarquía e inestabilidad nacional.

En abril de 1853, el General Antonio López de Santa Anna, apoyado por el grupo conservador, asumió la Presidencia de la República por enésima ocasión.

Santa Anna no tuvo límite para ejercer el poder con facultades omnímodas, siendo elevado a rango de alteza serenísima, caracterizado por vulnerar las libertades públicas, destituir a funcionarios y perseguir hasta lograr el exilio a destacados liberales, así como por la centralización del poder en su persona, en su exilio en Nueva Orleans, Benito Juárez, Melchor Ocampo y José María Mata, entre otros, esperaban el momento oportuno para regresar a México e iniciar una lucha contra el dictador.

Su evaluación de la vida política no era equivocada. Eran conscientes de la existencia de la inconformidad social y del origen de un movimiento de rebelión. El gobierno centralista entraría en un conflicto que evidenció los enormes agravios hechos a la nación.

La manifestación del descontento popular se formuló el 1 de marzo de 1854, cuando en la hacienda La Providencia, localizada en el estado de Guerrero, el Coronel Florencio Villarreal hizo un llamado para terminar con la dictadura, mediante la promulgación del Plan de Ayutla, en cuya formulación participaron figuras como Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Trinidad Gómez, Diego Álvarez, Tomás Moreno y Rafael Benavides, todos ellos jefes militares de tendencia liberal.

El referido documento como propósitos fundamentales señalaba la destitución del dictador y la designación de un presidente interino que convocara a un Congreso extraordinario, el cual tendría el carácter de Constituyente, para organizar el país como República representativa y popular, creando una Ley Fundamental adecuada a las necesidades y características de la nación.

El 11 de marzo de 1854, Ignacio Comonfort propuso algunas modificaciones del Plan original, con el consentimiento de todas las fuerzas rebeldes. Así quedó manifestada claramente la indignación pública hacia el gobierno santanista, con lo cual dio inicio la rebelión de Ayutla.

Juan Álvarez e Ignacio Comonfort fueron los jefes más notables del movimiento subversivo. El primero, como destacado General Brigadier de amplia experiencia militar y ex gobernador de Guerrero; el segundo, estupendo estratega, quien en la inercia del movimiento antisantanista adquirió el carácter de general en jefe de las tropas de Michoacán, a cuyo mando tomaría las plazas de Zapotitlán y Colima.

Al enterarse del levantamiento, el Presidente López de Santa Anna encabezó la tarea militar de aniquilarlo, creyendo que se enfrentaba a una revuelta menor.

Sin embargo, en su intento de apoderarse del puerto de Acapulco fracasó, cuando Comonfort se resguardó en el castillo de San Diego y derrotó su ofensiva. Después, Comonfort partió hacia Estados Unidos en busca de recursos económicos y armamento para el movimiento revolucionario.

Al mando del General Juan Álvarez, y al regreso de Comonfort, con un abastecimiento de recursos militares importantes, el movimiento opositor al General Santa Anna adquirió mayor fuerza y penetración, extendiéndose hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco.

A mediados de 1855, una vez derrotadas las fuerzas santanistas, las plazas de Jalisco y Colima fueron ocupadas por los grupos rebeldes, victorias con las cuales podía considerarse triunfante el Plan de Ayutla. El 9 de agosto del mismo año, Santa Anna abandonó la Ciudad de México. Días después redactó un manifiesto en la ciudad de Perote, por medio del cual renunció al cargo de Presidente de la República.

En la ciudad de Acapulco, a los 11 días del mes de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro, reunidos en la fortaleza de San Diego, por invitación del señor Coronel don Rafael Solís, los jefes, oficiales, individuos de tropa permanente, guardia nacional y matrícula armada que suscriben, manifestó el primero: que había recibido el señor Comandante Principal de Costa Chica, Coronel don Florencio Villarreal, una comedida nota en la cual le excitaba a secundar, en compañía de esta guarnición, el plan político que había proclamado en Ayutla, al que enseguida se dio lectura. Terminada ésta, expuso S.S. que, aunque sus convicciones eran conformes en un todo con las consignadas en ese plan, que si llegaba a realizarse, sacaría pronto la nación del estado de esclavitud y abatimiento a que por grados la habla ido reduciendo el poder arbitrario y despótico del Excmo. Señor General don Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, deseaba saber antes la opinión de sus compañeros de armas a fin de rectificar la suya y proceder con más acierto en un negocio tan grave, y que en tan alto grado afectaba los intereses más caros de la patria. Oída esta sencilla manifestación, expusieron unánimes los presentes que estaban de acuerdo con ella, juzgando oportuno al mismo tiempo que ya que por una feliz casualidad se hallaba en ese puerto el señor Coronel don Ignacio Comonfort, que tantos y tan buenos servicios ha prestado al sur, se le invitara también para que en caso de adherirse a lo que esta junta resolviera, se encargase del mando de la plaza, y se pusiera al frente de sus fuerzas, a cuyo efecto pasara una comisión a instruirle de lo ocurrido, encargo que se confirió al Comandante del Batallón, don Ignacio Pérez Vargas, al Capitán don Genaro Villagrán y al de igual case, don José Marín, quienes inmediatamente fueron a desempeñarlo. A la media hora regresaron exponiendo que, en contestación, les había manifestado el señor Comonfort que en el concepto de la guarnición de esta plaza, la patria exigía de él el sacrificio de tomar una parte activa en los sucesos políticos que iban a iniciarse, lo haría gustoso en cumplimiento del deber sagrado que todo ciudadano tiene de posponer su tranquilidad y sus intereses particulares al bienestar y felicidad de sus compatriotas; pero que, a su juicio, el plan que trataba de secundarse, necesitaba algunos ligeros cambios, con objeto de que se mostrara a la nación con toda claridad que aquellos de sus buenos hijos que se lanzaban esta vez los primeros a vindicar sus derechos tan escandalosamente conculcados no abrigaban ni la más remota idea de imponer condiciones a la soberana voluntad del país, restableciendo por la fuerza de las armas el sistema federal, o restituyendo las cosas al mismo estado en que se encontraban cuando el Plan de Jalisco se proclamó, pues todo lo relativo a la forma en que definitivamente hubiere de constituirse la nación deberá sujetarse al Congreso, que se convocará con ese fin, haciéndolo así notorio muy explícitamente desde ahora. En vista de esas razones, que merecieron la aprobación de los señores presentes, se resolvió por unanimidad proclamar y en el acto se proclamó el Plan de Ayutla, reformado en los términos siguientes:

Que la permanencia del Excmo. Señor General don Antonio López de Santa Anna en el poder es un constante amago por la independencia y la libertad de la nación, puesto que bajo su gobierno se ha vendido sin necesidad una parte del territorio de la República, y se han hollado las garantías individuales, que se respetan aun en los pueblos menos civilizados,

Que el mexicano, tan celoso de su soberanía, ha quedado traidoramente despojado de ella y esclavizado por el poder absoluto, despótico y caprichoso de que indefinidamente se ha investido a sí mismo el hombre a quien con tanta generosidad como confianza llamó desde el destierro a fin de encomendarle sus destinos;

Que bien distante de corresponder a tan honroso llamamiento, sólo se ha ocupado en oprimir y vejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración de su pobreza general, y empleando los productos de ellas, como en otras ocasiones lo ha hecho, en gastos superfluos y en improvisar las escandalosas fortunas de sus favoritos;

Que el plan proclamado en Jalisco, que le abrió las puertas de la República, ha sido falseado en su espíritu y objeto con manifiesto desprecio de la opinión pública, cuya voz se sofocó de antemano por medio de odiosas y tiránicas restricciones impuestas a la imprenta;

Que ha faltado al solemne compromiso que al pisar el suelo patrio contrajo con la nación de olvidar resentimientos personales y no entregarse a partido alguno de los que por desgracia lo dividen;

Que ésta no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero, ni seguir dependiendo su existencia política y su porvenir de la voluntad caprichosa de un solo hombre;

Que las instituciones son las únicas que convienen al país con exclusión absoluta de cualesquiera otras; y que se encuentran en inminente riesgo de perderse bajo la actual administración, cuyas tendencias al establecimiento de una monarquía ridícula y contraria a nuestro carácter y costumbres se han dado a conocer ya de una manera clara y terminante con la creación de órdenes, tratamientos y privilegios abiertamente opuestos a la igualdad republicana. Y por último, considerando que la independencia y libertad de la nación se hallan amagadas también bajo otro aspecto no menos peligroso, por los conatos notorios del partido dominante que hoy dirige la política del general Santa Anna; usando los que suscribimos de los mismos derechos de que usaron nuestros padres para conquistar esos dos bienes inestimables, proclamamos sostener hasta morir si fuese necesario el siguiente

Plan1° Cesan en el ejercicio del poder público el Excmo. Señor General Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios que como él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieran al presente plan.

2° Cuando éste hubiera sido adoptado por la mayoría de la nación, el General en Jefe de las fuerzas que lo sostengan convocará a un representante por cada departamento y territorio de los que hoy existen, y por el Distrito de la capital para que, reunidos en el lugar que estime oportuno, elijan Presidente interino de la República y sirvan al Consejo durante el corto periodo de su cargo.

3° El Presidente interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar todos los ramos de la administración pública, para atender la seguridad e independencia de la nación, y para promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento y progreso.

4° En los departamentos y territorios en que fuere secundado este plan político, el jefe principal de las fuerzas que lo proclamaren, asociado de cinco personas bien conceptuadas, que elegirá él mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido el Estatuto provisional que debe regir su respectivo departamento o territorio, sirviendo de base indispensable para cada estatuto que la nación es y será una sola, indivisible e independiente.

5° A los quince días de haber entrado a ejercer sus funciones, el Presidente interino convocará a un Congreso extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto el 10 de diciembre de 1841, el cual se ocupará exclusivamente de constituir la nación bajo la forma de República representativa popular, y de revisar los actos del actual gobierno, así también como los del Ejecutivo provisional de que habla el artículo 2°. Este Congreso Constituyente deberá reunirse a los cuatro meses de expedida la convocatoria.

6° Debiendo ser el Ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, el gobierno interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto.

7° Siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública, y uno de los más poderosos elementos para los adelantos de las naciones cultas, el Gobierno Provisional se ocupará desde luego de proporcionarle todas las libertades y franquicias que a su prosperidad son necesarias, a cuyo fin expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y fronterizas que deberá observarse, rigiendo entre tanto el promulgado durante la administración del señor Ceballos, y sin que el nuevo que haya de sustituirlo pueda bastarse bajo un sistema menos liberal.

8° Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos, pasaportes, capitación, derecho de consumo y los de cuantas se hubieren expedido, que pugnan con el sistema republicano.

9° Serán tratados como enemigos de la independencia nacional todos los que se opusieren a los principios que aquí quedan consignados, y se invitará a los excelentísimos señores Generales don Nicolás Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás Moreno a fin de que se sirvan adoptarlos, y se pongan al frente de las fuerzas libertadoras que los proclaman, hasta conseguir su completa realización.

10° Si la mayoría de la nación juzgara conveniente que se hagan algunas modificaciones a este plan, los que suscriben protestan acatar en todo tiempo su voluntad soberana.

Se acordó además, antes de disolverse la reunión, que se remitieran copias de este plan a los señores Generales don Juan Álvarez, don Nicolás Bravo y don Tomás Moreno, para los efectos que expresa el artículo 9° que se remitiera otra al señor coronel don Florentino Villarreal, comandante de Costa Chica, suplicándole se sirva adoptarlo con las reformas que contiene.

Señores gobernadores y comandantes generales de la República, invitándoles a secundarlo; que se circulara igualmente a las autoridades civiles de ese Distrito, con el propio objeto de que se pasara al señor Coronel don Ignacio Comonfort para que se sirva firmarlo, manifestándole que desde este momento se le reconoce como gobernador de la fortaleza y levantará la presente acta para la debida constancia.

Con la proclamación del Plan de Ayutla se inició el periodo que culminaría con la organización del Congreso Constituyente de 1856, y con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país. El Plan de Ayutla plasmó el ímpetu del pueblo mexicano para limitar el abuso del poder y terminar con la violación de las garantías de libertad, pensamiento y acción, y representó un esfuerzo colectivo en la búsqueda y establecimiento de una nación más justa, libre y soberana.

Atentamente.

Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»