DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO II	México, DF, 31 de marzo de 2005	Sesión No. 19

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se abre la sesión (a las 10: 01 horas).

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los que estén en contra... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Jueves 31 de marzo de 2005

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la diputada Tatiana Clouthier Carrillo.

Del Congreso de Querétaro.

De la Mesa Directiva, con relación a dictámenes de puntos de acuerdo negativos.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno:

De la Junta de Coordinación Política:

En relación con la caza irracional e inhumana de focas en Canadá. (Votación)

Para solicitar al Gobierno Federal que atienda, mediante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, la problemática que se presenta con la empresa Gas Natural. (Votación)

Oficios de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Reguladora de Energía, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente y por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficio de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el cuarto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como de los programas sectoriales. (Turno a Comisión)

Iniciativa del Congreso de San Luis Potosí

Que reforma el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación proporcional, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 191-E de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Agrupaciones Financieras, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de municipios, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 58 de la Ley General de Salud, en materia de rehabilitación y participación de la comunidad, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental para instituir la psicooncología como una de sus ramas prioritarias, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados de la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su cargo, suscrita por los diputados Jorge Triana Tena, Federico Döring Casar, Roberto Colín Gamboa, Patricia Garduño Morales, Ernesto Herrera Tovar, Juan Molinar Horcasitas, Margarita Saldaña Hernández, Miguel Ángel Toscano Velasco y Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de Estados Unidos de América y Canadá, y de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera, suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

De las Comisiones Unidas de Cultura, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, un artículo 46-Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción I del artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 10, fracción III, 12, fracciones III y V, 19, 33, fracción VIII, y 75, fracción IV, y adiciona la fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 37 Bis a la Ley General de Educación.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad.

De la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 26, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 94 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueban diversas iniciativas de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la creación de distintas comisiones ordinarias.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el lago de Chapala, e informar acerca de las acciones por emprender para frenar y revertir el daño ocasionado, a cargo del diputado Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre el Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Junta de Coordinación Política)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a explicar lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, SA de CV, sobre el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago'', y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique auditorías a fondos aplicados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IFE a suspender la resolución que resuelve la distritación electoral para los siguientes procesos electorales hasta en tanto informe a esta soberanía sobre el procedimiento de designación de la nueva geografía electoral, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a conducirse con arreglo a la Constitución en el próximo encuentro trilateral de mandatarios de la región del TLCAN, a cumplir los compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para el Campo respecto al Capítulo Agropecuario del TLCAN y a presentar a esta soberanía un balance a 11 años de dicho acuerdo comercial, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sagarpa a informar, por conducto de CNA, de la Semarnat y de la Profepa, sobre la tala inmoderada, las nulas acciones de reforestación y la poda drástica realizada en Jiménez, Chihuahua, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal que atienda de inmediato, mediante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, la problemática que se presenta con la empresa Gas Natural, a cargo del diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SRA y a la Profepa a implantar un programa de atención integral de las comunidades asentadas de manera irregular en el área natural protegida del cañón del Sumidero, Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa respecto al levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a ampliar la vigencia del funcionamiento de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Economía, y de Turismo a diseñar e implantar programas conjuntos de difusión, prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud en los centros turísticos del país, a cargo del diputado Óscar Bitar Haddad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a instaurar una amplia campaña informativa para dar a conocer los programas y las acciones que lleva a cabo en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Guillermo Antonio Olmos Capilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a observar un estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el PEF del ejercicio fiscal en curso en el proceso de integración del mismo y en la elaboración de los calendarios financieros correspondientes a su ejecución, a cargo del diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación jurídica de los ciudadanos vascos que se hallan en el Reclusorio Norte, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el sistema lagunar Julivá-Santa Anita, Tabasco, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la STPS y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a tomar las acciones conducentes a evitar la discriminación de que son objeto los adultos de entre 35 y 65 años de edad, a cargo del diputado Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Comité Olímpico Mexicano a suscribir un acuerdo de colaboración integral en la materia, de cara a los próximos compromisos deportivos, a cargo del diputado Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a utilizar los tiempos oficiales de transmisión de radio y televisión para impulsar la educación y fomentar los valores personales, sociales y familiares, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear mediante la Semarnat un programa de protección del pelícano blanco americano, el cual emigra desde Canadá hasta el lago de Chapala, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya para que se realice una auditoría financiera de legalidad al DIF estatal de Durango en el año 2002 sobre los fondos federales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se considere 2005 ``Año de Innovación y Calidad en la Vivienda'', a cargo del diputado Isaías Lemus Muñoz Ledo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Vivienda. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a reconstruir y rehabilitar, mediante la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua y la Sagarpa, el bordo de contención del lago de Chapala, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los municipales a realizar en el ámbito de sus respectivas competencias las gestiones necesarias para cambiar la nomenclatura de los lugares públicos que llevan el nombre del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir los instrumentos jurídicos específicos necesarios a fin de ejecutar el Programa Especial de Energía para el Campo, a cargo del diputado Benjamín Sagahón Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a proporcionar más presupuesto destinado a suero antialacránico para los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Michoacán, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa con relación a la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear mediante el secretario de Turismo un programa de seguridad para los visitantes en nuestro país, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a incentivar las campañas de vigilancia, protección y conservación de las zonas arqueológicas, e investigar posibles actos de negligencia de las autoridades, a cargo del diputado Carlos Álvarez Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a informar sobre las acciones realizadas o proyectadas para garantizar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a la SCT a expedir el reglamento correspondiente a los artículos 2, fracción XIII, y 58 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Salud a proporcionar más presupuesto destinado a suero antialacránico para los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Durango, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar de manera respetuosa al titular de la SRE a requerir formal e institucionalmente ante el Presidente de la República de Argentina, doctor Néstor Carlos Kirchner, la no extradición del luchador social de origen chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, actualmente detenido por la Interpol en dicho país, y proponer su asilo ahí, a cargo del diputado Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, a fin de que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía para resolver el acuerdo relativo a la caseta de cobro Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de convocar al concurso de dibujo infantil y juvenil Agua, acciones locales para un reto global, en el marco del cuarto Foro Mundial del Agua, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo de Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta para solucionar en el ámbito de sus competencias el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999 para que la prevención, el tratamiento y el control de adicciones se realicen con absoluto respeto de la integridad y dignidad humanas, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que se formule atenta invitación al secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal presente un informe pormenorizado del proyecto del Metrobús, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para reasignar recursos a la Sagarpa y crear instrumentos operativos integrales que beneficien a los productores piñeros de Loma Bonita y Tuxtepec, Oaxaca, a cargo del diputado Gustavo Zanatta Gasperín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología a participar y apoyar en la realización de la 46ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, a cargo de la diputada Marisol Urrea Camarena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que la PGR informe a esta soberanía por qué no ha solicitado el ejercicio de acción penal contra el C. Mario Laborín Gómez, director general de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, quien no ha cumplido un amparo otorgado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la SHCP a homologar las condiciones laborales de los docentes de las instituciones públicas de educación media superior, a cargo del diputado Paulo Tapia Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Puebla a suspender la entrega de concesiones estatales de transporte público a la organización Antorcha Campesina, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la SRE que instruya a los Consulados en Estados Unidos de América para realizar una campaña informativa entre los migrantes mexicanos sobre el uso de cuentas bancarias para transferir remesas a México, con objeto de disminuir los costos de envío, como Western Union y Moneygram, a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral e investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Profepa que dictamine sobre los casos de delfines encontrados muertos en Laguna de Términos, a cargo de la diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer llegar a su homólogo de Estados Unidos la propuesta migratoria 10-2 o 5-1 que permita el trabajo temporal de mexicanos en ese país y evite la desintegración familiar, a cargo del diputado Roberto Pedraza Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas, federales y estatales, a realizar las acciones necesarias con objeto de que se considere obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media superior, públicas y privadas, incluyendo los organismos descentralizados y desconcentrados que imparten este nivel, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que la delegación mexicana ante la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, vote contra cualquier resolutivo que vulnere la dignidad, soberanía e independencia del Estado cubano, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a detallar a esta soberanía las cantidades de agua que se acordó entregar para eliminar el adeudo acumulado durante los ciclos 25 y 26, correspondientes al periodo 1992-2002, de conformidad con el tratado celebrado en 1944 entre nuestro país y el Gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales a legislar en materia de requisitos que deben cumplir los rectores de universidades públicas para postularse en una elección popular, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que programe y ejecute la ampliación y modernización de la carretera del municipio de General Francisco R. Murguía (antes Nieves), Zacatecas, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar mediante el INEA un programa que abata de manera integral el analfabetismo, y a convocar a organismos del sector privado a participar en la instrumentación, el financiamiento y la operación de este programa, donde las aportaciones de carácter privado sean deducibles de impuestos, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la SCT y a la Cofetel para disminuir el número de claves lada asignadas al estado de Tlaxcala, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se aplique la tarifa eléctrica 1E a los municipios fronterizos de Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo, pertenecientes al distrito I de Tamaulipas, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a fin de solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que la iniciativa presentada el 9 de diciembre de 2004 referente a los ex braceros mexicanos sea dictaminada a favor, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Ambiental Metropolitana y a la Secretaría de Salud a actualizar los valores de activación o disparo de los programas para mitigar el efecto de las contingencias ambientales en el valle de México, a cargo del diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a atender con carácter de urgente, mediante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, la problemática derivada de las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por la empresa Gas Natural México en Nuevo León, a cargo de la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a canalizar de manera urgente los apoyos extraordinarios de los fondos correspondientes al sector agropecuario de los municipios de Balancán y Tenosique, Tabasco, a raíz de la severa sequía que padecen desde hace meses y que pone en riesgo el sustento de los productores y de sus familias, suscrito por los diputados Eugenio Mier y Concha Campos y Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se congratula por la normalización del proceso de transición democrática de Ucrania, felicita a su nuevo Presidente, Víctor Yuschenko, y exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a abrir una embajada de México en Kiev, suscrita por los diputados Adriana González Carrillo y Homero Ríos Murrieta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que cree un grupo de trabajo que estudie los factores que limitan la capacidad de la banca comercial para otorgar crédito a muchas actividades productivas, y elabore propuestas de modificación de la legislación aplicable con el fin de resolver ese grave problema, a cargo del diputado Guillermo A. Olmos Capilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la cacería de focas en Canadá, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía formula un pronunciamiento de apoyo al Año Mundial de la Física; y exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Energía, y de Gobernación, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los gobiernos de las entidades federativas, a realizar durante 2005 una amplia promoción de la física, a cargo del diputado Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a actuar de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno de las constantes agresiones contra periodistas en Baja California, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la problemática de acceso al mercado de América del Norte, a cargo del diputado Guillermo A. Olmos Capilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Chiapas a llevar a cabo acciones inmediatas en los casos de delitos sexuales y feminicidios ocurridos en la zona sur de la entidad; y al titular del Poder Ejecutivo federal, a implantar políticas públicas con perspectiva de género tendentes a instaurar un auténtico desarrollo social, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas locales, y a los gobiernos de los estados y a los municipales a trabajar una agenda común y realizar acciones para conocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Margarita E. Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la defensa legal de empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos, a cargo del diputado Guillermo A. Olmos Capilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar observaciones y tomar las medidas necesarias para la recuperación y mantenimiento del río Suchiate, en Chiapas, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex que reubique los ductos y la subestación número 8 que atraviesan la zona urbana en Ciudad Mendoza y el cauce del río Chiquito, en Veracruz, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al administrador general de Aduanas a presentar un informe detallado sobre el reporte del destino de las mercancías solicitadas por las dependencias del Gobierno Federal y entidades federativas, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actuar con imparcialidad en los asuntos que por querella o de oficio sean del conocimiento de ese organismo, a agotar los procedimientos establecidos en la ley antes de emitir opiniones o recomendaciones contra las autoridades, y a evitar juicios personales y de valor sobre los asuntos nacionales, sin demérito de su libertad de expresión como persona y como ciudadano, a cargo del diputado Javier Villicaña Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía tome en cuenta el punto de acuerdo presentado por el gobernador de Chihuahua, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, aprobado por unanimidad en la 23ª reunión ordinaria de la Conago, del miércoles 16 de marzo del presente año, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, donde se establecen consideraciones a la Ley Federal de Presupuesto, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento permanente a lo establecido en los artículos 84 Bis, 84 Bis 1 y 84 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, e implantar un programa continuo en los diversos medios de comunicación sobre el uso racional del agua, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el incremento mensual del precio del gas para uso doméstico en toda la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que modifique --en uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-- el Reglamento de la Ley del Servicio Militar para cambiar la palabra ``inútiles'' por ``personas con discapacidad'' y derogar diversos artículos de ese ordenamiento que resultan obsoletos, de conformidad con el Reglamento de Pasaportes en vigor, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad que actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios de Michoacán para reclasificar la tarifa de consumo aplicada, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, para que establezcan la tarifa 1F en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se requiere al secretario de Gobernación que informe a esta soberanía sobre la autorización, distribución y venta de revistas de caricaturas pornográficas, por ser un asunto concerniente al ramo de sus actividades; y al secretario de Comunicaciones y Transportes, a retirar de inmediato la pornografía infantil en dibujos que se vende a niños, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a pronunciarse en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra en favor del resolutivo que condena a Estados Unidos de América por la violación sistemática de los derechos humanos en la base naval de Guantánamo y la cárcel de Abu Ghraib, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la destrucción de manglares en la zona costera de los estados de Nayarit y de Sinaloa, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Gobernación, y de Relaciones Exteriores a promover un trato más digno para las mujeres en proceso de repatriación que realizan las autoridades migratorias estadounidenses, a cargo de la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a investigar las actividades de la Fundación de los Derechos Humanos, promovida en México por la Fundación Cubano-Americana, y a declarar non gratos a Omar López Montenegro y Jorge Mas Santos por sus actos de injerencia en la política interna de México y por sus ignominiosas declaraciones contra las instituciones del Estado mexicano, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a iniciar una profunda revisión de las tarifas domésticas por suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Chihuahua para que, en beneficio de la ciudadanía, se dé una homologación con base en la tarifa más baja, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de México y al gobernador de esa entidad a resolver con apego a derecho las denuncias presentadas en perjuicio del proceso electoral en la entidad, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega también a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta de marzo de dos mil cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos noventa y ocho diputadas y diputados, a las once horas con quince minutos del miércoles treinta de marzo de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicación del diputado Carlos Álvarez Reyes con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la quita circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica.

Comunicaciones de los diputados Juan José García Ochoa y Horacio Martínez Meza con las que informan que se reincorporan a sus actividades legislativas. De enterado.

Comunicación del diputado Juan José García Ochoa con la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal electo en la cuarta circunscripción plurinominal, del treinta de marzo al once de abril de dos mil cinco. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.

La Secretaría, a las once horas con veinticuatro minutos informa del registro de cuatrocientos diecinueve diputadas y diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Comunicación de la Cámara de Senadores con la que remite solicitud de excitativa del senador Adalberto Arturo Madero Quiroga, del Partido Acción Nacional, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Comunicación del diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez con la que solicita el retiro de las iniciativas con proyectos de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de adopción; y que reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de arrendamiento, presentadas el catorce y dieciséis de marzo de dos mil cinco. Comuníquese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

Una, con la que propone cambios en la integración de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada. Se aprueba en votación económica.

Una, con la que propone cambios en la integración de las comisiones de Juventud y Deporte y de Reforma Agraria. De enterado.

El Ejecutivo Federal remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como documentación diversa relacionada con la misma. De enterado y devuélvanse los documentos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hablan en relación con el trámite los diputados: Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, en contra; Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, en contra; y Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados: Triana Tena; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional; Döring Casar; Gómez Álvarez; y René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación del diputado Döring Casar. El Presidente hace comentarios al respecto e informa que se someterá a consideración de la Asamblea el trámite dictado por la Presidencia y desde su curul el diputado Triana Tena, con el apoyo de otros diputados, solicita que la votación respectiva sea nominal. Por doscientos cincuenta y nueve votos en pro, ciento sesenta y siete en contra y cinco abstenciones se aprueba el trámite en cuestión. Déjese sin efecto y devuélvase a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de referencia.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Uno, con el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Alfredo González Castro pueda prestar servicios en la Embajada de Serbia y Montenegro en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Uno, con el que solicita el permiso necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de Côte d´ Ivoire en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto:

Que reforma los artículos catorce y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Que concede permiso al ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de Dinamarca. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Que concede permiso al ciudadano Mario Jesús Riestra Venegas para aceptar la condecoración que le confiere el Presidente de la República Federal de Alemania. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Solicitan excitativas los diputados:

Pablo Anaya Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada el tres de diciembre de dos mil dos.

José María de la Vega Lárraga, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Energía, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, presentada el veintiséis de mayo de dos mil cuatro.

José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores, presentada el tres de diciembre de dos mil dos.

De diversos grupos parlamentarios, a la Comisión de Gobernación, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y expide la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, presentada el catorce de diciembre de dos mil cuatro.

Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el catorce de octubre de dos mil cuatro.

Salvador Sánchez Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada el veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.

Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, en relación con la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a que apoye el proyecto del Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, presentada el veinte de abril de dos mil cuatro.

Jesús Antonio Nader Nasrallah, del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley Aduanera, presentada el treinta de junio de dos mil cuatro.

Carlos Martín Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos veintiséis y setenta y tres, fracción vigésima novena -- D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida el dieciocho de diciembre de dos mil tres.

Enrique Ariel Escalante Arceo, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Pesca, en relación con la iniciativa con proyecto de Ley que Crea el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, presentada el veintitrés de noviembre de dos mil cuatro.

José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ochenta y cuatro del Código Penal Federal, presentada el treinta de junio de dos mil cuatro.

Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con la minuta proyecto de decreto que expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental y deroga el artículo doscientos tres de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recibida el dieciocho de septiembre de dos mil tres.

En cada caso el Presidente formula la excitativa solicitada.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo setenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo primero de la Ley General de Deuda Pública. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintitrés de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:

Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal Agraria.Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.

David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Economía.

Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Francisco Diego Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal de Protección Social por Desempleo. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo quinto de la Ley Orgánica de Nacional Financiera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos ciento dos y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo ochenta y cinco -- A y adiciona un artículo ochenta y seis -- A -- uno a la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de las comisiones de Cultura y de Educación Pública y Servicios Educativos, para que se inscriba con Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para que se inscriba con Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre de Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doce y treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre propio y del diputado Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores federales. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintitrés de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Presidencia de la diputada María Marcela González Salas y Petricioli

Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos tercero de la Ley General de Vida Silvestre y séptimo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintiséis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La Presidencia informa de la presencia en el recinto de una delegación de parlamentarios del Reino de Marruecos y les da la bienvenida.

Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo veintiuno bis uno y el artículo ciento veinte de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veintiuno de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa ciudadana. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un Título Sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Gonzalo Moreno Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos ochenta y siete y noventa y uno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tatiana Clouthier Carrillo, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos noveno y once de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura de cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso:

Al ciudadano Roberto Abraham Mafud para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Al ciudadano José Cruz de la Torre González para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en Aguascalientes, Aguascalientes, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

Al ciudadano Luis Miguel Cámara Patrón para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia, en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Al ciudadano Philippe Jean Rene Seguin Dartois para aceptar y usar la condecoración que le otorga el gobierno de la República Francesa.

A dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de Tailandia en México.

Son de segunda lectura. Sin discusión se aprueban los proyectos de decreto en lo general y en lo particular por cuatrocientos diez votos en pro y dos abstenciones. Pasan al Ejecutivo y al Senado, según corresponda, para los efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma los artículos doscientos ochenta y nueve y doscientos noventa de la Ley Federal de Derechos. Es de segunda lectura. Sin discusión se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por cuatrocientos un votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo séptimo de la Ley Orgánica de la Financiera Rural; que adiciona los artículos sexto de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, quinto de la Ley Orgánica de Nacional Financiera y sexto de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; que reforma el artículo séptimo de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional; y que adiciona el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal. Es de segunda lectura. El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen, presenta fe de erratas y propone modificaciones al artículo quinto del proyecto de decreto, a las que la Secretaría da lectura y la Asamblea admite en votación económica. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular, con la fe de erratas y las modificaciones admitidas, por cuatrocientos doce votos en pro y dos abstenciones. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta informa que la última votación nominal servirá de registro final de asistencia de diputadas y diputados y levanta la sesión a las dieciséis horas con siete minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves treinta y uno de marzo de dos mil cinco a las diez horas.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Proceda entonces la Secretaría a someter a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada, el acta.Continúe la Secretaría

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DIPUTADA INDEPENDIENTE

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones, Presidente de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado Diputado Beltrones:

Aprovecho la presente para hacer de su conocimiento que he renunciado al grupo parlamentario de Acción Nacional. Por lo anterior, le solicito me informe el procedimiento y con quién habré de ponerme de acuerdo para los asuntos administrativos, así como de asistencia y otros de ahora en adelante. Asimismo, solicito el pago de la dieta correspondiente a abril sea ya de forma independiente y no a través del PAN.

Por último, le solicito me provea a la brevedad posible de una oficina, teléfono, computadora y lo indispensable para poder elaborar mi trabajo.

De antemano gracias, y quedo de usted para las indicaciones que me haga llegar.

Atentamente.

México, DF, a 28 de marzo de 2005.--- Dip. Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado; comuníquese.

Continúe la Secretaría.

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ESTADO DE QUERETARO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- México, DF.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria de la Legislatura celebrada el 20 de diciembre de 2004 se aprobó el acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales para que establezcan el principio precautorio y reformen en el ámbito de su competencia la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, generando los estudios indispensables sobre los efectos ocasionados por su instalación en la salud pública y los ecosistemas, remitiéndole un ejemplar para que determinen lo conducente.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Atentamente.

LIV Legislatura del Estado.--- Mesa Directiva: Dip. Hipólito Rigoberto Pérez Montes (rúbrica), Presidente; Dip. Mario Ulises Ramírez Altamirano (rúbrica), Primer Secretario.»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41, fracción XXXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y

Considerando

1. Que este Poder Legislativo, atendiendo a la población de la entidad, convocó a las autoridades federales, estatales y municipales competentes en la instalación de antenas de telefonía celular en la entidad, realizándose con fecha 16 de noviembre del presente la ``Mesa de trabajo para analizar la problemática por la instalación de antenas de telefonía en la entidad'', participando también los representantes de los ciudadanos afectados, obteniendo la siguiente información:

Según estudios del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, señalan que hasta hace algunas décadas se podían encontrar sitios libres de radiación electromagnética; sin embargo, ahora es extraño el lugar donde uno no la reciba. Las líneas eléctricas de alta tensión, los teléfonos celulares, las antenas de microondas, las estaciones de radio y televisión y el resto de los aparatos electromagnéticos han invadido con sus emisiones todo nuestro entorno.

2. Que la contaminación electromagnética es la producida por los campos eléctricos y magnéticos (las zonas en las cuales hay fuerzas que son causadas por cargas eléctricas en movimiento), como consecuencia de la propagación de tendidos de alta y mediana tensiones, de subestaciones, de transformadores (la infraestructura eléctrica es fuente de campos electromagnéticos de alta intensidad, cuyo alcance es variable), de emisoras de radio y televisión, antenas de comunicación, estaciones de telefonía móvil (la contaminación de estas antenas es en nivel de radiofrecuencia y microonda), equipo industrial y electrodomésticos. Clasificándose así como radiaciones no ionizantes.

3. Que las radiaciones no ionizantes son las que no rompen los enlaces moleculares de las células que componen a todo ser viviente. Éstas, a diferencia de las ionizantes, no son producidas por material radiactivo, rayos cósmicos o rayos X sino, principalmente, por campos electromagnéticos, microondas y radiofrecuencias.

4. Que los campos electromagnéticos pueden catalogarse por su frecuencia: los que están por debajo de los 300 Hz son considerados de muy baja frecuencia y son usualmente producidos por los electrodomésticos. Los que se encuentran entre los 300 Hz y los 10 MHz son considerados intermedios y son producidos primordialmente por computadoras, televisores y sistemas antirrobo. Y finalmente tenemos los que están entre los 10 MHz y los 300 GHz, que son principalmente emitidos por antenas de radio, de televisión o de microondas.

5. Que estos últimos campos electromagnéticos con altas frecuencias son los que nos ocupan y son usualmente medidos en Watts por metro cuadrado, ya que son capaces de inducir corrientes eléctricas dentro del cuerpo humano. Si bien nuestro cuerpo puede soportar cierta cantidad de radiaciones, el problema inicia cuando éstas se encuentran por arriba de los niveles admisibles por el cuerpo o son muy frecuentes, cuestión que puede tener amplia gama de efectos nocivos para la salud.

6. Que estas emisiones, aunque invisibles e imperceptibles, tienen evidente influencia en la vida de las plantas, animales y seres humanos y pueden llegar a ser perjudiciales para las personas cuya profesión esté vinculada a la prolongada presencia física en la cercanía de estas fuentes.

7. Que las alteraciones biológicas debidas a la acción de campos electromagnéticos artificiales intensos pueden producir cambios en la temperatura corporal, desequilibrio en los electrolitos de la sangre, dolor muscular en las articulaciones, dificultad en la percepción de colores, fatiga, inapetencia, disfunciones en el sistema nervioso central, estrés y disminución de la cantidad de plaquetas en la sangre, entre otras.

8. Que la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que ha dicho que los campos electromagnéticos no provocan cáncer, aun así muchos científicos temen pronunciarse en ese sentido, ya que los campos magnéticos, a diferencia de la electricidad, atraviesan los cuerpos vivos sin perder fuerza, por lo que tienen más posibilidades de actuar sobre tejidos, afectando el ADN y cambiando las reacciones inmunológicas de los seres vivos.

9. Que autoridades sanitarias de todo el mundo, como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental y el National Radiological Board, del Reino Unido, afirman que no se descartan las relaciones entre campos electromagnéticos y tumores cancerosos.

10. Que la mayoría de los expertos reconocen que no se sabe aún cómo afecta el electromagnetismo y que la disparidad de resultados en las investigaciones no permite emitir juicios todavía sólidos y válidos sobre sus efectos.

11. Que, aunque existen diversas fuentes de radiación, como el campo magnético de la Tierra, que es natural, el que generan los equipos electrodomésticos y de radiocomunicaciones, así como el generado por equipos de rayos X, los diagnósticos médicos a través de sistemas como la tomografía computarizada y el Doppler color producen radiaciones muy altas.

12. Que el estudio epidemiológico que más se ha publicado es el referente a las torres de alta tensión, estaciones de radiocomunicación y los equipos de transformación de corrientes. Las investigaciones han demostrado que vivir cerca de líneas de alta tensión puede provocar una disminución de la melatonina, hormona que regula los ritmos biológicos, las defensas y los niveles de hormonas sexuales, favoreciendo la aparición de enfermedades degenerativas y coronarias como Parkinson, Alzheimer y enfermedad de Kroli.

13. Que, según investigaciones del Instituto Nacional de la Radiación en Suecia, más de 100 mil personas en ese país sufren de problemas de salud por usar teléfono celular o equipos electrodomésticos, y algunas de ellas tienen que vivir alejadas de las ciudades debido a los campos electromagnéticos que allí se generan. Se puede decir que se han desarrollado alergias a la electricidad; no obstante, en lo referente al cáncer, la evidencia que lo asocia con campos magnéticos ha resultado inconsistente.

14. Que una de las principales características que definen un campo electromagnético es su frecuencia y su longitud de onda correspondiente. Campos de diferentes frecuencias interactúan con el cuerpo en formas diferentes: cuanto mayor sea la frecuencia, menor es la longitud de onda y mayor será la carga energética.

15. Que los campos eléctricos existen cada vez que tenemos una carga negativa y una positiva, mismas que ejercen fuerza sobre otras cargas dentro de su campo de influencia. El poderío del campo eléctrico se mide en voltios por metro (V/M). Cualquier cable eléctrico que esté cargado produce un campo eléctrico, aun cuando no haya flujo de corriente. La fuerza de este campo eléctrico depende del voltaje y de la distancia de la fuente que lo genera.

16. Que los campos eléctricos son más fuertes cuando se encuentran cerca de otra carga o de un conductor cargado y su fuerza se disminuye drásticamente con la distancia. Así, los campos eléctricos ocasionados por las líneas de alta tensión y demás cables de distribución eléctrica se ven disminuidos por la distancia y por los materiales de construcción (techos, paredes). Cuando las líneas eléctricas se sepultan debajo de la tierra, los campos eléctricos en la superficie son prácticamente indetectables.

17. Que los campos magnéticos aparecen a partir del movimiento de las cargas eléctricas y su poderío se mide en amperes por metro (A/M). Al igual que los campos eléctricos, los magnéticos son más fuertes en la fuente de origen y se disminuyen rápidamente con la distancia.

18. Que los campos magnéticos no son bloqueados por materiales de construcción comunes, como los que encontramos en las paredes de los hogares.

19. Que en el cuerpo humano existen pequeñísimas corrientes eléctricas que se deben a las reacciones químicas que continuamente se llevan a cabo en nuestras funciones corporales. Un ejemplo de ellos son las que se llevan a cabo en el sistema nervioso central, donde se transmite información vía pequeñas descargas eléctricas. Prácticamente todas las funciones cardiacas, de digestión, del sistema motriz y del sistema nervioso están estrechamente relacionadas con fenómenos eléctricos.

20. Que así, los campos electromagnéticos de alta intensidad o densidad afectan las funciones corporales de todos los seres vivientes. La Organización Mundial de la Salud realizó un amplio estudio interdisciplinario para ver los efectos en la salud de los campos electromagnéticos de bajo nivel o de baja frecuencia y no encontró ninguna evidencia científica que respalde la hipótesis de que estos campos tuvieran efectos en la salud humana o animal.

21. Que en hogares ubicados lejos de las líneas de alta tensión, los niveles de exposición electromagnética se encuentran en alrededor de 0.2 micro Telsas. Sin embargo, en los que se encuentran por debajo o a un lado de ellos las dosis son mucho mayores. Por ello se recomienda que exista una distancia de entre 50 y 100 metros entre los hogares y las líneas de alta tensión.

22. Que, por otro lado, los humanos recibimos considerables dosis de radiación electromagnética no ionizante producida por los electrodomésticos. Sin embargo, en varios países se han elaborado estándares que minimizan la radiación electromagnética hacia los usuarios, cuestión que nuestro país debería instrumentar.

23. Que los estándares deberán ser establecidos por el Estado, con el objetivo de proteger a la población. En este sentido, consideramos que México debería seguir los estándares propuestos por la Comisión Internacional en la Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés).

24. Que el Gobierno de Suecia, basándose en investigaciones de Lenmart Tomenius, ha reconocido en su legislación la incidencia de los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión en la estadística de leucemia infantil.

25. Que en Alemania se recomienda una distancia de seguridad de un metro por cada kilovoltio de tensión en la línea. Por lo que se refiere a los transformadores, se recomienda que éstos se encuentren a una distancia mínima de 15 metros de las casas habitación.

26. Que en 1994, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la lucha contra los efectos nocivos provocados por la radiación no ionizante, señalando la necesidad de establecer una normativa e invitando a la Comisión a elaborarla con el objetivo de limitar la exposición de los trabajadores y del público en general a la contaminación electromagnética. Posteriormente, la Comisión Europea emitió propuestas de acción y directivas relacionadas con la contaminación electromagnética.

27. Que Rusia estableció en ley que las líneas de alta tensión que generen campos de más de 25 Kv/m deben situarse a una distancia mínima de 110 metros de cada edificación.

28. Que en México nos encontramos con la realidad de que nuestra población y el medio ambiente no están jurídicamente protegidos. Existe un atraso importante en materia legislativa, por lo que resulta importante seguir los pasos de los países que han establecido las reglas en forma clara sobre este tema.

29. Que, por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tomado la postura de exhortar a las autoridades que lleven a cabo investigaciones y, en su caso, determinen si se deben prohibir o reubicar las antenas y estaciones lejos de centros escolares, laborales y habitacionales, a fin de proteger a los habitantes de las zonas donde nos encontremos invadidos todos los días por campos electromagnéticos sin que sepamos exactamente cuáles son las consecuencias en nuestra salud; asimismo, se informe a la población para evitar lo más posible la instalación de antenas de telefonía celular, como medida de precaución.

30. Que debido a que las ondas electromagnéticas están presentes en el medio ambiente y también son producidas por diversos aparatos, la Legislatura del estado sugiere informar a la población sobre los posibles efectos en la salud y las precauciones que pueden tomar para evitar lo más posible tales exposiciones.

31. Que --asimismo-- proponemos que, por la importancia del tema y por las características en las dimensiones y actividades constantes que se viven en México, se realicen investigaciones para saber exactamente a qué niveles de radiación electromagnética estamos expuestos y, lo más importante, que se lleven estudios epidemiológicos para detectar los efectos de esas radiaciones.

32. Que esta Quincuagésima Cuarta Legislatura se adhiere a las propuestas que establece la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se encuentra en estudio en el Senado de la República, y que principalmente propone:

Incorporar el principio precautorio en la legislación;

Inspeccionar la infraestructura causante de campos electromagnéticos de alta frecuencia para asegurarnos de que no se esté afectando al personal que labora o vive cerca;

Desarrollar normas oficiales mexicanas que regulen las actividades productoras de electromagnetismo de alta frecuencia, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud de las personas;

Establecer como límites máximos de exposición 4.6 W/m2 para personal laboral que esté tiempo prolongado en zonas con alta radiación y 9.2 W/m2 para los lugares donde exista poca o nula afluencia peatonal de manera eventual;

Exigir a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro que revisen los transformadores de media tensión en zonas urbanas, a fin de que garanticen un mínimo de radiación electromagnética y que además se encuentren a una sana distancia de los hogares habitados;

Que se trasladen los cables de alta tensión lejos de las zonas habitadas a distancias seguras;

Que no se permita la construcción en los límites no permisibles;

Que la distancia entre los hogares y las líneas de alta tensión sea por lo menos de entre 50 y 100 metros;

Promover el traslado de las emisoras de radio y televisión a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población;

Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia;

Promover la comercialización de productos eléctricos que sean electro magnéticamente seguros; y

Que se establezcan límites de radiación, estableciendo criterios para su medición a través de la instrumentación de estudios que determinen qué es lo mejor para el público en general.

33. Que a la Secretaría de Salud de la Federación la exhortamos para que en el ámbito de su competencia realice estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emita opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general.

34. Que expida los requerimientos técnicos sanitarios para la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

35. Que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la exhortamos a que establezca normas oficiales mexicanas relacionadas con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

36. Que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la exhortamos a que, al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, tome en cuenta el principio precautorio, evitando la proliferación en la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan los requisitos técnicos sanitarios para su instalación.

37. Que a las autoridades estatales, principalmente a la Secretaría de Salud, las exhortamos para que en el ámbito de su competencia realicen estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emitan opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general.

38. Que expida los requerimientos técnicos sanitarios para la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

39. Que a la Secretaría de Desarrollo Sustentable la exhortamos a establecer los lineamientos mínimos relacionados con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

40. Que a las autoridades municipales las exhortamos para que, en el ámbito de su competencia, tomen en cuenta el principio precautorio al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Eviten la proliferación de la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación.

Que no permitan la construcción en los límites no permisibles.

Que la distancia entre los hogares y las antenas de telefonía celular sea por lo menos de entre 50 y 100 metros.

Promuevan el traslado de las antenas de telefonía celular a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población.

Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia.

Por lo anterior, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro expide el presente

Acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales para que establezcan el principio precautorio y reformen, en el ámbito de su competencia, la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, generando los estudios indispensables sobre los efectos ocasionados por su instalación en la salud pública y los ecosistemas

Artículo Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud en el estado para que, en el ámbito de su competencia, realicen estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emitan opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general. Y expidan los requerimientos técnico-sanitarios para la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Artículo Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que establezca normas oficiales mexicanas relacionadas con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

Artículo Tercero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes tome en cuenta el principio precautorio, evitando la proliferación de la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación.

Artículo Cuarto. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado para que establezca los lineamientos mínimos relacionados con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

Artículo Quinto. Se exhorta a las autoridades municipales para que, en el ámbito de su competencia, tomen en cuenta el principio precautorio al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Eviten la proliferación de la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación;

Que no permitan la construcción en los límites no permisibles;

Que la distancia entre los hogares y las antenas de telefonía celular sea por lo menos de entre 50 y 100 metros;

Promuevan el traslado de las antenas de telefonía celular a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población; y

Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Segundo. Notifíquese al titular de la Secretaría de Salud de la Federación, al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Secretaría de Salud en el estado, al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado y a los 18 ayuntamientos del estado de Querétaro, así como a los 31 Congresos locales de las entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la honorable Cámara de Diputados federal para su adhesión al presente, si lo estiman pertinente.

Tercero. Comuníquese por escrito al titular del Poder Ejecutivo del estado, para su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, ``La Sombra de Arteaga''.

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado y mandará se imprima y publique.

Dado en el Salón de Sesiones ``Constituyentes de 1916-1917'', Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

Atentamente

LIV Legislatura del Estado de Querétaro.--- Mesa Directiva: Dip. Hipólito Rigoberto Pérez Montes (rúbrica), Presidente; Dip. Mario Ulises Ramírez Altamirano (rúbrica), Primer Secretario.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

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DICTAMENES NEGATIVOS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Edificio.

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes Comisiones:

Comisión: Transportes.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado del trámite de solicitud de autorización de las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Unidas de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y de Energía.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que informe sobre el estado del programa de ordenamiento ecológico de la región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes que rindan a la Cámara de Diputados un informe sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen por el que no es de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a las autoridades federales y estatales que impidan la instalación de una planta de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a que actúen en concordancia con los ordenamientos locales y federales en relación con la construcción de la central termoeléctrica Rosarito IV.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Energía.

Dictamen por el que no se aprueban las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita información a la Secretaría de Energía, la primera y a la paraestatal Petróleos Mexicanos, la segunda.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Energía.

Dictamen por el que no se aprueban las proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Ejecutivo federal a que el proyecto petroquímico Fénix se ubique en una determinada ciudad.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Educación Pública y Servicios Educativos.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se aplicaron a partir del ciclo escolar 2004-2005.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina que establezcan un programa emergente, con la finalidad de evitar la contaminación de las playas nacionales.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión solicite al Congreso de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las Recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Salud.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Salud.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar, mediante las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, un proyecto a fin de incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule la producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Comisión: Salud.

Dictamen por el que no se aprueba la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.Fecha de publicación: 29 de marzo.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea, se inserte en el Diario de los Debates y se archiven como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2005.--- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Transportes, a la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado del trámite de solicitud de autorización de las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión que suscribe, de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INFORME EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR LAS DIVERSAS AEROLÍNEAS PARA OPERAR EN PUERTO VALLARTA; presentado el día jueves 6 de noviembre del 2003, por el Diputado Federal FRANCISCO JAVIER BRAVO CARVAJAL, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora de Transportes, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVI, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica; y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se abocaron al estudio y análisis de la Proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente DICTAMEN, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S1. En sesión celebrada por esta H. Cámara de Diputados, con fecha jueves 6 de noviembre del 2003, la Mesa Directiva de ésta Cámara, turno a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, la Proposición con Punto de Acuerdo descrita con antelación, con la finalidad de que sea elaborado el correspondiente Dictamen.

2. Los integrantes de ésta Comisión, como resultado de las reuniones celebradas, estudiaron y analizaron la Proposición en Cuestión.

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓNa) La proposición señala que gran parte del arribo del turismo nacional e internacional, es a través del servicio público de transporte aéreo el cual es utilizado por una gran cantidad de pasajeros; sin embargo, es en éste servicio de transporte aéreo de pasajeros que únicamente operan algunas rutas permisionarias; faltando de forma urgente que se oferten mayores y mejores rutas aéreas, situación que puede atraer el riesgo de frenar los criterios de desarrollo regional, toda vez que Vallarta es un polo importante de desarrollo, que genera importantes divisas por la visita turística.

b) Diversas aerolíneas han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorización para la operación de estas rutas, a fin de proporcionar un mejor servicio, tarifas y horarios, en beneficio del usuario de la ruta de Vallarta -- México.

CONSIDERACIONESA.- El Plan Nacional de Desarrollo 2001 -- 2006, plantea que uno de sus objetivos para el crecimiento económico, es el de contar con la infraestructura de calidad así como el de impulsar la inversión y el financiamiento privados, mediante la creación de marcos regulatorios transparentes, equitativos y que fomenten la competencia entre los participantes en los mercados.

B.- De igual forma, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes, 2001 -- 2006, establece que la política aeronáutica tiene como propósito central el promover el desarrollo del sector aeronáutico y propiciar su operación eficiente sobre bases de competencia equitativa, en un marco de respeto a la legislación vigente y de salvaguarda de la seguridad operacional, y con sustento en la incorporación de equipos modernos, la capacitación del personal técnico-aeronáutico, una infraestructura de calidad, tecnologías de punta y sistemas eficientes de control de tráfico aéreo.

También es importante señalar, que del contenido del artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, se desprende que: ``... se requiere concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación, explotación y; en su caso, construcción de aeropuertos. Las concesiones a que se refiere éste artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y, en su caso, construcción ...''.

C.- Los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, en atención a la presentación del Punto de Acuerdo en referencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3; y 89, de la Ley Orgánica y del Reglamento, respectivamente; ambos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitaron la información concerniente al Punto de Acuerdo en referencia; al organismo administrativo correspondiente, siendo la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, el organismo que remitió Oficio número 106.313/03, de fecha diez de diciembre del año dos mil tres (el cual se anexa al cuerpo del presente dictamen), informando lo siguiente:

D.- ``..... Las empresas nacionales y extranjeras que llevan a cabo operaciones de pasaje desde y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, son:

1. Empresas mexicanas con rutas nacionales: AEROVÍAS DE MÉXICO, con ruta autorizada; CIUDAD DE MÉXICO -- PUERTO VALLARTA.

GRUPO AÉREO MONTERREY, con ruta autorizada; PUERTO VALLARTA -- MAZATLÁN -- MONTERREY.

LÍNEAS AÉREAS ALLEGRO, con ruta autorizada; SAN JOSÉ DEL CABO -- PUERTO VALLARTA.

MEXICANA DE AVIACIÓN, con ruta autorizada; CIUDAD DE MÉXICO -- PUERTO VALLARTA.

AERO CALIFORNIA, con ruta autorizada; CIUDAD DE MÉXICO -- PUERTO VALLARTA.

AEROLITORAL, con ruta autorizada; GUADALAJARA -- PUERTO VALLARTA; y LEÓN (El Bajío) -- PUERTO VALLARTA.

2. Empresas mexicanas con rutas internacionales: AERO CALIFORNIA, con ruta autorizada; PUERTO VALLARTA -- LOS ANGELES (U.S.A.)

AEROVÍAS DE MÉXICO, con ruta autorizada; PUERTO VALLARTA -- LOS ANGELES (U.S.A.) y PUERTO VALLARTA -- NUEVA YORK (U.S.A.)

LÍNEAS AÉREAS ALLEGRO, con ruta autorizada; PUERTO VALLARTA -- OAKLAND (U.S.A.)

MEXICANA DE AVIACIÓN, con ruta autorizada; PUERTO VALLARTA -- CHICAGO (U.S.A.)

3. Empresas extranjeras con rutas internacionales: AIR CANADA, con ruta autorizada; TORONTO - PUERTO VALLARTA

ALASKA AIRLINES, con ruta autorizada; LOS ANGELES -- PUERTO VALLARTA; SAN FRANCISCO -- PUERTO VALLARTA; y SEATTLE -- PUERTO VALLARTA

AMERICA WEST AIRLINES, con ruta autorizada; PHOENIX - PUERTO VALLARTA

AMERICAN AIRLINES, con ruta autorizada; DALLAS (FORTH WORTH) - PUERTO VALLARTA; y CHICAGO -- PUERTO VALLARTA

ATA AIRLINES, con ruta autorizada; CHICAGO -- PUERTO VALLARTA

CONTINENTAL AIRLINES, con ruta autorizada; HOUSTON -- PUERTO VALLARTA

FRONTIER AIRLINES, con ruta autorizada; DENVER -- PUERTO VALLARTA

NORTHWEST AIRLINES, con ruta autorizada; MINNEAPOLIS (Saint Paul) - PUERTO VALLARTA

... debido a lo anterior, se puede observar que actualmente en Puerto Vallarta se encuentran autorizadas para realizar operaciones, ocho empresas mexicanas y nueve empresas extranjeras, con lo que se concluye que dicho destino turístico, se encuentra debidamente servido con vuelos regulares tanto en territorio nacional, así como desde y hacia el extranjero; haciendo igualmente mención, que se encuentran en procesos de análisis para su otorgamiento, las rutas de CIUDAD JUÁREZ -- PUERTO VALLARTA, mismas que fueron solicitadas por AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. de C.V. ....''RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Que el derecho ejercido por el legislador promovente, se sustenta en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Esta H. Comisión de Transportes, es competente para resolver sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXVI y 45, numeral 6, incisos e) y f) de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Que en atención a la presentación del Punto de Acuerdo en referencia, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3; y 89, de la Ley Orgánica y del Reglamento, respectivamente; ambos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitaron la información concerniente al organismo administrativo correspondiente.

Motivo por el que en base a lo anteriormente expuesto; y de manera conjunta, los integrantes de ésta H. Comisión de Transportes convenimos en presentar a ésta honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente DICTAMEN; esta Soberanía, considera desahogada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INFORME EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR LAS DIVERSAS AEROLÍNEAS PARA OPERAR EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, de conformidad a la información vertida en el inciso D.-, del Capitulo denominado CONSIDERACIONES, en el cuerpo del presente DICTAMEN.

SEGUNDO.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido

Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.--- H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión, a los 30 días del mes de noviembre del año 2004.--- Por la Comisión de Transportes, diputados: Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Jesús Ángel Díaz Ortega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Felipe Medina Santos (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que informe sobre el estado del programa de ordenamiento ecológico de la región cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región

HONORABLE ASAMBLEA :

A Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura le fue turnada para su análisis y dictamen el presente Punto de Acuerdo por el que solicita a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región, a nombre de la Diputada Maki Esther Domínguez del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de la H. Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 29 de abril del año 2004, la Diputada Maki Esther Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el Punto de Acuerdo por el que se solicita ``a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región''. Con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de esta LIX Legislatura.

2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a Comisiones Unidas.

3.-Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, Comisiones Unidas se abocaron al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

1.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN:

El Punto de Acuerdo tiene la finalidad de solicitar a la SEMARNAT información sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región. Como segundo artículo solicita a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe los criterios ecológicos y los beneficios que en esta materia ha logrado, como parte de sus medidas de desarrollo urbano implementadas en la región de la cuenca de Burgos. Por último la Diputada proponente solicita a Petróleos Mexicanos informe a esta soberanía sobre los criterios ecológicos que ha adoptado como parte de sus medidas implementadas en su actividad de obtención y producción de gas.

2.- En México, la zona productora más importante de gas no asociado con la extracción de petróleo es la Cuenca de Burgos. Esta área se define geológicamente como depósito del antiguo dominio marino, con múltiples paquetes arenosos intercalados con estratos de arcilla. Esta formación data de la Era Terciaria, y contiene yacimientos de gas natural alojados en sus hondas arenosas.

3.- En función de las características mencionadas, se desarrolló ``el Proyecto Integral Cuenca de Burgos'', uno de los más importantes que ejecuta Petróleos Mexicanos, el cual durante el periodo 1995-2001, ha aumentado en 77 por ciento la producción nacional de gas natural.

4.- Existe inquietud sobre el impacto ambiental que está generando este proyecto sobre todo en la gran pérdida de suelos y cobertura vegetal, lo que ha generado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sancionara a PEMEX y a diversas empresas transnacionales por la contaminación que han provocado en la región, la cual se prevé que aumente, ya que en repetidas ocasiones directivos como el Ingeniero Alfredo Guzmán, Subdirector de la Región Norte de PEMEX Exploración y Producción, han anunciado su intención de duplicar la producción actual de gas natural para atender la demanda creciente del energético en el noreste del país y es una realidad, que en dicha Cuenca se desarrolla un intenso programa de perforación de pozos exploratorios y de desarrollo para mantener la producción de gas natural por encima de los mil millones de pies cúbicos diarios.

5.- En las Consideraciones de la proposición con Punto de Acuerdo, se hace hincapié que en la Región Cuenca de Burgos (la cual se localiza al Noroeste del país) es una zona poseedora de enormes recursos naturales renovables y no renovables, y no solo de las reservas de gas natural; sino también gran cantidad de recursos pesqueros.

6.- Hace mención también, que la Región Cuenca de Burgos incorpora seis Áreas Naturales Protegidas, 98 municipios (31 del Estado de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas) abarcando un total de 208,805 Km2.

7.- Se señala que la Cuenca de Burgos afecta a las cuencas del bajo Río San Juan y Bajo Río Bravo, y que ha incrementado los problemas de colecta y calidad de agua así como la conservación del suelo. Esta infraestructura también ha impactado a la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas, además de generar daños directos en la vegetación por obras de exploración que incluyen brechas y caminos de acceso, fragmentando con ello el hábitat natural ya de por si afectado por actividades agrícolas, urbanas y extractivas.

Por todo lo anterior expuesto, se considera conveniente hacer una revisión al proyecto Cuenca de Burgos, en materia ambiental a manera de verificar la sustentabilidad del mismo.

Sin embargo, se considera que el Punto de Acuerdo multicitado, no es la vía conveniente, para solicitar dicha información en virtud de la existencia de un acuerdo parlamentario ``De la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajo legislativos, relativo al Orden del día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación'', que en su Artículo Décimo Segundo, en el que señala que no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental. Dicho acuerdo está signado por el Presidente de la Mesa Directiva así como por todos los coordinadores de los seis diferentes grupos parlamentarios, el 7 de octubre de 2003; quedando sin materia el presente Punto de Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unido Mexicanos, y derivado del análisis y estudio hecho a la proposición con Punto de Acuerdo por la Diputada proponente, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de la H. Cámara de Diputados, emiten el siguiente:

R E S O L U T I V O :

ÚNICO.- La información motivo de la proposición con Punto de Acuerdo ha sido solicitada por Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; de conformidad con lo previsto en el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, por lo que se considera no procedente el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región, aunado a que en la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados se conformó la Comisión Especial Cuenca Burgos para atender la problemática que se presenta en la zona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica). Por la Comisión de Energía, diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes que rindan a la Cámara de Diputados un informe sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí

HONORABLE ASAMBLEA

A las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnado para su dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes rindan informe a la Cámara de Diputados sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo en el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, que en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentó el C. Diputado Arnulfo Garza Martínez a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.

Con fundamento los artículos 39 y 45 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita.

Antecedentes

1. En sesión celebrada el día 26 de octubre del 2000, los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dieron cuenta al Pleno de la misma del Punto de Acuerdo presentado por el C. Diputado Arnulfo Garza Martínez.

2. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: ``túrnese a la Comisión de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la elaboración del dictamen correspondiente''.

3. En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo, se argumenta lo siguiente:

-- Que la Termoeléctrica del Golfo presenta una compleja disyuntiva, ya que, por un lado, su instalación y operación traerá una importante derrama económica al Municipio de Tamuín y, en general, a la población que habita en la Huasteca Potosina; pero, por otro lado, exista la posibilidad de que en la zona se presente una severa contingencia ambiental.

-- Que la planeación, evaluación y construcción de la primera fase de esta obra al parecer ha presentado diversas inconformidades por parte de los huastecos, con relación al deterioro ambiental, a irregularidades en la tramitación de licencias y permisos.

-- Que si bien es cierto, la población potosina desea ver a su estado como tierra de progreso, y para ello la generación de energía eléctrica es un elemento de primer orden, no es menos cierto que hay que cuidar el medio ambiente para que no se vea deteriorado por la construcción de la termoeléctrica, ya que gran parte de la economía de la región gira en torno a sus recursos naturales, siendo la agricultura y la ganadería unas de las actividades principales.

-- Que preocupan las irregularidades administrativas y corrupción que presuntamente permean en la construcción de este proyecto.

-- Finalmente, los autores del punto de acuerdo señalan que esas presuntas irregularidades se manifiestan por el acuerdo tomado en sesión de cabildo de la anterior administración municipal de Tamuín, en donde unánimemente, sin consultar a especialistas en la materia, autorizaron el permiso de uso del suelo para la instalación de un beneficio particular.

Con base en estos razonamientos, el punto de acuerdo propone:

-- Solicitar a las autoridades involucradas en el proyecto de construcción de la termoeléctrica: el Presidente Municipal anterior y actual del H. Ayuntamiento de Tamuín; el Gobernador de San Luis Potosí; el Instituto Nacional de Ecología; la Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de Desarrollo Urbano; la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Energía a que rindan un informe a este órgano legislativo, que incluya la documentación relacionada con la construcción de dicha obra, esto es: permisos, licencias, autorizaciones en cuanto a su planeación, decisión y ejecución.

-- Conformar una terna de peritos que sea propuesta por instituciones de carácter público, para que estos peritos emitan un dictamen técnico de impacto ecológico, apoyándose en la documentación solicitada en el punto anterior.

-- Que dicho dictamen determine, en primer lugar, si hubo irregularidades en las gestiones de carácter administrativo y, en segundo, que especifique el deterioro ambiental, que produce la construcción de la termoeléctrica.

-- Vislumbrar el uso de gas natural u otras fuentes alternativas de generación de electricidad a fin de proteger el medio ambiente, pues la utilización de alrededor de 650 mil toneladas de coque de petróleo que la termoeléctrica pretende quemar en un año, producirá un grave problema a la naturaleza atmosférica de la región.

Consideraciones

Que mediante diversas gestiones se logró recabar la documentación que a continuación se detalla:

-- Oficio de liberación del terreno para la construcción de la Termoeléctrica del Golfo, expedido por el Instituto Nacional de Antropología, el 17 de julio de 1998.

-- Autorización en materia de Impacto Ambiental condicionada, expedida el 11 de julio de 1999 por el Instituto Nacional de Ecología.

-- Licencia estatal de uso de suelo No. Tamuín-164/99, expedida el 2 de agosto por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Planeación y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas de San Luis Potosí.

-- Licencia de Construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tamuín S.L.P., el 20 de febrero de 2000.

-- Título de concesión No 09SLP102669/26FAGC- 99, para aprovechar aguas superficiales de propiedad nacional y ocupación de zona federal expedido el 8 de enero de 2000 por la Comisión Nacional del Agua.

-- Permiso para la descarga de aguas residuales al Río Tampaón expedido el 22 de febrero de 2000, por la Comisión Nacional del Agua.

-- Permiso para la construcción o modificación de obras en zonas federales expedido el 28 de febrero de 2000, por la Comisión Nacional del Agua.

-- Autorización para la construcción y operación de un depósito de cenizas expedido el 3 de octubre de 2000, por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

-- Dictamen que señala como residuos no peligrosos las cenizas procedentes del proceso industrial de generación eléctrica de la Termoeléctrica del Golfo, expedido el 16 de diciembre de 2000 por el Instituto Nacional de Ecología.

De estos documentos, la Autorización de Impacto Ambiental es el expediente más importante, ya que de acuerdo con el artículo 28, fracción II de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las obras o actividades en la industria eléctrica están reservadas a la Federación, por lo tanto para llevar a cabo estas obras se requiere de tal autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta autorización contiene sesenta condiciones que la termoeléctrica deberá cumplir en las fases de construcción, operación y mantenimiento, cuyo grado de cumplimiento deberá informar trimestralmente a las delegaciones de la PROFEPA y de SEMARNAT de San Luis Potosí.

La SEMARNAT podrá evaluar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental y solicitar información adicional con el fin de revalidar la autorización otorgada, modificarla, suspenderla o revocarla si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el medio ambiente.

Que los términos de la resolución de Impacto Ambiental se refieren a la instalación de equipo y maquinaria especializada para coque de petróleo y ningún otro combustible alternativo para la generación de electricidad, como lo propone el punto de acuerdo.

Una de las condiciones para que pueda iniciar la operación de la termoeléctrica, --lo que seguramente ocurrirá en unas pocos meses más-- es que para la obtención de la Licencia Ambiental Única se deberá garantizar que los sistemas de control de emisiones a la atmósfera aseguren un adecuado control ambiental y cumplan con la normatividad ambiental vigente.

De acuerdo con lo dispuesto por inciso c) de la fracción V, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios están facultados para autorizar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, por lo cual la sesión de cabildo en la que se autorizó el uso del suelo para la instalación de la termoeléctrica actuó en pleno ejercicio de sus atribuciones.

En la expedición de la documentación descrita han intervenido cuatro dependencias del Gobierno Federal (SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología; PROFEPA y la Comisión Nacional del Agua), dos organismos del Gobierno de San Luis Potosí (Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental), por lo tanto es improcedente integrar una terna de peritos, propuesta por seguramente las mismas instituciones públicas, para que emitan otro dictamen técnico de impacto ecológico del proyecto en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulan los siguientes:

Resolutivos

PRIMERO.- Es improcedente la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que la materia y causas que lo originaron han quedado resueltas.

SEGUNDO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

TERCERO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.--- Por la Comisión de Energía, diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, Alfredo del Mazo González, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a las autoridades federales y estatales que impidan la instalación de una planta de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California

Honorable Asamblea:

A la las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su discusión y resolución dos proposiciones con punto de acuerdo en las que se solicita a las autoridades federales y estatales la suspensión de la instalación de una planta de recepción, almacenamiento y distribución de gas natural en la Delegación de Playas de Tijuana, Baja California.

Con fundamento los artículos 39 y 45, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se abocaron al estudio y análisis de dichos puntos de acuerdo.

Antecedentes

Con fecha 14 de diciembre del 2002, el diputado Jaime Martínez Veloz Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de esta Cámara la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Energía y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales se impida la instalación del centro de recepción, desgasificación (sic) y distribución de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California.

Con fecha 12 de marzo del 2003, la diputada Julieta Prieto Furkhen del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó a la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se solicita que en caso de que la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California no hubiese cumplido con las especificaciones correspondientes, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía, al Gobierno del Estado de Baja California y al municipio de Tijuana procedan conforme a la legislación y normas vigentes a sancionar o en su caso a suspender la construcción de la planta mencionada.

Contenido de los Puntos de Acuerdo

Sustancialmente ambos puntos de acuerdo manifiestan que la instalación de la planta de gas natural antes referida, resulta inadecuada por lo siguiente:

El predio donde se intenta edificar la planta de gas natural de Marathon Oil/Gas Natural de Baja California, se encuentra en la Delegación de Playas de Tijuana, misma que en los programas de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana y el Programa de Desa-rrollo Regional del Corredor Costero Tijuana-Rosarito- Ensenada, ha sido definida como una zona residencial y turística de bajo impacto. Atentar

Este proyecto vulnera la seguridad de las familias de la zona, ya que los peligros y riesgos de la planta se agudizan por los dos tanques de almacenamiento de gas que se pretenden ubicar a 1.5 Km de distancia de la población de Playas de Tijuana en la cual residen más de 100,000 habitantes.

En tal sentido, se menciona, que la sociedad de la región se ha organizado en contra del desarrollo de este proyecto, manifestándose en diversas movilizaciones ciudadanas. En correspondencia, las autoridades municipales, del estado y del Congreso de Baja California han expresado su apoyo a las justas demandas ciudadanas.

Con base en estos argumentos, los puntos de acuerdo en cuestión solicitan a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Gobierno del Estado de Baja California y al Municipio de Tijuana informen sobre si la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos ambientales para la construcción de la planta de gas natural y en caso de no haberlo hecho se proceda a suspender la construcción de la referida planta.

Considerandos

En atención a la solicitud planteada por los asuntos en comento, la Comisión de Energía recabó la siguiente información:

Nota informativa sobre los proyectos de almacenamiento gas natural licuado en México, elaborada por la Comisión Reguladora de Energía.

Oficio 0369.04, de la Dirección General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Copia del Comunicado del Secretario de General de Gobierno del Estado de Baja California enviado a los señores James Callahan, Presidente de la Cámara Americana de Comercio en México y Héctor Rangel Domene, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Del análisis de estos documentos, se desprende lo siguiente:

El 30 de abril de 2003, la Comisión Reguladora de Energía --CRE-- con fundamento en los artículos 4º, segundo párrafo, 13 y 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 2º, fracción VI, 3º, fracciones VIII, XII, XIX y XXII, 4º y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 1º y 3º, fracciones XIV y XV, 35 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1º, 7º, 14, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 37, 60, 62, 66, 67, 71, fracción IV y 82 del Reglamento de Gas Natural, otorgó a la empresa Marathon Oil Corporatión --MOC-- el permiso para desarrollar, construir y operar la planta de almacenamiento de gas natural licuado con equipos de regasificación en Tijuana, Baja California.

Este permiso establece las obligaciones de carácter técnico, económico y jurídico que debe cumplir el concesionario para construir y operar la planta de gas natural licuado. Las disposiciones contenidas en este permiso disponen que el proyecto deberá desarrollarse con los más altos estándares de seguridad e ingeniería, atendiendo a las normas oficiales mexicanas y al marco jurídico previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y en el Reglamento del Gas Natural.

Sin embargo, el permiso otorgado a MOC, por supuesto que de ningún modo cubre alguno de los requisitos establecidos en los ordenamientos federales y locales en materia ambiental, los cuales la empresa deberá tramitar ante las instancias correspondientes, empezando, desde luego, por la Manifestación de Impacto Ambiental.

Respecto a esto último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, informa que tanto esta oficina como la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California no tienen registrado alguna Manifestación de Impacto Ambiental, en cualquiera de sus modalidades para la construcción de una planta de gas natural licuado en la Delegación Playas de Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California.

Por otra parte, el pasado 27 de febrero de 2004, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo mediante el cual se expropian 988, 773,178 metros cuadrados, a efecto de regularizar los terrenos destinados a la vivienda popular y el Acuerdo mediante el cual se expropian 7,479,348,288 metros cuadrados para el desarrollo de la industria, vivienda, comercio e industria turística, entre otros, mismos que conforman la superficie expropiada.

Debido a que una gran parte de esta superficie expropiada era terrenos donde se proyectaba construir y operar la planta de gas natural, MOC se vio obligada a retirar su inversión de Baja California.

Sin embargo, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio ni en la Oficina Catastral Municipal, ambos en Tijuana B.C., se advirtió que MOC, sus filiales, agentes o subsidiarias, extranjeras o nacionales cuenten con título de propiedad o contrato alguno mediante el cual se desprenda en su favor algún derecho de propiedad, posesorio o de cualesquier otro tipo, en o próximo a la superficie expropiada.

Tampoco consta en los archivos de las dependencias estatales y municipales solicitud alguna para obtener la autorización de uso del suelo por parte de la autoridad municipal, así como del resto de las autorizaciones que en ejercicio de sus atribuciones expiden las autoridades locales.

En suma, de acuerdo a declaraciones expresadas por funcionarios de la MOC a las autoridades del gobierno de Baja California, de un total de por lo menos 21 autorizaciones que regularmente requiere un proyecto como el que se pretendía llevar a cabo tan sólo se contaba con la autorización expedida por la CRE, misma, que, repetimos, se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulan el siguiente:

Resultando

PRIMERO.- En virtud de que el propósito de la Proposición con Punto de Acuerdo ha sido satisfecho en el mismo sentido planteado por ésta, se considera el asunto en comento como total y definitivamente concluido.

SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.--- Por la Comisión de Energía, diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica en contra), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega, Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno. Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a que actúen en concordancia con los ordenamientos locales y federales en relación con la construcción de la central termoeléctrica Rosarito IV

Honorable Asamblea:

Las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

En sesión celebrada por el Pleno de la LVII Legislatura. el 6 de septiembre de 2001, el Presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados acordó enviar a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la proposición con punto de acuerdo presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la que se exhorta a la Subsecretaría de Recursos Naturales para que con base en la legislación vigente y en la manifestación de impacto ambiental ya presentada, desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad y evite con ello la degradación y daño a nuestro entorno natural en Ensenada, Baja California, por la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV. Asimismo, el punto de acuerdo exhorta al Gobierno del Estado de Baja California, a las direcciones de ecología del municipio de Ensenada y del estado para que en función de sus facultades y con apego a la legislación vigente actúen en concordancia en relación con el proyecto termoeléctrico Rosarito IV.

Para atender este asunto, la Comisión de Energía solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Dictamen de Impacto Ambiental y la información relacionada con la construcción de la Planta Termoeléctrica Rosarito IV. Dicha información fue recibida en las oficinas de la comisión el pasado 10 de marzo del año en curso.

Con base en lo anterior, las comisiones dictaminadoras se abocaron al estudio y análisis de la referida proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente es una norma de naturaleza concurrente, en la que los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, cada uno en la esfera de su competencia, deben instrumentar políticas concernientes a la protección del medio ambiente, y tienen por obligación de observar las disposiciones en esta materia.

En la actualidad los sistemas modernos de administración promueven la protección al medio ambiente y parten del principio, según el cual todas las afectaciones al medio ambiente son evitables, luego entonces la política a seguir es la prevención de posibles daños a la ecología, mas que remediar o reparar el daño.

La construcción y operación de una empresa como la Termoeléctrica Rosarito IV, genera una serie de riesgos para la ecología y para la salud de los habitantes del Municipio de Ensenada Baja California, en virtud de que se puede afectar la vegetación, la fauna, el medio acuático tanto la flora como las especies marinas (erizo, abulón, langosta, etc.). Todas las especies mencionadas se encuentran previstas o protegidas en las listas de las Normas Oficiales Mexicanas.

No debemos olvidar que para generar energía eléctrica, como la que nos ocupa, se utiliza tanto gas natural como diesel, en consecuencia las emisiones de contaminantes a la atmósfera que se producen son óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, por lo que tales emisiones deberán estar controladas conforme a los parámetros de la legislación ambiental y de las Normas Oficiales Mexicanas.

También las características de la planta conllevan al uso de una cantidad importante de agua para los sistemas de enfriamiento, lo cual, evidentemente, propicia grandes volúmenes de aguas residuales que a, su vez, el depósito de las mismas se convierte en un serio problema.

Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece políticas y medidas que se deben adoptar dependiendo de la actividad y grado en que se realizan, como es el caso de la generación de energía eléctrica. Dicha ley contiene previsiones específicas para determinar el impacto que la mencionada industria puede ocasionar al medio ambiente. El artículo 203, prevé que toda persona que contamine o deteriore al ambiente o afecte los recursos naturales o a la biodiversidad, será responsable y estará obligada a repara los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.

En cumplimiento con lo anterior, el 27 de marzo de 2000. la Central Termoeléctrica Rosarito IV, Productor Externo de Energía, cuyo promovente la Comisión Federal de Electricidad, ingresó a la SEMARNAT el expediente de manifestación de impacto ambiental, modalidad general y estudio de riesgo, para su respectivo procedimiento de evaluación.

El 30 de noviembre de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, dictaminó improcedente dicha manifestación de impacto ambiental, modalidad general y estudio de riesgo por contravenir lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California y en el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Ensenada.

Al respecto, es pertinente mencionar que la promovente ha interpuesto dos recursos administrativos de revisión, el primero de los cuales, el primero de los cuales se resolvió nuevamente con dictamen negativo, y el segundo fue turnado para su atención a la Coordinación General Jurídica de la SEMARNAT, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de la resolución final.

Sobre esto último, la proposición del punto de acuerdo que nos ocupa solicita que se exhorte la Subsecretaría de Recursos Naturales para que con base a la legislación vigente y a la manifestación del impacto ambiental se desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, jurídicamente ello no es posible puesto que tal recurso administrativo se encuentra previsto en los artículos 176 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Así, el artículo 177 establece que: ``Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión...''. Por lo tanto, esta comisiones no cuenta con facultades para influenciar, persuadir o disuadir a otra autoridad para que en aras de su potestad resuelva en tal o cual sentido.

En mérito de lo antes expuesto y fundado las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales emiten su dictamen al punto de acuerdo propuesto en los siguientes puntos:

Resolutivos

PRIMERO.- En virtud de la Cámara de Diputados no está facultada para exhortar a la Subsecretaría de Recursos Naturales en el sentido que se desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad, se considera improcedente la proposición con punto de acuerdo en comento. Por lo anterior, se determina este asunto como total y definitivamente concluido.

SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.--- Por la Comisión de Energía, diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega, Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno. Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Energía, sobre dos proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita información a la Secretaría de Energía, la primera, y a la paraestatal Petróleos Mexicanos, la segunda

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo. Una por la que se solicita diversa información a la Secretaría de Energía y otra por la que se solicita información a la paraestatal Petróleos Mexicanos.

La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Antecedentes1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 20 de abril de 2004, el diputado Jesús E. Martínez Álvarez del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003.

2. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004, el diputado Jesús E. Martínez Álvarez presentó una segunda proposición para que la Cámara de Diputados solicite al Director General de Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el proceso de baja y la contratación de 16 buques tanque para su servicio.

3. El Presidente de la Mesa Directiva acordó en ambas proposiciones dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Energía''.

4. A fin de tener elementos para analizar las proposiciones que se dictaminan se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía, para el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

Contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003, resalta en su contenido la importancia de Petróleos Mexicanos en el país, por lo que es considera indiscutible tener acceso a la información integral de Petróleos Mexicanos, y no tan solo la información que mediante los directivos de PEMEX se proporciona.

En consecuencia refiere que es facultad y obligación de la Cámara de Diputados el contar con la información esencial acerca de la situación económica, financiera y operativa de Petróleos Mexicanos. Por lo que puntualiza que sin esta información, cualquier autorización o análisis que realice esta Cámara respecto de PEMEX carece de sentido.

En tal virtud, se solicita en dicha proposición, que la Secretaría de Energía entregue un diagnóstico integral sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003 y se pueda contar con información suficiente para que esta Cámara proponga medidas y acciones particulares a problemas específicos en dicha entidad. Así mismo, se detallan una serie de cuestionamientos a los que deberá ceñirse el informe solicitado.

2. Por otra parte, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Director General de PEMEX un informe detallado sobre el proceso de baja y la contratación de 16 buques tanque, resalta en su contenido la obligatoriedad constitucional de la administración pública para que en caso de un litigio para conceder prerrogativas o concesiones de algún bien o servicio, se de preferencia a los mexicanos en igualdad de circunstancias.

El proponente hace hincapié en el caso de la existencia de un contrato que pudiera beneficiar a empresas y trabajadores nacionales, se deben puntualizar todos los detalles relacionados con las condiciones de licitación; más aún, cuando existe la intención de dar de baja 16 embarcaciones y arrendar estos servicios con barcos de bandera panameña en un contrato que ascenderá a más de 1,000 millones de dólares.

Ante la duda respecto de esta decisión, el diputado Martínez Álvarez solicita que la Cámara pida un informe detallado sobre el mencionado proceso de baja y contratación de esos 16 buques-tanque al servicio de PEMEX.

Planteado el contenido y la intención de las proposiciones con punto de acuerdo que se analizan en este dictamen, se precisan un conjunto de observaciones, las cuales se presentan bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Se comprende la intención del diputado proponente en ambos puntos de acuerdo, dado que los temas son de interés de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

2. En aras de las facultades expresas de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos plasmados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de octubre de 2003 el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, votaron y firmaron unánimemente el siguiente acuerdo legislativo:

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones.

En el artículo Décimo Segundo de dicho acuerdo, se indica lo siguiente:

Artículo Décimo Segundo.

En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

No se considerará materia para una proposición con punto de acuerdo, aquélla que verse sobre asuntos que entrañen una gestión, los cuales deberán exponerse de manera directa ante el Comité de Información, Gestoría y Quejas. De igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental ni la petición para que una Comisión se reúna con algún funcionario público del Ejecutivo Federal. Tales trámites deberán hacerse con base en lo preceptuado por el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior.

3. Del anterior numeral cabe señalar que en el acuerdo suscrito por los integrantes de dicho órgano colegiado, prevaleció el respeto a los contenidos que tanto la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; dado que en ellos se establece per se cuales son los mecanismos para la solicitud de información.

Es decir, el acuerdo parlamentario al que se hace alusión, no atenta de manera alguna los mecanismos que ya establecen el marco normativo de esta soberanía. Por ello se señala en la parte final del artículo referido los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para la solicitud de información.

Por lo anteriormente expuesto las Comisión de Energía de esta H. Cámara de Diputados.

4. Resuelve

PRIMERO. Por lo expuesto en las consideraciones, las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el rubro de antecedentes no son procedentes, dado que la naturaleza del objeto de las mismas es la solicitud de información a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, dependencias de la Administración Pública Centralizada y Pública Descentralizada, respectivamente. Lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo Décimo Segundo del ``Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación''.

SEGUNDO. Dado el interés que predomina en la Comisión de Energía, la información descrita en las proposiciones en cuestión será solicitada a las dependencias correspondientes en los términos y condiciones que establece el marco jurídico del Congreso.

TERCERO. Archívense las proposiciones con punto de acuerdo que aquí se dictaminan, como asuntos total y definitivamente concluidos.

CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Energía, a tres proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Ejecutivo federal a que el proyecto petroquímico Fénix se ubique en una determinada ciudad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen tres proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Poder Ejecutivo para que el Proyecto Petroquímico ``Fénix'' se ubique en una determinada ciudad.

La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 5 de abril de 2004, el diputado Jesús Nader Nasrallah integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a los tres órdenes de gobierno, federal, del Estado de Tamaulipas y municipales de Tampico , Madero y Altamira, para que se coordinen a fin de impulsar el proyecto Fénix.

2. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2004, el diputado Gonzalo Guizar Valladares en representación de los seis grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, presentó ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo para que determine que la construcción del proyecto petroquímico ``Fénix'' se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, dándole seguimiento mediante la creación de una Comisión Especial de Diputados.

3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004, los diputados federales Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo para que recomiende y, en su caso, determine que la construcción del proyecto petroquímico ``Fénix'' se ejecute en Altamira, Tamaulipas.

4. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó en las tres proposiciones con punto de acuerdo dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Energía''.

5. A fin de tener elementos para analizar las proposiciones que se dictaminan, se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía para que se realizara el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

Contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo

1. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Antonio Nader Nasrallah enfatiza en su contenido la importancia del propósito expresado en el Programa Sectorial de Energía, para impulsar el desarrollo de la industria química nacional con proyectos como el que nos ocupa y que considera la construcción de dos complejos petroquímicos que podrían beneficiar a la población del sur del Estado de Tamaulipas.

En consecuencia, propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo, al Gobernador del Estado de Tamaulipas y a los presidentes municipales del sur del Estado de Tamaulipas a coordinarse a fin de que se generen los incentivos necesarios tendientes a impulsar el Proyecto ``Fénix'' y a aumentar la inversión en materia petroquímica.

2. La proposición del diputado Gonzalo Guizar Valladares indica en su contenido que el sector petrolero es el pilar del crecimiento económico del país y de las finanzas públicas, por lo que requiere un impulso de innovación y transformación, que está relacionado con sus necesidades de inversión-financiamiento.

En consecuencia, proyectos como el Fénix, toman una gran relevancia para satisfacer objetivos múltiples en materia de generación de divisas, fortalecimiento del ahorro y el mercado interno. Manifiesta el diputado proponente su interés de que dicho proyecto sea localizado en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, argumentando que dicha región cuenta con insumos de calidad a precios competitivos, instalaciones adecuadas, recursos tecnológicos de vanguardia y el más adecuado nivel de desarrollo técnico en la región.

Asimismo, precisa que el proyecto, si se localiza en esa zona, permitiría beneficios directos e indirectos para los estados de la región sur-sureste, en una mayor derrama que se volvería multiplicadora de la inversión y apoyaría otros proyectos considerados dentro del Plan Puebla-Panamá, así como del proyecto ferroviario que seguramente en un futuro atravesará el Istmo de Tehuantepec.

Por lo antes señalado, el diputado Guizar propone exhortar al Poder Ejecutivo, a efecto de que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal (sic) por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos realice lo conducente para determinar que la construcción del mega proyecto petroquímico Fénix se ejecute en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. En el mismo sentido solicita crear una comisión especial plural de diputados, para dar seguimiento constante en todas las fases de construcción del proyecto ``Fénix''.

3. La proposición por la que los diputados Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo indica que Altamira cuenta con uno de los puertos de mayor capacidad de carga del país y es puerta de salida de productos nacionales hacia Norteamérica y Europa; que en dicho municipio ha tenido lugar el desarrollo de un enclave industrial caracterizado por reunir una serie de empresas petroquímicas de capital privado de categoría mundial, enfocadas a la producción de diversas materias primas a partir de derivados del petróleo. Asimismo, refiere que el municipio de Altamira representa para el proyecto Fénix grandes ventajas, entre ellas: el interés de los gobiernos estatal y municipal además de apoyo del sector empresarial de la región; cuenta con mano de obra calificada y baja rotación del personal y programas de apoyo para el desarrollo de proyectos de alta tecnología, equipamiento urbano, infraestructura, etcétera.

El objeto principal de la proposición es exhortar al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Energía, por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, realice lo conducente para recomendar y, en su caso, determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, por las ventajas competitivas que ello representa para dicho desarrollo industrial.

Planteado el contenido y la intención de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se analizan por la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, se precisan un conjunto de observaciones, las cuales se presentan bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Dentro del Programa de Energía 2001-2006 y a través de PEMEX Petroquímica inició la Promoción del Proyecto Fénix, que contempla dos etapas de construcción la primera, un complejo de olefinas y derivados y en una segunda etapa un complejo de aromáticos. De dicho Proyecto se pretende obtener un millón de toneladas por año de etileno y 500 000 de propileno, que serán usados como materias primas para derivados como polietilenos, polipropilenos, estireno, butadieno y otros derivados de éstos, lo que genera un impacto positivo para México en aras de volver a ser un exportador de productos petroquímicos.

2. El siguiente cuadro muestra las diferentes etapas de desarrollo del Proyecto ``Fénix'' y el avance a la fecha:

De lo anterior es de referir que de acuerdo a la calendarización propuesta para el desarrollo del Proyecto ``Fénix'', esta en elaboración un estudio técnico-económico.

3. Por otro lado, definir la localización de una inversión significa analizar de entre las alternativas técnicamente posibles elegir la que menores costos genere y sea la opción óptima para su desarrollo, para ello es importante considerar por lo menos los siguientes elementos:

-- El tipo de mercado y su forma de distribución

-- El origen de las materias primas, para el caso específico se requiere entre otras materias naftas o gasolinas ligeras y además otros insumos importantes para la operación de la planta.

-- Si se dispone del personal especializado

-- La infraestructura de transporte y de comunicaciones imperantes.

-- La existencia, cantidad y calidad de los servicios de la zona

-- Los reglamentos y los estímulos fiscales y financieros de la región.

4. La Administración Pública Federal, en términos de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ``... será centralizada y paraestatal. Conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso...''. Petróleos Mexicanos, como parte de la Administración Pública Paraestatal es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

5. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 11 señala que ``Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la Administración Pública.''

6. Pretender indicar a Petróleos Mexicanos la localización de un proyecto, limita la autonomía de gestión de PEMEX, cuando esta decisión para un proyecto de la envergadura del que nos ocupa amerita un análisis profundo y complejo de los factores arriba mencionados, por parte de sus formuladores.

Por lo anteriormente expuesto las Comisión de Energía de esta H. Cámara de Diputados.

4. Resuelve

PRIMERO. No son de considerarse las proposiciones que aquí se dictaminan.

SEGUNDO. A fin de salvaguardar el interés de los diputados Jesús Nader Nasrallah, Gonzalo Guizar Valladares, Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo, se remitirá el texto de sus proposiciones a Petróleos Mexicanos para su consideración.

TERCERO. Por consiguiente, archívense los expedientes correspondientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.--- Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en relación con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se aplicaron a partir del ciclo escolar 2004-2005

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la H. Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el Punto de Acuerdo por el cual, el Dip. José Guzmán Santos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar, en su estructura orgánica, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005.

Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45; párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dictamen, conforme a la metodología que a continuación se describe:

I. En el capítulo ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

IV. En el capítulo de RESOLUTIVOS, La Comisión dictaminadora expresará según sea el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 7 de diciembre de 2004 por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado con el Oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-997, el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar, en su estructura orgánica, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005; y en la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión, para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO:

Señalan que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone, en el articulo 30, fracción I, inciso c) que, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal está obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarias o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Afirma que aunado al acuerdo en comento, con fecha 9 de septiembre de 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como un addendum al mismo, el pasado 5 de octubre.

Y entre las principales propuestas contenidas en el documento referido, se encuentra la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal y se propone la sustitución de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada Educación Media Superior.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345 por el que se determina el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del presente año, implantó, a partir del ciclo escolar 2004-2005, dicho plan de estudios en el que disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas y quedan sin definirse las especialidades y programas de las actividades tecnológicas.

La sola posibilidad de lograr que un buen número de alumnos de secundaria se incorpore al bachillerato tecnológico y de ahí a una educación superior tecnológica, puede significar importantes avances en la conformación de una masa crítica de científicos y tecnólogos que tanto requiere el país para lograr un desarrollo socialmente más justo y equitativo, pero también sustentable en beneficio de las generaciones futuras.

En esta visión, México ha venido construyendo y consolidando su Sistema Nacional Tecnológico a partir de la creación y articulación de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta superior, pasando por la formación para el trabajo como una opción para la incorporación inmediata al mudo laboral.

Con el objeto de darle mayor viabilidad y articulación a este proceso se creó en 1958 dentro de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y como soporte académico y optativo al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).

Se requiere pues, de una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referentes a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos lo tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio sistema Nacional de Educación Tecnológica, con los siguientes efectos previsibles:

- La desarticulación de los programas y los servicios de capacitación y educación tecnológicas entre el nivel medio superior y superior.

- La posibilidad de no contar con una instancia que realice planeación estratégica para la asignación con equidad de los recursos disponibles y la consecución armónica de metas y objetivos en materia de educación e investigación tecnológica que correspondan a las expectativas de crecimiento del país.

- La inevitable pérdida de los avances que en materia de cultura tecnológica ha venido articulando la SEIT, a través de los distintos tipos y niveles educativos que hasta la fecha coordina.

- La eliminación de un mecanismo alternativo que complemente los esfuerzo nacionales para la formación de docentes e investigadores altamente especializados, para cubrir las necesidades del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

Sería lamentable desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar un Sistema Nacional de Educación Tecnológica en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial, en la que el conocimiento científico y tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados son estrategias nodales para la competencia mundial.

Por otra parte, el plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, modificado mediante el Acuerdo 345 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto pasado, reduce el número de horas-clase en materias científicas, fusiona y desaparece algunas de las asignaturas humanísticas y deja indefinido el contenido de las áreas tecnológicas. Este hecho, aunado a la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, limita las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados de otros sistemas de educación media superior.

De conformidad con las atribuciones legales conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los dictámenes de los puntos de acuerdo presentados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se encargo de preparar el presente dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentario, al tenor de las siguientes:

III: CONSIDERACIONES:

Avocada la Comisión al estudio del punto de acuerdo remitido por el Dip. José Guzmán Santos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para su atención y respuesta, se desprende que de la investigación realizada con las facultades para conocer y resolver el asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala:

A. La finalidad de la educación tecnológica para los alumnos es el aprendizaje del conocimiento tecnológico que esté relacionado con la lógica de los objetos y procesos técnicos, su estructura y funcionamiento, etc. Y que en países desarrollados este tipo de educación tecnológica es de mayor relevancia para adoptar la preparación futura del desarrollo tecnológico del país, sin embargo la proposición en comento nos hace una referencia de la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone que las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarías o niveles equivalentes, a reserva de las excepciones que justifiquen ante la SHCP y de la Función Pública y se sometan a opinión de esta H. Cámara de Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por que considera esta comisión dictaminadora la importancia de un reordenamiento o ajuste de la estructura.

B. Si bien es cierto que hay desaparición de dos subsecretarías y que la Secretaría de Educación Pública presentó un anteproyecto de Reglamento Interior para la misma, es porque ha hecho los ajustes necesarios para que la labor de estas subsecretarías antes mencionadas se lleve a cabo sin perder el sentido de la responsabilidad que cada una de ellas tenía.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura, con atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se desecha el Punto de Acuerdo, ya que resulta imposible exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que conserve en su estructura orgánica a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, no solo porque ya emitió el Plan de Estudios sino por que ésta Secretaría se ha ajustado a su estructura según lo dispone el Artículo 30, fracción I, inciso c) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004, además de que la propuesta es poco viable, ya que no se cuenta con el presupuesto suficiente y no fue contemplado para la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2005.--- Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Israel Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González, Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos.»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina que establezcan un programa emergente, con la finalidad de evitar la contaminación de las playas nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, implementen un programa emergente, con el objeto de evitar la contaminación de las playas nacionales, suscrita por los Diputados Víctor Díaz Palacios y Jaime Larrazabal Bretón, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 05 de marzo de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina Armada de México, implementen un programa emergente, con el objeto de evitar la contaminación de las playas nacionales, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que las descargas al mar de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales sin tratamiento adecuado constituyen un problema que está deteriorando gravemente ambientes costeros y marinos del planeta.

2. Que la contaminación microbiológica del mar ha precipitado una crisis de salud con implicaciones globales masivas.

3. Que estudios de la Secretaría de Salud demuestran aumento de enfermedades adquiridas por bañistas en playas mexicanas.

4. Que debido a la fuerte problemática, la Secretaría de Marina Armada de México, publicó un atlas mostrando sitios con diferentes grados de contaminación en las zonas costeras del país.

5. Que en abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas de manera coordinada entre las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Turismo. A lo largo de ese año se sistematizaron y homogeneizaron los monitoreos del agua de mar, de acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar de contacto recreativo.

6. Que actualmente, son los Laboratorios Estatales de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, quienes realizan los muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estados costeros de México.

7. Que los resultados de los monitoreos realizados a las playas mexicanas se publican en las páginas electrónicas de las Secretarias mencionadas.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica de Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO TODA VEZ QUE EL ASUNTO QUE LO MOTIVÓ HA QUEDADO RESUELTO.

SEGUNDO.- ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión solicite al Congreso de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental, el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, suscrito por el Diputado Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2004, el Diputado Antonio Mejía Haro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental, el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad.

2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada por Canadá, Estados Unidos y México en 1994, cuando entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). La CCA tiene como misión contribuir a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte a través de la cooperación y la participación ciudadana. En el contexto de los crecientes vínculos económicos, comerciales y sociales entre los tres países, la CCA trabaja para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Cuando en 2001 se informó de la propagación de maíz genéticamente modificado entre variedades criollas en los valles elevados de Oaxaca, la consabida controversia y el debate en torno a los cultivos genéticamente modificados, o transgénicos, se arraigaron de pronto en México. Más recientemente, pruebas e investigaciones auspiciadas por el gobierno de México han confirmado la presencia de material transgénico en los maizales de la región de la Sierra Norte y de otros lugares.

Al igual que muchas otras personas, los campesinos saben bien que las plantas de polinización abierta como el maíz intercambian sus genes con gran facilidad, por lo que era natural que se preocuparan y tuvieran dudas en torno a los efectos de los transgenes.

En 2002, representantes de la sociedad civil mexicana, organizaciones internacionales y, en particular, grupos indígenas y campesinos de Oaxaca, solicitaron al Secretariado de la CCA iniciar un estudio independiente para determinar los hechos, por lo que a partir de junio de 2002 la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) anunció que estudiaría la contaminación genética del maíz bajo los lineamientos del artículo 13 del ACAANE, en el mes de octubre la CCA publicó la lista de los dieciséis integrantes del grupo asesor.

Una vez realizado el procedimiento de definición y evaluación de los temas a tratar, así como el nombramiento de expertos en cada uno de los mismos, se llevó a cabo el simposio ``El maíz y la biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en la Ciudad de Oaxaca'', acudiendo a dicho evento numerosas organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y académicos.

La CCA manifestó que el informe final que incluye las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, fue presentado el 13 de septiembre de 2004 al Consejo de la CCA, integrado por los ministros de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, que normalmente lo hace publico en los 60 días siguientes a su recepción, a menos que el Consejo decida otra cosa.

El secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) ha publicado su informe del artículo 13 del ACAAN ``Maíz y Biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México: conclusiones y recomendaciones'', el 8 de noviembre de 2004 en su página electrónica. Dicho informe fue elaborado por el grupo asesor independiente seleccionado por el secretariado.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- NO ES DE APROBARSE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, TODA VEZ QUE AL HABERSE PUBLICADO EL INFORME DEL ARTÍCULO 13 POR EL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL (CCA) EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2004 EN SU PÁGINA DE INTERNET (www.cec.org/maiz), SE CONSIDERA QUE HA QUEDADO RESUELTO LO SOLICITADO.

SEGUNDO.- ARCHÍVESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.--- Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, referente al punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, presentado por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', LA Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES.

El Diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó el día 9 de noviembre del año 2004. Durante la Sesión, el Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a la Comisión de Salud, de esta LIX Legislatura, para la elaboración del dictamen respectivo.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

En la exposición de motivos que presentó el Diputado Omar Bazán Flores, refiere que en la comunidad de Atascaderos municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua enfrenta un grave problema epidemiológico por el descontrolado crecimiento de la población de roedores, ya que por cada habitante de esta comunidad existen 330 roedores, y en un año más, después del invierno y si no se controla la plaga, la población de roedores se habrá quintuplicado, con el consecuente riesgo para la salud de los habitantes.

Refiere el Diputado que los roedores pueden transmitir un sinnúmero de enfermedades; sus dos principales vías de transmisión son la contaminación de alimentos y la portación de parásitos, tales como pulgas o garrapatas, así como el riesgo de la transmisión de rabia.

Refiere el Diputado que los roedores, por sus cualidades evasivas y su inteligencia, constituyen una de las plagas más difíciles de controlar; en casi todos los casos, es necesario un trabajo conjunto de manera interinstitucional. Los procesos de saneamiento, por lo general, deben ser acompañados por mejoras de higiene de las áreas contaminadas. Todos estos factores demandan tiempo, recursos y una gran dedicación, para obtener resultados adecuados y permanentes. En este caso concreto los pobladores de Atascaderos, Guadalupe y Calvo municipio del estado de Chihuahua, se enfrentan a un gran riesgo Epidemiológico si no se ataca de manera urgente la plaga de roedores que viene sufriendo esta comunidad tiempo atrás, agregando a esto el efecto negativo que tienen en sus cosechas y alimentos de primera necesidad.

III. CONSIDERACIONES.

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;

A. Con Fecha 10 de Diciembre del año 2004, y mediante oficio numero CS/1270/04, se solicito a la Dirección General de los Servicios de salud a cargo del Ejecutivo Estatal de Chihuahua, la información respectiva del estado que guarda la situación en la zona de Atascaderos, del Municipio de Guadalupe y Calvo.

B. Con fecha 4 de Diciembre de 2004, el Dr, Javier Lozano Herrera, Director de los Servicios de Salud, remitió la siguiente información:

La Comunidad de Atascaderos, es atendida por el IMSS Oportunidades, y se organizaron dos campañas de Limpieza del área, dicha campaña se realizo conjuntamente con la población.

El 19 de octubre autoridades locales (maestros y alumnos de las escuelas), estatales (Servicios de Salud de Chihuahua, Protección Civil y la Facultad de Zootecnia de Chihuahua) y federales (Comisión Nacional de Áreas Protegidas), iniciaron una estrategia consistente en el uso por tres días de cebos preparados con cacahuate y ajo y la aplicación de fósforo de zinc al cuarto día. El 24 de octubre, personas de la comunidad capacitadas, recolectaron y apilaron los cadáveres de las ratas para su incineración, con lo que exterminaron a 30% de los roedores. Adicionalmente se efectuaron acciones de descacharrización del área y fueron eliminados los granos almacenados contaminados por las heces y orina de las ratas.

Del 1 al 16 de noviembre, con la asesoría del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se utilizó un anticuagulante (Warfarina) mezclado con maíz; nuevo químico utilizado en una tercera etapa del operativo, sustancia que por sus características no representan riesgo para los usuarios, sin embargo, sanidad vegetal brinda la asesoría en su aplicación para reforzar el nivel de seguridad en la población. Los días 11 y 12 de noviembre, personal de los SESA del estado acudieron a verificar los resultados de las acciones que se han venido realizando, observando una mortandad promedio de aproximadamente 90 roedores diarios. Se ha mantenido pláticas educativas dirigidas a la comunidad sobre limpieza y saneamiento ambiental.

A finales del mes de noviembre se estableció un sistema especial de trampas con la participación de expertos, lo que ha aumentado en 90% la eliminación de los roedores. Actualmente la población mantiene en operación este sistema de control de ratas, el saneamiento y descacharrización permanentes de las áreas donde se resguardan los granos, así como las medidas estrictas de higiene para evitar cualquier tipo de enfermedad. Se mantiene así mismo, la vigilancia epidemiológica en la zona, no reportándose a la fecha padecimientos asociados a roedores. En apoyo a los operativos de campo se instaló una Comisión local en la que participa, además de las Institucionales estatales ya mencionadas, las autoridades de la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo y de la Presidencia seccional de la Población. Además de donó una máquina para moler granos almacenados en bodegas y trojes evitando así, el almacenamiento inadecuado de los mismos y la prolefiración de nichos unidos que propicien la presencia de ratas.

Finalmente se informa que los SESA de Chihuahua llevan a cabo un estudio de prevalencia y factores de riesgo principalmente relacionados con leptospirosis, para determinar riesgos asociados a esta enfermedad y a la presencia de los roedores en dicha localidad. El CENAVECE mantiene la comunicación permanente con las autoridades de los SESA de Chihuahua para el seguimiento de las medidas interinstitucionales aplicadas y sus resultados, a efecto de garantizar la eficacia de las intervenciones en el área afectada y mantener informada a la población.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente:

RESOLUTIVO.

Único. No es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, para declarar zona de desastre; por considerar que el Problema de contaminación por roedores en la región conocida como Atascaderos del Municipio de Guadalupe y Calvo del Estado de Chihuahua, ya fue controlada por las Autoridades Sanitarias del propio Ejecutivo Estatal.

Archívese el documento, como asunto concluido.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Maria del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, respecto al punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar, mediante las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, un proyecto a fin de incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule la producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el 14 de Diciembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, elaboren un proyecto para incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule la producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos, remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En al capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del Punto de Acuerdo en análisis.

I. ANTECEDENTES.

El 18 de Noviembre de 2004 los diputados integrantes de las Comisiones unidas de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de la honorable X Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobaron Punto de Acuerdo remitido por la H. LVI Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual envían un exhorto al Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, se elabore un proyecto para incluir en la Ley General de Salud, un apartado de productos Biotecnológicos Transgénicos, con el fin de regular lo relativo a su producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El punto de acuerdo señala que en nuestros días los cultivos transgénicos están presentes en 18 países, siendo 7 millones el número de productores que los utilizan; más del 85 % de éstos son productores de escasos recursos en países en vías de desarrollo.

Por ello hoy en día existen problemas al enfrentar la producción de los alimentos y en ello se plasma la generación de Organismos Genéticamente Modificados, y por esto se debe garantizar una política de inocuidad de productos destinados a la alimentación humana y aquellos que se podrán introducir en algunos ecosistemas o regiones sin causar daños y efectos al ambiente.

Derivado de lo anterior se plasma en el Punto de Acuerdo que es necesario que se elabore un proyecto para incluir en la Ley General de Salud un apartado de productos biotecnológicos y transgénicos con la finalidad de que se indique con claridad lo referente al establecimiento del registro de la producción total, distribución, venta y destino final de los Organismos Genéticamente Modificados, por ende se exhorta a las Comisiones de Salud tanto de la Cámara de Diputados y Senadores para que regulen este problema.

III. CONSIDERACIONES.

A. Desde tiempos inmemorables los seres humanos han modificado el entorno que los rodea y han seleccionado características valiosas de diferentes plantas y animales. Los métodos convencionales de mejoramiento de plantas y animales, a través de la fertilización cruzada y la selección, han permitido desarrollar variedades con grupos de características particulares.

En las últimas tres décadas, los investigadores han descubierto que el DNA puede ser modificado o intercambiable entre plantas, animales, bacterias y otros organismos, actualmente se esta volviendo un factor de riesgo o bien un problema de salud pública y esto refiriéndonos a los organismos genéticamente modificables como lo son los alimentos.

B. Es un problema enfrentar la producción de alimentos que una población demandante y en continuo crecimiento requiere; por lo que, desde años atrás se realizan estudios científicos, ejemplo de lo anterior es la generación de los OGMs.

Sabemos y se debe tomar en cuenta que el uso de los organismos transgénicos debe hacerse a partir de un riguroso análisis de los riesgos que puedan representar para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.

C. Los OGMs son seres vivos nuevos, inéditos en la naturaleza y poseen información genética que no existía en su especie, ejemplo de ello es que la región mesoamericana de la que México forma parte, corresponde a uno de los centros de origen y diversificación de importantes cultivos agrícolas como son el maíz, el chile, la calabaza, el tomate entre otros. Es por esto, y coincidimos con los proponentes que es de crucial importancia que se lleven a cabo rigurosos análisis de riesgo y una regulación que permita tomar decisiones fundamentadas y responsables respecto a la liberación de cultivos genéticamente modificados, particularmente para los que México es centro de origen y diversificación.

Cabe señalar que la idea positiva que se tiene sobre los OGMs es que manipulando el material genético de las especies que consumimos, se evita que las plagas y las condiciones atmosféricas cambiantes perjudiquen la producción agrícola.

D. Sin embargo a raíz de estos problemas, nuestro país se fue dirigiendo a una regulación eficaz y veraz, y como resultado de ello se regulo lo anterior con el fin de darle prioridad a este problema y por ende evitar que se intensifique. El producto de esto arrojo que el 15 de Febrero del 2005 fuera aprobada por el Senado de la República la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados con un resultado de 87 votos en pro, 16 en contra y 6 abstenciones.

Como antecedente se puede mencionar que el 24 de mayo de 2000 el Ejecutivo Federal firmó ad referéndum el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual establece las bases para regular el uso y manejo seguros, así como los movimientos transfronterizos, de organismos vivos modificados provenientes de la biotecnología moderna, con la finalidad de proteger la diversidad biológica y la salud humana de los posibles riesgos que dichos organismos les pudieran representar.

Una de las obligaciones más importantes impuestas por el Protocolo de Cartagena y asumidas por el Estado Mexicano es la de expedir las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de dicho tratado internacional. En este sentido, el Senado de la República integró una Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados presentada el 12 de Noviembre de 2002.

El 28 de abril de 2003, la Iniciativa de Ley aprobada por el Senado se turnó como Minuta a la H. Cámara de Diputados, a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología.

En la misma fecha las dos Cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal suscribieron con los sectores agrícola y campesino del país el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias. En este acto se acordó exhortar al Poder Legislativo a consultar con las organizaciones campesinas y de productores el contenido de la Iniciativa de Ley de Bioseguridad aprobada por el Senado.

El 6 de agosto de 2003 la colegisladora, por conducto de la Comisión de Agricultura y Ganadería, realizó un Foro Nacional de Consulta de la Minuta ya mencionada, asimismo el 11 de septiembre de 2003 entró en vigor para México y otros países el Protocolo de Cartagena, surtiendo plenos efectos frente a la comunidad internacional respecto de su aplicación y cumplimiento de sus previsiones.

El 14 de diciembre de 2004, la H. Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bioseguridad, la cual contiene diversas modificaciones al articulado aprobado originariamente por el Senado. En esta misma fecha se devuelve a la cámara de origen con las modificaciones expuestas, la cual se aprueba en la fecha ya señalada.

E. Consideramos que dicha Ley abarca todos y cada uno de los puntos que se piden en el punto de acuerdo materia de este dictamen, ya que en principio esta Ley en lo general tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.

F. En la Ley de Bioseguridad se plasman puntos muy importantes los cuales justifican a lo que se pide en el Punto de Acuerdo en comento, esos puntos son los siguientes:

La importancia de México como centro de origen de diversas especies animales y vegetales, varias de ellas con una proyección e importancia global conocida. Ello se refleja en la incorporación novedosa de mecanismos para la determinación de centros de origen y de diversidad genética de especies, así como el establecimiento de reglas restrictivas para realizar actividades con OGMs en dichos centros por ello el artículo 86 marca que: Las especies de las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de origen y de diversidad genética así como las áreas geográficas en las que se localicen, serán determinadas conjuntamente mediante acuerdos por la SEMARNAT y la SAGARPA, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o en sus bases de datos, incluyendo la que proporcione, entre otros, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional Forestal, así como los acuerdos y tratados internacionales relativos a estas materias. La SEMARNAT y la SAGARPA establecerán en los acuerdos que expidan, las medidas necesarias para la protección de dichas especies y áreas geográficas.

Asimismo el artículo 88 nos dice que los centros de origen y de diversidad genética de especies animales y vegetales sólo se permitirán la realización de liberaciones de OGMs cuando se trate de OGMs distintos a las especies nativas, siempre que su liberación no cause una afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica.

En cuanto a los riesgos y las zonas libres de OGMs el artículo 90 marca que se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme a lineamientos generales.

Asimismo el artículo 10 maneja que es de competencia en materia de bioseguridad la SEMARNAT, la SAGARPA y SSA.

Por otro lado artículo 19 menciona que la CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGMs.

El Capitulo V establece la colaboración concurrente en el monitoreo de los riesgos que pudieran ocasionar las actividades de liberación de OGMs en los estados de la Republica.

El Titulo Segundo, Capítulo Primero nos plasma todo lo relacionado sobre los permisos para la liberación de OGM.

Del Titulo Segundo en el Capitulo III nos menciona el estudio y evaluación de riesgos caso por caso. El Capítulo VIII del mismo Titulo nos habla de la exportación de OGMs que se destinen a su liberación al ambiente en otros países y menciona lo siguiente en su artículo 72.- Los interesados en exportar OGMs que se destinen a su liberación al ambiente en otros países, notificarán por sí, conforme se determine en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, su intención de exportar dichos organismos, a las autoridades competentes del país respectivo. Dicha notificación sólo se realizará en los casos en que los tratados y acuerdos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, establezcan ese requisito para efectuar la exportación al país de que se trate. La información que el interesado adjunte a la notificación a que se refiere este artículo, deberá ser exacta, fidedigna y ajustada a lo que establezcan dichos tratados y acuerdos internacionales.

Por otro lado el Capítulo I del Titulo IV en los artículos 86, 87 y 88 mencionan las zonas restringidas y en el Titulo V del artículo 91 al 98 nos habla de las autorizaciones de OGMs

Por otra parte el Titulo VII trata sobre las listas o bien los registros de los OGMs. Así como el Capitulo II del Titulo VIII que nos habla del Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs en su artículo 109.- El Registro, que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción de la información relativa a las actividades con OGMs, así como de los propios organismos. Su funcionamiento y lo que puede ser objeto de inscripción se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. La SEMARNAT, la SAGARPA y la SSA contribuirán a la organización y funcionamiento del Registro

Por último el Capitulo II del Titulo Décimo nos plasma en su artículo 115 al 118 las medidas de seguridad sobre el aseguramiento, almacenamiento de OGMs entre otras circunstancias. Y el Titulo Décimo Primero nos menciona todas y cada una de las infracciones y sanciones de esta Ley.

G. Coincidimos con el Punto de Acuerdo en el sentido de avanzar de manera gradual y precautoria en la aplicación de estas nuevas tecnologías, y que al tiempo se vayan creando las condiciones para el desarrollo de productos genéticamente modificados de manera más segura.

Sin embargo se considera que esta circunstancia esta específicamente regulado en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Asimismo somos conscientes del problema que este tema trae como consecuencia, sin embargo actualmente se están implementando todas las acciones para regular los OGMs, ejemplo de ello es el Protocolo de Cartagena y que México se unió al mismo y por último dio píe a la regulación del tema creando la Ley de Bioseguridad ya mencionada.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Se desecha la proposición, toda vez que el exhorto esta dirigido a las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, las cuales han cumplido con su tarea legislativa al aprobar la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, cuya publicación está pendiente; por lo que no existe materia para el exhorto propuesto.

SEGUNDO. Archívese las proposiciones con Punto de Acuerdo que aquí se dictaminan, como asuntos total y definitivamente concluidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.--- Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados.--- Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud, diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico- psiquiátrica, presentada por el Diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la Diputada Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45, párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dictamen, conforme a la metodología que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``ANTECEDENTES'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a ``CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de ``CONSIDERACIONES'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada con fecha 22 de diciembre de 2004, el Diputado Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

La propuesta manifiesta que la situación de los enfermos mentales en nuestro país no es la adecuada y que existe una clara violación a los derechos humanos de los pacientes que ingresan a los Hospitales Psiquiátricos.

Así mismo señala que esta circunstancia evita que los enfermos puedan tener una rehabilitación integral, como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.

Debido a estas razones, los diputados proponen hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Salud al pleno cumplimento de la norma antes mencionada.

III. CONSIDERACIONES.A. La preocupación por los derechos de las personas que padecen alguna enfermedad mental, ha sido una constante para los Diputados que conformamos la LIX Legislatura, esto lo demuestran las diversas reformas a la Ley General de Salud en esta materia; se han aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados iniciativas tendientes a proteger los derechos de los pacientes, el sigilo profesional y el consentimiento informado; en sesiones celebradas el 29 de Abril y el 23 de Septiembre de 2004, respectivamente.

B. Como lo menciona la diputada promovente, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994 Para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Medico-Psiquiátrica; establece los criterios de la atención de las personas que padecen alguna enfermedad mental.

C. Un apartado importante lo ocupa la rehabilitación integral, entendida como el conjunto de acciones y programas dirigidos a la utilización del potencial máximo de crecimiento personal de un individuo, que le permita superar o disminuir desventajas adquiridas a causa de su enfermedad en los principales aspectos de su vida diaria; tiene el objetivo de promover en el paciente, el reaprendizaje de sus habilidades para la vida cotidiana cuando las ha perdido, y la obtención y conservación de un ambiente de vida satisfactorio, así como la participación en actividades productivas y en la vida socio-cultural.

D. El titular de la Secretaría de Salud, se ha manifestado a favor de esta rehabilitación integral no sólo en nuestro país, sino en diversos foros internacionales, en los cuales se han admitido las limitaciones en la atención de los enfermos mentales, debido a la falta de recursos financieros y a que no existen seguros que cubran las enfermedades mentales. Aunado a esto, las enfermedades mentales tienden a incrementarse por el propio aumento en la esperanza de vida de la población.

E. México esta cambiando su política en cuanto al tratamiento de las enfermedades mentales para ir de la mano de las acciones propuesta por la Organización Mundial de la Salud, para tratar a la salud mental como un tema prioritario.

F. En esta implementación de nuevos tratamientos, México se ha preocupado por proteger los derechos humanos de las personas que sufren un desorden mental y combatir la discriminación de que son objeto.

G. Creemos que en efecto, la Secretaría de Salud ha implementado acciones y programas tendientes a proteger la salud mental de los mexicanos, no sólo en aquellos que ya sufren de alguno de estos padecimientos, sino, fundamentalmente, dedicando sus esfuerzos a la prevención de este tipo de enfermedades.

H. Por estos motivos, fue publicado el 21 de Julio de 2004, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud Mental, como órgano de consulta de esta dependencia, que tendrá por objeto apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo, en lo relacionado con problemas de salud mental; así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implantación de modelos innovadores de atención en salud mental.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

RESOLUTIVO

Artículo Único. No es de aprobarse el Punto de Acuerdo, debido a que la Secretaría de Salud ha implementado acciones que cumplen cabalmente con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994; además del esfuerzo que continúa realizando para mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales como la creación del Consejo Nacional de Salud Mental.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Maria del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»

Publíquese y archívese como asunto totalmente concluido.

Continúe la Secretaría.

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PIDIREGAS

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo, presentado y aprobado en sesión de esta Cámara de Diputados de 1 de febrero del presente, que la Mesa Directiva de esta soberanía turnó a esta Comisión mediante oficio D.G.P.L. 59-II-2-1013, a través del cual solícita:

``TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad al marco legal vigente, instruya a la Auditoria Superior de la Federación a realizar un estudio integral respecto a los PIDIREGAS e informe los resultados a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.''

Sobre el particular, le comunico que la entidad de fiscalización superior de la Federación, mediante oficio No. OASF/0236/05, de fecha 1 de los corrientes, informó que se ha tomado debida nota de la petición para considerar una auditoría especial en la planeación de las auditorías para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2004.

Le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2005.--- Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica, Presidente de la Comisión de Vigilancia.»

«Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Federal Salvador Sánchez Vázquez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.--- Presente.

Nos referimos a su oficio CVASF/LIX//081/05, del 17 de febrero último, al que acompaña copia del escrito D.G.P.L. 59-II-2-1013, con el que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que usted dignamente preside, el siguiente punto de acuerdo: ``La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad al marco legal vigente, instruya a la Auditoría Superior de la Federación, a realizar un estudio integral respecto a los Pidiregas e informe los resultados a las Cámaras del honorable Congreso de la Unión''.

Al respecto, nos permitimos informarle que se ha tomado debida nota de la petición para considerar una auditoría especial en la planeación de las auditorías para la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2004.

Lo anterior para que, de considerarlo pertinente, por su conducto se informe lo procedente a la referida Comisión Permanente.

Reiteramos a usted nuestra más distinguida consideración.

México, DF, a 1 de marzo de 2005.--- CPC Arturo González de Aragón O. (rúbrica), Auditor Superior de la Federación.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.--- Presente.

En atención al comunicado de la referencia, remitiendo el acuerdo del H. Congreso de la Unión, donde se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que aplique en el estado de Guerrero la tarifa 1F, tomando en consideración los índices de calor y humedad que en ese estado se presentan, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente.

Las tarifas autorizadas establecen que la aplicación de la tarifa 1F en una localidad, debe hacerse conforme al criterio descrito en el apartado relativo a la aplicación de esa tarifa, que corresponde al servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de abril de 2002, en el ``Acuerdo que autoriza la reestructuración, ajuste y modificación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica'', donde se indica que:

``Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente.

Se considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales''.

De lo indicado en ese acuerdo, se desprende que la aplicación de las tarifas eléctricas establecidas para el uso doméstico, está determinada por los registros termométricos oficiales de la Semarnat, de la temperatura media mensual correspondientes a la localidad en turno, fijada por las mismas tarifas para las localidades de verano.

Ninguna localidad puede ser clasificada en una tarifa sin haber cumplido con la normatividad anterior. Se observa también, que el empleo del factor de humedad para determinar la reclasificación tarifaria de una localidad, no está autorizado.

Atendiendo a su planteamiento, se solicitó la actualización de los registros termométricos de las estaciones climatológicas con influencia en los municipios de esa entidad, al Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua de la Semarnat.

Con base en esos registros y atendiendo la normatividad vigente, se confirma que no existen elementos que propicien la aplicación de la tarifa 1F en ninguno de ellos, razón por la cual, lamento informarle que no es factible autorizar la reclasificación solicitada.

No obstante, con el mismo fundamento se determinó autorizar la reclasificación a la tarifa 1D en los municipios Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato (Ciudad Altamirano), San Miguel Totolapan, Tialchapa, Tlapehuala y Zirándaro, del estado de Guerrero.

Asimismo, se determinó autorizar la reclasificación a la tarifa 1C en el municipio Atenango del Río, del estado de Guerrero. Las reclasificaciones citadas se autorizaron a partir del 4 de marzo de 2005.

Es importante señalar que la Semarnat es la dependencia gubernamental responsable de la determinación de los registros de temperaturas que ocurren en las distintas localidades el país; asimismo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la dependencia gubernamental responsable de la autorización de las tarifas aplicables al consumo de energía eléctrica en todo el país y que la CFE sólo está facultada para su aplicación.

Atentamente.

México, DF, a 11 de marzo de 2005.--- Ing. José Abel Valdéz Campoy (rúbrica), subdirector de Distribución.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

OFICIO: SIEDO/315/2005

ASUNTO: SE RINDE INFORME

Señor diputado Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente en funciones de Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Por acuerdo del señor licenciado MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, y en atención a su similar D.G.P.L.59-II-0-1732, a través del cual hace del conocimiento de tan alto funcionario los puntos de acuerdo emanados de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 10 de marzo en curso y solicita se informe sobre la infiltración del narcotráfico en la Institución Presidencial; al respecto le informo que, la Procuraduría General de la República inició la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIDCS/021/2005, en la que se investiga la posible vinculación de Nahum Acosta Lugo con la delincuencia organizada. Dicha indagatoria se encuentra en proceso de integración y dentro de la misma se han practicado entre otras las siguientes diligencias: a) Acopio de diversos testimonios en México y en el Extranjero; b) Acopio de Informes procedentes de la Agencia Federal de Investigación; c) Se ha escuchado en declaración ministerial a Nahum Acosta Lugo; d) Se han practicado siete cateos en el Distrito Federal y Estado de México de donde se obtuvo diversa documentación; e) Se solicitó y obtuvo del Poder Judicial de la Federación la orden de arraigo para Nahum Acosta Lugo y con motivo de su detención por caso urgente se practicaron diversas diligencias con la intervención de los servicios periciales de la institución; f) Se procedió al acopio de diversos documentos que obran en indagatorias que se instruyen en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud; g) Se ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras dependencias del Ejecutivo federal; h) Se han obtenido testimonios y peritajes sobre diversos audios encontrados en una de las casas cateadas que confirman que Acosta Lugo participa en las conversaciones.

Por otro lado, en razón de que la Averiguación Previa, se encuentra en proceso de integración, resulta inoportuno pronunciarse sobre un resultado anticipado; sin embargo, una vez que esta Procuraduría General de la República esté en posibilidad de determinar la verdad histórica de los hechos, se le remitirá la información correspondiente.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 14 de marzo de 2005.--- El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Lic. José Luis Santiago Vasconcelos (rúbrica).

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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ESTADO DE DURANGO

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Comisión Reguladora de Energía.

Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, diputado Presidente; Mtro. Antonio Morales de la Peña, diputado Secretario de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.

Me refiero a su escrito núm. D.G.P.L. 59-II-0-1635, recibido en esta Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) el 28 de febrero de 2005, a través del cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión para que revisen y corrijan las tarifas autorizadas a los permisionarios de distribución de gas natural en el país y, en específico en Gómez Palacio, Durango y la región lagunera. Asimismo, exhorta a la Comisión a que explique los criterios económicos y metodología seguida para determinar las tarifas autorizadas en el país y, en particular en la zona lagunera. Al respecto, me permito hacer los comentarios siguientes:

I. La Comisión es la dependencia responsable de regular las tarifas de distribución de gas natural, de conformidad con los artículos 4º, segundo párrafo; 9º; 14, fracción II, y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 1º; 2º, fracción VII; 3º, fracciones X, XIV y XXII de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y 1º, 7, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 108, fracción II, del Reglamento de Gas Natural

La Comisión regula las tarifas de distribución con base en los principios y la metodología establecidos en el Reglamento de Gas Natural y la Directiva sobre la Determinación de Precios y Tarifas para las Actividad Reguladas en materia de Gas Natural, DIR-GAS-001-1996 (Directiva de Precios y Tarifas). Estos documentos están disponibles para su consulta en la página electrónica de la Comisión, en la siguiente dirección: http://www.cre.gob.mx/marco/gas.html

II. En términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el proceso de determinación de las tarifas de distribución se aplica cada cinco años e involucra las tapas que se describen a continuación:

1. Los permisionarios de distribución presentan un plan de negocios que comprende la información siguiente:i. El valor de la base de activos de la empresa destinados a la prestación de los servicios regulados;

ii. El monto y el programa de las inversiones planteadas;

iii. Los costos de operación y mantenimiento;

iv. La definición de los costos influidos por la inflación en México, por la de Estados Unidos de América y por las variaciones en el tipo de cambio;

v. Las proyecciones del flujo de gas conducido, y

vi. La propuesta de una rentabilidad razonable sobre su inversión.

2. Con base en el plan de negocios, el permisionario de distribución calcula el ingreso necesario para cubrir sus costos de operación y mantenimiento, los impuestos, la depreciación y una rentabilidad razonable sobre el capital invertido.

3. Con objeto de garantizar que la tarifa refleje un cobro eficiente, la Comisión efectúa una revisión exhaustiva sobre cada componente del requerimiento de ingresos presentado por el permisionario de distribución, aplicando los criterios siguientes:

i. Verifica que los costos y las inversiones propuestas sean razonables y justificadas, aplicando análisis comparativos con la práctica de la industria;

ii. Corrobora que dicho requerimiento de ingreso sólo incorpore conceptos relacionados con la prestación del servicio de distribución de gas natural, y

iii. Revisa que la rentabilidad propuesta por el permisionario de distribución refleje las condiciones y riesgos financieros asociados a proyectos de la misma naturaleza de acuerdo con estándares internacionales.

4. Durante la revisión del requerimiento de ingreso, la Comisión solicita, en su caso, ajustes a la baja cuando detecta que los costos propuestos por el permisionario de distribución están por arriba de las mejores prácticas de la industria.

5. A partir del requerimiento de ingresos se obtiene la lista de tarifas aplicables por tipo de usuarios. Cada tarifa refleja el costo de prestar los distintos tipos de servicios a los diferentes grupos de usuarios. De esta forma se evita la aplicación de tarifas indebidamente discriminatorias entre los grupos de usuarios, así como subsidios cruzados entre las distintas clases de servicios.

6. Cada tarifa se compone de un cargo fijo y otro variable. El primero se aplica de manera íntegra en cada periodo de facturación, en tanto que el nivel del segundo depende de la cantidad de consumo de cada usuario en el periodo respectivo.

7. Una vez concluidos los pasos anteriores, la Comisión aprueba la lista de tarifas máximas de distribución. A efecto de garantizar la transparencia y hacerla de conocimiento general, la lista de tarifas máximas debe ser publicada por el permisionario en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos oficiales de la entidades federativas que correspondan a la zona geográfica objeto de su permiso.

III. Si bien, las tarifas máximas aprobadas tienen una vigencia de cinco años, debe destacarse que a lo largo de este periodo éstas se sujetan a revisiones previstas en el Reglamento de Gas Natural y la Directiva de Precios y Tarifas. Durante el periodo quinquenal se realizan ajustes periódicos, en su mayoría anuales, por concepto de inflación, eficiencia y desviaciones respecto de los objetivos planteados al inicio del año:1. El ajuste por inflación se aplica anualmente a fin de reflejar las variaciones del año inmediato anterior registradas en un índice ponderado compuesto por el Índice Nacional de Precios al Consumidor de México, el índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos y las fluctuaciones del tipo de cambio (pesos por dólar).

2. El factor de eficiencia ajusta año con año las tarifas de los permisionarios de distribución para reflejar estándares de mejoras en eficiencia, como reducción de costos y mayor cobertura de usuarios. De igual forma, este factor de ajuste penaliza a los permisionarios de distribución que no concretan su programa de inversiones a través de ajustes a la baja en las tarifas.

Para estos efectos, el factor de eficiencia refleja las mejoras operativas esperadas para el permisionario, los factores que influyen en sus costos unitarios, así como el desempeño mostrado por otros permisionarios de distribución que operan en México

3. El factor de corrección (denominado factor K) es el instrumento que garantiza que los permisionarios de distribución no obtengan ingresos adicionales al requerimiento de ingresos aprobado por la Comisión. Para ello, durante el segundo quiquenio de operación del servicio, el factor K corrige a la baja los ingresos adicionales que haya obtenido el permisionario de distribución, lo que se puede traducir en una disminución de tarifas, en su caso.

4. Al Término de cada quinquenio, la Comisión instrumenta un proceso de revisión a fin de determinar nuevas tarifas máximas de distribución de gas natural que se aplicarán en el periodo quinquenal inmediato. El proceso de aprobación de dichas tarifas repite el procedimiento reseñado arriba.

Una ventaja cierta de la revisión quinquenal es permitir que las nueva tarifas reflejen las condiciones actualizadas de operación del permisionario de distribución, lo que asegura un trato equitativo para los usuarios del sistema.

En este sentido, se debe destacar también que, en el proceso de revisión quinquenal el requerimiento de ingresos del permisionario de distribución puede incrementarse como resultado, entre otros, del costo real en que incurre el permisionario para operar y mantener el sistema en condiciones de eficiencia, así como tomando en consideración las dificultades que dichos permisionarios han enfrentado para obtener las autorizaciones necesarias para en tendido de sus ductos ante las autoridades locales (estatales y municipales). Respecto de estas dificultades, las demoras resultantes ocasionan mayores costos operativos y retrasan el logro de objetivos de cobertura de clientes previstos en el plan de negocios.

IV. En el caso particular del permisionario de distribución que opera en la región lagunera, el proceso de aprobación de tarifas sigue puntualmente las metodologías y lineamientos señalados en los puntos anteriores. Para efectos de los exhortos que esa Legislatura hizo a la Comisión sobre este permisionario, conviene plantear algunos antecedentes y consideraciones de relevancia:1. La empresa Permisionario de Distribución de Gas Natural de La Laguna-Durango, S de RL de CV, distribuye gas en la zona geográfica de La Laguna desde 1999, fecha en que recibió de la Comisión el permiso de distribución de gas natural que obtuvo como resultado de la licitación pública internacional correspondiente.

2. De 1999 a 2004, la empresa operó con las tarifas autorizadas vía la licitación. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento de Gas Natural, al quinto año de operaciones, la Comisión está obligada a revisar la estructura de costos y autorizar las nuevas tarifas que estarán vigentes durante el siguiente período quinquenal.

3. En octubre pasado, la Comisión concluyó la revisión de la propuesta tarifaria correspondiente al segundo periodo quinquenal, con el propósito de autorizar las tarifas aplicables.

4. Durante la evaluación del plan de negocios correspondiente a este nuevo quinquenio, la Comisión pudo constatar que la actividad de distribución de gas natural en la Laguna enfrenta serios problemas de debido, entre otros, aspectos, a:

Menores volúmenes de conducción de gas natural con respecto a los previstos.

Costos mayores a los previstos, principalmente debido a constantes interrupciones y a la dificultad en obtener autorizaciones de diversas autoridades para instalar ductos.

5. Como consecuencia de las bajas tarifas a aplicadas durante el primer quinquenio y el impacto sobre los costos de prestación del servicio de los problemas arriba citados, la Comisión autorizó tarifas máximas superiores a las vigentes hasta entonces.

6. Es relevante precisar que parte de los objetivos de la Comisión al realizar las revisiones quinquenales de tarifas, es autorizar al permisionario de distribución ingresos que le permitan hacer viable la actividad de distribución, toda vez que ello tiene como resultado garantizar la continuidad y la estabilidad en el suministro de gas natural y proteger los intereses de los usuarios.

Con este propósito y a fin de mitigar el efecto de las nuevas tarifas autorizadas sobre las facturas de consumo, el 15 de diciembre de 2004 la Comisión requirió al permisionario de distribución escalonar el incremento tarifario respectivo. Las nuevas tarifas autorizadas son inferiores a las aprobadas en noviembre entre 22% y 53% para los diferentes grupos de consumidores, y en todos los casos implicaron incrementos en la factura de gas natural por concepto de la revisión quinquenal menores a 15% a partir del mes de diciembre.

Asimismo, la Comisión instó al permisionario de distribución a ofrecer a los usuarios residenciales un programa de pagos fijos aplicable de diciembre de 2004 a mayo de 2005, con lo cual la factura que pagarán dichos usuarios será similar a la que pagaron en el mes de octubre, es decir, antes de los incrementos tarifarios.

7. Otra consideración importante es que, en virtud de que las tarifas aprobadas por la Comisión son máximas, el permisionario de distribución ha venido ofreciendo tarifas convencionales a distintos clientes industriales.

A pesar de los incrementos autorizados, el gas natural para la industria y los comercios es entre 20% y 60% más económico que otros combustibles (gas LP y diesel). No obstante lo anterior, el usuario puede optar en todo momento por el combustible que considere más conveniente. Una opción es el combustóleo, que resulta entre 17% y 31% más barato que el gas natural, en función del nivel de consumo.

Independientemente de lo anterior, los usuarios industriales que deseen prescindir de los servicios del permisionario de distribución, pero continuar usando gas natural, pueden solicitar un permiso de transporte de gas natural para usos propios, siempre y cuando se apeguen el marco legal y normativo y a los criterios de regulación aplicables.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2005.--- Francisco Valdés López, secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.

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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por instrucciones del C. Presidente de la República, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con el presente envío el cuarto informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como de los programas sectoriales.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de marzo de 2005.--- Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

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CODIGO FISCAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Quincuagésima Séptima Legislatura eleva a la consideración de ese cuerpo colegiado, el dictamen con iniciativa de decreto de la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, aprobado unánimemente por esta soberanía en sesión extraordinaria celebrada el día de la fecha, mediante la que se propone reformar el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que esta Iniciativa, por acuerdo dictado en la sesión referida, la estamos enviando tanto a ese órgano legislativo federal como a la Cámara Alta, para los efectos que procedan; además, a las Legislaturas de las entidades y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la aprueban de considerarlo procedente, y hagan llegar al Congreso de la Unión su respaldo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

2005 ``Año del Bicentenario de la Imprenta en San Luis''

San Luis Potosí, San Luis Potosí 9 marzo 2005.--- Dip. Pascual Martínez Martínez (rúbrica), Primer Secretario; Dip. Paulino Pozos Aguilar (rúbrica), Segundo Secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

CC. Diputados Secretarios de la LVII Legislatura del Congreso del Estado.--- Presentes.

A la Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, le fue turnado para su estudio y dictamen en sesión ordinaria del Congreso del estado celebrada el 16 de junio de 2004, la iniciativa de reforma al párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, presentada por la Comisión del Instituto de Investigaciones Legislativas.

En tal virtud, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa planteada, los diputados integrantes de esta Comisión, llegamos a los siguientes

Considerandos

Primero. Que la iniciativa planteada cumple con lo estipulado por el artículo 91 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, por lo que es procedente realizar el dictamen correspondiente.

Segundo. Que la iniciativa que se propone tiene que ver con una reforma a un precepto de un ordenamiento de carácter federal; por lo que, de acuerdo a lo establecido por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 en su fracción II y 64 de la Constitución Política del estado, es el Congreso de la entidad como tal, quien tiene la facultad para presentarla ante el Congreso de la Unión; por lo tanto, es necesario que el Congreso del estado la apruebe, para poderse constituir como iniciativa ante el órgano legislativo federal.

Tercero. Que esta iniciativa busca que los Congresos de la Unión y de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los organismos superiores de fiscalización, tengan acceso a la información fiscal que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un instrumento de apoyo y de complemento a las tareas de fiscalización de los recursos públicos que llevan a cabo éstos.

Esta propuesta pretende que el secreto fiscal que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, no sea un obstáculo para las autoridades encargadas de la fiscalización de los recursos públicos en México; pues poder tener acceso a la información fiscal de las personas morales y físicas que dan a conocer o declaran ante la Secretaría de Hacienda, permitirá hacer más eficaz y eficiente esta tarea.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 110 y 111 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente

DICTAMEN

UNICO. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de reforma al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para ser presentada como propuesta de esta Legislatura al Congreso de la Unión, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La facultad de fiscalizar la aplicación de los recursos públicos surge en México ante la necesidad de combatir la corrupción, que en múltiples casos alcanza grados que ponen en grave riesgo el buen funcionamiento de la administración pública, llevando al borde del colapso el ejercicio del poder público; dañando así el desarrollo de la sociedad.

Lo anterior hace necesario una fiscalización que parta de la prevención, que continúe en la corrección y finalmente, en su caso llegue a la sanción.

Una vez creados los órganos de fiscalización, éstos han encontrado barreras para obtener la información necesaria que les permita realizar un adecuado escrutinio del manejo de los fondos y recursos públicos. Uno de esos obstáculos es la reserva que el Código Fiscal de la Federación establece al personal oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proporcionar información relativa a operaciones financieras que contribuyentes, personas físicas o morales, realizan con entidades públicas.

Siguiendo la pauta que establece la Constitución General de la República, la Constitución particular de cada estado de la Federación y que otorga al Poder Legislativo respectivo, la facultad de supervisar el gasto público del estado, como el de los municipios y sus entidades, mediante la verificación de sus cuentas y finanzas. Del mismo modo, las legislaturas locales gozan de facultades para vigilar que las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones, prestación de servicios y contratación de obra pública, garanticen las mejores condiciones disponibles a favor de los recursos públicos, conforme a las leyes que las mismas expidan.

El ejercicio de esta facultad supone la realización de procedimientos de auditoría que, por definición, se apoyan en los libros, pólizas, documentos y demás información que integran la contabilidad gubernamental, y muy particularmente, en la documentación comprobatoria que expiden quienes enajenan bienes o prestan servicios al estado, los municipios y sus entidades.

El análisis detallado de la documentación comprobatoria es una herramienta inmejorable para la detección de operaciones aparentes, es decir, que no fueron realizadas; o que si lo fueron, no se llevaron a cabo como supuestamente la emiten, ni en los términos, ni en las cantidades en que fueron registradas; lo que ineludiblemente trae aparejado el uso ilícito de recursos públicos con beneficios igualmente indebidos, tanto para servidores públicos, como para terceros con ellos relacionados.

Dada su naturaleza, el control de la información relativa a las personas físicas y morales que en nuestro país enajenan bienes o prestan servicios, corresponde a las autoridades fiscales federales, las que, sistemáticamente, y no por otras razones, sino por tener un impedimento legal para ello, niegan a las legislaturas la información que requieren para verificar las operaciones financieras con tales proveedores, y, en su caso, la posibilidad de sancionar el inadecuado manejo de recursos públicos.

En efecto, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece al personal oficial la obligación de guardar esta absoluta reserva. No obstante, el propio numeral en comento precisa cuales son las excepciones a la reserva de información, a saber:

Los casos que señalen las leyes fiscales;

Aquellos casos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales;

Cual se trate de las autoridades judiciales en procesos del orden penal;

Tratándose de los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias;

Los datos que sirvan para modificar las resoluciones de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente, en materia de contribuciones federales;

La información relativa a los créditos fiscales exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras;

Cuando se trate de investigaciones de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita, a que se refiere el artículo 400-bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Cuando por acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público se publiquen los datos por grupos de contribuyentes que la propia norma señala, y

Cuando medie acuerdo de intercambio recíproco de información suscrito por el secretario de Hacienda y Crédito Público, se podrá suministrar la información a las autoridades fiscales de países extranjeros, siempre que se pacte que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales, y se guardará el secreto fiscal correspondiente por el país de que se trate.

De lo anterior se desprende con entera precisión, que no se encuentra entre los casos de excepción a que se ha hecho referencia, el otorgamiento de la información relativa a los contribuyentes, al Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las legislaturas de los estados y a los órganos de fiscalización, a efecto de que encuentren en aptitud de ejercer adecuadamente sus facultades constitucionales de fiscalización de los recursos públicos.

No pasamos por alto que el suministro recíproco de información entre la Federación y el estado de San Luis Potosí, contenido en el primer párrafo del artículo Sexto del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre dichas partes el 26 de octubre de 1996, vigente a partir del uno de enero de 1997, no incluye al Congreso del estado, toda vez que sólo aplica para las autoridades fiscales locales que actúen en términos de dicho convenio, pues a éstas el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal las considera como autoridades fiscales federales.

Siendo incuestionable que la vigilancia de la forma en que se administran y aplican los recursos públicos que se encuentra revestida, en el mismo grado, del orden público y de interés general que revisten a los procesos tendientes a recaudarlos de los contribuyentes, no existe, ni puede existir, una razón justificada para que no se incluya entre los casos de excepción a la reserva de información la proporcionada a los congresos locales, Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal y órganos de fiscalización, para el ejercicio de sus facultades de fiscalización de los recursos públicos que les competen.

Los anteriores razonamientos se estiman suficientes para proceder a reformar el artículo 69 en su párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, para que, a través de la colaboración de las autoridades fiscales federales, el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Congresos de los estados y los órganos de fiscalización, cuenten con datos oportunos que les permitan mayor eficiencia y eficacia en la fiscalización de los recursos públicos.

Iniciativa de Decreto

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue

Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, dicha reserva no comprenderá los casos que señalan las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales exigibles de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley de Agrupaciones Financieras. De igual manera, no se comprenderá en esta reserva el ejercicio de las facultades de fiscalización de recursos públicos que dentro de su competencia realicen el Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los Congresos de los estados, a través de sus órganos de fiscalización.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan a este Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, a los veintitrés días del mes de febrero de dos mil cinco.--- La Comisión de Planeación y Finanzas Públicas, diputados: José Luis Ugalde Montes (rúbrica), Presidente; Rómulo Garza Martínez (rúbrica), vicepresidente; Rosendo Pazzi Pacheco (rúbrica), secretario; José Manuel Medellín Milán (rúbrica), vocal; Pascual Martínez Martínez (rúbrica), vocal; Carlos Felipe Mier Padrón (rúbrica), vocal.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, diputado Presidente; compañeros diputados: Lázaro Arias Martínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa de ley, que modifica los artículos 123, primer párrafo, fracción II, segundo párrafo, fracción X, y fracción XI, artículo 124, primer párrafo, artículo 125, 127, primer y tercer párrafos, artículo 128, 129, 130 y 131, 132, primer párrafo, 133, segundo párrafo, 134 y 135, primer párrafo, 136, 139, 140, 141 y 145; reforma la fracción III del artículo 132, adiciona con un segundo párrafo el artículo 145 Bis, contenidos en los Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno del Título Primero del Libro Segundo del Código Penal Federal, correspondiente a los delitos contra la seguridad de la nación; y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

El Código Penal Federal en vigor dedica el Título Primero de su Libro Segundo, de la tipificación y sanción de delitos cuya ejecución implica la realización de actividades que atentan contra la independencia, soberanía e integridad de la nación, para someterla a grupos o gobiernos extranjeros. Igualmente, prevé cuando esta clase de actividades las ejecutan grupos nacionales armados, dirigidos y asesorados por extranjeros, así como las conductas de hostilidad contra la nación, mediante acciones bélicas. Atendiendo al grado de participación cuando se trate de civiles nacionales, que se agravan si llega a intervenir personal militar, quedando regulada también la ejecución de actos de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración.

El Código Penal Federal es resultado de la preocupación del legislador por adecuar permanentemente a la realidad social las medidas impositivas que contiene, siempre dentro de un marco de respeto irrestricto de las garantías individuales y de los derechos fundamentales de todo ser humano. Cierto es que la promulgación de este código data de 1931 y que se establecen sanciones pecuniarias de cantidad determinadas en pesos y que a la fecha el mismo código citado, en el artículo 29, establece que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado que se fijará por días multa, por lo que es necesario modificar las penas contenidas en el articulado a que me refiero en esta propuesta.

Asimismo, han surgido numerosas conductas constitutivas de ilícitos imprevistos en la legislación, cuya sofisticada índole, debido al uso de tecnologías cada vez más avanzadas, han dado origen a diversas reformas y adiciones, así como a la creación de nuevas figuras delictivas. Cabe recordar que en la etapa revolucionaria existente cuando se promulgó el código punitivo en comento, la sociedad mexicana tenía otra noción del Estado y la preservación del orden social y la seguridad interna, por lo que el tratamiento de los delitos y la imposición de penas fueron muy diferentes de los conceptos que hoy día rigen. Por ello, en 1970, después de amplia consulta a los distintos sectores de la sociedad, se reformó el entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, hoy Código Penal Federal, a fin de regular la comisión de los llamados ``delitos políticos''.

Dicha reforma, además de actualizar las penas de los delitos ya existentes, clasificó el conjunto de ilícitos dentro del título denominado ``Delitos contra la Seguridad de la Nación'', previniendo las conductas que pueden originar ilícitos con ese fondo, como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración, con objeto de proteger los intereses públicos y sociales que el Estado está obligado a preservar, los cuales son acordes con la defensa de nuestra soberanía, la conservación de la paz interna, la gobernabilidad y la salvaguarda del orden jurídico y político del Estado mexicano. El motín, la sedición y la rebelión, previstos como delitos en nuestro código punitivo federal, guardan un denominador común en virtud de su naturaleza subjetiva, merced a la participación de varias personas que con su actuar pretenden de alguna forma alterar la estabilidad social y trastocar el orden legal establecido, por lo que sus penalidades son severas.

El delito de sabotaje, por su parte, catalogado como delito contra la seguridad nacional, ha sido interpretado con suma ambigüedad, dado que sanciona conductas que infligen daños o entorpecen ilícitamente vías de comunicación, servicios públicos, funciones de dependencia del Estado, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, instalaciones y plantas siderúrgicas, eléctricas o industrias básicas y centros de producción y distribución de artículos de consumo o implementos bélicos, actividades todas que puede realizar el infractor con claros y deliberados propósitos políticos, en pro de una causa determinada por cuenta de un país o potencia extranjera y que pueden arrojar como resultado que se trastorne o afecte la economía nacional o la capacidad de su defensa.

Hogaño, no es raro que servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno echen mano y fabriquen los delitos de motín y sabotaje para rechazar las peticiones o reclamaciones que consideran opuestas a sus intereses, mediante la intervención de las instituciones de procuración e impartición de justicia y hacer éstas porque se formulen de manera individual por algún grupo de personas con intereses afines o por sus representantes gremiales en demanda del reconocimiento de sus derechos a la solución de alguno de sus problemas socioeconómicos o jurídicos e incluso para el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos que se vinculan con sus actividades.

Cuando esto sucede, es decir, cuando los delitos de motín y sabotaje son utilizados indebidamente como medidas correctivas o represivas contra los gobernados, propician que éstos se amedrenten y hasta desistan de sus justos reclamos, lo cual resulta a todas luces un arbitrio a lo ilegal. Cabe mencionar que aunque el Código Penal Federal prevé y sanciona los delitos contra la seguridad nacional, recientemente se promulgó la Ley de Seguridad Nacional, en la que se califica de amenaza contra la misma la comisión de ilícitos, entre otros, el sabotaje, la rebelión y el genocidio, facultando al Ejecutivo federal a intervenir las comunicaciones privadas, previa solicitud de autorización por parte del órgano jurisdiccional. Por tal razón hay que dejar perfectamente claro que las autoridades no deben usar ni abusar de los supuestos contemplados en el Código Penal Federal y en la Ley de Seguridad Nacional para inhibir el ejercicio del derecho que los gobernados tienen para, en lo individual o en la calidad de representantes gremiales, exigir el cumplimiento de lo que legalmente les corresponde.

Por ningún motivo podemos permitir que las autoridades sofoquen las peticiones, demandas o iniciativas de los ciudadanos pacíficamente planteadas, utilizando para ello delitos como el motín o el sabotaje. No debe confundirse la comisión de delitos con el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. El respeto irrestricto de las garantías individuales de los ciudadanos representa una condición indispensable para la convivencia pacífica de la nación. Por tal motivo, se proponen las modificaciones y reformas adicionales al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales que a continuación se presentan, de los artículos 123, 124, 125, 127 a 136, 139 a 141 y 145 del Código Penal Federal, para quedar como sigue. Compañeros diputados, para obviar tiempo: todo el articulado ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo 2. Se reforma la fracción III del artículo 132 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 132, inciso III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 145 Bis, para quedar como sigue:

Para todos los efectos legales, solamente se consideran de carácter público los delitos consignados en este título. No procede sanción alguna de las previstas en este título cuando el particular, ya sea de manera individual o como grupo de personas con intereses afines, a través de sus representantes gremiales, realice sus peticiones en forma respetuosa, pública y pacífica ante los servidores públicos, funcionarios o empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, estatal o municipal o del Distrito Federal cuya finalidad sea el reconocimiento de sus derechos, cumplimiento de acuerdos, atención e intervención a la solución de la problemática social, económica, jurídica vinculada a las actividades agrícolas, pesqueras, pecuarias, mineras o forestales, en cualquiera de sus formas de producción, de explotación, de transformación, de comercialización, conexas y relacionadas. Termino, diputado Presidente:

Artículo 4o. Adición de la fracción I del artículo 194, para quedar como sigue:

Fracción I. El Código Penal Federal, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 145 Bis.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del PRI.

El que suscribe, Lázaro Arias Martínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que modifica los artículos 123 primer párrafo, fracción II segundo párrafo, fracción X, fracción XI; 124 primer párrafo; 125; 127 primer y tercer párrafos; 128; 129; 130; 131; 132 primer párrafo; 133 segundo párrafo; 134; 135 primer párrafo; 136; 139, 140; 141 y 145; reforma a la fracción III del artículo 132; adiciona con un segundo párrafo al artículo 145 Bis, contenidos en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, del Título Primero, Libro Segundo, del Código Penal Federal, correspondiente a los ``Delitos contra la Seguridad de la Nación''; y adiciona a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El Código Penal Federal en vigor dedica el Título Primero de su Libro Segundo a la tipificación y sanción de los delitos cuya ejecución implique la realización de actividades que atenten contra la independencia, soberanía e integridad de nuestra Nación, para someterla a grupos o gobiernos extranjeros.

Igualmente, prevé cuando esa clase de actividades las ejecutan grupos nacionales armados, dirigidos y asesorados por extranjeros, así como las conductas de hostilidad contra la Nación mediante acciones bélicas, atendiendo al grado de participación cuando se trata de civiles nacionales, que se agravan si llega a intervenir personal militar, quedando regulada también la ejecución de actos de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración.

El Código Penal Federal es resultado de la preocupación del Legislador por adecuar permanentemente a la realidad social las medidas impositivas que contiene, siempre dentro de un marco de respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos fundamentales de todo ser humano.

Cierto es que la promulgación de este código data de 1931, en que se establecen sanciones pecuniarias en cantidades determinadas en pesos; y que a la fecha el mismo Código citado, en su Artículo 29, establece que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, por lo que es necesario modificar las penas contenidas en el articulado a que me refiero en esta propuesta. Así mismo, han surgido numerosas conductas constitutivas de ilícitos imprevistos en la legislación, cuya sofisticada índole, debido al uso de tecnologías cada vez más avanzadas, ha dado origen a diversas reformas y adiciones, así como a la creación de nuevas figuras delictivas.

Cabe recordar que en la etapa posrevolucionaria, cuando se promulgó el código punitivo en comento, la sociedad mexicana tenía otra noción del Estado y de la preservación del orden social y la seguridad interna, por lo que el tratamiento de los delitos y la imposición de penas fueron muy diferentes a los conceptos que rigen hoy en día.

Por ello, en 1970, después de una amplia consulta a los distintos sectores de la sociedad, se reformó el entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal (hoy Código Penal Federal), a fin de regular la comisión de los llamados ``delitos políticos''.

Dicha reforma, además de actualizar las penas de los delitos ya existentes, clasificó ese conjunto de ilícitos dentro del título denominado ``Delitos contra la Seguridad de la Nación'', previendo las conductas que pueden originar ilícitos con ese fondo, como: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración, con objeto de proteger los intereses públicos y sociales que el Estado está obligado a preservar, los cuales son acordes con la defensa de nuestra soberanía, la conservación de la paz interna, la gobernabilidad y la salvaguarda del orden jurídico y político del Estado mexicano.

El motín, la sedición y la rebelión, previstos como delitos políticos en nuestro Código Punitivo Federal, guardan un denominador común en virtud de su naturaleza plurisubjetiva, merced a la participación de varias personas que con su actuar pretenden de alguna forma alterar la estabilidad social y trastocar el orden legal establecido, por lo que sus penalidades son severas.

El delito de sabotaje, por su parte, catalogado como delito contra la seguridad nacional, ha sido interpretado con suma ambigüedad, dado que sanciona conductas que infligen daños o entorpecen ilícitamente vías de comunicación, servicios públicos, funciones de dependencias del Estado, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, instalaciones y plantas siderúrgicas, eléctricas o industrias básicas y centros de producción y distribución de artículos de consumo o implementos bélicos, actividades todas que puede realizar el infractor con claros y deliberados propósitos políticos, en pro de una causa determinada o por cuenta de un país o potencia extranjera, y que pueden arrojar como resultado que se trastorne o afecte la economía nacional o su capacidad de defensa.

Hogaño, no es raro que servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno echen mano y fabriquen los delitos de motín y sabotaje para rechazar las peticiones o reclamaciones que consideran opuestas a sus intereses, mediante la intervención de las instituciones de procuración e impartición de justicia, ya sea que éstas se formulen de manera individual, por algún grupo de personas con intereses afines o por sus representantes gremiales, en demanda del reconocimiento de sus derechos o la solución de algunos de sus problemas socio-económicos o jurídicos e inclusive para el cumplimento de acuerdos previamente establecidos que se vinculan con sus actividades.

Cuando esto sucede, es decir, cuando los delitos de motín y sabotaje son utilizados indebidamente como medidas coercitivas o represivas en contra de los gobernados, propician que éstos se amedrenten y hasta desistan de sus justos reclamos, lo cual resulta a todas luces arbitrario e ilegal.

Fuerza mencionar que aunque el Código Penal Federal prevé y sanciona los delitos contra la seguridad nacional, recientemente se promulgó la Ley de Seguridad Nacional, en la que se califica de ``amenazas'' contra la misma, la comisión de ilícitos, entre otros el sabotaje, la rebelión y el genocidio, facultando al Ejecutivo Federal a intervenir las comunicaciones privadas previa solicitud y autorización por parte del órgano jurisdiccional.

Por tal razón, hay que dejar perfectamente claro que las autoridades no deben usar ni abusar de los supuestos contemplados en el Código Penal Federal y en la Ley de Seguridad Nacional para inhibir el ejercicio del derecho que los gobernados tienen para, en lo individual o en calidad de representantes gremiales, exigir el cumplimiento de aquello que legalmente les corresponde.

Por ningún motivo podemos permitir que las autoridades sofoquen las peticiones, demandas o iniciativas de los ciudadanos, pacíficamente planteadas, utilizando para ello delitos como el motín o el sabotaje; no debe confundirse la comisión de delitos con el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución.

Como legisladores y representantes populares, tenemos el irrenunciable deber de asegurar la plena libertad del ejercicio de los derechos de asociación y petición, sin que los ciudadanos sientan temor de ser enjuiciados y, mucho menos, de verse privados de la libertad o ser objeto de imposición de pagos onerosos como reparación de daños inventados. Las prácticas represivas deben ser erradicadas totalmente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el Legislador está obligado a que los elementos del tipo penal se redacten en términos ``claros, precisos y exactos al prever las penas y describir las conductas que señalan como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado''.

En ocasiones, con el propósito de que no se escape ningún supuesto, el legislador redacta los tipos penales con demasiada amplitud, lo que auspicia arbitrariedades, ya que quedan comprendidas conductas que no debieran considerarse delictivas o que al interpretarse en forma errónea causan un daño al probable responsable de una acción u omisión, que no necesariamente se adecua a la conducta que pretende encauzar la autoridad, llámese ministerial o judicial.

Lo anterior reviste mayor trascendencia si se toma en cuenta que la creación de espacios plurales de expresión y de participación social en la vida política del país, es una premisa ineludible para avanzar en el camino de la democracia, por lo que el espíritu de diálogo y la tolerancia deben ser base para la atención y solución de los diferendos y problemas.

A ello se suman los reclamos de la sociedad mexicana por la consolidación de instituciones de procuración e impartición de justicia sólidas y confiables, que brinden a los individuos la certeza de que sus derechos de asociación y petición no serán coartados por temor a su encarcelamiento o la represión violenta, al margen de su condición económica, posición social, preferencias políticas o creencias religiosas.

El respeto irrestricto a las garantías individuales de los ciudadanos representa una condición indispensable para la convivencia pacífica de la nación. Por tal motivo, se proponen las modificaciones, reformas y adiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales que a continuación se presentan:

Artículo Primero. Se modifican los artículos 123, 124, 125, 127 a 136, 139 a 141, y 145 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo I Traición a la Patria

Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y cinco mil días multa al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:

I. ...

II. ...

Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y mil quinientos días multa;

...

III. a IX. ...

X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México; si no se realiza lo solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y mil días multa;

XI. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y mil días multa;

XII. a XV. ...

Artículo 124. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y dos mil quinientos días multa al mexicano que:

I. a IV. ...

Artículo 125. Se aplicará la pena de dos a doce años de prisión y mil quinientos días multa al que incite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero.

Artículo 126. ...

Capítulo II Espionaje

Artículo 127. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y dos mil quinientos días multa al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos.

...

Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y cinco mil días multa al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la nación mexicana.

Artículo 128. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y dos mil quinientos días multa al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con ello perjudica a la nación mexicana.

Artículo 129. Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y setecientos cincuenta días multa al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Capítulo III Sedición

Artículo 130. Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y mil días multa a los que en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y dos mil días multa.

Capítulo IV Motín

Artículo 131. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y mil días multa a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidada u obligarla a tomar alguna determinación.

A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y mil quinientos días multa.

Capítulo V Rebelión

Artículo 132. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y dos mil quinientos días multa a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas traten de:

I. a III. ...

Artículo 133. ...

Al funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o estatales, o de los municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, o de servicios públicos, federales o locales, que teniendo por razón de su cargo documentos o informes de interés estratégico, los proporcione a los rebeldes, se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y cinco mil días multa.

Artículo 134. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y dos mil quinientos días multa a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, atenten contra el Gobierno de alguno de los Estados de la Federación, contra sus instituciones constitucionales o para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos funcionarios del Estado, cuando interviniendo los Poderes de la Unión en la forma prescrita por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los rebeldes no depongan las armas.

Artículo 135. Se aplicará la pena de uno a veinte años de prisión y dos mil quinientos días multa al que:

I. ...

II. ...

...

...

III. ...

Artículo 136. A los funcionarios o agentes del Gobierno y a los rebeldes que después del combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte a los prisioneros, se les aplicará pena de prisión de quince a treinta años y tres mil setecientos cincuenta días multa.

Artículo 137. ...

Artículo 138. ...

Capítulo VI Terrorismo

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y cinco mil días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y mil quinientos días multa al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Capítulo VII Sabotaje

Artículo 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y dos mil quinientos días multa al que, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesario, de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y setecientos cincuenta días multa al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Capítulo VIII Conspiración

Artículo 141. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y mil quinientos días multa a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos de presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.

Capítulo IX Disposiciones Comunes para los Capítulos de Este Título

Artículo 142. ...

Artículo 143. ...

Artículo 144. ...

Artículo 145. Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y cinco mil días multa al funcionario o empleado de los Gobiernos Federal o Estatales, de los Municipios, de organismos públicos, descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o locales, que incurran en alguno de los delitos previstos por este título.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 132 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo V Rebelión

Artículo 132. ...

I. ...

II. ...

III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 145 Bis del Libro Segundo, Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IX Disposiciones Comunes para los Capítulos de este Título

Artículo 142. ...

Artículo 143. ...

Artículo 144. ...

Artículo 145. ...

Artículo 145 Bis. ...

Artículo 145-Bis. Para todos los efectos legales, solamente se considerarán como de carácter político, los delitos consignados en este título, con excepción de los previstos en los artículos 136 y 140.

No procede sanción alguna de las previstas en este Título, cuando el particular, ya sea de manera individual o como grupo de personas con intereses afines o a través de sus representantes gremiales, realice sus peticiones en forma respetuosa, pública y/o pacífica, ante los servidores públicos, funcionarios o empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, estatal, municipal y/o del Distrito Federal, cuya finalidad sea el reconocimiento de sus derechos, cumplimiento de acuerdos, atención e intervención en la solución de la problemática social, económica y/o jurídica, vinculada a las actividades agrícola, pesquera, pecuaria, minera o forestal, en cualesquiera de sus formas de producción, de explotación, de transformación, de comercialización, conexas y relacionadas.

Artículo Cuarto. Se adiciona a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 145-Bis:

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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ley general de saludEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se recibió de parte de don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que adiciona una fracción III Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, a efecto de considerar la psicooncología como una de sus ramas prioritarias.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental para instituir la psicooncología como una de sus ramas prioritarias, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La atención psicológica es parte integral de la salud, pues los aspectos bio-psico-sociales son de vital importancia para la recuperación física y emocional, pues hay una constante pérdida. Se pierde la salud y en algunos casos, algún miembro del cuerpo, por ello son necesarios los grupos de autoayuda, las terapias individuales y el trabajo de grupo.

El cáncer es un padecimiento crónico-degenerativo que por su evolución agresiva puede acabar con la vida del huésped y requiere tratamientos oncológicos violentos, como la misma enfermedad, que desencadenan una serie de reacciones psicológicas, psiquiátricas, sociales, económicas, sexuales y culturales. Ante ello, es necesaria la atención profesional del personal de salud mental entrenado en oncología (psicooncólogo) que permita y promueva la relación entre el médico, el paciente y la familia.

Se pretende promover la atención integral del paciente con cáncer, la enseñanza de los diferentes trastornos y sus tratamientos psicooncológicos y la investigación en dicha especialidad.

El cáncer despierta una serie de interpretaciones, por lo cual, es necesario mencionar su raíz etimológica. Los significados simbólicos más frecuentes que provoca el cáncer son: muerte, dolor, sufrimiento, abandono, desfiguramiento, soledad, desamparo, incurabilidad, dependencia, impotencia, desesperanza, pérdida del control, alteración de las relaciones interpersonales y desastre económico, entre otras.

La psicooncología en México inició en 1980 por iniciativa del Doctor Juan Ignacio Romero Romo, con el apoyo e interés de reconocidos oncólogos, entre ellos del doctor Arturo Beltrán Ortega, en aquellos días, director general del INCAN.

Esta especialidad tiene como objetivos centrales:

1) La valoración y tratamiento de los aspectos psicológicos, psiquiátricos, sociales, culturales, económicos, religiosos y sexuales que se presentan en el paciente con cáncer por la enfermedad y sus tratamientos oncológicos; la repercusión sobre la familia y el impacto en el equipo terapéutico.

2) La enseñanza para la identificación de los trastornos psicológicos y psiquiátricos y de las diferentes modalidades de tratamiento psicooncológico.

3) El promover la importancia de la investigación en psicooncología, al reconocer que es un terreno muy amplio y poco estudiado en nuestro país.

Sin embargo, los adelantos en la evaluación, diagnóstico oportuno, investigación y tratamiento han reincidido en el pronóstico de los pacientes. En este contexto, la psicooncología ha contribuido en el proceso vivencial y de afrontamiento, porque modifica el sentido importante de la enfermedad y modula algunos de los significados referidos.

Cabe mencionar que el cáncer es una enfermedad que no distingue razas, niveles socioeconómicos, culturas o religiones.

La psicooncología plantea un modelo psicoeducacional de prevención, intervención psicoterapéutica, rehabilitación y reintegración a la vida cotidiana; brinda los cuidados paliativos desde los parámetros psicológicos que conlleva al paciente a una mejor calidad de vida y le ayuda a afrontar, desde el inicio, la enfermedad y sus tratamientos oncológicos.

El psicooncólogo es un especialista que brinda atención psicológica y emocional. Escucha, entiende, conoce, orienta, informa, atiende y acompaña al paciente en las alteraciones que surgen a partir del diagnóstico de cáncer, durante el proceso de tratamiento oncológico hasta la muerte, momento en el que se debe seguir un proceso de atención a la familia para la elaboración del duelo y disminución de los sentimientos de culpabilidad.

Es fundamental reconocer que el paciente es un ser humano que piensa, siente, escucha, dice, se responsabiliza y participa de forma activa en la toma de decisiones para sus tratamientos, características importantes en el proceso psicológico de su padecimiento y útiles en las etapas de diagnóstico, tratamiento, remisión de la enfermedad, recaída, fase terminal, de agonía y muerte, cuando se requiere de mucha atención.

La fase de diagnóstico es un momento de estrés ante el estigma social; implica que el paciente y su familia sean rechazados, identificados como punto crítico y al mismo tiempo olvidados en el proceso de intervención psicosocial. El paciente y la familia, ante el diagnóstico de cáncer, cruzan por un proceso psicológico de afrontamiento y duelo, uno de ellos planteado por la doctora Kubler Ross en 1969, donde menciona cinco fases: negación, depresión, cólera, reajuste y aceptación, haciendo especial énfasis al mencionar que no tienen orden de presentación e incluso se pueden presentar en forma conjunta.

Es frecuente que el paciente reaccione negando la información que sus médicos le proporcionan respecto al diagnóstico y busca otras opiniones con el objetivo de confirmar que la información sea una equivocación del médico primario. Se ha referido que no existe una forma sencilla de comunicar el diagnóstico de cáncer y mucho depende del médico en su experiencia, sensibilidad y sentido humanitario.

Ante ello, hoy en día aún se discute la conveniencia del qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde y a quién informar sobre el diagnóstico.

En un principio, el paciente es la persona más importante en la interrelación medico-paciente-familia; por lo tanto, es fundamental, preguntarle al enfermo desde el inicio si desea tener dicha información, dado que es a quien se le ofrecerán y brindarán los tratamientos oncológicos.

La comunicación debe ser clara, abierta, real y honesta con el fin de permitir una mejor adherencia a los tratamientos requeridos.

Al mismo tiempo, es importante valorar las situaciones anímicas de la persona antes de dar la información e iniciar cualquier tratamiento, dado que la incertidumbre genera preocupación, ansiedad, miedo y angustia ante lo desconocido, por lo que se requiere de un soporte emocional para contender con dichas reacciones.

Dentro de la fase de tratamiento oncológico, los tratamientos para el cáncer, como la cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia resultan ser agresivos y en oncología no es posible impedir el daño al paciente. Mientras el médico piensa en términos de curación, el paciente piensa en términos de la deformación por su enfermedad, sus tratamientos o ambos.

Cirugía. Los procedimientos quirúrgicos en oncología tienen connotación agresiva, dado que son procedimientos radicales, mutilantes y con un grado importante de deformación en muchos de los casos; por ello, el paciente presenta reacciones de desajuste emocional al saber que sufrirá una pérdida de su estructura e imagen corporal; por ello, se requieren procesos psicoterapéuticos que le permitan asimilar y afrontar las alteraciones producto de las mutilaciones, miedo a la deformación de su cuerpo, a no resistir la anestesia, a morir durante la cirugía y al estigma social.

Quimioterapia. Este procedimiento despierta en los pacientes grandes temores a las reacciones adversas de los agentes quimioterapéuticos (náusea, vómito, caída de pelo, fatiga, anorexia, neuropatía periférica, diarrea, pérdida de peso, alteraciones de la imagen corporal) lo que provoca problemas con su autoestima. El paciente presenta con frecuencia ansiedad, miedo, irritabilidad, somnolencia, depresión, cambios de conducta, confusión mental, psicosis, alucinaciones y delirios que pueden ser producto de la enfermedad, por la neurotoxicidad del tratamiento. Asimismo, comienzan a sufrir reacciones adversas sobre su sexualidad, como infertilidad, disminución de la libido, anorgasmia, impotencia y dispareunia, entre las más frecuentes, lo que a la larga provoca conflictos familiares, rechazo conyugal, separación y divorcio.

Radioterapia. Al iniciar el tratamiento basado en radioterapia, el paciente tiene gran incertidumbre por entender en qué consiste, qué es, cómo actúa, qué reacciones secundarias le traerá como consecuencia y qué daños colaterales va a sufrir (ardor, alteraciones de la piel, decaimiento, pérdida del apetito, dispareunia, estenosis vaginal y en algunos casos caída de pelo). Aunque la respuesta depende de la localización de la enfermedad, genera temor, ansiedad, angustia, tristeza y depresión. Por ello, se concluye que las reacciones psicológicas-emocionales ante los tratamientos oncológicos dependen de la información proporcionada por los médicos tratantes y sus alternativas de tratamiento.

La fase de remisión es una etapa donde se demuestra a través de estudios y valoraciones, que la enfermedad ya no está presente gracias a que los tratamientos oncológicos han resultado favorables.

Los pacientes y la familia tienen reacciones emocionales encontradas. Por una parte, sienten tranquilidad y alegría con respecto al equipo terapéutico, y por otra, tienen inquietud ante la incertidumbre y desamparo por no estar en vigilancia estrecha de los médicos tratantes; entonces surge la necesidad de un proceso de contención emocional.

En la fase de recaída, si la hay, se demuestra a través de nuevos estudios que la enfermedad ha regresado, ya sea en el lugar donde inició o en órganos contiguos o distantes, como metástasis.

Se considera la etapa de mayor impacto y difícil trato debido a que desencadena reacciones más importantes en comparación a la fase diagnóstica. El paciente y la familia experimentan enojo, agresividad e incluso es cuando se presentan con mayor posibilidad las demandas ante la inconformidad o la duda que los tratamientos previos no fueron los adecuados.

En la fase terminal, el paciente presenta dos o más disfunciones irreversibles y está fuera de tratamiento oncológico curativo, por lo tanto, se le ofrecen los cuidados paliativos con el objetivo de disminuir al máximo todos los signos y síntomas propios de la enfermedad, buscando mayor confort.

Tanto el paciente como la familia presentan desesperanza, tristeza, duelos anticipatorios y depresión ante el deterioro físico. Se ha demostrado que los pacientes que se reconocen en etapa terminal, junto con su familia, buscan con mayor frecuencia tratamientos alternativos.

Por el contrario, también manifiestan tranquilidad, calma y sensación de satisfacción. Es frecuente que el paciente ponga en orden sus cosas, pensamientos y pendientes con la finalidad de evitar problemas posteriores.

En la fase de agonía, se requiere de gran apoyo para la familia debido a la enfermedad y al gran deterioro del enfermo, ya que resulta angustiante, desesperante y doloroso ver a su ser querido próximo a morir; sin embargo, cuando desde el inicio del proceso de enfermedad existe una comunicación clara, abierta, con la idea de compartir el sufrimiento, vivir juntos y apoyarse mutuamente, esta fase y el momento de morir resultan también un nuevo inicio, una nueva vida.

Definir la muerte resulta difícil; por lo tanto, es necesario retomar los criterios de grandes estudiosos que explican que la muerte se presenta en un ser humano cuando existe: 1) ausencia de respuesta cerebral (coma profundo); 2) apnea (falta de respiración); 3) carencia de actividad cerebral demostrada por electroencefalograma; 4) pupilas dilatadas y 5) inexistencia de reflejos cefálicos (pupilares, auditivos).

Es importante referir las connotaciones socioculturales y filosóficas en relación al paciente que muere y la familia, quien a su vez puede ser sujeto de terapia.

El impacto que desencadena el cáncer, desde el momento del diagnóstico, se manifiesta en una serie de reacciones y trastornos psicológicos y psiquiátricos. Las reacciones y trastornos dependen de la localización y evolución de la enfermedad, de los tratamientos oncológicos, de las características de personalidad de los pacientes, de sus mecanismos de afrontamiento, estadio, estilo de vida y rol familiar del paciente, entre otras.

Entre los procesos psicoterapéuticos se encuentran: la psicoterapia breve, de apoyo, esclarecimiento, técnicas cognitivoconductuales, técnicas de relajación, técnicas de desensibilización sistemática, hipnosis y psicoterapia de pareja, de familia y de grupo. El uso de psicofármacos es una herramienta fundamental para el tratamiento de los trastornos psicológicos y psiquiátricos más frecuentes en los pacientes con cáncer, de sus familias y del equipo terapéutico, que solos o en combinación dan resultados muy favorables.

La psicooncología como subespecialidad, surgió de la unión de la psicología y la psiquiatría con la oncología. Sus objetivos son la atención, enseñanza e investigación de los aspectos psicológicos, sociales, culturales, espirituales y religiosos de los pacientes con cáncer y su repercusión ante los tratamientos oncológicos, de la familia, del desgaste profesional y emocional del equipo terapéutico en oncología.

En 1987 se fundó la Sociedad Mexicana de Psicooncología, aunque hasta el 2001 se reiniciaron sus actividades. Fue entonces cuando el Psic. Onc. Salvador Alvarado Aguilar, primer egresado de la especialidad realizada en el Instituto Nacional de Cancerología con duración de tres años, fue nombrado presidente y a partir de ese momento se estructuró un programa anual de actividades.

En febrero de 2004 se promovió la formación del Comité de Psicooncología en la Sociedad Mexicana de Oncología, con el apoyo del doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo, actual presidente de la SMEO, para el trabajo inter, multi y transdisciplinario, con el objetivo de establecer un modelo de investigación para conocer lo que sucede entre, a través y más allá de toda disciplina relacionada con la atención, enseñanza e investigación en la oncología.

Por otro lado, los avances tecnológicos se han inclinado en la atención del paciente oncológico en curar su enfermedad física sin preocuparse de los aspectos internos. La atención tiende a dirigirse al proceso patológico, fragmentando en ocasiones al paciente como un grupo de órganos y no como una integridad.

La presente iniciativa busca que la psicooncología se encuentre contemplada como área prioritaria en el ámbito de la salud mental, ya que, por lo que respecta a los pacientes con cáncer, son muy pocas las instituciones que les brindan ayuda y terapia psicológica, para atravesar su proceso de tratamiento y duelo, en la búsqueda de combatir tan difícil enfermedad.

Con la presente reforma, México podrá encontrarse a la par en materia de salud mental, con países como España, Francia, Italia, Estados Unidos e Inglaterra, en los cuales, las instituciones públicas deben contar con el servicio de terapias a través de la psicooncología, para pacientes con cáncer, habiéndose demostrado que la terapia puede propiciar una salud mental suficientemente sólida para atravesar con mayor facilidad y dignidad el tratamiento respectivo, para el paciente y sus familiares.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis, al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;

III. La realización de programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia,

III Bis. La realización de programas por los que se garantice la impartición de terapias a los pacientes con cáncer, en cualquiera de sus etapas, mediante la psicooncología, dentro de las instituciones públicas de salud, y

IV. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Salud.

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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, recibimos una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados de la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo, suscrita por los diputados Jorge Triana Tena, Federico Döring Casar, Roberto Colín Gamboa, Patricia Garduño Morales, Ernesto Herrera Tovar, Juan Molinar Horcasitas, Margarita Saldaña Hernández, Miguel Ángel Toscano Velasco y Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados de la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo, suscrita por los diputados Jorge Triana Tena, Federico Döring Casar, Roberto Colín Gamboa, Patricia Garduño Morales, Ernesto Herrera Tovar, Juan Molinar Horcasitas, Margarita Saldaña Hernández, Miguel Ángel Toscano Velasco y Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales del Distrito Federal, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados a la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fuero no es más que un sistema de protección que ofrece la Constitución a efecto de que los servidores públicos no se vean obstaculizados en el ejercicio de sus respectivas funciones. El fuero protege la función pública que se encomienda y no a quien la desempeña, es decir, esta figura jurídica corresponde a la función pública que se desempeña al amparo de él y no a la persona que lo ejerce.

De lo anterior, resulta que éste cumple una función vital. Los altos funcionarios federales como el Presidente de la República, los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte, los secretarios de Estado y el procurador general de la República gozan de lo que se llama fuero constitucional, cuya finalidad estriba no tanto en proteger a la persona del funcionario sino en mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático.

En la actualidad, el fuero se encuentra severamente cuestionado por la población, la cual percibe esta garantía a favor de los funcionarios como un escudo que favorece a la corrupción en el ejercicio del servidor público. Hoy los ciudadanos lo conciben como un sinónimo de impunidad. La pésima percepción que de esta figura se tiene no es sino el producto de los últimos acontecimientos que han cimbrado a la opinión pública y que han orillado que la Cámara de Diputados inicie las correspondientes declaraciones de procedencia.

Sin embargo, debemos valorar un aspecto que es de suma importancia, el tema que es motivo de la presente iniciativa. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido jurisprudencia en el sentido de que cuando un servidor público con fuero solicitare licencia, éste aún tenía la protección constitucional que lo hacía inmune ante la justicia. En contraste, el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo primero que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Aquí cabe realizar una serie de precisiones respecto de la interpretación que se le ha otorgado a la figura del fuero, pues regirnos con lo dictado en la jurisprudencia comentada estaríamos aceptando erróneamente que el fuero protege al servidor público y no a la función pública.

Esto último trae aparejada la equivocada interpretación de que durante el tiempo en que el servidor público se encuentre separado de su encargo él conserva la protección constitucional del fuero, lo que implicaría la existencia de dos fueros protegiendo la misma función pública, es decir el fuero del servidor público separado de su encargo bajo licencia y de quien durante ese tiempo lo sustituya.

El supuesto arriba comentado a la luz de una interpretación lógica jurídica es importante debido a la propia naturaleza del fuero, pues como hemos venido subrayando la finalidad del fuero no estriba en proteger a la persona del funcionario sino a las instituciones democráticas y específicamente a la función pública que se desarrolla.

Con base en todo lo antes estimado, consideramos fundamental ajustar los supuestos normativos que regulan el fuero por lo que respecta a los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y también la del Jefe de Gobierno, pues es de interés de la iniciativa que aquí se presenta adecuar las disposiciones correspondientes con el fin de ceñirse a lo dispuesto en la ley suprema y aplicarse estrictamente a la naturaleza jurídica del fuero constitucional.

En virtud de lo expresado, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 42 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para eliminar la declaración de procedencia cuando los diputados a la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal soliciten licencia o durante el tiempo que se encuentren separados de su encargo

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 41. Los diputados a la Asamblea Legislativa son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos por ellas. Su presidente velará por el respeto al fuero constitucional de sus miembros, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar.

No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite licencia o durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Artículo 62. El jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá solicitar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal licencia para separarse del cargo por un periodo de hasta 125 días naturales, en cuyo caso el Secretario de Gobierno en funciones quedará encargado del despacho. Para el caso de que al concluir el término de la licencia concedida no se presentare, se reputará como falta absoluta y la Asamblea Legislativa nombrará un sustituto que concluya el encargo.

No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando el jefe de Gobierno del Distrito Federal solicite licencia o durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente escrito.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 31 días del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Juan Molinar Horcasitas, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco, Jorge Triana Tena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

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REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Señor Presidente, hay una asistencia de 396 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que en el orden del día están consideradas comunicaciones de la Junta de Coordinación Política y de que éstas han llegado ya debidamente requisitadas a esta Mesa Directiva, se ruega a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con las mismas.

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COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado José González Morfín, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en comisión, solicitado por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:

Sustitución de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo por la diputada Verónica Pérez Herrera como integrante de la Comisión de Vivienda.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, 31 de marzo de 2005.--- Diputado José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.

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FOCAS

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con la caza irracional e inhumana de focas en Canadá

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación a la brutal cacería comercial de focas, autorizada por el Gobierno canadiense, presentada por el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados se pronuncia enérgicamente en contra de la autorización del Gobierno canadiense para la caza irracional e inhumana de las focas bebés en Canadá, así como contra el procedimiento utilizado para la misma.

Palacio Legislativo, 31 de marzo de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Esta Mesa Directiva tiene registrada a la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán en pro de la propuesta, quien tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su venia, señor Presidente; diputadas y diputados de la honorable Cámara de Diputados: en esta ocasión, el Partido Verde Ecologista de México sube a esta tribuna para expresar su enérgico rechazo a la práctica tradicional que el Gobierno de Canadá ha permitido en la matanza masiva de miles y miles de focas a lo largo de las últimas décadas. Teníamos nosotros agendado también un punto de acuerdo en el mismo sentido, solicitándolo de urgente y obvia resolución. Sin embargo, al hacerlo suyo la Junta de Coordinación, evidentemente este asunto queda salvado. Manifestamos el apoyo del grupo parlamentario y agradecemos a todos su apoyo en este sentido. Muchas gracias.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada.

Tomás Trueba Gracián, ¿en qué sentido?

El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (desde la curul): En pro.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En pro y en términos reglamentarios, con dos oradores en pro se cierra la lista de oradores. Adelante.El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Con su permiso, diputado Presidente; amigas, amigos diputados: vengo en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para sumarnos en este punto de acuerdo. Exhortar a que no nada más votemos en favor del punto de acuerdo, sino que realmente nos sumemos a la protesta enérgica, nos sumemos todos los mexicanos para que se pare este grave delito que están haciendo en Canadá.

Hace unas semanas, a través del correo electrónico, estuve mandando a todos los diputados una queja internacional que llegó a través del correo electrónico con fotos de esta cacería totalmente irracional. No podemos atentar contra la vida de ningún ser vivo. No podemos afectar el futuro. Aunque hoy nos quieran decir que hay una sobrepoblación, en un futuro no podemos saber si esos animales estén en peligro de extinción. Pero además, la forma totalmente salvaje en que se lleva a cabo esta matanza es la que no podemos permitir. Por eso los diputados de Acción Nacional nos sumamos a aprobar este punto de acuerdo; lo hacemos nuestro y los exhortamos a que se sumen --insisto-- no sólo a votar sino a trabajar de manera conjunta para acabar con este tipo de actividades que tanto envilecen al ser humano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos del 122, se considera el asunto suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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GAS NATURAL

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para solicitar al Gobierno Federal que atienda, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, la problemática que se presenta con la empresa Gas Natural

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal que atienda de inmediato, mediante la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, la problemática que se presenta con la empresa Gas Natural, presentada por el diputado Adrián Villagómez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al Gobierno Federal que, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, atienda la problemática que se está presentando con la empresa Gas Natural, la cual en forma desmedida está incrementando los precios del gas natural, así como que revise si la empresa está cumpliendo con la normatividad establecida para la colocación de sus instalaciones y, en su caso, proceda de inmediato a la revocación de los permisos y autorizaciones correspondientes a la empresa Gas Natural y a aquéllas que están prestando este servicio, hasta en tanto no se ajusten a los precios que fije la autoridad y a las normas que otorguen plena seguridad a la ciudadanía.

Palacio Legislativo, 31 de marzo de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia tiene registrado al señor diputado don Adrián Villagómez García en pro, quien tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.El diputado Adrián Villagómez García: Muchas gracias, diputado Presidente: los legisladores del grupo de Nuevo León, del Revolucionario Institucional, venimos a apoyar este acuerdo para plantear una problemática que se está presentando de manera recurrente en todas las ciudades donde se consume o se está introduciendo gas natural, tanto para uso doméstico como para uso industrial, en las que se están incrementando los precios sin control alguno. En Nuevo León, la empresa Gas Natural en periodos cortos ha incrementado los precios sin explicación alguna, dejando al consumidor totalmente indefenso, sobre todo a las clases más desprotegidas, que se ven imposibilitadas de pagar los altos costos.

Es de señalar que también al sector industrial se le está afectando seriamente, al grado de que se corre el riesgo de cierres generalizados de empresas, lo que está implicando la pérdida de empleos. Tan sólo como un ejemplo, en 2004 cerraron por esta causa 225 empresas en el estado de Nuevo León. Estos precios también están impactando en la generación de energía, lo que se refleja finalmente en el precio al consumidor. Las autoridades a que han acudido los ciudadanos han evadido la responsabilidad que les corresponde, alegando todas ellas falta de competencia, lo cual no tiene sustento alguno. La Comisión Reguladora, en términos de la ley que la rige, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía que tiene por objeto promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento y distribución del gas natural y cuenta con atribuciones para aprobar los términos y las condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera mano de gas natural y expedir las metodologías para la determinación de sus precios.

Está claro que las atribuciones existen. Por ello no entendemos por qué las autoridades federales no actúan con el reclamo ciudadano de que sólo en un bimestre se le han incrementado los precios del gas hasta en 300 por ciento. La prensa daba cuenta recientemente de que, ante una manifestación, la empresa decidió en ese momento bajar el precio a los ahí presentes. Con ello queda de manifiesto la forma arbitraria en que se aumentan o disminuyen los precios, ante la incompetencia de las autoridades encargadas de regular este precio y el servicio prestado. Sólo a manera de ejemplo, mencionaré algunas diferencias en los cobros que realiza Gas Natural por metro cúbico en diversas ciudades: en Monterrey, 1.51; en Nuevo Laredo, 1.97; en Saltillo, 1.85; en Toluca, 1.20; en el DF, 1.58; en Mexicali, 2.92; en Durango, 2.93; en Piedras Negras, 1.49 y 1.95. Es decir, hay gran fluctuación en el cobro del precio.

En este sentido, es conveniente señalar la falta de supervisión de las autoridades encargadas de vigilar que esta empresa cumpla la normatividad de mantenimiento a las instalaciones, por lo que ya se han presentado diversos accidentes que por fortuna hasta el momento no han significado la pérdida de vidas humanas. Estos accidentes se han dado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en las cercanías de las instalaciones del Transporte Colectivo Metro y en la Ciudad de México, en un lugar muy cercano a una unidad habitacional. Por lo anterior, es imperativo que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, organismo desconcentrado el primero y --por tanto-- subordinado jerárquicamente a la misma, asuman de inmediato su responsabilidad de todo lo relacionado con la prestación del servicio, la fijación de tarifas, instalaciones y medidas de seguridad relacionadas con el gas natural y que actúen de inmediato, que modifiquen el reglamento de gas natural, el de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para revisar el concepto de ``costo de oportunidad'', para avanzar en la solución a corto plazo.

Rechazamos desde esta tribuna el comunicado que ha remitido el secretario de Energía a la Comisión de Energía de esta Cámara para afectar los excedentes petroleros en apoyo del consumo doméstico, por ser claramente insuficiente y no resolver en lo más mínimo el problema de fondo que está afectando a los consumidores de gas natural. Por ello pedimos, en nombre de los ciudadanos de Nuevo León, al Ejecutivo federal que actúe de inmediato; y al auditor superior de la Federación, que realice con carácter de urgente una auditoría a la empresa Gas Natural, en relación con los contratos que le permiten la prestación de estos servicios. No deben esperar a que la ciudadanía salga a las calles para protestar por los precios desmedidos o que tengamos que lamentar la pérdida del patrimonio de toda una vida de esfuerzos o, aún más grave, la pérdida de vidas humanas para que estas autoridades actúen. Amigos, compañeros legisladores: les pedimos su apoyo para que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución, en nombre de todos los compañeros priístas legisladores del estado de Nuevo León. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Siendo éste un acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, se someterá a la consideración del Pleno de inmediato, sólo que tenemos el registro de Norma Patricia Saucedo Moreno, del Partido Acción Nacional, en pro y no habiendo oradores en contra, en términos del 122, de inmediato se someterá a la consideración del Pleno.La diputada Norma Patricia Saucedo Moreno: Hago uso de esta alta tribuna para manifestar la posición que mi partido tiene sobre la problemática derivada de las tarifas por el uso de gas natural en el estado de Nuevo León, aplicadas por la empresa Gas Natural México. Para Acción Nacional, el desarrollo económico de México está fuertemente ligado al efectivo aprovechamiento de su potencial energético. Diversas iniciativas contemplan la necesidad de garantizar el suministro de gas natural por medio de un adecuado marco jurídico regulatorio y de incentivos que favorezcan nuevos esquemas de inversión.

Sin embargo, hasta la fecha no se han materializado. Y precisamente por la falta de esas reformas, tan necesarias para México, hoy día tenemos asuntos como el que discutimos en esta ocasión. Sobre el problema particular de las altas tarifas que se cobran por el uso del gas natural, es oportuno destacar los siguientes factores: durante los últimos años, el precio de los combustibles en nuestro país se ha venido incrementando, tal es el caso de las tarifas eléctricas. En 2004, éstos aumentaron 23 por ciento, correspondiendo 68 por ciento a la inflación y el restante 32 por ciento al incremento de los precios de los combustibles para generar energía. Dentro de este 32 por ciento, 91 por ciento es causado por encarecimiento del gas natural. El gas natural se caracteriza por constantes alzas en los precios al público: en 2004, los precios de los combustibles en general se incrementaron en 21 por ciento, mientras que el gas natural creció 44 por ciento.

La Comisión Reguladora de Energía es la encargada de regular el marco de gas natural. Su reglamento establece la metodología para el cálculo de las tarifas y señala que el precio de los distribuidores cobren a los usuarios finales estará integrado por el precio de adquisición, más las tarifas de transporte, almacenamiento y distribución. El precio final estará referenciado a la tarifa de Texas. La Comisión Reguladora de Energía establece 21 distribuidoras para cada zona del país, lo que provoca que cada distribuidor tenga exclusividad en determinadas regiones y ejerza prácticas que pueden considerarse monopólicas.

Se puede apreciar que el precio del gas natural depende de muchos factores, que no pueden ser controlados por nuestras autoridades del Gobierno Federal. Como resultado, tenemos que México muestra una clara incapacidad para satisfacer la demanda de gas natural, ante la escasa oferta existente, lo que nos hace más dependientes de las ventas de Estados Unidos, a precios demasiado altos, como son los hidrocarburos de Texas. No tenemos reservas de gas natural suficientes para satisfacer la demanda interna, que cada vez es mayor. Se requiere inversión para explotar los yacimientos que se encuentran localizados en las aguas profundas de nuestros mares. Aunado a lo anterior, existen cuatro variables que encarecen el gas natural: primera, el costo de adquisición del gas; segunda, el cargo por distribución con comercialización; tercera, la renta del servicio; y cuarta, el IVA. Por ello necesitamos establecer mecanismos efectivos para resolver esa problemática, mismos que destaco a continuación:

En primer lugar, y como una acción inmediata para evitar más alzas de las tarifas, debemos exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para que revisen a la brevedad la magnitud del cobro del servicio de gas natural en Nuevo León y determinar si las tarifas son excesivas para corregir y fincar responsabilidades, si fuere el caso. En este sentido, existe un antecedente reciente donde la CRE revisó a la baja las tarifas de distribución aprobadas para la empresa Distribuidora de Gas Natural de la Laguna, Durango, con el objetivo de mitigar el impacto final en la factura de los usuarios de gas natural. El resultado fue una disminución de las tarifas, de manera gradual, en beneficio de los consumidores de esta región. Como medidas de mediano y largo plazos, e igual de necesarias que la anterior, se requiere sanear las finanzas de Pemex, dotarlas de autonomía de gestión para que puedan actuar como empresa y alcanzar una reforma energética, para establecer nuevos mecanismos que atraigan inversión privada.

Estamos lejos de contar con gas natural barato mientras existan escasez de este combustible en el país e insuficientes recursos presupuestarios para financiar nuevos proyectos. Sobre la responsabilidad de Gas Natural, se necesita analizar y modificar los términos de su concesión y conocer los motivos por los que se permiten estos aumentos en las tarifas para el estado de Nuevo León. No debe descartarse ampliar el número de distribuidores para que un mercado más competitivo y, por ende, que haya una tendencia hacia la baja en los precios que se cobran.

Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, para revisar con carácter de urgente las tarifas cobradas por el servicio de gas natural por parte de la empresa Gas Natural México en Nuevo León, impidiendo que se den nuevos incrementos de las mismas en tanto no se determinen las causas que generen los elevados cobros. Asimismo, consideramos fundamental solicitar al Gobierno Federal que revise profundamente los términos de la concesión otorgada a Gas Natural México para ver si cumple la normatividad correspondiente, procurando que no se atente contra los intereses de los consumidores de este combustible. Por último, en nombre de mi partido, hago una especial invitación a la H. Cámara de Diputados para que los distintos grupos parlamentarios alcancemos los acuerdos que permitan realizar las reformas estructurales necesarias, para que nuestra política energética tenga posibilidades de desarrollo efectivo en beneficio de la sociedad mexicana. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El artículo 122 nos dice que cuando sólo se pidiera la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara. Sin embargo, esta Presidencia tiene la solicitud de los siguientes oradores: Blanca Judith Díaz Delgado, del Partido Acción Nacional; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Verde Ecologista; y Francisco Javier Carrillo Soberón, del PRD. Luego entonces, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si es de otorgarse el uso de la palabra a estos tres oradores.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de autorizarse el uso de la palabra a los tres oradores que ha comentado la Presidencia.

En votación económica, se pregunta a las ciudadanas y a los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, tiene el uso de la palabra Blanca Judith Díaz Delgado, del Partido Acción Nacional.La diputada Blanca Judith Díaz Delgado: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: el Partido Acción Nacional definitivamente está de acuerdo en gran parte de este punto de acuerdo que se presenta el día de hoy. Queremos decirles que estamos sumados a esta inquietud que ha surgido específicamente en nuestro estado, debido al alza de las tarifas, especialmente en el gas. El problema de nosotros es un problema muy significativo, debido a que gran parte de los ciudadanos de nuestra área metropolitana, principalmente, viven y hacen sus alimentos y el gas que ellos consumen es un gas que precisamente llega entubado y que está siendo en este momento distribuido por Gas Natural.

Estamos conscientes de que muchas de las familias están teniendo que decidir entre pagar el gas o seguir pagando otro tipo de cosas que son indispensables para vivir. Por ello estamos de acuerdo en este punto de acuerdo. Sin embargo, sí quisiera hacer mención y pedir a los compañeros del PRI y a los compañeros de todos los partidos políticos, en virtud de que en nuestro estado han manifestado todos los presidentes de los partidos políticos esta inquietud y han estado unidos para trabajar el tema, sí quisiera pedirles que no echemos por la borda ninguna de las situaciones que puedan dar solución a este problema. Y me refiero específicamente a la propuesta que nos acaba de hacer el secretario de Energía, de la revisión y de la modificación para que de los excedentes petroleros pueda usarse una parte de ese recurso, de los excedentes petroleros, para el subsidio de las personas de escasos recursos que no puedan cubrir en este momento la cantidad que se necesita para pagar sus recibos de gas.

Les pediría que lo analizáramos juntos, que no echemos por la borda ninguna de las situaciones que nos sean presentadas como alternativas. Lo importante es que el pueblo de Nuevo León se beneficie, lo importante es que la gente siga teniendo su consumo. Y, de la misma manera, quiero exhortar a la compañía de gas a que se sensibilice con la situación que vive la población de nuestro estado. Sabemos que se firmó un contrato y que las reglas del juego estaban puestas así en su momento. Sin embargo, queremos apelar a la sensibilidad y a que atiendan a su clientela, a que atiendan a quien de ellos reciben o a quien ellos brindan el servicio, que son todos los usuarios de Nuevo León. Estaban pactados estos aumentos escalonados con anterioridad, ya era un tema que sabíamos que iba a suceder, porque cuando se hizo la contratación de este servicio y cuando se dio esta concesión a Gas Natural así se pactó. No podemos sorprendernos, pero los queremos llamar a la sensibilidad, queremos que Gas Natural entienda y sepa y atienda a sus usuarios y que vea cuál es la situación del país, que vea la situación económica que vive también nuestro estado.

Así que ésas son las dos invitaciones que hacemos y, por supuesto, estamos de acuerdo en que las tarifas del gas son altas, pero de la misma manera los invito, compañeros, al igual que lo hizo ya mi compañera Norma Saucedo, a que vayamos a la raíz del asunto, a que revisemos la reforma energética en su totalidad. Eso es vital, compañeros. La demanda crece y entonces si la demanda del gas crece, el precio sube y --efectivamente-- compramos el gas en el lugar más caro del mundo donde se expende, tenemos que tener distribuidoras en otros lados. El Gobierno Federal lo está haciendo; vamos a tener tres opciones diferentes: Altamira, Ensenada y Colima; entonces, vamos a trabajar también en eso. No nos cerremos a todas las opciones.

Sin embargo, quiero dejar bien claro que el Partido Acción Nacional está de acuerdo con esta situación planteada específicamente por nuestro compañero Adrián Villagómez y con todos los compañeros del Partido Revolucionario Institucional. Y pido a esta Cámara que apoye esta propuesta porque es por el bien de los ciudadanos del estado de Nuevo León. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Adrián Villagómez García (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado Adrián Villagómez?El diputado Adrián Villagómez García (desde la curul): Solicito la tribuna, diputado Presidente, por alusiones personales.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para alusiones personales, tiene el uso de la tribuna el diputado don Adrián Villagómez. Y ruego al diputado Cuauhtémoc Ochoa si nos permite un segundito. ¿Está usted de acuerdo, diputado?

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Claro.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias por su gentileza. Adelante.El diputado Adrián Villagómez García: Gracias, diputado Presidente: quiero nada más hacer del conocimiento de todos los compañeros que lo que acaba de verter ahorita la compañera diputada Judith Díaz Delgado, con relación a que apoyemos la propuesta que mandó el secretario de Energía a la Comisión de Energía de esta Cámara, en el cual se apoyen estos recursos de gas a los consumidores de gas natural con el dinero de los excedentes del petróleo, es una situación que no la apoyamos directamente por tratarse de que esto va a tardar mucho en que este proceso se rea-lice. Si vemos y analizamos ahorita la situación por la que están pasando los usuarios de gas natural en Nuevo León, principalmente gente que gana mil 500, mil 600 pesos mensuales, gente que únicamente recibe una pensión, gente que son mayores de edad y esa gente no tiene los recursos actualmente para poder pagar el gas... Les llegan cobros de mil 800 y 2 mil pesos por bimestre; eso hace que todo el presupuesto que reciben de la pensión lo utilizan para pagar el gas o lo utilizan para comer. Ante tal situación, esto va a tardar mucho y esta gente no puede esperar más. Ya no podemos tolerar más esta situación. Sabemos que está en manos del secretario de Hacienda y del secretario de Energía que estos precios bajen. No tenemos por qué andarle sacando y viendo promover leyes y que se vuelvan a realizar, que se voten, etcétera, y que van a dilatar un gran tiempo. Ante tal situación, pedimos que esto se realice ya, de inmediato. Muchas gracias.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, compañero diputado. Diputado Ochoa: gracias por la gentileza y la bondad; adelante.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: De nada, señor Presidente.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Don Pedro Ávila Nevárez, ¿con qué objeto?El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Pido la palabra para el mismo tema, señor Presidente. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Para el mismo tema, en su momento consultaré a la Asamblea.

Adelante, diputado.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Gracias, diputado Presidente. El día de hoy, como miembro del Partido Verde Ecologista de México, quiero apoyar el presente punto de acuerdo, ya que consideramos de vital importancia que el Gobierno Federal, a través de las ramas de la administración pública correspondientes, atienda la problemática que se está presentando con la empresa Gas Natural, debido a que los altos precios que cobra esta empresa en varias entidades de la República Mexicana, ha habido inconformidades fundamentales que afectan la economía de los usuarios.

Por ejemplo, como ya mencionaba el diputado Adrián, algunas familias de este estado, en el cual pagaban 250 pesos bimestrales, ahora casi llegan a pagar cerca de 2 mil pesos. La Secretaría de Energía, encargada de este tema, como responsable del Gobierno Federal, debe revisar el título de concesión de la compañía Gas Natural México porque no sólo es la problemática de los altos precios en el cobro del gas, sin considerar que esta empresa tiene más de 1 millón de usuarios en el país sino que, aunado a esto, la empresa enfrenta quejas por el mal estado de sus redes de distribución. No debemos olvidar que hace algunos meses provocaron una explosión en las instalaciones del Metro de Monterrey, que dejó como saldo una persona muerta, varias lesionadas y daños materiales por cerca de 40 millones de pesos.

En nuestro partido reconocemos que el Poder Legislativo debe realizar las reformas necesarias para tener un mejor aprovechamiento del gas natural; sin embargo, no podemos permitir que ciertas empresas aprovechen estos vacíos en la legislación vigente para cobrar lo que ellos consideran conveniente por el uso de este gas energético. Por lo anterior, el grupo parlamentario de mi partido apoya el presente punto de acuerdo, ya que no solamente tenemos una posición firme frente a los abusos que se cometen contra los mexicanos, sino que también buscamos tener un aprovechamiento consciente de los recursos naturales. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón. No está... Aquí viene. Lo esperamos, diputado; con calma.El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias, compañero Presidente, por su paciencia: vamos aquí a participar también para apoyar el punto de acuerdo que se ha planteado con nuestros compañeros diputados de Nuevo León, pero queremos hacer una serie de reflexiones urgentes en torno al tema del gas natural, para que la actitud y los reclamos de la Cámara de Diputados puedan apuntar al fondo del problema, además de poder atender los reclamos que en corto plazo requieren los consumidores del estado de Nuevo León.

En primer lugar, señalar que esto que está aconteciendo con la distribución del gas natural es el fracaso de la privatización de la distribución del gas natural en México, porque las redes naturales, las redes y las industrias de red tienen una estructura esencialmente oligopólica, es una red natural, monopólicamente natural que no admite competencia. De tal manera, el cargo de distribución que no está asociado al costo del gas está autorizado por la Comisión Reguladora de Energía en un marco estrictamente monopólico, cuando en Europa las industrias municipales, las redes de distribución de gas natural son redes públicas que permiten manejar justamente precios de carácter nacional. Nosotros hemos abierto nuestras redes a la competencia internacional y, por tanto, estamos efectivamente influidos por los precios internacionales.

Nuestro gas natural no es un gas que exista de sobra en nuestras reservas. No hay grandes reservas de gas natural en México y estamos quemando grandes cantidades de gas natural para generar electricidad. Esto obliga a importar crecientemente grandes volúmenes de gas a costos altos, mucho más altos que los costos de producción nacional. Necesitamos liberar gas de la quema para generar electricidad, para que disminuyamos las importaciones y aumente el componente nacional en el precio del gas natural. El componente nacional del precio de gas natural está al 50 por ciento de lo que nos está costando el gas importado a los precios de referencia de Texas. Necesitamos ese gas natural también para reinyectarlo a nuestros yacimientos petroleros y mejorar la recuperación del crudo. En Estados Unidos se está generando 60 por ciento de su energía eléctrica con carbón y han desarrollado tecnologías para limpiar el carbón, disminuyendo al mínimo el aspecto ambiental, gracias a que hay inversión en ciencia y tecnología.

Necesitamos que nuestros excedentes petroleros no sólo atiendan a subsidiar en este caso a las empresas privadas. Lo que está planteando el secretario Elizondo es subsidiar a los privados para que puedan seguir vendido al mismo precio su gas natural. Necesitamos que el excedente petrolero se vaya a fortalecer la investigación científica y tecnológica. Hay un proyecto en el Instituto Mexicano del Petróleo para investigar el petróleo en aguas profundas, por 400 millones de pesos, que está detenido porque no hay dinero para investigar el petróleo en aguas profundas, lo que nos permitiría --insisto--, además de incrementar las reservas y la explotación del gas natural mexicano a precios 50 o 60 por ciento más baratos que el gas que estamos importando, nos permitiría también cambiar la tecnología de nuestras plantas generadoras de electricidad. Que sigan quemando gas para generar electricidad como un primer efecto es, justamente, el encarecimiento del gas por los grandes volúmenes de gas importado.

Hemos entonces ya acordado en la Comisión de Energía convocar al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía para que explique su comportamiento como un facilitador de los negocios privados. No ha sido un regular del Estado, no ha cumplido su papel de proteger el interés público; ha sido un verdadero protector del interés privado. De tal manera, esta Cámara debe asumir la defensa del interés público; efectivamente, convocar a la Comisión Reguladora; efectivamente, exigir al Gobierno Federal que cambie su política energética y, en todo caso, analizar con cuidado la propuesta del uso de los recursos de excedentes petroleros porque el hecho de que sean para subsidiar a los privados... Habría que analizar si acaso es el mejor uso de ellos.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de otorgarse el uso de la palabra a don Pedro Ávila Nevárez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el hecho de dar la palabra al diputado Pedro Ávila Nevárez.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Pedro Ávila Nevárez hasta por cinco minutos.El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: aquí he escuchado diferentes planteamientos que se iniciaron con la intervención valiente de los compañeros de Nuevo León para que el gas natural se venda a precios asequibles en aquella región progresista de nuestra patria; y esa rebelión de los compañeros diputados de Nuevo León la encabezó su gobernador hace unos días, acompañado de miles de gentes del valiente pueblo de Nuevo León.

Hoy vengo a esta tribuna porque no es posible que el gas natural, que es producto de las entrañas mismas de nuestra patria, porque se da en los mantos petroleros de la misma, se venda a un precio tan alto. La Comisión Nacional Reguladora de Energía no ha cumplido su compromiso, como tampoco la Secretaría de Hacienda. ¡Qué nos estamos haciendo aquí bolas, si Francisco Gil Díaz es el causante de todo este retroceso, en perjuicio de los pobres de México! Él es el que ha frenado que se regularice todo esto. ¿Qué le cuesta al secretario, al secretario de Hacienda, que está traicionando al Presidente Fox? Porque lo puso ahí para que resuelva los problemas de México, y este señor lo único que hace es voltear todas las cosas que el Presidente quiere que vayan en beneficio del pueblo por el otro lado.

Allá, en Durango, en mi estado natal, el gas también es una cosa de lujo porque la gente pobre va a comprar su gas y se queda sin pagar otras cosas u otras situaciones que benefician a su familia. No puede comprar ni cuadernos ni alimentos para sus hijos porque tiene que comprar el gas. Ahora ya mucha gente vuelve a hacer cocina con carbón o con leña porque el gas está por las altas nubes de Moncayo. Desde esta tribuna exhorto al señor Presidente de la República para que meta en cintura a Francisco Gil Díaz, y haga que a todos esos concesionarios que están a todo lo largo y ancho de la República, porque no es sólo el caso de Nuevo León sino también de Durango, de Zacatecas, de Sonora, de Jalisco, de todos lados, para que a esos sinvergüenzas que han tergiversado la confianza que se les ha dado como concesionarios en diferentes partes de la República vendan el gas barato o se vayan a sus casas. Así de fácil está la cosa. ¡Qué le damos vuelta: el problema está en la Secretaría de Hacienda! O que se retire Francisco Gil Díaz, porque está afectando los intereses de millones de gentes que llevaron a la Presidencia a Vicente Fox. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En términos de las facultades que la ley otorga a la Presidencia, vamos a conceder el uso de la palabra a don Emilio Serrano, en la inteligencia de que con esto consideramos el tema suficientemente discutido.El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su permiso, diputado Presidente: primeramente, quiero felicitar a mis compañeras y compañeros diputadas y diputados de Nuevo León por habernos dado el ejemplo de la lucha, de hablar y defender los intereses de sus representados. Así es como se debe trabajar en esta Cámara de Diputados, defendiendo los intereses de los que menos tienen, de los pobres de México. Y quiero hacer notar que este problema, esta crisis que se está viviendo por el precio elevado del gas, no es privativo del estado de Nuevo León, es de todo el territorio nacional. O díganme, compañeras y compañeros diputados, si en alguna entidad federativa está abajo el precio del gas en todo el país.

No es posible que el Gobierno Federal esté dando oportunidad de que se enriquezcan más los ricos a costa de la miseria de los pobres, de exprimirlos. Son seis familias las dueñas, distribuidoras de todas las empresas del gas; ganan demasiado dinero. Y, efectivamente, Francisco Gil Díaz, igual que el secretario de Energía, igual que el secretario de Economía, tal parece que son los enemigos de Vicente Fox Quesada, porque hacen cosas que tal parece que son a espaldas de él, que perjudican directamente al pueblo de México. Si alguien se está haciendo impopular, el Presidente de la República, es por culpa de estos ineptos, abusivos e irresponsables funcionarios del Gobierno Federal.

Claro que el pueblo echa la culpa al Presidente cuando los errores del mal gobierno los tiene que pagar el pueblo de México. No es posible que el secretario de Energía pida subsidio para las empresas que se están hinchando de dinero, cuando se ha incrementado el precio del gas en dos años y medio más de 100 por ciento. Ejemplo: hace dos años y medio, un cilindro de 20 kilogramos costaba 79 pesos, ahora vale más de 158 pesos por el incremento que se dio este día, incremento que se acaba de autorizar, como el que se hace cada mes. Eso es insoportable. Efectivamente, don Pedro tiene razón: vamos a regresar a los tiempos de nuestros abuelos, en que se tengan que alumbrar las casas con vela porque no alcanza para pagar la luz; que se tenga que guisar con carbón o leña, que también nuestros bosques se están acabando, porque no hay para pagar el gas.

Empresas abusivas, hambreadoras, que no tienen llenadero. Pero nosotros sí tenemos la facultad, compañeras y compañeros diputados, tenemos la facultad de poner un alto a estos abusos que están matando de hambre al pueblo de México. Ahora se ven en la disyuntiva quienes tienen un salario mínimo de mil 300 pesos mensuales de pagar un recibo de luz o pagar el consumo de gas o comer o vestirse. No es posible que sigamos con esa situación. Espero, compañeras y compañeros diputados, que este día me permitan presentar ante este Pleno la solicitud de un punto de acuerdo para que se detenga ya el precio del gas a nivel nacional, así como en Nuevo León, que tienen todo nuestro apoyo. Vamos a apoyar las entidades que componen nuestro país. Muchas gracias, diputado Presidente, por la oportunidad.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría someter a la consideración de la Asamblea si es de aprobarse o no el punto de acuerdo.

La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde la curul pide la palabra)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputada?La diputada Blanca Judith Díaz Delgado (desde la curul): Quiero solicitarle que la votación fuera nominal. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes la apoyan? Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico hasta por 10 minutos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

(Votación)

Presidencia del diputado Juan de Dios Castro LozanoEl Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Nos acompañan estudiantes de la Universidad Iberoamericana, invitados por el señor diputado don Óscar González Yáñez, a quienes damos la más cordial bienvenida.

Igualmente, nos acompañan estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitados por la diputada doña Mayela Quiroga Tamez, a quienes también damos la más cordial bienvenida.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente: se emitieron a favor 377 votos, en contra 0 votos y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretario. Aprobado; comuníquese.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señoras y señores legisladores, el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, remitió iniciativa que reforma los artículos 33 y 58 de la Ley General de Salud, en materia de rehabilitación y participación de la comunidad.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma los artículos 33 y 58 de la Ley General de Salud, en materia de rehabilitación y participación de la comunidad, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Jesús Martínez Álvarez, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A todos aquellos pacientes que padecen de cáncer, debe serles proporcionada, a través de los organismos integrantes de la Administración Pública Federal, una mejor calidad de vida en el desarrollo de su tratamiento y lucha para superar tan difícil enfermedad. Como parte del apoyo que actualmente se da a los pacientes que padecen esta enfermedad, algunas clínicas y hospitales cuentan con un espacio de juego, talleres recreativos, donde se busca la distracción y esparcimiento de los familiares y de los pacientes que se encuentran sometidos a tratamiento con quimioterapia o radioterapia, que en ocasiones llega a ser devastador para el paciente y por otro lado, la pérdida de algún órgano o alguna extremidad, o parte de ella, a causa de la invasión y expansión del propio cáncer.

Una parte de los beneficios que existen y deben prevalecer para dichos pacientes, es la alimentación especial, incluyendo las dietas y fórmulas especiales establecidas por los médicos tratantes, según las necesidades, para su favorable recuperación.

A partir de la pobreza que puede aquejar a muchos pacientes con cáncer y a sus familias, que apenas pueden hacer frente a la permanencia de los mismos en instituciones públicas de salud y a la adquisición de algunos medicamentos básicos para combatir el difícil tratamiento contra el cáncer, nos enfrentamos frente a un grave problema que se constituye en la pérdida o amputación de algún órgano o extremidad, o parte de ella, sin tener posibilidades reales de adquirir una prótesis, que le dé al paciente mayor calidad de vida en su rehabilitación, situación por la cual se considera necesario que el Gobierno Federal cuente con los programas y recursos necesarios para subsidiar dicha adquisición.

Desde hace varios años se han realizado intentos para combatir dicha deficiencia y como ejemplo podemos mencionar que por acuerdo presidencial aparecido en el Diario Oficial el 9 de junio de 1983, se instituyó el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, que amplió el campo de acción de la Comisión Interinstitucional dependiente del Consejo de Salubridad General, al tomar en cuenta además, los cuadros básicos de material, reactivos y medios de diagnóstico para laboratorio y gabinete, instrumental y equipo médico, y material de curación y prótesis. El mismo ordenamiento ratificó a la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, como el grupo de trabajo del Consejo de Salubridad General, responsable de este análisis. Sin embargo, la realidad actual refleja, veintidós años después, que por lo que a prótesis para pacientes con cáncer respecta, su adquisición resulta muy complicada y muy costosa, situación contraria a lo que sucede en países de Europa y Estados Unidos, en los que diversas instituciones públicas contribuyen a la prestación de este servicio para los pacientes de las áreas de oncología.

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de su delegación en San Luis Potosí, ha tomado cartas en el asunto, entregando recursos federales por 2 millones 250 mil pesos del Programa de Conversión Social para apoyar los proyectos sociales de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la entidad, y su delegado hizo saber, en su momento, que con estos recursos se beneficiarán más de 122 mil 500 personas, a través de proyectos vinculados con el tratamiento a niños y adultos con cáncer, a lo cual se agrega que, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia dicha ayuda deberá contar a nivel federal con el apoyo no únicamente para medicamentos y tratamientos contra el cáncer, sino, con un subsidio para la elaboración y adquisición de prótesis.

Para efectos de lo anterior, dentro de las clínicas protésicas deben conocerse ciertos factores para poder prescribir una prótesis, ya que existen, diferentes niveles de amputación de acuerdo a la longitud del segmento donde se haya practicado la ablación, éstas pudieran ser a nivel del pie, llamadas amputaciones parciales del pie, como también la que se realiza a través de la tibia en sus diferentes tercios; en relación al fémur también encontraremos amputaciones a través del mismo en su tercio distal, tercio medio, y tercio próximo o muy corto, existiendo también dos desniveles más como la desarticulación de la rodilla y la desarticulación de la cadera, independientemente de las amputaciones que se generan en extremidades superiores del cuerpo, como brazos, manos, dedos y todas aquellas que dan movilidad y destreza al paciente con cáncer que tiene un tumor.

Igualmente es importante contar con un conocimiento general del paciente, relativo a la edad, sexo, estado civil, qué tipo de trabajo desarrollaba antes de la amputación, e información que proporcione una valoración física general del paciente, para prescribir o recomendar los componentes que conforman la prótesis.

Por otro lado, es básico considerar que una vez amputada una extremidad y se retiran los puntos del muñón, todo amputado sin excepción, tendrá que asistir a un tratamiento de terapia física llamado tratamiento pre-protésico, el cual tiene como fin, poner en condiciones físicas al muñón y al paciente para su tratamiento protésico, por el tiempo que determine su terapista físico, situación que sustenta la necesidad de contar con los elementos legales suficientes para que el Estado proporcione la ayuda necesaria para la adquisición y uso de prótesis, a cargo de los pacientes diagnosticados con cáncer y que pierden algún órgano, extremidad o parte de ella.

En suma, a juicio del grupo parlamentario de Convergencia, la presente iniciativa generará importantes avances para México en materia de salud, ya que, actualmente resulta muy costoso para los pacientes, adquirir una prótesis, según sea el caso, y con la ayuda que proporcione el gobierno a través de los organismos competentes, nuestro país le concederá un gran beneficio y dignidad a quienes se ven impedidos a llevar una vida normal, aun a pesar de su enfermedad, a causa de la pérdida de un órgano, extremidad o parte de ella.

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente

Iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 33 y 58 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 33.- Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno,

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las invalideces físicas o mentales, y

IV. Se incluye como servicio de salud, la adquisición de prótesis para pacientes con cáncer, que han sufrido la pérdida de un órgano, extremidad o parte de ella, así como la correspondiente terapia de rehabilitación, para el uso de las mismas.

Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones:

I. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes;

II. Colaboración en la prevención o tratamiento de problemas ambientales vinculados a la salud;

III. Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas simples de atención médica y asistencia social, y participación en determinadas actividades de operación de los servicios de salud, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes;

IV. Notificación de la existencia de personas que requieran de servicios de salud, cuando éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;

V. Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud;

V bis. Información a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la salud o por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o peligrosas y sus desechos;

V bis I. Coordinación con las instituciones públicas de salud para la prestación del servicio de prótesis para pacientes con cáncer, que han perdido un órgano o extremidad, o parte de ella;

VI. Información a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias que se adviertan en la prestación de servicios de salud, y

VII. Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil cinco.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud.

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ARTICULOS 52, 53 Y 54 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación proporcional.El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: el tema de la representación política es un tema a debate y que tiene que ver con el núcleo fundamental de la democracia representativa. En efecto, en el contexto de una democracia como la nuestra se debe garantizar que en el mecanismo que integra la Cámara de Diputados estén ahí presentes los intereses de los mexicanos, así como de los que los representan.

Dentro de las distintas formas de representación, nuestra Constitución adoptó en un principio el principio de la mayoría relativa y fue hasta 1962 cuando se añade la representación proporcional, estableciendo una suerte de mecanismo mixto, tanto en el seno de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. El establecimiento de este sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional, instituido en el artículo 53 de nuestra Constitución, tiene como finalidad hacer posible el fortalecimiento de la pluralidad y el acceso de las minorías, de tal manera que se garantice en la Cámara de los Diputados la representación de todos los mexicanos. En el artículo 54 de nuestro máximo ordenamiento se señalan las reglas y los requisitos necesarios para que los partidos puedan obtener estas diputaciones plurinominales. Sin embargo, consideramos que la representación política que tiene la Cámara de Diputados puede perfeccionarse estableciendo el sistema de porcentajes mayores de votación, de tal manera que la lista de diputados que la integran por la vía de la representación proporcional se integre en 50 por ciento por los diputados que, habiendo sido candidatos por la vía uninominal, que hicieron campaña en sus distritos, hayan obtenido un porcentaje de votación importante.

Así, de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, 300 se elegirían por el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 serán electos según el principio de representación proporcional. De estos últimos, 50 por ciento se asignaría de acuerdo con las listas regionales de representación proporcional que integren los partidos y el otro 50 por ciento se asignaría de acuerdo con los porcentajes mayores de votación válida distrital de cada circunscripción de los candidatos de cada partido, no electos bajo el principio de mayoría relativa. Como Acción Nacional ha manifestado en diversas ocasiones, y lo reitera en su plataforma legislativa de 2003, consideramos que debe hacerse una modificación de fondo en la estructura del Congreso, empezando por la reducción del número de diputados que lo integran. Sin embargo, nuestra iniciativa complementa esta posición perfeccionando el mecanismo de integración y mejorando el sistema de representación proporcional al acercar al elector a sus representantes.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reforma el artículo 52, se reforma el párrafo segundo del artículo 53, y se reforman el párrafo primero y las fracciones I, II y III del artículo 54, todos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la Presidencia que se integre el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación proporcional, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- La representación política es un término que encuentra sus orígenes en el mundo antiguo, sin embargo no es sino hasta la Edad Media donde se empieza a utilizar el término como tal. Por representación Popular debe entenderse el fenómeno a través del cual, mediante técnicas diversas, principalmente la elección, se designa a cierto número de ciudadanos para que en representación del colectivo (pueblo) participen en la creación de la voluntad estatal. En nuestro país no fue sino hasta 1808, cuando motivado por la crisis política que ya se avecinaba, que se menciona por primera vez la palabra representación, esto, al aparecer, en el documento intitulado Ideas del Congreso Nacional de la Nueva España. En el documento podemos encontrar algunos principios de la Representación Política, pues pugnaba por la creación de una Asamblea integrada por trescientos representantes de la Nueva España. A partir de la elaboración de este precedente, todos los subsecuentes documentos incluían expresa o tácitamente el principio de representación política. Pero si bien la representación política es un medio a través del cual se busca representar a la voluntad general debemos resaltar que existen tres concepciones sobre este concepto.

A) La teoría del mandato imperativo: Ésta considera al representante como un procurador sometido y limitado por las instrucciones de sus representados. El representado no tiene voluntad propia, sino que es exclusivamente el medio a través del cual los representados expresan su voluntad política. Esta es la visión contractual y privatista de la representación. Esta teoría se impulsa sobre las bases del Contrato Social de Jean Jacques Rousseau.

B) La teoría organicista alemana: Sostiene que los representantes son un órgano del Estado. Desde esta perspectiva el pueblo y el parlamento o congreso son órganos del Estado. El pueblo como órgano primario y en su función de cuerpo electoral tiene como principal objetivo crear al parlamento o al congreso, éste se convierte en órgano secundario del Estado a través del cual se ejecuta la voluntad del pueblo.

C) La teoría clásica de la representación: De acuerdo a la cual el representante no está atado a ningún tipo de mandato, es independiente de sus representados, no representa ningún distrito o circunscripción electoral en particular, sino que es representante de toda la Nación, pagado por el Estado. No existe ningún tipo de responsabilidad entre representante y representado, salvo la política. El representante crea y no meramente repite la voluntad de la nación.

El artículo 51 de nuestra Constitución establece que ``La cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación''. En este artículo se opta por adoptar la Teoría Clásica de la Representación. Sin embargo, esto ha dado motivo a un sinfín de debates en la doctrina mexicana. Así existe la opinión de que se debe prioridad a los asuntos de carácter general y nunca anteponer los intereses regionales a los de toda la colectividad nacional; otro sector manifiesta que el principio anterior es una ficción, un contrasentido, que únicamente se ha servido para ocultar la independencia extrema de los representantes respecto a la Nación. Por otro lado, encontraremos a los eclécticos, aquellos que consideran que el legislador, de acuerdo al interés a debate, representa a la nación o a una región o distrito en concreto.

Al analizar el anterior concepto, salta a nuestra mente un fundamental concepto: La Democracia. Este concepto ha sido motivo de innumerables cursos de Filosofía del Derecho, Teoría del Estado y de Derecho Constitucional. Más allá de motivos teóricos, la importancia de este concepto radica en el significado que tiene sobre la estructura de cualquier Estado. Actualmente a todo aquel Estado sin Democracia se le considera un lastre para la Comunidad Internacional; sin embargo, el término resulta mucho más complicado de lo que aparenta, ya que como señala Enrique Sánchez Bringas es un término que carece de contenido preciso y definido porque en el recorrido de la humanidad, a través de la historia del poder y su ejercicio, ha sido utilizado como dispositivo justificador y legitimador de los más encontrados intereses de clases, grupos y personas.

Dentro de la llamada Democracia Liberal -indirecta, semidirecta y excepcionalmente directa- encontramos a la llamada Democracia Semidirecta, la cual se vale de dos procedimientos que dan al pueblo la posibilidad de expresar su opinión sobre los problemas sometidos a su consideración, estos procedimientos son: la iniciativa, que busca provocar una determinada decisión de los gobernantes; y, el referéndum, que tiende a ratificar o rechazar una decisión de los gobernantes. Este último procedimiento es por excelencia el instrumento de la Democracia Semidirecta, ya que así es posible prescindir del parlamento y dirigirse directamente al pueblo.

En lo que se refiere a nuestra Carta Magna, ésta proclama su adhesión a la ideología de la democracia liberal, que consagra el principio de la soberanía popular y adopta el principio de la Democracia Representativa: ``Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa democrática...'' Artículo 40.

Dentro de las distintas formas de Representación, nuestra Constitución adoptó en un principio la de Mayoría Relativa. No fue sino hasta 1962 cuando se adopta la Representación Proporcional sin abandonar también la mayoría relativa. Tanto al seno de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, existe esta figura de representación proporcional. En la primera recae en los llamados diputados plurinominales y en la segundo recae en las senadurías a la primera minoría.

No obstante el criterio que determinó el incremento de curules y escaños, poco o nada han tenido que ver con la dinámica demográfica de México o con criterios asociados al desarrollo regional y estatal de nuestro país; tampoco han tenido relación alguna con la calidad de la representación popular o con la eficiencia del trabajo legislativo. En cada reforma constitucional que ha modificado el número de integrantes y las fórmulas de acceso a las Cámaras Federales, los fines han sido políticos; es decir, producto de la disputa por mayores espacios que deriva de los nuevos equilibrios de fuerzas partidistas.

El establecimiento del Sistema Mixto de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, instituido en el Artículo 53 de nuestra Constitución, tiene como finalidad hacer posible el acceso de las ``minorías'' a la Cámara de Diputados. Este sistema de representación proporcional recibe también el nombre de ``Diputados de partido''. En el Artículo 54 de nuestro máximo ordenamiento se señalan las reglas y requisitos necesarios para que los partidos puedan obtener diputaciones plurinominales.

Existen distintos métodos para la selección de los Diputados de Representación Proporcional, podemos mencionar que existe un método de listas abiertas y listas cerradas, nuestro país ha adoptado el último criterio, dejando a la voluntad del partido el nombre de las personas que habrán de representarnos en el Congreso, he aquí un quid de la iniciativa, ¿Está desgastada la Representación Proporcional?, ¿De ser así qué reformas serían necesarias para que el principio de Mayoría Relativa fuera totalmente eficiente? ¿O acaso habrá una forma diferente de concebir a la Representación Proporcional para que ésta cumpla con su cometido?

Actualmente este sistema, lejos de propiciar la participación de las minorías, ha logrado que se fraccione cada vez más la voluntad popular, la voluntad general. Hoy en día se ha puesto a debate público la situación que engendran los representantes plurinominales, sin embargo todas las críticas y soluciones que se dan son sólo de carácter económico.

II.- Por Representación Popular debe entenderse el fenómeno a través del cual, mediante técnicas diversas, principalmente la elección, se designa a cierto número de ciudadanos para que en representación del colectivo (pueblo) participen en la creación de la voluntad estatal.

De la anterior definición se desprende un elemento sine qua non de la representación: la elección. El politólogo alemán Dieter Nohlen considera que las elecciones representan el método democrático para designar a los representantes del pueblo. Pero los electores necesitan de un mecanismo para expresar su preferencia por determinado partido o persona, a partir de los cuales se llenaran los escaños en algún órgano representativo. Estos mecanismos son los llamados sistemas electorales.

Los sistemas electorales son pues los medios de los que se vale un elector para, a partir de una preferencia, escoger a sus representantes. En las democracias modernas la representación proporcional y el sistema mayoritario son los sistemas electorales preferidos y más difundidos.

Según la Teoría Clásica de la Representación, el representante no está atado a ningún tipo de mandato, es independiente de sus representados, no representa ningún distrito o circunscripción electoral en particular, sino que es representante de toda la Nación, los gastos de los representantes son sufragados por el Estado. No existe ningún tipo de responsabilidad entre representante y representado, salvo el bien común. Claro es que el representante sí tiene un tipo de obligación frente a la nación, y ésta es orquestar leyes y políticas públicas encausadas a la búsqueda del bien público El representante crea, en aras a un mejoramiento del acceso al bien público, más no repite la voluntad de la nación. Esta teoría representa el arribo del concepto de representación a la época moderna.

La anterior teoría ha dado motivo de grandes debates en la doctrina mexicana. Hay quien aboga por ella sosteniendo que se debe prioridad a los asuntos de carácter general y nunca anteponer los intereses regionales a los de toda la colectividad nacional; otro sector manifiesta que el principio anterior es una ficción, un contrasentido, que únicamente ha servido para ocultar la independencia extrema de los representantes respecto a la Nación. Encontramos al final la postura ecléctica que considera que el legislador, de acuerdo al interés a debate debe representar a la nación o a una región o distrito en concreto.

La representatividad ciertamente está determinada en gran parte por variables sociales (percepción, cognición, estereotipos y autoridad) que deben ser tomados en cuenta, ya que el impacto que causa sobre una persona puede ser muy diferente en cualquier otra que pertenezca a otra esfera, inclusive dentro de un mismo distrito electoral. Estas raras vinculaciones, propias de la representación, se ven evidenciadas en la forma en que condicionan la elección de nuestros representantes; papel muy importante en este condicionamiento lo toman también los llamados dispositivos institucionales, tales como los sistemas electorales y los sistemas de designación.

La representación proporcional en México, como sistema electoral, ha condicionado y desvirtuado ese vinculo natural y objetivo que debería darse entre representante y representado; lejos de representar la voluntad y la consecución del bien común, la representación proporcional en este país se traduce meramente en lo que el politólogo Grazia llama ``un resultado del álgebra especial de los agregados de los individuos''.

III.- Desde el punto de vista técnico, los sistemas electorales reflejan el modo según el cual el elector manifiesta, por medio del voto, el partido o el candidato de su preferencia, y a partir de estos votos se reparten y se asignan escaños en algún órgano representativo.

Los sistemas electorales se han clasificado básicamente según dos principios: el de elección mayoritaria y el de la elección proporcional. Caracterizándose el primero como un sistema eminentemente pragmático, natural y directo, y el segundo como un sistema que busca una mayor equidad entre opciones políticas. El sistema práctico nace en Inglaterra, mientras que el otro sistema aparece en Francia. Esta oposición entre equidad y lo práctico ha sido motivo de innumerables debates relativos a los Sistemas Electorales. La presión a favor de la equidad ha triunfado fuera del mundo de habla inglesa al aceptar la representación proporcional, pero las condiciones pragmáticas han modificado el triunfo proporcional: los umbrales incorporados en la mayoría de los sistemas proporcionales significan el reconocimiento de que un número excesivo de partidos pueden provocar una seria dificultad para la gobernabilidad. Un poder legislativo que fuera un espejo perfecto del pensamiento del electorado en el día de la votación tal vez no resulte tan adecuado para ser la base de un gobierno eficaz como otro que ofrezca un reflejo más crudo, pero más decisivo de las tendencias mayoritarias.

El anterior argumento tiene especial relevancia, y es que la adopción de un sistema de representación proporcional se debe hacer de una forma muy meticulosa y cuidadosa; de no hacerlo, se pueden propiciar diferentes vicios tales como una posible ingobernabilidad y la pérdida del vínculo que da origen a toda elección; es decir, el vínculo representativo.

Nohlen ha opinado que las definiciones usuales de los sistemas mayoritarios y de los proporcionales no operan en el mismo plano lógico, por ello ha propuesto distintos principios para poder distinguir entre ambos. Primero, fija un principio denominado de decisión que establece el modo en que se han de valorar los votos; y, por otro lado, el de la función de representación, que se traduce en los objetivos políticos buscados con la elección.

El sistema mayoritario es definido, por lo general, en relación a su forma de decisión, ésta es que, gana el que tiene más votos; al contrario, el sistema de representación proporcional es definido en base a su función de representación, la cual busca que la mayoría de las corrientes políticas de una población se encuentren representadas en el órgano legislativo.

Los sistemas electorales presentan estructuras muy complejas, constituidas por diferentes elementos los cuales son combinables de diversos modos. La legislación concerniente a los Sistemas Electorales se centra en cuatro áreas fundamentales: el diseño de las circunscripciones electorales, las candidaturas, la forma en que se desarrolla la votación y la conversión de los votos en escaños.

IV.- El caso del sistema electoral mexicano resulta de gran interés. Ya hemos mencionado acerca de los llamados sistemas electorales semi-proporcionales, se dice que el sistema electoral en México no puede ser considerado como de esta índole, ya que como señala Nohlen, el mismo sistema electoral y sus alteraciones en el tiempo constituyen el mejor argumento para legitimar esta advertencia y precaución. También existe quien asegura que nuestro sistema electoral es similar al de Alemania (representación proporcional personalizada). Pero podemos decir que en lo único que se asemejan ambos sistemas es en el hecho de otorgar un doble voto a los electores. Más no habremos de perder de vista que aunque son igual de complejos, el sistema alemán elimina efectivamente las disparidades entre los votos y las preferencias de la gente, en tanto el sistema mexicano intenta lo mismo pero sin mucho éxito.

Con la Revolución Mexicana, el Poder Legislativo sufriría varias mutaciones. Se mantenía el sistema bicamaral y se seguía estableciendo un periodo de dos años para el ejercicio de los diputados; lo anterior obedecía a que el Presidente de la República duraba solamente cuatro años en el poder, por lo cual se consideró prudente que el cargo durara la mitad de este periodo. El cargo de Presidente se extendió en 1928 a seis años, por lo cual la duración del cargo se extendió a un año más.

Desde 1917 se otorgó a los ciudadanos el derecho de sufragar en forma directa. Para este año se decidió que se elegiría un diputado por cada sesenta mil habitantes o fracción que pasará de veinte mil, de acuerdo con el censo nacional. Pero ante el considerable incremento demográfico de nuestro país, este número de electores fue ampliándose sucesivamente. En 1928 se hizo de cien mil y fracción que pasará de cincuenta mil; en 1942 de ciento cincuenta mil o fracción que pasara de setenta y cinco mil; en 1951, de ciento setenta mil o fracción que pasará de ochenta mil; en 1960 de doscientos mil o fracción que pasará de cien mil; en 1972, de doscientos cincuenta mil o fracción que pasara de ciento veinticinco mil habitantes.

Al margen de que todo este manejo de cifras refleja la gran explotación demográfica que sufrió nuestro país el siglo pasado, esta manipulación de cifras también pone en evidencia la necesidad de determinar un número fijo y suficiente de diputados. Dicha Reforma sería impulsada en 1977 durante el sexenio de López Portillo.

V.- Desde el Gobierno de Luis Echeverría, a principios de 1970, el sistema electoral ha sido reformado cada seis años. Lo anterior encuentra explicación en que conforme pasa el tiempo, es más difícil eclipsar el clamor popular por mejores condiciones democráticas. Este clamor popular fue muy bien adaptado a los fines y necesidades de los entonces gobiernos, quienes a su vez daban respuesta a este reto de pluralidad política creciente.

No podemos ocultar que dichas reformas fueron tomando un diferente matiz a raíz del tiempo. Estas reformas han tenido dos tendencias generales. Por un lado, una apertura del sistema de partidos, desde una situación de partido único hacia un multipartidismo. Consideremos que aunque lentamente, la Constitución ha sufrido reformas importantes, sobre todo en lo que refiere a asegurar un espacio en el Congreso a los partidos de oposición. Asimismo, la reforma a la Ley electoral dio un vuelco a la vida política del país, aún y cuando este cambio se gestó al ritmo y conveniencia del anterior partido hegemónico. La segunda tendencia, que considera Nohlen de vital de importancia, es el hábil y sofisticado manejo que se ha efectuado sobre la representación política. Lo anterior, sumado a un eficaz manejo del sistema electoral, garantizó el dominio de un sólo partido durante los últimos 70 años. Este manejo del sistema electoral se hacía con una doble cara: ya que la reforma política se articuló alrededor de todo un discurso de avance democrático, pero sustancialmente la reforma se hacía en función de la adaptación de las reglas del juego a los intereses de poder del partido dominante. El sistema electoral ha sido uno de los mecanismos de control integrativo del sistema político mexicano. Sólo recientemente, con las reformas electorales de 1996, se ha concluido este ciclo de la historia política mexicana.

Resulta claro que las reformas de 1996 produjeron un efecto positivo en la nueva democracia mexicana. Estas nuevas condiciones fueron impulsadas desde la creación del Instituto Federal Electoral.

El sistema Electoral Mexicano desde 1963 ha sufrido tres reformas fundamentales. Las primeras en 1963, en la cual se le concedía a todo partido político que alcanzará un umbral de votación del 2.5% de la votación nacional, cinco asientos y un asiento adicional por cada 0.5% adicional que consiguieran, hasta un total de 20 escaños. Asimismo, aquel partido que logrará 20 o más asientos por triunfos en distritos uninominales ya no podía acceder a este tipo de diputados de partido. Por otro lado, aquel partido que no hubiere logrado los 20 diputados de mayoría, podría utilizar su votación nacional hasta llegar a un total de 20 diputados. Resulta claro que este sistema no es de ninguna forma de representación proporcional, como se ufanaron en hacerlo ver los artífices de esta reforma. Esta reforma concedía un premio a las minorías, pero aún así este periodo (1963-1976) se caracterizó por un dominio absoluto del partido hegemónico.

La segunda etapa en el desarrollo del Sistema Electoral se dio con la Reforma de 1977. Se introdujo por primera vez un sistema segmentado, el cual consta de dos partes: uno mayoritario, y otro proporcional. Este sistema incluyó el Sistema del Doble Voto. Se votaba en 300 circunscripciones uninominales a través del sistema de la Mayoría Relativa. Asimismo, se dividió al país en cinco circunscripciones plurinominales sobre las cuales se elegía a otros 100 diputados, que luego se cambiaría a 200 diputados a partir de 1985. Se bajó el umbral de representación al 1.5% de la votación válida, también se ponía un límite a los partidos que obtuvieran más de 60 diputaciones de mayoría. Con esta reforma la oposición fue ganando terreno hasta alcanzar un 25% de representación efectiva en el Congreso.

Para 1986 se introdujo una reforma al sistema electoral, la cual le daba al entonces partido dominante la oportunidad de acceder a las diputaciones de carácter plurinominal. Se fijan 5 circunscripciones plurinominales, a cada una se le asignan 40 diputados plurinominales. Los partidos de oposición alcanzaron hasta un 30% de votación efectiva, y se otorgó al partido mayoritario la posibilidad de participar en la repartición de diputaciones plurinominales, siempre y cuando no excedan el 70% de los escaños. Esta concesión se hace en virtud de la llamada ``Cláusula de Gobernabilidad''.

Para 1990 se le hicieron algunas reformas a la Ley Electoral, el número de diputados sigue siendo de 500 diputados, 300 uninominales y 200 plurinominales mediante listas cerradas y bloqueadas. La adjudicación de los escaños empieza con la exclusión de aquellos partidos que no lograron el 1.5% de la votación nacional. Hecho el descuento, queda la votación efectiva. La distribución de los escaños se hizo mediante el método del cociente electoral rectificado, que corresponde al cociente que resulta de la votación efectiva por el número de las circunscripciones. Cada partido recibe tantos escaños como veces cabe el cociente electoral rectificado en su votación. Los escaños restantes se adjudican en dos pasos. Primero, se aplica el ``cociente de unidad'' que se consigue por la división de los votos aún no utilizados por el procedimiento anterior (residuo), con el número de escaños restantes. Segundo, si aún sobran escaños se aplica la regla del resto mayor. En ésta última sólo participan los partidos que ya obtuvieron escaños en los dos primeros procedimientos. Este sistema es muy parecido al que implantó la reforma de 1996.

Así pues, el Artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados se integra por 500 representantes, de los cuales 300 son elegidos por mayoría relativa (un total del 60%) y los 200 restantes son elegidos mediante la fórmula proporcional (40% de la Cámara). Es por eso que Nohlen lo califica como un sistema segmentado de dominio mayoritario, o bien podemos calificarlo como lo hacen los especialistas en derecho Electoral Mexicano, como un sistema mixto, preponderantemente mayoritario con elementos de representación proporcional.

Al respecto de la conformación de la Cámara de Diputados cabe precisar que los diputados federales de mayoría y los de representación proporcional, aún cuando hayan sido electos por los habitantes de una determinada demarcación electoral (distrito o circunscripción) una vez calificadas las respectivas elecciones, tienen el mismo rango y naturaleza; es decir, todos ellos son representantes de la nación entera y no sólo de los distritos electorales o de las circunscripciones plurinominales en las que fueron electos.

Nuestra Carta Magna acoge la Teoría Clásica de la Representación para la Cámara de Diputados. Establece que cada uno de los diputados tiene el interés de preservar los intereses de la Nación ante cualquier interés particular.

VI.- Ya hemos señalado que nuestra Constitución establece dos tipos de diputados, los cuales se eligen en dos tipos de circunscripciones. Por un lado, están los diputados de mayoría relativa, los cuáles son elegidos en distritos uninominales, es decir sólo hay un candidato por partido para elegirse; y, por el otro lado, encontramos a los diputados de representación los cuáles son elegidos de 5 grandes circunscripciones, en donde se utilizan las listas de partido cerradas y bloqueadas para su designación.

En lo que refiere a los distritos uninominales, nos conformaremos con decir que la distribución de los 300 diputados entre las 32 entidades federativas se determina en función del porcentaje de la población que reside en cada una de ellas sobre el total nacional, para lo cual se toman como base los resultados arrojados por el censo general de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI).

Asimismo, se establece como mínimo dos distritos por cada Estado. El criterio para la elección de representantes por mayoría se fundamenta en el mayor número de votos obtenidos por una fórmula de candidatos (titular y suplente). El principio es que The winner takes all (El ganador se lo lleva todo).

Creemos que el número de escaños por distrito uninominal es correcto, ya que los distritos deben ir cambiando según vayan cambiando las circunstancias demográficas del país, así que tomando en cuenta el censo general de población se puede dar reflejo a las necesidades representativas de cada entidad federativa.

Respecto a las circunscripciones plurinominales, hay que resaltar que el país se encuentra dividido en 5 grandes circunscripciones plurinominales, y a cada una se le asignan 40 diputados. Éstas, a diferencia de los distritos uninominales, requieren de mayor coordinación, ya que se deben conjugar varias entidades para proponer cada una candidatos para su partido, y aunque la plataforma política es común, la divergencia entre la selección de candidatos puede ser considerable. La forma de postular a los candidatos es a través de listas, las cuales son cerradas y bloqueadas, por lo que el elector no puede marcar orden ni preferencias.

Amén de las fórmulas de distribución entre votos y escaños y de las propias listas cerradas y bloqueadas, las circunscripciones plurinominales en México se considera que han contribuido a la pérdida del vínculo representativo entre elector y candidato. Pues si ponemos como ejemplo a la primera circunscripción, que es un área geográfica tan grande en donde puede ser que un elector en Jalisco le esté dando indirectamente su voto a un candidato de la lista que pertenece a Baja California (desconociendo la identidad del mismo completamente). Así, tomando conciencia, y aunque se diga que los diputados son representantes de la nación, no basta con una simple simpatía partidista para justificar el derecho político del voto. Las circunscripciones plurinominales están pensadas para distritos pequeños en lo que a área geográfica se refiere, la inmensidad geográfica de los que tenemos en México despersonaliza aún más el voto y conduce a que el elector emita un voto ciego.

VII.- El sistema electoral mexicano integra dos tipos de candidatura. En primer lugar, 300 de los escaños en el Congreso son elegidos mediante candidaturas individuales. En México se establece que por cada diputado titular, habrá un diputado suplente. De tal forma que al hacer la elección de candidato por distrito nominal en la boleta deberá estar registrado el nombre del candidato, y en letras más pequeñas el nombre de su suplente. Esta elección de candidato es mucho más sencilla y consciente que la elección por la lista plurinominal de algún partido. En las candidaturas individuales apelamos al carisma y al compromiso que adopta cada candidato. Este tipo de candidaturas son las que cuestan más dinero a los partidos y a los propios candidatos, ya que aquí el proselitismo político se hace necesario para lograr el voto de las personas. De aquí que el propio IFE establece límites para los gastos en campaña a fin de asegurar una contienda financieramente proporcional y equitativa.

Nos queda claro también que, en un país con escasa educación cívica y democrática, este tipo de candidatos pueden apelar a diversos mecanismos políticos para acaparar la votación de la población, e incluso motivarlos para que su segundo voto vaya orientado hacia la elección de la lista regional de su partido.

Las forma de la candidatura de los restantes 200 diputados se realiza a través de listas regionales, este tipo de candidaturas son ignoradas por la mayoría de los electores. El día de la elección se le presentan al elector las opciones en dos boletas: una por un candidato individual, y en la otra boleta sólo se encuentra con los distintivos o emblemas de cada partido; al elector se le informa que esa boleta es para elegir la fórmula proporcional, al reverso de la boleta se presentan las listas regionales que postula cada partido. Por lo general el elector pasa desprevenido esta situación y su voto lo orienta más a su preferencia partidista; pero, como ya hemos dicho, el elector emite un voto ciego porque no sabe a final de cuentas a qué candidato le estará dando un voto.

Ya he dicho que la simple constitución de las circunscripciones plurinominales ha contribuido a la pérdida del vínculo de representatividad entre elector y candidato; y, aún más, debemos decir que las listas regionales también contribuyen a un detrimento de la voluntad popular.

En este tipo de candidaturas, tal y como acertadamente señala Sartori, el partido se vuelve un agente nominador. Por lo general, el elemento primordial para que una persona resulte candidata por estas listas es su peso en el partido: a mayor fuerza al interior del partido, mejor lugar en la lista. Como ya mencionamos anteriormente, las listas regionales en México son cerradas y bloqueadas, por lo que el orden establecido en que irán siendo elegidos los candidatos depende exclusivamente de cuestiones internas del los partidos.

El origen de las listas, a parte de ser la forma de candidatura de los sistemas proporcionales, tenía como fin también otorgar al partido la posibilidad de configurar sus listas en base a las minorías sociales. Tenemos el citado caso de Sudáfrica en donde las listas fueron utilizadas como un método para acercar a las distintas etnias a la participación política. Nuestra legislación federal sólo conmina a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales, pero no se hace hincapié, por ejemplo, en otorgarle también la posibilidad de participar a otros sectores considerados minoritarios.

VIII.- La iniciativa que proponemos a fin de mejorar el sistema de representación proporcional en nuestro país es la siguiente.

Que en nuestra Constitución se reformen los Artículos 52, 53 y 54 a fin de que se establezca en el procedimiento aplicable para la elección de los diputados según el principio de representación proporcional, a la par del sistema de asignación por listas regionales, el sistema de porcentajes mayores de votaciones.

A los partidos políticos que cumplan con las dos primeras bases establecidas en el Artículo 54 Constitucional, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría que hubieren obtenido sus candidatos, les podrán ser asignados diputados por el principio de representación proporcional de acuerdo con su votación.

De los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados, 300 se elegirán por el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 serán electos según el principio de representación proporcional. De estos últimos, el cincuenta por ciento se asignarán de acuerdo a las listas regionales de representación proporcional que registren los partidos; el otro cincuenta por ciento se asignará de acuerdo a los porcentajes mayores de la votación válida distrital de cada circunscripción de los candidatos de cada partido político no electos bajo el principio de mayoría relativa.

La elección de diputados por el principio de representación proporcional se verificará con base a la lista que para tal efecto presenten los partidos políticos para la circunscripción plurinominal y a la modalidad de porcentajes mayores de la votación válida distrital de cada circunscripción.

Los partidos políticos deberán presentar una lista de candidatos ordenada en forma progresiva de 100 diputados a elegir por la modalidad de listas regionales de representación proporcional. El Instituto Federal Electoral, al aplicar la fórmula electoral que se define en el ordenamiento respectivo, asignará a los partidos políticos el número de diputados por el principio de representación proporcional que les corresponda de acuerdo con la votación obtenida.

Los diputados que les correspondan a cada partido conforme al principio de representación proporcional les serán asignados alternativamente entre los candidatos registrados en las listas regionales de representación proporcional y los otros 100 candidatos que procedan según la modalidad de porcentajes mayores de votación válida distrital de cada circunscripción, iniciando por la primera.

La asignación de diputados por la modalidad de listas regionales de representación proporcional seguirá el orden de prelación establecido por los partidos. La asignación mediante la modalidad de porcentajes mayores de votación válida distrital de cada circunscripción se realizará entre los candidatos que no hubieren sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. En este caso la asignación procederá de acuerdo a la lista que se elabore en forma descendente a favor de quienes hubieren obtenido el mayor porcentaje de votación válida distrital de cada circunscripción con relación a los demás candidatos de su propio partido.

Para suplir a los diputados electos por la modalidad de lista de representación proporcional y de porcentajes mayores, la Cámara de Diputados mandará llamar al siguiente de la lista única que establezca el Instituto Federal Electoral misma que será integrada con los diputados electos de representación proporcional y de mayor porcentaje de votación válida distrital de cada circunscripción, siempre que reúna los requisitos de elegibilidad que contemplen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley reglamentaria correspondiente.

IX.- En cada uno de los elementos que hemos ido desarrollando, se ha argumentado que se producen grandes distorsiones de la representación popular. Tanto la forma de las candidaturas, como el tamaño de las circunscripciones confluyen con este último apartado en el cual termina por despersonalizarse por completo el derecho político del voto. Lo cual ha hecho que la representación proporcional se haya transformado únicamente en un utensilio, a través de una fórmula matemática, para que se repartan diputaciones a candidatos que se han ganado únicamente la confianza de su partido, más no directamente del electorado.

Debemos pensar en dejar de lado el criterio que establece que las matemáticas son la clave en los sistemas electorales. Aún y cuando una democracia representativa haga evidente la conversión de personas en números, los votos son números, ya que se contabilizan, pero también son la expresión de una idiosincrásica voluntad general, la cual no puede ser reducida al simple estado de ánimo de líderes de partido y a una serie de divisores.

Las sociedades modernas cada día se encuentran más despersonalizadas, la importancia de la persona como individuo cada día es menor en nuestro entorno. Con el paso del tiempo las colectividades también serán relegadas a un segundo plano, y este tipo de sistemas electorales contribuyen para que este escenario se cumpla en menor tiempo.

El sistema electoral mexicano, como se ha podido ver, no está proyectado para reflejar la voluntad general dentro de nuestro marco representativo, lo anterior como se ha venido señalando se debe a un contexto tanto histórico y político como legislativo. Nuestro actual sistema electoral ha sido producto de continuas reformas, las cuales no se realizaron con el fin de mejorar y modernizar nuestro órgano representativo, sino más bien se llevaron a cabo para mantener un status político determinado. Estas reformas hicieron muy confusos y difusos los elementos propios de todo sistema electoral, estos son la forma de las circunscripciones, la forma de la candidatura y la forma de la distribución de votos en escaños.

La forma en que se encuentran diseñadas las circunscripciones plurinominales se nos hace desde cualquier ángulo exagerada, tanto en el número de escaños que proporciona como en el área geográfica que abarcan. Cada estado de nuestro país está fuertemente enraizado con diferentes costumbres y culturas, de ahí que se nos hace impreciso que el elector tenga que emitir circunstancialmente su voto a favor de un candidato de otro estado.

La forma de la candidatura es también otro elemento merced al cual se pierde el vínculo representativo. Consideremos que un 40% de nuestra cámara esta constituido por diputados aleatoriamente seleccionados al arbitrio y simpatía de los líderes de su partido. Por lo cual proponemos que se reduzca al cincuenta por ciento, para que el otro cincuenta por ciento represente al electorado que, aunque se considera ``perdedor'', emitió un voto directo sobre un candidato con cara y con propuestas concretas y trabajadas.

Nuestro voto emitido por una lista regional tiene un destino sencillo, dividirse entre doscientos, que es el número de diputados de representación proporcional. Puede ocurrir incluso que nuestro voto sea desechado si el partido de nuestra elección excede los límites permitidos por la constitución. Si a esta manipulación numérica le aumentamos el gran abstencionismo que existe en el país, los candidatos electos serán productos de un cociente natural o de un resto mayor y de la apatía del electorado, más nunca de la voluntad general. Es decir, todos los elementos actuales de la representación proporcional en México contribuyen a que un segmento del Congreso opere más como un producto de una causalidad matemática, que a la voluntad popular y consecuentemente a la voluntad general.

X.- La iniciativa no propone, de ninguna manera, el aumento en el número de representantes populares a integrar la Cámara de Diputados. Al contrario, la iniciativa se incorpora perfectamente a la Plataforma Legislativa 2003 del Partido Acción Nacional que en el lineamiento de ``Consolidación de la democracia'' plantea como prioritario el de reducción del número de diputados y senadores. De aquí que en el cuerpo de la iniciativa se manejan proporciones, y no cantidades absolutas, para el reparto de los diputados de representación proporcional a fin de que en una posterior iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se pueda perfectamente proponer la disminución de legisladores de 500 a 400, tal como lo plantea nuestra Plataforma Legislativa, sin que nuestra iniciativa implique un posterior conflicto normativo para ello.

XI.- Nuestra iniciativa intenta coadyuvar a lograr un efectivo sistema electoral a través de la promoción de elecciones competitivas, las cuales se deben basar en un desarrollo libre y en una oferta de varias alternativas políticas. Se persigue crear en el elector un ánimo de confianza, y sobre todo se tiende a constituir cuerpos representativos funcionales.

El sistema de representación proporcional tiene como principal virtud buscar que la mayoría de las corrientes políticas se encuentren representadas en el órgano legislativo. La actual forma en que se eligen a estos representantes es la que constituye su principal desventaja. La propuesta que presentamos hará que el elector sea vea beneficiado con una candidatura que conoció con certeza y que la favoreció con su voto; hará que aumente el vínculo de representatividad y creará representantes más conscientes de las necesidades de su electorado que de su partido. Al ``volverse'' el electorado en agente nominador se fortalece en gran medida la voluntad general; así, se limita la decisión de los partidos políticos.

No obstante el defecto de la candidatura por listas, éstas podrían tener un efecto positivo de compartir su mecanismo para elegir a los candidatos plurinominales ligado con las candidaturas uninominales que hayan salido derrotadas y que se elegirían con la mayoría de votación alcanzada. Es decir, lo anterior se lograría compartiendo el criterio partidista con el criterio de candidatos uninominales perdedores, pero cuya candidatura lleva implícita una carga de representatividad electoral muy fuerte, por haber sidos votado en forma directa.

La aplicación de los métodos del divisor (D´Hondt) y del cociente electoral (Hare) en un sistema electoral, como el mexicano, propician una depreciación y debilitamiento en la voluntad general. Ésta se convierte en un vano agregado matemático, legitimador de representantes ausentes de todo vínculo y reconocimiento de los electores, puesto que los candidatos plurinominales no realizan trabajo de campaña.

Según información del IFE, al 14 de marzo del 2003, nos señala que la lista nominal nacional asciende a 63' 751, 697 millones de posibles electores. De dividir dicha cantidad por los 300 diputados que se eligen en distritos uninominales, deducimos que se elige un diputado de mayoría por cada 212, 505 ciudadanos en posición de sufragar. Consideramos esta proporción acertada, ya que al sumarle a este sector mayoritario las 200 diputaciones plurinominales, se acorta dicha proporción; por lo que dentro de nuestro actual panorama electoral 300 diputados por mayoría se nos hace un número apropiado. Por otra parte, los 200 diputados plurinominales, se obtienen de circunscripciones de un tamaño exagerado, tanto en número de escaños a repartir (40) como en lo que a área geográfica refiere (hasta 9 estados). Todo esto propicia un desconocimiento total de los candidatos que conforman la lista.

La iniciativa se encuadra dentro del marco de nuestro actual sistema electoral. La propuesta se orienta a fortalecer el vínculo representativo y convertir al sistema de diputados plurinominales en un verdadero agente de representación proporcional, que busque acercar a las minorías a las labores legislativas y que no simplemente se constriña a ser un artificio matemático, a través del cual los partidos políticos puedan asegurar su injerencia en la Cámara de Diputados.

El mecanismo propuesto incrementará el grado de identificación entre los candidatos y el elector. No debemos olvidar que el uso de las listas apareció como una oportunidad para que los partidos políticos dieran entrada a candidatos que por circunstancias diversas se veían imposibilitados a contender por distritos uninominales. Pero en la realidad vemos que no es así, los partidos políticos hacen sus listas de acuerdo a compromisos previos y al arraigo que algunas personas tienen en la organización del mismo.

Nos queda claro que el uso de la fórmula de proporcionalidad seguiría dándole matices matemáticos a estas diputaciones; sin embargo, aunque éstas sigan siendo elegidas indirectamente, el mecanismo anteriormente señalado hará que tengan presencia y representación las mayorías y minorías perdedoras.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52, se reforma el párrafo segundo del artículo 53, se reforma el párrafo primero y las fracciones I, II y III del artículo 54, todos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa que reforma los artículo 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 52, se reforma el párrafo segundo del Artículo 53, se reforma el párrafo primero y las fracciones I, II y III del Artículo 54, todos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, un cincuenta por ciento de ellos serán electos mediante el Sistema de Listas Regionales y el otro cincuenta por ciento será electo mediante el Sistema de Porcentajes Mayores de la Votación Válida de los candidatos de cada partido político no electo bajo el principio de mayoría relativa, basados en las votaciones de circunscripciones plurinominales y distritales de cada circunscripción.

Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y mediante los sistemas de Listas Regionales y de Sistema de Porcentajes Mayores de la Votación Válida, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y los sistemas de asignación por Listas Regionales y de Porcentajes Mayores de la Votación Válida, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I.- Un partido político, para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional y de mayores porcentajes de votación válida que le corresponda en cada distrito de la circunscripción plurinominal. En la asignación de se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Y en la asignación mediante la modalidad de porcentajes mayores de votación válida en cada distrito de la circunscripción se realizará entre los candidatos que no hubieren sido electos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; en este caso, se procederá de acuerdo a la lista que se elabore en forma descendente a favor de quienes hubieren obtenido el mayor porcentaje de votación válida en cada distrito de la circunscripción con relación a los demás candidatos de su propio partido.

IV. ... V. ... VI. ...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto.

Tercero.- Las disposiciones comprendidas en los Artículos 52, 53 y 54 contenidas en el texto del presente decreto, deberán ser reglamentadas en un término que no excederá de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor del presente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don José Antonio Cabello Gil. Como solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY FEDERAL DE DERECHOS
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 191 E de la Ley Federal de Derechos.La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente:

«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 191-E de la Ley Federal de Derechos.

La suscrita, diputada federal Irma S. Figueroa Romero, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la LIX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se añade un párrafo al artículo 191 E, de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es ampliamente reconocido, nuestro país en los últimos años ha logrado ubicarse como la octava potencial mundial en turismo como receptor de turistas extranjeros y el décimo tercero en lo que se refiere a la captación de divisas, también a nivel mundial, lo que resultó para México que en el año de 2004 se recibieran por concepto de gastos de turistas internacionales una cantidad superior a los 10,000 millones de dólares, con una generación de aproximadamente 2 millones de empleos y polos de desarrollo económico en prácticamente todo el país.

Las anteriores cifras y datos muestran fehacientemente tanto la realidad de los beneficios, como las posibilidades de crecimiento que en materia turística tiene México, las cuales se deben a múltiples factores, los cuales deben ser analizados y comprendidos con exactitud, con el fin de que, por un lado se logre perfeccionar nuestra oferta turística nacional, así como corregir algunas desviaciones o fallas en la promoción turística y por supuesto crear el marco normativo que permita la promoción de la industria del turismo.

Nuestra inmejorable situación geográfica al ser vecinos del primer país emisor de turistas a nivel mundial, 10,000 kilómetros de litorales, el ser el cuarto país megadiverso en materia biológica y sus ecosistemas, nuestra cultura y tradiciones, nuestro extenso territorio cercano a los 2 millones de kilómetros cuadrados y los bellos paisajes con los que contamos, a lo que hay que sumar los monumentos arqueológicos y coloniales en todos los estados de la República, sumados a nuestro potencial de servicio y amable y buen trato a los visitantes, auguran que todavía tendremos mejores logros en la industria turística.

En materia específica del denominado ``turismo náutico'', México es hoy día el primer receptor mundial en viajeros por cruceros, lo que representa un arribo de más de 5 millones de cruceristas en diversos puntos del país. En los estados que cuentan con litoral en el noroeste de la República, se ha iniciado el llamado Proyecto del Mar de Cortés, en el cual se tiene contemplada la construcción de 22 marinas náuticas en los próximos 10 años, las cuales estarán distribuidas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con lo que se espera que el arribo de visitantes y turistas náuticos, para realizar actividades relacionadas con este sector del turismo sea superior a los 10 millones en un plazo de 15 años.

Vale la pena señalar para entender mejor nuestra propuesta, que el grupo turístico que realiza un mayor estipendio en nuestro país, lo constituyen aquellos que realizan pesca deportiva recreativa, los que visitan nuestro país tan sólo en determinadas zonas y tiempos para realizar esta actividad, en aproximadamente 24 áreas del Pacífico y 14 en el Golfo y el Caribe, para la obtención y captura de aproximadamente 80 especies marinas, sin que hasta el momento haya habido una política definida de apoyo tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos estatales, ya que la han visto como una actividad elitista, cuando en realidad esta es una de las alternativas más propicias y económicas para el desarrollo regional.

Con una adecuada legislación en materia de pesca deportiva además lograríamos un aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, lo que permitirá una productividad óptima y sostenida de la pesca, tanto deportiva y recreativa como comercial, que generan un gran número de empleos e incrementa el valor de las cadenas productivas regionales.

El marco legal para la pesca deportiva recreativa, esta previsto en la Ley Federal de Pesca, el reglamento a la ley federal señalada, la NOM-017-PESC-1994 y la Ley Federal de Derechos, en sus artículos 191 al 194.

El impacto socioeconómico de esta actividad, va más allá de la recaudación fiscal por concepto de ingresos, ya que incluye la construcción y venta de equipo auxiliar, la industria de fibras sintéticas y material para los cascos de las embarcaciones, la industria de motores, la de remolques, herrajes, empresas dedicadas a la venta o renta de artículos de pesca y deportivos, las marinas turísticas y puertos de abrigo, empresas arrendadoras de botes o yates de recreo, las productoras y distribuidoras de lubricantes y combustibles, las de avituallamiento, prestadores de servicios, productoras y comercializadoras de carnada, los clubes que organizan torneos, las de servicios portuarios y muchas más.

Se estima que tan sólo en el suroeste de los Estados Unidos hay 52,000 embarcaciones que reúnen las características y condiciones para visitar el Mar de Cortés, por lo cual el valor de la pesca deportiva podría estimarse en 1000 millones de dólares, sin contar con recursos fiscales y es preciso conocer que, un ejemplar de pesca deportiva por concepto de captura recreativa, incluyendo todos los gastos directos e indirectos varía entre 2 y 20 mil dólares, lo que la hace considerablemente más valiosa que su pesca comercial, además de que la actividad recreativa, ni se contrapone ni está en conflicto con la comercial.

La generación de empleos por la pesca deportiva es muy considerable, tanto en los directos como en los indirectos, constituyendo una expresión muy valiosa del desarrollo regional, a lo que debemos sumar los esfuerzos permanentes en el estudio del impacto ambiental y la disposición de especies para captura.

Aunado a lo anterior la pesca deportiva recreativa es una opción para miles de pescadores que no tienen acceso a otras pesquerías por su saturación, lo que les permitiría convertirse en prestadores de servicios turísticos, y con esto poder hacer más moderna y competitiva su flota, con lo cual además se lograría el control de permisos, el desarrollo de la actividad y se fortalecería la seguridad de los turistas y los pescadores.

A pesar de los éxitos en materia turística y por supuesto a los relativos a la pesca deportiva recreativa, existe un obstáculo que no ha permitido el crecimiento armónico de esta variante del turismo, y es la existente en la Ley Federal de Derechos señalada en el artículo 191 E, en la que se cobra una cantidad sin importancia, menor al equivalente a 3 dólares por día, a quien desea hacer pesca deportiva, y el pago de esta cuota se dificulta porque hay que hacerlo en horas de oficina, únicamente lunes a viernes y sólo en un sitio, el cual no necesariamente se ubica en la localidad o municipio donde se realiza esta actividad, lo que desanima a los viajeros a realizar esta práctica y, por un lado, deja sin ingresos a miles de propietarios de embarcaciones y se impide el enorme estipendio de la pesca recreativa, por lo cual proponemos la exención de este pago para quien lo practique en un barco o yate, destinado a esta actividad, que por cierto, ellos pagan una razonable cantidad cercana a los 4000 pesos anuales al erario público.

Por las consideraciones antes expuestas, y en ejercicio de mis facultades constitucionales y de las responsabilidades que la ley nos impone para legislar en base a las necesidades del país y los ciudadanos que me han electo, someto ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se añade un párrafo al artículo 191 E de la Ley Federal de Derechos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se añade un párrafo al artículo 191 E de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue.

Ley Federal de Derechos

Artículo 191 E. ...

No estarán obligados al pago de este derecho, la pesca deportiva contratada a través de un prestador de servicios cuando la embarcación sea dedicada habitualmente para la prestación de servicios de pesca deportiva recreativa.

Transitorios

Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente. Gracias por su atención, señores diputados.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: El señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Desde tiempos inmemorables se utilizaron las drogas, provenientes de distintas plantas, con fines medicinales, para eliminar el dolor y remedio para enfermedades. El uso lícito de drogas, a medida que ha avanzado la ciencia y la tecnología, ha proporcionado innumerables beneficios a la humanidad; sin embargo, esa misma tecnología ha llevado a la producción de una gran variedad de drogas y sustancias psicotrópicas, que causan dependencia y cuyo uso indebido se traduce en graves problemas de salud pública y sociales.1

En los últimos tiempos, hemos visto como ha vuelto a ganar importancia la polémica en torno del uso de la efedra2, que tendría efectos colaterales de riesgo para la salud. Pero mucho más conocida que la efedra es la sustancia que se extrae de ella y que conocemos como efedrina, un estimulante potente del sistema nervioso central.

La efedra como hierba se hizo famosa en los Estados Unidos, desde que comenzó a comercializarse como un producto para adelgazar y como estimulante, hace ya varios años. Pero lo que sin duda le dio notoriedad fue la polémica generada mediando la década de los noventa alrededor de sus efectos colaterales, que se materializó en 1997 en una propuesta concreta de las autoridades de salud estadounidenses de limitar las dosis de efedra y tomar medidas para restringir su uso, lo cual nunca se llevó a cabo.

La efedrina es clasificada como una droga que actúa como estimulante del sistema nervioso central, ya que actúa de manera similar a una anfetamina debido a que ambas tienen estructuras químicas similares. De esta manera, la efedrina puede reducir la sensación de fatiga e incrementar el estado de alerta. Esta también puede aumentar el metabolismo en los tejidos. Esta propiedad ha servido como razonamiento para añadirle efedrina a algunos productos ``quema grasa'', por lo que la efedrina está presente en los suplementos como alcaloides, los cuales son parte de la familia de los alcalinos, sustancias que contienen nitrógeno, y usualmente son derivados de plantas y son biológicamente activos.

En diciembre de 2000, en un artículo publicado en el New England Journal of Medicine se revisaron los reportes hechos a la FDA3 de efectos adversos ocurridos entre 1997-1999. La hipertensión fue el efecto adverso más frecuente (17 casos), seguido de palpitaciones o incremento de la frecuencia cardíaca (13), hemiplegía (10) y convulsiones (7). Diez casos terminaron en muerte y en 13 se produjeron lesiones permanentes. Los efectos adversos menos serios reportados incluyen: Mareos, dolor de cabeza, y problemas gastrointestinales. También se han reportado casos severos de psicosis debido al uso de efedrina. Una dosis común es de 20 mg por ración y la frecuencia típica de uso de es de 2 a 3 veces al día. Algunos de los efectos citados anteriormente fueron asociados a dosis mucho menores, indicando que algunos individuos pueden ser más susceptibles a los efectos adversos de la efedrina.

Sin embargo, debido a la ausencia de regulaciones estrictas, los productos, hoy existentes en el mercado, podrían contener mas o menos efedrina de la indicada en la etiqueta. Algunos suplementos pueden contener dosis de efedrina de 1 a 100 mg sin que ese contenido esté reportado en la etiqueta. La efedrina puede estar citada como un ingrediente dentro del producto de la siguiente manera: ma huang, Chinese ephedra, ma huang extract, ephedra, ephedrine alkaloids, ephedra sinica, ephedra extract, ephedra herb powder, epitonin o ephedrine. A pesar de que es vendida como un suplemento nutricional, la efedrina no es un componente esencial de la alimentación y tampoco tiene valor nutricional conocido.

Lo cierto es que la efedrina (sulfato de efedrina) está presente además en muchos productos farmacéuticos, y su uso indebido puede provocar serios problemas. Se consume en forma de medicamentos vasoconstrictores y broncodilatadores de extendida venta, usados como estimulantes sin prever consecuencias. Uno de sus efectos es la elevación de la presión arterial, porque estimula la frecuencia y el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la temperatura del cuerpo, retiene el sudor, aumenta los latidos del corazón esforzándolo al máximo, cierra el diámetro de las arterias aumentando la presión sanguínea dentro de ellas porque la efedrina es un fármaco que estimula al sistema nervioso simpático, que es el encargado de disparar los sistemas de alerta en el organismo, cuando estamos ante una situación de inminente peligro. Es indicada por los médicos para aumentar los latidos del corazón, en pacientes depresivos, en trastornos respiratorios como el asma y en pacientes con la tensión arterial colapsada.

Ciertos sectores del ámbito científico sostienen que no se debería tomar a la ligera los efectos estimulantes de la efedra, los más cautos proponen que, antes de probar sus posibles efectos colaterales, es preciso determinar si existe algún beneficio médico que justifique correr el riesgo.

Es en este contexto, que el 30 de diciembre de 2003 el gobierno federal de EEUU prohibió la venta de efedrina, ephedra y ma---huang, debido a que han sido vinculadas a una serie de muertes y a nocivos efectos secundarios. El secretario de Salud Pública Tommy Thompson dijo que ``en base a la mejor evidencia científica'' su departamento difundiría una alerta a los consumidores explicando los peligros de la efedrina y enviará circulares a los fabricantes para que cesen de vender el producto. La evidencia científica a la que alude el secretario de Salud de EEUU es el estudio de 16,000 casos que en febrero de 2003, la Corporación Rand, reveló, en el que se registraron efectos secundarios por el consumo de efedrina. El estudio incluye dos muertes, cuatro ataques cardíacos, nueve derrames cerebrales y cinco casos psiquiátricos.

La efedrina es el mejor ejemplo para desmentir la continua suposición de muchas personas en señalar a un producto ``natural'' como incondicionalmente seguro. Este producto no sólo ha demostrado producir efectos adversos, sino que además es prohibido en el deporte. El consumo de Efedrina es penado por la organización que rige los deportes universitarios en los EEUU (NCAA), la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y el Comité Olímpico Internacional (COI).

En España, la efedrina y sus sales forman parte de la lista de sustancias prohibidas en la composición de productos cosméticos, así como de la de sustancias estimulantes prohibidas en el deporte. Su ingrediente principal, al ser químicamente sintetizado, es regulado incluso como una droga, y ha estado presente en muchos productos farmacéuticos.

La situación en el mundo con respecto a la comercialización de los suplementos dietéticos que contienen efedrina es diversa. Y así, mientras que en Argentina, por ejemplo, pueden comprarse por Internet, en tiendas de productos dietéticos o en los propios gimnasios, en otros países latinoamericanos, como Nicaragua, se ha optado por la solución norteamericana de prohibirlos.

En México la Ley General de Salud, es su capítulo VI artículo 245, referente a las sustancias psicotrópicas, incluye a la efedrina en su fracción tercera dentro de ``otros'' como una sustancia que tiene valor terapéutico, pero constituye un problema para la salud publica.

A nivel internacional las convenciones multilaterales actualmente en vigor son la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (Convención de 1961), en su forma enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Convenio de 1971) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en 1988 (Convención de 1988). Desde un principio, la finalidad básica de los tratados internacionales sobre fiscalización de estupefacientes ha sido limitar el uso de las drogas al ámbito de los fines médico y científico exclusivamente.

Los tratados internacionales de fiscalización de drogas controlan dos categorías de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas:

En la actualidad se fiscalizan más de 116 estupefacientes en virtud de la Convención de 1961. Entre éstos figuran principalmente los productos naturales, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína; estupefacientes sintéticos, como la metadona y la petidina, así como la cannabis y la cocaína.

El Convenio de 1971 fiscaliza unas 111 sustancias sicotrópicas. La mayoría de las cuales forman parte de productos farmacéuticos que actúan sobre el sistema nervioso central. Por lo general, se trata de alucinógenos, estimulantes y depresores, y de algunos analgésicos.

Además de la fiscalización de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas, causantes unas y otras de toxicomanía, la Convención de 1988 ha hecho extensiva la fiscalización internacional de drogas a 22 productos químicos4 que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

El Convenio de 1971 entró en vigor en 1976. A diferencia de los estupefacientes, cuyo tráfico ilícito, se nutre de la producción y fabricación clandestina, las sustancias sicotrópicas suelen obtenerse desviando productos fabricados legítimamente. Esas desviaciones se deben sobre todo a la inadecuada legislación de varios países fabricantes y exportadores y a la falta de información acerca de las previsiones de las necesidades reales de los sectores médico y científico. Y así, millones de dosis de esas sustancias no requeridas han sido ``exportadas'' a países que no las necesitaban, y han acabado nutriendo el uso indebido en todo el mundo.

El artículo 12 de la Convención de 1988 introdujo una serie de medidas de fiscalización de diversas sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. En ese artículo se confía a la Junta el cometido de vigilar la aplicación por los gobiernos de las medidas para fiscalizar esas sustancias y de evaluar las sustancias químicas para su posible fiscalización en el plano internacional. La Junta informa anualmente a la Comisión sobre la aplicación de ese artículo por los gobiernos.

Por ejemplo, se cree que el creciente uso de la norefedrina5 en la fabricación ilícita de drogas es consecuencia directa del éxito de las medidas de fiscalización aplicadas para prevenir la desviación de efedrina y seudoefedrina hacia América del Norte, entre otras regiones. Esas sustancias figuran en el Cuadro 1 de la Convención de 19886 en razón de su utilización frecuente en la fabricación ilícita de metanfetamina. La norefedrina se puede utilizar en la fabricación ilícita de drogas aplicando los mismos métodos, condiciones y reactivos que cuando se usan efedrina o seudoefedrina. El producto final, sin embargo, es la anfetamina, en lugar de la metanfetamina. Los decomisos efectuados en laboratorios ilícitos han revelado productos finales que contienen tanto anfetamina como metanfetamina, lo que indica que quizá se haya utilizado norefedrina para complementar los escasos suministros de efedrina. La anfetamina ya está sustituyendo a la metanfetamina en los mercados callejeros de algunas partes de los Estados Unidos.

Sustancias controladas de la Tabla I son:

Ácido N---acetilantranílico Ácido Lisérgico

Efedrina 3,4-MDP-2

Ergometrina 1-fenil-2-propanona

Esgotamina Piperonal

Usosafrol Seudoefedrina

Safrol

y los de la Tabla II son:

Ahídrido acético Metiledicetona

Acetona Ácido Fenilacético

Ácido Antranílico Piperidina

Éter etílico Permanganato de potasio

Ácido clorhídrico Ácido Sulfúrico

y Tolueno

México se ha adherido a todas las convenciones internacionales y regionales para el control de las drogas, incluyendo la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas de 1988. Es así que la presente iniciativa busca establecer a la efedrina y sus derivados dentro de la fracción segunda del artículo 245 referente a la clasificación de sustancias psicotrópicas y que sea considerada como: ``las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública''. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I ...

II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud publica y que son:

Amobarbital

Anfetamina

Ciciobarbital

Dextroanfetamina (Dexanfetamina)

Dextroanfetamina (Dexanfetamina)

Efedrina y sus sales, isómeros ópticos y sales de sus isómeros ópticos

Fenetilina

...III ...Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Kaplan, Marcos. Aspectos socio políticos del narcotráfico. Inacipe. México.1992.

2 Sustancia natural derivada de un arbusto, conocido por los chinos hace más de 7.000 años, denominado también Ma huang.

3 Food and Drug Administration (FDA), Estados Unidos.

4 Dichos productos químicos reciben el nombre genérico de precursores, usado para nombrar a las ``sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas''. La Convención antecitada divide estas sustancias controladas en dos conjuntos, Tabla I y II, y dispone para aquéllas asignadas en la Tabla I, la obligación de los gobiernos nacionales de los países productores de notificar previamente a la exportación internacional de cualquiera de ellas.

5 El uso actual de la norefedrina en la fabricación ilícita de drogas tiene que ver con la necesidad de los traficantes de encontrar un precursor que sirva como sucedáneo de la efedrina o la seudoefedrina, ambas sometidas a estricta fiscalización e incluidas en el Cuadro I de la Convención de 1988;

6 Cuadro anexo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese a la Comisión de Salud.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Manuel Velasco Coello... Me informan que este tema queda pospuesto. Por tanto, tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias. Con su venía, señor Presidente. El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Jaime.

El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Honorable Asamblea: en ejercicio de la facultad constitucional y legal que me asiste, someto a su consideración la presente iniciativa de reforma de los artículos 34 y 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El propósito es fortalecer las agrupaciones políticas nacionales. Su origen, el acuerdo que en tal sentido tomamos los representantes de más de 60 agrupaciones políticas con registro vigente ante el Instituto Federal Electoral. Su exposición de motivos y redacción son mérito de la comisión designada para ello. El problema que enfrentan, el trato incongruente que hoy les otorga la legislación electoral. La propuesta, que la norma les otorgue el marco de facultades y de herramientas para efectiva y eficazmente participar en la vida política del país.

La figura de la agrupación política nacional se retoma en los esfuerzos que por perfeccionar nuestra democracia se realizaron en 1996. Hoy las define el Cofipe como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. En concordancia con esta definición, les asigna recursos públicos exclusivamente para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política. ¿Serán éstas entonces organizaciones de instrucción más que de acción política? Sólo pueden participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político; no pueden hacerlo en coaliciones. Y si el partido con el cual se deciden a participar se coliga con otros, como seguramente ocurrirá en el proceso federal que se avecina, sencilla la respuesta: cientos de miles de ciudadanas y de ciudadanos marginados. ¿Será esto saludable para nuestra democracia? ¿Convendrá esto al interés mismo de los partidos políticos ante escenarios inminentes en los que unos cuantos votos podrán seguramente hacer la diferencia?

Por otra parte, ¿realmente se estimula este tipo de participación política con los exiguos recursos provenientes del 2 por ciento del techo asignable a los partidos? Además, hay que pagar a personal especializado a efecto de que se cumplan los requisitos administrativos y contables, que por cierto no son pocos, que impone la ley. ¿Y los demás salarios, y la renta, y los teléfonos, y la luz? ¿Cómo hacer política cuando no se tienen medios siquiera para establecer una comunicación periódica con sus propios afiliados, que por disposición legal deben ser miles? Parecería que las agrupaciones políticas nacionales hubieran sido creadas como figuras de simulación o condenadas a la marginación.

Compañeras y compañeros legisladores: aceptar que la ley se aplique para simular o para marginar la participación política de la ciudadanía equivale a asestar golpes letales a la democracia. Si la democracia llegara a morir, la violencia ocupará su sitio, que no quepa duda: ocuparía nuestras calles, paralizaría nuestros trabajos, truncaría la educación y quizá la vida de nuestros hijos, nos obligaría al aterrorizado encierro familiar; escasearían los víveres; la desesperación y el caos nos gobernarían; y todos, absolutamente todos perderíamos. Por eso, cuando los intereses se vean trenzados, quizá más valga el empate, que conviene a la República y vale más que nos pongamos con un esfuerzo enderezado a no reparar en costos por cuidar y por fortalecer nuestra democracia. Inyectémosla de valores, advertidos de que la perfección equiparable con lo absoluto solamente es identificable en la divinidad. Procuremos en cada amanecer andar por el sendero del respeto de los demás y por el sendero de la verdad. Hagámoslo porque en México, muy a pesar de las voces y las conductas que parecieran cavar su sepulcro, en México vive y vibra aún con fervor el anhelo democrático.

Que las agrupaciones políticas nacionales coadyuven con los partidos políticos a trabajar por la democracia y a rescatar la estimación social hacia la política, que puedan ampliar sus vías de financiamiento, que puedan concursar en igualdad de condiciones con otras organizaciones ciudadanas para la obtención de fondos públicos y privados, incluso del exterior, como lo hacen algunas asociaciones civiles con niveles de fiscalización y rendición de cuentas muy, pero muy por debajo del rigor con que deben hacerlo las agrupaciones políticas. Sobre estas consideraciones, me permito someter atentamente a su consideración la presente iniciativa de decreto con

Artículo Único. Se reforman los numerales 1 y 4 del artículo 34, así como los numerales 6, 7 y 8 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 34. Las agrupaciones políticas nacionales podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o con partidos coligados. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el partido político o los partidos coligados y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores acordados y expresos en el convenio de que se trate.

A las agrupaciones políticas --diría el numeral 4-- será aplicable en lo conducente lo dispuesto en los artículos 38, 49 A y 49 B, así como lo establecido en los párrafos tres, cuatro y cinco del artículo 49 de este código.

Por lo que hace al artículo 35, el numeral 6 quedaría diciendo: ``Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen previsto para los partidos políticos en los artículos 50, 51 y 52 de este Código. Asimismo, tendrán acceso a la radio y a la televisión en términos proporcionales y equitativos frente a los partidos políticos nacionales, así como derecho a las franquicias postales y telegráficas para apoyo de sus actividades''.

El numeral 7 diría: ``De igual manera, las agrupaciones políticas con registro gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, de organización, representación y desarrollo orgánico''.

El numeral 8 señalaría: ``Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente a 100 por ciento del monto que anualmente reciben los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes''.

Compañeras y compañeros legisladores: en nombre de las agrupaciones políticas nacionales, agradezco a ustedes por su reflexión amable y profunda sobre el tema, además por su apoyo y fundamentalmente por la deferencia de su atención. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar al honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta honorable Cámara de Diputados, iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como el sexto, séptimo y octavo del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Es que en los albores del siglo XXI todavía hay que inventar la democracia?

Eso suena lo mismo que volver a descubrir América, el bien llamado Continente de la Esperanza.

Pero sí; de eso se trata: de continuar la permanente búsqueda del perfeccionamiento de la democracia, de ese sueño tan particularmente humano en el que se ha invertido sangre de mártires de todos los credos y todas las razas, y por el que se sigue luchando hoy en día en todas las latitudes.

La democracia, dice Carlos Giner, es el ``viejo vicio griego que ningún dictador logrará arrancar del corazón del hombre y permanecerá como un ideal siempre joven''.

En México, a pesar de las voces y conductas que parecen alimentar al escepticismo, al desaliento y la parálisis ciudadana, vive y vibra el anhelo democrático

Gracias a ese anhelo, a ese ideal siempre joven que está en la base de las mejores luchas del pueblo mexicano, el Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados, se consolida como ancho espacio para la pluralidad, entendida y reconocida como consecuencia misma de la naturaleza humana.

En efecto, es en la Cámara de Diputados donde la pluralidad dispone del instrumento igualmente humano, como lo es el diálogo que permite la unidad en lo fundamental, la diversidad en lo accidental y, en todo, la libertad, la dignidad y la caballerosidad.

Y si en algo están de acuerdo las representaciones partidarias en el Legislativo, es en el criterio de que, sin ciudadanos no hay democracia.

Lo dicho: la relación entre ciudadanos y democracia es constitutiva, pues sin ciudadanos no hay democracia y sin democracia no hay ciudadanía.

Al igual que lo anterior, se reconoce prácticamente por todos, que la participación de la ciudadanía como signo claro de vivencia democrática, no se reduce a la emisión del sufragio, sino que alcanza todo lo que tenga que ver con la vida pública nacional.

Como elocuente e histórico soporte a la anterior convicción, se mantiene la fracción II del Artículo 3° constitucional, que para la educación nacional establece el criterio democrático, ``considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''.

Georges Bordeau, con ironía metafórica a tono con nuestro 3° constitucional, dice que ``la democracia es hoy en día una filosofía, una manera de vivir, una religión, y casi accesoriamente una forma de gobierno.''

Por fortuna, en nuestra nación hay avances importantes en la democracia como sistema de gobierno, comenzando por la vigencia de un requisito tan elemental, como es el respeto al sufragio ciudadano, lo que ha hecho posible la alternancia pacífica en el poder y la existencia de partidos que se esfuerzan por ser más competitivos.

Gracias a las luchas perseverantes de diversas organizaciones sociales y políticas, hoy las elecciones en nuestro país no las hace el gobierno, sino que están a cargo de organismos electorales autónomos, entre los que destaca el Instituto Federal Electoral, que ha venido construyendo un sólido capital de credibilidad y una cada vez más reconocida autoridad moral.

En aras de ese prestigio y en cumplimiento de sus funciones como garante de procesos electorales confiables y como animador de la participación ciudadana, es deseable que el Instituto Federal Electoral, valore en su justa dimensión a los partidos y las agrupaciones políticas, de manera que propicie su propio desarrollo, a partir del respeto a su vida institucional interna y, con ello, a su independencia y autonomía.

La respetuosa relación entre los partidos, las agrupaciones políticas y los organismos electorales, resulta todavía más necesaria ante el hecho de que los avances democráticos en materia de respeto al voto, no han sido suficientes para hacer de la participación ciudadana una de las constantes intrínsecamente democráticas del país.

Por el contrario, puede afirmarse que la no-participación, se ha convertido en factor de alto riesgo contra el desarrollo, la gobernabilidad y la paz social de la Nación.

En efecto, el fenómeno del abstencionismo ha sido el predominante en los últimos comicios locales celebrados en diferentes entidades federativas.

Confirma lo anterior, el estudio ofrecido por la Red Interamericana para la Democracia, en el sentido de que las actividades de ciudadanos en organizaciones intermedias que trabajan por la democracia sólo alcanza el 2.8%, contra el 18.8% que registran las de tipo religioso.

Según el mismo estudio, en comparación con otros países de América Latina, en el rubro de la no-participación, México ocupa el tercer lugar, sólo debajo de Costa Rica y Brasil.

Es claro que la no-participación, junto a la permanencia y profundización de problemas como el de la miseria, el desempleo y la inseguridad pública, constituye ese factor que alimenta la tentación de la violencia y que anuncia el posible registro de estallidos sociales con dimensiones y consecuencias impredecibles.

Por todo lo dicho, urgen reformas que se traduzcan en la existencia de un mejor marco jurídico que estimule y propicie la cabal y verdadera participación ciudadana, en todo aquello que tenga trascendencia social.

Se desprende de lo anterior, la necesidad de eliminar la camisa de fuerza que en la actualidad dificulta la sobrevivencia e impide el desarrollo de las agrupaciones políticas nacionales.

Es a todas luces inaceptable, que a las agrupaciones políticas se les exija lo mismo que a los partidos políticos nacionales, pero que al mismo tiempo sean objeto de trato distinto por inferior, cuando de prerrogativas se trata.

Conforme al espíritu que animó la Reforma Electoral de 1996, las agrupaciones políticas nacionales deben ser la respuesta a la demanda ciudadana, que exige la plena vigencia del Artículo 35 de nuestra Carta Magna, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos de votar y ser votados sin necesidad de pertenecer a algún partido político.

Si por ahora no resulta posible que las agrupaciones políticas legalmente puedan registrar candidatos a puestos de elección popular, lo menos que puede hacerse es que en ejercicio del derecho de asociación, garantizado por el 9° constitucional, puedan celebrar convenios de participación con algún partido, o partidos coaligados.

Tanto el Legislativo como las dirigencias y militancias partidistas deben colocar los intereses de la Nación por encima de los particulares, de modo que, bajo este principio, entiendan y acepten que en las agrupaciones políticas se pueden tener eficaces aliados para afrontar, con éxito, el gran reto de nuestro tiempo: llevar a los ciudadanos a las urnas, para luego crecer en la participación orgánica del pueblo en todas las tareas del bien común.

Se trata de que los partidos y las agrupaciones tengan generosidad y altura de miras para satisfacer el imperativo de rescatar la estimación social hacía la política, lo que equivale a conservar y mejorar la integridad de nuestro tejido social, pues si bien la economía es la relación del hombre con la naturaleza, la política es la relación civilizada del hombre con el hombre mismo.

Así entonces, la primera función de los partidos y las agrupaciones políticas, será la de promover la participación ciudadana en la vida democrática, la que a su vez conlleva funciones sociales y cuenta con distintas facetas, entre la que destaca la socialización política.

La socialización política supone los deberes de los partidos y las agrupaciones políticas nacionales, de educar a los ciudadanos en la democracia; de concientizarlos tanto en el ejercicio de derechos, como en el cumplimiento de deberes, lo mismo que el de propiciar la libre expresión de opiniones, pareceres y criterios de la sociedad civil para canalizarlos adecuadamente, de modo que se enriquezca la agenda legislativa y se promocione el desarrollo integral del país.

Se persigue con las reformas propuestas, además, ampliar las actuales vías de financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales, a fin de que no dependan como hasta ahora casi exclusivamente del financiamiento del Instituto Federal Electoral, y puedan concursar en igualdad de condiciones con otras organizaciones de la sociedad civil para la obtención de fondos públicos y privados, nacionales y extranjeros como lo hacen hoy en día Alianza Cívica o Ancifem, asociaciones civiles que por cierto están sujetas a niveles considerablemente menores de fiscalización y rendición de cuentas. Necesitamos agrupaciones políticas nacionales cada vez más fuertes y profesionalizadas, y solo ampliando el espectro de su financiamiento esto es factible.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la alta consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto:

Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 34, así como los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 35, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 34 ...

1. Las agrupaciones políticas nacionales podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político, o con partidos coaligados. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación, serán registradas por el partido político o los partidos coaligados y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores acordados y expresos en el convenio de que se trate.

2. ... (sin cambio)

3. ... (sin cambio)

4. A las agrupaciones políticas nacionales les serán aplicables en lo conducente lo dispuesto por los artículos 38, 49-A y 49-B, así como lo establecido en los párrafos 3,4 y 5 del artículo 49 de este Código.

Artículo 35 ...

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en los artículos 50, 51 y 52 de este Código. Asimismo, tendrán acceso a la radio y televisión en términos de proporcionalidad y equidad con los partidos políticos nacionales, así como derecho a las franquicias postales y telegráficas para apoyo de sus actividades.

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, de organización, representación y desarrollo orgánico.

8. Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 6% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carvajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, en uso de la facultad que me otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la elevada consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por la que se propone la reforma del artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, para lo cual presenta la siguiente

Exposición de Motivos

Entre los objetivos principales de la Ley de la Propiedad Industrial, se destacan, el proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y

Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Lo anterior, tiende naturalmente a incentivar la economía, pues un país que garantiza los derechos de propiedad industrial, mediante procedimientos ágiles y que otorguen certeza a las personas, es campo propicio para la inversión y el desarrollo constante.

Sin embargo, es dable señalar que pese al conocimiento de esta premisa fundamental, encontramos en las normas legales, una serie de trámites engorrosos que atentan con este desarrollo, pues las personas que intentan esta clase de trámites, se encuentran con una pared burocrática y de exceso de regulación, que desincentiva a toda persona emprendedora.

De esta forma, resulta necesario darnos a la tarea de localizar las normas y disposiciones legales que de alguna forma pueden oponerse o dificultar los trámites burocráticos contenidos en nuestro orden jurídico. Es de especial importancia evitar estas disposiciones en la Ley de la Propiedad Industrial, pues si en esta Ley se contemplan normas que entorpezcan o dilaten el trámite de registro de patentes o marcas, se puede ocasionar un grave perjuicio en las personas emprendedoras, que buscan la innovación constante en sus productos, sus marcas o sus procesos y que además quieren contar con la protección legal a sus innovaciones.

Ejemplo claro de cómo no se deben entender estas normas, lo encontramos en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que en caso de que, una promoción de registro se presente sin acompañar el comprobante del pago de la tarifa correspondiente, se desechara de plano la solicitud. Esto, cuando evidentemente sería preferible, notificar al particular del no cumplimiento de dicho requisito y darle la posibilidad de regularizar su trámite, sin que por esa falta formal se le sancione al tenerle por no interpuesta la promoción.

Cabe señalar que a este respecto ya se ha pronunciado el Poder Judicial Federal, a través de diversas Tesis que señalan:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIII, Junio de 2001

Tesis: 2a. LXXXIV/2001

Página: 315

Revisión en sede administrativa. El artículo 88, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece su desechamiento cuando no se acompañe la documentación que acredite la personalidad del recurrente, no transgrede la garantía de audiencia, en virtud de la adición del diverso artículo 17-a a esa ley que contempla la figura de la prevención (contexto normativo vigente a partir del 25 de diciembre de 1996). Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente hasta antes de esta última fecha, se tendría por no interpuesto y se desecharía el recurso de revisión en sede administrativa cuando al escrito respectivo no se acompañara la documentación que acredite la personalidad del recurrente, sin prevenirlo para que subsanara esa omisión, lo que dio lugar a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera la tesis aislada P. XXXVII/98, visible en la página 124 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 1998, de rubro: ``Procedimiento administrativo. La fracción II del artículo 88 de la ley federal que lo regula, viola la garantía de audiencia al establecer el desechamiento, sin previo requerimiento, del recurso de revisión, como consecuencia de las omisiones formales del escrito relativo'', también lo es que el referido vicio fue purgado por el legislador al adicionar el artículo 17-A a la mencionada ley, mediante decreto publicado el 24 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que en este numeral se precisó que cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y una sola vez, para que dentro del plazo de cinco días subsane tal omisión -disposición que se ubica en el título tercero del citado ordenamiento y que, en términos del artículo 12 del mismo, resulta aplicable a la actuación de los particulares ante la administración pública federal-. En estas condiciones, puede concluirse que el artículo 88, fracción II, de la señalada ley, no transgrede la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la normatividad relativa al trámite del recurso de revisión en sede administrativa, ya contempla la figura de la prevención al gobernado para la regularización del mismo, sin que constituya una consecuencia desproporcionada que el citado medio de defensa se deseche cuando en el plazo conferido no se purgue el defecto que impide su admisión y trámite.

Amparo en revisión 644/2000. Cadena Comercial Oxxo, SA de CV. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Es decir, compartiendo el criterio de que las normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y, en cambio, prevén una sanción desproporcionada a la omisión formal en que aquél incurre, por el hecho de desechar de plano dicha solicitud o promoción, resultan contrarias a toda lógica, se concluye que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al no establecer la prevención para regularizar el escrito de solicitud ante el instituto respectivo, y prever su desechamiento de plano por no acompañarlo del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, lo que viola la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal disposición establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el solicitante y, al apartarse de los principios fundamentales que rigen el debido proceso legal, rompe el equilibrio procesal entre las partes, pues impide al particular demostrar la trasgresión al derecho que defiende y que estima vulnerado por un tercero.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado el suscrito somete a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se propone la reforma del artículo 180, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como a continuación se propone:

Artículo 180

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto notificará al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para regularizar su promoción, y solo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, le tendrá por no presentada dicha solicitud o promoción.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Dip. Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Túrnese la iniciativa, que ya ha sido remitida, a la Comisión de Economía.

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LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de municipios.El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián: Con su permiso, diputado Presidente; diputadas y diputados: vengo a presentar un proyecto de reforma de coordinación fiscal, con la siguiente exposición de motivos:

Hablar de federalismo implica no solamente una mutua coo-peración existente entre la Federación como tal y las entidades federativas para que cada uno, dentro de los límites que su competencia le fija, pueda desarrollar sus actividades, según la organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización política más adecuada para un México democrático, justo y equilibrado. Para ello, las entidades federativas requieren que los recursos que se les asignen sean suficientes y que su distribución sea la más adecuada, acudiendo con tal motivo a una redistribución de funciones, de decisión y operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que benefician ellas.

La Federación, como corresponsable de la situación, previó la creación de un sistema de coordinación fiscal entre ella y los estados para coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo la recaudación federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la proliferación de regímenes fiscales que por su diversidad se constituyeran en un obstáculo para el buen desa-rrollo de la vida nacional. A pesar de los esfuerzos de varias generaciones de mexicanos por avanzar en la construcción de un sistema federal de coordinación fiscal equilibrado, aún persisten inercias y lastres producto del peso de la tradición centralista heredada en México colonial y posrevolucionario, por lo que debemos impulsar también dentro del proceso de la reforma del Estado y principalmente del federalismo el ámbito fiscal y hacendario como uno de los principales temas a debate.

Tenemos la obligación de contribuir a la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, a las entidades federativas y a la Federación de los recursos y las facultades necesarios para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país. Es decir, se debe vigorizar la soberanía política y económica de los estados y municipios, y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal. El Poder Legislativo debe contemplar una recuperación de la potestad tributaria de las entidades federativas y los municipios, así como otorgar facultades a éstos para dejar en sus manos la recaudación del impuesto en ámbitos locales. Lo esencial es el pleno ejercicio de la potestad tributaria de dotación de márgenes a las entidades y a los municipios para implementar políticas fiscales y poder utilizar sus finanzas públicas como instrumento de política económica para impulsar el desarrollo en sus regiones.

La iniciativa de modificación de la Ley de Coordinación Fiscal que hoy pongo a consideración de esta soberanía subsana el error contenido en el artículo 3-B, que menciona que los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con 80 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo Sexto del Título Cuarto, que nos remite al artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a la letra dice: ``Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este capítulo los establecidos en el artículo 9o. de esta ley y los demás que conforme a la misma tengan tratamiento de interés''.

Artículo 9o. Para los efectos de esta ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios, reportes o préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de crédito; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse en instituciones de seguros o fianzas.

Con la corrección que se menciona estamos manteniendo el espíritu y la lógica propuesta por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal, los estados y los municipios, como son la armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple; la simplificación de los sistemas tributarios federales y estatales; el establecimiento y perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados ``participaciones''; la colaboración administrativa en diversas materias impositivas; y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno. Por eso someto a la consideración de esta soberanía proyecto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Artículo 3-B. Los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con 80 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1 de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales.

La Federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del municipio para la aplicación de la presente disposición, y los términos y formas para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la Federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.

Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen domiciliados en su localidad.

Asimismo, podrán convenir con los gobiernos de los estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los municipios participarán de 75 por ciento de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1 de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales de los estados con 10 por ciento y la Federación con 15 por ciento de dicha recaudación.

Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial.

Diputado Presidente: le pido que sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de municipios, a cargo del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta H. soberanía el siguiente proyecto que modifica al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Hablar de Federalismo implica no sólo una mutua cooperación existente entre la Federación como tal y las entidades federativas, para que cada uno, dentro de los límites que su competencia le fija, pueda desarrollar sus actividades según la organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización política más adecuada para un México democrático, justo y equilibrado.

Para ello, las entidades federativas requieren que los recursos que se les asignen sean suficientes y que su distribución sea la más adecuada, acudiendo con tal motivo a una redistribución de funciones de decisión y operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas.

La Federación, como corresponsable de la situación, previó la creación de un sistema de Coordinación Fiscal entre ella y los estados que la integran para coadyuvar en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo la recaudación federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la proliferación de regímenes fiscales que por su diversidad, se constituyeran en un obstáculo para el buen desarrollo de la vida nacional.

La coordinación fiscal, es el mecanismo institucional en el que las partes manifiestan libremente su compromiso de colaboración entre sus respectivas autoridades fiscales y acuerdan la distribución de las participaciones que por ley les corresponden.

A pesar de los esfuerzos de varias generaciones de mexicanos por avanzar en la construcción de un sistema federal de coordinación fiscal equilibrado, aún persisten inercias y lastres producto del peso de la tradición centralista heredada del México colonial y posrevolucionario por lo que, debemos impulsar también dentro del proceso de la reforma del Estado y principalmente del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario como uno de los principales temas a debate.

Tenemos la obligación de contribuir para la construcción de las bases que permitan dotar a los municipios, entidades federativas y a la federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país, es decir, se deben vigorizar la soberanía política y económica de los estados y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.

El Poder Legislativo debe contemplar una recuperación de la potestad tributaria de las entidades federativas, así como el otorgar facultades a los municipios para dejar en sus manos la recaudación de impuestos del ámbito local.

La inclinación está por recuperar y ampliar la potestad tributaria de las entidades federativas y de los municipios, ya sea mediante la transferencia o cesión de potestades tributarias de la Federación; mediante el establecimiento de un sistema de tributos compartidos o mediante el fortalecimiento de sus ingresos propios.

Lo esencial es el pleno ejercicio de la potestad tributaria, de dotación de márgenes a las entidades y municipios para implementar políticas fiscales y poder utilizar sus finanzas públicas como instrumentos de política económica para impulsar el desarrollo de sus regiones.

La iniciativa de modificación de la Ley de Coordinación Fiscal que hoy ponemos a consideración de esta soberanía, subsana el error contenido en el artículo 3-B que menciona que los municipios de los estados y el Distrito Federal participaran con el 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo VI del Título IV que nos remite al artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que a la letra dice; ``se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos en el artículo 9º de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés''.

Artículo 9º ``para los efectos de esta Ley, se consideraran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito; siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria'', lo cuál no corresponde al Régimen de Pequeños Contribuyentes a los que esta dirigida la citada referencia.

Con la corrección que se menciona, estamos manteniendo el espíritu y la lógica propuesta por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del gobierno federal, los estados y los municipios, como son: La armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple: la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal; el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados Participaciones; la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.

Por todo lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente:

Proyecto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Proyecto que reforma al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 3-B. Los municipios de los estados y el Distrito Federal participarán con el 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1° de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. La Federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del Municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la Federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.

Los municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Así mismo, podrán convenir con los gobiernos de los Estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los Municipios participarán del 75% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1º de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales, los estados con el 10% y la Federación con el 15% de dicha recaudación.

...

El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Tomás Trueba Gracián. Antes de proveer lo conducente, se informa a los señores legisladores que nos visitan los integrantes del cabildo y delegados del municipio de Timilpan, estado de México, encabezados por su presidente, el señor Sergio Flores Molina; bienvenidos. Todos ellos, invitados por el diputado Arturo Osornio Sánchez.

En relación con la iniciativa presentada por el diputado don Tomás Trueba Gracián, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado don Jaime Moreno Garavilla, se ha decretado el turno a la Comisión de Gobernación y se amplía a Comisiones Unidas de Gobernación, y de Participación Ciudadana, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

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ARTICULO 82 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, don Hugo.El diputado Hugo Rodríguez Díaz: Compañeras y compañeros diputados: cada vez que se acercan los tiempos de decisiones y definiciones políticas vemos en todos los institutos políticos los procedimientos para nominar al candidato de cada partido a la Presidencia de la República, para luego entrar en el juego de la competencia por la obtención de los votos necesarios. Hemos sido testigos de cómo desde el espacio público en que se ejerce alguna secretaría de Estado o gubernatura en las entidades federativas, entre otros cargos, se promueve normalmente la figura del titular para ser candidato a la Primera Magistratura del país.

Así las cosas, hemos conocido por los medios de comunicación los procedimientos por seguir de los precandidatos, por conducto de las precampañas políticas en pos de alguna candidatura con reglas no escritas acerca de su proceder, como mecanismo de promoción política fuera de los tiempos electoralmente permitidos. Lo anterior no significa que exclusivamente deba darse la disputa por las candidaturas de secretarios de Estado o gobernadores. Sin embargo, coloca a éstos en una situación de ventaja ante otros interesados que no están en las mismas posibilidades de promocionar su candidatura; en concreto, se trata de moderar la competencia: ``nadie es más, nadie es menos''.

Por tanto, el propósito de esta iniciativa es que el interesado en contender por la candidatura presidencial de su partido, llámese secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de algún departamento administrativo, procurador general de la República, jefe de Gobierno del Distrito Federal o algún gobernador de estado, no ejerza su cargo a menos que se separe de su puesto con 18 meses de anticipación al día de la elección, sin menoscabo del resto de los requisitos que se exigen para ser Presidente de la República. En mérito de lo anterior y debidamente expuesto, el suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, pone a la consideración de esta Asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que propone la modificación y adición de la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar que para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el servidor público señalado se separe de su cargo por lo menos 18 meses antes del día de la elección. Además, adiciona la figura del jefe del Gobierno del Distrito Federal a la misma fracción VI del 82 constitucional. Por lo anterior, pido a usted, Presidente, que sea insertada en su totalidad esta iniciativa en el Diario de Debates, para su constancia. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea erigida en Constituyente Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que propone la modificación y adición de la fracción VI del Artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de señalar que, para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el funcionario público -de los que señala dicha fracción VI-, se deberá de separar de su cargo por lo menos 18 dieciocho meses antes del día de la elección; además, se adiciona la figura de jefe de Gobierno del Distrito Federal y de funcionarios secundarios a la misma fracción del 82 Constitucional.

Exposición de Motivos

Primero. Las nuevas reglas institucionales que culminaron con la transición política en el año 2000 en México, no solamente significaron una alternancia en el gobierno de un partido político a otro, sino que además, dicha transición arrastró consigo otros elementos de igual envergadura como el fortalecimiento del Poder Legislativo y Judicial. Sin embargo, en el camino quedaron algunos detalles que por sencillos que parezcan, resultan trascendentes en la vida democrática de México.

Uno de estos elementos que es necesario retomar es la competencia institucional por alcanzar la Presidencia de la República. Las reglas en las democracias contemporáneas sugieren que el juego político debe darse a partir de circunstancias equitativas entre los contendientes, es decir, los sistemas electorales parten de dos principios fundamentales: la competencia y la competitividad. Esto es que, tanto entre los partidos políticos como entre sus candidatos, debe prevalecer la equidad y la igualdad de condiciones institucionales para hacerse de un cargo público por lo que ninguna fuerza política o candidato debe de encontrarse en ventaja o desventaja con respecto a las demás.

Segundo. Dentro de este cuadro de competencia, las denominadas ``precampañas'' son un asunto que se ha abordado intensamente en diferentes foros y debates entre la sociedad civil, partidos políticos, intelectuales, así como entre otros grupos de opinión, sin embargo, legislativamente no se ha trabajado en el tema, por lo que es de importancia dar el primer paso y ese comienza por plasmarlo a nivel constitucional, como principal ordenamiento jurídico de los mexicanos, para que en un futuro inmediato, se haga la instrumentación necesaria de las leyes respectivas.

Así, dada esta nueva democratización del sistema electoral y del agotamiento de las ``reglas no escritas'', por todos conocidas, es que surgen nuevas formas y nuevos actores con intereses políticos que buscan tenazmente la Presidencia de la República, no solamente de mi partido, sino de las otras dos principales fuerzas políticas del país. Así nacen las ``precampañas'' como mecanismo de promoción política fuera de los tiempos permitidos y, en muchos casos, se realizan desde algún cargo público como lo estamos viendo ahora. En principio, es innegable que toda persona tiene derecho a aspirar a mejores condiciones políticas, laborales, profesionales o de cualquier otra índole que le remunere en un mejor desarrollo personal Pero también, es de señalar que es preciso legislar al respecto para evitar ``adelantar'' los tiempos electorales como esta sucediendo ahora.

Tercero. Ahora bien, es de todos conocido que algunos de estos aspirantes a relevar al Ejecutivo Federal lo expresan de forma abierta desde un cargo público como una secretaría de Estado o una gubernatura. Esto es totalmente lícito siempre y cuando el funcionario público no pase de las palabras a los hechos, es decir, que utilice de manera lucrativa su cargo para erigir una candidatura de cualquier tipo. Además, aún y cuando así lo hayan expresado ante la opinión pública se puede interpretar como una ventaja por parte de estos candidatos con respecto a otros que no poseen un puesto de la misma envergadura, ya que los primeros, poseen recursos y medios logísticos que bien podrían ser mal aprovechados para realizar una campaña por demás dolosa. En este sentido, sobra decir que los cargos son de carácter público, por lo que un servidor público no debe privilegiar sus intereses personales sobre los de la ciudadanía; mucho menos, utilizar los recursos que se encuentran a su disposición para fomentar una campaña política que desde el principio carece de legitimidad, ya que sus adversarios políticos que no cuentan con cargo o puesto similar, se encuentran en niveles de competencia inferiores, y aún más, se está cometiendo el delito de peculado al llevar a cabo dicha acción.

Esto no quiere decir que la contienda electoral entre candidatos se deba de dar entre secretarios de Estado o gobernadores u otros funcionarios --por lo antes mencionado-- sino de lo que se trata es de prever tales actos a fin de moderar la competencia en la que cada individuo pueda utilizar de manera arbitraria los medios que disponga para estos fines. Tampoco se pretende restringir los derechos de todos aquellos que pretendan aspirar a desempeñar el cargo del Ejecutivo federal.

En este sentido, el espíritu de esta iniciativa es brindar un marco jurídico lo suficientemente coherente con los tiempos político-electorales que emergen de la nueva dinámica democrática, por ello, propongo a esta asamblea la modificación del artículo 82 constitucional a fin de que los servidores públicos que señala la fracción VI del citado artículo, se separen de su cargo 18 dieciocho meses antes de los que señala el texto actual.

Cuarto. La razón por la que el suscrito señala la ampliación a 18 meses totales de la mencionada fracción VI, radica en que los seis meses requeridos actualmente para separarse de su cargo son los mismos que el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe) señala para iniciar de manera sensata las campañas electorales, por lo que considero que debe de extenderse este periodo de renuncia pues prácticamente cualquier funcionario de los que menciona la fracción VI del 82 constitucional, puede renunciar, de acuerdo como lo señala la ley, y al día siguiente inscribirse como candidato formal a alguna formula política, habiendo aprovechado el cargo al que renuncio recientemente y eso podría influir en el desempeño de las campañas electorales, pues estos candidatos que acabaron de renunciar, arrastran las ventajas de las llamadas ``precampañas'' que ya anteriormente había yo hecho mención.

Quinto. Por otra parte, al hacer la revisión de la fracción que se pretende reformar, es de observar que falta adicionar la figura de jefe de Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, quiero hacer constar que uno de mis compañeros de bancada ya había presentado anteriormente una Iniciativa en la que se propone dicha adición, por lo que en economía de tiempo y evitar redundar en argumentos ya esgrimidos y planteados en otro trabajo legislativo, solicito retomar la propuesta íntegra del compañero diputado para complementar esta misma, señalando que esa iniciativa pretende adicionar no solamente la figura de jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino que también la de otros funcionarios públicos de niveles secundarios, ya que resulta importante incluirlos para evitar que en niveles secundarios de gobierno se dé el mismo fenómeno que esta ocurriendo en las secretarías de Estado o en las gubernaturas.

Finalmente, quiero hacer del conocimiento que en el transitorio de esta propuesta se señala que entrara en vigor después de las elecciones presidenciales que habrán de celebrarse en julio de 2006, para evitar que se malinterprete como arremetida en contra de los actuales actores políticos que bien podrían sentirse incomodados en su persona.

En este sentido, el suscrito, diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, que propone la modificación y adición de la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar que, para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el funcionario público de los que señala dicha fracción VI se deberá separar de su cargo por lo menos 18 meses antes del día de la elección; además, se adiciona la figura de jefe de Gobierno del Distrito Federal a la misma fracción del 82 constitucional

Artículo Único. Se propone la modificación y adición de la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

I. a V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento Administrativo, procurador general de la República, jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni gobernador de algún estado, a menos que se separe de su puesto doce meses antes del día de la elección; y

VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente de la elección de julio de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro.--- México, Distrito Federal, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, don Hugo Rodríguez Díaz. Como solicita el señor diputado, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El diputado José Juan Bárcenas González: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, señor diputado.El diputado José Juan Bárcenas González: El 29 de mayo de 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicha ley es reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece: ``Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral''. El objeto de la ley reglamentaria es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La Declaración sobre los Derechos de los Niños, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, fue el primer instrumento internacional en que se establece que la vulnerabilidad de los niños es razón suficiente para que se justifique una protección particular en todos los ámbitos de su vida, con el fin de lograr mejores sociedades y mejores seres humanos, y comenzar a crear una conciencia universal sobre el respeto y ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales.

Mediante reformas del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 18 de marzo de 1980 se elevó a rango constitucional el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades, incluida la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vino a desarrollar los principios y las disposiciones consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales. A ella corresponde garantizar el detalle y, en cualquier circunstancia, los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y es éste el ordenamiento que debe perfeccionarse y evolucionar para que podamos responder a las exigencias y los requerimientos que presenta la realidad social de la infancia mexicana.

En el dictamen que aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se destacó que para que una ley efectivamente promueva un cambio radical en el ejercicio que niñas, niños y adolescentes hagan de sus derechos humanos, debe proteger ese ejercicio tomando en cuenta las especificidades y circunstancias de todos ellos. Así, cuando esas especificidades han estado siendo mal atendidas y los han puesto en situación de desigualdad real, o bien, sometidos al abuso de poder, en la ley se les da el tratamiento adecuado para que en adelante no sean razón de tal desigualdad ni de tal abuso. Es éste el propósito fundamental de la iniciativa: fortalecer la protección de los niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso en cualquiera de sus modalidades.

Por lo anterior, la propuesta materia de esta iniciativa tiene por objeto, en primer lugar, reformar el texto del párrafo primero del artículo 5 de la ley, a efecto de prever que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios implementen los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia; para construir una obligación directa, imperativa e insoslayable, a cargo de dichos ámbitos de gobierno, suprimiendo la expresión ``procurarán implementar'', que carece evidentemente de fuerza obligatoria, y poniendo en su lugar ``implementarán''. En segundo lugar, nuestra propuesta incluye reformar el primer párrafo del artículo 7 de esa ley, con el objetivo de explicitar el derecho de los niños de ser protegidos por el Estado contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente.

La intención de la propuesta es enfatizar la importancia y gravedad de las hipótesis mencionadas que, de realizarse, negarían definitivamente y harían nulos los derechos de la infancia. Se trata de evidenciar que las circunstancias señaladas constituyen la situación extrema de vulnerabilidad en que pueden situarse los niños y las niñas. De allí la necesidad de establecer una obligación especial del Estado para protegerlos de esas situaciones críticas. Pensemos en los ``niños de la calle'' y en ``situación de calle'', que son quienes menos oportunidades tienen de integrarse a la sociedad y hacer efectivos muchos de sus derechos, como el de vivir en familia, el de la no discriminación, el de la educación, el de vivir en condiciones de bienestar, el de un sano desarrollo psicofísico.

Por lo anterior, y basado en el principio del interés superior de la infancia, en tercer lugar proponemos que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios destinen presupuestos y partidas específicos para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable. Finalmente, no menos importante es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales dentro de los programas nacionales para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia, estableciendo en la ley para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan a su cumplimiento y garanticen el mejoramiento de la condición social de todas las niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios implementarán los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección a los derechos de la infancia, basados en el contenido de la Convención sobre los Derechos de los Niños y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho de ser protegidos contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente, así como la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos.

De igual manera, y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a que pertenecen y, en general, de todos los integrantes de la sociedad el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios definirán presupuestos y partidas específicos para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un programa nacional para la atención de los derechos de la infancia y adolescencia que fortalezca las relaciones interinstitucionales e involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garanticen el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 5 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Juan Bárcenas González, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículos 5 y reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que se sustenta en la siguiente

Exposición de Motivos

1.- El 29 de mayo del 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicha Ley es reglamentaria del párrafo sexto del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece:

``Los Niños y las Niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral''.

El objeto de la Ley reglamentaria es garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

2.- La Declaración sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, fue el primer instrumento internacional en que se establece que la vulnerabilidad de los niños es razón suficiente para que se justifique una protección particular en todos los ámbitos de su vida, con el fin de lograr mejores sociedades, mejores seres humanos y comenzar a crear una conciencia universal sobre el respeto y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

3.- La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, desarrolló los principios de la Declaración de 1959, con el propósito fundamental de crear una nueva cultura o código ético que define el marco de las relaciones de los adultos para con los niños y adolescentes.

4.- Mediante reformas al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de marzo de 1980, se elevó a rango constitucional el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades, incluidas la alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral.

5.- La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vino a desarrollar los principios y disposiciones consagradas en la Constitución y en las convenciones internacionales. A ella le corresponde garantizar al detalle y en cualquier circunstancia los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes y es este ordenamiento el que debe perfeccionarse y evolucionar para que podamos responder a las exigencias y requerimientos que presenta la realidad social de la infancia mexicana.

Recordemos, que esta Ley vino a establecer un marco jurídico para la protección integral de la niñez, como un período de una amplia y profunda actividad que se desarrolla hasta la edad adulta y que, por tanto, es de importancia fundamental en el desarrollo del ser humano.

6.- En el dictamen que aprobó la iniciativa de Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se destacó que ``para que una Ley efectivamente promueva un cambio radical en el ejercicio que niñas, niños y adolescentes hagan de sus derechos humanos, debe proteger ese ejercicio tomando en cuenta las especificidades y circunstancias de todos ellos. Así, cuando esas especificidades han estado siendo mal atendidas y los han puesto, a niñas, niños y adolescentes, en situación de desigualdad real, o bien sometidos al abuso de poder, en la Ley se les da el tratamiento adecuado para que en adelante no sean razón de tal desigualdad ni de tal abuso''.

Ese es el propósito fundamental de esta iniciativa, fortalecer la protección de aquellos niños que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad, resultado del abandono, maltrato, explotación y abuso, en cualquiera de sus modalidades.

Por lo anterior, la propuesta materia de esta iniciativa tiene por objeto, en primer lugar, reformar el texto del párrafo primero del artículo 5 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de prever que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios implementen los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, para construir una obligación directa, imperativa e insoslayable a cargo de dichos ámbitos de gobierno, suprimiendo la expresión ``procurarán implementar'' que carece evidentemente de fuerza obligatoria, y poniendo en su lugar ``implementarán''.

En segundo lugar, nuestra propuesta incluye reformar el primer párrafo del artículo 7 de esta misma Ley, con el objetivo de explicitar el derecho de los niños de ser protegidos por el Estado contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente.

La intención de la propuesta es enfatizar la importancia y gravedad de las hipótesis mencionadas, que de realizarse, negarían definitivamente y harían nulos los derechos de la infancia. Se trata de evidenciar que las circunstancias señaladas constituyen la situación extrema de vulnerabilidad en que puedan situarse las niñas y niños, de allí la necesidad de establecer una obligación especial del Estado para protegerlos de esas situaciones críticas.

Pensemos en los ``niños de la calle'' y ``en situación de calle'', que son quienes menos oportunidades tienen de integrarse a la sociedad y hacer efectivos muchos de sus derechos como el de vivir en familia, el de la no discriminación, el de la educación, el de vivir en condiciones de bienestar, el de un sano desarrollo psicofísico, etcétera.

Por lo anterior y basados en el principio del interés superior de la infancia, en tercer lugar proponemos que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios definan presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable.

Finalmente y no menos importante es el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales dentro del Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, establecido en la Ley, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan a su cumplimiento y garantice el mejoramiento de la condición social de todas las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículos 5 y reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 5 y el primer y segundo párrafos del artículo 7, y se adiciona una segunda fracción al artículo 7 con lo cual la actual fracción segunda pasa a ser la tercera, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, implementarán los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de la Convención Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, especialmente el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente, así como la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios definirán presupuestos y partidas específicas para el desarrollo social y humano integral de la infancia, especialmente la más vulnerable.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que fortalezca las relaciones interinstitucionales y se involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Juan Bárcenas González. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

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LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra la diputada doña Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: la presente reforma pretende establecer dentro del artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, perteneciente al Título Séptimo, Capítulo Único, relativo a las sanciones, la posibilidad de que la multa o sanción económica contemplada por las infracciones cometidas a la misma ley pueda ser más rigurosa, sobre todo por lo que toca a la zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, en virtud de que dicha materia es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y guarda una naturaleza eminentemente ambiental.

Así, en la práctica resulta cotidiano apreciar violaciones del instrumento normativo que nos ocupa, así como de su reglamento en la materia, sobre todo en cuanto a zona federal marítimo-terrestre se refiere, relacionadas principalmente con su uso, aprovechamiento y explotación. Por ende, y debido a la creciente comisión de infracciones en la materia, resulta necesario elevar las sanciones establecidas, particularmente la económica, con la finalidad de contar con un instrumento que inhiba las conductas antijurídicas y se convierta en un medio represor severo para quienes quebranten las disposiciones normativas. Habiendo establecido lo anterior, las cifras hablan por sí mismas, toda vez que durante 2003 la autoridad competente realizó alrededor de mil 953 visitas de inspección, las cuales arrojaron que en mil 778 casos las ocupaciones no contaban con el título de ocupación correspondiente y mil 774 ocupaciones sin autorización, situación que, en comparación con el año 2002, creció dramáticamente, toda vez que de ese año los datos arrojaron que de 2 mil 100 visitas de inspección, mil 441 ocupaciones no contaban con concesión, mientras que 394 se encontraban sin autorización.

Es indudable, así como a la vez alarmante, el creciente número de situaciones irregulares que se han detectado, por lo que se considera necesario tomar acciones concretas cuyo objeto sea el respeto de la ley y, por ende, el respeto del Estado de derecho imperante en México, un medio a través del cual se inhiban situaciones futuras a través de sanciones ejemplares, aunque si bien es cierto que los medios coactivos del Estado deberán ser el mecanismo último de respeto de la ley. En situaciones como la que hoy nos ocupa resulta evidente la necesidad de realizarlo. Como complemento de lo anterior, resulta preciso revisar el actual artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales: ``Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientos a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado''.

Como vemos, éste contempla como sanción económica máxima mil veces el salario mínimo general vigente. Sin embargo, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en el artículo 75, permite establecer multas que van de 50 a los 500 días de salario mínimo general vigente, para apreciar a simple vista lo débil de las sanciones, mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece multas máximas de 50 mil días de salario mínimo vigente, justificación que a todas luces resulta obvia, toda vez que el bien jurídico tutelado por dicha normatividad reviste importancia excepcional. Así, resulta trascendente la presente reforma con la finalidad de elevar las multas y homologarlas con la legislación ambiental, por lo menos en la parte conducente en la Ley General de Bienes Nacionales, con la finalidad de que se puedan establecer multas que resultan retractores en la realización de tales conductas. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 149. Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientas a cincuenta mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado.

Solicito a la Mesa Directiva que sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada por la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La presente reforma pretende establecer dentro del artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, perteneciente al Título Séptimo, Capítulo Único, Relativo a las Sanciones, la posibilidad de que la multa o sanción económica, contemplada por las infracciones cometidas a la misma Ley, pueda ser más rigurosa, sobre todo, por lo que toca a la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en virtud de que dicha materia es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y guarda una naturaleza eminentemente ambiental.

Así, en la práctica resulta cotidiano apreciar violaciones al instrumento normativo que nos ocupa, así como a su Reglamento en la materia, sobre todo en cuanto a zona federal marítimo terrestre se refiere, relacionadas principalmente a su uso, aprovechamiento y explotación, por ende y debido a la creciente comisión de infracciones en la materia, resulta necesario elevar las sanciones establecidas, particularmente la económica, con la finalidad de contar con instrumento que inhiba las conductas antijurídicas y se convierta en un medio represor severo, para quien quebrante las disposiciones normativas.

Habiendo establecido lo anterior, las cifras hablan por si mismas, toda vez que durante 2003 la autoridad competente realizó alrededor de 1953,visitas de inspección, las cuales arrojaron que en 1778 casos las ocupaciones no contaban con el título de concesión correspondiente y 1774 ocupaciones sin autorización, situación que a comparación del año 2002 creció dramáticamente toda vez que en ese año los datos arrojaron que de 2100 visitas de inspección totales, 1441 ocupaciones no contaban con concesión, mientras que 393 se encontraban sin autorización.

Es indudable, así como a la vez alarmante el creciente número de situaciones irregulares que se han detectado, por lo que se considera necesario tomar acciones concretas cuyo objeto sea el respeto a la Ley, y por ende, el respeto al Estado de derecho imperante en México, un medio a través del cual se inhiban situaciones futuras a través de sanciones ejemplares, aunque si bien es cierto, los medios coactivos del Estado, deberán ser el mecanismo último de respeto a la Ley, en situaciones corno la que hoy nos ocupa, resulta evidente la necesidad de realizarlo.

Como complemento de lo anterior, resulta solo revisar el actual artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales:

Artículo 149.- Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientos a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado.

Como vemos, éste contempla como sanción económica máxima (multa) mil veces el salario mínimo general vigente, sin embargo el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 75 permite establecer multas que van de los cincuenta a los quinientos días de salario mínimo general vigente, para apreciar a simple vista lo débil de las sanciones, mientras que la Ley vigente, para apreciar a simple vista lo débil de las sanciones, mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece multas máximas de cincuenta mil días de salario mínimo vigente, justificación que a todas luces resulta obvia, toda vez que el bien jurídico tutelado por dicha normatividad, reviste una importancia excepcional.

Es así que resulta trascendente la presente reforma con la finalidad de elevar las multas y homologarlas con la legislación ambiental, por lo menos en la parte conducente de la Ley General de Bienes Nacionales con la finalidad de que se puedan establecer multas que resulten retractores, en la realización de tales conductas.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO

Por el que se reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 149.- Se sancionará con prisión de dos a doce años y multa de trescientos a cincuenta mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal al momento de imponer la sanción a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de marzo de 2005.--- Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada. Como lo pide doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación.

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LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado Presidente: hago uso el día de hoy de esta tribuna a fin de dar cumplimiento a un compromiso que realicé hacia el interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto de una problemática que aqueja, en diferentes vertientes pero en todo el país, la situación ecológica y de protección del medio ambiente. Hace 50 años empezó el estudio de los clorofluorocarbonos. Cincuenta años más tarde nos percatamos de que, efectivamente, había una lesión hacia la capa de ozono.

No debemos permitir que sigan sucediendo violaciones irreparables o irreversibles del medio ambiente en las diversas latitudes del país. En 1999 reformamos el artículo 4o. constitucional para establecer como garantía que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Corresponde ahora a todos noso-tros protegerlo. De igual modo, en ese mismo año se reforma el primer párrafo del artículo 25, para agregar: ``Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable''.

Es de todos conocido que tanto en Chiapas, Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León, vivimos el problema de actitudes y acciones que lesionan el medio ambiente y que, bajo el amparo de la justicia federal, continúan actos de imposible o irreversible reparación. ¿A qué me refiero? Pongo de ejemplo Monterrey, Nuevo León: tenemos en este momento fraccionadores que, al amparo de problemas de competencia entre la autoridad federal, estatal y municipal, consiguen con justo derecho la suspensión del acto reclamado. Y estamos hablando de tala de árboles, estamos hablando de destrucción de cerros. ¿Para qué? Para que posteriormente, al definirse el fondo del asunto, se señale que el particular no tenía razón, mas en ese momento el daño es irreversible. Tenemos que frenar esto.

El propio Poder Judicial de la Federación ha señalado en diversas tesis que la protección del medio ambiente es de interés público e interés general, toda vez que protege la propia salud pública. El artículo 124 de la Ley de Amparo señala de manera muy puntual cuáles son los requisitos para el otorgamiento de la suspensión del juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado. Establece la solicitud del agraviado que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean actos de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. ¿Qué se considera que violenta el interés social y el orden público? Cuando se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes. Segundo, cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Tercero, se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario. Cuarto, se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza. Quinto, se permita el incumplimiento de las órdenes militares. En esos casos, la autoridad juzgadora debe denegar la suspensión del acto reclamado en razón de que haya un perjuicio al interés social y al orden público.

Como pueden observar, el cuarto punto protege la salud pública. Las tesis, como he señalado, del propio Poder Judicial de la Federación consideran la protección del medio ambiente como parte de esa salud pública. Por tal motivo, propongo y presento iniciativa de decreto de reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, a fin de que se precise como otra causal en la que no procede el otorgamiento de la suspensión cuando se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente o se ponga en peligro real e inminente el equilibrio ecológico o la salud de las personas, porque se han rebasado los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables. ¿Por qué ``normativas''? Porque hay un sinnúmero de disposiciones de carácter administrativo, normas oficiales mexicanas para ser exactos, que regulan la protección del medio ambiente.

De esta manera, dejaríamos a la autoridad juzgadora acotada a que en el momento en que exista un daño grave o irreversible del medio ambiente sea justificante para la negativa de la suspensión. No estamos hablando de actos de difícil reparación; estamos hablando de actos de imposible reparación, como sucede en muchísimos casos en el tema de medio ambiente. Quiero advertir, al propio tiempo, que esta iniciativa fue en su momento apoyada por los compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya ha recibido a su vez el beneplácito de diversos compañeros de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, y en especial de la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Jacqueline Argüelles, y de la diputada Rebeca Godínez, como Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por su atención muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI

Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.

Lo anterior de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En 1928 se inicia el uso de los clorofluocarbonos, de los cuales derivan los clorofluorcarbonados (CFCs). Cincuenta años más tarde se advierte que dichas sustancias, que fueron utilizadas masivamente, dañan la capa de ozono. Este problema ambiental mayúsculo despertó la conciencia de la humanidad por desarrollar distintos aspectos para la protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico.

En 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas promovió la creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que produjo en 1987 el informe titulado ``Nuestro Futuro Común'', en el cual surge la idea del desarrollo sustentable. En él se plantearon algunas recomendaciones plasmadas en el documento ``Agenda 21'', acerca del cambio climático, diversidad y protección forestal, además de recomendar estudios más profundos sobre el problema de la erosión de los suelos, entre otros aspectos.

El 14 de junio de 1992 fue firmado en Río de Janeiro, Brasil, la ``Carta de la Tierra'' o ``Declaración de Río'', en la cual se establecieron ciertos principios que debían ser acatados por los diferentes estados, particularmente en lo relativo a desarrollar legislación nacional respecto de la responsabilidad e indemnización por daño ambiental, así como a la cooperación para elaborar nuevas leyes internacionales respecto al tema. Prevé además que cada Estado debe aplicar de acuerdo a sus capacidades medidas para cuidar el medio ambiente, y que las autoridades de cada nación deben asegurar la internalización de los daños ambientales que ocasionen.

En este sentido, México se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor de participar en la creación de normas que sirvan de marco para regular la protección del medio ambiente.

Mediante la reforma del artículo 4º constitucional y del primer párrafo del artículo 25 de la Carta Magna, en junio de 1999, se incorporaron nuevas disposiciones conducentes al medio ambiente, su conservación y protección.

En primer término, se adicionó un párrafo al artículo 4º, para establecer que ``Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar''. Por su parte, al primer párrafo del artículo 25 se le agregó: que ``Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable''; lo cual, aporta una idea transgeneracional, a fin de que el desarrollo económico se lleve a cabo de tal forma que los recursos que se aprovechen hoy, puedan ser aprovechados igualmente por las generaciones futuras.

En este orden de ideas, es de considerarse de primera necesidad regular lo dispuesto por la Ley de Amparo a fin de precisar que no podrá ser otorgada la suspensión en aquellos casos en que exista riesgo de que se ocasione un daño grave o irreparable al medio ambiente o al equilibrio ecológico.

Lo anterior, a fin de evitar que bajo el amparo y protección de la justicia federal, los particulares se encuentren en posibilidad de continuar con actos que causen daños graves o irreversibles en los bienes naturales, afectando de esta forma directamente al medio ambiente.

El artículo 123 de la Ley de Amparo establece que procede la suspensión de oficio, del acto reclamado, cuando éste se refiera a actos que pongan en riesgo la privación de la vida, deportación, destierro o la aplicación de penas inusitadas o trascendentales; así como cuando se trate de cualquier otro acto que de consumarse sea de imposible reparación.

Indica que los efectos de dicha suspensión de oficio es sólo para que cesen los actos de riesgo señalados, en el primer caso, o para que se restablezcan las cosas al estado que guardaban, para el segundo caso.

Artículo 123.- Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

Correlativo al mismo, el artículo 124 de la Ley de Amparo, dispone que fuera de la suspensión de oficio, sólo se decretará la suspensión del acto reclamado cuando i) la solicite el agraviado; ii) no se perjudique el interés general; o iii) se contravengan disposiciones de orden público; y iv) resulte de difícil reparación el daño que se ocasione.

Artículo 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de distrito, al conceder la suspensión, procurara fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomara las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.En tal sentido, el segundo párrafo de la fracción II del citado diverso 124, prevé en cuales casos se considerará que sí se sigue perjuicio al interés público o se realizan contravenciones a las disposiciones generales. Determinando que así se interpretará cuando:

1. De concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes.

2. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.

3. Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario.

4. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza.

5. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares.

Es de advertirse entonces, respecto del cuarto supuesto que se ha enumerado, que el legislador ha considerado prioritario defender el derecho general a la salud, como una forma de proteger el interés general y las disposiciones de orden público, aún por encima de actos que puedan resultar en un daño de difícil reparación para un particular.

En este punto es de advertirse que la protección al medio ambiente ha sido considerada como de interés común y de salud pública.

Así se ha manifestado en diversas ocasiones la autoridad jurisdiccional, al sostener que ``la protección ecológica constituye en la actualidad, una necesidad inaplazable de salud públicas, abundando al manifestar --en relación con las medidas de seguridad para proteger al medio ambiente-- que ``la sociedad se encuentra interesada en que ese tipo de medidas de seguridad sean cabalmente cumplidas, toda vez que tienden a garantizar la salud y el bienestar de la comunidad por las consecuencias fatales que la contaminación puede ocasionar''.

Octava Época

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIV, octubre de 1994

Página: 370

Suspensión improcedente en contra de un decreto expropiatorio que tiende a preservar y conservar el equilibrio ecológico. Cuando la expropiación del inmueble cuyo desposeimiento y demolición se reclama, tiene por objeto o causa, el de establecer una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico, en los términos del artículo 1°., fracción X, de la Ley de Expropiación; no procede la concesión de la medida suspensiva solicitada, porque ello impediría la ocupación inmediata y total del referido inmueble y la realización del objeto de la expropiación, en perjuicio del orden público e interés social, previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que la protección ecológica constituye en la actualidad, una necesidad inaplazable de salud pública.''

Novena Época

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, junio de 1996

Página: 871

Medio ambiente, afectación del. Es improcedente la suspensión contra el acuerdo vinculado con el servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 1995. El acuerdo emitido por el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el que se establecen modalidades en la prestación del servicio de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, para los efectos de presentación de la garantía de cumplimiento de la obligación de reparar daños que la carga pueda ocasionar al medio ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente de su publicación, no puede ser materia de suspensión definitiva, porque con él se pretende garantizar la obligación de reparar daños que el transporte de materiales y residuos peligrosos pueda ocasionar al medio ambiente, y es claro que la sociedad se encuentra interesada en que ese tipo de medidas de seguridad sean cabalmente cumplidas, toda vez que tienden a garantizar la salud y el bienestar de la comunidad por las consecuencias fatales que la contaminación ambiental puede ocasionar. Por lo que no se surte el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de amparo''.

En tal sentido, y a través de una interpretación teológica de las normas que tutelan la salud como un derecho fundamental de los seres humanos, se estima que debe modificarse el contenido de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para dejar asentada la improcedencia de la suspensión del acto reclamado, cuando con ello se permita la continuación o la realización de actos u omisiones que puedan causar un daño grave o irreversible al medio ambiente o al equilibrio ecológico.

De tal forma, y valorando el interés individual frente al colectivo que conllevan las resoluciones emitidos por las autoridades a fin de preservar el equilibrio ecológico y el medio ambiente y por tanto la salud pública, resulta impostergable que se establezca el parámetro legal en la Ley de Amparo para que en el caso de que se impugnen en el juicio de garantías actos o resoluciones cuya suspensión implique la trasgresión del entorno ecológico, sea negada la suspensión del acto reclamado, ya que se contraviene el interés social y en su caso, a las disposiciones de orden público.

Lo anterior, toda vez que acorde con el artículo 2° de la Ley General de Salud, el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad, entre otras, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Además de que es materia de salubridad general, la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre y dicha legislación es de orden público e interés social. Por lo que se estima que con la adición propuesta, se logrará, amén de fijar un límite legal a los juzgadores de amparo, salvaguardar ese interés general que se requiere para conservar un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos.

De tal forma se propone adicionar el texto del segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 124 de la Ley de Amparo, para señalar que se deberá negar la suspensión en el caso de que el acto reclamado permita evitar que se produzca un daño grave o irreversible al equilibrio ecológico, al medio ambiente, o se ponga en peligro real e inminente la salud de las personas, porque sean rebasados los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables.

De esta manera, la actuación que exceda las determinaciones legales o normativas vigentes, y que por ende ponga en riesgo la vida de las personas, el equilibrio ecológico o pueda causar un daño grave o irreparable al medio ambiente, no deberá ser motivo de suspensión del acto reclamado.

De conformidad con lo anterior, se somete al análisis de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se modifica el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 124. ...

I. ...

II. ...

Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; se permita el incumplimiento de las órdenes militares; o se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente, o se ponga en peligro real e inminente el equilibrio ecológico o la salud de las personas, porque sean rebasados los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables.

III. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 197 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Con su venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado.El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Compañeras y compañeros diputados: el suscrito, diputado federal Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Toda época tiene su historia; los problemas cada vez son más complejos. Las nuevas generaciones demandan soluciones acordes con el dinamismo social con que se vive. Se están creando formas novedosas de relaciones económicas y políticas, donde la sociedad, seguridad social, reclama del Estado mejor control y también mayor participación para satisfacer a los trabajadores sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su dignidad.

En América Latina se ha dicho que la seguridad social es un fenómeno inventado por el Estado para conciliar políticas adversas o que ha sido un concepto utilizado para resolver necesidades emergentes en las sociedades, como táctica u objetivo para lograr equilibrios entre demandas y satisfactores, incluso con diferentes respuestas que van desde las que se enmarcan como políticas sociales y de previsión social, bienestar o asistencia social.

Sin embargo, para sustentar esta iniciativa de reforma nos acogemos al pensamiento de Francisco González Díaz Lombardo, en su obra El derecho social y la seguridad social integral, donde se propone que ``seguridad social'' debe entenderse como instrumento para garantizar solidariamente organizados los esfuerzos del Estado y la población económicamente activa, los riesgos y contingencias sociales y de la vida a que está expuesta y los que de ella dependen, con objeto de obtener para todos el mayor bienestar socioeconómico y cultural posible, permitiendo al hombre una vida cada vez más auténticamente humana, conceptos que en los últimos tiempos denominamos, compañeras y compañeros diputados, ``calidad de vida''.

``Seguridad social'' es entonces el deseo de todos los seres humanos de una vida mejor, atendiendo a la salud, educación y seguridad en el trabajo, así como una vivienda digna, con certeza jurídica y respaldo de un deudor solidario que garantice con oportunidad, eficacia y eficiencia administrativa la operatividad y seguridad en el patrimonio familiar, anhelos que deberían volverse políticas institucionales, propuestas de mejora o alternativas de cambios internos. Pero al no estar en concordancia con las necesidades externas o con el marco jurídico adecuado, pocas veces se reflejan en beneficios directos a los usuarios en instituciones de seguridad social.

Las reiteradas y permanentes inquietudes de los trabajadores al servicio del Estado respecto a una operación administrativa eficiente en la asignación de los créditos hipotecarios para que quienes los adquieren cuenten desde el momento de su designación con certeza jurídico-administrativa de que no se enfrentarán a largo plazo de su crédito con problemas como los que en la actualidad enfrentan, como cobros indebidos, escrituración y liberación de hipoteca inoportunos, pagos de intereses por falta de controles internos en la institución de seguridad social, trámites administrativos innecesarios, con la consiguiente molestia, compañeros, para el trabajador, al tener que solicitar devolución de descuentos. Esta incertidumbre se genera porque el o los trabajadores beneficiados conocen el monto de su crédito, el crédito que adquirieron, pero no tienen el control de los descuentos generados al pasivo del mismo, originando que no coincida el estado del derechohabiente con el del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, inconsistencia derivada por diferentes factores que van desde cofinanciamientos entre el Fovissste y los bancos, descuentos no aplicados o aportaciones no enteradas.

Resulta a todas luces incongruente que el Fondo de Vivienda necesite conocer los saldos de los créditos, los talones de descuentos de los trabajadores, y no como debería de ser: mediante controles o sistemas propios. De ahí la razón por la que el trabajador beneficiado no entiende por qué es posible determinar cuánto adeuda, pero no cuánto ha pagado, aunado a que si no presenta uno de sus talones, correrá el riesgo de que el Fondo de Vivienda no le acredite ese descuento. Por las consideraciones anteriores se propone la modificación del artículo 107 de la Ley Federal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se obligue al Fondo de Vivienda a entregar semestralmente un estado de cuenta al beneficiario, independientemente de la institución que maneje los recursos económicos en la compra a terceros, como ahora lo hacen las sociedades hipotecarias con que, en todo caso, el Fondo de Vivienda deberá precisar los términos para el reporte de las aportaciones.

De la misma forma, se cumplirá la entrega de los porcentajes de descuento de créditos a los bancos para no afectar a los trabajadores con pago de intereses que en ocasiones y en distintos fraccionamientos del país presentan saldos superiores a su crédito o del mismo inmueble. Como ejemplo, menciono los fraccionamientos Las Fuentes y La Reforma, de Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, dejo a salvo la calidad de las construcciones y de la enorme cantidad de compañeros trabajadores derechohabientes que tienen que pagar los terminados de su vivienda, situación que se resolvería con las adiciones que se proponen para que sea, compañeras y compañeros diputados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , a través del Fondo de Vivienda, deudor solidario de los trabajadores, debido a que es común que existan contratos hipotecarios de mutuo, en donde no se especifica esta propuesta, originando que el trabajador enfrente juicios con los bancos por adeudos, cuyas causas en ocasiones no son su responsabilidad, a la vez que, por mandato de Ley del Fondo de Vivienda, se obligaría a entregar un estado de cuenta desglosado cada seis meses, a partir de que el trabajador reciba un crédito hipotecario, sin que ello limite la posibilidad de la consulta rápida vía Internet como herramienta tecnológica indispensable en todos los sistemas administrativos.

Con esto, compañeros, resolveremos un problema cotidiano entre los servidores públicos que afecta primordialmente a nuestros compañeros de menores ingresos. En atención a las consideraciones expuestas, compañeras y compañeros diputados, someto a la sensibilidad de esta honorable Asamblea esta iniciativa de reforma con el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado:

Artículo 107. El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda, nueva o usada, a que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho Fondo.

El Fondo de Vivienda debe ser deudor solidario de los trabajadores que reciban créditos financiados con recursos distintos o cofinanciados entre el Fondo, bancos, sociedades hipotecarias o particulares.

El trabajador tendrá derecho a recibir del Fondo de la Vivienda cada seis meses un estado de cuenta desglosado a partir del momento en que reciba su crédito.

Solicito, diputado Presidente, que sea turnada esta iniciativa a la Comisión de Seguridad Social, y a la de Vivienda. Es cuanto, compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Moisés Jiménez Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71 fracción II, de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Toda época tiene su historia, los problemas cada vez son más complejos, las nuevas generaciones demandan soluciones acordes al dinamismo social con el que se vive, se están creando formas novedosas de relaciones económicas y políticas, en donde la Seguridad Social reclama del Estado mejor control y también mayor participación para satisfacer a los trabajadores sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad.

En América Latina se ha dicho que la Seguridad Social es un fenómeno inventado por del Estado para conciliar políticas adversas, o que ha sido un concepto utilizado para resolver necesidades emergentes en las sociedades, como táctica u objetivo para lograr equilibrios entre demandas y satisfactores, incluso con diferentes respuestas que van desde las que se enmarcan como políticas sociales, de previsión social, bienestar o asistencia social. Sin embargo para sustentar esta iniciativa de reforma nos acogemos al pensamiento de Francisco González Díaz Lombardo en su obra El derecho social y la seguridad social integral en donde se propone que seguridad social ``debe entenderse como instrumento para garantizar solidariamente organizados, los esfuerzos del Estado y la población económicamente activa, los riesgos y contingencias sociales y de la vida a que está expuesta y aquellos que de ella dependen, con objeto de obtener para todos el mayor bienestar socio-bio económico- cultural posible, permitiendo al hombre una vida cada vez más auténticamente humana.''; conceptos que en los últimos tiempos denominamos calidad de vida.

Seguridad social es entonces el deseo de todos los seres humanos a una vida mejor, atendiendo a la salud, educación, y seguridad en el trabajo , así como una vivienda digna con certeza jurídica y respaldo de un deudor solidario que garantice con oportunidad, eficacia y eficiencia administrativa la operatividad y seguridad en el patrimonio familiar, anhelos que deberían volverse políticas institucionales, propuestas de mejora o alternativas de cambios internos, pero al no estar en concordancia con las necesidades externas o con el marco jurídico adecuado, pocas veces se reflejan en beneficios directos a los usuarios de nuestras Instituciones de Seguridad Social.

Las reiteradas y permanentes inquietudes de los trabajadores al servicio del Estado respecto a una operación administrativa eficiente en la asignación de los créditos hipotecarios, para que quienes los adquieran cuenten desde el momento de su designación con la certeza jurídica administrativa de que no se enfrentarán a lo largo del plazo de su crédito con problemas como los que en la actualidad enfrentan como: cobros indebidos, escrituración y liberación de hipoteca inoportunos, pago de intereses por falta de controles internos en la Institución de Seguridad Social, trámites administrativos innecesarios, con la consiguiente molestia para el trabajador al tener que solicitar devolución de descuentos.

Esta incertidumbre se genera por que el, o los trabajadores beneficiados conocen el momento y el monto del crédito que adquirieron, pero no tienen el control de los descuentos generados al pasivo del mismo, originando que no coincida el saldo del derechohabiente con el del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, inconsistencia derivada por diferentes factores que van desde el cofinanciamiento entre Fovissste y los bancos, descuentos no aplicados o aportaciones no enteradas.

Resulta a todas luces incongruente que el Fondo de Vivienda necesite para conocer los saldos de lo créditos, los talones de descuento de los trabajadores y no como debiera ser, mediante controles o sistemas propios. De ahí la razón por la que el trabajador beneficiado no entiende que sea posible determinar cuanto adeuda pero no cuanto ha pagado, aunado a que si no presentare uno de sus talones, correrá el riesgo de que el Fondo de Vivienda no le acreditará ese descuento.

Por las consideraciones anteriores es que se propone la modificación al artículo 107 de la Ley Federal de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que se obligue el Fondo de Vivienda a entregar semestralmente un estado de cuenta al beneficiario, independientemente de la Institución que maneje los recursos económicos en la compra a terceros como ahora lo hacen las sociedades hipotecarias con las que, en todo caso el Fondo de Vivienda deberá precisar los términos para el reporte de sus operaciones, de la misma forma que cumplirá con la entrega de los porcentajes de descuento de créditos a los bancos para no afectar a los trabajadores con pago de intereses, que en ocasiones y en distintos fraccionamientos del país, presentan saldos superiores al valor de su crédito o del mismo inmueble, como ejemplo menciono los fraccionamientos de Las Fuentes y La Reforma en Pachuca, Hidalgo, sin embargo dejo a salvo la calidad de las construcciones y de la enorme cantidad de compañeros trabajadores derechohabientes que tienen que pagar los terminados de su vivienda, situación que se resolvería con las adiciones que se proponen para que sea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado a través del Fondo de Vivienda, deudor solidario de los trabajadores, debido a que es común que existan contratos hipotecarios de mutuo en donde no se especifica esta propuesta originando que el trabajador enfrente juicios con los bancos por adeudos cuyas causas en ocasiones no son su responsabilidad, a la vez que por mandato de Ley el Fondo de Vivienda se obligaría a entregar un estado de cuenta desglosado cada seis meses a partir de que el trabajador reciba un crédito hipotecario, sin que ello limite la posibilidad de la consulta rápida vía Internet como herramienta tecnológica indispensable en todos los sistemas administrativos, con esto resolveremos un problema cotidiano entre los servidores públicos que afecta primordialmente a nuestros compañeros de menores ingresos.

En atención a las consideraciones expuestas, compañeras y compañeros diputados, someto a la sensibilidad de esta honorable asamblea esta iniciativa de reforma , con el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado

Artículo 107 El trabajador tendrá derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda, misma que podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales financiados con recursos de dicho Fondo.

El Fondo de la Vivienda debe ser deudor solidario de los trabajadores que reciban créditos financiados con recursos distintos o cofinanciados entre el Fondo , bancos, sociedades hipotecarias o particulares.

Al momento en que el trabajador reciba crédito del Instituto ...

Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, ...

El trabajador tendrá derecho a recibir del Fondo de la Vivienda cada seis meses un estado de cuenta desglosado a partir del momento que reciba un crédito.

Dip. Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado. Como solicita, túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

LEY PARA EL REGISTRO DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY ADUANERA

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de Estados Unidos de América y Canadá; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera, suscrita esta iniciativa también por el señor diputado don Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Con su permiso, señor Presidente. El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Según lo dispuesto en el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se presume cometido un ilícito cuando se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta, a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin la documentación oficial. Los diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del PAN, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, que pretende dar una solución integral al persistente problema de la internación y estancia en México de vehículos de esta característica.

De acuerdo con la información del INEGI, México tiene un parque vehicular de 14.5 millones de automotores, de los cuales entre 2 millones y 2 millones y medio de unidades son de procedencia ilegal. La cifra de autos ilegales es generada ya sea por contrabando, internación temporal y la prolongación de la estancia de los vehículos más allá de los seis meses indicados en el artículo 32 de la Ley Aduanera, el incentivo perverso que han generado las leyes de regularización, también 15 millones de autos usados y chatarra de Estados Unidos que generan anualmente también la baja de precios o los bajos precios de venta de los vehículos usados extranjeros.

La presencia de esa clase de vehículos lesiona severamente una de las industrias más importantes de nuestro país, ya que la industria automotriz mexicana en 2003 representó 2.7 por ciento del PIB nacional, 14.7 por ciento del PIB manufacturero, y presentó una plantilla de personal de 471 mil empleos, lo que equivale a 12.9 por ciento del empleo en el sector manufacturero. La regularización que algunos cuerpos promueven implicaría dar legitimidad a la violación de la ley, lo cual generaría una injusticia aprobada por ley contra los usuarios de vehículos legales que sí han cumplido su pago de impuestos; devaluaría de 10 a 20 por ciento el valor de los autos usados adquiridos en el mercado nacional, que oscila entre 12.5 millones de unidades; generaría desestabilización en el mercado de vehículos usados nacional porque la gente podría preferir gastar más dinero en un vehículo ilegal que comprar uno nacional en regla; provocaría pérdidas fiscales; atentaría contra la política ambiental nacional, ya que un auto con más de 10 años de antigüedad genera más emisiones contaminantes, debido a que sus emisiones, como el hidrocarburo, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, son mayores en 60, 50 y 15 veces, respectivamente, respecto a vehículos más recientes, a 10 años, los cuales producen 20, 15 y 10 número de veces los contaminantes antes mencionados.

Ante la complejidad del problema, los diputados firmantes proponemos el proyecto de iniciativa de ley para la Ley del Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. Esta iniciativa no legaliza los vehículos ilegales, pero sí da una oportunidad a los poseedores y propietarios de estos autos de pasar al lado de la legalidad. El propósito de la iniciativa se sustenta en la oportunidad que se dará a vehículos que ya se encuentran internados en el país para ser censados mediante un registro, aunado al pago de un derecho, denominado ``derecho para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera''. El pago de este derecho para el registro de vehículos de procedencia extranjera será destinado a la integración de un fondo nacional, llamado ``Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros''. Este fondo tendrá como principales objetivos: 1. La renovación vehicular, ya que los vehículos ilegales serán retirados de la circulación, permitiendo mejorar la edad media de la flota vehicular; y 2. El financiamiento, ya que con los recursos del fondo se otorgará un certificado de adquisición intransferible y no negociable, entregado por el Gobierno Federal, que se hará efectivo con los distribuidores de vehículos nuevos nacionales a cuenta del enganche para la adquisición de un automóvil compacto nuevo de consumo popular.

Es necesario mencionar que, aunado a las ventajas que se alcanzarían con la renovación vehicular, también se alentaría el mantenimiento frecuente de los automóviles, con lo que se vería beneficiado todo el sector automotriz. El sector automotriz contribuirá en este programa firmando un convenio con el Gobierno Federal, en el cual se comprometen a aportar un monto monetario equivalente al del certificado de adquisición como parte pagada del enganche para la adquisición de un vehículo compacto nuevo, de consumo popular. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada, junto con las autoridades fiscales de las entidades federativas, de llevar a cabo la inscripción en el mencionado registro. El registro abarcará los siguientes transportes: los vehículos automotores modelo 2004 o anteriores y posteriores al año de 1970, con las siguientes características: todos los vehículos provenientes del territorio de Estados Unidos de América, así como de Canadá; todos los vehículos automotores, automóviles y vagonetas con capacidad de hasta 12 pasajeros. El registro también abarcará los transportes, camiones unitarios hasta de 6.3 toneladas de peso bruto vehicular.

Es necesario mencionar que para realizar el trámite para el registro se requerirá la cédula consultar de salida del migrante, la cual también permitirá establecer las bases para un censo de las personas que cruzan la frontera norteamericana con fines laborales o turísticos. Se requerirá que todas las entidades federativas participen en la implantación del presente registro mediante la firma del anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se propondrá que autoridades como la PGR y la Agencia Federal de Investigación colaboren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fiscalizar fuera de las aduanas, así como en todo el territorio nacional, el estricto apego a la presente propuesta de ley.

Los diputados del grupo parlamentario del PAN invitamos a los individuos que han violado la ley resguardando en territorio nacional vehículos usados de procedencia extranjera de manera ilegal que no perderán su patrimonio, sino que iniciarán un proceso legal. Y la alternativa es mediante la inscripción en el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, con la finalidad de gozar de sus beneficios. Con la finalidad de que la presente propuesta de ley se aplique de manera más adecuada, requiere diversas reformas de la Ley Federal de Derechos, acompañadas de otras más de la Ley Aduanera. Esta propuesta de ley, sin embargo, va acompañada de otras reformas de leyes diversas, lo que hace de ésta una propuesta integral que pretende acabar con el problema actual; fortalecer el mercado interno nacional y disminuir los incentivos que provocan entradas de vehículos usados ilegales provenientes de Estados Unidos y Canadá y su circulación en territorio nacional. Con base en los argumentos expuestos, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de Estados Unidos de América y Canadá

Dos. Iniciativa que adiciona un artículo 53 Bis y reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Derechos.

Tres. Iniciativa que adiciona el inciso e) del artículo 106, adiciona los artículos 137 Bis, 137 Ter, 137 Quáter, 137 Quintus, la fracción III del artículo 151 y una fracción V al artículo 183 A de la Ley Aduanera.

Compañeros: se trata de fortalecer el mercado interno, pues nunca podremos competir con un mercado como el americano, que es 15 veces más grande que el nuestro. Protegemos y protejamos a los que sí compran en México, a los que sí pagan impuestos, a los que sí generan empleos. Muchas gracias.

«Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de Estados Unidos de América y Canadá, y de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera, suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario del PAN

Los diputados firmantes, en su carácter de diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, que pretende dar una solución integral al persistente problema de la internación y estancia en México de vehículos de procedencia extranjera, mediante un registro público de vehículos de carácter nacional que de fe pública de la pertenencia y posesión de automotores en México, así como la de constituir un fideicomiso para la renovación del parque vehicular nacional.

Exposición de Motivos

Según lo dispuesto en el artículo 103, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se presume cometido dicho ilícito cuando ``se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación oficial.''

Desde la desaparición del Registro Federal de Vehículos no se cuenta con datos sólidos acerca del parque vehicular que circula en México. La falta de un registro adecuado, entre otras causas, ha generado un incremento en la introducción ilegal de vehículos al país.

Con cifras preliminares a noviembre de 2004 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, indican que México tiene un parque vehicular en circulación de 14.5 millones de automotores, de los cuales entre 2 millones y 2 millones 500 mil unidades de automóviles son de procedencia ilegal según datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

La cifra de autos ilegales es generada como consecuencia del contrabando, la internación temporal, los permisos a ciudadanos con residencia en los Estados Unidos de América y la prolongación de la estancia de sus vehículos más allá de seis meses indicados en el Artículo 62 de la Ley Aduanera y en última instancia, por el incentivo perverso que generan las leyes de regularización de este tipo de vehículos.

La internación ilegal de vehículos se ve motivada por la gran cantidad de autos usados y autos chatarra en Estados Unidos, ya que mientras en Estados Unidos cada año se desechan 15 millones de autos, que es un poco más al tamaño de todo el parque vehicular del país, en México sólo salen de la circulación 100 mil unidades según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, aunado a lo anterior, también son los bajos precios de venta en que se cotizan en la mencionada región de Norteamérica, dando como consecuencia que en el territorio nacional se genere una mayor demanda en la adquisición de los automotores usados de procedencia extranjera, así como una caída del 10 por ciento o más según datos de la misma Asociación, en el valor de los vehículos usados nacionales por la entrada de los automóviles ilegales.

Aún a pesar de que no hay cifras oficiales, las mencionadas Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indican que anualmente ingresan al territorio mexicano un promedio de 850 mil vehículos de procedencia extranjera entre legales e ilegales, esto nulifica los programas para combatir la delincuencia, reducir la contaminación ambiental, reducir la inseguridad y dar certidumbre al propietario de un vehículo comprado en México, aunado al deterioro en la situación económica y laboral del sector automotriz, ya que de 11 mil 750 agencias que había en México antes de finalizar el año de 2000, en menos de cuatro años ya han cerrado aproximadamente el 50 por ciento de ellas, según datos de la Asociación Regiomontana de Comerciantes de Automóviles.

Por lo antes expuesto, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tienen la firme convicción de que es necesario dar solución definitiva a la problemática que representa para el Estado Mexicano que un número muy importante de vehículos circule en el territorio nacional fuera del marco legal, en detrimento de la seguridad jurídica de los ciudadanos, incluidos los propietarios de estos vehículos, por lo que reiteran su postura de rechazo absoluto a la regularización o importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.

El programa de regularización o de importación definitiva de vehículos, lejos de desestimular el contrabando, promovería una mayor introducción ilegal de unidades en un intento por alcanzar la mencionada regularización. Asimismo, la recurrencia de programas de regularización, que hasta la fecha van 14, estimularía una entrada permanente de este tipo de vehículos, amparados bajo la premisa de que el vehículo algún día se regularizará.

La presencia de esta clase de vehículos lesiona severamente una de las industrias más importantes de nuestro país. Según cifras del 2003 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la industria automotriz mexicana representó el 2.7 por ciento del PIB nacional, el 14.7 por ciento del PIB manufacturero y presentó una plantilla de personal de 470,876 empleos, lo que equivale a 12.9 por ciento del empleo en el sector manufacturero. Es necesario también indicar que las ventas totales en unidades para el 2004 tuvieron un crecimiento de un 12.1 por ciento, en comparación con el año inmediato anterior.

La regularización que algunos grupos promueven implicaría dar legitimidad a la violación de la ley, lo que generaría lo siguiente:

Provocaría una mayor división en los mexicanos: aquellas personas que cumplen con el estado de derecho y pagan correctamente sus impuestos y aquellos individuos que disfrutan de la ilegalidad.

Causaría fuertes presiones para depreciar el mercado secundario integrado por 12.5 millones de unidades legales que hay en el país, unidades que en su mayoría se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos, constituyendo una práctica perniciosa que además de dañar al sector automotriz en su conjunto, atentaría contra el patrimonio de los millones de mexicanos que han adquirido sus autos de forma legal, que pagaron impuestos por ellos y que anualmente deben cubrir derechos como el de la tenencia, información obtenida por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Devaluaría el valor de los autos adquiridos en el mercado nacional, es decir, el valor de los 12.5 millones de automóviles en el país se devaluaría entre un 10 y un 20%.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA) ha declarado que en los últimos tres años las ventas de autos usados han caído en un 60% por la cantidad de autos chocolate circulando, por lo que cerca de 400 mil empleos vinculados con la industria automotriz nacional podrían estar en riesgo. La Asociación de Distribuidores de automotores de Nuevo León también manifestó que con la posible regularización de autos chocolates, se podría romper la cadena comercial y todos los distribuidores se quedarían con muchos vehículos debido a que disminuiría la demanda. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores también ha subrayado que el legalizar dichos vehículos, podría generar una desestabilización en el mercado de vehículos usados debido a que la gente podría preferir gastar menos dinero en un vehículo ilegal que comprar uno nacional en regla.

Provocaría pérdidas fiscales tanto para la Federación como para los Estados y Municipios, como el impuesto sobre automóviles nuevos que en el 2004 según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudo un monto de $5,059.4 millones de pesos, el impuesto sobre la tenencia de vehículos fue de $13,035.3 y el impuesto al valor agregado fue de $218,441.7, lo que equivalen al 0.66 por ciento, 1.69 por ciento y al 37.07 por ciento respectivamente de los ingresos tributarios del gobierno federal,

Afectaría aún más el medio ambiente, si se considera, que en nuestro país no existen refacciones apropiadas y en suficiencia para reparar estos vehículos, la afección adicional al mismo medio ambiente es significativa.

Atentaría en contra de la política ambiental nacional, ya que dicha política ambiental sugiere la modernización del parque vehicular incorporando unidades en tecnologías de control de emisiones; así como la introducción y modernización de los programas de inspección y mantenimiento de vehículos automotores. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha declarado continuamente que a partir de los 10 años de antigüedad, los vehículos automotores entran a un deterioro acelerado y de aumento en emisiones, por ello, requieren un trato diferente en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, debido a que sus emisiones de contaminantes como son el Hidrocarburo, el Monóxido de Carbono y los Óxidos de Nitrógeno son mayores en 60, 50 y 15 número de veces respectivamente, con respecto a vehículos más recientes a 10 años, los cuales producen 20, 15 y 10 número de veces los contaminantes antes mencionados.

Sin embargo y, ante la complejidad del problema, los Diputados del Partido Acción Nacional proponemos el proyecto de iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, en donde se mantiene la postura de rechazo absoluto a la legalización de autos usados provenientes de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá por parte del gobierno.

El propósito de la Iniciativa se sustenta en la oportunidad que se dará a vehículos que ya se encuentran internados en el país, para ser censados mediante un registro, aunado al pago de un derecho denominado ``Derecho para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera''.

El trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, se realizará dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente a que entre en vigor esta misma y corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades fiscales de los Gobiernos de los Estados, su aplicación. El periodo de 180 días solo será exclusivo para la inscripción al trámite de registro. Dicho periodo permitirá incorporar al censo planeado al 100 por ciento del parque vehicular ilegal en nuestro país.

El registro abarcaría los siguientes transportes:

I. Los vehículos automotores modelo 2004 o anteriores y posteriores al año de 1970, con las siguientes características: a) Todos aquellos vehículos que provengan de cualquier estado del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, así como de Canadá.

b) Todos aquellos vehículos automotores, automóviles y vagonetas con capacidad de hasta doce pasajeros.

II. Los camiones unitarios hasta de 6.3 toneladas de peso bruto vehicular.

El considerar todos aquellos vehículos usados extranjeros de modelo 1970 en adelante, es con la finalidad de incluirlos en el programa de renovación vehicular proyectado, ya que como se trata de vehículos viejos que son altamente contaminantes y que atentan contra el equilibrio ecológico de nuestra sociedad, destruirlos permitirá reducir la obsolescencia del parque vehicular en tránsito, así como cumplir con la política ambiental.

Tomando en consideración aquellos vehículos de modelos más recientes, el registro permitirá tener un censo actualizado del total de automóviles usados de procedencia extranjera en nuestro país, aunado a que se incentivará a sus propietarios a poseer un automóvil compacto de consumo popular, en vez de su vehículo usado extranjero.

Por otro lado, el considerar la Cédula Consular de Salida del migrante o en su caso, el comprobante de autoridad municipal de que ya se encuentra tramitando tal cédula, no sólo ayudará como documento para realizar el mencionado inventario vehicular, sino que también permitirá establecer las bases para un censo de aquellas personas que cruzan la frontera norteamericana con fines laborales y/o turísticos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción al mencionado registro. Será necesario que todas las entidades federativas participen en la implementación del presente registro, mediante la firma del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto permitirá fortalecer los esfuerzos por parte del gobierno federal para abatir de manera efectiva y eficiente el problema de los mencionados ``autos chocolates''.

Las entidades de la zona fronteriza y las entidades donde existe una mayor migración a los Estados Unidos son las entidades donde se encuentra la mayor parte de vehículos extranjeros ilegales, sin embargo, la problemática actual de autos chocolates ya ha llegado a niveles nacionales de seguridad muy graves que es necesario erradicar, es por tal motivo que se requiere un compromiso real de los gobiernos, de los municipios, así como de las autoridades fiscales para prevenir y combatir la ilegalidad, mediante el diseño de un cuerpo de acciones a ejecutar inmediatamente, tendientes a que los procedimientos para el registro de referencia, se conviertan en procesos rápidos, claros y objetivos, y permitan de esta manera, lograr que el parque vehicular proyectado sea censado, con la finalidad de que sean renovados por un automóvil compacto de consumo popular.

Aunado a lo anterior, no solo se logrará tener un censo de los vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran circulando en el país, sino además también se promoverá que la Secretaría de Seguridad Pública impulse el Registro Público Vehicular a nivel nacional, con la finalidad de contar con un inventario vehicular, y así poder comparar la información de ambos registros y detectar aquellos que presenten anomalías en su información.

Es necesario indicar que en ningún caso una misma persona podrá realizar el trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, para más de un vehículo automotor, durante la vigencia de la presente ley.

Una vez que el propietario haya realizado su trámite, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como las autoridades fiscales contarán con un máximo de 30 días naturales, para revisar, analizar, y corregir la procedencia de cada registro, con la finalidad de proporcionarle al interesado el resultado positivo o negativo de su trámite.

Quien decida efectuar el trámite para el registro de su vehículo usado extranjero, podrá hacer uso de su vehículo en las mismas condiciones del propietario de uno nacional, sin embargo, en ningún caso podrá realizarse el trámite de cambio de propietario durante un periodo de 4 años posteriores al mencionado registro, esta limitante permitirá desincentivar el ingreso de autos chocolates con la finalidad de obtener el registro a que hace referencia la presente Ley, por lo que cualquier violación al respecto serán aplicadas las sanciones que establezcan el Servicio de Administración Tributario y las Entidades Federativas.

En caso de que el trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera resultara positivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como cada entidad federativa, deberán dar a conocer los días y el lugar en que los solicitantes deberán presentar el vehículo objeto de inscripción para la toma de calcas, la pega del holograma y la entrega de la constancia de registro. Necesariamente se deberá pagar el Derecho para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, así como una multa generada por el incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Aduanera, para continuar con el trámite del registro y hacerse acreedores a los beneficios que la presente Ley promueve.

El pago del derecho para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, será destinado para la integración de un fondo nacional llamado ``Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros''.

En el fideicomiso participarán los siguientes organismos:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la titular de los bienes que se transmitan;

La Secretaría de Economía estará a cargo de la administración del mismo fondo, además facilitará el acceso de los propietarios de autos usados extranjeros al financiamiento;

Nacional Financiera se encargará de canalizar los recursos para que los diferentes intermediarios financieros otorguen créditos a los mencionados propietarios a tasas de interés y plazos accesibles para que en conjunción con los distribuidores de autos nuevos, puedan ofrecer atractivos planes de financiamiento para que los dueños de este parque vehicular ilegal puedan adquirir vehículos nuevos;

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contribuirá facilitando la baja de los vehículos que accederán al programa de renovación vehicular, permitiendo que las unidades nuevas entregadas salgan emplacadas de las distribuidoras.

El Fondo tendrá como objetivo abatir la estancia ilegal en territorio nacional de los vehículos usados de procedencia extranjera, así como reducir la antigüedad del parque vehicular en tránsito, mediante el acceso a créditos atractivos y viables, generando beneficios en dos grandes rubros: El primero relativo a la renovación vehicular y el segundo correspondiente al financiamiento.

1. Renovación Vehicular.

Este programa estará vinculado con el segundo rubro --Financiamiento--, ya que se aplicará mediante estímulos para aquellos propietarios de vehículos usados extranjeros que se acojan a él, con la finalidad de que retiren hacia la destrucción sus unidades y se sustituyan por automóviles compactos nuevos de consumo popular, más seguros y menos contaminantes, esto permitirá mejorar la edad media de la flota vehicular. Aunado al anterior beneficio, también se ofrecerá que los vehículos nuevos adquiridos salgan emplacados de agencia.

Es necesario mencionar que aunado a las ventajas que se alcanzarían con la renovación vehicular, también se alentaría el mantenimiento frecuente de los automóviles, con lo que se vería beneficiado todo el sector automotriz, como la sociedad en su conjunto, ya que se estaría en el camino correcto para lograr un medio ambiente adecuado, y un desarrollo y bienestar para la nación.

2. Financiamiento.

Este programa se aplicará mediante un mecanismo de estímulo dirigido al propietario que haya entregado su vehículo usado extranjero para el proceso de renovación vehicular antes mencionado; en éste, el gobierno federal otorgará un certificado de adquisición, que se hará efectivo con los distribuidores de vehículos nuevos a cuenta del enganche para la adquisición de un automóvil compacto nuevo de consumo popular.

El certificado de adquisición proveniente de los ingresos del fondo. Será instransferible y no negociable, y solo será válido para aportarlo como parte del pago de un vehículo nuevo compacto de uso popular, comercializado por una empresa nacional distribuidora de automotores autorizada.

El sector automotriz contribuirá en este programa, firmando un convenio con el Gobierno Federal, en el cual se compromenten a aportar un monto monetario equivalente al del certificado que presenten los individuos que decidan adherirse a los beneficios de esta Ley, como parte pagada del enganche para la adquisición de un vehículo nuevo nacional.

Esto tiene la finalidad de revertir el proceso de envejecimiento del parque vehicular en tránsito y de incentivar el mercado nacional de autos.

Se propondrá que autoridades como la Procuraduría Federal Preventiva, así como la Agencia Federal de Investigación colaboren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fiscalizar fuera de las aduanas, así como en todo el territorio nacional el estricto apego a la presente propuesta de Ley, ya que las autoridades antes mencionadas podrán tener las facultades de perseguir a las personas que introducen vehículos extranjeros de manera ilegal al país y, por el delito de contrabando presunto. Según lo dispuesto en el artículo 103, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se presume cometido dicho ilícito cuando ``se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación oficial''.

El individuo que posea un vehículo ilegal y que acceda al presente registro, no perderá su patrimonio, sino que iniciará un proceso 100% legal, apoyado por el gobierno federal mediante un certificado de adquisición, que funcionará como parte de un enganche para la compra de un vehículo nuevo legal. Con esto, no se atentaría al derecho no escrito de poseer un automóvil y usarlo a discreción, pero con se tendría el objetivo de que fuera seguro, que no contaminara y que no presentara irregularidades legales.

Hoy ofrecemos una alternativa viable, a aquellos individuos que han violado la Ley resguardando en territorio nacional, vehículos usados de procedencia extranjera de manera ilegal, esta alternativa es la de inscribirse al Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, y así gozar de sus beneficios.

Con la finalidad de que el presente registro se aplique de manera mas adecuada, requiere de diversas reformas a la Ley Federal de Derechos, acompañada de otras más a la Ley Aduanera. Es necesario mencionar, que con las presentes reformas a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley Aduanera, se abatirá la situación actual que impera en nuestra nación referente a la circulación de vehículos ilegales, esto con la finalidad de disminuir e inclusive, evitar el problema de futuras entradas de vehículos usados ilegales provenientes de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Sin embargo, será necesario una adecuada conformación de la Ley Federal sobre garantías de Crédito, que permitirá contar con un marco regulatorio adecuado que conduzca a la buena operación de planes de financiamiento para la adquisición de vehículos nuevos por cada vez más consumidores.

Las propuestas están enfocadas a incrementar la cantidad monetaria que se deberá pagar por el permiso de importación temporal de un vehículo en la frontera, así como el de promover el retorno de los vehículos usados extranjeros por parte de aquellos que los han introducido de manera temporal, aunado a desincentivar la ilegalidad.

Con base en los argumentos antes expuestos, se somete a la consideración de esta soberanía las siguientes:

I. Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extrajera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

II. Iniciativa que adiciona un artículo 53-Bis y reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Derechos.

III. Iniciativa que adiciona el inciso e) del artículo 106, adiciona los artículos 137 Bis, 137 Ter, 137 Cuarter, 137 Quinquies, la fracción III del artículo 151, y una fracción V al artículo 183-A de la Ley Aduanera.

Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Capítulo Primero Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover el registro por única y exclusiva vez de los vehículos usados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá que se encuentren internados en el territorio nacional.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, serán considerados propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera, las personas que lo acrediten con el título de propiedad, factura comercial a nombre del interesado, o en su caso, con la cesión de derechos documento denominado ``Bill of Sale''; declaratoria de ser propietario ante Notario o Corredor Público, o la resolución de jurisdicción voluntaria emitida por Juez competente, o algún otro documento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general.

En ningún caso, una misma persona podrá registrar más de un vehículo en los términos de esta Ley y durante la vigencia de la misma.

Artículo 3. Serán objeto del presente registro:

III. Los vehículos automotores modelo 2004 o anteriores y posteriores al año de 1970, con las siguientes características: c) Todos aquellos vehículos que provengan de cualquier estado del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, así como de Canadá.

d) Todos aquellos vehículos automotores, automóviles y vagonetas con capacidad de hasta doce pasajeros.

IV. Los camiones unitarios hasta de 6.3 toneladas de peso bruto vehicular.

Artículo 4. No podrán ser objeto de registro los siguientes vehículos:

a) Vehículos provenientes de otras regiones no especificadas en el artículo anterior;

b) Los modelos de los vehículos anteriores a 1970 y los vehículos de modelos posteriores a 2004;

c) Los considerados de lujo, convertibles, deportivos, y todos aquellos enlistados en el Anexo 1 de esta Ley;

d) Los de motor a diesel.

e) Los de tipo pick up, para los que seguirá aplicándose la regla 2.6.14 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior Vigentes.

f) Los que se encuentren en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional al norte del país, y la zona libre, para las cuales seguirá aplicándose el Decreto por el que se establecen las condiciones para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, destinados a permanecer en la franja fronteriza del norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, sus acuerdos respectivos.

g) Los que estén sujetos a un procedimiento administrativo o judicial.

h) Los que se encuentren en estado de importación temporal de acuerdo con la Ley Aduanera.

Artículo 5. El trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera conforme a la presente Ley, deberá realizarse dentro de los 180 días naturales contados a partir del día siguiente a que entre en vigor esta misma y corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las autoridades fiscales de los Gobiernos de los Estados, su aplicación.

Con fundamento en el Artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, las Entidades Federativas que deseen hacerse acreedoras a los beneficios de la Ley para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, deberán firmar el Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción al registro de los vehículos a que se refiere esta ley.

Capítulo Segundo Procedimiento para el Registro

Artículo 6. El trámite de registro deberá ser realizado únicamente por el propietario del vehículo usado de procedencia extranjera sin intermediarios, y sólo podrá amparar un automóvil.

Artículo 7. Los interesados en inscribir su vehículo usado de procedencia extranjera al registro, deberán acudir durante los 180 días naturales establecidos en el artículo 5, a las oficinas que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel nacional, a fin de presentar la solicitud correspondiente debidamente requisitada.

Artículo 8. La solicitud de inscripción al registro, debidamente requisitada, deberá acompañarse de los siguientes documentos, que serán entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a las autoridades fiscales para su revisión y análisis de procedencia:

a) Original y copia de la acreditación de la fecha de internación al país del vehículo que se pretenda registrar. Cotejados los originales con las copias respectivas, los primeros se devolverán al solicitante.

b) Original y copia de identificación oficial con fotografía.

c) Original y copia de la cédula consular de salida, o en su caso, comprobante de autoridad municipal de que esta en proceso de tramitación.

d) Original y copia del documento que acredite la propiedad del vehículo, según lo especificado en el artículo 2 de la presente ley;

e) Original y copia de comprobante de domicilio;

f) Las demás que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas.

Artículo 9. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con las autoridades fiscales de cada entidad, contarán con un máximo de 30 días naturales posteriores a la entrega de cada solicitud de inscripción, para revisar, analizar y corregir la procedencia de cada uno de los registros.

Artículo 10. A partir de los 30 días naturales especificados en el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como cada entidad federativa, deberán dar a conocer los días y el lugar en que los solicitantes deberán presentar el vehículo objeto de inscripción al registro para la toma de calcas, la pega del holograma y la entrega de la constancia de registro. Dichos documentos serán los únicos con los que se acreditará la estancia en el país de los vehículos objeto de esta ley.

Artículo 11. Una vez que se hayan indicado los días y el lugar en que los solicitantes deberán presentar el vehículo objeto de inscripción al registro, se deberá realizar el pago del Derecho para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera establecido en el artículo 15 de esta ley.

Artículo 12. Las autoridades fiscales concluirán el proceso de inscripción al registro de vehículos usados de procedencia extranjera el último día de los 180 días transcurridos especificados en el artículo 5 de la presente ley.

Artículo 13. Una vez terminado el periodo para el proceso de inscripción, los propietarios o poseedores de vehículos objeto de la presente Ley que no hayan aceptado realizar el trámite para su registro, contarán con 30 días naturales para retornar el vehículo usado al extranjero (en los casos en que proceda), o en su caso donarlo al fisco federal.

Si ninguna de estas acciones llegaran a tomarse por parte del propietario y el vehículo usado continuara en territorio nacional, las autoridades competentes procederían a su embargo de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 14. Conforme al artículo anterior y una vez realizado el decomiso, las autoridades fiscales de cada entidad federativa podrán rematar los vehículos embargados, o en su caso, proceder a su destrucción o compactación.

Capítulo Tercero Del Pago del Registro

Artículo 15. Los interesados en obtener el registro para los vehículos usados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, deberán pagar el ``Derecho para el registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera'', establecido en el artículo 53 BIS de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 16. En virtud del incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Aduanera, respecto a la internación de vehículos extranjeros, se aplicará una multa de $1,000.00 pesos, la cual deberá pagarse conjuntamente con el ``Derecho para el registro de Vehículos Usados''.

Artículo 17. El pago del Derecho y de la multa a que se refiere el artículo anterior de esta Ley, se efectuarán ante las oficinas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán de la recaudación que por ambos conceptos se obtenga.

Capítulo Cuarto Control y Uso de los Recursos

Artículo 18. El total de la recaudación alcanzada por el pago del Derecho para el registro de vehículos usados, será destinada para la integración de un fondo a nivel nacional llamado ``Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros''.

Artículo 19. Se creará el Fideicomiso para administrar el Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros, éste fondo será público y presentará las siguientes representaciones legales:

Fideicomitente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la titular de los bienes que se transmiten y designará a la Secretaría de Economía como la fiduciaria.

Fiduciaria. La Secretaría de Economía estará a cargo de la administración del mismo fondo con los ingresos provenientes del pago del Derecho para el Registro de Vehículos Usados.

Beneficiario. En este caso, será todo aquel propietario de un vehículo usado extranjero que realice el trámite de registro.

Artículo 20. Las entidades federativas percibirán por la realización de los trámites efectuados conforme a esta Ley, el total de la recaudación generada por el pago de todas aquellas multas, embargos, remates y adjudicaciones que hayan pagado los propietarios de los vehículos usados de procedencia extranjera que opten por no adherirse a esta ley.

Artículo 21. El Fondo, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por:

a) Los derechos provenientes del registro;

b) Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que cuente dicho fondo.

Capítulo Quinto Regulación

Artículo 22. El pago del Derecho y de la multa especificados en los artículos 15 y 16 respectivamente, no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:

1. Si se trata de alguno de los vehículos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley;

2. Si el vehículo no es presentado para la toma de calcas, la pega del holograma y la entrega de la constancia de registro conforme lo señalado en el artículo 10; y

3. Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en esta Ley.

Artículo 23. Se procederá a la cancelación del registro en los siguientes casos:

1. En los supuestos previstos en el artículo 4 de esta Ley;

2. Cuando se compruebe que para la solicitud de inscripción se proporcionó información falsa y/o alterada;

3. Cuando se compruebe que una misma persona registró a su nombre dos o más vehículos. En estos casos sólo subsistirá el primer registro;

4. Cuando se detecte que el vehículo usado tiene un reporte de robo nacional o internacional;

5. Cuando no se haya realizado el pago del Derecho señalado en el artículo 15 de esta Ley.

Artículo 24. El vehículo cuya inscripción haya sido cancelada conforme al artículo anterior, deberá en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación de la cancelación, retornarse al extranjero en los casos en que proceda de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o donarse al fisco federal.

En caso de no hacerse, las autoridades competentes procederán a embargarlos de conformidad con las disposiciones aplicables.

El plazo señalado en el párrafo anterior no será aplicable cuando la cancelación se haya realizado por tratarse de un vehículo que se encuentra reportado como robado. En este caso, se procederá de conformidad con los tratados internacionales en los que México sea parte, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 25. Los vehículos usados de procedencia extranjera que hayan sido introducidos al país sin cumplir con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley Aduanera, o habiéndose cumplido, pero que hayan excedido el plazo autorizado para su permanencia en territorio nacional indicado en el Artículo 106 fracción II, inciso e) de la Ley Aduanera, deberán ser inscritos al registro en los términos y condiciones que determina la presente Ley, en caso, de que por cualquier motivo no puedan ser objeto de registro, se deberá dar seguimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la mencionada ley.

Capítulo Sexto Otras Disposiciones

Artículo 26. Se dará un plazo de 60 días naturales para que las entidades federativas suscriban el Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al día siguiente de terminado el plazo antes mencionado, se publicará en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de la presente ley.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y tendrá una vigencia máxima de 270 días naturales, que comprenderá como primera etapa los 60 días naturales para la suscripción de las entidades federativas al Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la segunda etapa comprenderá los 180 días naturales para la inscripción al registro de vehículos de procedencia extranjera, especificado en el artículo 5 de la presente y como tercera etapa, los 30 días naturales para revisar, analizar y corregir la procedencia de las solicitudes de registro como se indica en el artículo 9.

Segundo. Podrán realizar el trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, los automóviles que se hayan internado al país antes de 180 días naturales de la entrada en vigor de la presente Ley.

Para verificar la fecha de internación al país a que se refiere el presente artículo, el solicitante deberá presentar el documento de aduana que lo acredite. En la ausencia de dicho documento, deberá bajo protesta de decir verdad, declarar la fecha de internación en la solicitud correspondiente. En los casos en los que la fecha de internación al país que se encuentran en los registros de importación e internación temporal de vehículos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sea distinta a la declarada por el solicitante, se estará a lo que en materia de falsedad de declaraciones establezcan las disposiciones aplicables. Asimismo, en caso de que se detecte que el vehículo se encuentra reportado como robado, se procederá de conformidad con los tratados internacionales en los que México sea parte y demás disposiciones aplicables.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de Economía, desarrollarán un programa para aplicar los recursos del ``Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros, a la adquisición de vehículos nacionales y, al mismo tiempo retirar de la circulación los vehículos usados de procedencia extranjera, con el objeto de disminuir en 10 años el promedio de vida útil del parque vehicular nacional.

Cuarto. El sector automotriz firmará un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de que el sector automotriz aporte un monto por una cantidad igual a la establecida en cada certificado que emita el Gobierno Federal a través del Fideicomiso que administre el Fondo para el Registro de Vehículos Usados Extranjeros y que se aplique también a cuenta del enganche para la adquisición de un vehículo nuevo.

Quinto. La Procuraduría Federal Preventiva colaborará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proceso del registro, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, introducidos en el territorio nacional, al efecto, ejercerán por conducto de las autoridades fiscales, así como de la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados, las siguientes facultades:

Fiscalizar fuera de las aduanas, el legal registro, estancia o tenencia, transporte o manejo en territorio nacional de los vehículos usados de procedencia extranjera en circulación dentro del territorio nacional, aun cuando no se encuentren en movimiento. Detener y embargar los vehículos usados de procedencia extranjera que no presenten los documentos establecidos en el artículo 8 de la presente Ley, o cuyos propietarios opten por no adherirse a los beneficios de la misma.

Resguardar y custodiar los vehículos que hayan sido embargados por ellos mismos, hasta que quede firme la resolución dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera o hasta que se resuelva legalmente la devolución del vehículo de que se trate.

Sexto. La Secretaría de Seguridad Pública generará a partir del día siguiente de iniciada la presente Ley, un Registro Público Vehicular con la finalidad de contar con un censo de los vehículos que circulan en el territorio nacional y contará con el mismo tiempo de vigencia de la mencionada Ley, para la conformación del respectivo censo. Dicho censo permitirá cotejar los datos que se generen del registro de vehículos usados de procedencia extranjera.

Séptimo. Quien decida efectuar el trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera podrá hacer uso de su vehículo en las mismas condiciones del propietario de uno nacional, sin embargo, en ningún caso podrá realizarse el trámite de cambio de propietario durante la vigencia de la presente Ley, para cualquier violación al respecto serán aplicadas las sanciones que establezcan el Servicio de Administración Tributario y las Entidades Federativas.

Octavo. Los vehículos que hayan realizado su trámite para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, deberán cumplir con las normas ambientales oficiales de la Entidad Federativa respectiva al lugar donde realicen el mismo.

Anexo 1

Se expide la lista de marcas y tipos de automóviles usados correspondientes a 10 o más años-modelos anteriores a la fecha en que se realice el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, cuyo valor no exceda de US $12,000.00 (doce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día en que se lleve a cabo el registro. Aunado a lo anterior, también se deberá revisar las siguientes características:

Autos de lujo: Serán todas aquellas unidades con una distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 ó 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP.o

Autos deportivos: Serán todas aquellas unidades con una distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades también poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor número de válvulas en cada cilindro.

Aunado a lo anterior, se deberá entender que habrá diversas versiones de vehículos que presentarán las características de auto de lujo y deportivo, en tales casos, los vehículos usados no serán objeto del presente registro. Tampoco serán objeto de registro todos aquellos vehículos que se presentan en la tabla 1 y que sean convertibles, todas aquellas camionetas de lujo, así como los vehículos del segmento SUV (Sport Utility Vehicle) de las marcas que se presentan también en la tabla 1.

La lista que a continuación se presenta también funcionará como base para la revisión de los vehículos que se no aceptarán para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera.

Iniciativa que adiciona un artículo 53-Bis y se adiciona la fracción V del artículo 74 de la Ley Federal de Derechos

Artículo 53. Bis.- Por la tramitación del registro para los vehículos usados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, se pagará el Derecho para el registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, conforme a la siguiente cuota:

I.-Trámite para el registro de vehículos usados extranjeros, cualquiera que sea su resolución, $6,000.00.

No podrán ser objeto del mencionado registro los siguientes vehículos:

a) Vehículos provenientes de otras regiones distintas de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá;

b) Los modelos de los vehículos anteriores a 1970 y los vehículos de modelos posteriores a 2004;

c) Los considerados de lujo, convertibles, deportivos, y todos aquellos enlistados en el Anexo 1 de la Ley para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera provenientes de los Estados Unifos de Norteamérica y Canadá.

d) Los de motor a diesel.

e) Los de tipo pick up, para los que seguirá aplicándose la regla 2.6.14 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior Vigentes.

f) Los que se encuentren en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional al norte del país, y la zona libre, para las cuales seguirá aplicándose el Decreto por el que se establecen las condiciones para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, destinados a permanecer en la franja fronteriza del norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, sus acuerdos respectivos.

g) Los que estén sujetos a un procedimiento administrativo o judicial.

h) Los que se encuentren en estado de importación temporal de acuerdo con la Ley Aduanera.

Artículo 74.

V.- Por la expedición del permiso de importación temporal de vehículos usados de procedencia extranjera, se pagará la siguiente cuota:

Expedición del permiso de importación temporal de vehículos usados de procedencia extranjera $6,000.

Dicho monto se recuperará al retornar el vehículo antes del plazo de vencimiento del permiso y tarjetón.

Iniciativa que adiciona el inciso e) del artículo 106, adiciona los artículos 137 Bis, 137 Ter, 137 Cuarter, 137 Quinquies, la fracción III del artículo 151, y una fracción V al artículo 183-A de la Ley Aduanera.

Artículo 106.

e) Los de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante la cédula consular de salida o algún otro documento oficial, su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo, aunado a lo anterior, también se deberá realizar el pago del permiso de importación temporal de vehículos usados de procedencia extranjera indicado en el artículo 74 de la Ley Federal de Derechos. Los seis meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento.

Artículo 137 Bis. Las personas físicas que acrediten su residencia en la Franja Fronteriza Norte, así como en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, podrán efectuar por única y exclusiva vez la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.

Quien decida efectuar el trámite para el registro de su vehículo usado extranjero, podrá hacer uso de su vehículo en las mismas condiciones del propietario de uno nacional, sin embargo, en ningún caso podrá realizarse el trámite de cambio de propietario durante un periodo de 4 años posteriores al mencionado registro, para cualquier violación al respecto serán aplicadas las sanciones que establezcan el Servicio de Administración Tributario y las Entidades Federativas.

Artículo 137 Ter. La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando exclusivamente el Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su clasificación arancelaria.

Artículo 137 Cuater. Los vehículos que podrán importarse bajo el amparo de las disposiciones legales anteriores, son los siguientes:

Automóviles cuyo valor no exceda de doce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, excluyendo los vehículos deportivos, de lujo y convertibles indicados en el Anexo 1 de la Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Artículo 137 Quinquies. La importación de vehículos automotores usados que se realice en los términos de los artículos anteriores, se limitará a una unidad por persona.

Asimismo, la persona física que afecte la importación de una unidad vehicular usada, no podrá volver a efectuar la importación de otra unidad vehicular, en los términos de los artículos precedentes.

Artículo 151.

III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país; cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas y cuando se detecte que una misma persona importe definitivamente más de un vehículo, como se indica en el artículo 137 de la presente Ley, o en su caso, como lo establece el artículo 2 de la Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

Artículo 183 A.

V. Vehículos conducidos por personas no autorizadas, según lo establecido en el artículo 151, cuando se detecte que una misma persona importe definitivamente más de un vehículo, como se indica en el artículo 137 de la presente Ley, o en su caso, como lo establece el artículo 2 de la Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, o cuando no se haya obtenido el permiso de importación definitiva, o en su caso, para el registro de vehículos usados de procedencia extranjera de la autoridad competente.

Diputados: Ricardo Alegre Bojórquez, Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbricas)

El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

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ARTICULOS 73 Y 118 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Juan de Dios Castro Lozano: Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 118 de la Constitución General de la República.El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

José Porfirio Alarcón Hernández, diputado federal de esta LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta honorable soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para reformar el artículo 73, fracción XII, y el artículo 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en la siguiente

Exposición de Motivos

No obstante las cerca de quinientas reformas que ha tenido nuestra ley fundamental de 1917, aún tiene vacíos legales, disposiciones erróneas, fuera de la realidad social y política actuales, que en su tiempo fueron adecuadas, pero que ahora ya no responden a las necesidades sociales, y lo más grave es que es contradictoria en algunas de sus disposiciones.

La presente iniciativa se refiere a la Reforma del Estado, y tiene la finalidad de precisar de quien es la facultad de declarar la guerra, si del Presidente de la República o del Congreso de la Unión, en su primera parte, y en su segunda parte, reformar el contenido del artículo 118, para que el Congreso de la Unión, no tenga la facultad de autorizar a algún Estado a declarar la guerra a otro país.

La Constitución de la República establece en el artículo 73.- El Congreso tiene facultad: XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; y por otra parte, el artículo 89 también de nuestra ley máxima establece: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión.

Las disposiciones antes señaladas crean confusión, porque la fracción XII del artículo 73 dispone que el Congreso tiene facultad para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo y la fracción VIII del artículo 89 establece que es facultad y obligación del Presidente declarar la guerra, previa ley del Congreso de la Unión. ¿Entonces?

Si analizamos que es facultad del Congreso de la Unión emitir la ley mediante la que se declare que el Estado Mexicano se encuentra en guerra con otro Estado con base en el informe que reciba del Ejecutivo; en esas circunstancias el Congreso de la Unión solo tiene competencia para dictar la ley instaurando un Estado bélico, y una vez declarado legalmente el estado de guerra, corresponde al Ejecutivo, como órgano político responsable de las relaciones internacionales, hacer del conocimiento público nacional e internacional, a los Estados en guerra o neutrales, la situación o estado de guerra existente, con base en el derecho constitucional mexicano y en el derecho internacional.

Si la función del Poder Legislativo es crear las leyes y la del Presidente es la de ejecutarlas, suponemos que no habría mayor problema, pero las disposiciones constitucionales ya mencionadas son las que crean la contradicción; y para superarlas habrá necesidad de reformar la fracción XII del artículo 73 para que el Congreso tenga facultad de emitir la ley para declarar la guerra a otro país en vista del informe que le presente el Presidente, dejando en iguales términos las facultades y obligaciones del Presidente en la fracción VIII del artículo 89 que es declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa Ley del Congreso de la Unión.

Por otra parte, la Constitución de la República, dispone en su artículo 118.- Tampoco pueden (los Estados), sin consentimiento del Congreso de la Unión: III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.

Consideramos desafortunada esta disposición ya que el Congreso de la Unión, no debe dar el consentimiento a un Estado para hacer la guerra a algún otro país, en primer lugar porque declarar y hacer la guerra son facultades y obligaciones tanto del Congreso de la Unión como del Presidente de la República --según la Constitución vigente--, dar el consentimiento sería delegar esas facultades a algún Estado de la República. Además los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la misma ley fundamental.

El artículo 118 cuando dice tampoco pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, está previendo la posibilidad de que un Estado de la República haga la guerra a alguna potencia extranjera, con autorización del Congreso, cuando como dijimos antes, el artículo 119 le otorga esa obligación a los Poderes de la Unión, y no sobra mencionar que sí pueden cualquier Estado o cualquier país, sin autorización de nadie, hacer la guerra defensiva en los casos de invasión.

Establece la fracción II del artículo 118: Tampoco pueden (los Estados) sin autorización del Congreso de la Unión II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra. Esta prohibición es premisa lógica de la fracción III ya que no es posible hacer la guerra por parte de un Estado a alguna potencia extranjera, si no se tiene tropa permanente, ni buques de guerra; es decir esta fracción II es letra muerta, igual que la fracción III.

No debemos olvidar que en el artículo 40 de la Constitución del país, el sistema político adoptado es el de una República representativa, democrática y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación que se rige conforme a los principios establecidos en la ley fundamental, asimismo y en relación con el régimen federal adoptado, en el artículo 124 se acordó en forma precisa que las facultades que no estuvieren expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entiende reservadas a los estados.

Finalmente consideramos que las fracciones II y III del artículo 118 son disposiciones que contravienen lo dispuesto en el pacto federal y causarían la desintegración de nuestra República; si el Congreso autorizara la creación del ejército a un estado, tendría que autorizar la creación de treinta y un ejércitos, treinta y un fuerzas aéreas y diecisiete marinas de guerra; por eso consideramos que deben derogarse las fracciones II y III del artículo 118. Lo mismo sucedería con la fracción I pues si el Congreso desea autorizar a un estado cobrar derechos de tonelaje, o de puertos o imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, podrá para ese efecto fundarse en el artículo 73, fracción XXX, que establece.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Por lo antes motivado y fundado proponemos la reforma a la fracción XII del artículo 73 y reformar el artículo 118 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73.-

...

XII. Emitir la Ley para declarar la guerra a otro país, en base al informe que le presente, el Presidente de la República.

Artículo 118.- Los gobernadores de los estados en caso de invasión o agresión material de otro país a su estado, darán aviso inmediato al Presidente de la República, si esto no fuere posible, al secretario de Gobernación, y tomarán las medidas necesarias entre servidores públicos y civiles para rechazar la agresión.

Artículo Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica).»

Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Arroyo VieyraEl Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Alarcón. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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LEY DE AGUAS NACIONALES
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra la diputada doña Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la Presidencia; honorable Asamblea:

«Iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI

Marcela Guerra Castillo, diputada federal de la LIX Legislatura, del estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso XVII al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales. Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma, hacemos a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

El agua se está convirtiendo en el factor más relevante del desarrollo en el mundo. La contaminación del agua y alimentos (cultivos) a través de los sistemas de riego se ha convertido en problema de gran magnitud.

La demanda por tener un sistema de servicio de agua eficiente y equitativo en diversos estados de la República, principalmente en la Ciudad de México, está dejando sin el líquido a otras regiones, para dar abastecimiento más allá de los límites geográficos de la cuenca correspondiente, y la sobreexplotación del acuífero ha provocado graves hundimientos en algunas partes de la ciudad.

Esta situación ha provocado que la salida de aguas de las ciudades principales del país sigan un curso de antiguos ríos y pasen por zonas de cultivos, exponiendo a la población a enfermedades de diversos tipos.

Por ello, es importante la revisión de la legislación en materia de agua, ya que ésta puede establecer el marco idóneo para que la distribución de este recurso se realice de manera equitativa a todas las zonas del país.

La legislación hídrica se dirige, entre otras cosas, a la propiedad de los recursos hídricos, la naturaleza legal y la estabilidad de los derechos del agua, el uso beneficioso y efectivo del agua, la posibilidad de transferir los derechos hídricos, y la necesidad de reconocer y respetar los usos existentes, derechos y costumbres al cambiar la legislación del agua.

Asimismo, busca prevenir la transferencia de factores externos negativos, restringir monopolios, y reducir costos de transacción, así como establecer los derechos y funciones de las instituciones encargadas de la gestión hídrica y ambiental.

El 9 de diciembre de 2004, fue presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar en sus respectivos órganos de gobierno una Comisión de Recursos Hidráulicos, para que atiendan los aspectos normativos relacionados con el agua en sus ámbitos de competencia, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación.

En este punto de acuerdo se plantea la necesidad de dar a la problemática del agua una atención local, ya que cada entidad se verá involucrada en los aspectos del agua en la medida en que continúen consolidándose los procesos de descentralización que marca la Ley de Aguas Nacionales, por lo que las legislaturas locales tendrán mayor responsabilidad, aun cuando no cambie el carácter federal que tiene la gestión del agua.

La creación de Comisiones de Recursos Hidráulicos en cada legislatura estatal permitirá ofrecer una atención directa y especializada sobre el tema agua en cada Congreso.

Debido a lo anterior, se propone que en la Comisión Nacional del Agua se cree un área central de enlace con las Comisiones legislativas estatales, a través de las delegaciones estatales de dicha Comisión para trabajar en conjunto los programas y acciones respectivas para proveer de forma equitativa a cada región del país de agua y así dar garantías respecto del abastecimiento.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Decreto

Por el que adiciona el inciso XVII al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único.- Se adiciona el inciso XVII al artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9. Son atribuciones de la Comisión:

I -- XVI ...

XVII. La creación, actualización y reportes del Sistema de Seguimiento permanente de las demandas sociales a través del Área de Enlace Central de la Comisión y sus delegaciones estatales, en coordinación con las Comisiones de Recursos Hidráulicos de cada Congreso local.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación de 12 de Enero de 1994, deberá adecuarse a los dispuesto en este Decreto, reglamentando las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, para efecto de que pueda dar cumplimiento a la facultad que adicionalmente se le otorga en este Decreto, dentro del término de 6 meses siguientes a la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

¿Cuáles serían, compañeros, las razones por las que sí debemos apoyar esta reforma? Pues que esta reforma hará necesaria la participación de todas las autoridades en cada una de las entidades federativas y esto es para proveer el vital líquido, que sea para todos, porque el agua es de todos. Con esta reforma se podrá dar también atención de una forma también local, no sólo centralizar este problema y que sea este centro el que sólo debate y confiera lo que a todos nos corresponde. El agua es de todos. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada Marcela. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se ruega a la Secretaría dar cuenta con una comunicación, de la Junta de Coordinación Política, que tiene que ver con un punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Agenda de Madrid y exhorta al Parlamento Latinoamericano a promover su respaldo entre los países miembros.

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AGENDA DE MADRID

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Agenda de Madrid y exhorta al Parlamento Latinoamericano a promover su respaldo entre los países miembros

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo décimo cuarto del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo para que la H Cámara de Diputados se sume al apoyo internacional que merece la Agenda de Madrid, carta compromiso resultado de los trabajos de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, celebrada en marzo de 2004, a iniciativa del Club de Madrid y, asimismo, para exhortar al Parlamento Latinoamericano para que apoye y promueva el contenido y la intención de la Agenda de Madrid, a través de ese organismo y entre sus participantes en el seno de los Congresos de América Latina, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, cuyo original se anexa al presente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados se solidariza con el contenido de la Agenda de Madrid, resultado de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, para que ésta sea conocida, enriquecida y apoyada en México.

Segundo: Se exhorta al Parlamento Latinoamericano a que manifieste su apoyo y promueva el respaldo de los diversos Congresos nacionales de los países miembros a la Agenda de Madrid, buscando caminos de cooperación, entendimiento, solidaridad y vinculación ante la tarea ineludible de detener al terrorismo y a sus promotores, a favor de un mundo pacífico y del desarrollo humano.

Palacio Legislativo, a 31 de marzo de 2005.--- Dip. José González Morfín (rúbrica p.a.), Presidente; Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Manuel Velasco Coello, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo; Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Propuesta con puntos de acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados se sume al apoyo internacional que merece la Agenda de Madrid, carta compromiso resultado de los trabajos de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, celebrada en marzo de 2004, a iniciativa del Club de Madrid.

Y, asimismo, exhortar al Parlamento Latinoamericano para que apoye y promueva el contenido y la intención de la Agenda de Madrid, a través de ese organismo y entre sus participantes en el seno de los congresos de América Latina.

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Los días 8 al 11 de marzo de este año, en la ciudad de Madrid, España, se llevó a cabo la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, por iniciativa del Club de Madrid, ``con el fin de recordar y honrar a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, rememorar la fortaleza y el coraje de los ciudadanos de Madrid, y a través de ellos, a todas las víctimas del terrorismo y a quienes se enfrentan a esta lacra en las distintas partes del mundo''.

Para ello, convocaron a más de 200 expertos de todo el mundo que junto con integrantes del Club de Madrid, ex jefes de Estado y de gobierno de países democráticos, se reunieron para atender a los muchos reclamos y propuestas que el terrorismo y su lucha internacional provocan. La idea central era desarrollar un documento que contuviera principios fundamentales y recomendaciones de políticas para abordar en todo el mundo estas preocupaciones fundamentales.

El resultado fue la Agenda de Madrid, que es una llamada a la acción para los líderes de todas las partes del mundo. Representa ``una agenda de actuación para los gobiernos, las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos, basada en acciones concretas y eficaces''. Significa, en esencia, una respuesta democrática a la amenaza global del terrorismo.

Durante los trabajos de la Cumbre, se reconoció al terrorismo como un crimen contra toda la humanidad, que violenta la vida de personas inocentes, crea un clima de odio y miedo y propicia la fractura entre religiones y grupos étnicos. Asumir la Agenda es reconocer que no estamos ajenos a este grave problema, que representa un daño irreparable al derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales, así como a los valores fundamentales de la dignidad humana. ``El terrorismo --concluye la Agenda de Madrid-- constituye un ataque a la democracia y a los derechos humanos''.

Apoyar la Agenda y enriquecerla integrará al esfuerzo de académicos e intelectuales de todo el mundo la visión democrática, humanitaria, solidaria y pacifista que caracteriza a los mexicanos. Damos con ello una muestra más de la visión que esta H. Legislatura tiene de la labor parlamentaria, siendo actor corresponsable de la construcción de un país abierto al mundo y atento a nuestros problemas fundamentales y en los cuales, esencialmente, la promoción y defensa de los derechos humanos es fundamental.

Del mismo modo, y en la víspera de la realización del próximo encuentro ``América Latina y el Caribe: Una Agenda hacia la Integración'', como parte de los festejos del 40 aniversario del Parlamento Latinoamericano, propongo a esta Soberanía aprovechar esta importante ocasión para hacer llegar a nuestro amigo el legislador brasileño Ney Lopes, Presidente del Parlatino, un respetuoso exhorto para que, por su amable conducto, ese importante organismo internacional haga llegar a sus miembros en los diversos Congresos Nacionales Latinoamericanos, la petición de que se sumen a la invitación del Club de Madrid, para asumir la Agenda de Madrid, propiciando su promoción y discusión en nuestro continente.

Siendo el Parlatino un organismo regional permanente, integrado por 22 países, cuyos principios fundamentales son la defensa de la democracia, la integración latinoamericana, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la pluralidad política e ideológica, la igualdad jurídica de los Estados, la condena a la amenaza y al uso de la fuerza, la solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales y la prevalencia de los principios de derecho internacional, es propicio que este importante espacio de deliberación regional asuma una posición solidaria para que este fundamental esfuerzo multilateral nos beneficie a todos. Tomando en cuenta además que la situación geopolítica de nuestro continente, particularmente las fronteras norte y sur, han sido catalogadas como puentes de probable ingreso de militantes de Al Qaeda, por lo que corremos el peligro de ser ubicados en la definición extralegal de ``Ejes del mal'', con los correspondientes peligros.

Su apoyo a esta iniciativa será fundamental para que juntos encontremos propuestas y soluciones tan necesarias en tiempos donde la gobernabilidad y la estabilidad social están puestas a prueba.

Por estas razones, proponemos al Pleno de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.- Esta LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados asuma y se solidarice con el contenido de la Agenda de Madrid, resultado de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, para que ésta sea conocida, enriquecida y apoyada en México.

Segundo.- Se envía a la presidencia del Parlamento Latinoamericano, que encabeza el legislador brasileño Ney Lopes de Souza, un exhorto a que este organismo regional manifieste su apoyo y promueva entre sus miembros en el continente, el apoyo de los diversos Congresos nacionales latinoamericanos a la Agenda de Madrid buscando caminos de cooperación, entendimiento, solidaridad y vinculación ante la tarea inescapable de detener al terrorismo y a sus promotores, a favor de un mundo pacífico y a favor del desarrollo humano.

Palacio Legislativo, México, DF, a 30 de marzo de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sométala por favor a la consideración de la Asamblea.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, les fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículos 165 de la Ley del Seguro Social, presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 23 de abril de 2003, por el diputado José Antonio Gloria Morales, a nombre propio y de otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

ANTECEDENTES

1. El diputado José Antonio Gloria Morales, a nombre. propio y de otros legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura, con fecha 23 de abril de 2002, presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Previo estudio y análisis de la iniciativa, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. La iniciativa propone hacer extensiva a las mujeres aseguradas la ayuda para gastos de matrimonio, contenida en el artículo 165 de la Ley del Seguro Social, y que equivale a 30 días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

2. El texto que propone la iniciativa es el siguiente:

Artículo 165. El asegurado y la asegurada tienen derecho a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio y proveniente de la cuota social aportada por el Gobierno Federal en su cuenta individual, una cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, conforme a los siguientes requisitos:

I. Que se tenga acreditado un mínimo de ciento cincuenta semanas de cotización en el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, en la fecha de la celebración del matrimonio.

II. Que comprueben con documentos fehacientes la muerte de la persona que en su caso cualquiera de los cónyuges haya registrado como esposa o esposo, ante el Instituto o que, en su caso, exhiban el acta de divorcio, y

III. Que los nuevos cónyuges no hayan sido registrados con anterioridad como esposos de otros matrimonios.

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado no tendrá derecho por posteriores matrimonios.

3. La iniciativa con proyecto de decreto materia de este dictamen refiere en su exposición de motivos que su objeto es eliminar el trato desigual que subsiste entre el hombre y la mujer sujetos del régimen obligatorio comprendido en la Ley del Seguro Social, ya que el artículo 165 de dicha Ley otorga una compensación únicamente al varón.

Así esta iniciativa pretende hacer extensiva esta prestación a las mujeres, en el caso de que el hombre con el que pretendan desposarse no se encuentre afiliado al régimen obligatorio del Seguro Social, lo cual, según los promoventes no tiene justificación, dado que las mujeres pagan las mismas cuotas y trabajan las mismas horas que los varones.

4. La Nueva Ley del Seguro Social, vigente desde el 1 de julio de 1997, establece que el financiamiento de esta prestación se realizará con cargo a al cuenta individual, específicamente sobre lo que haya aportado el Gobierno Federal por concepto de cuota social. Este señalamiento tiene por objeto determinar que no procede el otorgamiento si en la cuenta individual no hay saldo suficiente para financiarla.

De esta manera, el hecho de otorgar esta compensación a las mujeres no afectaría las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el saldo acumulado en la cuenta individual de cada trabajador es propiedad del mismo.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las Comisiones exponen las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Las Comisiones que dictaminan están de acuerdo con los propósitos de la presente iniciativa, ya que el derecho para recibir las prestaciones que se derivan de la Ley del Seguro Social tiene que ser equitativo e igualitario, sin distinción de género o de otro tipo, más que los que comprenda la Ley y que no se contrapongan con las garantías individuales vigentes en la Constitución.

2. La Ley del Seguro Social, al referirse al trabajador, al asegurado, al pensionado, al beneficiario o al derechohabiente no hace distingos de género, sino que usa un término genérico. El derecho a una prestación como la que se comenta, tiene que interpretarse como un derecho tanto del hombre como de la mujer asegurados, por lo que en estricto sentido no hay necesidad de reformar el párrafo I del artículo 165, pues de hacerse, tendría que reformarse el género gramatical de las dichas en toda la Ley, lo que por un principio de sencillez y claridad no se considera necesario.

3. El que se deduzca que esta prestación es exclusiva del varón se deriva de los requisitos establecidos en las fracciones II y III del artículo 165, en las que sí hace mención a ``la esposa'', por lo que es procedente sustituir dicho término ``esposa'' por el de ``cónyuge''.

4. Dado que esta prestación proviene de la cuota social que aporta el Gobierno Federal a la cuenta individual, no representa erogación adicional para el Instituto Mexicano del Seguro Social ni para la Hacienda Pública.

CONCLUSIONES

1. De lo anteriormente expuesto, las Comisiones que dictaminan concluyen que la iniciativa de mérito constituye un acierto en virtud de que el derecho a recibir prestaciones, tanto en especie como económicas, derivadas de la Ley del Seguro Social, tiene que ser equitativas, sin distinción de género, toda vez que las aportaciones que provienen de trabajadores se cubren por igual, en las modalidades previstas por la Ley, sin segregación de acuerdo al género al cual pertenezca el aportante.

2. Además, al provenir los recursos de esta prestación de la cuota social que se integra a la cuenta individual del trabajador o la trabajadora, ésta modificación no representaría una carga financiera adicional al Instituto Mexicano del Seguro Social o a las Finanzas Públicas.

3. Finalmente, se considera adecuado modificar el texto de la iniciativa para dotarla de mayor precisión y claridad modificando únicamente las fracciones II y III del artículo 165.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Único. Se reforman las fracciones II y III del artículo 165 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 165. ...

I. ...

II. Que compruebe con documentos fehacientes la muerte de la persona que registró como cónyuge en el Instituto, o que, en su caso, exhiba el acta de divorcio, y

III. Que cualquiera de los cónyuges no haya sido registrado con anterioridad en el Instituto con esa calidad.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a los 16 días del mes de marzo de dos mil cinco.--- Por la Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Pedro Ávila Nevárez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Álvaro Elías Loredo, Blanca Eppen Canales, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez, Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo.»

Es de primera lectura.

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CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 2001

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2001.

Honorable Asamblea:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de manera exclusiva la facultad y obligación de revisar la Cuenta Pública del año anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en los artículos 39 numerales 1 y 3, y 45 numerales 5 y 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos recibió para su estudio, análisis y dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001.

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue presentada en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 fracción IV, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

El documento presentado a esta Soberanía se integra por un tomo impreso que analiza los resultados generales alcanzados por el sector público presupuestario en el ejercicio fiscal de 2001, así como por un banco de información que fue entregado en medios magnéticos, en donde se incluyen datos consolidados del Sector Público Presupuestario, del Gobierno Federal y de las entidades de control presupuestario directo e indirecto, referentes a los ingresos considerados en la Ley de Ingresos de la Federación; a los egresos de los ramos administrativos y generales, a los estados analíticos del presupuesto en clasificación funcional, y a la deuda pública (amortización, costo financiero y erogaciones en programas de saneamiento). También se presenta información institucional sobre el Gobierno Federal y las entidades paraestatales de control presupuestario directo e indirecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001 fue turnada a la Auditoria Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus facultades llevara a cabo su revisión y fiscalización.

La Auditoria Superior de la Federación, órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, elaboró y rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el Informe Semestral de Gestión Financiera de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001, conforme a lo establecido en los artículos 74, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67, fracción I, 74 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y 40, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, en apego a lo dispuesto por el artículo 67, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentó a esta dictaminadora el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2001. La información contenida en este Informe fue considerada para el análisis y elaboración del presente Dictamen.

El presente dictamen, se apegó al marco jurídico vigente siendo éste la ``Ley de Fiscalización Superior de la Federación'', respecto del estudio y análisis, sujetándose también al ``Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001'', así como otras fuentes de información siendo el ``Primer Informe de Gobierno'', el ``Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006'', el ``Informe Anual del Banco de México 2001'', los informes sobre la ``Situación Económica'', las ``Finanzas Públicas'' y la ``Deuda Pública'', de los cuatro trimestres de 2001, así como algunas otras fuentes de información primaria.

A partir de las conclusiones, observaciones y recomendaciones que sobre la información y documentación fueron realizadas por el Grupo de Trabajo y en ejercicio de las facultades Constitucionales, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitimos el presente:

DICTAMEN

I. ASPECTOS GENERALES

La cultura de la rendición de cuentas es un elemento fundamental para el adecuado funcionamiento de las Instituciones Públicas Mexicanas. El mandato constitucional que ordena al Poder Ejecutivo Federal la presentación de la Cuenta Pública Federal a la Cámara de Diputados, tiene el propósito de fortalecer el principio de división y equilibrio entre los poderes de la Unión y representa el instrumento constitucional que hace posible que la administración pública se conduzca bajo los criterios de legalidad, honestidad, transparencia y eficacia.

En el caso de la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001, tuvo una doble connotación, dado que se desarrolló en el marco de un nuevo orden legal, que, por voluntad mayoritaria del Congreso de la Unión fue creado y entró en vigor precisamente para el ejercicio anual de 2001. En dicho marco, se ha fortalecido la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de revisión de la nueva Administración Federal de las instituciones públicas que manejan recursos y se ha dotado de mecanismos más eficaces en la conducción de las responsabilidades que corresponden a la Auditoria Superior de la Federación.

Con espíritu autocrítico debe señalarse que el dictamen de la cuenta pública del ejercicio 2001, debió analizarse, discutirse y dictaminarse con mayor oportunidad, dado que el retraso evidente en que se ha incurrido afecta la eficacia de las acciones que la legislación prevé. La revisión de cada cuenta pública debe ser útil no sólo para percatarse de eventuales desviaciones al marco legal en el manejo de los recursos públicos, sino además debe servir para, en un ejercicio corresponsable con el Ejecutivo Federal, mejorar constantemente la gestión gubernamental, tanto en sus aspectos mensurables como en los de carácter cualitativo. Abordar hasta ahora la dictaminación de la cuenta pública del año 2001 canceló muchas acciones que pudieron implementarse de haberse dado este proceso con mayor oportunidad.

La revisión y dictaminación de la cuenta pública representa la fase de control más importante del proceso, de aquí se toman democráticamente decisiones que hacen más eficaz y transparente la gestión gubernamental; derivado del dictamen, debería realizarse una evaluación conjunta entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el propósito de evaluar la conveniencia de mantener, eliminar o fortalecer programas y acciones gubernamentales, independientemente del seguimiento a posibles conductas que no respetaron el marco legal. No es ocioso que dentro del marco de organización de la Cámara de Diputados se haya constituido una Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, su responsabilidad se centra en la obligación de conectar los resultados obtenidos en los diferentes programas y acciones gubernamentales con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio siguiente. Ese marco constitucional y legal no tendría sentido si estas funciones legislativas no tuvieran una buena interconexión.

Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.) presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados su programa de auditorías, visitas e inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, no obstante, los datos del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2001, que rindió la Auditoria Superior de la Federación a la H. Cámara de Diputados, indican que se practicaron 335 auditorías, es decir, 49 adicionales a las programadas, con lo cual se practicaron 30 de desempeño, 286 de regularidad y 39 especiales. La variación en el número de auditorias programadas y realizadas corresponden en determinación de la Auditoría Superior de la Federación de auditar más entes públicos federales, ello en plena consonancia con su autonomía técnica y de gestión.

II.- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GENERALMENTE ACEPTADOS.

La cuenta pública federal representa el único instrumento creado por la Ley que hace posible que la Cámara de Diputados ejerza su facultad Constitucional de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, en consecuencia, dicho instrumento debe reunir requisitos mínimos de calidad y contenido, a efecto de estar en condiciones, con apoyo del órgano técnico de fiscalización, de emitir el presente dictamen.

De acuerdo con la información de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en términos generales, el Informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública del año 2001, se apegó a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Asimismo, con base en los análisis de esta dictaminadora en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, respecto a la observancia del cumplimiento y sujeción por parte de la administración pública federal a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, se puede concluir que, en lo general, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal relativa al ejercicio fiscal por el año 2001, está presentada bajo los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, salvo lo que se señala a continuación:

No obstante, se observaron diversas excepciones al cumplimiento de los Principios citados, que en el caso del Sector Central se pueden mencionar las siguientes:

-- Registros extemporáneos de ingresos y gastos, realizados o devengados.

-- Deficiencias en el control físico y documental de los bienes existentes.

-- Estados financieros cuya información es incompleta, al no reconocer el efecto de la inflación.

-- En las cuentas de activo no se registraron algunos bienes adquiridos y, por otra parte, no se actualizaron los valores de los inmuebles de las entidades paraestatales.

-- En materia de registro presupuestal no se observaron todas las disposiciones legales aplicables, así como clasificaciones incorrectas de partidas presupuestales en el gasto ejercido.

-- Registro incorrecto del pago de prestaciones al personal con plaza presupuestal y de honorarios.

-- Registro contable incorrecto por adquisiciones de inmuebles, mobiliario y equipo.

En general, la revisión de la Cuenta Pública 2001 pudo constatar que diversas dependencias y entidades del sector paraestatal, en su caso, presentaron sus estados financieros con información incompleta, por la omisión de la actualización de sus cifras; no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables; no crearon las reservas de las obligaciones laborales; no cumplieron con la consistencia en el cálculo de la depreciación de los activos fijos; tienen activos excedidos respecto a su valor de recuperación; y no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.

Asimismo, algunas entidades registraron inobservancias a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., que se aplican de manera supletoria, siendo las de mayor frecuencia la falta de ``Cumplimiento de Disposiciones Legales'', ``Revelación Suficiente'', y ``Base de Registro''. Se constató que las operaciones y su registro no se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables, los estados financieros y los registros de los sistemas informáticos no incluyen toda la información que resulta de las operaciones, y los registros se realizaron en forma extemporánea, consignando gastos que no fueron devengados y se presentaron como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001.

III.- OBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS

Por lo que se refiere a la observancia de los preceptos jurídicos y normativos, con base en los datos presentados en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, esta dictaminadora pudo constatar que en términos generales, la Administración Pública Federal se ajustó a lo que disponen los principales ordenamientos legales, tales como la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Coordinación Fiscal; y demás ordenamientos aplicables en la materia, salvo lo que prevén los párrafos siguientes:

se señala enseguida:

Esta dictaminadora detectó que derivado de la revisión de la Cuenta Pública existieron diversas irregularidades, ya que el total de las dependencias y entidades revisadas, en mayor o menor medida, no cumplieron estrictamente algunas de las disposiciones y normas jurídicas aplicables. Las principales normas que en materia de ingreso-gasto tuvieron una mayor incidencia de inobservancia, fueron: la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2001.

A nivel de sectores y ramos, los principales infractores fueron los 14 entes auditados del Sector Energía, ya que 12 de los principales ordenamientos jurídicos que inciden en su operación fueron infringidos; en el Sector Comunicaciones y Transportes los 9 entes auditados inobservaron 9 de dichos ordenamientos. Otros sectores donde se detectaron incumplimientos relevantes, son: Salud, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y, Entidades Paraestatales no Coordinadas Sectorialmente.

De los resultados de la revisión de la Cuenta Pública, se puede observar que las principales variantes de inobservancia por ordenamiento jurídico son las siguientes:

En el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 18 de los 134 entes auditados, incumplieron con diversas disposiciones, siendo las más frecuentes que los manuales generales de organización de algunas dependencias y entidades no incluyen procedimientos específicos y/o carecen de autorización, infringiendo con ello el artículo 19 de dicho precepto.

En relación con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, se determinó que se violaron diversos artículos, considerando que una de las entidades auditadas no enteró a la Tesorería de la Federación, los ingresos provenientes del cobro de los Derechos por Trámite Aduanero, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 11, primer párrafo y 12; otra no obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar deuda externa; una más presentó indebidamente la declaración del cuarto trimestre correspondiente al ejercicio de 2001, relativa a los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de rendimientos excedentes, con lo que incumplió lo dispuesto por el artículo 4, fracción XI.

En relación con la Ley General de Deuda Pública, en el Sector Energía en un ente auditado se observó que a algunos créditos se les dio tratamiento contable de Proyectos con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, no obstante que por su naturaleza jurídica debieron considerarse como créditos directos, con lo cual se contravino lo dispuesto en los artículos 2 y 18 de dicha ley.

En 37 de los 134 entes auditados se determinaron operaciones que no se ajustaron a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, ya que se realizaron contrataciones de personas físicas y morales para la realización de asesorías, estudios e investigaciones, sin notificar al Órgano Interno de Control correspondiente, con lo cual se infringió el artículo 36 de dicho ordenamiento. Se determinó que en el Sector Energía se autorizaron proyectos de infraestructura productiva sin autorización, con lo que se infringió lo dispuesto por el artículo 60.

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal estuvo entre los ordenamientos de mayor inobservancia, ya que en 32 dependencias y entidades revisadas se determinaron que se celebraron contratos de obras públicas que rebasaron las asignaciones presupuestales; deficiencias en los sistemas de programación y administración presupuestal, así como registros contables incorrectos. Los artículos de esta ley que no fueron observados son, entre otros, 13, 30, 39, 40 y 42.

En lo que hace al Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, ya que 66 entes fiscalizados no atendieron puntualmente su contenido. Los principales incumplimientos fueron por falta de registros por programa y subprograma; desfasamientos en los plazos para contabilizar los movimientos operados en el presupuesto, así como ausencia de procedimientos de registro y control de gastos, con lo cual no se atendieron los principios de contabilidad gubernamental, generales y específicos, infringiendo lo dispuesto en los artículos 40, 44, 49, 83, 84, 106 y 105 de dicho precepto.

En cuanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta Comisión de dictamen constató que en 43 de los 134 entes auditados se observaron diversos incumplimientos. Las principales irregularidades están referidas, entre otras causas a: inexistencia de fianzas; presentación extemporánea de fianzas por parte de contratistas; incumplimiento de contratistas de plazos estipulados para entrega de bienes y servicios, sin que se hayan aplicado las sanciones correspondientes; se determinaron compras de bienes en existencia y se detectaron compras fraccionadas. También se detectó que en varios contratos no se incluyeron cláusulas de garantía de cumplimiento, ni penas convencionales por la entrega extemporánea de los materiales; tampoco se estipularon las condiciones de pago ni se señaló el precio unitario de los bienes; en los contratos de servicio de asesoría no se precisó si el precio era fijo o estaba sujeto a ajustes. Los principales artículos no observados son 1, 6, 40, 45, 46, 48, 52, entre otros.

En materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la mayor incidencia de observaciones están asociadas a irregularidades en la planeación, ejecución, administración y control de obra pública. De manera específica, en una entidad se determinaron casos en que los volúmenes de obra contratada fueron superiores a las necesidades del ente; se efectuaron pagos indebidos por la incorrecta integración de precios unitarios, se pagaron volúmenes de obra diferentes a los contratados. Asimismo, se detectaron diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados. En cuatro entidades fiscalizadas se observó que no contaron con la fianza de vicios ocultos, y en tres la fianza fue tramitada con fecha posterior a la firma y/o acta de entrega correspondiente. En otro caso se detectó que una de las entidades fiscalizadas no realizó con suficiencia los estudios previos de ingeniería; que los trabajos no se iniciaron en la fecha pactada; que la entidad no formalizó el acta de entrega recepción dentro de los plazos establecidos, y se determinaron pagos en exceso en virtud de que se omitió la aplicación de factores de decremento en los ajustes de costo. Se determinó que una entidad realizó pagos sin contar con el soporte documental que desglosa el peso de los elementos que integran las volumetrías pagadas y, en otra, las estimaciones recibidas de los contratistas consideran una periodicidad mayor a un mes. También se observaron diversos incumplimientos a las cláusulas previstas en los diferentes contratos de obra pactados con los proveedores. De esta ley se infringieron los artículos 19, 33, 44, 52, 53,54, 64, 66 y 74, entre otros.

Por lo que corresponde a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, se determinó que una entidad revisada careció del Manual de Procedimientos para controlar la recepción, entrega y registro de mobiliario y equipo. Se determinó que el propio ente no presentó su programa anual de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, y que su Comité de Adquisiciones careció del manual que regula sus funciones. Por otra parte, se detectó que otra entidad creó reservas de partidas cuyo origen no es identificable; y no contó con los lineamientos aprobados por el Órgano de Gobierno para afectar contra reservas los saldos de las cuentas de bancos y las cuentas relacionadas con pasivo y patrimonio.

En la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, se detectó que 22 entidades federativas, incluyendo diversos municipios auditados, no cumplieron con las disposiciones de esta ley. Dentro de las irregularidades más comunes podemos mencionar que los recursos federales transferidos vía Ramo General 33, fueron aplicados por 12 entidades a fines distintos a los que establecen los artículos 33, 37, 40, 45 y 46 de la ley, así como también deficiencias para la administración, control, aplicación, registro y comprobación de los recursos transferidos.

En lo concerniente a la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se determinó su infracción en dos entidades públicas. El caso más relevante se refiere a una entidad que no enteró parte de la recaudación por Derecho de Trámite Aduanero, en contravención de lo que estipula el artículo 30, párrafo primero, de la referida Ley, y 26 de su Reglamento.

Por lo descrito anteriormente, esta dictaminadora considera que si bien la administración pública federal atendió de manera general los preceptos jurídicos y normativos relacionados con la materia, de la revisión de la Cuenta Pública se desprenden un número significativo de incumplimientos que han constituido observaciones a su contenido, siendo procedente que la Auditoria Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones, de puntual seguimiento a su solventación y finque las responsabilidades conducentes.

IV.- EFECTOS ECONÓMICOS DE LAS OBSERVACIONES

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, la Auditoría Superior de la Federación realizó un ejercicio para cuantificar los efectos económicos de las observaciones determinadas, agrupándose para tal caso en tres bloques: a) criterios contables de registro y revelación; b) Fobaproa-IPAB, y c) inobservancia de la normatividad.

El conjunto de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación se tradujo en un efecto económico de 339 mil 456.2 millones de pesos cifra que representa una referencia monetaria de las observaciones detectadas, las que agrupadas de manera esquemática por origen de la observación dan el siguiente resultado:

Las observaciones anteriores, en los términos de la Ley, fueron comunicadas a las dependencias y entidades responsables aún antes de la rendición del informe de resultados que sirve de base para emitir el siguiente dictamen, y su consideración obedece precisamente a hecho de que no fueron solventadas a la fecha de rendición del informe de resultados aludido, sin embargo, también apegado al proceso legal instituido, las dependencias y entidades han dispuesto de los plazos legales para argumentar lo que a ellas convenga, por lo que se estima conveniente presentar a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la información que actualizada desde el 24 de enero del 2005, respecto del estado que guardan dichas observaciones, tal y como se muestra a continuación.

V.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS ECONÓMICOS Y DE FINANZAS PÚBLICAS

V.1 Panorama Económico

Desde el inicio de 2001 la evolución de la economía mexicana se vio afectada por diversos factores, que si bien algunos de ellos fueron contemplados en la elaboración del programa económico, al agudizarse su tendencia hacían prever un desempeño menos favorable que el anticipado.

En particular, la desaceleración de la economía mundial en una proporción mayor a la esperada, la reducción de la plataforma de exportación de petróleo y la presencia de diversos episodios de volatilidad externa, impactaron negativamente al comercio exterior mexicano, y con ello a la actividad productiva y al empleo.

De esta manera se observó que las principales variables económicas presentaron desviaciones importantes respecto de las metas previstas en los Criterios Generales de Política Económica.

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% en términos reales, cifra muy por debajo del crecimiento de 4.5% originalmente proyectado y del alcanzado un año antes 6.6%.

El sector industrial se contrajo en 3.5 por ciento anual, lo que se reflejó en una pérdida importante de empleos, al perderse durante el año 358 mil 587 empleos formales.

Por su parte, el sector servicios mostró un crecimiento anual de 1.1 por ciento a precios constantes, influido por la evolución de los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, que se expandieron a una tasa de 4.1 por ciento.

El sector agropecuario, silvicultura y pesca aumentó en 2.5 por ciento real, debido tanto a las favorables cosechas en frutas, granos y oleaginosas, como a la mayor captura de diversas especies de mariscos y pescados.

No obstante las dificultades en la economía real, el desempeño financiero fue positivo. El ritmo de crecimiento de los precios se abatió significativamente, en razón del manejo de la política monetaria, y apoyado por menores presiones de demanda; de esta manera; la inflación se ubicó en 4.4%, cifra 2.1 puntos por debajo de la meta originalmente proyectada.

Producto de lo anterior, las tasas de interés tuvieron un comportamiento congruente con las bajas expectativas inflacionarias y las restricciones en materia de política monetaria. El rendimiento de los CETES a 28 días promedió 11.26%, lo que represento un punto porcentual por debajo de lo estimado.

Por lo que se refiere al sector externo, durante el 2001, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos representó el 2.9% del PIB, cifra ligeramente inferior a la registrada en el 2000. El comercio exterior de México se redujo, pues las importaciones mostraron una contracción de 3.5% respecto del año previo y las exportaciones lo hicieron en 4.8%, situación que se explica, entre otros factores, por la reducción en el volumen de venta al exterior del crudo, debido a las acciones llevadas a cabo para detener la caída de los precios en los mercados internacionales.

V.2 Finanzas Públicas.

El balance presupuestario, arrojó un déficit de 43,430 millones de pesos, monto superior en 2 mil 459.7 millones de pesos respecto de la meta aprobada. Como proporción del PIB fue equivalente a 0.75 por ciento, mayor en 0.1 puntos al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año. Comparativamente con el año anterior, fue inferior en 0.3 puntos porcentuales.

El superávit primario -que se obtiene de restar al balance presupuestario los recursos asociados al costo financiero de la deuda- se situó en 144 mil 630.5 millones de pesos, nivel equivalente al 2.5 por ciento del producto, menor en 0.1 y 0.2 puntos porcentuales al del ejercicio precedente y al pronóstico, respectivamente.

Los ingresos ordinarios del sector público se ubicaron en un billón 271 mil 646.3 millones de pesos, cifra inferior en 2.4 por ciento a la prevista en la Ley de Ingresos, y mayor en 2.3 por ciento real a la del ejercicio previo.

La disminución de la actividad económica, la fortaleza del peso frente al dólar y la reducción de la plataforma de exportación del crudo incidieron en la captación de los recursos, principalmente los de origen petrolero.

Por su parte, el crecimiento real con respecto del año 2000 fue resultado del favorable desempeño de los ingresos tributarios, mismos que se elevaron a una tasa de 6.8 por ciento en términos reales, así como el de los organismos y empresas diferentes de PEMEX que se incrementaron 2.4 por ciento real.

El gasto neto total del sector público -gasto total menos amortizaciones de la deuda- ascendió a un billón 327 mil 188.1 millones de pesos, monto que comparado con el del ejercicio precedente fue mayor en 1.3 por ciento real; en tanto que, respecto a lo autorizado originalmente resultó inferior en 34 mil 678.4 millones de pesos.

V.2.1 Ingresos Presupuestarios:

Durante 2001, los ingresos ordinarios del sector público presupuestario ascendieron a un billón 271 mil 646.3 millones de pesos, monto inferior en 2.4 por ciento con relación a lo previsto en la Ley de Ingresos. La contracción nominal observada, se explica fundamentalmente por los recursos de origen petrolero, que se asocia, al menos, con tres factores:

Ventas internas de petrolíferos y petroquímicos menores a las programadas.

Un tipo de cambio promedio inferior al considerado como referencia en la proyección inicial.

La disminución de la plataforma de exportación de petróleo crudo, instrumentada para apoyar el precio de este producto en el mercado internacional.

En cuanto a los ingresos no petroleros, se distinguen las caídas en los impuestos a la Importación y Especial sobre Producción y Servicios -IEPS-, así como en los Aprovechamientos, sobre todo por el diferimiento de las desincorporaciones previstas.

Lo anterior se compensó, en parte, con una mayor captación respecto al año anterior de los gravámenes al Valor Agregado, sobre la Renta y Tenencia o Uso de Vehículos.

Asimismo, los ingresos propios del sector paraestatal distinto de PEMEX superaron en 1.0 por ciento la meta anual, lo que se atribuye, fundamentalmente, a recursos adicionales reportados por Luz y Fuerza del Centro, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Caminos y Puentes Federales de Ingresos.

V.2.2 Gastos Presupuestarios.

Debido a que la reducción de los ingresos por la menor venta de petróleo no pudo ser compensada con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, y dadas las condiciones legales establecidas para su aplicación, a lo largo del año se realizaron cuatro ajustes al presupuesto de las dependencias y entidades, con la finalidad de no rebasar el límite de déficit fiscal aprobado por el Poder Legislativo.

De esta manera durante el primer trimestre del año el sector público presupuestario registró ingresos ordinarios inferiores a lo estimado en 3 mil 375.3 millones de pesos, razón por la cual en mayo se realizó un ajuste al presupuesto de las dependencias y entidades por la misma cantidad.

Al período enero-junio los ingresos acumularon una contracción respecto a lo programado por 10 mil 175.3 millones de pesos, por ello, en agosto se determinó efectuar un segundo ajuste al gasto equivalente a 6 mil 800.0 millones de pesos, en función de los ahorros generados principalmente en las erogaciones corrientes.

Durante el tercer trimestre los ingresos presupuestarios continuaron su trayectoria negativa; respecto a lo programado, acumulando una menor captación por 13 mil 220.0 millones de pesos, así, en noviembre se determinó una nueva reducción al presupuesto de las dependencias y entidades por 3 mil 045.0 millones de pesos. Dicha medida se llevó a cabo a través de un recorte de 2 mil millones y con ahorros en gasto corriente por un mil 45.0 millones de pesos.

En diciembre se realizó un último ajuste por 3 mil millones de pesos, mismo que se cubrió con un ahorro en el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales.

En resumen, los cuatro ajustes presupuestarios sumaron 16 mil 220.3 destacando los correspondientes a los presupuestos de los ramos: Provisiones Salariales y Económicas; Comunicaciones y Transportes; Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a algunas entidades de control presupuestario directo como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Bajo este contexto, en 2001, el gasto neto total del sector público presupuestario -gasto total menos amortización de la deuda- ascendió a un billón 327 mil 188.1 millones de pesos, cifra por abajo de lo esperado en 2.5 por ciento, que equivale a una disminución neta de 34 mil 678.4 millones de pesos.

V.2.2.1 Gasto Programable:

El gasto programable fue de 937 mil 213.9 millones de pesos, cantidad inferior en 1.2 por ciento respecto al proyecto inicial, aunque respecto de lo ejercido un año antes fue superior en 4.0 por ciento en términos reales, lo que se asocia con el incremento en el gasto corriente por 3.4 por ciento y por el de capital en 6.7 por ciento.

Los menores recursos ejercidos se asocian, en gran medida, con los ajustes efectuados al presupuesto, mismos que afectaron la inversión física directa, que cayó 6.1 por ciento en términos reales en comparación con el 2000, y que en términos absolutos fue inferior en 26 mil millones de pesos frente a lo aprobado por la H. Cámara de Diputados.

Se destinaron mayores recursos a las entidades federativas a través del Ramo 33 para cubrir aumentos salariales y la creación de plazas asociadas a los sistemas estatales de educación básica y salud, y se observaron incrementos superiores a lo previsto en los sueldos y prestaciones económicas de las entidades de control presupuestario directo, particularmente en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

La inversión física directa disminuyó en 19.0 por ciento con relación a lo autorizado. En este resultado influyeron, al menos, los siguientes factores:

El desfase en el programa de inversiones de Comisión Federal de Electricidad, particularmente de proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos; el diferimiento de la entrada en operación comercial de las centrales Río Bravo, Hermosillo y Saltillo, y el menor tipo de cambio respecto al utilizado en la elaboración del presupuesto.

La reducción de los recursos orientados al pago de capital de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo en operación de PEMEX; el ajuste en los registros del Proyecto Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga, y el retraso en la facturación de contratistas.

La demora en los procesos de licitación, que ocasionó la cancelación de algunas adquisiciones y el aplazamiento en la ejecución de obras por parte del IMSS, principalmente en hospitales generales, regionales y unidades de medicina familiar.

Los menores recursos asociados a la construcción de las carreteras a cargo de la SCT

La cancelación del Programa de Vivienda Progresiva en 11 entidades federativas, al no contar con la reserva territorial necesaria y que, en algunos casos, no cumplieron con las reglas de operación, lo cual incidió en el programa de inversión de SEDESOL.

V.2.2.2 Gasto No Programable:

Al gasto no programable del sector público presupuestario se destinaron 389 mil 974.2 millones de pesos, cantidad por abajo de la previsión en 5.7 por ciento.

Los intereses, comisiones y gastos de la deuda disminuyeron en 11.7 por ciento con relación a la meta. Dicho comportamiento se asocia tanto con el componente interno como con el externo.

Las participaciones a entidades federativas y municipios ascendieron a 196 mil 931.2 millones de pesos, cantidad superior en 1.5 por ciento a la programada, debido a la favorable evolución de la recaudación federal participadle.

En los programas de apoyo financiero se erogaron 39 mil 850.2 millones de pesos, lo que implicó rebasar lo previsto en 1.7 por ciento. Esto se explica por los mayores recursos destinados al Programa para Apoyar a los Deudores de Vivienda, a fin de cubrir los compromisos asumidos en el Programa Punto Final, lo que a su vez, implicará una disminución del monto a pagar de 2003 a 2006.

En resumen, los resultados son los siguientes:

Por considerarlo de interés general y además como soporte al presente dictamen, a continuación se muestran los resultados obtenidos particularmente en algunos programas que se consideran prioritarios:

Pobreza Extrema

Durante 2001 se destinó a los Programas para Superar la Pobreza Extrema 59 mil 713.8 millones de pesos, lo que significó un incremento anual de 9.7 por ciento real, pero un subejercicio de 5.2 por ciento con respecto del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, al dejar de erogar 3,287.6 millones de pesos.

Desarrollo Humano:

Para el ejercicio fiscal del 2001, la Cámara de Diputados autorizó recursos destinados a este concepto, 31 mil 663 millones de pesos, sin embargo todos los programas que componen esta vertiente de apoyo social registraron subejercicios, que en conjunto ascendieron a 1,793.7 millones de pesos.

Infraestructura Social Básica:

Los recursos orientados al fortalecimiento de la Infraestructura Social Básica ascendieron a 20 mil 803.7 millones de pesos; de los cuales, se dejaron de ejercer 518.2 millones de pesos.

Productividad y Empleo:

La ejecución de los programas para promover la Productividad y el Empleo en zonas de pobreza correspondió a cuatro programas que en conjunto registraron un subejercicio de 975.7 millones de pesos.

V.3 Deuda Pública.

Durante el 2001, la política de deuda pública se orientó a cubrir el déficit fiscal, ampliar el vencimiento promedio de las obligaciones gubernamentales, reducir el costo del financiamiento, disminuir la vulnerabilidad de la deuda pública ante cambios en el entorno internacional y captar recursos para el refinanciamiento de las obligaciones financieras del sector público.

Entre las líneas de acción de mayor relevancia destacaron: financiar el déficit del Gobierno Federal a través del mercado interno; aprovechar el acceso a los mercados internacionales de capital, para realizar operaciones de administración de pasivos; colocar bonos en el exterior a fin de prolongar el vencimiento promedio de los pasivos externos, en particular los de tasa fija; retirar del mercado Bonos Brady, mediante operaciones de recompra e intercambio de deuda, y publicar con anticipación las subastas de valores gubernamentales para propiciar mayor certidumbre en los mercados.

Al cierre del año 2001, el sector público presupuestario registró un endeudamiento neto en términos de flujo de efectivo de 55 mil 120.9 millones de pesos, resultado que se explica por un endeudamiento interno neto por 68 mil 298.1 millones de pesos, que fue compensado por un desendeudamiento neto con el exterior por 13 mil 177.2 millones de pesos.

Institucionalmente, el Gobierno Federal presentó un endeudamiento neto de 64 mil 136.9 millones de pesos, resultado de un endeudamiento interno por 70 mil 549.6 millones, el cual fue compensado por un desendeudamiento con el exterior por 6 mil 412.7 millones de pesos. Por su parte, el sector paraestatal reportó un desendeudamiento neto de 9 mil 016 millones de pesos, de los cuales 2 mil 251.5 millones correspondieron al componente interno y 6 mil 764.5 millones al externo.

El saldo de la deuda externa bruta del sector público se ubicó en 643 mil 128.9 millones de pesos, cantidad inferior en 14 por ciento real respecto del registro del año 2000 y equivalente al 11.1 por ciento del PIB.

Entre los principales elementos que caracterizaron la evolución de la deuda externa pueden señalarse los siguientes:

-- Reestructuración de pasivos externos para mejorar su perfil y costo, y la obtención de financiamientos por un monto no mayor al requerido para compensar los vencimientos de las obligaciones externas para el 2001.

-- Operaciones de administración de pasivos que repercutieron de manera positiva en el saldo, costo y perfil de vencimientos de los pasivos externos, mediante las cuales se captaron 8 mil 999.7 millones de dólares.

-- Cancelación anticipada de Bonos Brady por 8 mil 638.7 millones de dólares, cifra que representó poco más del 50 por ciento del saldo al cierre de 2000.

-- Emisión de bonos en los mercados internacionales de capital por parte de PEMEX, por 600 millones de dólares, para apoyar el refinanciamiento de sus pasivos.

-- Obtención de recursos provenientes de líneas de crédito de Comercio Exterior por 9 mil 8.6 millones de dólares; del Mercado Bancario por 3 mil 668.9 millones de dólares; de OFI's por un mil 398.9 millones de dólares y por otros conceptos por 654.8 millones de dólares.

Es importante considerar que el financiamiento externo del sector público se destinó fundamentalmente a refinanciar pasivos; apoyar programas de exportación y exportación de crudo, gas natural y petrolíferos; programas de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas; y programas de saneamiento financiero de estados y municipios, y financiar proyectos de infraestructura petrolera y educativa, entre otros propósitos.

Respecto de la deuda interna bruta del sector público presupuestario, al cierre del 2001 ésta ascendió a 777 mil 740.1 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 6.7 por ciento real en relación con el saldo de un año antes. Como proporción del PIB, la deuda interna bruta presupuestaria se ubicó en 13.5 por ciento.

La deuda interna bruta correspondiente al Gobierno Federal alcanzó los 763 mil 558.6 millones de pesos, cifra superior en 88 mil 451.9 millones de pesos al saldo registrado en 2000, como resultado de un endeudamiento interno neto de 80 mil 209.4 millones de pesos, más ajustes contables al alza por 8 mil 242.5 millones de pesos. Con relación al PIB el saldo de la deuda interna bruta del Gobierno Federal se situó en 13.2 por ciento, frente a 12.3 por ciento del 2000. En términos netos, la deuda interna del Gobierno Federal, ascendió a 690 mil 977.2 millones de pesos, cifra mayor en 84 mil 795 millones de pesos respecto al observado en 2000.

Otros aspectos relevantes en materia de deuda interna para el ejercicio fiscal de 2001, fueron:

-- Se cubrieron las necesidades de financiamiento derivadas del déficit del Gobierno Federal y se mejoró el perfil de vencimiento de los valores gubernamentales.

-- Se siguió informando de manera anticipada el esquema trimestral de subastas de títulos gubernamentales vigentes.

-- Se continuó aplicando medidas para ampliar la liquidez en los mercados secundarios del papel gubernamental, como son, la reapertura de emisiones a diferentes plazos y la consolidación de la figura de formadores de mercado.

-- Se buscó reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante movimientos al alza en las tasas de interés, e impulsar un mercado de deuda privada de largo plazo, con la incorporación de instrumentos de más largo plazo.

-- Se incrementó el plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales en 39 por ciento, al pasar de 368 días al cierre de 2000 a 748 días a diciembre de 2001.

-- Los valores gubernamentales representaron el 89.5 por ciento de la deuda interna bruta del Gobierno Federal, dentro del cual los BONDES representaron el 43.9 por ciento, los CETES 27.4, los Bonos de desarrollo a Tasa Nominal Fija 15.4; y UDIBONOS 13.3 por ciento.

En materia de costo financiero de la deuda pública, en el año 2001 el sector público presupuestario erogó 188 mil 060.6 millones de pesos para cubrir dicho costo (intereses, comisiones y gastos de la deuda), así como los apoyos financieros a los ahorradores y deudores de la banca, cantidad menor en 19 mil 24.7 millones de pesos respecto del monto originalmente previsto a ejercerse para ese año (207 mil 085.3 millones de pesos).

Para atender el pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria, se destinaron 148 mil 210.4 millones de pesos, cifra 11.7 por ciento inferior a lo previsto en el programa anual.

Por lo que hace a los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, se erogaron 39 mil 850.2 millones de pesos, de los cuales 24 mil 270 millones se destinaron al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del IPAB, y 15 mil 580.2 millones de pesos a los programas de Apoyo a Deudores, este último, superior en 672.3 millones de pesos a los recursos autorizados para el año, lo que se explica principalmente por la ampliación de los pagos destinados a cubrir los compromisos del Programa de Apoyo a Deudores de Créditos Hipotecarios.

Por todo lo anteriormente expuesto la H. Cámara de Diputados emite el siguiente D E C R E T O al amparo de los siguientes considerandos:

PRIMERO.- El Poder Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2001.

SEGUNDO.- La Auditoria Superior de la Federación, en uso de las facultades que le otorga la Ley, revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal e informó de sus resultados a la Cámara de Diputados, con base en lo cual se concluye que:

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue presentada, en lo general, de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental salvo lo previsto en el Capítulo II del presente documento.

La gestión Gubernamental de manera general respetó el marco normativo y legal aplicable, salvo lo dispuesto en el Capítulo III del presente documento.

Los resultados económicos tuvieron desviaciones respecto a las metas proyectadas, tal y como se explica en el Capítulo V del presente documento.

D E C R E T O

ARTÍCULO 1.- La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2001 fue recibida en tiempo y forma el 10 de junio del 2002 por la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 fracción IV séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 2.- En uso de las facultades previstas en el primer párrafo de la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados procedió a revisar la Cuenta Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2001.

ARTÍCULO 3.- En los términos del párrafo quinto de la fracción IV del artículo 74 Constitucional, la Cámara de Diputados ha conocido los resultados de la gestión financiera y ha comprobado que dichos resultados no se ajustan a los criterios señalados por el presupuesto ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas que expresamente fueron observados en los capítulos II, III y V.

ARTÍCULO 4.- La Cámara de Diputados en ejercicio de la facultad exclusiva que le otorga la fracción IV del Artículo 74 Constitucional, instruye a la Auditoría Superior de la Federación que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso de sus atribuciones legales, continúe con los procesos de solventación pendientes y finque las responsabilidades procedentes.

Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Presidente; Alejandro González Yáñez, secretario; Minerva Hernández Ramos (rúbrica), secretaria; Guillermo Huízar Carranza (rúbrica), secretario; Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretario; Arturo Osornio Sánchez, secretario; José Guadalupe Osuna Millán, secretario; Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica en contra), secretaria; Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica en abstención), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica en contra), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Gustavo Madero Muñoz (rúbrica en contra), Raúl Mejía González (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica en contra), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica en contra), Oscar Pimentel González (rúbrica), Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica en contra), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Francisco Suárez Dávila (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica en contra), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica).

Es de primera lectura.

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LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se le dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.--- Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

22 de febrero de 2005.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado José Juan Bárcenas González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como Iniciativa que reforma diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003; y adiciona los artículos 124 Bis, 124 Bis 1 y 124 Bis 2 a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable Asamblea el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1.- En fecha 21 de octubre de 2004, el Diputado José Juan Bárcenas González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

2.- En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

3.- En fecha 3 de febrero de 2005, el Diputado el Diputado José Juan Bárcenas González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003; y adiciona los artículos 124 Bis, 124 Bis 1 y 124 Bis 2 a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

4.- En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

5.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social procedieron al análisis de la Iniciativa, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de estas Dictaminadoras estiman procedente puntualizar las iniciativas presentadas por el Diputado José Juan Bárcenas González, que a la letra señalan:

``Exposición de MotivosUno de los problemas que ha tenido mayor impacto negativo en nuestro país durante las últimas décadas es, sin lugar a dudas, la carencia y mala distribución de recursos financieros que den sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo en nuestro país. La oferta de servicios de captación y ahorro está concentrada en los grandes centros urbanos, y dentro de ellos en las zonas donde habitan las personas con mayor nivel de ingreso o en los sitios de gran actividad comercial, industrial y de negocios. También encontramos este desequilibrio en el campo mexicano, ya que las grandes empresas bancarias suelen atender prioritariamente los centros de producción, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agropecuarios.

Existe entonces una problemática asociada al desequilibrio territorial de la oferta de servicios bancarios de ahorro y préstamo. Pero también se encuentran barreras, por ejemplo, a nivel de los montos, tasas de interés y garantías que hacen poco atractiva, o de imposible acceso, la oferta de servicios bancarios a una gran parte de la población.

Frente a la concentración territorial de la oferta de servicios de ahorro y préstamo se encuentra el fenómeno de la dispersión demográfica en miles de pequeñas comunidades, muchas de ellas aisladas o mal comunicadas en nuestra accidentada geografía nacional. Además debemos considerar las resistencias culturales de las pequeñas comunidades, especialmente las indígenas, cuyos usos y costumbres no son compatibles con el concepto de economía de mercado globalizada de la gran banca comercial.

No obstante, los pobladores de las pequeñas comunidades rurales y urbanas, así como de los pueblos y las ciudades de mediano tamaño desarrollaron un sistema institucional de ahorro y préstamo de carácter popular. Estas instituciones de la llamada banca social, con base en la confianza y el conocimiento mutuo entre las personas, dieron sustentabilidad financiera y, por tanto, sostenibilidad durante las últimas décadas, a una parte considerable de la actividad económica en nuestro país. Y eso ocurría mientras el sector globalizado de la economía sufría descalabros sexenales o entraba en crisis cada vez que el sistema financiero internacional colapsaba.

No es exagerado considerar que el sector de ahorro y crédito popular tiene un valor estratégico muy importante para sustentar sobre bases firmes el crecimiento de nuestra economía. Su debilitamiento dejaría sin mecanismos duraderos y estables de financiamiento las actividades productivas a un vasto sector de la población mexicana, que suele acudir a las cajas de ahorro y a las cooperativas de ahorro y préstamos populares, con la finalidad de colocar sus recursos financieros y obtener así lo que necesita con el propósito de financiar sus necesidades de consumo.

Hay además un fuerte sentimiento de deuda social con las instituciones, grupos y personas del sector de ahorro y préstamo, que durante décadas de trabajo arduo tuvieron la capacidad de ofrecer estos servicios bancarios básicos a la gran mayoría de la población, que la banca comercial globalizada no atendía por considerarla de riesgo, o simplemente porque la rentabilidad de su inversión era mucho mayor financiando las grandes empresas que operaban a una escala mayor.

En suma, el carácter estratégico del sector de ahorro y crédito popular ofrece un eficiente blindaje financiero a una parte muy importante de la actividad económica nacional, cuando las crisis cíclicas y coyunturales de la economía globalizada llevan a la quiebra al sector productivo orientado hacia el mercado externo, y con él a la banca comercial que financia sus necesidades de crédito. No debemos olvidar que su rescate por parte del gobierno federal constituye una derrama enorme de recursos públicos, que dejan de invertirse, por ejemplo, en desarrollo humano, con un alto costo social para los amplios sectores de la población en pobreza extrema.

Es una potestad del gobierno nacional establecer una regulación específica y un sistema de supervisión de todas las instituciones del sector financiero en nuestro país. Sin embargo, toda buena actividad regulatoria gubernamental debe incorporar en su diseño a los actores políticos, económicos y sociales que participan en la actividad por regular, de forma que la acción del gobierno en esa materia tenga el éxito deseado.

En caso de no atenderse esta regla básica del diseño de políticas públicas, los costos de implementación de la actividad regulatoria gubernamental se elevan al punto de hacer imposible su correcta vigilancia y aplicación, con lo que el efecto regulador queda neutralizado. Pero si el gobierno incorpora a los actores como diseñadores activos de una legislación, gana que las asimetrías de información se reduzcan, y, con ellas, los costos de transacción de implementar la regulación también caen.

El día 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos fundamentales los siguientes:

a) Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales se habían evidenciado con las experiencias de fraudes que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencias de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

b) Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, la supervisión auxiliar a través de las federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos.

c) Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social.

d) Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población, mediante el crecimiento ordenado, viabilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular.

La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera, adoptaron como guía de conducta valores universales como la transparencia, honestidad y responsabilidad social.

El día 27 de enero del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las principales reformas de este decreto fueron las siguientes:

1° La incorporación de un régimen de excepción para ``las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos'', bajo ciertas condiciones de tamaño y circunstancia.

2° La ampliación del plazo para que las sociedades sujetas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenten su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo límite se ha fijado para el 4 de junio del 2005.

Consciente de que la legislación aplicable siempre será susceptible de mejora y adecuación, 18 organizaciones que representan a más del 90% del sector financiero popular, apoyaron al desarrollo de este proceso de propuestas alternativas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Las 18 organizaciones que participaron en este proceso y que representan a más de 3,000,000 de socios en más de 500 Entidades a nivel nacional y cuyo activo total supera los 17 mil millones de pesos, son las siguientes:

1. Consejo Mexicano de Ahorro y Préstamo (Comacrep)

2. Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana.

3. Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias.

4. Federación Mexicana de Ahorro y Crédito (Fmeac)

5. Federación Integradora Nacional de Entidades (FINE)

6. Federación Unisap de Occidente (Ahora Federación Nacional de Cooperativas Financieras Unisap)

7. Federación de Cajas Populares Alianza

8. Federación Sistema Coopera

9. Federación Centro-Sur

10. Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste

11. Red de Finanzas Sociales.

12. Amacrep

13. Amuccs-Fedrural

14. Federación Atlántico-Pacífico.

15. Federación de Cooperativas de Occidente.

16. Federación Alianza Mexicana de Cooperativas.

17. Federación Victoria Popular

18. Fortaleza Social

Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de oposición sistemática a la ley. Igualmente, se evitó ampliar el régimen de excepción determinado en el artículo 4 bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la formalización de entidades y organismos de integración.

Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es sin, duda alguna, crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y federaciones su tránsito a la formalidad plena; manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

Esta propuesta puede explicarse de la siguiente manera:

I.- Régimen de Autorización Especial:

Mediante la creación de un artículo transitorio se define un mecanismo especial para la autorización de entidades que no cumplan íntegramente con los requisitos legales y regulatorios aplicables, mediante la certificación de su viabilidad financiera, el compromiso de la sociedad de mejorar ostensiblemente su problemática (en particular la de carácter estructural) y la sujeción a un régimen especial que será verificado estrictamente por una federación, quien se hará también responsable de que el plan general de operaciones correspondiente derive en resultados positivos.

El proceso propuesto posibilita que, de manera ordenada y observando los requisitos legales, se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional extienda autorizaciones a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura. De manera específica, el mecanismo legal propuesto tiene las siguientes particularidades:

a) Enfatiza que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras. En este sentido, las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse, según sea el caso.

b) Evita que se amplíe nuevamente el período de transición para la autorización de entidades, cuyo límite es el 4 de junio del 2005. A su vez, esto deriva en señales claras de seriedad, responsabilidad y credibilidad de todos los actores involucrados en este proceso: autoridades bancarias, instituciones promotoras del sector, legisladores, organismos internacionales, así como de los propios dirigentes del sector;

c) Evita la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 bis, delimitándolo a las condiciones establecidas en la ley a partir de las reformas publicadas el 27 de enero del 2003.

d) Evita cualquier posibilidad de competencias desleales y la tentación de escisiones artificiales, para preservar intereses innobles en los regímenes de excepción que ya considera la Ley.

e) Se evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley;

f) Fortalece el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva, sin menoscabo de la aplicación de penas convencionales y medidas correctivas que en la propia ley se contemplan. En este sentido, se involucra a las federaciones en el cumplimiento de compromisos plasmados en el programa general de operaciones.

g) Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorará sus condiciones financieras y organizacionales, no sólo a través de buenos propósitos sino mediante la aportación económica especial al fondo de protección.

h) Se establecen reglas precisas para que, sin menoscabo del propósito superior que inspira esta modificación, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan.

i) Se indican obligaciones mínimas de información a las que se sujetarán las entidades y sus federaciones al obtener las autorizaciones bajo este régimen especial.

II.- Incorporación de Nuevas Operaciones:

La incorporación de nuevas operaciones que puedan realizar las entidades responde a la necesidad de ampliar sus ventajas competitivas, a través de la diversificación de servicios y productos. En este sentido, se destacan las adiciones al artículo 36, siguientes:

a) Se incluye de manera expresa la posibilidad de suscribir contratos de arrendamiento sobre bienes muebles, toda vez que en la legislación vigente únicamente se contempla el arrendamiento financiero.

b) Se precisa la facultad de las Entidades para invertir en títulos representativos del capital social de las Federaciones a las que se encuentren afiliadas, de conformidad con el artículo 53 fracción l de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como en títulos representativos del capital social de Organismos de Integración Financiera que el propio sector constituya en el futuro, ya que de conformidad con su Ley Orgánica (artículo 9) se indica esta posibilidad.

c) Se propone facultar a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular para que ofrezcan y distribuyan los productos y servicios que actualmente otras Entidades Financieras ofrecen al sector del Ahorro y Crédito Popular.

d) Se prevé expresamente la participación de las Entidades en la operación de remesas, así como en la distribución y pago de servicios, productos y programas gubernamentales. Con ello, se permitirá ampliar la red de distribución hasta los sectores marginados de la población y las Entidades podrán conseguir un número mayor de clientes y/o socios.

III.- Modificaciones formales y complementarias:

Las modificaciones de forma procuran hacer compatible la LACP con la Ley General de Sociedades Cooperativas. Aparte se precisan, mejoran e incorporan diversos preceptos legales. Por su relevancia, sólo referiremos los siguientes:

a) La derogación de la fracción II del artículo 10, la cual señala los requisitos para que una sociedad opere como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, consistente en las recomendaciones de dos Entidades. Este requisito no es indispensable para determinar la viabilidad de una sociedad. Además, en este mismo artículo se propone que, para el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, no se presente la relación de socios fundadores.

b) La modificación de la fracción VIII del artículo 21, tiene por objeto establecer que la prohibición para ser consejero es para aquellas personas que desempeñan cargos públicos de alto nivel o de elección popular o dirigencia partidista, de tal manera que se permita la participación de servidores públicos en los órganos de dirección de las entidades, tal como el caso de los maestros que trabajan para el Estado.

c) En cuanto a la constitución del fideicomiso de administración y garantía, previsto en el artículo 107, es importante aclarar los inconvenientes de denominar al Fondo de Protección como fideicomiso de ``garantía'', pues la Ley de Ahorro y Crédito Popular no establece un procedimiento convencional de ejecución, y aplica supletoriamente la legislación mercantil, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 8 de la misma Ley, lo que puede redundar en un proceso lento e ineficiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Sección Segunda, ``Del Fideicomiso de Garantía''.

d) En lo referente al artículo 122, se propone eliminar de su primer párrafo la inscripción referente a que ``no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones'', pues no existen criterios claros para evaluar esta condición y se podría llegar a juicios de valor subjetivos por parte de la CNBV.

e) Con el propósito de homologar el plazo para que los organismos de integración cumplan con los requisitos legales, considerando el régimen de transición de cuatro años que prevé la Ley, la propuesta es ampliar dicho plazo a cuatro años, modificando el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado el día 27 de enero de 2003.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente

Proyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman las fracciones I, III y el párrafo quinto del artículo 1; las fracciones IV y VII del artículo 10; la fracción I del artículo 17; la fracción I del artículo 20; la fracción VIII del artículo 21; cuarto párrafo del artículo 31; fracciones IV y V del artículo 35; fracciones VI y XXIX del artículo 36; el artículo 45; el inciso g y h) del artículo 67; el artículo 107; el primer párrafo del artículo 122; primer y segundo párrafo del artículo sexto transitorio y el artículo séptimo transitorio, ambos del decreto del 27 de enero del 2003. Asimismo, se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 36; el inciso i) del artículo 67; el cuarto párrafo del artículo 116; un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 130. Y se deroga la fracción II del artículo 10, todos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto:

I.- Regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito por parte de las entidades de ahorro y crédito popular; así como los servicios de supervisión auxiliar y manejo del fondo de protección que prestarán las Federaciones y Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen;

II.- ........

III.- Establecer los mecanismos de funcionamiento del fondo de protección que garanticen los depósitos de los ahorradores de dichas entidades, y

IV.- ..........

Esta Ley es de interés social, orden público y observancia general en todo el territorio nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la presente Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a los sujetos de la misma.

Artículo 10.- La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente:

I.- ........

II.- Derogada

III.- ..........

IV. La relación de probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley. Tratándose de sociedades que presenten solicitud de autorización para sujetarse al régimen de Sociedades Financieras Populares, deberán acompañar la relación de socios fundadores y el monto de su aportación;

V - VI.- .......

VII.- La Comisión, a propuesta de los Organismos de Integración, podrá acreditar la solvencia moral y económica de los principales funcionarios de conformidad con el Nivel de Operaciones que se proponga y las reglas de carácter general que emita, considerando las características socioeconómicas donde opere la Entidad.

VIII - X.- ....

....... ....... .......

Artículo 17.- .......

I.- Aumento o disminución del valor de las acciones, tratándose de Sociedades Financiera Populares;

II - IV.- .....

......... ......... .........

Artículo 20.- Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes:

I.- Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa, considerando la opinión de la Federación a la que esté afiliada o con la que haya celebrado el contrato de supervisión auxiliar.

II - III.- ......

Artículo 21.- En ningún caso podrán ser consejeros de Entidades:

I - VII.- .......

VIII.- Cualquier persona que desempeñe un cargo público de mandos medios y superiores o de elección popular o dirigencia partidista, y aquellas personas que dependan jerárquicamente de las anteriormente mencionadas con cargos públicos dentro de los tres niveles de las dependencias y sus equivalentes.

........ ........

Artículo 31.- ........

........ ........

Tratándose de consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, la Comisión tendrá la facultad de veto, si aquellos no satisfacen los requisitos previstos en esta Ley.

Artículo 35.- ....

.............

I - III.- ......

IV.- Los funcionarios o empleados de la Entidad, así como las personas distintas a éstos que con su firma puedan obligar a la Entidad, salvo las operaciones a que hace referencia el artículo 36, fracción XVIII, de esta Ley;

V.- Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como los consejeros, funcionarios y comisarios de la misma, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, en las que la Entidad posea directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y

VI.- .......

....... ....... ....... .........

Artículo 36.- ......

I - V.- ......

VI.- Celebrar contratos de arrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para la consecución de su objeto;

VII - XXVIII.- .......

XXIX. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros,

XXX.- .........

XXXI. Realizar inversiones en el capital social de la Federación a la que se encuentren afiliadas, en títulos representativos del capital social de la Banca Comercial y de la Banca de Desarrollo, incluido el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N .C., así como en el capital social de instituciones de segundo nivel especializadas en la Integración Financiera del sector.

XXXII. Previa autorización de la Comisión, realizar inversiones en acciones de entidades, organizaciones o instituciones financieras que ofrezcan servicios y productos financieros necesarios principalmente para el desarrollo integral del sector de ahorro y crédito popular, conforme a la normatividad vigente y con base en las reglas de carácter general al efecto emita la Comisión, cuidando en todo momento que la participación de las Entidades en otras organizaciones financieras no genere o fomente competencia desleal que pueda afectar el desarrollo ordenado y coordinado del Sector.

Ninguna Entidad podrá tener más del 50% del total de las acciones con derecho a voto de las entidades o instituciones financieras a que hace referencia esta fracción. En ningún caso, las Entidades podrán invertir en el capital social de otras Entidades;

XXXIII. Ofrecer y distribuir, entre sus Socios o Clientes, los productos y servicios propios de las entidades o instituciones financieras a que hacen referencia la fracción anterior y las fracciones II y IV del artículo 52 de esta Ley.

XXXIV. Distribuir y pagar remesas de dinero en moneda nacional, a través de la modalidad de pago en ventanilla o depósito en cuenta, sin perjuicio de lo señalado en la fracción VIII de este artículo y conforme a la normatividad aplicable.

XXXV. Llevar a cabo la distribución y pago de productos, servicios y programas gubernamentales, conforme a la normatividad aplicable.

...... ...... ...... ......

Artículo 45.- Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular hasta por un monto equivalente al tres por ciento del capital social de dicha Sociedad. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar. La Comisión, mediante reglas de carácter, emitirá los requisitos que deberán reunir las personas morales a que se refiere el presente artículo.

Artículo 67.- ........

........ ........ ........ ........

a) - f) .........

g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna Entidad,

h) No estar desempeñando un cargo público de elección popular o dirigencia partidista así como aquellas personas que dependan jerárquicamente de las anteriormente mencionadas dentro de mencionadas con cargos públicos dentro de los tres niveles de las dependencias y sus equivalentes, así como del organigrama partidista.

i) Contar con una certificación expedida por una institución especializada reconocida por la Comisión.

......... .........

Artículo 107.- Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y pago, en cuyo contrato deberá señalarse como Fideicomitente a la Confederación de que se trate, como Fideicomitentes por adhesión las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Artículo 116.- .........

.....

.....

La Comisión emitirá una regulación prudencial adaptada a las particularidades de la intermediación financiera del sector rural.

Artículo 122.- La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del Comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta Ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar a las Federaciones y Confederaciones, cuando considere que tales personas no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

.........

.........

.......

.........

Artículo 130.- ......

I - XV.- .........

Igual sanción se le impondrá a las Entidades que no cumplan con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 105.

XVI.- ......

Sexto Transitorio del Decreto del 27 de enero del 2003.- ........

..........

En el caso de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, a que se refieren los artículos Segundo y Tercero Transitorios de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que tengan la intención de sujetarse a la misma y que, por lo tanto, se hayan registrado ante la Comisión en el tiempo y forma que establece el citado artículo Segundo Transitorio, podrán llevar a cabo de manera temporal: i) la distribución y pago de remesas de dinero; ii) la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos gubernamentales, iii) la recepción de créditos de fideicomisos públicos, en caso de estar en trámite su autorización podrán llevar a cabo, de manera temporal iv) el otorgamiento de créditos y la prestación de otros servicios relacionados con programas gubernamentales a terceros no socios, y vii) recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. Lo previsto en los incisos i) y ii) anteriores, bajo las modalidades de abono en cuenta y pago en ventanilla a favor de un socio o de terceros, siempre que, en este último caso, se permita a los terceros de que se trate su participación como socios en el plazo que establezcan sus estatutos sociales, sin que el mismo pueda exceder de 12 meses. Este último supuesto será aplicable también a lo dispuesto en los incisos iv y v.

Tratándose de las Uniones de Crédito a que se refieren los artículos Segundo y Tercero Transitorios de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que tengan la intención de sujetarse a la misma y que, por lo tanto, se hayan registrado ante la Comisión en el tiempo y forma que establece el citado artículo Segundo Transitorio, podrán llevar a cabo de manera temporal: i) la distribución y pago de remesas de dinero; ii) la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos gubernamentales, iii) la recepción de créditos de fideicomisos públicos, en caso de estar en tramité su autorización podrán llevar a cabo, de manera temporal iv) el otorgamiento de créditos y la prestación de otros servicios relacionados con programas gubernamentales a terceros no socios y v) recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. Lo previsto en los incisos I) y II) anteriores, bajo las modalidades de abono en cuenta y pago en ventanilla a favor de un socio o de terceros, siempre que, en este último caso, se permita a los terceros de que se trate su participación como socios en el plazo que establezcan sus estatutos sociales, sin que el mismo pueda exceder de 12 meses. Este último supuesto será aplicable también a lo dispuesto en los incisos iv y v.

......... ........

Séptimo Transitorio del Decreto del 27 de enero del 2003.- El plazo a que se refiere el artículo Quinto Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular para que sean autorizados los Organismos de Integración será de cuatro años.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La Comisión, a propuesta de la Federación, podrá otorgar la autorización para operar bajo un régimen de excepción, a aquéllas Sociedades que se encuentren operando, y que al momento de su solicitud, no cumplan integramente con la normatividad aplicable, pero que a juicio de la Federación en la cual se encuentren afiliados, tengan viabilidad financiera y organizacional.

Para demostrar lo anterior, la Comisión, a propuesta de los Organismos de integración, emitirá las reglas para operar este régimen, que considerarán al menos los siguientes puntos:

Las Entidades deberán presentar un programa general de operación que incluya por lo menos lo siguiente:

a) Constancia de afiliación o de que se haya celebrado un contrato de supervisión auxiliar con Federación autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

b) Un proyecto calendarizado de acciones para cumplir totalmente, en un periodo determinado, con la ley y su regulación secundaria y prudencial, basado en el dictamen que realice el Comité de Supervisión de la Federación, que considerará de manera preponderante la situación financiera, contable, administrativa, financiera y jurídica de la Entidad;

c) Sujetarse al programa de supervisión que determine el Comité de Supervisión de la Federación a la cual se encuentre afiliada o haya celebrado un contrato de supervisión auxiliar, informando a la Comisión de forma mensual el avance que presenta en su programa de cumplimiento;

La Entidad autorizada bajo el régimen de excepción deberá cumplir además, al menos con lo siguiente:

a) Llevar su contabilidad sujetándose a los lineamientos que para tales efectos se establezcan en el contrato de afiliación con la Federación a la cual esté afiliado.

b) Sujetarse a la supervisión auxiliar de la Federación a la cual se encuentre afiliada, proporcionando la información contable, financiera, administrativa y legal que el Comité de Supervisión de la misma le requiera y cumplir con las recomendaciones que realice dicho Comité.

La Federación deberá establecer en el fondo de protección, en calidad de fideicomitente solidario, una cantidad en garantía de cuando menos, el equivalente al 1% sobre el monto de los pasivos que sean objeto de protección de la Entidad propuesta para autorización bajo el régimen de excepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 de esta Ley.

En caso de incumplimiento al programa de operación establecido por la Sociedad y la Federación, la Comisión, a solicitud y propuesta de la federación, podrá determinar la revocación de la autorización de la entidad.

SEGUNDO.- De acuerdo al régimen de excepción al que se refiere el artículo anterior y para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades cuya actividad preponderante sea la de ahorro y crédito popular, para afiliarse a dicha Federación.

TERCERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Exposición de MotivosEl pasado 21 de octubre del 2004, presenté ante esta tribuna una iniciativa de reformas a la LACP, respondiendo a una solicitud de 18 organizaciones que representan al 90% del sector financiero popular de nuestro país, dicha iniciativa se encuentra en proceso de dictamen en las Comisiones de Hacienda y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Sin embargo, el pasado 14 de diciembre del año próximo pasado, fue aprobada en esta H. Cámara de Diputados una iniciativa para reformar igualmente la Ley del Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, misma que previamente había sido aprobada en la H. Cámara de Senadores y que ya fue turnada al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

Cabe destacar la evidente simetría entre las conclusiones que tiene la iniciativa presentada el 21 de octubre a propuesta de las 18 organizaciones de referencia y la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros aprobada el pasado 14 de diciembre, lo que trae como consecuencia que la iniciativa presentada el 21 de octubre haya dejado de tener la vigencia que en esas fechas tenía.

Por lo anterior y en coordinación y acuerdo con las 18 organizaciones del sector del ahorro y crédito popular, se ha encontrado la necesidad de presentar esta nueva iniciativa, misma que pretende contribuir a resolver diferentes aspectos que han quedado pendientes de atender, destacando entre ellos la ampliación de los plazos para que las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como los Organismos de Integración de este sector puedan obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se incorporen formalmente al Sistema Financiero Mexicano.

Deseo destacar algunos de los fundamentos expuestos en la exposición de motivos de la iniciativa que presente el 21 de octubre, así como incorporar nuevos argumentos que en conjunto justifican plenamente la necesidad de la presente iniciativa de reforma a la Ley del Ahorro y Crédito Popular.

Es una potestad del estado mexicano establecer una regulación específica y un sistema de supervisión de todas las instituciones del sector financiero en nuestro país. Sin embargo, toda buena actividad regulatoria gubernamental debe incorporar en su diseño a los actores políticos, económicos y sociales que participan en la actividad por regular, de forma que la acción del gobierno en esa materia tenga el éxito deseado.

En caso de no atenderse esta regla básica del diseño de políticas públicas, los costos de implementación de la actividad regulatoria gubernamental se elevan al punto de hacer imposible su correcta vigilancia y aplicación, con lo que el efecto regulador queda neutralizado. Pero si el Poder Legislativo y el Ejecutivo incorporan a los actores como diseñadores activos de una legislación, gana que las asimetrías de información se reduzcan, y, con ellas, los costos de transacción de implementar la regulación también se reducen.

El día 4 de junio del año 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósitos fundamentales los siguientes:

a) Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales se habían evidenciado con las experiencias de fraudes que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencias de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

b) Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, la supervisión auxiliar a través de las federaciones y el establecimiento del fondo de protección de los ahorros y depósitos.

c) Profesionalizar las finanzas populares, mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social.

d) Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población, mediante el crecimiento ordenado, viabilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular.

La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron a procesos de saneamiento y estabilización financiera, fortalecimiento de esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera, adoptaron como guía de conducta valores universales como la transparencia, honestidad y responsabilidad social.

El día 27 de enero del 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Las principales reformas de este decreto fueron las siguientes:

1º. La incorporación de un régimen de excepción para ``las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos'', bajo ciertas condiciones de tamaño y circunstancia.

2º. La ampliación del plazo para que las sociedades sujetas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular presenten su solicitud de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo límite se ha fijado para el 4 de junio del 2005.

Consciente de que la legislación aplicable siempre será susceptible de mejora y adecuación y contando con el apoyo de 18 organizaciones que representan a más del 90% del sector financiero popular, se ha venido apoyando el desarrollo de un proceso de análisis, discusión y emisión de propuestas alternativas para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Las 18 organizaciones que participaron en este proceso y que representan a más de 3,000,000 de socios en más de 500 Entidades a nivel nacional y cuyo activo total supera los 17 mil millones de pesos, son las siguientes:

1. CONSEJO MEXICANO DE AHORRO Y PRÉSTAMO (COMACREP)

2. CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.

3. CONSEJO COORDINADOR NACIONAL DE CAJAS SOLIDARIAS.

4. FEDERACIÓN MEXICANA DE AHORRO Y CRÉDITO (FMEAC)

5. FEDERACIÓN INTEGRADORA NACIONAL DE ENTIDADES (FINE)

6. FEDERACIÓN UNISAP DE OCCIDENTE (AHORA FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS FINANCIERAS UNISAP)

7. FEDERACIÓN DE CAJAS POPULARES ALIANZA

8. FEDERACIÓN SISTEMA COOPERA

9. FEDERACIÓN CENTRO-SUR

10. FEDERACIÓN REGIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO NORESTE

11. RED DE FINANZAS SOCIALES.

12. AMACREP

13. AMUCCS - FEDRURAL

14. FEDERACIÓN ATLÁNTICO - PACÍFICO.

15. FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE OCCIDENTE.

16. FEDERACIÓN ALIANZA MEXICANA DE COOPERATIVAS.

17. FEDERACIÓN VICTORIA POPULAR

18. FORTALEZA SOCIAL

Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de oposición sistemática a la ley. Igualmente, se evitó ampliar el régimen de excepción determinado en el artículo 4 bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la formalización de entidades y organismos de integración.

Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es, sin duda alguna, crear las condiciones necesarias que faciliten a las Entidades y Federaciones su tránsito a la formalidad plena; manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

La parte sustancial de esta iniciativa puede explicarse de la siguiente manera:

I.- Ampliación de plazos para Entidades y Organismos de Integración:

Mediante la creación y la modificación de algunos artículos transitorios, se define la ampliación de los plazos para la legales y regulatorios aplicables, mediante el cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen entre otros aspectos la certificación de su viabilidad financiera, el compromiso de la sociedad de mejorar ostensiblemente su problemática (en particular la de carácter estructural) y la sujeción a un régimen especial que será autorización de Entidades que hasta el 4 de junio del 2005 no cumplan íntegramente con los requisitos verificado estrictamente por una federación, quien se hará también responsable de que el plan general de operaciones correspondiente derive en resultados positivos.

El proceso propuesto posibilita que, de manera ordenada y observando los requisitos legales, se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional Bancaria extienda autorizaciones a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura. De manera específica, el mecanismo legal propuesto tiene las siguientes particularidades:

a) Enfatiza que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras. En este sentido, las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse, según sea el caso.

b) Permite que se amplíe de manera general el período de transición para la autorización de entidades por un período de seis meses, cuyo límite actual es al 4 de junio del 2005. A su vez, esto deriva en señales claras de seriedad, responsabilidad y credibilidad de todos los actores involucrados en este proceso: instituciones promotoras del sector, legisladores, y organismos internacionales, así como de los propios dirigentes del sector;

c) Evita la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 bis, delimitándolo a las condiciones establecidas en la ley a partir de las reformas publicadas el 27 de enero del 2003.

d) Evita cualquier posibilidad de competencias desleales y la tentación de escisiones artificiales, para preservar intereses innobles en los regímenes de excepción que ya considera la Ley.

e) Se evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley;

f) Fortalece el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva, sin menoscabo de la aplicación de penas convencionales y medidas correctivas que en la propia ley se contemplan. En este sentido, se involucra a las federaciones en el cumplimiento de compromisos plasmados en el programa general de operaciones.

g) Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la Entidad mejorará sus condiciones financieras y organizacionales, no sólo a través de buenos propósitos sino mediante el cumplimiento estricto de contratos con Federaciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que entre otros aspectos incluyan, asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación.

h) Se establecen reglas precisas para que, sin menoscabo del propósito superior que inspira esta modificación, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan.

i) En general, se otorgan nuevos plazos para obtener su autorización a aquellas Entidades y Federaciones que han demostrado un serio interés para cumplir con los requisitos de la Ley y de su Reglamentación Secundaria y Prudencial.

II.- Modificaciones Formales y Complementarias:

Mediante la modificación del artículo 4 BIS, se pretende resolver un problema de fondo para la creación de sociedades cooperativas que reúnan los requisitos del artículo 4 de la LACP.

Así mismo, se pretende modificar el artículo 53 con el propósito de facilitar la conformación de las Federaciones en términos de la Ley, disminuyendo el número de Entidades que deberán de estar integradas a cada Federación y dando un plazo mas amplio para lograrlo.

Por otra parte y con la modificación al artículo 81 se busca facilitar a las Federaciones la publicación del listado diferenciado entre sus Entidades afiliadas de aquellas a las que proporciona servicios de supervisión auxiliar, con la finalidad de que la sociedad mexicana y las autoridades correspondientes estén enteradas de esta información, pero que esta publicación sólo se haga en un periódico de amplia circulación y una vez cada seis meses.

Con la incorporación de los artículos 124 BIS, 124 BIS 1 y 124 BIS 2, se pretende facilitar todos los trámites de tipo administrativo que tengan que llevar a cabo las Entidades y /o las Federaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 bis; primero y cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53; segundo párrafo del artículo 81; segundo transitorio; tercero transitorio; quinto transitorio; primero y segundo párrafo del sexto transitorio, noveno transitorio, décimo transitorio y décimo primero transitorio, del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2003; y se adicionan los artículos 124 bis; 124 bis 1; 124 bis 2; todos ellos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. No se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular, en los términos del artículo 4 de esta Ley, las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que cumplan con los siguientes requisitos:

I. a VIII.

...

Artículo 53.- ...

I. Para Federaciones, tener cuando menos la solicitud de ocho sociedades, asociaciones o Entidades que deseen afiliarse. Para constituir una Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos cinco Federaciones.

...

...

En cualquier caso, al término de dos años contados a partir de la fecha en que sean autorizadas, las Federaciones y las Confederaciones deberán tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones.

...

II. a VII. ...

...

Artículo 81.- ...

La Federación publicará semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos un periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, un listado en el que se exprese de manera diferenciada, a las Entidades afiliadas, a aquéllas respecto de las cuales ejerza funciones de supervisión auxiliar sin que le estén afiliadas, así como aquellas sociedades, asociaciones o grupos de personas físicas que se hayan registrado ante la Federación en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 4 Bis de esta Ley.

Artículo 124 Bis.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario o bien que la solicitud correspondiente se acompañe de dictamen u opinión favorable de una Federación siempre que así se requiera en esta Ley o en las disposiciones que de ésta emanen. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 124 Bis 1.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 124 Bis 2.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 124 Bis y 124 Bis 1 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo Primero Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta 31 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO TERCERO.- El plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo Primero Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO QUINTO.- El plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo Tercero Transitorio del Decreto de 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO SEXTO.- Los grupos de personas a que se refiere el artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito deberán sujetarse a lo establecido por el artículo 4 bis de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2005.

Concluido el plazo anterior, las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas, así como los grupos de personas físicas que no se sujeten a lo establecido por el artículo 4 Bis de esta Ley, deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

... ... ...

ARTÍCULO NOVENO.- El plazo a que se refiere el artículo Octavo Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo Noveno Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005. En éste último caso, el destino de los recursos que integren los Fondos de Protección respectivos, se determinará observando lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El plazo a que se refiere el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

TRANSITORIOS DEL PRESENTE DECRETOARTÍCULO PRIMERO.- Salvo por lo previsto en el segundo párrafo de este artículo, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El artículo Quinto Transitorio del presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2006.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las sociedades o asociaciones constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que capten recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos, y que hayan solicitado la autorización de la Comisión para operar como Entidades antes del 31 de diciembre de 2005, podrán seguir captando recursos hasta en tanto reciban una respuesta de la Comisión a su solicitud de autorización.

Lo anterior no será aplicable a aquellas sociedades que presenten su solicitud de autorización acompañada de un dictamen desfavorable de alguna Federación.

ARTÍCULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades o asociaciones constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que tengan por objeto la captación de recursos entre sus socios o asociados para su colocación entre éstos, así como las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, las sociedades de ahorro y préstamo y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas con secciones de ahorro y préstamo, deberán obtener a más tardar el 31 de diciembre de 2005 la autorización de la Comisión para operar como Entidades. En caso contrario, a partir de la citada fecha deberán abstenerse de realizar actividades que impliquen la captación de recursos, salvo que a más tardar el 31 de diciembre de 2005, cumplan con los requisitos siguientes:

I. La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las obligaciones que se originen de los programas a que se refiere la fracción III de este artículo.

De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su consentimiento para que la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de conformidad con lo establecido en la fracción IV de este artículo, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y clasificación.

Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores;

II. Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión, o en su defecto, celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la Federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la Federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo.

Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo;

III. Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior. Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida Federación con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

Los programas a que hace referencia el párrafo anterior deberán considerar, en su caso, los Trabajos de Consolidación definidos en el artículo 2, fracción XI, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;

IV. Haber sido clasificadas por la Federación a que se refiere la fracción II anterior con la opinión del consultor correspondiente, en las categorías a que se refieren los incisos a) a c) de esta fracción. Para efectos de lo anterior, las Federaciones con la opinión del consultor, deberán evaluar a las sociedades o asociaciones correspondientes, con base en la metodología y criterios que formulen de manera conjunta con los consultores y que se den a conocer por conducto del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

La metodología y criterios, conforme a los cuales la Federación evaluará a las sociedades o asociaciones, deberán prever como mínimo que la clasificación de las sociedades o asociaciones se efectúe considerando principalmente su estabilidad financiera, así como otros aspectos relacionados con su organización y funcionamiento tales como, control interno, gobierno corporativo, contabilidad y otras características.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Federación con la opinión de los consultores, clasificará a las sociedades o asociaciones en alguna de las categorías siguientes:

a) Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades en términos de esta Ley;

b) Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de estabilización financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para estar en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades;

c) Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un proceso de reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión con otra sociedad, su escisión o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y que además puedan necesitar apoyos financieros, a fin de estar en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la Comisión para constituirse y operar como Entidades, o

d) Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para constituirse y operar como Entidades.

No se considerará dentro de los requisitos que las sociedades o asociaciones deban cumplir para obtener la autorización de la Comisión en términos de lo previsto en esta fracción, al dictamen a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, y

V. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en los programas establecidos con base en la fracción III de este artículo.

Para tales efectos, la Federación con la opinión del consultor, deberá evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación y seguimiento referidos en el segundo párrafo de la fracción III anterior.

En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas en los programas establecidos con base en la fracción III de este artículo, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la Federación con la opinión del consultor. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la Federación deberá dar por terminada la afiliación o el contrato de prestación de servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión, a efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a derecho correspondan. La terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de la Federación.

La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo Quinto Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este precepto, podrán continuar realizando las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta el 31 de diciembre de 2008. Lo anterior, en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades.

Las Federaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en cuando menos un periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operen, un listado en el que se mencionen las sociedades o asociaciones que hayan afiliado o asesoren en términos de lo previsto en la fracción II del presente artículo y que cumplan con los requisitos señalados en este precepto.

Las sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo que al 31 de diciembre de 2008 no obtengan la autorización de la Comisión para operar como Entidades o que se ubiquen en el supuesto de incumplimiento señalado en el tercer párrafo de la fracción V de este artículo, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

Las sociedades o asociaciones que incumplan alguno de los requisitos previstos en este artículo, o bien no obtengan la autorización de la Comisión para operar como Entidades en la fecha a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacer esta situación del conocimiento de sus socios o asociados, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en las plazas en las que operen, así como mediante la colocación de avisos en sus oficinas o sucursales. Lo anterior sin perjuicio de que la Federación respectiva deberá hacer este hecho del conocimiento público mediante las citadas publicaciones.

Para efectos de lo previsto en este precepto, los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 5º, el párrafo primero 7º, el párrafo primero 8º, el párrafo primero del artículo 45 Bis-3, el artículo 51, y el párrafo sexto del artículo 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, seguirán aplicando en los términos vigentes y hasta el 31 de diciembre de 2008 a las Sociedades de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos contenidos en este artículo.

ARTÍCULO QUINTO.- Las sociedades o asociaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, podrán distribuir productos, servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o prestar servicios relacionados con éstos, cuando cumplan con los requisitos siguientes:

I. Se hayan sujetado al régimen previsto en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto;

II. Hayan sido clasificadas en las categorías a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del artículo Cuarto Transitorio anterior, y

III. Se sujeten en todo momento a las reglas de operación de los apoyos, programas o servicios gubernamentales correspondientes, así como a las demás normas o disposiciones o acuerdos que resulten aplicables.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública un listado de las sociedades o asociaciones que al 31 de diciembre de 2005 estén en posibilidades de realizar las operaciones referidas en el primer párrafo de este artículo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la citada fecha.

En caso de que en términos de lo previsto en el último párrafo de la fracción V del artículo anterior, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, tenga conocimiento de que una sociedad o asociación que realice operaciones de las previstas en este artículo, incumpla con los requisitos establecidos en las fracciones I y II de este precepto, deberá informarlo a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que dicha Secretaría, por conducto de los Órganos Internos de Control correspondientes, lo haga del conocimiento de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal encargadas de la administración y distribución de programas, productos o apoyos gubernamentales.

Las sociedades o asociaciones que a la entrada en vigor del presente artículo, realicen las operaciones a que se refiere este artículo y que no cumplan con los requisitos que en él se señalan, deberán abstenerse de continuar realizando dichas operaciones contando con un plazo de hasta ciento veinte días naturales contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para pagar, liquidar, finiquitar o dar por terminadas las operaciones vigentes a esa fecha.

ARTÍCULO SEXTO.- Las Federaciones podrán afiliar hasta el 31 de diciembre de 2005, así como prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, a sociedades o asociaciones de las referidas en el primer párrafo del artículo Cuarto Transitorio anterior que tengan intención de sujetarse a los términos de esta Ley. A partir de la fecha anteriormente indicada, las Federaciones solamente podrán mantener afiliadas a Entidades o a sociedades o asociaciones que cumplan con lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto.

Las sociedades o asociaciones que se afilien a una Federación en términos de lo dispuesto por este artículo, no podrán participar en las sesiones de los órganos sociales de la Federación cuando se traten asuntos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el régimen previsto en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto; con la organización, integración, funcionamiento y desempeño del Comité de Supervisión correspondiente, o con cualquier otro aspecto relacionado con la supervisión auxiliar que ejerza la Federación. No podrán formar parte del Comité de Supervisión de la Federación, personas que tengan vínculos laborales o económicos con las sociedades o asociaciones que la propia Federación tenga afiliadas en términos de este artículo.

Las restricciones previstas en el párrafo anterior, deberán hacerse constar expresamente en los estatutos sociales o bases constitutivas de las Federaciones, así como en su reglamento interior.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El régimen previsto en el artículo 4 bis de esta Ley, será aplicable también a las sociedades cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus socios para su colocación entre éstos, siempre y cuando cumplan con los límites y condiciones previstos en el propio artículo 4 bis de esta Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que cumplan con lo previsto en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto y que hayan sido clasificadas en las categorías a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del citado artículo, podrán llevar a cabo, hasta el 31 de diciembre de 2005 o, en su caso, hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el propio artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, las operaciones siguientes:

I. La recepción y emisión de órdenes de pago, transferencias y remesas de dinero, todas ellas en moneda nacional, mediante abono en cuenta o para pago en ventanilla;

II. La distribución y pago de productos, servicios y programas gubernamentales, mediante abono en cuenta o pago en ventanilla;

III. El otorgamiento de créditos y la prestación de otros servicios relacionados con programas gubernamentales;

IV. La recepción de créditos de fideicomisos públicos o de fomento de conformidad con los lineamientos, programas o reglas que esos fideicomisos expidan para tales efectos, y

V. La recepción de créditos de la Financiera Rural, en calidad de Intermediarios Financieros Rurales conforme a la Ley que regula al citado organismo descentralizado, y en general, de otras dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, sujetándose a los lineamientos, programas o reglas que la misma Financiera Rural o demás entidades expidan para tales efectos.

Las operaciones previstas en este artículo, podrán llevarse a cabo en beneficio de socios o terceros, siempre que, en este último caso se permita a los terceros de que se trate su participación como socios en un plazo que no deberá exceder de doce meses.

En la realización de las operaciones previstas en las fracciones II y III de este precepto, las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito, deberán someterse a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de este Decreto.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en la realización de las operaciones previstas en las fracciones I, II, y IV del presente artículo, las Uniones de Crédito deberán someterse a las Reglas de Carácter General mediante las que se autoriza a las uniones de crédito a llevar a cabo, de manera temporal, la distribución y pago de remesas de dinero, la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos gubernamentales y la recepción de créditos de fideicomisos públicos, como actividades análogas y conexas a las establecidas por el artículo 40 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de noviembre de 2003.

A las Sociedades de Ahorro y Préstamo y Uniones de Crédito que de conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular sean autorizadas por la Comisión como Entidades de Ahorro y Crédito Popular, les será revocada la autorización que les hubiere sido otorgada en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito a partir de la fecha en que surta efectos la autorización para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, sin que se ubiquen en estado de disolución y liquidación.

ARTÍCULO NOVENO.- Las sociedades y asociaciones civiles constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, que capten recursos y que tengan la intención de solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades, podrán transformarse en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en sociedades anónimas, mediante acuerdo de la mayoría de los socios o asociados con derecho a voto.

El acuerdo de transformación adoptado de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior deberá protocolizarse ante Fedatario Público.

ARTICULO DÉCIMO.- En ningún caso, les aplicará lo consignado en los artículos transitorios SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2003; así mismo, lo consignado en los artículos transitorios TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO del presente decreto, a las sociedades o asociaciones en las que participen o hayan participado, de manera directa o indirecta, con el carácter de miembros del consejo de administración, administradores, comisarios, directivos, funcionarios, empleados o apoderados, personas que:

I.- Hayan sido inhabilitadas para ejercer el comercio; y/o

II. Se encuentren o se hayan encontrado sujetos a un proceso judicial derivado de delitos patrimoniales o cualquier procedimiento de responsabilidad por hecho ilícito.

La excepción señalada en el párrafo primero de este artículo, también le será aplicable a las sociedades o asociaciones, en las que participen o hayan participado, de manera directa o indirecta, los cónyuges o parientes de las personas señaladas en dicho párrafo. Para los efectos de este artículo, se entenderá por parentesco, al que existe por consanguinidad o afinidad, en línea recta o colateral hasta el segundo grado, o al civil.''

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar las iniciativas presentadas por el Diputado José Juan Bárcenas González, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Estas Dictaminadoras proceden a dictaminar favorablemente la Iniciativa presentada por el Diputado José Juan Bárcenas González en fecha 3 de febrero de 2005.

En efecto, se coincide ampliamente con los argumentos expuestos en la iniciativa antes señalada, en la que se plasma como objetivo, ampliar los plazos para que las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, así como los Organismos de Integración de este sector, puedan obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se incorporen formalmente al Sistema Financiero Mexicano.

Lo anterior, a efecto de crear las condiciones necesarias que faciliten a las Entidades y Federaciones su tránsito a la formalidad plena; manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

Así, se conviene con el proceso propuesto en la iniciativa, en el que se posibilita que, de manera ordenada y observando los requisitos legales, se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, disminuyendo los riesgos sistémicos y evitando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores extienda autorizaciones a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura.

En razón de lo anterior, estas Dictaminadoras consideran procedente que en términos de la iniciativa que se dictamina se introduzcan las siguientes modificaciones a la legislación existente:

Enfatizar que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades, serán sus condiciones financieras, precisándose que las que carezcan de esta condición, deberán fusionarse o liquidarse;

Permitir la ampliación de manera general el período de transición para la autorización de entidades;

Evitar la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 bis, así como evitar la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley;

Fortalecer el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades, hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva;

Incorporar requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorare sus condiciones financieras y organizacionales, así como establecer reglas precisas para que, oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan.

Y finalmente para otorgar nuevos plazos a que aquellas entidades y Federaciones que han demostrado un serio interés para cumplir con los requisitos de la Ley y de su Reglamentación Secundaria y Prudencial, a efecto de que estén en aptitud de obtener la autorización respectiva.

Ahora bien, estas Comisiones consideran propicio modificar la fracción XXXIII del artículo 36, a efecto de aclarar el contenido y el alcance de dicha fracción.

Por otra parte, se estima adecuado incluir la adición de un párrafo al artículo 51 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a fin de incorporar en dicho artículo, la posibilidad de que los requerimientos de información formulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante el proceso de autorización de los Organismos de Integración previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, suspendan el cómputo del plazo con el que, en términos de lo previsto en la propia Ley, cuenta la Comisión para emitir su resolución.

Lo anterior, resulta consistente con el texto vigente del artículo 9o de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, referente al procedimiento de autorización de Entidades de Ahorro y Crédito Popular, siendo que con dicha modificación se homologan ambos regímenes, brindando mayor transparencia al procedimiento de autorización y, por ende, mayor certidumbre a los solicitantes.

Por otro lado, estas Comisiones consideran importante incorporar un artículo DÉCIMO TRANSITORIO, a efecto de que las personas morales que se beneficien de la ampliación del plazo de transición a que se hizo referencia, puedan beneficiarse también, en su caso, de los apoyos del Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Cabe señalar que a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular establecía una prohibición de captación de recursos del público a través de sociedades que se constituyeran después de la entrada en vigor de la misma ley, la mayoría de las sociedades que efectivamente se constituyeron en esos términos lo hicieron en aras de atender una necesidad real de la población correspondiente y con el afán de apegarse a las disposiciones legales aplicables.

En este sentido, y con la intención de reconocer la buena fe de esas sociedades y el trabajo realizado por sus integrantes para someterse a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se modifican los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2003, de tal manera que puedan concluir los trabajos de transición y sujeción a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, requisito sine qua non para que puedan seguir realizando operaciones de captación.

Ahora bien, considerando que la intención de esas modificaciones reside en el reconocimiento de la buena fe de las sociedades y de las personas que la integran, se agrega un artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO para exceptuar expresamente de la aplicación de los beneficios correspondientes a las personas, físicas o morales, cuya operación fraudulenta, lejos de beneficiar a sus socios o clientes los ha perjudicado produciéndoles un daño o un perjuicio económico, aprovechándose, en ocasiones de su ignorancia o necesidad extremas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 bis; la fracción XXXIII del artículo 36; primero y cuarto párrafo de la fracción I del artículo 53; segundo párrafo del artículo 81; segundo transitorio; tercero transitorio; quinto transitorio; primero y segundo párrafos del sexto transitorio, noveno transitorio, décimo transitorio y décimo primero transitorio, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2003; y Se adicionan, el artículo 51 con un tercer párrafo, pasando el actual párrafo tercero a cuarto, los artículos 124 bis; 124 bis 1; 124 bis 2; todos ellos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis. No se considerará que realizan operaciones de ahorro y crédito popular, en los términos del Artículo 4 de esta Ley, las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas, así como los grupos de personas físicas que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para su colocación entre éstos, que cumplan con los siguientes requisitos:

I. a VIII.

...

Artículo 36 ......

I. a XXXII. ...

XXXIII. Ofrecer y distribuir, entre sus Socios o Clientes, las acciones de las sociedades de inversión operadas por las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión a que hace referencia la fracción anterior o por aquellas en cuyo capital participen indirectamente a través, entre otros, de la Federación a la que se encuentren afiliadas, así como promocionar la afiliación de trabajadores a las Administradoras de Fondos para el Retiro en cuyo capital participen directa o indirectamente a través, entre otros, de la Federación a la cual se encuentren afiliadas.

XXXIV. ...

...

...

...

...

Artículo 51. ...

...

Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Comisión a la Federación o Confederación, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Comisión para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida.

...

Artículo 53.- ...

I. Para Federaciones, tener cuando menos la solicitud de ocho sociedades, asociaciones o Entidades que deseen afiliarse. Para constituir una Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos cinco Federaciones.

...

...

En cualquier caso, al término de dos años contados a partir de la fecha en que sean autorizadas, las Federaciones y las Confederaciones deberán tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones.

...

II. a VII. ...

...

Artículo 81.- ...

La Federación publicará semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos un periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, un listado en el que se exprese de manera diferenciada, a las Entidades afiliadas, a aquéllas respecto de las cuales ejerza funciones de supervisión auxiliar sin que le estén afiliadas, así como aquellas sociedades, asociaciones o grupos de personas físicas que se hayan registrado ante la Federación en términos de lo previsto en la fracción V del Artículo 4 Bis de esta Ley.

Artículo 124 Bis.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario o bien que la solicitud correspondiente se acompañe de dictamen u opinión favorable de una Federación siempre que así se requiera en esta Ley o en las disposiciones que de ésta emanen. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las entidades de ahorro y crédito popular y organismos de integración deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 124 Bis 1.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 124 Bis 2.- No se les aplicará lo establecido en los Artículos 124 Bis y 124 Bis 1 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE ENERO DE 2003.

SEGUNDO.- El plazo a que se refiere el segundo párrafo del Artículo Primero Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta 31 de diciembre de 2005.

TERCERO.- El plazo a que se refiere el tercer párrafo del Artículo Primero Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

QUINTO.- El plazo a que se refiere el primer párrafo del Artículo Tercero Transitorio del Decreto de 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

SEXTO.- Los grupos de personas a que se refiere el Artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito deberán sujetarse a lo establecido por el Artículo 4 bis de esta Ley, a más tardar el 31 de diciembre de 2005.

Concluido el plazo anterior, las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas, así como los grupos de personas físicas que no se sujeten a lo establecido por el Artículo 4 Bis de esta Ley, deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

NOVENO.- El plazo a que se refiere el Artículo Octavo Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

DÉCIMO.- El plazo a que se refiere el segundo párrafo del Artículo Noveno Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005. En éste último caso, el destino de los recursos que integren los Fondos de Protección respectivos, se determinará observando lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El plazo a que se refiere el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto del 4 de junio de 2001 por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular será hasta el 31 de diciembre de 2005.

TRANSITORIOS DEL PRESENTE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Salvo por lo previsto en el segundo párrafo de este artículo, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Artículo Quinto Transitorio del presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2006.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las sociedades o asociaciones que capten recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos, y que hayan solicitado la autorización de la Comisión para operar como Entidades antes del 31 de diciembre de 2005, podrán seguir captando recursos hasta en tanto reciban una respuesta de la Comisión a su solicitud de autorización.

Lo anterior no será aplicable a aquellas sociedades que presenten su solicitud de autorización acompañada de un dictamen desfavorable de alguna Federación.

ARTÍCULO CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades o asociaciones que tengan por objeto la captación de recursos entre sus socios o asociados para su colocación entre éstos, así como las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, las sociedades de ahorro y préstamo y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas con secciones de ahorro y préstamo, deberán obtener, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, la autorización de la Comisión para operar como Entidades. En caso que no obtengan la autorización correspondiente de la Comisión, las personas a que se refiere este precepto deberán abstenerse de realizar actividades que impliquen la captación de recursos, salvo que, al 31 de diciembre de 2005, cumplan con los requisitos siguientes:

I. La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las obligaciones que se originen de los programas a que se refiere la fracción III de este artículo.

De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una Federación autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

Asimismo, la asamblea general de socios o asociados, deberá expresar su consentimiento para que la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada de conformidad con lo establecido en la fracción IV de este artículo, manifestando además que conoce y está de acuerdo con el contenido de la metodología y criterios que se utilicen para efectos de su evaluación y clasificación.

Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores;

II. Se afilie a una Federación autorizada por la Comisión, o en su defecto, celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la Federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la Federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo.

Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.

La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo;

III. Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior. Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida Federación con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de De-sarrollo.

Los programas a que hace referencia el párrafo anterior deberán considerar, en su caso, los Trabajos de Consolidación definidos en el Artículo 2, fracción XI, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores;

IV. Haber sido clasificadas por la Federación a que se refiere la fracción II anterior con la opinión del consultor correspondiente, en las categorías a que se refieren los incisos a) a c) de esta fracción. Para efectos de lo anterior, las Federaciones con la opinión del consultor, deberán evaluar a las sociedades o asociaciones correspondientes, con base en la metodología y criterios que formulen de manera conjunta con los consultores y que se den a conocer por conducto del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

La metodología y criterios, conforme a los cuales la Federación evaluará a las sociedades o asociaciones, deberán prever como mínimo que la clasificación de las sociedades o asociaciones se efectúe considerando principalmente su estabilidad financiera, así como otros aspectos relacionados con su organización y funcionamiento tales como, control interno, gobierno corporativo, contabilidad y otras características.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Federación con la opinión de los consultores, clasificará a las sociedades o asociaciones en alguna de las categorías siguientes:

a) Categoría A. Aquellas sociedades o asociaciones que estén en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades en términos de esta Ley;

b) Categoría B. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran de un plan de estabilización financiera y operativa, así como de un programa de ajuste para estar en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades;

c) Categoría C. Aquellas sociedades o asociaciones que requieran llevar a cabo un proceso de reestructuración que pueda implicar, entre otros aspectos, su fusión con otra sociedad, su escisión o la transmisión de activos y pasivos, entre otros, y que además puedan necesitar apoyos financieros, a fin de estar en posibilidad de cumplir los requisitos mínimos para solicitar la autorización a la Comisión para constituirse y operar como Entidades, o

d) Categoría D. Aquellas sociedades o asociaciones que no estén en posibilidad de cumplir con los requisitos mínimos para poder solicitar la autorización para constituirse y operar como Entidades.

No se considerará dentro de los requisitos que las sociedades o asociaciones deban cumplir para obtener la autorización de la Comisión en términos de lo previsto en esta fracción, al dictamen a que se refiere el Artículo 9 de esta Ley, y

V. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en los programas establecidos con base en la fracción III de este artículo.

Para tales efectos, la Federación con la opinión del consultor, deberá evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas de asesoría, capacitación y seguimiento referidos en el segundo párrafo de la fracción III anterior.

En el evento de que la Federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas en los programas establecidos con base en la fracción III de este artículo, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la Federación con la opinión del consultor. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la Federación deberá dar por terminada la afiliación o el contrato de prestación de servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión, a efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a derecho correspondan. La terminación anticipada a que se refiere este párrafo, no generará responsabilidad alguna a cargo de la Federación.

La Federación de igual forma, y para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo Quinto Transitorio de este Decreto, deberá dar aviso de lo anterior al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

Las sociedades o asociaciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos previstos en este precepto, podrán continuar realizando las operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta el 31 de diciembre de 2008. Lo anterior, en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades.

Las Federaciones publicarán semestralmente en el Diario Oficial de la Federación y en cuando menos un periódico de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operen, un listado en el que se mencionen las sociedades o asociaciones que hayan afiliado o asesoren en términos de lo previsto en la fracción II del presente artículo y que cumplan con los requisitos señalados en este precepto.

Las sociedades o asociaciones a que se refiere este artículo que al 31 de diciembre de 2008 no obtengan la autorización de la Comisión para operar como Entidades o que se ubiquen en el supuesto de incumplimiento señalado en el tercer párrafo de la fracción V de este artículo, deberán abstenerse de realizar operaciones que impliquen captación. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

Las sociedades o asociaciones a que se refiere este precepto que incumplan alguno de los requisitos previstos en este artículo, o bien no obtengan la autorización de la Comisión para operar como Entidades en la fecha a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacer esta situación del conocimiento de sus socios o asociados, mediante publicación en un periódico de amplia circulación en las plazas en las que operen, así como mediante la colocación de avisos en sus oficinas o sucursales. Lo anterior sin perjuicio de que la Federación respectiva deberá hacer este hecho del conocimiento público mediante las citadas publicaciones.

Para efectos de lo previsto en este precepto, la fracción III del artículo 3o, los párrafos primero, tercero y quinto del Artículo 5o, el segundo párrafo del Artículo 6o, el párrafo primero del Artículo 7o, el párrafo primero del Artículo 8o, los Artículos 38-A a 38-Q, el párrafo primero del Artículo 45 Bis-3, el Artículo 51, el párrafo sexto del Artículo 53 y el párrafo segundo del Artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, seguirán aplicando en los términos vigentes y hasta el 31 de diciembre de 2008 a las Sociedades de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos contenidos en este artículo.

ARTÍCULO QUINTO.- Las sociedades o asociaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, podrán distribuir productos, servicios y programas gubernamentales, actuar como agentes de pago de los mencionados programas y otorgar créditos o prestar servicios relacionados con éstos, cuando cumplan con los requisitos siguientes:

I. Se hayan sujetado al régimen previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de este Decreto;

II. Hayan sido clasificadas en las categorías a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del Artículo Cuarto Transitorio anterior, y

III. Se sujeten en todo momento a las reglas de operación de los apoyos, programas o servicios gubernamentales correspondientes, así como a las demás normas o disposiciones o acuerdos que resulten aplicables.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública un listado de las sociedades o asociaciones que al 31 de diciembre de 2005 estén en posibilidades de realizar las operaciones referidas en el primer párrafo de este artículo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la citada fecha.

En caso de que en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo de la fracción V del artículo anterior, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, tenga conocimiento de que una sociedad o asociación que realice operaciones de las previstas en este artículo, incumpla con los requisitos establecidos en las fracciones I y II de este precepto, deberá informarlo a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que dicha Secretaría, por conducto de los Órganos Internos de Control correspondientes, lo haga del conocimiento de las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal encargadas de la administración y distribución de programas, productos o apoyos gubernamentales.

Las sociedades o asociaciones que a la entrada en vigor del presente artículo, realicen las operaciones a que se refiere este artículo y que no cumplan con los requisitos que en él se señalan, deberán abstenerse de continuar realizando dichas operaciones contando con un plazo de hasta ciento veinte días naturales contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para pagar, liquidar, finiquitar o dar por terminadas las operaciones vigentes a esa fecha.

ARTÍCULO SEXTO.- Las Federaciones podrán afiliar hasta el 31 de diciembre de 2005, así como prestar servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación, a sociedades o asociaciones de las referidas en el primer párrafo del Artículo Cuarto Transitorio anterior que tengan intención de sujetarse a los términos de esta Ley. A partir de la fecha anteriormente indicada, las Federaciones solamente podrán mantener afiliadas a Entidades o a sociedades o asociaciones que cumplan con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de este Decreto.

Las sociedades o asociaciones que se afilien a una Federación en términos de lo dispuesto por este artículo, no podrán participar en las sesiones de los órganos sociales de la Federación cuando se traten asuntos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el régimen previsto en el artículo Cuarto Transitorio de este Decreto; con la organización, integración, funcionamiento y desempeño del Comité de Supervisión correspondiente, o con cualquier otro aspecto relacionado con la supervisión auxiliar que ejerza la Federación. No podrán formar parte del Comité de Supervisión de la Federación, personas que tengan vínculos laborales o económicos con las sociedades o asociaciones que la propia Federación tenga afiliadas en términos de este artículo.

Las restricciones previstas en el párrafo anterior, deberán hacerse constar expresamente en los estatutos sociales o bases constitutivas de las Federaciones, así como en su reglamento interior.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El régimen previsto en el Artículo 4 bis de esta Ley, será aplicable también a las sociedades cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y que tengan por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus socios para su colocación entre éstos, siempre y cuando cumplan con los límites y condiciones previstos en el propio Artículo 4 bis de esta Ley.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de crédito que cumplan con lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de este Decreto y que hayan sido clasificadas en las categorías a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del citado artículo, podrán llevar a cabo, hasta el 31 de diciembre de 2005 o, en su caso, hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el propio Artículo Cuarto Transitorio de este Decreto, las operaciones siguientes:

I. La recepción y emisión de órdenes de pago, transferencias y remesas de dinero, todas ellas en moneda nacional, mediante abono en cuenta o para pago en ventanilla;

II. La distribución y pago de productos, servicios y programas gubernamentales, mediante abono en cuenta o pago en ventanilla;

III. El otorgamiento de créditos y la prestación de otros servicios relacionados con programas gubernamentales;

IV. La recepción de créditos de fideicomisos públicos o de fomento, de conformidad con los lineamientos, programas o reglas que esos fideicomisos expidan para tales efectos, y

V. La recepción de créditos de la Financiera Rural, en calidad de Intermediarios Financieros Rurales conforme a la Ley que regula al citado organismo descentralizado, y en general, de otras dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Federal, sujetándose a los lineamientos, programas o reglas que la misma Financiera Rural o demás entidades expidan para tales efectos.

Las operaciones previstas en este artículo, podrán llevarse a cabo en beneficio de socios o terceros, siempre que, en este último caso se permita a los terceros de que se trate su participación como socios en un plazo que no deberá exceder de doce meses.

En la realización de las operaciones previstas en las fracciones II y III de este precepto, las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de Crédito, deberán someterse a lo dispuesto en el Artículo Quinto Transitorio de este Decreto.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en la realización de las operaciones previstas en las fracciones I, II, y IV del presente artículo, las uniones de crédito deberán someterse a las Reglas de Carácter General mediante las que se autoriza a las uniones de crédito a llevar a cabo, de manera temporal, la distribución y pago de remesas de dinero, la distribución y pago de productos, servicios y programas todos ellos gubernamentales y la recepción de créditos de fideicomisos públicos, como actividades análogas y conexas a las establecidas por el Artículo 40 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de noviembre de 2003.

No será aplicable en la realización de las operaciones contenidas en este artículo lo previsto en el artículo 38-K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

A las Sociedades de Ahorro y Préstamo y Uniones de Crédito que de conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular sean autorizadas por la Comisión como Entidades de Ahorro y Crédito Popular, les será revocada la autorización que les hubiere sido otorgada en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito a partir de la fecha en que surta efectos la autorización para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, sin que se ubiquen en estado de disolución y liquidación.

ARTÍCULO NOVENO.- Las sociedades cooperativas, así como las sociedades y asociaciones civiles que capten recursos de sus socios o asociados para su colocación entre éstos y que tengan la intención de solicitar la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades, podrán transformarse en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en sociedades anónimas, mediante acuerdo de la mayoría de los socios o asociados con derecho a voto.

El acuerdo de transformación adoptado de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior deberá protocolizarse ante Fedatario Público.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se modifican las fechas de 1o de septiembre de 2004 y 30 de junio de 2004 a que hace referencia el primer párrafo de la fracción V del artículo 8 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar en 31 de diciembre de 2005 y 1o de enero de 2006, respectivamente.

Asimismo, se modifica la fecha a que hace referencia la fracción VI del artículo 8 de la misma ley, para quedar en 31 de diciembre de 2005.

Se prorroga el periodo durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a que hace referencia el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la referida ley, publicado el 29 de diciembre del 2000, para que concluya doce meses después de la fecha a que hace referencia el cuarto párrafo del Artículo CUARTO TRANSITORIO del presente Decreto o cuando se extinga su patrimonio, lo que suceda primero.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las asociaciones y sociedades que tengan por objeto la captación de recursos entre sus socios o asociados para su colocación entre éstos y que se hayan constituido con posterioridad al 4 de junio de 2001 y hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, excepto aquellas a que se refiere el Artículo 4 Bis de esta Ley, deberán abstenerse de realizar nuevas operaciones a partir del día hábil siguiente a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y deberán llevar a cabo los actos necesarios para la liquidación de las operaciones que impliquen captación de recursos que a dicha fecha tengan concertadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en protección de los intereses del público ahorrador así como del interés público, las asociaciones o sociedades a que se refiere este precepto podrán continuar realizando las operaciones referidas, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I. Se registren ante una Federación a más tardar el 5 de junio de 2005;

II. Declaren, bajo protesta de decir verdad, a la Federación ante la cual se registren, que sus socios, asociados, consejeros y administradores, según sea el caso: (i) no han sido condenados por sentencia irrevocable por la comisión de delitos considerados como financieros o patrimoniales y (ii) no están sujetas a algún procedimiento penal tendiente al fincamiento de responsabilidades legales por cualquiera de los delitos considerados como financieros o patrimoniales;

III. Acrediten a la Federación ante la cual se registren que, al momento de su constitución, el número de sus socios o asociados no era superior a 250 personas y que el monto total de sus activos era inferior al equivalente a 350,000 unidades de inversión en ese mismo momento, y

IV. A más tardar el 31 de diciembre de 2005, se sujeten a lo dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto.''

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a 22 del mes de febrero de 2005.--- Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados: Francisco J. Sauceso Pérez, Presidente; José Juan Bárcenas González (rúbrica), secretario; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario (rúbrica); Belizario Hiram Herrera Solís (rúbrica); Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción Oliva Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez, Valentín González Bautista, José Julio González Garza (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Eviel Pérez Magaña, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordónez Hernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Arturo Robles Aguilar, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Manuel Gómez Mor´n Martínez del Río (rúbrica). Palacio Legislativo, a diez de marzo de dos mil cinco.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila (rúbrica), secretario; Juan Carlos Pérz Góngora (rúbrica), secretario; José Felipe Puelles Espina (rúbrica), secretario; Diana Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), secretaria; Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), secretario; Oscar González Yáñez, secretario; Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretario; José Alarcón Hernández (rúbrica), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), Ángel Buendía Tirado, Marco Antonio Cortés Mendoza, Enrique Escalante Arceo (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdez de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Emilio Zebadúa González (rúbrica).»

Es de segunda lectura.«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Voto particular de los diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la fracción parlamentaria del PRD, con respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular

Al analizar el dictamen de proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente:

VOTO PARTICULAR

De conformidad con los siguientes antecedentes:

Primero.- Que con fecha 23 de abril de 2001, el pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, la denominada Ley de Ahorro y Crédito Popular, cuya minuta fue aprobada el 30 de abril por el Senado de la República.

Segundo.- Que entre las razones que motivaron el voto en contra de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática destaca el espíritu de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual puede caracterizarse esencialmente como una Ley extremadamente reguladora, corporativa, excesivamente cara, mercantilista, elitista, discriminatoria, concentradora del poder en pocas manos y anticonstitucional.

Tercero.- Que con fecha 4 de junio de 2001, el titular del Ejecutivo federal ordenó la publicación del decreto que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el Diario Oficial de la Federación, estableciéndose un período de transición de dos años para que las entidades de ahorro y crédito popular pudieran adecuarse a la nueva normatividad.

Cuarto.- Que con fecha 5 de diciembre de 2002 la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de decreto mediante la cual se incorporó el llamado artículo 4 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, artículo que esencialmente trajo consigo dos novedades. En primer lugar, se creó un régimen de excepción para aquellos grupos de ahorradores menores de 250 personas y con activos que no superen las 350 000 Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a poco más de un millón dos cientos mil pesos, los cuales se consideran como grupos de ahorradores no sujetos a las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y, en segundo lugar, se amplió dos años más el período de transición, estableciéndose como fecha límite de su entrada en vigor, el 5 de junio de 2005.

Quinto.- Que con fecha 21 de octubre de 2004, el diputado José Juan Barcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de común acuerdo con 18 federaciones del sector, presentó una primer iniciativa de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Sexto.- Que con fecha 13 de diciembre de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó la minuta de la iniciativa de decreto, remitida por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), elaborado por los senadores Héctor Larios Santillán y Genaro Borrego Estrada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

Séptimo.- Que en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados de fecha 13 de diciembre de 2004, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, al no prosperar su solicitud de turno a comisión para dictaminar la iniciativa de decreto presentada por los senadores Larios Santillán y Borrego Estrada, citada en el antecedente anterior, presentó una propuesta de moción suspensiva con el objeto de llevar a cabo una reforma integral de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y no conformarse con reformas parciales que no modifican el contenido esencial y la orientación general del precepto legal en comento, propuesta de moción suspensiva que a la postre no fue aprobada por esta soberanía.

Octavo.- Que durante el mes de enero de 2005, la Presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social sostuvo diversas reuniones de trabajo con las tendencias más representativas del sector de ahorro y crédito popular, acordándose impulsar una reforma a fondo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular con el propósito fundamental de defender la autonomía del sector y sus intereses económicos y sociales fundamentales.

Noveno.- Que con fecha 2 de febrero de 2005, nuevamente el diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el aval de 18 federaciones del sector, presentó iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Décimo.- Que con fecha 22 de febrero de 2005, el pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la presencia y participación activa del Lic. Javier Gavito Mohar, director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, aprobó, sin modificación alguna, la iniciativa de decreto presentada por el diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 2 de febrero de 2005.

Undécimo.- Que a la fecha, ni una sola entidad de ahorro y crédito popular, ha sido autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni existe tampoco ninguna federación legalmente constituida que pueda emitir dictamen alguno para autorizar o desautorizar el registro de entidades de base del sector.

Atendiendo a estos antecedentes, la fracción parlamentaria del PRD, expone los siguientes:

CONSIDERANDOS

De entrada cabe advertir que la iniciativa de decreto que presenta el diputado José Juan Bárcenas González para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, únicamente se concentra en ampliar en seis meses más el período de transición y en establecer una serie de mecanismos para facilitar dicha transición, dejando en pie las características fundamentales de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) que la caracterizan como un ordenamiento jurídico extremadamente regulador, corporativo, excesivamente caro, mercantilista, elitista, discriminatorio, concentrador del poder en pocas manos y anticonstitucional.

En este sentido estimamos que mientras no se lleve a cabo una reforma en profundidad de dicho ordenamiento jurídico no será posible hacerlo viable y asequible a la inmensa mayoría de las entidades de ahorro y crédito popular. Las evidencias que arrojan los pírricos resultados de los últimos cuatro años, demuestran que en los términos en los que hoy se encuentra, resulta extremadamente difícil de cumplir para las entidades que vienen funcionando desde hace más de dos o tres décadas y simplemente imposible para las de reciente o nueva creación, constituyéndose en un dique infranqueable que inevitablemente conlleva a la concentración y cuasi monopolización del sector.

Ante esta circunstancia, una reforma superficial o cosmética como la que se propone no solamente no ayuda, sino que continúa generando falsas expectativas y, sobre todo, se convierte en una coartada legal para que se produzca la concentración de los recursos de las Cajas Populares y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en manos del Bansefi, preparando con ello su eventual expropiación y privatización.

En efecto, tanto en la Iniciativa aprobada en diciembre de 2004, promovida por los senadores Larios Santillán y Borrego Estrada, como en la presentada por el diputado José Juan Bárcenas González, al Bansefi tácitamente se le reconoce como el Banco de las Cajas, una institución que, como se recordará, surgió de lo que era el Patronato del Ahorro Nacional y que, según el objeto establecido en su Ley Orgánica, estaba destinado a apoyar el proceso de transición de las entidades de ahorro y crédito popular hacia la nueva Ley; pero, en la práctica, ha venido haciendo una competencia desleal a las entidades que supuestamente debe apoyar. Así, gracias al uso indiscriminado de recursos públicos, el Bansefi, en sólo tres años, ha logrado incrementar su número de cuentas de ahorro de 850 000 a 2.5 millones, en tanto que el sector en su conjunto, después de más de cincuenta años de trabajo continuo, apenas supera los tres millones de socios.

Pero más allá de esta consideración, lo realmente cuestionable es que ahora, de manera franca y abierta, el Bansefi se erige en la institución que deberá emitir la normatividad a la que se sujetarán las entidades en proceso de transición, y vigilará a través de un consultor ``con experiencia en finanzas populares'', la prestación de servicios de asesoría y capacitación que realicen las federaciones para facilitar dicha transición, según lo establecido en el artículo cuarto transitorio, fracciones III y IV de la iniciativa de mérito, hecho que, en la práctica, lo convierte en autoridad ejecutiva con facultad para decidir quiénes sí podrán subirse a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y quiénes no podrán hacerlo.

La subordinación de las entidades a las federaciones y de éstas al Bansefi será una característica distintiva del nuevo panorama asociativo del sector de ahorro y crédito popular de nuestro país, por lo que advertimos que de ahí a la privatización de las finanzas populares, mediante la venta a remate del Bansefi, ya ampliamente anunciada en los medios, no hay más que un paso.

Pero si lo anteriormente expuesto no fuera motivo suficiente para fundamentar nuestro voto en contra del dictamen de la iniciativa en comento, baste reparar en el hecho de que la citada iniciativa no resuelve siquiera el problema de la transición que, como ya apuntamos, constituye su único objeto.

Atento a lo expuesto, estimamos que si cuatro años no han bastado para que las entidades de ahorro y crédito popular puedan adecuarse al nuevo marco regulatorio, un nuevo plazo de seis meses tampoco será suficiente. Esto quiere decir que el problema real no es un asunto de tiempo, sino de contenido. Así, cumplir con una regulación equivalente e incluso superior al de las instituciones bancarias, en un contexto de liberalización de los métodos y las tecnologías de gestión de las finanzas populares y sin incentivos de ninguna especie, es simplemente pedirle peras al olmo o esconder con argumentos tecnocráticos las verdaderas intenciones concentradoras, privatizadoras y expropiadoras de sus promotores.

En este mismo sentido, cabe apuntar que los mecanismos propuestos para la transición, artículo cuarto transitorio de la iniciativa de Decreto, son inconstitucionales al otorgar facultades exclusivas del poder ejecutivo a las Federaciones, cuando se trata de organismos de representación gremial y al pretender que la aplicación de la Ley tenga un sentido exclusivista, destinado solamente a las entidades que hayan manifestado su interés de sujetarse a las disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en sus términos actuales, cuando una Ley justa debe distinguirse por ser universal y no discriminatoria; de manera análoga, establecer, como se señala en el artículo Tercero Transitorio de la Iniciativa de Decreto, que la solicitud de autorización de una entidad sólo podrá ser válida si cuenta con el dictamen favorable de una Federación, le otorga a ésta un poder desmedido y coloca en la indefensión jurídica a las entidades frente a las Federaciones.

Por lo anteriormente expresado, para los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, dejar pasar esta iniciativa de decreto representaría una falta grave al compromiso que asumimos con el movimiento cooperativo del país en el sentido de luchar, desde la trinchera legislativa, por revertir el proceso de involución jurídica que se ha montado en su contra en los últimos veinticinco años y cuya punta de lanza está representada precisamente por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En tal virtud, externamos nuestro voto en contra de dicha iniciativa de decreto, pues no representa ningún avance en el camino de regular a las cooperativas y demás organismos financieros del sector social de la economía, de acuerdo con su naturaleza eminentemente social y sus fines solidarios y no lucrativos.

Compañeras y compañeros legisladores, retomemos el tema de fondo, discutamos abiertamente los límites estructurales con los que nació la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el año 2001 y construyamos una verdadera reforma integral que la transforme en un instrumento jurídico de fomento, de regulación y supervisión prudencial que no ahogue en la burocracia, la tramitología y la formalidad el quehacer cotidiano de este tipo de empresas sociales, cuyas prácticas exitosas en la gestión de las finanzas populares se ignoran olímpicamente. Que la confianza y el reconocimiento a los aportes sociales y económicos de las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo sean el norte orientador de nuestra labor legislativa y ya no más la desconfianza, la sospecha o la falta de respeto a este noble actor social.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, David Ferreyra Martínez, Valentín González Bautista, Daniel Ordóñez Hernández, Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En honor del texto original del Reglamento del martes 20 de marzo de 1964, en lo que se refiere a su artículo 95, esta Presidencia ruega a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de dispensarse la lectura del voto particular del señor diputado don Francisco Javier Saucedo Pérez.

¿Quiere subir, diputado Saucedo? ¿No pedimos la dispensa? Luego entonces, retiramos la solicitud a la Secretaría y pedimos al diputado Saucedo que suba a explicar su voto particular, hasta por 10 minutos.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: primeramente, deseamos aclarar el desconcierto causado de hace un par de semanas a la fecha por la orientación de nuestro voto. No hemos querido obstaculizar un proceso que el sector mismo nos ha pedido y en ello hemos cumplido. Desde la Presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social y en las tareas y funciones como legisladores, hemos insistido en relacionarnos, en conocer el sector, visitar las entidades, sus asambleas, reuniones, etcétera. Lo hemos hecho como Junta Directiva de la Comisión y como diputados integrantes de la misma.

Entre diversos puntos en cuanto al conocimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en particular, hemos encontrado fallas estructurales que, por tanto, hacen necesario ir a una reforma integral a fondo, de raíz. Esta opinión de ir a una reforma integral se ha planteado en diversos momentos, incluso percibo. Y veo el ánimo de que el sector mismo está en ello y nos han planteado el propósito fundamental de defender la autonomía del sector y sus intereses económicos y sociales fundamentales. Sin embargo, y a pesar de que el sector es el que hace la propuesta que hoy nos ocupa, ella es --desde nuestro punto de vista-- muy corta, muy limitada, por lo que necesitamos una reforma de mayor alcance.

Apoyar la iniciativa en los términos en que está significaría validar una concepción de la banca social y las finanzas populares que no compartimos. Al presentar este voto, somos coherentes con la tradición histórica --llamémosle así-- del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que, desde el 23 de abril de 2001, cuando se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Ahorro y Crédito Popular, éste votó en contra. La demanda histórica ha sido contar con una regulación acorde con la naturaleza y los fines del sujeto social de que estamos hablando.

En este sentido, el mensaje es que no olvidemos el objetivo principal; es decir, una reforma integral de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Esta ley puede caracterizarse como una ley extremadamente reguladora, corporativa; excesivamente costosa y mercantilista, elitista y --por mismo-- discriminatoria, concentradora del poder en pocas manos y, en algunos aspectos, anticonstitucional. La última reforma de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la que estamos hablando, se concentra en ampliar seis meses más el periodo de transición y en establecer una serie de mecanismos para facilitar dicha transición. Estimamos que mientras no se lleve a cabo una reforma con profundidad, no será posible hacerlo viable y asequible para la mayoría de las entidades de ahorro y crédito popular.

Las evidencias están en los mínimos resultados de estos cuatro años, demuestran que en los términos en que hoy se encuentra, resulta extremadamente difícil de cumplir para las entidades que vienen funcionando desde hace más de tres décadas e imposible para las de reciente y nueva creación, lo que conlleva a la concentración y cuasi monopolización del sector. Parecería, desde nuestro punto de vista, una coartada legal para que se produzca la concentración de los recursos de las cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo en manos del Bansefi, preparando con ello su eventual expropiación y privatización, ya anunciada a los medios de comunicación. Al Bansefi tácitamente se le reconoce como el banco de las cajas. Institución que, según el objeto establecido en su Ley Orgánica, estaba destinada a apoyar el proceso de transición de las entidades de ahorro y crédito popular hacia la nueva ley, pero en la práctica ha venido haciendo una práctica desleal a las entidades que supuestamente debe apoyar.

Lo cuestionable es que ahora el Bansefi se erige como la institución que deberá emitir la normatividad a que se sujetarán las entidades en proceso de transición y vigilará, a través de un consultor con experiencia en finanzas populares, la prestación de servicios de asesoría y capacitación que realicen las federaciones para facilitar dicha transición, según lo establece el artículo cuarto transitorio, en las fracciones III y IV, hecho que en la práctica lo convierte en una autoridad ejecutiva con facultad para decidir quiénes sí podrán subirse a la ley de Ahorro y Crédito Popular y quiénes no. La subordinación de las entidades a las federaciones y de éstas al Bansefi será una característica distintiva del nuevo panorama asociativo del sector en nuestro país, por lo que advertimos que de ahí a la privatización de las finanzas populares, mediante la venta a remate del Bansefi, no hay más que un paso.

Cumplir una regulación equivalente e incluso superior a la de las instituciones bancarias en un contexto de liberalización de los métodos y tecnologías de gestión en finanzas populares y sin incentivos es simplemente esconder con argumentos tecnocráticos las verdaderas intenciones, concentradoras y privatizadoras. Finalmente, hemos asumido un compromiso con el movimiento cooperativo del país en el sentido de luchar desde la trinchera legislativa por revertir el proceso de involución jurídica que viene desde hace 20 o 25 años. Externamos nuestro voto en contra, pues reconociendo un avance en el camino de regular las entidades de ahorro y crédito popular, no lo es de acuerdo con su naturaleza empresarial eminentemente social y sus fines solidarios y no lucrativos. Compañeras y compañeros diputados: retomemos el tema de fondo, construyamos una verdadera reforma integral que la transforme en un instrumento jurídico de fomento, de regulación y supervisión prudencial, que no ahogue en la burocracia este tipo de empresas sociales, que la confianza y el reconocimiento a los aportes sociales y económicos de las cooperativas y de las cajas de ahorro y préstamo sean lo que oriente nuestra labor legislativa. Ya no más la desconfianza, la sospecha o la falta de respeto a este noble sector social. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias; gracias, diputado Saucedo.

El señor diputado Juan José Bárcenas González pasa a la tribuna para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento Interior. El propio diputado Bárcenas tiene de invitados a representantes del sector de ahorro y crédito popular de la República Mexicana, a quienes damos la más cordial bienvenida.

El diputado Juan José Bárcenas González: Con su permiso, diputado Presidente: en nombre de los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La Ley de Ahorro y Crédito Popular es el instrumento normativo mediante el cual se regula la actividad financiera de las entidades y federaciones de ahorro y crédito popular que durante los últimos 50 años han ofrecido una valiosa aportación a las finanzas de los que menos tienen en este país. Sin embargo, para nadie es desconocida la existencia de fraudes y bancarrotas ocasionadas por seudocooperativistas que han dañado a sectores desprotegidos de la población.

Esas instituciones, con un elevado prestigio en las comunidades donde prestan servicios, tienen ahora la gran oportunidad de potenciar su actividad financiera e incrementar en los próximos cinco años la población bancarizada de escasos recursos de 3 a 10 millones de mexicanos. Por ello, el presente dictamen abona la posibilidad de que el sector de las finanzas sociales migre a un sistema autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le permita cumplir su misión fundamental, determinada puntualmente en dos objetivos: la seguridad de los ahorradores y el incremento de los servicios financieros de las entidades de ahorro y crédito popular.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social proceden a dictaminar favorablemente la iniciativa presentada por un servidor el pasado 3 de febrero, coincidiendo ampliamente con los argumentos expuestos en dicha iniciativa, en la que se plasma como objetivo ampliar los plazos para que las entidades de ahorro y crédito popular, así como los organismos de integración de este sector, puedan obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se incorporen formalmente al sistema financiero mexicano. Lo anterior, a efecto de crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y federaciones su tránsito a la formalidad plena, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el sistema de ahorro y crédito popular.

Estas dictaminadoras consideran procedente que, en términos de la iniciativa que se dictamina, se introduzcan las siguientes modificaciones a la legislación existente: enfatizar que el factor fundamental para determinar la viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras, precisándose que las que carezcan de esta condición deberán fusionarse o liquidarse; permitir la ampliación de manera general del periodo de transición para la autorización de entidades; evitar la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 Bis, así como evitar la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley; fortalecer el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva; e incorporar requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejora sus condiciones financieras y organizacionales, así como establecer reglas precisas para que oportunamente se puedan tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan. De tal manera, mediante las reformas abordadas en los artículos transitorios del decreto del 27 de enero de 2003 se están modificando las fechas límite para que las entidades y las federaciones obtengan autorización con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 4 de junio de 2005 al 31 de diciembre del mismo año, con la finalidad de holgar los procesos para el sector y las propias autoridades.

Asimismo, se adiciona el artículo cuarto transitorio, que concretamente consiste en lo siguiente: incorporar un mecanismo especial que permite la ampliación de los plazos para que obtengan autorización en términos de la ley las entidades y los organismos de integración que demuestren que han venido cumpliendo las disposiciones establecidas en dicha legislación y en su reglamentación secundaria; llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización para constituirse y operar como entidad y sujetarse a los términos y las condiciones de la ley; aprobar su afiliación a una federación; expresar su consentimiento para que la sociedad o asociación sea evaluada y clasificada conforme a lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; definir la metodología y los criterios conforme a los cuales la federación evaluará y clasificará las sociedades y asociaciones; y seguimiento de la federación al cumplimiento de las obligaciones, términos y condiciones contenidos en el programa pactado con las entidades.

El artículo quinto transitorio puntualmente establece la posibilidad de distribuir productos y servicios o programas gubernamentales como Oportunidades y Procampo cuando se cumplan los requisitos de la ley. El artículo octavo transitorio puntualmente establece que permitirá a la figura de sociedades de ahorro y préstamo y de unión de crédito continuar sus operaciones autorizadas en tanto concretan su proceso de transformación a las figuras jurídicas contempladas en la ley. Por otro lado, estas comisiones consideran importante incorporar un artículo décimo transitorio, a efecto de que las personas morales que se beneficien de la ampliación del plazo de transición a que se hizo referencia puedan beneficiarse también, en su caso, de los apoyos del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Cabe señalar que, a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular establecía una prohibición de captación de recursos del público a través de sociedades que se constituyeran después de la entrada en vigor de la misma ley, la mayoría de las sociedades que efectivamente se constituyeron en estos términos lo hicieron en aras de atender una necesidad real de la población y con el afán de apegarse a las disposiciones legales aplicables. En este sentido y con la intención de reconocer la buena fe de esas sociedades y el trabajo realizado por sus integrantes para someterse a la ley, se modifican los artículos transitorios del decreto por el que se reforma esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003, de tal manera que puedan concluir los trabajos de transición y sujeción a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, requisito sine qua non para que puedan seguir realizando operaciones de captación.

Ahora bien, considerando que la intención de esas modificaciones reside en el reconocimiento de la buena fe de las sociedades y de las personas que las integran, se agrega un artículo decimoprimero transitorio, para exceptuar expresamente de la aplicación de los beneficios correspondientes a las personas físicas o morales cuya operación fraudulenta, lejos de beneficiar a sus socios o clientes, los ha perjudicado, produciéndoles un daño o un perjuicio económico, aprovechándose en ocasiones de su ignorancia o necesidades extremas. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular

Artículo Único. Se reforman los artículos 4 Bis, primer y cuarto párrafos de la fracción I del artículo 53, segundo párrafo del artículo 81, segundo transitorio, tercero transitorio, quinto transitorio, primer y segundo párrafos del sexto transitorio, noveno transitorio, décimo y decimoprimero del decreto del 27 de enero de 2003, y se adicionan los artículos 124 Bis, 124 Bis 1, 124 Bis 2 y los transitorios primero a decimotercero del presente decreto.

En nombre de 18 federaciones del sector de ahorro y crédito popular, que afilian a más de 90 por ciento de los ahorradores de la República Mexicana y de las cuales se encuentran presentes sus dirigentes en el área de galerías, les agradezco su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado Bárcenas. Esta Presidencia no tiene registrados más oradores; luego entonces, se considera el asunto suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134, me permito informar a la Asamblea que el señor diputado Víctor Adrián... Perdón: Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, está reservando el 124 Bis y de los transitorios en dos vías; esto es, en el decreto publicado el 27 de enero de 2003, los transitorios segundo, tercero, quinto, sexto, noveno, décimo y undécimo; y, del presente proyecto de decreto, el cuarto transitorio, fracción III, párrafo primero, y el cuarto transitorio, fracción IV, párrafo primero. Luego entonces, ruego a la Secretaría instruir la apertura del sistema de votación electrónico hasta por 10 minutos, de tal suerte de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación.)

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente: se emitieron 306 votos a favor, 44 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados por 306 votos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Adrián Chávez Ruiz para presentar sus reservas. Es el único diputado que ha presentado reservas; ya nos informará si en un solo evento las desahoga.

El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso, señor Presidente: la primera reserva tiene que ver con el artículo 124 Bis, que en la actualidad plantea que la respuesta a una solicitud que hagan las entidades, si en tres meses no se responde, se considere la solicitud negada. Creemos que el espíritu en general de la afirmativa ficta --esto es, de que si la autoridad no responde en tres meses, entonces se dé por aprobada la solicitud-- debería ser la que imperara. Entonces, por el mismo motivo, estamos proponiendo que el artículo 124 Bis quede como sigue: ``Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente.''

Actualmente, dice ``en sentido negativo''. Y posteriormente, como continúa el articulado, a petición del interesado se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva, de la autoridad competente que deba resolver conforme al reglamento interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la resolución debe entenderse en sentido negativo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se le fincará en su caso la responsabilidad que resulte aplicable. Entonces, en este sentido, nada más es que si no hay respuesta en tres meses, se dé la posibilidad de que se considere en sentido afirmativo al promovente, no en sentido negativo, para proteger a los solicitantes.

La segunda tiene que ver con que la metodología que se establezca para la transición de las entidades a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y los procedimientos de evaluación y seguimiento. Actualmente, está que se hagan de manera conjunta con el banco, con Bansefi. Lo que estamos proponiendo es que no es la entidad del banco; en todo caso, quien define esas normas es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, lo que estamos proponiendo es una modificación en la fracción IV del artículo cuarto transitorio, que diga: ``Toda la metodología para la transición de las entidades a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como los procedimientos para la evaluación y seguimiento, deberá emitirse por consenso de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los representantes de las federaciones''. Ésa es la segunda propuesta de modificación de la fracción IV, primer párrafo, del artículo cuarto transitorio.

El siguiente punto que estamos proponiendo modificar es la fracción III, primer párrafo, del artículo cuarto transitorio del decreto, que actualmente establece que se contratará un asesor a la entidad que desee convertirse en caja de ahorro, en una organización de este tipo, y que ese asesor lo contratará el banco y será como un superasesor que determinará cuándo una caja de ahorro esté actuando bien y cuando no. Creemos que tiene que pagar --efectivamente-- el banco este asesor, pero que la relación del asesor debe ser no con el banco sino con la entidad, que ésta es la caja de ahorro o la federación, que debe ser la que lo esté contratando. En ese sentido, estamos planteando, que quede como sigue:

``Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida federación, con la opinión de un consultor con experiencia en finanzas populares, pagado por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, institución bancaria de desarrollo, y con el visto bueno de las entidades''. Si no, pues ese asesor, ese consultor sólo respondería a las necesidades del banco; y nosotros queremos que tenga que tener el visto bueno de estas cajas de ahorro.

El último punto, compañeras y compañeros diputados, que estamos planteando es que para hacer congruentes los requisitos de las federaciones con los de las entidades, se propone ampliar los plazos de entrada en vigor de la ley del 31 de diciembre de 2005, como actualmente está en esta propuesta de dictamen, al 5 de julio de 2007; o sea, dos años, por lo que se propone modificar los artículos transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero, para modificar tanto los artículos2o., 3o., 5o., 6o., 9o. y 10, cambiando el plazo del 31 de diciembre de 2005 al 5 de junio de 2007. Si ha habido varios años ya con estas propuestas de modificación de la ley y todavía no se regularizan las instancias que se tienen que convertir en federaciones, en seis meses va a ser difícil que lo hagan, por lo que planteamos que se pueda ampliar este plazo a dos años, como es el caso de las federaciones. Eso es todo, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Nos deja por escrito sus propuestas diputado? Luego entonces, se ruega a la Secretaría someterlas a la consideración de la Asamblea en votación económica, previa a la lectura exacta del texto propuesto, señor secretario.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si son de aprobarse las modificaciones propuestas por el diputado Adrián Chávez Ruiz a los artículos reservados.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe con la siguiente. Desechada.

Diputado Chávez.

El diputado Adrián Chávez Ruiz (desde la curul): Si, Presidente, solicitando se pudiera hacer una votación nominal porque en esta ocasión no se entendió el sentido de la votación por parte de varios diputados.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a repetirla, de carácter económico.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Por favor, se ruega a los diputados tomar su lugar, de tal suerte que nos permitan, a la Secretaría, poder visualizar el sentido exacto de la voluntad de la Asamblea.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo, señor secretario.

Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada María Guadalupe Morales Rubio (desde la curul): Señor Presidente, estamos solicitando, con base en el 148, que esta votación sea nominal; y tenemos el respaldo de cinco diputados. Solicito que atienda usted la petición.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Bueno, diputada, lo está solicitando en este momento, y acepto su solicitud con mucho gusto. Luego entonces, instruya la Secretaría... Permítame un segundo.

Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado Presidente, para que no se violente aquí la práctica parlamentaria. El momento de la solicitud de la votación nominal es hasta en tanto la Presidencia no haya decretado el desechamiento. Esta Presidencia decretó el desechamiento. Si alguien considera que ése no es el trámite, que interponga, conforme al artículo 19 del Reglamento, la objeción correspondiente, pero no podemos estar, después de una determinación de la Presidencia, regresando a votaciones anteriores. Vamos a dejar un muy mal precedente, independientemente del fondo del asunto.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En estricto iure, tiene usted razón, diputado Gutiérrez de la Garza, pero ha sido costumbre de esta Presidencia privilegiar el sentido, clarificar el sentido de la voluntad de la Asamblea. Por ello, con base en las facultades que concede a esta Presidencia el artículo 23, me permito instruir la repetición de esta votación.

Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Me gustaría que ilustrase a la Asamblea de dónde deviene la facultad de la Presidencia para revocar sus propias determinaciones, como una autodeterminación de la Presidencia. Gracias, diputado Presidente.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ante la duda de la Asamblea respecto del resultado de la votación, creo que es un asunto hasta de sentido común poder ordenar la repetición de la votación, cosa que estoy pidiendo a la Secretaría instruya en este instante para que la voluntad de la Asamblea quede perfectamente clarificada.

Diputado Gutiérrez de la Garza, ¿con qué objeto?

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Es muy lamentable el precedente que se está dejando porque éste, obviamente, no estamos hablando de un tema que pueda generar polémica en este momento, pero el precedente que está dejando esta Presidencia después de haber realizado una determinación y revocarla posteriormente como autodeterminación, la verdad es muy lamentable y no tiene ningún fundamento jurídico, como usted ha aceptado. Gracias, diputado Presidente.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pues, diputado Gutiérrez de la Garza, lamento decirle que el artículo 23, en el inciso c), dice: ``Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente''. Esta Presidencia, en este instante, instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, de tal suerte que se repita la votación.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal de las propuestas presentadas por el diputado Adrián Chávez Ruiz...

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor Secretario: el señor diputado Gutiérrez de la Garza desea hacer uso de la palabra, y esta Presidencia se la concede con un enorme gusto.El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Diputado Presidente, no tiene usted por qué lamentar lo que le faculta el artículo 22; me da muchísimo gusto que lo conozca como tal. Y señala: ``... la declaratoria correspondiente...'' Ya había una declaratoria sobre el tema. Admite que por situación de no generar mayor conflicto de momento se acepta la petición, que no estoy en contra de ella; el problema es el precedente que está usted dejando en este momento. Admita, diputado Presidente, que no tiene facultades para realizar una autorrevocación de una declaratoria ya realizada en la que señala que la propuesta fue desechada. Gracias. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Lo que resulta lamentable es tener que contradecirlo en este instante. Sin embargo, hago propios sus argumentos, diputado; y lo hago con mucho gusto. Adelante.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal de las propuestas de modificación del dictamen presentadas por el diputado Adrián Chávez Ruiz de los artículos reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia quisiera explicar a la Asamblea que el voto por el sí es para respaldar la propuesta del diputado Chávez Ruiz, que se acepta. La propuesta del diputado Chávez Ruiz, el voto por el no, es por el desechamiento.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Presidente: se emitieron 73 votos en pro, 265 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De-sechada. Señoras y señores legisladores, voy a interrumpir un momento su atención.

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ALEJANDRO AZCOYTIA RUIZ
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia acaba de recibir la lamentable noticia del sensible fallecimiento de don Alejandro Azcoytia Ruiz, colaborador invaluable, durante 63 años, desde la XXXVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados. Don Alejandro Azcoytia Ruiz sirvió a la Cámara de Diputados con lealtad, con hombría de bien, con generosidad y con bonhomía durante 21 Legislaturas. Por ello, les pido un minuto de silencio.

(Se guarda un minuto de silencio.)

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LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría sometiendo a la consideración de la Asamblea las propuestas del diputado Chávez Ruiz, respecto a los artículos transitorios del decreto del 27 de enero de 2003.

En votación económica, se ruega a las señoras y a los señores legisladores que nos auxilien para que el sentido de la votación sea claro.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueban las modificaciones presentadas a los artículos transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial del 27 de enero de 2003.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ahora, proceda la Secretaría a someter a la consideración de la Asamblea los transitorios del presente proyecto de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueban las propuestas de modificación del artículo cuarto transitorio, en sus fracciones III y IV, del presente proyecto de decreto.

Los señores diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Desechadas. Instruya la Secretaría la apertura del sistema electrónico de votación a efecto de recabar la votación nominal de los artículos reservados, en sus términos, el 124 Bis y de los transitorios segundo, tercero, quinto, sexto, noveno, décimo y decimoprimero del decreto publicado el 27 de enero de 2003 y del cuarto transitorio, fracción III, párrafo primero, y del cuarto transitorio, fracción IV, párrafo primero, del presente proyecto de decreto, por tres minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en sus términos

(Votación)

Diputado Presidente: se emitieron... El diputado Martínez Álvarez, de viva voz, a favor.

Diputado Presidente: se emitieron 276 votos en pro, 71 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 276 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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EMBAJADAS DE MEXICO EN EL EXTRANJERO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es un dictamen a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura y sólo se lea el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Se ruega a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

De las Comisiones Unidas de Cultura, y de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero

PUNTO DE ACUERDO

Con fundamento en los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unido Mexicanos, los legisladores integrantes de la Comisión de Cultura de la H. Cámara de Diputados vamos a favor la Proposición con punto de Acuerdo que, con fecha 15 de abril de 2004, fuera presentado por el Diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las Embajadas de México en el Extranjero.

Consideraciones:

Primera. Que la herencia cultural del pueblo de México es una de las más ricas y diversas de América, enriqueciendo el desarrollo de los distintos pueblos y culturas del mundo.

Segunda. Que la cultura del pueblo de México se constituye en una ventaja comparativa frente a otras naciones, al acrecentar las oportunidades en materia diplomática y económica, toda vez que contribuye a fortalecer los vínculos políticos con gobiernos extranjeros y a mantener el interés de la inversión foránea, esto último, al vincular el aspecto cultural con el comercial.

Tercera. Que es precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus Embajadas y Consulados, la instancia institucional con la capacidad de promover a nivel internacional la imagen cultural, social, económica y política de México.

Cuarta. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores, como complemento a la estrategia de promoción económica y comercial, considera el desarrollo de una política que difunda los valores culturales del pueblo mexicano, Para ello, la

Secretaría plantea en su programa operativo diversas actividades de intercambio cultural y educativo, principalmente con aquellas ciudades en donde se localizan sus sedes diplomáticas.

Quinta. Que los estrechos márgenes del presupuesto federal obligan a las distintas dependencias del Ejecutivo Federal a priorizar sus programas instituciones, lo que trae como consecuencia que las distintas acciones que en materia cultural realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores se vean afectados de manera significativa, debilitando con ello la difusión y promoción de la cultura de México en el exterior.

Sexta. Que lo expuesto en el considerando anterior ha generado la valida preocupación de la H. Cámara de Diputados, los diferentes organismos culturales del país y los actores de la cultura nacional.

Séptima. Que resulta necesario hacer un respetuoso llamado a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de exhortarlas a mantener los proyectos culturales que la dependencia tiene programados realizar a través de sus distintas áreas y unidades ejecutoras.

Aprobado por Unanimidad durante la Octava reunión plenaria de la Comisión de Cultura efectuada en el salón ``E'' Restaurante los Cristales de la H. Cámara de Diputados el día 18 de mayo, 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo de 2005.--- Comisión de Cultura, diputados: Filemón Arcos Suárez (rúbrica), Presidente; Paulo Tapia Palacios (rúbrica), secretario; José Antonio Cabello Gil (rúbrica), secretario; María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), secretaria; Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José G. Aréchiga Santamaría (rúbrica), Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda, Blanca Eppen Canales, Patricia Flores Fuentes, Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, Bernardo Loera Carrillo, Germán Martínez Cázarez, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz, Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica).

Comisión de Relaciones Exteriores, diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández, Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces, considera el tema suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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LEY DE AVIACION CIVIL - LEY DE CAMINOS Y PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL - LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIOS FERROVIARIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta, consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura y sólo se da a conocer el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor..

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Continúe la Secretaría con los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona los párrafos tercero y cuarto del artículo 49 de la Ley de Aviación Civil; un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción I del artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87 y 88 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones para la resolución.

ANTECEDENTES

En la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, del día 18 de junio de 2003, se dio cuenta de la iniciativa presentada por el honorable Congreso de Chihuahua, a fin de adicionar los párrafos tercero y cuarto del artículo 49 de la Ley de Aviación Civil; un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción I del artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por parte del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

En la misma sesión, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en uso de sus facultades legales de procedimiento legislativo, ordenó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara, para su estudio y dictamen correspondiente.

Debido a que la iniciativa fue presentada en el último receso de la LVIII Legislatura no pudo ser programada su deliberación y resolución por la Asamblea, por lo que el expediente pasó a esta Comisión de la LIX Legislatura como asunto pendiente de resolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Los integrantes de esta Comisión procedieron al análisis y discusión de la iniciativa y resolvieron el trámite de la misma, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

La iniciativa ha sido motivada por el propósito de eliminar todo tipo de restricción en el ejercicio del derecho de las personas con capacidades físicas, anatómicas y fisiológicas diferentes, para viajar y hacer uso de los diversos medios y servicios de transporte.

Es evidente que ese propósito tiene ahora mayor receptividad en el seno de la sociedad. La sociedad tiene cada vez más conciencia de la necesidad de proteger y otorgar la debida consideración a las personas con diversas discapacidades físicas o fisiológicas, sin discriminación alguna. Por su parte, el Estado ha contribuido de mejor manera, con mayor eficacia y alcance para garantizar los derechos fundamentales y proveer de medios que aseguren una atención especializada y elevar la calidad de vida de tales personas.

Puede reconocerse, en general, que la decidida y creciente participación de diversos grupos y organizaciones de la sociedad ha tenido como resultado la promoción más exitosa de una cultura de trato adecuado a las personas con discapacidades, especialmente entre las nuevas generaciones de mexicanos.

Esta sensibilización de la sociedad ha llegado incluso a referirnos a personas con capacidades distintas, antes que a discapacitados, término con el que convencionalmente se les identificaba. Para todo efecto práctico, el Legislador ha sabido promover con mayor fuerza y relevancia la perspectiva que asocia las necesidades y requerimientos individuales de este segmento de la población con los derechos fundamentales de la población, en términos y condiciones de equiparación justa e igualitaria.

En esa orientación, se ha justificado la adecuación de la legislación, tanto como las medidas reglamentarias y administrativas que favorecen una mejor convivencia social y aprovechamiento de oportunidades, tal como es el caso del libre tránsito y la transportación de personas con capacidades físicas y fisIológicas diferentes, aspecto que particularmente preocupa al promovente de la iniciativa.

En la práctica, sin embargo, se presenta el problema de la persistencia de diversos perjuicios culturales y simbólicos ineludibles, aunque precisamente por ello el Legislador ha cuidado que la ley no propicie márgenes para conculcar los derechos y las libertades de todas las personas, sobre todo cuando se trata de servicios públicos de transporte colectivo.

De hecho, el artículo 33 de la Ley de Aviación Civil establece la obligación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transportación aérea de adoptar medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como las de edad avanzada.

Ciertamente la movilidad física diferenciada de las personas no debe ser objeto de discriminación, pero debe reconocerse también que, en todo caso, las restricciones sólo obedecen a razones de seguridad para ellos mismos y para los demás y tienen como único límite, en último término, los impedimentos debidos a la naturaleza tecnológica de los dispositivos y vehículos de transportación.

Con base en la información de estudios realizados en este campo, puede establecerse que las restricciones establecidas, a diferencia de lo argumentado en la iniciativa, son en la práctica las mismas para personas con o sin discapacidad física o fisológica, incluida aquella que impide que, en el caso de transportación aérea, viajen animales en la aeronave aun cuando estén entrenados para hacerlo.

En ese caso en particular, ha imperado el criterio y es práctica común, en cualquier parte del mundo, que los animales caninos que sirven de guía a personas invidentes o con discapacidad visual parcial viajen en el área reservada para carga y que las personas en esa condición sean auxiliadas por el personal técnico encargado de la transportación.

Ese criterio y práctica no es limitativo del hecho de viajar solo o acompañado de otra persona o de perro guía en caso de invidentes o débiles visuales. Ello, en la medida en que se pueda establecer comunicación de alguna forma, comprender y responder a instrucciones de seguridad, atender por cuenta propia sus necesidades fisiológicas y los requerimientos de traslado durante el abordaje, viaje y descenso de vehículos, así como aceptar y cumplir instrucciones de evacuación de los medios de transporte. Estos requisitos son iguales para cualquier persona que viaja por un medio de transporte colectivo.

Debe reconocerse que, sobre todo en años recientes, en México se ha avanzado de manera significativa en el esfuerzo de fomentar la cultura de respeto y promoción de los derechos de las personas denominadas con capacidades físicas y fisiológicas diferentes.

Aunque esa cultura aún es incipiente en nuestro país, precisamente con esa orientación debe destacarse que el Congreso de la Unión ha sido sensible a este aspecto de la realidad nacional y la convivencia entre los mexicanos y, por ello, aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada y vigente a partir del 11 de junio de 2003.

Como resultado de la participación de la población y de esa importante medida legislativa, puede afirmarse que la convivencia social ha mejorado en cuanto al trato y consideración que merecen a los demás las personas con capacidades diferentes, lo cual comprende favorecer el libre tránsito y la transportación a través de diferentes medios, tales como el autotransporte, el ferrocarril, la embarcación marítima y la transportación aérea.

Para que las autoridades competentes puedan exigir a los prestadores de servicios públicos y privados de transporte que garanticen ese derecho, no puede soslayarse que las restricciones que impone la responsabilidad de prestar tales servicios, especialmente en el caso de transportación aérea, es irrenunciable adoptar medidas de seguridad que obedecen a criterios técnicos y científicos, indispensables para preservar la seguridad de todos los pasajeros, indistintamente de su condición física.

Por ello resulta improcedente que se establezca el derecho de viajar por cuenta propia, haciéndose acompañar de perro guía en el medio de transporte en el caso de los invidentes, tal como se propone en la iniciativa. Por lo demás, nunca se han impedido los viajes a los invidentes. La única restricción consiste en evitar que el animal guía permanezca a su lado durante el traslado, lo cual no es posible ni recomendable por razones técnicas de seguridad y científicas en cuanto al comportamiento de los animales en circunstancias como las que implica un vuelo aéreo.

Aún las previsiones que se hacen en la propuesta de la iniciativa, en cuanto a los requerimientos que deba cumplir el animal guía de un invidente ya se han hecho en la ley. No prejuzgan la orientación señalada en esa restricción, pues para todo efecto de un vuelo aéreo es indistinto que el animal guía haya sido registrado ante la autoridad sanitaria federal y se haya acreditado que ha recibido entretamiento, sea capaz de cumplir la función de guía de personas invidentes, cuente con cartilla de vacunación actualizada, esté provisto de arnés e incluso de bozal.

Por lo expuesto, esta Comisión somete a la consideración de esta honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los párrafos Tercero y Cuarto del Artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los párrafos Segundo, Tercero y Cuarto a la Fracción I del artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, presentada por el H. Congreso de Chihuahua el 18 de junio de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de julio de dos mil cuatro.--- Por la Comisión de Comunicaciones, diputados: Ángel Heladio Aguirre Rivero (rúbrica), Presidente; Jesús Aguilar Bueno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), José Julián Sacramento Garza, Sergio Augusto Magaña Martínez, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Juan Bustillos Montalvo (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Rafael Moreno Valle Rosas, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), José Rangel Espinosa, Gonzalo Rodríguez Anaya, Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, Tatiana Clouthier Carrillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde, Francisco Javier Obregón Espinoza, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33, fracción VIII; 75, fracción IV; y adiciona la fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración Dictamen sobre la iniciativa para incorporar los útiles y materiales de estudio de los estudiantes de educación básica como una prestación obligatoria, adicional a los libros de texto gratuitos, y su correlativo Proyecto de Decreto para reformar los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33 fracción VIII; 75, fracción IV, y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación

Antecedentes

En sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2003, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó a este Pleno la Iniciativa y el Proyecto de Decreto que se dictaminan, mismos que fueron previamente publicados en la Gaceta Parlamentaria No. 1382.

Una vez que la Mesa Directiva constató que la Iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, fue turnada a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes.

La Junta Directiva de la Comisión remitió el expediente a la subcomisión de Educación Básica e inicial, que procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, y encontró que en el Artículo 3º de la Constitución se establece lo siguiente:

La Subcomisión procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, para lo cual se remitió al Artículo 73 de la Constitución General de la República, que en su fracción XXV establece:

ARTICULO 73. EL CONGRESO TIENE FACULTAD:

I. a XXIV

XXV.- PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN TODA LA REPUBLICA ESCUELAS RURALES, ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y PROFESIONALES; DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DE BELLAS ARTES Y DE ENSEÑANZA TÉCNICA, ESCUELAS PRACTICAS DE AGRICULTURA Y DE MINERÍA, DE ARTES Y OFICIOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS, OBSERVATORIOS Y DEMÁS INSTITUTOS CONCERNIENTES A LA CULTURA GENERAL DE LOS HABITANTES DE LA NACIÓN Y LEGISLAR EN TODO LO QUE SE REFIERE A DICHAS INSTITUCIONES; PARA LEGISLAR SOBRE VESTIGIOS O RESTOS FÓSILES Y SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, CUYA CONSERVACIÓN SEA DE INTERÉS NACIONAL; ASÍ COMO PARA DICTAR LAS LEYES ENCAMINADAS A DISTRIBUIR CONVENIENTEMENTE ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA Y LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PUBLICO, BUSCANDO UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACIÓN EN TODA LA REPUBLICA. LOS TÍTULOS QUE SE EXPIDAN POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE QUE SE TRATA SURTIRÁN SUS EFECTOS EN TODA LA REPUBLICA.

Por su parte, la fracción VIII del Artículo 3º a la letra dice:

VIII. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON EL FIN DE UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACIÓN EN TODA LA REPUBLICA, EXPEDIRÁ LAS LEYES NECESARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIR LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, A FIJAR LAS APORTACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PUBLICO Y A SEÑALAR LAS SANCIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN O NO HAGAN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS, LO MISMO QUE A TODOS AQUELLOS QUE LAS INFRINJAN.

En virtud de lo anterior, la Subcomisión determinó que la Constitución faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia que motiva la iniciativa, y se abocó desde luego a su estudio y análisis.

En el proceso de estudio y análisis de la Iniciativa, la subcomisión encontró que los argumentos esgrimidos en la Exposición de Motivos de la Iniciativa dan razones para dictaminar en sentido negativo, con recomendaciones y modificaciones al texto del Proyecto de Decreto, y consecuentemente, procedieron a preparar proyecto de dictamen para someter a la consideración del Pleno de la Comisión.

El Pleno de la Comisión aprobó el proyecto de la Subcomisión en reunión del día 20 de abril de 2004.

Consideraciones sobre la iniciativa y el proyecto de decreto

La Comisión Dictaminadora comparte el criterio expresado en la Iniciativa, en el sentido de que en nuestro sistema jurídico, la educación pública es una función que ha estado presente como preocupación central del Estado mexicano, y que el carácter laico, gratuito y obligatorio que ahora tiene, ha sido producto de las luchas que ha librado la nación a través de su historia.

La Comisión coincide con la iniciativa en que el postulado de que la educación que imparta el Estado es una función pública de carácter gratuito y obligatorio, implica derechos y obligaciones para sus derechohabientes y para el Estado, y debe ser incuestionable el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso sin más limitaciones que satisfacer los requisitos expresados en las disposiciones aplicables, y por ello es necesario tomar acciones para alcanzar el objetivo de universalizar la cobertura de una educación de calidad.

La comisión comparte también la preocupación expresada en la iniciativa por los rezagos y retos de la educación nacional en materia de calidad, financiamiento del servicio, equidad de género, eficiencia terminal del sistema, exclusión en los niveles medio superior y superior, el bajo porcentaje de gasto de las familias en la educación de sus hijos debido a los problemas de pobreza y marginalidad que enfrenta el país, así como por las consecuencias que todo esto implica para el desarrollo personal y nacional.

Argumenta la iniciativa, con razón, en la importancia que han revestido para el desarrollo educativo del país la implantación generalizada de los libros de texto gratuitos para la educación primaria, como lo ilustra la lucha que en estos momentos desarrolla el pueblo español, en el sentido de que, para hacer realidad la educación gratuita en ese país, el estado proporcione en los niveles educativos obligatorios libros y útiles escolares gratuitos.

En virtud de lo anterior, la Iniciativa se acompaña de un Proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Educación, como sigue:

El sentido justiciero de las medidas que propone la Iniciativa se puede apreciar en el siguiente comentario de las memorias de Jaime Torres Bodet, citado en su libro La tierra Prometida: ,

En febrero de 1959, tuve oportunidad de obtener del Presidente López Mateos una aprobación de la cual me siento todavía muy satisfecho : la que nos autorizó a editar y distribuir, por cuenta de la Federación, los libros de texto y los cuadernos de trabajo que recibirían gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de la República.

Desde 1944 me había preocupado aquel gran problema. Hablábamos de educación primaria, gratuita y obligatoria. Pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros - muchas veces mediocres- y a precios, cada año, más elevados. El 12 de febrero, tres días después de iniciar las tareas destinadas a elaborar el programa de mejoramiento de la educación primaria, el Licenciado López Mateos firmó un decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

...

Antes de firmarlo, el Presidente quiso enterarse de lo que costaría aventura tan arriesgada. Le proporcioné los datos que habíamos reunido. Representaban sumas cuantiosas. Y temí, en cierto instante, que debiésemos limitarnos a ofrecer exclusivamente textos gratuitos a los alumnos matriculados en los planteles de la Federación.

El presidente aspiraba a más. ``Todos son niños - me dijo- y todos son parte de nuestro pueblo''. Se daba cuenta del sacrificio económico que ese nuevo esfuerzo requeriría. Pero firmó el decreto, persuadido del bien que haría a nuestra niñez. --``Eso sí''- me indicó, al observar el júbilo que me produjo su decisión- ``deberá usted velar por que los libros que entregue a los niños nuestro gobierno sean dignos de México, y no contengan expresiones que susciten rencores, odios, prejuicios y estériles controversias.

En ese tenor, el 13 de febrero de 1959 la Presidencia de la República emitió el Decreto de creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto gratuitos, bajo los siguientes considerandos:

ADOLFO LOPEZ MATEOS. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de las facultades que me otorga la fracción I del articulo 89 de la Constitución Federal y el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Publica, reglamentaria de los artículos 3º _ 31 fracción I. 73 fracciones X y XXV y 123º fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

CONSIDERANDO I°: Que, según lo disponen las fracciones VI y VII del artículo 3º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Educación Primaria impartida por el Estado -Federación, Estados y Municipios - ha de ser, además de obligatoria, gratuita;

CONSIDERANDO 2º: Que dicha gratuidad sólo será plena cuando además de las enseñanzas magistrales los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus estudios y tareas, circunstancia esta última, prevista en el apartado 3º del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pública, del 31 de diciembre de 1941;

CONSIDERANDO 3º Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto escolares;

CONSIDERANDO 4º : Que mientras los libros de texto sean materia de actividad comercial resulta indefensible -pues surge entonces la tendencia a diversificarlos- que en sus características y precios influya el interés económico de los distintos sectores que los producen, los cuales, también por la naturaleza de las cosas, se multiplican, y que, inversamente, sometida la producción de dichos libros a las solas decisiones de un organismo extraño a los afanes de lucro, eso los abaratará en cuantía suficiente para que el Estado tome y soporte sobre sí la carga de proporcionarlos gratis y

CONSIDERANDO 5º : Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por mandato de ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que algún día serán ciudadanos.

Estos mismos considerandos prevalecen en el decreto de 20 de febrero de 1980, por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como Organismo Público Descentralizado.

La Comisión coincide con estos considerandos y con el punto de vista de la iniciativa, y expresa la necesidad de que este esfuerzo se amplíe hasta contar con textos en todas las lenguas indígenas y adecuados para todas las necesidades educativas en las diferentes modalidades. Considera también prioritario para el desarrollo educativo nacional, que esta política se amplíe a toda la educación básica obligatoria, que ahora incluye la educación secundaria -en la que se han venido desarrollado esfuerzos en este sentido- y la educación preescolar.

Del mismo modo, la Comisión coincide con la iniciativa el argumento en el sentido de que los libros de texto gratuitos, con toda la importancia que revisten para hacer realidad la gratuidad de la educación en México, es ya una medida insuficiente para garantizar condiciones que permitan a los estudiantes garantizar su permanencia en el sistema, ante la realidad económica de la mayoría de las familias mexicanas.

Esto es así porque, como bien ilustra la iniciativa, los costos de los útiles escolares para la mayoría de estas familias, resultan cada vez más inaccesibles para sus economías, a partir del hecho de que, según estadísimas oficiales, más del 50% de la población nacional se encuentra sumida en la pobreza o en la extrema pobreza, haciendo así que, en los hechos, deje de ser realidad la gratuidad de la educación obligatoria, razón por la cual el Estado debe tomar medidas para cumplir con la función compensatoria social y educativa que le compete.

Es criterio de la Comisión que el esfuerzo por la educación nacional es un deber constitucional, un principio medular de la Nación y un imperativo de justicia. Para cumplir con ese deber, lo primero es atender el mandato del Artículo Tercero Constitucional, trabajando por una cobertura suficiente y una mejora constante en la calidad de la educación manteniendo la obligatoriedad de la educación preescolar primaria y la secundaria, el carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, así como su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico.

Hoy el reto educativo es llevar toda la educación básica, en sus tres niveles, a donde todavía no ha llegado, procurar que todos los niños tengan igual acceso a las oportunidades educativas y apoyar a las familias y comunidades más pobres para que sus hijos completen los tres niveles educativos del tipo básico obligatorio, seguir ampliando las opciones de enseñanza media y superior y elevar la educación en todos los niveles.

En este sentido es importante considerar que la obligatoriedad de los niveles preescolar y secundaria, a partir de las reforma al Artículo 3º Constitucional de 2002 y 1992, respectivamente, han venido acompañadas de una marcada insuficiencia económica familiar que impide adquirir los libros de texto que producen y venden las editoriales privadas y los útiles necesarios para el desempeño de las tareas educativas de los alumnos de familias que viven en regiones y zonas marginadas, rurales y urbanas, lo cual afecta de manera significativa la calidad educativa de los estudiantes y reduce la efectividad del maestro.

Es necesario considerar que la política de distribución generalizada de los libros de texto gratuito para la educación primaria en todo el país, desde el principio no ha tenido solamente el propósito de coadyuvar a elevar el nivel de gratuidad de la educación que imparte el Estado, sino también a cumplir con el mandato de lograr una educación unificada y nacional como lo ordena el Artículo 3º Constitucional.

Por ello, los libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos, así como los libros para los maestros, se distribuyen de manera generalizada e indiscriminada, incluyendo a los centros educativos privados.

Sin embargo, una política de este tipo no puede ser extensiva en relación con los útiles escolares de los estudiantes para alumnos cuyas familias estén en posibilidades de adquirirlos, sin incurrir en el grave riesgo de otorgar beneficios a quienes pueden cubrir estos gastos, habiendo en puerta necesidades apremiantes y de mayor envergadura que cubrir, como es el caso de la universalización de los libros y materiales para la educación secundaria y preescolar obligatorias.

La Comisión considera, ante la situación económica que viven la mayoría de las familias mexicanas y a la situación por la que atraviesa la economía nacional, aunque es deseable generalizar la prestación de útiles a los estudiantes de educación básica, ante las necesidades que enfrenta el sistema educativo nacional por e momento es adecuada la política de apoyar a las familias que lo requieran con dotaciones de útiles escolares, de una manera no generalizada, como se hace hasta ahora a través de programas compensatorios que desarrollan la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública a través del CONAFE.

La Comisión considera que es también prioritario ampliar la política de libros de texto gratuita a los tres niveles de la educación básica obligatoria, que por mandato constitucional y por justicia debe ser gratuita.

Considera también que es necesario ampliar los criterios de aplicación de estas políticas de apoyo, para llevarlas no sólo a las escuelas de las áreas marginadas rurales indígenas, sino también a las áreas marginadas urbanas y a las familias que así lo requieran en escuelas ubicadas en otras áreas, y hacerla aplicable a los tres niveles educativos que componen el tipo básico.

En razón de lo anterior, la iniciativa propone un proyecto de decreto para reformar los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33 fracción VIII; 75, fracción IV, y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65, acerca de las cuales la Comisión, en virtud de lo anteriormente señalado recomienda modificar para quedar como sigue:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de decreto que reformar los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33, fracción VIII; 75, fracción IV, y adicionar la fracción VI al diverso artículo 65 de la Ley General de Educación, presentada por la Dip. María Dolores Padierna Luna, el 27 de noviembre de 2003.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla, Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración dictamen sobre la Iniciativa para Ampliar el Criterio para Definir la Edad de Ingreso a los Diferentes Niveles de la Educación, Estableciendo el de Años Cumplidos en el Año Natural, y su correlativo Proyecto de Decreto para adicionar un artículo, que sería el 37-Bis a la Ley General de Educación.

Antecedentes

La Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día 29 de octubre de 2003, aprobó el Acuerdo Económico 1134/03, mediante el cual se remite al Congreso de la Unión la Iniciativa y Proyecto de Decreto que se mencionan.

En esa misma fecha el Acuerdo fue remitido a esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos constitucionales.

Una vez publicada la Iniciativa en la Gaceta Parlamentaria No. 1373, la Mesa Directiva, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a este Pleno del Acuerdo y presentó la Iniciativa y el Proyecto de Decreto que se dictaminan en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2003, y una vez que constató que la Iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, fue turnada a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes.

La Junta Directiva de la Comisión remitió el expediente a la Subcomisión de Educación Básica e inicial, que procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, y encontró que en el Artículo 3º de la Constitución se establece lo siguiente:

ARTICULO 3o.- ...

...

I. ... a II. ...

III. PARA DAR PLENO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PARRAFO Y EN LA FRACCION II, EL EJECUTIVO FEDERAL DETERMINARA LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y NORMAL PARA TODA LA REPUBLICA. PARA TALES EFECTOS, EL EJECUTIVO FEDERAL CONSIDERARA LA OPINION DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO DE LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN LA EDUCACION, EN LOS TERMINOS QUE LA LEY SEÑALE.

IV. ... a VII. ...

VIII. EL CONGRESO DE LA UNION, CON EL FIN DE UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACION EN TODA LA REPUBLICA, EXPEDIRA LAS LEYES NECESARIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIR LA FUNCION SOCIAL EDUCATIVA ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, A FIJAR LAS APORTACIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PUBLICO Y A SEÑALAR LAS SANCIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLAN O NO HAGAN CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS, LO MISMO QUE A TODOS AQUELLOS QUE LAS INFRINJAN.

ARTICULO 73. EL CONGRESO TIENE FACULTAD:

I... a XXIV. ...

XXV.- PARA ESTABLECER, ORGANIZAR Y SOSTENER EN TODA LA REPUBLICA ESCUELAS RURALES, ELEMENTALES, SUPERIORES, SECUNDARIAS Y PROFESIONALES; DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DE BELLAS ARTES Y DE ENSEÑANZA TECNICA, ESCUELAS PRACTICAS DE AGRICULTURA Y DE MINERIA, DE ARTES Y OFICIOS, MUSEOS, BIBLIOTECAS, OBSERVATORIOS Y DEMAS INSTITUTOS CONCERNIENTES A LA CULTURA GENERAL DE LOS HABITANTES DE LA NACION Y LEGISLAR EN TODO LO QUE SE REFIERE A DICHAS INSTITUCIONES; PARA LEGISLAR SOBRE VESTIGIOS O RESTOS FOSILES Y SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, CUYA CONSERVACION SEA DE INTERES NACIONAL; ASI COMO PARA DICTAR LAS LEYES ENCAMINADAS A DISTRIBUIR CONVENIENTEMENTE ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EL EJERCICIO DE LA FUNCION EDUCATIVA Y LAS APORTACIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A ESE SERVICIO PUBLICO, BUSCANDO UNIFICAR Y COORDINAR LA EDUCACION EN TODA LA REPUBLICA. LOS TITULOS QUE SE EXPIDAN POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE QUE SE TRATA SURTIRAN SUS EFECTOS EN TODA LA REPUBLICA.

XXVI.... A XXX. ...

La Subcomisión determinó que la Constitución no faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia que motiva la iniciativa, y se abocó a preparar el presente Dictamen, que fue dictaminado en sentido negativo ya que es un asunto administrativo que puede ser propuesto por modificación a reglamento, esto lo determinó el Pleno de la Comisión en reunión celebrada el día 20 de abril de 2004.

Consideraciones a la exposición de motivos y al proyecto de decreto

La iniciativa hace referencia a que las reformas de los artículos 3º y 31 constitucionales, que establecen como obligatoria la educación preescolar, y al artículo Quinto transitorio de dicha reforma, mediante el cual se establecen los parámetros para aceptar a los niños que ingresarán a los distintos grados de preescolar.

Se señala que a pesar de las reformas constitucionales, argumentando lo establecido en el Acuerdo, muchos niños que por su edad y por el derecho que les corresponde en virtud de haber cursado un grado o ciclo solicitan inscripción en el siguiente, no son aceptados y se les obliga a repetir con el argumento de la edad y con el fin de ``...reforzar sus conocimientos necesarios para adquirir la madurez suficiente''.

Considera la Exposición de Motivos de la Iniciativa, y en ello coincide esta Comisión Dictaminadora, que esta circunstancia afecta negativamente la continuidad académica y la autoestima de los menores, generando una situación que no es posible que se siga remediando año con año a través de acuerdos económicos con la autoridad educativa para que admita a dichos escolares, y es necesario tomar decisiones que pongan remedio definitivo.

Señala la iniciativa que no existe base para suponer que de manera automática se den en los niños los atributos para ser escolar a partir de una fecha definida, por lo cual propone adoptar como criterio de admisión, en lugar del día 1 de septiembre, el del año natural en que se cumple la edad considerada, argumentando que es este criterio el que impera, entre otros casos, para realizar el Servicio Militar, adquirir el derecho a votar, ser sujeto de responsabilidad civil o penal, ser acreedores a la imposición de vacunas en el caso de los infantes.

Como mecanismo para superar los problemas señalados y lograr los objetivos que enuncia, la Iniciativa propone un Proyecto de Decreto para adicionar la Ley General de Educación con un artículo, que sería el 37-Bis en que se indique:

Artículo 37. Para efectos de admisión de aspirantes a integrarse a estudiar educación de tipo básica obligatoria que señala el artículo 3º constitucional en su párrafo segundo, la edad requerida del aspirante será tomada en consideración conforme al año natural en que cursen el grado que corresponde, del l de enero al 31 de diciembre del año en que inicie el respectivo ciclo escolar.

La Comisión estableció que la Constitución General de la República, en el Artículo 73, no faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia que motiva la iniciativa, toda vez que se trata de un asunto de carácter administrativo que, por lo mismo, se encuentra dentro de las facultades del Poder Ejecutivo, las que ejerce a través de la Secretaría de Educación Pública.

Por considerar de interés general la materia en cuestión, la Comisión una vez estudiado con detenimiento el problema, decidió emitir opinión y recomendación a la autoridad correspondiente.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero.- No es de Aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación presentada por el Congreso del Estado de Jalisco, el 13 de noviembre de 2003.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril de 2004.--- Integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), secretario, Tatiana Clouthier Carrillo secretaria, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), secretaria, Humberto Filizola Haces (rúbrica), secretario, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), secretario, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretario; María Viola Corella Manzanilla, Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla, Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; considera el tema suficientemente discutido y lo reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnado el pasado 8 de noviembre de 2001 para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por la Dip. Heidi Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 94 párrafo IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen Negativo, por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Los artículos propuestos por la Dip. Storsberg para su respectiva reforma, ya han quedado modificados de conformidad con la nueva Ley del Servicio Exterior Mexicano.

2. De acuerdo con el texto de la nueva ley, reformada el 25 de enero de 2002, ``los miembros del Servicio Exterior deberán abstenerse de incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral incompatibles con el desempeño de su función pública, y de realizar declaraciones que comprometan los intereses del país'' según consta en la nueva redacción de su artículo 41.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Dictamen Negativo

PRIMERO.- Es improcedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto propuesta, por lo que se desecha.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argáiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. No hay oradores registrados sobre el tema; por tanto, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY FEDERAL PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTES Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y ACREDITACION DE NACIONALIDAD

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnado el pasado 3 de octubre de 2002 para su estudio y posterior elaboración de dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad, presentada por el Dip. Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de Mexico.

Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 94 párrafo IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen Negativo, por las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. La iniciativa de Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad no aporta ningún elemento novedoso a estos propósitos dado que, los mismos, se encuentran debidamente reglamentados por el Capítulo II de la Ley Federal de Derechos y por diversas disposiciones de la Ley de Nacionalidad y el Reglamento de Pasaportes vigente, expedido el 9 de enero de 2002.

2. Contraviene al espíritu y la letra de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y una gran cantidad de disposiciones internacionales, constitucionales y federales el establecer que ``la Secretaría de Relaciones deberá expedir una identificación y acreditación de nacionalidad a ciudadanos extranjeros que por algún motivo se encuentren en el territorio nacional que no cuenten con un pasaporte de su país y se vean impedidos para obtener uno, que los acredite para abandonar el país''. Esa función corresponde a los consulados y embajadas del extranjero en México como parte de la atención que están obligados a dar a sus connacionales. Emitir un documento de nacionalidad a un ciudadano extranjero es una función soberana que no es posible delegar en la autoridad de otro país.

3. Esta documentación que prueba la nacionalidad es, sin duda, la matrícula consular que será aceptada en México, como acreditación de la nacionalidad mexicana, a partir de la aprobación de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, referente a la inclusión de la matrícula consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana presentado ante esta Soberanía el 27 de abril de 2004.

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:

Dictamen Negativo

PRIMERO.- Es improcedente la Iniciativa con proyecto de decreto propuesta, por lo que se desecha.

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 13 de octubre de 2004.--- Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David, Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Francisco Xavier López Mena, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay registro de oradores; luego entonces, el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Reglamentos y Prácticas...

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo. Diputado Pablo Gómez.El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Señor Presidente: nada más para dejar constancia de que la resolución que se acaba de leer es improcedente porque no puede haber una iniciativa que sea improcedente, como lo declara el texto que se propone. Todas las iniciativas son procedentes; no existe la resolución de improcedencia de una iniciativa. Las iniciativas se pueden aprobar o se pueden rechazar, pero no son improcedentes. Quiero hacer constar esto con el propósito de que las comisiones que están haciendo dictámenes negativos se abstengan de señalar la improcedencia de las iniciativas y declaren que se rechazan. Éste es el trámite correcto que debe darse. El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Desea usted que este punto específico lo apartemos para una votación especial?El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Esto de la resolución; y no se diga que es improcedente, sino que se rechaza la iniciativa.El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, ¿quisiera usted que consultemos a la Asamblea si cambiamos el término?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea, en este caso específico, si en lugar de usar el término ``improcedente'' se usa el término ``no es de aprobarse''. Se ruega a la Secretaría someterlo a la consideración. En éste y en el anterior, en lugar de utilizar el término ``improcedente'', que se utilice el término ``no es de aprobarse''.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si en vez de utilizarse el término ``improcedente'', se utiliza el término ``no es de aprobarse''.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, con esta modificación, sugerida por el diputado Pablo Gómez y aprobada por la Asamblea, se reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 26, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

C C. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura le fue turnada la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el artículo 26, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'', que presentara el Diputado Luis Maldonado Venegas

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta LIX Legislatura tuvo a bien elaborar el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

A) En sesión ordinaria del 7 de octubre de 2003, el Diputado Luis Maldonado Venegas presentó la ``Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el artículo 26, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos''

B) La iniciativa en comento fue publicada en la Gaceta Parlamentaria # 1347 del miércoles 8 de octubre de 2003.

C) La presidencia de la Cámara de Diputados dictó el trámite ``túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias''.

II.- PROCESO DE DICTAMINACIÓN.

A) El 21 de enero del año en curso, en sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, esta aprobó el Acuerdo por el que se Integran las Subcomisiones de Trabajo, resolviendo crear una subcomisión de Proyectos del Ley, Decreto y Dictamen, que se integra con los diputados Agundis Arias, Alejandro; Elías Loredo, Álvaro; García Solís, Iván; Moreno Garavilla, Jaime Miguel; Scherman Leaño, María Esther de Jesús; Vargas Bárcena, Marisol; y Vázquez González, Pedro, en carácter de titulares a los que se sumaron los diputados Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto y Díaz Palacios, Socorro. La Subcomisión es coordinada por el Diputado García Solís.

B) Para poder poner estos asuntos en estado de resolución, la subcomisión propuso a la propia Comisión un método de trabajo que transita por los pasos siguientes:

Evaluación de la factibilidad de resolución de la propuesta.

Entrevista con el autor de la propuesta.

Entrevista con expertos sobre el tema específico.

Entrevista con los interesados o afectados en ese tema (si los hay).

Elaboración de un proyecto de dictamen.

C) Con fecha 10 de marzo de 2004, la subcomisión encargada del dictamen de este asunto celebró una reunión con personal del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias y de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la que acudieron los diputados Iván García Solís, Socorro Díaz Palacios y Luis Maldonado Venegas, autor de la propuesta, con objeto de analizar la iniciativa y allegarse mayores elementos para dictaminarla.

D) De esta reunión surgió el compromiso de los invitados de remitir por escrito sus propuestas, comentarios y sugerencias por cuanto a la iniciativa analizada. El 24 de marzo de 2004.

E) La Comisión que hoy dictamina, recibió el oficio CEDIP/DG/052/04 del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, suscrito por su Director General, licenciado Jorge Moreno Collado, en el que se vierte la opinión respecto de la iniciativa que hoy se dictamina.

III.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA.

La iniciativa, motivo de este dictamen, sugiere agregar un texto al segundo párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que los grupos parlamentarios integrados al inicio de la legislatura conserven ese estatus durante el resto de la misma no obstando a ello la variación del número de sus integrantes, bajo los argumentos de que:

1. El número mínimo para la integración de un grupo parlamentario (cinco), es arbitrario.

2. La cantidad de legisladores que tiene cada partido político es la expresión de un grupo de ciudadanos que decidió asumir determinada ideología y apoyarla en las urnas.

3. Cuando uno o varios legisladores postulados por un partido político renuncian a integrarse en el grupo parlamentario de ese partido, dejan sin representación al grupo ciudadano que votó por esa expresión política.

IV.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS

1. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver de este asuntos de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

2. Esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir dictamen a esta propuesta, atento a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Los diputados que dictaminan, consideraron que el problema planteado es real y complejo; pues en efecto, la actitud de algunos diputados declarando su emancipación del partido político que los postuló tiene profundas implicaciones ontológicas éticas, políticas y de efectos a terceros que aún no han sido resueltos.

4. De fondo, el quid del asunto se encuentra en el viejo debate sobre si el voto le pertenece a la institución (partido político) o si éste es una muestra de confianza y apoyo hacia el ciudadano.

5. Quienes afirman que el voto pertenece a los partidos, argumentan que las plataformas políticas y la propuesta institucional son aspiraciones superiores a los hombres y antes sujetan sus voluntades al cumplimiento de tales metas, incrementando el nivel del debate político, la cultura sobre la oferta de acciones y alejando al votante de las decisiones fáciles, antojadizas y volátiles que alimentan personalismos y caudillajes.

6. Por su parte, quienes afirman que el voto pertenece al candidato, citan que las preferencias de los electores varían de contienda en contienda pese a que los partidos políticos sean los mismos sobre la base de la importancia, simpatía y preferencia del candidato; e incluso citan ejemplos de candidatos que ganan una elección aún cambiando de partido.

7. Desde la perspectiva de quienes dictaminamos, la motivación del voto es una combinación de ambos factores y entre los sufragios se cuentan tanto los de quienes mantienen una identidad y fidelidad con los institutos políticos (llamado voto duro), como los de quienes varían su preferencia en función de los candidatos sin importar los colores o ideologías. El peso específico respectivo dependería de cada caso concreto y su separación, seria un ejercicio difícil, altamente subjetivo y costoso.

8. Nuestro sistema electoral ha dado preeminencia a las instituciones por sobre los hombres pues basa el esquema de participación en un sistema de partidos como mecanismo único para la participación en la contienda política nacional, dando pie a lo que algunos autores denominan como monopolio partidista o partidocracia.

9. La ley Orgánica, siguiendo este criterio y por mandato de la Constitución Política, también ha seguido el criterio de dar una importancia sobresaliente a os Grupos Parlamentarios por encima de los diputados que los integran sin que ello signifique que los diputados sin grupo parlamentario dejen de tener los recursos e insumos necesarios para la realización de su labor (ver artículo 30 de la Ley Orgánica).

10. Respecto a la arbitrariedad del número mínimo para constituír un Grupo Parlamentario efectivamente la decisión del número tiene un componente altamente discrecional y la ausencia de una exposición de motivos detallada al respecto en el Dictamen de la Ley Orgánica, abona un tanto más en la incertidumbre del origen de esa cifra; sin embargo, la regla propuesta en el sentido de que los grupos parlamentarios conserven su estatus pese a no contar con el número mínimo legal, podría resultar aún más perjudicial toda vez que:

Daría un alto grado de incertidumbre legal

Volvería a dar preminencia a la institución sobre las personas al establecer el status como un ``derecho del partido''

Podría en casos extremos, beneficiar a una sola persona (diputado que permaneciera como integrante del partido), en detrimento de los derechos de una mayoría (el resto de los diputados que hipotéticamente decidieran separarse).

Vulneraría el principio de legalidad jurídica conforme al cual, las facultades y derechos son inherentes a los órganos legalmente establecidos, y el órgano, para constituirse debe cumplir con los requisitos legales; por tanto, de no cumplirse con ellos no existiría el órgano y no habría facultad ni derechos y por tanto no existe el estatus aludido.

11. Si bien es cierto que el problema de la ausencia de representación parlamentaria de los votantes subsiste, también lo es que la fórmula propuesta no resulta la más afortunada para resolver la cuestión y quienes dictaminamos nos inclinamos más por una reducción del número mínimo de integrantes constitutivos de grupo parlamentario, antes que establecer una regla tan laxa y ambigua como la propuesta. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:ACUERDOÚNICO: No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Adiciona el Artículo 26, Párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Luis Maldonado Venegas, el 7 de octubre de 2003.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el treinta de noviembre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica en contra).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El dictamen está a discusión. No hay oradores registrados; el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

C C. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Bertha Alicia Simental García, PSN, relativa a que en la Junta de Coordinación Política haya un representante, sin voz ni voto, de cada partido sin grupo parlamentario.

Antecedentes

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Bertha Alicia Simental García, PSN fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la sesión del 3 de diciembre del 2002, y publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1144, del miércoles 4 de diciembre de 2002.

Contenido de la iniciativa

1.- La iniciadora en su exposición de motivos considera que: ``... Tendrán derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto, un Diputado por cada Partido Político, con representación ante la Cámara, que no cuente con Grupo Parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y decisiones que se tratan en dicho órgano...''

2.- Sostiene además la proponente que: ``... La ausencia de representación de mi partido político en este órgano de dirección lesiona gravemente el derecho a la información de los legisladores nacionalistas así como nuestra participación en asuntos de vital importancia, de los cuales se toman las principales decisiones en esa Junta de Coordinación Política sin que nos podamos enterar de las razones, fundamentos y negociaciones por las que se tomaron dichas decisiones, llegando incluso al absurdo, de no contar con anticipación del conocimiento oficial de los minutos que la Junta de Coordinación Política nos hace el favor de otorgarnos o no otorgarnos para tener participación en tribuna en glosas y otras presentaciones de funcionarios...''

3.- Explica la Diputada que: ``... El hecho de que un partido político no esté representado en la Junta de Coordinación Política, lo desvincula de todos los trabajos de la misma, y ello lo margina de los trabajos legislativos realizados dentro de dicho órgano de dirección, Este hecho lesiona de forma evidente los fines para los cuales se incorpora en el derecho Mexicano la figura de los grupos parlamentarios...''

4.- Finalmente aduce que: ``...La ausencia de representación de mi partido político en este órgano de dirección lesiona gravemente el derecho a la información de los legisladores nacionalistas así como nuestra participación en asuntos de vital importancia, de los cuales se toman las principales decisiones en esa Junta de Coordinación Política sin que nos podamos enterar de las razones, fundamentos y negociaciones por las que se tomaron dichas decisiones, llegando incluso al absurdo, de no contar con anticipación del conocimiento oficial de los minutos que la Junta de Coordinación Política nos hace el favor de otorgamos o no otorgamos para tener participación en tribuna en glosas y otras presentaciones de funcionarios...''.

Consideraciones de derecho

I. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver de estos asuntos de conformidad con lo establecido por el artículo 72 constitucional en su primer párrafo.

II. Esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente a través de la subcomisión de rezago legislativo, para analizar esta iniciativa de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2 inciso b) del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

III.- Esta dictaminadora iniciará el proceso de análisis a través del estudio del contenido de la iniciativa, en el siguiente orden:

Proceso de análisis:

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en sesión realizada el 21 de enero, aprobó el Acuerdo por el que se integran las Subcomisiones de Trabajo resolviendo crear una subcomisión de rezago legislativo que se integra con los diputados Federico Barbosa Gutiérrez, Socorro Díaz Palacios, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Sánchez Vázquez y Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien coordina la subcomisión.

La Subcomisión de Rezago Legislativo, realizó una depuración de los asuntos heredados de la anterior legislatura, clasificando aquellos por tema y ordenamiento que pretenden modificar.

Bajo ese tenor se han ubicado aquellas iniciativas que resultaron de la clasificación por tema y que no representan conflicto de interés partidario, aunque hayan sido rebasadas por el tiempo, dada la esencia de la materia o simplemente porque pasó la coyuntura o la oportunidad.

En esta primera parte concluye esta Subcomisión identificando la siguiente iniciativa a fin de ponerla en estado de resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se elabora el siguiente dictamen a partir del análisis del contenido de la misma.

Considerando

1.- Que efectivamente que en la fecha en que se presentó esta iniciativa, el Partido de la Sociedad Nacionalista, ocupaba 3 curules lo que representó el 0.60% de su participación en la legislatura LVIII, ahora bien, si en ese momento esa proporcionalidad representaba. un problema de ley que mereciera resolverse a través de una adecuación normativa, la legislatura que pudiese interesarle atenderlo ha concluido. La integración de la LIX Legislatura es otra y el contenido del planteamiento de la diputada Simental aunque subsiste, ha desaparecido el interés de ese partido ya que el PSN en la presente legislatura no cuenta con representación política y no tiene registro como partido político.

En tal razón, el momento de oportunidad para emitir el dictamen a esta propuesta ha quedado rebasado por las circunstancias temporales y de hecho dejando parcialmente insubsistente la respuesta al mismo.

2.- En ese momento la pretensión era formar parte de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto a un Diputado que no cuente con Grupo Parlamentario, planteamiento que ha sido rebasado por el tiempo.

3.- Sin embargo, atendiendo al fondo de la propuesta, que es el derecho de información a que deben tener los partidos sin formar Grupo Parlamentario, y que proponen establecer en la Ley el derecho de estar presentes en las sesiones de la Junta de Coordinación Política, esta Comisión dictaminadora estima que no es necesario modificar la Ley, pues en la actualidad y con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en los reglamentos que al amparo de ese marco han creado las Cámaras del Congreso de la Unión, las actas de las sesiones de la Junta de Coordinación Política son en todo momento accesibles y oportunas al público en general para su conocimiento.

3.- La iniciativa también se extiende a una modificación al artículo 83 de la Junta de Coordinación Política, pero de la Cámara de Senadores, que por las razones anteriormente aludidas no se repiten en el presente dictamen.

Por lo anterior, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan Párrafos a los Artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Bertha Alicia Simental García, el 3 de diciembre de 2002.

Así lo acordaron y firmaron los Diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la Ciudad de México Distrito Federal a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica), Sami David David (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. No hay oradores registrados; luego entonces, se considera el tema suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

C. C. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Bernardo de la Garza Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la sesión del 3 de julio del 2002 y publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1041, jueves 11 de julio de 2002.

Contenido de la iniciativa

1.- Pretende modificar los casos en los que se debe ocupar la votación por cédula a fin de evitar que el Reglamento para el Gobierno Interior sea rebasado por las prácticas parlamentarias o se contraponga a los diversos ordenamientos legales aplicables.

2.- Propone ``establecer un mecanismo que permita que cada legislador asuma su responsabilidad de patria pero por razones correctas no por otras como la gula electoral que no permiten construir un México nuevo''.

3.- Menciona que:, ``...este Congreso tiene entre sus principales finalidades, las de contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el funcionamiento del régimen de partidos políticos; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como llevar al marco jurídico vigente las propuestas que la ciudadanía vierte hacia nosotros como representantes populares...''

4.- Dice que ``...para lograr este objetivo, es necesario que los legisladores contemos con los mecanismos necesarios para garantizar la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de nuestra labor. No podemos hacer caso omiso, que existen diversos factores que pueden incidir en el proceso de toma de decisiones, y por consiguiente en el destino de la nación...''.

caso omiso, que existen diversos factores que pueden incidir en el proceso de toma de decisiones, y por consiguiente en el destino de la nación...''.

5.- Propone ``...que las resoluciones que emita el Congreso de la Unión, y en el que deciden sus 628 legisladores, deben ser en algunas ocasiones privadas, cuando así lo propongan una tercera parte y lo corrobore la mayoría de los miembros que componen cada una de las Cámaras, para que realmente sean imparciales, objetivas y por sobre todo nacionalistas...''

Consideraciones de derecho

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene competencia para conocer y resolver de estos asuntos de conformidad con lo establecido por el artículo 72 constitucional en su primer párrafo.

Esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para analizar y en su caso dictaminar las iniciativas que se indican de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 en su numeral 2 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Proceso de análisis:

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en sesión realizada el 21 de enero de 2004, aprobó el Acuerdo por el que se integran las Subcomisiones de Trabajo resolviendo crear una subcomisión de rezago legislativo que se integra con los diputados Federico Barbosa Gutiérrez, Socorro Díaz Palacios, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Sánchez Vázquez y Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien coordina la subcomisión.

La Subcomisión de Rezago Legislativo, realizó una depuración de los asuntos heredados de la anterior legislatura, clasificando aquellos por tema y ordenamiento que pretenden modificar.

Bajo ese tenor y como una continuidad a los trabajos de esta grupo de trabajo, en dicha reunión se acordó empezar a desahogar iniciativas que no representen conflicto de intereses o que por el paso del tiempo las motivaciones políticas hayan variado.

Considerando

1. Si bien es cierto que el vigente Reglamento para el Gobierno Interior necesita ser adaptado al nuevo contexto mexicano, esta Comisión dictaminadora considera que no se opone a la situación o hipótesis que se pretende corregir.

2.- Aumentar las situaciones en las que se use la votación por cédula, no es una garantía ni un medio que permita a los legisladores generar mayores acuerdos para orientar el sentido de las votaciones en el pleno.

3.- Por el contrario, lo que se estaría socavando sería precisamente ese sentido de la responsabilidad inherente a la representación en el desarrollo de los mismo la falta de voluntad de un Poder Legislativo a la tendencia a trasparentar sus procesos.

4.- Más aún, esta dictaminadora destaca que es inaceptable que mediante el Reglamento, el Poder Ejecutivo exceda su marco de atribuciones constitucionales. Por disposición constitucional, el Poder Ejecutivo interviene en el proceso legislativo conforme lo establece el artículo 71 y 72 y nada más.

Consecuentemente, esta Comisión estima correcto y adecuado rechazar la presente iniciativa de reforma al artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Bernardo de la Garza Herrera, el día 3 de julio de 2002.

Así lo acordaron y firmaron los Diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la Ciudad de México Distrito Federal, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica), Sami David David (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El punto de acuerdo está a la consideración de la Asamblea. No hay oradores registrados; luego entonces, el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

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REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 94 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

C C. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 94 bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputada Heidi Storsberg Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Antecedentes

1.- La iniciativa presentada por la Diputada Heidi Storsberg Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la sesión del 11 de abril del 2002.

2.- Así mismo, en la sesión del 14 de abril del 2003 fue presentada excitativa por parte de la Diputada Heidi Storsberg Montes, para que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamine la iniciativa de referencia.

Consideraciones de Derecho

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene competencia para conocer y resolver de estos asuntos de conformidad con lo establecido por el artículo 72 constitucional en su primer párrafo.

Esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para analizar y en su caso dictaminar las iniciativas que se indican de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40 en su numeral 2 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Contenido de la iniciativa

1.- La iniciativa a cargo de la diputada Heidi Storsberg Montes, pretende:

a) Adoptar un marco completo para la constitución y funcionamiento de los Grupos de Amistad; los mecanismos para fomentar el intercambio periódico de información; así corno de trabajo continuo sobre diversas materias legislativas.

b) Para ello propone la adición del artículo 94 bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando

Si bien es cierta la necesidad de normar la integración, función y objetivos de los grupos de amistad, no es a través de una previsión en el Reglamento o Acuerdo Parlamentario, sino en el marco de la Ley Orgánica del Congreso General.

La propuesta de adición no es de aceptarse, por las siguientes razones:

1.- Actualmente es la Ley Orgánica del Congreso General, en su artículo 46 numeral 4, en la que se establece la integración de ``grupos de amistad'' como la agrupación de legisladores constituida con el propósito de atender y dar seguimiento a los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas.

2.- Es común que en cada legislatura se integren grupos de amistad a propuesta de la Junta de Coordinación Política. También lo es que actualmente no existan normas para su funcionamiento, desarrollo y control; sin embargo una práctica eficaz para suplir vacíos o esclarecer procedimientos legislativos, lo ha sido la suscripción de acuerdos parlamentarios que competan al régimen interior del Poder Legislativo, el reto es quizá la creación de un Reglamento Interior de Cámara, que subsane la imperfecciones del Reglamento bicamaral.

Es entonces, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejemplo de ello, es que la Cámara de Diputados a través de la Junta de Coordinación Política ha suscrito un Acuerdo Parlamentario por el que se establecen los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, mismo que fue publicado el martes 21 de octubre del 2003 en la Gaceta Parlamentaria.

Esa disposición normativa creemos satisface en parte las pretensiones de la iniciativa. En todo caso una propuesta de regulación de mayor precisión se hará solamente bajo las previsiones y alcances de la Ley Orgánica del Congreso General.

3.- Respecto a la modificación que propone al Reglamento para el Gobierno Interior, para crear un artículo 94 bis, que contendría la norma relativa a los grupos de amistad, consideramos que es incorrecto, puesto que agregar un artículo 94 bis significa una extensión del artículo 94, -de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra bis deriva del latín bi, por lo que su significado es repetición o dos veces.

Si este es el significado de bis, entonces el artículo propuesto debe guardar alguna relación con el artículo original, que en este caso sería el 94, cosa que en la especie no sucede pues el precepto actual del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se refiere, entre otras materias, a algunas disposiciones relativas ``a que no se frenaran los trabajos de las comisiones en los recesos''.

Por lo anterior, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarías someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero.- No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 94 bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputada Heidi Storsberg Montes, el 11 de abril de 2002.

Segundo.- Se tiene por atendida la excitativa presentada por la Diputada Heidi Storsberg Montes, presentada en la sesión del 14 de abril del 2003 y turnada con esa fecha a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Así lo acordaron y firmaron los Diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la ciudad de México Distrito Federal a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica), Sami David David (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Están a discusión los puntos de acuerdo. No hay oradores registrados; luego entonces, el tema se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

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LEY ORGANICA DEL CONGRESO

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueban diversas iniciativas de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos relativas a la creación de distintas comisiones ordinarias

C. C. Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas que a continuación se detallan:

1. Con Proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Protección Civil, presentada por la Diputada Patricia Aguilar García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, presentada por el Diputado Gregorio Urías Germán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. Con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al que se le adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, presentada por el Diputado ldelfonso Zorrilla Cuevas, misma referente a crear una comisión ordinaria de Redacción y Estilo Legislativo, así como de separar la Comisión de Justicia de la Comisión de Derechos Humanos.

Antecedentes1. La iniciativa presentada por la Diputada Patricia Aguilar García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que fue turnada a esta Comisión en la sesión del 13 de diciembre del 2001, y publicada en la Gaceta Parlamentaria número 900, del viernes 14 de diciembre de 2001.

2. La iniciativa presentada por el Diputado Gregorio Urías Germán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y publicada en la Gaceta Parlamentaria número 893, del miércoles 5 de diciembre de 2001.

3. La iniciativa presentada por el Diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, fue turnada a la Comisión el día 28 de abril del 2003 y publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 1240-III, el martes 29 de abril de 2003.

Consideraciones de Derecho1. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene competencia para conocer y resolver de estos asuntos de conformidad con lo establecido por el artículo 72 constitucional en su primer párrafo.

2. Esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para analizar, y en su caso dictaminar, las iniciativas que se indican de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40, numeral 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

3. La dictaminadora considera que siendo coincidentes los objetivos que se proponen en el sentido de reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, es posible resolver los tres asuntos en un solo acto, sin perjuicio que en lo particular, sean analizadas más adelante las iniciativas señaladas.

Proceso de análisis1. La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en sesión realizada el 21 de enero de 2004, aprobó el Acuerdo por el que se integran las Subcomisiones de Trabajo resolviendo crear una Subcomisión de Rezago Legislativo que se integra con los diputados Federico Barbosa Gutiérrez, Socorro Díaz Palacios, Rafael Sánchez Pérez, Salvador Sánchez Vázquez y Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien coordina la subcomisión.

2. La Subcomisión de Rezago Legislativo, realizó una depuración de los asuntos heredados de la anterior legislatura, clasificándolas por tema y ordenamiento que pretenden modificar.

3. Bajo ese tenor, en el presente dictamen, se han ubicado aquellas iniciativas que tratan de la creación de comisiones ordinarias.

Contenido de las Iniciativas1. La iniciativa marcada con el numeral uno en el apartado de antecedentes, a cargo de la Diputada Patricia Aguilar García, pretende crear una Comisión Ordinaria de Protección Civil ``a fin de desarrollar un proceso de investigación y consulta para proponer y elaborar el marco legislativo de la misma''. Propone que esta Comisión analice ``los problemas reales y potenciales tendientes al diseño de políticas públicas entre los cuales, de manera primordial se encuentran los aspectos financieros y presupuestales, así como en materia de prevención de desastres''.

2. La iniciativa marcada con el numeral 2 del apartado de antecedentes, a cargo del Diputado Gregorio Urías Germán, propone la creación de una Comisión ordinaria de Narcotráfico y Crimen Organizado por las siguientes razones:

a. México encabeza la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, con competencia en materia de políticas legislativas de lucha contra la producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes.

b. El 22 de mayo de 1999 el Parlamento Latinoamericano emitió importantes recomendaciones entre la que destaca la de los órganos del Parlatino, a fin de establecer un seguimiento permanente sobre todo en los temas del narcotráfico(...). El Parlatino recomienda la instalación de comisiones parlamentarias con carácter de permanentes en los poderes legislativo de todos los países miembros.

c. A la fecha han atendido la recomendación 14 países. México no ha atendido la recomendación en el sentido de instalar en el Congreso de la Unión una Comisión ordinaria, por ello se propone la creación de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado.

d. Además, propone que la Comisión busque acuerdos de orden político que faciliten consolidar un marco jurídico, así como, el diseño de políticas de estado con eficacia frente al Crimen organizado especialmente contra el narcotráfico, en aras de garantizar la tranquilidad y armonía social a la que todo mexicano tiene derecho por mandato constitucional y hasta hoy no garantizado por el Estado mexicano.

3. La iniciativa marcada con el numeral tres del mismo apartado de antecedentes, a cargo del Diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas propone la creación de una Comisión ordinaria de Redacción y Estilo Legislativo por los siguientes motivos:a) Que la Comisión de Corrección de Estilo de la LVI Legislatura, no cumplió cabalmente con su función sustantiva debido a obstáculos de diversa índole.

b) Que actualmente no existe una Comisión que se encargue de: revisar la redacción, recoger el sentido del texto, respetar la orientación, tendencia y semántica original del dictamen; concretar las acciones de la corrección del escrito en sus elementos sintácticos lexicológicos, morfológicos, ortográficos y hasta retóricos; estudiar y analizar el texto jurídico y aplicar la técnica legislativa de interpretación y aplicación del derecho vigente.

Por otra parte, propone separar la Comisión de Justicia de la Comisión de Derechos Humanos, porque una atiende a la aplicación y administración de justicia y la otra a la equidad.

Considerando

Esta Comisión estima que la tendencia de los parlamentos modernos, es reducir el número de comisiones y dotarlas de mayores funciones, lo que permitirá la eficiencia en la triple función del Poder Legislativo, la de legislar, controlar y fiscalizar. No obstante lo anterior, la Comisión encontró algunos otros elementos para desechar las propuestas que aquí se plantean.

1.- Con relación a la propuesta de la Diputada Patricia Aguilar García, en el sentido de crear una Comisión Ordinaria de Protección Civil, ésta dictaminadora concluye lo siguiente:

No plantea un problema de ley que merezca resolverse mediante la adecuación normativa.

La Comisión Ordinaria de Protección Civil desapareció con las reformas a la ley orgánica de 1999, y sus funciones las absorbió la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública, bajo la base de reestructurar el sistema de comisiones de ese entonces a partir de la reagrupación temática.

Actualmente con la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre del 2003, la Comisión de Gobernación se incorporó a la lista de comisiones ordinarias modificando la anterior denominación, por ello, la entonces Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, quedó solamente con el nombre de Comisión de Gobernación.

Entre la funciones de la Comisión de Gobernación se encuentra la materia de Protección Civil.

2.- Por lo que hace a la propuesta del Diputado Gregorio Urías Germán, a fin de crear una Comisión Ordinaria de Narcotráfico y Crimen Organizado, esta Comisión dictaminadora considera que:

Es preciso destacar la importancia de la libertad que tiene el Congreso de la Unión para darse a sí mismo la organización interna que mejor le permita cumplir con sus funciones. Consecuentemente, las recomendaciones de parlamentos internacionales, que si bien, pueden enriquecer el trabajo parlamentario al interior del Congreso, no significa que deban guiar la conformación de estos cuerpos colegiados, a fin de homologar comisiones al nivel de los congresos Internacionales, pues las situación política, geográfica y demás características de los países que conforman el Parlatino, son diferentes a nuestro México.

El seguimiento, revisión y fiscalización de los actos del órgano encargado de perseguir los delitos está suficientemente representado en las comisiones existentes, tanto en la de Seguridad Pública por lo que hace a las tareas de coordinación, como en la de Justicia y Derechos Humanos para asuntos más específicos como lo puede ser la materia que motiva la presente iniciativa.

3.- En lo que toca a la propuesta del Diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, a fin de crear la Comisión Ordinaria de Redacción y Estilo Legislativo, esta Comisión considera:

Con la reforma a la Ley Orgánica de agosto de 1999, se redujo el número de comisiones mediante la reagrupación temática, a fin de fortalecer la capacidad de información y acción de las comisiones de trabajo, bajo ese tenor una de las comisiones que desaparece es la de Corrección y Estilo; los asuntos de su competencia fueron turnados a la Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología.

Con la reforma a la Ley Orgánica de fecha 29 de septiembre de 2003 se modifica la integración de las comisiones por lo que la Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología, cambia su denominación, y se incluyen en la lista de comisiones la de Educación Pública y Servicios Educativos, y la de Ciencia y Tecnología.

Las funciones que pretende darle a la comisión que propone, si bien es cierto que forman parte de los asuntos que se incorporaron a la materia de educación, también lo es que quedan al arbitrio de cada comisión.

Además las comisiones al cumplir con una de sus tareas como lo es la de dictaminar a través del estudio y análisis del tema principal, no deben descuidar los aspectos que la propuesta pretende concederle a la Comisión de Redacción y Estilo Legislativo.

No obstante lo anterior, las atribuciones con que pretender dotar a la nueva Comisión no es propia para un órgano colegiado, como lo es una comisión ordinaria se trata entonces de funciones de carácter administrativo.

Actualmente la Mesa Directiva tiene una atribución establecida en el artículo 20 inciso e) que a la letra dice: ``La mesa directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones: e) cuidar que los dictámenes cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación''.

Estas normas están establecidas en el Reglamento para el Gobierno Interior en el siguiente sentido:

``Art. 87.- Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a su votación''.

Sobre el particular es importante destacar que en la práctica parlamentaria, los dictámenes han sido formulados con una parte que relaciona y describe sucesivamente hechos, normas y propuestas a fin de inducir a una decisión que permita ser claramente discutida para concluir con una propuesta que efectivamente esté en posibilidad de ser votada.

Sin embargo, no escapa a ésta dictaminadora considerar la posibilidad de fortalecer esta práctica parlamentaria, que ha sido considerada como una costumbre de legislatura en legislatura, en una norma general que unifique los criterios para la presentación y contenido de los dictámenes, a fin de que sea una formalidad legal. Es decir, en una norma contenida en el Reglamento para el Gobierno Interior que fije las bases generales para la presentación y elaboración de los dictámenes.

Con relación a la propuesta de separar la Comisión de Justicia de la Comisión de Derecho Humanos por las razones que cita, es importante destacar que la reestructuración al sistema de comisiones con la reforma a la Ley Orgánica de 1999, fue a partir de la reducción del número mediante la reagrupación temática, a fin de fortalecer la capacidad de información y acción de cada una de las comisiones.

Hecho que ha permitido cumplir con el objetivo, por ello esta dictaminadora concluye en el sentido de no de aprobar el presente asunto.

Por lo anterior, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Primero.- No es de aprobarse la Iniciativa marcada con el numeral 1 del apartado de antecedentes, presentada por la Diputada Patricia Aguilar García, el 13 de diciembre de 2001.

Segundo.- No es de aprobarse la Iniciativa marcada con el numeral 2 del apartado de antecedentes, presentada por el Diputado Gregorio Urías German, el 4 de diciembre de 2001.

Tercero.- No es de aprobarse la Iniciativa marcada con el numeral 3 del apartado de antecedentes, presentada por el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, el 28 de abril de 2003.

Así lo acordaron y firmaron los Diputados que integran la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la Ciudad de México a los veinte días del mes de octubre del año dos mil cuatro.--- Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Arturo Osornio Sánchez, Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Pedro Vázquez González (rúbrica), Sami David David (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. No hay oradores registrados. Se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes negativos de iniciativas presentadas y enviadas al Pleno por distintas comisiones.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si son de aprobarse los puntos negativos presentados por las diferentes comisiones.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor...

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

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LAGO DE CHAPALA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el lago de Chapala e informar acerca de las acciones por implementar para frenar y revertir los daños ocasionados, suscrita por el señor diputado don Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el lago de Chapala, e informar acerca de las acciones por implantar para frenar y revertir el daño ocasionado, a cargo del diputado Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LIX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua ---CNA---, para que realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el Lago de Chapala, e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado.

Exposición de Motivos

El lago de Chapala, esta considerado el embalse natural de mayor extensión en nuestro país. Forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico y se localiza en la región occidental de México entre los estados de Jalisco y Michoacán.

La cuenca local del lago esta conformada por los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán, del estado de Jalisco y Cojumatlán de Régules, Venustiano Carranza y Briseñas del estado de Michoacán, aunque desde el punto de vista económico y de la actividad pesquera, éstos podrán ampliarse al municipio jalisciense de La Barca y a los michoacanos de Cabinda, Jiquilpan, La Piedad, Sahuayo, Tangamandapio y Villamar.

Chapala es un lago somero donde los vientos y la evaporación tienen un papel importante, sus pocos afluentes son mermados aguas arriba. Este lago ha sufrido también la mutilación parcial de su extensión en lo que fue su ciénaga. La fuente principal de contaminación es el río Lerma que discurre por urbes medias y grandes, ricas regiones agrícolas y pecuarias e importantes centros industriales. Algunas poblaciones ribereñas y la agricultura de la ciénaga también contribuyen a su deterioro al verter sus aguas residuales en el lago.

Las variaciones en los patrones de flujo del río Lerma han dado como resultado un desequilibrio en el balance hidrológico de la cuenca directa del lago de Chapala, poniendo en riesgo tanto la condición ecológica del lago como la situación económica y social de su región de influencia.

El lago de Chapala ha ido disminuyendo rápidamente el volumen del agua en las últimas décadas debido principalmente a dos factores 1) El cada vez más disminuido aporte del río Lerma; y 2) el uso intensivo del agua del lago por agricultores y comunidades circundantes y por el abastecimiento doméstico e industrial y de servicios de la ciudad de Guadalajara.

El deterioro del lago, es un caso anunciado, se debe según los expertos en la materia, por el mal manejo de la cuenca. Las causas tiene que ver con la erosión agrícola, el lago recibe aproximadamente 930 mil toneladas de sedimentación al año, sus aguas son de mala calidad, ha perdido varias especies nativas de peces. Los efectos ambientales son y serán más graves en toda la región por falta de agua, pérdida de humedad, aumento de la temperatura y destrucción de la riqueza acuática en general.

Siendo la pesca una actividad ancestral, de la cual actualmente dependen muchas familias, esta se ha visto amenazada principalmente por las siguientes variables, el nivel del agua, así como por la calidad de la misma; la falta de tratamiento de las descargas tanto urbanas, agrícolas e industriales que presentan grandes riesgos para esta actividad y la proliferación del lirio acuático.

Asimismo, la introducción de nuevas especies de peces, ha provocado de manera radical la disminución progresiva de las especies nativas del lago.

Lo sucedido en días recientes es muestra grave del conflicto ambiental que presenta la región y sobre la cual, hasta hoy, no se ha actuado de manera responsable.

El 10 de marzo de 2005. Cientos de peces muertos yacen en su rivera, entre el lirio apretado que apenas si deja ver el agua, algunos peces tratan de moverse, finalmente se asfixian y mueren.

Son capturados por los lugareños para consumirlos en sus hogares o quizá para venderlos.

Este caso no es el primero, existen otros antecedentes, por ejemplo el de Bellavista, donde murieron una gran cantidad de peces (más de 60 toneladas), en ese entonces se argumentó que por descargas contaminadas.

Si bien es cierto que el suceso, del 10 de marzo, fue motivo de alarma, las causas no están claras, unos dicen que el deceso se debió a la entrada de agua contaminada, mientras otros aseguran que a la infesta del lirio.

Por eso desde esta tribuna se exige a las autoridades responsables que lo esclarezcan y que actúen de manera expedita y asertiva.

En este contexto, se requiere que el agua que ingrese al lago de Chapala debe estar determinada por los indicadores de calidad que de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, se señalan para uso humano.

Asimismo promover y fomentar la implementación de técnicas de tratamiento de agua de baja inversión y de bajo costo de mantenimiento.

Con esta perspectiva, la autoridad responsable deberá de poner en funcionamiento las plantas de tratamiento existentes, cumplir con el compromiso de construir otras y actualizar la tecnología de estas de acuerdo a los contaminantes y volúmenes a tratar.

En este sentido, abatir la crisis del agua que enfrenta la micro región del lago de Chapala es de vital importancia para su desarrollo sustentable y sostenible.

La proliferación del lirio acuático (Eichhornia crassipes) en el lago de Chapala es mayúsculo, aproximadamente cubre una superficie de 7 mil hectáreas, lo cual provoca la evapontransporación de un millón de metros cúbicos de agua, situación que agrava el manejo y cuidado del recurso hídrico.

Con la infesta de esta planta se disminuye la capacidad de intercambio de oxígeno entre la interfase aire-agua evitando la transferencia de oxígeno y la penetración de luz al agua. Al morir se depositan en el fondo produciendo condiciones anaerobias, e interfieren con las funciones de los organismos bentónicos.

El lirio acuático disminuye la capacidad de los vasos de almacenamiento por la contribución de azolves e incrementa los costos de dragado. Favorece la proliferación de mosquitos y otras plagas transmisoras de enfermedades.

Cuando la planta acuática pasa a ser una maleza o plaga, las condiciones del cuerpo de agua están en desequilibrio ecológico y aparecen perturbaciones de diferentes tipos.

Cabe destacar que la proliferación del lirio acuático responde a las condiciones de calidad del agua, ya que las descargas industriales, al no ser tratadas de manera adecuada, hacen la función de proporcionar nutrientes al lirio y en consecuencia aceleran su reproducción.

Por otra parte, aunque el lirio acuático sirve a los peces para el desove, y la alimentación, este se torna en problema cuando su producción se incrementa, lo que viene a trastocar la ya depauperada actividad pesquera.

Por ello, es urgente buscar alternativas para su manejo, ya sea como alimento para ganado, para procesos industriales, u otros usos, por lo que será necesario realizar proyectos modélicos para investigar los aspectos y efectos socioeconómicos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar a la Comisión Nacional del Agua --CNA---, para que realice la investigación correspondiente para determinar las causas de la muerte de miles de peces en el lago de Chapala, e informe acerca de las acciones a implementar para frenar y revertir el daño ocasionado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo de dos mil cinco.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

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GUPO DE AMISTAD MEXICO - REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Asimismo, recibimos proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política integrar un Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, suscrita por el diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre el grupo de amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos diputados, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de los Grupos de Amistad, a que integre y ponga a consideración del Pleno, el Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática, con base en las siguientes

Consideraciones

A partir de 1979 México mantiene relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), contando con una representación en la Ciudad de México, encabezada por el ministro Ahmed Mulay Alin. Asimismo, más de ochenta Estados del mundo reconocen oficialmente a la RASD y un centenar de países mantienen relaciones políticas con ella a través de su reconocimiento al Frente Polisario.

La RASD fue aceptada en noviembre de 1984 como miembro pleno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y el 14 de noviembre de 1985 el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconoció los derechos a la autodeterminación del pueblo saharaui.

La RASD se ubica en el extremo oeste del continente africano y del desierto del Sahara Occidental, una región de casi 270.000 kilómetros cuadrados.

Esta zona, cubierta de arena, es, paradójicamente, una de las zonas más ricas del planeta ya que de acuerdo con el Banco Mundial cuenta en sus aguas con el banco pesquero más importante del mundo y con reservas de fosfatos calculadas en 10.000 millones de toneladas. En esta parte se localiza la República Árabe Saharaui Democrática.

Su historia inicia entre los siglos V y VII con la presencia de los moros, tuaregs y tubus, como resultado de las migraciones que generó la desecación milenaria de la zona y que dieron paso a la primera confederación de pueblos con base saharaui.

Su historia política se inicia con el colonialismo europeo y ha sido determinada esencialmente por España y Francia como potencias coloniales y posteriormente, Marruecos como nación dominante en la región.

La formalización del dominio español en la región se concretó en la Conferencia de Berlín de 1884-1885 en la que los europeos se repartieron zonas de control y dominio en el continente africano.

Sin embargo, la importancia geoeconómica de la región provocó conflictos entre España y Francia, país que controlaba el actual Marruecos, estableciéndose un acuerdo de fronteras y distribución de intereses en 1904.

Durante la década de los 50 y 60, unos setenta países asiáticos y africanos consiguieron su independencia y en 1956 Francia la concede a Marruecos, con lo que se configuró el escenario geopolítico de la zona.

En 1963 el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas incluía el Sahara Occidental en la relación preliminar de regiones del mundo a las que se debía aplicar la Declaración sobre concesión de independencia a países y territorios coloniales.

En 1965 la ONU proclamó el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui e instó a España a que agilizara su descolonización.

La larga tradición de lucha y la maduración de la conciencia nacional del pueblo saharaui favorecida por la opresión colonialista y por el ejemplo de las luchas por la independencia en África, dan lugar al nacimiento en 1968 del Movimiento Nacional de Liberación Saharaui. En 1973 se crea el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, mejor conocido como Frente Polisario.

Los años de lucha en todos los planos, militar, popular, político y diplomático pusieron al orden colonial fuera de combate, obligando a España a la retirada en febrero de 1976, y la proclamación por el pueblo saharaui de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Sin embargo, la salida del colonialismo no había supuesto el fin de la lucha del pueblo saharaui. Antes de abandonar la zona, España vende el territorio a Marruecos y su aliado mauritanio de entonces, por medio del famoso Acuerdo Tripartito de Madrid de noviembre de 1975.

Tras de su determinación a ser libre e independiente proclamando el nacimiento de su Estado, el pueblo saharaui firmó la paz con Mauritania y prosigue su lucha por todos los medios contra la ocupación marroquí, a la vez que edifica y consolida las bases e instituciones sociales y políticas de la RASD.

El sistema de gobierno lo encabeza el Congreso Popular General como la máxima instancia de decisión en la RASD por cuanto representa las opciones nacionales del pueblo saharaui, designa a la Dirección Política del Estado y confecciona y aprueba el programa de acción nacional en sus vertientes táctica y estratégica.

El Congreso Popular General se reúne cada tres años con la participación de los responsables de las más altas magistraturas y los delegados de los Comités Populares de Base y de la organización política.

El Gobierno Saharaui está compuesto de un Primer Ministro (encargado de la información y cultura), Ministros (Defensa, Enseñanza y Educación, Asuntos Exteriores, Interior y Justicia) y Secretarios de Ministerios (Sanidad, Comercio, y de la Presidencia). Representa el poder ejecutivo del Estado Saharaui.

El Consejo Nacional es el máximo órgano legislativo. Está compuesto por 21 miembros designados por el Congreso Popular General y de los representantes de cada daira elegidos directamente en los Congresos Populares de Base.

El conjunto del funcionamiento del mecanismo estatal saharaui está regido por la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática.

En el seno de la OUA como en la ONU y el Movimiento de Países No Alineados, la RASD está consagrada en tanto realidad nacional que expresa las aspiraciones legítimas del pueblo del Sahara Occidental, es decir, como resultado del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Las resoluciones de la OUA no cesan de reiterar su apoyo a la causa de la RASD y ha formulado las vías de solución justa, pacífica y definitiva del conflicto saharaui-marroquí mediante la resolución adoptada unánimemente por la XIX cumbre de Adis-Abeba en la que llama a las dos partes del conflicto a emprender negociaciones directas para poner fin a la guerra.

La Asamblea General de la ONU no ha cesado, por su parte, de reiterar año tras año desde 1966, su apoyo a los derechos nacionales del pueblo saharaui a la independencia y a la autodeterminación.

Asimismo, la ONU ha reconocido al Frente Polisario como portavoz único del pueblo del Sahara Occidental y considera legítima la lucha de la RASD por su soberanía nacional e integridad territorial a través de sus reiteradas exigencias a Marruecos para que retire sus tropas de ocupación del Sahara Occidental.

Forjada en plena guerra de liberación nacional, la República Saharaui es actualmente una realidad internacional incontestable. La notoriedad mundial de que goza la debe ha una diplomacia que ha demostrado estar a la altura de traducir y reflejar sobre el plano internacional este hecho político, social, humano, geográfico, histórico e institucional que hoy es la RASD.

La opinión pública internacional y los gobiernos de todo el mundo reconocen hoy la justeza de esa lucha y la legitimidad de las reivindicaciones nacionales del pueblo saharaui de una manera cabal y definitiva.

La RASD, que ilustra la esencia de la causa saharaui, cuenta con una audiencia y un prestigio cada vez más amplios tanto a nivel de los estados, formaciones políticas e instancias internacionales. Es de mencionar que varios parlamentos han creado grupos de amistad con la RASD, incluyendo América Latina.

Por lo anteriormente expuesto, y con base al numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de los Grupos de Amistad, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que integre el Grupo de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los dieciséis días del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Carlos Flores Rico, Carlos Jiménez Macías, Homero Díaz Rodríguez, Cristina Portillo Ayala, Arturo Robles Aguilar, Gustavo de Unanue Aguirre, Rosalina Mazari Espín, Jaime Moreno Garavilla, Pedro Ávila Nevárez, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz López, Armando Leyson Castro, Federico Madrazo Rojas, Rómulo Salazar Macías, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Francisco Javier Carrillo Soberón, Miguelángel García-Domínguez, Benjamín Sagahón Medina, José Luis Medina Lizalde, Jorge Martínez Ramos, Eliana García Laguna, Sami David David, Rodrigo I. Cortés Jiménez, Rafael Galindo Jaime (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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COBRO DE PEAJE EN CARRETERAS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Recibimos también proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública para que expliquen lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, Sociedad Anónima de Capital Variable, sobre el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago'' y solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique auditorías a fondos aplicados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, suscrita por el señor diputado don Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del partido de Convergencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a explicar lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, SA de CV, sobre el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago''; y a efecto de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que practique auditorías a fondos aplicados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, sobre la base de las siguientes

Consideraciones1. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala en la fracción VI del artículo segundo que las entidades fiscalizadas a cargo de la Auditoría Superior de la Federación son los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

2. El artículo 16 de la ley mencionada señala que para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública la Auditoría Superior de la Federación tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado, bienes o servicios mediante cualquier título legal con los Poderes de la Unión y entes públicos federales y, en general, a cualquier entidad o persona pública o privada que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes.

3. Además, la Auditoría Superior de Fiscalización tiene la facultad de fiscalizar los subsidios que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, hayan otorgado con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

4. A raíz de la controvertida licitación --impugnada en el mes de mayo de 2003-- otorgada a la empresa Información para la Diversión, SA de CV (I+D), para el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago'', la modernización de las casetas de telepeaje de las principales autopistas del país ha dejado mucho que desear. Prácticamente el nuevo sistema no ha entrado en operación, entre otras causas, porque el sistema aplicado por la empresa Información para la Diversión no cumple con los estándares aprobados en el TLC, porque no se cuenta con los equipos de mantenimiento requeridos, porque el número de carriles y transacciones ofertados es menor al requerido, porque el sistema de ID no es interoperable con el actual sistema de IAVE.

5. Además de los anteriores problemas y de acuerdo con el informe de Caminos y Puentes Federales con fecha 9 de enero de 2005, así como a diversas informaciones en los medios de comunicación, la aplicación de pruebas piloto no han arrojado los resultados esperados. Estas pruebas han detectado diversas anomalías que tienen que ver con la falta de calidad en la instalación de los sensores de piso, así como la calibración y estandarización de las antenas. Lo que ha traído como consecuencia que el 24% de los cruces haya tenido problemas de lectura. En resumen, los avances en la instalación de equipamiento en la red de carreteras están muy por debajo de los requeridos para recuperar los tiempos ya que a la fecha el proyecto debería de tener más de 300 carriles terminados y en operación, y más de 10 millones de cruces. A la fecha, a lo mucho se cuenta con 100 carriles y, por cierto, no equipados con todos los medios de cobro ofertados.

6. El Congreso de la Unión debe estar pendiente del cumplimiento de las metas presupuestales y de la forma en como se ejercen los recursos públicos nacionales. No podemos ni debemos de poner en tela de juicio el marco legal que obliga a todas las entidades públicas y particulares, que manejan recursos públicos, a entregar la debida información para la práctica de auditorías que por ley tiene que realizar la Auditoría Superior de Fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de la Función Pública para que expliquen lo relativo al cumplimiento del contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, SA de CV, para el proyecto ``Implementación del sistema de administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago''; y para que la Auditoría Superior de la Federación practique auditorías a fondos aplicados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con relación al contrato otorgado a la empresa Información para la Diversión, SA de CV, y que fiscalice y dé seguimiento a los términos establecidos en el contrato.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2005.--- Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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GEOGRAFIA ELECTORAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Recibimos también una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral para que la resolución sobre la distritación electoral para los siguientes procesos electorales sea suspendida hasta en tanto informe a esta soberanía sobre el procedimiento para la designación de la nueva geografía electoral, suscrita por el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Federal Electoral a que la resolución sobre la distritación electoral para los siguientes procesos electorales sea suspendida hasta en tanto informe a esta soberanía sobre el procedimiento para la designación de la nueva geografía electoral, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito C. Francisco Javier Bravo Carbajal, en mi carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Instituto Federal Electoral, para que la resolución que resuelve la distritación electoral para los siguientes procesos electorales, sea suspendida hasta en tanto se informe a esta soberanía sobre el procedimiento para la designación de la nueva geografía electoral, lo anterior, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 2 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se aprueba la geografía electoral para los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009.

En dicha publicación se hace una somera reseña del trabajo realizado por el IFE para el proceso de redistritación, sin embargo, es de considerarse que no es de ninguna forma clara o entendible dicha información, pues plagada como está de criterios y tecnicismos, no puede dar seguridad en cuanto a que los criterios son objetivos y en especial son equitativos, principios indispensables para los procesos democráticos.

Así, tenemos que los criterios que sustentaron la propuesta de redistritación son los que a continuación señalo:

``En el acuerdo CG104/2004, este Consejo General estableció diversos criterios de carácter técnico a los que deberían apegarse la Junta General Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para el desarrollo de los trabajos encomendados, adicionalmente a los mandatos contenidos en los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, por el que se reformaron diversos artículos constitucionales. En ese sentido, este Organo Superior de Dirección dispuso que la jerarquía de los criterios aludidos obedeciera a las siguientes consideraciones:

1. Criterios emanados de órdenes expresas en el Texto Constitucional como son el respeto al principio de equidad reflejado en el equilibrio poblacional, y propiciar la participación de las localidades y comunidades indígenas;

2. Criterios de índole geográfica que preserven la integridad territorial;

3. Criterios que resguarden la integridad de las unidades político-administrativas, y

4. Criterios que favorezcan la mayor eficiencia en la construcción de los distritos electorales federales uninominales.

VI. Los criterios aprobados por este Consejo General para la realización de los trabajos de distritación, son los que se enumeran a continuación, clasificados por siete niveles jerárquicos:

- De primer nivel

1. Los distritos se integrarán con territorio de una sola entidad federativa.

2. Para la determinación del número de distritos que habrá de comprender cada entidad federativa, se observará lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El método para la distribución de los distritos en las entidades federativas, será el que garantice mejor equilibrio poblacional.

2.1 Para la determinación del número de distritos que habrá de comprender cada entidad federativa, se aplicarán los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

2.2 Se utilizará el método conocido como ``RESTO MAYOR una media'', por ser el método matemático que garantiza mejor equilibrio poblacional.

El método matemático conocido como ``RESTO MAYOR una media'' consiste en:

a) Calcular la media nacional dividiendo la población del país entre el número de distritos que se distribuirán.

b) Dividir la población de cada entidad federativa entre la media nacional. A cada entidad federativa se le asigna un número de distritos igual a la parte entera que resulte de la división.

c) Asignar, en cumplimiento a la legislación correspondiente, dos distritos a aquellas entidades federativas cuyo cociente resulte menor que dos.

d) Asignar un distrito adicional a aquellas entidades federativas que tuvieran los números fraccionarios mayores.

3. Se aplicará el equilibrio demográfico en la determinación de los distritos partiendo de la premisa de que la diferencia de población de cada distrito, en relación con la media poblacional estatal será lo más cercano a cero.

3.1 Para salvaguardar la integridad municipal se permitirá que el margen de población de cada distrito en relación con el cociente de distribución tenga una variación tal que:

a) En los casos en que el valor absoluto de la diferencia entre la media estatal y la nacional sea menor al 5%, el tamaño de cada distrito será igual a la media estatal permitiendo que difiera de este valor entre los límites de +/-15% del valor de la media nacional.

b) En los casos en que el valor absoluto entre la media estatal y la nacional difiera en más del 5% y en menos del 10%, sólo se permitirá una desviación de +/-10% del valor de la media nacional.

3.2 Toda variación que exceda de los límites señalados en el punto anterior deberá justificarse.

3.3 En el caso que el distrito manifieste expansión demográfica, se procurará que la desviación sea en sentido negativo; en tanto que si el comportamiento demográfico es decreciente, entonces se procurará que la desviación sea de carácter positivo.

- De segundo nivel

4. Se procurará la conformación de distritos electorales con mayoría de población indígena. En todo caso se preservará la integridad territorial de las comunidades indígenas.

4.1 Se utilizará la información sobre localidades y municipios indígenas que proporcione la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

- De tercer nivel

5. Los distritos tendrán continuidad geográfica tomando en consideración los límites político-administrativos y los accidentes geográficos.

6. En la delimitación de los distritos se procurará obtener la mayor compacidad, de tal forma que el perímetro de los distritos tenga una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular. Ningún distrito podrá rodear íntegramente a otro.

- De cuarto nivel

7. Para la integración de distritos se utilizará la distribución municipal y seccional vigentes. La unidad de agregación mínima será la sección electoral.

- De quinto nivel

8. Los distritos se constituirán preferentemente con municipios completos.

8.1 En los municipios que tienen una población total mayor a la que corresponda a 0.85 de la media estatal y menor de 1.15 se procurará no fraccionarlos y conformar con ellos un distrito.

8.2 Los municipios urbanos que no alcancen el 0.85 por ciento referido y cuyas localidades urbanas se encuentren conurbadas, serán agrupadas preferentemente para conformar distritos con otros municipios con localidades urbanas con los que tengan contigüidad geográfica, una adecuada accesibilidad que estará en función de los accidentes geográficos y tiempo de traslados entre municipios, y que guarden mayor integridad como comunidad.

a) Se considera como localidad urbana, para efectos de distritación, aquella con más de 15,000 habitantes según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Municipio urbano es aquel que contiene al menos una localidad urbana y que la totalidad del municipio contenga una población mayor del 50% de la media poblacional distrital que se establezca para el estado al que pertenezca.

b) Para evaluar la integridad como comunidad, se tomarán en cuenta las denominadas ``mesoregiones'' desarrolladas por Angel Bassols Batalla.

8.3 En el caso de municipios que cuenten con una población total mayor que la media estatal, se buscará formar distritos completos a su interior y la fracción territorial excedente se agregará a municipios colindantes, de preferencia urbanos, para formar otro distrito.

8.4 Cuando sea necesario integrar distritos a partir de fracciones municipales, se buscará involucrar al menor número de municipios. Sólo en casos de excepción, con la debida justificación técnica, se podrá integrar un distrito con fracciones de hasta tres municipios.

- De sexto nivel

9. Para establecer las cabeceras distritales se considerarán los siguientes parámetros: mayor población, vías de comunicación y servicios públicos. En caso de existir dos o más localidades semejantes, y una de ellas sea, en la actualidad, cabecera distrital, prevalecerá esta última.

- De séptimo nivel

10. En la conformación de los distritos, se procurará optimizar los tiempos de traslado entre los recorridos a su interior, considerando su tamaño, su extensión y la distribución geográfica de sus localidades.

VII. Para la construcción de los distritos electorales, este Consejo General dispuso en el punto tercero del acuerdo CG104/2004, que se utilizara el apoyo de un algoritmo de optimización basado en la técnica de ``Recocido Simulado'', que se construiría tomando en cuenta los criterios aprobados por este órgano superior de dirección, así como los siguientes lineamientos:

1. La ponderación de las variables que integren la función de costo del mencionado algoritmo, contendría factores de valoración que reflejarían la jerarquía de los criterios enunciados en el punto segundo del acuerdo de referencia;

2. El algoritmo contemplaría los criterios de equilibrio poblacional, compacidad geográfica, reducción de tiempos de traslado y barreras geográficas;

3. En todo caso, la construcción del algoritmo, función de costo y programación complementaria, sería hecha del conocimiento de los representantes de los partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral;

4. Aquellas variables que no hubieran sido posibles de integrar en el algoritmo, deberían ser consideradas en forma externa durante la etapa de análisis y ajustes del escenario que arrojara dicho algoritmo de optimización global; y

5. La clasificación de ciertos criterios, que por su naturaleza fueran susceptibles de integrarse como parte del algoritmo de construcción con el que se haría la distritación, y que por consecuencia no hubiesen requerido ajustes de carácter externo. Asimismo, se tendrían criterios que de manera parcial pudieran ser integrados al algoritmo mencionado, debiendo ser ajustados de manera externa bajo una justificación preponderantemente técnica, conforme a la clasificación contenida en el Anexo I del multicitado acuerdo CG104/2004''.

Con los antecedentes señalados se aprobaron los siguientes puntos de dicho acuerdo:

PRIMERO. Se aprueba la nueva demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y su respectiva cabecera distrital, que servirán para la realización de las elecciones federales en los procesos electorales federales del 2005-2006 y 2008-2009, quedando conformada la citada división territorial en los términos establecidos en el Anexo 11 que forma parte del presente acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las adecuaciones en la cartografía electoral conforme a la nueva demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales aprobada por este Consejo General.

TERCERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva para realizar las acciones administrativas conducentes para la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la nueva distribución territorial de los distritos electorales federales uninominales materia del presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas y de los Vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas el contenido del presente acuerdo.

QUINTO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva a efecto de que diseñe e instrumente una campaña de difusión con el objeto de informar y dar a conocer la nueva demarcación territorial objeto de este acuerdo, así como el procedimiento técnico empleado.

SEXTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que elabore una memoria técnica de los trabajos de distritación y se ponga a disposición del público interesado.

SEPTIMO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva a efecto de que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presente a este Consejo General, a más tardar en el mes de septiembre de 2005, los proyectos que determinen el ámbito territorial de las cinco circunscripciones electorales plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas.

OCTAVO. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Así las cosas, insisto en que este procedimiento debe ser sujeto a la revisión y opinión de otros sectores, que sin ser oídos sí fueron afectados con esta decisión, de golpe se rompió con la identidad tradicional de los distritos uninominales, que efectivamente estaban debidamente integrados; de igual forma, de golpe se terminó con el trabajo de muchos ciudadanos que identificados con los distritos en los que viven, trabajan por su comunidad y se relacionan y fueron afectados en sus derechos político electorales.

Además de lo anterior, cabe señalar que resulta muy extraño que con la nueva distritación electoral se vea favorecido un solo partido político lo que despierta suspicacias respecto a la objetividad al establecer criterios o la seriedad en su aplicación. Es un hecho que en los procesos electorales los ciudadanos se han manifestado en el sentido de favorecer un partido político para la integración del Poder Legislativo como un verdadero contrapeso del Ejecutivo, lo que nos habla de una verdadera conciencia democrática, es decir, no es una casualidad la actual integración de las Cámaras, es resultado de una decisión ciudadana conciente, decisión que ahora pretende revertirse no como resultado de procesos electorales equitativos, sino más bien, a través del manejo de las instituciones públicas que pueden alterar los resultados de la democracia a través de decisiones ``oficiales''.

Considero necesario que el Instituto Federal Electoral aclare esta situación, no solo ante este poder público, sino ante la sociedad en general.

Sin duda, estas acciones representan un atentado contra la democracia y la voluntad de los ciudadanos. Por tal motivo presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los Poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Instituto Federal Electoral, para que se suspendan los efectos de la resolución que resuelve la redistritación electoral para los siguientes procesos electorales, hasta en tanto se informe a esta soberanía sobre el procedimiento para la designación de la nueva geografía electoral.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 10 de marzo de 2005.--- Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión de Gobernación.

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NIÑOS CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Fernando Espino Arévalo --también la envió--, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones, establecer en los distintos niveles de enseñanza básica los programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los rubros que nos permiten definir el nivel de desarrollo de un país está directamente relacionado con el número de habitantes que tienen acceso y cuentan con una educación escolar, ya que este parámetro, tanto de manera interna como externamente hacia el resto del mundo puede definir el nivel de conocimientos que tiene una nación, para poder realizar todo tipo de intercambios a nivel global y que tan avanzado es su nivel de investigación, así como para determinar el grado de avance científico y tecnológico en cualquier rama de la ciencia.

Es en las aulas de toda la República Mexicana donde nacen, crecen y se desarrollan las ideas que al paso del tiempo se convierten en acciones en beneficio de la sociedad, donde se forman hombres y mujeres que posteriormente pueden estar conformando los cuadros que en el futuro próximo nos gobernarán o bien pondrán en alto el nombre de México a nivel internacional, pero ello depende de factores tales como la calidad en la educación que se imparte, contar con la infraestructura necesaria, así como la capacidad del profesorado para trasmitir el conocimiento, siendo estos últimos los responsables de que los conocimientos puedan multiplicarse y permear en todos los ámbitos de la vida de los escolares, ya que después del hogar el lugar donde reciben enseñanzas e interactúan con más personas es en las aulas escolares y de forma más puntual con los maestros, siendo precisamente estas personas quienes pueden influir de manera positiva o negativa para que el infante desarrolle sus conocimientos y vaya siempre en busca de logros, pero que sucede si se dan satisfactoriamente los factores arriba mencionados y la parte más importante que es el educando tiene problemas para asimilar los conocimientos vertidos en las aulas de clases, entonces el esfuerzo realizado no cumple su cometido, ello derivado de una serie de causas multifactoriales, en las que necesariamente se ven involucrados tanto él educando como las instituciones, sus mentores y los padres o tutores.

Derivado de estos problemas y la falta de inversión que en las últimas décadas ha enfrentado el sector educativo mexicano, la educación en México hoy enfrenta un panorama poco halagador, y prueba de ello es que al final del año 2004, nos encontramos con la noticia de que la calificación para México en cuanto a nivel educativo hasta primaria es muy baja con respecto a los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esto es que de 41 evaluados ocupamos el lugar 29.

Reflexionando en torno a la evaluación de referencia, debemos preguntamos cuántos de los 250 mil niños evaluados a nivel mundial se encuentran en los niveles óptimos de aprovechamiento mental y emocionalmente hablando, ya que se debe considerar que existe una gran variedad de problemas de salud mental que no necesariamente implican tratamientos hospitalario, pero que afectan de forma diferente el desempeño de los niños en edad escolar, y que desafortunadamente con el inexorable paso del tiempo se van acumulando y generan el encadenamiento de problemas en la mayoría de los casos irreversibles.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social, por tanto, combatirla es una obligación pública, de ahí que la salud es el eje sobre el cual deben girar las políticas sociales de cualquier gobierno para asegurarle bienestar a su población, echando mano del prodigioso avance científico y su extensión en el campo de la medicina, sobre todo ante el aumento de los costos y la complejidad de los servicios, en tal virtud vale la pena destacar que dicho derecho se encuentra perfectamente asimilado en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, como una de las garantías fundamentales en la República Mexicana.

Dicho lo anterior tenemos que la educación y la salud generan un vínculo indisoluble muy grande, ya que el máximo aprovechamiento escolar se logra cuando el estudiante se encuentra sano física y mentalmente, y de ello podemos darnos cuenta simplemente cuando las condiciones ambientales son poco favorables, como en el invierno, que las bajas temperaturas provocan que el ausentismo se acreciente porque los alumnos sufren desequilibrios en el funcionamiento de su organismo, que se traducen en diversos padecimientos, como infecciones de las vías respiratorias, etcétera, y así como éstas, existen otras tantas enfermedades que cuentan con toda una sintomatología y patología bien definida, sin embargo hay otro tipo de males que afectan al ser humano como las enfermedades mentales, las cuales se guardan en sigilo y a veces hasta se ocultan los síntomas que el paciente puede presentar, tal es el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA/H), el cual por definición se trata de un problema de falta de atención, exceso de actividad, impulsividad o alguna combinación de éstos. Cuyas causas, incidencia y factores de riesgo afectan el desempeño escolar de los niños y sus relaciones con los demás. Lo que propicia muy a menudo que los padres se estén preguntando si sus niños tienen este trastorno.

Debemos hacer hincapié en que la educación y la salud deben convertirse en prioridades nacionales, ya que son los dos pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de cualquier persona o país, además estos preceptos forman parte de nuestra Ley Suprema en sus artículos 3° y 4°, por tanto, es momento de que asumamos nuestra responsabilidad y exigir a las autoridades competentes su aplicación en beneficio de quienes lo requieran.

Tal es el caso de que en los últimos tiempos un sector importante de la población este enfrentando un problema que día con día se esta manifestando de una forma más agresiva, y que por la falta de conocimientos, de recursos y prejuicios, que en algunos casos llevan a la discriminación, se está condenando a los niños que padecen el TDA/H, a la marginación y al fracaso, ya que por su padecimiento se les está coartando o condicionando su derecho a la educación en clara contravención de lo dispuesto en el artículo 3° constitucional y para muestra un botón, el pasado 22 de marzo de 2004 se recibió en esta Cámara a un grupo de padres de familia encabezados por el Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, AC, quienes manifestaron la discriminación de que han sido objeto en diferentes escuelas de educación básica en la República, donde se les exigía y condicionaba que los menores con problemas de TDA/H sólo podrían asistir a la institución si se le suministraba cierto tipo de fármaco (Ritalin), lo que posteriormente indujo para que se solicitara la comparecencia de autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y particularmente al titular de la Dirección General de Educación Especial, con el fin de que diera su versión de los aconte-cimientos en tomo a lo que fue llamado ``caso Ritalin'', nombre genérico del medicamento motivo de controversia en el tema del TDA/H, durante dicha comparecencia se destacó que existen áreas de apoyo dentro de las instituciones que ayudan a detectar y canalizar a niños con problemas como el multimencionado trastorno y además que existe obligación de los maestros de identificar cuáles son las causas que pueden estar propiciando el no acceso a lo que llamo los contenidos curriculares; además agregó la funcionaria que en la SEP cuentan con capacitación en diferentes ciclos donde el maestro asiste a empaparse del tema como el que ahora nos toca comentar, sin embargo no dio fechas ni cifras mucho menos estadísticas o controles internos que nos demuestren que efectivamente se están tomando cartas en el asunto o bien que se encuentra por lo menos enterados del problema que estarnos abordando.

La incertidumbre y la falta de información nos hace suponer que las aseveraciones de las personas afectadas son reales, pero lo más alarmante del caso no es eso, sino que la autoridad competente no tenga la más remota idea de la magnitud del problema, sin embargo creo que aún no es tarde para que unamos los esfuerzos para atender de raíz este mayúsculo problema, antes de que se convierta en algo incontrolable y que se tengan que tomar medidas radicales, debemos enfrentarlo con los dispositivos y avances científicos a efecto de controlarlo y darle seguimiento cercano por medio de las autoridades respectivas, informando a la población en general de todas las acciones que se tomen y así todos juntos estar en la misma carretera de la información y manejar los mismos conceptos para poder dar respuesta como sociedad a un mal que hoy día aqueja a nuestra infancia y adolescencia en todo el país.

En la manera que podamos detectar a tiempo y a temprana edad alguno de los muchos trastornos conductuales y de la mente cuando se hacen patentes en los individuos, podremos estar en condiciones de prevenirlos y atenderlos con eficiencia para que, como sociedad, alcancemos un mejor estatus y un nivel más armónico de vida que nos permita ser más competitivos con un desarrollo acorde para poder alcanzar los objetivos que como mexicanos nos proyectemos en este mundo globalizado.

Ahora habremos de referimos a la prevalencia del TDA/H; a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que por lo menos un 5% de la población del planeta lo padece. En Estados Unidos esta cifra oscila entre el 2 y el 18% y en países como Colombia y España se ha reportado la existencia de un 14 a un 18%, lo cual nos deja muy en claro la gravedad del problema; para el casó de nuestro país, cifras oficiales muy conservadoras indican que entre el 3 y el 5% de la población infantil se encuentra trastocada por el mencionado TDA/H, por tal motivo si consideramos que en México existen 37 millones de niños y adolescentes menores de 18 años de ambos sexos, tendríamos que el problema afecta a más de un millón 800 mil de estos menores.

De igual forma, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional advierte que en México el 3% de los niños menores de 14 años tiene TDA/H, sin embargo señala que tan sólo a nivel primaria existen alrededor de 742 mil 594 estudiantes que lo padecen, lo que hace suponer que la cifra supera el 3% calculado, por mucho.

Existen evidencias de la importancia etiológica de la mala adaptación infantil para el posterior desarrollo de enfermedades mentales en el adulto; durante la primera infancia se manifiestan en actitudes básicas hada las personas y al mundo en general y es en estos periodos tempranos y críticos de la niñez cuando el individuo adquiere un estilo propio para manejar sus problemas personales y su contacto con el medio ambiente. Estas actitudes y patrones de conducta se vuelven habituales aun cuando son defectos, y el niño o el adolescente tiene problemas para hacer ajustes sociales satisfactorios durante su vida posterior.

En las últimas tres o cuatro décadas médicos, psicólogos y educadores han puesto especial atención en el desarrollo y crecimiento de los niños. Las teorías científicas, los descubrimientos y la experiencia clínica, se han acumulado gradualmente, y ahora existen muchos conocimientos que se aplican en la medicina pediátrica con beneficio para un gran número de niños, que hasta hace muy poco estaban destinados a la infelicidad o al conflicto con la sociedad.

La Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2002 contaba con 3,732 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular y los Centros de Atención Múltiple (USAER) que atendían a 436 mil 207 niños y niñas con discapacidad, con un total de 25 mil 260 maestros. La cuarta parte de las discapacidades atendidas eran discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual, las tres cuartas partes subsiguientes no cuentan con una clasificación diferenciada, o sea que no se sabe qué tipo de problema de aprendizaje o discapacidad poseen (elaboración propia con base a las estadísticas oficiales de la Secretaría de Educación Pública). En este contexto, el trastorno con déficit de atención e hiperactividad no está siendo visualizado en las estadísticas que se reportan, lo que pone en franca vulnerabilidad a un gran número de infantes y sus familias, pues la falta de un diagnóstico oportuno desencadena una serie de consecuencias en muchos casos irreversibles, por tanto es impostergable que adoptemos una postura más proactiva y exijamos de las autoridades jurisdiccionales, entre otras cosas, que realicen lo necesario para contar con mecanismos más precisos y asertivos que permitan diagnosticar y canalizar oportunamente a las personas de acuerdo con la problemática particular que enfrentan.

Las consecuencias que se generan en nuestro país alrededor de este problema son muchas y muy variadas, siendo una de ellas la relacionada con el ámbito educativo, de ahí que la deserción escolar tenga una tasa global entre los jóvenes de 15 a 19 años del 35% (CEPAL, 1999, presentación del doctor José Antonio Ocampo), y para el caso de secundaria esta deserción se incrementa y representa casi un 55% y la misma se concentra al final del ciclo escolar. Aunque la causa más común de dicha deserción es la falta de recursos económicos, los problemas de aprendizaje también figuran como una de las razones importantes para el abandono escolar.

En general, las investigaciones señalan que si evaluamos el desempeño de una persona con TDA/H a la edad de 17 años, es probable que ya haya perdido un año escolar (B. Ingersoll, 1988) o que un 35% haya dejado la escuela (G. Weiss & L. T. Hechtman, 1993).

Además, otros estudios apuntan que a la edad de 11 años, el 80% de los niños con TDA/H tienen un retraso de 2 años en el aprendizaje de habilidades relacionadas con la lectura, la escritura, la ortografía, el cálculo y la resolución de problemas matemáticos (S. Zentall, 1993). Lo que se refleja en la siguiente prevalencia de trastornos de aprendizaje: dislexia, entre el 8 y el 38%; discalculia, entre el 12 y el 30%, y disortografías, entre el 12 y el 27% (PJ Frick, y col., 1991).

Cuando el fracaso escolar se da por problemas de aprendizaje, el déficit de atención figura entre las primeras causas, pero además, otro factor que afecta la deserción es la falta de habilidad de los maestros para manejar el TDA/H de una forma adecuada en el salón de clase. Peor aún, las verbalizaciones menospreciativas y desvalorizaciones que padres y educadores suelen dirigir a los niños (as) de manera rutinaria impactan negativamente en sus logros. Además la frustra-ción crónica que se desprende del fracaso habitual va acompañada de castigos, lo que promueve la baja motivación, la falta de interés y la pérdida de autoestima, factores que traen como consecuencia el fracaso escolar (García Pérez, 2001).

Además, el niño con TDA/H presenta un déficit en su adaptación social y a la escuela como institución, principalmente debido a los requerimientos de la escuela tradicional en cuanto al nivel de atención, autocontrol (R. A. Baridey, 1997) y de seguimiento de las reglas que llevan a los niños y niñas al desarrollo de sus capacidades para trabajar en forma organizada y autónoma (R. Reeve, 1994 y S. Goldstein & M. Golcistein, 1992). También es cierto que los especialistas coinciden en aceptar que gran parte de las dificultades surgen por un desajuste entre el niño y el contexto escolar (A. Pelligrini, A., & M. Horvat 1995), lo que implica la necesidad de flexibilizar el medio ambiente educativo para adecuarse a las necesidades diferenciadas de los niños y niñas.

Adicionalmente cabe resaltar cómo los problemas de salud mental impactan en el nivel educacional de los niños que cursan con estos problemas, desde los niveles básicos de educación hasta el profesional, siendo la primera donde se perciben a los niños que padecen este tipo de trastornos conductuales, de acuerdo con estudios realizados por el INEGI las personas con discapacidad mental y que carecen de estudios escolares de forma total alcanzan el 54.1%; con primaria incompleta, el 17%; primaria completa, el 11.6%; secundaria incompleta, el 2.3%; secundaria completa, el 5.1%; media superior, el 3.4%; superior y postgrado, sólo el 1.4%, lo que denota una vez más en esta población el gravísimo problema de aprendizaje tomando en cuenta que no todos los trastorno mentales llevan necesariamente a la inhabilitación para el aprendizaje de forma directa, lo cual se acrecienta por las barreras y desconocimiento del tema, así como por la falta de acciones y programas de gobierno que apoyen a este sector de la población.

Ello no obstante que el artículo 41 de la Ley General de Educación establece las atribuciones de la SEP en el rubro relativo a la educación especial, para aquel sector de la población que así lo requiera, la cual deberá tener un enfoque integral e incluir tanto a los maestros como a los padres o tutores, condición que hoy más que nunca debemos exigir que se cumpla a cabalidad.

Los problemas generados por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como se subrayó en un principio, pueden estar asociados o de forma separada, pero reflejan la misma problemática de quienes lo padecen, de entre los cuales debemos precisar entre otros los siguientes aspectos:

La probabilidad de que el niño fracase escolarmente es muy alta:-- Si los padres ignoran sus dificultades y le exigen demasiado;

-- Si los profesores ignoran sus problemas y le requieren lo mismo que a los demás y

-- Si posee una capacidad intelectual baja (CI < 90).

La probabilidad de que tenga problemas graves de conducta social: inadaptación o delincuencia está asociada al fracaso escolar generalizado y a la falta de apoyo, atención y comprensión familiar.

Los problemas de aprendizaje del niño hiperactivo son notorios: la lectura, la escritura, el cálculo, problemas para memorizar y para generalizar lo aprendido, son sólo algunos de los obstáculos que enfrenta.

En los escolares hiperactivos, con inteligencia normal o superior, las dificultades aritméticas pueden explicarse por la escasa atención que presta a las tareas; lo cual ocasiona errores en la ejecución de las operaciones de cálculo o bien retrasos en los aprendizajes de mecanismos y procesos.

Los problemas descritos anteriormente, así como sus síntomas se suelen detectar fundamentalmente en la escuela, ya que es el medio en el que las demandas de atención y de seguimiento de instrucciones son mayores. También porque los profesores pueden comparar el comportamiento del niño hiperactivo con los demás y percibir las diferencias. Por desgracia el maestro suele tener una actitud negativa hacia el involucrado, ya que lo considera desafiante, desobediente y descuidado; con frecuencia atribuyen estos problemas de conducta a la mala educación que han recibido de sus padres o a problemas de adaptación del niño al colegio.

Excepto cuando tiene buena información sobre la hiperactividad, el profesorado trata al niño hiperactivo como un niño desobediente y con mala fe. En cambio, cuando el profesorado adquiere información adecuada sobre las características de estos niños, distingue bien los déficit de atención suficiente, eficacia en la atención, capacidad de razonamiento y malos hábitos educativos, adecuando entonces la enseñanza a las características del alumno mediante una adaptación individual metodológica,

De lo anterior se desprende que, de hacer a un lado los prejuicios sobre el niño, el profesor es la persona indicada para emitir un juicio de valor que ayude al alumno a superar su problema, que si bien es incurable, sí es por muchos medios controlable y el niño puede adaptarse muy bien a su entorno social, así es que el mentor puede hacer mucho por el niño hiperactivo y de hecho son los profesionales que más pueden ayudar al niño e influir sobre su aprendizaje y adaptación a distintos niveles.

En la medida que el personal se encuentre capacitado e instruido para detectar problemas con el TDA/H, evitaremos una población infantil menospreciada, prejuiciada y señalada por ignorancia o ineptitud de quienes conviven con ellos, alimentando con esto el espíritu de igualdad entre todos los educandos, haciendo a un lado la discriminación por padecer una enfermedad de la cual no tuvieron elección de aceptar o desechar.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para quedar como sigue:

Primero. Que la Secretaría de Educación Pública establezca programas permanentes en todas las escuelas del nivel básico de enseñanza, a efecto de que exista una instancia con personal especializado que pueda detectar, orientar, canalizar y atender estudiantes con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública implemente programas de capacitación para todos los maestros de educación básica a efecto de que cuenten con los conocimientos que les permita detectar y canalizar a niños con problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Tercero. Que la Secretaría de Educación Pública determine lo conducente para que en las escuelas particulares del nivel básico de educación se implementen las medidas referidas en los puntos primero y segundo.

Cuarto. Que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones necesarias para establecer un sistema estadístico que nos permita conocer a detalle los principales problemas de salud mental que enfrentan los estudiantes del nivel básico de enseñanza del sistema educativo nacional.

Quinto. Que la Secretaría de Educación Pública en ejercicio de sus atribuciones realice lo propio, a efecto de que por ningún motivo se restrinja o condicione en las escuelas públicas o privadas del sistema educativo nacional el acceso o permanencia de los alumnos que padezcan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 31 días del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica, Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Julio Horacio Lujambio Moreno, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud.

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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado Espino Arévalo también remitió a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo para que se gire atenta invitación al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal para que, en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, presente un informe pormenorizado del proyecto del Metrobús en el Distrito Federal.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que el secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal presente un informe del proyecto del Metrobús, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM.

Fernando Espino Arévalo a nombre de un grupo de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que esta soberanía gire atenta invitación al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para que en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal presente un informe pormenorizado del proyecto del ``Metrobús'', en el Distrito Federal, en razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

Hace más de 37 años se concibió en México un proyecto de gran envergadura, para la transportación masiva de personas que vendría a ser el primer sistema de tren eléctrico subterráneo en América Latina, con las características de los trenes que se usaban en Europa, en especial en Francia y con ello desde 1967 se concretó uno de los más grandes proyectos futuristas de transporte en una ciudad capital. Este sistema se convirtió rápidamente en la columna vertebral del transporte capitalino en una de las ciudades más pobladas del orbe.

Lo anterior se derivó del acelerado y vertiginoso crecimiento demográfico que ha tenido el país en las últimas décadas, lo cual provocó mayores concentraciones de gente que incrementaron la demanda de los diferentes servicios que las ciudades tienen que ofrecer a sus habitantes, máxime si se toma en cuenta que en los albores del siglo XXI, más de 18.5 millones de personas se concentran en el Distrito Federal en una mancha urbana de más de 1500 Km2, donde diariamente circulan más de 3.5 millones de vehículos, que generan verdaderos conflicto para su movilidad sobre todo en las llamadas horas ``pico'' o ``punta'', de ahí que a lo largo de todo este tiempo la política gubernamental en la capital de la República hasta antes de la llegada del actual gobierno capitalino, fue favorecer al transporte público masivo y no contaminante por encima del transporte privado, y se apostó al diseño de una red de transporte público que facilitara la movilización de los capitalinos lo que dio como resultado la creación del ``Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros del Área Metropolitana de la Ciudad de México'', este documento contiene en forma detallada la problemática que en materia de transporte enfrenta la ciudad, así como las soluciones a los mismos.

La justificación de contar con un plan maestro se basó en cuatro grandes que son:

Establecer una normatividad moderna para el funcionamiento de las vialidades y la movilidad de los peatones,

Garantizar la disponibilidad de un sistema de transporte público eficiente y no contaminante,

Dotar al Distrito Federal de vialidades suficientes y adecuadas para soportar las necesidades del transporte urbano y,

Establecer estrategias comunes, coordinando acciones del Gobierno Federal, del estado de México y del Gobierno del Distrito Federal.

Desde entonces la proyección de los diferentes medios de transporte en nuestra ciudad capital no fue cosa fácil ya que tuvo que ponerse en la balanza entre otros aspectos:

Oferta y demanda del transporte público,

Situación urbana actual y futura,

Población y características socioeconómicas de la misma (actuales y futuras),

Parámetros operativos del transporte público y privado, y

Red esquemática de la vialidad y del transporte del Área Metropolitana de la Ciudad de México.

Las anteriores son algunas de las variables fundamentales que se tomaron en cuenta, para decidir cual sería el medio de transporte que mejor cubre las demandas.

Lo que nos lleva a una reflexión sobre los motivos que el actual gobierno capitalino tuvo para no examinar con la exactitud en su justa dimensión un plan maestro de vialidad y transporte en una ciudad como la nuestra, más si sobre el particular existen diversos estudios y análisis que involucran tanto al Metro como al Tren Ligero.

Desgraciadamente nuestros gobernantes locales faltos de visión y pericia, se han encargado solo de provocar una descoordinación con sus homólogos de los estados colindantes que comparten esta problemática con el Distrito Federal, que solo ha generado que la condición del transporte público se vuelva más precaria y rebase, convirtiéndose hoy en uno de los principales rubros por resolver en el corto plazo, de ahí que el Gobierno de la Ciudad de México está urgido y obligado a ofrecer soluciones integrales y de gran impacto que ayuden a la ciudadanía a resolver sus dificultades cotidianas como lo es el transportarse de su casa al trabajo o a la escuela, o de casa a lugares para realizar negocios, o simplemente de esparcimiento, etcétera.

Este panorama se ha venido tornando cada vez más complicado, primero por la falta de acciones que lo ataquen y segundo por la explosión demográfica que enfrenta la ciudad, pues mientras en 1967 la ciudad albergaba a 3 millones de personas, hoy somos casi 20 millones, mismos que realizamos en promedio más de 22 millones de viajes/persona---día en el Distrito Federal, y si consideramos el área conurbada esta cifra se incrementa a 36 millones, para resolver los problemas de transporte de una masa humana como la que hemos mencionado, el tamaño de la solución debe ser recíproco con el mismo, sin embargo infortunadamente nos damos cuenta que no es así, ya que la miopía de quienes intentan planificar el rubro de transporte en el Distrito Federal los hace cometer muchos errores, en virtud de que participan todos menos quienes la atribución de hacerlo, como por ejemplo la Secretaría de Obras y Servicios quien tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las obras como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal que en su artículo 27. ``... a la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica, los proyectos y construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo, los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos de impacto en más de una demarcación territorial o de alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables;

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables;

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;

IV. Construir, mantener y operar, en su caso, directamente o por adjudicación a particulares, las obras públicas que correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o de las delegaciones;

V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal;

VI. Llevar a cabo los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en el Distrito Federal, entre otras.

Como podemos percatarnos la responsabilidad de realizar todas las obras públicas que la ciudad requiere, recae de forma directa e ineludible en la Secretaría de Obras y Servicios, por lo que si alguna otra instancia pretende adjudicarse dicha atribución lo hará en clara contravención de los preceptos legales invocados, de ahí que no es difícil entender por que los aberrantes proyectos que supuestamente aliviarán el problema del transporte de nuestra metrópoli, son verdaderos elefantes blancos que solo obedecen a intereses muy particulares, y cómo no si quien los planea, organiza y dirige nada tiene que ver con los especialista en el tema, de tal suerte que cuando las autoridades capitalinas anuncian como posible solución al transporte de los capitalinos el establecimiento de un sistema denominado Metrobus (corredor Insurgentes en una etapa inicial), el cual vale la pena destacar que es un tipo de solución poco utilizada, ya que ha poca efectividad en ciudades como la nuestra, pues está funcionando en países de Sudamérica como Colombia y Brasil en ciudades relativamente planeadas y además pequeñas, y en ciudades de nuestro país como León en el estado de Guanajuato, también debemos reconocer que en estas ciudades se ha optado por esta salida como parte de una solución integral que ha conllevado todo un proceso de planeación de largo plazo, no como una ocurrencia, para dar una solución mediática a grandes problemas, que persigue otros fines, y que se nos quiere hacer pensar que se optó por la mejor solución, cuando está demostrado por las tendencias de crecimiento demográfico e índices de contaminación que presenta el Distrito Federal que la salida más viable y factible es la del transporte masivo no contaminante, el cual desgraciadamente se está viendo cada vez más olvidado.

Debemos recordar que el Valle de México está conformado por 16 delegaciones situadas en el territorio del Distrito Federal, 56 municipios del estado de México, 17 municipios del estado de Hidalgo, 9 municipios del estado de Tlaxcala y 2 municipios del estado de Puebla, abarcando un área de influencia de 9,560 km 2, correspondiendo solamente a la mancha urbana del Valle de México 7,751 km 2.

En virtud del tamaño de la zona de influencia y las distancias a recorrer, hoy más que nunca se deben adoptar soluciones de gran impacto como son los trenes ligeros, suburbanos y el Metro; ya que estos medios son los mas indicados para hacer frente a la demanda en la Zona Metropolitana del Valle de México, dada su capacidad de transportación:

Sistema de mediana y alta capacidad (tren suburbano y Metro) de 15,000 a 60,000 pasajeros/hora/- sentido, y

Sistema de baja capacidad tren 1igero hasta 15,000 persona/hora/sentido.

Lo anterior puede visualizarse de forma mas clara y precisa en la tabla siguiente:

Las necesidades de transporte que hoy tiene la Ciudad de México y su zona conurbada, son atendidas principalmente por medios contaminantes, de muy baja capacidad y con alto riesgo de accidentabilidad distribuyéndose de la siguiente forma:

El 60% al transporte público concesionado (taxis y microbuses),

El 17% a vehículos particulares,

El 6% a los autobuses de la RTP,

El 15% al STC metro(no contaminante), y

El 1% al STE, trolebuses y tren ligero (no contaminante).

No obstante lo contundente de las cifras anteriores y que los niveles de contaminación en esta ciudad son muy altos, el actual gobierno, pretende con sus decisiones seguir privilegiando medios de transporte altamente contaminantes de bajo impacto e individuales.

Una de las últimas decisiones en este sentido es el inicio de las obras para poner en operación una ruta de carriles confinados, ello muy a pesar de que todavía no están resueltos problemas de diseño en el Sistema de Carriles Confinados del Metrobús, ya comenzaron las obras a lo largo de avenida Insurgentes en la ciudad capital. Con una total desinformación hacia la ciudadanía, que en múltiples ocasiones los ha requerido.

Al mismo tiempo, arrancó la adecuación del paradero de Indios Verdes que funcionará como terminal del Metrobús, lugar que desde hace más de 10 años dejó de ser una solución a la problemática de los Centros de Transferencia Modal, ya que su capacidad fue rebasada por mucho y para corroborarlo basta con echarle un vistazo todos los días del año y nos daremos cuenta del gran cuello de botella que ahí se forma.

De acuerdo con información del gobierno capitalino el proyecto del Metrobús aún presenta puntos no resueltos, la pregunta aquí es ¿cuando se dará la cara a la solución de diversos problemas logísticos que presenta este proyecto? el cual según lo programado por el gobierno local, iniciará operaciones para el mes de mayo de 2005, estos problemas también involucran ingeniería de tránsito que deberán resolverse con la reestructuración de sentidos, en la avenida por donde pretenden que circulen los metrobuses.

Algunos otros problemas no resueltos son los relativos a los cruces de Insurgentes y Reforma; Oaxaca y Puebla; tramos donde Insurgentes se reduce a dos carriles; lo que necesariamente generará congestionamientos vehiculares permanentes, mas aun si tomamos en cuenta que esta avenida por cierto la más grande y transitada de la capital, diariamente en por lo menos 20 de las 24 horas del día se encuentra saturada de vehículos, en ellas confluyen durante las horas pico en promedio por hora 1,800 autos particulares, 230 taxis y 150 autobuses y microbuses, es decir, esto pasa todos los días durante 20 horas, de ahí que se prevé el uso de calles aledañas para supuestamente agilizar el tránsito, lo que provocará que las ya de por si saturadas avenidas: Revolución, Patriotismo, Universidad, Cuauhtémoc, División del Norte, Coyoacan, se vean sensiblemente afectadas por el incremento del flujo vehicular de quienes hoy usan Insurgentes, ello por las decisiones absurdas de quienes no tiene la mas remota idea de lo que están haciendo, y que lejos de beneficiar perjudicará a la inmensa mayoría, pues el nuevo Metrobús, será utilizado por las mismas personas que ahora se transportan en los microbuses, es decir solamente cambiarán de medio de transporte de microbús a Metrobús, por tal motivo en diversas ocasiones los colonos se han manifestado en contra de dicho proyecto, ya que se afectaría de forma permanente su entorno y modo de vida, de ello dan cuenta diversas expresiones que durante los meses de enero y febrero del presente se llevaron a cabo, donde vecinos de las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, entre otras cosas reclaman la tala indiscriminada de más de 2000 árboles y demás flora de la avenida, así como la falta de información y la inviabilidad del proyecto en cuestión.

Sin embargo es preciso señalar que no obstante las reiteradas muestras de inconformidad de los vecinos de las colonias aledañas, a través de mantas, marchas, plantones, emisión de comunicados, conferencias de prensa, etcétera, éstos no han sido escuchados, mucho menos atendidos por las autoridades correspondientes, lo que nos deja de manifiesto una vez más que para el gobierno de la ciudad aquellos que piensan diferente a ellos simplemente no existen.

En el multicitado proyecto se encuentran también fallas como la estrechez del camellón en Insurgentes que albergará los andenes, donde no pueden distribuirse 200 pasajeros, que es lo que el GDF prevé podrán captar los andenes para dicho transporte, el proyecto ejecutivo del Metrobús a lo largo de la avenida Insurgentes es un misterio del gobierno de la ciudad, al que únicamente altos funcionarios de la administración de López Obrador tienen acceso.

Es tal la soberbia del actual gobierno, que ha llegado a desconocer la capacidad de instituciones de reconocido prestigio a nivel internacional como la UNAM y el IPN, de lo anterior quedó constancia pues no hubo acercamiento de alguna autoridad del Gobierno del Distrito Federal para consultar el proyecto con los especialistas de dichas casas de estudio, de igual forma otras instancias como el Colegio de Arquitectos que solicitaron ver el plan integral del Metrobús recibieron una rotunda negativa como respuesta.

Lo anterior nos lleva a mas incógnitas que al no tener respuesta pronta nos trasladan a conclusiones como que existe poca o nula planeación y que pretenden resolver las interrogantes conforme se vayan presentando, de ahí que no es difícil suponer que la vialidad podría quedar acotada a un solo carril en tramos que van desde la terminal el Rélox hasta la glorieta de la estación del Metro Insurgentes, y el tramo entre Reforma y el Eje 2 Norte Manuel González, por señalar algunos puntos considerados críticos.

Ahora bien, nos encontramos de igual forma con un enfrentamiento de soluciones ante el inminente dilema de los pasos peatonales y los accesos para personas con capacidades diferentes, por que tampoco se ha dicho como se realizarán, al igual que los cruces con ejes viales y vueltas que serían clausuradas para convertir a Insurgentes en un corredor confinado.

Es de resaltarse que la única avenida que cruza completamente la Ciudad de México habrá de restringir las vueltas a la izquierda y tan sólo contará con ocho, a lo largo de los casi 20 kilómetros que mide la avenida, de Indios Verdes al Rélox: Buenavista; Eje 2 Sur; Xola; Filadelfia; Parroquia; Mixcoac; Miguel Ángel de Quevedo y La Paz, Además se desconoce ¿lo que pasará si falla el Metrobús? ¿de que forma lo auxiliarán?, ¿cuantos carriles invadirán para prestar ayuda si un solo autobús se descompone o deja de dar servicio? Otro rubro que no debemos pasar por alto es que los autobuses van a contar con motores de combustión interna movidos por diesel y tal vez lleguen a meter algunos con tecnología alternativa, pero eso no resolverá el problema de contaminación, como otros medios si lo harían, es decir aquellos que al utilizar electricidad eliminan el problema de la contaminación.

Un imperativo más por resolver es aquel que tiene que ver con los retornos, sobre todo el ubicado en la estación terminal el Rélox donde no se entiende como un autobús de tales dimensiones pueda maniobrar para hacer el cambio de sentido, además en esta zona existen monumentos con un importante valor histórico, que no se sabe que suerte correrán.

Parece que el actual gobierno de la ciudad está ciego, sordo y padece de amnesia, ya que se olvida que el 80% de las emisiones contaminantes en el Valle de México son el resultado de la combustión de los autos y que al sustituir microbuses por autobuses que no cuentan con tecnología limpia para desplazarse no resolverá el problema de emisiones contaminantes, que la movilidad de las personas va en aumento y el que se privilegie sistemas de transportación de mínima capacidad no quitan los congestionamientos viales, no puede haber comparación de un andén para más de 1500 personas como lo son los del metro a un andén que en algunos puntos de la avenida Insurgentes será casi imposible que reciban a 200 personas, aunado a la reducción de carriles de dicha avenida, ya que la gente que se transportaba en el ``micro'' ahora lo hará en los articulados del Metrobús y quienes viajan en auto particular lo seguirá haciendo, pero ahora con menos carriles para transitar o ¿acaso el gobierno local pensó en construir estacionamientos?, ¿en ampliar el paradero de Indios Verdes?, ¿en realizar a lo largo de Insurgentes puentes vehiculares de ambos lados de la avenida para no encerrar a los vecinos que viven a lo largo de tan importante vía?, acaso el Gobierno del Distrito Federal, pensó en los autobuses que llegan del estado de México e Hidalgo (Tizayuca y Pachuca) ¿donde realizarán ascenso y descenso de pasaje?.

Con los datos anteriores nos podemos percatar que no existe la verdadera planeación de fondo, aquella que nos prepare para un futuro más funcional y sencillo, ya que al introducir el Metrobús sobre avenida Insurgentes quedan varias interrogantes sin resolver por parte del gobierno, quien al no tener argumentos lo suficientemente sólidos para adoptar este tipo de soluciones, nos la impone a su antojo, es por ello que preguntamos, si acaso es una casualidad que constructoras involucradas en los segundos pisos se encuentren ahora involucradas en la construcción de la obra civil que implica el Metrobús en avenida Insurgentes.

Por otra parte y como colofón del desenvolvimiento del gobierno local tenemos entendido que, los otrora dueños de microbuses y líderes de las rutas de colectivos que transitan por dicha avenida, los convirtieron en empresarios de tal suerte que los actuales 262 concesionarios deben tener la capacidad para comprometerse a dar un enganche para 60 autobuses articulados que comprarán a la empresa Volvo, a razón de 2.7 millones de pesos por cada uno.

Señoras y señores legisladores no es posible que en pleno siglo XXI los gobiernos quieran imponer soluciones artificiales a problemas reales, con tecnología atrasada y por ende que contaminan más el medio ambiente, ¿se habrá fijado el jefe del gobierno capitalino que la traza urbana tiene que amoldarse al medio ambiente circundante y este a todo su entorno y que quitando flora y fauna de su lugar ya de por si escasa y deteriorada, hará que se extingan más especies y que nos encontremos perdidos en este mar de asfalto, y que dentro de muy poco se nos puede olvidar que son las áreas verdes, pues se estima que en esta ciudad tan solo existe 1.5 metros de área verde por habitante, lo cual si lo contrastamos con la ciudad de Curitiba en Brasil, lugar de donde se copió la idea del Metrobús existen 55 metros de estas áreas por habitante.

Sin embargo en descargo de la ciudad brasileña hemos de decir que allá esa obra se dio bajo criterios estrictos de planeación de largo plazo con la participación de especialistas y no por capricho o la ocurrencia de algunos aprendices.

Es momento de impedir que este tipo de acciones lleven a la ciudadanía a una salida sin retorno a una trampa que al paso del tiempo pueda significar un deterioro irreversible del medio y ponga en riesgo la salud de todos, por ello hoy propongo a esta soberanía que es necesario conocer a detalle los alcances y repercusiones relacionados con el proyecto del Metrobús capitalino que se pretende implementar.

Por lo antes expuesto y con fundado en los preceptos legales invocados, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que esta soberanía gire atenta invitación al titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, para que en reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal presente un informe pormenorizado del proyecto del ``Metrobús'', en el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de marzo de 2005.--- Diputados: Fernando Espino Arévalo, Felipe Medina Santos, Marco Antonio Gutiérrez Moreno (rúbricas)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

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CAMARA DE DIPUTADOS
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado don Luis Maldonado Venegas, del partido de Convergencia, envió proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto parlamentario de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Luis Maldonado Venegas, del grupo parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal Luis Maldonado Venegas, integrante del grupo parlamentario del partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente, el reportero de la agencia informativa Notimex Luis Carlos Rodríguez, quien cubre la fuente de la Cámara de Diputados, sufrió un ``secuestro exprés'' al retirarse del inmueble, en el cruce de Sidar y Rovirosa, siendo despojado de su automóvil y de sus pertenencias y agredido físicamente.

Asimismo, empleados y visitantes constantemente han sido víctimas de asaltos a mano armada en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro y diversos vehículos han sido robados.

Estos lamentables sucesos reflejan que nuestras instalaciones se ubican en una zona de alto riesgo para trabajadores, reporteros, los propios legisladores y los vecinos de la colonia.

La cercanía a la central camionera, conocida como Tapo, es por sí sola un lugar que contribuye a aumentar la inseguridad en esta área, al facilitar la huida de los delincuentes confundiéndose con los pasajeros o utilizando las avenidas Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

Al propio tiempo, es común encontrar en los accesos a las estaciones del Metro Candelaria y San Lázaro, y en los pasos a desnivel, drogadictos que intimidan a los transeúntes.

Por todas estas razones, el grupo parlamentario de Convergencia considera conveniente exhortar a las autoridades responsables de combatir la inseguridad en el Distrito Federal a aumentar la vigilancia en el ámbito externo del inmueble que alberga la Cámara de Diputados y combatir de esta manera los índices delictivos, que se han incrementado.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal incremente la vigilancia en la zona aledaña al recinto de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2005.--- Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y del Distrito Federal.

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REPUBLICA DE CUBA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado don Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que la delegación mexicana ante la LXI sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, vote contra cualquier resolutivo que atente contra la dignidad y soberanía e independencia del Estado cubano.El diputado Rafael García Tinajero Pérez: A partir del 14 de este mes y hasta el 22 de abril tiene lugar en Ginebra el LXI periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cada año, desde 1987, el Gobierno de Estados Unidos viene presentando un proyecto de resolutivo contra Cuba e intentará presionar a la mayoría de los 53 países que integran dicha Comisión para votarlo a favor. Este proyecto de resolución, mediante el cual se acusará o se acusa a Cuba como una nación en la que se dan violaciones reiteradas de los derechos humanos, está lejos de corresponder a una preocupación legítima por la situación de los derechos humanos en la isla. Es un velo que pretende encubrir y justificar las continuas agresiones hacia un Estado cuyo único delito es seguir un camino distinto del dictado por la potencia hegemónica mundial.

Cuba, asediada durante 45 años por la mayor potencia económica y militar de que se tenga memoria, víctima de agresiones que no se limitan sólo al bloqueo económico, pues incluyen incursiones militares, bombardeo de refinerías, quema de cañaverales, guerra biológica, financiamiento y promoción de la disidencia interna, actos terroristas, atentados contra su Jefe de Estado e inclusive la creación de una oficina gubernamental en Estados Unidos cuyo fin explícito es acelerar la caída de su actual gobierno. El pueblo cubano ha construido su destino como nación independiente y soberana erigiendo un proyecto de sociedad solidaria que ha alcanzado niveles de desarrollo humano y de justicia social sin precedente, tratándose de un país tan pobre, con las tasas de analfabetismo y de mortalidad infantil más bajas de América Latina, con el número más elevado de médicos por habitante en el mundo. Hay millones de niños en este mundo que viven y trabajan en la calle; cada siete segundos muere uno por hambre. Sin embargo, y tenemos que afirmarlo aquí, ninguno de ellos es cubano.

Tras 46 años en estado de guerra, organismos internacionales no han reportado ni un solo caso de tortura, de desa-parición forzada, de asesinato político o de ejecución extrajudicial en Cuba. Es una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo, ya sea en Irak, en Afganistán, en Guantánamo, el que promovió las dictaduras militares en América Latina y apoya Israel contra el pueblo palestino, el que impone a Cuba un acto de guerra y genocidio el bloqueo económico, patrocine la condena contra Cuba y envilezca el tema de los derechos humanos al usarlo como coartada. Por lo anterior, los diputados Rafael García Tinajero y Carlos Silva Valdés sometemos a consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se solicita al Poder Ejecutivo que la delegación mexicana ante la LXI sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, vote contra cualquier resolutivo que atente contra la dignidad, soberanía e independencia del Estado cubano.

Segundo. Se manifieste contra el bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos desde hace 45 años.

Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que la delegación mexicana ante la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra vote contra cualquier resolutivo que vulnere la dignidad, soberanía e independencia del Estado cubano, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir del 14 del de este mes y hasta el 22 de abril tiene lugar en Ginebra el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la cual participa nuestro país. En el curso de esta reunión se espera que se presenten y se voten alrededor de una centena de propuestas de resolutivos.

Como cada año, desde 1987, el Gobierno de Estados Unidos presentará por si mismo o a través de un tercer Estado, un proyecto de resolutivo contra Cuba e intentará presionar a la mayoría de los 53 países que integran dicha comisión para votarlo a favor.

Este proyecto de resolución, mediante el cual se acusará a Cuba como una nación en la que se dan violaciones reiteradas a los derechos humanos de sus habitantes, no es más que un velo, que lejos de corresponder a una preocupación legitima por la situación de los derechos humanos en la isla, pretende encubrir y justificar la prolongación de las continuas agresiones hacia un Estado que ha seguido un camino distinto al dictado por la potencia hegemónica en el mundo.

El contexto histórico en el que Cuba ha construido su destino como nación independiente y soberana durante los últimos 45 años es elocuente. Sujeta a un constante asedio por parte de la mayor potencia económica y militar de que se tenga memoria. Víctima de agresiones que no se limitan solamente al bloqueo económico sino además han incluido incursiones militares, bombardeo de refinerías, quema de cañaverales guerra biológica, financiamiento y promoción de la disidencia interna, actos terroristas, atentados contra el jefe del estado cubano, e inclusive la creación de una oficina gubernamental cuyo fin explicito es prohijar las condiciones para acelerar la caída de su actual gobierno.

A pesar de este severo y permanente acoso, con todos los inconvenientes económicos que de él se derivan, los cubanos han erigido su proyecto de sociedad. Han alcanzado un nivel de desarrollo humano y un grado de justicia social sin precedentes para un país tan pobre: La tasa de analfabetismo para América Latina es de 11.7% y de 0.2% para Cuba; la de mortalidad infantil es de 32/1000 para América Latina y de 6.2/1000 en Cuba; la esperanza de vida es de 70 años para AL y de 76.5 para los cubanos. La escolarización primaria es de 92% para AL y 100% para Cuba, la de secundaria 52% para AL y 99.7% en Cuba. Cuba es el país que tiene el número más elevado de médicos por habitante en el mundo. La tasa de incidencia de sida para un millón de personas es de 65.25 para AL y de 15.6 para Cuba. En el mundo millones de niños trabajan en la calle, ninguno de ellos es cubano. En el mundo cada 7 segundos muere un niño por hambre, ninguno de ellos es cubano.

En más de 45 años en estado de guerra ni un solo caso de tortura, de desaparición forzada, de asesinato político o de ejecución extrajudicial ha sido reportado por organismos internacionales con respecto al gobierno de la Habana.

Como se observa, la situación de los derechos humanos en Cuba es solo coartada, pues de otro modo países como Irak, Afganistán, los territorios palestinos ocupados, la base naval de Guantánamo y el propio bloqueo económico considerado como un acto de guerra por el derecho internacional desde 1909 y que viola convenciones internacionales como la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio de Octubre del 48, serían el centro de la preocupación y el debate en Ginebra.

Es sin duda una paradoja que el gobierno que más vulnera los derechos humanos en el mundo se atreva a patrocinar la condena del gobierno cubano.

Por lo anterior someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita al Poder Ejecutivo que la delegación mexicana ante la 61° sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra vote en contra de cualquier resolutivo que atente contra la dignidad, soberanía e independencia del Estado cubano.

Segundo.- Se manifieste en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2005.--- Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el punto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Vázquez, del Partido del Trabajo; y, posteriormente, el diputado Rodrigo Iván Cortés, también en pro, me están diciendo. Y, en términos del 122, se cierra el registro de oradores. Permita un segundo, diputado. Para efectos de la formalidad reglamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza la urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición...

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... Hay una mayoría calificada por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. Y tiene el uso de la palabra el señor diputado Pedro Vázquez.El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados: con relación a la propuesta de punto de acuerdo, queremos manifestar en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo nuestro apoyo completo a este punto de acuerdo, considerando que es obligación del Ejecutivo federal, de acuerdo con la fracción X del precepto 89 de nuestra Carta Magna, observar los principios normativos contenidos en esta disposición constitucional, que habla claramente de la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los conflictos internos de esas naciones o países, así como también manifestarnos contra las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre los pueblos y las naciones del mundo.

El contenido del artículo 89 es importante tenerlo presente porque próximamente en la Organización de Naciones Unidas, concretamente en el tema de los derechos humanos, va a ser presentada una moción por parte de Estados Unidos para tratar de condenar supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es claro que, en esta ocasión, diferentes países que ya en anteriores momentos habían sido utilizados como comparsas por el Gobierno de Estados Unidos hoy se niegan a ser utilizados en ese sentido, de tal manera que ahora se ve en la imperiosa necesidad de hacer la presentación de esta moción de manera particular. Y es justamente en el tema de los derechos humanos donde el gobierno norteamericano y los sectores de la derecha de esa nación no tienen ni un ápice de autoridad moral para condenar otra nación. Cabría preguntar: ¿quién supervisa los derechos humanos en ese país? Estados Unidos se ha erigido como una potencia económica, militar y política; y para esto ha tenido que aplastar a millones de pobladores en el mundo, saquear sus recursos naturales e imponer gobiernos títere que respondan a los intereses norteamericanos. A esto llamamos cercenar, violentar y atropellar y agredir de manera sistemática los derechos humanos de pueblos enteros, de mujeres, de niños y de ancianos indefensos.

De la misma manera, Estados Unidos continuamente acosa y persigue naciones que no son afines a ellos; y está el caso de la República Bolivariana de Venezuela, Siria, Irán, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. De tal manera que un ejemplo claro de la forma en que ellos violentan los derechos humanos es lo que sucede en la base militar de Guantánamo, territorio cubano, donde hay más de 600 prisioneros de guerra que ellos denominan ``combatientes enemigos'', y de esa manera justifican las constantes violaciones de sus derechos humanos. Por estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicita a ustedes atentamente, compañeras diputadas, compañeros diputados, su voto en favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Rodrigo Iván Cortés, del Partido Acción Nacional, también en pro, por el mismo tiempo.El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señor Presidente: la soberanía, la dignidad y la independencia no pueden ser utilizadas como pretextos para solapar las violaciones de derechos humanos que se hagan en cualquier parte del mundo; y esto aplica tanto a un país como Cuba como a un país como Estados Unidos. Que nadie aquí apele a la soberanía, dignidad e independencia del pueblo norteamericano para eximirlo del cumplimiento que como deber se tiene en todos los países de respetar los derechos humanos; pero que aquí tampoco se utilicen de mala manera estos altos conceptos para solapar la violación de los derechos humanos en Cuba. El Partido Acción Nacional se une al sentido de este punto de acuerdo del compañero diputado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que, si en verdad respetamos la soberanía de los países, la independencia de los países y --lo más importante-- la dignidad de las personas humanas con derechos inherentes de los países, no puede ser tergiversando de tal manera que pueda solapar violaciones de éstos.

El tema de los derechos humanos es un eje de la política exterior mundial, no sólo de México, pues se considera que sólo a través de la defensa y promoción de éstos se pueda alcanzar la paz. Es una exigencia internacional la cual México, a través del gobierno del Presidente Fox, han instaurado como un nuevo aliento, un nuevo espíritu para la política exterior humanista de nuestro país, donde los derechos humanos son un punto central, ya que se considera que los derechos humanos son parte esencial de la soberanía de los Estados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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GAS DOMESTICO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir que se adopten las medidas necesarias a efecto de que se detenga el incremento mensual en el precio del gas para uso doméstico en todo el territorio de la República Mexicana.El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su permiso, diputado Presidente: primero, quiero agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del PRI, del Verde Ecologista, de Convergencia y del PT que me hayan permitido presentar en este turno esta solicitud de punto de acuerdo para que se detenga de una vez por todas el alza del precio del gas. Y también quiero agradecer públicamente a mis compañeras y compañeros diputados: los 5 diputados de Convergencia; que me hizo favor de firmar apoyando esta solicitud el diputado Jesús Martínez Álvarez; los 5 diputados del PT, su coordinador, Alejandro González Yáñez; del Verde Ecologista, 15 diputados, su coordinador, Manuel Velasco Coello; del PRD, con el diputado Pablo Gómez, 94 diputados; del PAN, 19 diputados; del PRI, 136 diputados, su coordinador Emilio Chuayffet. Les agradezco en nombre de millones de mexicanos que, si logramos hacer efectivo que el Ejecutivo federal instruya para que se detenga de una vez por todas el precio del gas, se van a ver beneficiados millones de hogares.

Sabemos que cada día la situación económica de los que menos tienen es más precaria. El salario mínimo en el Distrito Federal es de mil 346 pesos, y con esos ingresos tienen que pagar la luz, la renta, el transporte, el vestido, el alimento y el gas. Este día se autorizó un incremento más al precio del gas. No es posible que se viva esa situación y es el porqué, con más de 270 firmas, presento esta solicitud con punto de acuerdo, que dice:

1. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al Jefe del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, gire de inmediato sus instrucciones a los ciudadanos secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, a fin de que se implemente una política de control del precio del kilo del gas doméstico y no continúe incrementándose.

2. Que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución.

Es cuanto, diputado Presidente. Y hago entrega de las más de 270 firmas de diputadas y de diputados de todas las fracciones.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que se detenga el incremento mensual del precio del gas para uso doméstico en toda la República Mexicana, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD

Emilio Serrano Jiménez y los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, abajo firmantes, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el incremento mensual en el precio del gas para uso domestico en toda la República Mexicana, conforme a los siguientes

Considerandos

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha hecho uso del fuego para preparación de alimentos, en la época actual el uso del gas en ese tipo de aplicaciones es el combustible relevante ya que no hay hogar donde no se haga uso de este energético, así mismo, se emplea en los calentadores para el aseo corporal diario. Lo anterior significa que un 85% de la población nacional hace uso diario del gas en sus diferentes modalidades lo que lo convierte a la par de la electricidad en un artículo de consumo básico. El insumo referido al igual que muchos otros debe ser pagado por los usuarios, mismos que han tenido una reducción del poder adquisitivo de su dinero, aún a pesar de los aumentos al salario mínimo y más caro aún para todos aquellos que, como los adultos mayores, no tienen ingreso alguno.

El salario mínimo para el área geográfica con mejor pago, el DF en el año de 2001 fue de $40.35 y para 2002 de $42.15 diarios, un incremento para todo el año 2002 de $1.80, equivalente a 4.46%, en tanto, el precio del gas doméstico inició para dicho año con un promedio de enero $4.670 por kilogramo, y al final del mismo año terminó con el precio promedio de $6.273, un incremento de 34.32%.

Por lo que hace al año de 2003, el aumento al salario mínimo fue de $1.50, equivalente a 3.65%, estableciéndose en $43.65 y el precio del kilo de gas para uso doméstico fue de $6.575 en enero y concluyó en $6.680, un incremento de 1.59%.

Para el año próximo pasado, 2004, el salario mínimo tuvo un aumento de 3.64%, equivalente a $1.59, fijándose en $45.24; y el precio del kilo de gas de uso doméstico inició en enero con $6.728 y terminó en diciembre en $7.889, un incremento de 17.25%.

Y por lo que hace a 2005, el aumento al salario mínimo fue de $1.56; esto es, 3.44%, y el precio del kilo de gas inició en $7.945 y para marzo está en $8.067, un aumento de 1.53% en estos tres primeros meses.

Históricamente, tenemos que el salario mínimo referenciado de 2002 de $42.15 hasta el de 2005 de $46.80 ha aumentado un total de 11.03%, en tanto el precio del kilo de gas para uso doméstico lo ha hecho de $4.670 hasta $8.670, un total de 85.65%.

Resulta paradójico que un país rico en energéticos y que ocupamos en el año 2002 el lugar número siete a nivel mundial de producción de petróleo estemos teniendo precios altísimos por el gas doméstico, que además es un servicio pésimo, en virtud, del mal estado de los cilindros y válvulas así como la frecuente ordeña de kilos de gas, ya que venden cilindros de 20 kilogramos que llegan a contener en ocasiones hasta 6 kilogramos menos de producto.

Tenemos claro que el aumento al salario mínimo no ha servido para cubrir los requerimientos básicos en materia de energía para la enorme mayoría de mexicanos que se encuentran en grado de pobreza y que, al decir de la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, en el país tenemos una cifra de más de 50 millones de pobres, quienes no poseen el ingreso suficiente para subsistir, ni tampoco para cubrir las necesidades mínimas de alimentación de acuerdo a la canasta básica alimentaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud, dependiente de la ONU.

Señor Presidente Fox: instrumente y gire sus más altas instrucciones para detener el grave incremento del precio del gas para uso doméstico, así como la cancelación de la concesión a quienes no cumplan los requisitos mínimos de seguridad y vendan cantidades inferiores del producto.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de aliviar en forma mínima la economía de las familias mexicanas, pongo a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno. La honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al Jefe del Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones gire en lo inmediato sus instrucciones a los CC. secretarios de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a fin de que implementen una política de contención del precio del kilo de gas de uso doméstico y no continúe incrementándose.

Dos. Que este punto de acuerdo sea de urgente y obvia resolución.

Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén en contra... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza. No hay oradores registrados; luego entonces, el asunto se considera suficientemente discutido. Y se ruega a la Secretaria preguntar a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición...

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado; comuníquese.

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ESTADO DE CHIHUAHUA
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Sagarpa, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, de la Semarnat y de la Profepa, que informe sobre la tala inmoderada y nulas acciones de reforestación y poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua, suscrita por el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Sagarpa, por conducto de la CNA, de la Semarnat y de la Profepa, que informe sobre la tala inmoderada, las nulas acciones de reforestación y la poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua, a cargo del diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado Jesús Aguilar Bueno del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente: proposición con punto de acuerdo para solicitar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como del Gobierno del estado de Chihuahua, que informen sobre la tala, poda y reforestación, realizada en el municipio de Jiménez Chihuahua, presentada por el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Consideraciones

1. En los términos de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de Diciembre de 1976, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado, y resolver sobre los estudios de riesgo ambiental.

Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988, son facultades de la Federación, entre otras: La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en dicha ley, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal, así como la emisión de recomendaciones a autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental.

Corresponde a la Comisión Nacional del Agua (CNA), en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de Diciembre de 1992: Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federación en materia hídrica, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. En este último concepto se incluyen las riberas o zonas federales contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional.

2. Por otra parte, la Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de Octubre de 1991, establece: la concurrencia del estado y sus municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; corresponde al Ejecutivo del estado la formulación y conducción de la política y de los criterios ecológicos, en congruencia con los que, en su caso, hubiere formulado la Federación; y corresponde a los municipios de la entidad, dentro de sus respectivas jurisdicciones, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en sus respectivas circunscripciones territoriales.

3. Vecinos de Ciudad Jiménez, del municipio del mismo nombre, estado de Chihuahua, han externado su preocupación y su queja por actos realizados, ordenados o autorizados por las autoridades de dicho municipio y que se han traducido en la tala inmoderada y poda excesiva de árboles ubicados en algunas de las principales calles de la ciudad y en la ribera del Río Florido, también en las inmediaciones de Ciudad Jiménez. Relatan los siguientes hechos y circunstancias principales:

a) Que dichas acciones se vienen realizando durante las tres últimas administraciones municipales, por lo que se han reiterado esos hechos por un lapso de 9 años.

b) La situación se ha agravado a partir del año 2001. De ese año a la fecha, se afirma, que se han talado aproximadamente 350 árboles en la Calzada Juárez, Calle Independencia, dos parques y ribera del Río Florido.

c) Que en el mismo año 2001 se encontraron numerosos árboles jóvenes con una poda drástica, que ha causado o puede causar su muerte.

d) La plantación de reposición o forestación es escasa y en su mayoría se encuentran muertos.

La zona federal que se ubica a un costado del sitio conocido popularmente como ``Vado'', exactamente en la margen izquierda del Río Florido, se ha destinado a plantar árboles nogales por un particular, sin que exista la concesión de la CNA. Esta área se ha cercado, impidiendo que la ciudadanía y especialmente la juventud, pueda acceder a esa área verde, previamente utilizada como zona recreativa.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto ésta última de la Comisión Nacional del Agua (CNA), en sus respectivos ámbitos de competencia, para que informen a esta Cámara de Diputados sobre lo siguiente:

A) Del conocimiento que tengan de los actos de tala inmoderada y poda drástica o excesiva en el municipio de Jiménez, estado de Chihuahua.

B) La intervención que hayan tenido para investigar denuncias, adoptar medidas o imponer sanciones, en relación con dichos actos de tala inmoderada y poda drástica.

C) Los resultados que hayan obtenido en relación a los puntos anteriores, principalmente en relación a aquellos actos en que hayan participado para prevenir los actos contrarios a las disposiciones en materia de ecología y medio ambiente y, en su caso, para restaurar el propio medio ambiente y los recursos naturales afectados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 marzo de 2005.--- Dip. Jesús Aguilar Bueno (rúbrica)»

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.Se ruega a la Secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión... Don Pedro, tiene la palabra.

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LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El diputado Pedro Ávila Nevárez: El pasado día 23 de este mes se cumplieron 11 años del asesinato de ese gran mexicano que fue Luis Donaldo Colosio Murrieta, un hombre que luchó por la democracia de nuestra patria, un hombre que entregó su vida al servicio de México; estábamos en esta Cámara de Diputados de vacaciones. Quiero proponer a esta honorable soberanía, por conducto de usted, señor Presidente, que guardemos un minuto de silencio en honor de quien fue también diputado en este Congreso de la Unión.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Luis Donaldo Colosio, con motivo del onceavo aniversario de su muerte.

(Se guarda un minuto de silencio.)

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ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año.--- LIX legislatura.

Orden de día

Martes 5 de abril de 2005.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí, que reforma el párrafo primero del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. (Turno a Comisión)

Con el que remite acuerdo del Congreso del estado de Sonora, con el que solicita al Congreso de la Unión apruebe la iniciativa de ley que tiene propuesta como una solución definitiva al problema de los ex trabajadores braceros mexicanos. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Turno a Comisión)

Con proyecto de Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jorge Adrián Zubieta y Landa Ortiz, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Nicaragua en Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mario Jesús Riestra Venegas y Alfredo Fuentevilla Ruffo, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Presidente de la República Federal de Alemania y el Gobierno del Reino de Dinamarca, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandra Fernández Lozoya, Edith Araceli Gómez González, Carla Virginia Padilla Rosales, Octavio Becerra Cortés, César Adalberto Domínguez y Alfredo González Castro, para prestar servicios en las embajadas de Cóte d' Ivoire y de Serbia y Montenegro en México, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2001.

Dictámenes negativos

De la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma la fracción I, del artículo 185 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Economía con puntos de acuerdo, por los que no se aprueban diversas iniciativas que reforman a la Ley del Registro Nacional de Vehículos.

De la Comisión de Economía con puntos de acuerdo, por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 55 de la Ley Minera.

De las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación con puntos de acuerdo, por los que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia nuclear.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con punto de acuerdo, por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo, por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 40 y 48 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con puntos de acuerdo, por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 7o., fracciones I, II, IV, VII, X y XI, 33, fracción II, último párrafo, 69 segundo y tercer párrafos, 70 segundo párrafo y 72 primer párrafo de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se devuelve la minuta con proyecto de decreto, que adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

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REGISTRO DE ASISTENCIA FINAL
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: La última de las votaciones se toma como lista final de asistencia.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (a las 14:58 horas:) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes, 5 de abril, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 00 de la mañana.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 57 minutos

Quórum a la apertura de sesión: 262 diputados

Asistencia al cierre de registro: 396 diputados

Asistencia al final de la sesión: 351 diputados

Diputada que anuncia su independencia de grupo parlamentario: 1

Minuto de silencio: 2

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 3

Proposiciones con punto de acuerdo: 8

Puntos de acuerdo, aprobados: 2

Oradores en tribuna: 33

PRI-11; PAN-9; PRD-8; PVEM-3; PT-1; PC-1.

Se recibió:

1 comunicación del Congreso del estado de Querétaro;

1 oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente;

3 oficios: de la Comisión Federal de Electricidad, de la Procuraduría General de la República, y de la Comisión Reguladora de Energía, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006;

1 comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Vivienda;

1 iniciativa del Congreso del estado de San Luis Potosí;

7 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

1 iniciativa del PRD;

2 iniciativas del PVEM;

3 iniciativas del PC

Dictámenes de primera lectura:

1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 165 de la Ley del Seguro Social;

1 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2001

Dictámenes aprobados:

1 de la Comisión de Transportes, a la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe sobre el estado del trámite de solicitud de autorización de las diversas aerolíneas para operar en Puerto Vallarta, presentada el 6 de noviembre de 2003;

1 de la las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que informe sobre el estado del programa de ordenamiento ecológico de la región cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región;

1 de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes que rindan a la Cámara de Diputados un informe sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo, en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí;

1 de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a las autoridades federales y estatales que impidan la instalación de una planta de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California;

1 de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a que actúen en concordancia con los ordenamientos locales y federales en relación con la construcción de la central termoeléctrica Rosarito IV;

1 de la Comisión de Energía, sobre dos proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita información a la Secretaría de Energía, la primera, y a la paraestatal Petróleos Mexicanos, la segunda;

1 de la Comisión de Energía, a tres proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Ejecutivo federal a que el proyecto petroquímico Fénix se ubique en una determinada ciudad;

1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en relación con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se aplicaron a partir del ciclo escolar 2004-2005;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Marina que establezcan un programa emergente, con la finalidad de evitar la contaminación de las playas nacionales;

1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión solicite al Congreso de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad;

1 de la Comisión de Salud, referente al punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico;

1 de la Comisión de Salud, respecto al punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a elaborar, mediante las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, un proyecto a fin de incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule la producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos;

1 de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica;

1 de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003, y adiciona el artículo 51 y los artículos 124 Bis, 124 Bis 1 y 124 Bis 2 a esa Ley;

1 de las Comisiones Unidas de Cultura y de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que no reduzca los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero;

1 de la Comisión de Comunicaciones con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 49 de la Ley de Aviación Civil, un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el artículo 37 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario;

1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 10, fracción III; 12, fracciones III y V; 19; 33, fracción VIII; 75, fracción IV; y adiciona la fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación;

1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 37 Bis de la Ley General de Educación;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que reforma los artículos 41 y 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano;

1 de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que expide la Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 26, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que adiciona párrafos a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueba la iniciativa que adiciona el artículo 94 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

1 de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que no se aprueban tres iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear distintas comisiones ordinarias

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Alarcón Hernández, José Porfirio (PRI) Artículos 73 y 118 constitucionales: 164

Alegre Bojórquez, Ricardo (PAN) Ley para el Registro de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de los Estados Unidos de América y Canadá - Ley Federal de Derechos - Ley Aduanera: 151

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Focas: 95

Argüelles Guzmán, Jacqueline Guadalupe (PVEM) Ley General de Bienes Nacionales: 138

Arias Martínez, Lázaro (PRI) Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales: 80

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Gas natural: 102

Ávila Nevárez, Pedro (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta: 287 desde curul

Bárcenas González, José Juan (PAN) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 223

Bárcenas González, José Juan (PAN) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 134

Cabello Gil, José Antonio (PAN) Artículos 52, 53 y 54 constitucionales: 106

Carrillo Soberón, Francisco Javier (PRD) Gas natural: 101

Cortés Jiménez, Rodrigo Iván (PAN) República de Cuba: 283

Chávez Ruiz, Adrián (PRI) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 225, 226 desde curul

Díaz Delgado, Blanca Judith (PAN) Gas natural: 99, 103 desde curul

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Ley Federal de Derechos: 116

García Tinajero Pérez, Rafael (PRD) República de Cuba: 281

Gómez Álvarez, Pablo (PRD) Ley Federal para la Expedición de Pasaportes y Documentos de Identificación y Acreditación de Nacionalidad: 247 desde curul

Guerra Castillo, Marcela (PRI) Ley de Aguas Nacionales: 166

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 226

Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto (PRI) Ley de Amparo: 141

Jiménez Sánchez, Moisés (PRI) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: 146

Morales Rubio, María Guadalupe (PRD) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 226

Moreno Garavilla, Jaime Miguel (PC) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 122

Ochoa Fernández, Cuauhtémoc (PVEM) Gas natural: 100

Rodríguez Díaz, Hugo (PRI) Artículo 82 constitucional: 132

Saucedo Moreno, Norma Patricia (PAN) Gas natural: 97

Saucedo Pérez, Francisco Javier (PRD) Ley de Ahorro y Crédito Popular: 222

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Gas doméstico: 284

Serrano Jiménez, Emilio (PRD) Gas natural: 102

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Focas: 95

Trueba Gracián, Tomás Antonio (PAN) Ley de Coordinación Fiscal: 128

Vázquez González, Pedro (PT) República de Cuba: 283

Villagómez García, Adrián (PRI) Gas natural: 96, 100 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Abdala De La Fuente José Manuel Adame De León Fernando Ulises Aguilar Bueno Jesús Aguilar Flores Ubaldo Aguilar Hernández Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu José Alberto Aguirre Maldonado María de Jesús Aguirre Rivero Ángel Heladio Alarcón Hernández José Porfirio Alarcón Trujillo Ernesto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez Victor Manuel Alcocer García Roger David Alemán Migliolo Gonzalo Amezcua Alejo Miguel Anaya Rivera Pablo Aragón Del Rivero Lilia Isabel Arcos Suárez Filemón Primitivo Arechiga Santamaría José Guillermo Arias Martínez Lázaro Arroyo Vieyra Francisco Astiazarán Gutiérrez Antonio Francisco Ávila Nevárez Pedro Ávila Rodríguez Gaspar Badillo Ramírez Emilio Bailey Elizondo Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez Federico Bazan Flores Omar Bedolla López Pablo Bejos Nicolás Alfredo Beltrones Rivera Manlio Fabio Bitar Haddad Oscar Blackaller Ayala Carlos Bravo Carbajal Francisco Javier Briones Briseño José Luis Buendía Tirado Ángel Augusto Burgos Barrera Álvaro Burgos García Enrique Bustillos Montalvo Juan Campa Cifrián Roberto Rafael Campos Córdova Lisandro Arístides Canul Pacab Angel Paulino Carrillo Guzmán Martín Carrillo Rubio José Manuel Castañeda Ortiz Concepción Olivia Castillo Cabrera Jorge de Jesús Castro Ríos Sofia Celaya Luría Lino Cervantes Vega Humberto Chávez Dávalos Sergio Armando Chuayffet Chemor Emilio Collazo Gómez Florencio Concha Arellano Elpidio Desiderio Córdova Martínez Julio César Culebro Velasco Mario Carlos Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami De las Fuentes Hernández Fernando Del Valle Reyes Guillermo Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Díaz Nieblas José Lamberto Díaz Rodríguez Homero Díaz Salazar María Cristina Domínguez Arvizu María Hilaria Domínguez Ordoñez Florentino Echeverría Pineda Abel Escalante Arceo Enrique Ariel Fajardo Muñoz María Concepción Félix Ochoa Oscar Fernández García Fernando Fernández Saracho Jaime Figueroa Smutny José Rubén Filizola Haces Humberto Francisco Flores Hernández José Luis Flores Morales Victor Félix Flores Rico Carlos Fonz Sáenz Carmen Guadalupe Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Ayala Marco Antonio García Corpus Teofilo Manuel García Cuevas Fernando Alberto García Mercado José Luis García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gómez Carmona Blanca Estela Gómez Sánchez Alfredo González Huerta Víctor Ernesto González Orantes César Amín González Ruíz Alfonso Gordillo Reyes Juan Antonio Grajales Palacios Francisco Guerra Castillo Marcela Guerrero Santana Enrique Guizar Macías Francisco Javier Guizar Valladares Gonzalo Gutiérrez Corona Leticia Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Gutiérrez Romero Marco Antonio Guzmán Santos José Hernández Bustamante Benjamín Hernández Pérez David Herrera León Francisco Herrera Solís Belizario Iram Ibáñez Montes José Angel Islas Hernández Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos María Del Carmen Jiménez Macías Carlos Martín Jiménez Sánchez Moisés Laguette Lardizábal María Martha Larios Rivas Graciela Leyson Castro Armando Lomelí Rosas J. Jesús López Aguilar Cruz López Medina José Lucero Palma Lorenzo Miguel Madrazo Rojas Federico Madrigal Hernández Luis Felipe Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez López Margarita Martínez Nolasco Guillermo Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Mazari Espín Rosalina Medina Santos Felipe Mejía González Raúl José Meza Cabrera Fidel René Mier y Concha Campos Eugenio Mireles Morales Carlos Monárrez Rincón Francisco Luis Montenegro Ibarra Gerardo Morales Flores Jesús Moreno Arcos Mario Moreno Arévalo Gonzalo Moreno Cárdenas Rafael Alejandro Moreno Ovalles Irma Guadalupe Moreno Ramos Gustavo Muñoz Muñoz José Alfonso Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Muro Urista Consuelo Nava Altamirano José Eduviges Nava Díaz Alfonso Juventino Nazar Morales Julián Neyra Chávez Armando Olmos Castro Eduardo Orantes López María Elena Ortega Pacheco Ivonne Aracelly Osornio Sánchez Arturo Palafox Gutiérrez Martha Pano Becerra Carlos Osvaldo Pavón Vinales Pablo Pedraza Martínez Roberto Peralta Galicia Anibal Pérez Góngora Juan Carlos Pimentel González Oscar Pompa Victoria Raúl Ponce Beltrán Esthela de Jesús Posadas Lara Sergio Arturo Quiroga Tamez Mayela María Ramírez Pineda Luis Antonio Ramón Valdez Jesús María Ramos Salinas Óscar Martín Rangel Espinosa José Reyes Retana Ramos Laura Rincón Chanona Sonia Robles Aguilar Arturo Rocha Medina Ma. Sara Rodríguez Anaya Gonzalo Rodríguez Cabrera Oscar Rodríguez de Alba María Rodríguez Díaz Hugo Rodríguez Javier Rogelio Rodríguez Ochoa Alfonso Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Rojas Saldaña Maria Mercedes Román Bojórquez Jesús Tolentino Romero Romero Jorge Rovirosa Ramírez Carlos Manuel Rueda Sánchez Rogelio Humberto Ruíz Cerón Gonzalo Ruiz Massieu Salinas Claudia Saenz López Rosario Sagahon Medina Benjamín Salazar Macías Rómulo Isael Saldaña Villaseñor Alejandro Sánchez Hernández Alfonso Sánchez López Jacobo Sánchez Vázquez Salvador Sandoval Figueroa Jorge Leonel Sandoval Urbán Evelia Scherman Leaño María Esther de Jesús Silva Santos Erick Agustín Soriano López Isaías Sotelo Ochoa Norma Elizabeth Suárez y Dávila Francisco Tapia Palacios Paulo José Luis Tecolapa Tixteco Marcelo Torres Hernández Marco Antonio Trujillo Fuentes Fermín Uscanga Escobar Jorge Utrilla Robles Jorge Baldemar Valenzuela García Esteban Valenzuela Rodelo Rosa Hilda Vázquez García Quintín Vega Carlos Bernardo Vega Murillo Wintilo Vega Rayet Juan Manuel Vega y Galina Roberto Javier Vidaña Pérez Martín Remigio Villacaña Jiménez José Javier Villagómez García Adrián Villegas Arreola Alfredo Wong Pérez José Mario Yabur Elías Amalin Yu Hernández Nora Elena Zanatta Gasperín Gustavo Zepahua Valencia Mario Alberto Zorrilla Fernández Guillermo Zúñiga Romero Jesús Asistencias: 149 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 1 Permiso Mesa Directiva: 26 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 48 Total diputados: 224 Aldaz Hernández Huberto Alegre Bojórquez Ricardo Alexander Rábago Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja Angel Juan Álvarez Mata Sergio Álvarez Monje Fernando Álvarez Ramos J. Irene Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Aragón Cortés Sheyla Fabiola Ávila Camberos Francisco Juan Baeza Estrella Virginia Yleana Bárcenas González José Juan Barrera Zurita Baruch Alberto Bermúdez Méndez José Erandi Blanco Becerra Irene Herminia Cabello Gil José Antonio Calderón Centeno Sebastián Camarena Gómez Consuelo Cárdenas Vélez Rómulo Castelo Parada Javier Castro Lozano Juan de Dios Chavarría Salas Raúl Rogelio Chávez Murguía Margarita Clouthier Carrillo Tatiana Colín Gamboa Roberto Contreras Covarrubias Hidalgo Córdova Villalobos José Angel Corella Manzanilla María Viola Corella Torres Norberto Enríque Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cortés Mendoza Marko Antonio Cruz García Concepción Dávila Aranda Mario Ernesto de la Vega Asmitia José Antonio Pablo De la Vega Larraga José María De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte Jaime Díaz Delgado Blanca Judith Díaz González Felipe de Jesús Döring Casar Federico Durán Reveles Patricia Elisa Elías Loredo Álvaro Eppen Canales Blanca Escudero Fabre María del Carmen Esquivel Landa Rodolfo Esteva Melchor Luis Andrés Fernández Moreno Alfredo Flores Fuentes Patricia Flores Mejía Rogelio Alejandro Galindo Noriega Ramón Gallardo Sevilla Israel Raymundo Gama Basarte Marco Antonio Gámez Gutiérrez Blanca Amelia García Velasco María Guadalupe Garduño Morales Patricia Gómez Morín Martínez del Río Manuel González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González Garza José Julio González González Ramón González Morfín José González Reyes Manuel Gutiérrez Ríos Edelmira Guzmán De Paz Rocío Guzmán Pérez Peláez Fernando Antonio Hernández Martínez Ruth Trinidad Herrera Tovar Ernesto Hinojosa Moreno Jorge Luis Jaspeado Villanueva María del Rocío Juárez Jiménez Alonso Adrián Landero Gutiérrez José Francisco Javier Lara Arano Francisco Javier Lara Saldaña Gisela Juliana Lastra Marín Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo Francisco Isaias Llera Bello Miguel Angel Loera Carrillo Bernardo López Mena Francisco Xavier López Núñez Pablo Alejo López Villarreal Manuel Ignacio Madero Muñoz Gustavo Enrique Marquez Lozornio Salvador Martínez Cázares Germán Méndez Galvez Alberto Urcino Mendoza Flores Ma. del Carmen Molinar Horcasitas Juan Francisco Morales De la Peña Antonio Moreno Morán Alfonso Muñoz Vargas Miriam Marina Nader Nasrallah Jesús Antonio Núñez Armas Juan Carlos Obregón Serrano Jorge Carlos Ortíz Domínguez Maki Esther Osorio Salcido José Javier Osuna Millán José Guadalupe Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Paredes Vega Raúl Leonel Pasta Muñuzuri Angel Penagos García Sergio Pérez Cárdenas Manuel Pérez Herrera Verónica Pérez Moguel José Orlando Pérez Zaragoza Evangelina Preciado Rodríguez Jorge Luis Puelles Espina José Felipe Ramírez Luna María Angélica Rangel Ávila Miguel Ángel Rangel Hernández Armando Ríos Murrieta Homero Rivera Cisneros Martha Leticia Rochín Nieto Carla Rodríguez y Pacheco Alfredo Rojas Toledo Francisco Antonio Ruiz del Rincón Gabriela Sacramento Garza José Julián Salazar Diez De Sollano Francisco Javier Saldaña Hernández Margarita Sánchez Pérez Rafael Sandoval Franco Renato Saucedo Moreno Norma Patricia Sigona Torres José Suárez Ponce María Guadalupe Talavera Hernández María Eloísa Tamborrel Suárez Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Torres Ramos Lorena Torres Zavala Ruben Alfredo Toscano Velasco Miguel Ángel Trejo Reyes José Isabel Treviño Rodríguez José Luis Triana Tena Jorge Trueba Gracian Tomas Antonio Urrea Camarena Marisol Userralde Gordillo Leticia Socorro Valdéz De Anda Francisco Javier Valencia Monterrubio Edmundo Gregorio Valladares Valle Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena Marisol Vázquez García Sergio Vázquez González José Jesús Vázquez Saut Regina Vega Casillas Salvador Villanueva Ramírez Pablo Antonio Yáñez Robles Elizabeth Oswelia Zavala Peniche María Beatriz Zavala Gómez del Campo Margarita Ester Asistencias: 92 Asistencias por cédula: 2 Asistencias comisión oficial: 2 Permiso Mesa Directiva: 27 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 27 Total diputados: 150 Alonso Raya Agustín Miguel Álvarez Pérez Marcos Arce Islas René Avilés Nájera Rosa María Bagdadi Estrella Abraham Bernal Ladrón De Guevara Diana Rosalía Boltvinik Kalinka Julio Brugada Molina Clara Marina Cabrera Padilla José Luis Camacho Solís Victor Manuel Candelas Salinas Rafael Cárdenas Sánchez Nancy Carrillo Soberón Francisco Javier Casanova Calam Marbella Chavarría Valdeolivar Francisco Chávez Castillo César Antonio Chávez Ruiz Adrián Cortés Sandoval Santiago Cota Cota Josefina Cruz Martínez Tomás de la Peña Gómez Angélica Díaz Del Campo María Angélica Díaz Palacios Socorro Diego Aguilar Francisco Duarte Olivares Horacio Espinoza Pérez Luis Eduardo Ferreyra Martínez David Fierros Tano Margarito Figueroa Romero Irma Sinforina Flores Mendoza Rafael Franco Castán Rogelio Franco Hernández Pablo García Costilla Juan García Domínguez Miguel Ángel García Laguna Eliana García Solís Iván García Tinajero Pérez Rafael Garfias Maldonado María Elba Gómez Álvarez Pablo González Bautista Valentín González Salas y Petricoli María Marcela Guillén Quiroz Ana Lilia Gutiérrez Zurita Dolores del Carmen Guzmán Cruz Abdallán Hernández Ramos Minerva Herrera Ascencio María del Rosario Herrera Herbert Marcelo Huizar Carranza Guillermo Lagarde y de los Ríos María Marcela Luna Hernández J. Miguel Magaña Martínez Sergio Augusto Manzanares Córdova Susana Guillermina Manzano Salazar Javier Martínez Della Rocca Salvador Pablo Martínez Meza Horacio Martínez Ramos Jorge Medina Lizalde José Luis Mejía Haro Antonio Mícher Camarena Martha Lucía Montiel Fuentes Gelacio Mora Ciprés Francisco Morales Rubio María Guadalupe Morales Torres Marcos Moreno Álvarez Inelvo Muñoz Santini Inti Nahle García Arturo Naranjo Y Quintana José Luis Obregón Espinoza Francisco Javier Ordoñez Hernández Daniel Ortega Alvarez Omar Ortiz Pinchetti José Agustín Roberto Padierna Luna María De Los Dolores Pérez Medina Juan Portillo Ayala Cristina Ramírez Cuéllar Alfonso Ramos Iturbide Bernardino Rodríguez Fuentes Agustín Rosas Montero Lizbeth Eugenia Ruiz Argaiz Isidoro Salinas Narváez Javier Sánchez Pérez Rocío Saucedo Pérez Francisco Javier Serrano Crespo Yadira Serrano Jiménez Emilio Sigala Páez Pascual Silva Valdés Carlos Hernán Suárez Carrera Víctor Tentory García Israel Torres Baltazar Edgar Torres Cuadros Enrique Tovar de la Cruz Elpidio Ulloa Pérez Gerardo Valdes Manzo Reynaldo Francisco Zebadúa González Emilio Zepeda Burgos Jazmín Elena Asistencias: 57 Asistencias por cédula: 7 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 23 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 8 Total diputados: 95 Agundis Arias Alejandro Alvarado Villazón Francisco Xavier Alvarez Romo Leonardo Argüelles Guzmán Jacqueline Guadalupe Ávila Serna María Espino Arévalo Fernando Fernández Avila Maximino Alejandro Fuentes Villalobos Félix Adrián González Roldán Luis Antonio Kahwagi Macari Jorge Antonio Legorreta Ordorica Jorge Lujambio Moreno Julio Horacio Méndez Salorio Alejandra Ochoa Fernández Cuauhtémoc Orozco Gómez Javier Piña Horta Raúl Velasco Coello Manuel Asistencias: 8 Asistencias por cédula: 3 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 3 Total diputados: 17 Espinosa Ramos Francisco Amadeo González Yáñez Alejandro González Yáñez Óscar Guajardo Anzaldúa Juan Antonio Padilla Peña Joel Vázquez González Pedro Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 3 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 0 Total diputados: 6 CONVERGENCIA González Schmal Jesús Porfirio Maldonado Venegas Luis Martínez Álvarez Jesús Emilio Moreno Garavilla Jaime Miguel Perdomo Bueno Juan Fernando Asistencias: 3 Asistencias por cédula: 0 Asistencias comisión oficial: 0 Permiso Mesa Directiva: 1 Inasistencias justificadas: 0 Inasistencias: 1 Total diputados: 5 Ruíz Esparza Oruña Jorge Roberto Asistencias:1 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Aguilar Bueno Jesús Aguilar Iñárritu José Alberto Alcántara Rojas José Carmen Arturo Alcocer García Roger David Arechiga Santamaría José Guillermo Bailey Elizondo Eduardo Alonso Blackaller Ayala Carlos Buendía Tirado Ángel Augusto Carrillo Rubio José Manuel Chávez Dávalos Sergio Armando Collazo Gómez Florencio Dávalos Padilla Juan Manuel David David Sami Fernández García Fernando Flores Rico Carlos Frías Castro Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime Rafael García Cuevas Fernando Alberto García Ortiz José Gastélum Bajo Diva Hadamira Godínez y Bravo Rebeca Gutiérrez de la Garza Héctor Humberto Hernández Pérez David Herrera León Francisco Lucero Palma Lorenzo Miguel Marrufo Torres Roberto Antonio Martínez De La Cruz Jesús Humberto Martínez López Gema Isabel Martínez Rivera Laura Elena Maya Pineda María Isabel Medina Santos Felipe Murat Hinojosa Alejandro Ismael Murat Macías José Adolfo Orantes López María Elena Pavón Vinales Pablo Ponce Beltrán Esthela de Jesús Quiroga Tamez Mayela María de Lourdes Ramón Valdez Jesús María Robles Aguilar Arturo Rodríguez de Alba María del Consuelo Rodríguez Rocha Ricardo Rojas Gutiérrez Francisco José Román Bojórquez Jesús Tolentino Scherman Leaño María Esther de Jesús Soriano López Isaías Tecolapa Tixteco Marcelo Utrilla Robles Jorge Baldemar Villegas Arreola Alfredo Faltas por grupo: 48 PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Angulo Góngora Julián Arabian Couttolenc Myriam De Lourdes Baeza Estrella Virginia Yleana Corrales Macías José Evaristo Cortés Jiménez Rodrigo Iván Cruz García Concepción De Unanue Aguirre Gustavo Adolfo Döring Casar Federico Eppen Canales Blanca González Carrillo Adriana González Furlong Magdalena Adriana González González Ramón Guzmán De Paz Rocío Molinar Horcasitas Juan Francisco Moreno Morán Alfonso Nader Nasrallah Jesús Antonio Obregón Serrano Jorge Carlos Ovalle Araiza Manuel Enrique Ovando Reazola Janette Palmero Andrade Diego Pérez Moguel José Orlando Ríos Murrieta Homero Rochín Nieto Carla Sacramento Garza José Julián Sigona Torres José Tiscareño Rodríguez Carlos Noel Vázquez Saut Regina Faltas por grupo: 27 de la Peña Gómez Angélica Ferreyra Martínez David García Laguna Eliana Herrera Ascencio María del Rosario Mícher Camarena Martha Lucía Muñoz Santini Inti Tovar de la Cruz Elpidio Zepeda Burgos Jazmín Elena Faltas por grupo: 8 Ávila Serna María Lujambio Moreno Julio Horacio Piña Horta Raúl Faltas por grupo: 3 CONVERGENCIA Moreno Garavilla Jaime Miguel Faltas por grupo: 1 Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto Abdala de la Fuente, José Manuel Adame de León, Fernando Ulises Aguilar Bueno, Jesús Aguilar Flores, Ubaldo Aguilar Hernández, Roberto Aquiles Aguilar Iñárritu, José Alberto Aguirre Maldonado, María de Jesús Aguirre Rivero, Ángel Heladio Alarcón Hernández, José Porfirio Alarcón Trujillo, Ernesto Alcántara Rojas, José Carmen Arturo Alcerreca Sánchez, Víctor Manuel Alcocer García, Roger David Alemán Migliolo, Gonzalo Amezcua Alejo, Miguel Anaya Rivera, Pablo Aragón del Rivero, Lilia Arcos Suárez Peredo, Filemón Primitivo Arechiga Santamaría, José Guillermo Arias Martínez, Lázaro Arroyo Vieyra, Francisco Astiazarán Gutiérrez, Antonio Francisco Ávila Nevárez, Pedro Ávila Rodríguez, Gaspar Badillo Ramírez, Emilio Bailey Elizondo, Eduardo Alonso Barbosa Gutiérrez, Federico Bazán Flores, Omar Bedolla López, Pablo Bejos Nicolás, Alfredo Beltrones Rivera, Manlio Fabio Bitar Haddad, Oscar Blackaller Ayala, Carlos Bravo Carbajal, Francisco Javier Briones Briseño, José Luis Buendía Tirado, Ángel Augusto Burgos Barrera, Álvaro Burgos García, Enrique Bustillos Montalvo, Juan Campa Cifrián, Roberto Rafael Campos Cordova, Lisandro Canul Pacab, Angel Paulino Carrillo Guzmán, Martín Carrillo Rubio, José Manuel Castañeda Ortiz, Concepción Olivia Castillo Cabrera, Jorge de Jesús Castro Ríos, Sofía Celaya Luría, Lino Cervantes Vega, Humberto Chávez Dávalos, Sergio Armando Chuayffet Chemor, Emilio Collazo Gómez, Florencio Concha Arellano, Elpidio Desiderio Córdova Martínez, Julio César Culebro Velasco, Mario Carlos Dávalos Padilla, Juan Manuel David David, Sami De las Fuentes Hernández, Fernando Del Valle Reyes, Guillermo Díaz Escarraga, Heliodoro Carlos Díaz Nieblas, José Lamberto Díaz Rodríguez, Homero Díaz Salazar, María Cristina Domínguez Arvizu, María Hilaria Domínguez Ordóñez, Florentino Echeverría Pineda, Abel Escalante Arceo, Enrique Ariel Fajardo Muñoz, María Concepción Félix Ochoa, Oscar Fernández García, Fernando Fernández Saracho, Jaime Figueroa Smutny, José Rubén Filizola Haces, Humberto Francisco Flores Hernández, José Luis Flores Morales, Víctor Flores Rico, Carlos Fonz Sáenz, Carmen Guadalupe Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc Galindo Jaime, Rafael García Ayala, Marco Antonio García Corpus, Teofilo Manuel García Cuevas, Fernando Alberto García Mercado, José Luis García Ortiz, José Gastélum Bajo, Diva Hadamira Godínez y Bravo, Rebeca Gómez Carmona, Blanca Estela Gómez Sánchez, Alfredo González Huerta, Víctor Ernesto González Orantes, César Amín González Ruiz, Alfonso Gordillo Reyes, Juan Antonio Grajales Palacios, Francisco Guerra Castillo, Marcela Guerrero Santana, Enrique Guizar Macías, Francisco Javier Guizar Valladares, Gonzalo Gutiérrez Corona, Leticia Gutiérrez de la Garza, Héctor Humberto Gutiérrez Romero, Marco Antonio Guzmán Santos, José Hernández Bustamante, Benjamín Fernando Hernández Pérez, David Herrera León, Francisco Herrera Solís, Belizario Iram Ibáñez Montes, José Angel Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo Izaguirre Francos, María del Carmen Jiménez Macías, Carlos Martín Jiménez Sánchez, Moisés Laguette Lardizábal, María Martha Larios Rivas, Graciela Leyson Castro, Armando Lomelí Rosas, J. Jesús López Aguilar, Cruz López Medina, José Lucero Palma, Lorenzo Miguel Madrazo Rojas, Federico Madrigal Hernández, Luis Felipe Marrufo Torres, Roberto Antonio Martínez de la Cruz, Jesús Humberto Martínez López, Gema Isabel Martínez López, Margarita Martínez Nolasco, Guillermo Martínez Rivera, Laura Elena Maya Pineda, María Isabel Mazari Espín, Rosalina Medina Santos, Felipe Mejía González, Raúl José Meza Cabrera, Fidel René Mier y Concha Campos, Eugenio Mireles Morales, Carlos Monárrez Rincón, Francisco Luis Montenegro Ibarra, Gerardo Morales Flores, Jesús Moreno Arcos, Mario Moreno Arévalo, Gonzalo Moreno Cárdenas, Rafael Alejandro Moreno Ovalles, Irma G. Moreno Ramos, Gustavo Muñoz Muñoz, José Alfonso Murat Hinojosa, Alejandro Ismael Murat Macías, José Antonio Muro Urista, Consuelo Nava Altamirano, José Eduviges Nava Díaz, Alfonso Juventino Nazar Morales, Julián Neyra Chávez, Armando Olmos Castro, Eduardo Orantes López, María Elena Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly Osornio Sánchez, Arturo Palafox Gutiérrez, Martha Pano Becerra, Carlos Osvaldo Pavón Vinales, Pablo Pedraza Martínez, Roberto Peralta Galicia, Anibal Pérez Góngora, Juan Carlos Pimentel González, Oscar Pompa Victoria, Raúl Ponce Beltrán, Esthela de Jesús Posadas Lara, Sergio Arturo Quiroga Tamez, Mayela María de L. Ramírez Pineda, Luis Antonio Ramón Valdez, Jesús María Ramos Salinas, Óscar Martín Rangel Espinosa, José Reyes Retana Ramos, Laura Rincón Chanona, Sonia Robles Aguilar, Arturo Rocha Medina, María Sara Rodríguez Anaya, Gonzalo Rodríguez Cabrera, Oscar Rodríguez de Alba, María del Consuelo Rodríguez Díaz, Hugo Rodríguez Javier, Rogelio Rodríguez Ochoa, Alfonso Rodríguez Rocha, Ricardo Rojas Gutiérrez, Francisco José Rojas Saldaña, María Mercedes Román Bojórquez, Jesús Tolentino Romero Romero, Jorge Rovirosa Ramírez, Carlos Manuel Rueda Sánchez, Rogelio Humberto Ruiz Cerón, Gonzalo Ruiz Massieu Salinas, Claudia Sáenz López, Rosario Sagahon Medina, Benjamín Salazar Macías, Rómulo Isael Saldaña Villaseñor, Alejandro Sánchez Hernández, Alfonso Sánchez López, Jacobo Sánchez Vázquez, Salvador Sandoval Figueroa, Jorge Leonel Sandoval Urbán, Evelia Scherman Leaño, María Esther de Jesús Silva Santos, Erick Agustín Soriano López, Isaías Sotelo Ochoa, Norma Elizabeth Suárez y Dávila, Francisco Tapia Palacios, Paulo José Luis Tecolapa Tixteco, Marcelo Torres Hernández, Marco Antonio Trujillo Fuentes, Fermín Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, Jorge Baldemar Valenzuela García, Esteban Valenzuela Rodelo, Rosa Hilda Vázquez García, Quintín Vega Carlos, Bernardo Vega Murillo, Wintilo Vega Rayet, Juan Manuel Vega y Galina, Roberto Javier Vidaña Pérez, Martín Remigio Villacaña Jiménez, José Javier Villagómez García, Adrián Villegas Arreola, Alfredo Wong Pérez, José Mario Yabur Elías, Amalín Yu Hernández, Nora Elena Zanatta Gasperín, Gustavo Zepahua Valencia, Mario Zorrilla Fernández, Guillermo Zúñiga Romero, Jesús Aldaz Hernández, Huberto Alegre Bojórquez, Ricardo Alexander Rábago, Rubén Maximiliano Alonso Díaz-Caneja, Angel Juan Álvarez Mata, Sergio Álvarez Monje, Fernando Álvarez Ramos, J. Irene Angulo Góngora, Julián Arabian Couttolenc, Myriam de Lourdes Aragón Cortés, Sheyla Fabiola Ávila Camberos, Francisco Juan Baeza Estrella, Virginia Yleana Bárcenas González, José Juan Barrera Zurita, Baruch Alberto Bermúdez Méndez, José Erandi Blanco Becerra, Irene Herminia Cabello Gil, José Antonio Calderón Centeno, Sebastián Camarena Gómez, Consuelo Cárdenas Vélez, Rómulo Castelo Parada, Javier Castro Lozano, Juan de Dios Chavarría Salas, Raúl Rogelio Chávez Murguía, Margarita Clouthier Carrillo, Tatiana Colín Gamboa, Roberto Contreras Covarrubias, Hidalgo Córdova Villalobos, José Angel Corella Manzanilla, María Viola Corella Torres, Norberto Enrique Corrales Macías, José Evaristo Cortés Jiménez, Rodrigo Iván Cortés Mendoza, Marko Antonio Cruz García, Concepción Dávila Aranda, Mario Ernesto De la Vega Asmitia, José Antonio Pablo De la Vega Larraga, José María De Unanue Aguirre, Gustavo Adolfo Del Conde Ugarte, Jaime Díaz Delgado, Blanca Judith Díaz González, Felipe de Jesús Döring Casar, Federico Durán Reveles, Patricia Elisa Elías Loredo, Álvaro Eppen Canales, Blanca Escudero Fabre, María del Carmen Esquivel Landa, Rodolfo Esteva Melchor, Luis Andrés Fernández Moreno, Alfredo Flores Fuentes, Patricia Flóres Mejía, Rogelio Alejandro Galindo Noriega, Ramón Gallardo Sevilla, Israel Raymundo Gama Basarte, Marco Antonio Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia García Velasco, María Guadalupe Garduño Morales, Patricia Gómez Morín Martínez del Río, Manuel González Carrillo, Adriana González Furlong, Magdalena Adriana González Garza, José Julio González González, Ramón González Morfín, José González Reyes, Manuel Gutiérrez Ríos, Edelmira Guzmán de Paz, Rocío Guzmán Pérez Peláez, Fernando Antonio Hernández Martínez, Ruth Trinidad Herrera Tovar, Ernesto Hinojosa Moreno, Jorge Luis Jaspeado Villanueva, María del Rocío Juárez Jiménez, Alonso Adrian Landero Gutiérrez, José Francisco Javier Lara Arano, Francisco Javier Lara Saldaña, Gisela Juliana Lastra Marín, Lucio Galileo Lemus Muñoz Ledo, Francisco Isaias Llera Bello, Miguel Angel Loera Carrillo, Bernardo López Mena, Francisco Xavier López Núñez, Pablo Alejo López Villarreal, Manuel Ignacio Madero Muñoz, Gustavo Enrique Marquez Lozornio, Salvador Martínez Cázares, Germán Méndez Galvez, Alberto Urcino Mendoza Flores, María del Carmen Molinar Horcasitas, Juan Francisco Morales de la Peña, Antonio Moreno Morán, Alfonso Muñoz Vargas, Miriam M. Nader Nasrallah, Jesús Antonio Núñez Armas, Juan Carlos Obregón Serrano, Jorge Carlos Ortiz Domínguez, Maki Esther Osorio Salcido, José Javier Osuna Millán, José Guadalupe Ovalle Araiza, Manuel Enrique Ovando Reazola, Janette Palmero Andrade, Diego Paredes Vega, Raúl Leonel Pasta Muñuzuri, Angel Penagos García, Sergio Pérez Cárdenas, Manuel Pérez Herrera, Veronica Pérez Moguel, José Orlando Pérez Zaragoza, Evangelina Preciado Rodríguez, Jorge Luis Puelles Espina, José Felipe Ramírez Luna, María Angélica Rangel Ávila, Miguel Ángel Rangel Hernández, Armando Ríos Murrieta, Homero Rivera Cisneros, Martha Leticia Rochín Nieto, Carla Rodríguez y Pacheco, Alfredo Rojas Toledo, Francisco Antonio Ruiz del Rincón, Gabriela Sacramento Garza, José Julián Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Saldaña Hernández, Margarita Sánchez Pérez, Rafael Sandoval Franco, Renato Saucedo Moreno, Norma Patricia Sigona Torres, José Suárez Ponce, María Guadalupe Talavera Hernández, María Eloísa Tamborrel Suárez, Guillermo Enrique Tiscareño Rodríguez, Carlos Noel Torres Ramos, Lorena Torres Zavala, Ruben Alfredo Toscano Velasco, Miguel Ángel Trejo Reyes, José Isabel Treviño Rodríguez, José Luis Triana Tena, Jorge Trueba Gracián, Tomás Antonio Urrea Camarena, Marisol Userralde Gordillo, Leticia Socorro Valdéz de Anda, Francisco Javier Valencia Monterrubio, Edmundo Gregorio Valladares Valle, Yolanda Guadalupe Vargas Bárcena, Marisol Vázquez García, Sergio Vázquez González, José Jesús Vázquez Saut, Regina Vega Casillas, Salvador Villanueva Ramírez, Pablo Antonio Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Zavala Gómez del Campo, Margarita Zavala Peniche, María Beatriz Alonso Raya, Agustín Miguel Álvarez Pérez, Marcos Arce Islas, René Avilés Nájera, Rosa María Bagdadi Estrella, Abraham Bernal Ladrón de Guevara, Diana R. Boltvinik Kalinka, Julio Brugada Molina, Clara Marina Cabrera Padilla, José Luis Camacho Solís, Víctor Manuel Candelas Salinas, Rafael Cárdenas Sánchez, Nancy Carrillo Soberón, Francisco Javier Casanova Calam, Marbella Chavarría Valdeolivar, Francisco Chávez Castillo, César Antonio Chávez Ruiz, Adrián Cortés Sandoval, Santiago Cota Cota, Josefina Cruz Martínez, Tomás De la Peña Gómez, Angélica Díaz del Campo, María Angélica Díaz Palacios, Socorro Diego Aguilar, Francisco Duarte Olivares, Horacio Espinoza Pérez, Luis Eduardo Ferreyra Martínez, David Fierros Tano, Margarito Figueroa Romero, Irma S. Flores Mendoza, Rafael Franco Castán, Rogelio Franco Hernández, Pablo García Costilla, Juan García-Domínguez , Miguelángel García Laguna, Eliana García Solís, Iván García Tinajero Pérez, Rafael Garfias Maldonado, María Elba Gómez Álvarez, Pablo González Bautista, Valentín González Salas y Petricioli, Marcela Guillén Quiroz, Ana Lilia Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen Guzmán Cruz, Abdallán Hernández Ramos, Minerva Herrera Ascencio, María del Rosario Herrera Herbert, Marcelo Huizar Carranza, Guillermo Lagarde y de los Ríos, María Marcela Luna Hernández, J. Miguel Magaña Martínez, Sergio Augusto Manzanares Córdova, Susana G. Manzano Salazar, Javier Martínez Della Rocca, Salvador Pablo Martínez Meza, Horacio Martínez Ramos, Jorge Medina Lizalde, José Luis Mejía Haro, Antonio Mícher Camarena, Martha Lucía Montiel Fuentes, Gelacio Mora Ciprés, Francisco Morales Rubio, María Guadalupe Morales Torres, Marcos Moreno Álvarez, Inelvo Muñoz Santini, Inti Nahle García, Arturo Naranjo y Quintana, José Luis Obregón Espinoza, Francisco Javier Ordoñez Hernández, Daniel Ortega Alvarez, Omar Ortiz Pinchetti, José Agustín Roberto Padierna Luna, María de los Dolores Pérez Medina, Juan Portillo Ayala, Cristina Ramírez Cuéllar, Alfonso Ramos Iturbide, Bernardino Rodríguez Fuentes, Agustín Rosas Montero, Lizbeth Eugenia Ruiz Argáiz, Isidoro Salinas Narváez, Javier Sánchez Pérez, Rocío Saucedo Pérez, Francisco Javier Serrano Crespo, Yadira Serrano Jiménez, Emilio Sigala Páez, Pascual Silva Valdés, Carlos Hernán Suárez Carrera, Víctor Tentory García, Israel Torres Baltazar, Edgar Torres Cuadros, Enrique Tovar de la Cruz, Elpidio Ulloa Pérez, Gerardo Valdés Manzo, Reynaldo Francisco Zebadúa González, Emilio Zepeda Burgos, Jazmín Elena Agundis Arias, Alejandro Alvarado Villazón, Francisco Xavier Álvarez Romo, Leonardo Argüelles Guzmán, Jacqueline G. Ávila Serna, María Espino Arévalo, Fernando Fernández Avila, Maximino Alejandro Fuentes Villalobos, Félix Adrián González Roldán, Luis Antonio Kahwagi Macari, Jorge Antonio Legorreta Ordorica, Jorge Lujambio Moreno, Julio Horacio Méndez Salorio, Alejandra Ochoa Fernández, Cuauhtémoc Orozco Gómez, Javier Piña Horta, Raúl Velasco Coello, Manuel Espinosa Ramos, Francisco Amadeo González Yáñez, Alejandro González Yáñez, Oscar Guajardo Anzaldúa, Juan Antonio Padilla Peña, Joel Vázquez González, Pedro CONVERGENCIA González Schmal, Jesús Porfirio Maldonado Venegas, Luis Martínez Álvarez, Jesús Emilio Moreno Garavilla, Jaime Miguel Perdomo Bueno, Juan Fernando DIPUTADOS INDEPENDIENTES Ruiz Esparza Oruña, Jorge Roberto