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DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares | PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga |
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala |
| AÑO III | México, DF, 4 de enero de 2006 | Sesión No. 3 |
Desde su curul el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, solicita incorporar dos solicitudes de licencia de legisladores; la Asamblea aprueba la incorporación
Comunicaciones de los diputados Concepción Cruz García, Alfredo Gómez Sánchez, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Juan Carlos Núñez Armas e Israel Raymundo Gallardo Sevilla, por las que solicitan licencia para separarse del cargo de diputados federales electos en el XXII, XXXV, XXXIV, XXVI y VI distritos del estado de México, respectivamente. Se aprueban los puntos de acuerdo correspondientes, comuníquense a la Cámara de Diputados
Comunicación del senador Felipe de Jesús Vicencio Alvarez, por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores
Comunicación del Congreso del estado de Colima, con acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal expida un decreto que prorrogue la suspensión de los descuentos que se establecieron a favor de los productores rurales en el decreto que reforma el Reglamento de Seguridad Social para el Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 1998. Se turna a las comisiones de Salud y Seguridad Social; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores
Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua, con acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, derogue la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de la fruta. Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua, con acuerdo por el que solicita se analice separar las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios, establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Comunicación del Congreso del estado de Chihuahua, con acuerdo por el que solicita al Ejecutivo federal, dar cumplimiento cabal a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento. Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Comunicación del Congreso del estado de Puebla, con acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados, revisar las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios. Remítase a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Comunicación del Congreso del estado de Tabasco, con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo federal a que fortalezca su presencia en la zona fronteriza de esa entidad federativa con la República de Guatemala y amplíe los convenios bilaterales relacionados con la regulación de la migración de los países centroamericanos hacia México. Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la Secretaría de Marina. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados
Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, respecto al juicio de amparo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 51 de la Ley General de Población y 61 de la Ley Aduanera. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita autorización para que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras. Se turna a la Segunda Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica la designación por parte del Presidente de la República del ciudadano Salvador Campos Icardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. Se turna a la Segunda Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y de Oaxaca. Se turna a la Primera Comisión
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia. Se turnan a la Primera Comisión
Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita el permiso necesario para que 11 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Se turnan a la Primera Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en distintas oficinas de gobiernos extranjeros en México. Se turna a la Primera Comisión
El Presidente rectifica el turno dado a la iniciativa del Ejecutivo federal, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados
Quince oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 22 de noviembre de 2005, por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 13 de septiembre de 2005, para exhortar a las legislaturas locales a que establezcan una Comisión de Pesca y Acuacultura. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 4 de noviembre de 2005, para exhortar al Ejecutivo federal a que reasigne recursos suficientes para los programas de empleo temporal y desarrollo rural aplicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en diversas entidades federativas. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 18 de octubre de 2005, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realicen observaciones y tomen las medidas necesarias para la recuperación y mantenimiento del río Suchiate en el estado de Chiapas. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de octubre de 2005, para exhortar al secretario de Gobernación a que refuerce el Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de octubre de 2005, para exhortar al secretario de Gobernación a que refuerce el Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de octubre de 2005, para exhortar al secretario de Gobernación a que refuerce el Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de octubre de 2005, para exhortar al secretario de Gobernación a que refuerce el Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales. Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo al caso de Juan Robles Gutiérrez. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, investigar la presunta introducción ilegal al país, traslado y disposición final del ácido 2, 4-D, mejor conocido como agente naranja; así como a informar sobre los resultados de dicha investigación. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para adoptar una posición propositiva y enérgica durante la XI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático/primera Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la situación legal de la empresa Altecin, SA de CV. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a agilizar la entrega del dictamen de diagnóstico climatológico de la ocurrencia del fenómeno climático indispensable para la declaratoria de contingencia. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para instrumentar una campaña de información, a nivel nacional, para concientizar a la población, especialmente a quienes padecen de diabetes, sobre los riesgos de sufrir amputaciones y cómo prevenirlas. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a los programas de atención a la población indígena dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a investigar y combatir la distribución de drogas en las escuelas y sus inmediaciones; así como a adoptar un programa urgente de prevención y atención de las adicciones entre la población joven del país. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, respecto al proyecto carretero denominado Libramiento Norte de la Ciudad de México. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para vigilar, de manera más rigurosa, las actividades de las diversas iglesias y asociaciones religiosas en torno al proceso electoral. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, sobre la posible pérdida o ganancia de territorio en la frontera de México con Guatemala a causa del desbordamiento del río Suchiate. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para informar sobre los acuerdos alcanzados y las propuestas presentadas por el Presidente de la República durante su visita a Argentina y Costa Rica; los argumentos para justificar la política de impulsar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas; así como la postura que asumirá el gobierno mexicano en materia de subsidios agrícolas durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para que se informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo al apoyo para los estados afectados por las bajas temperaturas, a través del Fondo de Prevención de Desastres. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la exención del pago de peaje a los estudiantes que utilizan carreteras de cuota para el traslado a sus centros de estudio. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta a los funcionarios de los diversos órdenes de gobierno, a abstenerse de realizar conductas contrarias a la ley, así como a observar imparcialidad en el proceso electoral. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para que se informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden para la reconstrucción de la infraestructura carretera y apoyar a los damnificados por los efectos causados por el huracán Stan, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y al Protocolo de Kyoto. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a celebrar un convenio complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Brasil, que permita a las empresas públicas Pemex y Petrobras compartir información sobre los desarrollos tecnológicos en materia de explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre las políticas públicas y las acciones realizadas en favor de los emigrantes mexicanos, así como de las medidas tomadas para incentivar su permanencia en México y propiciar su retorno al territorio nacional. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, para que se informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, respecto a la aplicación de los programas de apoyos a la agricultura, la ganadería y de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria. Remítase a la Cámara de Senadores
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores, respecto a casetas de peaje del país. Remítase a la Cámara de Senadores
Comunicación de la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, con la que solicita el permiso necesario para desempeñar las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau. Se turna a la Primera Comisión
Comunicación del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, con la que solicita licencia para separarse del cargo de diputado federal electo en el XI distrito del estado de México. Se aprueba el punto de acuerdo que concede la licencia solicitada, comuníquese a la Cámara de Diputados
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a crear la Comisión de la Función Pública en el Senado de la República. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados
ARTICULO 24 CONSTITUCIONAL
El diputado Federico Döring Casar presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el párrafo primero y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la libertad religiosa. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
ARTICULO 7o. CONSTITUCIONAL
Se recibe de la diputada Cristina Portillo Ayala, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la libertad de prensa. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, sobre publicidad en funciones cinematográficas. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados
El senador David Jiménez González presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores
ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL
Se recibe de la diputada Cristina Portillo Ayala iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las comisiones de investigación en el Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga presenta proposición con punto de acuerdo, para proponer al ciudadano Jorge Agustín Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006. Se turna a la Segunda Comisión
La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en la próxima reunión del Consejo Consultivo México - Unión Europea, dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en materia de feminicidios. Se turna a la Segunda Comisión
El diputado Iván García Solís a nombre propio y del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo, a que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea. Se turna a la Primera Comisión
El diputado Jesús Porfirio González Schmal presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes, información relativa al proceso que guarda la demanda de rescisión administrativa para revocar la concesión otorgada al Aeropuerto de Tijuana y a su controladora, Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, así como del avance y resultados de las auditorías a ese grupo. Se turna a la Tercera Comisión
El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño presenta proposición con punto de acuerdo, para que se integre una comisión plural de legisladores que emprenda una acción inmediata ante el Senado de los Estados Unidos de América, con el propósito de manifestarle y de expresar las inconveniencias, las consecuencias negativas y la errónea posición que representaría la aprobación de la denominada Ley Sensenbrenner, relativa a la construcción del muro fronterizo. Se turna a la Junta de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores
La diputada María Angélica Ramírez Luna a nombre propio y del senador Francisco Antonio Fraile García, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, a que investigue los recursos destinados por los gobiernos municipal de la ciudad de Puebla y de esa entidad federativa, para la realización del encuentro denominado ``La Reforma Política Municipal''. Se turna a la Primera Comisión
El senador Raymundo Cárdenas Hernández presenta proposición con punto de acuerdo, para condenar el asesinato del mexicano Guillermo Martínez Rodríguez y sumarse a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto, solicitando al cónsul general en San Diego y al embajador de México en los Estados Unidos de América, exijan a las autoridades norteamericanas correspondientes un informe sobre esos hechos y la realización de las investigaciones para esclarecer el homicidio, así como para que la Procuraduría General de la República inicie una averiguación previa, solicitando por la vía diplomática la colaboración del Departamento de Justicia estadounidense. Se considera de urgente resolución
Intervienen sobre el tema los legisladores:
Diputado Jesús Porfirio González Schmal
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Diputado Jorge Legorreta Ordorica
Diputado Renato Sandoval Franco
Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia
Senador Héctor Michel Camarena
El Presidente informa de la recepción de una comunicación de la Segunda Comisión con la que manifiesta su apoyo al punto de acuerdo presentado
Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese
El senador Carlos Manuel Villalobos Organista presenta proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal, revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo. Se considera de urgente resolución
Interviene el senador Oscar Cantón Zetina
Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese
El diputado Iván García Solís presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del ciudadano Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corrupción de menores. Se turna a la Primera Comisión
El senador José Antonio Aguilar Bodegas, a nombre propio y del senador Emilio Gamboa Patrón, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a que cumpla con el compromiso asumido por la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos estatales el padrón único de beneficiarios de los programas sociales a cargo de dicha dependencia. Se considera de urgente resolución
Para el mismo tema, se concede la palabra a los legisladores:
Senadora Susana Stephenson Pérez
Senador José Adalberto Castro Castro
Diputado Federico Döring Casar
Rectifican hechos o contestan alusiones personales los legisladores:
Senador José Antonio Aguilar Bodegas
Desde su curul realiza interpelación la senadora Susana Stephenson Pérez
Diputado Jesús Porfirio González Schmal
Senador Emilio Gamboa Patrón
Diputado Iván García Solís
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Senador Francisco Antonio Fraile García
Diputado Federico Döring Casar
Diputado Iván García Solís
La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y lo aprueba. Comuníquese
La diputada María Angélica Ramírez Luna, a nombre propio y del senador Francisco Antonio Fraile García, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a que informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los Comités Directivos Municipal y Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, sobre el foro ``La reforma política municipal'' organizado en esa entidad. Se turna a la Primera Comisión
El senador Rafael Melgoza Radillo presenta proposición con punto de acuerdo, para citar a comparecer al secretario de Economía, a fin de que informe sobre los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. Se turna a la Tercera Comisión
El senador Francisco Antonio Fraile García, a nombre propio y de la diputada María Angélica Ramírez Luna, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, a que investigue e informe sobre la supuesta aportación de recursos federales para el evento realizado por la Federación Nacional de Municipios de México, en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
El diputado Iván García Solís, a nombre propio y de la diputada Rosa María Avilés Nájera, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, revise que el procedimiento seguido en contra del ciudadano Martín Barrios Hernández, defensor de derechos humanos, se apegue al principio de legalidad
Desde su curul el diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, solicita la palabra a lo que el Presidente da respuesta y turna la proposición a la Primera Comisión
El diputado Iván García Solís, a nombre propio y del diputado Inti Muñoz Santini, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur, a que realicen una investigación por los presuntos hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de dos ciudadanos por parte del personal del hotel Presidente Intercontinental, del municipio de Los Cabos
Desde su respectivas curules, realizan interpelaciones los legisladores:
Diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández
Senador Héctor Guillermo Osuna Jaime
Diputado Lorenzo Miguel Lucero Palma
El Presidente turna la proposición a la Primera Comisión
A propuesta del Presidente, la Asamblea aprueba prorrogar la sesión para abordar los temas de agenda política
Se refiere a los salarios mínimos para 2006, el senador Oscar Cantón Zetina
Sobre el mismo tema intervienen los legisladores:
Diputado Jesús Porfirio González Schmal
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Senador Francisco Antonio Fraile García
Contestan alusiones personales:
Senador Oscar Cantón Zetina
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Se concede la palabra al diputado Julián Nazar Morales
El diputado Iván García Solís comenta las presuntas violaciones a la tregua electoral por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y de su candidato a la Presidencia
Para el mismo asunto interviene el diputado Federico Döring Casar
Rectifican hechos los legisladores:
Diputado Iván García Solís
Senador Jorge Zermeño Infante
Diputado Iván García Solís
De la próxima sesión
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente. ¿Faltó algún ciudadano legislador de pasar lista? Hay una asistencia de 33 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: (a las 11:28 horas): Se abre la sesión.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta...
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (desde la curul): Señor Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, señor diputado... Permítame, señora Secretaria. Sí, señor diputado.El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (desde la curul): Para que se agregue al orden del día la solicitud de licencia de los compañeros diputados Israel Gallardo Sevilla y Maximiliano Alexander, que llegaron a esta sesión con posterioridad a la integración del orden del día.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Antes de consultar si se aprueba el orden del día, señora secretaria, consulte a los señores y las señoras legisladoras si se integra en el orden del día la solicitud de licencia de los diputados Gallardo y Alexander.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la inclusión en el orden del día de los dos diputados mencionados.
Los legisladores que estén por la afirmativa...
Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se aprueba y se incluyen en el orden del día las solicitudes.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, incluyendo las dos licencias que se han aprobado en este momento.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.
«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 4 de enero de 2006.
Lectura del acta de la sesión anterior.
ComunicacionesDe los diputados Concepción Cruz García, Alfredo Gómez Sánchez, Leticia Socorro Userralde Gordillo y Juan Carlos Núñez Armas.
Del senador Felipe Vicencio Álvarez.
De los Congresos de los estados de Colima, Chihuahua, Puebla y Tabasco.
Iniciativa del Ejecutivo federalQue reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de JaliscoQue reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de Nuevo LeónQue reforma el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de SonoraQue adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población y una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de GobernaciónPor el que se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, designó al ciudadano Salvador Campos Icardo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, en Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyan, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca. (Turno a Comisión)
Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Coronel Intendente LAE Martín Hernández Bastar, Sergio Iván Trujillo Bolio y Jaime Virgilio Nualart Sánchez, puedan aceptar y usar las condecoraciones, que les confieren los Gobiernos de Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia. (Turno a Comisión)
Cuatro por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Gregoria Reyes Quintana; Carlos Andrés Pascasio Villafán; Leda Karnik Minassian, Veremundo Ríos Rodríguez, Leticia Torres Juárez, Fernando Galindo Jiménez, María Guadalupe Olivares Contreras; Alejandro Pérez Hernández, Manuel Juárez Gutiérrez, José Pablo Ramos Cordero y Claudia Barraza Meléndez, puedan prestar servicios en las embajadas de Finlandia, Australia, del Reino de Arabia Saudita, de los Estados Unidos de América, en México y su Consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los C. Edna Ivonne Azuara González, María de la Soledad Baca Esquinca, Mónica Patricia Reyes López y Germán Escandón Valenzuela, puedan prestar servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas; en el Programa de Gusano Barrenador de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)
Quince con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Ocho con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Veintisiete oficios con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Solicitud de particularDe la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para desempeñar las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos legisladoresQue adiciona una fracción XVI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
ProposicionesCon punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente propone al Dr. Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz, suscrita por diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la Recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del estado de Quintana Roo, para que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra de C. Juan Ignacio García Zalvidea, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe acerca del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), lo concerniente a la solicitud de rescisión administrativa promovida y el avance de las auditorias jurídicas y administrativas a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico y empresas que lo integran, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente integre una comisión plural de legisladores, para asistir al Senado de los Estados Unidos de América, a analizar la Ley Sensenbrenner en relación a la construcción del muro fronterizo, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, investigue los recursos destinados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla, para la realización del encuentro ``La reforma política municipal'', suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez y al procurador general de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández coadyuven a la familia de nuestro connacional, Guillermo Martínez Rodríguez, establezcan las acciones legales a seguir para que se dé la estricta aplicación de la justicia y la reparación del daño, a cargo del diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal, revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, a cargo del senador Carlos Villalobos Organista, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación a las irregularidades en la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez acusado de corrupción de menores en el Distrito Federal, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de la República a que cumpla de inmediato con el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos estatales el padrón único de beneficiarios de los programas sociales a cargo de dicha dependencia, a cargo del senador Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República, a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los comités directivos municipal y estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que conforme a sus facultades investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la FENAM, los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005 y se apliquen las sanciones pertinentes en su caso, suscrita por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios, defensor de los derechos humanos y se apegue su actuación al principio de legalidad, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del estado de Baja California Sur sancionar actos de discriminación en el hotel Presidente Intercontinental, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, con relación al operativo de revisión en el aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos para que brinde mayor atención a las colonias populares, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Migración a fin de que respete cabalmente los derechos humanos de los migrantes ilegales en México, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la repatriación de cadáveres de migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
ExcitativaA la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda políticaComentarios en relación a los salarios mínimos 2006, a cargo del senador Oscar Cantón Zetina, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las violaciones a la tregua electoral por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Felipe Calderón Hinojosa, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles veintiuno de diciembre de dos mil cinco, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.
Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaEn el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladoras y legisladores, a las once horas con diecisiete minutos del miércoles veintiuno de diciembre de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Secretaría da lectura al acta de la Sesión de Instalación y la Asamblea la aprueba en votación económica.
La Secretaría de Cultura del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica con motivo del centésimo nonagésimo aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa representante de la Comisión Permanente.
Comunicaciones de los diputados:
María Esther de Jesús Scherman Leaño, Guillermo Velasco Rodríguez, María Isabel Maya Pineda y Omar Ortega Álvarez, por las que solicitan licencia para separarse del cargo de diputados federales electos en la primera circunscripción, en la quinta circunscripción, en el décimo tercer distrito del estado de México y en la quinta circunscripción, respectivamente. La Secretaría en cada caso da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquense a la Cámara de Diputados.Rubén Mendoza Ayala y María de la Luz Arias Staines, por las que informan que se reincorporan a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquense a la Cámara de Diputados.
Julio Horacio Lujambio Moreno, por la que solicita se deje sin efecto la licencia concedida el trece de diciembre de dos mil cinco y se le considere reincorporado a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que comunica la clausura de su Segundo Periodo de Sesiones de dos mil cinco. De enterado.
La Secretaría da lectura al proyecto de acuerdo que establece lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. El Presidente informa de una fe de erratas de los artículos sexto y décimo segundo que se incorpora al proyecto. Se aprueba en votación económica.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe sobre la extinción de la Productora de Cospeles, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, remiten sendas contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Túrnense a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Presidente informa de la recepción de una iniciativa suscrita por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos diez, doce y cincuenta y nueve de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los legisladores:
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ciento ocho, ciento nueve, ciento diez y ciento once de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que adiciona el artículo treinta y ocho y reforma los artículos cincuenta y tres y cincuenta y siete de la Ley de la Propiedad Industrial. Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo
Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y del diputado Raúl José Mejía González, del Partido Revolucionario Institucional, que expide el Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, a nombre de diputadas integrantes de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la Cámara de Diputados, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, a que investiguen las redes de pedofilia y pornografía infantil documentadas por la periodista Lydia Cacho, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba de la misma manera el punto de acuerdo. Comuníquese.Senador Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, a que se investigue científica y técnicamente, se atienda, sancione y en su caso, se legisle en relación con el consumo de agua y las bebidas embotelladas con altas concentraciones de flúor y arsénico u otros contaminantes. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
Diputada María Angélica Ramírez Luna, a nombre propio y de la diputada María Guadalupe Suárez Ponce, del Partido Acción Nacional, para solidarizarse con las denominadas Damas de Blanco de Cuba, en virtud de habérseles negado la posibilidad de acudir a recibir el premio Sajarov dos mil cinco a la Libertad de Pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. Se turna a la Segunda Comisión.
Diputado Julián Nazar Morales, a nombre propio y del diputado José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que suspenda los cupos de importación del maíz, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Secretario de Educación Pública, a que reciba a una comisión de maestros de la escuela secundaria anexa a la Normal Superior, a fin de que le presenten propuestas de reforma integral de la educación secundaria. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
Diputada Sofía Castro Ríos, a nombre propio y de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cese del delegado en los estados de Puebla y Tlaxcala y del subdelegado de afiliación y cobranza en Tlaxcala. Se turna a la Primera Comisión.
Diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que revoque el registro de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre otorgado para el proyecto turístico privado en Isla Roqueta en el puerto de Acapulco, Guerrero, a la empresa Aca Extremo La Roqueta Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de diputados integrantes de la coordinación del estado de Puebla, para exhortar a los consejeros electorales del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Puebla, a que observen los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y solicitan trámite de urgente resolución. Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga
La Asamblea en votación económica considera la proposición de referencia de urgente resolución. Habla en pro el senador Francisco Fraile García, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del senador Jorge Zermeño InfanteSin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Diputado Iván García Solís, a nombre propio y del diputado Juan José García Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, para celebrar el triunfo de Evo Morales en las elecciones presidenciales celebradas en la República de Bolivia, acepta interpelación del senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Habla en pro el senador Óscar Cruz López, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, para manifestar el rechazo a las medidas racistas, xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos y de los tratados internacionales en la materia, adoptadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al aprobar la iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal o ley HR cuatro mil cuatrocientos treinta y siete, exhortando a las comisiones correspondientes de las cámaras de Senadores y de Diputados, a que citen al Secretario de Relaciones Exteriores, a efecto de evaluar el impacto de esa iniciativa, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin nadie que solicite la palabra, se aprueba de la misma manera. Comuníquese.
La Secretaría da lectura a la propuesta de la Mesa Directiva para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente. Se aprueba en votación económica.
Contestan alusiones personales los legisladores: senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, con autorización de la Asamblea conferida en votación económica; y diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaContinúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Senador Antonio García Torres, a nombre propio y de la senadora Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que elabore y publique el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de septiembre de dos mil cuatro. Se turna a la Primera Comisión, a solicitud hecha desde su curul por el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional.Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Gobernación, a que instruya una revisión del contenido político en el contexto de los espacios de difusión que emplea la Presidencia de la República. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.
Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que respete la tregua electoral aprobada por el Instituto Federal Electoral y se abstenga de realizar actos presumibles de precampaña, y a dicho Instituto a que investigue los actos de campaña realizados por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Primera Comisión.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las catorce horas con veintinueve minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el miércoles cuatro de enero de dos mil seis, a las once horas.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Distinguido señor Presidente:
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios, para solicitar al Pleno de Sesión Permanente de la Cámara de Diputados se me conceda licencia para separarme de mi cargo por dos meses a partir del 10 de enero hasta el 15 de marzo del año 2006.
La ocasión es propicia para agradecer su apoyo y comprensión, sin mas por el momento.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre 2005.--- Dip. Concepción Cruz García (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia a la diputada Concepción Cruz García para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el XXII distrito del estado de México, del 10 de enero al 15 de marzo de 2006.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Distinguido Presidente:
Ante usted, Alfredo Gómez Sánchez, diputado federal de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y por esta vía comparezco para solicitar ante la Comisión Permanente que usted tan dignamente preside, licencia del 2 de enero al 17 de marzo de 2006, por así convenir a mis intereses.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el debido respeto:
SolicitoPrimero.- Tenerme por comparecido solicitando licencia al cargo de diputado federal a partir de 2 de enero de 2006.
Segundo.- Se sirva realizar los trámites necesarios para la debida aprobación de lo solicitado.
Agradezco de antemano la gentileza de su atención y reciba la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente.Distrito Federal, Palacio Legislativo, a 27 de diciembre 2005.--- Dip. Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia al diputado Alfredo Gómez Sánchez para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XXXV distrito del estado de México, a partir de esta fecha y hasta el 17 de marzo de 2006.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Distinguido señor Presidente:
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, la suscrita diputada federal, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir del 10 de enero de 2006.
Al mismo tiempo, le pido atentamente se llame a mi suplente.
Aprovecho la ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de los compañeros integrantes de esta LIX Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante mis actividades legislativas.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.México, DF, a 3 de enero de 2006.--- Dip. Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señora secretaria, ponga a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el XXXIV distrito del estado de México, a partir del 10 de enero de 2006.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Ingeniero Juan Carlos Núñez Armas, diputado federal del distrito XXVI, con cabecera en Toluca, estado de México, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal, el ubicado en avenida Quintana Roo Sur numero 208, interior 2, colonia La Merced, Toluca, estado de México, por medio del presente escrito me dirijo a usted de manera respetuosa a efecto de exponer:
Que con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante de LIX Legislatura, ruega a usted someta a consideración del Pleno la solicitud de licencia sin goce de dieta que presento a partir del 10 de enero de 2006 al 13 de marzo de 2006.
Sin mas por el momento me permito enviar un cordial saludo quedando de usted.
Atentamente.México, DF, enero de 2006.--- Dip. Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VII, de nuestra Constitución, ponga a discusión el punto de acuerdo, señora secretaria.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia al diputado Juan Carlos Núñez Armas para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XXVI distrito del estado de México, del 10 de enero al 13 de marzo de 2006.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.
Lic. Israel Raymundo Gallardo Sevilla, el que suscribe y en mi carácter de diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional del H. Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, de manera respetuosa comparezco para exponer:
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo que disponen los artículos 62, 63, párrafo II, 64 y demás relativos y aplicables de la Carta Magna, así como el artículo 23, párrafo I, inciso n), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, me permito someter a su apreciable consideración una licencia para ausentarme de mis funciones como diputado federal, la cual se hará efectiva a partir del día 4 de enero del 2006, previa autorización del Pleno de Comisión Permanente de está H. Cámara de Diputados y la cual será por un periodo indefinido; debido a que por cuestiones personales me es imposible asistir a mis labores de manera continua y con el fin de no violentar las disposiciones al respecto lo más convenientes es solicitar dicha licencia.
Por lo antes expuesto y fundado, a usted C. Presidente del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Primero: Tenerme por presente con el escrito en cuenta y con la personalidad que ostento.
Segundo: Tener por realizada la petición vertida en el presente escrito.
Tercero: Poner a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente solicitud.
Por una patria ordenada y generosa.
Protesto mis respetos.
Congreso de la Unión, a 3 de enero de 2006.--- Dip. Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ponga a discusión el punto de acuerdo con base en el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señora secretaria.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Con todo gusto, señor Presidente. Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el VI distrito del estado de México, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.
Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- Presente.
Distinguido senador Jackson:
El que suscribe, senador de la República por el estado de Jalisco con licencia, le comunica que a partir del día 2 de enero de 2006 se reincorpora a las labores legislativas que le son propias.
Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Atentamente.México, DF, a 15 de diciembre de 2005.--- Sen. Felipe Vicencio Álvarez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado; comuníquese a la Cámara de Senadores.
Permítame, señora secretaria. Simplemente, preguntaría a la Secretaría si se ha dado lectura a las dos licencias. Falta una licencia; damos cuenta en el transcurso de la sesión. Continúe, señora secretaria.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 2003-2006 H. Congreso del estado de Colima.--- LIV Legislatura.
Senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.--- México, DF.
Por este conducto nos permitimos informarle a usted que en sesión pública ordinaria celebrada el día veintinueve de los corrientes, los diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobaron un punto de acuerdo, por el que esta Soberanía solicita al titular del Ejecutivo federal que expida un decreto mediante el cual, se prorrogue la suspensión de manera indefinida de los descuentos que se establecieron a favor de los productores rurales en el decreto que reforma el Reglamento de Seguridad Social para el campo, emitido por el entonces titular del Ejecutivo federal, Ernesto Zedillo Ponce de León, el 29 de junio de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio del mismo año, hasta en tanto no sea analizada, estudiada y dictaminada la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Traba adores Eventuales y Permanentes del Campo, que presentó el senador Héctor Michel Camarena el día 4 de noviembre de 2004 ante la Quincuagésima Novena Legislatura del Senado de la República: Asimismo, con motivo de la iniciativa que presentó el senador Héctor Michel Camarena, en relación con la reforma con proyecto de decreto en la que solicita la adición a diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social de los Trabajadores Eventuales y Permanentes del Campo, se le solicita, con el debido respeto y en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que con la debida celeridad se inicien los trabajos legislativos y se dictamine a favor de dicha propuesta, en consideración a la urgente necesidad de los trabajadores del campo.
Lo que comunicamos a usted en vía de petición para los efectos de Ley correspondientes, anexándole al presente oficio copia del punto de acuerdo correspondiente.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., a 30 de noviembre de 2005.--- Dip. Beatriz de la Mora de la Mora (rúbrica), Secretaria; Dip. Margarita Ramírez Sánchez (rúbrica), Secretaria.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones de Salud y Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la H. Cámara de Diputados.--- México, DF.
Anexo a la presente me permito enviarle copia del acuerdo número 99/05 I P.O., aprobado en sesión celebrada el día de la fecha, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este honorable Congreso del estado resuelve solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la derogación inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997, por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de la fruta; misma que es el sustento legal para que se fumiguen con bromuro de metilo las frutas de cuarentena en tránsito hacia los mercados nacionales. Asimismo, se acordó remitirlo a las Legislaturas de los estados para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chih., a 18 de octubre de 2005.--- Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Acuerdo No. 99/05 I P.O.La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
AcuerdaPrimero. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la derogación inmediata de la Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997 por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de fruta; misma que es el sustento legal para que se fumiguen con bromuro de metilo las frutas de cuarentena en tránsito hacia los mercados nacionales.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que implemente una nueva Norma Oficial Mexicana que establezca los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta, tomando en cuenta los avances tecnológicos y científicos para evitar los daños que causa el bromuro de metilo.
Tercero. Remitir copia del presente acuerdo a las legislaturas de los estados de la República Mexicana, incluyendo a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal, para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Diputados: Álvaro Navarro Gárate, Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Heberto Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Congreso de Chihuahua.
Dip. Fed. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.
La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, mediante acuerdo No. 93/05 I P.O., aprobado por el Pleno en sesión de esta fecha, tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, lo relativo a los componentes de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.Chihuahua, Chih., a 10 de octubre de 2005.--- Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Acuerdo No. 93/05 I P.O.La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
AcuerdaPrimero. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, lo relativo a los componentes de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Segundo. Remítase para su conocimiento copia del presente acuerdo y del dictamen de origen a las autoridades mencionadas anteriormente.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diez días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Diputados: Álvaro Navarro Gárate, Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Humberto Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).»«Escudo.--- Congreso del Estado.--- LXI Legislatura.--- Chihuahua.
Acuerdo No. 93/05 I PO.H. Congreso del Estado.--- Presente.
A la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto ante el H. Congreso de la Unión, presentada por el diputado José Antonio Comadurán Amaya, en la cual se propone reformar la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se formula con base en los siguientes
AntecedentesI.- Esta Comisión de dictamen legislativo es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.- En la iniciativa de referencia se expresan sustancialmente los siguientes argumentos:
a) Es parte del trabajo legislativo buscar que la redacción de leyes y artículos se vaya adecuando a los tiempos con una redacción cada vez más clara;b) En esa búsqueda de mayor claridad en la redacción de los artículos, es importante el que se tome en cuenta la opinión de los estudiosos del derecho.
Por lo anterior el iniciador comenta en su exposición de motivos que en la actualidad en el artículo 115 constitucional, en su fracción III, se enlistan indistintamente el catálogo de funciones y servicios públicos de la siguiente manera:
Artículo 115.
Fracción III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abastos;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento;
h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Las demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Asimismo señala como necesaria una reforma a este ordenamiento constitucional a efecto de que sea definido este catálogo de funciones y servicios públicos municipales, junto con las obras y lo que el iniciador --apoyado en la exposición doctrinal del doctor Jorge Fernández Ruiz-- denomina ``actividades socioeconómicas residuales'', ambas de los municipios, lo cual es propuesto básicamente atendiendo a que en dicho precepto constitucional actualmente su enunciación es desordenada, causando en muchos casos confusión, al no diferenciar cuáles de ellas son funciones y cuáles servicios.
III.- En concordancia con lo anterior, el iniciador hace referencia a una serie de definiciones a partir de las cuales resulta relativamente claro el establecer cuáles de las actividades que se relacionan en el numeral constitucional de referencia pertenecen a cualquiera de las clasificaciones antes referidas, por lo que además sugiere su incorporación al texto legal.
Por la forma de enumerar indistintamente funciones de vital importancia es que, en voz del iniciador, se causa confusión y en los distintos municipios del país se interprete como servicio lo que es una función o viceversa, dando pauta a errores que vendrían necesariamente en detrimento de los gobernados.
La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, al analizar los planteamientos formulados, realiza las siguientes
ConsideracionesI.- Esta Comisión de dictamen legislativo es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II.- En esta Comisión de dictamen, en términos generales, coincidimos con el iniciador en cuanto a la necesidad que tenemos los legisladores de buscar que el orden jurídico, mayormente en el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea cada día más claro, a efecto de garantizar la certidumbre en la aplicación del derecho. Asimismo, consideramos importante que, en materias como la que nos ocupa, se busque que el articulado constitucional cuente con una redacción que, sin perder sus características dentro de la técnica legislativa, hagan posible que se definan los términos que en ella misma se utilizan, a efecto de que la administración pública y, por ende, los recursos destinados a ella se apliquen de manera más efectiva con base en una correcta y clara redacción de los postulados constitucionales.
Por otro lado es importante destacar que, a partir de la definición doctrinal a la que se refiere el iniciador, la discusión sobre la verdadera naturaleza de las actividades que componen el catálogo actual de funciones y servicios municipales que componen el artículo 115, en su fracción III, se aclararía y terminaría con cualquier discusión sobre este tópico, sin embargo, encontramos que en la propuesta misma conlleva una concepción de lo que es la función pública, pues en su propuesta los puntos que específicamente se engloban como función pública municipal, hacen referencia al ejercicio de la potestad soberana, es decir, de acciones que se ejercen en calidad de autoridad y que, por tanto, sólo quien tenga esta categoría las podrá ejercer; por tanto, con una redacción donde se agrupen dichas actividades, ya no se hace necesario incluir en el texto constitucional definición alguna de las referidas en la iniciativa de origen.
III.- Efectivamente, la definición de función pública, como la ``actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo fundada en la idea de soberanía, que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad, cuya realización atiende al interés público, entre las que destacan la función legislativa, la función jurisdiccional y la función administrativa'', hace más claro, en primer término, el enunciado constitucional de referencia, como parteaguas del ejercicio de la soberanía que tienen los órganos de gobiernos en cualquiera de sus niveles, dentro de las que se destacan en materia municipal, la seguridad pública (policía preventiva y tránsito), administrar libremente su hacienda y la expedición de bandos y de reglamentos.
Uno de los beneficios que la doctrina jurídica brinda es precisamente definir conceptos e ideas inmersos en la legislación, ya no al calor de las reformas, sino como producto de un análisis global dentro del cuerpo jurídico. Esto precisamente permite contar con definiciones claras como las referidas por el iniciador y producto del trabajo de doctrinarios como el doctor Fernández Ruiz, antes referido.
IV.- Continuando con la justificación de su propuesta, el iniciador refiere la definición de servicios públicos en los siguientes términos: ``son aquellas actividades destinadas a la satisfacción de necesidades de carácter general, dentro de lo que destaca el abastecimiento de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición final de residuos, así como el alumbrado público''.
En este tenor de ideas, encontramos que, si bien la propuesta de separar lo que son los servicios públicos municipales de las obras y las llamadas ``actividades residuales'' es en primera instancia positivo, también es cierto que no resolvería de fondo el problema de la interpretación, sino por el contrario, pues existen diversas posturas respecto a que una sola de estas actividades puede ser al tiempo servicio y obra pública municipal, como sería el caso de los mercados, en los cuales en un primer momento son obra, cuando su edificación está a cargo de los órganos municipales, pero en un segundo momento puede ser catalogada como un servicio, pues puede ser rentado o facilitado a los ciudadanos para que ejerzan en él alguna actividad económica. El mismo razonamiento se podría efectuar respecto de cada una de las actividades que comprenden esta propuesta.
Por lo anterior es que consideramos oportuno el que se proponga a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, el que se agrupen los componentes de la fracción III del artículo 115 constitucional en los dos grandes rubros que actualmente maneja dicho ordenamiento en los siguientes términos:
Artículo 115.- ...
Fracciones I y II.- ...
III.- Los municipios tendrán a su cargo las siguientes:
A) Funciones públicas conforme a lo dispuesto por la fracción II de este artículo
a) Expedir el bando de policía y buen gobierno;b) La libre administración de su hacienda;
c) Atender la seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.
B) Servicios públicos:
a) Abastecimiento de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales;b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Los demás que las legislaturas locales determinen según sus condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios.
e) Mercados y centrales de abastos;
f) Panteones;
g) Rastro;
h) Alcantarillado;
i) Calles;
j) Parques y jardines y su equipamiento;
k) Las demás que las legislaturas locales determinen según su capacidad administrativa y financiera.
...
...
...
Fracciones IV a la VIII.- ...
Es decir, que se haga la separación entre funciones y servicios únicamente, dejando así a las entidades federativas y los municipios la tarea de determinar el momento en que las mismas se separan.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Chihuahua, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente
AcuerdoPrimero.- La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien solicitar a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que analice, dentro de sus proyectos de reforma, la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que separar expresamente las funciones y los servicios que deberán brindar los municipios favorece su cumplimiento.
Segundo.- Remítase para su conocimiento copia del presente acuerdo y del dictamen de origen a las autoridades mencionadas anteriormente.
Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo en los términos correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del estado.--- Por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, diputados: Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Presidenta; Alma Yolanda Morales Corral, secretaria; Rafael Julián Quintana Ruiz, vocal (rúbricas).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la H. Cámara de Diputados.--- México, DF.
Anexo a la presente me permito enviarle copia del acuerdo número 100/05 I P.O., aprobado en sesión celebrada el día de la fecha, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura de este honorable Congreso del estado solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se dé cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su reglamento, emitiéndose con carácter de urgente los instrumentos jurídicos faltantes mediante los cuales se brinde el acceso a los beneficios establecidos para los productores del sector agrícola en dichos ordenamientos jurídicos; acordándose remitir copia del acuerdo a las Legislaturas estatales a efecto de que, si lo consideran conveniente, se pronuncien a favor del mismo.
Sin otro particular por el momento le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chih., a 18 de octubre de 2005.--- Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.
Acuerdo 100/05 I P.O.La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional
AcuerdaPrimero. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se dé cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, emitiéndose, con carácter de urgente, los instrumentos jurídicos faltantes mediante los cuales se brinde el acceso a los beneficios establecidos para los productores del sector agrícola en dichos ordenamientos jurídicos.
Segundo. Remitir copia del presente acuerdo a las Legislaturas estatales a efecto de que, si lo consideran conveniente, se pronuncien a favor del mismo como un apoyo más al sector agropecuario.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil cinco.--- Diputados: Álvaro Navarro Gárate, Presidente; Salvador Gómez Ramírez, Jesús Heberto Villalobos Máynez, secretarios (rúbricas).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Por medio del presente me permito enviar a usted acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, por virtud del cual se solicita su intervención para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada una de las entidades federativas. Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 diciembre de 2005.--- Dip. Edith Cid Palacios (rúbrica), Presidenta.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del estado de Puebla.--- LVI Legislatura.
El honorable Quincuagésimo Sexto Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla
ConsiderandoQue en sesión pública ordinaria de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por el diputado Ramón Daniel Martagón López y miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, integrante de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se solicita que se envíe el presente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada una de las entidades federativas.
Que respetando y asegurando la soberanía y la rectoría del Estado sobre la política energética del país, en el sentido de que corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público; en tal sentido no se otorgará concesiones a particulares puesto que corresponde a la Nación aprovechar a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos materiales que se requieran para dicho fin.
Que uno de los propósitos fundamentales que se fijó el Gobierno de México al crear la Comisión Federal de Electricidad, en 1937, fue extender el servicio eléctrico a las poblaciones del área rural. En un principio, los esfuerzos y recursos económicos se destinaron principalmente a la construcción de plantas generadoras y a la electrificación de comunidades cercanas a éstas.
Que garantizar el abasto de energía eléctrica para las próximas generaciones tiene que ser una decisión y voluntad muy clara en esta materia, es por ello que se debe de acreditar en los próximos 10 años su total capacidad. Por esto y ante tal magnitud de tan importante reto, es necesario actuar con responsabilidad y con visión de futuro y así lo estamos haciendo, con reglas claras y transparentes.
Actualmente se atiende a más de 27,129 localidades, de las cuales 123,863 son rurales y 3,266 urbanas. Aun cuando el servicio de energía eléctrica llega al 96.0% de la población, quedan por electrificar 72,262 localidades con un número reducido de habitantes. Clasificados por su nivel de población, son: 3,305 localidades de 100 a 2499 habitantes y 68,957 localidades, con una población mayor a 100 habitantes.
Que en los últimos cinco años el estado de Puebla ha tenido importantes avances en materia energética. Estos cambios han fortalecido la madurez política colectiva, que hoy permite una relación creativa entre la sociedad y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Derivado de lo anterior y a fin de llevar este tan importante servicio al lugar mas alejado de nuestra entidad, los ayuntamientos realizan importantes erogaciones para la ampliación e infraestructura de energía eléctrica, la cual pasa a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad así como todos y cada unos de los frutos que se obtengan como resultado de sus bienes sin beneficios directo para los municipios; por lo que es imprescindible que se analice las condiciones contractuales entre estos dos entes.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción XI, 70, 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 128 y 130 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite el siguiente:
AcuerdoPrimero.- Envíe el presente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades, revise las disposiciones legales que regulan la contratación entre la Comisión Federal de Electricidad y los municipios de cada unas de las entidades federativas a efecto de que, una vez que la infraestructura eléctrica pase a formar parte del patrimonio del Comisión Federal de Electricidad, el municipio obtenga la contra prestación correspondiente equivalente al monto de inversión efectuada con recursos de su hacienda municipal.
Segundo.- Se envíe a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como a las legislaturas de los estados para que, en uso de sus facultades, se adhieran al presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil cinco.--- Diputados: Edith Cid Palacios, Presidenta; Pericles Olivares Flores, vicepresidente; Juan Aguilar Hernández, secretario; Oscar Anguiano Martínez, secretario (rúbricas).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
En sesión pública ordinaria, celebrada el día 25 de octubre del presente año, del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprobó el punto de acuerdo 039, cuyo artículo primero expresa:
Artículo Primero.- Se solicita al H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, gire atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca su presencia en la zona fronteriza del estado de Tabasco con la República de Guatemala, en materia de seguridad, vigilancia y ejecución de programas de desarrollo social, así como para que se amplíen los convenios bilaterales relacionados con la regulación de los fenómenos migratorios de los países centroamericanos hacia México.
En cumplimiento a lo establecido en el único transitorio de dicha resolución, se le remite copia de éste para su atención y efectos jurídicos conducentes.
Anexo 4 fojas del documento en mención.
Sin otro particular, reciba de esta legislatura estatal un cordial saludo.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tab., noviembre 4 de 2005.--- Lic. Gilberto Mendoza Hernández (rúbrica), Oficial Mayor.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del estado de Tabasco; y
ConsiderandoPrimero.- Que como resultado de las profundas crisis sociales, políticas y económicas de los países centroamericanos, que datan de las últimas décadas, el territorio mexicano, en su frontera sur, se ha convertido en ruta de tránsito hacia Estados Unidos para miles de emigrantes.
Segundo.- Que el nivel de desarrollo social alcanzado en la región fronteriza de México con Guatemala es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población nacional y más aún las de los emigrantes. Ello explica que cada vez más jóvenes mexicanos busquen nuevas formas de obtener ingresos para sufragar sus necesidades más apremiantes, sin embargo, la búsqueda para satisfacer esta necesidad de ingresos económicos se ve rápidamente modificada por la presencia de fuerzas ligadas al narcotráfico y al tráfico ilegal de personas, que atraen a la juventud de la región fronteriza de nuestro estado con Guatemala.
Tercero.- Que estas circunstancias derivan en altos índices de inseguridad en la región y aumento de la incidencia delictiva. En la franja fronteriza de Tabasco con Guatemala, concretamente en los municipios de Balancán y Tenosique, la problemática se expresa a través del tráfico de armas, tráfico de drogas, asentamientos humanos marginales y tráfico de indocumentados, además de robos, homicidios y abigeato, entre otros delitos. Recientemente, la presencia de bandas delictivas centroamericanas conocidas como ``Maras'', agravan la problemática fronteriza, con el aumento de conductas antisociales en las que se ven involucrados jóvenes mexicanos, quienes sin pertenecer propiamente a estas bandas, imitan los estilos de acción de sus integrantes, incurriendo en diversos delitos.
Cuarto.- Que diversas instituciones académicas trabajan en el estudio y análisis de la realidad de esta zona fronteriza, tales como el Colegio de la Frontera Sur, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) y el propio Colegio de México (Colmex), instituciones que han convocado a expertos en la materia de carácter multidisciplinario, entre los que figuran economistas, sociólogos, biólogos, ingenieros en alimentos y genética y otros profesionistas, con la finalidad de elaborar propuestas de solución basadas en las necesidades reales de la región.
Quinto.- Que desde el año 2003 se diseñó un proyecto en el que participan diferentes dependencias del Gobierno Federal en el que se plantean asuntos de seguridad, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo agropecuario de la región, existiendo el compromiso de diversas secretarías de la Administración Pública Federal para la creación de un paso fronterizo que regule el tránsito y desplazamiento de personas, comercio de bienes y servicios, que controle la calidad sanitaria de los productos agropecuarios y que garantice el orden y la estabilidad social de la zona.
Sexto.- Que, sin embargo, los resultados obtenidos a la fecha aún no son suficientes, ya que si bien se han realizado reuniones entre funcionarios de los gobiernos federal y estatal, y se han firmado diversos convenios, la lista de víctimas de delitos crece sin demora, y la presencia de narcotraficantes y traficantes de ilegales es cada día más intensa. En esta materia, parece que los habitantes de esa región del estado están solos, ya que los cuerpos policíacos se ven superados y en ocasiones corrompidos por las bandas delictivas.
Séptimo.- Que para combatir esta preocupante realidad que vive la población de la región fronteriza de nuestro estado con Guatemala, tomando en consideración que estos problemas sociales se deben en gran medida al desempleo existente, las autoridades competentes deben ofrecer a los habitantes de esta zona, oportunidades de trabajo digno, que les garanticen una buena forma de vida. Al respecto resultaría de suma importancia la consolidación del Plan Balancán-Tenosique, que de lograrse ofrecería fuentes de empleo, no sólo a los jóvenes que habitan esta región, sino a la población en general; así como la ejecución de programas orientados al fortalecimiento de las actividades económicas y productivas, para el desarrollo social de la zona.
Octavo.- Que de conformidad con los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es facultad del Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdos legislativos que los diputados presenten ante el Pleno de esta Cámara, a fin de que se realicen las gestiones necesarias, en busca siempre del beneficio de los habitantes del estado.
Que en razón de lo anterior, se emite el siguiente
Punto de Acuerdo 039Artículo Primero.- Se solicita al H. Congreso de la Unión que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, gire atento exhorto al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca su presencia en la zona fronteriza del estado de Tabasco con la República de Guatemala en materia de seguridad, vigilancia y ejecución de programas de desarrollo social, así como para que se amplíen los convenios bilaterales relacionados con la regulación de los fenómenos migratorios de los países centroamericanos hacia México.
Articulo Segundo.- Esta Soberanía hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que difunda sus políticas públicas y estrategias de coordinación intersecretarial orientadas al fomento del empleo y otras actividades económicas; de educación, recreación y esparcimiento, entre otras, dirigidas a fortalecer la presencia del gobierno estatal en esta región fronteriza.
Transitorio
Artículo Único. Se instruye al Oficial Mayor de este H. Congreso para que, mediante oficio, haga llegar al H. Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo del estado el presente acuerdo.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los veinticinco días del mes octubre del año dos mil cinco.--- Por el honorable Congreso del Estado: Dip. Antonio Lope Báez (rúbrica), Presidente; Dip. Jesús Selván García (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del C. Presidente de la República, con el presente envío a ustedes la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone a la consideración de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, acompaño copias de los oficios números 315-A-03922, mediante el cual el C. José Luis García Ramos, director general adjunto de Programación y Presupuesto de Servicios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, manifiesta que la iniciativa no presenta impacto presupuestario; y COFEME/05/1782 por el que, el C. Lic. David Quezada Bonilla, coordinador general de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 69-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se exceptúan expresamente a los actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de Marina de la aplicación de las disposiciones del Título Tercero A de la misma Ley, por lo que no se emite dictamen alguno.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, 21 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.
C. Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Federal en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
México, por ser un país bioceánico que en su independencia poseía 13,844 kilómetros de litoral, formaba parte de un importante comercio marítimo internacional, como era el tráfico marítimo con España, América y Asia a través de la Nao de China; abrió sus puertas al comercio con una incipiente marina mercante, sin embargo, la falta de oportunidades, de visión de un país eminentemente marítimo o con vocación marítima, derivaron en que se perdiera esa vocación de explotación comercial marítima, no obstante todo el potencial con el que se contaba.
Con la pérdida de Texas y California, nuestros litorales quedaron en 11,122 kilómetros y fue a principios del siglo XX en que se dieron los primeros pasos en nuestro país para aprovechar el potencial marítimo que se tenía. De esta manera se hicieron los primeros puertos modernos de México; reservándose en la Constitución de 1917 exclusivamente para los mexicanos por nacimiento, el derecho de comandar buques mercantes.
El 28 de enero de 1931, ocurrió un episodio trascendente para nuestro país que afectó su potencial marítimo y que lo constituyó la resolución que emitió Vittorio Emanuele III, Rey de Italia, en su carácter de árbitro designado por México y Francia para dirimir la controversia que existía respecto a la soberanía de la Isla Clipperton. En el laudo respectivo se determinó que esa isla fue legítimamente adquirida por Francia el 17 de noviembre de 1858, y no había motivo alguno para admitir que hubiera perdido su derecho posteriormente a esa fecha, ya que no tuvo el ánimo de abandonarlo y, en consecuencia, la soberanía sobre la citada isla le correspondía a Francia desde la referida fecha.
Este hecho que en su momento no tuvo gran importancia por ser una isla en medio del océano, de tan sólo cuatro kilómetros de largo por dos de ancho, actualmente significa la pérdida de un área de 431,015.45 kilómetros cuadrados, que corresponde a la zona económica exclusiva de la isla y que equivale a la superficie de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Morelos y el Estado de México, que además es un rico guanífero y está en la zona de nódulos polimetálicos más prometedora del planeta, que contienen níquel, cobre, manganeso, cobalto y molibdeno, y representa cientos de miles de toneladas anuales de atún para la pesca.
Estos hechos consolidaron la preocupación por aprovechar el potencial marítimo de nuestro país, dando origen a la creación de un departamento específico dependiente de la Secretaría de Guerra y Marina, posteriormente como Departamento de Estado Autónomo y, finalmente, como Secretaría de Estado.
Esta determinación rindió frutos observándose un notable crecimiento del desarrollo marítimo, el cual se ve reflejado con la construcción de los puertos de Yukalpetén y San Carlos; posteriormente, en un impulso todavía mayor dado por la Secretaría de Marina a los desarrollos industriales, como son el puerto petrolero de Pajaritos, la ampliación de las obras de protección para que Mazatlán se convirtiera en puerto, la prolongación de las obras de protección de Tuxpan y Tampico, la protección de las obras del puerto de Manzanillo, el puerto interior de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas y el Puerto Madero, hoy Puerto Chiapas, todo ello con la significativa intervención de la Secretaría de Marina.
La Secretaría de Marina es la institución que tiene presente en sus políticas y en su filosofía, que México es un país biocéanico con 231,813 kilómetros cuadrados de mar territorial, que equivale a los territorios de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y más de 3'150,000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, que equivale a más de una vez y media el territorio de la República Mexicana. A dicha Institución, corresponde la protección de los cuatro grandes recursos marítimos con que cuenta el país actualmente, como son el recurso energético que se refleja en la producción de la Sonda de Campeche; el recurso turístico que se refleja en los más de cuatro mil cruceros que arriban anualmente a nuestro país; el recurso pesquero, que nos hace situarnos dentro de las quince potencias del mundo en las pesquerías de atún, camarón y de escama, y el recurso del transporte marítimo, del cual tenemos actualmente más de cuatrocientos millones de toneladas de transporte por vía marítima. Los anteriores compromisos de la Secretaría de Marina se encuentran plasmados en la Ley Orgánica de la Armada de México.
Como se puede apreciar, la Secretaría de Marina, desde su creación, cuenta con características particulares que la hacen especial y única, pues tiene una dualidad de atribuciones de muy diferente naturaleza; por una parte, las inherentes a una Institución militar nacional de carácter permanente, como lo es la Armada de México, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país y, por la otra, las que corresponden a una dependencia que integra la Administración Pública Federal, que entre otras responsabilidades tiene la de contribuir al desarrollo marítimo nacional, con base en los programas y políticas que fijen las dependencias competentes, particularmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 7 de diciembre de 1946 y la del 24 de diciembre de 1958, otorgaban amplias atribuciones a la Secretaría de Marina, derivado precisamente de la dicotomía estructural con la que fue conformada, como institución armada y como encargada de la promoción al desarrollo marítimo nacional, de organización de la marina mercante, así como de construcción, obras, dragado y señalamiento marítimo.
Años después, se aprobó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, entrando en vigor el 1° de enero de 1977, abrogando la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958. Esta ley transfirió diversas atribuciones que la Secretaría de Marina tenía asignadas a otras Secretarías de Estado, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la entonces Secretaría de Pesca, hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; no obstante, parte de esas atribuciones han continuado inmersas en las diferentes obligaciones que hasta la fecha cumple cabalmente la Secretaría de Marina.
Estas obligaciones se han visto incrementadas en estas tres décadas, tanto por la evolución mundial, como por los nuevos compromisos nacionales y los derivados de diversos tratados internacionales, como son la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar; el Convenio Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar; el Código de Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias ``PBIP'', y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte ``ASPAN'', entre otros.
Lo anterior trajo como consecuencia la modificación de algunos conceptos y el surgimiento de otros nuevos, entre los cuales destacan el establecimiento de la distancia de doce millas marinas como Mar Territorial para el estado ribereño, unificando los diversos criterios existentes.(se tenían consideradas 3, 6 ó 9 millas como mar territorial); el surgimiento del concepto de Zona Económica Exclusiva comprendida por doscientas millas marinas contadas desde las líneas de base, con derechos de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos; la obligación del estado ribereño de proporcionar seguridad a la vida humana en el mar y protección de los buques, así como la obligación de adoptar medidas para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, entre otras amenazas.
Por otra parte, la población en nuestro país ascendió de sesenta millones de habitantes en 1976 a más de ciento cinco millones en el 2005, modificando sustancialmente las necesidades nacionales en el ámbito marítimo que prevalecían entonces. Asimismo, se han aumentado los puertos de altura en México, con el consecuente incremento en el tráfico marítimo, y se ha presentado un gran auge en el turismo náutico con más de cuatro mil cruceros al año, lo cual requiere necesariamente el que se brinde una adecuada protección que permita contar con mares seguros y el sostenimiento del estado de derecho en el mar.
Por lo anterior, resulta necesario adecuar el marco jurídico nacional a las condiciones y necesidades que actualmente imperan, asimismo, realizar los ajustes correspondientes para incorporar en nuestra normatividad los compromisos adquiridos con la comunidad internacional. Bajo estas circunstancias, se propone reformar y adicionar diversas fracciones del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En la fracción IV, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras Secretarías de Estado, únicamente se propone una nueva redacción, que permita identificar con toda claridad las diferentes atribuciones que contiene dicho precepto, con objeto de hacerlo congruente con el resto de la normatividad.
Sin perjuicio de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a otras Secretarías de Estado en el ámbito portuario, se considera apropiado introducir y delimitar, en la fracción V, las atribuciones que le permitan a la Secretaría de Marina ejercer actos de autoridad en las Zonas Marinas Mexicanas, conforme a la legislación nacional y los compromisos contraídos por el Estado Mexicano a través de instrumentos internacionales.
En la misma forma, en las fracciones VII y VII bis se propone adicionar expresamente las facultades que desde su creación realiza la Armada de México, relativas a ejercer funciones de policía marítima para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas nacionales, en coordinación con las autoridades competentes, así como llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento, auxilio en el mar y seguridad marítima, tanto por ser una actividad inherente a la propia esencia de la Institución, como para dar respuesta a las normas nacionales e internacionales.
Por cuanto hace a la fracción XI, únicamente se plantea sustituir el término ``topo hidrográficos'', por ``hidrográficos'', por ser éste un término mas completo que incluye la planimetría del puerto, los datos batimétricos del área y el posicionamiento de cada una de las ayudas de navegación que existan en ésta.
En la fracción XIV, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se propone facultar a la Secretaría de Marina para construir, mantener y operar astilleros, diques, varaderos, dragas, unidades y establecimientos navales y aeronavales, para el cumplimiento de la misión de la Armada de México. Asimismo en la citada fracción se adiciona la facultad de prestar servicios en el ámbito de su competencia que coadyuven al desarrollo marítimo nacional.
Esta última adición se limita a establecer expresamente funciones que en la actualidad y, dada la insuficiencia de infraestructura de la marina mercante y los puertos comerciales, realiza la Armada de México. Por ello, se permite que, la Secretaría de Marina preste servicios, siempre en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables para ello y, en todo caso, con sujeción a las políticas y programas que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Resulta necesaria la intervención de la Armada de México en los proyectos de construcción de obras de ingeniería portuaria y marítima, pues este tipo de obras requieren de un amplio conocimiento y de estudios poco explorados en nuestro país, los cuales, de ser soslayados o minimizados, ocasionarían graves consecuencias a largo plazo, como son las construcciones que derivan en la erosión de las costas de algunos estados, en la pérdida de arena o en condiciones geográficas que provocan la pérdida de territorio, situaciones que evidentemente afectan a la seguridad nacional, siendo por lo tanto necesario que una Institución del Estado Mexicano custodie los intereses de la Nación en pro del bien común, por lo cual se propone adicionar la fracción XV en este sentido.
Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, se propone una adición a la fracción XVII, para complementar el precepto, haciendo responsable a la Secretaría de Marina de los trabajos de investigación científica y tecnológica en las ciencias marítimas, creando para ello los institutos especializados en oceanografía, por ser ciencias totalmente afines con la dependencia y por contar con la infraestructura para ello.
Dada la interdependencia recíproca existente en el ámbito de competencia de la Institución, tanto con dependencias e instituciones nacionales como extranjeras, en la fracción XIX, se propone facultar a la Secretaría para celebrar acuerdos, conforme a la legislación aplicable.
Se plantea la adición de la fracción XX, incluyendo las obligaciones que ya tiene asignadas la Secretaría de Marina pero que están inmersas en otras leyes ordinarias y en tratados internacionales, como son el llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias lo requieran de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional.
Igualmente, se propone adicionar la fracción XXI, insertando en el ámbito de responsabilidad de la Institución, las obligaciones que ya le corresponden de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de hacer la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal acorde con la normatividad vigente.
También se propone adicionar la fracción XXII, incluyendo atribuciones que esta dependencia tiene asignadas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que resulta necesario trasladarlas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para actualizarla al derecho vigente, facultándola para adquirir, diseñar y fabricar armamento, municiones, vestuario, y toda clase de medios navales e ingenios materiales destinados a la Secretaría de Marina-Armada de México, así como intervenir en la importación y exportación de éstos.
El proceso político, económico, social y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial a través del cual existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que estén, aunado al incremento de la población, así como los constantes avances en la ciencia y la tecnología, generan frecuentes cambios y nuevas necesidades para la sociedad y, consecuentemente, para el Estado, a quien le corresponde satisfacer los diferentes servicios que emanan de esos cambios, surgiendo la necesidad de que las instituciones que cuenten con la infraestructura idónea y proporcionen los servicios auxiliares que resulten necesarios, considerando a las fuerzas armadas como parte importante en la prevención y control de la contaminación o destrucción del medio marino y terrestre y, asimismo, en la prevención y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en las zonas forestales, marinas y costeras bajo jurisdicción federal, por lo que es necesario agregar que la Secretaría de Marina presta el apoyo a otras dependencias federales, entidades federativas y a los municipios, realizando actividades tales como el combate a incendios forestales, seguridad en playas, protección de especies en veda o en peligro de extinción, etc. y, por ello, se propone adicionar la fracción XXIII, considerando esta hipótesis.
Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, en la fracción XXIV, se propone trasladar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las facultades que ya tiene asignadas la Secretaría de Marina, tanto en la normatividad internacional, a través del Convenio Sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias, como en la nacional, por virtud de la Ley Orgánica de la Armada de México y el Reglamento Para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, relacionadas con los servicios en materia de protección y conservación del medio ambiente en su área de responsabilidad, con lo cual se ha hecho frente a una de las principales preocupaciones, relativa a la conservación de un medio ambiente digno para todos los mexicanos y las próximas generaciones.
Asimismo, se propone adicionar la fracción XXV, en la cual se actualiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableciendo las facultades que ya tiene conferidas la Institución en diferentes leyes ordinarias, como son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Armada de México, en materia de conservación de áreas naturales protegidas y ecosistemas acuáticos de alta riqueza ambiental, para que en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, utilizando para ello los recursos materiales y humanos con que cuenta la Secretaría de Marina, se lleven a cabo acciones orientadas a su preservación.
Finalmente, el texto de la actual fracción XIX, constituye el texto de la fracción XXVI que se adiciona.
Por todo lo expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones IV, V, VII, XI, XIV, XV y XVII, y se ADICIONAN las fracciones VII bis y XX a XXVI del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
``ARTÍCULO 30.- ...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Ejercer:
a. La soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio;b. Vigilancia de las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, y
c. Las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte, en la Zona Contigua y en la Zona Económica Exclusiva.
V. Ejercer los actos de autoridad para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, proteger el tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en la mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.
VI. ...
VII. Ejercer funciones de policía marítima para mantener el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas;
VII bis. Llevar a cabo la búsqueda, rescate, salvamento y auxilio en las zonas marinas mexicanas de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en su caso, en coordinación con las demás autoridades competentes;
VIII. ...
IX. ...
X. ...
XI. Ejecutar los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas;
XII. ...
XIII. ...
XIV. Construir, mantener y operar astilleros, diques, varaderos, dragas, unidades y establecimientos navales y aeronavales, para el cumplimiento de la misión de la Armada de México, así como prestar servicios en el ámbito de su competencia que coadyuven al desarrollo marítimo nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a las políticas y programas que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
XV. Emitir opinión con fines de seguridad nacional en los proyectos de construcción de toda clase de vías generales de comunicación por agua y sus partes, relacionados con la ingeniería portuaria marítima y señalamiento marino;
XVI ...
XVII. Programar, fomentar, desarrollar y ejecutar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, los trabajos de investigación científica y tecnológica en las ciencias marítimas, creando los institutos de investigación necesarios;
XVIII. ...
XIX. Celebrar acuerdos en el ámbito de su competencia con otras dependencias e instituciones nacionales o extranjeras, en los términos de los tratados internacionales y conforme a la legislación vigente;
XX. Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad, así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias lo requieran, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;
XXI. Participar y llevar a cabo las acciones que le corresponden dentro del marco del sistema nacional de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre;
XXII. Adquirir, diseñar y fabricar armamento, municiones, vestuario, y toda clase de medios navales e ingenios materiales, así como intervenir en la importación y exportación de éstos, cuando, sean de uso exclusivo de la Secretaría de Marina-Armada de México;
XXIII. Prestar los servicios auxiliares que requiera la Armada, así como los servicios de apoyo a otras dependencias federales, de las entidades federativas y de los municipios que lo soliciten o cuando así lo señale el titular del Ejecutivo Federal;
XXIV. Intervenir, en el ámbito de su responsabilidad, en la protección y conservación del medio ambiente marino sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias;
XXV. Inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar, las Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables, y
XVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.''
TRANSITORIOSPRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más alta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciséis días del mes de diciembre del dos mil cinco.Vicente Fox Quesada (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Capitán de Navío C.G. D.E.M. José Luis Sánchez Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Especiales de la Secretaría de Marina.--- Presente.
Me refiero a su oficio No. 678/2005 de fecha 28 de junio del presente año, mismo que anexo para pronta referencia, mediante el cual esa presidencia, solicita dictamen de impacto presupuestario del ``Anteproyecto de reforma al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.''.
Sobre el particular, me permito informar a usted, de conformidad con el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente:
El Anteproyecto en comento ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General de Programación y Presupuesto ``A'', por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto de otras leyes y disposiciones.
En este sentido, se determina que, en caso de su aprobación, no presenta impacto presupuestario, toda vez que como lo señala esa dependencia en el oficio de mérito, la finalidad del proyecto en cuestión es adecuar la normatividad vigente a las actividades que realiza esa Institución, en su quehacer cotidiano para mantener el orden constitucional del Estado mexicano.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.México, DF, a 1 de julio de 2005.--- José Luis García Ramos (rúbrica), director general adjunto.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
C. Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, consejero adjunto de Legislación y de Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.--- Presente.
Se recibió en esta Secretaría el oficio No. A.-980, suscrito por el Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, mediante el cual solicita la opinión correspondiente al Anteproyecto de iniciativa de reformas y adiciones al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al respecto, me permito comunicar que, en atención al numeral Séptimo de los Lineamientos relativos a la Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2003, no existe inconveniente para que el Anteproyecto de referencia sea presentado formalmente ante el H. Congreso de la Unión, una vez que haya substanciado el procedimiento correspondiente.
Dadas las circunstancias al día de hoy, se sugiere que dicho Anteproyecto tenga como Cámara de origen, la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.México, DF, a 29 de julio de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Capitán de Navío C.G. D.E.M. José Luis Sánchez Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada de México de la Secretaría de Marina.--- Presente.
Me refiero a su oficio numero 566/2005, recibido en esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el día 20 de junio de 2005, mediante el cual solicita se emita el dictamen de impacto regulatorio que corresponda para el anteproyecto denominado ``Anteproyecto de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal''.
Sobre el particular, le informo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), en su artículo 69-A, exceptúa expresamente a los actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de Marina de la aplicación de las disposiciones del Título Tercero A de la propia LFPA. En consecuencia, esta Cofemer no emitirá dictamen alguno sobre el anteproyecto de referencia.
Lo anterior se comunica con fundamento en el precepto jurídico mencionado, así como en los artículos 7, fracción II, y 9, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y Único, inciso b), del Acuerdo por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican.
México, DF, 18 de julio de 2005.--- Lic. David Quezada Bonilla (rúbrica), coordinador general de Mejora Regulatoria de Serviciosy de Asuntos Jurídicos.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión.
Enviándoles un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1323/05, del que les adjunto copia, mediante el cual se le remite iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal, presentada por la diputada María del Rocío Corona Nakamura.
Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica), secretario General del Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.
CC. Diputados del Congreso del Estado de Jalisco.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos le fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa de acuerdo legislativo que contiene la propuesta de modificar el artículo 215 del Código Penal Federal, por lo cual se hacen las siguientes
ConsideracionesI.- Que es facultad de los diputados presentar iniciativas de ley, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco.
II.- Que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:
I.- Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del estado;II.- Las leyes reglamentarías u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del estado y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar;
III.- Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción VI, y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo;
V. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarías;
VI. Los relativos a leyes del Estado en cuanto a la Constitucionalidad, contravención a otras normas legales, técnica legislativa, congruencia interna y la corrección de estilo; y
VII. El análisis y la revisión permanente de la legislación sustantiva jalisciense buscando su codificación y armonía.
III.- Que corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos el estudio y dictamen de la legislación de la materia, lo anterior de conformidad con 1a fracción I del artículo 103 de 1a Ley Orgánica d el Poder Legislativo del estado.
IV.- Con fecha 10 de marzo de 2005, la diputada Rocío Corona Nakarnura presentó iniciativa de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 215 Código Penal Federal para tipificar una conducta al tipo penal de abuso de poder haciendo los señalamientos siguientes en su exposición de motivos:
``El juicio de amparo mexicano es una de las instituciones pilares de nuestra estructura jurídica. Su noción original como instrumento de tutela de las garantías individuales concebido por Mariano Otero, Crescencio Rejón y los constituyentes de 1856 1857, ha sido una aportación de México que ha trascendido al derecho latinoamericano y de España, quienes han tomado el modelo e incluso el nombre, en algunos casos.
De su fortalecimiento depende la seguridad jurídica de los gobernados, quienes encuentran en la institución el escudo en contra del autoritarismo y la arbitrariedad. Además de su influencia en diversos ordenamientos de otros países, el juicio de amparo en su concepción histórica ha influenciado al derecho internacional como ocurre con los artículos x..XVIII y 8° de la Declaración Americana y Universal, así como el 2° del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y 25 de la Convención Americana, a propuesta de los delegados mexicanos que han intervenido en la construcción de dichos instrumentos. De manera indirecta también se ve la influencia del juicio de garantías mexicano en el artículo 13 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
El caso es que el instrumento protector de que tratamos tiene como toral fortaleza la coercitividad de sus mandatos; su acatamiento por parte de las autoridades para la defensa de los derechos de los ciudadanos es obligatoria, y resulta que su desobediencia parte de la autoridad responsable no tiene sanción, toda vez que el artículo 206 de la Ley de Amparo establece que la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.
y el Código Penal Federal, al regular el delito de abuso de autoridad, no tiene prevista la hipótesis en la cual la autoridad responsable viole una orden judicial emanada de un juicio de amparo, menos aun le tiene señalada pena alguna. Acatando el conocido apotegma nullum crimen nullum poena sine lege, se colige que en el caso que nos ocupa violación de una orden emanada de un juicio de amparo que no hay delito que perseguir pues no existe ley que lo prevea.
Luego, para evitar impunidad y fortalecer el juicio de amparo, es necesario adicionar el artículo 215 del Código Penal Federal para sancionar como abuso de autoridad a la autoridad responsable que desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo.
En cuyo caso se propone una sanción de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.''
V.- Haciendo un análisis de la exposición de motivos de la diputada Rocío Corona Nakamura, podemos encontrar que la intención es buena de fondo, y se puede interpretar que la concretización de ella acarrearía un mayor respeto a las instituciones y a quienes dictan la justicia en nuestro país, sin embargo, la mayor parte de la propuesta de la diputada ya se encuentra contenida como delito especial en la Ley de Amparo, lo cual la hace extensiva a todos los estados.
La diputada autora de la iniciativa propone que el siguiente texto sea anexado al artículo 215 del Código Penal Federal:
``XII.- Desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo''
``Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción VI a IX y XIII se le impondrá de 2 a 9 años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa y destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.''
Respecto del texto que la diputada pretende anexar como fracción XIII al artículo 215 del Código Penal Federal se encuentran, aunque no con esas mismas palabras pero si con los mismos efectos y el mismo espíritu, que los contenidos en la reforma planteada por la iniciativa aquí en comento en la Ley de Amparo en los artículos 208 y 209 tipificando las conductas señaladas por la autora de la iniciativa como delitos especiales; transcribimos los artículos correspondiente a continuación:
Artículo 208.- Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.
Artículo 209.- Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.
Como se puede ver, la propuesta planteada por la diputada Rocío Corona Nakamura ya existe en los textos legales nacionales y tiene plena aplicación en el contexto local, dado el carácter general y federal de la Ley de Amparo, por lo cual resulta innecesario en un primer momento el repetir el tipo penal en el Código señalado por la iniciativa aquí dictaminada.
Sin embargo, su iniciativa no tiene porque ser del todo rechazada, ya que es posible aprovechar la parte en la que refiere a las penas, debiendo tomar en cuenta el aumento a las penas que menciona para las fracciones VI y IX del artículo aquí en estudio, pudiendo quedar dicha propuesta integrada en base a la mayor severidad que le dará esto al castigo mencionado y al mismo tiempo enriquecer al Código Penal Federal; a su vez aclarando el tipo del delito para este caso, además proponemos que se cometerá el delito también por desobedecer órdenes de otros juicios de control constitucional, por lo que se aprueba la presente iniciativa y se ordena girar un acuerdo legislativo al Congreso de la Unión para que se proceda conforme a derecho con esta iniciativa.
Por las anteriores consideraciones, propone que la presente iniciativa se de deje sin efecto, y se resuelve presentar el siguiente proyecto de
Acuerdo LegislativoPRIMERO. El Congreso del estado de Jalisco eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 215 del Código Penal Federal.
Artículo Único.- Se adiciona una fracción y se reforma el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 215.- ...
I. a XII. ...
XIII.- Cuando desobedezca una orden judicial proveniente de la substanciación de un juicio de amparo o de cualquier otro juicio de control constitucional.
...
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX y XIII se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
TransitorioÚnico.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Instrúyase al secretario general del Congreso del estado de Jalisco para que remita la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la continuación de su proceso legislativo.
Salón de Comisiones del Congreso del Estado de Jalisco.--- Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2005.--- La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, diputados: Pedro Ruiz Higuera (rúbrica), Presidente; José María Martínez Martínez (rúbrica), vocal; Alfredo Argüelles Basave, vocal; Ricardo Ríos Bojórquez (rúbrica), vocal; Salvador Cosío Gaona, vocal; Benito Manuel Villagómez Rodríguez (rúbrica), vocal; Celia Fausto Lizabia (rúbrica), vocal.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.
CC. Diputadas Sara Rocha Medina, Patricia Garduño Morales, secretarias de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En los términos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León presenta ante ustedes iniciativa de reforma por modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para lo cual acompañamos al presente la siguiente documentación:
Copia del expediente 3397 formado sobre el particular y que contiene la iniciativa presentada por diputados integrantes del PAN, dictamen emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y acuerdo No. 294, aprobado durante la sesión de hoy.
Esperando nos den a conocer el trámite legislativo, dado a nuestra solicitud, nos es grato enviarles un cordial saludo.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, NL, a 5 de diciembre de 2005.--- Dip. Carla Paola Llarena Menard (rúbrica), Secretaria; Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), Secretario.»
«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.
Honorable Asamblea:
Los suscritos, diputados Rodolfo Moreno Rodríguez, Hiram Luis de León Rodríguez, Arturo Becerra Valadez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN perteneciente a la LXX Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León, acudimos ante esta H. asamblea para promover iniciativa de reforma para que, a su vez, este Congreso la haga suya y la remita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y mediante la cual se obtenga la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, iniciativa que presentamos bajo el tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl artículo 17 de nuestra Constitución federal dispone:
``Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho... Las leyes federales o locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones...''
En observancia a tal dispositivo constitucional, el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles preceptúa
``Artículo 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I.- Multa hasta de mil pesos; y
II.- El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.''
Como es sabido, múltiples autoridades en el ámbito de su competencia, aplican el referido Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, es conveniente mencionar que una de las virtudes más importantes de cualquier ley es la de prever sistemas o mecanismos coercitivos aplicables a las partes que se nieguen a cumplir con las resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional, las cuales deben estar revestidas de eficacia para su materialización, volviendo realidad la vigencia del estado de derecho al reencauzar el orden jurídico trastocado.
El artículo 59 en estudio no cumple con dicho cometido, pues solamente establece multa de hasta mil pesos y el auxilio de la fuerza pública sin prever ni siquiera el cateo (salvo lo preceptuado por el numeral 432 del mismo ordenamiento, que se refiere a los embargos) y el arresto por treinta y seis horas que es previsto por distintas legislaciones locales, habiéndose pronunciado los tribunales federales, en muchos de los casos, en el sentido de que la medida del arresto no va contra la Constitución.
El Código Federal de Procedimientos Civiles tiene aplicación tanto en juicios de amparo como en otras ramas del derecho, no omitiendo referir que en la última reforma del Código de Comercio, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se dispuso que el código de aplicación supletoria a la legislación mercantil sería el Código Federal de Procedimientos Civiles y no los códigos procesales locales como se venía aplicando antes de la reforma, lo que conlleva a todos los juicios mercantiles que son los que abundan en mayor número en los juzgados de dicha materia. En el caso de Nuevo León en los denominados juzgados de jurisdicción concurrente.
También se hace necesario reflexionar en que existen varios criterios de juzgadores en el sentido de que la multa de hasta mil pesos a que hace referencia dicho artículo 59, dado que fue instituida antes de la reforma monetaria equivale a una multa de hasta un peso, lo que es completamente inaceptable y en consecuencia se promueve la consiguiente reforma.
Se requiere de medidas de apremio eficaces para que los gobernados en actitud de contumacia acaten las resoluciones de la autoridad y aún más en la actualidad en que no obstante que la mayoría de las personas a quienes se aplican las normas procesales legales conocen los derechos que poseen, va en aumento la cantidad de individuos que no obedecen los mandatos de los órganos encargados de aplicar el derecho, sin que sea obstáculo a lo anterior la parte relativa al último párrafo del dispositivo cuya reforma se propone que dice: ``si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia'' pues debe imperar el respeto en las resoluciones, de forma autónoma para el juez o autoridades que la decreten y no iniciar infinidad de averiguaciones previas de carácter penal para quienes no cumplan con las determinaciones de los órganos competentes.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta H. soberanía el siguiente
DecretoPrimero. Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como sigue
``Artículo 59.- Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I.- Multa hasta de mil nuevos pesos,
II.- El auxilio de la fuerza pública,
III.- Cateo por orden escrita, y
IV.- Arresto hasta por treinta y seis horas.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.''
Segundo. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Monterrey, NL, a 14 de junio de 2005.--- El grupo legislativo del PAN, diputados: Rodolfo Moreno Rodríguez (rúbrica), Irma Luis de León Rodríguez (rúbrica), Arturo Becerra Valadez (rúbrica), Francisco Apolonio González González (rúbrica), Hugo René Martínez Cantú (rúbrica), Marco Mendoza Vázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Serafín Parra Casanova (rúbrica), Ernesto Alonso Robledo Leal (rúbrica), Zeferino Salgado Almaguer (rúbrica).»«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Sala de Comsiiones.
Honorable Asamblea:
En fecha 14 de junio de 2005 se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que se remita al H. Congreso de la Unión la iniciativa de reforma por modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León.
AntecedentesManifiestan los promoventes que presentan su escrito de iniciativa buscando garantizar la ejecución de las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y haciendo referencia a lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Constitución federal, que precisa que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales.
Continúan señalando que en observancia a tal disposición constitucional el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, preceptúa
Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
I. Multa hasta de mil pesos; y
II El auxilio de la fuerza pública.
Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia.
Añaden que son múltiples las autoridades que en el ámbito de su respectiva competencia aplican las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Señalan que el Código tiene aplicación tanto en juicios de amparo como en otras ramas del derecho y refieren que en la ultima reforma del Código de Comercio se dispuso que el Código Federal de Procedimientos Civiles tendría aplicación supletoria a la legislación mercantil y no los códigos procesales locales como se venía aplicando hasta antes de la reforma publicada el 13 de junio de 2003; y que en el caso de Nuevo León esto reviste especial atención ya que son los juicios mercantiles los que en mayor número abundan en los juzgados.
Continúan manifestando los promoventes que una de las virtudes más importantes de cualquier ley es la de prever sistemas o mecanismos coercitivos, revestidos de eficacia para su materialización.
Afirman que va en aumento el número de individuos que no obedecen los mandatos judiciales, aun con lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo: ``Si fuere insuficiente el apremio, se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia'', pues, señalan, debe imperar el respeto a las resoluciones de forma autónoma.
Por otra parte, mencionan que existen criterios de juzgadores en el sentido de que la multa de hasta mil pesos a que hace referencia dicho artículo 59, dado que fue instituida antes de la reforma monetaria, equivale a una multa de hasta un peso, lo cual, añaden, es inaceptable y en consecuencia someten a la consideración de esta soberanía la propuesta de modificación.
ConsideracionesCorresponde al Congreso del estado conocer de la presente iniciativa de reforma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Asimismo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es competente para proceder al estudio de la reforma de referencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Nuevo León y por el artículo 39, fracción II, inciso d), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
Los diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales realizamos el estudio de la presente iniciativa y de dicho análisis podemos concluir lo siguiente:
Efectivamente son múltiples las autoridades que, en el ámbito de sus competencias, aplican las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles desde los juicios de amparo a otras múltiples ramas del derecho.
Es sumamente amplio el margen de aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles en asuntos de tan diversa índole, por lo que es menester actualizar sus disposiciones y procurar garantizar su aplicabilidad.
Es elemento esencial para el perfeccionamiento de cualquier ordenamiento poder garantizar mecanismos para su aplicabilidad, dado que en caso contrario ésta se convierte en una mera exposición de buenas ideas plasmadas en papel, pero sin posibilidad real de incidir en la regulación de la actuación social de los gobernados.
Como apuntan los promoventes en su exposición de motivos, en el estado de Nuevo León son cuantiosos los juicios mercantiles que se siguen en los tribunales de la entidad.
En reciente reforma del Código de Comercio se dispuso que el Código Federal de Procedimientos Civiles tendría aplicación supletoria a la legislación mercantil y ya no los códigos procesales locales como se venía aplicando hasta antes de la reforma publicada el 13 de junio de 2003.
Dicha disposición se transcribe a continuación:
Código de ComercioArtículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
No obstante lo anterior, en uso de la atribución que nos confiere el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León, los integrantes de esta Comisión dictaminadora hemos determinado modificar el decreto en cuestión, ya que actualmente no se utiliza la denominación ``nuevos pesos'', sin embargo, con la finalidad de atender a la intención de la iniciativa, hemos acordado modificar la cantidad establecida en la ley de referencia, entendiéndose ahora, en atención a la exposición de motivos de la reforma, que se tratará de una cantidad en pesos actualizada y acorde al tiempo actual, la cual haga posible la aplicación de dicho numeral y por lo tanto el cumplimiento de las determinaciones de la autoridad competente en ese sentido.
Por lo anteriormente expuesto en relación con la iniciativa estudiada en el presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos someter al criterio del Pleno de este Congreso del Estado, el siguiente proyecto de
AcuerdoPRIMERO.- La LXX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, remite al Congreso de la Unión, para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León, mediante el cual proponen la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles en los siguientes términos
DecretoArtículo Único.- Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 59. ...
I. Multa hasta de mil cien pesos;
II. El auxilio de la fuerza pública;
III. Cateo por orden escrita; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.
...
TransitorioÚnico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Monterrey, Nuevo León.--- Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados: Alonso César Ayala Villarreal (rúbrica), Presidente; César Agustín Serna Escalera (rúbrica), vicepresidente; Ernesto Alonso Robledo Leal, secretario; César Santos Cantú (rúbrica), vocal; Hugo René Martínez Cantú (rúbrica), vocal; Ivonne Liliana Álvarez García (rúbrica), vocal; Jorge Humberto Padilla Olvera (rúbrica), vocal; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), vocal; Pedro Bernal Rodríguez (rúbrica), vocal; Raúl Mario Mireles Garza (rúbrica), vocal; Rogelio Alejandro Pérez Arrambide (rúbrica), vocal.»«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.
Lic. José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado.--- Presente.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del estado el acuerdo número 294 expedido por el H. Congreso del Estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.
Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.Monterrey, NL, a 5 de diciembre de 2005.--- H. Congreso del Estado.--- Dip. Carla Paola Llarena Menard (rúbrica), Secretaria; Dip. Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), Secretario.»
«Escudo.--- H. Congreso del estado de Nuevo León.--- LXX Legislatura.--- Secretaría.
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXX Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente
Acuerdo Número 294Artículo Primero.- La LXX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León remite al Congreso de la Unión para su conocimiento y trámite legislativo correspondiente la iniciativa presentada por los diputados Juan Enrique Barrios Rodríguez, Arturo Becerra Valadez; Hiram Luis de León Rodríguez, Francisco Apolonio González González, Hugo René Martínez Cantú, Marcos Mendoza Vázquez, José Luis Murillo Torres, Rodolfo Moreno Rodríguez, Serafín Parra Casanova, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Zeferino Salgado Almaguer, integrantes del grupo legislativo del PAN de la LXX Legislatura al Congreso de Nuevo León, mediante el cual proponen la modificación del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles en los siguientes términos
DecretoArtículo Único.- Se reforma por modificación el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
Artículo 59.- ...
I. Multa hasta de mil cien pesos;
II. El auxilio de la fuerza pública;
III. Cateo por orden escrita; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.
...
TransitorioArtículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado y publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil cinco.--- Diputados: Daniel Torres Cantú (rúbrica), Presidente; Carla Paola Llarena Menard (rúbrica), secretaria; Ricardo Cortés Camarillo (rúbrica), secretario.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
AcuerdoPrimero.- El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución local, acuerda presentar ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto en los siguientes términos:
Decreto``Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 51.- ...
El Instituto Nacional de Inmigración, sin la necesidad de autorización de la Secretaría de Gobernación, facilitará la admisión temporal a nuestro país de extranjeros que formen parte de grupos de emergencia y cuyo ingreso al país consista en colaborar con autoridades mexicanas durante el tiempo que se presente alguna contingencia de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas en los municipios fronterizos para el efecto de disminuir o eliminar riesgos a la población y sus bienes.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 61.- ...
I.- a XVII.- ...
XVIII.- Los vehículos que se introduzcan al país para efectos de combatir y controlar contingencias de tipo ambiental causada por incendios, derrames o explosiones de sustancias tóxicas y que se presenten en los municipios fronterizos de la República Mexicana, debiendo regresarlos a su país de origen una vez concluida la contingencia.
Artículo TransitorioPrimero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Congreso del estado de Sonora instruye al Presidente de la Mesa Directiva o al diputado que se comisione para dicho efecto, para presentar formalmente el contenido de los presentes acuerdos ante el honorable Congreso de la Unión.
Tercero.- El Congreso del estado de Sonora acuerda remitir al resto de las Legislaturas estatales el presente acuerdo con solicitud de que se manifiesten a favor del mismo y presenten su iniciativa respectiva ante el honorable Congreso de la Unión.
Cuarto.- El Congreso del estado de Sonora exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión para que, en el marco de sus facultades, analice la posibilidad de extender los alcances de la disposición que se expresa en el punto primero del presente acuerdo para todo el país y por cualquier tipo de contingencia.
Lo que comunicamos para conocimiento y demás fines.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
``2005: Año de la Niñez con Discapacidad''
Hermosillo, Sonora, 1o. de diciembre de 2005.--- Diputados: Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Secretario; Martha Patricia Patiño Fierro (rúbrica), Secretaria.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
Para los efectos de los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con el presente la iniciativa de decreto por el que se solicita autorización para que el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, 22 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la Repíblica.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dirigirme a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para solicitar el permiso constitucional correspondiente, a efecto de ausentarme del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, con el propósito de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
Históricamente, México ejecuta una política exterior que busca profundizar las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. A este respecto, desde el inicio de mi Gobierno, me he propuesto que México continúe participando activamente en los principales mecanismos y foros regionales, al tiempo que he buscado fortalecer el diálogo político con cada uno de los países latinoamericanos y caribeños.
Ante la nueva etapa por la que atraviesa, nuestra región, caracterizada por un creciente diálogo político,:México se ha fijado el propósito de impulsar la construcción de un espacio propicio para la reafirmación de la democracia, la paz y la seguridad, así como para la promoción del desarrollo y de la integración.
Visita de Trabajo a la República de Chile
En este contexto, y con el propósito de seguir afianzando nuestras relaciones con las naciones de América Latina y el Caribe, y en atención a la invitación expresa que me formula el Presidente de la República de Chile, señor Ricardo Lagos Escobar, -con comunicación de fecha 28 de octubre de 2005-, me he propuesto realizar, de recibir el beneplácito de ese Cuerpo Colegiado, una Visita de Trabajo a ese país los días 25 y 26 de enero de 2006.
Cabe señalar que México y Chile han logrado construir una sólida y fructífera relación, lo que permite considerar a ese país como un aliado estratégico en nuestra región. Como es de su conocimiento, desde que se restableció el proceso democrático en aquella nación, México y Chile han manifestado importantes coincidencias en temas de política regional y multilateral, que resulta indispensable consolidar si deseamos fortalecer los consensos necesarios para impulsar la integración en la región.
En lo que se refiere a la relación económica, ésta ha sido tradicionalmente muy dinámica sobre todo a raíz de que se suscribió el Tratado de Libre Comercio. En los últimos trece años el comercio bilateral creció 1,042.8%, al pasar de 176.6 md en 1991 a 2,018 md en 2004.
Chile es en la actualidad el segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe (séptimo comprador y segundo abastecedor). En el 2004 las exportaciones mexicanas a esa nación ascendieron a 554 md, y las importaciones fueron por un monto de 1,464 md. En el primer semestre de 2005 el intercambio comercial entre ambos países fue de 1,099 md, lo que representó un incremento de 19% en relación con el registrado en el mismo periodo del año anterior (924.1 md). De este monto, 284.3 md correspondieron a exportaciones mexicanas y 814.7 md a importaciones provenientes de ese país.
Por lo que se refiere a la inversión de México en Chile, ésta asciende aproximadamente a 1,311.6 md, lo que convierte a ese país en el séptimo destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe. Por su parte, la inversión chilena en nuestro país ascendió 130.3 md, cifra que representa alrededor del 23.6% de la inversión realizada por los países de América del Sur.
Por consiguiente, el propósito principal de esta Visita de Trabajo será el de impulsar y fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales que unen a ambos países, así como dar un mayor dinamismo a la cooperación en todos sus ámbitos.
Con este propósito, como punto central de la agenda de trabajo, suscribiré con el señor Presidente, Ricardo Lagos Escobar el Acuerdo de Asociación Estratégica, el cual consolida, bajo un solo instrumento jurídico, las acciones conjuntas en materia de concertación política, profundización de las relaciones económicas y comerciales, así como en el ámbito de cooperación. Se trata de un Acuerdo único en su género en el Hemisferio.
Las negociaciones se iniciaron en ocasión de la Visita de Trabajo del señor Presidente Ricardo Lagos Escobar a México en septiembre de 2004 y concluyeron el marco de una segunda Visita de Trabajo del mandatario chileno a nuestro país el 1 y 2 de diciembre de 2005.
Asimismo, participaré en la inauguración del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que iniciará sus actividades con la exposición arqueológica ``México: Del Cuerpo al Cosmos'', que reúne 189 piezas de diversas culturas de nuestro país, -obras maestras realizadas en cerámica, hueso, concha, oro y bronce-, que constituirá la mayor muestra cultural que México haya presentado en Chile.
En este contexto, y de contar con el permiso de esa Soberanía, tendré la oportunidad de refrendar la voluntad del Gobierno de México para consolidar el excelente nivel de entendimiento político que se tiene, con el Gobierno de la República de Chile.
Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras
En lo que se refiere a las relaciones de México con los países de Centroamérica, cabe destacar que éstas han cobrado también un valor estratégico, no sólo por la vecindad geográfica y las raíces históricas y culturales comunes, sino por la asociación privilegiada que nuestro país ha establecido con los países de la región, orientada a impulsar una Comunidad Mesoamericana de Naciones que garantice una zona de paz, con mayores niveles de desarrollo y bienestar para nuestros pueblos.
Por ello, el Gobierno de México ha ejecutado y articulado importantes estrategias de acercamiento con los países centroamericanos, con objeto de fortalecer el diálogo político, los intercambios económicos y comerciales, así como la cooperación, mismas que, en su conjunto, han contribuido a forjar la intensa relación que sostenemos en la actualidad con dichas naciones.
En este marco, el Plan Puebla Panamá se presenta como la iniciativa regional más importante de desarrollo para la Comunidad Mesoamericana de Naciones que se pretende consolidar. Asimismo, la participación de México, desde noviembre de 2004, en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fortalece los esfuerzos de nuestro país para ampliar el diálogo político y de cooperación en los foros centroamericanos.
Por consiguiente, la presencia de México en Centroamérica debe ser permanente en todos los países, y contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos en la región. Cabe señalar que las relaciones entre México y Honduras se han caracterizado por el constante diálogo político, el incremento de los flujos comerciales, así como la cooperación y la solidaridad entre sus pueblos. Ambas naciones comparten además, coincidencias importantes en la agenda regional e internacional. Muestra del alto grado de entendimiento que ha alcanzado la relación bilateral es el Tratado sobre Delimitación Marítima entre México y Honduras, el cual fue firmado el 18 de abril de 2005.
La República de Honduras celebró elecciones generales el pasado 27 de noviembre, en las cuales cerca de cuatro millones de habitantes eligieron a un nuevo titular del Poder Ejecutivo. La Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial se realizará en Tegucigalpa el viernes 27 de enero de 2006.
Considero que mi presencia y participación en esa ceremonia, si así lo aprueba esa Soberanía, sería una señal positiva que confirmaría el interés de México en el mantenimiento de un alto nivel de diálogo y cooperación con el nuevo gobierno de dicho país.
Durante mi estancia en Honduras, sostendría un encuentro privado con el nuevo Presidente de la República, a quien expresaría la disposición de mi gobierno por profundizar la relación bilateral y la amistad entre nuestros pueblos. Asimismo, le formularía una invitación para realizar una visita a México en el transcurso del año 2006.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de Usted, someto a la elevada consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de
DECRETOARTÍCULO ÚNICO.- Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una Visita de Trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
TRANSITORIOÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero las seguridades de mi consideración más atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.Palacio Nacional, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil cinco.--- Vicente Fox Quesada (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día 28 de noviembre del año en curso, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República ha tenido a bien designar al C. Salvador Campos Icardo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar, en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ratificación de la Comisión Permanente al nombramiento del C. Campos Icardo. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Eduardo Martín Christlieb Romero pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Por lo anterior me permito anexar originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la constancia de residencia; copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Finlandia y de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Coronel Intdte. LAE Martín Hernández Bastar pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de Rumania.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado, dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Sergio Iván Trujillo Bolio pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente originales de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae e identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el licenciado Jaime Virgilio Nualart Sánchez pueda aceptar y usar la condecoración Medalla al Mérito Cultural, que le otorga el Gobierno de la República de Colombia.
Por lo anterior me permito anexar para la integración al expediente original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada de su acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de una identificación oficial y de la notificación en que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Gregoria Reyes Quintana.Puesto: Recamarera.
Lugar de trabajo: Embajada de Finlandia en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 25 de noviembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Carlos Andrés Pascacio Villazán.Puesto: Oficial a cargo.
Lugar de trabajo: Estación experimental en Veracruz de la Embajada de Australia en México.
Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 30 de noviembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Leda Karnik Minassian.Puesto: Secretaria.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Veremundo Ríos Rodríguez.Puesto: Personal de seguridad.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Leticia Torres Juárez.Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Fernando Galindo Jiménez.Puesto: Jardinero.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: María Guadalupe Olivares Contreras.Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Nombre: Alejandro Pérez Hernández.Puesto: Empleado doméstico.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y de la carta de naturalización de la C. Karmik; originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de las identificaciones oficiales y de la currícula de los CC. Karmik y Pérez.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 30 de noviembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Claudia Barraza Meléndez.Puesto: Asistente de sistemas.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Manuel Juárez Gutiérrez.Puesto: Chofer.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Nombre: José Pablo Ramos Cordero.Puesto: Chofer
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas; originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo de esta Permanente.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citen a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Edna Ivonne Azuara González.Puesto: Date entry clerk.
Lugar de Trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas.
Nombre: María de la Soledad Baca Esquinca.Puesto: Asistente de relaciones exteriores en la Sección de APHIS.
Lugar de Trabajo: Programa de Gusano Barrenador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Nombre: Mónica Patricia Reyes López.Puesto: Asistente administrativo en la Sección de APHIS.
Lugar de Trabajo: Programa de Gusano Barrenador en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Nombre: Germán Escandón Valenzuela.Puesto: Asistente de la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional en la Oficina de Servicios Generales
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas; originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 21 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Cresencio Sandoval González (10528519), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Jorge Alberto Guerra Tenorio (6772699), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan Francisco Tovia Mazón (8208334), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Florencio Guillermo Castillo Ventura (6714658), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio (9248033), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor David Moreno Gutiérrez (8208388), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Víctor Hugo Aguirre Serna (9728844), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Pedro Madrigal Ascencio (6416790), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Luis Ricardo Díaz Palacios (8208410), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Raúl David Guillén Altuzar (6459770), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Pablo Díaz Gaytán (6459579), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Genaro Robles Casillas (6459615), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Adolfo Hugo Bacmeister y Ortega (5899223), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Médico Cirujano Diplomado de Estado Mayor Rafael Arias (6706619), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta secretaría la hoja de servicios del General Brigadier Carlos Jiménez Arellano (6681048), la que me permito enviar para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-2731, suscrito el día 22 de noviembre último por las secretarias de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DAN-03810, signado el día 2 del actual por el ingeniero Bosco Martí Ascencio, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual manifiesta su disposición para coadyuvar con las funciones de la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros del citado órgano legislativo.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.--- México.
Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En nombre del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, le agradezco el oficio SEL/300/6452/05 del 23 de noviembre de 2005 que le dirigió, mediante el cual le remitió fotocopia del punto de acuerdo que crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En mi calidad de representante propietario por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, le manifiesto mi más amplia disposición para coadyuvar al cumplimiento de las funciones que tendrá dicha Comisión.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mis más altas y distinguidas consideraciones.
Tlatelolco, DF, a 2 de diciembre de 2005.--- Ing. Bosco Martí Ascencio (rúbrica), director general.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2406, suscrito el día 13 de septiembre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Ma. Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. LIX/AL/1469/05, signado el 9 de noviembre último por el doctor Rogelio M. Chagoya Romero, oficial mayor del H. Congreso del estado de Oaxaca, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar una Comisión de Pesca y Acuacultura que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo.
C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- México, DF.
Por instrucciones de los ciudadanos diputados integrantes de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del estado, me permito acusar recibo de su oficio número SEL/300/4875/05 recibido en la Oficialía Mayor con fecha 3 de noviembre del año en curso, en el que anexa copia del punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión por el que se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana a que integren en sus respectivos órganos de gobierno una Comisión de Pesca y Acuacultura, que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero; al respecto le informo que este Congreso ya cuenta con una Comisión Permanente de Pesca.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
El respeto al derecho ajeno es la paz.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de noviembre de 2005.--- Dr. Rogelio M. Chagoya Romera (rúbrica), oficial mayor del H. Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputado.--- LIX Legislatura.
Lic. Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación.--- Presente.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
``Unico.- Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana a que integren, en sus respectivos órganos de Gobierno, una Comisión de Pesca y Acuacultura que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el Sector Pesquero.''
Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.
México, DF, a 13 de septiembre de 2005.--- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Presidente; Dip. Ma. Sara Rocha Medina (rúbrica), Secretaria.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-0-2612, suscrito el día 4 de noviembre último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 400.-510, signado el 1 del actual por el C. Antonio Ruiz García, subsecretario de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a reasignar recursos suficientes a los Programas de Empleo Temporal y Desarrollo Rural aplicados por esa dependencia, para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y otros estados que la padezcan.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, 20 de diciembre de 2005.Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En atención a su oficio No. SEL/300/6130/05, relativo al punto de acuerdo aprobado en sesión del pasado 4 de noviembre, con el que ``se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que reasigne recursos suficientes a los Programas de Empleo Temporal y Desarrollo Rural aplicados a la Sagarpa para atender la contingencia climatológica por sequía atípica en los estados de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y los estados que padezcan sequía'', me permito informarle lo siguiente.
Las contingencias en los estados antes indicados se han venido atendiendo de manera conjunta con los gobiernos estatales, y a través de los diferentes programas de esta Secretaría, entre los que destaca el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (Piasre) y la Alianza.
Por todo lo anterior, consideramos que la exhortativa de la Cámara ha encontrado respuesta en las acciones de esta Secretaría; sin embargo, la eventualidad de que podamos contar con el Programa de Empleo Temporal podría coadyuvar en esta atención.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección.
Antonio Ruiz García (rúbrica), subsecretario de Desarrollo Rural.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. DGP1L59-II-5-1902, suscrito el 18 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99347, signado el 1 del actual por el C. Gral. de Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al descacharramiento del río Suchiate, en el estado de Chiapas.
Atentamente.México, DF, a 20 de diciembre de 2005.Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría dela Defensa Nacional.--- Estado Mayor.
C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5567/05 de 19 de octubre del 2005, mediante el cual comunicó a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo tercero exhorta a la Secretaría de Salud, para que en coordinación con el Ejército Mexicano inicie una campaña de descacharramiento en las comunidades que se ubican en el río Suchiate, en el estado de Chiapas, que ayuden a evitar la propagación del dengue y asimismo, se apliquen medicamentos para combatir la parasitosis, presente en esa población; al respecto, hago de su conocimiento que esta dependencia del Ejecutivo federal estará al tanto de la petición que, en su caso, formule la Secretaría de Salud, para proporcionarle el apoyo que sea posible, de conformidad con la disponibilidad de personal militar.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.México, DF, a 1 de diciembre del 2005.--- Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres, (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención a los oficios números D.G.P.L.59-II-3-1832 y D.G.P.L.59-II-4-1685, suscritos el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 326-SAT-VI-74650, signado el 29 de noviembre último por el licenciado Mauricio Mireles Poulat, administrador central de Planeación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo relativos al Programa Paisano y a la seguridad de los connacionales que retornan a México en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
AtentamenteMéxico, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Hago referencia a sus diversos números SEL/300/ 5795/05 y SEL/300/5814/05, de fechas 26 y 27 de octubre de 2005, respectivamente, mediante los cuales comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se exhorta al secretario de Gobernación a que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa Paisano, se continúe reforzando el funcionamiento de dicho programa, particularmente en los periodos vacacionales.
Sobre el particular, me permito informarle que en el marco de los trabajos de la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano, la Administración General de Aduanas, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado una serie de acciones relacionadas con el control de la entrada y salida al país de vehículos, de pasajeros y de mercancías de procedencia extranjera, en virtud de que este tipo de operaciones cobra mayor importancia durante la temporada de fin de año.
Apoyo en trámites aduaneros y operativos de supervisión El objetivo principal es comisionar a cerca de 200 funcionarios de la Administración General de Aduanas, a los principales puntos fronterizos y aeropuertos internacionales, plenamente identificados, con uniforme y gafete; para orientar, facilitar, organizar, dirigir y controlar cada uno de los trámites que el paisano debe realizar al ingresar al país, a fin de prevenir y combatir conductas ilícitas en materia de comercio exterior.
Este personal es responsable de supervisar que los trámites aduaneros se realicen en estricto apego a derecho, de forma ágil, evitando abusos y excesos de autoridad.
El operativo se llevará a cabo en 34 puntos de atención, distribuidos en módulos consulares, aduanas de la frontera norte y en los principales aeropuertos internacionales de nuestro país.
El año pasado se otorgaron más de 760 mil permisos de importación temporal de vehículos, de los cuales el 23 % se otorgó durante diciembre; este año, esperamos un incremento de 1.2 % de permisos en relación pon el mismo periodo de 2004.
El operativo de supervisión y facilitación se inició el 3 de noviembre de 2005 y concluye el 10 de enero de 2006. En este periodo está considerada una segunda fase de supervisión a la operación de retornos en los principales puntos de cruce en la frontera norte. La participación de los funcionarios de la Administración General de Aduanas se desarrolla en un marco de colaboración con el personal de otras dependencias que participan en el Programa Paisano, a efecto de transparentar la función de supervisión en la atención a los connacionales.
Facilidad para efectuar el pago de los impuestos En caso de que el paisano no haya realizado el pago correspondiente a los impuestos causados por sus mercancías a la entrada al país, el personal de puertos y garitas informará y orientará a nuestros paisanos para que realicen el procedimiento del pago respectivo. Dicho pago se calculará aplicando al valor de las mercancías una tasa global del 15% y se enterará presentando el ``Formulario de Pago de Contribuciones al Comercio Exterior'' del valor total de la mercancía que rebase la franquicia.
Ampliación temporal de la franquicia aduanera y del despacho simplificado Se amplía la franquicia para pasajeros de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresan al país por carretera a 300 dólares y el monto para llevar a cabo la importación simplificada (sin necesidad de agente aduanal) va de mil a 3 mil dólares americanos, todo ello del 21 de noviembre de 2005 al 10 de enero de 2006; estas medidas redundarán en un beneficio para los paisanos.
Simplificación de trámites y procedimientos A partir de este año se ofrece la expedición de permisos de importación temporal de vehículos vía Internet, misma que se puede realizar en las paginas: www.aduanas.gob.mx o www.banjercito.com.mx; a través de dicho servicio el usuario recibirá su permiso y holograma en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la fecha en que solicitó el permiso. Consulta la Carta Compromiso al Ciudadano para conocer el procedimiento del trámite, en: www.serviciosdeca1idad.gob.mx.
Asimismo, la Aduana México ofrece el esquema de preverificación de documentos y requisitos en las filas, además del programa de ``Paisano Frecuente'' y la reducción de formatos. De igual forma, Banjército incrementará durante el mes de alta afluencia su plantilla con casi 800 personas eventuales, ventanillas únicas de atención, así como 13 arcos de radiofrecuencia en operación.
Programa de mejora y acondicionamiento de instalaciones Mediante mecanismos de coordinación con Banjército, se acondicionaron y mejoraron las instalaciones en las aduanas de la frontera norte y en los principales aeropuertos internacionales, como pintura, señalamiento, iluminación y sanitarios en las siguientes acciones:
Difusión Se organizó una Campaña de Difusión en el marco del Programa Paisano, relativa a los procedimientos actualizados en materia aduanera, así como sugerencias y recomendaciones en general durante el tránsito por la aduana. Se llevará a cabo en diversos medios de comunicación, en territorio nacional y en Estados Unidos, así como en carteles y folletos que estarán a disposición de nuestros paisanos en los principales accesos y áreas de trámite, en los módulos CIITEV, en las garitas y en general, en todos aquellos puntos de contacto con la autoridad aduanera.
Programa de capacitación y adiestramiento para personal de contacto y de supervisión. Se lleva a cabo un programa de capacitación y sensibilización al personal encargado de realizar los trámites, involucrando aspectos técnicos y humanos. Entre los temas impartidos se encuentra el de calidad en el servicio y atención; trámites aduaneros de pasajeros y de importación temporal de vehículos, así como la coordinación interinstitucional en el desarrollo de los operativos. de supervisión. Este esfuerzo realizado por la Administración General de Aduanas se lleva a cabo con el apoyo de las diversas dependencias involucradas en el programa.
Año con año, la Administración General de Aduanas ha logrado tener mejores resultados, disminuyendo sensiblemente el número de quejas. Actualmente se analizan nuevos esquemas que permitan mejorar aún más los trámites aduaneros.
El compromiso es mejorar nuestra atención día con día, nos interesa desarrollar y fomentar una cultura de cambio e información, que elimine problemas que surgen por el desconocimiento de la normatividad.
La Administración General de Aduanas, en un esfuerzo para mejorar sustancialmente el servicio en cada una de sus áreas, da a conocer el presente Programa de Mejora al Servicio de Atención, que tiene como objetivo brindar mayores beneficios a nuestros usuarios y dar la bienvenida a los paisanos que con motivo de los festejos de fin de año regresan para reunirse con sus familiares y amigos.
El Programa Paisano como instrumento de la administración pública, ha evolucionado favorablemente, generando la confianza de nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Ellos saben que al internarse a México siempre habrá una mano amiga y alguien que los apoyará en la defensa y protección de sus derechos fundamentales.
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.
Atentamente.Lic. Mauricio Mireles Poulat (rúbrica), administrador Central.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-3-1832, suscrito el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99749, signado el 2 del actual por el Gral. Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Defensa Nacional.--- Estado Mayor.
C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Por orden del C. General secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5812/05 del 27 de octubre del 2005, mediante el cual comunicó a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo único establece que la Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación para que, en coordinación con las dependencias estatales y municipales competentes, garantice la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en los periodos vacacionales, hago de su conocimiento que esta Secretaría continuará, con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales, participando en las acciones para garantizar la seguridad de los connacionales que retornan al país, sobre todo en periodos vacacionales, utilizando el despliegue operativo que de manera permanente existe en el territorio nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.México, DF, a 2 de diciembre del 2005.--- Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres (rúbrica), subjefe de Doc. Mil. del EMDN.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención a los oficios números D.G.P.L.59-II-3-1832 y D.G.P.L.59-II-4-1685, suscritos el día 25 de octubre último por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia de los similares números 400/28.11.05/094 y 400/12.12.05/098, signados los días 28 de noviembre y 12 de diciembre del año en curso, respectivamente, por el licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez, subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales da respuesta a los puntos de acuerdo relativos al Programa Paisano y a la seguridad de los connacionales que retornan a México, en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Secretaría del Trabajo y Prevision Social.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En relación con su oficio de referencia por el que se hizo llegar a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado el 25 de octubre del año en curso, mediante el cual los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ha comunicado al ingeniero Francisco J. Salazar Sáenz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se ``exhorta al secretario de Gobernación para que, en coordinación con las dependencias estatales y municipales competentes, garantice la seguridad de los connacionales que retornan a México, particularmente en los periodos vacacionales'' le comento lo siguiente:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acusa recibo del punto de acuerdo referido y comunica que, pese a que no forma parte de la Comisión Intersecretarial que lleva a cabo el ``Programa Paisano'', cumplirá con el exhorto realizado en el ámbito de su competencia.
Sin otro particular, le solicito se haga llegar esta comunicación a los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Atentamente.Sufragio Efectivo. No Reelección
México DF, a 28 de noviembre de 2005.--- Lic. José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), subsecretario.»
«Secretaría del Trabajo y Prevision Social.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En relación con su oficio de referencia por el que se hizo llegar a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado el 25 de octubre del año en curso, mediante el cual los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ha comunicado al ingeniero Francisco J. Salazar Sáenz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se ``exhorta al secretario de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa ``Paisano'', continúe reforzando el funcionamiento de dicho Programa, particularmente en periodos vacacionales'', le comento lo siguiente:
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social acusa recibo del punto de acuerdo referido y comunica que, pese a que no forma parte de la comisión intersecretarial que lleva a cabo el ``Programa Paisano'', cumplirá con el exhorto realizado en el ámbito de su competencia.
Sin otro particular, le solicito se haga llegar esta comunicación a los CC. diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Sufragio Efectivo. No Reelección.México DF, a 12 de diciembre de 2005.--- Lic. José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica), subsecretario.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. D.G.P.L.59-II-4-1685, suscrito el 25 de octubre del año en curso por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 99131, signado el 30 de noviembre último, por el Gral. Bgda. DEM Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doc. Mil. del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al funcionamiento del Programa Paisano, particularmente en periodos vacacionales.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Defensa Nacional.--- Estado Mayor.
C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, me es grato referirme a su atento oficio número SEL/300/5793/05, del 26 de octubre del 2005, mediante el cual hace del conocimiento de esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de octubre del presente año, mismo que en su párrafo único establece que se exhorta al secretario de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersecretarial que vigila el programa ``Paisano'', continúe reforzando el funcionamiento e dicho programa, particularmente en los periodos vacacionales; al respecto, hago de su conocimiento que esta Secretaría continuará reforzando el referido programa, mediante el despliegue operativo de unidades y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que mantiene en todo el territorio nacional, para atender las necesidades de los mexicanos que ingresan al país temporalmente, ello, con absoluto respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.México, DF, a 30 de noviembre del 2005.--- Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres (rúbrica), subjefe de Doc. Mil. del EMDN.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-556, signado el 4 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para, los fines procedentes, original del similar número DCP-2506/05, signado el 5 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo al caso de Juan Robles Gutiérrez.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2121, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGGIMAR.710 007090, signado el día 6 del actual por el C. José Ernesto Navarro Reynoso, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a investigar la presunta introducción ilegal al país, traslado y disposición final del ácido 2, 4-D, mejor conocido como agente naranja; así como a informar sobre los resultados de dicha investigación.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2057, signado el 3 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, original del similar número DCP-2531/05, signado el 2 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a adoptar una posición propositiva y enérgica durante la undécima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático/primera Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2078, signado el 4 de noviembre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número EOO.SII.- 367, suscrito el 29 de noviembre último por el ingeniero Juan R. Elvira Quesada, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la situación legal de la empresa Altecin, SA de CV.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2047, signado el 27 de octubre del año en curso por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. BOO.04.08.-671, suscrito el 30 de noviembre último por la MCC Heidi Storsberg Montes, gerenta de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a agilizar la entrega del dictamen de diagnóstico climatológico de la ocurrencia del fenómeno climático indispensable para la declaratoria de contingencia.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2132, signado el 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 170/UCVPS/447/2005, signado el día 6 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instrumentar una campaña de información, a nivel nacional, para concienciar a la población, especialmente a quienes padecen de diabetes, sobre los riesgos de sufrir amputaciones y cómo prevenirlas.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2768, suscrito el día 4 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SEMARNAT/UCPAST/05/1491, signado el día 2 del actual por el ingeniero Miguel Guevara Torres, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a los programas de atención a la población indígena dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-1859, suscrito el día 20 de septiembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 6152, signado el día 17 de noviembre del año en curso por el licenciado José Luis Espinoza Díaz, secretario particular del secretario de Gobernación del estado de Puebla, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a investigar y combatir la distribución de drogas en las escuelas y sus inmediaciones; así como a adoptar un programa urgente de prevención y atención de las adicciones entre la población joven del país.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-1893, suscrito el día 27 de septiembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 3.- 765, signado el día 1 del actual por el C. Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a informar sobre las acciones que han sido implementadas; los convenios que a la fecha se han firmado; las proyecciones correspondientes; así como también los montos de inversión que se han comprometido para emprender el proyecto carretero denominado libramiento norte de la Ciudad de México.
Agradezco la atención al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2612, suscrito el día 20 último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 400 / 347 / 05, signado el día 6 del actual por el C. Lauro López Sánchez, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a vigilar, de manera más rigurosa, las actividades de las diversas Iglesias y asociaciones religiosas en torno al proceso electoral.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SSAL/02850/05, signado el día 2 del actual, por el embajador Jorge Chen Charpentier, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar e informar sobre la posible pérdida o ganancia de territorio en la frontera de México con Guatemala a causa del desbordamiento del río Suchiate.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-564, suscrito el día 8 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. SSAL/02853/05, signado el día 2 del actual por el embajador Jorge Chen Charpentier, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar sobre los acuerdos alcanzados y las propuestas presentadas por el Presidente de la República durante su visita a Argentina y Costa Rica; los argumentos para justificar la política de impulsar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas; así como la postura que asumirá el gobierno mexicano en materia de subsidios agrícolas durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. UCAI/4712/05, signado el día 7 del actual por la C. Ma. Teresa Bandala Medina, directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2204, suscrito el día 24 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 307-A- 1178, signado el día 6 del actual por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al apoyo para los estados afectados por las bajas temperaturas, a través del Fopreden.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2163, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102-K-IV-A-645, signado el día 9 del actual por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la exención del pago de peaje a los estudiantes que utilizan carreteras de cuota para el traslado a sus centros de estudio.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2612, suscrito el día 20 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 2840/FEPADE/2005, signado el día 2 del actual por la C. María de los Ángeles Fromow Rangel, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los funcionarios de los diversos órdenes de gobierno, a abstenerse de realizar conductas contrarias a la ley, así como a observar imparcialidad en el proceso electoral.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGVI/ 596/ 2005, signado el día 8 del actual por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2663, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102-B-CA-52/05, signado el día 9 del actual por el C. Alejandro Vázquez Salido, coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso de los huracanes Stan y Wilma.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 102 --B -- 234, signado el día 8 del actual por el C. Alonso García Tamés, subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. I-2793, suscrito el día 15 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DGF/ 797/ 2005, signado el día 8 del actual por el C. Carlos Bayo Martínez, director general de Fondo de Desastres Naturales de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar recursos del Fonden para la reconstrucción de la infraestructura carretera y apoyar a los damnificados por los efectos causados por el huracán Stan, en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2841, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 1.7.3/M 104/05, signado el día 12 del actual por el doctor Francisco Escobar Vega, director general adjunto de Relaciones Internacionales y Comités Especiales Legislativo y Judicial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como el anexo que en mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a presentar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2206 suscrito el día 24 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes copia del similar No. DCP-2573/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo de Kyoto.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2159, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DCP-2575/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a celebrar un convenio complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Brasil, que permita a las empresas públicas Pemex y Petrobras compartir información sobre los desarrollos tecnológicos en materia de explotación de hidrocarburos en aguas profundas.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-584, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. DCP-2563/05, signado el día 13 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre las políticas públicas y las acciones realizadas en favor de los emigrantes mexicanos, así como de las medidas tomadas para incentivar su permanencia en México y propiciar su retorno al territorio nacional.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. V-605 suscrito el día 22 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. CEI-100.-2005.0469 signado el día 13 del actual, por el C. Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional de la oficina del C. secretario de Energía, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2139 suscrito el día 15 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 112.-001148 signado el día 4 del actual, por el C. Lic. Felipe Zavala Ponce, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la aplicación de los programas de apoyos a la agricultura y la ganadería, por parte de esa dependencia y de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 16 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio No. III-2164 suscrito el día 17 de noviembre último, por el C. Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 09/000/009488/2005 signado el día 29 de noviembre del año en curso, por la C. Lic. María Guadalupe Jiménez Duardo, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar lo referente a presuntas irregularidades que se han presentado en las casetas de peaje de nuestro país.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente.México, DF, a 19 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, mexicana por naturalización, médica, con domicilio permanente en Galeana 130, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, en esta ciudad de México, DF, ante ustedes, con todo respeto, comparezco y expongo:
Que con fundamento en el artículo 37, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el permiso o licencia necesarios para admitir o aceptar y -en su caso- ejercer las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau (país del África Occidental, con quien el nuestro mantiene relaciones diplomáticas y consulares desde el año de 1974, fecha de su independencia) con los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de ministro, en los términos del decreto presidencial expedido en Bissau, el primero de los corrientes, por el propio Presidente de la República, general Joao Bernardo Vieira, pues no deseo perder mi ciudadanía mexicana sino conservarla.
Acompaño en original debidamente firmado, con una fotocopia para cotejo y devolución del primero, el decreto presidencial No. 64/2005 suscrito por el Presidente de la República de Guinea Bissau, emitido a través de la Presidencia de la República el primero de diciembre en curso, designándome para el cargo de referencia, el cual bajo protesta de decir verdad, manifiesto no haber aceptado o admitido hasta contar, en su caso, con la licencia o permiso de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión y tampoco he prestado voluntariamente ningún servicio oficial a ése o a cualquier otro gobierno extranjero como prohíbe la fracción II del citado mandato constitucional. Como dicho decreto original está redactado en idioma portugués acompaño así mismo una traducción no oficial de dicho decreto en idioma español.
También adjunto a esta respetuosa solicitud, el original y una fotocopia para cotejo y devolución del primero, de mi carta de naturalización mexicana No. 154, expedida a mi nombre por la Secretaría de Relaciones Exteriores el día 28 de enero de 1999, así como fotocopia de mi pasaporte mexicano ordinario A-ITA-010, expedido por la Embajada de México en Italia el 15 de enero de 2001 con vigencia hasta el 15 de enero de 2006.
De igual manera acompaño fotocopia del registro en el Registro Civil del Distrito Federal de mi matrimonio con el ciudadano mexicano por nacimiento Mario Augusto José Moya y Palencia, que tuvo lugar en Roma, Italia, el 26 de enero de 1996, y la correspondiente al nacimiento de nuestra hija, la menor, Aurizanda María Moya Ribeiro, actualmente de 7 años de edad, expedida por la Sección Consular de la Embajada de México en la propia ciudad de Roma, Italia, pero que es mexicana por nacimiento.
Por lo expuesto y fundado,
A ustedes CC. secretarios de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente solicito:
Único.- Tramitar a partir de esta fecha mi solicitud de licencia o permiso en los términos del artículo 37 constitucional, apartado C) fracción IV, para desempeñar las funciones de Consejera Personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau, en los términos del decreto Presidencial del mismo que adjunto y de acuerdo con las manifestaciones que bajo protesta de verdad he consignado en el presente escrito.
Protesto lo necesario.
México, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Dra. Aurizanda E. Pinto-Ribeiro de Moya (rúbrica).»«CC. Secretarios de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presentes.
Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, mexicana por naturalización, médica, con domicilio permanente en Galeana 130, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, en esta ciudad de México, DF, ante ustedes, con todo respeto, expongo:
Que como complemento a mi diverso escrito de comparecencia fechado el 20 de diciembre de 2005, y recibido por ustedes el 21 de diciembre del propio año, mediante el cual he solicitado permiso o licencia para admitir o aceptar y en su caso ejercer las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau, con los derechos y prerrogativas inherentes al cargo de ministro, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que, si obtengo dicho permiso y aceptara en lo futuro dicho cargo, habría de ejercerlo sin variar mi residencia en México, y no ausentándome del país en ningún caso más allá del plazo que indica la Constitución que nos rige (artículo 37, B. fracción II) ya que el objetivo esencial del mismo sería estrechar las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales con México y, eventualmente, con otros países de América Latina.
Por lo expuesto,
A ustedes CC. secretarios solicito:
Único. Tener por hechas bajo protesta de decir verdad las manifestaciones contenidas en el presente escrito a fin de que sean tomadas en cuenta en el trámite del permiso solicitado.
Respetuosamente.México, DF, a 2 de enero de 2006.--- Dra. Aurizanda E. Pinto-Ribeiro de Moya (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.
Distinguido señor Presidente:
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo a partir del 10 de enero de 2006.
Al mismo tiempo le pido atentamente se llame a mi suplente.
Aprovecho la ocasión para agradecer la solidaridad, apoyo y comprensión de los compañeros integrantes de esta LIX Legislatura por el trato cordial y respetuoso recibido durante mis actividades legislativas.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.México, DF, enero 4 de 2006.--- Dip. R. Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que dispone el artículo 78, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señora secretaria, ponga a discusión el punto de acuerdo.La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Maximiliano Alexander Rábago para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el XI distrito del estado de México, a partir del 10 de enero de 2006.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.
El suscrito, diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosNuestro país está experimentando un proceso de cambio político, que fortalece a las instituciones democráticas y representativas. Principalmente por el impulso de la sociedad, más que por el del gobierno o por acuerdos deliberados de las fuerzas políticas, vivimos un movimiento hacia la formación de nuevos equilibrios entre los poderes y a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, por parte de las instituciones públicas.
Efectivamente, el fenómeno de la rendición de cuentas, caracterizada por la garantía del derecho a la información consagrado en el artículo 8 de la Constitución, reglamentado por la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y concretada por el Instituto Federal de Acceso a la Información, obedece a un largo y sólido fenómeno de denuncia social, conducido por el ejercicio serio y responsable del periodismo. El cuestionamiento en torno a la racionalidad y legalidad de las decisiones públicas, así como a la manera como se administran los recursos fiscales que aportamos todos los ciudadanos, lleva a cambiar la manera de operar la administración pública.
El viejo paradigma de la administración pública centralizada, vertical y discrecional, está dando paso a un nuevo paradigma con instituciones que sean más responsables ante el Congreso y la sociedad; más flexibles, profesionales e innovadoras y, sobre todo, más honestas y transparentes. Los legisladores estamos involucrados, de manera determinante, en impulsar un cambio cultural que reivindique el Estado de derecho y erradique la impunidad y la corrupción.
El Poder Legislativo, en este siglo XXI, está llamado a asumir un papel más vigoroso en las funciones que le reconoce la teoría constitucional, sociológica y política del Estado, superando la función tradicional de carácter legislativo. En ese sentido, funciones como las de evaluación, control y fiscalización del quehacer gubernamental, forman una parte importante del renovado mandato popular depositado en su representación legislativa.
El Congreso realiza ambas funciones, la de control y la de fiscalización. En esta última, existen disposiciones legales específicas, un órgano camaral y la Auditoria Superior de la Federación, que evalúa la cuenta pública federal, que se revisa en un plazo de hasta 2 años después del período que corresponde. En el caso de la función de control, no había un órgano determinado, que se corresponda con la Secretaría de la Función Pública.
Desde el año 2003, la antigua Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública, sin que se actualizara la organización de ambas Cámaras del Congreso, a pesar de que la propia Ley Orgánica señala que por cada ramo de la Administración Pública Federal, existirá una comisión correlativa.
En el caso de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre del año pasado, el Pleno acordó la creación de la Comisión Especial de la Función Pública. Valorando la importancia de concederle una naturaleza permanente y dictaminadora, dicha Cámara aprobó el 1º de diciembre pasado, la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica, para reconocerla como comisión ordinaria. El proceso legislativo concluyó con la aprobación del Senado de la República a dicha modificación, el 15 de diciembre de 2005.
No obstante lo anterior, hacemos notar que actualmente no existe en el artículo 90 de la Ley Orgánica que contiene las comisiones del Senado de la República, una Comisión similar de la Función Pública.
Su aprobación tendría varios efectos positivos. En primer lugar, garantizar el adecuado ejercicio de facultades compartidas. Debemos tomar en cuenta que el ámbito competencial de la función Pública abarca leyes en materia del servicio profesional de carrera, las adquisiciones, los arrendamientos, los contratos de obra pública, los procedimientos contenciosos-administrativos, la mejora regulatoria, las acciones de transparencia y combate a la corrupción, los estímulos, premios y recompensas civiles, entre otras, de acuerdo con las facultades señaladas por el artículo 73 de nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, su creación permitiría una mejor coordinación entre las dos Cámaras del Congreso, en el ejercicio de las multicitadas funciones de control, evaluación y fiscalización.
El tercer elemento de valoración, es el de favorecer la eficacia legislativa, al determinar órganos específicos para la atención de estos temas y para producir las reformas a la legislación que ameriten.
Por estas consideraciones, reiteramos nuestro convencimiento de la necesidad y aporte al trabajo legislativo, que significaría la creación de una Comisión de la Función Pública en el honorable Senado de la República. En tal virtud, someto a su consideración la siguiente iniciativa con:
Proyecto de DecretoArtículo Único. Se adiciona una fracción XVI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pasando las actuales fracciones XVI a XXIV, a ser XVII a XXV, para quedar como sigue:
Artículo 90.
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I. a la XV. (quedan igual)
XVI. Función Pública
XVII. a XXV. (se recorren las actuales XVI a XXIV)
Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2006.--- Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica).»Es muy importante que esto que todos los mexicanos han estado en reiteradas ocasiones señalando sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas no quede tan sólo en una palabra o en un comentario, sino que pueda tener la oportunidad de que aquí en nuestras Cámaras podamos evaluar, analizar y estudiar y, en su momento, tengamos elementos que permitan a los servidores públicos el cabal cumplimiento de su función y, de esa manera, nuevamente los ciudadanos tengan confianza en las instituciones y tengan confianza en el Poder Legislativo para que sea éste el que con ese tipo de responsabilidades y con ese tipo de acciones pueda lograr lo que tanto queremos, que los servidores públicos cumplan cabalmente su función y su responsabilidad y, de esa manera, entreguen buenas cuentas cuando dejen su servicio que tuvieron en su administración pública. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.En efecto: sin duda, la libertad religiosa y las luchas por imponer la tolerancia religiosa tuvieron un papel destacado en los albores y la estabilidad del Estado constitucional, al ser condición indispensable para asegurar la paz y evitar que las diferencias religiosas continuaran siendo las causas de las guerras que habían caracterizado la Edad Media. La tolerancia, pues, se instituye como un cimiento esencial de todo el edificio constitucional. En nuestro país, el peso histórico de las relaciones del Estado con las iglesias es un factor que ha determinado el establecimiento de requisitos para que las asociaciones religiosas ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, pero ante un México dinámico y evolutivo se hace necesario autorizar nuestro marco jurídico constitucional en materia religiosa. En efecto, desde 1917 hasta 1992 teníamos en nuestro país un régimen identificado por un eje colmado de restricciones y prohibiciones de diversa y muy variada índole, circunstancia que provocó un retraso grave en la vigencia del derecho humano de la libertad religiosa.
La reforma por realizar en 1992 adecuó a las nuevas condiciones las disposiciones jurídicas en la materia. Dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las iglesias, de sus actuaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto. El mérito se puede evaluar en general en tres vertientes: el reconocimiento de derechos y libertad en el ámbito religioso y, por consiguiente, las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917; la regulación de la actuación de las iglesias como sujeto activo de derechos, cerrando la brecha de interlocución entre la iglesia mayoritaria y el Estado mexicano, que dio lugar a conflicto históricos entre ellos desde mediados del siglo pasado. Y, finalmente, la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa del derecho inalienable del ser humano. Con ello se cubrió un vacío jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos.
No obstante, dicha reforma ha resultado insuficiente para tutelar de manera óptima la libertad religiosa, y --por supuesto-- quedó rezagada desde su origen ante las normas y convenciones que rigen en este campo en el ámbito internacional, donde se destaca una falta de congruencia entre nuestro régimen interno en materia religiosa con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y los cuales son jurídicamente vinculatorios. Así, tenemos que el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como ``Pacto de San José'', establecen el derecho de toda persona para votar, conservar o cambiar sus creencias religiosas y para divulgarlas tanto en el ámbito privado como en el público.
Precisamente en esta última Convención Internacional, creada en 1969 y suscita por México desde 1961, se consagra la libertad de conciencia y de religión en esos términos, los cuales me permito citar: ``Toda persona tiene derecho a libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a la limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, los derechos y libertades de los demás''.
De lo anterior, sin demeritar en su gran magnitud los avances en materia religiosa que en su conjunto han traído muchos beneficios para la sociedad, puede afirmarse que en nuestro país algunos aspectos continúan inconclusos, por lo cual se presenta ante esta soberanía una iniciativa de reforma constitucional, a efecto de ensanchar y fortalecer el derecho de la libertad religiosa.
Esta propuesta, que se basa en dos aspectos fundamentales, es resultado de un cuidadoso proceso de maduración incluyente, ya que cuenta con el concurso de voluntades, asociaciones religiosas de diferentes credos, para que cubra las expectativas en la materia y aporte nuevos elementos constitucionales y de valor a todos los individuos y grupos sociales, al ampliar los alcances y, por ende, las bondades de la libertad religiosa, teniendo sobre todo en cuenta el principio de responsabilidad. En efecto, la presente propuesta toma en cuenta nuestra historia y el avance democrático que se ha ido consolidando en nuestro país, así como los aspectos culturales.
Estamos ciertos de que avanzar en el reconocimiento de todas las dimensiones de la libertad religiosa es una necesidad y una exigencia de la dignidad humana. El primer aspecto fundamental de la propuesta tiene que ver con la necesidad de armonizar el contenido y alcance del artículo 24 de la Constitución General con el artículo 9o. de la misma Norma Máxima por lo que se refiere al derecho de reunión, eliminando de esta manera la limitación constitucional para que las manifestaciones públicas de carácter religioso puedan realizarse de manera ordinaria, sin necesidad de solicitar un permiso o licencia a la autoridad, en el cual su expedición estaría sujeta al criterio de la misma.
Así, tenemos que al ser aprobada esta propuesta por el poder revisor de la Constitución, las manifestaciones públicas de carácter religioso deberán ajustase a lo prescrito en los artículos 9o. y 130 de nuestra Norma Máxima, constituyéndose entonces como una potestad del individuo para reunirse con sus semejantes a efecto de realizar de manera lícita expresiones públicas de carácter religioso y en forma pacífica. Es decir, se debe tratar de actos extrínsecamente de carácter pacífico y cuyo objeto sea lícito, lo que significa que no debe pugnar con las buenas costumbres o normas de orden público. En ese tenor, se desprendería de manera correlativa la obligación del Estado y sus autoridades de no condicionar a ningún requisito las manifestaciones públicas religiosas, salvo los contenidos en los artículos constitucionales mencionados cuya satisfacción quede al arbitrio de la autoridad.
Sin duda, la restricción para realizar de manera ordinaria manifestaciones públicas de carácter religioso no representa más que una reminiscencia del anterior marco jurídico constitucional, que acotaba las libertades públicas en materia religiosa; en tanto, hoy no se puede ir en contra de una libertad fundamental reconocida como derecho humano inalienable por la codificación internacional.
El segundo aspecto de la presente iniciativa pretende la sustitución de la expresión ``libertad de creencias'' por la de ``libertad religiosa'', lo que no implica únicamente un cambio de conceptos sino el empleo de una expresión cuyo alcance y contenido resulta ser el más adecuada respecto al derecho humano que se tutela. En efecto, el derecho humano a la libertad religiosa no se limita a la libertad de creencia, aunque la primera considera la segunda. Mientras que la creencia se refiere a convicciones radicadas en la conciencia, el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio, el cual cuenta con variadas formas en que se ejerce y manifiesta en la vida cotidiana y social.
Conforme a las fuentes de derecho positivo, la libertad religiosa posee ciertos elementos constitutivos reconocidos internacionalmente, los cuales son la libertad de conciencia en materia religiosa, la libertad de culto, la libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia, grupo o comunidad religiosa, el derecho a la educación religiosa, el derecho de asociación religiosa, elementos que si bien es cierto que se desdoblan normativamente en el artículo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es pertinente que, como una decisión política fundamental del Estado mexicano, vayan implícitos en la expresión ``libertad religiosa'' en nuestro texto constitucional y no puedan ser cambiados o modificados por el órgano legislativo federal, sino únicamente por el Constituyente Permanente.
De los aspectos anteriores se desprendió la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución federal para que tal derecho se reconozca de manera amplia en congruencia con las condiciones de diversidad y pluralidad de creencias, confesiones, prácticas y manifestaciones religiosas existentes en nuestro país y en el mundo. Estamos seguros de que nuestra sociedad ha alcanzado un aceptable nivel de madurez en este rubro para ampliar la tutela a esta dimensión de la libertad religiosa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Único. Se reforma el primer párrafo y se deroga el párrafo tercero, ambos del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 24. ... Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como a manifestar de forma individual o colectiva, en público o privado, las ceremonias, actividades o expresiones de la religión o culto profesado, siempre que no constituyan un delito o falta sancionada por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Iniciativa que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN
Federico Döring Casar, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de clarificar y ampliar la libertad religiosa, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl reconocimiento de la dignidad de la persona humana y, concretamente, de su libertad religiosa, es el camino por el que se han construido las sociedades democráticas occidentales modernas, haciendo posible la convivencia en libertad de una pluralidad de credos religiosos o filosóficos.
De tal suerte, que la libertad religiosa, es un fundamento básico de toda sociedad avanzada; no es de extrañarse que este es el principal derecho que protegieron las primeras declaraciones de derechos humanos.
En efecto, sin duda la libertad religiosa, y las luchas por imponer la tolerancia religiosa, tuvieron un papel destacado en los albores y estabilidad del Estado Constitucional, al ser condición indispensable para asegurar la paz, y evitar que las diferencias religiosas, continuarán siendo las causas de las guerras que habían caracterizado la edad media. La tolerancia, pues, se instituye como un cimiento esencial de todo el edificio constitucional.
En nuestro país, el peso histórico de las relaciones del Estado con las Iglesias, es un factor que ha determinado el establecimiento de requisitos para que las asociaciones religiosas ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones; pero ante un México dinámico y evolutivo, se hace necesario actualizar nuestro marco jurídico constitucional en materia religiosa.
En efecto, desde 1917 a 1992, teníamos en nuestro país, un régimen identificado por un eje colmado de restricciones y prohibiciones de diversa y muy variada índole, circunstancia que provocó un retraso grave en la vigencia del derecho humano de la libertad religiosa.
La reforma realizada en el año de 1992, adecuó a las nuevas condiciones las disposiciones jurídicas en la materia. Dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto. El mérito se puede evaluar, en general, en tres vertientes: a) el reconocimiento de derechos y libertades en el ámbito religioso y, por consiguiente, de las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917; b) la regulación de la actuación de las iglesias como sujeto activo de derecho, cerrando la brecha de interlocución entre la iglesia mayoritaria y el Estado mexicano, y que dio lugar a conflictos históricos entre ellos hasta mediados del siglo pasado y, finalmente, c) la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa, derecho inalienable del ser humano, con lo que se cubrió un vacío jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos.
No obstante, dicha reforma ha resultado insuficiente para tutelar de manera óptima la libertad religiosa, y por supuesto, quedó rezagada desde su origen ante las normas y convenciones que rigen en este campo en el ámbito internacional, de donde se destaca una falta de congruencia entre nuestro régimen interno en materia religiosa, con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito, y los cuales son jurídicamente vinculatorios.
Así tenemos que el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como el ``Pacto de San José'', establecen el derecho de toda persona para adoptar, conservar o cambiar sus creencias religiosas y para divulgarlas tanto en el ámbito privado como público. Precisamente en ésta última convención internacional, creada en 1969 y suscrita por México desde 1981, se consagra la Libertad de Conciencia y de Religión en ésos términos, los cuales me permito citar:
``Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado''.``Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.''
``La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.''
De lo anterior, sin demeritar en su real magnitud, los avances en materia religiosa que en su conjunto han traído muchos beneficios para la sociedad, puede afirmarse que en nuestro país, algunos aspectos continúan inconclusos; por lo cual, se presenta ante esta soberanía, una iniciativa de reforma constitucional, a efecto de ensanchar y fortalecer el derecho a la libertad religiosa.
Esta propuesta, que se basa en dos aspectos fundamentales, es resultado de un cuidadoso proceso de maduración incluyente, ya que cuenta con el concurso de voluntades de asociaciones religiosas de diferentes credos, para que cubra las expectativas en la materia, y aporte nuevos elementos constitucionales y de valor a todos los individuos y grupos sociales, al ampliar los alcances y por ende las bondades de la libertad religiosa, teniendo sobre todo en cuenta, el principio de responsabilidad.
En efecto, la presente propuesta toma en cuenta nuestra historia y el avance democrático que se ha ido consolidando en nuestro país, así como los aspectos culturales. Estamos ciertos que avanzar en el reconocimiento de todas las dimensiones de la libertad religiosa, es una necesidad y exigencia de la dignidad humana.
El primer aspecto fundamental de la propuesta, tiene que ver con la necesidad de armonizar el contenido y alcance del artículo 24 de la Constitución General, con el del artículo 9° de la misma norma máxima, en lo que se refiere al derecho de reunión, eliminando de esta manera la limitación constitucional, para que las manifestaciones públicas de carácter religioso, puedan realizarse de manera ordinaria, sin necesidad de solicitar un permiso o licencia a la autoridad, en el cual su expedición, se estaría sujetando al criterio de la misma.
Así tenemos que de ser aprobada esta propuesta por el Poder Revisor de la Constitución, las manifestaciones públicas de carácter religioso, deberán ajustarse a lo prescrito por los artículos 9° y 130 de nuestra norma máxima, constituyéndose entonces como una potestad del individuo para reunirse con sus semejantes, a efecto de realizar de manera lícita expresiones públicas de carácter religioso, y en forma pacífica; es decir, se debe tratar de actos extrínsecamente de carácter pacífico, y cuyo objeto sea lícito, lo que significa que no debe pugnar con las buenas costumbres o normas de orden público. En este tenor, se desprendería de manera correlativa, la obligación del Estado y sus autoridades, de no condicionar a ningún requisito las manifestaciones públicas religiosas, salvo los contenidos en los artículos constitucionales mencionados, cuya satisfacción quede al arbitrio de la autoridad.
Sin duda, la restricción para realizar de manera ordinaria manifestaciones públicas de carácter religioso, no representa más que una reminiscencia del anterior marco jurídico constitucional que acotaba las libertades públicas en materia religiosa. En tanto que hoy, no se puede ir en contra de una libertad fundamental, reconocida como derecho humano inalienable por la codificación internacional.
El segundo aspecto de la presente iniciativa, pretende la sustitución de la expresión libertad de creencias por el de libertad religiosa, lo que no implica únicamente un cambio de conceptos, sino el empleo de una expresión, cuyo alcance y contenido, resulta ser la más adecuada respecto del derecho humano que se tutela.
En efecto, el derecho humano a la libertad religiosa, no se limita a la libertad de creencia, aunque la primera contempla a la segunda. Mientras que la creencia refiere a convicciones radicadas en la conciencia, el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio, el cual cuenta con variadas formas en que se ejerce y manifiesta en la vida cotidiana y social.
Conforme a las fuentes de derecho positivo, la libertad religiosa posee ciertos elementos constitutivos reconocidos internacionalmente, los cuales son:
a) La libertad de conciencia en materia religiosa, que comprende el derecho a profesar en público o en privado la creencia religiosa que libremente se elija o simplemente no profesar ninguna; a cambiar o abandonar una confesión y a manifestar las propias creencias o la ausencia de las mismas, lo cual incluye la protección del derecho que posee en no-creyente a no creer, en ejercicio de la libertad que le corresponde.b) La libertad de culto, entendido como conjunto de actos y ceremonias a través de los cuales la persona rinde homenaje y celebra a una entidad superior o a cosas tenidas por sagradas y que comprende la práctica individual o colectiva de esos actos o ceremonias.
c) La libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones religiosas, mediante la que las personas pueden manifestar sus convicciones en formas diversas, desde reuniones privadas hasta públicas, pasando por la creación de centros educativos de formación religiosa y la comunicación pública colectiva por medios electrónicos; específicamente este derecho transita y, por tanto, debiera sujetarse a las mismas reglas que la libertad de expresión, cuya única restricción es respetar los demás derechos fundamentales de la persona o el individuo.
d) El derecho a la formación religiosa de los miembros de una Iglesia, grupo o comunidad religiosa, se traduce en el derecho a educar religiosamente, a través de reuniones o ceremonias en centros dedicados con ese fin y al servicio de los miembros de una determinada creencia o profesión religiosa.
e) El derecho a la educación religiosa, que consiste la facultad y libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, cuyo legítimo ejercicio corresponde a los padres y que tiene como escenario natural el seno familiar, por oposición a la imposición religiosa o antirreligiosa por parte de grupos sociales u organizaciones privadas. Cabe señalar que México, se ha comprometido en tratados internacionales, tales como el ``Pacto de San José'' a ``adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades''
f) El derecho de asociación religiosa, que consiste en toda persona tiene derecho a fundar asociaciones de carácter religioso o integrarse a las ya existentes, sin ser condicionado más que a las propias reglas o normas morales que a sí mismos se impongan, así como la posible ilegalidad de un grupo religioso solo puede ser determinada y sancionada cuando se cometa una infracción o delito, conforme a las leyes civiles. De ese modo se reconoce el derecho que tales asociaciones tienen para establecer su régimen interno y forma de organización, en la medida en que los grupos religiosos y las iglesias son instituciones de derecho propio, que existen con anterioridad a su reconocimiento jurídico.
Elementos éstos, que si bien es cierto, se desdoblan normativamente en el artículo 2° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, es pertinente que como una decisión política fundamental del Estado Mexicano, vayan implícitos en la expresión libertad religiosa en nuestro texto constitucional, y no puedan ser cambiados o modificados por el órgano legislativo federal, sino únicamente por el Constituyente Permanente.
De los aspectos anteriores, se desprendió la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución Federal, para que tal derecho se reconozca de manera amplia, en congruencia con las condiciones actuales de diversidad y pluralidad de creencias, confesiones, prácticas y manifestaciones religiosas existentes en nuestro país y en el mundo. Estamos seguros que nuestra sociedad ha alcanzado un aceptable nivel de madurez en este rubro, para ampliar la tutela de esta dimensión de la libertad religiosa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DecretoÚnico.- Se reforma el primer párrafo y se deroga el párrafo tercero, ambos del artículo veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como a manifestar de forma individual o colectiva, en público o privado las ceremonias, actividades o expresiones de la religión o culto profesado; siempre que no constituyan un delito o falta sancionado por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
TransitoriosPrimero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación reglamentaria respectiva, a lo normado en este decreto, en un plazo máximo de 120 días naturales.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006.--- Dip. Federico Döring Casar (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD
En solidaridad con Lydia Cacho Ribeiro
La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para despenalizar, en toda la República, las normas jurídicas sobre difamación, injurias y calumnias como una de las seguridades jurídico-constitucionales a la libertad de prensa, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl estado institucional de la libertad de expresión e información en México es aún desalentador. La mayoría de las recomendaciones que ha realizado el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales, permanecen sin cumplirse.
Durante el sexenio, diversos periodistas y editores han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. La ausencia de resultados para descubrir a los presuntos responsables y procurar justicia por parte de las autoridades competentes genera un mensaje de que hay temas que no deben ser abordados y, por tanto, constituye una forma de censura inadmisible en un estado que se pretende democrático y de derecho y pone de relieve que no hay garantías plenas para el ejercicio de las libertades informativas.
Del mismo modo, contrario a los cánones democráticos internacionales y los avances en naciones progresistas, en México todavía se hostiga y hasta se lleva a prisión a periodistas que ejercen crítica sobre el gobierno, servidores públicos o particulares poderosos, quienes recurren al obsoleto delito de difamación penal, para acallar a la prensa, lo que a su vez coarta la libertad de expresión.
La arbitraria detención de Lydia Cacho Ribeiro en cumplimiento de una orden de aprehensión girada el 12 de octubre pasado por la jueza quinta de lo Penal del estado de Puebla por presunta difamación contra el empresario Kamel Nacif Borges; así como la demanda civil, por supuesto daño moral, interpuesta por Marta Sahagún, esposa del presidente de la República, en contra de la empresa editora de la revista Proceso, son claros ejemplos de la aplicación de leyes que lejos de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar, o mejor dicho silenciar, el discurso que se considera crítico y de denuncia contra excesos de poderosos intereses.
Pareciera que los mecanismos de coerción contra la prensa se han sofisticado, pues ciertamente cada vez se acude menos al garrote o al soborno, pero a cambio se recurre al aprovechamiento de un marco jurídico que posibilita una discrecional, parcial y condicionada aplicación de la ley. Son leyes absolutamente anacrónicas y, por lo mismo, se aplican muy de vez en cuando en nuestro medio. Sin embargo, están ahí como una espada de Damocles para ser usadas cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.
Contra lo que establecen los principios universales en materia de libertad de expresión, el nuestro es uno de los pocos países occidentales en donde aún se tipifican como ilícitas estas conductas. En el fondo, la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, y la Constitución misma, consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma.
No obstante, en todos los códigos penales de la República mexicana, a nivel estatal y federal, se encuentran tipificados los delitos en contra del honor, particularmente el de difamación y calumnia, y en 17 códigos estatales el de injuria. La difamación, tal como la definen las leyes penales nacionales, se traduce en una acusación absurda. Por ejemplo, el Código Penal del Estado de Puebla (artículo 357, aplicado en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro), muy similar a otros en todo el país, señala: ``La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien''. Por lo que al imputado del delito de difamación no le es posible probar la verdad de sus afirmaciones, pues claramente establece el texto que la difamación bien puede ser un hecho cierto o falso. Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. La estricta aplicación de ese artículo mandaría a prisión a buena parte de los periodistas mexicanos. Más aún, el espíritu del tipo penal haría imposible el ejercicio del periodismo en México.
Frente a ello, hora más que nunca, y para no ver menguado el derecho a la libre expresión en un entorno de consolidación democrática, debemos pugnar por la despenalización de estos llamados ``delitos de prensa'', cuya sola posibilidad intimida al informador. Si los periodistas son víctimas de coerciones, persecuciones, denuncias por difamación penal, de trabas en el ejercicio de su función, de represiones, o de cualquier otra clase de conducta restrictiva, la atmósfera colectiva retrae sobremanera la posibilidad de expresarse. El clima no se vuelve propicio, y la gente prefiere la seguridad de no verse sometida a padecer un probable perjuicio, al desafío de hacer pública una opinión o denuncia. Y más aún si coincidimos con la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando sostiene que los efectos generados por la implementación de responsabilidades posteriores a la expresión, como la difamación penal, pueden equipararse con los mismos efectos provocados por la censura previa.
Las normas jurídicas penales sobre difamación, injurias y calumnias violan los derechos humanos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, consagrados en la Constitución General de la República y expresados en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión, al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos y a particulares. Al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público, fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.
En efecto, estas disposiciones jurídicas disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones pecuniarias. Incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas limitan indebidamente la libre expresión, porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones, y por lo tanto, no pueden probarse. Tampoco estas normas pueden justificarse diciendo que su propósito es defender el ``orden público'', ya que ello contraviene el principio de que una democracia que funciona adecuadamente constituye la mayor garantía de orden público.
La obligación del Estado de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, el Estado garantiza la protección de la vida privada de todos los individuos sin hacer un uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad individual de formarse opinión y expresarla.
Por ello, para asegurar la adecuada defensa de las libertades de prensa y de expresión, en concordancia con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 periodo ordinario, en la iniciativa que se somete a consideración de esta asamblea, se proyecta despenalizar, en toda la República, las normas jurídicas sobre difamación, injurias y calumnias como una de las seguridades jurídico-constitucionales a la libertad de imprenta, estableciendo textualmente en el segundo párrafo del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Y que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
Pero además, en estos casos, para que proceda la sanción pecuniaria, deberá probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
Es decir, sólo podrá incurrirse en responsabilidad civil en casos de ``real malicia''. La doctrina de la ``real malicia'' significa que el autor de la información en cuestión es consciente de que la misma era falsa o actuó con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de dicha verdad.
La adición al artículo 7° de la Constitución, que se propone, es el reconocimiento que la libertad de prensa constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que conmocionan, ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se adiciona el artículo 7°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 7°. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. En estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, ``papeleros'', operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía.
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del pleno de la H. Comisión Permanente, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Cinematografía, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEl cine constituye una de las expresiones artísticas más importantes de la humanidad. A través de la realización de películas los seres humanos retratan la realidad y la fantasía. Podemos decir que es un vehículo para la fantasía.
Esta expresión tiene más de un siglo y ha ido avanzando hasta convertirse en un producto de consumo masivo. El cine sirve también para expresar las realidades de los países y regiones del mundo.
Grandes realizadores de talla mundial han plasmado en imágenes su forma de pensar y de ver al mundo. Fellini, Buñuel, Emilio Fernández, Godard, Polanski, Scorsese, nos han obsequiado filmes que han quedado en la historia y en el subconsciente de millones de seres humanos.
México ha vivido un resurgimiento de la cinematografía nacional gracias al impulso que diversas casas productoras le han dado al realizar más películas, ello aunado a una serie de iniciativas por parte del gobierno e incluso algunas reformas de carácter legal que hemos aprobado en ese sentido. Ha habido avances pero aun falta mucho por hacer.
Las cadenas distribuidoras de películas también han tenido un resurgimiento. Son tres los grandes complejos que captan la mayor parte del mercado. Se realizan grandes inversiones para construir nuevas salas, las cuales buscan estar a la vanguardia en el aspecto tecnológico y de confort para el espectador.
Un negocio que se ha desarrollado a la par de los nuevos complejos es la publicidad previa al inicio de la exhibición de la película. Se proyecta una serie de anuncios y comerciales diversos que promocionan productos y servicios. Este hecho supone un ingreso adicional para las cadenas de exhibición, más allá de los ingresos por taquilla y venta de alimentos.
La fracción primera del artículo 18 de la Ley Federal de Cinematografía señala, que se entenderá la explotación comercial de películas cuando se obtenga un beneficio económico derivado de la exhibición en salas, videosalas, o cualquier otro lugar abierto o cerrado, sin importar el formato, soporte, tecnología que permita ser difundida al público.
De esta forma, la ley prevé el acto de recibir un beneficio derivado de la exhibición de películas. Lo que la ley no prevé es la proyección de publicidad y anuncios comerciales previos al inicio del filme.
El propio reglamento de la ley hace referencia a regular ciertos contenidos publicitarios, básicamente los que tienen que ver con bebidas alcohólicas y tabaco.
No pretendemos cancelar el derecho que tienen los exhibidores de recibir un beneficio económico adicional producto de los anuncios comerciales, lo que buscamos es que se regule el tiempo de proyección de los mismos.
Es preciso señalar también que los espectadores están pagando un boleto que les da derecho a ver una película sin ninguna pausa o anuncio comercial, aunque éste se dé previo al inicio de la exhibición.
El Estado tiene las atribuciones para regular la exhibición de producciones cinematográficas, por lo que estamos proponiendo reducir el tiempo de exhibición de publicidad comercial en las salas cinematográficas. Estamos convencidos que estableciendo un límite se puede equilibrar entre los intereses del exhibidor y de espectador.
Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 21 bis a la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:
Artículo 21 Bis. El tiempo de comercialización de bienes, productos o servicios que se incluya previamente a la exhibición pública de una película, en ningún caso podrá exceder de cinco minutos.
Tampoco podrá incluirse publicidad durante los intermedios que, en su caso, se hagan a las películas cuya duración sea mayor de ciento cincuenta minutos, o que se encuentren establecidos de origen.
TransitorioArtículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.El senador David Jiménez González: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores: sin duda, para ninguno de nosotros es ajeno saber y conocer que toda ley ordinaria y secundaria debe estar acorde con la Constitución; y en ella encontramos --es decir, en la Constitución-- una serie de preceptos donde se encuentran plasmadas las garantías que todos los mexicanos conocemos como ``garantías constitucionales''. Estas garantías constitucionales vienen siendo pieza fundamental en nuestro Estado de derecho.
Dentro de ellas, destacan, por su naturaleza, dos garantías que son indispensables en los actos de autoridades que pudieran lesionar la esfera de los gobernados. Estas dos garantías se encuentran plasmadas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Fundamental: la garantía de audiencia y la garantía de legalidad.
Esta garantía de audiencia y garantía de legalidad son las que permiten al gobernado poder establecer un medio de defensa contra cualquier acto de autoridad arbitrario o ilegal que pudiera lesionar la esfera de todo gobernado. Por eso hoy, al presentar esta iniciativa con proyecto de decreto, en el cual pido que se reforme el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene por objeto establecer una concordancia entre lo que establece este precepto de la citada ley con la Constitución. Hoy día, el artículo 192 prohíbe expresamente, entre otras, pruebas como la confesional, la testimonial, y esto no tiene la menor duda que viene a lesionar un medio de defensa de todo gobernado que se encuentre en los supuestos que establece la propia Ley de la Propiedad Industrial. Sabemos que en el artículo 14 de la Constitución se establece con toda claridad que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos si no es mediante un juicio que se siga ante los tribunales previamente establecidos, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para que de esa manera podamos, desde luego, satisfacer los requisitos legales de cualquier acto de autoridad.
Ahora bien, podríamos decir que, en relación con esta garantía de audiencia y legalidad, pues procedería contra los actos de las autoridades administrativas o las autoridades judiciales que pudieran tener ese efecto, el de poder lesionar esa garantía cuando uno de sus actos llevara consigo o por su propia naturaleza un acto de privación, pero nosotros nos preguntaríamos: ¿qué, solamente estas autoridades, las administrativas o las judiciales, son las que pueden llevar a efecto esto? Yo contestaría que no: también nosotros, los legisladores, podemos establecer un acto de privación cuando consignamos en algunos de los preceptos, como es el caso del artículo 192, donde se establece una prohibición en cuanto a la presentación de las pruebas, tanto testimoniales como la confesional.
De ahí resulta que la iniciativa que someto a su consideración tenga por objeto que suprimamos de este precepto la prohibición del ofrecimiento de la prueba testimonial. Sabemos que en todo juicio las pruebas son fundamentales para la demostración de un hecho o de un acto, de su existencia o de su inexistencia. De tal suerte, si nosotros establecemos en este precepto, en el 192 y lo mantenemos tal y como está, estamos lesionando fundamentalmente una de estas garantías constitucionales, la garantía de audiencia y la garantía de legalidad.
Por eso es tan importante que dejemos a salvo esa garantía constitucional y suprimamos desde el primer párrafo de artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial el de la prohibición de la prueba testimonial. En los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas y patentes, habremos de considerar que es admisible todo tipo de pruebas; por consiguiente, no tenemos por qué dejar en este precepto la prohibición de la prueba testimonial.
Por eso quiero presentar a consideración de ustedes, y pido a la Presidencia que en el Diario de los Debates de esta Comisión Permanente se inserte íntegramente mi iniciativa, pues quiero dejar la propuesta en la cual suprimamos este impedimento de la presentación de una prueba testimonial, de tal manera que la iniciativa con proyecto de decreto que someto a su consideración, la del primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, debería quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar:
Artículo 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, salvo que la confesión esté contenida en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.
De tal manera, estimadas compañeras y estimados compañeros, ésta es la propuesta que hago de modificación a este precepto, que consideramos contrario a la Constitución porque va en contra directamente de la garantía de audiencia y de legalidad.
De tal suerte que queda a su disposición, señor Presidente, esta iniciativa para que sea turnada a las comisiones para su estudio y dictamen. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI
El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosUno de los imperativos del sistema constitucional mexicano, que rige en el ejercicio de la función legislativa, consiste en que toda ley ordinaria debe ser acorde con los postulados constitucionales.
De acuerdo con lo anterior, entre los principios que deben respetarse en la emisión de una norma que prevea un acto de carácter privativo, es el relativo al de la garantía de audiencia y a las formalidades esenciales del procedimiento que se derivan de la misma, las cuales constituyen una de las bases fundamentales del Estado de derecho.
Al respecto, el segundo párrafo, del artículo 14 constitucional, establece lo siguiente:
``Artículo 14. ....Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
... ...''
El artículo transcrito prevé lo que se conoce como garantía de audiencia, la cual consiste en que los gobernados no pueden ser privados de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que dicha garantía constituya el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de los bienes referidos y, en general, de todos sus derechos.
En relación con lo descrito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el punto medular de la garantía de audiencia se encuentra en las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas en la jurisprudencia número 47/95, publicada en la página 59, tomo II, diciembre, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
``Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.''También es importante resaltar que la garantía de audiencia constituye un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, la que para respetar ese principio, debe consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados en defensa de sus intereses previamente al acto de privación, brindándoles la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos, especialmente a favor de la persona que va a resentir en su esfera de derechos un acto de privación.
Ahora bien, el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, es del tenor siguiente:
``Artículo 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.''
El precepto transcrito prevé que en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas o patentes, es admisible cualquier medio de prueba, a excepción de las pruebas testimonial y confesional, las que sólo podrán admitirse cuando consten en documental.
Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterio en el sentido de que el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución General de la República, porque sin justificación alguna, niega a las partes en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas o patentes, la posibilidad de ofrecer la prueba testimonial para demostrar sus pretensiones dentro de esos procedimientos, no obstante la importancia que pudiera tener para que el juzgador conozca de mejor manera la verdad de los hechos en esa clase de procedimientos; esto en virtud de que si bien la disposición de que se trata, acepta la prueba testimonial en su versión escrita, también lo es que esta modalidad altera la naturaleza de la misma, ya que su desahogo, en esos términos, se realiza sin la intervención del juzgador y de la parte contraria, lo que le resta el carácter de prueba plena que la caracteriza y la reduce a un mero indicio, que sólo sería capaz de probar los hechos que con ella se pretenden probar mediante su adminiculación con otros medios probatorios, lo que resulta violatorio del artículo 14 constitucional.
El criterio que declara inconstitucional el artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra publicado en la página doscientos treinta y nueve, tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del tenor siguiente:
``Propiedad industrial. El artículo 192 de la ley relativa, en cuanto establece que en los procedimientos de declaración administrativa no será admisible la prueba testimonial, viola la garantía de defensa plena contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución federal. El artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que en los procedimientos de declaración administrativa (de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa) no será admisible la prueba testimonial, viola la garantía a la defensa plena contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, sin justificación alguna, niega a las partes la posibilidad de ofrecer dicha probanza para demostrar sus pretensiones, no obstante la utilidad que pudiera tener para que el juzgador alcance un conocimiento verdadero de los hechos en esa clase de procesos, y aunque el propio numeral la acepta en su versión escrita, tal modalidad altera su naturaleza al grado que su desahogo en semejantes condiciones -sin la intervención de la juzgadora y de la contraria-, le quita el carácter de prueba plena que la caracteriza y la reduce a un mero indicio, que sólo podría demostrar los hechos que con ella se pretenden mediante su adminiculación con otros medios probatorios.''Como consecuencia de lo anterior, se propone a esta Soberanía, se reforme el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de que prevea que en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de marcas o patentes, es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional, salvo que ésta esté contenida en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.
Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor del siguiente.
DecretoArtículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 192, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
``Artículo 192. En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, salvo que la confesión esté contenida en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.''
TransitorioÚnico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de 2006.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»Presidencia del diputado Jorge Zermeño InfanteEl Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor senador David Jiménez. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Inicaiativa que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD
La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn esencia, la actividad de control es una función de información, y es en la difusión informativa donde reside la efectiva capacidad controladora del Congreso de la Unión. La información es, sin duda, el motor que mueve la maquinaria de eso que denominamos control parlamentario; si la información es abundante y rigurosa, los resultados que ofrezcan los instrumentos de control serán buenos, pero si dicha información es insuficiente, escasa o incluso denegada, los resultados serán desastrosos.
En este sentido, cabe relacionar control parlamentario y calidad de la democracia. En la medida en que los mecanismos y las posibilidades de control parlamentario sean potentes, alimenten la competencia política y faciliten la adopción de los consensos y la manifestación del disenso, la calidad de la democracia tiende a incrementarse. Si, al contrario, se ponen trabas a la utilización de los mecanismos de control y de información, se incrementan los ámbitos que quedan fuera del control político, o se sitúa el control parlamentario bajo la exclusiva decisión de la mayoría, la calidad de la democracia disminuye y las instituciones del Estado incrementan su crisis funcional y práctica.
Sin embargo, los equilibrios no existen por sí mismos, son producto, en todos los casos, de una adecuada instrumentación de medios de control. En particular, los mecanismos de control de gestión se han revelado en el derecho comparado como instrumentos de gran utilidad práctica para una buena gestión gubernamental, en virtud de que a través de ellos se pueden mejorar y esclarecer las políticas de gobierno, los servicios públicos y, en general, contribuir a la marcha de la administración, ejerciendo una supervisión pertinente.
En 1977, dentro del paquete de la llamada reforma política, se adicionó el tercer párrafo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cual las cámaras, a solicitud de una cuarta parte, si se trata de la de Diputados o de la mitad, si se trata de la de Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y los resultados de la investigación se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Según la exposición de motivos, esa reforma persigue el objetivo de que el Congreso de la Unión coadyuve de manera efectiva en las tareas de supervisión y control que realiza el Poder Ejecutivo sobre las corporaciones descentralizadas y empresas de participación estatal. Empero, al realizar una labor de interpretación no es fácil precisar claramente cuál fue el verdadero espíritu del legislador al introducir la adición de un tercer párrafo al artículo 93, esto si se considera que el Reglamento del Congreso General contemplaba una autorización general para la creación de comisiones especiales a las que bien podría habérseles dado funciones investigadoras.
Tal vez la intención del Constituyente Permanente fue no sólo precisar claramente esta facultad de las Cámaras, sino elevar esta figura a rango constitucional y consagrar un derecho a favor de las minorías parlamentarias que se preveía arribarían a la Cámara de Diputados por virtud de la que se llamó ``reforma política''. Pero ni el texto del dictamen ni los debates que se produjeran al respecto, dan luces suficientes para esclarecer el sentido de la adición.
Esta ambigüedad y una confusa redacción del texto definitivo del precepto han frustrado la creación de comisiones de investigación como verdaderos órganos de control parlamentario. De manera incongruente, se ha interpretado que el pedido para integrarlas de la cuarta parte de sus miembros, tratándose de la Cámara de Diputados, y de la mitad, si se trata de la de Senadores, es sólo un requisito de procedencia para que sea el pleno de la respectiva cámara quien resuelva finalmente si se conforman o no.
Evidentemente que para conceptuar adecuadamente este instrumento como un auténtico mecanismo de equilibrio entre los poderes, la intención del legislador constitucional debería ser en el sentido de obligar a la mayoría a someterse a la resolución de una minoría importante. Exigir para la solicitud un porcentaje específico de los miembros de cada una de los órganos legislativos no tiene ningún objeto, si después la mitad más uno puede desechar la propuesta.
Precisamente en este aspecto es donde subyace el motivo esencial de la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía, redimensionar a las comisiones de investigación como auténticos instrumentos de control parlamentario. Se trata de elevar a rango constitucional la facultad de su integración como un derecho esencialmente de las minorías.
Con el nuevo texto, la creación de comisiones de esta índole no estará sujeta ya al acuerdo de la mayoría parlamentaria, sino que serán las minorías quienes tengan la facultad para resolver sobre su formación. Esto es obvio, si aspiramos a que las comisiones de investigación sean efectivos órganos de control parlamentario, es necesario que su creación esté en manos de la oposición, quien se constituye, en un sistema democrático alternativo, como el agente más interesado en vigilar, y en su caso, exhibir la actuación del gobierno.
Por ello, con la nueva redacción se propone también reducir a una octava parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y a una cuarta parte, si se trata de los senadores, la proporción de miembros, en cada una de las dos Cámaras, que está legitimada para decidir sobre su constitución. Esclareciéndose con precisión que como derecho-facultad, el pedido formulado por la proporción indicada de legisladores no será un solo requisito de procedencia para su discusión en los plenos, sino antes bien, una determinación que vincula y obliga a la mayoría a someterse a la exigencia de una minoría importante.
Pero además, este derecho-facultad también se actualizaría mediante la petición conjunta de dos de los grupos parlamentarios existentes de cualquiera de los órganos legislativos, independientemente del número de legisladores que los integraran.
Abrir así la posibilidad real de que una minoría parlamentaria pueda conseguir en todo momento la creación de uno de estos entes de fiscalización, tendría el efecto inmediato de exigir del gobierno y de la mayoría parlamentaria, que le apoya o es afín, precaución, atención y un autocontrol permanente respecto de todas sus actividades.
Asimismo, de acuerdo con la iniciativa, el ámbito material de competencia de las comisiones de investigación se ampliaría, en particular, a toda actividad de la administración pública federal, centralizada y paraestatal y, en general, a cualquier asunto de interés general. El crecimiento del sector paraestatal durante los años setenta y la necesidad de su correlativa fiscalización fueron las justificaciones que utilizó el poder revisor de la Constitución para reducir el ámbito de competencia de las comisiones de investigación sólo a esa materia. Sin embargo, la importancia política y presupuestal cada día más creciente del sector central, aunado a la significativa reducción del número de empresas del sector paraestatal, determinan que la facultad investigadora deba incluir toda actividad de la administración pública federal; y además, a todo asunto de interés público, como está previsto en la mayoría de las legislaciones europeas. De este modo, cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión tendría facultades para establecer comisiones propias de investigación, de conformidad con las competencias específicas que les confieren los artículos 73, 74, y 76 de la Constitución General de la República.
Por otra parte, la conclusión de las indagatorias no quedaría reducida a sólo hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados, sino también a poner en el saber de la autoridad competente la comisión de actos lícitos, cuando se desprendieren responsabilidades penales o administrativas. En la exposición de motivos de la reforma que introdujo el párrafo tercero al artículo 93, se estableció que los resultados de las investigaciones se harían sólo del conocimiento del Ejecutivo federal y éste sería el que determinara las medidas administrativas y el deslinde de las responsabilidades que resultaran, según para conservar intactas las facultades del propio Ejecutivo y no quebrantar el principio de separación de poderes. No obstante, es claro que la preservación del Estado de derecho exige de todos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier acto ilícito cuya comisión se desprenda en el curso de una actividad de escrutinio.
De esta manera, las comisiones de investigación se convertirán en órganos técnico-políticos de trabajo de las cámaras, instrumentos lógicos de la actividad de fiscalización o de control parlamentario ejercida en el seno del órgano representativo sobre el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es recoger la información necesaria sobre cualquier asunto de interés público, a través de un instrumento colegiado de carácter temporal, integrado por una representación proporcional a la fuerza de los grupos parlamentarios en la Cámara, que implica unas facultades excepcionales para el desarrollo de su función, pudiendo, incluso, afectar a terceros extraños a las cámaras, y cuyos resultados pueden servir, en su caso, para una posterior resolución del Congreso o para poner en funcionamiento los procedimientos oportunos de exigencia de responsabilidad.
En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer las comisiones de investigación del Congreso de la Unión.
Único. Se reforma y adiciona el artículo 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
A determinación de una octava parte de sus miembros, tratándose de los diputados, de una cuarta parte, si trata de los senadores, o de dos grupos parlamentarios, las cámaras integrarán comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública federal o sobre materias de interés público. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal, del pleno de las cámaras y, en su caso, de la autoridad competente para conocer de los ilícitos.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionale de la Cámara de Diputados.El Comité del Premio Nobel de la Paz invitó al gobierno mexicano para que propusiera candidatos para recibirlo este año, y en esa invitación se indica expresamente que miembros de los Parlamentos pueden enviar propuestas de candidatos hasta el 1 de febrero. El fenómeno migratorio es actualmente uno de los temas más complejos y difíciles de la humanidad en todo el mundo. Miles de personas con o sin documentos traspasan las fronteras de sus países para buscar oportunidades y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. En su intento encuentran múltiples barreras físicas y sociales para alcanzar sus objetivos.
Esa gente es frecuentemente sujeta de discriminación, exclusión, xenofobia, explotación y de agresiones a sus derechos humanos, como lo fuera recientemente Guillermo --el compañero, paisano-- Martínez, que fue asesinado al cruzar la frontera de Estados Unidos con México. El doctor Jorge A. Bustamante Fernández, durante más de 30 años, ha dedicado su vida a estudiar el fenómeno mundial de las migraciones internacionales y ha luchado por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El trabajo excepcional de este mexicano ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional y sus propuestas han sido aprobadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Con su actuación experta y su dedicación académica, Jorge Bustamante ha logrado llamar la atención sobre la migración, principalmente sobre los trabajadores migrantes, y con ello ha salvado muchas vidas.
La vocación social, la excelencia de la obra académica y la contribución a la creación de una cultura de respeto de los derechos humanos de los migrantes, siempre bajo una visión pacifista, del doctor Jorge A. Bustamante le dan el perfil para ser acreedor al Premio Nobel de la Paz. Y esto, además --habrá que decirlo--, contribuiría a su trabajo que como relator desempeña en la Organización de las Naciones Unidas actualmente. Y, de igual manera, contribuiría a la causa de los migrantes. En razón de ello sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haga llegar antes del 1 de febrero de 2006 al comité noruego del Premio Nobel de la Paz.
Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente propone al Dr. Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz, suscrita por diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados y senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta comisión permanente la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones1.- El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco premios instituidos por el inventor e industrial sueco Alfredo Nobel.
Este premio se entrega, cada diez de diciembre, en Oslo, Noruega, a las personas físicas o instituciones que más hubieren hecho por fomentar la fraternidad entre las naciones o por promover acciones en pro de la paz y la defensa de los derechos humanos.
Recientemente, el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, integrado por cinco personas designadas por el parlamento de ese país, invitó al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a nominar candidatos para recibirlo este año.
En esa invitación, se indica expresamente que miembros de los parlamentos pueden enviar propuestas de candidatos hasta el uno de febrero.
2.- El fenómeno migratorio es actualmente uno de los temas más complejos y difíciles de la humanidad. En todo el mundo, miles de personas, con o sin documentos, traspasan las fronteras de sus países para buscar oportunidades y mejorar sus vidas en otras naciones.
En su intento, encuentran múltiples barreras físicas y sociales para alcanzar sus objetivos. Esta gente, es frecuentemente sujeta de discriminación, exclusión, xenofobia, explotación y de agresiones a sus derechos humanos.
La hostilidad, el sacrificio y hasta la muerte, pueden ser el precio a pagar por quienes se atreven a tomar la decisión de emigrar, no obstante que con su trabajo contribuyen a desarrollar económica y socialmente y a dar pluralidad y diversidad a los países receptores.
3.- El doctor Jorge A. Bustamante Fernández, durante más de treinta años, ha dedicado su vida a estudiar el fenómeno mundial de las migraciones internacionales y ha luchado por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El trabajo excepcional de este mexicano, ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional y sus propuestas han sido aprobadas en la comisión de derechos humanos de la organización de las naciones unidas.
Con su actuación experta y su dedicación académica, Jorge A. Bustamante, ha logrado llamar la atención sobre la migración, principalmente sobre los trabajadores migrantes, y con ello ha salvado muchas vidas.
4.- La vocación social, la excelencia de su obra académica y la contribución a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos de los migrantes, siempre bajo una visión pacifista, del doctor Jorge A. Bustamante, le dan el perfil para ser acreedor al Premio Nobel de la Paz y, en su caso, este premio apoyaría a la actual labor que desempeña como relator especial para los derechos humanos de la ONU y ayudaría a que se le diera el justo reconocimento a nuestros paisanos que arriesgan sus vidas para contribuir con su trabajo a la economía de los Estados Unidos de América.
En razón a ello, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión propone al Dr. Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.
Segundo: Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haga llegar, antes del uno de febrero de 2006, al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.
Palacio Legislativo, a 3 de enero de 2006.--- Dip. Heliodoro Díaz EscárragaDip. Julián Nazar Morales, Dip. Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, Sen. Oscar Cantón Zetina, Sen. Lucero Saldaña Pérez, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Dip. Sofía Castro Ríos, Sen. Sadot Sánchez Carreño, Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, Dip. Alfonso Juventino Nava Díaz, Dip. Enrique Burgos García, Sen. Lucero Saldaña Pérez (rúbricas).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado Heliodoro Díaz. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto en la recomendación 1709-2005 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Durante la sesión del pasado martes 21 de julio de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo parlamentario internacional del que México es país observador desde 1999, aprobó la Recomendación 1709, en materia de feminicidios en nuestro país. De acuerdo con esa recomendación, la Asamblea urge al Comité de Ministros del Consejo de Europa a crear un programa de cooperación y asistencia con México para promover la reforma judicial, organizar programas de entrenamiento e intercambios académicos y de capacitación para jueces, policías judiciales y expertos forenses para ofrecer ayuda legislativa en áreas como feminicidios y violencia doméstica. En esa oportunidad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó también la Resolución 1454, donde hace un llamado al Gobierno de México a implantar acciones para terminar con el clima de impunidad basado en la violencia de género y al Congreso de la Unión para completar las reformas judiciales y persecutorias que hacen falta para asegurar que las autoridades investiguen los casos de forma eficiente, expedita y transparente.Tanto la Recomendación 1709 como la Resolución 1451 emanan directamente del intenso trabajo de relatoría que ha encabezado la diputada suiza Ruth Gaby Bermont, como relatora del Consejo de Europa para recabar información sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Si bien el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, cuenta con órganos de gobierno cuyos integrantes son al mismo tiempo integrantes de las instituciones comunitarias de Europa; es el caso, por ejemplo, del Comité de Ministros. El Comité de Ministros es el órgano de decisión por excelencia del Consejo de Europa. Está formado por los ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros o por sus representantes permanentes en Estrasburgo. De esa forma, 25 de los 44 ministros integrantes de este Consejo son también integrantes del Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de esa entidad. Por ello resulta indispensable que en el contexto de una próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea, establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de tomar la Recomendación 1709 y acordar con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica con la mayor brevedad del Programa de Cooperación y Asistencia en materia de Feminicidios.
Entendemos que durante la próxima cumbre Unión Europea-América Latina, por celebrarse en mayo de 2006 en Viena, está prevista una reunión cumbre entre México y la Unión Europea, para lo cual pensamos que éste podría ser el momento para impulsar, si no se produce antes una reunión del Consejo Conjunto, este Programa de Cooperación y Asistencia para Ciudad Juárez. Este programa debería ser parte integral del actual Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea, con recursos y planeación suficientes, de acuerdo con las perspectivas financieras actuales sobre las que se basa la cooperación entre ambas partes y, desde luego, con su inclusión en las perspectivas financieras 2007-2013 para su aplicación futura. Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto en la Recomendación 1709 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en esa oportunidad acuerde con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica con la mayor brevedad del Programa de Cooperación y Asistencia en materia de Feminicidios.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en tal ocasión se proponga la inclusión de este Programa de Cooperación y Asistencia como parte integral del actual Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos México-Comisión Europea.
Es cuanto, señor Presidente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la Recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada integrante del grupo parlamentario del PAN en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México -- Unión Europea se de seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al tenor de las siguientes
ConsideracionesDurante la sesión del pasado martes 21 de julio de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo parlamentario internacional del que México es país observador desde 1999, aprobó la recomendación 1709 en materia de feminicidios en nuestro país.
De acuerdo con esta recomendación, la Asamblea urge al Comité de Ministros del Consejo de Europa, a crear un programa de cooperación y asistencia con México para promover la reforma judicial, organizar programas de entrenamiento e intercambios académicos y de capacitación para jueces, policías judiciales y expertos forenses, para ofrecer ayuda legislativa en áreas tales como feminicidios y violencia doméstica, para financiar la construcción de albergues de ayuda a las víctimas de violencia doméstica y para dotar del equipo necesario a un nuevo laboratorio forense en Ciudad Juárez.
En esa oportunidad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó también la resolución 1454 donde hace un llamado al Gobierno de México a implementar acciones para terminar con el clima de impunidad basado en la violencia de género y al Congreso de la Unión para completar las reformas judiciales y persecutorias que hacen falta para asegurar que las autoridades investiguen los casos de forma eficiente, expedita y transparente.
Tanto la recomendación 1709 como la resolución 1454 emanan directamente del intenso trabajo de relatoría que ha encabezado la diputada suiza, Ruth-Gaby Vermot-Mangold, como relatora del Consejo de Europa para recabar información sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En dos visitas a nuestro país, la señora Vermot-Mangold ha emitido recomendaciones de gran trascendencia para el combate a la violencia de género en México.
Si bien el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, cuenta con órganos de gobierno cuyos integrantes son, al mismo tiempo, integrantes de las instituciones comunitarias de Europa. Es el caso, por ejemplo, del Comité de Ministros.
El Comité de Ministros es el órgano de decisión, por excelencia, del Consejo de Europa. Está formado por los Ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros o por sus representantes permanentes en Estrasburgo. De esta forma, 25 de los 44 ministros integrantes de este Consejo, son también integrantes del Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de esta entidad.
Por ello, resulta indispensable que en el contexto de una próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europa, establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de retomar la recomendación 1709 y acordar con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.
Entendemos que durante la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina a celebrarse en mayo de 2006 en Viena, está prevista una Reunión Cumbre entre México y la Unión Europea, para lo cual pensamos que esta podría ser el momento para impulsar, si no se produce antes una reunión del Consejo Conjunto, este programa de cooperación y asistencia para Ciudad Juárez.
Este programa debería ser parte integral del actual Programa de cooperación sobre derechos humanos México-Comisión Europea, con recursos y planeación suficientes de acuerdo con las Perspectivas financieras actuales sobre las que se basa la cooperación entre ambas partes y, desde luego, con su inclusión en las perspectivas financieras 2007-2013 para su aplicación futura.
En una reunión, el pasado 2 de septiembre de 2005, con el Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea, el Embajador Michael Mathiessen, la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios pudo constatar interés, disposición y voluntad de la Unión Europea para establecer nuevos proyectos de cooperación para el combate a los feminicidios en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea se de seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en esa oportunidad acuerde con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en tal ocasión se proponga la inclusión de este programa de cooperación y asistencia como parte integral del actual Programa de cooperación sobre derechos humanos México-Comisión Europea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2005.--- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Gámez. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de Quintana Roo para que se abstenga de cualquier acto de persecución política contra el ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea, suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrantes ambos del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Iván García Solís: Quiero presentar a ustedes una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el gobierno del estado de Quintana Roo se abstenga de cualquier represión política en contra del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea, al tenor de las siguientes consideraciones:Primera. El día 26 de noviembre del año pasado se dictó formal prisión contra Juan Ignacio García Zalvidea, quien fuera entre 2002 y 2005 alcalde del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún. El Ministerio Público lo acusa de peculado por 125 millones de pesos, delito en el que habría incurrido durante su paso por el ayuntamiento que encabezó. Desde el comienzo de este trance judicial se señalaron numerosas anomalías, entre ellas, la incomunicación del indiciado y la fijación de una fianza estratosférica; pero hay un fondo político, que es el que queremos denunciar.
En la presidencia de Zalvidea, la presidencia de este ciudadano fue otorgada por la autoridad jurisdiccional electoral, luego que se comprobara que él había sido el ganador de la contienda y que el aparato gubernamental pretendía despojarlo de la victoria. Es decir, hay un antecedente político inocultable. Por otra parte, vemos que durante el ejercicio del ahora preso el Congreso local, a instancias del gobernador en turno, declaró la desaparición del ayuntamiento de Benito Juárez, la desaparición de poderes, que en un procedimiento ilegal que llevaría al depuesto munícipe a la cárcel brevemente, hay también ese otro antecedente.
Tanto la desaparición de poderes como el encarcelamiento del edil fueron anulados y la Suprema Corte llevaría al legítimo alcalde de vuelta a su cargo; es decir, ahí el gobierno vuelve a las andadas. No es una cosa novedosa sino que hay una especial intención de impedir que ese ciudadano compita en las próximas elecciones como candidato. Por ello estamos solicitando que esta Comisión Permanente haga un respetuoso, sí, pero enérgico llamado a las autoridades de Quintana Roo con objeto de que no sea privado de sus derechos para una posible participación en la justa electoral en puerta.
En virtud de todo lo anterior, en nombre de Emiliano Vladimir Ramos Hernández y en el mío propio, presento un punto de acuerdo con el carácter de
Único. La Comisión Permanente de este H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo para que se abstenga de cualquier acto de persecución política contra el ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea. Gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del estado de Quintana Roo, para que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra de C. Juan Ignacio García Zalvidea, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito, Emiliano VIadimir Ramos Hernández, diputado de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar, con carácter de urgente y obvia resolución, ante los diputados y senadores integrantes de la honorable Comisión Permanente, una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo para que se abstenga de cualquier acto de represión política en contra del C. Juan Ignacio García Zalvidea, al tenor de los siguientes
ConsiderandosI. El día 26 de noviembre del año pasado se dictó formal auto de prisión en contra de Juan Ignacio García Zalvidea, conocido popularmente como El Chacho, quien fuera entre los años 2002 y 2005 alcalde del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es la ciudad de Cancún.
II. El Ministerio Público lo acusa de peculado por 125 millones de pesos, delito en el que incurriría durante su paso por el ayuntamiento que encabezó. Desde el comienzo de este trance judicial, se señalaron numerosas anomalías, entre ellas la incomunicación del indiciado y la fijación de una caución estratosférica.
III. El fondo de este asunto se aprecia fácilmente si se hace breve memoria de sus antecedentes:
a. La presidencia de García Zalvidea fue otorgada por la autoridad jurisdiccional electoral luego que se comprobara que él había sido el ganador de la contienda y que el aparato gubernamental pretendía despojar de la victoria al legítimo triunfador;b. Durante el ejercicio del ahora preso, el Congreso local, a instancias del gobernador en turno, declaró la desaparición del ayuntamiento de Benito Juárez en un procedimiento ilegal, que llevaría al depuesto munícipe a la cárcel brevemente. Tanto la desaparición de poderes como el encarcelamiento del edil fueron anulados y la Suprema Corte llevaría al legítimo alcalde de vuelta a su cargo. Está por determinarse la sanción que se aplicará a los responsables.
c. Durante el proceso electoral en Quintana Roo, realizado a principios de 2005, el ex presidente municipal compitió por la gubernatura. Obtuvo el segundo lugar en una elección duramente cuestionada por la intervención del gobierno estatal. Sin embargo, la ciudadanía le concedió muchos más votos en Cancún que a sus contrincantes y un claro posicionamiento para las elecciones federales de este año, demostrando así que es hoy por hoy la única figura de oposición capaz de derrotar al PRI, que gobierna hoy día el estado.
IV. El peligro para el grupo gobernante es muy claro: dejar competir al C. Juan Ignacio García Zalvidea sería demasiado alto, así que pasando por encima de la voluntad ciudadana, pretenden evitar que se registre y compita en las próximas elecciones. A nadie sorprendería que, al final del juicio o en una sentencia de amparo, los cargos en su contra se encontraran infundados, pero el daño ya estaría hecho. Es claro que esto no es más que persecución de parte del gobierno y el PRI, a fin de despojarle de sus derechos políticos el tiempo suficiente para que no pueda competir. Es un consenso generalizado entre la población de Quintana Roo que si la aprehensión no privara de los derechos políticos a los reos, García Zalvidea no habría sido sometido a la acción penal.
En virtud de lo anterior, propongo a esta Comisión Permanente, de la manera más respetuosa que emita el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Quintana Roo a que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra del C. Juan Ignacio García Zalvidea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2006.--- Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado García Solís. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución.
La secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: No se considera de urgente resolución; túrnese a la Primera Comisión. Gracias, secretaria.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe acerca del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, por lo concerniente a la solicitud de rescisión administrativa promovida y al avance de las auditorías jurídicas y administrativas, Aeropuertos Mexicanos del Pacífico y empresas que lo integran.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano Presidente: este punto de acuerdo que ponemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente tiene sustento en los siguientes antecedentes:Con fecha 29 de octubre de 2003 y 25 de mayo de 2005, como otras que se habían presentado, se hicieron patentes las propuestas con punto de acuerdo para que se informara a esta Asamblea respecto de la actuación de Grupo Aeroportuario del Pacífico, manifestando con ello la similitud que nos ocupa a los casos de las privatizaciones anteriores de los bancos, de los ferrocarriles y de otras entidades y bienes públicos, demostrando que esos bienes que se entregan y que son propiedad de la nación afectan la soberanía nacional a cambio de dudosas prestaciones o contraprestaciones económicas y de un supuesto beneficio en infraestructura para nuestro país, que en el caso que nos ocupa es además inexistente y que ha llevado a Grupo Aeroportuario del Pacífico a tener ingresos fiscales que se transfirieron al convertir los derechos del uso del aeropuerto en tarifas por uso del aeropuerto para que ese grupo los acumulara entre sus ingresos.
Además de ello, se le ha pagado o se le ha dado una prestación por el monto de 10 millones de dólares anuales por una supuesta asistencia técnica y transferencia de tecnología, debiendo decirse que esta empresa de participación estatal mayoritaria, a pesar de ello, es administrada y operada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, y su director general es el español Carlos del Río Carcaño. También a esta empresa se concedió el pago de 1 por ciento de comisión por la venta del combustible de cada avión que aterriza y recarga en los aeropuertos, en los 12 aeropuertos que opera. Además, se le dio la autorización del pago de dividendos, ejercicios fiscales 1998 y 1999, por 447 millones de pesos. La concesión se inició el 1 de noviembre de 1998, como bien sabemos. Se le agregó también como concesión la devolución de impuestos por la vía de recursos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, casi suficientes para cumplir sus compromisos de inversión de 2002; ello, por supuestos cambios en materia de depreciación de 2001.
También se está apoyando esa empresa para la dispensa de los adeudos que por 140 millones de pesos en contribuciones estatales y municipales sostiene a la fecha el ayuntamiento de Tijuana, tiene intervenida, incluso intervenida la caja del aeropuerto y las cuentas bancarias de esta sociedad y ya se practicó el embargo de bienes, que está a punto de ejecutarse. Grupo Aeroportuario del Pacífico abrió, evidentemente, nuevas cuentas bancarias, desviando sus ingresos de esta operación de embargo. Se le está concediendo, como decíamos, el cobro al usuario del anteriormente llamado ``derecho de uso de aeropuerto'', que en beneficio de los concesionarios se convirtió en tarifa de uso de aeropuerto para que pudieran ingresarlo en su patrimonio.
Definitivamente, no hay medición ni sanción alguna por el incumplimiento del programa quinquenal de inversión a que se obligó este grupo, de acuerdo con lo establecido en la concesión. Cabe hacer notar que los aeropuertos que comprende Grupo Aeroportuario del Pacífico son, entre otros tan importantes, como el de Guadalajara, el de Tijuana, el de Los Cabos, Puerto Vallarta y otros de primera importancia. Pero, finalmente, señalaré que con fecha 22 de julio, en la oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se presentó la documentación mediante la cual se demanda la rescisión administrativa de la concesión del Aeropuerto de Tijuana y consecuente, su controladora Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV, sin que a la fecha se hayan dignado contestar razonablemente el requerimiento del informe de autoridad que se le tuvo que hacer mediante un amparo que se interpuso, para que contestara a la autoridad.
A la fecha no se ha contestado ello, por lo que en esta propuesta con punto de acuerdo solicitamos que se requiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que responda inmediatamente la promoción que se le presentó con fecha 22 de julio del año pasado y se dé curso a la demanda legítima para la revocación de la concesión a ese grupo aeroportuario español. Muchas gracias.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.
Proposición con punto de acuerdo, para que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe acerca del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), lo concerniente a la solicitud de rescisión administrativa promovida y el avance de las auditorias jurídicas y administrativas a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico y empresas que lo integran, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia
El que suscribe diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, partido político, con fundamento en el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo conforme a los siguientes
ConsiderandosDe fecha 29 de octubre de 2003 y 25 de mayo de 2005 han sido los puntos de acuerdo presentados a ésta honorable Asamblea en los que se ha informado acerca de la actuación del GAP, manifestando la similitud del caso que nos ocupa a la privatización de los bancos, los ferrocarriles y otras entidades paraestatales del pasado, demostrando la entrega de bienes nacionales con grandes perjuicios, que afecta la soberanía nacional, a cambio de dudosas contraprestaciones económicas y de un supuesto beneficio en infraestructura para nuestro país. En el caso que nos ocupa se evidencia que además de la concesión para la explotación libre de las instalaciones aeroportuarias de la Zona Pacífico que pertenecen a la nación se le otorgan las siguientes prestaciones adicionales
A) El pago anual por $10 millones de dólares por supuesta asistencia técnica y transferencia de tecnología a esta empresa de participación estatal mayoritaria, administrada y operada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y su director general, el español Carlos del Río Carcaño.B) El pago al GAP de 1% de comisión por la venta de combustible de cada avión que aterriza y recarga en los aeropuertos que opera.
C) La autorización del pago de dividendos (ejercicios fiscales 1998-1999) por $447.1 millones de pesos. La concesión inició el 1 de noviembre de 1998.
D) La devolución de impuestos por la vía de recursos fiscales, por parte de la SHyCP, casi suficientes para cumplir sus compromisos de inversión para 2002, según por cambios en materia de depreciación en 2001.
E) Adeudos por $140 millones de pesos en contribuciones estatales y municipales. A la fecha, el Ayuntamiento de Tijuana tiene intervenida la caja del aeropuerto y las cuentas bancarias, ya se practicó el embargo de bienes. El GAP aperturó nuevas cuentas bancarias desviando a éstas sus ingresos de operación.
F) El cobro al usuario del anteriormente llamado DUA que en beneficio de los concesionarios se modificó de derecho a Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA).
G) No hay medición ni sanción por el incumplimiento del programa quinquenal de inversión de acuerdo a lo establecido en la concesión.
AntecedentesEn 1999 el Grupo Ángeles, en unión con AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) participan y ganan la licitación de títulos representativos del capital social del GAP. Poco tiempo después, el Grupo Ángeles vende su participación a Holdingmex, controladora accionaria de la empresa Jugos del Valle. Holdingmex es utilizada como puente financiero por Unión Fenosa y Dragados de España, autorizándose esta venta simulada y, nuevamente, participando una empresa mexicana, sin la actividad o experiencia relacionada con la operación de aeropuertos. Con lo anterior, resulta preocupante que, mediante la bursatilización del Grupo Aeroportuario del Pacífico, las empresas españolas AENA, Unión Fenosa y Dragados de España adquieran 85% actualmente en poder del Gobierno federal (Nacional Financiera), equivalente al voto mayoritario del paquete de control que por ley sólo le correspondería a mexicanos.
Sirva mencionar acerca del acoso e imposición de condiciones arbitrarias que despliega el Grupo Aeroportuario del Pacífico contra los comerciantes arrendatarios de locales comerciales, con derechos derivados de anteriores administraciones, ubicados en el interior de las instalaciones aeroportuarias. Cuando al GAP se le otorga la concesión por 50 años, prorrogables en términos del artículo 15 de la Ley de Aeropuertos por otro período igual, a los locatarios anteriores sólo se otorgan plazos máximos de 3 años sin posibilidad de renovación con incrementos desmedidos en las rentas y aplicando medidas intimidatorias para quienes se resistan acatar sus nuevas políticas a este respecto.
Prácticamente, desde el inicio de la concesión, no obstante continuar siendo territorio federal mexicano, fue retirado el nombre oficial que, por decreto, tiene el Aeropuerto de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez y desde hace unos cuantos meses, después de 5 años, nuevamente izada la bandera nacional, zona que actualmente se encuentra en obra por la construcción de más locales comerciales.
Del aeropuerto de Tijuana existen múltiples denuncias de inseguridad, de la existencia de maleza seca, próxima a los depósitos de turbosina, de ambulantaje, etc... sin preocupación para el GAP y de las autoridades competentes.
Recientemente, el encubrimiento por parte del comandante y el administrador del citado aeropuerto del prófugo ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, cuyo avión privado realizó una escala programada proveniente de Tokio, sin advertir a las autoridades competentes, nacionales e internacionales, al respecto. El comandante de aeródromo representa a la SCT en su carácter de autoridad aeroportuaria, en tanto que el administrador al concesionario correspondiente.
Solicitud de rescisión de la concesión por la vía administrativa
Con fecha 22 de julio, en la oficina del secretario de la SCT, el señor Alejandro Vizcarra Estrada presentó la documentación mediante la cual se demandó la rescisión administrativa de la concesión del Aeropuerto de Tijuana, SA de CV, y consecuentemente de su controladora Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV.
El día 2 del mes y año en curso, mediante oficio No.101.001789 de la dirección general de Aeronáutica Civil de la SCT, su titular a este respecto informa: ``Con fecha 3 de marzo de 2005, esta área a mi cargo realizó una verificación técnico administrativa mayor al Aeropuerto Internacional de Tijuana, en la que examinó las condiciones en las que se encuentra funcionando el referido aeropuerto, levantándose el acta relativa que soporta el procedimiento administrativo que se ha iniciado a la concesionaria para que previa sustanciación del mismo se resuelva lo conducente.''
En la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes en esta H. Cámara de Diputados, el pasado 7 de septiembre, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, anunció que se procedería a realizar una auditoría jurídica y administrativa a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, socio estratégico del GAP, debido al préstamo realizado por Unión Fenosa a Holdingmex.
Punto de AcuerdoEl titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe informar a la Comisión de Comunicaciones dando vista también a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, acerca de
1. El proceso que guarda la demanda de rescisión administrativa promovida ante la SCT, con fecha 22 de julio del año en curso, tendiente a la revocación de la concesión otorgada al Aeropuerto de Tijuana, SA de CV, y su controladora Grupo Aeroportuario del Pacífico, SA de CV.2. El avance y resultados a la fecha de las auditorías al citado grupo, en lo jurídico y administrativo, anunciadas por el secretario de la SCT.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2005.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Schmal. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente integre una comisión plural de legisladores para asistir al Senado de Estados Unidos de América a analizar la ley Sensenbrenner con relación a la construcción del muro fronterizo.
El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño: Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
En primer término, condenamos el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez, cometido por un elemento de la Patrulla Fronteriza, y pedimos al gobierno mexicano que exija al de Estados Unidos el total esclarecimiento de este homicidio y el castigo de los responsables del mismo.
Este hecho revela con crudeza la necesidad de que el tema de la migración se atienda de manera urgente, racional, objetiva y, sobre todo, de manera ordenada e integral. No es posible que este fenómeno, el migratorio, se vea con un enfoque policiaco. No podemos admitir que se criminalice la migración; los migrantes no somos delincuentes y menos terroristas. La migración constituye un fenómeno que es una realidad, es un hecho irreversible.
La Organización Internacional de Migraciones señala que la migración es un elemento de la integración mundial: más o menos 3 por ciento de la población mundial, de los 6 mil 500 millones de habitantes de este planeta, son migrantes. Sin embargo, ante este hecho y ante esta realidad vemos de manera lamentable que en nuestro vecino país del norte hay voces que expresan los sentimientos más conservadores y radicales, y así hemos visto que se ha logrado imponer una votación para aprobar una iniciativa que hizo el representante James Sensenbrenner, calificada como la 44 37, de la que se deriva una serie de medidas que contradice el sentido en que debe de atenderse el fenómeno de la migración, una medida que, entre otras consecuencias, traería la del establecimiento de un muro de más de mil 500 kilómetros.
Históricamente, los muros se han levantado para impedir el paso, la relación entre países que muestran actitudes antagónicas o que son adversarios. Así lo vimos en el caso de Berlín y en el caso de Medio Oriente. Pero, ¿cómo explicar un muro entre dos países vecinos donde tenemos más de 3 mil kilómetros de fronteras donde hay más de 1 millón de cruces diarios, donde tenemos el mayor volumen de transacciones comerciales y en donde tenemos un Tratado de Libre Comercio? No es con ese tipo de decretos como puede atenderse el fenómeno migratorio. La realidad no se deroga con decretos. Demandamos por ello una posición objetiva, íntegra. Los mexicanos que emigran a Estados Unidos no buscan quebrantar ni violentar las normas y las instituciones de Estados Unidos; van a contribuir con la riqueza de Estados Unidos, van a sumarse a la creación de lo que significa hoy el disfrute de bienes y servicios de ese país. Por ello, ante la situación que puede derivarse de la aprobación de la ley Sensenbrenner, que se encuentra en el Senado, proponemos en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el siguiente punto de acuerdo, que tiene cuatro elementos: primero, la integración de una comisión plural de legisladores para emprender una acción inmediata ante el Senado de Estados Unidos, con el propósito de manifestarles y de expresar las inconveniencias, las consecuencias negativas y la errónea posición que representaría la aprobación en el Senado de la República de esa ley.
Segundo, establecer desde ahora, y a ella convocamos, una alianza nacional, una alianza en la que estén representados no sólo los poderes, sino todos los actores de nuestro país para construir un frente que luche por la dignidad de los migrantes, una lucha en la que queremos ver al Ejecutivo con un liderazgo y queremos decirle que de parte de la fracción priísta tendría todo el respaldo a ese liderazgo, que fuese un liderazgo firme, con valentía, en el que se defienda la dignidad de los migrantes.
En tercer término, proponemos una alianza internacional, alianza que pueda convocar a los pueblos latinoamericanos representados con sus gobiernos para buscar que en esta lucha se defiendan la vida y la dignidad de los migrantes porque el muro que hoy pretende construirse no sólo es una afrenta, un oprobio y una vergüenza que puede caer en el gobierno o en los pueblos que se encuentran al sur del río Bravo; constituye incluso un ataque a la dignidad humanitaria. Además de esta defensa y de buscar esta alianza internacional, solicitamos también que ante todos los foros internacionales donde México tiene presencia y voz, se denuncie este hecho, particularmente en las reuniones próximas que están por celebrarse: al inicio de la próxima semana, la Comisión Especial de la Unión Europea y el Congreso mexicano celebrarán una reunión aquí, en la Ciudad de México. Queremos que la delegación mexicana representada en este foro denuncie este hecho, que viola --repetimos-- el derecho internacional.
Tenemos la información de que en este mes, en la última semana, se llevará a cabo la Asamblea Parlamentaria; que la delegación mexicana ante el Consejo de Europa, también se pronuncie denunciando ante el Consejo de Europa esta denuncia. Y lo mismo que se haga ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ante el Parlamento Latinoamericano y también ante la Confederación de Parlamentarios de América.
Y concluyo con el último punto: sensibilizar también a la opinión pública de Estados Unidos de que los migrantes contribuyen con riqueza, que es necesario que los saquemos de esa sombra donde los tienen, que los hagamos visibles, que los migrantes no solamente son trabajadores, son personas y que tienen derechos. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente integre una Comisión Plural de legisladores, para asistir al Senado de Estados Unidos de América, a analizar la Ley Sensenbrenner en relación con la construcción del muro fronterizo, a cargo del senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del PRI
Punto de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión propone se integre una Comisión Plural de legisladores para asistir al Senado de Estados Unidos de América para analizar la Ley Sensenbrenner, en relación a la construcción del muro fronterizo.
Segundo. Convocar a una alianza de todos los sectores y actores de México para que junto con los poderes del país construyamos un frente común en la lucha por la dignidad y respeto a la vida de los migrantes.
Tercero. Movilizar a la opinión mundial, a través de dos tipos de acciones:
a) Respaldar la propuesta que se ha hecho en el legislativo y para integrar un bloque latinoamericano para la defensa de los derechos de los migrantes latinoamericanos.b) Denunciar en todos los foros internacionales las prácticas, acciones y legislaciones que atenten contra los derechos humanos al propiciar actitudes xenofobicas, racistas y discriminatorias.
Proponemos que en la reunión con los parlamentarios del Consejo de Europa, a celebrarse la próxima semana, se haga por parte de la delegación mexicana esta denuncia.Que en el seno del Consejo de Europa de igual forma se realice la denuncia.
Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Se solicite la opinión consultiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al Parlatino.
A la Confederación de Parlamentarios de América.
Cuarto. Sensibilizar a la opinión pública de los Estados Unidos para que hagamos salir de la sombra a los migrantes, de hacerles entender que no solo son trabajadores sino que también y sobre todo son personas que no son una carga para su economía, sino que crean con ellos su riqueza.
Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Saldot Sánchez Carreño. Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Angélica Ramírez Luna a fin de presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla a investigar los recursos destinados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla para la realización del encuentro La reforma política municipal, suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Angélica Ramírez Luna: Con su venia, señor Presidente. Con fechas 1 y 2 de diciembre del año pasado se desarrolló en la ciudad de Puebla el encuentro denominado La reforma política municipal, a invitación hecha principalmente por el ayuntamiento de Puebla, en cooperación con la Federación Nacional de Municipios de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A dicho evento acudieron alcaldes priístas de la región sur, así como el candidato a la Presidencia de la República por el mismo partido, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el secretario general del mismo partido, el gobernador del estado y el Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, todos ellos miembros e integrantes del Partido Revolucionario Institucional.La organización del evento corrió a cargo del ayuntamiento de Puebla y de la Federación en cita, teniendo como patrocinadores el gobierno del estado, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Luego entonces, la naturaleza de la realización del evento era para el análisis, discusión de temas sobre federalismo y reformas municipales. Sin embargo, en un comunicado emitido por el ayuntamiento de Puebla y la Federación Nacional de Municipios se hizo una reestructuración del programa a efecto de ser integrada la participación proselitista del candidato a la Presidencia de la República del PRI.
Se han establecido previamente denuncias por parte de los presidentes de los comités directivos, tanto municipal como estatal, del partido de Puebla sobre los hechos efectuados en dicho evento. Asimismo, el Consejo local del Instituto Federal Electoral presentó una denuncia ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales por la invitación por parte del ayuntamiento de Puebla para asistir al Encuentro nacional de reforma política municipal, el cual sería presidido por ``nuestro candidato'' --así decía la invitación-- a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional.
Con fecha 23 de noviembre del año pasado, el Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional denunció públicamente que desde las oficinas del ayuntamiento, a través de la Oficina de Innovación de Enlace Gubernamental del propio municipio, se difundía la invitación a un congreso nacional de municipios priístas y se promovía la invitación del candidato del Partido Revolucionario Institucional a dicho evento. Para la realización de ese evento, entonces, utilizaron recursos materiales y humanos, así como bienes muebles y equipos del ayuntamiento de Puebla en apoyo del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato a la Presidencia de la República. Los recursos públicos utilizados para el evento son recursos que se han destinado para el gobierno municipal, para ser utilizados en beneficio de la sociedad poblana y no en beneficio de una persona que representa un partido político y que representa intereses en las próximas elecciones federales.
Como legisladores federales, tenemos la obligación de denunciar los hechos que laceran nuestra integridad como sociedad y como ciudadanos. Las instituciones fueron creadas para respetarse, no para utilizarlas en favor o intereses de unos cuantos. El ayuntamiento de Puebla deberá informar de los términos del presupuesto y la justificación de los mismos para la realización de este evento proselitista. La fiscalización de los recursos públicos debe ser hecha a través de los órganos de fiscalización superior. De igual forma, las denuncias ante la Procuraduría General de la República deben ser turnadas a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Con la aprobación del presente punto de acuerdo exigimos la rendición de cuentas de nuestros gobernantes y la fiscalización de los recursos públicos y no en beneficio de un solo partido político. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Único. Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte respetuosamente al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, del Congreso del estado, a investigar los recursos destinados por el municipio de Puebla y por el gobierno del estado de Puebla para la realización del encuentro La reforma política municipal, efectuado los días 1 y 2 de diciembre del año pasado.
Señor Presidente, le solicito de la manera más atenta que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. De igual forma, le comunico que se han sumado a este punto de acuerdo el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, el diputado Felipe de Jesús Díaz González, el diputado Rogelio Flores Mejía, la de la voz y el senador Francisco Fraile García. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al órgano de fiscalización superior del estado de Puebla, a investigar los recursos destinados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla para la realización del encuentro ``La Reforma Política Municipal'', suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN
Los suscritos legisladores federales María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García, a la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta comisión permanente el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones1.- Con fechas 1 y 2 de diciembre del presente año, se desarrolló en la ciudad de Puebla el encuentro denominado ``La Reforma Política Municipal'', invitación que fue hecha principalmente por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla y el Gobierno Municipal, en cooperación con la Federación Nacional de Municipios de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
A dicho evento acudieron alcaldes priístas de la región sur, así como el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mariano Palacios Alcocer, la Secretaria General del mismo partido Rosario Green, el Gobernador del estado de Puebla y el Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, todos ellos miembros e integrantes del Partido Revolucionario Institucional.
La organización del evento corrió a cargo del Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza y de la Federación en cita, teniendo como patrocinadores al Gobierno del Estado, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, luego entonces, la naturaleza de la realización del evento era para el análisis y discusión de temas sobre federalismo y reformas municipales, sin embargo en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Puebla y la Federación Nacional de Municipios de México, se hizo una reestructuración del programa a efecto de ser integrada la participación proselitista del candidato Roberto Madrazo Pintado.
2.- Se han establecido previamente denuncias por parte de los presidentes de los comités directivos municipal y estatal de Puebla de Zaragoza y Puebla respectivamente sobre los hechos efectuados en dicho evento, asimismo, el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, presentaron una denuncia ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por la invitación por parte del Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, para asistir al Encuentro Nacional de Reforma Política Municipal, el cual será presidido por ``nuestro candidato'' a la Presidencia de la República, del Partido Revolucionario Institucional.
3.- Con fecha 23 de Noviembre del año en curso el Presidente del Consejo Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de la ciudad de Puebla, denunció públicamente, que desde las oficinas del ayuntamiento a través de la oficina de Innovación y Enlace Gubernamental del propio municipio se difundía la invitación a un congreso nacional de municipios priístas y se promovía la invitación del candidato del partido revolucionario Institucional a dicho evento.
Para la realización de este evento fueron utilizados recursos, tanto materiales como humanos, así como bienes muebles y equipos del Ayuntamiento de Puebla, en apoyo al Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.
Los recursos públicos utilizados para ese eventos son recursos que se han destinado para el gobierno municipal, para ser utilizados en beneficio de la sociedad poblana y no en beneficio de una persona que representará a un partido político en las próximas elecciones federales del año 2006; como legisladores federales, tenemos la obligación de denunciar los hechos que laceran nuestra integridad como sociedad y como ciudadanos, las instituciones fueron creadas para respetarse y no para utilizarlas a favor de los intereses de unos cuantos.
4.- El Ayuntamiento de Puebla deberá informar los términos del presupuesto y la justificación de los mismos para la realización de un evento proselitista a favor del candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional.
La fiscalización de los recursos públicos debe ser hecha a través de los órganos de fiscalización superior, de igual forma, las denuncias ante la Procuraduría general de la República deben ser turnadas a la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, con la aprobación del presente punto de acuerdo, exigimos la rendición de cuentas de nuestros gobernantes y de la fiscalización de los recursos públicos en beneficio de un partido político.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico.- Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte respetuosamente, al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Puebla, del Congreso del estado, investigue los recursos destinados por el Gobierno Municipal de la Ciudad de Puebla y por el Gobierno del estado de Puebla, para la realización del encuentro ``La Reforma Política Municipal'', efectuados los días 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en el estado de Puebla.
Dado en el Salón ``Legisladores de la República'' a 4 de enero del 2006.--- Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Angélica Ramírez. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez, y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El senador Raymundo Cárdenas Hernández: Gracias, Presidente; compañeras y compañeros: el joven Guillermo Martínez Rodríguez tal vez fue el último mexicano fallecido durante el año que acaba de terminar en la frontera con Estados Unidos. Desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio con nuestro vecino del norte, en 2004, Estados Unidos impulsó la llamada ``operación Guardián'' para hacer más difícil el cruce de esa frontera por mexicanos sin papeles. Hasta la fecha han perdido la vida, a partir de esa medida de política norteamericana, un poco más de 3 mil 600 mexicanos.
Sólo en los últimos tres años han muerto en esa frontera más mexicanos que todos los alemanes que perdieron la vida durante toda la existencia del Muro de Berlín, más mexicanos muertos en tres años. Y cada compañero, cada compatriota muerto es una historia, es una familia, es un drama; cada uno merecería que la sociedad mexicana muestre la indignación que está mostrando frente a este artero asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez. Hablé de 3 mil 600 migrantes muertos desde que se implanta la operación Guardián, pero no quiero que Guillermo Martínez pase a ser simplemente una estadística más.
Por esa razón es necesario expresar nuestra indignación por este asesinato en particular, exigir que se nos den todos los detalles de lo que pasó, que se esclarezca debidamente el tema y que quien resulte responsable pague por el asesinato. Ése es el contenido del punto de acuerdo que estamos presentando, y que no voy a leer dado que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, ya lo conocen los colegas legisladores. Sin embargo, señor Presidente, creo que es muy importante que entendamos que este hecho muy lamentable es resultado de una mala política de México frente a nuestros vecinos. México no ha discutido, no hemos discutido los mexicanos cómo nos debemos relacionar con nuestro vecino; más ahora, que está en la fase de implantación en el mundo como un imperio.
Eso lo dicen intelectuales muy relevantes de Estados Unidos, que hablan de que allá el único debate que existe es sobre cómo se ejerce esta función nueva de la superpotencia norteamericana en el mundo. El imperio norteamericano se va a imponer con la cooperación de otros países del mundo, con Europa, con Japón, con algunos países de América Latina, con China o, simplemente, se va a imponer la lógica de ``el que no está conmigo está contra mí'', que es la lógica que está imperando hoy en Estados Unidos.
Y esa lógica es la que está detrás del representante Sensenbrenner y es la lógica que estaba en la mente del policía que mató a Guillermo Martínez Rodríguez; es lo mismo. Es la idea de que ``somos el imperio y vamos a dominar el mundo y al que no le guste es su problema''. Claro, hay el temor de que se repitan acontecimientos como el ataque de las Torres Gemelas o del Pentágono; por esa razón, la lógica dice a estos imperialistas autoritarios que lo que tienen que hacer es no cambiar su política, no cambiar esa idea de dominar el mundo de ese modo, sino crear muros, crear un Estado policiaco. No creo que si esta política avanza vayamos a dejar de lamentar los muertos en la frontera y creo que van a aumentar, pero creo que al rato ya no vamos ver policías agrediendo mexicanos sólo en la frontera sino en todo el territorio norteamericano porque estas leyes lo que pretenden es criminalizar a todos los ilegales, y ésos están en una gran parte de los estados de la Unión Americana.
Al rato, si este tipo de política prospera, vamos a ver policías de los condados ayudando a la Migra en la persecución de hombres y de mujeres honrados que están trabajando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos pero que no tienen papeles. Por esa razón creo que está muy bien la propuesta que hizo hace un momento nuestro compañero Sadot Sánchez, aunque creo que lo primero que tenemos que hacer, antes de ir a Estados Unidos, es ponernos de acuerdo porque lo peor que podemos hacer hoy es que vayamos a llevar puntos de vista distintos o sólo hacer el reclamo, o también, repetir el error de sólo hablar del tema migratorio. Sostengo que desde 2004, cuando hablamos del libre comercio, debimos haber incorporado el capítulo migratorio y el capítulo de fondos para el desarrollo de México, como los tratados europeos lo hicieron.
Aquí, en México, está haciendo crisis la política de relación con Estados Unidos que inauguró Carlos Salinas de Gortari en el año 93, 94, cuando negoció el Tratado de Libre Comercio --el Tratado de Libre Comercio se empezó a aplicar el 1 de enero de 1994--. Creo, senador, para terminar, que esa política de tratar el tema del libre comercio por un lado, el tema de cooperación en la lucha contra el terrorismo por otro, de cooperación contra el narcotráfico por otro, de intercambio de información de inteligencia por otro, esa política de tomar los temas de la agenda con Estados Unidos como si fueran estancos separados es lo que está en crisis hoy.
El Estado mexicano tiene que elaborar una política integral y plantearla a nuestros vecinos; eso es lo que tenemos que hacer porque si vamos sólo a plantear el tema migratorio y no les decimos a ellos que el aumento vertical de la migración en los últimos años tiene que ver en parte con el modelo económico que ellos, a través del consenso de Washington, nos impusieron y le han impuesto al mundo, si no se los decimos, ellos simplemente nos van a cerrar la puerta en las narices, si vamos a Washington con una posición de sólo reclamo o de sólo rasgarnos las vestiduras por como nos tratan. Nos tratan, a mi juicio, de manera que corresponde a la actitud incorrecta del Estado mexicano que ha tenido desde hace algunos lustros. Gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del senador Raymundo Cárdenas Hernández, del grupo parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el suscrito Senador de la República pone a consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de AcuerdoPrimero. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena rotundamente el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez y se suma a las expresiones vertidas por la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo. Se solicita al Cónsul General de México en San Diego, California; Luis Cabrera Cuaron y al Embajador de México en Estados Unidos, Carlos de Icaza González, exijan a las autoridades de Estados Unidos, particularmente a la Patrulla Fronteriza, al Departamento de Policía de San Diego y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un informe puntual de los hechos y las investigaciones necesarias para esclarecer el homicidio de Guillermo Martínez.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República iniciar una averiguación previa contra quién resulte responsable y solicitar por la vía diplomática (SRE) la colaboración del Departamento de Justicia norteamericano.
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 4 días del mes de enero del 2006.El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Raymundo Cárdenas Hernández. El asunto ha sido solicitado de obvia y urgente resolución.
Consulte la Secretaría si este asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Sí se considera de urgente resolución; está a discusión. A esta Presidencia han hecho llegar algunos legisladores su deseo de participar: el diputado Jesús Porfirio González Schmal, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, el diputado Jorge Legorreta Ordorica, el diputado Renato Sandoval Franco, el diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia y el senador Héctor Michel Camarena. Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano Presidente. En efecto, estimadas y estimados legisladores: no podemos ya seguir ensayando los inútiles cartabones de una política exterior extraviada, de una política exterior fallida. Tenemos que reconocer y superar algo que nos ha detenido siempre respecto a estos agravios, a estas afrentas que ocurren en nuestra frontera norte, un sentimiento de culpa que, efectivamente, es histórico porque nos mantiene con la responsabilidad de haber cedido la mitad de nuestro territorio nacional a una potencia extranjera, después de haber estado invadidos.Pero es tiempo de que recobremos el sentido de la frontera histórica; tenemos que hacer memoria de que ni el Tratado de Guadalupe Hidalgo tiene y tuvo validez plena en derecho internacional porque fue celebrado mediante una ocupación violenta, militar del territorio nacional, y firmado por quienes no tenían representación plena para ello; y, por ende, los vicios de validez son evidentes. Pero también, porque históricamente tenemos que recobrar y tenemos que reivindicar el espacio para el desempeño, para el trabajo de los mexicanos en esas tierras que fueron nuestras. Tenemos, por consiguiente, que reconocer que en política exterior no incidimos en este recuerdo y en esta memorización clara de los antecedentes, y sólo estamos tratando coyunturalmente crisis momentáneas que aparecen y desaparecen en muy pocos meses. Efectivamente, nuestra política bilateral con Estados Unidos va a seguir errando y va a seguir acumulando consecuencias y dramas como éste que se nos presenta ya pronto en la edificación de esa frontera, de ese muro de la ignominia que tendrá o que se tendrá que ir construyendo paso a paso.
Es cierto; y en este sexenio se ha acumulado todavía esta serie de desaciertos, cuando el Presidente Fox la primera concesión que hizo a Bush apenas tomó posesión, nada menos que en la sede de su rancho de San Cristóbal, fue el otorgarle el pago de un adeudo de aguas de cinco años, cuando a México había agobiado la sequía, igual que a Texas, y que no podíamos evidentemente hacer esos pagos sino con el perjuicio que se hizo: el perjuicio de quitar el agua a los agricultores de Tamaulipas y de Coahuila, del distrito 025 y del 026, para dársela a los agricultores de Texas, porque estaba la reelección de Rick Perry, que entonces era el precedente de la reelección que después lograra Bush.
A esto se prestó el Presidente Fox, a que se llevara en las alforjas el texano el cumplimiento y la obligación de un pago que no debíamos; pero mucho más, se llevó a que todos esos agricultores condenados a la sequía por la falta de las aguas del afluente del Bravo evidentemente estén siempre pensando en cruzar las fronteras para subsistir, para sobrevivir, dado que en este país durante los seis años no ha habido crecimiento económico, ni progreso, ni empleo para las mayorías. Ésta, pues, tiene que ser hoy ocasión de que reflexionemos, sí, hacia dentro; pero liberemos ese sentimiento de culpa y nos enfrentemos de tú a tú con Estados Unidos de América.
Ese territorio fue despojado a la nación mexicana; en ese territorio tenemos oportunidad los mexicanos, debemos tenerla por un derecho humano fundamental de trabajar en un trabajo productivo que contribuya al bien no sólo de la nación vecina, sino al del propio país. En ese país podemos, como nuestra tierra de antaño, como la tierra de nuestros abuelos, laborar para que la tierra produzca frutos, pero que también produzca bienestar para los obreros, para los trabajadores, para los campesinos que las arreglan, que las trabajan, que las hacen productivas. Es, pues, ocasión de ver esta perspectiva. Admito con Raymundo Cárdenas que debemos romper una inercia de una política exterior sumisa y sometida a una política exterior frente a Estados Unidos con una verdadera conciencia histórica de que estamos hablando de nuestros territorios, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, estamos hablando de la dignidad y de la soberanía de la nación mexicana. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Schmal. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: hace apenas unos días nos enteramos, con pesar, del lamentable y artero asesinato de un ciudadano mexicano, Guillermo Martínez, de tan solo 20 años de edad, que buscaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejorar las condiciones de vida para él y para su familia, por lo que un agente de la Patrulla Fronteriza le propinó una herida grave producida por un tiro en la espalda con un arma de 9 milímetros, que más tarde ocasionaría su muerte.Este hecho demuestra una vez más lo primitivo del comportamiento del Gobierno de Estados Unidos, al agredir de manera alevosa a ciudadanos inocentes, cuyo único pecado es pretender progresar, sobre todo en un contexto en el que su país les ha negado oportunidades para su bienestar. Este acto se inscribe en el contexto de un endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, la cual podemos calificar sin ninguna reserva de xenófoba. La ampliación del muro de contención y las modificaciones legislativas aprobadas por la Cámara de Representantes son muestras claras del poco interés en lograr un acuerdo en materia migratoria con nuestro país.
El hecho de fondo es que Estados Unidos tiene una política esquizofrénica en materia migratoria. Se beneficia de mano de obra muy barata, sin seguridad social, sin prestaciones, en condiciones muy ventajosas para los patrones y empleadores; y, por otro lado, cierra sus fronteras y endurece su política, con el pretexto de proteger su soberanía y garantizar un combate del terrorismo. El gobierno mexicano ha cometido costosas omisiones en la materia; en su afán de lograr un acuerdo migratorio, ha permitido numerosas ofensas y desplantes del gobierno del Presidente Bush y del Congreso norteamericano. La política exterior, soberana de nuestro país, ha tenido una serie de retrocesos con tal de complacer a la nación más poderosa de la Tierra.
El gobierno mexicano debe ser más enérgico y productivo en la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos de América. Es imperativo destacar que el gobierno norteamericano, autoerigido en el defensor de los derechos humanos en otras partes del mundo, donde en realidad ha actuado como un genocida, como el caso de la invasión de Irak y el criminal bloqueo económico contra Cuba, se ha negado a suscribir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, en esta situación el gobierno mexicano debe insistir en que se respeten de manera irrestricta los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos.
Queda claro que no se exige un trato de excepción sino una aplicación objetiva de las leyes norteamericanas, donde nuestros connacionales tengan la oportunidad de interponer ante un tribunal los medios de defensa que las leyes les otorgan. Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad fraternal a la familia de Guillermo Martínez Rodríguez, y exige al gobierno norteamericano que finque las responsabilidades penales correspondiente al agente de la Patrulla Fronteriza de este cobarde y vil asesinato.
Exigimos al gobierno mexicano una postura digna y enérgica ante este lamentable hecho y ante la política migratoria de Estados Unidos. No podemos seguir siendo los que hagamos el trabajo sucio al imperio para lograr su complacencia; necesitamos una posición firme, enérgica. Y en esto, el Presidente Fox desde luego tendrá el apoyo de todos los mexicanos, porque ya basta de que Estados Unidos haga lo que quiera en todas partes del mundo. Ya es tiempo de que los pueblos se levanten y digan un ya basta a esta situación, donde el imperio impone su ley, sin respetar el derecho internacional. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Espinosa. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Gracias, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el tema migratorio si bien no debe ser el único tema de nuestra agenda bilateral, sí es uno de los más importantes y uno de los que más controversias han causado en las últimas décadas.La complejidad y la diversidad de la movilidad poblacional que vive nuestro país han contribuido a que cumpla un triple papel frente al fenómeno migratorio, de modo que como país de inmigración y, finalmente, como territorio de tránsito de migrantes enfrenta retos especiales no sólo con quienes realizan esos movimientos migratorios, sino ante un conjunto de actores que se relacionan con el fenómeno migratorio internacional.
Debemos recordar que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, los mexicanos ocupan el primer lugar en las comunidades extranjeras que habitan en dicho territorio, donde según un estudio realizado por el Centro de Estudios para la Inmigración de Washington, uno de cada tres extranjeros es mexicano, lo cual nos obliga, tanto a Estados Unidos como a nosotros, a fortalecer los programas de cooperación y de ayuda a los migrantes y buscar concretar una agenda migratoria favorable para los ciudadanos mexicanos.
Como sabemos, en días anteriores el joven Guillermo Martínez Rodríguez, de 18 años, intentando alcanzar el supuesto ``sueño americano'', murió a manos de la Patrulla Fronteriza. No podemos olvidar que tan sólo durante el año pasado murieron más de 450 connacionales en su intento por cruzar la frontera, sin dejar de mencionar a los miles de migrantes que ven día a día vulnerados sus derechos, violentando con ello los principios y las normas del derecho internacional. Otro año comenzó, y no encontramos ninguna diferencia en la situación en que se encuentra sumergido nuestro país.
La incapacidad de llegar a un acuerdo migratorio se hace latente. El problema parece no tener fin, mucho menos por la existencia de visiones y la búsqueda de soluciones tan radicalmente opuestas entre los dos gobiernos. Mientras las administraciones de nuestro país han buscado el respeto de los derechos humanos de los migrantes y la no discriminación y violencia que son ejercidas contra ellos, el interés de Estados Unidos continúa siendo reducir la migración de indocumentados a través de cualquier medida, no importando que ciudadanos del mismo país ataquen descaradamente a nuestros connacionales con justificaciones inverosímiles.
El tema migratorio requiere un nuevo enfoque de largo plazo que permita que la movilidad y residencia de los nacionales mexicanos sean seguras, dignas, legales y ordenadas. Por ello se hace necesaria una negociación integral que aborde las raíces estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias y que considere la atención de la migración como una responsabilidad compartida, así como una enérgica condena por parte del Congreso a todas las acciones de las autoridades norteamericanas que denigren a los y a las ciudadanas mexicanas.
En el Partido Verde reprochamos enérgicamente el acontecimiento que ocurrió el 30 de diciembre por el asesinato de este joven y queremos hacer un llamado al Ejecutivo para que realice todas las acciones conducentes enérgicamente, para que el Gobierno de Estados Unidos haga algo al respecto y se pueda castigar a los responsables de este acto tan lamentable. Queremos hacer un llamado al Presidente Vicente Fox: ¡que se pongan a trabajar!; al secretario de Relaciones Exteriores, y que realmente esto ya no tiene que seguir ocurriendo.
Ya llevamos muchos años con esta problemática, con estos asesinatos de connacionales que, simplemente, están buscando tener mejores oportunidades de trabajo en Estados Unidos, las que no han encontrado aquí por diversas razones; una de ellas es el poco crecimiento de la economía en el gobierno del Presidente Vicente Fox, por eso tienen que ir a buscar otras oportunidades y no puede ser que se les trate de esa manera. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Legorreta. Tiene la palabra el señor diputado Renato Sandoval Franco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Renato Sandoval Franco: Con su permiso, señor Presidente: el pasado 30 de diciembre, aproximadamente a las 20:30 horas, el Consulado de México en San Diego fue informado de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su arma de fuego contra el nacional mexicano Guillermo Martínez Rodríguez, de 18 años de edad, quien se había internado en territorio estadounidense entre San Isidro y Otay, a la altura de la colonia Libertad, de Tijuana. Es importante hacer una recapitulación de lo que se ha hecho por el gobierno mexicano desde entonces.A nivel diplomático, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho entrega de una nota diplomática en la que, puntualmente, se solicita el esclarecimiento de los hechos, la realización de una investigación y el deslinde de responsabilidades, incluso penales, a las que haya lugar. En ese sentido, la Secretaría ha recibido ya confirmación por parte del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de que se ha iniciado ya la investigación correspondiente y que se esclarecerán plenamente los hechos.
A nivel local, el Consulado de México en San Diego mantiene un contacto permanente con las autoridades de la ciudad de San Diego y la jefatura de la Patrulla Fronteriza en el sector correspondiente. Por procedimiento, los consulados solicitan inmediatamente una investigación ante cualquier acto que implique una violación de los derechos de un connacional por parte de cualquier autoridad extranjera. Nuestro Consulado mantiene a su vez contacto con los familiares para prestarles la ayuda que sea necesaria. También por procedimiento, como parte del programa de asesorías legales, el caso ha sido turnado a los abogados consultores de la Secretaría y del Consulado para iniciar la demanda correspondiente, con independencia de las acciones que tomen las autoridades estadounidenses.
Aquí, es importante resaltar que ya la Procuraduría General de la República ha abierto una averiguación por el delito de homicidio calificado, la cual está siendo apoyada por la Procuraduría del estado de Baja California. Esto es importante, hacer una recapitulación, para ver lo que el gobierno mexicano en la vía diplomática está llevando a cabo, lo que expresaban los compañeros.
También es importante establecer muy claramente qué es lo que queremos para el caso en particular. Y aquí queremos ser muy concretos: primero que nada, es una condena unánime al asesinato de Guillermo Martínez a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza. Consideramos prioritario obtener toda la información sobre los hechos para poder dar un cauce legal a este lamentable suceso. Particularmente, exigimos que se aclaren las razones que llevaron al agente de la Patrulla Fronteriza a utilizar armas letales contra Guillermo Martínez, contraviniendo el acuerdo interinstitucional de seguridad fronteriza.
Condenamos el uso de fuerza letal hacia los inmigrantes que intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos y hacemos un llamado a las autoridades estadounidenses a abstenerse de utilizarlas, en cumplimiento del acuerdo mencionado. Hacemos un llamado a diversos actores políticos para que este hecho, fuera del control de las autoridades mexicanas, no sea considerado un retroceso en los esfuerzos de protección y de respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Por ningún motivo se justifica la muerte de Guillermo Martínez, pero ante estas circunstancias es aún más necesario mantener una posición firme, congruente y propositiva en busca de la justicia y un ambiente de diálogo y cooperación que permita avanzar en los diversos temas de la agenda migratoria.
Pero sobre todo, es importante exigir que se aplique la ley y se sancione a los agentes de la Patrulla Fronteriza en caso de que los resultados de la investigación confirmen que rebasaron su autoridad. Por eso hacemos este planteamiento muy claro, muy concreto de lo que consideramos deben ser los pasos diplomáticos para el esclarecimiento y la justicia que está demandando primeramente la familia de Guillermo Martínez y lo que esto implica para todos los migrantes mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Sandoval. Tiene la palabra el señor diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, senador Presidente: la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República, y de la Cámara de Diputados, manifestamos ante ésta, la máxima tribuna de la nación, nuestro repudio ante el homicidio del ciudadano mexicano, originario del estado de Jalisco, Guillermo Martínez Rodríguez, que tuvo verificativo el pasado 30 de diciembre de 2005, quien fue asesinado por un disparo de arma de fuego por la espalda en territorio estadounidense, dejando en la orfandad a dos menores, uno de tres años y el otro de seis meses de edad, que residen con su madre en Tijuana.Ante esto, el agente de la Patrulla Fronteriza que asesinó al migrante mexicano intentó justificar su reacción al afirmar que fue en respuesta a una agresión a pedradas por parte del joven fallecido y 13 indocumentados que lo acompañaban. Estos argumentos resultan irrisorios y carentes de lógica: ¿cómo es posible que si el fallecido lo estaba apedreando, el joven sufriera un disparo por la espalda? Lo anterior queda asentado en el primer informe que la corporación estadounidense entregó al Consulado General de México en San Diego, California.
Por ese hecho, tan indignante tanto para los mexicanos como para la comunidad latina en general, nos unimos al repudio de diversos sectores sociales e instituciones respetables a nivel internacional, tal es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que los hechos se esclarezcan y que este gobierno demuestre que existe una cancillería que vela por las garantías de los ciudadanos mexicanos. Creo que es el momento de terminar con la actitud xenófoba y racista que ejercen algunos ciudadanos norteamericanos sobre nuestros connacionales. Éste es un llamado de atención de lo que podría pasar si se pone en marcha el proceso de militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, así como las consecuencias de la construcción de la barda fronteriza.
Con esto parece que algunos estadounidenses olvidan que la economía de su país crece en parte gracias a la labor de la comunidad latina. Como representantes sociales a nivel federal, estamos preocupados y estaremos muy pendientes de los resultados que arrojen las investigaciones. En este orden de ideas, podremos percatarnos de que este lamentable hecho no hace más que poner en evidencia que sólo una ley que garantice el ingreso ordenado, legal y respetuoso puede resolver el problema migratorio, que es un asunto de vital importancia. Por ello, los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional que integramos la Comisión Permanente votaremos a favor del punto de acuerdo que presenta nuestro compañero senador Raymundo Cárdenas Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, senador Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zepahua. Tiene la palabra el senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Héctor Michel Camarena: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Guillermo Martínez Rodríguez era hijo de los señores Jaime Martínez Ávalos y de Ofelia Rodríguez Ruelas. Guillermo estaba casado con Mayra Irene Ponce Santana, con quien procreó dos hijos menores, Ismael Alejandro y Kimberly Martínez Ponce. Guillermo y su señora madre, y de ahí mi intervención, vivieron en mi estado, Colima, durante varios años, junto con su señora madre --su señora madre todavía vive en mi estado, Colima, en Tecomán--; y, por necesidades, Guillermo se tuvo que trasladar a Tijuana.
Por esta razón, quisiera en estos momentos, en nombre propio y en nombre del gobierno de Colima, dar mis más sentidas condolencias a sus señores padres, a su esposa y, sin duda, a sus hijos. Según los medios de comunicación, al presunto responsable de la comisión de esta conducta delictiva le han reasignado tareas administrativas, cuando debería, el probable responsable, estar arraigado, debería ya en este momento estar instaurada la averiguación previa en el gobierno norteamericano y estar también, ya en este momento, instaurada la averiguación previa por la Procuraduría General de la República, y estar investigando a fondo y en serio un delito que de verdad ofende no sólo a sus familiares: ¡ofende a todos los mexicanos! Y, como decía Raymundo, probablemente éste fue el último de diciembre de 2005, pero no va a ser el último que se va a seguir cometiendo por los norteamericanos.
Debemos poner un alto, pero un verdadero alto a esta ola de violencia que el gobierno norteamericano está haciendo contra nuestros connacionales. El gobierno de Fox no se ha cansado de decir que la excelente relación con el Gobierno de Estados Unidos es de tú a tú, de iguales, de socios, de amigos; sí, pero la diferencia es que ellos ponen las balas y nosotros ponemos los muertos. La verdad es que la política exterior con Estados Unidos ha sido de lo peor que hemos tenido en la historia. Nos amenazaron con el doble muro; nos cierran el Consulado en México en Nuevo Laredo; a nuestros compatriotas los reciben a balazos.
Ésa es la verdadera relación con Norteamérica, una relación insana, débil, torpe y de entrega. Compañeros: no podemos seguir así; debemos poner un alto a esta relación con Estados Unidos y debemos sentar todo un precedente para que nuestros connacionales sean respetados. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Héctor Michel.
A esta Presidencia ha llegado un comunicado de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública que señala que en la sesión celebrada el día de hoy acordó expresar su apoyo al punto de acuerdo presentado por el senador Raymundo Cárdenas con relación al homicidio de Guillermo Martínez Hernández. Firma el Presidente, senador Sadot Sánchez Carreño.
Consulte la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobada por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobada por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretaria. Aprobada; comuníquese.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Carlos Villalobos Organista, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo.
El senador Carlos Villalobos Organista: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: en nombre de Wadi Amar Shabshab, senador de la República por el estado de Quintana Roo e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, presento a esta soberanía, bajo estas consideraciones, el siguiente punto de acuerdo. Es por todos conocido que las gasolinas son un energético fundamental para toda la economía y que el incremento en su precio siempre tiene efectos inflacionarios.
El día primero de este año, y sin mayor preámbulo, el precio de las gasolinas Magna y Premium sufrió un incremento de un peso con 75 centavos por litro en el área circunscrita del municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. Históricamente, sólo se ha homologado en la zona libre de Belice el precio de la gasolina tipo Magna y no así el de la Premium, determinación histórica que hace infundado el incremento de esta última. Asimismo, es importante destacar que cuando el precio de las gasolinas ha sido menor en la zona libre de Belice respecto a lo ofertado en el territorio nacional, no se han tomado medidas para ajustar los precios a la baja, ya que en el pasado solamente ha intervenido el Ejecutivo federal para decretar variaciones al azar, castigando siempre al consumidor frente a dichas fluctuaciones de mercado.
El incremento de precio fue hecho intempestivamente, ocasionando graves perjuicios a la economía regional. Aunado a lo anterior, destaca el hecho de que el único municipio donde se aplicó dicho incremento fue el de Othón P. Blanco y no en el resto de la entidad, desestabilizando y obstaculizando así el desarrollo de este municipio, al localizarlo en una posición desventajosa respecto a los demás municipios de la zona. Es injustificado e innecesario el incremento de dicho energético, ya que la estabilidad en el mercado que se pretende solucionar tiene más costos que beneficios. Es obligación del Ejecutivo federal atender siempre al bien mayor, traduciéndose éste siempre en el impulso de la economía municipal y no en la imposición de obstáculos.
El Ejecutivo federal se ha abstenido de explicar a la población las razones que impulsaron la medida, generando mayor especulación entre los consumidores. Por todo lo anterior, la medida únicamente ha ocasionado una inflación artificial, causando perjuicios económicos a la población del municipio de Othón P. Blanco y a quienes se ha dado un tratado diferenciado respecto al resto de la población de Quintana Roo, así como a los demás estados que integran la frontera sur. Por tanto, presento la siguiente propuesta con punto de acuerdo:
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que revoque el incremento del precio de las gasolinas en el territorio circunscrito al municipio de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo.
Es cuanto, señor Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al Ejecutivo federal, que revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo, a cargo del senador Carlos Villalobos Organista, del grupo parlamentario del PAN
Wadi Amar Shabshab, senador de la República por el estado de Quintana Roo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos permito presentar ante esta H. Cámara una proposición de punto de acuerdo que deberá ser tramitada como de urgente y obvia resolución y sometida al H. Pleno de esta soberanía en términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento inmediatamente antes citado al tenor de la siguiente:
Consideraciones1. Es de todos conocido que las gasolinas son un energético fundamental para toda economía, y que el incremento en su precio siempre tiene efectos inflacionarios.
2. Que el día 1º del presente año, sin mayor preámbulo el precio de las gasolinas Magna y Premium sufrió un incremento de un peso setenta y cinco centavos el litro.
3. Que históricamente solo se ha homologado con la Zona Libre de Belice el precio de la gasolina tipo ``MAGNA'' y no así el de la ``PREMIUM'', determinación histórica que hace infundado el incremento de esta última gasolina. Así mismo es importante destacar que cuando el precio de las gasolinas ha sido menor en la Z.L. de Belice con respecto al ofertado en territorio nacional, no se han tomado medidas para ajustar los precios a la baja, ya que en el pasado únicamente ha intervenido el Ejecutivo Federal para decretar variaciones al alza castigando siempre al consumidor frente a dichas fluctuaciones del mercado.
4. Que el incremento anterior lo fue intempestivamente ocasionando graves perjuicios a la economía regional.
5. Que aunado a lo anterior destaca el hecho de que el único municipio en donde se aplicó dicho incremento lo fue el de Othón P. Blanco y no así en el resto de la entidad, desestabilizando y obstaculizando así el desarrollo en este municipio al localizarlo en una posición desventajosa con respecto de los demás municipios de la zona.
6. Que es injustificado e innecesario el incremento de dicho energético, ya que la estabilidad en el mercado que se pretende solucionar tiene más costos que beneficios. Es obligación del Ejecutivo federal atender al bien mayor, traduciéndose este bien en el impulso de la economía municipal y no así en la imposición de obstáculos.
7. Que el Ejecutivo federal se ha abstenido de explicar a la población las razones que impulsaron la medida generando mayor especulación entre los consumidores.
8. Es por todo lo anterior, que la medida únicamente ha ocasionado una inflación artificial causando perjuicios económicos a la población del municipio de Othón P. Blanco, a quienes se les ha dado un trato diferenciado con respecto del resto de la población quintanarroense, así como de los demás estados que integran la frontera sur. Es por tanto que es de urgente y obvia resolución la presente propuesta dada su propia y especial naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. se solicita al Ejecutivo federal para que revoque el incremento en el precio de las gasolinas en el área circunscrita al municipio de Othon P. Blanco, estado de Quintana Roo.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 3 días del mes de enero de 2006.»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado de urgente y obvia resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretaria. Está a discusión. Tiene la palabra el senador Óscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Óscar Cantón Zetina: Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciertamente, el 12 de septiembre del año pasado autorizó un aumento máximo de 4 por ciento en un paquete de medidas económicas para los bienes y servicios públicos que deben entrar en vigencia durante todo el año de 2006, entre los cuales se incluyen los precios de la energía eléctrica, el gas y la gasolina.
Es de especial significación para la zona sureste del país, donde existe el mayor rezago que tiene nuestra gran nación mexicana, acerca de las condiciones en que se desarrolla su población. El sur-sureste no tiene en lo absoluto las ventajas que tienen el norte y el centro del país, y ahora viene a darse otro golpe más a un municipio de Quintana Roo, que es Othón P. Blanco, que ha significado el alza desproporcionada, como dijo el orador que me antecedió aquí, en el precio de la gasolina y que está llevando a un malestar entre la población, a una irritación generalizada, pero --además-- a un daño importante, considerable a su economía.
Es el municipio Othón P. Blanco el menos favorecido con el turismo, que es donde se nutre la mayor parte de la economía de Quintana Roo y donde se fija la parte más vulnerable de la población, la parte del sur de Quintana Roo, donde básicamente está la población campesina y la población indígena. Este ``golpe'' que da el Gobierno Federal, porque solamente así se le puede llamar, no contempla de ninguna manera un trato amigable a los estados. Mi estado, al cual represento en este honorable Congreso de la Unión, Tabasco, sufre el mismo trato. Tenemos dos municipios fronterizos con Guatemala: Tenosique y Balancán; y el Gobierno Federal, terco y terco en no querer dar el trato de zona fronteriza. Y ahora, con Othón P. Blanco, en Quintana Roo, hace lo mismo; esto, a pesar de los esfuerzos de los quintanarroenses.
Aquí reconozco y acudo al recuerdo del senador Eduardo Bando, que desde 2002 presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo para pedir a Hacienda, precisamente al Gobierno Federal, este trato de justicia hacia sus paisanos. Se logró, se logró que se diera ese trato, lo que ahora el propio Gobierno Federal, en una contradicción enorme, vuelve a quitar. Esto es ser insensible al desarrollo regional, esto es que el gobierno del Presidente Vicente Fox no entiende que la península de Yucatán, que el estado de Quintana Roo acaba de ser lastimado profundamente en sus entrañas, en su infraestructura por los huracanes.
No se da cuenta de que hay miles de quintanarroenses deseosos de encontrar un empleo y de encontrar medios para que pueda recuperarse esa economía, su modo de vida. Por el contrario, con ese tipo de medidas se genera desempleo, pero también se generan conductas delictivas presumibles, como el contrabando, como la venta clandestina de combustible, de gasolina que viene de Belice, donde tiene un precio mucho más económico y que seguramente va a llegar a Quintana Roo, no hay ninguna duda.
¿Con ese tipo de medidas, de decisiones el Presidente Vicente Fox está demostrando solidaridad con quienes fueron afectados por los huracanes? Me parece que no, que es inadmisible. Por tanto... Por tanto, el Partido Revolucionario Institucional se solidariza con la propuesta que ha hecho el orador y dará, lo ha dado ya, su voto aprobatorio para que sea de urgente y obvia resolución este asunto y se haga la exhortación correspondiente al Presidente Vicente Fox, titular del Poder Ejecutivo federal. Muchas gracias por su atención; muy amables.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Cantón. Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición con punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretaria. Aprobada, la proposición; comuníquese.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo con relación a las irregularidades en la liberación del ciudadano Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corrupción de menores en el Distrito Federal.
El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores: en esta ocasión quiero presentar ante ustedes un caso sumamente preocupante. El pasado 22 de diciembre --parece que en diciembre se han acumulado hechos negativos varios-- fue absuelto, en este caso fue absuelto por el Juzgado Decimoquinto de lo Penal en el Distrito Federal un líder sindical, Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corromper a tres mujeres menores de edad, a quienes obligaba a sostener relaciones sexuales. La resolución del Juzgado Decimoquinto de lo Penal presenta una serie de irregularidades que ponen en evidencia las deficiencias en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, que --como todos sabemos-- es un sistema sumamente dañado, sumamente lastrado por la corrupción y por la venta, la compraventa de la justicia. Aquí, en este caso, se trata de que se está buscando la impunidad de este gravísimo caso.En la resolución se indica --adviertan ustedes las palabras provenientes de ese juzgado--: ``Se pudo haber actuado con el consentimiento de las menores agraviadas, lo que representa una supuesta exclusión de delito por tratarse de actos sexuales consentidos''. Esto está referido a menores de edad, lo cual resulta a todas luces inaceptable, pues un hecho así configura, cuando se trata de menores de edad, configura el delito de corrupción de menores. No podemos permitir que esto ocurra en la Ciudad de México ni en ninguna otra parte del país. Por otra parte, la sentencia absolutoria no fue firmada por la titular del juzgado, quizá tuvo algún rubor para no hacerlo, sino que el encargado de emitir y firmar la resolución fue el secretario de acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho.
La propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria; y no solamente la Procuraduría, el propio jefe del Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, ha hecho público este hecho, verdaderamente inaceptable, ha denunciado esta sentencia, verdaderamente negativa, porque la autoridad judicial no valoró correctamente las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el juicio. Por tanto, se ha iniciado una averiguación previa, no contra el secretario de acuerdos sino contra quien resulte responsable de estos hechos; no sólo contra él. Resulta evidente el desconocimiento, por parte de los funcionarios del Juzgado Decimoquinto, del derecho internacional, de los conceptos establecidos en materia de derechos humanos y lo que ha resuelto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la cual menciona que es una fuente obligatoria de derecho para los Estados miembros esta resolución.
Por lo antes expuesto, propongo este punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto de la división de poderes, exhorta al Tribunal de Justicia del Distrito Federal para que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia contra la sentencia absolutoria dictada en favor del ciudadano Ramón Salvador Gómez Martínez, líder corrupto y corruptor, tome en consideración el interés superior de la infancia con base en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado.
Segundo --y final--. La Comisión Permanente exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que, de manera pronta y expedita, lleve a cabo las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado Decimoquinto de lo Penal en el Distrito Federal por la liberación del ciudadano Ramón Salvador Gómez Martínez.
Es decir, los procuradores, en este caso el procurador está demandando que esos funcionarios, que no han sabido responder al derecho no solamente nacional sino también a las prevenciones internacionales, sean encausados de acuerdo con las responsabilidades que puedan corresponderles. Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, en relación con las irregularidades en la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez acusado de corrupción de menores en el Distrito Federal, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD
El suscrito Iván García Solís, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado 22 de diciembre de 2005 fue absuelto por el Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal el líder sindical Ramón Salvador Gámez Martínez, acusado de corromper a tres menores de edad a quienes obligaba a sostener relaciones sexuales.
La resolución del Juzgado 15 de lo Penal presenta una serie de irregularidades que ponen en evidencia las deficiencias en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y la impunidad que con ello se genera.
En la resolución se indica que se pudo haber actuado con el consentimiento de las menores agraviadas, lo que representa una supuesta exclusión del delito, por tratarse de actos sexuales consentidos, lo cual resulta a todas luces inaceptable, ya que se trata de menores de edad, por ende se configura el delito de corrupción de menores.
Por otra parte, la sentencia absolutoria no fue firmada por la titular del juzgado, sino que el encargado de emitir y firmar la resolución de manera indebida fue el secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho.
La propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del líder sindical, por considerar que la autoridad judicial no valoró correctamente las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el juicio, por tanto ha iniciado una averiguación previa en contra del el secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho, y en contra quien resulte responsable de estos hechos.
Resulta evidente el desconocimiento por parte de los funcionarios del Juzgado 15 del derecho internacional de los derechos humanos en relación con el interés superior de la infancia, como lo es la Convención Internacional de los Derechos del Niño; la cual constituye una fuente obligatoria de derecho para los Estados miembros, entre los cuales se encuentra nuestro país desde 1990.
Por lo antes expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo y a la división de poderes exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del C. Ramón Salvador Gámez Martínez, tome en consideración el interés superior de la infancia con base en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, de manera pronta y expedita lleve acabo las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal de la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero de 2005.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado García Solís. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador Senador Antonio Aguilar Bodegas, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de la República a cumplir de inmediato el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de entregar a los Ejecutivos estatales el padrón único de beneficiarios de los programas sociales a cargo de dicha dependencia.
El senador Antonio Aguilar Bodegas: Gracias, señor Presidente: en nombre de los legisladores senadora Noemí Guzmán Lagunas, senador Emilio Gamboa Patrón y el de la voz, nuestra fracción parlamentaria, la del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante ustedes la solicitud de un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, relativo a la entrega de los padrones de beneficiarios de los distintos programas sociales federales.
La integración de los padrones únicos de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno Federal y su entrega a los gobiernos estatales es un compromiso que asumió el Presidente de la República con el fin de transparentar la ejecución de los programas e impedir su utilización con fines electorales. Este compromiso, al día de hoy, no se ha cumplido; se han publicado únicamente listas de nombres, sin mayores referencias. La responsabilidad anterior se asignó a la Secretaría de Desarrollo Social y su titular, la señora Josefina Vázquez Mota.
Lo anterior lo hacemos notar porque, ante las insistentes versiones de que dicha funcionaria dejará su cargo para incorporarse a la campaña política del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, nos pone, a los distintos partidos políticos y sus candidatos, ante una evidente situación de incertidumbre y justificada desconfianza respecto al uso que de dicha información y padrones se dé, creando iniquidad y desviaciones en el proceso electoral. A las versiones anticipadas de renuncia de la secretaria de Desarrollo Social se suman también las evidencias de renuncias de diversos delegados de las dependencias de las entidades federativas, como es el caso del delegado en Yucatán, para sumarse a la campaña y asumir incluso candidaturas a los cargos del Congreso de la Unión que se votarán en julio del presente año.
La decisión personal de la señora Vázquez Mota no nos corresponde juzgarla ni calificarla, pero el estado de incumplimiento en que quedan las responsabilidades que asumió sí. Por ello señalamos lo correspondiente a la integración de los padrones únicos de beneficiarios y su entrega a los Ejecutivos estatales y, como senador por el estado de Chiapas, la responsabilidad de abandonar el compromiso que el Presidente de la República le asignó como su comisionada para el Programa de Reconstrucción de los Daños Ocasionados por el Huracán Stan en la Costa y Sierra Madre del Estado de Chiapas: se comprometieron a entregar las obras de reconstrucción en mayo, fecha que, obviamente, no se cumplirá. Han pasado 90 días desde el siniestro, y las obras de reconstrucción ni siquiera se han iniciado.
La incertidumbre, la desconfianza y el abandono son los acompañantes de los chiapanecos de la costa y Sierra Madre de Chiapas, más de 1 millón y medio de habitantes afectados en sus actividades económicas, propiedades, pertenencias y formas habituales de vida, que han recibido la indiferencia y el descuido de la Federación, que les prometió atención y recomposición inmediatas de sus formas de vida. Pero eso sí, la señora Vázquez Mota abandona su cargo con un velo de sospecha por el uso indebido e ilegal que se puede dar a los padrones que tuvo bajo su responsabilidad, así como por el abandono de los programas hacia los chiapanecos damnificados por el huracán Stan. Por eso no podemos permitir que esos funcionarios renuncien sin haber cumplido su obligación de hacer públicos los padrones y, menos, que se los lleven como parte de la estrategia de la campaña presidencial. Por lo anterior, en ejercicio de nuestras facultades, ponemos a consideración del Pleno el siguiente
«Punto de Acuerdo de Urgente u obvia ResoluciónPrimero.- En virtud a la justificada preocupación que existe por el posible uso político electoral de los programas sociales e información relacionada con éstos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, a que se cumpla de inmediato con el compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, de entregar a los Ejecutivos estatales el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales a cargo de dicha dependencia.
Segundo.- De igual manera lo exhorta a dar, a través de la Secretaría de la Función Pública, un puntual seguimiento al correcto uso de los programas sociales y de la información relativa a ellos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de enero de 2006.--- Sen. Emilio Gamboa Patrón (rúbrica).»Por su atención, muchas gracias. Y dejamos en la Mesa la petición expuesta, de urgente y obvia resolución.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Aguilar Bodegas. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la honorable Asamblea, en votación económica, si considera de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el senador Aguilar Bodegas.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión la proposición. Tiene la palabra la senadora Susana Stephenson Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La senadora Susana Stephenson Pérez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: si bien votamos, todos los legisladores de Acción Nacional, a favor de la urgente y obvia resolución, sentimos la necesidad también de poner en claro que la petición no está bien fundamentada. Pero la intención del Partido Acción Nacional y de sus legisladores es dejar en claro que compartimos, que apoyamos y que impulsamos la transparencia, la transparencia no sólo en los actos de gobierno sino en la vida política, social y económica de este país. Por eso lo hemos votado a favor, aun cuando sabemos que está mal fundamentado. ¿Por qué está mal fundamentado? Porque no hay un compromiso, no hubo un compromiso asumido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de entregar indiscriminadamente los padrones a los Ejecutivos de los estados. Hay un compromiso, efectivamente, de un convenio que, a solicitud de los titulares de los estados, se lleva a cabo; ése es el Plandesol. Y 13 titulares de los Ejecutivos estatales han solicitado ya y han firmado un convenio donde la Secretaría de Desarrollo Social entrega los padrones federales, se incluyen los padrones estatales y se forma un solo padrón.
Obviamente, las reglas tienen que ser muy claras, los convenios; hay responsabilidades por ambas partes, pues no podemos tampoco pretender que el Gobierno Federal sea tan ingenuo para entregar de manera indiscriminada padrones que pueden ser utilizados política, electoralmente. Digo, tampoco somos ingenuos. Y sabemos que hay muy buena escuela y que se pueden utilizar de esa manera. Estos convenios remiten a los titulares de los Ejecutivos estatales a la Ley de Desarrollo Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual Acción Nacional está a favor de la transparencia, está a favor de que se entreguen los padrones, está a favor de que la ciudadanía sepa en qué, cómo, cuándo y a qué hora se gastan los recursos públicos; se beneficia la ciudadanía, pero tampoco somos ingenuos. No podemos de manera indiscriminada y sin ninguna responsabilidad o corresponsabilidad de los Ejecutivos estatales entregar estos padrones. Por eso se decidió que fuera mediante un convenio, a solicitud personal de cada estado, de cada Ejecutivo de los estados.
Y pues nada más le diría que el que se vaya la secretaria de Desarrollo Social a apoyar una campaña no debería asombrar, y mucho menos viniendo de quien viene el comentario, porque si vemos el pasado reciente, bueno, pues ésa era una práctica por demás usual y acostumbrada; no nos debe asustar. Por supuesto, la secretaria de Desarrollo Social no es de ninguna manera una persona a la que se puedan poner en duda su integridad, su capacidad y su honestidad en el desempeño público.
No hay por qué pretender o por qué poner la duda en la ciudadanía de que la secretaria de Desarrollo Social, al momento de retirarse de su responsabilidad, vaya a llevarse con ella los padrones de los beneficiarios de la Sedesol. Y aquí nada más haría el comentario: la Sedesol es una institución del Gobierno Federal, es una institución que, independientemente de quién la encabece, tiene que seguir trabajando y tiene que seguir dando servicio y atención a la ciudadanía. Así es que no creo que porque la titular deje el cargo, que --además-- tiene todo el derecho a hacerlo, es una decisión personal que así conviene a sus intereses... Creo que ha cumplido cabalmente, dicho por todos los partidos políticos; ha sido reconocida en su momento y por gente que sabe mucho de lo que es desarrollo social, ha sido ampliamente reconocida. Así es que no creo que venga al caso poner en duda la integridad y la, ahora sí que el seguimiento de todos los programas de desarrollo social. Y nada más terminaría diciendo, senador, y esto sí lo digo de manera personal: ``el león cree que todos son de su condición''. No todos los ciudadanos ni todos los funcionarios del gobierno pensamos igual ni actuamos igual. Gracias por su atención.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Stephenson. Tiene la palabra el señor senador José Adalberto Castro.
El senador José Adalberto Castro Castro: Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: el punto que se somete a la consideración de ustedes es de importancia trascendental. Y lo es porque, aun cuando se niegue, estos hechos se han venido dando, y precisamente con los candidatos del gobierno en el poder, del partido del gobierno en el poder. Por ello, la preocupación nuestra de expresarnos y de exigir el cumplimiento de un compromiso que, si bien es cierto no fue por escrito, sí fue públicamente expresado, tanto por el Presidente de la República como por la secretaria de Desarrollo Social.
Y hoy, como en tantas otras cosas, el gobierno del Presidente Fox, su gabinete ha estado por debajo de las promesas de campaña y de las aspiraciones y necesidades del pueblo de México. Ha faltado sin duda capacidad para resolver los problemas del país, pero aún más lamentable es que hayan faltado la dedicación, la entrega, el compromiso para asumir el servicio público con la pasión y la energía indispensable para rendir buenas cuentas a la ciudadanía. Muestra de esa falta de compromiso han sido los constantes cambios en el equipo de gobierno: de los 18 secretarios de Estado, originalmente, únicamente en 7 siguen sus titulares; y, por si esto no bastara, se anuncian nuevas dimisiones para los próximos días.
Mientras el país resiente el estancamiento de cinco años en materia de crecimiento económico, empleo y seguridad, entre otras, los servidores públicos de más alto nivel rehúyen olímpicamente a su responsabilidad y renuncian a sus cargos, dejando a medias programas y acciones de gobierno indispensables para superar los rezagos. Mención especial merece el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular, Josefina Vázquez Mota, lejos de poder mostrar resultados satisfactorios en estos días, como se viene mencionando repetidamente, estaría por abandonar el barco naufragante del foxismo para trepar a la embarcación oficialista del candidato del Partido Acción Nacional.
El gobierno de Fox presume de una reducción de la pobreza que sólo existe en el papel; en efecto, la supuesta disminución obedece a un conveniente cambio en la metodología de medición, cuya deficiencia y falacia han sido señaladas por numerosos académicos y especialistas del tema. Sin embargo, el mayor provecho que el paso gris que hasta hoy ha tenido la secretaria Vázquez Mota podría representar, como ya señalamos, ésta, la información privilegiada de que goza sobre el manejo de los programas sociales federales, la cual a partir de ahora bien podría ampliar en provecho del Partido Acción Nacional. Por eso queremos denunciar, compañeras y compañeros, el posible direccionamiento de programas sociales para fines político-electorales que la todavía secretaria de Desarrollo Social pudo haber realizado para favorecer a su próximo nuevo jefe, Felipe Calderón, candidato del PAN.
Denunciamos también el posible uso sectario de información privilegiada a la señora Vázquez Mota de la que ha tenido acceso con motivo de su cargo. Por ejemplo, la que consta en los padrones de beneficiarios de programas sociales y que permitirían hacer una campaña focalizada, prácticamente individualizada, para reflejar sobre el candidato de su partido las acciones en materia social. Esta información vital sobre los beneficiarios del programa social ha sido manejada con opacidad, sin el menor apego a una mínima ética de transparencia. La secretaria Vázquez Mota ha negado sistemáticamente esta información a los gobernadores, a pesar de que en numerosas ocasiones se comprometió públicamente a dar esta información.
Por eso, los priístas en la Comisión Permanente queremos alertar desde ahora, oportunamente, sobre esta posible desviación. Por eso, también anunciamos que, en el marco de nuestra atribución como legisladores federales, daremos un cercano seguimiento al manejo de los programas sociales del Gobierno Federal. Lo hacemos convencidos, como lo estamos, de que no debemos permitir que se utilicen los recursos de la nación para otros fines que no sean los de destinar los mejores recursos para un bienestar y un mejor nivel y calidad de vida de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Adalberto Castro. Tiene la palabra el señor diputado Federico Döring.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: me parece que es de gente honorable hablar con la verdad; y hay algunas cosas que aquí se han dicho quizá sin mala intención, pero que merecen ser aclaradas en esta tribuna, de cara a la nación. Lo primero que hay que dejar claro es que la secretaria del ramo es una persona intachable, honorable y que no puede ser puesta en entredicho. Aunque alguien diga que no se ha hecho, sí se hizo --cito, y está en el Diario de los Debates--, y dijo el senador Aguilar Bodegas que hay incertidumbre y desconfianza justificada.Y lo que ofrezco como dato son todas las elecciones locales de 2004 y 2005, muchas de ellas con victorias para el PRI, en las cuales no hubo un solo elemento que fuera esgrimido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde hubiere alguna imputación de desvío, de manipulación o de coacción de programas sociales del Ejecutivo federal en favor de ninguno de los procesos electorales, primer argumento duro, contundente de cuál ha sido su comportamiento. Irónicamente, el único caso que se tiene de algún funcionario federal de la Sedesol que hubiese hecho mal manejo de programas sociales, irónicamente, no era militante de Acción Nacional sino de otro instituto político, y por eso fue expulsado de la dependencia.
Otra cosa que hay que decir, lo que decía, compañera senadora: nosotros creemos que los derechos son correlativos a las obligaciones y que se debe exigir transparencia al Gobierno Federal; sí, por supuesto. Pero sería también ético y honorable corresponderla con reciprocidad y transparencia estatal. Porque lo que no sostiene este argumento, de que como hay sospechosismo fundado, lo que hay que hacer es transparentar el padrón de los beneficiarios de los programas federales para que no puedan ser manipulados, pero --¡eso sí!-- hay que depositar este padrón de beneficiarios en manos de gobernadores que sí tienen filiación partidista y que tampoco tenemos garantía de que no lo vayan a manipular, y es decir que lo único que molesta a alguno es la posibilidad de que la información la tenga el Gobierno Federal, perfecto: que la tenga todo el pueblo de México.
Pero ojalá muchos gobernadores de muchos estados de la República también fueran transparentes, porque hay muchos casos de gente que amanece y dice que tiene un gasto social más grande que el del Presidente de Brasil y es más opaco en su gestión social cualquier otro gobernante de la República; alguien que cercenó un decreto de código financiero porque establecía una disposición de transparentar los programas sociales, cuando son más de 5 mil 980 millones de pesos de gasto social. Por eso es cierto que es más gasto social que el de Lula en Brasil.
Y lo que me habría gustado escuchar de un senador de la República es ``transparencia para todos, rendición de cuentas para todos'', no sólo para el Gobierno Federal. Porque, en los hechos, quien ha hecho mal uso de los programas y de los recursos federales no son los funcionarios emanados de Acción Nacional. No fueron funcionarios de Acción Nacional los que le dieron un sesgo partidista, electoral a la filantropía y solidaridad a los ciudadanos de la ciudad de Tijuana, que donaron recursos para los huracanes que azotaron el sureste de México y fueron a dar a la campaña de otro candidato a la Presidencia o de otro gobernador del sureste, que mandó tarjetas navideñas con recursos que provenían del Fonden, que no son miembros de Acción Nacional, y sobre eso no se dice nada; sobre eso hay una amnesia conveniente, sobre eso hay una opacidad conveniente.
Y por eso Acción Nacional lo va a votar a favor, porque podemos mirarlos con la cara en alto y no tenemos nada de que avergonzarnos. Y qué bueno, qué bueno que haya suspicacia y nerviosismo en senadores del PRI sobre la incorporación posible de Josefina Vázquez Mota a la campaña de Calderón porque, aunque se nieguen los resultados que ofrece la Cepal, como entidad apartidista independiente, en su actitud se denota que su trabajo ha sido bueno y que por eso les incomoda. Si no hubiese sido bueno, no estarían tan nerviosos. Les agradecemos su preocupación, les reiteramos nuestro voto a favor de la transparencia, y en lo único en lo que coincido es con lo que dijo el senador Castro: si ella decide sumarse a la campaña, lo va a hacer para trabajar para su nuevo Presidente y su nuevo jefe: Felipe Calderón Hinojosa. Gracias, Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Döring... Permíteme tantito. Están anotados el diputado Jesús González Schmal, el senador Emilio Gamboa Patrón... vamos a anotarlo, diputado Iván García Solís. Para alusiones personales, tiene la palabra el senador Aguilar Bodegas.
El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Gracias, señor Presidente: creo que es evidente que quieren desviar la atención del punto central de esta discusión; aquí, lo medular es que hubo un compromiso y no se está cumpliendo. El compromiso existe, y a mi compañera senadora Susana Stephenson queremos recordarle que fue ratificado en la comparecencia, precisamente en el Senado de la República. Segundo, hay evidencias de la desconfianza: la elección de Veracruz, la elección de Yucatán, las desviaciones del Fonden, que han sido absolutamente encubiertas...
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Permítame, senador. ¿Acepta una pregunta de la senadora?
El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Con todo gusto.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Adelante, senadora.
La senadora Susana Stephenson Pérez: (Intervención fuera de micrófono, inaudible.)
El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Señora senadora, por una razón: el compromiso que se estableció, que fue posterior, de orden operativo, en un principio fue ponerlos a disposición incluso de cualquier persona que los pudiera requerir. Lo que usted está mencionando fue una cuestión posterior al compromiso inicial que se estableció. Por tanto, el tema central es, primero, un compromiso no cumplido; segundo, razones más que justificadas para la desconfianza en hechos consignados por los propios órganos jurisdiccionales y, evidentemente, en el caso de Chiapas, la desatención, la indiferencia, el olvido y la demagogia son hoy una prueba palpable todos los días. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Aguilar Bodegas. Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Schmal.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano Presidente: estoy de veras sorprendido porque, frente a una solicitud tan elemental y tan obvia, se levante una resistencia inexplicable de la bancada panista para acceder a algo que parecería que en nuestros tiempos de cambio democrático era una de las grandes oportunidades de romper esa reserva, ese manejo faccioso de la información que en otros tiempos, efectivamente, se dio en nuestra nación. ¿Cómo evitar que, efectivamente, estos padrones se desvíen en su uso, se tuerzan en su objetivo? Pues es abriendo justamente la información, dando lugar a que todos, no sólo los partidos políticos, no sólo el Ejecutivo de cada estado, sino todos los mexicanos pudiéramos incluso tener acceso a este padrón.Los que tenemos interés en saber quiénes tienen esos beneficios en un determinado municipio podríamos acceder vía Internet a ese padrón; quienes tuvieran desde el ángulo de la prensa, de la información interés también podrían acceder a ello. Y desde ese momento se abre cualquier riesgo de que la información sea reservada, sea utilizada indebidamente. Creo que lo más elemental es obsequiar esta solicitud, perfectamente lógica, razonable, democrática: en los tiempos de la Ley de Acceso a la Información, resulta verdaderamente ominoso que alguien pueda tener una resistencia, oponerse a una solicitud tan elemental y tan legítima. Muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado González Schmal. Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís y, posteriormente... Perdón, perdón, diputado; pidió la palabra antes el senador Emilio Gamboa, del grupo parlamentario del PRI.
El senador Emilio Gamboa Patrón: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: al Partido Revolucionario Institucional no le preocupa que una secretaria de Estado como Josefina Vázquez Mota deje su posición para transitar en una nueva jornada electoral, que se llevará a cabo en 2006. Aplaudimos y vemos con tristeza que una de las secretarias eficientes del Presidente Fox lo abandone este año. No hay duda en el PRI de la honestidad, de la honorabilidad y del trabajo, serio y responsable, que ha desarrollado Josefina Vázquez Mota al frente de la Sedesol; lo hemos reconocido en muchos foros por mi partido.
Lo que nos ocupa es el privilegio de la información que pueda, que pueda usar el gobierno actual a favor de su candidato oficial. Hay ejemplos, hay denuncias oficiales de los secretarios de Desarrollo Social de diversas entidades de la República --concreto: Yucatán, Veracruz, Colima y Tlaxcala--, donde están acusados de que hicieron uso indebido de la información de la Sedesol. Hablar con la verdad, de eso se trata y por eso soplan vientos de renovación en el México contemporáneo; queremos transitar con mayor civilidad todos los mexicanos; vamos a vivir un 2006 complicado y difícil, vamos a tener todos que sumar esfuerzos para que el país siga transitando con paz y tranquilidad una jornada electoral complicada y difícil. Lo que nosotros venimos a decir es puede haber un posible delito electoral, y qué bueno que lo digamos, y qué bueno que la fracción del Partido Acción Nacional suba y diga: ``no lo habrá''; nosotros nos encargaremos de que no lo haya. Va a haber una jornada difícil, donde cualquiera de los tres candidatos de los partidos más importantes de nuestro país pueda ganar la Presidencia de la República. ¿Y qué estamos viendo con enorme preocupación? Cómo miden el combate de la pobreza.
El Presidente Fox dice que ha disminuido en 25 por ciento la pobreza en nuestro país en su sexenio. Ayer, él, a través de los medios de comunicación, decía que los indígenas del país ya no serán olvidados; y que si no, que le jalen las orejas.
Creo que, a 10 meses de que deje la Presidencia de la República, es --desde mi punto de vista-- muy peligroso que el Presidente crea que lo que no hizo en 6 meses en 10 pueda realizarlo. Pero sí quiero dejar en claro aquí, con gran honestidad, que no tenemos ninguna duda del trabajo de Josefina Vázquez Mota. Mi compañero Aguilar Bodegas puntualizó: ``Chiapas''; Chiapas fue devastada.
Hubo un compromiso, y la que tiene la responsabilidad para sacar adelante a Chiapas es Josefina Vázquez Mota. Espero que piense muy bien cuando vaya a acompañar al candidato Felipe Calderón, ¿con qué cara verá a Chiapas? Porque Chiapas todavía sufre los embates que tuvo el año pasado. Invito a mis compañeras y compañeros a que evitemos posibles delitos electorales, a que hagamos un verdadero esfuerzo para que la pluralidad en el país, que se ha venido dando y construyendo a través de muchos años --no son los últimos cinco, son muchos años donde el Partido Revolucionario Institucional estuvo; prueba de ello es la renovación que se da cada sexenio y cada tres años entre los diputados, entre los presidentes municipales--... hemos podido construir un sistema democrático más sólido, que viene a beneficiar a todos los mexicanos.
Invito a todos a que veamos con gran preocupación y con gran ocupación lo que nos depara 2006. No podemos jugar con las próximas elecciones.
Hay denuncias de algunos encargados de la Sedesol en algunas entidades de la República. Espero que la Procuraduría actúe y espero responsabilidad de mis compañeras y compañeros senadores y de mis compañeras y compañeros diputados. Muchísimas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Gamboa. Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente: tomo la palabra para consignar algunos hechos, para rectificar hechos aquí expresados de manera no suficientemente explícita, pero sí advertible.Se trata de la crítica que se ha establecido contra la política social del Gobierno del Distrito Federal; vengo aquí a defender esa política. La política del Gobierno del Distrito Federal ha consistido --y esto es una cosa importantísima-- en hacer crecer apoyos que, en otras ocasiones, en otros gobiernos, en otras circunstancias, se daban de manera parcial, y constituir un apoyo universal a los adultos mayores, incluso convertido en ley.
Esto es un hecho importantísimo. El hecho también registrable, el hecho comprobable de que el monto de esos apoyos supere los apoyos sociales del Presidente Lula no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa porque no se trata de una crítica al Presidente Lula; se trata de una comparación positiva, se trata de que... estamos hablando de que un gobierno de izquierda en Brasil, de centro-izquierda, como es el gobierno de Lula, ha establecido apoyos sociales, no ha alcanzado todavía lo que hizo el Gobierno del DF para un universo poblacional más pequeño pero que, sin embargo, tiene el mismo sentido: aplicar apoyos universales para hacer frente a las desventajas sociales. Hay que decir que en el DF, quienes aquí vivimos y aquí luchamos, no de hoy sino desde hace muchos años, estamos luchando también para que este beneficio se extienda a todo el país.
El gobierno actual no fue capaz, no fue capaz, teniendo capacidades financieras y posibilidades financieras importantísimas, no fue capaz de establecer un programa similar. De tal manera, hay que reconocer que una entidad federativa haya logrado dar este avance, que es un avance señero en el sentido de que no se va a agotar en esta entidad federativa. Sin duda, sin duda, en los días y años que vienen habrá una reclamación popular para que esto se convierta en una política nacional; y esto hay que reconocerlo como el hecho positivo que es.
Por esa razón rechazo estas alusiones críticas, indirectas, pero --como digo-- reconocibles, contra un gobierno que se ha esforzado por desarrollar una política social universal.
Y cuando esto ocurre, entonces estamos en el camino adecuado, porque estamos luchando también contra el clientelismo, contra la discrecionalidad y también, hay que decirlo, contra la opacidad, porque los que son beneficios universales están advertidos y están en las manos de todos. Por tanto, creo que es importantísimo salir al paso de cualquier mención que trate de restar méritos a una política que hoy ha cristalizado en el DF, pero que mañana, sin duda, tendrá prevalencia en todo el país. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaEl Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos.El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Gracias, señor Presidente. Bueno, únicamente quiero, en nombre del Partido del Trabajo, sumarme a la petición que ha hecho el senador Aguilar Bodegas de que se hagan públicos estos padrones, que no se vaya a tratar de hacer uso electoral de ellos. Creo también que lo que reclaman los compañeros diputados del PAN es correcto.Esto es, si el Gobierno Federal va a poner sus padrones, pues que los gobiernos estatales también hagan lo mismo; esto es racional. No creo, diputado Döring, que ustedes no hayan hecho uso electoral de los padrones y de los programas sociales: aquí, en esta tribuna de la Permanente, se hicieron varias denuncias la vez pasada; y, bueno, pues también los compañeros del PRI. Ha habido denuncias de muchos lugares. En Chiapas hubo denuncias de uso de recursos públicos para los damnificados hecho por el PRI. En Tlaxcala hubo denuncias, que nunca se aclararon, hechas por el PAN. Entonces, creo que es muy correcto que el Gobierno Federal ponga estas listas, pero que también los gobiernos estatales priístas pongan las propias. Y todos los gobiernos estatales de todos los signos ideológicos y, definitivamente, la ciudadanía van a agradecer este gesto, van a ver con muy buenos ojos esto para que avancemos.
Porque pensar que solamente unos son los malos y otros son los buenos creo que no nos lleva a nada. Creo que hay de todo en todos lados, y que creo que las medidas para sanear la administración pública como la propuesta hoy son saludables. Y que, bueno, los que plantean transparencia también estén dispuestos a hacerlo; de lo contrario, no tenemos salida. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Fraile.El senador Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señor Presidente. Nada más algunas reflexiones: primero, estamos hablando de una institución, se trata de una secretaría de Estado que corresponde a una institución que, independientemente de quién sea su titular o salga, la institución prevalece y tiene obligaciones frente a los problemas que enfrenta Chiapas, como frente a los problemas que enfrentaría con los partidos políticos.
Entonces, no es un asunto de Josefina ni es un asunto de si se va o no se va; es un asunto de que está una institución que responde y que tiene que responder por la queja de mis compañeros en el asunto de Chiapas y por la queja de mis compañeros senadores en cuanto al padrón. Segundo, es la primera vez que nos son recibidas las demandas puestas contra un funcionario público en estos últimos años.
Que yo recuerde, y miren que me han tocado campañas políticas, aquí hay algunos que me conocen de más de 30 años de estar en brega en estos asuntos, en los que es la primera vez que se nos reciben las demandas correspondientes por el abuso de alguna autoridad gubernamental federal, estatal o municipal; en eso estamos.
Los demás siempre nos decían: ``Muchachos, qué bueno que lo ponen; ahi les damos respuesta...'' Que nos la daban siempre en 24 horas, diciendo: ``Ya lo averiguamos y es improcedente''. Así es que creo que vamos avanzando. Pero tenemos otra institución, que es el Instituto Federal Electoral. Señores: nosotros, senadores de la República, diputados, estar discutiendo aquí asuntos de si se va a abusar o se va a usar un padrón o esto o lo otro, señores, ustedes tienen el Instituto Federal Electoral, las reglas correspondientes; y las demandas correspondientes procederán, que en caso de fallar los tribunales primarios en este asunto, estará el Tribunal Superior, que podrá resolver los asuntos.
Así es que no discutamos más estos temas, que en realidad es algo que la propia ley nos obliga a estar de otra manera considerando las cosas. No creo que ni la institución presidencial ni los partidos políticos estemos en disposición de violentar la ley. Así es que cumplamos la ley todos; ¡y punto final!
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Döring, tiene usted el uso de la palabra.El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros legisladores: en primer término, celebrar la intervención del diputado Espinosa, del PT. Es exactamente el ánimo que nos parece a los legisladores de Acción Nacional que debe prevalecer, el del diálogo fructífero y el de los derechos y las obligaciones corresponsablemente concertados en ámbitos de gobierno. Es tal nuestro beneplácito por esa actitud, que queremos tomar la patada... la palabra al diputado --¡la palabra al diputado!-- y queremos hacerles una propuesta, con la idea de que la reflexionen, a ver si pueden asimilarla de aquí a la próxima sesión de esta Comisión Permanente.Nosotros habremos de presentar el próximo miércoles un punto de acuerdo, similar a éste, donde exhortemos a todas las entidades federativas que no han suscrito estos convenios a que lo hagan con la mayor brevedad. Porque también nos gusta la actitud del senador Gamboa Patrón y también la tenemos que reconocer y la tenemos que agradecer. Qué bueno que nos vayan a vigilar los legisladores del PRI, al Gobierno Federal panista, porque una de las cosas buenas para la patria, de la caída de la mayoría del PRI en el Congreso, es que nos vamos a vigilar unos a otros.
Y eso es bueno para la patria, es bueno para todos, es bueno para la democracia. No tenemos miedo; esperemos que ustedes no tengan los recuerdos del pasado y las mañas del pasado y podamos avanzar hacia una estadía mejor, electoral...Exactamente, pero quien dijo que sabía cómo hacerlo era Zedillo, nunca fue el PAN.
Pero hay un asunto que sí tengo que aclarar: cuando hablé del gasto social más opaco de la República y cité este discurso de que tenemos más gasto social que Lula, no hice una sola alusión de partido ni en lo personal a nadie, y alguien ha venido a esta tribuna y, como se diría coloquialmente, solito se ha puesto el saco, solito entendió quién era el gobernante más opaco y el gasto social más oscuro de México.
Solito entendió quién sólo es bueno para hablar de sus derechos y malo para asumir obligaciones. Solito entendió quién cercenó el decreto del código financiero que hacía obligatorio el padrón de beneficiarios de adultos mayores en la ciudad y que ni siquiera se tuvo la capacidad de recurrir con la ley reglamentaria a las fracciones I y II del 105 constitucional ante la Suprema Corte, no se pudo atacar su constitucionalidad; y como no se pudo atacar su falta de contundencia jurídica y no se tuvieron argumentos jurídicos o políticos para atacar lo que la mayoría en la Asamblea Legislativa había determinado en materia de transparencia, sólo quedó la cobardía de la publicación parcial del decreto. Y ésa fue la transparencia que ofrecieron.
Y ahora vienen aquí a hablar de transparencia, cuando la principal obra está clasificada por más de 10 años y está clasificada en un fideicomiso que lleva el artículo 1 de la ley de obras, donde dice expresamente --la ley de obras de la ciudad-- que no se puede hacer obra pública a través de un fideicomiso con objeto de sustraerse de las disposiciones. Y la obra magna de la ciudad, la que se publicita por todos lados ni siquiera mereció la transparencia de una licitación pública; y ésa es la transparencia de que se viene a hablar aquí. Pero el tema no era ése; el tema era cómo, de vez en vez, sale algún pillo de siete suelas y hace mal uso de los programas sociales y lucra con la necesidad y el sufrimiento evitable de la gente.
Cómo salió Antonio Padierna, recientemente, y otros funcionarios de la delegación Azcapotzalco, haciendo mal uso de recursos del Fonden en esta ciudad, en esta ciudad que se pretende pontificar al resto del país como si fuera un adalid de transparencia, de bonhomía, de legalidad y de honorabilidad; y en eso tampoco se hizo nada.
En la Ciudad de México, por donde no pasó ningún huracán, donde el grado de marginación no califica el ascenso de esos recursos para los mexicanos más lastimados por la pobreza y por la fatalidad del destino, sí hubo quien tuvo la capacidad de lucrar; y no sólo eso, todavía tienen el cinismo y la cachaza de palomear listas de candidatos, como si eso los hubiese hecho gente honorable y un ejemplo a seguir en la ciudad. Por eso somos distintos y por eso nos vamos a vigilar unos a otros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, señor diputado Iván García Solís, para hechos.El diputado Iván García Solís: Seguiremos consignando hechos y también desechos: debemos decir que los programas sociales del Distrito Federal, particularmente el que vine a defender en esta tribuna y el que fue depreciado, el que fue menospreciado por el diputado Döring es un programa que representa, como dije, un avance indudable; es un programa cuya transparencia está ligada a su universalidad. Y eso no quiere decir que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, esta Comisión Permanente y, desde luego, los gobiernos federal y estatales no avancen, como debe avanzarse en la administración pública de todos los niveles de gobierno. Esto lo decimos, ¿por qué?, porque indudablemente, indudablemente necesitamos reformas mayores, reformas mayores que abarquen toda la administración pública.La administración pública tiene que ser modificada de raíz, de manera tal, que el ejercicio de la obra pública sea mucho más verificado. Es clarísimo que el sistema de licitaciones prevalente no es suficiente para garantizar la transparencia ni la honestidad que se requieren, pero es evidente también que la conducta de los gobiernos los exhibe y los muestra tal cual son.
El Gobierno Federal, por ejemplo, ha sido un caso clarísimo de mal manejo de recursos en escala enorme, en escala nacional, cuyos productos no son advertibles, no son comprobables, y el caso que se menciona, por ejemplo, de la construcción de los segundos pisos, que es una obra pública aceptada y reconocida y reclamada en muchos momentos y en muchas instancias por la ciudadanía, es una obra visible, es una obra comprobable y es una obra que ha beneficiado a la ciudad y a quienes a ella acuden siendo de otras entidades, de manera tal que cuando aquí este campeón del desafuero fallido, el diputado Döring, que empeñó todos sus esfuerzos por echar abajo un gobierno legítimo, un gobierno popular, con apoyo indiscutible de la gente, ahora busca que lo que no pudo hacer por la puerta hacerlo por la ventana.
Aquí le decimos claramente que eso no va a ser posible. Eso está derrotado de antemano, no solamente en las esferas legales o en las esferas administrativas sino está derrotado en el ánimo y en la conciencia de la gente. La gente tiene claridad de cómo se han aprobado los recursos y cómo se han aplicado, y en esto tenemos que ser clarísimos. Hay un contraste, verdaderamente notorio, entre la manera como entraron a saco en el gobierno del llamado cambio sobre las finanzas públicas, comenzando por los sueldos altísimos, gajes, comisiones y compensaciones, que no son compensaciones sino que son descompensaciones, y que indudablemente que representan altísimos ingresos para todos estos personajes y un cambio que seguramente va a ser cambiado.
Hay que decir también que el Gobierno del Distrito Federal ha dado un ejemplo de austeridad en cuanto se refiere a la administración de los recursos públicos y a los salarios de los funcionarios. Ha habido un ejercicio honesto, que contrasta con otras posiciones, con otras concesiones, y toda una historia que este país tiene que remontar de botín sobre el presupuesto público y los bienes de la nación. De tal manera, reitero, confirmo y repito en este momento que tenemos una acusación falaz sobre un gobierno cuyo ejercicio ha sido calificado favorablemente, no solamente en las encuestas sino también en los actos y lo volverá a hacer, seguramente, que tienen un correlato electoral.
Por tanto, ciudadanas y ciudadanos legisladores, no se confunda, no se confunda una política de auténtico y legítimo apoyo social con resquemores y reclamaciones...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Concluya, señor diputado.El diputado Iván García Solís: Concluyo. Con reclamaciones obtusas e inconsistentes, que no demuestran sino la poca consistencia, repito, y la poca coherencia de quienes se dicen voceros del cambio, pero en realidad son voceros del cambio hacia atrás. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: De conformidad con la Presidencia, pregunto a las compañeras y a los compañeros legisladores, en votación económica, si se considera suficientemente discutida la proposición.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...
Quienes estén por la negativa... Suficientemente discutida por la mayoría.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Así es. Ahora consulte, señora secretaria, a la Asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Nuevamente en votación económica, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo (votación), gracias; por la negativa... Aprobada en su mayoría.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada; y comuníquese.
La denuncia fue presentada para evidenciar que el evento fue financiado por el ayuntamiento y el gobierno del estado de Puebla, que fue patrocinado por la Federación Nacional de Municipios de México, y que contó con la participación de la Cámara de Diputados y la de Senadores.
Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República no ha respondido a dicha denuncia; por ello instamos desde esta Comisión Permanente a que se agilicen los trámites, a efecto de contar con el dictamen pertinente y se nos informe del estado que guarda la investigación que realiza la Procuraduría General de la República. Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Único. Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe del estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los Comités Directivos Municipal y Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla.
Señor Presidente, le solicito que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria. De igual forma, le comunico que se han anexado a este punto de acuerdo el diputado Ángel Alonso Díaz-Caneja, el diputado Felipe de Jesús Díaz González, el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, el senador Francisco Fraile y la diputada que hace uso de la voz. Es cuanto.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República, a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los comités directivos municipal y estatal del PAN en el estado de Puebla, suscrita por la diputada Angélica Ramírez Luna y por el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN
Los suscritos legisladores federales María Angélica Ramírez Luna y Francisco Antonio Fraile García, a la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones1.- Que con fecha 12 de diciembre del año en curso el Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Puebla, Lic. Eduardo Rivera Pérez, acudió ante la delegación federal de la Procuraduría General de la República a levantar una denuncia de hechos en contra de los funcionarios públicos que resultaren probables responsables de los poderes públicos enlistados, los cuales son: H. Ayuntamiento de Puebla, Gobierno del estado de Puebla, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos correspondientes a la LIX Legislatura Federal, a fin de investigar la realización y el grado de participación en los hechos que se detallan a continuación.
Con fecha 26 de octubre en la pagina electrónica del diario crónica de hoy, apareció publicada una nota titulada ``Reanudará Madrazo el lunes su actividad proselitista'', señalando que el viernes 2 el candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional participaría en el foro ``La Reforma Política Municipal'' como parte de su proselitismo político de la candidatura presidencial de Roberto Madrazo Pintado.
2.- Con fecha 1 y 2 de diciembre del año en curso se realizó el Foro denominado la Reforma Política Municipal, con el programa general reestructurado, siendo el día jueves 1º de diciembre el Encuentro para el Análisis de las Propuestas de Reformas Municipales y el viernes 2 celebración del evento magno, la presentación de acuerdos y ceremonia de clausura al candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.
Dicho evento se realizó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Puebla, y que el día 2 de diciembre asistió el candidato en cita, así mismo asistió el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, la secretaria general del dicho partido, Rosario Green Macías, el alcalde de la ciudad de Puebla Enrique Doger Guerrero y el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres.
3.- La denuncia está complementada con las notas periodísticas y televisivas que se generaron previa y posteriormente al foro en cita, de los distintos medios de comunicación locales del estado de Puebla.
4.- La denuncia fue presentada para evidenciar que el evento fue financiado por el Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y el Gobierno del estado de Puebla y que fue patrocinado por la Federación Nacional de Municipios de México, y que se contó con la participación de la Cámara de Diputados y de Senadores de la LIX Legislatura Federal, asimismo con el objetivo de certificar que fue un hecho proselitista a favor del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo.
Hasta esta fecha la Procuraduría General de la República no ha respondido a dicha denuncia, por ello, instamos desde esta Comisión Permanente a que se agilicen los trámites internos de dicha procuraduría a efecto de contar con el dictamen pertinente y se nos informe el estado que guarda la investigación que realiza la Procuraduría General de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de todos ustedes el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico.- Que la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los comités directivos municipal y estatal del Partido Acción Nacional, en el estado de Puebla.
Dado en el Salón ``Legisladores de la República'' a 4 de enero del 2006.--- Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se toma nota de quiénes suscriben esta proposición, se ordena que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se ordena turnar a la Primera Comisión de Trabajo esta proposición.El senador Rafael Melgoza Radillo: Muchas gracias, señor Presidente: vengo a presentar, como se ha dicho.
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe acerca de los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC.
El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición al tenor de las siguientes:
ConsideracionesLa Organización Mundial de Comercio concluyó, el pasado 18 de diciembre, una reunión ministerial para encontrar los compromisos que pudieran orientar la culminación de la ``Ronda Doha'' de negociaciones comerciales multilaterales.
En Hong Kong representantes de 148 países llegaron a acuerdos para proseguir la liberalización del comercio internacional en productos agropecuarios, industriales y servicios, así como para establecer nuevas reglas en materia de antidumping, subsidios y acuerdos comerciales regionales.
Entre los acuerdos más relevantes se concretó un pacto para la eliminación simultánea de todas las formas (directas e indirectas) de subsidios a la exportación agrícola a completar a finales de 2013. El compromiso prevé eliminar progresivamente los subsidios de modo que en 2011 se logre realizar una parte ``sustancial'' del desmantelamiento. Con esos efectos durante el próximo mes de abril se negociará la forma específica en que se habrá de aplicar dicho pacto.
Por su parte los países en desarrollo, una vez más, han visto frustradas sus expectativas para que los países desarrollados reduzcan las barreras a la importación de productos como: azúcar, algodón, plátano y textiles que exportan y, en cambio, han tenido que acelerar la liberalización de servicios como las telecomunicaciones.
Como se sabe, aún cuando las rondas de negociación de la OMC son procesos muy dilatados constituyen ejercicios efectivamente globales, donde las concesiones que se reciben y otorgan influyen directamente en el nivel de vida de la población de cada una de las partes contratantes. Pues el comercio internacional explica, hoy en día, gran parte de la dinámica productiva, de empleo y consumo de cada nación.
Dentro de los objetivos de cada ronda de negociación se colocan de manera destacada: la equidad, la transparencia y el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo. Sin embargo, la experiencia muestra que ocurre todo lo contrario y predomina el interés de los protagonistas de mayor tamaño.
La diversidad de intereses es, además de compleja, muy intensa como lo expresa la permanente rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos; de ambos con China o la India e incluso entre los llamados países en desarrollo, donde algunas naciones de África difieren de Brasil, Argentina o México. Es un proceso dilatado donde la habilidad de los negociadores depende en gran medida de la visión estratégica (o incluso ideológica) que siga cada país en materia de política comercial.
La importancia de este proceso multilateral de negociación puede ser más cercana si se recuerda que la Ronda Uruguay, concluida a principios de los años noventa, sirvió de escenario para establecer los márgenes y rangos de las concesiones que posteriormente fueron plasmadas en el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) y en los demás acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país.
Hoy, como al inicio de los años noventa, los medios de comunicación han dado a conocer los términos generales de los acuerdos obtenidos de las negociaciones multilaterales, pero aún no hay un análisis a fondo de la estrategia que han seguido nuestros representantes, ni de las repercusiones que finalmente tendrá el país.
Debe tomarse en cuenta que una de las áreas que fueron objeto central de la negociación es la del comercio de productos agropecuarios que, desde el punto de vista social, es extraordinariamente sensible para México. Más aún si se observa que los periodos de liberalización acordados en Hong Kong se cruzan con los plazos consignados en el TLCAN y que tendrán graves repercusiones para los productores nacionales.
Por estas razones el grupo parlamentario del PRD considera de una gran importancia que, a la mayor brevedad, el señor secretario Sergio García de Alba, quien encabezó la delegación que participó en esta Cumbre, venga a esta Comisión Permanente a presentar un informe pormenorizado de los resultados en cada uno de los temas, así como del proceso y los plazos de aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. Se cita a comparecer al secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 4 días del mes de enero de 2006.»Señor Presidente, he retirado la solicitud previa que hicimos de que se le diera el tratamiento de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Permanente.El senador Francisco Antonio Fraile García: Muchas gracias, señor Presidente; seré muy breve. En el argot del béisbol se dice que ``frente a base por bola no hay defensa''; éste es un asunto de ``base por bola''. En las propias invitaciones que se hicieron para la Fenam venía el escudo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; y en la invitación misma venía la presencia del candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional y del Presidente del propio partido.
Por consiguiente, frente a esta --¿qué diré?, seré suave-- pifia política, solicito como punto de acuerdo que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación para que, conforme a sus facultades, investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la Fenam los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005, para que se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones pertinentes, en su caso. Por su atención, muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a que, conforme a sus facultades, investigue e informe si existió la aportación de recursos federales por parte de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la fracción parlamentaria del PRI, al evento realizado por la FENAM, los pasados 1 y 2 de diciembre de 2005 y se apliquen las sanciones pertinentes en su caso, suscrita por la diputada María Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN
Quienes suscriben Francisco A. Fraile García, senador por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, y de María Angélica Ramírez Luna, diputada por el estado de Puebla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
AntecedentesLa Fenam, es la Federación Nacional de Municipio de México, integrada por mas de 1700 municipios de extracción priísta y como lo mencionó su presidente en turno el Lic. Jesús Enrique Hernández Chávez, que este instituto ``debe de ser un eficaz instrumento para lograr que el PRI abandere las demandas locales y que impulse las mejores propuestas federalistas, en materia legislativa, hacendaria y política''.
Esta Federación, realizó los días 1 y 2 de diciembre del 2005, en el estado de Puebla, un evento denominado ``Encuentro Nacional. La Reforma Política Municipal'', destacando en el programa del mismo, la presencia del candidato del PRI a la Presidencia de la República, el Lic. Roberto Madrazo Pintado y la del Presidente nacional de este organismo político el C. Mariano Palacios Alcocer, siendo los anfitriones del evento, el alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero y el gobernador del estado Mario Marín Torres.
Diversos medios de comunicación en el estado, destacaron la realización del evento de la Fenam como un evento proselitista en apoyo a Roberto Madrazo, siendo el mismo gobernador Mario Marín, quien en su intervención señaló que `` Roberto Madrazo es la mejor opción para la Presidencia'',
Previo a la realización de este evento, el 23 de noviembre del 2005, el Presidente del Comité Directivo Municipal, del PAN en Puebla, el C. Pablo Rodríguez Regordoza, denunciaba públicamente que los dos números telefónicos para confirmar la asistencia a este evento, eran de la oficina de Innovación y Enlace Gubernamental del Ayuntamiento de Puebla que eran el 5555-7542 en la Ciudad de México y el 222-4034630 y 31 en la Cd. de Puebla y el Correo electrónico, www.puebladezaragoza.gob.mx que se encontraban en la pagina de internet del gobierno municipal. El Presidente de este organismo político en la Ciudad de Puebla, pidió una explicación de estos actos, sin tener respuesta alguna.
El seis de diciembre del 2005, durante la sesión ordinaria del Consejo local del IFE, en el desahogo de puntos generales, El Consejero Alfredo Figueroa Fernández, presento la invitación del evento antes mencionado, que le llegó por un medio de comunicación, en donde señala que el documento estaba suscrito por el H. Ayuntamiento de Puebla, donde se hace la atenta invitación a participar en el evento y leyendo el contenido de una de las presentaciones dice ``le expresamos nuestra más atenta invitación a la ceremonia con motivo del Encuentro nacional de Reforma Politica Municipal en el marco de este encuentro, - asi se anuncia -- organizada por la FENAM y el H. Ayuntamiento de la Heroica Puebla de Zaragoza, este acto estará presidido por nuestro Candidato del Partido revolucionario Institucional a la Presidencia de la Republica y se llevará acabo, en el Centro de Convenciones ubicado en ...''
En esta reunión, el consejero Alfredo Figueroa, solicitaba que las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Vigilancia del Voto, analizaran este asunto, ya que además de la participación del ayuntamiento de Puebla y de la Fenam, en la invitación aparecen los logotipos del Gobierno del estado de Puebla, así como los de la Cámara de Diputados y Senadores, correspondientes a la LIX Legislatura.
Después de diversas intervenciones, el Consejo determinó turnar este asunto a las comisiones de Vigilancia del Voto y Asuntos Jurídicos, para su análisis y determinar lo procedente.
Con fecha 12 de diciembre de 2005, el CDE del PAN en el estado de Puebla, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, para que fuera turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla, con la finalidad de esclarecer el manejo de recursos en este evento proselitista.
ConsiderandosEl eje fundamental en la vida institucional de un país, es el respeto a sus instituciones, a la naturaleza para que fueron constituidas y la labor y responsabilidad a que fueron encomendadas. Cuidar de no violentar y desviar esta labor propia de las instituciones, es respetar el estado de derecho y fortalecer la vida democrática de nuestro país.
La Fenam, como una institución mas de las que se encuentran en nuestro tejido social, tiene el derecho y la libertad de tomar sus decisiones, de realizar aquellos eventos que considere pertinente y de definir el rumbo político que mejor le convenga, todo esto, siempre dentro del margen de la ley.
El evento proselitista realizado en coordinación con el ayuntamiento de Puebla, atenta contra la función del ayuntamiento que es el órgano que gobierna de manera directa a los ciudadanos que ahí viven. El ayuntamiento no puede tener preferencia política, porque atenta contra la equidad, la justicia, atenta contra la vida democrática de la sociedad.
Si a esto se suma, la participación clara del gobierno del estado, en donde no solo aparece como convocante, sino que el gobernador que es su principal representante, haciendo uso de la voz, externa su preferencia partidista, cuando debería ser el principal promotor del respeto al estado de derecho y a la democracia participativa en el estado.
Pero si además, sumamos que el Poder Legislativo federal, tanto senadores como diputados, se integraron a este evento como convocantes en favor de su candidato a la Presidencia de la República, podemos entonces ver a los representantes del pueblo, que con su participación en un acto de esta naturaleza, se olvidaron de su encargo constitucional y de la finalidad por la cual son integrantes del Congreso de la Unión.
Este evento, trae consigo un punto de gran delicadeza, si cada uno de los organismos mencionados, aparecen como convocantes en el evento, entonces se puede presuponer, que se destinaron recursos de cada convocante para la realización de este evento.
Es decir, recursos de orden público estuvieron invertidos en un acto proselitista, en apoyo a la campaña de un candidato en particular. Los recursos federales, estatales y municipales, que surgen de las aportaciones de cada ciudadano, no solo de la entidad, sino a nivel nacional, fueron destinados para apoyar un acto de campaña.
Si esto resultará cierto, ¿Quién autorizó los montos para este evento? ¿Bajo que argumento o justificación se presentó para obtener los recursos?
Si el convocante principal, hubiera sido la Fenam la pregunta sería, ¿De donde obtuvo los recursos para la realización de este evento?
Por lo anterior expuesto, me permito presentar a la consideración del Pleno, conforme lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que conforme sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos federales por parte de la Cámara de Diputados y Senadores de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso
Segundo. Se exhorta al Congreso local del estado de Puebla, para que a través de su órgano fiscalizador y conforme sus facultades, investigue e informe, si existió la aportación de recursos por parte del H. Ayuntamiento de Puebla, así como del Gobierno del estado de Puebla, al evento realizado por la Fenam, los pasados 1 y 2 de diciembre del 2005, para que se deslinden responsabilidades y se aplique las sanciones pertinentes, en su caso.
Tercero. Se exhorta al Consejo local del Instituto Federal Electoral en el estado de Puebla, para que informe a esta soberanía, sobre los avances de la Comisión de Vigilancia del Voto y de Asuntos Jurídicos, respecto a este tema.
Cuarto. Se exhorta a Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en el estado de Puebla, para que informe a esta soberanía, sobre los avances de la denuncia presentada el 12 de diciembre de 2005, por el PAN en el estado de Puebla
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 4 del mes de enero del 2006.--- Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica) , Sen. Francisco Antonio Fraile García (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.Como se ve, el origen es de tipo laboral. Al respecto, es de señalarse que las empresas propiedad del denunciante son subcontratadas por el llamado ``Rey de la Mezclilla'', Kamel Nacif Borge, empresario que demandó por difamación y calumnias a la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Lydia Cacho Ribeiro. No obstante que existió una denuncia para su detención en la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, cometió diversas irregularidades... la Procuraduría cometió diversas irregularidades en la detención del luchador social, al igual que lo hizo con Lydia Cacho Ribeiro. Ésta es una actitud reiterada de la Procuraduría de Puebla.
En este caso no se le notificó que estaba denunciado; la denuncia en su contra fue interpuesta en la Agencia del Ministerio Público especializado en secuestros. Los policías judiciales que lo detuvieron fueron los mismos que aprehendieron a la autora del libro Los demonios del Edén, de la autora que ya mencionamos, y que también han ejecutado órdenes contra líderes de otros movimientos sociales, como los campesinos de La Magdalena Acoxpan, que se oponen a un proyecto gubernamental que pretende extraer agua de su territorio para llevarla a Atlixco.
En diálogo con los medios de información, después de rendir su declaración, reveló el acusado que en su primer día como prisionero fue sujeto a maltratos. Además, hay que decir que este ciudadano ha sido persistentemente perseguido por su oficio humanísimo y humanista de defensor de los derechos de todo mundo, por lo que cabe preguntarnos: ¿por qué la actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla ha sido tan expedita en la denuncia presentada por Lugo Gil Zárate? ¿Por qué la misma Procuraduría archivó la denuncia presentada por Martín Barrios por las lesiones ocasionadas por elementos de seguridad de la empresa Tarrant Apparel Group, empresa asociada a Kamel Nacif? ¿Por qué la Procuraduría no se ha apegado en su actuación al principio de legalidad? ¿Por qué la similitud excesiva en la detención de duros luchadores sociales? Estas preguntas y estas interrogantes exhiben una inadecuada e inaceptable administración de justicia.
Martín Barrios Hernández se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos, específicamente en la lucha por lograr mejores condiciones laborales. Decía yo: esto tiene que ver con una embestida contra los trabajadores por parte de ese tristemente famoso ``Rey de la Mezclilla'' que, por cierto, está mezclado, utilizando el término, en acusaciones de complicidad por lo menos con aquel violador de Cancún que está preso allá por los delitos cometidos. De manera tal que este patrón inescrupuloso es ahora el acusador de un defensor de los derechos humanos. En esta situación me uno a la demanda, a la exigencia que aquí nos presenta la diputada Rosa María Avilés Nájera; y presento a ustedes este punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente solicita, con pleno respeto de la soberanía del estado de Puebla, que la Procuraduría de Justicia de dicho estado revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios Hernández, defensor de los derechos humanos, y apegue su actuación al principio de legalidad; y
Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla que inicie una investigación a los servidores públicos de su dependencia involucrados en la detención de Martín Barrios Hernández, por las presuntas irregularidades en que incurrieron en su desempeño.
Como digo, suscribe la diputada Rosa María Avilés Nájera, a quien damos voz y de quien somos solidarios. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla que revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios, defensor de los derechos humanos y apegue su actuación al principio de legalidad, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl 29 de diciembre del año próximo pasado fue detenido el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zárate, quien argumenta que Barrios le pedía 150 mil pesos para detener un movimiento de 163 obreros maquiladores que exigían una justa liquidación, ya que fueron despedidos por Gil Zárate en represalia por las acusaciones que los trabajadores presentaron en su contra ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto es de señalarse que las empresas propiedad del denunciante son subcontratadas por el ``Rey de la Mezclilla'', Kamel Nacif Borge, empresario que demandó por difamación y calumnias a la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Lydia Cacho Ribeiro.
No obstante de que existió una denuncia para su detención la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla cometió diversas irregularidades en la detención del luchador social al igual que con Lydia Cacho, no se le notificó que estaba denunciado; la denuncia en su contra fue interpuesta en la agencia del Ministerio Público especializado en secuestros, los policías judiciales que lo detuvieron fueron los mismos que aprehendieron a la autora de Los demonios del edén y que también han ejecutado órdenes contra líderes de otros movimientos sociales, como los campesinos de La Magdalena Apocopan, que se oponen a un proyecto gubernamental que pretende extraer agua de su territorio para llevarla a Atlixco.
En diálogo con medios de información, después de rendir su declaración, reveló que en su primer día como prisionero del Centro de Readaptación Social de San Miguel de la capital poblana vivió un clima de hostigamiento, ya que fue obligado a servir de comer a los delincuentes de alta peligrosidad; le hicieron pasar la noche en una celda reducida con 14 personas más, por lo que no pudo conciliar el sueño; además tuvo que llenar un contenedor de basura sin que se le permitiera mudar de ropa después del trabajo.
Mientras, representantes de organizaciones defensoras de los trabajadores de las maquiladoras se reunieron con el subsecretario de Gobierno estatal, Armando Toxqui, quien les prometió que Barrios sería trasladado a un lugar seguro y digno, además de que hablaría con el denunciante para tratar de esclarecer el caso y que el gobierno del estado analizaría ``en lo que les corresponde'' la situación del activista. Recordaron que hace dos años Barrios fue golpeado por varios sujetos y, aunque se levantó la denuncia correspondiente, las autoridades no han esclarecido los hechos, porque le solicitaban que revelara quién podría tener intención de agredirlo.
Por lo que cabe preguntarnos ¿por qué la actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla ha sido tan expedita en la denuncia presentada por Lucio Gil Zarate? ¿Por qué la misma Procuraduría archivó la denuncia presentada por Martín Barrios por las lesiones ocasionadas por elementos de seguridad de la empresa Tarrant Apparel Group, empresa asociada a Kamel Nacif?, ¿por qué la Procuraduría no ha apegado su actuación al principio de legalidad?, ¿por qué la similitud excesiva en la detención de dos luchadores sociales?, ¿la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla es el arma al servicio de los intereses de los grandes empresarios del estado? ¿La Procuraduría es una dependencia que respeta el estado de derecho?
Martín Barrios Hernández se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos específicamente en la lucha por lograr mejores condiciones laborales para los obreros de maquiladoras, sujeto de diferentes agresiones, hostigamientos y amenazas, ejemplo de ello fueron los golpes que le propinaron al salir de su casa en la ciudad de Tehuacán. Represión explicable a que Martín Barrios ha denunciado la explotación laboral, las condiciones mínimas de seguridad que tienen los obreros y el peligro que trae consigo, así como la violación persistente de la Ley Federal del Trabajo por la industria de la maquila en Puebla.
Esta soberanía no puede dejar de manifestarse en contra de las irregularidades que las instituciones encargadas de procurar justicia realizan, urge esclarecer el hecho, urge parar el clima de violencia y represión en el estado de Puebla contra los luchadores sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución.
Punto de AcuerdoPrimero. La Comisión Permanente solícita, con pleno respeto a la soberanía del estado de Puebla, que la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla revise que el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios Hernández, defensor de los derechos humanos, apegue su actuación al principio de legalidad.
Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla que inicie una investigación a los servidores públicos de su dependencia involucrados en la detención de Martín Barrios Hernández por las presuntas irregularidades que incurrieron en su desempeño.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.La secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la negativa, Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No se considera de urgente y obvia resolución; no hay materia para entrar a la discusión y, en consecuencia...
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, señor diputado.El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): Pido la palabra para hablar...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, según lo que hemos acordado --y el Reglamento lo establece, en el artículo 18--, no se puede entrar a la discusión de una proposición con punto de acuerdo si no hay dictamen de alguna de las comisiones de trabajo. En consecuencia, en el momento en que haya el dictamen y se ponga a consideración, podrá usted hacer uso de la voz. En consecuencia, se ordena turnar esta proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión de Trabajo.En ese momento se presentó el encargado de la gerencia, una persona de nombre Cristian Moguel, quien les dijo así: ``éste es mi hotel, y las reglas las pongo yo; y si a mí me indican que estaban teniendo relaciones sexuales, se tienen que ir porque eso no está permitido''. Hay que decir que este hotel...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No es en este momento... ¿Una pregunta? Permítame, señor diputado. ¿Le acepta usted una pregunta?El diputado Iván García Solís: Hágala usted, diputado.
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): Señor diputado, estamos ante la tribuna más alta del país y creo que el tema que usted está tratando... pues podría ser considerado en otras instancias, no en la tribuna del país; no nos exhibamos. Ya de por sí nos estamos exhibiendo con una serie de comentarios que estamos haciendo en torno de otras situaciones y que a lo mejor no tenemos el conocimiento cabal y puntual de las cosas. Es una pregunta: ¿considera usted que es un tema que debe ser tratado aquí, en la Comisión Permanente?El diputado Iván García Solís: Por supuesto, diputado. ¿Puedo contestarle ya?
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, claro.El diputado Iván García Solís: Por supuesto, el que se exhibe es usted. Se exhibe usted porque muestra una intolerancia y, además, un espíritu verdaderamente arcaico.
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): Muy bien, ahorita que termine... El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Perdón, permítame, señor diputado. ¿Concluyó?El diputado Iván García Solís: No, estoy en mi uso de...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Digo, ¿concluyó la respuesta?El diputado Iván García Solís: Ah, la respuesta está concluida; no hace falta más.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Continúe, señor diputado.El diputado Iván García Solís: Continuamos. Hay que decir, mencionaba yo, que el dueño de este hotel se anuncia en el extranjero como un hotel tolerante para quienes tienen preferencias por el mismo sexo; es decir, que lo que acepta para sus huéspedes internacionales y, además, lo promueve; no lo permite para quienes el gerente considera que debe restringir la estancia de estos huéspedes. Tras la golpiza sufrida por los dos jóvenes, en la cual uno de ellos perdió el conocimiento, acudieron al Hospital General de San José del Cabo, donde un médico legista constató las lesiones sufridas y al día siguiente acudieron a presentar una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común; aquí se muestra el número de esa denuncia.
Hay que decir, y esto es muy importante para ilustrar al diputado interrogante, interrogador y a todos quienes requieran esta información, hay que decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pudiera ser completada, pero que ya tiene en esencia la idea del respeto de las personas, prohíbe toda discriminación por las preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Ya lo dice la Constitución, pero hay que decir además que el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación --ley reciente, aprobada por la pasada Legislatura y que, además, ha dado lugar a la constitución, por el actual gobierno, de una comisión respectiva, que preside Gilberto Rincón Gallardo--, hay que decir que el artículo 4o. de esta ley federal dice: ``Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en las preferencias sexuales o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas''.
No cito más preceptos legales o recomendaciones internacionales porque creo que esto es materia de derecho positivo y esto, además, como digo, tiene un correlato en una comisión contra la discriminación, que ha sido, y en esto sí hay que reconocerlo, es un hecho positivo, el propio Gobierno Federal. Por tanto, en función de lo anterior y esperando que haya una posición genuinamente moderna, humanista, que no solamente considere la tolerancia sino la realidad indiscutible de derechos humanos reconocidos en la legislación, que se apruebe este punto de acuerdo:
Único. Exhortar respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Baja California...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítame, señor. Sí... Diputado Iván García Solís, ¿acepta usted una pregunta?El diputado Iván García Solís: Con todo gusto.
El senador Héctor Guillermo Osuna Jaime (desde la curul): Sí, señor diputado, nada más para entender bien lo que está planteando: ¿es un hecho entre una empresa particular y unos huéspedes de un hotel, eso es lo que está planteando?
El diputado Iván García Solís: Es la agresión...
El senador Héctor Guillermo Osuna Jaime (desde la curul): ¿Pero de una empresa, no?, ¿o de un gerente de una empresa?
El diputado Iván García Solís: No de la empresa como tal, como entidad de personas de esa empresa, no, señor.
El senador Héctor Guillermo Osuna Jaime (desde la curul): La pregunta es ¿no cree que éste es un asunto que debía ser turnado a la Profeco o al Ministerio Público o algo así? Es un asunto en que no interviene la autoridad todavía.
El diputado Iván García Solís: Cómo no, sí...
El senador Héctor Guillermo Osuna Jaime (desde la curul): Hay una negligencia. La pregunta es ésta: ¿cree que un asunto particular, que podría yo simpatizar y coincidir con su posición de tolerancia y todo lo que usted pudiera decir, pero no cree que la pregunta, no cree que es asunto entre particulares llenar aquí el tema de cosas que tienen instancias legales que solventar, para efecto de que nos podamos distraer en ese tema aquí? Ésa es la pregunta, ¿no cree usted que es eso...?
El diputado Iván García Solís: Pues mire usted, creo que la distracción corre por su cuenta. Es usted un legislador distraído, y le voy a decir por qué: en primer lugar, porque hay una averiguación previa, y le voy a decir el número, si quiere constatarla puede hacerlo, es el número 02049/SJ/2005, de manera que no es asunto de particulares solamente, es un asunto de administración de la justicia, diputado, o legislador, si es que no es diputado, es senador, perdón, senador, pero legislador en todo caso.
Entonces, respetemos las leyes, legislador. Y también estoy aludiendo no solamente a la Constitución, sino estoy aludiendo también a esta ley, recientemente emitida por el Poder Legislativo, justamente en la Legislatura anterior. ¿Cómo es posible que la Legislatura LIX niegue a la LVIII en algo positivo que hizo? Di lectura al párrafo correspondiente, senador.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítame, señor diputado. ¿Ya concluyó usted su respuesta?El diputado Iván García Solís: Bueno, la respuesta está concluida.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A ver, permítame; no sé si a satisfacción del senador, o puede hacer otra si quiere. Puede hacer otra si quiere... Diputado Lucero Palma, ¿con qué objeto? El diputado Miguel Lucero Palma (desde la curul): Hacer una pregunta al orador. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Quiere usted formar una pregunta al orador. Señor diputado Iván García Solís, ¿acepta usted una pregunta del diputado Lucero Palma?El diputado Iván García Solís: Con todo gusto, diputado Lucero Palma.
El diputado Miguel Lucero Palma (desde la curul): Y con todo respeto, observando con preocupación la visceralidad con que usted ha contestado, nada más quisiera saber si usted o quien presenta esta denuncia es familiar de los involucrados o tiene algún parentesco o tiene algún compromiso de carácter familiar.El diputado Iván García Solís: Bueno, en primer lugar... ¿Ya puedo responder?
El diputado Miguel Lucero Palma (desde la curul): Nada más ``sí'' o ``no''; es lo que me interesa.El diputado Iván García Solís: Le voy a responder como se merece.
El diputado Miguel Lucero Palma (desde la curul): Porque se enoja usted mucho. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, no puedo permitir los diálogos. A ver, permítame, diputado Lucero Palma; está haciendo una pregunta muy concreta. Diputado García Solís, tiene el uso de la palabra para responder.El diputado Iván García Solís: Con todo gusto, pero el señor parece Ministerio Público porque dice: ``conteste 'sí' o 'no'''; ¡véase usted qué exageración! Mire, diputado Lucero Palma, mejores luces deberían caracterizarlo porque la visceralidad corre por cuenta de usted o de otros; estoy defendiendo la legalidad, la legalidad, y he hecho mención de averiguaciones previas y he hecho mención no solamente de la Constitución sino de una ley reciente, de manera tal que eso tiene que ver directamente con el tema que estamos tratando.
No hay absolutamente nada de ninguna naturaleza, salvo, salvo la necesidad de pugnar porque haya justicia y porque esta Comisión Permanente sea, como su nombre indica, permanente y vigilante; haga la permanente vigilancia del respeto de las leyes. Termino, entonces, de leer el punto de acuerdo que, desafortunadamente, fue interrumpido por estas inoportunas preguntas, pero creo que suficientemente contestadas.
Estamos planteando exhortar respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur a realizar una investigación pronta y eficaz, con la finalidad de que los hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur por personal del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos no queden impunes. De igual manera, solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación que asuma y resuelva el caso de acuerdo con sus atribuciones. Gracias, Presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades del estado de Baja California Sur a sancionar actos de discriminación en el hotel Presidente Intercontinental, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD
Las y los suscritos, legisladores federales ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl jueves 22 de diciembre conocimos la noticia sobre los actos de discriminación, vejación y el violento desalojo cometidos por personal de seguridad y administrativo del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos, Baja California Sur, en contra de dos huéspedes, simplemente por darse un beso en la alberca.
Se trata del caso de dos jóvenes: Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, quienes nadaban en la alberca del hotel, y al darse un beso, de manera inmediata fueron interceptados violentamente por personal de vigilancia, los jalonearon, los patearon y arrastraron por el piso hasta echarlos fuera del hotel.
En ese momento se presentó el encargado de la gerencia, una persona de nombre Christian Moguel, quien les dijo: ``este es mi hotel y las reglas las pongo yo, y si a mí me dicen que estaban teniendo relaciones sexuales, se tienen que ir porque eso no está permitido''.
Cabe mencionar que por indicaciones de la gerencia se les negó la entrada a su habitación y sus pertenencias se las dieron en la calle, mismas que se las entregaron incompletas pues les faltaba dinero, unos lentes, un celular y ropa.
Tras la golpiza sufrida por los dos jóvenes, en la cual uno de ellos perdió el conocimiento, acudieron al Hospital General de San José del Cabo, donde un médico legista constató las lesiones sufridas y al día siguiente acudieron a presentar una denuncia de hechos ante la agencia del ministerio público del fuero común de esa localidad y con numero de averiguación previa 02049/SJ/2005.
No es la primera vez que en México se dan hechos de evidente discriminación y ominosa homofobia, conductas que de acuerdo con la Constitución y las leyes que de ella derivan constituyen delitos y violaciones a los derechos humanos de las personas.
En efecto, la Constitución Política de 1917 prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por otro lado, el artículo 41 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece: ``Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en las preferencias sexuales, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.''
A mayor abundamiento, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por el Gobierno Federal, establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Como vemos, tanto la Constitución Política como el derecho internacional de los derechos humanos protegen y garantizan los derechos y libertades fundamentales de todas las personas a que los ejerzan en un marco de tolerancia, pluralidad y respeto a la diversidad y las preferencias sexuales de los seres humanos, por lo que son inadmisibles y condenables los actos de discriminación que constituyen violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por el personal administrativo y de seguridad del hotel Presidente Intercontinental en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur.
Un hecho de esta naturaleza no debe quedar impune, porque sería la mejor invitación a realizar otros actos que contravienen los principios de respeto a las diferencias y a la pluralidad de expresión de las identidades humanas en un marco de respeto y sin transgredir derechos de terceros, por lo que hacemos un atento y respetuoso exhorto para que las autoridades competentes del estado de Baja California consignen el caso ante los tribunales y que sea un juez quien de acuerdo con los hechos y evidencias del caso determine y resuelva conforme a Derecho lo que a cada quien le corresponde.
Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados condena los hechos de discriminación cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur en el hotel Presidente Intercontinental y exhorta a las autoridades competentes a sancionar conforme a derecho a los responsables.
Punto de AcuerdoÚnico.- Exhortar respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur a realizar una investigación pronta y eficaz con la finalidad de que los hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur por personal del hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos no queden impunes; de igual manera solicitar a la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación asuma y resuelva el caso de acuerdo con sus atribuciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2006.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No es procedente, señor diputado. No es oportuno, no es procedente. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Si la considera de urgente resolución, entramos al debate y ahí habrá un campo muy amplio para discutir el tema.La secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... No se encuentra aprobada.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. No se considera de urgente resolución; en consecuencia, se ordena turnar la proposición con punto de acuerdo a la Primera Comisión de Trabajo.
La secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera aprobar el tiempo para ampliar y discutir los dos puntos de la agenda política.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Si repetimos la votación para poder contarla, ¿sí?
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No le quedó clara. Se repite la votación.La secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Sí, por favor. Las y los ciudadanos que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El senador Óscar Cantón Zetina: Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea: gracias por su apoyo, señores diputados y senadores. Durante el periodo vacacional, con indignación nos enteramos del significativo incremento de los salarios mínimos de 4 por ciento, incremento que en términos reales representa 1 peso con 80 centavos en promedio diariamente. El argumento para su aprobación fue que la inflación para 2006, según algunos analistas privados, fluctuará entre 3.5 y 4.0 por ciento.
Por supuesto, los patrones consideran suficiente el aumento y además, curándose en salud, advierten que, en caso de haberse dado un incremento mayor, se habrían visto afectados los empleos formales. He sabido que el control inflacionario requiere una política restrictiva del salario, pero también se sabe muy bien que la restricción salarial defendida por las políticas neoliberales propicia la distribución inicua de la riqueza. Lo insuficiente del incremento es evidente si se compara con el costo de las necesidades básicas del mexicano, como es el transporte o la alimentación.
Por ejemplo, el aumento de 1.80 no alcanza para comprar un boleto del Metro en la Ciudad de México, que vale 2.5 pesos; tampoco para medio kilo de tortillas, 6 pesos; o un litro de leche, 7 pesos. Este injusto incremento es un insulto al trabajador mexicano y una prueba más del rotundo fracaso de la administración foxista, del desgobierno del cambio, el cual ha tenido la capacidad para que a lo largo de su sexenio los salarios mínimos hayan obtenido un incremento acumulado de solamente --¡escúchenlo bien!--, de solamente 8 pesos con 32 centavos, lo que representa un promedio anual de tan sólo 1.6 pesos.
Es claro que en este tema, a diferencia de muchos otros, Vicente Fox no tendrá a quien culpar, a menos que sea capaz de decirnos por sí mismo o a través de su vocero, a lo mejor, que el irrisorio incremento es por causa de los trabajadores, que no supieron negociar beneficios mayores, y es que tal vez la miseria es difícil de observar cuando se está tan lejos de la realidad, pues el Presidente Fox tendrá un salario mensual aproximado de 247 mil pesos, lo que representa cinco mil 392 veces un salario mínimo diario, correspondiente a la zona C, en la cual se halla mi estado, Tabasco, estado al que represento en este Congreso.
Esa enorme diferencia es una grave ofensa para el pueblo de México: en Tabasco como en Chiapas, en Hidalgo, en Oaxaca, los salarios mínimos son marginales. Una vez aplicado el incremento, ascenderán a la estratosférica cantidad de 45 pesos con 81 centavos, cantidad evidentemente insuficiente para el pago de habitación, educación, vestido y alimentación de una familia. De esparcimiento, de diversión para qué hablamos, ¡hombre! Como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo, algunos de mis paisanos tabasqueños procuran desempeñar más de un empleo, igual que miles de mexicanos, y muchos, al igual que cientos de miles de mexicanos, emigran hacia Estados Unidos. Ésta es la respuesta de la palabra presidencial de Vicente Fox en su campaña política.
Él ofreció --¡una más de sus promesas incumplidas!-- que iba a resarcir el poder adquisitivo de los salarios. También hizo otra promesa: homologar las zonas salariales. Esas promesas incumplidas provocan la aplicación de una política salarial discriminatoria, que establece una clasificación de la clase trabajadora. La falta de salarios mínimos iguales en todo el territorio nacional propicia que existan diferentes estatus entre los trabajadores mexicanos: hay trabajadores mexicanos ``A'', ``B'' y ``C''; pónganles el precio que ustedes quieran. Por eso, por eso expresamos que es una prioridad para el Partido Revolucionario Institucional la homologación de los salarios de la clase trabajadora. No hacerlo es discriminatorio para los mexicanos que habitan en las zonas centro y sur de nuestro país; y también ya es momento de atender --y lo volvemos a decir al Gobierno Federal-- los reclamos de la clase trabajadora.
Establecer salarios mínimos congruentes con lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que sean suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y proveer de educación obligatoria a los hijos. Cualquier otra consideración, cualquier otra migaja salarial es francamente violatoria de la Constitución y es un atentado a la estabilidad de la nación.
Es así como quise subir aquí, en este tiempo tan precioso para los legisladores, para manifestar esta inconformidad por el aumento tan fuera de proporción que se dio a los trabajadores mexicanos en el salario mínimo por parte del gobierno, del gobierno que seguramente será recordado por mucho años por atentar contra los propios trabajadores y la nación mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para referirse al mismo tema han solicitado el uso de la palabra los siguientes legisladores: diputado Jesús González Schmal, del partido de Convergencia; el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; y el senador Francisco Antonio Fraile García, del Partido Acción Nacional. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús González Schmal, hasta por cinco minutos, para referirse al mismo tema.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano Presidente. Apenas la semana pasada, en Estados Unidos de América se anunció la elevación del salario mínimo por hora. Los trabajadores norteamericanos perciben desde el día 1 de enero 7 dólares 11 centavos por hora de trabajo diario. En México, en la República Mexicana --estoy de acuerdo con el senador Cantón, aun con las diferencias--, los mexicanos llegamos a percibir entre 6 pesos y 6 con 50 centavos la hora.He aquí, pues, la razón de fondo, de por qué es evidente que el país está estrangulado por su propia política de salarios mínimos regresivos. ``Regresivos'' porque es muy evidente que también en la tónica oficial anunciar las inflaciones de entre 3 y 4 por ciento para contener el alza de los salarios a esos niveles está perfectamente programado para dar cumplimiento a una política económica monetarista que no reconoce sino la variable de los salarios mínimos para contener la inflación, que --por cierto y como todos podemos constatar-- siempre se anuncia evidentemente por debajo de sus niveles reales. ¿Quién va a creer que en estos días la inflación en México anual alcanza 4 por ciento?
Es evidente que apenas si todavía por encima de este nivel está la indexación de la gasolina, la indexación de la luz, la indexación del gas que, incluso, desbordó este tope de indexación y que, por lo pronto, entonces también castiga y erosiona el ingreso personal, el ingreso familiar.
Luego entonces, aquí lo que está realmente prevaleciendo en la política económica de este sexenio es el apego ortodoxo al extremo a una política monetarista que está, como señalaba yo, estrangulando la economía porque ningún productor nacional, ningún empresario, ningún inversionista se atreve a hacer inversiones de dimensión, de magnitud, cuando sabe que hay un cuello de botella, que el trabajador, el modesto trabajador no va a tener acceso a bienes de consumo de determinado nivel porque su salario apenas si le alcanza para sobrevivir y, seguramente, con la condena de una anemia crónica de sus hijos en un futuro próximo.
Aquí está escondida toda una trampa para la economía nacional que, sin embargo, los economistas ortodoxos han proseguido siguiendo los lineamientos de Washington, que cambia ya --y como señalé en un principio--, no se dan estas condiciones de someter y de restringir el ingreso del salario mínimo a los trabajadores de las más modestas ocupaciones. De modo que incluso aquí podemos explicarnos, conforme a esta mínima elevación de los salarios mínimos, por qué está creciendo el ambulantaje. Porque no hay un empleo; muchas veces hay empleos, pero de tal manera, precariamente retribuidos, que evidentemente no alcanzan para satisfacer las necesidades familiares mínimas y opta el individuo por irse a un trabajo casi clandestino, como es o se ha considerado el ambulantaje.
También es cierto que esto está propiciando inversión de productos baratos de Asia; simple y sencillamente porque la demanda es elástica a precio, porque el mexicano en su gran mayoría no tiene capacidad económica para un consumo de mediana importancia. En ese sentido, apoyamos la propuesta del senador Cantón en el sentido de que, por lo menos, se nivelen los salarios nacionales y no se haga una discriminación de zonas que de por sí han sufrido un agobio y una parálisis económica y todavía con la incidencia de un salario bajo; van a paralizar y van a estrangular más la economía. Es todo; muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: una vez más, son los trabajadores de México los que tienen que pagar los costos de la política económica neoliberal. En días pasados se reunió la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para definir el aumento del salario para 2006, que operará para las tres zonas geográficas en que está dividido el país: para las zonas A, B y C, los minisalarios generales son de 48 pesos con 67 centavos, 47 pesos con 16 centavos y 45 pesos con 81 centavos, respectivamente. ¿Para qué alcanza esto, compañeros legisladores? El aumento general fue de un vergonzoso 4 por ciento, que no alcanza ni para adquirir un boleto del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, ya ni qué decir de productos de la canasta básica como el huevo, el pan y la leche.La Constitución establece el derecho de todo trabajador a recibir un salario digno que le permita el acceso a la alimentación, la salud, la educación y el esparcimiento para él y para su familia, mientras que este lastimoso aumento del salario mínimo se aleja mucho de cumplir lo que dicta la norma constitucional. Compañeras y compañeros legisladores: para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el Gobierno Federal debería resarcir la pérdida del poder adquisitivo, que cada año merma el salario real de los trabajadores. Millones de mexicanos trabajan con sacrificio dos o tres turnos para poder llevar el pan a la mesa de sus hogares. Sin embargo, esto ya no es suficiente porque cada vez el pago del trabajo es menos retribuido.
Es por todos conocido que la inflación que calcula el Banco de México no se corresponde con el aumento de los precios de la canasta básica, por lo que el incremento salarial tendría que ser necesariamente mayor que el nivel inflacionario acumulado año con año. De lo contrario, con esta política restrictiva salarial el Gobierno Federal retarda la recuperación económica, pues resta demanda efectiva al mercado interno y mercado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, el impacto negativo no sólo es para los bolsillos de los trabajadores, sino que genera el desarrollo de otras actividades como la economía informal y actividades ilícitas como la delincuencia.
En los hechos, el Ejecutivo federal promueve la migración de miles de padres de familia, jóvenes y niños, que ven con desánimo cómo su entorno económico y social se deteriora. Esta política económica, que no es solamente de este gobierno, que viene desde Miguel de la Madrid y que a muchos como el senador Zetina, pues desde ese tiempo debieron haber levantado la voz, porque es la misma, es la misma política neoliberal que desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo y ahora con Fox sigue haciendo descansar en los trabajadores todo el peso de la economía y, desde luego, permite el enriquecimiento de las grandes empresas nacionales, y transnacionales sobre todo.
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo rechaza la política salarial restrictiva que sigue privando a los trabajadores mexicanos del fruto de su esfuerzo y ensanchando las ganancias de los grandes capitales nacionales e internacionales, y llama a los trabajadores mexicanos y al pueblo de México a luchar por una nueva política económica porque es lo único que nos podrá sacar adelante. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador Francisco Fraile, hasta por cinco minutos, para referirse al mismo tema.El senador Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señor Presidente. Trataremos de ser breves, pero sí quiero plantear un asunto que me parece importante para los legisladores y para la nación. En primer lugar, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 los propios constituyentes, no otros más, fueron los que pusieron el famoso ``salario mínimo''.
Nada más que quiero leer a ustedes lo que decían los constituyentes, para que nosotros empecemos a reflexionar qué nos ha fallado de 1917 a la fecha. Decían ellos que para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Éste es el planteamiento que quisiera hacer esta tarde y aprovechar el punto de partida de los salarios mínimos. Debemos empezar a considerar nosotros el hecho de que debe ser un salario familiar, que debemos satisfacer inicialmente el salario familiar.
Quiero decirles que la mayor parte de los mexicanos que se contrata hoy, en su gran mayoría no se contrata por un salario mínimo. Los salarios mínimos se han empezado a hacer una referencia. Generalmente, la autoridad política --es decir, los gobernantes-- utiliza los salarios mínimos así, los salarios mínimos para poner las multas.
Para eso se ponen los salarios mínimos. De hecho, esto es lo que más opera. En las negociaciones, los salarios mínimos son la referencia, y qué bueno que no le ponen más porque creo que quebraríamos muchos con algunas multas. Pero en particular, quiero mencionar que esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene una de las características que más me han agradado en la ley laboral y que en el 123 viene contemplado, las decisiones tripartitas. Éste es otro asunto tripartito; en él se sientan los trabajadores, los líderes del Congreso del Trabajo, fundamentalmente, algunas otras asociaciones del trabajo y enfrente se sientan los organismos empresariales y solamente manda a un solo representante el Poder Ejecutivo.
Esa decisión de los salarios mínimos, señores, ha correspondido a los actores del trabajo, a los que están inmersos en el trabajo, tanto por parte de los sindicatos como por parte de los patrones. No es un asunto de un invento de la Presidencia de la República, no es un asunto que se saque de la manga la Presidencia de la República. Es un asunto fundamentalmente de una comisión tripartita, como lo es el Seguro Social, como lo es el Infonavit y como son otras cosas, donde se toman decisiones tripartitas y que ha sido beneficiosa, en el ámbito fundamentalmente del Infonavit y del Seguro Social, esta forma tripartita.
En este sentido, creo que debemos nosotros trabajar, fundamentalmente los legisladores, y quisiera tomar de referencia el punto de hablar de los salarios mínimos, que --desde luego-- no estoy de acuerdo en que aumenten de esa manera y nunca lo estaremos y nadie estará de acuerdo, pero también nosotros tenemos que dar un paso fundamental, señores, de contemplar este espíritu del 123 constitucional, a considerar un salario familiar, más que un salario personal y separarlo de un salario mínimo para asuntos legales, que es por lo general como se usa.
Y el otro punto que me gustaría poner a consideración de ustedes y hacer muy positiva esta intervención es en el sentido... se habla de que en Estados Unidos se paga por horas; nuestra Constitución... digo, nuestra ley laboral no lo contempla, no lo contempla, señores; contempla un salario mínimo. Entonces, aquí lo que necesitamos es dar un paso importante en reformar la ley laboral que, por cierto, duerme el sueño de los justos y debería ser nuestra angustia, señores legisladores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor senador. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, para alusiones personales, el senador Óscar Cantón Zetina.El senador Óscar Cantón Zetina: Gracias, señor Presidente. Una precisión quisiera hacer al señor diputado Amadeo Espinosa: no sé qué edad tenga usted, no sé cuál sea su experiencia política o legislativa, pero le pido que consulte el Diario de los Debates de septiembre de 1982, LII Legislatura. Fui diputado federal por Tabasco, la primera vez, por voto mayoritario --por cierto, ¿eh?-- Cuatro veces he sido representante en este Congreso de la Unión por voto mayoritario. Y usted puede ver mi intervención, señor diputado, donde condeno las políticas neoliberales, condeno la contracción del salario, condeno la imposición de las políticas por parte de los organismos financieros internacionales y del gobierno norteamericano.
Le preguntaba en una comparecencia al secretario de Programación y Presupuesto que por qué nosotros teníamos que pagar el costo de una debacle financiera, que por qué los millones de mexicanos tenían que ver deteriorados sus salarios y su calidad de vida. Le pido que lo consulte; no afirme antes de tiempo porque, si no, yo podría presumir que el sentido estricto de su nombramiento plurinominal corresponde a muchas nóminas y no a una condición jurídica de legislador; sería un atrevimiento de mi parte.
A mí no me consta que cobre usted en el gobierno de Chiapas, a mí no me consta que cobre usted en el sindicato de maestros, a mí no me consta que cobra más... que supuestamente cobró usted aquí como legislador. Por tanto, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, señor legislador. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Francisco Amadeo Espinosa: para alusiones personales, le concedo el uso de la tribuna por tres minutos.El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Pues vengo, señor senador... no tuve el cuidado de revisar esas expresiones o esas intervenciones de su parte. Si lo hizo en su tiempo, qué bueno, le reconozco, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirle, por lo que su partido ha hecho, finalmente va contrario a lo que usted dice que expresó. No se qué tiene que hacer en ese partido si las políticas que ha apoyado ese partido son las que usted dice condenar.En ánimo de congruencia, usted ya no debería estar en el PRI. Y claro que vengo aquí, señor diputado, a decir lo que digo porque, efectivamente, no tengo cola que me pisen, ninguna. Esas alusiones que usted hizo no existe ninguna de ellas, y lo reto en todo caso a que demuestre, ¿verdad? Porque usted viene a decir cosas o a suponer cosas que no son reales y que cree, como dijo hace un rato un diputado del PAN... que el león cree que son todos de su condición, definitivamente. Entonces, digo, si usted rechaza las políticas neoliberales y la política económica que su partido ha apoyado, ¿pues qué hace allí? ¡Caramba, sea congruente!
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No tengo más oradores respecto a este punto, y el siguiente se refiere a los comentarios sobre las violaciones de la tregua electoral del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y su candidato. Sobre el punto anterior, tiene usted la palabra, señor diputado.El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, compañero Presidente; compañeros diputados y senadores; compañeras diputadas, compañeras senadoras: el tema que hoy se revisa en esta agenda, en la cual apoyamos la propuesta del compañero senador Cantón Zetina, es de gran situación nacional y algo que, creo, distraernos en un descalificativo en que se hacían algunos partidos, creo que todos los partidos estamos inmersos en diferentes formas de pensar, de sus actores, de sus propios miembros; y lo que tenemos que cuidar es ser congruentes en lo que nosotros pensamos y creemos. Lo que hoy está viviendo México no es más que el abandono del nacionalismo.Algo que enmarcaba el compañero senador del PAN y que se remontaba a 1917, donde queda plasmado en un acuerdo, en un compromiso toral y que ha faltado algo fundamental, que se llama ``sentimiento de nación'', y que ningún gobierno que no esté hecho al corte político del país lo va a entender porque carecen de un sentimiento de responsabilidad con el país. Y que asignar un salario de 48 pesos o de 50 pesos, que es el que está corriendo ya arriba de los salarios mínimos, está haciendo a los mexicanos sobrevivir en sus propios países; pero eso no es más que una política neoliberal.
El término neoliberal está inscrito en todos los escenarios y hay jóvenes que estudian y tienen que revisar qué es el neoliberalismo; no es más que el avasallamiento del país más poderoso, Estados Unidos, y que algunos gobiernos que llegan a ocupar el cargo de servir a los mexicanos, en lugar de ver a México, se voltean a ver al país vecino y a servir a los intereses de los organismos mundiales y a olvidarse del compromiso con los mexicanos. ¿Cómo es posible que encontremos en los periódicos que dicen que hay un ahorro de 80 mil millones de pesos o de 80 mil millones de dólares, cuando tenemos 50 millones de mexicanos que se están debatiendo en la miseria para tratar de hacer del salario mínimo un poder adquisitivo?
Hay gente que no vive, ¿eh? Sobrevive sobre lo que hace en sus tierras. Se ha desmantelado la infraestructura productiva, se están desmantelando las organizaciones sociales, se está desmantelando todo lo que era defensa de los trabajadores y de las organizaciones; y, sin embargo, nos estamos peleando en situaciones que van más allá de los intereses de grupos o de personas: si uno cobra en equis lugar, si el otro no tiene cola que le pisen o si tiene la lengua corta o la cola larga. Siento que tengo que revisar...
Hace unos días, precisamente, acusaban al Gobierno Federal de ser el cachorro del neoliberalismo, del imperio yanqui; y es cierto. Hablar del Acuerdo de Libre Comercio con América Latina no va a hacer más que cumplir lo que hoy estamos viviendo los mexicanos; es la ventana de crear 31 países de América Latina de mercado de consumo y para no poder regatear a nadie nada, tienen que someternos primero a nuestra capacidad productiva, a nuestra capacidad de producción, para que no haya capacidad de defensa como mexicanos ni como ciudadanos, para que podamos decir a los gobiernos que no estamos de acuerdo.
No nada más nos están quitando el derecho a la vida: ¡nos están castrando como mexicanos!, y eso no se le puede permitir a ningún gobierno, llámese del partido que se llame. Los priístas hemos pagado el absurdo y el abuso de los tecnócratas; lo pagamos perdiendo la Presidencia de la República en 2000; pero llevó 70 años, como dicen, y 20 o 22 de errores, lo pagamos en 2000. Este gobierno lo va a pagar en cinco años porque se ha preocupado más en defender a los organismos mundiales de comercio, al Fondo Monetario Internacional. Han hecho ahorritos cuantiosos y grandísimos para abonar a alguien que no le quiere ni cobrar, y se han olvidado de los mexicanos.
Me preocupa algo más allá de lo normal: estamos acortando la mecha de un estallido social, que el día de mañana el partido que gobierne ni con todo el dinero del mundo va a tener la capacidad de acallar a los 100 millones de mexicanos que se están debatiendo en la miseria. Hoy ya no hay clase media; hoy hay clase jodida del nivel fuerte hacia abajo. Los únicos cómodos vamos a ser nosotros, los que devengamos un salario más allá de los mil, 2 mil o 3 mil salarios mínimos; pero los demás, cuando vean que únicamente hay abundancia en una casa y miles se debaten en la miseria, van a echar mano a todo lo que esté a su alcance. Hay quienes prefieren morir, como murió el compañero en la frontera, a vivir agonizando toda su vida en México.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ha terminado su tiempo. Concluya, señor diputado.El diputado Julián Nazar Morales: Concluyo, señor Presidente. Hagamos una conciencia nacionalista, todos los actores políticos que estamos participando: antes de voltear a ver los intereses de Estados Unidos y de quedar bien con lo que dice el gringo, veamos primero qué necesita México, y la economía que tenemos hoy en ahorros la hagamos llegar a través de inversiones de producción, de comercialización, de mejores condiciones de educación, de salud y de vida para los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.
Dijimos entonces, y ahora lo mencionamos, es oportuno; si no lo hiciéramos ahora, dejaríamos pasar tiempo muy importante, que este exhorto tenga que ver con que no se produzcan más actos como los que aquí mencionamos y que estuvieron protagonizados por el candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que --como ya también se dijo-- aparte de comparecer en forma propagandística con financieros y empresarios alemanes, durante la temporada navideña emitió spots que promueven su candidatura. Esos spots, por supuesto, deben ser monitoreados por el IFE; si lo fueron, entonces debe actuar en consecuencia. Hay que decir que ésos son elementos que forman parte de una estrategia que busca hacer campaña para un candidato, haciendo caso omiso del acuerdo político firmado, ese acuerdo que en el cual se empeñaron la palabra y la firma.
El incumplimiento de esos acuerdos, hay que decirlo, está sancionado en el Cofipe; no es algo que sean acuerdos simplemente letra muerta: hay sanciones previstas en el artículo 269, numeral 2, inciso b), cuando estos acuerdos no sean cumplidos. Y hay que decir también que para anticipar, cuando los candidatos anticipan campañas, como pudiera ser el caso comprobable, también existe un artículo 190, que prescribe sanciones, que es causal de sanciones. La tregua electoral busca como objetivo primordial imprimir a la contienda de este año condiciones mínimas de equidad, misma que se ha perdido por la presencia del dinero, que también fue abiertamente, dijéramos, esta acción fue estimulada en el caso de Felipe Calderón, que buscaba apoyo financiero. Y desde luego, ya estamos ante una cauda enorme de propaganda televisiva, costosísima, que no solamente ofende a la nación sino que produce iniquidad en este proceso.
Hay que decir también que, frente a ello, frente a esta reclamación que públicamente hicimos, la respuesta del señor Luis Carlos Ugalde, Presidente del IFE, no es satisfactoria; por el contrario, pudiera decirse que es preocupante. El señor ha declarado que el IFE, califica el IFE como ``tregua exitosa, pese a tres impugnaciones''. Menciona las impugnaciones realizadas.
Pero desde luego, dice que el procedimiento a seguir será investigar los hechos, llevar a cabo las diligencias, examinar un dictamen y eventualmente, si se encuentran elementos de intencionalidad --aquí el señor va a juzgar intenciones, no hechos objetivos, lo cual, a mi juicio, es una pifia evidente de este funcionario-- y condiciones de tiempo, modo y lugar, entonces el IFE sancionará.
Nos parece que éste no es el tono que debería utilizar este Presidente del IFE y que debería ser más enérgico y conciso y en este momento estar resolviendo ya, y no dejar para las calendas, la investigación que pudiera hacerse o prolongarse hasta cuando las elecciones ya prácticamente vayan a realizarse. Hay que decir que estamos en un marco electoral sumamente incompleto, sumamente limitado que, desde luego, tenemos que corregir. Hay iniciativas; yo presenté, entre otros muchos que han presentado iniciativas, una que tiende a buscar equidad, a limitar el ejercicio de recursos en las campañas, que tiende a transparentar el ejercicio de esos mismos recursos y también tiende a que el Presidente del IFE sea electo por los propios consejeros y no tenga, por tanto, como tiene ahora, un poder superior al del resto de los consejeros, pues dispone de una designación directa.
Entonces, todas esas insuficiencias, fallas, inexactitudes, todo esto, que refleja una transición que no se ha completado todavía, debe ser resuelto, debe ser apuntalado, debe ser mejorado a través de acuerdos como el que se firmó, siempre y cuando esos acuerdos se cumplan. El exhorto, pues, es que estando ya en vísperas del inicio formal de las campañas y de un anticipo irregular e indebido de las mismas, en algunos casos, se tomen las medidas adecuadas para que el curso de la campaña tan importante como será la de 2006 tenga los mejores auspicios y tenga los mejores resultados. Ésta es una reiteración, repito, oportuna y creo que asumible por todas y todos los legisladores presentes. Gracias.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Señor Presidente, solicito la palabra para el mismo tema.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Döring. Para el mismo tema, tiene usted el uso de la tribuna por cinco minutos, diputado Döring.El diputado Federico Döring Casar: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: lo que me parece rescatable de la intervención es el exhorto a dar a este país una reforma electoral. Me parece que, en un acto de autocrítica y de contrición, tendríamos que reconocer la incapacidad que tuvo el Congreso de dar a México una reforma electoral que regulara las inquietudes que aquí se han venido a plasmar. Varios partidos, el mío por supuesto, presentamos iniciativas para regular el asunto de las precampañas para fortalecer las atribuciones del órgano electoral en materia de fiscalización no sólo del dinero sino de los actos públicos.En eso nuestra palabra está empeñada y nuestro compromiso siempre estuvo en la mesa de negociación; desafortunadamente no se logró, desafortunadamente no se logró. Y lo que ahora vemos es que hay quienes tienen más capacidad de crítica que de construcción; hay quienes tienen más capacidad de cuestionamiento que de acercamiento. La tregua, bien entendida, es un acuerdo de voluntades que suple la incapacidad de este Congreso para llenar un vacío jurídico que tiene la legislación de nuestro país. Eso es lo que nos debe ocupar, que se tenga que recurrir a un acuerdo metajurídico y eminentemente político para llenar un vacío que nosotros fuimos incapaces, como Congreso, de subsanar; ése debe ser el tema.
Sobre lo demás que se ha dicho, no merecería una respuesta, pero sólo hay que decir una cosa: el candidato Calderón no ha violado absolutamente ninguna disposición jurídica ni ninguna tregua. La esencia de un acto proselitista implica de suyo la posibilidad de pedir a alguien que emita el sufragio a favor de una persona.
El gran tema, el gran precedente, el gran caso que se trae hoy es una reunión con ciudadanos no mexicanos, que no tienen credencial de elector, que no aparecen en el listado nominal y que, por ende, no son sujetos de acto proselitista alguno porque no son siquiera actores pasivos sobre el proceso constitucional de 2006. A veces, la política a muchos les queda muy grande y sólo la llevan a la especulación. Ojalá y este Congreso pueda dignificar y saque una reforma electoral que dé certidumbre mayor a las instituciones. Y ojalá también aprendamos todos a no golpear las instituciones. A nadie le gusta ni le sirve este discurso de estar cuestionando al órgano electoral.
Hoy hay declaraciones del dirigente de un partido que dice que no concede el beneficio de la duda al órgano electoral y que sólo se lo va a conceder después de las elecciones. Ergo: sólo si yo gano hay democracia, sólo si yo gano hay equidad, sólo si yo gano soy demócrata. No, eso ya se superó en este país. Un auténtico demócrata se sujeta a las reglas y se sujeta a las actuaciones del árbitro. Y este árbitro es un árbitro capaz de conducir el proceso; y un auténtico demócrata no debe ser un obstáculo para el proceso. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para hechos, señor diputado Iván García Solís.El diputado Iván García Solís: Ciudadanas, ciudadanos legisladores: en obsequio de la brevedad que es requerible en este momento, no mencioné todas las infracciones que ha cometido el Partido Acción Nacional, concretamente su candidato. Pero debo agregar, en este momento que la representación de Partido de la Revolución Democrática en el IFE hizo una ampliación de queja, pues se aportaron nuevos elementos que ya fueron presentados el 29 de diciembre para documentar la reiterada violación de la llamada ``tregua''. Y aquí no nos referimos a la reunión con extranjeros, que --obviamente-- no pueden tener credencial de elector; ¡no!Nos estamos refiriendo a la distribución en distintos puntos, de distintas ciudades también, de tarjetas de felicitación con la imagen del candidato Felipe Calderón Hinojosa con los colores y el logotipo de PAN, así como la difusión durante la temporada navideña --eso sí lo dije-- de spots; eso es clarísimo. Ahora, mencionar, como dice el diputado Döring que la esencia de un acto proselitista es pedir el sufragio; pues bueno, hay muchas formas de pedir el sufragio. Pedir el sufragio mandando tarjetas de Navidad un candidato pues es pedirle el sufragio, no es felicitar solamente, valga la interpretación que dé el órgano electoral; pero, evidentemente, es una manera de pedir el sufragio. Ahora, hay que decir que esta tregua tiene que ser respaldada y fortalecida por la Comisión Permanente.
Es justamente la tarea que tenemos aquí de representar la voluntad popular en el ínterin de los periodos ordinarios de sesiones de una y otra Cámaras. Por eso es un tema urgente, permanente, que no podemos evitar y que por eso nuevamente hemos traído en esta ocasión. Y finalmente digo, no estamos, cuando critico al señor Ugalde, no estoy criticando la institución, la institución es algo que se construyó después de haber padecido innumerables fraudes y después de haber tenido experiencias verdaderamente lamentables en la historia electoral de este país, por no decir muchas fechas, simplemente menciono 1988.
Pero la creación del IFE está asociada al justo desempeño en esta institución. Defendemos, sí, la institución, queremos mejorarla; pero reclamamos el incumplimiento de los acuerdos de ella emanados y también, en su caso, la lenidad o la inconsecuencia en la actuación de quienes dirigen esa institución. No atacamos la institución --con esto concluyo-- sino que criticamos que no se le defienda con el mejor desempeño de quienes la encabezan. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Zermeño, para hechos.El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, Presidente; ofrezco ser muy breve. Nada más para señalar y puntualizar lo que ha venido diciendo el diputado Döring: si no legislamos para que las precampañas tengan un acotamiento en tiempo y en dinero, lo demás son buenos propósitos. Y ahí están iniciativas presentados por quien les habla, por otros legisladores de todos los partidos, presentadas en el Senado de la República, y que se quedaron archivadas y que no las dictaminamos.
Esto de la tregua navideña es un buen propósito, pero no se ha violado ninguna ley por nadie, y la vía jurisdiccional, compañero diputado, es primero la vía administrativa, que no la resuelve el Presidente del IFE, el Presidente del IFE es uno más del Consejo General para resolver las quejas administrativas, pero finalmente está la vía jurisdiccional y así como ha presentado su partido esta queja, pues seguramente habrá de ser resuelta por un órgano que hemos construido entre todos.
Y esperamos que esta tregua navideña para buscar lo que no está en la ley, lo que no está legislado en dinero ni en topes de gastos ni en tiempos de precampaña, pues podamos hacerlo con buena voluntad para que el próximo proceso electoral se lleve a cabo en los mejores términos y buscando entre todos, todos los actores, partidos, candidatos y autoridad electoral, ceñirnos a los principios constitucionales de equidad, de justicia, de objetividad y de certeza jurídica. Gracias.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Para alusiones personales, señor Presidente.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor, permítame; señor diputado, permítame. Esta Presidencia no escuchó que hubiera una alusión personal en relación con usted.El diputado Iván García Solís (desde la curul): Para hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para hechos, le concedo el uso de la tribuna.El diputado Iván García Solís: Por supuesto que me aludió, no por mi nombre, pero sí se dirigió al diputado que había hecho uso de la tribuna con ese tema, ¡por supuesto! Ahora, si también la Presidencia no advierte esta alusión, pues entonces utilizamos el recurso de hablar para hechos, y eso podemos hacerlo. Brevísimamente, igual que usted: creo que, en efecto, sí hay una infracción; por eso mencioné el artículo 269, numeral 2, inciso b), que es la vía para reclamar y para configurar responsabilidades cuando hay incumplimiento de acuerdos.El de la tregua es un acuerdo del IFE, es un acuerdo firmado por todos los participantes, de tal manera que no hay que diluirlo al extremo tal que todo lo remitamos a la falta de una legislación suficientemente coherente. Es decir, trabajemos en los dos sentidos. Legislemos, como usted pide y yo también pido, para que haya una aproximación mejor a la democracia en la legislación electoral tanto en el nivel constitucional como en la ley correspondiente. Hagámoslo, pero eso no quiere decir que cuando hay un acuerdo firmado nos hagamos los desentendidos.
Entonces, hay que hacerlo; y aquí está la ley, y son acuerdos firmados y tienen causales y tienen sus respectivas sanciones. Ahí está una lista de sanciones. No están suficientemente correlacionadas, por cierto; hay quizás ahí una falla legislativa, pero sí existen genéricamente enlistadas, y también genéricamente enlistadas las sanciones, las causales y las sanciones. De tal manera que no nos distraigamos, no nos hagamos los distraídos; hay un acuerdo que tiene que cumplirse, independientemente de que hay que legislar como usted y yo pedimos --creo que muchos más--. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene más oradores registrados; en consecuencia, solicita a la Secretaría que dé cuenta con los asuntos en cartera.La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente. Me permito dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de enero de 2006.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Tlaxcala.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De la Comisión Nacional del Agua
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Del Gobierno del Distrito Federal
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o. numeral 6 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remite información relativa a la evolución de los ingresos y egresos del endeudamiento neto del mes de noviembre de 2005, del Gobierno del Distrito Federal. (Turno a Comisión)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para dar cumplimiento al artículo 24 fracciones I, y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, remite información relativo, sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de noviembre de 2005; recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, correspondiente al mes de noviembre de 2005; la metodología utilizada para el cálculo de los excedentes petroleros, el volumen de la producción y el precio promedio a que hace referencia el artículo sexto transitorio del PEF, para el Ejercicio Fiscal de 2005. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Doce oficios con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Oficios de la Cámara de Senadores
Cuatro, con los que remite solicitudes de permiso para prestar servicios en gobiernos extranjeros.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
Es cuanto, señor Presidente.
Tiempo de duración: 4 horas 55 minutos.
Quórum a la apertura de sesión: 33 legisladores.
Diputados que solicitan licencia: 6.
Senador que se reincorpora: 1.
Proposiciones con puntos de acuerdo: 12.
Puntos de acuerdo, aprobados: 3.
Temas de agenda política: 2. Oradores en tribuna: 49 PRI-14, PAN-14, PRD-11, PVEM-1, PT-5, PT-4.
Se recibió:
1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, con la que invita a ceremonia cívica conmemorativa;
6 comunicaciones de los Congresos de los estados de Colima, Chihuahua, Puebla y Tabasco;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita autorización para que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Honduras;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que comunica la designación por parte del Presidente de la República del ciudadano Salvador Campos Icardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y de Oaxaca;
3 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita el permiso necesario para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia;
4 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita el permiso necesario para que 11 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México;
1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que solicita el permiso necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios en distintas oficinas de gobiernos extranjeros en México;
15 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
8 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
27 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;
1 comunicación de la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, con la que solicita el permiso necesario para desempeñar las funciones de consejera personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau;
1 iniciativa del Ejecutivo;
1 iniciativa del Congreso del estado de Jalisco;
1 iniciativa del Congreso del estado de Nuevo León;
1 iniciativa del Congreso del estado de Sonora;
2 iniciativas del PRI;
1 iniciativa del PAN;
2 iniciativas del PRD;
1 iniciativa del PT. DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético) Aguilar Bodegas, José Antonio (PRI) Programas sociales: 124, 128 Bermúdez Méndez, José Erandi (PAN) Orden del día: 17 desde curul Cantón Zetina, Óscar (PRI) Estado de Quintana Roo: 121 Cantón Zetina, Óscar (PRI) Salarios mínimos: 146, 149 Cárdenas Hernández, Raymundo (PRD) Guillermo Martínez Rodríguez: 112 Castro Castro, José Adalberto (PRI) Programas sociales: 126 Díaz Escárraga, Heliodoro (PRI) Premio Nobel de la Paz: 99 Döring Casar, Federico (PAN) Artículo 24 constitucional: 84 Döring Casar, Federico (PAN) Tregua electoral: 152 Döring Casar, Federico (PAN) Programas sociales: 127, 131 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Guillermo Martínez Rodríguez: 115 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Ley Federal de Cinematografía: 92 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Programas sociales: 130 Espinosa Ramos, Francisco Amadeo (PT) Salarios mínimos: 147, 149 Fraile García, Francisco Antonio (PAN) Estado de Puebla: 136 Fraile García, Francisco Antonio (PAN) Programas sociales: 130 Fraile García, Francisco Antonio (PAN) Salarios mínimos: 148 Gamboa Patrón, Emilio (PRI) Programas sociales: 128 Gámez Gutiérrez, Blanca Amelia (PAN) Feminicidios: 101 García Solís, Iván (PRD) Corrupción de menores: 122 García Solís, Iván (PRD) Estado de Baja California Sur: 141 García Solís, Iván (PRD) Estado de Puebla: 138 García Solís, Iván (PRD) Juan Ignacio García Zalvidea: 104 García Solís, Iván (PRD) Programas sociales: 129, 131 García Solís, Iván (PRD) Tregua electoral: 151, 152, 153 González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Aeropuerto de Tijuana: 105 González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Guillermo Martínez Rodríguez: 114 González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Programas sociales: 128 González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Salarios mínimos: 147 Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo (PRI) Estado de Baja California Sur: 141 desde curul Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo (PRI) Estado de Puebla: 141 desde curul Islas Hernández, Adrián Víctor Hugo (PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 82 Jiménez González, David (PRI) Ley de la Propiedad Industrial: 93 Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Guillermo Martínez Rodríguez: 116 Lucero Palma, Lorenzo Miguel (PRI) Estado de Baja California Sur: 143 desde curul Melgoza Radillo, Rafael (PRD) Organización Mundial de Comercio: 134 Michel Camarena, Héctor (PRI) Guillermo Martínez Rodríguez: 118 Nazar Morales, Julián (PRI) Salarios mínimos: 150 Osuna Jaime, Héctor Guillermo (PAN) Estado de Baja California Sur: 142 desde curul Ramírez Luna, María Angélica (PAN) Estado de Puebla: 110, 133 Sánchez Carreño, Miguel Sadot (PRI) Muro fronterizo: 108 Sandoval Franco, Renato (PAN) Guillermo Martínez Rodríguez: 117 Stephenson Pérez, Susana (PAN) Programas sociales: 125 Stephenson Pérez, Susana (PAN) Programas sociales: 128 desde curul Villalobos Organista, Carlos Manuel (PAN) Estado de Quintana Roo: 119 Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael (PRI) Guillermo Martínez Rodríguez: 118 Zermeño Infante, Jorge (PAN) Tregua electoral: 153