DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 18 de enero de 2006	Sesión No. 5

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Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se va a procede a pasar lista de asistencia de quienes integramos la Comisión Permanente. ¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista de asistencia? Señor Presidente: informo a usted que hay una asistencia de 32 ciudadanos y ciudadanas legisladoras.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Hay quórum; se abre la sesión (a las 11: 40 horas).

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Quienes estén por la negativa.. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de enero de 2006.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De las diputadas Jazmín Elena Zepeda Burgos y María Esther Scherman Leaño.

Del Congreso de Baja California.

Del gobierno del estado de Baja California.

Del coordinador de los magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados en materia Penal del Primer Circuito.

Iniciativa del Congreso de Chihuahua

Que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en diciembre de 2005. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite la propuesta del Presidente de la República del nombramiento de la doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Peyrot González pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. (Turno a Comisión)

Quince, con los que se remiten hojas de servicio de miembros del Ejército Mexicano, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Veintiocho oficios, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Solicitud de particulares

De las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina, respecto al permiso constitucional necesario para que puedan aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ciudadanos legisladores

Que adiciona la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero y suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 185 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que deroga la fracción II del artículo 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, y un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero y suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción II del artículo 70 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 276 y adiciona los artículos 188 Bis, 188 Bis 1 y 275 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo y suscrita por la diputada Nora Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda con Insignia, y del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Silvia Moreno Galván y Ángel Pérez Rodríguez para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Diana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Yessica Andrade Quiñones, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz para prestar servicios en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; y Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus Consulados en Hermosillo, Sonora, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar y publicar con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social información sobre diversos actos de ejecución contra empresarios textileros del estado de Tlaxcala.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Salvador Campos Icardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turkmenistán.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a homologar el valor del salario a nivel nacional, eliminando las tres zonas económicas, suscrita por el diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular de la Sagarpa y al director general del IMSS, a cargo del senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a los gobernadores a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados ``Plandesol'', que permita la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la fundación Vamos México, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Judicial del estado de Sonora la pronta resolución del caso del niño Ismael Mondragón Molina, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez y suscrita por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con relación al operativo de revisión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al decreto mediante el cual se declaró 2006 Año de Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que comparezca el secretario de Salud ante la Comisión Permanente para que informe sobre los casos de gripe aviar detectados en Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Relaciones Exteriores a aplicar con seriedad las políticas pertinentes para erradicar la práctica de medidas discriminatorias contra los transportistas mexicanos, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar un informe detallado sobre las causas de los subejercicios a septiembre de 2005 de programas sociales y explicar el impacto de ese retraso en el cumplimiento de sus metas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal de 2006, suscrita por el diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Presidente de la República informe a esta representación nacional de los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera mexicana, que le fueron solicitados el 13 de octubre de 2005, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal correspondiente a 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo y suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos y Congresos de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero a contar de inmediato con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, suscrita por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Educación Pública investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios, y refuerce medidas para evitar la emisión de documentos apócrifos, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenga y, en su caso, sancione a los presuntos responsables en la afectación que se realiza en el lago de Valle de Bravo por una construcción en el Conjunto Residencial Sotavento dentro de zona federal, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre el tema de los ingenios azucareros expropiados por el Gobierno Federal, a cargo del senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas, suscrita por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al triunfo electoral de Michelle Bachellet en Chile, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la Sagarpa a aplicar políticas públicas que capaciten a los productores mexicanos para soportar la transformación del campo ante la aplicación del Tratado de Libre Comercio, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos y suscrita por la senadora Silvia Asunción Domínguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez y suscrita por las diputadas Adriana González Carrillo y Guadalupe González Ponce, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de recomendar a la Sagarpa y a la Semarnat que emitan el acuerdo para la instalación de la cadena agroalimentaria ganadería alternativa en la política pública de desarrollo rural sustentable y que aprueben las normas conducentes a su inmediata operación, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por los diputados Abdallán Guzmán Cruz y Enrique Torres Cuadros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre el anuncio de la creación de un organismo autónomo para operar los programas sociales del Gobierno Federal, a cargo del senador Óscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal y al Instituto Federal Electoral a invitar formalmente a diversos organismos parlamentarios internacionales a participar como observadores en el proceso electoral mexicano de julio de 2006, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez y suscrita por la diputada Adriana González Carrillo y el senador Fernando Margáin Berlanga, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Sagarpa un informe evaluatorio de lo actuado por el Gobierno Federal durante el periodo en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió, los beneficios generados y las medidas que en este nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera, citando a comparecer al titular de dicha dependencia sobre el tema, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar la intervención del Ejecutivo federal, mediante la Sagarpa, la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública, en el conflicto que vive la comunidad pesquera del puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, en relación con la nueva pesquería denominada ``almeja generosa'', a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las estatales, así como a instituciones de educación media superior y superior, que realicen los acuerdos y convenios pertinentes para evitar la falsificación de documentos que acrediten la obtención de grados académicos, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al secretario de Gobernación que realice una investigación para deslindar las responsabilidades de orden administrativo, penal o ambos por la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración; y que, en su caso, dé vista al Ministerio Público de la Federación, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la inseguridad y la violencia que se vive en el país, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Contraloría del estado de México respecto de la evolución de la situación patrimonial del ex gobernador Arturo Montiel Rojas; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar las investigaciones respectivas y, en su caso, presentar la respectiva denuncia ante el procurador general de la República, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a establecer las medidas administrativas que eviten la utilización de los recursos públicos y los programas sociales con fines electorales, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta y suscrita por las senadoras Noemí Guzmán Lagunes y Leticia Burgos Ochoa, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Servicio de Administración Tributaria a suspender tanto el procedimiento de licitación de los servicios de reconocimiento aduanero en el país como la convocatoria, suscrita por el diputado Javier Villacaña Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe acerca de los problemas administrativos, como su aparente consecuencia en los hechos de saqueo y agravio al patrimonio cultural a su resguardo, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en apoyo de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que explique las altas comisiones que las gasolineras cobran a los consumidores que pagan con tarjeta de crédito y de débito, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Agenda política

Comentarios sobre el 68, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios respecto a la política económica de 2005, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de enero de dos mil seis, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintitrés legisladoras y legisladores, a las doce horas con dos minutos del miércoles once de enero de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de los diputados Valentín González Bautista y Óscar González Yáñez, con las que solicitan licencia para separarse del cargo de diputados federales electos en el vigésimo noveno distrito del estado de México y en la quinta circunscripción plurinominal. La Secretaría en cada caso da lectura al punto de acuerdo que concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquense a la Cámara de Diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Guerrero, Sonora y Tlaxcala, con sendos acuerdos por los que expresan su rechazo a la aprobación de la llamada Ley Sensenbrenner o Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de Inmigración Ilegal, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Remítanse a la Segunda Comisión, para su conocimiento.

Jalisco, con acuerdo por el que solicita al Ejecutivo Federal, atienda la problemática de baja productividad del campo debido a las contingencias climáticas y la caída en el precio de los granos. Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

Tlaxcala, con acuerdo por el que se adhiere al similar del Congreso del estado de Zacatecas, para solicitar a la Secretaría de Educación Pública realice las acciones tendientes a incorporar en los planes y programas de estudio de los niveles preescolar y primaria, el idioma inglés como materia obligatoria. Remítase a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

El gobierno del estado de Guerrero remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores. Remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y a los senadores Leticia Burgos Ochoa y Mariano González Zarur.

El gobierno del estado de Tamaulipas remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que informa de la apertura de su primer periodo de sesiones de dos mil seis. De enterado.

Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

Con la que informa de la aprobación del acuerdo para la designación del Consejero Presidente y de los consejeros electorales propietarios y suplentes del Instituto Electoral del Distrito Federal. De enterado.

Con acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, a que revise, modifique o en su caso cancele el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil dos. Remítase a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Oaxaca remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Comisión Nacional del Agua remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Gobierno del Distrito Federal remite informe relativo a la evolución de los ingresos y egresos del endeudamiento neto del mes de noviembre de dos mil cinco. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; del costo total de las emisiones de deuda interna y externa; sobre la recaudación federal participable; sobre la evolución de la recaudación; y sobre las finanzas y la deuda pública, correspondiente al mes de noviembre de dos mil cinco. Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Seguridad Pública remite copia del expediente relacionado con la solicitud de donación al Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, Asociación Civil. Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Por el que remite la propuesta del Presidente de la República, para la ratificación de los ciudadanos Silvia Eugenia Díaz Vega y Jorge Alberto García Cáceres, como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Primera Comisión.

Por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Jaime Enrique Inocencio García Amaral, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino de España. Se turna a la Primera Comisión.

Cuatro, por los que solicita el permiso necesario para que dieciocho ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México. Se turnan a la Primera Comisión.

Quince, por los que remite las hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Dos, por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Doce, por los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.

El ciudadano José María Ortega Padilla solicita el permiso necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España. Se turna a la Primera Comisión.

La Cámara de Senadores remite la propuesta del Presidente de la República, para la ratificación del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Tercera Comisión.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los legisladores:

Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, a nombre propio y del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos catorce y veintiocho de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo setenta y uno de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos veinticinco, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Diputado Alfonso Juventino Nava Díaz, a nombre propio y del senador Erick Luis Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional, que crea la Ley del Parque Vehicular en México. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, a nombre propio y del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo cuatrocientos quince bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputada Rebeca Godínez y Bravo, a nombre propio y de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sesenta y siete de la Ley General de Salud y veintidós de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, de la Cámara de Diputados.

Diputada Magdalena Adriana González Furlong, a nombre propio y de los diputados Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes; adiciona el artículo cincuenta quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y reforma los artículos once de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y diez de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente propone acuerdo modificatorio al acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

En votación económica la Asamblea aprueba incorporar al orden del día diversos dictámenes de la Segunda Comisión para el trámite correspondiente.

Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

Seis dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que conceden permisos:

Al ciudadano Eduardo Martín Christlieb Romero para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca.

A tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de: Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia.

A cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México.

A seis ciudadanos para prestar servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

A cuatro ciudadanos para prestar servicios en diversas oficinas de gobiernos extranjeros en México.

A la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya para desempeñar el cargo de Consejera Personal del Presidente de la República de Guinea -- Bissau.

Son de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura de los dictámenes referidos y sin discusión se aprueban los proyectos de decreto respectivos en lo general y en lo particular por veintiocho votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Segunda Comisión con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del veinticinco al veintisiete de enero de dos mil seis, a fin de realizar una Visita de Trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de la República de Honduras. Es de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen. Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al proyecto de decreto respectivo, mismo que sin discusión se aprueba por veintiocho votos en pro y ninguno en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente propone al doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz dos mil seis. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, a que brinden mayor atención a las colonias populares, en materia de seguridad pública, control de adicciones, limpieza, reforestación y participación ciudadana. Se turna a la Primera Comisión.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Instituto Nacional de Migración, a que respete los derechos humanos de los migrantes ilegales en México. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para citar a comparecer a la nueva Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que exponga los programas de trabajo de esa dependencia para el ejercicio de dos mil seis, acepta interpelación del diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, del mismo Partido, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa manera el asunto en votación económica. Hablan los legisladores: diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la primera para en pro y la segunda para contestar alusiones personales; senador Jiménez González, en dos ocasiones, tanto la primera

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárragacomo la segunda para contestar alusiones personales; diputada Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; y senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que dé celeridad al proceso de declaratoria de Zona Federal de Monumentos Arqueológicos del Cerro de la Estrella, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Habla en pro el diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Diputado Iván García Solís, a nombre propio y de los diputados Inti Muñoz Santini y Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a autoridades del estado de Baja California Sur y del municipio de Los Cabos, a que conozcan, sancionen e informen, según corresponda, sobre los hechos de discriminación en contra de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur en el Hotel Presidente Intercontinental. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.

Diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, para exhortar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y el artículo sesenta y dos de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Tercera Comisión.

Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a los titulares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto Nacional de las Mujeres, informen sobre los avances y resultados de los programas de atención a las mujeres indígenas. Se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.

Diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que asigne los recursos necesarios para cumplir con el otorgamiento de los reconocimientos económicos vitalicios a medallistas olímpicos y paralímpicos, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de la Mesa Directiva y de diversos grupos parlamentarios, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que apoye los recursos legales de los abogados de los mexicanos condenados en los Estados Unidos de América para evitar su ejecución, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del senador Jorge Zermeño InfanteLa Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, para invitar a comparecer al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que informe sobre diversas actividades relacionadas con el proceso electoral de dos mil seis. Se turna a la Primera Comisión.

Quince dictámenes de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se aprueban en votación económica. Comuníquense al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las dieciséis horas con cinco minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el miércoles dieciocho de enero de dos mil seis, a las once horas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobada por la mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

Pasamos al capítulo de comunicaciones. Continúe la Secretaría.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

A través del presente, quien suscribe diputada federal Jazmín E. Zepeda Burgos, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LIX Legislatura, con fundamento en dispuesto por el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted que gire sus apreciables instrucciones para que se realicen los trámites necesarios ante el Pleno de la Comisión Permanente y se me otorgue licencia por tiempo indefinido a partir de la presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 6 de enero de 2006.--- Dip. Jazmín E. Zepeda Burgos (rúbrica).»

Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la V circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.

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DIPUTADA QUE SE REINCORPORA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presente.

Ante usted, María Esther Scherman Leaño, diputada federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y por esta vía comparezco para informar a la Comisión Permanente, que usted tan dignamente preside, el término de mi licencia que solicité el día 16 de diciembre del año 2005.

Por lo anterior me permito solicitar a usted se sirva realizar los trámites necesarios para mi reincorporación a partir de esta fecha a mis actividades legislativas en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Agradezco de antemano la gentileza de su atención y reciba la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 16 de enero de 2006.--- Dip. María Esther Scherman Leaño (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: De enterado; comuníquese a la Cámara de Diputados.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo.--- Poder Legislativo de Baja California.--- LVIII Legislatura.

Lic. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- México, DF.

Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted para hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de esta H. XVIII Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el veintidós de diciembre del año en curso, se aprobó iniciativa de acuerdo económico, en la cual se acordó remitir a usted copia de la misma, a efecto de que participen en los trabajos emanados de la estrategia establecida, en torno a la media aprobada por legisladores estadounidenses, mediante la cual se pretende entre otras acciones, la construcción de un doble muro entre la frontera de México y Estados Unidos.

Agradeciendo la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Mexicali, BC, a 28 de diciembre de 2005.--- Dip. Elvira Luna Pineda (rúbrica); Presidenta, Dip. Elías López Mendoza (rúbrica), Secretario.»

«C. Diputada Elvira Luna Pineda, Presidenta de la Mesa Directiva de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Compañera Diputada, compañeros diputados, honorable asamblea:

El suscrito, Guillermo A. Aldrete Haas, en mi carácter de diputado integrante del Partido Revolucionario Institucional de la XVIII Legislatura del Congreso del estado y con las facultades que me confieren los artículos 110, fracción III, 114 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Baja California, pongo a la consideración de esta soberanía iniciativa de acuerdo económico, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

En días pasados legisladores estadounidenses aprobaron la Ley de Protección Fronteriza contra el terrorismo y control de inmigración ilegal, que pretende, entre otras acciones, la construcción de un doble muro entre la frontera de México y Estados Unidos, lo cual ha propiciado indignación, porque ofende la dignidad de los mexicanos y afecta también a nuestros connacionales del otro lado de la frontera; consideramos que este tipo de medidas antimigratorias del gobierno del Presidente George W. Bush no lograrán impedir que los mexicanos sigan entrando a ese país, principalmente porque son ellos quienes más los necesitan.

Ante esto es conveniente evidenciar nuestro repudio, pero más que eso formar un bloque entre gobierno y sociedad a efecto de promover la disuasión de estas medidas que desmotivan las relaciones de ambos países.

Habremos de unir fuerzas Federación, estados y municipios, Congreso de la Unión y estatales además de organismos internacionales a efecto que se respeten los derechos de los migrantes, recordando que este problema no es exclusivo de México, porque en él se involucran también países de centro y sudamericanos.

Como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de esta Legislatura, estoy convencido que la medida antimigrante constituye un fuerte golpe a las relaciones de ambos países vecinos que se precian de tener una de las relaciones comerciales más activas y es un atentado a su histórica relación pacífica.

En ese sentido, considero necesaria la suma de esfuerzos prereferida y dar seguimiento a participar en la estrategia determinada por el Pleno del Congreso de la Unión, que consta de los siguientes puntos:

1. Su más absoluto rechazo a las medidas racistas, xenófobas, y profundamente violatorias de los derechos humanos

2. La comparecencia del canciller Luis Ernesto Derbez ante las Cámaras de Diputados y de Senadores para evaluar el impacto de esas reformas.

3. Entrevistas con congresistas, generadores de opinión y organizaciones de aquel país para contrarrestar la iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y conforme a las facultades que me confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a la consideración de esta soberanía iniciativa de acuerdo económico bajo los siguientes

Resolutivos

Primero.- Que esta soberanía, por conducto de su Presidencia, gire atento oficio a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de participar en los trabajos emanados de la estrategia por ellos establecida.

Segundo.- Que esta soberanía, por conducto de su Presidencia, remita el texto íntegro de la iniciativa que se presenta a los Congresos de los estados, a efecto de formar un bloque en contra de dichas medidas.

Tercero.- Que esta soberanía remita el texto íntegro de la iniciativa que se presenta al Presidente Vicente Fox Quesada, a efecto de coordinar esfuerzos en torno al problema que se referencia.

Cuarto.- Que la iniciativa que se presenta sea remitida por esta soberanía al licenciado Eugenio Elorduy Walter, a efecto de coordinar esfuerzos en torno al asunto que se evidencia.

Atentamente.

Dado en el Salón de Sesiones ``Benito Juárez García'' de este H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 22 días del mes de diciembre de 2005.--- Dip. Guillermo A. Aldrete Haas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Segunda Comisión de Trabajo, para su conocimiento.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo.--- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva.

Por instrucciones del licenciado Bernardo H. Martínez Aguirre, secretario general de Gobierno, y con un cordial saludo de su parte, me permito enviar a usted el escrito de fecha 1 de diciembre del año en curso, mediante el cual el ingeniero Juan José Luis García Leyva, residente en esta ciudad de Mexicali, estado de Baja California, solicita al gobernador del estado, licenciado Eugenio Elorduy Walther sea el conducto a efecto de hacer llegar a usted dicho documento, con el que lleva a cabo una serie de consideraciones en relación con el tema tratado por dicho ciudadano.

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente.

Mexicali, BC, a 20 de diciembre de 2005.--- Lic. Alfonso Villaseñor Pimienta (rúbrica), director de Gobierno.»

«C. Lic. Eugenio Elourdy Walther, Gobernador Constitucional del Estado; C. Doctor Mariano Azuela Guitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; C. Lic. Daniel Cabeza de Vaca, Procurador General de la República; C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

Juan José Luis García Leyva, ciudadano mexicano, egresado orgullosamente de las escuelas: primaria: Colegio Frontera; secundaria: Lic. Benito Juárez García y Carlos A. carrillo; preparatoria: Francisco Gallego Monge; profesional: Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, planteles educativos donde recibió el suscrito la preparación moral, ética, cívica y académica; de manera que logremos todos, con lealtad, perseverancia y honradez; la realización plena no sólo del individuo, sino de la familia, de la nación y de nuestra patria mexicana. Dentro de nuestro muy insigne Estado de derecho.

Becado, para apoyo de estudios académicos, con gran satisfacción personal, familiar y comunitaria; por el gobierno del estado, durante la gestión de gobierno de los CC. ingeniero Raúl Sánchez Díaz y licenciado Milton Castellanos Everardo.

Con credencial federal de elector No. 0222023990385.

Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Sebastián Lerdo de Tejada número 1580, edificio multifamiliar número 8-C, de la colonia Nueva; de esta ciudad, CP 21100, teléfono particular (661) 527-4842; correo electrónico ing_garcialeyva@hotmail. com, ante ustedes, con firme determinación, respeto y confianza hacia las autoridades del H. Estado mexicano; manifiesto y

Expongo

Que el presente es en contestación al oficio UEIDA-PLE/LE/1068/2005, de fecha 8 de noviembre de 2005, firmado por el C. licenciado Jorge Arturo Peñalosa López; encargado de la Fiscalía de delitos previstos en leyes especiales. Oficio en que se atiende la petición presentada por el suscrito, ante el C. titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California; con copia para el abogado de la sociedad de la nación mexicana; así como demás autoridades del Estado mexicano.

En respuesta al oficio de referencia, he tenido a bien; hacer las siguientes

Consideraciones

Primero.- El agradecimiento por haber atendido, conforme dispone el artículo 8o. constitucional; el documento de fecha 29 de julio de 2005, presentado ante funcionarios del poder público. Así como correspondientes de fecha 19 de julio, 25 de agosto, 13 y 27 de septiembre, 24 de octubre de 2004; 5 de febrero y 5 de mayo del año en curso. De manera que no queden impune, agravios gravísimos perpetrados en contra de nuestro insigne Estado de derecho.

Segundo.- Que en los escritos de referencia, no se relatan únicamente ``diversos hechos competencia estrictamente de autoridades locales'' de esta entidad federativa. ``asi como una serie de posiciones respecto del caso de desafuero del señor Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.''

Como indica el encargado de la Fiscalía de delitos previstos en leyes especiales. Sino antes bien, todos los hechos relatados, denunciados y perpetrados en contra del orden constitucional (verdaderamente inéditos, al proceder de representantes populares); constituyen una insubordinación temeraria, in flagrante y apátrida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Toda vez, el juramento de honor a la patria, o juramento de toma de protesta del poder público, asumido de manera oportuna, voluntaria y responsable; por todo servidor público; antes de ejercer el encargo para el que fue elegido.

Y por ende, semejante conducta, ajena al bien nacional, está tipificada como delito, por los códigos punitivos de la materia.

Acciones punibles, que han sido denunciadas por el suscrito, hasta el cansancio; ante las autoridades correspondientes;

Tercero.- El fuero constitucional (como es de elemental conocimiento), confiere a un indiciado, inmunidad provisional. En tanto se resuelve el juicio de desafuero respectivo, de cualquier representante popular, que haya incurrido en algún delito grave; tanto del orden común, así como en contra de la soberanía popular.

Para ser sujeto, ipso facto, del proceso penal que deberá tener verificativo, ante los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, o de las entidades de la República, respectivamente.

En consecuencia, todo representante del Supremo Poder de la Federación de los Estados Soberanos, o de los ayuntamientos correspondientes, que tanto en la toma de su juramento de honor a la patria, o en el ejercicio de sus funciones incurre en delito; debe responder de manera oportuna, responsable y patriótica; ante la comisión de hechos delictivos perpetrados en contra del orden constitucional.

Para ello, corresponde únicamente a la Magistratura de la Nación mexicana del Poder Judicial de la Federación (o las establecidas en las entidades federativas; en su caso), determinar, mediante sentencia absolutoria o condenatoria; la inocencia o culpabilidad del procesado.

Sólo así, semejante aberración política, no quedará impune. En agravio al honor al que todos debemos guardar a nuestra dignísima patria mexicana.

El fuero político no es, nunca h sido y nunca deberá ser, sinónimo de impunidad; y

Cuarto.- En tanto las autoridades del Supremo Poder de la Federación se abstengan de intervenir (y resolver conforme a derecho), por la comisión de hechos delictivos perpetrados deliberadamente. Con premeditación, alevosía y ventaja; por representantes populares; la vigencia prometida (desde antaño), del Estado de derecho; por candidatos todos los puestos de elección popular; será tan sólo una comparsa política; que redundará irremisiblemente en perjuicio de la nación mexicana. Principalmente, en una posible ingobernabilidad del actual Estado mexicano.

Abstenerse de intervenir (conforme obliga el mandato constitucional); implicará un retroceso gravísimo en el actual proceso democrático).

Y por tanto, por enésima vez, habrán sido pisoteados, humillados y agraviados; los ideales de los héroes de nuestra historia nacional; don Miguel Hidalgo y Costilla, el Padre de la Patria; don José María Morelos y Pavón, el Siervo de la Nación.

Don Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur; los Niños Héroes de Chapultepec: Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Francisco Márquez, Vicente Suárez; e infinidad de compatriotas que ofrendaron su vida, por un México mejor.

Un México, donde prevaleciera la dignidad, la razón y la legalidad; por encima de intereses mezquinos ajenos al bien nacional. O sea, en la realización de los máximos ideales del pueblo mexicano: en la libertad, en la justicia, en la igualdad y en la fraternidad.

CC. Representantes del Estado mexicano:

El 2 de julio de 2000, el pueblo mexicano, apoyó mayoritariamente el advenimiento de un nuevo gobierno: honesto, confiable e imparcial. Apoyando nacionalmente, a un partido político diferente, supuestamente más honesto, más laborioso y más imparcial; constituido por el Partido Acción Nacional.

Sin embargo, desde la toma constitucional de protesta del licenciado Vicente Fox Quesada; en que han transcurrido exactamente cinco años de gobierno; el Estado mexicano ha incumplido (como es de conocimiento general) de manera notoria, injustificada y vergonzosa; la vigencia plena del Estado de derecho. Mismo, que debe caracterizar a todo Estado nacional, que tiene como piedra angular, como fundamento y como justificación: la democracia nacional.

Lamentablemente (por el tiempo perdido en polémicas, enfrentamientos y disputas partidistas), este 1 de diciembre de 2005 da inicio la cuenta regresiva del actual Gobierno Federal; y de representantes populares del Congreso de la Unión.

En que será determinante para el futuro de la nación mexicana, la intervención del Estado Mexicano de manera no quede impune la transgresión habitual, de representantes de elección popular, al orden constitucional.

Toda vez que la impunidad, favorecida por la protección que confiere el fuero constitucional, sigue en aumento por el desentendimiento del Estado mexicano, representante del Supremo Poder de la Federación. Hacia la comisión de diversos hechos, tipificados como delito, por la norma constitucional.

El caso más reciente, el del diputado Moisés Carvajal.

Quien, temerariamente, tomó juramento de honor a la patria (de protesta), representando al Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al Congreso del estado de Guerrero. A pesar de existir orden de aprehensión en su contra. Y por ende, encontrarse suspendidos sus derechos políticos.

No actuar conforme a derecho, en todo hecho punible de parte de representantes de elección popular; significaría el fracaso político, no sólo del Partido Acción Nacional. Sino de todos los partidos políticos que integran la representación política ciudadana de los Estados Unidos Mexicanos; pero principalmente, el fracaso del Estado mexicano.

Al subordinar la norma constitucional a intereses ajenos al bien nacional. A fortiori, por los tiempos políticos del actual proceso electoral; que serán determinantes, en el establecimiento del Estado mexicano a instaurarse en el periodo gubernamental 2006-2012.

Cabe agregar, que en el caso del desacato de Andrés Manuel López Obrador, con la resolución personal, infundada e injustificada del titular del Poder Ejecutivo federal, suspendiendo un proceso judicial, ajeno al ámbito de su competencia; se anula la intervención constitucional del Poder Judicial de la Federación.

Y por tanto, se está poniendo en juego, de forma totalmente irresponsable, peligrosa e irrazonable; la gobernabilidad de la nación mexicana.

En efecto, con el desacato al Estado de derecho perpetrado por el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal; se hay puesto a prueba la imparcialidad, la veracidad y el patriotismo de las instituciones que conforman el Estado mexicano.

Así como la subordinación al Estado de derecho, de parte no sólo del Partido de la Revolución Democrática, sino de todos los partidos políticos de la nación mexicana.

Pero, sobre todo, con el desacato al Estado de derecho, perpetrado temerariamente por todo representante de elección popular; se pone a prueba la unidad, la lealtad y la responsabilidad del pueblo mexicano; sin distinción, sin excepción y sin favorecimiento de ninguna naturaleza.

Sin ánimo de provocar una confrontación con el Poder Judicial de la Federación, corresponde precisamente a esta esfera del poder público su inmediata intervención, ante hechos consumados, que han violentado el impero de la ley:

A) El desacato al Estado de derecho, perpetrado por el ex gobernante del Distrito Federal.

B) La transgresión político, legal y constitucional del 12 de junio.

C) La toma de protesta inconstitucional de Eligio Valencia Roque. Y

D) La toma de protesta inconstitucional de Moisés Carvajal.

Por tal motivo, los mexicanos tenemos firme confianza, en que los acuerdos dispuestos por el Estado mexicano, encabezado por el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada; satisfarán plenamente todas las expectativas que en materia de desacato al Estado de derecho resuelvan respectivamente. De manera que se rectifique el rumbo propuesto originalmente a la nación mexicana, al inicio de la actual administración federal.

Por tanto, corresponde la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República, del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Principalmente, en relación con representantes de elección popular, que protegidos por el fuero constitucional, han evadido la acción de la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, con todo respeto, solicito atentamente de los HH. representantes del Estado mexicano.

Primero.- La intervención de representantes del Supremo Poder de la Federación para proceder conforme a derecho, por los delitos perpetrados en contra del orden constitucional; y

Segundo.- Se sirva el titular del gobierno del estado de Baja California, correr traslado del presente documento; al titular de la Procuraduría General de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedo de ustedes, su atento y seguro servidor.

Atentamente.

Por la Vigencia plena del Estado de Derecho, Ing. Juan José García Leyva (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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TRIBUNALES COLEGIADOS

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, H. Presidente de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Estimado señor diputado:

Por este conducto hago de su conocimiento que, por acuerdo del ocho de los corrientes, fui designado coordinador de los magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, esto con efectos a partir del día primero de enero de dos mil seis, lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.

Por otra parte, suplico a usted, de no existir inconveniente, ordene a quien corresponda nos haga favor de informar a esta Coordinación de todas las reformas que en materia penal se realice a nuestra legislación, a fin de contar con la actualización necesaria para el desempeño de nuestras funciones, al domicilio que ocupa este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual está ubicado en avenida Revolución 1508, primer piso, colonia Guadalupe Inn, CP 01020, delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

Por último, aprovecho la ocasión para desearle que esta Navidad la luz de la felicidad se encienda en su hogar y corazón, y que en el Año Nuevo esta luz lo guíe por el camino del éxito y prosperidad en compañía de sus seres queridos.

Sin otro particular, le envío un fuerte abrazo.

Atentamente.

México, DF, a 15 de diciembre de 2005.--- Dr. Ricardo Ojeda Bohórquez (rúbrica), magistrado integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo.--- Congreso del estado de Chihuahua.

Dip. Fed. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Para su conocimiento y efectos conducentes, le envío copia del acuerdo número 127/05 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, aprobado en sesión de esta fecha, mediante el cual se remite iniciativa minuta proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión, para reformar el artículo 76 Bis de la Ley de Protección al Consumidor.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2005.--- Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica), Presidente del H. Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del estado de Chihuahua.--- Secretaría.

La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de su segundo año de ejercicio constitucional:

Acuerda

Artículo Único. Remitir iniciativa minuta proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 76 Bis de la Ley de Protección al Consumidor.

Artículo 76 Bis. Las disposiciones del presente capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente:

I. a VII. ...

Tratándose específicamente de ventas al público por televisión, en el anuncio publicitario deberá aparecer el domicilio del proveedor.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cinco.--- Dip. Álvaro Navarro Gárate (rúbrica), Presidente; Dip. Salvador Gómez Ramírez (rúbrica), Secretario; Dip. Jesús Heberto Villalobos Máynez (rúbrica), Secretario.»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

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ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

C. Diputado Federal Heliodoro Díaz Escárcega, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura.

En seguimiento del exhorto que hace esa Mesa Directiva de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sobre el problema de la pesca ilegal de especies destinadas a la pesca deportiva en el área de Zihuatanejo, Guerrero, y sus alrededores, recibido en la Dirección General de Inspección y Vigilancia de esta Comisión el 15 del mes de diciembre de 2005, por este conducto me permito comunicar a usted que el mencionado exhorto fue atendido en forma expedita, ya que del 19 al 23 de diciembre del presente año se llevó a cabo un operativo de inspección y vigilancia a fin de evitar la pesca ilícita de las especies dedicadas a la pesca deportiva, con el propósito de identificar a los pescadores que incumplen la ley, mismo que se desarrolló de la siguiente manera:

1. El operativo en comento se llevó a cabo por personal adscrito a la Dirección General de Inspección y Vigilancia con personal de los estados de Sinaloa y de Guerrero, habiendo participado el siguiente personal:a. 1 (uno) Capitán de Corbeta (coordinador del operativo)

b. 10 (diez) oficiales federales de Pesca

c. 15 (quince) elementos de la Secretaría de Marina (Infantes de Marina)

d. 1 (uno) agente del Ministerio Público Federal, y

e. 2 (dos) agentes de la Agencia Federal de Investigaciones

2. El personal operativo estuvo apoyado por los siguientes recursos materiales para la verificación de las embarcaciones que realizaban actividades de pesca en el área:a. 1 (una) unidad de superficie tipo interceptora de la Secretaría de Marina-Armada de México, lancha tipo interceptora,

b. 3 (tres) embarcaciones menores con motor fuera de borda de la Conapesca, y

c. 3 (tres) embarcaciones proporcionadas por los prestadores de servicios turísticos de Ixtapa-Zihuatanejo

3. Resultados: de las actividades de inspección y vigilancia se realizó la retención por infracciones de la Ley de Pesca y su Reglamento de los siguientes bienes y ejemplares:a. 4 (cuatro) embarcaciones menores con motor fuera de borda

b. 4 (cuatro) palangres (cimbras) con una longitud total de 11,000 metros

c. 1,200 (mil doscientos) anzuelos

d. Se inicia el procedimiento administrativo por actas levantadas en contra de siete pescadores ilegales por infringir el artículo 84 de le Ley de Pesca y su Reglamento

4. Derivado del estado perecedero de las especies retenidas, éstas se donaron al Centro de Rehabilitación Social de Zihuatanejo, habiéndose levantado el acta de donación correspondiente.

5. Las embarcaciones, motores y demás bienes quedaron bajo resguardo de la Subdelegación de Pesca en el estado de Guerrero, en tanto se define su situación legal derivado del procedimiento administrativo.

6. Dentro del operativo, se realizaron recorridos de inspección y vigilancia en los sitios de desembarque y varamiento de las embarcaciones.

Es oportuno mencionar que se han dictado instrucciones al subdelegado de Pesca en el estado para que, en forma periódica, realice ese tipo de operativos a fin de desalentar la pesca ilegal en el área, teniendo como propósito un orden en las pesquerías sin que se vean afectados los intereses de los pescadores deportivos ni los de pesca comercial.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 9 de diciembre de 2005.--- C. Ramón Corral Ávila (rúbrica), comisionado nacional.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente

Me refiero a su atento oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1984, de fecha 6 de diciembre del año en curso, mediante el cual informó al ingeniero Ignacio Loyola Vera, Procurador Federal de Protección al Ambiente, que en la sesión celebrada en la misma fecha por la Cámara de Diputados se aprobó el punto de acuerdo que a la letra dice:

``Único: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), a que se realice una investigación del estado actual que guardan las instalaciones del basurero tóxico denominado La Pedrera, ubicado en el municipio rural de Guadalcázar, San Luis Potosí, México, y, en caso de encontrarse irregularidades, se sancione a los presuntos responsables de conformidad con lo previsto en el Código Penal Federal y normatividad vigente; asimismo se presente un informe a esta Soberanía de los resultados obtenidos.

Al respecto, se le informa que el 27 de octubre de 2001 el Gobierno Federal adquirió la propiedad de La Pedrera, mediante la transmisión que hizo a su favor Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, SA (Coterin), en cumplimiento del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 30 de agosto de 2000.

En virtud de lo anterior, en la fecha referida la Dirección General del Patrimonio Federal, de la Comisión de Avalúo de Bienes Nacionales (Cabin), de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, entregó el citado inmueble en depósito a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de San Luis Potosí, siendo esta última responsable de realizar todas y cada una de las actividades necesarias y conducentes a la guarda, vigilancia y seguridad del inmueble y sus contenidos, por lo que a partir de esta fecha el saneamiento del pasivo ambiental corresponde al Gobierno Federal.

No omito señalar, que esta Procuraduría entregó a la citada delegación la información obtenida en la auditoría ambiental que realizó la empresa Metalclad Corporation, de diciembre de 1994 a marzo de 1995, para que sirviera de base en la cuantificación del diagnóstico ambiental que al efecto se efectuara.

Finalmente, le comunico que esta Procuraduría tiene conocimiento de que a principios del presente año, la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la Semarnat gestionó la realización de un muestreo exploratorio en las celdas del confinamiento para determinar su explosividad y peligrosidad, a fin de establecer los términos de referencia para la licitación de la primera fase de la remediación del confinamiento. Los trabajos que se realizarán en la primera etapa de remediación son el muestreo estadístico en cada una de las celdas del confinamiento, para determinar la magnitud de la contaminación.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 2005.--- Ing. Juan R. Elvira Quesada (rúbrica),subprocurador de Inspección Industrial.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dip. Heliodoro Díaz Escarraga, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de diciembre de 2005.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Lic. José Guzmán Montalvo, administrador general.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

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PEMEX

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. D.G.P.L 59-II-0-2723, de fecha 22 de noviembre de 2005, mediante el cual remitió a la Secretaría de Gobernación los puntos de acuerdo que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó en esa fecha y, en específico al primer punto, el cual señala lo siguiente:

``Primero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se otorguen descuentos en los precios del gasóleo domésticos, gas LP y gas natural en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y demás entidades federativas que sean afectadas por el frío durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, y los periodos de enero a marzo y noviembre y diciembre de 2006.''

Sobre el particular, le comento que en el caso del estado de Chihuahua, en octubre de 1997 se autorizó que el precio al público del gasóleo doméstico enajenado por Pemex en ese estado durante el periodo invernal (meses de diciembre a febrero) sea equivalente al 70% del precio del diesel industrial de bajo azufre.

Asimismo, me permito anexar el presente oficio una nota informativa en la cual se analizan las razones por las que es difícil instrumentar este tipo de apoyo y además se señala el procedimiento para el otorgamiento de subsidios directos, que en este caso sería lo más recomendable.

En el caso del gas LP y del gas natural, esta propuesta será remitida a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para que la analicen y decidan lo conducente, toda vez que son estas dependencias las facultadas en materia de precios de estos combustibles.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 10 de enero de 2006.--- Pedro Luna Tovar (rúbrica), director general adjunto.»

Norma Informativa

Apoyo para estados del norte de país en el periodo invernal

Debido a las condiciones climáticas del estado de Chihuahua en el periodo invernal, se ha apoyado a la población con un descuento en el precio del gasóleo doméstico. Así, en octubre de 1997, se autorizó a Pemex para que el precio del gasóleo doméstico en el estado de Chihuahua se determine como:

0.7 x precio del diesel para los meses de diciembre-febreroPrecio del diesel para el resto del año

En el caso de ventas de gasóleo doméstico en otras entidades, aún en la época invernal, se considera el precio vigente del diesel industrial bajo azufre al 100 por ciento.

Desde entonces, cada año se ha otorgado este beneficio al estado Chihuahua. Para el periodo invernal pasado (diciembre de 2004-febrero de 2005), Pemex Refinación vendió 43.6 mil metros cúbicos de gasóleo doméstico (10.4% más de lo estimado) y el costo por aplicar el descuento durante tres meses fue de 67.8 millones de pesos (13.4% más de lo programado).

Cabe señalar que el gasóleo doméstico se comercializa principalmente en el estado de Chihuahua a consumidores de bajos ingresos que aún tienen ``calentones''. En la siguiente gráfica se pueden observar las ventas de este producto, las cuales crecen sustancialmente durante el periodo invernal.

El otorgamiento de subsidios vía los precios de combustibles (gasóleo doméstico, gas LP y gas natural) en los estados del norte del país de manera generalizada tendría un alto costo para las finanzas públicas y se podría otorgar a usuarios de altos ingresos que no lo requieren. Dadas las características del gas natural y del gas LP, se han encontrado los siguientes inconvenientes:

1. Instrumentación compleja. A fin de diferenciar efectivamente los precios, se tendrían que instrumentar procesos administrativos y operativos minuciosos y complicados para asegurar, en la medida de lo posible, que el sector objetivo de la población de dichos estados sean efectivamente los beneficiarios de este apoyo.

2. Condiciones de arbitraje. Las diferencias en los precios para los estados de la República y el resto de los consumidores podrían generar oportunidades de reventa del gas LP, desvirtuando el propósito de la medida. La relativa facilidad con que se manipula este combustible allanaría dicho comercio, con el agravante de incrementar los riesgos en seguridad para la población.

3. Retrasaría la consolidación de la nueva estructura de la industria de estos combustibles. En particular, se desincentivaría la entrada de un mayor número de participantes al suministro de estos combustibles. La expectativa de enfrentar políticas preferenciales para ciertos sectores restaría incentivos a la comercialización e importación por particulares.

4. Incentivaría un uso intensivo de gas LP y de gas natural. Un menor precio fomentaría un mayor consumo de gas LP y gas natural. En virtud de que el país es deficitario tanto en gas LP como en gas natural, el mayor consumo implicaría aumentar importaciones y, en consecuencia, empeoraría el balance comercial del país.

5. Desviación hacia otras actividades. El precio de las gasolinas es gravado con el IEPS, mientras que el gas LP y el gas natural no, por lo que un precio menor incentivaría a su desvío hacia el uso en automotores que funcionan a base de estos combustibles.

6. Generalización del trato discriminatorio de precios. La instrumentación de precios menores de estos combustibles para ciertos estados sentaría un precedente para establecer políticas similares en otros estados de la República, o bien, en otras actividades económicas o grupos sociales generando problemas similares para canalizar con eficacia los recursos a los grupos objetivo.

7. La política de precios no es el instrumento adecuado para canalizar subsidios hacia un grupo social o una actividad. Los subsidios deben ser otorgados vía el Presupuesto de Egresos de la Federación o bien de los presupuestos de los estados y municipios, pues de esta manera se asegura que los apoyos lleguen a la población objetivo. Lo recomendable es que se otorgue un subsidio directo dirigido a las familias que realmente lo requieren; para lo cual se tendría que proponer al honorable Congreso de la Unión incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación el otorgamiento de un subsidio.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos proponer los nombramientos de Magistrados del propio Tribunal.

Por lo anterior agradeceré a ustedes se sirvan disponer lo conducente para que se someta a la consideración de ese órgano legislativo la propuesta de nombramiento a favor de la doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un primer periodo de 6 años.

Por lo anterior, con el presente me permito remitir a ustedes la propuesta signada por el titular del Ejecutivo federal, así como los datos curriculares de la interesada.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«C. Lic. Carlos María Abascal Carranza, secretario de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviarle la comunicación por la que el titular del Ejecutivo federal somete a aprobación de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el nombramiento de un magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un primer periodo de 6 años.

Lo anterior a efecto que por el digno conducto de usted la referida comunicación sea remitida al mencionado órgano legislativo para los efectos legales correspondientes.

Como es de su conocimiento, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señala que es facultad del Presidente de la República nombrar, con aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que integran la Sala Superior del mismo, los cuales durarán 6 años en el primer ejercicio de su encargo.

Se acompañan copias de los documentos curriculares de la persona a que se refiere la comunicación del seño Presidente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Mtro. Juan de Dios Castro Lozano (rúbrica), consejero jurídico.»

«C. Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de La Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito hacer del conocimiento de esa honorable asamblea que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha comunicado la existencia de una vacante de magistrado de Sala Superior de ese órgano, en razón de que la C. Alma Gianina Isabel Peralta de Gregorio presentó, ante el Pleno de la Sala Superior de dicho Tribunal, un escrito en el cual comunica que desea hacer uso de su derecho a la jubilación a partir del 1 d e enero de 2006, fecha en la que concluyó su encargo como magistrada de Sala Superior, toda vez que fue nombrada para el referido cargo el 1 de enero de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2005.

En esa virtud, el espacio que se ha generado en la máxima instancia del órgano jurisdiccional referido exige una pronta atención de parte del Ejecutivo federal a mi cargo para asegurar su eficaz funcionamiento.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es facultad del Presidente de la República nombrar a los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con aprobación de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión o, en sus recesos, de la Comisión Permanente.

De esta manera, y a fin de cubrir la vacante mencionada, he tenido a bien nombrar a la C. doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para lo anterior, este Ejecutivo federal ha dado cuenta con el expediente curricular de la doctora Hernández Espíndola, de donde se desprende que cuenta con una amplia experiencia tanto en la materia fiscal como en la administrativa, en virtud de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su intachable trayectoria profesional.

De igual manera, se han advertido otras cualidades que me han hecho considerarla como la profesionista idónea para cumplir con esta alta responsabilidad jurisdiccional, en adición a que reúne satisfactoriamente los requisitos previstos en el artículo 4 de la referida Ley Orgánica, como lo podrá confirmar esa soberanía.

En esa virtud, con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el nombramiento de la doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un primer periodo de 6 años.

Me permito anexar al presente los datos personales de la profesionista de mérito, que contienen copias de las constancias que acreditan el cumplimiento de las condiciones exigidas para desempeñarse en el señalado cargo público.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a los dieciséis días de mes de enero de dos mil seis.--- El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

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CONDECORACION

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Almirante Marco Antonio Peyrot y González pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Oro por Servicios Distinguidos, que le otorga el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle dicha condecoración.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

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GRADOS MILITARES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Fernando González Morayra (6132281), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Juan José Braulio Cruz Bailón (6103973), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Francisco Ortiz Valadez (9165280), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Cornelio del Salvador Macías Cabrera (6462213), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Juan Gerardo Chávez Vidal (6103865), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Arturo Vallarta Tafolla (6459643), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann Iturburu (8208306), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Salvador Castillo Sandoval (6416842), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Patiño Canchola (6459702), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Francisco Javier Labastida Domínguez (7392840), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal (5888278), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Carlos Ignacio Velasco Wall (6889289), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Agustín Martínez Fernández (7146125), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Roger Santiago Peniche Polanco (7149712), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha enviado a esta Secretaría la hoja de servicios del ciudadano General de Brigada Médico Cirujano David Huerta Hernández (6101479), la que me permito remitir a ustedes para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior acompaño al presente la hoja de servicios del citado militar, con carácter devolutivo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

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ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 59-II-5-1902, suscrito el 18 de octubre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 106149, signado el 29 de diciembre último por el General Brigadier DEM Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subjefe operativo del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al descacharramiento del río Suchiate, en el estado de Chiapas.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 2 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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CAMPAÑAS ELECTORALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.-1553, suscrito el día 3 de agosto último por el senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DCP-2645/05, signado el día 21 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a instruir a los cónsules generales de abstenerse de realizar actos de proselitismo o de carácter partidista en sus respectivos Consulados.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2657, suscrito el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 458 /2005, signado el día 21 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a las labores de ayuda a las comunidades afectadas por el huracán Stan en el estado de Chiapas.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.-1543, suscrito el día 3 de agosto último por el senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número COPLADII/DGPPCI/V/2344/2005, signado el día 21 del actual por el licenciado Miguel Francisco González Canudas, coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la Procuraduría General de la República, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a desarrollar actividades asistenciales, docentes y de investigación, implementado acciones de atención a los enfermos con epilepsia.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-605, signado el 22 de noviembre próximo pasado por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 106.-334/05, suscrito 29 de diciembre último por el C. Antonio Alvarado Briones, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal información detallada sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 2 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2320, signado el 8 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número BOO.04.08.-721, suscrito el 26 de diciembre último por la MCC. Heidi Storsberg Montes, titular de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular de esa Comisión revisar los métodos y procedimientos de medición del agua, para los aprovechamientos con fines agrícolas.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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PROCESOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2938, signado el 1 de diciembre próximo pasado por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 106-001/06, suscrito el 2 del actual por el C. Antonio Alvarado Briones, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas pertinentes que permitan garantizar la aplicación de las leyes, para evitar el uso indebido de programas sociales y recursos públicos a favor de cualquier campaña electoral.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi oficio número SEL/300/5483/05, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número UPDDH/911/2998/05, signado el 19 de diciembre de 2005 por el doctor Ricardo J. Sepúlveda Iguiniz, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de esta Secretaría, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a implementar la difusión de los tratados internacionales sobre los derechos humanos de los extranjeros en nuestro país; así como a capacitar a las autoridades encargadas de su aplicación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 6 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE SALUD

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2357, suscrito el día 13 del actual por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 457 /2005, signado el día 21 del mismo mes por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar el grado de avance de los programas que se venían aplicando para cumplir con los objetivos del decenio 2001-2010 para lograr la regresión del paludismo en los países en desarrollo, en particular en África.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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AMERICA DEL NORTE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, original del similar número DCP-2628/05, signado el día 21 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE- 1002, suscrito el día 6 de julio último por el diputado Humberto Gutiérrez de la Garza, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes copia del similar número DCP-2644/05, signado el día 21 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal, agilizar las gestiones con el gobierno de Estados Unidos de América, a fin de suscribir el Acuerdo Bilateral de Seguridad en la Aviación.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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POBLACION INDIGENA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I.-2768, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 454 / 2005, signado el día 19 de del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a los programas de atención a la población indígena, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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CANADA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2255, suscrito el día 1 de diciembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UCAI/4829/05, signado el día 19 del actual por el C. José Manuel Bulás Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la caza de focas en Canadá.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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PROCESOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2612, suscrito el día 20 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SGAR/ 14090 /05, signado el día 8 del actual por el C. Lauro López Sánchez, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a vigilar las actividades de las diversas iglesias y asociaciones religiosas, en torno al proceso electoral.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2133, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número X-110/B.- 210994, signado el día 19 del actual por el actuario Rolando Ocampo Alcántar, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a las medidas necesarias para promover el desarrollo en la sierra de Guerrero.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2817, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 307-A-1202, signado el 5 del actual por el C. Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y reformar las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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POBLACION INDIGENA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2768, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H, Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número X-110/B-. 210991, signado el día 19 del actual por el actuario Rolando Ocampo Alcántar, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a los programas de atención a la población indígena, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2747, suscrito el día 8 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número SG/200/240/2005, signado por el C. Felipe González González, subsecretario de Gobierno de esta Secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a convocar a todos los actores políticos involucrados en la seguridad pública, para que se coordinen y sumen esfuerzos para combatir la ola de violencia que se vive en nuestro país.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2121, suscrito el día 10 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 368, signado el día 2 del actual por el C. Ing. Juan R. Elvira Quesada, Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que investigue la presunta introducción ilegal al país, traslado y disposición final del ácido 2, 4-D, mejor conocido como agente naranja, así como a informar sobre los resultados de dicha investigación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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HOMICIDIOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.- 1417, suscrito el día 27 de julio último por el senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGD/4882/2005, signado el día 2 del actual por la licenciada Rosa Elena Torres Dávila, coordinadora general de Delegaciones de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia, proporcionar un informe sobre los homicidios violentos perpetrados por ejecuciones durante los últimos seis meses, en los estados del norte de México, así como del estado que guardan las investigaciones el respecto.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número 11-2066, suscrito el día 24 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 472, signado el día 20 del actual por el C. Julio César Aguilar Matías, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia aplicar de manera general y equitativa los beneficios fiscales que se mencionan en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre del año en curso, a los contribuyentes de los 41 municipios del estado de Chiapas, afectados por el fenómeno meteorológico Stan.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ADICCIONES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-2024, suscrito el día 15 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS/ 461 /2005, signado el día 21 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar del reporte elaborado por la Policía Europea sobre el problema de drogas sintéticas en México; así como sobre las acciones interinstitucionales que se estén llevando a cabo para prevenir y sancionar esta actividad delictiva que daña la salud pública.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2747, suscrito el día 8 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número104301, signado el día 21 del actual por el Gral. Bgda. DEM. Harold Henry Rabling Torres, Subjefe de Doctrina Militar del EMDN de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a convocar a todos los actores políticos involucrados en la seguridad pública para que se coordinen y sumen esfuerzos para combatir la ola de violencia que se vive en nuestro país.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-1711, suscrito el día 8 de septiembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UBA/ 222 /2005, signado el día 20 del actual por el C. Guillermo Zamarripa Escamilla, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia entregar un informe sobre los avances que ha tenido el combate al lavado de dinero, así como las medidas preventivas que se instrumentan y las estrategias a seguir en el largo plazo.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.- 1179, suscrito el día 13 de julio último por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 02033, signado el día 8 del actual por el C. Roberto López Izquierdo, secretario técnico del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a desarrollar un sistema de monitoreo de la toxicidad y nivel bacteriológico de la calidad del agua de los mares y de los niveles de contaminación de la arena en las playas mexicanas, principalmente en las de uso turístico.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE ECONOMIA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-2031, suscrito el día 17 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número STPCE/953/2005, signado el día 7 del actual por el licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al mercado nacional de edulcorantes y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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FENOMENOS METEOROLOGICOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a los oficios números 1-2657 y 1-2663, suscritos el día 27 de octubre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGPCSCT/ 0708 /05, signado el día 5 del actual por la doctora Mónica Ma. del Rosario Barrera Rivera, coordinadora general de Planeación y Centros SCT, mediante el cual da respuesta a los puntos de acuerdo relativos a la atención de los daños provocados en diversas entidades federativas por lo huracanes Stan y Wilma.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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AMERICA DEL NORTE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-605, suscrito el día 22 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 555/ 2005, signado el día 20 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 29 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-675, signado el 27 de marzo de 2003 por el senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 311/006, suscrito hoy por el arquitecto Mario S. González Torres, director general de Política Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como el anexo que en él se cita, en forma impresa y en medio magnético, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia a informar trimestralmente sobre los avances en materia de contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, correspondiente al cuarto trimestre de 2005.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SOLICITUD DE PARTICULARES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo.--- Liceo Franco-Mexicano, AC.

C. Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de estar en posibilidad de aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, con que me ha distinguido el Gobierno de Francia por decreto del 16 de septiembre de 2005.

Para todos los efectos, acompaño a la presente: copia certificada de mi acta de nacimiento, copia simple de mi pasaporte a modo de identificación, copia simple del diploma de la Orden de las Palmas Académicas que me otorgaron, en grado de Caballero, y copia simple de la comunicación correspondiente a dicha condecoración por parte de la Embajada de Francia en México.

Asimismo establezco la dirección que aparece en la esquina superior derecha (Liceo Franco Mexicano, AC, Homero 1521, colonia Polanco, México, DF, CP 11560) para oír y recibir cualquier comentario y/o notificación que corresponda a este respecto.

Quedo atenta a su respuesta para la autorización solicitada y mientras tanto aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes mis más respetuosos saludos.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Belén Negrete Núñez (rúbrica).»

«Escudo.--- Liceo Franco-Mexicano, AC.

C. Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de estar en posibilidad de aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, con que me ha distinguido el Gobierno de Francia por decreto del 16 de septiembre de 2005.

Para todos los efectos, acompaño a la presente : copia certificada de mi acta de nacimiento, copia simple de mi pasaporte a modo de identificación, copia simple del diploma de la Orden de las Palmas Académicas que me otorgaron, en grado de Caballero, y copia simple de la comunicación correspondiente a dicha condecoración por parte de la Embajada de Francia en México.

Asimismo establezco la dirección que aparece en la esquina superior derecha (Liceo Franco Mexicano, AC, Homero 1521, colonia Polanco, México, DF, CP 11560) para oír y recibir cualquier comentario y/o notificación que corresponda a este respecto.

Quedo atenta a su respuesta para la autorización solicitada y, mientras tanto, aprovecho la oportunidad para enviar a ustedes mis más respetuosos saludos.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Irma Araceli Cruz Molina (rúbrica).»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

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ARTICULO 38 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Esta Presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que adiciona la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionándole a la fracción II, y se vea impedido para gozar el beneficio de su libertad provisional bajo caución. De acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente las prerrogativas del ciudadano mexicano, pero éstas se ven suspendidas de acuerdo con el ordenamiento contenido en el artículo 38, fracción II, de nuestra Carta Magna, que señala: ``... por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión''. Este ordenamiento violenta el espíritu de equidad y justicia establecido en el artículo 17 constitucional.

No podemos decir que la reforma que se propone de la Constitución vigente sea la única ley posible. Pero sostenemos que la vigencia de una ley deberá estar basada en la imparcialidad y transparencia para que pueda ser acatada por el gobernante y el gobernado.

Si una necesidad social no está prevista en la ley, si existen omisiones o, en su caso, se violentan derechos, se debe legislar llenando esas lagunas.

Se plantea una innovación del artículo 38, en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que su contenido no es legal y es injusto, y --lo que es más importante-- viola los derechos individuales de los mexicanos.

La fracción VI, párrafo segundo, del artículo 38 de nuestra Constitución señala: ``La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación''.

Lo aquí señalado y la fracción II del mismo artículo se contraponen con lo señalado en el artículo 46 del Código Penal Federal, que deja claro: ``La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena''.

Lo anterior señala de manera inobjetable que hasta que no haya sentencia condenatoria y ésta cause ejecutoria serían suspendidos sus derechos políticos, y los señalados en el numeral 46 del Código Penal Federal, de acuerdo con este ordenamiento jurídico, al aplicar lo ordenado en la fracción II del artículo 38 constitucional se estaría actuando de manera injusta a los indiciados que se les dicte auto de formal prisión, pero que en sentencia se les declare inocentes del delito por el que fueron consignados.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, es necesario cambiar y reformar las leyes que presenten debilidades, o carezcan de claridad e impidan la impartición de justicia de manera eficaz. Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionándole a la fracción II, y se vea impedido para gozar el beneficio de su libertad provisional bajo caución.

Que dice:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. ...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. a VI. ...

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Deberá decir:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. ...

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; y se vea impedido para gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución.

III. a VI. ...

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.La diputada Irma Figueroa Romero: Con su venia, señora Presidenta: en nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del PRD, presento esta iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Uno de los pasos más trascendentales que México ha dado a propósito de nuestro compromiso vinculante con la Convención sobre los Derechos de la Niñez es lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que refiere en su Título Cuarto el derecho al debido proceso de adolescentes que infringen la ley penal.

El Congreso Constituyente ha aprobado la reforma del artículo 18 de nuestra Carta Magna, que nos obliga a la Federación y a las entidades federativas a la adopción de un nuevo modelo para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes, que implica la formación de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para personas, a partir de los 12 años cumplidos y hasta los 18 años incompletos, a quienes se atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales. Esta reforma ha sido reconocida por diversos expertos como una de las reformas estructurales que el Congreso Constituyente ha logrado impulsar en esta Legislatura. En ese sentido, el Congreso de la Unión, los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal tendrán la obligación de legislar sobre un sistema integral de justicia para adolescentes, en el marco de lo establecido en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de nuestra Carta Magna. Las leyes que creen los nuevos sistemas deberán respetar los principios, los derechos y las garantías de las personas menores de 18 años de edad, atendiendo al principio del interés superior del adolescente.

Asimismo, los Poderes Ejecutivos de los estados y del Distrito Federal habrán de implantar las estructuras que permitan el correcto funcionamiento del sistema, adecuando o, en su caso, creando los establecimientos necesarios para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia de cada entidad federativa y celebrando los convenios que se requieren con la Federación, para el caso de las y los adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales federales.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se reforman los artículos 42 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para...

XXX. Legislar sobre el sistema integral de justicia para adolescentes, conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XXXI. Las demás que le otorgan a la Constitución y este estatuto.

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe del Gobierno del Distrito Federal son las siguientes...

XXXI. Administrar los establecimientos de ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia de carácter local, así como ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales del fuero común, en estricto apego a los principios, derechos, garantías y demás ordenamientos previstos en la ley, al principio del interés superior del adolescente y a lo dispuesto por los jueces especializados y por los jueces especializados de ejecución.

XXXII. Celebrar convenios con la Federación para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de algunas conductas previstas como delito en las leyes penales federales, conforme a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos aplicables.

XXXIII. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este estatuto y otros ordenamientos.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXV del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos...

XXV. Celebrar convenios con las autoridades estatales y las del Distrito Federal para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento del adolescente sujeto al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales federales, conforme a lo que establecen los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito que se inserte totalmente en el Diario de los Debates, señora Presidenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero y suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Que en abril de 2004 el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma en cuyo artículo tercero expide la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes.

2. Que en sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 5 de abril de 2005, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que el 14 de abril de 2005, la diputada Angélica de la Peña Gómez presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

4. Que en sesión celebrada el martes 28 de junio de 2005 del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fue aprobada la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden los restantes, del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue enviada a las Legislaturas estatales para los efectos constitucionales.

5. Que en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2005 ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el senador César Camacho Quiroz presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, y se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Exposición de Motivos

Nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) el 19 de junio de 1990, tratado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991. México fue uno de los primeros países en el mundo en signar este tratado de derechos humanos específicamente para proteger los derechos de las personas menores de 18 años. La CDN ha sido considerada como un parteaguas en la humanidad porque reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y los Estados partes que la han signado, se comprometen a tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestales, sociales y culturales que permitan lograr mejores condiciones de vida y bienestar, a partir del respeto de su dignidad humana y el libre desarrollo de su personalidad.

Uno de los pasos más trascendentales que México ha dado a propósito de nuestro compromiso vinculante con la CDN, es lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que refiere en su Título Cuarto, el Derecho al Debido Proceso de Adolescentes que Infringen la Ley Penal.

El Congreso Constituyente ha aprobado la reforma al artículo 18 de nuestra Carta Magna que nos obliga a la federación y a las entidades federativas, a la adopción de un nuevo modelo para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes que implica la conformación de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para personas a partir de los 12 años cumplidos y hasta los 18 años incompletos a quienes se les atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales.

Esta reforma ha sido reconocida por diversos expertos, como una de las reformas estructurales que el Congreso Constituyente ha logrado impulsar en esta Legislatura. Y se reconoce como tal porque, no sólo se logra remontar la concepción arcaica del modelo tutelar para adoptar a partir de ahora un modelo garantista contemporáneo, pero también porque requiere una reforma en la estructura de los tres Poderes de la Unión y en sus diferentes niveles de gobierno.

En este sentido, el Congreso de la Unión, los Congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal tendrán la obligación de legislar sobre un sistema integral de justicia para adolescentes en el marco de los establecido por los párrafos cuarto quinto y sexto del artículo 18 de nuestra Carta Magna. Las leyes que creen los nuevos sistemas deberán respetar los principios, derechos, y garantías de las personas menores de dieciocho años de edad atendiendo al principio del interés superior del adolescente.

Asimismo, los Poderes Ejecutivos de los estados y el del Distrito Federal habrán de implementar las estructuras que permitan el correcto funcionamiento del sistema, adecuando o en su caso creando los establecimientos necesarios para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia de cada entidad federativa y celebrando los convenios que se requieran con la federación para el caso de las y los adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales federales.

El transitorio segundo del decreto de la reforma otorga a los estados de la Federación y al Distrito Federal seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la aplicación del mismo.

Atendiendo a esto, se hace necesario adicionar a las facultades de la Asamblea del Distrito Federal, la de legislar sobre este particular, asimismo, es preciso dotar al Poder Ejecutivo de Distrito Federal de la facultad para administrar los establecimientos de ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales locales, pero también la de celebrar los convenios respectivos con la Federación para la ejecución de las mismas en los casos de adolescentes que hayan infringido las leyes penales federales. De la misma manera, el Poder Ejecutivo federal, deberá tener la facultad para realizar estos convenios con las entidades federativas de la República.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 42 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para

I. a XXIX. ...

XXX. Legislar sobre el sistema integral de justicia para adolescentes conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XXXI. Las demás que le otorgan la Constitución y este Estatuto.

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe del Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

I. a XXX. ...

XXXI. Administrar los establecimientos de ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia de carácter local, así como ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales del fuero común, en estricto apego a los principios, derechos, garantías y demás ordenamientos previstos en la ley, al principio del interés superior del adolescente y a lo dispuesto por los jueces especializados y por los jueces especializados de ejecución;

XXXII. Celebrar convenios con la Federación para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales federales conforme a lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos aplicables.

XXXIII. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este estatuto y otros ordenamientos.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XXV del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXIV. ...

XXV. Celebrar convenios con las autoridades estatales y del Distrito Federal para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al sistema integral de justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales federales conforme a lo que establecen los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XXVI. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 18 de enero del 2006.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).» La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

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CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se recibió del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 185 y 189 del Código Federal de Procedimientos Electorales.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Iniciativa que reforma los artículos 185 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México tenemos una legislación deficiente para regular la basura electoral que se genera durante cada campaña presidencial, estatal o municipal. Tenemos que reconocer que no hay leyes precisas y la mayoría de los partidos políticos no han mostrado un compromiso real con el medio ambiente, así como el país no tiene una cultura al respecto.

Algunos estados han empezado a recorrer caminos en este sentido; por ejemplo, en Coahuila la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales ha tratado de regular la emisión de propaganda a través de campañas cortas, la prohibición de pasacalles y la limitación del uso de postes. Lo anterior ha permitido reducir la generación de basura electoral. También, un avance muy importante de la legislación es que, a dos semanas de finalizar la contienda, ya no queda rastro de la publicidad de los candidatos.

En el caso del Distrito Federal, hasta el pasado 6 de octubre se aprobó que dentro de las reformas del Código Electoral capitalino se prohíba utilizar plásticos para la elaboración de propaganda impresa y, en su lugar, la produzcan con material biodegradable o reciclable. Pero estas modificaciones no entrarán en vigor hasta 2009.

Sin embargo, a nivel federal no ha ocurrido nada. Para las campañas presidenciales no hay una sola norma que promueva la utilización de materiales biodegradables en la elaboración de la propaganda electoral y aunque en 2003 la senadora del Partido Verde Ecologista de México Sara Castellanos presentó una iniciativa para que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se incluyera que los partidos elaboraran 25% de propaganda en plásticos reciclables, ésta quedó en la congeladora por falta de un compromiso real de los legisladores y los demás partidos políticos con el medio ambiente.

Más allá del artículo 189 del Cofipe no hay ninguna especificación ambiental en materia de propaganda electoral a nivel federal y, sin embargo, este artículo solamente pide a los institutos políticos no obstruir la visibilidad vial o la circulación de los peatones. Además, especifica que la publicidad se puede colgar en inmuebles de propiedad privada con permiso y en lugares de uso común que determinen las Juntas Locales, pero no en equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en monumentos o edificios públicos.

La realidad nos ha rebasado, y este vacío legislativo desde 2000 ha dejado estragos alarmantes. Hace seis años se generaron 48,302 toneladas de propaganda en el DF. En otras ciudades como Guadalajara se recogieron 3,000 y en Monterrey 4,000. A nivel nacional la cifra ascendió a 50,000 toneladas, según datos oficiales.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Urbanos del DF, en la elección de 2003 se recolectaron 245,471 pendones de plástico y 4,214 mantas, con un peso total de 78,000 toneladas. Para 2006, el panorama en la Ciudad de México es complejo porque, además de la contaminación que genera la propaganda, la Dirección General de Servicios Urbanos del DF advirtió que el gobierno capitalino tendrá que erogar mayores recursos, ya que existen 350,000 postes donde se colocará la propaganda, y la limpieza de cada uno de ellos asciende a 60 pesos, según estimaciones oficiales, lo que implica un gasto de 21 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumar que el retiro de medallones, gallardetes y mantas colgadas en puentes peatonales requeriría 35 pesos para limpiar cada uno de los puntos, lo que sumaría aproximadamente 49 millones de pesos extra para la limpieza de la ciudad.

En otros países, las medidas empleadas para la regulación de basura electoral son más específicas. En Estados Unidos, en Washington específicamente, no se pueden instalar gallardetes en determinados lugares ni se ven carteles continuos sino cada 50 metros. En España hay mayor recurrencia a los spots en radio y televisión que a los pendones colgados en las calles, o por ejemplo, han asumido compromisos para reducir la propaganda electoral a través de campañas más cortas; por ejemplo, la del mandatario español, José Luis Zapatero, duró tan sólo dos meses y en Alemania uno solo, con lo que no se les permitió a los partidos excederse en la cantidad de publicidad distribuida en las calles.

No podemos ser ajenos e insensibles al deterioro progresivo y acelerado de los recursos naturales en nuestro país y que pone en riesgo las bases del futuro desarrollo nacional. Nuestro partido ha venido fomentando desde siempre que los diferentes actores del sistema político mexicano refuercen su compromiso con el medio ambiente apoyando y promulgando las bases jurídicas precisas para un desarrollo sustentable en que todos asuman su responsabilidad. Sin temor a equivocarnos, si seguimos descuidando el medio ambiente como hasta ahora, no habrá política pública que sirva para componer los resultados irreversibles al ambiente.

Desde esta perspectiva, en el Poder Legislativo tenemos una enorme tarea que resolver, y solamente mostraremos un verdadero interés con la ecología si nos comprometemos a legislar en la materia. Aunque en el Partido Verde Ecologista de México hemos presentado las únicas iniciativas relacionadas, no se ha encontrado la voluntad política de los demás partidos para apoyar nuestras reformas de ley.

Por último, es necesario considerar que, en lugar de provocar contaminación en barrancas, ríos y tierras de cultivo, debemos legislar para dar a la propaganda electoral un fin digno, útil y ambientalmente responsable. Por otra parte, también es posible reducir la basura y aprovechar los desechos para evitar la saturación de los rellenos sanitarios y crear fuentes de empleo e ingresos para las familias y así redistribuir el dinero de los impuestos de la ciudadanía que se gasta en propaganda electoral.

Sensibilizado por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 185 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Por el que se reforman los artículos 185 y 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 185

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos no tendrá más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

3. La propaganda electoral impresa, exceptuando la que se realice en prensa, deberá cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: estar elaborada con materiales biodegradables, reciclados o que los componentes de elaboración sean reciclables.

Artículo 189

1. En la colocación de propaganda electoral, los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen las Juntas Locales y las Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos.

f) No podrá colgarse, fijarse ni colocarse en árboles, jardineras y áreas verdes públicas.

g) El Instituto Federal Electoral determinará las bases, para lo cual los partidos políticos cooperarán con la recolección de la propaganda electoral.

2. Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los ayuntamientos, gobiernos locales y del Distrito Federal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del consejo respectivo, que celebren en el mes de enero del año de la elección.

3. Los Consejos Locales y los Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia.

4. La propaganda electoral impresa no podrá permanecer más de dos meses posteriores al día de la elección.

Transitorio

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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ARTICULO 91 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.El diputado Joel Padilla Peña: Con permiso de la Presidencia; ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión: el suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa, que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente exposición de motivos:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el texto original del artículo 91 los requisitos que se exigen para que una persona pueda ser designada por el Presidente de la República como secretario de despacho. Este artículo 91 es de los pocos preceptos constitucionales que no han sido objeto de modificación desde el 1 de mayo de 1917, fecha en que entró en vigor nuestra Constitución. Hasta hoy, tres son los requisitos que se exigen: primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento; segundo, estar en ejercicio de sus derechos; y tercero, tener 30 años cumplidos.

En México, el Presidente de la República ejerce funciones tanto de Jefe de Estado como de Jefe de Gobierno. En este último rol, el artículo 89 constitucional, en la fracción II, otorga al titular del Ejecutivo la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho, siempre y cuando la persona elegida para la sustitución cumpla los requisitos señalados en el artículo 91. Por otro lado, en 1917 la sociedad mexicana era eminentemente rural y las oportunidades de acceso a la educación superior eran prácticamente inexistentes para la mayoría de los mexicanos. Tan es así, que el Estado mexicano posrevolucionario, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 3o., se da a la tarea de construir todo un sistema educativo a nivel nacional.

El país, para consolidar su desarrollo, requería profesionistas en los distintos ámbitos de la vida nacional: abogados, médicos, ingenieros, maestros, contadores y economistas, entre muchos otros. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas e institutos tecnológicos de los estados y, de manera más reciente, la Universidad Autónoma Metropolitana son las instituciones encargadas de formar a los profesionistas que el país necesita para hacer frente a los retos que como nación tenemos.

Las tareas de gobierno son totalmente diferentes en el México de 1917 respecto a las del México del siglo XXI. El Congreso de la Unión dota al Poder Ejecutivo de los instrumentos legales que éste requiere para el desarrollo de su función de gobierno. Por ello, en opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, resulta imprescindible reformar el artículo 91 de nuestro texto constitucional, para establecer entre los requisitos que se deben cumplir para ser designado secretario de despacho que se cuente con grado académico de al menos licenciatura. Esta propuesta la hacemos en el ánimo de reconocer el proceso de socialización y adquisición de conocimientos de la realidad mexicana que en las instituciones de educación superior se obtienen.

El papel de las instituciones de educación superior son la educación, la investigación y la difusión y preservación de la cultura. El sistema educativo nacional de carácter público ha permitido que jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos económicos puedan acceder a la educación universitaria y aspirar a transformar de manera benéfica su entorno familiar y social. Esos cientos de miles de mexicanos y los que en el futuro egresen de las universidades cuentan con formación intelectual y compromiso social para contribuir a un verdadero cambio en México, participando en las tareas de gobierno, particularmente como responsables durante un periodo gubernamental de conducir los trabajos de una secretaría de Estado como titulares de las mismas.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no soslaya y sí reconoce el esfuerzo de la infinidad de personas que, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron acceder a un centro de educación superior y que con esfuerzo propio y múltiples sacrificios han logrado consolidar una formación autodidacta, lo que les ha permitido que también contribuyan de manera muy importante al desarrollo nacional. Reconocemos que el ejercicio de la función pública implica también el desarrollo de las capacidades políticas del individuo.

La función pública supone también tomar decisiones con oportunidad política; ésta es la parte medular de la función de gobierno: tomar decisiones y asumir responsablemente las consecuencias que esto entraña. Pero también para decidir hay que tener conocimiento sobre el asunto en que se debe tomar una decisión y aplicar el caudal de conocimientos que se tenga y la experiencia acumulada para resolver un conflicto.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 91. Para ser secretario de despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Asimismo, deberá contar con grado académico al menos de licenciatura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la H. Comisión Permanente la presente iniciativa, que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el texto original del artículo 91 los requisitos que se exigen para que una persona pueda ser designada por el Presidente de la República como secretario de despacho.

Este artículo 91 es de los pocos preceptos constitucionales que no han sido objeto de modificación desde el 1 de mayo de 1917, fecha en la que entró en vigor nuestra Constitución, hasta el día de hoy. Tres son los requisitos que se exigen: primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento; segundo, estar en ejercicio de sus derechos; y tercero, tener 30 años cumplidos.

En el diseño constitucional aprobado por el Congreso Constituyente de 1916-17 se estableció un sistema de división de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero en el que el Ejecutivo pudiera ejercer facultades metaconstitucionales para, en los hechos, pasar de un sistema de gobierno presidencial a un presidencialismo exacerbado.

En México, el Presidente de la República ejerce funciones tanto de Jefe de Estado como de Jefe de Gobierno. En este último rol, el artículo 89 constitucional, en la fracción II, otorga al titular del Ejecutivo la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho.

Sin embargo, esta facultad de nombramiento está acotada por lo dispuesto en el artículo 91 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, en 1917 se podía entender que el Ejecutivo federal en turno designara a cualquier persona como secretario de despacho y que ésta cumpliera únicamente los requisitos establecidos en la Constitución.

En 1917, la sociedad mexicana era eminentemente rural y las oportunidades de acceso a la educación superior eran prácticamente inexistentes para la mayoría de los mexicanos.

Tan es así, que el Estado mexicano posrevolucionario, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 3o., se da a la tarea de construir todo un sistema educativo a nivel nacional.

El país para consolidar su desarrollo requería profesionistas en los distintos ámbitos de la vida nacional: abogados, médicos, ingenieros, maestros, contadores y economistas, entre muchos otros.

La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas e institutos tecnológicos de los estados y, de manera más reciente, la Universidad Autónoma Metropolitana son las instituciones encargadas de formar a los profesionistas que el país necesita para hacer frente a los retos que como nación tenemos.

Las tareas de gobierno son totalmente diferentes en el México de 1917 de las del México del siglo XXI. El Congreso de la Unión dota al Poder Ejecutivo de los instrumentos legales que éste requiere para el desarrollo de su función de gobierno y, en cumplimiento de lo que indica el primer párrafo del artículo 90 constitucional, expide la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se establece el número de secretarías de Estado, así como las atribuciones o competencias que cada una de ellas tendrá para coadyuvar con el Ejecutivo federal en las tareas de gobierno.

Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la existencia de 18 secretarías de Estado, y las atribuciones que a cada una de ellas otorga el Congreso de la Unión en la ley antes referida son sumamente complejas.

La función de gobierno también se vuelve compleja, pues prácticamente podemos afirmar que una persona que nace en el país está vinculada a la administración pública en sus diferentes manifestaciones, desde el nacimiento hasta la muerte.

Por ello, en opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, resulta imprescindible reformar el artículo 91 de nuestro texto constitucional para establecer entre los requisitos que se deben cumplir para ser designado secretario de despacho que se cuente con grado académico de al menos licenciatura.

Esta propuesta la hacemos en el ánimo de reconocer el proceso de socialización y adquisición de conocimientos de la realidad mexicana que en las instituciones de educación superior se obtienen.

El papel de las instituciones de educación superior son la educación, la investigación y la difusión y preservación de la cultura.

El sistema educativo nacional de carácter público ha permitido que jóvenes pertenecientes a familias de escasos recursos económicos puedan acceder a la educación universitaria y aspirar a transformar de manera benéfica su entorno familiar y social.

Estos cientos de miles de mexicanos y los que en el futuro egresen de las universidades cuentan con formación intelectual y compromiso social para contribuir a un verdadero cambio en México, participando en las tareas de gobierno, particularmente como responsables, durante un periodo gubernamental, de conducir los trabajos de una secretaría de Estado como titulares de las mismas.

Desde luego, no soslayamos y sí reconocemos el esfuerzo de infinidad de personas que, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron acceder a un centro de educación superior, y que con esfuerzo propio y múltiples sacrificios han logrado consolidar una formación autodidacta, lo que les ha permitido que también contribuyan de manera muy importante al desarrollo nacional.

Reconocemos que el ejercicio de la función pública implica también el desarrollo de las capacidades políticas del individuo, la función pública supone también tomar decisiones con oportunidad política. Ésta es la parte medular de la función de gobierno, tomar decisiones y asumir responsablemente las consecuencias que esto entraña.

Pero también para decidir hay que tener conocimiento sobre el asunto en que se debe tomar una decisión y aplicar el caudal de conocimientos que se tenga y la experiencia acumulada para resolver un conflicto.

Por las consideraciones antes expuestas sometemos a su consideración el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 91.

Para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos; asimismo, deberá contar con grado académico al menos de licenciatura expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica).» La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Usted la tiene.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: La seguridad social, la conquista revolucionaria consagrada en el artículo 123 constitucional, efectivamente consigna el derecho de los trabajadores a los servicios de salud, pensiones, oportunidad de acceso a una vivienda digna y, desde luego, la consideración humana a su condición de trabajador al servicio de la nación.

Ese derecho a la seguridad social a través de las instituciones creadas por mandato de los artículos 4o. y 123 de nuestra Constitución, como lo es una de ellas y fundamental, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los años recientes ha representado para millones de trabajadores mexicanos y sus familias la oportunidad de acceder al techo digno para la vida familiar estable y productiva. Desde 1972, año en que fue publicada la Ley del Infonavit, ésta ha sufrido diversas reformas con la finalidad de ir mejorando su funcionamiento de conformidad con los acontecimientos de carácter financiero, económico y social de la nación.

Esas modificaciones han transformado la institución; y con todo ello, los comparativos de los distintos periodos en que ha sido administrada arrojan un balance satisfactorio y positivo para los trabajadores mexicanos, pero consideramos que es tarea fundamental en el cumplimiento de esos derechos sociales de nuestra Constitución que los organismos que manejan recursos públicos y, más aún, estos tripartitos, cuando existen aportaciones de patrones y trabajadores, requieren como elemento fundamental la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello se hacen inaplazables las adecuaciones jurídicas que se refieren a estas medidas de fiscalización que requieren todas las instituciones.

Los organismos financieros del país han contribuido a que los esquemas de financiamiento se modifiquen, por lo que estos factores se deben considerar fundamentalmente en el caso del Infonavit, que ya no otorga o que ya no debe otorgar créditos a empresas constructoras. Desde 1998 ésta ha sido una política adoptada por la Dirección del Instituto y confirmada desde luego por el actual director, el ingeniero Borrás.

Si bien es cierto que desde 1972 se estableció en la Ley del Infonavit que otorgará crédito a las compañías constructoras, ello obedeció que en aquel entonces era necesario y pertinente hacerlo para poder promover la oferta de vivienda, pero a la fecha esa práctica no está siendo necesaria, dado que ha habido otros mecanismos públicos y privados de financiamiento que han sustituido esas fuentes necesarias para la construcción de unidades habitacionales.

Por ende, y dado que esta política ha sido sana y conveniente, estamos considerando y proponiendo que en la propia Ley del Instituto de la Vivienda, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se deroguen las disposiciones que tenían por objeto que el Instituto aportara capital a los constructores o promotores de vivienda y, en cambio, sus recursos se concentren en el financiamiento a los adquirentes, a los demandantes, a los trabajadores, a fin de eficientar el uso del capital para su mejor utilización en el presente y en el futuro.

Recordemos que la demanda de vivienda en México alcanza la cifra de 750 mil unidades anuales, que el rezago se ha ido cubriendo lentamente, pero que con esta política nueva del Infonavit será propicio y conveniente que haya más oferta de vivienda por parte de capital público y privado y que el Infonavit se reduzca y se contraiga al financiamiento del comprador para hacer posible que haya más oferta y, sobre todo, más adquisición de este derecho social fundamental de la clase trabajadora, que le consagró la Constitución desde 1917 y que, a más o menos un siglo de distancia, apenas se ha empezado a cubrir en los últimos años.

Dejo, pues, y solicito a la Mesa Directiva y a la Presidencia de esta Comisión Permanente que se inscriba íntegro el texto de esta iniciativa a fin de que conste en el Diario de los Debates, para los efectos consiguientes. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia Partido Político, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto, que deroga las fracciones III del artículo 3o. y I del artículo 42, y los artículos 51 Bis, 51 Bis 1, 51 Bis 2, 51 Bis 3, 51 Bis 4, 51 Bis 5 y 51 Bis 6; y reforma el artículo 41, primer párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad social, integrada por el derecho a los servicios de salud y pensiones, y la oportunidad de tener acceso a una vivienda digna, entre otros, son conquistas fundamentales que ofrecen al trabajador y a sus familiares estabilidad, seguridad y un sensible aumento en la calidad de vida. Este derecho a la seguridad social, a través de instituciones creadas por mandato del articulo 4o., y 123 de nuestra Carta Magna como es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en los años recientes ha representado, para millones de trabajadores mexicanos y sus familias la tranquilidad de contar con una vivienda.

Así, desde 1972, año en que fue publicada, la Ley del Infonavit se ha reformado en varias ocasiones, con la finalidad de mejorar su funcionamiento, de conformidad con los acontecimientos de carácter financiero, económico y social. Estas modificaciones han transformado esta institución que, con todo y los manejos comparativos a que ha estado sujeta, el balance ha sido satisfactorio.

Esta tarea fundamental en el cumplimiento de los derechos sociales que nuestra Constitución consagra exige que los organismos que manejan recursos públicos y, más aún, cundo existen aportaciones de patrones y trabajadores, requiere como elemento fundamental la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello se hacen inaplazables las adecuaciones jurídicas que se refieren a estas medidas de fiscalización que requieren todas las instituciones.

Por tanto, los programas de financiamiento público para las compañías constructoras de casas habitación de interés social se han ido modificando de forma excepcional en varios aspectos, tanto del sector público como del privado. Así, tenemos el propio Infonavit, la Sedesol, el Fovissste y el Fovi, entre otros, que han representado un auge extraordinario para la construcción de habitaciones de interés social que, junto con los efectos socio-económicos y políticos, han constituido también alivio en el empleo de mano de obra de poca calificación.

Este fenómeno de intensificación tiene uno de sus principales vehículos en el ámbito financiero, que se ha ido acrecentando y extendiendo a varios sectores de la promoción habitacional como el hipotecario, siendo así que Sociedad Hipotecaria Federal, SNC (SHF), como institución financiera perteneciente a la banca de desarrollo, con el fin de propiciar el acceso a la vivienda de calidad a los mexicanos que la demandan, facilita las condiciones para que se destinen recursos públicos y privados a la oferta de créditos hipotecarios.

Los organismos financieros del país han contribuido a que los esquemas de financiamiento se modifiquen, por lo que estos factores se deben considerar fundamentales en esta exposición de motivos. El caso más sobresaliente ha sido el del Infonavit, que ya no otorga créditos a empresas constructoras desde 1998, de acuerdo con la información vertida por su actual director general.

Si bien es cierto que desde su creación, en 1972, se estableció en la Ley del Infonavit que otorgará crédito a las compañías constructoras, este mandato obedeció a la política de entonces, que tendía a favorecer a líderes sindicales que, aprovechando la oportunidad, se enriquecieron en la rama de la construcción, por lo que se desvió el espíritu social de la institución, derivándose a su utilización para beneficiar a líderes, aprovechando que era necesaria la construcción de habitaciones de interés social, por la gran demanda y poca oferta.

La iniciativa que hoy presento tiene la finalidad de que, bajo el esquema actual, las aportaciones propiedad de los trabajadores sean utilizadas para financiar los créditos de vivienda para los trabajadores única y exclusivamente, ya que recibir créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades de vivienda es un derecho de los trabajadores derechohabientes del Infonavit.

Esta prestación social no puede estar supeditada a marcos rígidos y reglas inicuas que beneficien a empresarios desarrolladores de conjuntos habitacionales. Para cumplir con responsabilidad hay que actualizar el objeto para el cual fue creado el Infonavit que se debe impulsar en el ámbito de financiamiento.

Sin duda, para construir las 750,000 viviendas anuales que los mexicanos demandan, el mayor reto de la política habitacional consistirá en modernizar y hacer más eficientes los procesos administrativos y financieros de las instituciones públicas involucradas.

La sociedad exige de sus representantes la revisión constante de las normas y los procedimientos de las instituciones públicas, a fin de que éstas cumplan a cabalidad su objetivo social. Es una exigencia de muchos trabajadores que se revisen las reglas vigentes del Infonavit, que los excluyen del beneficio de recibir créditos.

De aprobarse la iniciativa que hoy se presenta, estaremos contribuyendo para la progreso del Infonavit en su función pública, en el ejercicio de la transparencia y en la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos que son propiedad de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe somete a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Iniciativa de decreto que deroga la fracción III del artículo 3o.; fracción I del artículo 42; el artículo 51 Bis, 51 Bis 1, 51 Bis 2, 51 Bis 3, 51 Bis 4, 51 Bis 5, 51 Bis 6; y reforma el artículo 41, primer párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 3º. El Instituto tiene como objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo...

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito...

a) a c) ... III. Derogada.

IV. ...

Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán:

I. Derogada.

II. Al otorgamiento de créditos...

Artículo 51 Bis. Derogado.

Artículo 51 Bis 1. Derogado.

Artículo 51 Bis 2. Derogado.

Artículo 51 Bis 3. Derogado.

Artículo 51 Bis 4. Derogado.

Artículo 51 Bis 5. Derogado.

Artículo 51 Bis 6. Derogado.

Artículo 41. El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto se derogan todas las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Como solicita el señor diputado González Schmal, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga la fracción II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El senador David Jiménez González: Muchas gracias, ciudadana Presidenta, con su permiso; estimadas compañeras y estimados compañeros legisladores: sabemos que dentro de las facultades que tienen las autoridades, sean éstas municipales, estatales o federales, al emitir --repito-- sus actos de autoridad tienen que ceñirse forzosamente a lo que establecen las leyes, que viene siendo uno de los principios que rigen la vida de los mexicanos y, fundamentalmente, la acción de las autoridades; es decir, el principio de legalidad. No hay ninguna parte de la República donde las autoridades tengan que ajustar cada uno de sus actos a lo que dictaminan las leyes, como les he comentado.

Estos actos de autoridad pueden llegar a afectar la esfera jurídica del gobernado. Lo comentábamos hace aproximadamente unos 15 días, cuando presenté una iniciativa relacionada con la garantía de audiencia, en el sentido de que debería respetarse a todo gobernado, a todo ciudadano que pudiera ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o sus derechos, tal como lo establece el artículo 14 de la Constitución.

Ya no hablo de la vida porque está, como todos sabemos, está prohibida la pena de muerte ya en nuestro país. Pues bien, ante esta situación me puse a reflexionar en que si bien es cierto, de acuerdo con los estudios que se han realizado por parte de los órganos jurisdiccionales, existe una serie de actos de autoridades, fundamentalmente administrativas, que no funda ni motivan sus actos, dando por consiguiente una violación flagrante de la Constitución.

Por eso pensé que era importante que, además de requerir, de exigir que se respete la garantía de audiencia, ésta debe estar estrechamente vinculada con otra de las garantías que son fundamentales en nuestro Estado de derecho, la garantía de legalidad. Y esta garantía de legalidad tiende a obligar a que las autoridades, además de respetar la garantía de audiencia, tengan --dentro del ámbito de su competencia atribuciones al realizar sus actos-- que fundarlos y motivarlos porque, si no lo hacen de esa manera, también están violentando el orden constitucional.

Y hay dos dispositivos muy importantes que, sin duda, afectan a millones de mexicanos, afectan o regulan, como podamos entenderlo --como queramos entenderlo, mejor dicho--, el actuar de las propias autoridades: unas pueden caer dentro del ámbito de las autoridades fiscales; y otras, dentro del ámbito de las autoridades jurisdiccionales que tienen que conocer de los actos administrativos que emita la esfera correspondiente.

Por eso pido la autorización a la Presidencia para que en esta ocasión, en lugar de participar nuevamente para presentar la iniciativa relacionada con el Código Fiscal y con la Ley de Procedimientos Administrativos, porque van en el mismo sentido, me autorice que, tomando en consideración las reflexiones que estoy haciendo en mi exposición, pueda presentar en un solo acto la propuesta de reforma y modificación de una y otra ley. Desde luego, no estamos violentando de ninguna manera el procedimiento sino que por economía, incluso, procesal --como diríamos nosotros--, podríamos obviar el tiempo, ya que van dirigidas en el mismo sentido las dos iniciativas que presento hoy. Pues bien, evitar que en la emisión de los actos de autoridad realmente lleguen a ser inconstitucionales, pues vamos a proponer que éstas tengan forzosamente la obligación de motivar y de fundarlos para que no se presente ninguna violación constitucional.

Sabemos que la Constitución y las leyes secundarias, las leyes ordinarias establecen cuáles son las competencias, y las competencias pueden ser en razón de materia, de grado o de territorio. De tal suerte que si establecemos en las propias disposiciones, como es el caso que nos ocupa hoy, en el Código Fiscal y en la Ley de Procedimientos Administrativos, incorporamos claramente este dispositivo, vamos a evitar que muchos, muchísimos de los actos de autoridad sean considerados inconstitucionales, con pérdida de tiempo de las propias autoridades y, sin duda, con afectación directa para los gobernados porque la resolución que podría caer, ya sea que la autoridad jurisdiccional que conozca en primera instancia fuera dada en razón de proteger al gobernado o en última instancia ya mediante la resolución de un juicio de amparo, sería el de obligar a la autoridad a que motivara y fundara su acto para que no fuera considerado inconstitucional.

Por eso es importante que, de una buena vez, en estas dos materias quede establecida esta disposición para que preservemos ambas garantías: la de audiencia y la de legalidad.

De tal manera, la primera propuesta sería en el sentido de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que quedaría de la siguiente manera:

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos...

Nos establecen varias fracciones, pero a la que me refiero, que es la II, quedaría de la siguiente manera:

Señalar la autoridad que lo emite y el precepto, disposiciones legales en que se apoye citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso o la parte de la normatividad correspondiente.

Ésta sería, Presidente, nuestra propuesta respecto del Código Fiscal de la Federación, donde se llevaría a cabo la modificación de la fracción II.

Y la otra iniciativa, que es relacionada con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, va en el mismo tenor, con la siguiente reforma:

Decreto. Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

Fracción I, párrafo segundo. La autoridad deberá precisar el precepto o disposiciones legales que le otorguen competencia citando, en su caso, el apartado, fracción, párrafo, inciso o subinciso conducente de la normatividad correspondiente.

Pediría a la Presidencia, en consecuencia, que en el Diario de los Debates de la Permanente, como en la misma agenda, aparezca íntegramente la publicación de estas dos iniciativas, cada una en su respectivo trámite, para que pueda ser considerada, a las comisiones a que van a ser turnadas por esta Mesa Directiva. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los imperativos del sistema constitucional mexicano, que rige en el ejercicio de la función legislativa, consiste en que toda ley ordinaria debe ser acorde con los postulados constitucionales.

De acuerdo con lo anterior, uno de los principios que ante todo se debe respetar en la emisión de una norma, es el relativo al de la legalidad que rige en los actos de autoridad, el cual constituye una de las bases fundamentales del Estado de derecho, cuyos orígenes modernos los encontramos en el pensamiento de los filósofos y juristas de la Ilustración, para quienes la ley era la expresión de la voluntad general, de la razón y de la soberanía, por lo que a ella debían sujetarse los actos de autoridad.

Al respecto, el primer párrafo, del artículo 16 constitucional, a la letra establece:

``Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.''

Asimismo, el segundo párrafo del numeral 14 de la propia Carta Magna, prevé:

``Artículo 14. ...

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

...

De los preceptos transcritos se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con el que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al efecto en estado de indefensión, ya que al no conocer la norma que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se otorga al gobernado la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, el apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo y el carácter con que lo haga.

En consecuencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que éste último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.

En relación con las exigencias mencionadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en jurisprudencia que para estimar cumplidas dichas garantías, en lo relativo a la precisión de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permite las garantías en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad.

La jurisprudencia referida, se identifica como la tesis número 115/2005, y fue aprobada en sesión de dos de septiembre de dos mil cinco, cuyo rubro y texto son los siguientes:

``COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, Si SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.--- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ``COMPETENCIA DEL ACTO DE AUTORIDAD.'', así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender el valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Ahora bien, del análisis a lo dispuesto en el artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que dentro de los requisitos que deben contener los actos administrativos se encuentran entre otros, los consistentes en que se debe señalar la autoridad que lo emite y estar fundado y motivado.

En efecto, el artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente:

``Artículo 38 Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.''

La disposición transcrita enumera los requisitos mínimos que deben contener los actos administrativos que se deban notificar, entre otros, el de constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundado y motivado, ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido.

Sin embargo, en la disposición de que se trata, en el rubro relativo al señalamiento de la autoridad que lo emite, no se establece como requisito el relativo a que la autoridad debe precisar su competencia por razón de materia, grado o territorio con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercita, señalando en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente, requisito que como ya se mencionó, constituye una de las condiciones que necesariamente deben contener los actos administrativos para cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, toda vez que el señalamiento de esos datos permite al gobernado al cual se dirige, conocer el carácter de la autoridad que lo emitió, la vigencia de los ordenamientos que en su caso constituyen el fundamento del acto administrativo, así como saber si la autoridad actuó en uso de sus facultades propias y dentro de su circunscripción territorial.

En consecuencia, a fin de evitar la emisión de actos administrativos evidentemente inconstitucionales, se propone a esta Soberanía, reformar la fracción II, del artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, a fin de que prevea la obligación por parte de la autoridad administrativa de precisar el fundamento de su competencia por razón de materia, grado o territorio, toda vez que esa disposición en los términos en que se encuentra redactada, propicia la emisión de actos que al carecer de esos datos, colocan al particular en un estado de inseguridad jurídica, pues de formularse sólo con esas exigencias, resultan ilegales como ya lo precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que para que los actos administrativos cumplan con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, deben contener entre otros el fundamento legal en que apoye su competencia la autoridad para emitirlos.

Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, del artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, al tenor del siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción II, del artículo 38, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

``Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II. Señalar la autoridad que lo emite, y el precepto o disposiciones legales en que apoye citando en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso o la parte de la normatividad correspondiente.

III. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.''

Transitorio

Único.--- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como lo solicita, publíquense íntegramente las iniciativas presentadas por el senador David Jiménez González en el Diario de los Debates; y, asimismo, por lo que hace a la que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El senador David Jiménez González: «Iniciativa que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción I, del artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los imperativos del sistema constitucional mexicano, que rige en el ejercicio de la función legislativa, consiste en que toda ley ordinaria debe ser acorde con los postulados constitucionales.

Así, del cúmulo de principios que ante todo se deben respetar en la emisión de una norma, destacan los de seguridad jurídica y el de legalidad que rige en los actos de autoridad, los cuales constituyen bases fundamentales del Estado de derecho, cuyos orígenes modernos los encontramos en el pensamiento de los filósofos y juristas de la Ilustración, para quienes la ley era la expresión de la voluntad general, de la razón y de la soberanía, por lo que a ella debían sujetarse los actos de autoridad.

Al respecto, el primer párrafo, del artículo 16 constitucional, a la letra establece:

``Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.''

Asimismo, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, es del tenor siguiente:

``Artículo 14. ...

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

...''

De los preceptos transcritos se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con el que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer la norma que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se otorga al gobernado la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro de su ámbito competencial, y si aquélla es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que en su caso, esté en aptitud de impugnar, además de la ilegalidad del acto, el apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo y el carácter con que lo haga.

En consecuencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le de eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por si mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades.

En relación con las exigencias mencionadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en jurisprudencia que para estimar cumplidas dichas garantías, en lo relativo a la precisión de la competencia de la autoridad en el acto de autoridad, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que apoya su actuación, pues de lo contrario, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, lo que no permiten las garantías en comento, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de ésta.

La jurisprudencia referida, se identifica como la tesis número 2a./J.115/2005, y se encuentra publicada en la página 310, tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:

``COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.--- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ``COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.'', así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.''

Ahora bien, del análisis a lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se desprende que dentro de los requisitos que deben contener los actos administrativos, se encuentran entre otros, los consistentes en que sea expedido por órgano competente y estar fundado y motivado.

En efecto, el artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece lo siguiente:

``Artículo. 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;

V. Estar fundado y motivado;

VI. (DEROGADA, DOF 24 DE DICIEMBRE DE 1996)

VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;

VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;

IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;

X. Mencionar el órgano del cual emana;

XI. (DEROGADA, DOF 24 DE DICIEMBRE DE 1996)

XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;

XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;

XIV. Tratándose de actos administrativos (sic) deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y

XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.''

La disposición transcrita enumera los requisitos mínimos que deben contener los actos administrativos entre otros, ser expedidos por autoridad competente, cumplir con la finalidad del interés público, constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundado y motivado, ostentar la firma autógrafa del funcionario que lo emita, así como lugar y fecha de su emisión.

Sin embargo, en la disposición de que se trata, en el rubro relativo a que sea expedido por autoridad competente, no se establece como requisito el relativo a que la autoridad debe precisar su competencia por razón de materia, grado o territorio con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, señalando en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente, requisito que, como ya se mencionó, constituye una de las condiciones que necesariamente deben contener los actos administrativos para cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que el señalamiento de esos datos permite al gobernado al cual se dirige, conocer carácter de la autoridad que lo emitió, la vigencia de los ordenamientos que en su caso constituyen el fundamento del acto administrativo, así como saber si la autoridad actuó en uso de facultades propias y dentro de su circunscripción territorial.

En consecuencia, a fin de evitar la emisión de actos administrativos evidentemente inconstitucionales, se propone a esta Soberanía, adicionar un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de que prevea la obligación por parte de la autoridad administrativa, de precisar el fundamento de su competencia por razón de materia, grado o territorio, toda vez que esa disposición en los términos en que se encuentra redactada, propicia la emisión de actos que al carecer de esos datos, colocan al particular en un estado de inseguridad jurídica, pues de formularse sólo con esas exigencias, resultarán ilegales, como ya lo precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que para que los actos administrativos cumplan con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, deben contener entre otros, el fundamento legal en que apoye su competencia la autoridad para emitirlos.

Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor del siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I, del artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

``Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

La autoridad deberá precisar el precepto o disposiciones legales que le otorguen competencia, citando en su caso, el apartado, fracción, párrafo, inciso o subinciso conducente de la normatividad correspondiente.

II -- XVI.''

Transitorio

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Y por lo que hace a la que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

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LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero para presentar iniciativa que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un artículo 121 Bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Irma Figueroa Romero: Con su permiso, señora Presidenta: en nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez y de las y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia, presento esta iniciativa. Nuestro país consagra en el artículo 4o. constitucional que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123, prohíbe el trabajo de personas menores de 14 años. Pero la realidad en México es otra porque niñas, niños y adolescentes, quienes deberían ocuparse principalmente en estudiar y jugar, son privados de esos derechos, ya que tienen que incorporarse al trabajo a tempranas edades.

Merece especial atención la situación de niñas y de niños que realizan trabajos peligrosos, entre otros, la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, su venta o el tráfico, la servidumbre, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos en conflictos armados, su utilización para la realización de actividades ilícitas, los trabajos que los expongan a abusos de orden físico, psicológico o sexual, etcétera. Derivado de lo anterior se presentan diversas modificaciones de la ley laboral, así como de la reglamentaria del artículo 4o. constitucional, a fin de proteger a las y a los adolescentes que realizan trabajo doméstico y señalar las peores formas de trabajo de los adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo los subsecuentes, y adiciona un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo los subsecuentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato; trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres; trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo; trabajos subterráneos o submarinos; trabajos peligrosos o insalubres; trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal; establecimientos no industriales después de las diez de la noche.

Inciso h) Hogares de terceros en que realicen trabajo doméstico y los demás que determinen las leyes.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 121 Bis. Se entenderá que niñas, niños y adolescentes están en circunstancias especialmente difíciles cuando, entre otros casos, sufran

I. Explotación sexual, en cualquiera de sus modalidades.

II. Formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niñas o niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas o niños para utilizarlos en conflictos armados.

III. Utilización, reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y el turismo sexual infantil.

IV. Lenocinio en su contra.

V. Utilización, reclutamiento u oferta de niñas o niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes o para la realización de actividades que supongan el porte o el uso ilegal de armas de fuego u otras armas.

VI. Realización de trabajos en que el o la adolescente estén expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual.

VII. Exposición a trabajos que se lleven a cabo bajo tierra, bajo el agua y en alturas peligrosas o en espacios cerrados.

VIII. Exposición a trabajos con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas.

IX. Exposición a trabajos realizados en un medio insalubre en el que las o los adolescentes estén expuestos a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien, a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud.

X. Jornadas de trabajo con horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente a la o los adolescentes en los locales del empleador.

XI. Secuestro, tráfico o adopción ilegal y sustracción, así como venta de niñas, niños y adolescentes.

XII. Exposición en desastres naturales por radiaciones de productos químicos peligrosos; y

XIII. La condición de embarazo en adolescentes.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señora Presidenta, solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, y un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero y suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD

Las y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias que suscriben la presente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La niñez, por ser una etapa de desarrollo fundamental en la vida de toda persona, debe ser protegida de manera especial, particularmente en los casos de las niñas y los niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles.

Nuestro país consagra en el artículo 4o. constitucional que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123, prohíbe el trabajo de personas menores de 14 años, pero la realidad en México es otra porque niñas, niños y adolescentes, quienes deberían ocuparse principalmente en estudiar y jugar, son privados de estos derechos, ya que tienen que incorporarse al trabajo a tempranas edades.

El Comité de Vigilancia en el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) señala que la explotación económica sigue siendo uno de los principales problemas de la infancia de México.

Dicho Comité expresa su inquietud por la aplicación insuficiente de la ley y por la falta de mecanismos de vigilancia adecuados para resolver la situación.

Merece especial atención la situación de niñas y niños que realizan trabajos peligrosos, entre otros: la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, su venta o el tráfico, la servidumbre, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos en conflictos armados, su utilización para la realización de actividades ilícitas, los trabajos que los expongan a abusos de orden físico, psicológico o sexual, etcétera.

En diversos foros en materia laboral realizados por la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias se ha expresado que las niñas y los niños deben tener una vida en la que esté garantizada su salud, educación, cariño y que sean protegidos de todo tipo de peligros.

Las niñas y los niños opinan que el problema del trabajo infantil preocupa y afecta no sólo a nuestro país, sino al mundo entero, que es un problema que no se puede erradicar de la noche a la mañana y que la sociedad no se beneficia del trabajo infantil sino que, al contrario, contribuye a su empobrecimiento del país.

Es importante mencionar que se expresó que una niña o un niño que trabajan no van a tener un aprovechamiento escolar igual que una niña o un niño que no lo hace, además de que se ve afectado en sus demás derechos básicos.

En estos espacios se ha reflexionado en que en el trabajo infantil, las niñas y los niños están siendo explotados, incumpliendo lo dispuesto en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la CDN y la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que el gobierno debe tomar medidas al respecto.1

Si bien nuestro país ha suscrito el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, y su recomendación 190, la realidad que viven las niñas y los niños mexicanos es otra.

Por otro lado, la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias se ha reunido con organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, entre ellas Thais Desarrollo Social, SC, que presentó en días pasados los resultados del estudio sobre trabajo infantil y adolescente doméstico en hogares de terceros, en el que los resultaros arrojaron que el trabajo infantil doméstico afecta aproximadamente a 40,000 personas menores de 14 años en todo el país.

En el referido estudio se concluye que el trabajo doméstico es considerado el de más bajo rango social, el menos regulado y el peor remunerado; además, que 99% de las trabajadoras domésticas son niñas y adolescentes y son vulnerables al abuso sexual; que las niñas y las adolescentes están en una condición de dependencia con sus empleadores, sin definición de tareas específicas, ni horarios de la jornada; la inmensa mayoría no asiste a la escuela; la alimentación y el alojamiento se realizan de forma claramente diferenciada de los demás miembros de la familia.

Derivado de lo anterior, se presentan diversas modificaciones de la ley laboral, así como de la reglamentaria del artículo 4o. constitucional, a fin de proteger a las y los adolescentes que realizan trabajo doméstico y señalar las peores formas de trabajo de adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo los subsecuentes, y adiciona un artículo 121 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo los subsecuentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 175

Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

I. De dieciséis años, en: a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

d) Trabajos subterráneos o submarinos.

e) Labores peligrosas o insalubres.

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal.

g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche.

h) Hogares de terceros que realicen trabajo doméstico.

i) Los demás que determinen las leyes.

II. ...

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 121 Bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21 Bis. Se entenderá que niñas, niños y adolescentes están en circunstancias especialmente difíciles cuando, entre otros casos, sufran

1. Explotación sexual, en cualquiera de sus modalidades.

2. Formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niñas o niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas o niños para utilizarlos en conflictos armados.

3. Utilización, reclutamiento o la oferta de niñas y de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y el turismo sexual infantil.

4. Lenocinio en su contra.

5. Utilización, reclutamiento u oferta de niñas o niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, o para la realización de actividades que supongan el porte o el uso ilegales de armas de fuego u otras armas.

6. Realización trabajos en que la o el adolescente estén expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual.

7. Exposición a trabajos que se llevan a cabo bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados;

8. Exposición a trabajos con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas.

9. Exposición a trabajos realizados en un medio insalubre en el que las o los adolescente estén expuestos a sustancias, agentes o procesos peligrosos; o bien, a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud.

10. Jornadas de trabajo con horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente a la o el adolescente en los locales del empleador.

11. Secuestro, tráfico o adopción ilegal, sustracción, así como venta de niñas, niños y adolescentes.

12. Exposición en desastres naturales o a radiaciones de productos químicos peligrosos.

13. La condición de embarazo en adolescentes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Foro contra el trabajo infantil, celebrado el 3 de noviembre de 2004 en la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como se solicita, insértese íntegramente el contenido en el Diario de los Debates; y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados.

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CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Esta Presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma la fracción II artículo 70 del Código Penal Federal.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma la fracción II del artículo 70 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso General. Pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 70 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana está siendo vulnerada por todo tipo de delincuentes; los diferentes niveles de gobierno están haciendo esfuerzos muy importantes para contener sin éxito el avance de la delincuencia que organizada comete todo tipo de agravios en contra del ciudadano común. La ineficacia en la seguridad pública ha minado la capacidad de los mexicanos de alcanzar un desarrollo humano sustentable.

Ante la creciente inseguridad generada tanto por quienes operan por su cuenta como por los miembros del crimen organizado, la población ha sido obligada a modificar sus actividades cotidianas buscando evitar en todo momento ser víctima de la delincuencia, restringiendo además su libertad y poniendo en peligro su vida e integridad física.

La falta de seguridad conlleva costos económicos importantes, desalienta la inversión, frena la creación de empleos y restringe la posibilidad de que muchas familias puedan acceder a un ingreso digno que les permita mejorar sus condiciones de vida, incrementando considerablemente la brecha de la desigualdad.

La desesperación de las sociedad, a obligado a la autoridad a endurecer la aplicación de la justicia con los riesgos inherentes al caso, ocasionando que la prisión preventiva mantenga una sobrepoblación de 129% en las cárceles federales, generando que el Gobierno Federal esté absorbiendo un gasto de más de 11 millones de pesos diarios ocasionados por gastos fijos de esos centros penitenciarios.

La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país ha sido prioridad para las autoridades responsables de ellos; el exceso de población implica nuevas dificultades, como lo es la escasez de ofertas laborales y educativas (un requisito indispensable para la posible obtención de algún tipo de preliberación), además de que la seguridad y vigilancia de los custodios se torna mas difícil en cárceles federales, cada custodio tiene a su cargo 24 reclusos mientras que en otros países, como Estados Unidos o Francia, hay un custodio por cada cuatro internos.

Sin duda, el exceso de población impide el objetivo primordial de la aplicación de un tratamiento que justifique la estancia de los internos, es decir, la creación de toda una serie de instrumentos que brinde tratamiento penitenciario, argumento sobre la cual se basa la creación de este tipo de centros penitenciarios. Al crearse el internamiento, es necesaria la ejecución de actividades, planes proyectos y un control puntual que justifique la razón de ser al centro penitenciario.

Desgraciadamente, un porcentaje muy alto de quienes ocasionan esta enorme sobrepoblación en penales federales, son indiciados acusados de delitos menores o que tuvieron una mala defensa, al no contar con recursos económicos que les permitieran tener un profesional del derecho capaz que llevara su defensa, las instituciones encargadas de la impartición de justicia en nuestro país han hecho esfuerzos importantes tratando de que los defensores públicos atiendan a quienes carecen de recursos para llevar la defensa, pero la gravedad del problema impide una cobertura suficiente, quedando la mayoría de indiciados sin un defensor publico. No así los delincuentes profesionales o quienes tienen vínculos con la delincuencia organizada, que tienen a su alcance los recursos económicos suficientes para garantizar la caución fijada por el juzgado respectivo por onerosa que ésta sea, sino que tienen a su servicio prestigiados despachos jurídicos, cuyos profesionales del derecho utilizan todas las argucias legales a su alcance para conseguir la libertad de sus clientes.

El incremento de la población penitenciaria en los últimos años ha ocasionado problemas que ya se venían presentando como la falta de atención en los procedimientos jurídicos. El sector de la población penitenciaria que más ha sufrido este tipo de desatención por el déficit de personal encargado de llevar a cabo la investigación y defensa de sus procesos jurídicos, es la gente de escasos recursos.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, es necesario que esta soberanía mediante la modificación y adaptación de la legislación penal existente facilite que consigan su libertad los primodelincuentes que fueron víctimas de situaciones extraordinarias a la hora de delinquir pero no significan un peligro patológico para nuestra sociedad y además no mantienen vínculos con organizaciones criminales o con el narcotráfico.

Tomando en cuenta que un gran numero de quienes actualmente permanecen en los centros penitenciarios son ciudadanos detenidos por delitos que alcanzan el beneficio de la caución pero que no cuentan con los recursos necesarios para conseguirla, así como la problemática social que esto representa, dejar una familia con hijos, que al faltar quien proveía de lo más elemental para su alimentación y formación presentan todo tipo de carencias y pueden ser orillados a convertirse en posibles delincuentes. A lo anterior, debemos agregar que muchos indiciados que permanecen en estos reclusorios fueron detenidos por corporaciones policíacas, muy probablemente obligados a declararse culpables mediante métodos reprobables con algún tipo de tortura física o psicológica.

La presente reforma contempla únicamente la ampliación del beneficio para que un indiciado pueda obtener su libertad cuando la sentencia sea de cinco años de prisión en lugar de cuatro, como lo señala la legislación federal vigente, con esto ayudaría a que muchos reos que no significan un peligro real para la sociedad pudieran obtener su libertad ayudando además a aliviar la enorme sobrepoblación existente en los penales de nuestro país.

Por lo anterior me permito poner a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 70 del Código Penal Federal.

Que dice:

Artículo 70.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I.

II. No exceda de cuatro años;

III.

La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código.

Y deberá decir:

Artículo 70.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:

I.

II. No exceda de cinco años;

III. La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero del 2006.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

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CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal.

La diputada Irma Figueroa Romero: «Iniciativa que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal.

La que suscribe Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, al tenor de la consecuente

Exposición de Motivos

Es deber de nosotros como legisladores contribuir a fin de que la ciudadanía perciba que realmente velamos por sus intereses. De ahí que debamos proteger sus bienes jurídicos, auxiliándonos del derecho.

Pues sabemos que el derecho se constituye por ``una clase particular de normas sociales. Precisamente las normas o reglas de derecho que en general forman un ordenamiento sistemático cuyo fin ulterior perseguido a la luz de la noción histórica de justicia, es la construcción y el mantenimiento de un determinado orden''.1

Y que el derecho penal en específico es el conjunto de:

Normas emitidas por el Estado, relativas a la clasificación de las conductas que constituyen los llamados (delitos) y las consecuencias que tales conductas provocan. Mediante las normas jurídicas emitidas por el Estado (leyes) se regulan y clasifican las conductas de los gobernados que constituyen algún delito, y también se regulan y clasifican las sanciones a esas conductas delictivas, o sea las penas y/o medidas de seguridad son elementos esenciales del Derecho Penal.2

Como poder legislativo debemos estar atentos a los reclamos ciudadanos, nuestros representados piden que regulemos de manera más efectiva lo que tiene que ver con los daños en la propiedad ajena, establecido en el capítulo VI del Código Penal Federal en el título Vigésimo Segundo, De los Delitos contra las Personas en su Patrimonio. En el artículo 397, se estipula que:

Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;

III.- Archivos públicos o notariales;

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.

En el caso concreto de los dos primeros incisos, es necesario reflexionar sobre la gravedad que implica que se causen daños a este tipo de propiedad ajena, pues se trata del patrimonio de las personas, muchas veces fruto de años de trabajo, de ahí que es necesario incrementar la pena tanto privativa de la libertad como la sanción económica que conlleva, además de la reparación de la propiedad lesionada, sobre todo cuando dicho daño se realiza con dolo.

No podemos permitir que se dejen impunes este tipo de lesiones al patrimonio de las personas, y también es necesario reconocer que día con día en la sociedad mexicana se incrementa la delincuencia, los motivos y los orígenes de la misma son diversos, pero sin duda, el incremento a las penas contribuye a la prevención del delito.

En el Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo de 2004, de la Secretaría de Seguridad Pública, en lo que se refiere a la incidencia delictiva, nos informa que durante la presente administración se ha observado que el número de denuncias registradas ha sido superior a 1.5 millones anuales.

Las denuncias ante agentes del Ministerio Público por delitos del fuero común, relativos a delitos patrimoniales muestran un incremento entre el año 2001 y el año 2003, siendo para el primero de 231,893 denuncias y para el segundo 256,203 quejas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de:

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales;

III.- Archivos públicos o notariales;

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género.

Para la fracción I y II de este artículo, se incrementará la pena privativa de la libertad hasta por quince años y la sanción pecuniaria de hasta 50 mil pesos, además de la reparación de la propiedad, si dicha acción se realiza con dolo.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Galindo Luciano. (2001). Diccionario de Sociología. México, Ed. Siglo XXI. Pág. 279

2 Vergara, Moisés (2002). Manual de derecho penal. Parte General. Ed. Ángel. México, DF. Pág. 21.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica).»

Muchísimas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

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ARTICULOS 116 Y 122 CONSTITUCIONALES

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidenta; ciudadanas y ciudadanos legisladores: en esta ocasión presento una propuesta que atiende a la urgencia de crear una instancia legislativa para abordar los temas metropolitanos. Cuando aludimos a estos temas metropolitanos, estamos hablando no solamente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México sino, también, de otras entidades federativas, algunas de cuyas ciudades convergen, colindan y crean problemáticas comunes que afectan a los estados.

En el caso del Distrito Federal, el estado de México y el de Hidalgo convergen, en el caso del DF, 16 demarcaciones territoriales, y 58 municipios del estado de México y 1 del estado de Hidalgo. Para atender este tipo de problemas existe ya una coordinación intergubernamental. Esta coordinación ha establecido convenios de colaboración, principalmente entre el Distrito Federal y el estado de México; faltaría en este caso el estado de Hidalgo. Y esto marcha, pero marcha lentamente, no con la eficacia debida y, desde luego, sí con la solidez institucional que se requiere. Por ello propongo la creación de una nueva figura, una figura que sería el Congreso Metropolitano.

Este tema, hay que decirlo, fue discutido de manera insistente, en el Senado sobre todo, pero también en la Cámara de Diputados, a raíz de la reforma política pendiente en esta entidad federativa, en el Distrito Federal. Se dijo: ``El tema metropolitano está pendiente, no está completa esta solución; y por eso tenemos que abordarla''. Esta propuesta tiende pues a contribuir a la elaboración de una trama institucional que dé salida a estos asuntos.

El texto mismo indica cuál es el sentido de la propuesta. La reforma dice así:

Artículo Primero. Se adicionan dos párrafos finales a la fracción II del artículo 116 constitucional, para quedar como sigue:

En los estados donde se presente una continuidad demográfica, las respectivas Legislaturas nombrarán de entre sus diputados ya electos a los representantes al Congreso Metropolitano. Cada estado contará con igual número de legisladores. El número de integrantes se determinará a razón de 1 por cada 500 mil habitantes por zona metropolitana.

El Congreso Metropolitano durará tres años. Las resoluciones se tomarán de común acuerdo entre sus integrantes, quienes desempeñarán su cargo de manera honorífica y se encargarán de estudiar y proponer en sus respectivas Legislaturas la reforma de las leyes o decretos y presupuestos objeto de los convenios de coordinación a que se refiere la fracción VI del artículo 115 de esta Constitución.

Ése es el texto que propongo para la reforma constitucional citada. Y --agrego-- tómese en cuenta que estamos aquí generando un cuerpo de legisladores, en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, aproximadamente de 40 personas, 40 legisladores, que se tomarían de entre los legisladores locales de cada entidad involucrada; es decir, no implica nuevas elecciones, no implica costos adicionales, no implica salarios adicionales. Por tanto, es una reforma funcional que da más representatividad, más solidez, más complementariedad a los instrumentos de que hoy se dispone, que son pocos. Los convenios son muy limitados, no siempre son cumplidos y, desde luego, no tienen el respaldo de otro poder que no debe estar ausente en estas decisiones.

Dejo en manos de la Secretaría este texto, con la petición de que sea publicado junto con esta intervención en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

Quien suscribe Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la creación de la Legislatura Metropolitana, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los problemas que se suscitan en los grandes conglomerados urbanos, donde las concentraciones humanas elevan considerablemente su demanda de servicios, pueden tener su solución solo si las autoridades de los tres niveles de gobierno unen sus esfuerzos para establecer convenios obligatorios de coordinación de muy diversa índole.

Por ejemplo, en la Zona Metropolitana del Valle de México convergen 16 demarcaciones territoriales, 58 municipios del estado de México y uno del estado de Hidalgo. Existen en el país, otras zonas que rebasan el millón de habitantes y cuentan con problemas similares, en este caso están las metrópolis de Jalisco-Nayarit; Michoacán-Guanajuato, Coahuila-Durango y Puebla-Tlaxcala.

Para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, existe una comisión que es coordinada de manera horizontal por la Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Metropolitano de los gobiernos del Distrito federal y del estado de México respectivamente. Las materias objeto de esa coordinación son entre otras: el medio ambiente, asentamientos humanos, transporte y vialidad, agua y drenaje y sistemas de protección civil.

La solución a la problemática que generan los procesos económicos, sociales, culturales y territoriales de estos grandes centros urbanos, requieren no sólo de coordinación y obligatoriedad de las acciones, sino que las decisiones que se tomen por la vía ejecutiva cuenten con el aval de los poderes que hacen contrapeso a la representación de los Ejecutivos: los Poderes Legislativos.

En efecto, el trazo de las grandes políticas de gestión no debe quedar sólo en manos de los ejecutivos de los distintos niveles de gobierno, sino que exige involucrar de manera estratégica a los poderes legislativos del ámbito que corresponda. Para la coherencia de los distintos planes, formas de gestión y acciones ejecutivas se necesita la homologación también de ciertas leyes, reglamentos y presupuestos que son competencia de los Congresos, por lo que sería más adecuado integrar su representación en este tipo de acuerdos de desarrollo metropolitano.

Es por lo anterior, que vengo a proponer que la aprobación de cualquier convenio de coordinación cuente con la venia de una representación plural como lo sería una ``Legislatura Metropolitana'', integrada ésta con los legisladores ya electos. Para cualquier decisión los legisladores metropolitanos deberán contar con el aval de sus respectivos Congresos o Asamblea Legislativa de los asuntos que se traten en dicho órgano legislativo.

Para ello propongo la reforma de los artículos 116 y 122 de nuestra Carta Magna, con el objeto de instituir dicha legislatura, misma que tendrá carácter honorario y estará investida de facultades de aprobación y modificación de los de los presupuestos de egresos destinados a los objetivos que se plantean en los convenios de desarrollo metropolitanos.

Se busca en consecuencia, no de crear una instancia burocrática más, puesto que, como ya se dijo tendrá carácter honorífico, sino instituir una instancia legislativa deliberativa con la capacidad de incidir de manera plural en las decisiones que hoy son exclusivas de los ejecutivos estatales.

¿Cuál sería el número de los integrantes de dichas legislaturas? Pongamos algunos ejemplos. La Zona Metropolitana del Valle de México que une a tres entidades federativas como lo son el Distrito Federal que cuenta con ocho millones ochocientos catorce mil setecientos noventa y siete habitantes contará con 25 diputados. El Congreso del estado de México que cuenta con catorce millones seiscientos setenta y dos mil trescientos noventa y ocho habitantes, con 41 diputados. Por último, el estado de Hidalgo que cuenta con dos millones trescientos ochenta y nueve mil novecientos doce habitantes, le corresponden 6 legisladores. En total la Legislatura Metropolitana del Valle de México estaría integrada por 72 diputados.

Otro ejemplo, la Zona Metropolitana de Michoacán-Guanajuato, en la cual el estado de Michoacán cuenta con cuatro millones doscientos veinte siete mil diecisiete habitantes, contaría con 12 diputados, en tanto, el estado de Guanajuato, cuenta con cinco millones sesenta y cinco mil trescientos treinta y ocho habitantes, obtendría 14 diputados, por lo que el número de la Legislatura Metropolitana sería de 26 diputados.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tengo a bien presentar la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:

Artículo Primero.- Se adicionan dos párrafos finales a la fracción II del artículo 116, para quedar como sigue:

Artículo 116. (...)

(...)

I. (...)

II. (...)

(...)

(...)

Las Legislaturas de los Estados que formen una continuidad demográfica, nombrarán, entre los diputados ya electos, un representante a la Legislatura Metropolitana por cada trescientos cincuenta mil habitantes.

La Legislatura Metropolitana durará tres años; tomará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros presentes; tendrá facultad para aprobar o en su caso modificar de manera autónoma los presupuestos objeto de los convenios de coordinación que propongan los Ejecutivos estatales y municipales en los términos de la fracción VI del artículo 115 de esta Constitución. Los integrantes de este órgano legislativo tendrán el carácter de honorarios y se encargarán de estudiar y proponer al interior de sus legislaturas la reforma a las leyes o decretos necesarios para la debida coordinación metropolitana.

III al VII (...)

Artículo Segundo.- Se adiciona el inciso o) a la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122, cuyo contenido actual pasa a formar parte del inciso p), para quedar como sigue:

Artículo 122. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A. a la C (...)

BASE PRIMERA.- (...)

I. al IV. (...)

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) a la ñ) (...)

o) Nombrar, entre sus integrantes, los diputados a la Legislatura Metropolitana, en los términos del inciso G de este artículo, y cuarto y quinto párrafo de la fracción II del artículo 116 de esta Constitución.

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA (...)

D a la H (...)

Transitorio

Artículo Único.- Una vez aprobadas las reformas por el Constituyente Permanente, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, del primer receso del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.--- 18 de enero de 2006.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como lo solicita, insértese íntegramente en el Diario de los Debates; y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Esta Presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, la palabra ``a los reincidentes'' sentenciados por delitos fiscales, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente

Exposición de Motivos

La economía en nuestro país se encuentra medianamente estable, pero es indudable que contar con mejores elementos y sistemas de recaudación daría certidumbre a inversionistas y frenaría de manera considerable la evasión fiscal, evitando la fuga de capitales que tanto daña la economía del Estado mexicano.

La Secretaría de Hacienda regularmente ejercita acciones para sancionar enérgicamente a evasores fiscales y a quienes violan la ley, causantes éstos de un quebranto a la economía nacional al sacar o introducir artículos de manera ilícita. En este contexto, resulta importante contar con una legislación que facilite la exportación e importación, que castigue a los infractores y podamos cumplir satisfactoriamente los acuerdos internacionales que México hubiese suscrito. Pero creo, coincidimos debe la autoridad fiscal aplicar la ley sancionando con mayor rigor a quienes son reincidentes.

Los sistemas judicial y administrativo-fiscal imponen sanciones en dos particularidades, pero siempre considerando la gravedad de la falta: la primera, estrictamente administrativa, ``sanciones económicas''; la segunda, con penas corporales al o a quienes infrinjan la ley.

Nos queda claro que los infractores primarios son quienes no tienen el respaldo económico que les permita arreglar su situación con las autoridades aduanales en el momento mismo de cometer el ilícito, cosa que no ocurre con quienes se dedican de manera permanente e indiscriminada a violar lo previsto en el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación y, al mismo tiempo, cuentan con el respaldo económico de la delincuencia organizada, dejando en claro la corrupción existente entre autoridades fiscales y las aduanales.

No obstante las costosas campañas mediáticas y aparatosos dispositivos para evitar la piratería, vemos a diario nuestras calles invadidas de toda clase de artículos de procedencia extranjera introducidos ilegalmente en nuestro país, dañando gravemente nuestra economía, impidiendo el crecimiento de fuentes de empleo y el cierre de la pequeña y mediana industrias.

Estamos convencidos de que estas violaciones deben ser castigadas con todo el rigor de la ley, a quienes reincidan y accionan sistemáticamente para la obtención de beneficios personales cometiendo un delito, pero a quienes por error, omisión o eventualidad lo hacen deberá diferenciarse el castigo de acuerdo con la gravedad de la falta.

Compañeros diputadas y diputados, el espíritu de la modificación que propongo, del artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, no pretende privilegiar la ilegalidad y, mucho menos, que siga proliferando el ingreso de mercancías de contrabando en nuestro país, sino que la ley dé un trato diferenciado a ciudadanos que circunstancialmente cometieron un ilícito, y a quienes de manera organizada y permanente lo hacen. El artículo 101 del Código Fiscal de la Federación da el mismo trato a ambos, sin tomar en cuenta que el infractor primario cubrió o garantizó a satisfacción de la Secretaría de Hacienda los adeudos fiscales.

La disposición anterior contraviene lo señalado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, la palabra ``a los reincidentes''.

Que dice:

Artículo 101. No procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105, fracciones I a IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III, segundo párrafo, del artículo 104; 108 y 109, cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este código. En los demás casos, además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y deberá decir:

Artículo 101. No procede la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales A los reincidentes, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105, fracciones I a IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III, segundo párrafo, del artículo 104; 108 y 109, cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III del artículo 108, todos de este código. En los demás casos, además de los requisitos señalados en el Código Penal aplicable en materia federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

La iniciativa que reforma el artículo 276 y que adiciona los artículos 188 Bis y 275 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para la siguiente sesión.

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LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo:Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga la fracción II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El senador David Jiménez González: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Quería hacer la siguiente aclaración: las dos iniciativas anteriores las uní porque se trataba de la materia que estábamos comentando, que era --desde luego-- la motivación y fundamentación de los actos de autoridad. En el caso de esta iniciativa es diferente; por eso subo por segunda ocasión, y es mi tercera iniciativa de este día. Esta iniciativa tiene fundamentalmente el objeto de derogar la fracción II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Esto atiende fundamentalmente a lo que establece nuestra Constitución en el artículo 31, fracción IV, donde debemos todos los mexicanos contribuir al gasto público, es decir, mediante el pago de nuestros respectivos impuestos, de tal manera que debemos respetar principios como el de la proporcionalidad y la equidad tributaria, situación que no se da hoy día con el artículo 4o. de la ley que he mencionado, en su párrafo segundo, que habla que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de sus concentrados, tomando en consideración que el artículo 4o. es muy claro al establecer que los contribuyentes a que se refiere la ley pagarán el impuesto a su cargo.

De tal manera, la iniciativa que presento en este momento no es con motivo de reformar, modificar o adicionar un precepto, sino que se trata concretamente de derogar la fracción II del artículo 4o. porque resulta --desde nuestro punto de vista-- inconstitucional, porque no responde a los principios que el artículo 31, en la fracción IV, establece, que es la proporcionalidad y la equidad. Esto quiere decir que los que tengamos que pagar impuestos lo hagamos de acuerdo con nuestra capacidad económica. Sí, el que tiene un ingreso mayor pues, desde luego, tendrá que pagar un impuesto mayor que el que no lo tiene. De esa manera estamos respetando los principios que la propia Carta Fundamental establece en materia tributaria.

Por eso, ciudadano Presidente, quiero dejar en manos de la Mesa Directiva esta iniciativa, que deroga la fracción II del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que deroga la fracción II del artículo 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II, del artículo 4, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El sistema constitucional mexicano, se rige entre otros principios, por el de supremacía constitucional, el cual llevado al ámbito legislativo implica que cualquier ley ordinaria que se apruebe debe ser acorde con los postulados constitucionales.

Esto es así, porque las normas constitucionales imponen límites materiales que deben ser respetados por las normas secundarias, principalmente los derechos fundamentales de los gobernados, lo que significa que el Poder Legislativo no debe emitir una ley que en su contenido vulnere los principios y los valores que establecen dichos derechos.

Sin embargo, en la realización de todo acto de autoridad, incluidos, los de carácter legislativo, existe la posibilidad de emitir actos o aprobar ordenamientos que no atiendan a esos postulados constitucionales, entre otros, los previstos en el artículo 31, fracción IV, para la materia contributiva, esto es, los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Para efectos de esta iniciativa, es conveniente hacer especial énfasis en el principio de proporcionalidad tributaria, el cual consiste en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o de la manifestación de riqueza gravada.

Las características esenciales de ese principio, se resumen esencialmente, en que los gravámenes deben fijarse con base en la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Lo anterior, porque para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.

Lo descrito ha sido definido así, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, consultable en la página 144, del tomo XVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

``PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.''

Ahora bien, el artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en lo conducente, para esta iniciativa, es del tenor siguiente:

``Artículo 4o.--- Los contribuyentes a que se refiere esta Ley, pagarán el impuesto a su cargo, sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se refiere el siguiente párrafo.

...

...

...

Para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción y servicios en términos de los párrafos que anteceden, deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. Que se trate de contribuyentes que causen el impuesto en relación con el que se pretende acreditar, en los términos de esta Ley y que corresponda a bienes o servicios por los que se deba pagar el impuesto.

II. Que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas a granel o de sus concentrados.

III --- V ...

...

...

...

...''

El artículo transcrito prevé las reglas para el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios; dentro de esos requisitos destaca lo dispuesto en la fracción I, que establece que para que sea acreditable esa contribución, los bienes deben enajenarse sin haber modificado su estado, forma o composición, entre otros, los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan tener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcolorantes distintos de la azúcar de caña; salvo que se trate de bebidas alcohólicas y sus concentrados.

Precisado lo anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia en el sentido de que la fracción II, del artículo 4, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es contraria al principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que la condición que prevé en el sentido de que para que el impuesto sea acreditable se requiere que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, constituye un elemento ajeno a la mecánica de acreditamiento, lo que provoca que se desconozca la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo, al impedirle efectuar el acreditamiento de los bienes que se enajenan, máxime si se toma en cuenta que el acreditamiento sí se permite para el caso de bebidas alcohólicas y sus concentrados.

La jurisprudencia a la que me he referido, fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número J.129/2005, la cual se reproduce a continuación.

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, AL CONDICIONAR EL ACREDITAMIENTO DEL TRIBUTO AL HECHO DE QUE NO SE HAYA MODIFICADO EL ESTADO, FORMA O COMPOSICIÓN DE LOS BIENES QUE SE ENAJENEN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La citada fracción, al disponer que para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción y servicios los bienes deben enajenarse sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas y sus concentrados, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque esa condición constituye un elemento ajeno a la mecánica de acreditamiento. Además, tal determinación legislativa tampoco encuentra su razón de ser en el proceso legislativo que le dio origen, lo cual motiva que se desconozca la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo, al impedirle efectuar el acreditamiento de los bienes que enajena, concretamente de los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos al azúcar de caña, en tanto que la obtención de dichas bebidas requiere, necesariamente, que los indicados concentrados sean modificados para obtener el producto final, alterando así el monto de la obligación tributaria a su cargo y vinculándolo a enterar al fisco un gravamen que, como se dijo, no es fiel reflejo de su capacidad contributiva. En este tenor el efecto de la protección federal concedida consiste en que al contribuyente se le permita efectuar el acreditamiento del tributo por la adquisición de los bienes a que refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2º de la ley señalada, así como el pagado por el propio contribuyente en la importación de dichos bienes, aun cuando hayan variado su estado, forma o composición.''

Con base en lo anterior, se advierte la necesidad de derogar la fracción II, del artículo 4, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de evitar la realización de actos que transgredan el principio de proporcionalidad tributaria en perjuicio de los gobernados, puesto que esa disposición viola la Carta Magna, según el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ende, se propone a esa Soberanía que se derogue la fracción II del artículo 4º, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que establece como requisito para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción y servicios, que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, para otorgar así el derecho a los contribuyentes de poder acreditar el impuesto especial que les haya sido trasladado en la adquisición de los productos, máxime que en el caso sí se permite cuando se trata de bebidas alcohólicas y sus concentrados.

Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II, del artículo 4, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor del siguiente:

Decreto

Artículo Único.--- Se deroga la fracción II, del artículo 4 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Transitorio

Único. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador David Jiménez González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

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LEY DE COMERCIO EXTERIOR

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Rebeca Godínez y Bravo para presentar iniciativa que adiciona los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, suscrita por la diputada Nora Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias, señor Presidente, con su permiso: las suscritas, diputadas federales Nora Elena Yu Hernández y Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis a la Ley de Comercio Exterior, bajo la siguiente exposición de motivos:

En virtud de la necesidad de facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de una legislación que mejore el entorno del comercio exterior, hemos considerado de suma importancia la reforma de dos disposiciones vigentes, atendiendo principalmente a las siguientes consideraciones:

Aun y cuando existen disposiciones legales vigentes con el propósito de coadyuvar a que las donaciones de los extranjeros que realizan de buena fe a organismos públicos o a personas morales mexicanas autorizadas para ello, a la fecha es un hecho que esos trámites no han sido ágiles, ya que en un principio dichas disposiciones jurídicas han resultado a veces difíciles de entender para las personas que no están familiarizadas con esas disposiciones, al contrario de las personas que día a día tienen la obligación de encargarse de su aplicación, y qué decir de los casos en que, necesitando ciertas localidades ayuda, por ejemplo, dados los recientes sucesos de desastres naturales y es cuando la gente más necesita ayuda o ciertos bienes para resolver algunas necesidades elementales, éstos no pueden llegar porque, simplemente, la aduana no los ha dejado pasar o porque se impidió el ingreso, solicitando el cumplimiento de una serie de trámites de manera inadecuada.

Por otro lado, y atendiendo a que es competencia de la Secretaría de Economía estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias, la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, se sugiere prever en un artículo los casos en que se exima del cumplimiento de estas restricciones y regulaciones no arancelarias, sobre todo para la mercancía que es donada para fines muy específicos.

Lo anterior, toda vez que se ha dado el caso de que en las aduanas llegan mercancías de otros países cuya intención es la donación para casos de desastre, o bien, como apoyo a comunidades o municipios en extrema pobreza, por lo que se podría limitar a los supuestos para los que se propone la reforma. Esta medida permitirá agilizar el despacho de dichas mercancías, evitando así el trámite, de cierta forma burocrático, que actualmente se lleva a cabo en ese sentido por las autoridades aduaneras.

Por otra parte, el actual Reglamento de la Ley de Comercio Exterior establece que las aduanas podrán autorizar una o más prórrogas automáticas sobre la vigencia original del permiso de importación, siempre que el interesado demuestre que el embarque de la mercancía se realizó durante el periodo de vigencia del mismo. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior:

Artículo Único. Se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Se exime del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias la importación de las siguientes mercancías:

I. Las que sean donadas para ayuda a comunidades en condiciones de extrema pobreza o cuando se presenten supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que haga necesaria la inmediata entrada de la mercancía en territorio nacional.

II. Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación.

III. Los artículos de uso personal de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero.

IV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el Impuesto sobre la Renta.

V. Las donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que --en su caso-- expresamente señale el donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos; y

VI. Las mercancías que mediante reglas determine la Secretaría.

Artículo 24 Bis. Cuando existan causas que justifiquen la prórroga de los permisos previos y de los cupos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta ley, la Secretaría podrá autorizar dichas prórrogas en los términos y condiciones que establezca mediante reglas.

Transitorio. Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Le solicito atentamente que se inserte la iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que adiciona los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo y suscrita por la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas federales Nora Elena Yu Hernández y Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis a la Ley de Comercio Exterior, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En virtud de la necesidad de facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica en las operaciones de comercio exterior, a través de una legislación que mejore el entorno del comercio exterior, hemos considerado de suma importancia la reforma de dos disposiciones vigentes, atendiendo principalmente a las siguientes consideraciones.

Aun y cuando existen disposiciones legales vigentes con el propósito de coadyuvar a que las donaciones que los extranjeros realizan de buena fe a organismos públicos o a personas morales mexicanas autorizadas para ello, a la fecha es un hecho que estos trámites no han sido lo más ágiles, ya que en principio dichas disposiciones jurídicas han resultado a veces difíciles de entender para las personas que no están familiarizadas con esas disposiciones, al contrario de las personas que día a día tienen la obligación de encargarse de su aplicación y, bueno, qué decir de los casos en los que necesitando ciertas localidades ayuda por ejemplo dado los recientes sucesos de desastres naturales y cuando la gente es cuando más necesita de ayuda o ciertos bienes para resolver algunas necesidades elementales, éstos no pueden llegar porque simplemente la aduana no los dejó pasar, o porque se impidió el ingreso solicitando el cumplimiento de ciertos trámites de manera inadecuada.

Por otro lado y atendiendo a que es competencia de la Secretaría de Economía estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, se sugiere prever en un artículo los ``casos en que se exime del cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias'', sobre todo para la mercancía que es donada para fines muy específicos.

Lo anterior, toda vez que se ha dado el caso en que a las aduanas llega mercancía de otros países cuya intención es la donación para casos de desastre, o bien como apoyo a comunidades o municipios en extrema pobreza, por lo que se podría limitar a los siguientes supuestos, incluso de la mano con lo previsto en la Ley Aduanera (artículo 61, fracción XVII. Mercancías que no causan impuestos al comercio exterior), pero acotando aún más los supuestos, por lo que se propondría la adición de un artículo 17 Bis, ya que si bien es cierto el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior establece los requisitos para establecer las regulaciones y restricciones no arancelarias, quedando éste de la siguiente manera:

``Artículo 17 Bis. Se exime del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias la importación de las siguientes mercancías: I. Las que sean donadas para ayuda a comunidades en condiciones de extrema pobreza o cuando se presenten supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que haga necesaria la inmediata entrada de la mercancía a territorio nacional;

II. Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación;

III. Los artículos de uso personal de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero;

IV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el Impuesto sobre la Renta;

V. Las donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su caso expresamente señale el donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos; y

VI. Las mercancías que mediante reglas determine la Secretaría.''

Esta medida permitirá agilizar el despacho de dichas mercancías, evitando así el trámite de cierta forma burocrático que actualmente se lleva a cabo en el sentido de que de las autoridades aduaneras lo hagan del conocimiento de la dependencia competente (Secretaría de Economía) para que ésta emita una resolución y que sea hasta entonces que se decida qué hacer con la mercancía que se pretende donar, y que en muchos de los casos son de urgente necesidad, sobre todo en el entendido de las reformas recientemente aprobadas por este órgano legislativo en materia de comercio exterior, en virtud de las cuales se han ampliado las facultades de la propia Secretaría de Economía, atendiendo a la importancia de las funciones y competencia que esta dependencia de la Administración Pública Federal desempeña.

Por otra parte, el actual Reglamento de la Ley de Comercio Exterior establece que ``las aduanas podrán autorizar una o más prórrogas automáticas sobre la vigencia original del permiso de importación, siempre que el interesado demuestre que el embarque de la mercancía se realizó durante el periodo de vigencia del mismo''. Dicha disposición cobra mucha importancia respecto del día a día en las operaciones de comercio exterior, sin embargo, resultaba un tanto limitativa, por lo que es necesario que la propia Ley de Comercio Exterior establezca claramente la procedencia de la prórroga en tratándose de permisos y cupos.

Lo anterior, para evitar la problemática que se presenta en las aduanas por el arribo de mercancía con posterioridad al vencimiento del cupo, que por dicha razón ya no pueden ser despachadas. Este problema se acentúa en los meses de diciembre y enero en las aduanas de tráfico marítimo.

Por lo anterior se propone la adición de un artículo 24 Bis, con el siguiente texto:

``Artículo 24 Bis. Cuando existan causas que justifiquen la prórroga de los permisos previos y de los cupos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta ley, la Secretaría podrá autorizar dichas prórrogas en los términos y condiciones que establezca mediante reglas.''

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior

Artículo Único. Se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis a la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Se exime del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias la importación de las siguientes mercancías:

I. Las que sean donadas para ayuda a comunidades en condiciones de extrema pobreza o cuando se presenten supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que haga necesaria la inmediata entrada de la mercancía en territorio nacional;

II. Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación;

III. Los artículos de uso personal de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero;

IV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el Impuesto sobre la Renta;

V. Las donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que, en su caso, expresamente señale el donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos; y

VI. Las mercancías que mediante reglas determine la Secretaría.

Artículo 24 Bis. Cuando existan causas que justifiquen la prórroga de los permisos previos y de los cupos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta ley, la Secretaría podrá autorizar dichas prórrogas en los términos y condiciones que establezca mediante reglas.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Diputadas: Nora Elena Yu Hernández, Rebeca Godínez y Bravo (rúbricas).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Godínez. Como lo ha solicitado, insértese íntegramente en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

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CONDECORACION

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Pasamos ahora entonces a los dictámenes de primera lectura relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, con insignia y del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, con insignia y del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

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PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 21 de noviembre de 2005 la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Silvia Moreno Galván y Ángel Pérez Rodríguez puedan prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 11 de enero se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de la República Popular China serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Silvia Moreno Galván para prestar servicios como empleada de mantenimiento en la Embajada de la República Popular de China en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Ángel Pérez Rodríguez para prestar servicios como empleado administrativo en la Embajada de la República Popular China en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 23 de noviembre de 2005 la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Diana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 11 de enero del año en curso se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Madera Reveles para prestar servicios como asistente de Inmigración en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Texipactli Serrano Fernández para prestar servicios como asistente administrativo en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Negrete Villa para prestar servicios como coordinadora de Visitas Oficiales en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano César Yigal Urías Sánchez para prestar servicios como delegado comercial adjunto en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Diana Alejandra Cortés Chávez para prestar servicios como asistente de Pasaportes en la Embajada de Canadá en México.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Ricardo Assemat Calderón, para prestar servicios como asistente comercial administrativo en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 23 de noviembre de 2005 la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Yessica Andrade Quiñones, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 11 de enero de 2006 se turno a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California, respectivamente, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Yessica Andrade Quiñones para prestar servicios como secretaria en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Virginia Guadalupe Mojica Victoria para prestar servicios como auxiliar de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Mari Carmen Aranda Azar para prestar servicios como asistente de gerencia en el Consulado de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Luciano Escamilla Cruz para prestar servicios como empleado del Departamento de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo López Cruz para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Juan Amador Romero Ruiz para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Hermosillo, Sonora y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 11 de enero del año en curso se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerandoa) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Hermosillo, Sonora y Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Luis Antonio Morán Mora para prestar servicios como inspector de mantenimiento residencial en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, para prestar servicios como asistente en la Sección de Recursos Humanos en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Teodora María López Noriega para prestar servicios como asistente de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mercedes González Gutiérrez para prestar servicios como empleada del Departamento de Ciudadanía en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

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CONDECORACION

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano José María Ortega Padilla pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En virtud de que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se les dispensa la segunda lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda con Insignia, y la del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Silvia Moreno Galván y Ángel Pérez Rodríguez para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Ana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Esta a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Yessica Andrade Quiñones, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz para prestar servicios en la Embajada y en los Consulado de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; y Tijuana, Baja California, respectivamente.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo.

En virtud de que nadie ha hecho uso de este derecho, se reserva para su votación nominal en conjunto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus Consulados en Hermosillo, Sonora, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo. No habiendo quien haga uso de ese derecho, se reserva para su votación en conjunto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno de España.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y de todos los reservados para su votación.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Rosario Herrera Ascencio, por la afirmativa. Senadora Lucero Saldaña, por la negativa.

(Votación.)

Ciudadana Presidenta: se emitieron 28 votos a favor y ninguno en contra.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Aprobados en lo general y en lo particular, los proyectos de decreto, por 28 votos; pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se acaban de recibir en esta Presidencia, de la Primera y Tercera Comisiones de Trabajo dictámenes relativos a las ratificaciones de nombramientos en favor del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del vocal ante la Junta de Gobierno del IPAB.

Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorporen al orden del día para el trámite correspondiente.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación al orden del día, para el trámite correspondiente, de los dictámenes de la Primera y Tercera Comisiones de Trabajo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Se incorporan al orden del día los dictámenes mencionados en el rubro de dictámenes a discusión, que es el que en este momento abordaremos.

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LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar y publicar con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presentes.

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a elaborar y publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Septiembre de 2004, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

1.- Análisis de la Propuesta.

Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión de 21 de Diciembre de 2005, una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo a elaborar y publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de Asistencia Social que entró en vigor el 02 de Septiembre del año 2004.

En dicha Proposición se hacen valer los antecedentes y consideraciones siguientes:

Que la Ley de Asistencia Social vigente es resultado del esfuerzo plural y democrático de legisladores, expertos en la materia, académicos, asociaciones civiles y miembros de la sociedad civil, para regular las acciones que en materia de asistencia social deberían emprender el Gobierno y los particulares. Que esta nueva Ley responde al requerimiento de que ``el Estado Mexicano asuma la responsabilidad política y ética de garantizar a las personas y familias vulnerables el derecho a recibir servicios especializados de asistencia social, a fin de mejorar su calidad de vida y promover su plena integración al bienestar y desarrollo''.

Que no obstante que ha transcurrido más de un año de que fue publicada la Ley de Asistencia Social en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo aún no elabora y publica el Reglamento en ella ordenado.

Que al no cumplir con la emisión de dicho reglamento, no se puede constituir el Consejo Nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley en cuestión.

Que se está violando el artículo tercero transitorio de la Ley de Asistencia Social que establece que ``para los efectos de la regulación del Directorio Nacional de Asistencia Social y del Servicio Nacional de Información, las disposiciones reglamentarias correspondientes se emitirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley''.

2.- Consideraciones de la Comisión.

La Comisión que dictamina verificó los antecedentes en que se sustenta la propuesta materia de este Dictamen, particularmente el acto de publicación de la Ley de Asistencia Social en el Diario Oficial de la Federación del 02 de Septiembre del 2004; el contenido y alcance del artículo 25 de dicha ley que se refiere a la existencia e integración del Consejo Nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y lo dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio que ordena que ``para los efectos de la regulación del Directorio Nacional de Asistencia Social y del Servicio Nacional de Información, las disposiciones reglamentarias correspondientes se emitirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley''.

Consecuentemente, esta Comisión estima procedentes las consideraciones hechas valer en la Proposición que se dictamina y que el tiempo transcurrido desde el 02 de Septiembre de 2004 en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asistencia Social, es causa eficiente para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a elaborar y publicar el Reglamento de la Ley de Asistencia Social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a elaborar y publicar, a la brevedad, el Reglamento de la Ley de Asistencia Social que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Septiembre del año 2004, sin perjuicio de otras acciones o responsabilidades que puedan corresponder al incumplimiento de la atribución de proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de las leyes que expida el Congreso de la Unión, conforme a la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.

Eso es todo, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrado ningún orador al respecto, por lo que se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. En votación económica, pregunte la Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado; comuníquese.

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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--, con punto de acuerdo para solicitar al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social información sobre diversos actos de ejecución contra empresarios textileros del estado de Tlaxcala

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.--- Presentes.

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que cesen las actitudes represivas y de uso permanente con el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en contra de empresarios textileros del Estado de Tlaxcala, presentada por la Diputada Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Análisis de la Propuesta.

Que en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de 21 de Diciembre de 2005, la Diputada Sofía Castro Ríos presentó una Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI, para solicitar el Ejecutivo Federal que cesen las actitudes represivas y de agresión permanente con el uso indiscriminado del la fuerza pública del Instituto Mexicano del Seguro Social con empresarios textileros del Estado de Tlaxcala.

En dicha Proposición se expone:

Que el IMSS tiene la obligación de que los patrones cumplan con el pago de las cuotas obrero-patronales para garantizar a los trabajadores sus cotizaciones y la prestación de los servicios médicos a que tienen derecho.

Que en el ejercicio de embargo de bienes en contra de empresarios que han dejado de cumplir por múltiples razones, en especial la estrechéz del mercado interno para los productos textiles de fabricación nacional, con el pago de las cuotas obrero-patronales, los delegados del IMSS ``han venido actuando con prepotencia y sin respeto a las garantías jurídicas de muchos empresarios mexicanos, en especial de la industria textil''.

Que los medios de comunicación han dado cuenta de las arbitrariedades y los abusos en que incurre el IMSS a través de sus delegados, como ha estado sucediendo en el Estado de Tlaxcala. Que la actuación de los ejecutores del IMSS ha derivado en la presentación de denuncias de los afectados en contra del Instituto, ante la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Tlaxcala.

Que el abuso de los delegados del IMSS ha llegado al extremo de congelar cuentas bancarias de empresas, ``sin fundamento legal y violando el orden jurídico aplicable, lo que ha llevado al Presidente de la COPARMEX en el Estado de Tlaxcala, a manifestar públicamente su preocupación en los medios escritos y electrónicos''.

Que existen evidencias de que ``en Tlaxcala el actual Delegado del IMSS para Tlaxcala y Puebla, sin que se satisfagan todos los requisitos legales o incluso existiendo convenios de por medio, ha ordenado la ejecución de embargos a través del subdelegado y el encargado de afiliación y cobranza, lo que implica que han incurrido en responsabilidad y en la Comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y ejercicio indebido de su propio derecho, previstos y sancionados por los artículos 214 fracción I y 226 del Código Penal Federal''.

2.- Consideraciones de la Comisión.

La Comisión que dictamina procedió a analizar los elementos hechos valer y aportados con la Proposición y de los que aparece:

Que existen elementos de prueba de que instituciones bancarias han ``inmovilizado'' o ``bloqueado diversas cuentas bancarias por ``instrucción'' o ``notificación'' del IMSS, Delegación Estatal de Tlaxcala.

También aparece constancia de que presidentes de organismos empresariales del Estado de Tlaxcala se han pronunciado en contra de las actuaciones del Subdelegado Metropolitano del IMSS en Tlaxcala, así como de las quejas ante los medios impresos y que circulan en el Estado por la realización de embargos del IMSS en contra de empresas textileras del Estado de Tlaxcala.

Lo anterior proporciona indicios y elementos a esta Comisión Dictaminadora que sustentan el requerimiento de mayor información sobre las acciones que está realizando la Delegación Puebla Tlaxcala del IMSS en el Estado de Tlaxcala, relacionadas con los embargos, así como las inmovilizaciones o bloqueos de cuentas bancarias de empresas textileras en el Estado de Tlaxcala, aparentemente sin satisfacer las reglas esenciales del procedimiento, principalmente aquellas que se orientan a preservar las fuentes de trabajo.

Es por ello que esta Comisión Dictaminadora, en lugar de solicitar la destitución o nombramiento de funcionarios del IMSS, para lo cual carece de atribuciones, considera oportuno y procedente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Director de dicho Instituto informe sobre las acciones de embargo y de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias de deudores del IMSS en el Estado de Tlaxcala.

También se estima conveniente que, en virtud de que la actuación de esta Comisión Permanente terminará el próximo 31 de enero de 2006, el informe relativo se rinde a la Cámara de Diputados a efecto de que se le dé el seguimiento correspondiente, a través de la Comisión que al efecto y en su oportunidad designe.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informe a la Cámara de Diputados, de la forma y términos en que se están realizando los actos de embargo y de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias de empresarios textileros en el Estado de Tlaxcala; del fundamento que se invoca para la realización de tales actos, y se proporcione un listado de acciones relacionadas con lo anterior, en las que se especifique el monto del crédito involucrado, el sujeto deudor involucrado y se describa el procedimiento seguido y el estado en el que se encuentra el mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2006.

Por la Primera Comisión --Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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EMBAJADOR EN TURQUIA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Salvador Campos Icardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turkmenistán

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública de la Comisión Permanente, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano Salvador Campos Icardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Salvador Campos Icardo, consta que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum vitae se establece que estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en mayo de 1970, en abril de 1982 fue ascendido a embajador.

En la Cancillería se ha desempeñado como jefe de departamento en la Dirección General de Servicio Consular (1970-1971); jefe de departamento en la Dirección General de Servicio Diplomático (1971); director general para América Latina y el Caribe (1982-1983); director general para Europa (1998-2001) y asesor del subsecretario para África, Asia-Pacífico, Europa y Naciones Unidas (2001-2002).

En el exterior ha estado adscrito en la Embajada de México en Bélgica, como jefe de Cancillería (1971-1974); jefe de Cancillería en la Embajada de México en Rumania (1974-1975); como representante alterno de México ante los Organismos Internacionales (1975-1977); jefe de Cancillería en las Embajadas de México en Washington, DC, EUA (1977-1981) y Francia (1981-1982), y como titular del Consulado General de México en París (1983-1989); y de las Embajadas en Marruecos (1989-1995) y Atenas (1995-1998).

Actualmente se encuentra comisionado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2003-2005).

Ha sido condecorado por los Gobiernos de Bélgica con la Orden de la Corona, en grado Oficial (1972), y la Orden de Leopoldo, en grado de Caballero (1974); la Medalla del Congreso, de Rumania (1985); de Francia, Orden Nacional del Mérito, en grado de Comandante (1985), y de Marruecos, Wissame El Aloui, con categoría de Gran Cordón (1995).

Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas sobre relaciones bilaterales México-Estados Unidos, sobre América Latina, sobre la Unión Europea y sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ha asistido a diferentes conferencias entre las que destacan las del Comité del Desarme en Ginebra, Suiza; Asamblea General de las Naciones Unidas y Seminarios sobre Política Exterior en las Universidades de Columbia University, Nueva York y John Hopkins University.

Con base en la experiencia profesional demostrada y su alto compromiso con el servicio exterior mexicano, y en base a la entrevista realizada, los legisladores miembros de la Segunda Comisión que suscribimos, hemos podido constatar que el C. Salvador Campos Icardo posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador extraordinario y Plenipotenciario de México en Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, consideramos que el ciudadano Salvador Campos Icardo reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.

En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Salvador Campos Icardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de enero de 2006.

Segunda Comisión: Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofia Castro Ríos (rúbrica), secretaria; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime (rúbrica), secretario; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna, Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Dip. Irma Figueroa Romero, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No teniendo esta Presidencia ningún orador registrado, se considera suficientemente discutido este punto, por lo que pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese al Ejecutivo. Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Salvador Campos Icardo, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turkmenistán, acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan en este salón, lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Miguel Lucero Palma, senadora Yolanda Eugenia González Hernández, diputado Francisco Landero Gutiérrez, diputada Irma Figueroa Romero, diputado Javier Orozco Gómez y diputado Joel Padilla Peña.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se pide a la comisión cumplir este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Ciudadano Salvador Campos Icardo: ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Gobierno de Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turkmenistán que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Salvador Campos Icardo: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Felicitaciones.

Se pide a la comisión designada acompañar al embajador cuando él desee retirarse. En virtud de que los siguientes dictámenes ya se han distribuido a los ciudadanos legisladores, proceda la Secretaría a dar lectura sólo a los puntos resolutivos.

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Alberto García Cáceres como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación del licenciado Jorge Alberto García Cáceres como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los integrantes de esta Primera Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

Antecedentes

1.- El 11 de enero de 2006, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Primera Comisión el expediente que contiene el nombramiento del licenciado Jorge Alberto García Cáceres como magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sujeto a ratificación, propuesto por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- La Primera Comisión se reunió para el estudio y dictamen de la proposición en cuestión.

3.- En el análisis del nombramiento que se dictamina y de los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que:

De acuerdo a la documentación presentada por el C. licenciado Jorge Alberto García Cáceres, tiene 59 años de edad, es mexicano y es licenciado en derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose en 1970. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad, grado de estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento y cuenta con 36 años de práctica profesional, elementos que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum se desprende que ha sido abogado consultor del Departamento de Relaciones Públicas de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de septiembre de 1969 a septiembre de 1970; abogado dictaminador de Recursos Administrativos de la Administración General de Impuesto al Ingreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de septiembre de 1972 a julio de 1973; secretario particular del director general del Impuesto sobre la Renta, de julio de 1973 a febrero de 1975; jefe del Departamento de Recursos Administrativos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de febrero de 1975 a octubre de 1975; subdirector de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de octubre de 1975 a diciembre de 1976; subdirector de Asuntos Legislativos de la Dirección General de Coordinación de Recursos y Estudios Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 1977 a enero de 1980; jefe de asesores del director general técnico de Ingresos, de febrero de 1980 a febrero de 1982; administrador Fiscal Regional Peninsular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de marzo de 1982 a diciembre de 1982; director de Recursos de Revocación de la Dirección General Técnica de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero de 1983 a diciembre de 1984; magistrado de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, de enero de 1985 a diciembre de 1990, y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de enero de 1991 a la fecha.

Consta en su expediente que ha realizado diversos diplomados y cursos de especialización en materia fiscal. También se destaca que ha sido profesor de derecho fiscal, profesor de impuestos especiales federales de la División de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; vicepresidente del Consejo Nacional de Profesores e Investigadores del Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, AC; oficial mayor de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC; secretario ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa,. AC; Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC; moderador en diversas mesas de trabajo en la VIII, IX, X, XI, XII y XIII reuniones anuales de magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación. Asistió a múltiples seminarios, congresos y ciclos de conferencias, habiendo participado como expositor en alguno de ellos; es autor de diversas ponencias, entre las que destacan: ``La responsabilidad de los servidores públicos''. ``La competencia del Tribunal Fiscal de la Federación'' y la ``Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas para la solución de controversias''. A partir de estos antecedentes, los miembros de la Primera Comisión que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

Que en acatamiento a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2000, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del mismo año, y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano referido a una reunión en donde se conversó sobre la responsabilidad para la cual ha sido propuesto.

Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora conversamos con la persona designada, pudiendo comprobar por este medio el conocimiento que tiene respecto a los temas que habrá de abordar como magistrado en materia fiscal y administrativa, así como la experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

Que con base en el expediente mencionado y a la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión hemos podido constatar que el ciudadano nombrado cumple con los requisitos ordenados en el artículo 4, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para ser designado Magistrado de dicho Tribunal.

Toda vez que el mismo acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento, así como su grado académico con la copia de su título profesional, de igual manera con los documentos que demuestran la ocupación de cargos anteriores, se concluye que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para ocupar el cargo al que se le ha nombrado, sujeto a ratificación.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de esta Comisión consideramos que el ciudadano nombrado reúne en su persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En tal virtud aprobamos de manera unánime su ratificación y nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano licenciado Jorge Alberto García Cáceres como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un único periodo adicional de seis años, contados a partir del 1 de enero del año 2006.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica).»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de no tener registrado en esta Presidencia a ningún legislador, se considera suficientemente discutido el punto, por lo que se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Jorge Alberto García Cáceres, cuyo nombramiento como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un único periodo adicional de seis años, contados a partir del 1 de enero de 2006, acaba de ser aprobado por esta Asamblea. Para que lo introduzcan en este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: al diputado Mario Zepahua Valencia, al senador David Jiménez González, al senador Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, al senador César Raúl Ojeda Zubieta, al diputado Javier Orozco Gómez y al diputado Joel Padilla Peña.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión Ccumple su cometido.)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Ciudadano licenciado Jorge Alberto García Cáceres: ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien prosperidad de la Unión?

El licenciado Jorge Alberto García Cáceres: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Muchas felicidades.

Se pide a la comisión designada acompañar al magistrado cuando él desee retirarse.

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INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al dictamen de la Tercera Comisión relativo a la ratificación del nombramiento del licenciado Ernesto Zamarripa Morones como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario por un último periodo, comprendido del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el oficio suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que, a su vez, remite el diverso suscrito por el Presidente de la República con el respectivo expediente con hoja de servicios, mediante el cual somete a la aprobación de la Comisión Permanente, en los términos de los artículos 89, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones, a efecto de que cubra un último periodo de cuatro años como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

La Comisión que dictamina realizó el respectivo análisis del expediente personal del interesado, y del cual se desprende que el contador público Ernesto Zamarripa Morones satisface los requisitos que por ley se exigen para ser vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Para efectos de emitir un dictamen fundado y motivado, y con el objeto de que la Comisión evaluara integralmente las características y el perfil del ciudadano propuesto para desempeñar dicho cargo en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y, en general, aptitud de servicio para dicho cargo, el ciudadano propuesto compareció ante esta Comisión para efectos de su evaluación.

En esa virtud, los integrantes de la Comisión deliberaron y resolvieron que el ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a efecto de que ejerza tal cargo en durante un último periodo de cuatro años, comprendido del 10 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 122 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión somete a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Dictamen

Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se aprueba la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones para que ejerza el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por un último periodo de cuatro años, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil seis.--- Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta, secretarios; Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Sen. Oscar Cantón Zetina, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. Héctor Larios Córdova (rúbrica), Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica).»

Es todo, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo leído. Esta Presidencia no tiene registrado ningún orador... Señor senador César Ojeda, tiene usted el uso de la palabra, en contra.

El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias, compañera Presidenta. Mil disculpas por la distracción. En el grupo parlamentario del PRD tenemos un sentimiento de insatisfacción como resultado de los escasos resultados obtenidos después de nueve meses de haberse creado en el Senado de la República la Comisión Especial de Investigación del Funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en la que han comparecido el titular y los cuatro actuales vocales del Instituto y se han sostenido reuniones de trabajo con cuatro ex vocales.

No se han cumplido los propósitos de la Comisión de alcanzar la transparencia, la seguridad jurídica y el fincamiento de responsabilidades a quienes cometieron quebrantos contra la hacienda pública durante el proceso de rescate bancario, tal como lo dispone el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, proceso que --por cierto-- es un asunto concluido para la actual Junta del Gobierno del Instituto.

La conclusión es categórica: sin lugar a dudas, se puede afirmar que las actuales autoridades del IPAB no han hecho los esfuerzos necesarios para resarcir el daño ocasionado a la hacienda pública federal por las operaciones ilícitas que no fueron suficientemente corregidas, ni se procedió penalmente para castigar a los responsables de ello.

Los cuantiosos recursos transferidos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación durante los últimos 10 años para cubrir el pago de los intereses de los pagarés emitidos por el Fobaproa ascienden a 400 mil millones de pesos, lo cual permite dimensionar la magnitud del problema. Asimismo, durante el presente año el IPAB absorberá recursos presupuestales superiores a 30 mil millones de pesos. El reto que implica para el Estado cumplir satisfactoriamente dicho compromiso le impide enfrentar adecuadamente otros compromisos constitucionales en la promoción del desarrollo económico y social; baste señalar que los recursos del Fobaproa-IPAB ascienden a 1 billón de pesos.

Hoy se nos pide olvidar este pasado vergonzoso, que representa una afrenta a los mexicanos, y mirar al futuro. No obstante, consideramos que, como legisladores, tenemos la responsabilidad de velar por el eficiente desempeño de las instituciones de la República.

Por ello sostenemos que la pretensión de ratificar como vocal por un periodo de cuatro años al señor Ernesto Zamarripa no puede recibir el beneplácito de los legisladores perredistas. Estamos de acuerdo en la necesidad de que funcionarios capaces y comprometidos con el país desempeñen cargos de tan alta responsabilidad en el IPAB; en tal virtud, no podemos votar por la ratificación señalada, debido a que el señor Zamarripa ha sido parte de la Junta de Gobierno, en la que ha avalado las decisiones de una Junta incapaz de hacer cumplir la ley del propio Instituto. Son múltiples las evidencias de los ilícitos cometidos en el proceso de rescate bancario que se pretenden mantener impunes.

El informe de las auditorías realizadas por Mackey a petición de la Cámara de Diputados sostiene que algunos bancos, debido a su alto índice de capitalización, nunca debieron entrar en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual representó una seria irregularidad. Otro banco convino con el Fobaproa en que no repartiría utilidades mientras era apoyado con recursos públicos; no obstante, en 1966 dicha institución distribuyó utilidades entre sus accionistas, evidenciando así que nunca debió ingresar en el programa de rescate referido.

El propio IPAB detectó a través de su auditoría interna diversas irregularidades en la realización del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, entre las que sobresalen créditos otorgados sin garantías e intereses moratorios excesivos. Considerando en conjunto, la corrección de esos actos sin sustento legal se habría traducido en una reducción sustancial, que habría permitido un menor daño al erario. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué las autoridades del IPAB avalaron esas acciones irregulares, por qué no se aplicó la ley y se invalidaron los títulos de deuda correspondientes? Por último, cabe hacer énfasis en que recientemente las auditorías GEL han arrojado resultados positivos reducidos, ya que se llevaron a cabo sobre la base de las auditorías de Mackey y no sobre una base ampliada de revisiones, que habrían aportado mayores evidencias respecto de probables nuevas irregularidades.

Quiero, adicionalmente a ello, hacer un comentario que me han hecho llegar algunos senadores, tanto de mi grupo parlamentario como de otros grupos, acerca de la improcedencia constitucional para que la Comisión Permanente retome la aprobación del nombramiento de Ernesto Zamarripa como vocal del IPAB. No soy abogado y, en consecuencia, daré lectura --y estoy convencido de que los distinguidos juristas que hay aquí, de todas las bancadas, podrán hacer una reflexión en voz alta y seguramente nos podrán ilustrar al respecto...-- El artículo 63 constitucional dispone expresamente un quórum de más de la mitad del número total de sus miembros para que puedan sesionar cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Tal quórum, precisamente por ser constitucional, es necesariamente observable y definitivamente inmodificable por las leyes secundarias o por reglamentos o acuerdos del propio Congreso o de alguna de sus Cámaras, independientemente de los niveles de votación, dígase, relativa, absoluta o calificada, que exijan la propia Carta Fundamental o las leyes secundarias para los diversos asuntos.

Pues bien, en ejercicio de sus potestades constitucionales y de lo establecido en la propia Ley del IPAB, el pasado 15 de diciembre la Cámara de Senadores, sesionando con el quórum constitucional, atendió y resolvió un dictamen debidamente tramitado por la comisión legislativa encargada del asunto por el que se proponía el nombramiento de un vocal del IPAB. La Asamblea de los senadores tomó una votación también amparada en la Constitución y en nuestra Ley Orgánica, y toda vez que el dictamen no alcanzó la votación requerida por la Ley del IPAB, la Mesa Directiva determinó desechar el dictamen; es decir, desechar la propuesta del Ejecutivo.

En la ley no existe, no puede existir disposición alguna que amplíe el quórum necesario para la discusión de algún asunto; y esta ampliación tampoco puede hacerla ningún acuerdo parlamentario, pues en ambos casos se iría contra la Constitución. Así, el dictamen se votó debidamente, y la Mesa Directiva emitió un acto jurídico formal. La del 15 de diciembre, compañeros y compañeras, es una resolución soberana del Senado de la República, haciendo uso de una facultad exclusiva, por lo que no puede ser revertida por un órgano diverso de este Congreso, como esta Comisión Permanente. Por su atención, muchas gracias. Nuestro voto, en contra, por supuesto.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: No habiendo más oradores registrados... Perdón, ¿en pro o en contra, señor senador? A favor, el senador Héctor Larios.

El senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia. Me parece que las opiniones que en esta tribuna ha vertido el compañero senador César Raúl Ojeda Zubieta, en tanto a su apreciación personal sobre el desempeño de la Junta de Gobierno, sobre el desempeño de la Comisión de Seguimiento del IPAB, son opiniones respetables, que desde luego no compartimos. Sí me preocuparía que quedara la duda de que estamos saltando el procedimiento.

Efectivamente, el 15 de diciembre se presentó en el Senado este mismo dictamen, un dictamen semejante. En ese momento, si todos los senadores presentes hubieran votando a favor, no habría habido el quórum de votación requerido por el artículo 75 de la Ley del IPAB, que es de dos tercios de los integrantes del Senado. Si todos los senadores hubieran votado a favor, no se habría reunido ese requisito y, en consecuencia, no habría existido votación y habría tenido que repetirse una votación cuando hubiera un mínimo de 85 senadores presentes; solamente estaban 83, de los que 77 por ciento votó a favor, mucho más de dos tercios.

En ese sentido, igual que cualquier otra votación, como sucede en cualquiera de las Cámaras, cuando habiéndose instalado la Cámara hay quórum y se realiza una votación, si en la votación no hay quórum, es como votación no realizada. Me parece que aducir este tema, insisto, las opiniones de la evaluación que el senador hace sobre el desempeño de la Junta del IPAB son respetables, no las compartimos, pero tampoco podríamos dejar pasar como verdad cierta que estamos violando procedimientos que están establecidos en nuestras normas. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, para hablar en contra.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadana Presidenta. En efecto, hay dos causas de fondo para estar en contra de este dictamen, que aprueba la inserción del contador Zamarripa como vocal del IPAB. El primero de ellos es, en efecto, el relativo al funcionamiento de este Instituto que, como todos hemos sido testigos en los últimos tiempos, fue urdido, diseñado para asumir una deuda privada de un fideicomiso que había creado el Presidente Zedillo y que trasladó a través del IPAB, del Fobaproa al IPAB como una deuda nacional que tenemos que pagar ésta y las sucesivas generaciones.

Pero por si fuera poco, este instrumento, que de por sí constituye un agravio a México, a sus finanzas, al patrimonio de las generaciones subsecuentes, en su actual operación está siendo objeto de severos cuestionamientos. ¿Quién no ha sabido que los integrantes, aquí algunos presentes, de la comisión de investigación del caso de la empresa Construcciones Prácticas, de los hijos de la señora Sahagún, han recibido de parte del IPAB la concesión de diversos activos que este Instituto tiene y que a su vez recogió de los que los bancos le otorgaron en las garantías que se habían cedido al patrimonio del IPAB?

No sabemos cuánto pagó efectivamente el IPAB a Bancrecer y a Banorte por estos mil 700 departamentos. Pero lo que sí sabemos es que fueron rematados a precios irrisorios y que constituye hoy mismo una preocupación muy seria de la Cámara de Diputados dilucidar cómo se están efectuando, cómo se están llevando a cabo estas operaciones y qué consecuencias van a tener y qué tanto se han multiplicado, que desconocemos, y qué irregularidades crónicas ya en su operación se advierten en este Instituto. Por consiguiente, éste sería el aspecto de fondo.

El siguiente, que vertió aquí el senador Ojeda, es en efecto un proceso viciado. Si en la Cámara de Senadores no hubo evidentemente quórum, no podía siquiera darse una inexistencia; es simplemente un acto irrelevante. Jurídicamente, no tuvo razón, no se dio pues en los hechos; y, en tanto, ello no puede ahora subsanarse o tratar de depurarse mediante una convalidación de este órgano de representación bicamaral.

De modo que yo diría que tendríamos que retomar este asunto, regresarlo a la Tercera Comisión, reestudiar su procedibilidad jurídica parlamentaria y, en todo caso, volver a intentar una aprobación una vez perfectamente sustentado el derecho que pudiéramos tener aquí, en esta Comisión Permanente, para aprobar un acto que no tuvo realización en la Cámara de origen, en la Cámara de Senadores, cuando se sometió a aprobación. Por consiguiente, votaré en contra por las dos razones; y desde luego, una vez que se reemita la propuesta, seguiré estando en contra por las razones de fondo porque este Instituto definitivamente está causando daño a México y no se va a subsanar simplemente con cambiar o confirmar a algunos de sus vocales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el senador Rodríguez Prats para hablar a favor.

El senador Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso señora Presidenta: es correcta la actitud del diputado Jesús González Schmal, y comparto su preocupación. Creo que uno de los grandes temas de las décadas recientes, de la LVII Legislatura, será la decisión de crear el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de los conflictos en que nos vimos internamente las fracciones parlamentarias para responder a una propuesta del Presidente.

Recordemos que se mandaba en un transitorio la aprobación de una cuantiosa deuda pública, si aquélla era deuda contingente o teníamos que incorporarla al Presupuesto, las facultades del Ejecutivo, las facultades del Congreso. Creo que, definitivamente, muchas páginas se han escrito de esto, y se seguirán escribiendo. Y comparto desde luego la necesidad de que se esclarezca y de que vayamos a fondo.

El Partido Acción Nacional no pretende de ninguna manera ocultar, ni mucho menos ser cómplice de alguna acción que desvirtúe este Instituto, que se llama ``para la Protección al Ahorro Bancario'', o sea, de protección a los cuentahabientes, a los 16 millones de cuentahabientes que tienen sus recursos en las instituciones bancarias. Pero el tema específico es con relación a un funcionario que debe formar parte, y que es propuesta del Ejecutivo para que se ratifique, dada la experiencia, dada la información que el mismo tiene y que forme parte de la Junta de Gobierno del Instituto para Protección al Ahorro Bancario. Éste es el tema. Y creo que si estamos hablando del prestigio de una persona, de su profesión, de su calidad moral, debemos dar este voto a favor porque, repito, es una propuesta del Ejecutivo que el procedimiento en la Cámara de Senadores no se llevó a cabo, no porque hubiera un rechazo.

Creo que mi compañero, el senador Héctor Larios, lo explicó con claridad, y esto es claro en el derecho parlamentario: no hubo quórum para efectuar la elección; éste es el punto central. No es que se haya rechazado para que no se pueda someter de nuevo el dictamen a discusión; es que no hubo el quórum porque, curiosamente, el artículo 75 de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario señala como único caso, es el único caso en todo nuestro derecho, donde está exigiendo un quórum de dos terceras partes de los integrantes, y esto fue lo que no pudo complementarse en el Senado. No fue una votación de rechazo; por tanto, la votación debe repetirse, y --en este caso-- ante la Comisión Permanente. Por esas razones, mi grupo parlamentario votará a favor de este dictamen.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra nuevamente el senador César Ojeda.

El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Gracias, compañera Presidenta. Insistiría en que, más allá de diferencias, siempre he reconocido la capacidad tanto de los integrantes de la bancada del PRI como del PAN, en su conocimiento profundo de los ordenamientos. Y con todo respeto, en una primera revisión, sin ser docto en el tema, créanme estamos violentando de manera indebida y --además-- innecesaria porque, al final de cuentas, podríamos replantear y convocar tal vez al señor Presidente que enviara de nueva cuenta alguna propuesta.

Les voy a dar algunas consideraciones que algún otro compañero, también de la bancada de Acción Nacional, me hace llegar, miembro de la comisión especial del IPAB, donde me da sus consideraciones, donde dice que el Presidente... las iniciativas presentadas... Hace algunas consideraciones y dice... Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

El 15 de diciembre, cuando se debatió el dictamen sobre el mencionado vocal, a la hora de la votación el dictamen no alcanzó el mínimo de votos que exige la Ley del IPAB, artículo 75, de las dos terceras partes del Pleno del Senado. La Tercera Comisión dictaminadora de la Permanente acaba de dictaminar de nueva cuenta el mismo dictamen. Como la propuesta del Presidente no tuvo la debida aprobación del Senado, debe existir --éstas serían las dos opciones, en la reflexión que hacen conocedores del tema--, debe existir un nuevo escrito del Presidente de la República en el mismo sentido; no lo hay.

Simplemente trasladamos el dictamen de la Comisión a la Comisión Permanente. El Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado ha trasladado su dictamen a la Tercera Comisión de la Permanente para volver a someterlo al Pleno de la Permanente, lo cual es ilegal. Les rogaría, con todo respeto, entiendo que este tipo de situaciones pudieran obviarse, pero reconozco, teniendo discrepancias de fondo con algunos de ustedes, que son gente de mucho talento, que conocen el derecho y no podrían, sólo con base en tratar de avalar o acatar alguna solicitud del Ejecutivo, violentar lo que es fundamental: nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el senador Rodríguez Prats.

El senador Juan José Rodríguez Prats: Me parece que tenemos que --con su permiso, Presidenta-- referirnos a esa sesión del 15 de diciembre. Según el artículo 75 de la Ley del IPAB, tenía que haber 85 integrantes, y votamos 83. Se votó 64 a favor y 19 en contra; o sea, no hubo votación porque no hubo quórum, para este caso específico. Por tanto, ese dictamen no es que se haya votado o se haya rechazado: no hubo quórum.

Por tanto, de acuerdo con el derecho parlamentario, sí corresponde volver a someter, ahora ante la Comisión Permanente, ese dictamen. Eso es todo, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Suficientemente discutido, efectivamente. Entonces, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal sobre este punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Vamos a proceder a recoger la votación nominal del punto de acuerdo. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Estaré recibiendo los votos por la afirmativa, y solicitamos a la diputada Blanca Gámez que haga lo relativo a los votos por la negativa.

(Votación.)

Señora Presidenta: se emitieron 28 votos en pro y 6 votos en contra.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Pedimos a la Secretaría que nos haga la cuenta de la mayoría calificada que requiere la Ley del IPAB, por favor.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se requerían 25 votos como mínimo, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Por tanto, sí se alcanza la mayoría calificada, con 28 votos en pro y... Perdón; ¿cuántos en contra, secretaria?

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Seis.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Y 6 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, el punto de acuerdo, por 28 votos; comuníquese al Ejecutivo.

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SALARIOS MINIMOS

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Esta Presidencia recibió del diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que homologue el valor del salario a nivel nacional, eliminado las tres zonas económicas.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a homologar el valor del salario a nivel nacional, eliminando las tres zonas económicas, suscrita por el diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del PRI

Rogelio Rodríguez Javier, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a su consideración el siguiente punto de acuerdo, para su dictamen y discusión en el Pleno de ésta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con base en las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fue creada en 1963, con el objeto de resguardar el cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia salarial. Actualmente el deterioro constante del poder adquisitivo del ciudadano mexicano, el cual se traduce a la capacidad de compra del ingreso, afecta directamente a aquellas personas que perciben salarios mínimos, generando con esto un grave rezago. Por lo anterior, no debemos olvidar que el deterioro salarial debe ser una prioridad de cualquier gobierno, ya que negar un incremento que compense esta caída en algún grado ocasiona el entorpecimiento de la efectividad de cualquier medida de política social.

El comportamiento del salario en México no depende de la productividad y la oferta de trabajo, sino de una política estatal que maneje los ingresos de los trabajadores como variable macroeconómica de ajuste.

Sólo con políticas justas de distribución del ingreso, el mejoramiento salarial y la generación del empleo estable y bien remunerado, nuestra nación podría aspirar a un futuro promisorio.

Es momento de dejar de concebir al salario como un costo laboral siendo que es un indicador de bienestar, ya que con esta visión, la economía elevará su competitividad y se adecuará a las condiciones exigidas por la globalización, propiciando la mejora en la reactivación económica.

De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional, el trabajador tiene derecho a contar con un salario suficiente para subsanar las necesidades básicas en el ámbito material, social y cultural. Esto implica un derecho de todos los trabajadores asalariados, una garantía no sujeta a negociación y condicionamiento, sin embargo, el deterioro ha convertido en letra muerta este precepto.

Desafortunadamente al establecer el valor de este salario, se lleva a cabo en base a la inflación, cuyo pronóstico generalmente suele ser fallido de acuerdo con lo que pronostican el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organismos financieros internacionales, lo que genera que dicho aumento no resulte significativo y tampoco beneficie en nada al trabajador.

La existencia de tres zonas económicas en el país por la Constitución, de los sistemas de producción y comercialización del territorio nacional, particularmente de productos de la canasta básica, trae consigo que los precios de muchos satisfactores se fijen de acuerdo con los salarios mínimos de las zonas más caras y cuando llegan estos a las zonas B y C, que son de menor percepción, incluyen incrementos adicionales por los costos de embalaje, traslado, almacenamiento, etcétera, lo que propicia la paradoja de que los precios más altos los paguen aquellos que menos reciben por su trabajo, es momento de terminar con esto.

Como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un órgano autónomo y tripartita, cuyas resoluciones radican en los diversos estudios socioeconómicos y consideraciones que presentan los representantes de cada sector laboral y que además cuenta con indicadores socioeconómicos históricos suficientes, sería factible que considere una homologación salarial.

A pesar de lo anteriormente expuesto en el presente punto de acuerdo, si la Comisión Nacional de Salarios Mínimos concluye que es conveniente que persistan las tres zonas socioeconómicas actuales, deberá tomar en cuenta los factores sobre costos de los productos básicos para fijar un incremento importante, sobre todo en el sur del país, la zona C.

Como diputado federal es mi deber ser el garante de los intereses del pueblo y exponer ante la máxima tribuna de la nación esta problemática, ya que los trabajadores mexicanos deben vivir de forma decorosa.

Por lo anterior, propongo a esta H. Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que homologue el valor del salario a nivel nacional eliminando la existencia de las tres zonas económicas, que sólo generan asimetrías en el desarrollo económico. Principalmente afectando a los estados del sur-sureste, como Tabasco, que se encuentra clasificado en la zona C del rango salarial, y, al ser la más baja de todas, merma la economía familiar.

Palacio Legislativo, a 9 de enero de 2006.--- Dip. Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica).»La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

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CAÑA DE AZUCAR
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en apoyo de la agroindustria azucarera mexicana.

El senador Héctor Michel Camarena: Con su permiso, señora Presidenta; con el permiso de las compañeras y los compañeros legisladores: la agroindustria azucarera, sin duda, está en un grave riesgo jurídico. En 2002, el Congreso de la Unión aprobó un impuesto muy importante a la importación de fructosa, de 20 por ciento. Este impuesto, sin duda, ayudó en mucho a que los industriales, a que los obreros, pero fundamentalmente a que los productores de caña, los ejidatarios y los pequeños propietarios... pudieran consumirse en el territorio nacional los excedentes que el Gobierno de Estados Unidos se negaba a recibir.

La actitud del Gobierno Federal, y lo tenemos que decir claro, posterior a esta aprobación, fue estar en contra de este impuesto, y lo derogaron. Tuvimos que recurrir en controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nuevamente el impuesto está vigente. En mi estado, Colima, no es un estado importante en la producción, pero sí tenemos anualmente una producción de 120 mil toneladas anuales, y decía que está en riesgo porque después de muchas gestiones ante el Gobierno Federal se logró convencerlos para que apelaran una resolución de la OMC.

Esta resolución, que va sin duda a resolver la apelación que hizo el Gobierno Federal, implica un riesgo muy grave: si no logramos revertir la resolución con esta apelación, está en riesgo que se quite ese 20 por ciento que impusimos aquí a la fructosa. Por otra parte, hay una demanda que empresas de Estados Unidos de América interpusieron por el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio, de manera muy especial con el famoso impuesto a la fructosa.

También está en riesgo que si no hacemos una defensa adecuada, pudiera ser condenado el Gobierno de México a pagar más de 600 millones de dólares. El tema de la agroindustria es un tema social y económicamente muy importante; estamos hablando de que en este tema están involucrados 227 municipios del país, 15 estados de la República y 440 mil empleos directos en 58 ingenios del país. Éste no es un problema directamente de los industriales, de los obreros, de los productores, ejidatarios y pequeños propietarios; éste es un problema sin duda del Estado mexicano, y el Estado Mexicano lo tiene que enfrentar con todo.

Hemos visto la forma en que está actuando el Gobierno Federal y nos parece que requiere mayor atención jurídica y constitucional; lo hemos visto en las últimas resoluciones, de manera muy especial en la resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación a la expropiación de los ingenios y que declaró inconstitucional, entre otras cosas, por no haberle dado la oportunidad de audiencia. Con base en todo esto, compañeras y compañeros, deseo presentar como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución el siguiente.

Pero antes quisiera decirles que en esta semana se va a desarrollar la audiencia en Ginebra, Suiza, con relación a la apelación y que en la primera quincena del próximo mes tendremos una resolución con relación a este tema, con los riesgos que señalé. Por eso creo que este punto o estos puntos que estoy planteando son de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Primero. Que el Gobierno Federal informe a esta Comisión Permanente del estado procesal que guarda la apelación que formuló a la resolución de la OMC con relación al IEPS y qué expectativas tenemos a nuestro favor con dicho medio de defensa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la República a incrementar sus medidas en la atención de la apelación citada en el punto anterior, ya que están en riesgo la eliminación del IEPS y, con ello, la agroindustria azucarera en su conjunto. Igualmente, a que se fortalezca la defensa jurídica que se tiene con motivo de la demanda que promovieron empresas estadounidenses y que, por este litigio, el Gobierno Mexicano puede ser condenado a pagar más de 600 millones de dólares a Estados Unidos de América; y

Tercero. Que el Gobierno Federal de México demande al Gobierno de Estados Unidos de América ante el organismo internacional competente el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con ese país, con relación a los excedentes de caña de azúcar que el Gobierno de Estados Unidos se niega a recibir, no obstante que está perfectamente convenido en el tratado.

Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de este punto de acuerdo se inserte en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Senado de la República.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, en apoyo de la agroindustria azucarera mexicana, a cargo del senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, Héctor Michel Camarena y Esteban Ángeles Cerón, senadores de la República por los estados de Colima y de Hidalgo, respectivamente, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de ésta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en apoyo a la agroindustria azucarera mexicana, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos tienen una firme percepción: pareciera que en las postrimerías del sexenio el gobierno del Presidente Fox pretende que los sectores productivos agonicen a la par de una administración federal que, a la fecha, no ha procurado establecer un pacto en apoyo al desarrollo y productividad del agro nacional. La tan prometida reactivación agrícola nunca llegó.

La pobreza persiste, se ahondan los rezagos ante la repulsa gubernamental por garantizar el flujo de capitales, público y privado, en pro del desarrollo social de productores y trabajadores del campo.

Inmerso en una economía fracturada y sin la rectoría del Estado, el campo mexicano subsiste por el esfuerzo de sus productores y trabajadores, pero es innegable que ello no basta; el campo camina bajo la inexistencia de políticas públicas integrales y de cariz eminentemente social.

Vemos con gran preocupación que el gobierno no sólo se encuentra indiferente a la estridente realidad del agro, sino que también su observancia a los principios contenidos en el texto constitucional es realmente nula. Legalidad y Estado de derecho, no han sido las premisas torales de la Administración Pública Federal.

Precisamente, acabamos de presenciar la inconstitucionalidad resuelta por la SCJN, respecto a la expropiación de ingenios azucareros, considerada como la más importante del sexenio del Presidente Fox.

El máximo tribunal del país estableció limitantes y candados para evitar expropiaciones arbitrarias. En opinión de los propios ministros, con ese criterio se evitarán abusos del gobierno, se protegerá el derecho a la propiedad y se obligará al Estado a sólo expropiar cuando realmente haya causas de utilidad pública.

La Corte concluyó que para realizar una expropiación es necesario que el gobierno primero dialogue y escuche a los propietarios de los bienes que pretende expropiar, mediante una audiencia previa. Un derecho, el de audiencia, que en materia agrícola se ha mantenido ausente a lo largo del presente sexenio, dejando de lado la voz de productores y trabajadores.

Es el Congreso de la Unión quien se ha solidarizado con las demandas del movimiento campesino organizado y otros productores del sector primario, a fin de realizar una revisión tanto de las políticas públicas como de los acuerdos comerciales en materia agropecuaria, tomando las medidas compensatorias y de política local que permitan a los productores del medio rural enfrentar con éxito sus asimetrías.

Así pues, el tema de la agroindustria azucarera es uno que, como muchos otros, han encontrado el pleno respaldo del Legislativo federal.

Se trabajó decididamente para establecer un arancel respecto a las excesivas importaciones de alta fructuosa, mismo que el Ejecutivo eliminó; finalmente y al ser éste un acto de la autoridad al margen de la ley, la Corte resolvió el juicio de controversia a favor de las acciones del Legislativo en apoyo a la agroindustria azucarera mexicana. Cabe entonces la pregunta, ¿de lado de quién se encuentra el gobierno del Presidente Fox?

Paradójico resulta que el detrimento de esta economía se estancó y decreció por las acciones mismas del gobierno federal. No sólo se ha favorecido la importación de alta fructuosa, sino que también el respaldo ha sido para su producción en el país con maíz amarillo y de baja calidad, subsidiado por el propio gobierno; amén de la incapacidad gubernamental para exigir el puntual cumplimiento de los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

La pasividad del gobierno deteriora la economía y perspectivas del sector azucarero. Nuestros excedentes no son admitidos y si ingresan al territorio norteamericano, es bajo el pago de arancel correspondiente, originando pérdidas superiores a los 1,700 millones de pesos.

Recordemos que con una economía superior a los 30 mil millones de pesos, su alto impacto social y económico se distribuye en 227 municipios ubicados en quince estados del país ofertando más de 440 mil empleos a través de 58 ingenios.

Ahora la industria azucarera enfrenta un nuevo desafío: revertir el fallo de la Organización Mundial de Comercio y mantener el IEPS fijado en 2002 a la industria refresquera como medida compensatoria ante la inequidad que vive nuestro sector azucarero. Recordemos que dicho impuesto fue para aquéllas bebidas cuya elaboración sea con edulcorantes distintos al proveniente de la caña de azúcar.

En los meses de enero y octubre del año 2003, empresas de Estados Unidos de América demandaron al gobierno mexicano el pago de la cantidad de más de 600 millones de dólares, por los daños que les causaron por el incumplimiento de México a sus obligaciones en el TLCAN, y que se derivan de la aprobación del impuesto a la fructuosa.

Está claro que la agroindustria azucarera se encuentra en un punto de fuerte crisis. No asumir las decisiones necesarias postrará al sector azucarero ante los grandes capitales y monopolios internacionales.

Asimismo, no habrá movilidad de nuestra producción y comenzaremos con pérdidas inmediatas superiores a los 1,280 millones de pesos, tan sólo por diferenciales de precio de la caña de azúcar, sin considerar algunos otros conceptos como gastos de industrialización, costos de almacenamiento y transportación.

Extraoficialmente, tenemos conocimiento que en el transcurso de esta semana se realizará en Ginebra, Suiza, la audiencia que conforme a la ley debe desahogarse en la apelación que interpuso el gobierno mexicano, y que en la primera quincena del mes de febrero se dictará resolución, por lo que, es urgente la aprobación de este punto de acuerdo, ya que es un problema del Estado mexicano, que impacta social y económicamente, de manera directa, a los productores de caña, a los obreros y a los industriales.

Por lo anteriormente expuesto, y ante las marcadas indiferencias e inconsistencias de la Administración Pública Federal, propongo a ésta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero.- Que el Gobierno Federal informe a esta Comisión Permanente el estado procesal que guarda la apelación que formuló a la resolución de la OMC con relación al IEPS; y qué expectativas tenemos a nuestro favor con dicho medio de defensa.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la República a incrementar sus medidas en la atención de la apelación citada en el punto anterior, ya que está en riesgo la eliminación del IEPS, y con ello la agroindustria azucarera en su conjunto.

Igualmente, a que se fortalezca la defensa jurídica que se tiene con motivo de la demanda que promovieron empresas estadounidenses y, que por este litigio, el gobierno mexicano puede ser condenado a pagar más de 600 millones de dólares a Estados Unidos de América.

Tercero.- Que el Gobierno Federal de México, demande al gobierno de Estados Unidos de América, ante el o los organismos internacionales competentes, el cumplimiento del TLCAN con ese país, con relación a los excedentes de caña de azúcar, que el gobierno de Estados Unidos se niega a recibir, no obstante estar convenido en el Tratado.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2006.--- Senadores: Héctor Michel Camarena (rúbrica), Esteban Ángeles Cerón.»Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaEl Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, señor senador, se ordena insertar el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Y como lo ha solicitado, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa favor de expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Esta Presidencia no tiene oradores registrados; en consecuencia, el asunto se considera suficientemente discutido y le ruego, señora secretaria, que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada; comuníquese.

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PROGRAMAS SOCIALES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados ``Plandesol'' que permita la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados Plandesol, con el propósito de que permitan la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN

Proposición con punto de acuerdo que suscribe el diputado federal Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados Plandesol, que permitan la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En atención al compromiso adquirido la semana pasada, cuando discutimos y aprobamos el punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a entregar a los Ejecutivos estatales el padrón único de beneficiarios de los programas sociales, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, presento hoy un punto de acuerdo que busca complementar, fortalecer y dar viabilidad a la solicitud que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó.

Tal como señalamos en la sesión anterior, en el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la transparencia que deben observar todas las acciones públicas, y muy particularmente con las destinadas a apoyar a los que más lo necesitan. Por ello apoyamos la aprobación del punto de acuerdo presentado por el senador Aguilar Bodegas. Pero también es necesario reiterar que el convenio denominado Plandesol obliga a intercambiar información de los padrones federal y estatales de los programas sociales con la finalidad de integrar un padrón único de beneficiarios que impida la duplicidad de programas y beneficiarios.

Así, 22 estados han firmado el Plandesol; y de éstos, 15 están vigentes hasta la fecha. Como resultado del trabajo realizado a través del Comité Técnico del Plandesol, 13 entidades federativas ya integraron el padrón único de beneficiarios estatal, tales como Tabasco, Puebla, Coahuila, Guerrero, Guanajuato, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Morelos, Chiapas, Nuevo León y Michoacán.

Compañeros legisladores, es evidente que la política de desarrollo social adoptada por el Gobierno Federal se caracteriza por su corresponsabilidad y se propone lograr una efectiva coordinación entre y dentro de los tres niveles de gobierno, así como la concertación con la sociedad civil organizada; la integración y articulación de acciones y su complementación y sinergia, con el objetivo de proveer beneficios sociales para elevar la calidad de vida de la población en situación de pobreza.

La política social del Gobierno Federal se realiza en el marco de la Ley General de Desarrollo Social, que establece dicha materia como concurrente. Ahí se señalan con toda claridad las responsabilidades que los tres niveles de gobierno tienen en materia social. De particular importancia resulta lo establecido en su artículo 27, en el que se señala que con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrará el padrón único de beneficiarios.

Para nadie es desconocido que los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social son implementados en su mayoría por los gobiernos estatales o municipales, a través de los convenios de coordinación que para el efecto se firman entre el Ejecutivo federal y estatal; técnicamente, a la Sedesol le sería imposible operar todos los programas a lo largo y ancho del país, más aun cuando éstos tienen que llegar a las zonas más alejadas y dispersas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de los programas federales suman recursos federales y estatales, de ahí la importante participación de los gobiernos locales, los cuales atendiendo a lo establecido en las reglas de operación, participan en los diversos procesos para la ejecución de los programas federales; entre ellos, la formación del padrón único de beneficiarios.

La integración de un padrón único de beneficiarios ha permitido que la confluencia de acciones y recursos federales y estatales canalizados a través de los programas sociales sea cada vez más eficaz, al identificar a todas y cada una de las familias beneficiarias y permite la focalización de los apoyos que se otorgan a las familias en condición de pobreza, bajo criterios de objetividad, transparencia, selectividad y temporalidad, al tiempo de constituirse en un instrumento de evaluación de las políticas sociales.

Por ello, este punto de acuerdo busca exhortar a las entidades federativas que aún no firman el convenio Plandesol, así como a entidades que han perdido su vigencia, para que con la mayor brevedad el intercambio de información lleve a la integración del padrón único de beneficiarios.

Por lo anterior, en ejercicio de nuestras facultades, ponemos a consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta muy atentamente al Poder Ejecutivo de las siguientes entidades: Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas a que firmen el convenio denominado Plandesol; y a los estados de Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo estado de México, Querétaro y Tlaxcala a renovar dicho convenio, con el fin de integrar el padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales.

Dada en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los once días del mes de enero del año dos mil seis.--- Dip. Federico Döring Casar (rúbrica)»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se turna esta proposición a la Primera Comisión de Trabajo.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal de 2006.El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso, compañero Presidente. Compañeros diputados, senadores, senadoras y diputadas: proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a no hacer recortes al gasto aprobado por esta soberanía. El suscrito, diputado federal Cruz López Aguilar, Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados; el senador de la República José Antonio Aguilar Bodegas, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado; y el suscrito, diputado federal Julián Nazar Morales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Unión, y en uso de las facultades establecidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de este Congreso General de los Estados Unidos, venimos a presentar este punto de acuerdo.

Una de las principales tareas que nos propusimos al inicio de esta Legislatura fue revertir el proceso de descapitalización e impulsar el desarrollo sustentable del campo, utilizando para ello el Programa Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ese objeto, hemos autorizado un crecimiento en términos reales de dicho programa para 2004, 2005 y 2006. Asimismo, nuestro propósito se sustentó siempre en la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual surgió de un proceso intenso y delicado en la sociedad rural. Los industriales de productos del campo, el Gobierno Federal y los legisladores se dieron a la tarea de que esta ley fuera sin lugar a dudas el marco que estaba esperando y que necesitaba urgentemente el agro y dar el cumplimiento de acuerdo con el proyecto que todos buscamos a largo plazo y que alentara la producción en el campo mexicano.

La apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte puso de manifiesto la poca sensibilidad de nuestros representantes al momento de negociar el Capítulo Agropecuario, ya que dichos funcionarios tenían un desconocimiento total de la realidad que imperaba en el sector. Los resultados reflejan la desaparición de los pequeños productores del sector social, la extinción de ramas de producción, la concertación de las exportaciones, y el rentismo y la enajenación de los derechos agrarios.

Toda esta situación viene a dar al traste con la esperanza de las gentes que menos tienen, que son los campesinos, por las consideraciones siguientes: toda la información que se manejó en los medios de comunicación y que se ha obtenido a través de otras fuentes de la Comisión de Agricultura, Ganadería de la propia Cámara de Diputados habla de un ajuste que el gobierno en estos momentos quiere hacer al Presupuesto que se aprobó el 15 de diciembre.

Esto es preocupante para el agro mexicano, toda vez que esta práctica, que se ha venido haciendo recurrente en estos últimos años, ha hecho de los productores nacionales una situación desesperante para todas las familias que dependen de ello. Por eso, compañeros senadores, diputados, la preocupación nuestra de presentar este punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y decir a Hacienda que no proceda a los ajustes que quiere hacer, con relación a reducir el Presupuesto de 2006, toda vez que está atentando y está pensando hacer un recorte de 750 millones de pesos a un programa que ha sido uno de los pilares para el desarrollo en el país, como es el Programa de la Alianza.

Aunque en mi estado, como sector campesino, no hemos sido beneficiados por este programa, por el gobierno actual, defendemos, estamos obligados a defender que se respete este Presupuesto porque de los 32 estados de la República depende la producción principalmente de este tipo de programas. De igual forma, hay un recorte inusitado, que se está queriendo dar a través de la Dirección de Firco, de alrededor de mil 300 millones de pesos. La práctica de este tipo de proyectos que hoy se estila en este gobierno nos lleva a dejar en claro lo que muchas veces se ha manifestado de que han desaparecido los pobres en México. Con estas prácticas, ahora entiendo por qué la pobreza desaparece en México y se transforma en miseria.

No podemos regatearle estos centavos, porque no son siquiera pesos, cuando tenemos un contrincante o dos contrincantes como es Estados Unidos y Canadá, donde están apostando a tener una gran inversión en el campo para que compitan con nuestro país, donde el gobierno destinó 180 mil millones de dólares en un proyecto multianual y a nosotros nos están llevando al rincón del olvido y del abandono, al estar aplicando esas prácticas.

Por ello, compañeros senadores, compañeros diputados, presentamos este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único. Que la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión haga un enérgico y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado por la Cámara de Diputados al Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal de 2006 y dar así una muestra de respeto entre poderes y un manejo de aliento y certidumbre a nuestros productores del campo mexicano.

Defendamos lo que por ley corresponde a los que menos tienen, los que han dejado la pobreza para estar en la miseria; y es que esa miseria transforma en miserables a los que, en la desesperación, buscan tener un ingreso a través de lo ilícito. Y no podemos seguir destinando mayor presupuesto para la seguridad pública porque no va haber policías suficientes que cuiden, cuando la miseria se refleja en los hogares mexicanos.

Por ello, señor Presidente, pedimos que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates este punto de acuerdo. Es cuanto, y agradezco a la honorable Asamblea; muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte al presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal de 2006, suscrita por el diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Cruz López Aguilar y el suscrito diputado federal Julián Nazar Morales, integrantes del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y en uso de la facultad establecida por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos de esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo por el que esta Soberanía exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2006.

Exposición de Motivos

Una de las principales tareas que nos propusimos al inicio de la LIX Legislatura, fue la de revertir el proceso de descapitalización e impulsar el desarrollo sustentable del campo, utilizando para ello el Programa Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ese objeto hemos autorizado un crecimiento en términos reales de dicho programa para los años 2004,2005 y 2006.

Asimismo, nuestro propósito se sustentó siempre en la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual surgió de un proceso intenso y delicado al interior de la sociedad rural, los industriales de productos del campo, el gobierno federal y los legisladores. Esta ley es sin lugar a dudas el marco que estaba esperando y que necesitaba urgentemente el agro, y de su cumplimiento depende la construcción de un proyecto de largo aliento para el campo mexicano.

La apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte puso de manifiesto la poca sensibilidad de nuestros representantes al momento de negociar el capítulo agropecuario, ya que dichos funcionarios tenían un desconocimiento total de la realidad que imperaba en el sector. Los resultados reflejan la desaparición de los pequeños productores del sector social, la extinción de ramas de producción, la concentración de las exportaciones, el rentismo y la enajenación de los derechos agrarios; producto de asimetrías inalcanzables, de apoyos y subsidios exorbitantes y de prácticas desleales de comercio que prevalecen hasta el día de hoy en la relación con nuestros socios comerciales.

Consideraciones

Información manejada en los medios de comunicación y obtenida en otras fuentes por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, hablan de un ajuste neto al Programa Especial Concurrente 2006, de un poco más de 3000 millones de pesos sólo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), una de las 13 Secretarías que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Únicamente en lo que corresponde a Alianza para el Campo, este recorte supera los 750 millones de pesos, no obstante que el propio gobierno federal fue quien mandó un presupuesto inferior en 5,707 millones al aprobado por la Cámara de Diputados y un monto de 1,933 millones por abajo del autorizado en el 2005. De concretarse este intento, los productores rurales y las entidades federativas responsables de la aplicación de la Alianza, se verán seriamente afectados en sus proyectos productivos, en la inversión, en infraestructura, en el desarrollo rural en regiones criticas y en la prestación de servicios técnicos. El ajuste propuesto hace suponer que en esta idea de reducir la Alianza para el Campo prevalece la desinformación, el desconocimiento y la falta de compromiso con el campo y los campesinos.

También a la comercialización y la consolidación de mercados nacionales pretenden ajustarles en una cantidad superior a los 750 millones de pesos, a pesar de la baja extraordinaria en los precios internacionales de los granos básicos y las oleaginosas. La Comisión Nacional de Pesca se verá afectada en 500 millones que se sumarían al subejercicio del año pasado y a las reducciones surgidas de la Controversia Constitucional promovida por el Ejecutivo Federal el año pasado.

Los pequeños productores de frijol y maíz verán canceladas sus expectativas y las esperanzas alimentadas por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, pues a Fomagro el ajuste lo alcanzaría en 1150 millones y el sistema financiero operado por la Sagarpa se verá mutilado en 300 millones, suprimiendo la creación de fondos de garantía y el programa de acceso al crédito.

Francamente no entendemos las razones de este atentado contra el campo. No contamos con datos para determinar en que medida salen afectadas las otras 12 Secretarías con recursos presupuestales autorizados en el Programa Especial Concurrente, sin embargo con esta muestra nos basta para condenar enérgicamente tal propósito.

Por las razones anteriormente expuestas solicitamos a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haga suyo y se pronuncie enérgica y tajantemente en el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Que la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un enérgico y respetuosos exhorto, al titular del Poder Ejecutivo federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado por la Cámara de Diputados al Programa Especial Concurrente para el Ejercicio Fiscal de 2006; y dar así una muestra de respeto entre Poderes y un mensaje de aliento y certidumbre a nuestros productores del campo.

Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica)» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, señor diputado Nazar, nada más para precisar: ¿solicitó usted, reitero, usted la urgente y obvia? Como ha solicitado, se ordena insertar el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates. Y ruego a la señora secretaria que consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Con todo gusto, señor Presidente. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera el anterior asunto de urgente y obvia resolución.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Quienes estén por la negativa sírvanse expresarlo... No, no se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Nazar. ¿Tiene usted alguna consideración que hacer?El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): Unas cuantas manos en contra y la mayoría a favor...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Votación calificada se requiere. Se aclara que es votación calificada. Vamos a darle, aceptar la duda que usted tiene, señor diputado, para que quede claro. Repita la votación, señora senadora.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta nuevamente a las y a los legisladores si se considera el anterior asunto de urgente y obvia resolución.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Ahora sí, efectivamente, sí se considera de urgente y obvia resolución; votaron 13 a favor, 8 en contra.

Bueno, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Cuál es la determinación, señora secretaria? Por favor, pido a Servicios Parlamentarios que asista en relación con el cómputo a la señora secretaria para que me informe si hay o no mayoría, como marca el Reglamento para estos casos.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: De conformidad con el Reglamento, es con relación al número de presentes. Luego entonces, no se considera que haya suficientes votos para ser considerado mayoría calificada.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Se ordena remitir esta proposición con punto de acuerdo a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Permanente.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a instituciones de educación media superior y superior, así como a las Secretarías de Educación de los estados, que realicen los acuerdos pertinentes a fin de evitar la falsificación de documentos que acrediten la obtención de grados académicos.El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente:

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las estatales, así como a instituciones de educación media superior y superior, que realicen los acuerdos y convenios pertinentes para evitar la falsificación de documentos que acrediten la obtención de grados académicos.

El suscrito, diputado José Francisco J. Landero Gutiérrez a la LIX Legislatura, e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, instituciones de educación media superior y superior a realizar los acuerdos y convenios pertinentes a fin de evitar la falsificación de documentos que acreditan la obtención de grados académicos. Esto en base a las siguientes consideraciones:

Una de las principales metas en materia de educación es realizar programas educativos con las suficientes habilidades técnicas y científicas para la formación de profesionistas capaces de impulsar el desarrollo de nuestro país.

Por ello, la sociedad civil y el gobierno deben seguir apostando por una educación de calidad en las que se formen nuevas generaciones de profesionistas de alto nivel.

En cumplimiento de este principio debemos preservar la calidad de estos profesionistas, y no debemos permitir que personas sin ética alguna falsifiquen certificados, títulos, cédulas profesionales o cualquier documento que acredite la obtención de grados académicos, que dañan el desarrollo de la educación en nuestro país. Estas acciones ilícitas ponen en riesgo al sistema educativo nacional y a los estudiantes que se esfuerzan en el cumplimiento de los programas educacionales y los requisitos curriculares que les permiten obtener un título profesional y la respectiva licencia para ejercer su profesión mediante la cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones.

En virtud de lo anterior la Secretaría de Educación Pública ha tenido a bien diseñar 15 candados de seguridad que procuran hacer infalsificables los documentos emitidos por la Dirección General de Profesiones.

No obstante y aun con los dispositivos de seguridad, la accesibilidad de los avances de la tecnología permite la falsificación de certificados, títulos y cédulas profesionales además de los sellos gubernamentales que los acreditan como oficiales, incurriendo en los delitos de falsificación de documentos y sellos oficiales, así como usurpación de funciones tal y como lo establecen los artículos 244, 245 y 250 del Código Penal Federal.

Tan sólo en el año 2005 la Procuraduría General de la República recibió 534 denuncias del delito de falsificación de documentos, las cuales han sido radicadas por la ventanilla única y remitidas a las subsedes correspondientes.

Asimismo los medios de comunicación han dado a conocer diversos lugares como la Plaza de Santo Domingo en el Distrito Federal e imprentas clandestinas que ofrecen los documentos que acreditan la culminación de estudios de educación media superior y superior, así como cédulas profesionales por cantidades que van desde los $1,000 hasta los $45,000.

Legisladoras y legisladores, los conminamos a aprobar esta proposición como punto de acuerdo que lleva la firme intención de salvaguardar la inversión más preciada que puede tener una nación, y esta es la educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, las instituciones de educación media superior y superior en todas las entidades federativas, y a las Secretarías de Educación Pública de los estados a celebrar los acuerdos y convenios pertinentes para unificar los candados de seguridad con el fin de evitar la falsificación de certificados, títulos constancias y otros documentos que acrediten la obtención de un grado académico.

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a realizar acciones coordinadas para la detección y detención de quienes cometan este tipo de delito. Asimismo se hace un atento llamado al Poder Judicial a resolver las denuncias que tienen en su poder e impongan las sanciones aplicables correspondientes en el menor plazo posible.

Dado en el Salón Legisladores de la República, a 18 de enero de 2006.--- Dip. José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica).»

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

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REPUBLICA DE CHILE
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al triunfo electoral de Michelle Bachelet, en Chile.

El senador Rafael Melgoza Radillo: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el pasado domingo 15 de enero, la candidata de la Concertación por la Democracia, Michelle Bachelet, se convirtió en la primera mujer en ser elegida Presidenta de la República de Chile, tras obtener 53.49 por ciento de los votos y una diferencia de casi 7 puntos sobre el candidato de la Alianza Conservadora, Sebastián Piñera. Triunfo claro y contundente que, aunado a lo acontecido recientemente en Bolivia y en otros países de la región, demuestra una vez más el avance de la democracia en América Latina y la consolidación de una propuesta política como opción de gobierno eficiente y con visión de Estado; esto, a juicio de los votantes.

Bachelet es una mujer y una ciudadana que ha dedicado toda su vida a las causas democráticas en su país y que, igual que miles de hombres y de mujeres, sufrió en su familia y en su persona la represión de la dictadura militar pinochetista. Por ello proponemos celebrar su ascenso al cargo gubernamental más importante en su país y desearle el mayor de los éxitos en el ejercicio de la nueva responsabilidad que le ha sido conferida por el pueblo chileno. Ahora bien, el proceso electoral chileno arroja un conjunto de lecciones que, en nuestra opinión, en México no podemos ni debemos pasar por alto.

El programa político de la coalición que impulsó la candidatura de Michelle Bachelet se encuentra sustentado en la estabilidad política y económica, heredada particularmente por la administración del Presidente Lagos, y tiene como principales características un fuerte contenido social, el impulso de la participación del Estado en la economía y el reconocimiento de la importancia de responsabilizar tanto al mercado nacional como al internacional del crecimiento económico, un crecimiento económico que estimule el desarrollo y que promueva la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos los ciudadanos. En otras palabras, el triunfo de la coalición por la democracia fue un voto de confianza a un gobierno que ha mantenido finanzas sanas y baja inflación, pero que no ha descuidado su papel social y su obligación de garantizar el bienestar para las mayorías. Como todos los países latinoamericanos, Chile aún enfrenta retos y dilemas, pero también es el país que cuenta con los instrumentos económicos y con las condiciones políticas necesarias para salir adelante.

No tenemos la menor duda de que México pronto se sumará a la corriente de países que ha adoptado esos planteamientos políticos, económicos y sociales, una posición de Estado progresista, democrática y responsable; una posición que cree en el mercado; una posición que cree en la inversión y el capital extranjeros, pero también una posición que plantea y ejerce un modelo alternativo para hacer frente a la pobreza y a la exclusión en que se encuentran millones de personas en nuestro continente. Y aquí es donde debemos profundizar sobre otra de las grandes lecciones de lo acontecido en la República de Chile el pasado fin de semana.

La nueva Presidenta de Chile gobernará en un escenario político completamente diferente del escenario en el cual gobernará el próximo Presidente mexicano. El triunfo en la segunda vuelta electoral permitirá a Bachelet contar con el respaldo suficiente para poder sacar adelante en el Congreso las reformas y la propuesta de gobierno en torno de la cual se articuló la coalición por la democracia, coalición que se encuentra estructurada alrededor de un proyecto y no sólo a partir de intereses electorales coyunturales.

Ojalá que en el mediano plazo seamos capaces de aprender y asimilar las enseñanzas del proceso electoral chileno y entendamos que la única forma de contribuir a consolidar la democracia en nuestro país es llevando a cabo una reforma a fondo en nuestro sistema político, una reforma que nos permita generar incentivos para la cooperación entre las distintas fuerzas políticas, una reforma que nos obligue a colocar los intereses nacionales por encima de los intereses particulares y una reforma que garantice la gobernabilidad del país, independientemente de la orientación ideológica del gobierno en turno.

Ojalá también las fuerzas políticas nacionales reconozcamos de la democracia cristiana chilena su contribución para dar certeza y legalidad al proceso y al resultado electorales. Reconozcamos también la posición que en ese sentido emitió rápidamente quien fue el candidato de esa fuerza política de oposición en aquel país, cuando textualmente dijo: ``Felicito a Michelle Bachelet por su triunfo. No sólo porque será la primera Presidenta de Chile, sino también como un homenaje a esos millones de mujeres que con esfuerzo y tenacidad han logrado el lugar que les corresponde en nuestra sociedad'' --palabras de Sebastián Piñera--.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, no está por demás aprovechar la ocasión para pedir al señor Presidente de la República que durante la próxima visita a la República de Chile y a Honduras, observe las normas más elementales de la diplomacia y evite involucrar a nuestro país en nuevos diferendos internacionales.

De igual forma, exhortamos al titular del Ejecutivo a efecto de que en su encuentro con la Presidenta electa de Chile, en su carácter de Jefe de Estado le exprese y reitere el beneplácito del pueblo de México por el triunfo de la izquierda socialista chilena.

Por todo lo expuesto, presentamos a la consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo que se publica hoy en la Gaceta Parlamentaria, y el texto que contiene es el siguiente:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa sus más sinceras felicitaciones a la doctora Michelle Bachelet por el triunfo obtenido en las elecciones presidenciales de su país y le desea el mayor de los éxitos en el ejercicio de esta nueva responsabilidad que le ha sido conferida por el pueblo chileno.

Rogándole, señor Presidente, que pregunte a la Asamblea si es de considerarse de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al triunfo electoral de Michelle Bachellet en Chile, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito senador, Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus más sinceras felicitaciones a la Dra. Michelle Bachellet, por su triunfo en las recientes elecciones presidenciales celebradas en la República de Chile, y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad que le ha sido conferida por el pueblo chileno.

Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, senador. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición. Esta Presidencia tiene registrada a la senadora Lucero Saldaña para hablar en pro.

La senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente. Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, son dignos de reconocer los triunfos que se han tenido por diversas mujeres, y por supuesto que apoyamos y respaldamos este punto de acuerdo, particularmente de Michelle Bachelet, quien en su país fue secretaria de la Defensa Nacional y, como médica de profesión, tiene precisamente el sentir de la sociedad. Ella se ubica como la primera mujer elegida en su Estado chileno, pero también como la sexta en lo que representa a América Latina.

Es digna también de hacer mención Liberia, en que también una nueva Presidenta, Ellen Johnson, se convierte en la primera Jefa de Estado elegida en el continente africano. Ya en Asia han gobernado Filipinas y Sri Lanka mujeres, mientras que en Europa lo han hecho en Gran Bretaña, Dinamarca y Holanda. También es para considerar los reinados, que son funciones simbólicas y representativas, pero tienen también alto reconocimiento. Es importante señalar que en Finlandia, de hecho la Presidenta nuevamente ha sido elegida en su primer vuelta, con 46 votos a favor, y está, por fines de este mes, la segunda vuelta, lo cual significa que actualmente hay seis Jefas de Estado, además de Chile, Liberia y Finlandia, Filipinas, Irlanda y Letonia, y siete Jefas de Gobierno, recientemente Alemania, Nueva Zelanda, Bangladesh, Sao Tomé y Príncipe, Mozambique, Canadá y Bahamas. Creemos también que el sexo ha sido una variable fundamental relacionada con la actividad política. Se han visto las dificultades que se tienen, sobre todo a nivel cultural.

Efectivamente, muchos países han aceptado y aplicado lo que son acciones afirmativas, que son cuotas electorales; y esto ha permitido mayor participación. Pero a lo largo del mundo lo que nos preocuparía es esa construcción del sujeto político mujer, que es lo que nos brinda una garantía de la plenitud de los derechos de ciudadanía, no solamente para ser consideradas como el grueso del electorado.

Todavía tenemos grandes dificultades, ahí ese subregistro que se ha mencionado, en los ámbitos y espacios locales, municipales. Tan sólo en nuestro país hay 3.7 por ciento de presidentas municipales, y creemos que así las dificultades que han tenido varias mujeres en sus distintos regímenes, en los países, pues han tenido que ver con dificultades para tener realmente una presencia fuerte en los Parlamentos y en las funciones de gobierno.

Pero si bien creemos que el reconocimiento de las mujeres que suben y que están tomando ya la administración y el gobierno de sus países... no significa que estos avances y el incremento de la participación política femenina sean ya un objetivo de desarrollo ampliamente reconocido y constituye además uno de los cuatro indicadores dentro de los Objetivos del Milenio para analizar el progreso alcanzado con relación a la igualdad de género.

No obstante esta subrepresentación actual en los cargos, este instrumento transformará el tipo de decisiones que se tomen y generará un cambio de percepción, necesario para realizar avances mucho más genuinos en su condición de ciudadanas con derechos plenos. Respaldamos este punto de acuerdo, y el grupo del PRI estaría votando a favor.

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Lucero Saldaña. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Landero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Subo a esta tribuna para saludar el punto que está presentando el senador Melgoza, al cual por supuesto Acción Nacional se suma. Y nos parece importante en Acción Nacional subir a esta tribuna para expresar nuestra alegría de que una democracia como la chilena se esté consolidando con el triunfo de Michelle Bachelet, que llega a la Presidencia. Pero también subo a esta tribuna porque nos parece muy importante recalcar las lecciones y el aprendizaje que da este triunfo.

Este triunfo de los ciudadanos chilenos nos lleva primero a señalar la importancia de los acuerdos: el pueblo chileno ha sabido lograr acuerdos, tanto ciudadanos como entre los partidos y gubernamentales. Ha sabido también privilegiar las prioridades de las demandas ciudadanas, ha llevado a que también se privilegien las coincidencias sobre las diferencias; y esto ha permitido que puedan formarse coaliciones que parecieran utópicas, como que se realice una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano.

Es ahí donde en México todos los partidos políticos y actores sociales debemos tomar en cuenta esas lecciones. ¿Por qué no buscar aquellas coincidencias sobre las diferencias? ¿Por qué no buscar qué reformas son prioritarias, en dónde existen las coincidencias y sacarlas adelante? ¿Por qué no privilegiar los acuerdos de civilidad política más allá de las diferencias políticas o coyunturales que pudiera haber? Creo que también es un mensaje de prudencia y nos lleva a señalar que es posible que se privilegien la unidad y las prioridades ciudadanas sobre las divergencias. También es para nosotros un gusto señalar que haya triunfado una mujer tanto en el país de Liberia como en Chile porque eso da también fortaleza a que el tema de la equidad debe ir avanzando en nuestro país.

Debemos privilegiar también este tema, y saludamos con mucho gusto esta situación y conminamos a la delegación mexicana a que transmita nuestras felicitaciones a la nueva Presidenta y al gabinete que está por formar.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Landero. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Aprobada; comuníquese.

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BENITO JUAREZ GARCIA

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo relativo al decreto mediante el cual se declaró 2006 como Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García.

La senadora Yolanda Eugenia González Hernández: Con su permiso, senador Presidente; compañeras y compañeros legisladores: como todos sabemos, el 29 de diciembre de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial mediante el cual se declara 2006 como Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García, y --asimismo-- se instruye que a partir de la entrada en vigor del decreto toda la correspondencia oficial del Estado debe contener al rubro o al calce la leyenda ``2006, Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''. Este sencillo pero merecido homenaje a la memoria de una de las figuras más representativas de nuestra identidad nacional fue producto del consenso en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, ante un conjunto de medidas impulsadas por diversos compañeros y compañeras legisladores, entre las cuales destacan precisamente la formación de una comisión especial organizadora de los eventos conmemorativos del bicentenario y la acuñación de una moneda conmemorativa.

En ese sentido, considero que tan magno aniversario representa una invaluable oportunidad para reencontrarnos con las nuevas generaciones y que se involucren y conozcan la obra, el pensamiento y los valores de don Benito Juárez García, así como para reflexionar colectivamente sobre los cimientos en que está basada la grandeza de nuestra historia, de la cual hoy nos vemos recompensados con orgullo del fruto de las batallas y de las gestas heroicas de hombres como nuestro ilustre benemérito don Benito Juárez García. En ese sentido, al hablar del legado político y social de la obra de don Benito Juárez, pues representa una tarea fundamental e inagotable, simplemente para mencionar lo que son las Leyes de Reforma.

Es un breve ejemplo de los hechos que determinaron y consolidaron nuestra estructura jurídica y política como nación independiente. Las acciones y aportaciones históricas de don Benito Juárez constituyen un legado plenamente vigente en nuestra actual democracia republicana. En ese sentido, el bicentenario de su natalicio adquiere un profundo significado que, sin duda, trasciende lo dicho en esta tribuna.

Por eso, hoy solicito a las señoras y los señores legisladores que nos sumemos también nuevamente a celebrar el bicentenario del natalicio de nuestro Benemérito de las Américas, proponiéndoles el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados y a los cabildos municipales a que realicen sesiones solemnes el día 21 de marzo del año 2006, en conmemoración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García y, asimismo, acordar en sus respectivas instancias que en su papelería oficial incluyan la siguiente leyenda: ``2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

Segundo. Se exhorta respetuosamente, a través de la ANUIES, a todas las universidades públicas y privadas del país a sumarse al decreto del año del bicentenario, honrando la memoria de don Benito Juárez, incluyendo también al rubro o al calce de su correspondencia oficial la leyenda ``2006, Año del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García'', así como realizar y difundir en eventos conmemorativos la obra, la vida y el pensamiento de este ilustre mexicano.

Es cuanto, senador Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al decreto mediante el cual se declaró 2006 como Año de Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García, a cargo de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del PRI

Antecedentes

El pasado 29 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial mediante el cual se declara al año 2006, oficialmente como ``Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''; asimismo, se instruye que a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda correspondencia oficial del Estado, deberá contener al rubro o al calce la leyenda ``2006, Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

Este homenaje a la memoria de una de las figuras más representativas de nuestra identidad nacional, fue producto del consenso en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ante un conjunto de medidas impulsadas por diversos compañeros legisladores, entre las cuales destacan la integración de una Comisión Especial organizadora de los eventos conmemorativos del Bicentenario y la acuñación de una moneda conmemorativa.

En este sentido, el Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, es una importante oportunidad para retomar las mejores virtudes republicanas, y colocar, en su justa dimensión, la grandeza del legado del Presidente Juárez y con él, el de la generación de los liberales de 1857.

Sin duda, para toda nación es indispensable rendir homenaje a quienes dedicaron su vida a la construcción de nuestro Estado y en el caso de Don Benito Juárez, se puede decir que es uno de los pilares fundamentales en la consolidación del Estado Nacional Mexicano.

Los principios de no intervención; de la capacidad soberana de las naciones para elegir y determinar su destino, así como el principio de la tolerancia y el respeto a los derechos de los demás, son invaluables principios que han permeado, no sólo a muchas de nuestras instituciones, sino que han incluso influido el pensamiento y decisiones de política exterior a nivel internacional.

Para las nuevas generaciones en nuestro país, la obra, el pensamiento y los valores de don Benito Juárez García, deben convertirse en líneas y guías de actuación, sobre todo ante la ausencia de visiones de Estado.

Valorar nuestra historia no significa rendir culto a estatuas o figuras de bronce, como muchos han querido hacer sentir. Se trata de recuperar nuestras mejores tradiciones republicanas y democráticas y, sobre todo, se trata de recuperar lo que muchos de nuestros dirigentes lamentablemente han perdido:

Sentido de Patria, que en evidencia, el Presidente Juárez encarna y simboliza en nuestra historia.

En este sentido, el legado político y social de la obra de Don Benito Juárez, representa una fuente permanente de ejemplos sobre el compromiso y amor por México: las Leyes de Reforma; la Ley del Matrimonio Civil y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, son tan sólo algunos de los hechos que determinaron y consolidaron nuestra estructura jurídica y política como nación independiente.

Las acciones y aportaciones históricas de Don Benito Juárez, constituyen un legado plenamente vigente en nuestra actual democracia republicana. En este sentido el Bicentenario de su natalicio, adquiere un profundo significado que sin duda trasciende lo dicho en esta tribuna.

Es por ello que, todo el país, debiera recordar y redimensionar la figura de uno de los grandes hombres de nuestra historia.

La memoria de Juárez no se borra quitando su retrato del Palacio Nacional; los esfuerzos por reestablecer valores caducos que pretenden hacer de morales privadas, virtudes públicas, lo único que han logrado es situar, en su justa dimensión, el tamaño de los hombres que han tenido la responsabilidad de guiar y de defender a la República. Por lo que respecta a Juárez, su grandeza está más allá de toda duda.

Por lo anterior, quiero sumarme a los llamados a celebrar el Bicentenario del natalicio de nuestro Benemérito de las Américas, proponiendo ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y a los cabildos municipales y a las universidades públicas de todo el país, a que realicen sesiones solemnes el próximo día 21 de marzo del año 2006, en conmemoración del Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García, e incluyan al rubro o al calce de su papelería oficial la siguiente leyenda: ``2006, año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a todas las universidades públicas y privadas del país a sumarse al decreto del año del Bicentenario, honrando la memoria de don Benito Juárez al incluir al rubro a al calce de toda su correspondencia oficial la leyenda: ``2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero de 2006.--- Senadora Yolanda Eugenia González Hernández (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora González Hernández. Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

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CAÑA DE AZUCAR

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre el tema de los ingenios azucareros expropiados por el Gobierno Federal.

El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: el pasado lunes 16 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre un tema que en innumerables sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como en el seno de sus comisiones, diputados y senadores siempre expresaron que era un paso inadecuado: la expropiación de los ingenios azucareros.

Aunque seamos reiterativos, hay que insistir en que la agroindustria de la caña de azúcar es estratégica para nuestro país, pues el valor de la producción nacional asciende a 30 mil millones de pesos, representa un poco más de 0.5 del Producto Interno Bruto nacional, participa con 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional, genera alrededor de 2.5 millones de empleos directos e indirectos y utiliza más de 700 mil hectáreas de cultivo. Se trata de una actividad que genera trabajo en 59 ingenios azucareros, los cuales irradian beneficios en 227 municipios de 15 entidades federativas, donde residen 12 millones de mexicanos. Por tanto, todo lo que el Ejecutivo ha dejado de hacer o ha hecho mal ha repercutido negativamente tanto social y económica como políticamente en extensas regiones de México y en un gran número de sus habitantes.

Tengamos presentes casos concretos, como cuando, ante el establecimiento del IEPS a la fructosa, el Ejecutivo intentó su abrogación mediante un decreto administrativo en 2002, mismo que el Poder Judicial federal consideró inconstitucional; igualmente, el decreto, del 14 de enero del año 2005, con el que la Sagarpa informó de la decisión presidencial de abrogar el decreto cañero, eliminando con ello la única reglamentación existente para ordenar la producción y el mercado de un cultivo estratégico, como establece la Constitución; o bien, de los intentos de veto, los juicios de amparo y las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, emanada del propio Congreso para llenar la laguna jurídico-productiva creada por el Presidente de la República. Al plan del Ejecutivo de reducir los aranceles de la importación azucarera, así como de establecer cupos de importación de la misma, mediante licitación pública para satisfacer la demanda nacional e incentivar la baja de los precios, hay que añadir la impericia con que manejó la expropiación de los ingenios azucareros.

Ahora, resulta que la solución que se había encontrado para aliviar la crisis de la agroindustria concluyó en un fiasco jurídico y administrativo de consecuencias inmensurables. En efecto, la expropiación selectiva de 27 de los 59 ingenios azucareros el 3 de septiembre del año 2001, que aportaban entonces 47 por ciento de la producción nacional para supuestamente ordenar el mercado azucarero y revenderlos a más tardar en marzo del año 2003, se ha convertido en otra acción inútil y sin fundamento constitucional, de acuerdo con lo resuelto en estos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente entonces que la política azucarera aplicada por el gobierno del Presidente Vicente Fox no ha servido para dar ordenamiento y transparencia al mercado, por falta de pericia jurídica y sensibilidad para solucionar los múltiples problemas laborales, productivos, competitivos y sociales del sector. Hoy, dichas acciones se revierten: el gobierno tuvo que destinar alrededor de 3 mil millones de pesos para mantener en operación los ingenios expropiados, y ahora tendrá que sumar el costo que implican la indemnización y los daños y perjuicios.

No podemos soslayar que el responsable de haber iniciado ese tipo de decisiones equivocadas fue en su momento el secretario Javier Usabiaga, que incluso abandonó su cargo dejando en crisis el sector cañero, en busca de un cargo de elección popular. Como si el ayer no fuera aleccionador, el día de ayer, desde Washington, el actual secretario Francisco Mayorga declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia contra la expropiación de los ingenios azucareros sólo aceleró su eventual regreso a manos privadas; es decir, para él no hay repercusiones.

Con esto, el actual secretario demuestra ser otro desconocedor de la materia y confunde las figuras jurídicas, como la intervención que se pudo haber utilizado, ya que aunque no fue su decisión, él era parte de ese equipo de trabajo en la Secretaría de Agricultura. La gran diferencia al expropiar son los costos asociados que esta operación implica, que son cuantiosos, así como la eventual recuperación que se originaría con su venta y, sobre todo, el atropello del Estado de derecho, del cual debe ser garante el mismo gobierno. Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión...

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Señor senador, le suplico que concluya.

El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Concluimos. Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión tiene que llamar nuevamente a cuentas a los funcionarios involucrados pues, además de estos amparos perdidos por el gobierno, debemos saber la situación de los otros casos. Los medios de comunicación dan cuenta de que de los 27 ingenios expropiados, 2 se han desistido de la demanda contra el gobierno, 11 han pasado a manos de éste, 4 tienen que ser devueltos y que los otros 10 pueden correr la misma surte de ser perdidos. Es necesario saber también lo que ha ocurrido con la gestión pública de estos ingenios, pues recordemos que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría especial al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, en la que documentó que en 2002 había encontrado diversas insuficiencias en sus registros contables y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios.

Ante ese revés del Ejecutivo, que genera incertidumbre y provoca suspicacias en el sector y en toda la sociedad, se hace necesario que comparezcan ante este Poder Legislativo los señores secretario de Agricultura y titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para que informen al Poder Legislativo de la Unión del estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como de la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de esos ingenios.

Concluyendo: toda vez que el tema se ha venido tratando por el Senado de la República desde la LVIII Legislatura, en la que se constituyó incluso una comisión especial para los asuntos relativos a la agroindustria azucarera, nos permitimos solicitar atentamente a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que la presente proposición con punto de acuerdo se turne a la Cámara de Senadores para que dictamine la procedencia del mismo y la comparecencia solicitada.

Pasamos pues a la proposición con punto de acuerdo.

Único. Con motivo de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales invalidan las expropiaciones de ingenios azucareros realizadas por parte del Poder Ejecutivo en 2001, se cita a comparecer a los señores secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, y titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para que informen al Poder Legislativo de la Unión del estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como de la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de dichos ingenios.

Dejamos en poder de la Mesa Directiva la petición del presente punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el tema de los ingenios azucareros expropiados por el Gobierno Federal, a cargo del senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del PRI

En innumerables sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como en el seno de sus comisiones, diputados y senadores hemos subrayado la importancia del sector azucarero; cuestionando también las erráticas políticas del gobierno para evitar la crisis por la que atraviesa.

Aunque seamos reiterativos, hay que insistir en que la agroindustria de la caña de azúcar es de estratégica importancia para nuestro país, pues el valor de la producción nacional asciende a los 30 mil millones de pesos.

Es decir: representa poco más del 0.5% del PIB Nacional; participa con el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional; genera alrededor de 2.5 millones de empleos directos e indirectos; y utiliza más de 700 mil hectáreas de cultivo.

Se trata de una actividad que genera trabajo en 59 ingenios azucareros, los cuales irradian beneficios en 227 municipios de 15 entidades federativas; donde residen 12 millones de mexicanos.

Por tanto, todo aquello que el Ejecutivo ha dejado de hacer o hecho mal, ha repercutido negativamente --social, económica y políticamente-- en extensas regiones de México y en un gran número de sus habitantes.

Tengamos presente casos concretos, como cuando ante el establecimiento del IEPES a la fructuosa, el Ejecutivo intentó su abrogación mediante un decreto administrativo del 2002, mismo que el Poder Judicial Federal consideró inconstitucional.

Qué decir del decreto del 14 de enero de enero de 2005, con el que la Sagarpa informó la unilateral y caprichosa decisión presidencial de abrogar el decreto Cañero, para que dejara de ser de interés público la siembra, el cultivo y la industrialización de la caña de azúcar.

O bien, de los intentos de veto, los juicios de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, emanada del propio Congreso para llenar la laguna jurídico-productiva creada por el Presidente.

Al plan del Ejecutivo de reducir los aranceles de la importación azucarera, así como de establecer cupos de importación de la misma mediante licitación pública para satisfacer la demanda nacional e incentivar la baja de los precios, hay que añadir la impericia con que manejó la expropiación de ingenios azucareros.

Resulta ahora, que la genial solución que el mejor secretario de Agricultura de México, Javier Usabiaga, había encontrado para ``aliviar'' la crisis de la agroindustria concluyó en un fiasco jurídico y administrativo de consecuencias inmensurables.

En efecto, la expropiación selectiva de 27 de los 59 ingenios azucareros el 3 de septiembre del 2001 (que aportaban entonces el 47% de la producción nacional) para reordenar el mercado azucarero y revenderlos a más tardar en marzo del 2003, se ha convertido en otra acción inútil y sin fundamento constitucional, de acuerdo con lo resuelto en estos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente entonces, que la política nacional azucarera del gobierno del Presidente Vicente Fox no ha servido para dar ordenamiento y transparencia del mercado; y que falta pericia jurídica y sensibilidad para solucionar los múltiples problemas laborales, productivos, competitivos y sociales del sector.

El gobierno tuvo que destinar alrededor de 3 mil millones de pesos para mantener en operación los ingenios expropiados y ahora tiene que revertirlos con el alto costo que ello implica.

Ante estas recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión tiene que llamar nuevamente a cuentas a los funcionarios involucrados; pues además de estos amparos perdidos por el gobierno, debemos saber la situación de los otros casos.

Los medios de comunicación dan cuenta de que de los 27 ingenios expropiados, 2 se han desistido de la demanda contra el gobierno; 11 han pasado a manos de éste; que 4 tienen que ser devueltos; y que los otros 10 pueden correr la misma suerte de ser perdidos.

Es necesario saber también lo que ha ocurrido con la gestión pública de esos ingenios, pues recordemos que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoria especial al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, en la que documentó que en el 2002 había encontrado diversas insuficiencias en sus registros contables y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios.

En el mismo contexto, es necesario que los mexicanos y los integrantes de la cadena productiva sepan con claridad los procesos comerciales que el gobierno ha realizado en estos años como encargado de los ingenios, pues existe la posibilidad de que aunado a que no hay garantías de un manejo transparente, se hayan realizado prácticas poco convenientes para los intereses del sector.

Cuando se expropiaron los ingenios se dijo que la intención era evitar poner en riesgo a los trabajadores de los ingenios y a los prestadores de servicios conexos. Se dijo que con la medida se quería propiciar una correcta y honesta administración de la agroindustria, eliminando las prácticas indebidas de ``un grupo de personas que han afectado al sector''.

Ante este revés del Ejecutivo, que genera incertidumbre y provoca suspicacias en el sector y en toda la sociedad, se hace necesario que comparezcan ante este Poder Legislativo los señores secretario de Agricultura y titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, para que informen al Poder Legislativo de la Unión, el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de estos ingenios.

Toda vez que esta Comisión Permanente se encuentra por concluir sus trabajos legislativos, me permito solicitar atentamente a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, que la presente proposición con punto de acuerdo se turne a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Senadores, para que dictamine la procedencia del mismo y de la comparecencia solicitada.

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Con motivo de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales invalidan las expropiaciones de ingenios azucareros realizados por parte del Poder Ejecutivo Federal en el año 2001, se cita a comparecer a los CC. secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, y titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, para que informen al Poder Legislativo de la Unión el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, as! como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de dichos ingenios.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Sen. Antonio Aguilar Bodegas.»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Aguilar Bodegas. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República.

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TRATADO DEL LIBRE COMERCIO

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Mario Zepahua Valencia para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que aplique con seriedad las políticas pertinentes para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: a más de 10 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos de América, uno de los desacuerdos predominantes es el relativo a los transportistas fronterizos, debido a eventos cotidianos que producen iniquidad entre los Estados, sin que se logren aplicar las soluciones previstas en el concordato, dada la deficiente interpretación de la norma por parte de cada una de las naciones, colocando este sector productivo en nuestro país en crisis.

Conforme a lo convenido con el acuerdo trilateral en materia de transporte, en una primera etapa la frontera de México con Estados Unidos se abrió a la libre circulación el 18 de diciembre de 1995. Este compromiso menciona que los camiones mexicanos de carga transitarán por California, Arizona, Nuevo México y Texas; y los transportistas estadounidenses, por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California. Este intercambio, agrega el acuerdo internacional, se dará siempre y cuando el origen o destino del transporte comercial suceda fuera del territorio nacional, lo cual para México ha representado en los últimos 10 años un ingreso de 142 por ciento más en comparación con los 10 anteriores.

En una segunda etapa, el tratado señala que a partir de 2000 los camiones de carga mexicanos y estadounidenses podrán transitar por la totalidad del territorio de ambos países; sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos de América en 1999 impuso una política dilatoria para postergar el libre tránsito de camiones mexicanos por su territorio en su totalidad, argumentando que los vehículos mexicanos no cumplen los requisitos de seguridad, todo ello motivado por actos de presión de empresas camioneras estadounidenses como Teamster, la Fundación Legal Ambientalista, la Asociación de Empresarios de Camiones de California y el Grupo Civil Ciudadano Público, quienes demandado ante la Corte Suprema del país vecino una orden de restricción urgente para los camioneros mexicanos.

Es importante invocar que el 17 de enero de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó que su gobierno debe estudiar el impacto causado al medio ambiente con la apertura de las carreteras a transportistas mexicanos, por lo que se pospuso el permiso para conceder el ingreso de camiones mexicanos en el territorio estadounidense en tanto no se realizara una declaración completa sobre el impacto ambiental producido, lo cual fue desobedecido por parte del Gobierno Federal.

Más allá de lo antes señalado, debemos ponderar que el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo del transporte, obliga a las naciones a cumplir especificaciones que hasta hoy no han sido observadas por Estados Unidos, a lo cual el Poder Legislativo federal no ha sido omiso o ajeno al problema, habida cuenta de que el Senado de la República, el jueves 4 de septiembre de 2003, aprobó un punto de acuerdo, propuesto por el senador Emilio Gamboa Patrón, a través del cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal mexicano a poner solución a este problema.

Por lo anterior, es de concluir que no existe solución a estos días para este conflicto, por lo que es importante hacer más esfuerzos para lograr el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en los términos en que fue concebido durante su negociación en lo referente a los transportistas de carga, situación que sólo se logrará con la intercesión de la Cancillería, por ser la legitimada para negociar las soluciones concretas que verdaderamente beneficien a nuestro país mediante la aplicación de los procedimientos diplomáticos pertinentes que resuelvan con políticas serias la erradicación de actos discriminatorios que afectan el mercado mexicano y a los transportistas nacionales que se ven afectados en su economía sólo por intereses extranjeros ajenos a esta nación.

Por ello invito a esta honorable Asamblea a realizar una exhortación para que el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, tome cartas en el asunto de una vez por todas y resuelva lo conducente a fin de dar por terminado este conflicto. De lo anteriormente expuesto se desprende el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se solicita que se exhorte, con respeto de su competencia, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, a que se apliquen con seriedad las políticas pertinentes de legalidad previstas en el Tratado de Libre Comercio para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos que transiten por Estados Unidos de América.

Segundo. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de enero de 2006.

Señor Presidente, solicito de manera atenta que se publique íntegro el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Relaciones Exteriores a aplicar con seriedad las políticas tendentes a erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que la operación de las actividades de los transportistas fronterizos mexicanos no se vea condicionada a cumplir especificaciones ajenas a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos de América, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

A más de 10 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos de América, uno de los desacuerdos predominantes es el relativo a los transportistas fronterizos, debido a eventos cotidianos que producen iniquidad entre los Estados parte, sin que se logren aplicar las soluciones previstas en el concordato, dada la deficiente interpretación de las normas por parte de cada una de las naciones, colocando a este sector productivo en nuestro país en crisis.

Conforme a lo convenido en el acuerdo trilateral en materia de transporte en una primera etapa, la frontera de México con Estados Unidos se abrió a la libre circulación el 18 de diciembre de 1995. Este compromiso menciona que los camiones mexicanos de carga transitarán por California, Arizona, Nuevo México y Texas; y los transportistas estadounidenses, por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California.

Este intercambio, agrega el acuerdo internacional, se dará siempre y cuando el origen o destino del transporte comercial suceda fuera del territorio nacional, lo cual para México ha representado en los últimos 10 años un ingreso de 142 por ciento más en comparación con los 10 anteriores.

En una segunda etapa, el tratado señala que a partir de 2000 los camiones de carga, mexicanos y estadounidenses, podrán transitar por la totalidad del territorio de ambos países. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos de América en 1999 impuso una política dilatoria para postergar el libre tránsito de camiones mexicanos por su territorio en su totalidad, argumentando que los vehículos mexicanos no cumplían los requisitos de seguridad; todo ello, motivado por actos de presión de empresas camioneras estadounidenses como Teamsters, la Fundación Legal Ambientalista, la Asociación de Empresarios de Camiones de California y el Grupo Civil Ciudadano Público, quienes demandaron ante la Corte Suprema del país vecino una orden de restricción urgente para los camioneros mexicanos.

Los argumentos de esas organizaciones no se basan en causas fundadas sino en el riesgo de que la contratación de los transportistas mexicanos los desplace del libre mercado por resultar su costo más barato: un camionero estadounidense cobra cerca de 32 centavos de dólar por milla; en tanto, los transportistas mexicanos cobran la mitad. Con ello se consuma la ilegal solidaridad del Gobierno de Estados Unidos de América en el caso concreto, ya que persiste el incumplimiento de lo convenido en el tratado.

Más allá de esto, el gobierno norteamericano en noviembre de 2002, en uso de sus atribuciones soberanas, dictó una norma interna que autorizó la apertura de las autopistas a camiones mexicanos para circular únicamente en las zonas comerciales fronterizas de 32 kilómetros a la redonda, mediante un plan según el cual los camiones de las empresas con sede en México acatarán las leyes federales, estatales, los procedimientos dictados por el Departamento de Transporte, las reglas de seguridad, los exámenes por consumo de drogas, los requerimientos de seguros y el pago de impuestos, así como las directrices que señale el Servicio de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.

Es importante invocar que el 17 de enero de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó que su gobierno debe estudiar el impacto causado al medio ambiente con la apertura de las carreteras a transportistas mexicanos, por lo que se pospuso el permiso para conceder el ingreso de camiones mexicanos en el territorio estadounidense en tanto no se realizara una declaración completa sobre el impacto ambiental producido, lo cual fue desobedecido por parte del Gobierno Federal.

Más allá de lo antes señalado, debemos ponderar que el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo de transporte, obliga a las naciones a cumplir especificaciones hasta hoy que no han sido observadas por Estados Unidos, a lo cual el Poder Legislativo federal no ha sido omiso o ajeno al problema, habida cuenta de que el Senado de la República, el jueves 4 de septiembre de 2003, aprobó un punto de acuerdo, propuesto por el senador Emilio Gamboa Patrón, a través del cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal mexicano a poner solución a este problema.

Por lo anterior es de concluir que no existe solución a estos días para este conflicto, por lo que es importante hacer más esfuerzos para lograr el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en los términos en que fue concebido durante su negociación, en lo referente a los transportistas de carga, situación que sólo se logrará con la intercesión de la Cancillería, por ser la legitimada para negociar las soluciones concretas que verdaderamente beneficien a nuestro país, mediante la aplicación de los procedimientos diplomáticos pertinentes que resuelvan con políticas serias la erradicación de actos discriminatorios que afectan el mercado mexicano y a los transportistas nacionales que se ven afectados en su economía sólo por intereses extranjeros ajenos a esa nación. Por ello invito a esta honorable asamblea a realizar una exhortación para que el secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, tome cartas en el asunto de una vez por todas y resuelva lo conducente a fin de dar por terminado este conflicto.

Por lo anteriormente expuesto se desprende el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita que se exhorte con respeto de su competencia al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, a que se apliquen con seriedad las políticas pertinentes de legalidad previstas en el Tratado de Libre Comercio para erradicar la práctica de medidas discriminatorias contra los transportistas mexicanos que transitan por Estados Unidos de América.

Segundo. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Zepahua. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo e insértese en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado, el texto íntegro.

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CAÑA DE AZUCAR

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Sagarpa que rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el Gobierno Federal en el periodo en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió, los beneficios generados y las medidas que en este nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera, citando a comparecer al titular de la Sagarpa sobre el tema.

El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias, compañero Presidente. Y aunque el compañero Aguilar Bodegas tocó el tema, me parece importante hacer algunas puntualizaciones: en principio, lo que va a generar esta resolución de la Corte, no solamente sobre el amparo promovido por Fomento Azucarero del Golfo, de Grupo Machado, sino lo que evidentemente va confluir en que el mismo criterio se utilice para los otros amparos, y en consecuencia los 27 ingenios del país seguramente bajo esta resolución regresarán a sus dueños originales.

Esta resolución estableció que, tratándose de expropiaciones, debe haber garantía de audiencia previa, y de ahí se llevó a la declaratoria de que quede interrumpida la jurisprudencia en sentido contrario y se establece un primer precedente que, de ser reiterado en cuatro ocasiones más, dará lugar a una nueva jurisprudencia. Ello significó hacer válido el recurso de amparo interpuesto por este grupo y va, en consecuencia, la obligación del Estado de reintegrar a ese grupo los ingenios que le fueron expropiados en 2001 por causa de utilidad pública.

La referencia que hacía el Estado era en el sentido de que la agroindustria azucarera nacional atravesaba por una fuerte crisis, que afectaba la salud financiera de las empresas y los ingresos de los productores cañeros, debido a la competencia desleal de la fructosa, tanto de la que se importaba de Estados Unidos como de la que se producía internamente con maíz subsidiado por ese mismo país; que se habían acumulado los excedentes de azúcar por cerca de 3 millones de toneladas métricas en el periodo 1995-2001; que no podían ser colocadas en el mercado nacional ni mucho menos en el internacional, donde los precios eran inferiores a los costos de producción del azúcar en el país; y que la mayoría de los ingenios eran insolventes para hacer frente a sus compromisos financieros y las instituciones de crédito ya no podían continuar prestándoles, lo que ponía en peligro los pagos de los adeudos, en particular con los productores cañeros, a quienes no se les podía cubrir el costo de sus productos.

Con esos argumentos y ante lo dramático de la situación, que se manifestaba en las calles de manera cada vez más desesperada por los productores, el Estado tomó la decisión de expropiar los 27 ingenios que tenían los mayores problemas financieros, aduciendo, como ya dijimos, razones de utilidad pública y la insolvencia de los ingenios.

Fue un hecho que con esa medida expropiatoria, sumada a la aplicación del impuesto especial de 20 por ciento aplicado a las bebidas endulzadas con edulcorantes distintos del azúcar, adoptada por este Congreso, se crearon condiciones favorables para el repunte de la actividad azucarera y se hizo posible el saneamiento de los ingenios y apoyar el ingreso de los productores cañeros.

Pero hoy, compañeras y compañeros legisladores, nos enteramos de que el Ejecutivo no fundamentó adecuadamente las razones de la utilidad pública de la expropiación, pues lo que se nos decía no llevaba a la necesidad de expropiar los ingenios. La Corte no encontró correctamente fundamentadas las razones de la utilidad pública de la expropiación de los ingenios y la revirtió, pues no consideró válido el argumento del desabasto de azúcar, habida cuenta del monto que --ya comentamos-- era de cerca de 3 millones en el abasto, en las reservas de la producción de azúcar.

Pero, además, también la revirtió porque consideró que la insolvencia no era razón de la expropiación de los ingenios, ya que podían recurrir a otras fuentes para su financiamiento, sin necesidad de llegar a la expropiación. Como se dijo, la resolución que invalida la expropiación también se basa en la nueva jurisprudencia que en la misma sesión estableció la Corte sobre el derecho de audiencia, el cual deberá garantizar previo a la expropiación. Y esto, creo, es verdaderamente preocupante y --aquí seguramente mis amigos doctores que hay sobre el tema-- será motivo de análisis y revisión probablemente en el periodo ordinario porque, bajo esta nueva jurisprudencia, se va a anteponer el bien individual al bien de la colectividad.

Hay que llamar la atención sobre el riesgo que representa anteponer el bien individual al colectivo en los casos de expropiación de utilidad pública, pero eso será sin duda, como lo comentamos, motivo de una reflexión mayor. Pero respecto a la insolvencia como razón de utilidad pública o no, queremos expresar enfáticamente que reprobamos lo actuado por el Ejecutivo, por haber incurrido en una falla fundamental que, sin duda, tendrá costos económicos para la sociedad, que es quien por la vía fiscal tiene que pagar el error cometido.

En un marco de transparencia en la función pública y rendición de cuentas, esa falta tiene que ser reparada y sancionada, como el perjuicio económico que pudiera haberse causado a la sociedad.

Los funcionarios responsables de ese error deben enfrentar sus responsabilidades, y en el Congreso debemos actuar en consecuencia para resguardar el patrimonio de la sociedad. Para clarificar la magnitud del daño, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar a su consideración la aprobación del siguiente

«Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Sagarpa que a la brevedad, rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el Gobierno Federal en el periodo en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió con tal medida, los beneficios generados, y las medidas que en el nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera.

Segundo. Se cita a comparecer al titular de la Sagarpa para que analice con esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los fundamentos jurídicos en que esa dependencia basó la expropiación de los ingenios y las razones por las que fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia, así como las implicaciones que de ellos se derivan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2005.--- Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica).»

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ojeda. En virtud de que el asunto es similar al presentado por el senador Aguilar Bodegas, túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República.

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VAMOS MEXICO

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rinda un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la fundación Vamos México, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la fundación Vamos México, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que las organizaciones sociales que reciben recursos públicos se manejen conforme a lo establecido en las normas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes

Considerandos

El desarrollo de todos los sectores de la población constituye un factor fundamental para el crecimiento de un país, lo que para el Estado Mexicano cobra mayor importancia debido a que durante los últimos años el índice de pobreza en México se ha incrementado de tal manera que más de la mitad de la población mexicana se encuentra en esta situación.

Mitigar la pobreza es uno de los objetivos del Estado, para lo cual la política social ejerce acciones directas en el Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de llevar a cabo la implementación de políticas públicas de desarrollo social que reduzcan la desigualdad, la marginación y la pobreza de los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se brinde igualdad de oportunidades con respecto a los demás sectores de la sociedad.

Por lo anterior, el titular de la Administración Pública Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social coordina junto con los estados y municipios los programas de combate a la pobreza, sin embargo por la magnitud de esta problemática las acciones gubernamentales resultan limitativas en su alcance para satisfacer las necesidades mínimas de la población, es por ello que surgen las asociaciones civiles como apoyo al Estado en la consecución de sus fines con la sociedad, tal es el caso de la Fundación ``Vamos México'' que tiene como misión combatir a la pobreza y pobreza extrema mediante acciones que le permitan a los grupos vulnerables de la población mexicana alcanzar un desarrollo más equitativo.

Las organizaciones sociales como la Fundación ``Vamos México'' operan con fondos de los sectores público, privado y social, sin embargo de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, las organizaciones podrán recibir fondos públicos para operar programas sociales propios, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, fundamento legal que a todas luces se incumple, ya que es bien sabido que la señora Martha Sahagún de Fox funge como presidenta de dicha fundación, violándose esta normatividad y poniendo en duda la transparencia de sus cometidos en más de una ocasión durante el presente sexenio.

Si bien es cierto, de acuerdo al artículo 27, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación es responsable de conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con las organizaciones sociales y demás instituciones sociales, no obstante esta dependencia ha adoptado una postura indiferente ante los fenómenos que presumen actos ilícitos en el seno de la Fundación ``Vamos México,'' por tratarse de intereses particulares que trastocan la vida personal del Presidente Vicente Fox Quesada.

Sin embargo, es un deber de los servidores públicos de todos los niveles como ocurre en el caso del secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, en su calidad de responsable de las finanzas públicas informar a la ciudadanía acerca del manejo del gasto público erogado en los últimos cinco años en el caso de los recursos económicos destinados para la Fundación ``Vamos México'', toda vez que conforme al artículo 31, fracciones XVII y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a esta dependencia llevar los registros que requieran la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal, así como el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de presupuestación y contabilidad.

Por tales consideraciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra legitimada para efectuar actos de fiscalización a la Fundación ``Vamos México'', toda vez que es ésta la encargada de canalizar los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines como organización encomendada de participar en la política social de abatimiento a la pobreza, sin que hasta éste momento la población civil pueda conocer de manera puntual el destino final de los recursos públicos presuntamente empleados para el apoyo de los que menos oportunidades de crecimiento económico-social tienen en el país, razón por la que insto a esta honorable Asamblea para que los mexicanos conozcan con verdad la suerte final de los recursos ingresados al haber patrimonial de la Fundación ``Vamos México''.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se solicita se realice una atenta y respetuosa exhortación al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, para que rinda un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la Fundación ``Vamos México'' en el periodo del 2001 al 2005.

Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

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PEMEX

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Se recibió proposición con punto de acuerdo para que el Presidente de la República informe a esta representación nacional de los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional que le fueron solicitados el 13 de octubre de 2005, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que el Presidente de la República informe a esta representación nacional sobre los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional que le fueron solicitados el 13 de octubre de 2005, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del PRI

Exposición de Motivos

El día 13 de octubre del 2005, un grupo de diputados elevamos al Pleno una proposición, que hizo suya la Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo para que el C. Presidente de la República, Lic. Vicente Fox, enviara a esta representación popular los planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

Entre otras cosas, afirmamos lo siguiente:

Las iniciativas de decreto que reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución, de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de gas natural no asociado al petróleo y de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía que el Ejecutivo envió a esta Cámara el día 20 de septiembre del 2005, apuntan al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos.

Transitar de un régimen de exclusividad a uno prioritario, donde concurran los sectores público, social y privado en la realización de las actividades de gas natural no asociado al petróleo implica perder de vista la necesidad de capitalizar a la empresa paraestatal y auspiciar un cambio de fondo en su régimen fiscal, de efectuar las modificaciones necesarias al marco legal a fin de que ella alcance la autonomía de gestión y darle la posibilidad de que obtenga la tecnología que requiere para su desarrollo.

En la medida en que Pemex siga siendo contemplado por el gobierno federal como si se tratase de un organismo recaudatorio, las ineficiencias y rezagos se irán acumulando. No es la incorporación del sector privado la solución para incrementar la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo; el régimen de concesiones y asignaciones que se propone, evade contemplar una verdadera reforma energética que fortalezca a la industria petrolera nacional.

Si el gobierno no mejora su capacidad recaudatoria y lleva a cabo las modificaciones fiscales que le permitan aumentar considerablemente sus ingresos tributarios, estaremos mermando la posibilidad de contar en el futuro con la soberanía energética que es el objetivo fundamental de Pemex para que podamos crecer y desarrollarnos a un ritmo que asegure mejor calidad de vida para la mayoría de la población.

Habrá que preguntarse porqué a pesar de los altos precios del petróleo Pemex necesita de la inversión privada para llevar a cabo sus actividades de exploración, explotación, mantenimiento de la red de ductos, transformación a petrolíferos y petroquímicos de alta calidad y bajo costo; dónde están los miles de millones de dólares adicionales a lo presupuestado; qué se ha hecho con el dinero que genera la empresa paraestatal más importante de país. Ahora se pretende calificar a la industria petrolera nacional de ineficiente, sin tomar en cuenta que ha sido la columna vertebral de la economía mexicana en los últimos años. Lo razonable es fortalecer las finanzas de Pemex y otorgarle autonomía de gestión, pero por lo que vemos se camina en sentido contrario, porque en las Iniciativas enviadas se le atribuye a la Secretaría de Energía la facultad de asignar o licitar las concesiones a los particulares que pretendan invertir en la actividad que dejaría de ser exclusiva de Pemex.

Señor Presidente, porqué no se propone una reforma energética a fondo, que fortalezca al Estado y a la paraestatal, que asegure la salud financiera de Pemex y le permita al organismo desarrollar todo su potencial. Se nos quiere hacer creer que reformas como las que contienen las iniciativas que usted envió el pasado septiembre corrigen insuficiencias de Pemex. Hay que entrarle a fondo a la reforma energética sin que ello implique la destrucción de los activos que son propiedad de la nación. Pemex genera un considerable volumen de riqueza para el país. El gobierno ha desaprovechado los cuantiosos recursos excedentes que le ha entregado la actividad petrolera. Dónde está la infraestructura que debió construirse con los miles de millones de dólares generados en exceso. Dónde están las actividades productivas que debieron impulsarse. Es preciso frenar ya el apetito de funcionarios e inversionistas que tienen en la mira al petróleo. Las reformas deben ir por otro lado, señor Presidente.

De otra manera, no es explicable el lamentable estado en que esta administración ha mantenido a Pemex. El costo de operación subió considerablemente lo que mal habla de lo acertado de la planeación y de la eficacia de sus directivos. Nunca como ahora Pemex ha tenido recursos para la inversión, aun cuando éstos sean de deuda; sin embargo, las reservas van en caída libre, sin ningún proyecto importante que contemple la perforación en aguas profundas en aquellas zonas en donde hay casi la seguridad de encontrar mantos importantes. Los directivos de Pemex se han lamentado de lo alarmante de la disminución de la reserva, pero no se ha actuado en consecuencia, pues probablemente ha habido incapacidad para el ejercicio presupuestal y para la planeación y desarrollo de proyectos que permitan la recuperación de los niveles de reserva que aceleradamente hemos perdido.

Por otra parte, el fracaso en los proyectos para exploración y explotación de gas no asociado al petróleo, hacen pensar que su gobierno no ha podido canalizar los recursos necesarios a esa importante tarea y no ha sido capaz de instrumentar proyectos con recursos propios. Cada día dependemos más del gas importado, habida cuenta de que no se expande la producción de gas no asociado y aumenta considerablemente la demanda doméstica y la de los generadores independientes de energía eléctrica que ya aportan, en plantas de ciclo combinado, casi la tercera parte de la electricidad que consumimos. Lejos de enfrentar el problema a través de la reorganización de esta actividad en el organismo, ahora el gobierno desea continuar el desmantelamiento de Pemex, mediante asignaciones y concesiones a particulares para acabar con la exclusividad que la Constitución confiere al organismo para realizar esas tareas.

Las iniciativas enviadas el pasado día 20 de septiembre del 2005, son un intento más que no sabemos si atribuirlo a la mala fe, el dolo o la miopía de los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía y de sus asesores más cercanos de la Presidencia de la República.

El punto de acuerdo al que me he referido contiene lo siguiente:

1. Reponer el patrimonio cuya pérdida casi total ha sufrido Pemex durante su Administración.

2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiriegas para financiar el gasto público.

3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso es apenas un primer paso.

4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.

5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas mediante exploración en aguas profundas.

6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados.

7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.

8. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.

9. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.

10. Exponer los proyectos de la paraestatal sobre la remediación de suelos y conservación del medio ambiente en zonas petroleras.

11. Justificar el exceso de trabajadores de confianza en Pemex y el aumento de los costos de operación.

12. Exhibir proyecto sobre el mejoramiento del servicio médico de los trabajadores de Pemex, así como los tiempos de sus diversas fases.

A pesar de que han transcurrido más de tres meses, el titular del Ejecutivo ha ignorado la exhortación que esta Soberanía le hizo, por lo que, con todo respeto, venimos a presentar a este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al C. Presidente de la República para que a la mayor brevedad informe a esta representación nacional los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional y que le fueron solicitados por esta representación nacional desde el pasado 13 de octubre del 2005.

(rúbricas).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención del Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, de la Semarnat y de la Secretaría de la Función Pública, en el conflicto que vive la comunidad pesquera del puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, en relación con la nueva pesquería denominada ``almeja generosa'', suscrita por la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores: en nombre de la diputada Esthela Ponce Beltrán, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Permanente la proposición con punto de acuerdo, como de urgente resolución, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:

El estado de Baja California Sur, con más de 2 mil 200 kilómetros de litoral, posee gran riqueza pesquera y de especies marinas susceptibles de ser explotadas. En sus costas se encuentran recursos marinos de alto valor comercial y es frecuente el hallazgo de nuevas pesquerías. En el caso de una nueva pesquería, denominada ``almeja generosa'', cuya explotación ha originado un conflicto grave entre las organizaciones de pescadores de la comunidad del puerto de San Carlos, en el municipio de Comondú, este conflicto ya amenaza desbordarse y alcanzar un nivel de consecuencias lamentables para la comunidad pesquera del puerto de San Carlos.

Algunos de los antecedentes son los siguientes: por normatividad, siempre que existe el descubrimiento de una nueva pesquería es competencia del Subcomité de Pesca y Recursos Marinos, que integran el presidente del municipio de que se trate, el delegado de la Sagarpa y el de la Semarnat, la representación de los pescadores, a través de sus organizaciones, y la comunidad científica, representada por el Centro Regional de Investigación Pesquera, CRIP, encargarse de determinar las acciones por seguir, incluida la supervisión de los trabajos técnicos que soporten la existencia y el estado del recurso, y su rendimiento máximo sostenible, así como la posibilidad de ser explotado.

De acuerdo con la información que se pudo recabar en esa comunidad pesquera, la reunión del Subcomité no se llevó a cabo para determinar las características de la almeja generosa; al parecer, la información se manejó de manera soterrada y poco transparente, sólo con el conocimiento de algunos dirigentes de cooperativas y la subdelegación de la Sagarpa. Incluso, del proyecto de prospección y evaluación, cuyo costo se estimó en 550 mil pesos, no fueron enterados la mayoría de los pescadores.

Es norma que cuando se descubre un nuevo producto, este costo se prorratea entre todos los pescadores que deseen participar en la explotación del recurso. Para el caso de la almeja generosa no fue así, y sólo los informados de la nueva pesquería participaron en el proyecto. Todo esto fue avalado por la autoridad de la Sagarpa, a través del delegado, el CRIP, que ratificó el dictamen del proyecto y fijó una cuota de explotación de 180 mil organismos y la Conapesca que dio sólo 25 permisos para las más de 113 unidades económicas, incluyendo cooperativas, permisionarios y pescadores independientes.

La razón de la exclusión fue porque no participaron para cubrir el costo del proyecto de prospección y evaluación. Esto ha motivado molestia entre la mayoría de los pescadores del puerto de San Carlos, donde 43 unidades económicas de las 113 que existen han alzado la voz protestando por esta situación, reclamando su participación en la explotación de la almeja. Por su parte, los que supuestamente participaron en el proyecto se niegan a ceder en ese sentido. Se comenta en la comunidad que el costo del proyecto fue financiado por dos empresarios japoneses, a los que se está vendiendo la almeja.

Por ello, ante la gravedad del conflicto, se tomó la determinación de suspender la explotación. No obstante, de las 180 mil almejas que se fijaron como cuota de explotación quedan poco más de 37 mil, cantidad de los pescadores inconformes demandan les sea asignada para ser aprovechada por ellos. Ante lo delicado de este conflicto en el puerto de San Carlos, acudo a esta honorable Asamblea Permanente para solicitar el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se reúna de manera inmediata el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos en el municipio de Comondú, incluyendo la representación del grupo de pescadores inconformes, a fin que sea a través de ella que se atienda la demanda de los pescadores en torno a los 37 mil organismos que quedan por explotarse.

Segundo. Que el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos retome el asunto de la almeja generosa, a fin de determinar lo necesario para transparentar la información referente a la explotación de este recurso en los próximos años, incluyendo un nuevo proyecto de prospección y evaluación, cuyo costo se propone sea cubierto por la Sagarpa y la Semarnat, toda vez que se trata de una nueva pesquería con alto valor comercial en esa región. Asimismo, que en este proyecto se considere la opinión del Cibnor y el Cicimar, instituto de investigación pesquera de prestigio nacional con sede en Baja California Sur.

Tercero. Exhortar a la autoridad federal para que, a través de la Sagarpa y la Semarnat, con opinión de la Secretaría de la Función Pública, se realice una auditoría administrativa sobre este asunto para deslindar responsabilidades y despejar toda sospecha con relación a la explotación de la almeja generosa en el puerto de San Carlos, Baja California Sur.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, con fundamento en el artículo 59 de nuestro Reglamento, que someta a consideración del Pleno si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución. Asimismo, sea insertado el texto íntegro del punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la intervención del Ejecutivo federal, mediante la Sagarpa, la Semarnat y la Secretaría de la Función Pública, en el conflicto que vive la comunidad pesquera del puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, en relación con la nueva pesquería denominada ``almeja generosa'', a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 58, fracción I, del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, bajo en tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Baja California Sur, con sus mas de dos mil 200 kilómetros de litoral, posee una gran riqueza pesquera, incluyendo una variedad y cantidad de especies marinas susceptibles de ser explotadas.

El explotar los recursos naturales de manera sustentable permite su aprovechamiento de manera racional en el largo plazo sin alterar los ecosistemas y la depredación del recurso.

Las costas de Baja California Sur son ricas en recursos marinos de alto valor comercial, como el abulón, la langosta, el callo de hacha, sólo por mencionar algunos, y es frecuente el hallazgo de nuevas pesquerías susceptibles de explotarse por las comunidades pesqueras de esta región.

Es el caso del descubrimiento de una nueva pesquería denominada almeja generosa (Panepea generosa) cuya explotación ha originado un conflicto grave entre las organizaciones de pescadores de la comunidad del puerto de San Carlos en el municipio de Comondú, donde, al parecer, los representantes de la Sagarpa y la Conapesca, entre otras, en Baja California Sur tienen que ver.

Este conflicto ya amenaza con desbordarse y alcanzar un nivel de consecuencias lamentables para la comunidad pesquera del puerto de San Carlos y por supuesto para mi estado.

Algunos de los antecedentes son los siguientes:

Por normatividad, siempre que existe el descubrimiento de una nueva pesquería, es de competencia del Subcomité de Pesca y Recursos Marinos (que lo integran el presidente del municipio que se trate, el delegado de la Sagarpa, y de la Semarnat, la representación de los pescadores a través de sus organizaciones y la unidad científica representada por el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) ), encargado de determinar las acciones a seguir, incluyendo la supervisión de los trabajos técnicos que soporten la existencia y el estado del recurso, su rendimiento máximo sostenible, así como la posibilidad de ser explotado.

De acuerdo con la información que se pudo recabar en esa comunidad pesquera, la reunión del Subcomité de Pesca y Recursos Marinos nunca se llevó a cabo para determinar las características de la almeja generosa, los alcances de su explotación y la manera de distribuir ésta (el aprovechamiento) entre los pescadores.

Es decir, la información no se socializó entre todos los pescadores de la comunidad. Al parecer se manejó de manera soterrada y poco transparente, sólo con el conocimiento de algunos dirigentes de cooperativas y la Subdelegación de la Sagarpa.

Incluso el protocolo de investigación del recurso, esto es, el proyecto de prospección y evaluación, cuyo costo, se nos comentó, asciende a 550 mil pesos, no fueron enterados la mayoría de los pescadores. Es norma que cuando se descubre un nuevo producto este costo se prorratea entre todos los pescadores que deseen participar en la explotación del recurso. Para el caso de la almeja generosa no fue así y sólo los informados de la nueva pesquería participaron en el proyecto, dejando sin posibilidades a la mayoría de los pescadores.

Todo esto, se nos comentó, fue avalado por la autoridad de la Sagarpa, a través del delegado; el CRIP, quien avaló el dictamen del proyecto y fijó una cuota de explotación de 180 mil organismos (cada almeja pesa en promedio 1.5 kilogramos y el precio de playa se ubica entre los 60 y 80 pesos el kilogramo), y la Conapesca, que dio los permisos para la explotación (primero 10 permisos y luego 15 más). Es decir, sólo 25 permisos para las más de 113 unidades económicas (incluyendo cooperativas, permisionarios y pescadores independientes).

La razón de la exclusión de los demás, se argumenta, fue porque no participaron para cubrir el costo del proyecto de prospección y evaluación cuando, como hemos señalado, nunca se socializó la información y no se hizo porque nunca se reunió el Subcomité de Pesca y Recursos marinos para fijar los criterios y el programa a seguir en torno a la almeja generosa.

Todo esto ha motivado molestia e indignación entre la mayoría de los pescadores del puerto de San Carlos, donde 43 unidades económicas (de las 113 que existen) han alzado la voz protestando por esta situación, reclamando su participación en la explotación de la almeja generosa. Por su parte, los que supuestamente participaron en el proyecto se niegan ceder en este sentido (se comenta en la comunidad que el costo del proyecto fue financiado por dos empresarios japoneses, a quienes se les está vendiendo la almeja).

Es por ello que, ante la gravedad del conflicto que amenaza con llegar a proporciones que todos podemos lamentar, se tomó la determinación de suspender la explotación de este recurso.

No obstante de los 180 mil organismos (almejas) que se fijaron como cuota de explotación, quedan poco más de 37 mil, cantidad que los pescadores inconformes demandan que les sea asignada para ser aprovechada por ellos. Sin embargo el otro grupo se niega a ceder.

Es por ello que, ante lo delicado de este conflicto entre pescadores en el puerto de San Carlos (uno de los lugares que ha desarrollado una actividad ecoturística a partir de arribo de ballenas en los meses de enero a marzo y parte de abril de cada año, y que es visitada por miles de turistas tanto nacionales como extranjeros), es que acudo a esta honorable Comisión Permanente para solicitar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se reúna de manera inmediata el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos en el municipio de Comondú (incluyendo la representación del grupo de pescadores inconformes), a fin de que sea a través de él que se atienda la demanda de los pescadores en torno a los 37 mil organismos (almejas) que quedan por explotarse.

Segundo. Que el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos retome el asunto de la almeja generosa a fin de determinar lo necesario para transparentar la información referente a la explotación de este recurso en los próximos años, incluyendo un nuevo proyecto de prospección y evaluación cuyo costo, se propone, sea cubierto por la Sagarpa y la Semarnat, toda vez que se trata de una nueva pesquería con un alto valor comercial en esa región. Asimismo, que en este proyecto se considere la opinión del Cibnor y Cicimar, institutos de investigación pesquera de prestigio nacional.

Tercero. Exhortar a la autoridad federal, para que a través de la Sagarpa, la Semarnat con opinión de la Secretaría de la Función Pública se realice una auditoría administrativa sobre este asunto, para deslindar responsabilidades y despejar toda sospecha en relación a la explotación de la almeja generosa en el puerto de San Carlos, en Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero del 2006.--- Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aracelly Ortega. Consulte la Secretaría a la Asamblea si este asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Aprobado por la mayoría, Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Se considera de urgente resolución. Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica pregunte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor Presidente.

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, secretaria. Aprobada; comuníquese.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió de la diputada Rebeca Godínez y Bravo proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal de 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal correspondiente a 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Rebeca Godínez y Bravo y suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo y diputado Armando Leyson Castro, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la reforma a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la que entró en vigor a partir del 1° de diciembre de 2005, se determina que para efectos de deducibilidad del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, sólo podrán ser deducibles los consumos pagados mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjetas de crédito, de debito, de servicios o con monederos electrónicos.

Esta disposición debió entrar en vigor el 1 de julio de 2005 y a través de la cuarta resolución de modificación a la miscelánea fiscal para 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto del mismo año, se concedió prórroga para que entrara en vigor a partir del día 1 de diciembre del mismo año.

En esta reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta se reconoce la intención de combatir la venta ilegal de combustibles para el uso de transporte marítimo, aéreo y terrestre, fortalecer la recaudación en beneficio del erario federal, así como proporcionar seguridad al contribuyente para comprobar sus gastos en estos insumos, para efectos fiscales.

Para la implementación de lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideró dar dicha prorroga, debido a que en la fecha del inicio de su vigencia propuesta inicialmente al 1 de julio de 2005, aun no existía la infraestructura en los expendios de combustibles autorizados para recibir los pagos con tarjetas de crédito, de débito, de servicios o monederos electrónicos.

A esta fecha los expendios de combustible aún no cuentan en su totalidad con la infraestructura para percibir pagos mediante los medios financieros que la ley exige a quienes pretenden hacer deducibles sus consumos de combustibles. Causando así un perjuicio fiscal al contribuyente al no poder hacer deducibles las erogaciones por esos conceptos.

Es notorio que se requiere un lapso mayor para que a nivel nacional se realicen las adecuaciones necesarias por los expendedores de combustibles, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la ley en comento.

Por lo antes expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgar, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.

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INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos y Congresos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero para contar a la brevedad con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos y Congresos de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero a contar de inmediato con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, suscrita por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN

Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para exhortar respetuosamente a los gobiernos y Congresos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero para contar a la brevedad con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental reconocido en diversos ordenamientos internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 19.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA de 1969 (artículo 13.1).

La primera ley sobre acceso a la información se adoptó en Suecia, al aprobarse la Ley de Prensa en 1776, posteriormente se promulgaron leyes en Estados Unidos en 1966, en Francia en 1978 y en Australia en 1982. En la actualidad, 60 países en el mundo cuentan con leyes e instituciones dedicadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión pública y otros 23 países más se encuentran en proceso de aprobarlas; sumadas las vigentes con las que se encuentran en proceso de aprobación resulta que apenas un 42 por ciento de la población mundial está en condiciones de ejercer este derecho fundamental.

Sólo 12 países en el mundo cuentan con instituciones dedicadas exclusivamente a vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en su territorio: Bélgica, Canadá, Eslovenia, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, México, Portugal, Reino Unido y Tailandia.

El derecho a la información se consagró en nuestra Constitución Política desde 1977, sin embargo hasta junio de 2002, 25 años después, se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con lo que se llenaría el vacío legislativo que existía y se atendería el reclamo social de garantizar un ejercicio de Estado transparente, sujeto a la supervisión de la ciudadanía, abierto a la rendición de cuentas de los poderes públicos, en el que los asuntos del gobierno sean efectivamente públicos.

La cosa pública es una condición necesaria e inherente a la república (res pública) y sus instituciones, por lo que el acceso a la información pública favorece la transparencia de la gestión del gobierno y la rendición de cuentas a la sociedad por parte de los servidores públicos, sin importar el ámbito al que pertenezcan, ya sea municipal, estatal o federal.

Algunos investigadores coinciden en señalar que la experiencia internacional demuestra que la existencia de leyes de acceso a la información pública decrecen los índices de corrupción, e incrementan en forma sustancial la eficacia, eficiencia y efectividad administrativa del Estado.

En este contexto resulta casi natural comprender que garantizar el acceso a la información pública favorece el ejercicio democrático del poder y propicia la generación de una cultura política en la que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen el axioma valorativo principal.

El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el papel del servidor público que debe hacer posible este derecho fundamental y el quehacer de las autoridades reguladoras independientes para garantizar que las leyes de acceso a la información pública se cumplan en armonía con el sistema jurídico resulta complicado traducirlo del mundo del derecho al mundo de la práctica. El tema es nuevo en México y la falta de una cultura jurídica de la información se está convirtiendo en un obstáculo, que deberá irse resolviendo con conocimiento y una reforma paulatina del marco legal y de las expectativas que se puedan desprender de aquél.

No en vano, el tema tiene poco tiempo en la agenda de la discusión. De la adición al artículo 6o. constitucional, el 30 de diciembre de 1977, según la cual ``el derecho a la información será garantizado por el Estado'', no es sino hasta 25 años después que una parte de ese derecho se empieza a legislar. Desde 1977, un valioso grupo de intelectuales, académicos y periodistas de excepción, iniciaron un largo recorrido con una meta bien definida: lograr que el derecho a la información se convirtiese en una potestad efectiva de las personas, y ya no más en un enunciado sin mayores implicaciones. No obstante, tienen razón Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva cuan do señalan que:

``Los diversos intentos por reglamentar el derecho a la información en el transcurso de estos últimos 20 años, presentan problemas de naturaleza conceptual, pero fundamentalmente, la existencia de intereses creados y de ausencia de una amplia base social que comprenda bien a bien la importancia de estas reformas para su vida cotidiana.''

Es necesario proseguir con los esfuerzos universitarios y de las organizaciones de la sociedad para socializar la importancia que tiene el derecho a la información en la calidad de convivencia democrática, en la vida diaria de los gobernados y en la posibilidad de un efectivo régimen de gobierno con rendición de cuentas.

Las propuestas integradoras o leyes marco, siendo probablemente aconsejables desde el punto de vista de técnica legislativa, han enfrentado históricamente resistencias que han hecho naufragar toda iniciativa de reglamentación de derecho a la información preparada hasta la fecha. Por ello, parece que conviene privilegiar ahora la búsqueda de consensos en temas esenciales, sin que ello signifique claudicación o renuncia a proyectos de largo aliento; debe observarse, por el contrario, como un camino gradual pero consistente para que la reforma democrática tenga asidero legal, por un lado, y, por el otro, para que se destierre la percepción que existe en algunos sectores de que el espacio de la comunicación es una zona de excepción para la regulación jurídica.

El primer punto de consenso fue el relativo al derecho de acceso a la información pública que en el ámbito federal se concretó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2002, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que comenzó a ser ejercitada por la ciudadanía desde junio del presente año, teniéndose a la fecha los mejores augurios sobre la aplicación de la misma. En forma paralela a este avance, desde las entidades federativas de la República se estaban enviando señales contundentes de que el camino hacia la apertura informativa debía sumarse al conjunto de factores que conforman la normalidad democrática que aún México sigue construyendo en diversos terrenos y la cual evidentemente no termina en la democracia electoral.

El avance de la legislación en materia de derecho de acceso a la información pública es contundente. Contra la costumbre en la práctica legislativa de las entidades federativas, los gobernantes entendieron que México ya no podría ser más el país donde las funciones públicas eran materia vedada para el conocimiento de los ciudadanos; es decir, que el avance democrático obliga a los servidores públicos a un ejercicio del poder de cara a la sociedad, con transparencia y rendición de cuentas ante quienes, precisamente, los colocaron en esos puestos para gobernar en su representación. Lo que hoy es una realidad, apenas unos años atrás se veía como algo improbable.

En 28 entidades federativas de la República se cuenta ya con leyes de acceso a la información pública, siendo la más reciente la de Campeche. Efectivamente, a la fecha solo 4 entidades federativas carecen de sus respectivos cuerpos de ley para normar el derecho básico de los individuos a conocer la forma en que se está gobernando por parte de quienes ejercen las funciones públicas, así como ejercer su derecho para mejorar su calidad de vida en la toma pública y cotidiana de decisiones por parte de las personas.

En las entidades federativas de Chihuahua, Oaxaca, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero se están dando pasos para contar en breve con leyes de apertura informativa, de tal forma que en el corto plazo la mayor parte del territorio nacional se verá iluminado por el resplandor de la transparencia en el quehacer gubernamental.

Cada entidad de la República que cuenta con una ley de acceso a la in formación está viviendo sus propias experiencias en el ejercicio del nuevo derecho ciudadano. Cada entidad federativa está enfrentando un reto en común: la socialización del conocimiento de esa nueva prerrogativa a favor de las personas.

El tema cultural siempre surge como una experiencia necesaria de solventar. En un país donde los gobernantes establecieron una cultura de secrecía y oscurantismo, no es tarea fácil hacer comprender a los individuos que las cosas han cambiado y que hoy existe una política de apertura en materia de democracia informativa garantizada a través de una ley específica. Es precisamente ahí donde radica el primer reto a superar: que la gente conozca, se entere de que existe un nuevo derecho mediante el cual podrán acceder al mayor caudal de información pública.

Es en el intercambio de experiencias lo que permitirá en las entidades federativas de la República ir dando pasos firmes para generar un proceso de intercambio de experiencias identificando las fortalezas de algunos modelos de implementación y las debilidades de otros, de manera que ese intercambio de información permita ampliar el derecho de acceso a la información pública.

En razón de este propósito, algunas de las leyes aprobadas dedican parte de su articulado e incluso capítulos especiales, al tema de la necesaria cultura de apertura a la información, encargando esta notable tarea a un órgano de autoridad para vigilar y aplicar la ley. La construcción de las instituciones de transparencia a nivel local es un tema histórico, político, institucional y evidentemente cultural.

Hay instituciones de la democracia directa que se suman a los sistemas de pesos y contrapesos, diseños institucionales que nos hacen pensar que mecanismos de democracia directa se suman a estos sistemas, pese a que en general la teoría de los pesos y contrapesos se ha referido a las instituciones representativas, En la Ley de Transparencia tenemos un mecanismo de contrapeso directo y eso es lo que lo hace tan novedosa en el mundo, apuntó y se pronunció por una reforma constitucional que establezca un mínimo indispensable para las leyes de transparencia en el país, respetando el pluralismo federalista, destaca Alonso Lujambio.

La materia de transparencia y acceso a la información supone una diversidad de diseños institucionales de los órganos garantes del acceso a la información, de modalidades en el procedimientos de acceso y muchas otras variantes, la idea sería garantizar constitucionalmente cuando menos 7 principios básicos con estándares que estuvieran presentes en todas las leyes en la materia:

Máxima publicidad;

Obligaciones de transparencia;

Alcance limitado de las excepciones al principio de la publicidad;

Eficiencia para el ejercicio del derecho;

Una autoridad independiente;

Promoción de la cultura de la transparencia, y

Medios de impugnación ante las negativas de acceso a la información.

Así será posible impulsar a nivel nacional una mayor participación de la sociedad, al tiempo que permitirá poner en funcionamiento el Sistema de Solicitudes de Información México (Infomex), para que desde cualquier parte del mundo se pueda tener acceso a la información federal, estatal y municipal.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a los gobiernos y Congresos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero para que, en el marco de sus facultades, realicen lo conducente a fin de contar a la brevedad con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 18 de enero de 2006.--- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Iván García Solís proposición con punto de acuerdo para que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Educación Pública investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y refuerce las medidas para evitar la emisión de documentos apócrifos, suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Educación Pública investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios, y refuerce medidas para evitar la emisión de documentos apócrifos, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos diputados Inti Muñoz Santini, Salvador Pablo Martínez Della Rocca e Iván García Solís, a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

La semana pasada, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios volvió a ventilarse ante la opinión pública, cuando la Secretaría de Educación Pública admitió la existencia al interior de esta dependencia de mafias dedicadas a la venta de documentos apócrifos y que por ese motivo ha presentado ante la Procuraduría General de la República 2 mil 10 denuncias de 2002 a la fecha,

Lo sorprendente del caso, es que autoridades de la SEP reconozcan estar perfectamente enteradas del mercado negro de documentación falsa y de la existencia de una red de falsificadores que ha venido operando en los tres últimos años y continué haciéndolo hasta la fecha. Cabe preguntar, entonces, ¿qué ha hecho la autoridad educativa para impedirlo o desbaratar esa red de falsificadores?

El propio vocero de la dependencia SEP, David Torres, declaró en un noticiero radiofónico que han detectado a personas que dentro de las mismas oficinas de la dependencia negocian la expedición de títulos de instituciones públicas y privadas.

Adicionalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que en los últimos cinco años ha detectado mil 53 documentos apócrifos y presentado igual número de demandas ante las autoridades penales correspondientes.

A partir de la información publicada en diversos diarios nacionales, se puede establecer que la falsificación de títulos y certificados de estudios va en aumento y ha alcanzado dimensiones graves, pues hasta se ofrecían vía Internet el ``paquete académico'' completo.

Es decir, la venta del título de licenciatura incluía el de preparatoria o bachillerato, carta de examen profesional, certificado de estudios, historial académico, liberación del servicio social y hasta la credencial de la institución educativa.

Esto puede hacer presumir o establecer sospecha fundada que la red de falsificadores opera en contubernio con servidores públicos de la SEP o de otras dependencias educativas, pues la elaboración de los diversos documentos previos a la obtención de un título o certificado y la expedición de los mismos, requiere información contenida en las bases de datos o en los sistemas informáticos de las dependencias y instituciones educativas.

Si bien en cierto que los vendedores de títulos falsos excluían los de medicina y los de aquellas profesiones que ponen en riesgo la salud humana, tampoco se puede descartar que no hayan vendido documentos de esas profesiones o de otras que ponen en peligro el patrimonio o la integridad física de la población como son las de contaduría, ingeniería, arquitectura, piloto aviador, abogado, etcétera.

Y aún cuando los títulos falsos detectados corresponden en su mayoría al nivel de bachillerato, se han dado casos de títulos profesionales de otros niveles, particularmente de licenciatura y hasta postgrado.

La falsificación de documentos en general es un delito sancionado en el Código Penal Federal con prisión y multa económica, pero tratándose de documentos públicos, como es el caso que nos ocupa, las penas son más severas. El artículo 243 de ese ordenamiento penal señala que se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Y si el falsificador es un servidor público la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.

Es de destacar que la falsificación títulos y certificados de estudios además de ser un delito, tiene un efectos colaterales negativos como es la afectación o el perjuicio que causa a la sociedad, al Estado o un tercero, así como a la reputación de las instituciones de educación y a ésta misma.

Es cierto que los avances de la tecnología hacen más practicable la producción de documentos apócrifos, pero también es cierto que la tecnología ofrece herramientas para establecer medidas más seguras para evitar ese problema.

Al respecto, autoridades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional explicaron la confiabilidad de la expedición de sus títulos, toda vez que tienen diversos candados para evitar su falsificación y anunciaron que redoblarán las medidas de seguridad en la emisión de documentación académica.

En ese sentido, también proponemos exhortar a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles coadyuven a evitar la proliferación de títulos y certificados falsos, ya sea realizando investigaciones de los documentos que emiten o reciben, así como a adoptar medidas que garanticen la autenticidad de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al Pleno de esta H. Asamblea de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente insta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales y de cualquier otra documentación académica que se presume ha sido expedida a través de la Dirección General de Profesiones y, en su caso, proceda penalmente en consecuencia de existir servidores públicos involucrados con la red de falsificadores.

Segundo.- Se solicita a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles a investigar, en el ámbito de su competencia, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y, en su caso, presentar las denuncias ante las autoridades penales correspondientes.

Tercero.- También exhorta a que la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales y las instituciones educativas refuercen las medidas de seguridad para evitar la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales o de cualquier otra documentación académica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica), Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

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ESTADO DE MEXICO
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenga y, en su caso, sancione a los presuntos responsables por la afectación que se está realizando en el lago de Valle de Bravo por una construcción en el conjunto residencial Sotavento, dentro de la zona federal.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Proposición con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervenga y, en su caso, sancione a los presuntos responsables en la afectación que se realiza en el lago de Valle de Bravo por una construcción en el Conjunto Residencial Sotavento dentro de zona federal, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, la cuenca de Valle de Bravo es una cuenca tributaria del río Balsas, que incorpora los municipios de Amanalco, Villa Victoria y Valle de Bravo, así como porciones menores de los municipios de Temascaltepec, Donato Guerra, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Villa de Allende.

El área tiene una superficie total de 775,561 hectáreas y forma parte de la amplia zona de la frontera entre las regiones neártica y neotropical de América, donde se mezclan especies biológicas con filiaciones del norte y del sur del continente. Esta ubicación, desde el punto de vista biogeográfico, confiere a la región una rica diversidad biológica.

La cuenca es una vasta región situada al poniente de la Ciudad de México, rodeada de montañas, rica en recursos naturales, que capta agua y energía solar en uno de los sistemas ecológicos y forestales más ricos de México. Los bosques templados, que ocupan la mitad de su superficie, forman parte de una zona que alberga 10% de la biodiversidad del país. Por su clima saludable y su belleza escénica, tiene gran importancia turística como centro de descanso y recreación, y su principal servicio ambiental es la producción de agua.

El vaso de la presa es uno de los más importantes productores de agua del sistema Cutzamala, enviando 23 metros cúbicos por segundo para consumo humano en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

La principal problemática ambiental que enfrenta la cuenca es la contaminación de los ríos y cuerpos de agua por disposición de residuos municipales y agrícolas.

Cientos de cañerías de Valle de Bravo aún descargan directamente en el lago, lo que ocasiona daños en la salud de la población local y de los visitantes.

Los focos de mayor contaminación, desafortunadamente, son los manantiales que nacen en Valle de Bravo y que están contaminados por la descarga de aguas residuales que se vierten en éstos, y en donde no ha sido atacado el problema.

La desembocadura de Velo de Novia, por ejemplo, que debería ser una de las zonas más transparentes de Valle de Bravo, está convertida prácticamente en una salida de drenaje.

Por si eso fuera poco, un nuevo vecino de la colonia El Coporito en este municipio quiere vivir tan cerca del lago, que decidió construir sobre éste.

A la casa, presumiblemente propiedad del señor Luis Arturo Domenzáin, de reciente adquisición, como no estaba suficientemente cerca de la presa, se le construyó un muro de cuatro metros de altura, en una superficie de 50 metros dentro de la zona federal.

Según el testimonio de los vecinos del conjunto residencial Sotavento, anexó además a su propiedad uno de los riachuelos que alimentan la presa, para que fuera parte de su casa.

Uno de nuestros diputados federales y algunos miembros de nuestro partido fueron testigos y tomaron fotografías, en un recorrido por el lago en septiembre del año pasado, del inicio de esta arbitraria obra desde que ponían costales de arena para desviar una parte de la presa y que no afectara la barda que se mandó construir.

Desde el inicio de las obras, donde por cierto se descargaban materiales a altas horas de la madrugada, los colonos del Residencial Sotavento, junto con el administrador del fraccionamiento, Antonio Jiménez, han interpuesto diversas quejas en los gobiernos municipal y estatal contra esta obra, sin que hasta el momento se haya hecho nada.

La presidencia municipal de Valle de Bravo admitió que el señor Arturo Domenzáin no contaba con los permisos correspondientes, por lo que se le ordenó demoler el muro en un plazo no mayor de tres días, lo cual obviamente no ocurrió, ya que el invasor interpuso un recurso de inconformidad, argumentando que el ayuntamiento no tiene competencia para sancionarlo.

Nuevamente, nos encontramos en nuestro país con que hay gente a la que no le importa transgredir la ley y arbitrariamente falta a ella, en perjuicio de los que pretendemos vivir y convivir en un Estado de derecho.

La obra que realiza arbitrariamente este señor no sólo afecta a sus vecinos: nos afecta a todos, por obvias razones.

Cabe mencionar que tenemos fotografías, existen documentos de las acciones que han llevado a cabo los vecinos ante diversas instancias, y recortes de periódico, como el del artículo publicado en el periódico Reforma el 30 de diciembre pasado, para apoyar el presente punto de acuerdo.

No debemos permitir que se transgreda el Estado de derecho y que se violen las disposiciones legales, mucho menos tratándose de recursos naturales tan importantes como el bosque o el agua.

El Partido Verde Ecologista de México siempre ha mostrado gran interés por conservar los ecosistemas más representativos y vulnerables de nuestro territorio. Por esto y por lo antes mencionado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que con fundamento en la fracción V y XI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tome conocimiento de la obra que se está llevando a cabo a orillas del lago de Valle de Bravo, en el Conjunto Residencial Sotavento, de la colonia El Coporito, presuntamente propiedad del señor Luis Arturo Domenzáin.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que presente a esta soberanía la evaluación de impacto ambiental del proyecto a que se hace referencia y que, de existir alguna irregularidad, aplique las medidas correctivas necesarias.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informe a esta soberanía del estatus de conservación en que se encuentra esta zona, a fin de poder determinar las posibles afectaciones que pudieran darse con la construcción de dicha obra.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

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MEDIOS DE COMUNICACION
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas, suscrita por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN

Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para exhortar a la Procuraduría General de la República para crear una Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un estudio de UNESCO apuntó que permanecían en la impunidad el 95 % de los crímenes de 2003 en contra de periodistas. Por otra parte, la Asociación Mundial de Periódicos (AMP) denunció el 12 de mayo de 2005 que más de 500 asesinatos de comunicadores cometidos en la última década no han recibido sanción y los autores permanecen en libertad. A raíz de ello la AMP propicia una campaña que ha llamado ``Los asesinos andan sueltos''.

Los recuentos de la AMP se refieren a la década 1995-2005 y aluden solamente a Europa, Asia y África pero no mencionan a Latinoamérica y el Caribe. Las estadísticas de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), perteneciente a la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) indican que en esta región han sido eliminados más de 700 trabajadores de la prensa, desde 1970 a la fecha, ``lo cual permite asegurar que a lo menos son mil los casos de impunidad en el planeta''. Ante ello, la Felap sugirió elevar las penas en los casos de homicidios y agresiones a periodistas.

Los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales de periodistas para la adopción de medidas concretas para la seguridad de los periodistas a nivel mundial, se estrellan siempre con el rechazo de los empresarios de las noticias (la propia AMP) y de algunos gobiernos. Simultáneamente, la UNESCO abandonó su acción en ese plano.

Si la Corte Penal Internacional funcionara como estaba previsto, se abriría un camino en el área de la protección de los periodistas en misiones peligrosas, señaló el estudio. Como anotó el juez español Baltasar Garzón, el artículo 7º del Estatuto de esa corte da cabida a las acciones criminales cometidas contra periodistas en el capítulo de crímenes contra la humanidad.

Desde los años 70 --periodo en que comienzan los registros-- América Latina y el Caribe exhiben una elevada cuota de periodistas muertos por acciones o métodos violentos. Durante las dictaduras castrenses, cuando la verdad era un arma temible para ellas, los informadores fueron víctimas preferidas, pero luego los victimarios serían reemplazados por mafias, policías y políticos corruptos. La veintena de periodistas muertos en 2004 supera a los 19 registrados en 2003.

En 2004, cinco asesinatos elevaron a México como el país con más víctimas. Si en 2003 se registraron 76 incidentes contra el trabajo informativo, en 2004 hubo un aumento del 21%, al consignarse 92 actos, entre los cuales destacan cuatro asesinatos y una desaparición física: el dato más preocupante en lo que va del presente sexenio en materia de libertad de expresión en México, ello sin sumar las cifras preliminares en torno a 2005 y que arrojan un resultado de 43 casos, entre ellos dos muertos y otra desaparición.

Dentro del sistema penal mexicano existe un índice de impunidad de aproximadamente el 96%, según estimaciones recientes de instituciones educativas. No obstante que estas alarmantes cifras demuestran las deficiencias de nuestro sistema penal y, por ende, de la impartición de justicia, ahora el tema especifico igualmente preocupante es el relativo a los altos índices de impunidad al momento de investigar y sancionar los actos contra comunicadores en México.

Durante 2004 se cometieron muchas agresiones en contra de periodistas, pero destacan cinco homicidios. En la mayoría de los crímenes existe algún probable responsable señalado e incluso indiciado ante las autoridades competentes. En todos los casos, sin embargo, las investigaciones no se han llevado hasta sus últimas consecuencias y no se conocen a los autores intelectuales ni las motivaciones de los asesinos materiales. De acuerdo con el presente análisis, varias constantes evidencian que en los casos de agresiones contra periodistas existe una clara línea que los relaciona entre sí: la impunidad.

En un sentido amplio, la impunidad no sólo se refiere a la falta de aprehensión y sanción de los responsables, sino también al hecho de evitar o erradicar las causas o motivaciones que generaron ese daño irreparable (en el caso concreto, la muerte de un comunicador), e incluye además la realización de una investigación seria, creíble, confiable y apegada a estándares internacionales en materia de procuración e impartición de justicia.

La responsabilidad y obligación del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los culpables tanto de los homicidios como de las diversas agresiones perpetradas en contra de comunicadores han sido incumplidas de manera sistemática, debido a la falta de investigaciones concluyentes, procesamientos y castigos a los responsables. Ello ha generado un clima de impunidad institucionalizada. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la impunidad como:

La falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Sin lugar a dudas, el problema planteado no es privativo de los casos en contra de comunicadores, sino que constituye una constante dentro del sistema de impartición y procuración de justicia a nivel nacional. Este problema se advierte claramente cuando observamos el monopolio que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal, pues el sistema jurídico mexicano obliga a todos los denunciantes u ofendidos a recorrer tortuosos procedimientos ante el Ministerio Público si quiere que el caso llegue al conocimiento del juez. Lo anterior se convierte en una imposibilidad jurídica de cuestionar las resoluciones del Ministerio Público que, en la etapa de averiguación previa, actúa como autoridad, juez y parte.

De esa manera, se cancela la posibilidad de que las víctimas del delito puedan cuestionar o impugnar las determinaciones del Ministerio Público, pues en algunos de los casos expuestos, la premisa ha sido investigar en una línea diferente a la vinculada con el ejercicio de la profesión, cerrando toda tentativa de indagar aquellas relacionadas con el crimen organizado o con las ``consecuencias y reacciones'' que han podido tener las publicaciones e investigaciones realizadas por los profesionales de la información. Todo ello configura una falta real de acceso a la justicia puesto que en muchos de los casos ni siquiera se ha tenido acceso a un juez competente para determinar las probables responsabilidades, y por lo tanto se ha cerrado la posibilidad a los familiares de las víctimas para acceder a la justicia en los términos internacionalmente reconocidos.

En suma: las prácticas sistemáticas y recurrentes en las que han incurrido distintas autoridades ministeriales y judiciales de los tres niveles de gobierno, lo único que propician es una impunidad generalizada, y como consecuencia de ésta se mantiene una conducta que genera la repetición de esa clase de actos.

La creación de una fiscalía especial a nivel federal para atender los casos relacionados con ataques a comunicadores es una demanda añeja que no ha tenido el eco suficiente al interior de las instancias competentes, pues si se considerara su implementación, se podrían observar las similitudes y coincidencias existentes en más de un caso, facilitando con ello las investigaciones.

Una atención especializada en la persecución de esta clase de delitos generaría mayor certidumbre jurídica durante el procedimiento administrativo, del mismo modo se dictarían diligencias particulares aplicables a estos casos concretos y relacionadas con el ejercicio periodístico, llevando a cabo tareas de investigación más profundas y documentadas.

La demanda por un Ministerio Público más eficaz es una premisa constante del periodismo en la actualidad, pues en estos últimos años la profesión se ha convertido en una actividad de riesgo para quien la ejerce, de este modo se pretende obtener una mayor seguridad jurídica ante los crímenes que puedan ser objeto, y que involucra la defensa de una de las garantías individuales más preciadas como lo es la libertad de expresión.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las gestiones necesarias para crear una Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

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AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Se recibió del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo con relación al operativo de revisión en el aeropuerto de la Ciudad de México

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Proposición con punto de acuerdo, con relación al operativo de revisión en el aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado sobre las medidas tendientes a cobrar a los usuarios por la revisión en el Aeropuerto Internacional.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a cuatro de enero de 2006.--- Sen. Rafael Melgoza Badillo (rúbrica).»El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

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TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Sagarpa a aplicar políticas públicas gubernamentales que tengan por objeto capacitar a nuestros productores mexicanos, a fin de que sean aptos para soportar la transformación del campo ante la aplicación del Tratado de Libre Comercio, suscrita por la senadora Silvia Asunción Domínguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.La diputada Sofía Castro Ríos: Buenas tardes. Con su venia, Presidente. En nombre de la senadora Silvia Asunción Domínguez López, recurro a esta soberanía a fin de presentar este punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la Sagarpa a aplicar políticas públicas que capaciten a los productores mexicanos para soportar la transformación del campo ante la aplicación del Tratado de Libre Comercio.

La suscrita, senadora de la LIX Legislatura Silvia Asunción Domínguez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Históricamente, la agricultura ha sido el sector más desprotegido del país; hoy, las expectativas no son muchas.

En el mes de enero de 2003, el Tratado de Libre Comercio eliminó casi todos los impuestos sobre productos agrícolas entre los países que integran el TLC, confrontando a los agricultores mexicanos con una competencia desenfrenada y desleal, para la cual están pobremente preparados.

Por lo anterior, el gobierno mexicano se ha tardado en entrar en acción para defender el desesperado sector agrícola.

El Presidente Vicente Fox públicamente se declara del lado de los campesinos, pero su reputación por favorecer consistentemente las inversiones extranjeras cuestiona su sinceridad.

La marginación, la falta de tecnología y de apoyo directo, y el olvido son algunos de los problemas que contribuyen a que la situación sea alarmante. Datos de la Presidencia de la República afirman que la inversión histórica para el campo es de más de 120 mil millones de pesos de manera integral; y si bien es cierto que nunca se había invertido dicha cantidad en el sector, aún no es suficiente.

Las perspectivas de lograr un crecimiento económico sostenido y niveles de vida más altos descansan en gran medida en la capacidad de exportar más productos agrícolas a los mercados mundiales de alta competitividad y de aumentar la productividad del campo. Pero la capacidad de la región para incrementar sus exportaciones sigue topando con serios obstáculos estructurales que se levantan más allá de sus costos, específicamente la carencia de apoyo en esta actividad.

Según estimaciones, en un futuro, de los 5 millones de familias rurales, sólo 1 vivirá de la agricultura en México, por lo que la situación del campo está a punto de la quiebra. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en la actualidad 81% de la población rural vive en miseria; 2 de cada 3 mexicanos que viven en pobreza extrema están en el campo. Y en 2008, que inicia la apertura arancelaria, podría implicar, además de una crisis social histórica, deterioro total del campo mexicano.

En consecuencia, la pobreza rural es resultado del desarrollo inicuo que se ha dado en el campo mexicano, pero al mismo tiempo constituye una severa restricción para las posibilidades de expansión de los productos.

Agotado el crecimiento extensivo de la producción agrícola y con la necesidad de competir en los mercados externos, el único camino viable para la agricultura mexicana es aumentar la productividad, mediante el uso intensivo de tecnología y decisiones de producción que realmente encadenen el sistema producto. Factores sustantivos en una política gubernamental que pase no sólo por los subsidios, sino por la capacitación de los productores y que, además, genere los mínimos de bienestar indispensables entre la población campesina y que permitan soportar la transformación del campo y erradicar la pobreza extrema de este sector.

El Poder Legislativo federal, como órgano representativo de la sociedad y de las instituciones nacionales, está facultado para cooperar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, la iniquidad y el desequilibrio social. Esta realidad requiere un esfuerzo compartido que permita desplegar los enormes potenciales de este país. En efecto, México se caracteriza por poseer un cúmulo humano y material de capacidades, pero desafortunadamente, a su vez, existen carencias, deficiencias, incongruencias que requieren poner en marcha políticas viables y aplicables en la actualidad, que sean integrales en los aspectos económico y social.

Es importante destacar que en algunos estados, las condiciones de atraso y marginalidad han sido la causa de conflictos sociales y políticos cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad y la autoridad pública para abatir el origen de los problemas. Sin duda, los grandes retos que enfrenta esta actividad exigen corresponsabilidad para alcanzar el bienestar y el porvenir de millones de mexicanos. En este sentido, resulta imprescindible crear los instrumentos técnico-jurídicos necesarios para impulsar esta actividad primaria frente a un gran reto, la apertura comercial (TLC).

En este orden de ideas, el Banco Mundial autorizó un crédito de 100 millones de dólares al gobierno mexicano para invertirlos en el campo. De ellos, este año se ejercerán 25 millones de dólares los cuales, aunados al presupuesto destinado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les permitiría crear los medios técnico-jurídicos necesarios para impulsar la agricultura mexicana y lograr mayor equidad entre los países miembros del TLC.

Compañeros legisladores, no olvidemos que los campesinos mexicanos representan la nueva fuerza del campo, la innovación, y la renovación, la capacidad y el compromiso, la muestra del éxito de crear proyectos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida.

En consecuencia, solicito la aprobación de este punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda, a que aplique políticas públicas gubernamentales que generen la competitividad basada en apoyos directos técnicos, financieros y que nos lleven no sólo a la especialización y la alta productividad, sino también a una estructura fortalecida para la transformación del campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Sen. Silvia Asunción Domínguez López (rúbrica).»

Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, el asunto está suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Las legisladoras y los legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz EscárragaEl Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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LEY DEL PARQUE VEHICULAR DE MEXICO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia recibió comunicación del diputado Alfonso Nava Díaz por la que solicita modificación del trámite dictado a la iniciativa que crea la Ley del Parque Vehicular en México, presentada el 11 de enero del año en curso. En virtud de que se trata de una solicitud formulada por el propio promovente, se modifica el trámite y se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo acordado para celebrar esta sesión, ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de enero de 2006.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación por el Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha comisión correspondiente del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2005.

Comunicaciones

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Peyrot González, para aceptar y usa la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas: Belén Negrete e Irma Araceli Cruz Molina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

Quince de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Arturo Aldana Varela, Gabriel Herrera Carrillo, Ernesto Pérez Monroy, Jesús Alonso Valdez, Antonio Fuentes Cruz, Maximino Mondragón González, Francisco Javier Revilla Macías, Fernando Federico Arcaute Velázquez, Emir Alejandro Kuri García, Juan Ramón Aguilar Ramírez, Dagoberto Espinosa Rodríguez, Francisco Moreno González, Francisco Javier Andrade Ramiro, Sergio Aponte Polito y Jorge Juárez Loera.

Iniciativas de ciudadanos legisladores

Que reforma el artículo 276 y se adicionan los artículos, 188 Bis, 188 Bis 1 y 275 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República destinar parte del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2006 a los programas de prevención de delitos electorales relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Renato Sandoval Franco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

Es cuanto, señor Presidente.

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 25 de enero, a las 11: 00 horas.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 4 horas 21 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 32 legisladores.

Diputado que solicitan licencia: 1.

Diputada que se reincorpora: 1.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 16.

Puntos de acuerdo, aprobados: 15.

Oradores en tribuna: 26 PRI-12, PAN-4, PRD-7, PT-1, Conv-2

Se recibió:

2 comunicaciones de los congresos de los estados de Baja California;

1 comunicación de ciudadano magistrado;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa de la no asignación por parte de la Administración General de Aduanas;

1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite la propuesta del Presidente de la República, del nombramiento de la ciudadana Olga Hernández Espíndola, como Magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Marco Antonio Peyrot González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador;

15 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los efectos de la fracción, VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

28 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;

1 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

2 comunicaciones de las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina, solicitan el permiso necesario para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa;

1 iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua;

6 iniciativas del PRI;

4 iniciativas del PRD;

1 iniciativa de Convergencia;

1 iniciativa del PVEM;

1 iniciativa del PT.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso, ciudadano Embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Canadá en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Dictámenes aprobados:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Canadá en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que elabore y publique el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, informe a la Cámara de Diputados, de la forma y términos en que se están realizando los actos de embargo y de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias de empresarios textileros del estado de Tlaxcala;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Salvador Campos Icardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Alberto García Cáceres como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Aguilar Bodegas, José Antonio (PRI) Caña de Azúcar: 133

Castro Ríos, Sofía (PRI) Tratado de Libre Comercio: 158

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 58

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Ley Federal del Trabajo y un artículo 121 Bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 79

Figueroa Romero, Irma Sinforina (PRD) Código Penal Federal: 85

García Solís, Iván (PRD) Artículos 112 y 116 constitucionales: 86

Godínez y Bravo, Rebeca (PRI) Ley de Comercio Exterior: 94

González Hernández, Yolanda Eugenia (PRI) Benito Juárez García: 131

González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 68

González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 115

Jiménez González, David (PRI) Código Fiscal de la Federación: 71

Jiménez González, David (PRI) Ley Federal de Procedimiento Administrativo: 75

Jiménez González, David (PRI) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 91

Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN) Secretaría de Educación Pública: 126

Landero Gutiérrez, José Francisco Javier (PAN) República de Chile: 130

Larios Córdova, Héctor (PAN) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 114

Melgoza Radillo, Rafael (PRD) República de Chile: 128

Michel Camarena, Héctor (PRI) Caña de Azúcar: 119

Nazar Morales, Julián (PRI) Presupuesto de Egresos de la Federación: 123

Ojeda Zubieta, César Raúl (PRD) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 113, 116

Ojeda Zubieta, César Raúl (PRD) Caña de Azúcar: 139

Ortega Pacheco, Ivonne Aracelly (PRI) Estado de Baja California Sur: 144

Padilla Peña, Joel (PT) Artículo 91 constitucional: 65

Rodríguez Prats, Juan José (PAN) Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 115, 116

Saldaña Pérez, María Lucero (PRI) República de Chile: 129

Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael (PRI) Tratado de Libre Comercio: 136

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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular de la Sagarpa y al director general del IMSS, a cargo del senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del PRI

Los suscritos, Héctor Michel Camarena y José Adalberto Castro Castro, senadores de la República por los estados de Colima y de Sinaloa, respectivamente, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, en apoyo de los trabajadores eventuales del campo mexicano, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Sabemos bien que la idea de un Estado social responde a la convicción de que la justicia no habrá de alcanzarse por la mera inercia del desarrollo del país o por la simple expansión del mercado. Ellas pueden favorecerla, pero no la garantizan.

Los Poderes de la Unión, desde su respectivo ámbito de competencia, interactúan para establecer las bases y condiciones necesarias que garanticen nuestra soberanía y de-sarrollo. A través del Estado se ha de impulsar un conjunto de políticas que, siendo compatibles con la expansión del mercado y con el ejercicio de las garantías y libertades que establece la Constitución, puedan orientar el desarrollo nacional hacia los fines de la justicia social.

El Estado debe permanecer como un instrumento eficiente de respuestas a las desigualdades con el propósito de fortalecer la vigencia del Estado social; debe modificar su capacidad de respuesta para generar mejores condiciones a los grupos de menores ingresos y mayor rezago.

Por ello, el Legislativo federal ha mantenido su plena y firme convicción en favor de la construcción de un Estado democrático de derecho con amplias responsabilidades sociales. Sin lugar a dudas que uno de los temas más sensibles del Congreso respecto a la adecuación de nuestra legislación lo ha sido el tema de la justicia social.

Contrariamente y por las acciones mismas de la presente administración del Presidente Vicente Fox, hoy podemos señalar que el Ejecutivo federal abdica de sus responsabilidades y obligaciones contenidas en el texto constitucional.

Hoy, nuevamente hacemos uso de ésta, la más alta tribuna de la nación, ante las acciones de un gobierno renuente a saldar los rezagos de la seguridad y la justicia social de sus gobernados, de los más pobres entre los pobres: los trabajadores eventuales del campo.

El pasado lunes 2 de enero, en su mensaje a la nación con motivo de año nuevo, el Presidente Fox señalaba que ``estamos construyendo un México fuerte con más oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos''.

Falso. No podemos ni debemos aceptar esa retórica pobre y comercial del Ejecutivo. Habla el Presidente Fox, en su mensaje al pueblo de México, de un país democrático pero, a su vez, olvida que la democracia es consustancial a la justicia social. Habla de responsabilidad, compromiso y participación ciudadana, pero la ciudadanía aún cuestiona en dónde están el esfuerzo, el compromiso y los resultados del Gobierno Federal. ¿En verdad cree el Presidente Fox que con un gobierno tan indiferente al rezago de la pobreza ``mañana México será mejor que ayer''?

Tenemos que recurrir a la sabiduría popular para reiterar que la política firme del gobierno para con los productores y trabajadores del campo es la de jugarles el dedo en la boca. Las acciones hasta hoy emprendidas por el gobierno no son más que una burla para este sector, que vive y sufre los efectos de la miseria y la marginación.

Por citar algunos ejemplos, recordemos:

a) que primeramente se buscó solucionar la seguridad social de los trabajadores eventuales del campo, mediante convenios por hectárea en producción, firmados entre los productores rurales y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con derecho a la atención médica y medicinas, lógicamente sin cotizar y, por tanto, sin derecho a ser pensionado o jubilado;

b) después, el Presidente Ernesto Zedillo aprobó en el año de 1998 un decreto mediante el cual concedió a los productores rurales un descuento de 60 por ciento en el primer año y un 20 por ciento en el último, que fue en el año 2004, por las cuotas que deberían pagar los patrones por sus trabajadores eventuales, medida que también fracasó por las condiciones económicas del campo;

c) en abril del año pasado se aprobaron adiciones a la Ley del Seguro Social en la que, curiosamente, uno de sus mayores promotores fue el gobierno mismo y que, lejos de mejorar los beneficios a los productores rurales y a sus trabajadores eventuales, plantea quitar los apoyos y subsidios que, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación, les corresponden a los productores; y

d) a finales de diciembre del año 2005, el Presidente Vicente Fox firmó un decreto en el que plantea que los beneficios fiscales y administrativos para los patrones del campo se aplicarán solamente si los trabajadores eventuales están inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; igualmente, que se les eximirá parcialmente de la obligación de pagar las cuotas obrero-patronales hasta por un monto equivalente a la diferencia entre la contribución determinada a partir del salario base de cotización que se haya señalado en el aviso afiliatorio del trabajador eventual del campo, y la que resulte de acuerdo con las reglas generales que para tal efecto emita el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El gobierno exige, en un absurdo más, el pago de las cuotas de seguridad social, cuando de antemano sabe del deterioro económico por el que el sector primario transita, ya que a nadie escapa la realidad de los productores rurales del campo, quienes en materia de seguridad social quieren cumplir la ley, pero no pueden por la extrema pobreza del campo mexicano, y esto los obliga a que haya una lucha de estrategias para evadir, en muchos casos, los pagos correspondientes a la seguridad social de los trabajadores eventuales, una acción lógica y hasta cierto punto entendible si tomamos en cuenta sus excesivas cargas financieras para la producción, la falta de apoyos y programas acordes para la competitividad, las marcadas diferencias y la desigualdad que existe para la producción y comercialización del mercado nacional e internacional.

Le hemos destinado más de 8,000 millones de pesos para el Seguro Médico Popular, pero hemos dejado de lado uno de los problemas más importantes, el de la seguridad social de los trabajadores eventuales del campo, a quienes no obstante tener un derecho constitucional y legal hemos dejado en el completo abandono al terminar su vida laboral útil, solamente a la suerte de vivir de limosnas o de arrimados con algún familiar o amigo.

Precisamente, el pasado 29 de diciembre Diario Monitor daba cuenta en su nota principal del agobio que para México significa la dependencia alimentaria. Catedráticos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señalaron que ``México ha importado más de 80 mil millones de dólares en los últimos diez años, y tan sólo en el último sexenio se adquirió la mitad de esa cifra fundamentalmente en productos como trigo, maíz y frijol, lo que coloca al país en el terreno de la inseguridad alimentaria''. Señalaron que ``la autonomía nacional en este rubro está en entredicho y vulnerada''.

El Instituto atribuye tal situación a una realidad por todos conocida, ``a la falta de una política de desarrollo agrícola que se refleje en los altos niveles de compra de comestibles y en el déficit recurrente de la balanza comercial agroalimentaria''.

Siendo nuestro país una nación de vocación eminentemente agrícola, resulta incomprensible y hasta motivo de vergüenza lo dicho por los catedráticos de la UNAM y que no es otra cosa que la realidad: ``México se halla convertido en un país que no tiene capacidad para producir los alimentos básicos que consume'' y que ``el presupuesto del ramo ha disminuido en más de 10 por ciento''.

Se hace, igualmente, puntual observación respecto a las responsabilidades compartidas: ``recuperar los niveles de gasto para el campo y fomentar programas de desarrollo productivo''. Esto es, y en demasiadas ocasiones lo hemos demandado, que el campo requiere un firme y decidido respaldo del gobierno a través de la inyección ordenada y planificada de capital público, pero también privado.

Derivado de la anterior exposición de motivos y dada la indignante realidad de pobreza, deterioro y abandono del campo que, dicho sea de paso, se agudiza por las omisiones e indiferencias del Gobierno Federal, proponemos a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución, en apoyo de los trabajadores eventuales del campo mexicano

Único. Se cite a comparecer ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los CC. Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y Fernando Flores y Pérez, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de

1. Que expliquen el contenido y los alcances del decreto que firmó el C. licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, relacionado con la incorporación de los trabajadores eventuales del campo al régimen obligatorio del Seguro Social.

2. Que nos comprometamos a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión aportemos nuestra mejor voluntad política, con la finalidad de aprobar las iniciativas de reformas a la Ley del Seguro Social y adoptar las medidas administrativas y económicas que correspondan, con la finalidad de resolver en definitiva el problema jurídico de más de 3.5 millones de productores rurales del país con sus trabajadores eventuales y otorgar a éstos (más de 4.5 millones) la seguridad social que, conforme a nuestra Constitución y ley secundaria, les corresponde.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Senadores: Héctor Michel Camarena (rúbrica), José Adalberto Castro Castro.»Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Poder Judicial del estado de Sonora la pronta resolución del caso del niño Ismael Mondragón Molina, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez y suscrita por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos en ejercicio de esta la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La craneosinostosis se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales, conocidas como fontanelas, lo que produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. Este concepto agrupa varios tipos de acuerdo con las suturas afectadas y las malformaciones añadidas. Se calcula que por cada 10,000 recién nacidos se encuentran entre 3 y 5 con craneosinostosis, En nuestro país no existe un estudio epidemiológico al respecto.

Esta enfermedad se conoce desde la antigüedad, desde 1907 Thoma formula la hipótesis de una presión externa produciendo el cierre patológico de alguna sutura durante la etapa fetal. El exponía que siempre estaba presente el oligohidramnios comprimiendo la musculatura uterina, es decir que la craneosinostosis era producida por alteraciones de las relaciones entre las presiones internas y externas en un útero gravídico. Aunque en 1920 Park y Powers presentan una serie de 20 casos en los cuales no se constató oligohidramnios ésta idea es retomada por Graham y colaboradores en 1979, ellos estudian 16 mujeres y sugieren factores que pueden contribuir a la sinostosis sagital como son la presentación cefálica, desproporción cefalopélvica, mujeres primíparas y pelvis estrecha. El estudio realizado arrojo que el 68,75% de los partos fue distócico por cesárea y el 12,5% distócico por fórceps. Algunas mujeres refirieron dolor en bajo vientre durante el último trimestre del embarazo. Esta casuística apoya los planteamientos de Graham y Smith, por lo que una mala posición de la cabeza intraútero causando su compresión tal vez pueda llevar a esta alteración craneal o al menos iniciarla y completarse al nacimiento, otra posibilidad es que éste factor compresivo precipite la fusión en un mesénquima previamente patológico.

En 1920 Park y Powers propone que la causa primaria es un crecimiento defectuoso del mesénquima en el cual se forma el hueso. Los huesos formados en éste tejido son por la tanto más pequeños que los normales y hacen contacto uno con el otro muy pronto. Como se conoce las márgenes de los huesos del cráneo se mantienen apartados por el crecimiento intersticial de tejido mesenquimatoso. Al existir un defecto en el plasma germinal la capacidad de crecimiento normal del mesénquima está disminuida o abolida, sin desarrollarse el exudado que tiene la capacidad de resistir la osificación. Esto explica la sinostosis prematura, ya que tan pronto los huesos toman contacto se fusionan.

El cráneo del recién nacido está compuesto de huesos flotantes libres separados por fibras llamadas suturas. La sutura es una delgada capa de tejido de tipo conjuntivo intermedio que se origina entre los huesos y en el cráneo existen dos tipos: sindermosis que ocurre en la bóveda y sincondrosis en la base.

Al nacimiento las suturas están separadas por tejido conjuntivo de tipo mesenquimatoso y entre los seis meses y el año se produce una identación, los bordes irregulares se interdigitan quedan yuxtapuestos pero no se fusionan. Evolutivamente el tejido conjuntivo se va sustituyendo y son ocupadas funcionalmente por tejido fibroso por lo que se dice que se han cerrado.

La craneosinostosis es una condición en la que las suturas del cráneo del recién nacido se cierran prematuramente, provocando problemas en el crecimiento normal del cráneo y del cerebro. El cierre prematuro de las suturas puede también provocar un aumento de la presión dentro de la cabeza y que los huesos faciales y del cráneo cambien su apariencia normal y simétrica.

Las craneosinostosis se caracterizan por un cráneo morfológicamente anormal. En las fases iniciales del proceso el desarrollo cerebral no se altera ya que el cráneo puede crecer todavía en los diámetros no perpendiculares a la sutura afectada, ya posteriormente cuando la consolidación es completa el crecimiento encefálico puede originar hipertensión endocraneal.

La dismorfia craneal es de aparición precoz, precediendo en algún tiempo a las manifestaciones neurológicas que pueden originar. Esta deformidad está relacionada con la sutura afectada y según la conformación que adopte recibirá diferentes denominaciones.

La técnica quirúrgica para la corrección de esta alteración craneal, también ha pasado por diferentes etapas desde que Lannelonge realizó en Francia en el año de 1890 la primera craniectomía lineal resecando las suturas fusionadas.

Así, a lo largo de la historia el manejo de las craneosinostosis ha variado en base a los conocimientos científicos de la época.

Como lo mencioné anteriormente, la fusión prematura de las suturas se le llama craneosinostosis, que restringe el crecimiento del cráneo. No se conoce con exactitud la etiología de esta fusión prematura. Sencillamente se puede decir que la sinostosis es la unión de dos o más huesos para formar un solo hueso.

Los niños que nacen con craneosinostosis podrían tener la presión aumentada en el cerebro y problemas con la vista. Los estudios a largo plazo demuestran que además de la corrección de los problemas funcionales asociados con la craneosinostosis, la cirugía reconstructiva tiene un efecto positivo sobre el niño y su imagen,

Es el caso del niño Ismael Mondragón Molina, de un año once meses, a quien en el año 2003, al tener 4 meses de edad, se le diagnosticó craneosinostosis. Dicho diagnóstico fue hecho por médicos del Hospital Infantil del estado de Sonora, en donde se le practicaron diversos estudios de diagnóstico para corroborar dicha alteración.

El 14 de diciembre de 2004 fue internado en esa unidad hospitalaria, para la intervención quirúrgica, la cual se realizo el día 15 de diciembre por personal medico adscrito al Hospital Infantil del estado de Sonora, falleciendo el menor posterior al acto quirúrgico, presentando los familiares denuncia ante el ministerio publico del fuero común, quien determinó mediante la exhumación del cuerpo, que la muerte del menor fue a consecuencia de paro cardiorrespiratorio por edema cerebral, existiendo evidencia pericial para considerar negligencia en la atención médica.

Por lo anterior y afecto de conocer los aspectos técnicos, médicos y jurídicos del resultado de la averiguación previa, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al gobierno del estado de Sonora que a través de su Procuraduría General de Justicia, la pronta resolución del caso del niño Ismael Mondragón Molina, quien falleció posterior a la cirugía de cráneo, para corrección de craneosinostosis por cierre prematuro de fontanela anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 11 de enero del año 2006.--- Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar un informe detallado del origen y las causas de los subejercicios a septiembre de 2005 de programas sociales y a explicar el impacto de este retraso en el cumplimiento de sus metas, a cargo del grupo parlamentario del PRI

En esta ocasión debo hacer uso de esta tribuna para tratar un tema de suma importancia para los mexicanos, me estoy refiriendo a la manera como la presente administración ejerce los recursos públicos.

Y es que en el último Informe sobre las Finanzas y Deuda Pública, realizado por la Secretaría de Hacienda, destacó la lenta ejecución del presupuesto en programas de alto impacto social durante los primeros nueve meses del 2005.

Estos programas son de suma importancia ya que fortalecen la provisión de los servicios de educación, salud y alimentación para grupos de población de escasos recursos; también contribuyen al desarrollo de actividades económicas que impulsan la generación de ingreso para las familias, la creación de microempresas y la transferencia de apoyos directos a los productores del campo.

De acuerdo al informe citado, de enero a septiembre de 2005, las erogaciones en estos programas sumaron 71.9 millones de pesos, 61 por ciento respecto del presupuesto anual autorizado.

Sin embargo, se observa con preocupación que existen importantes programas que sólo habían ejercido poco más de la tercera parte del presupuesto autorizado.

Tal es el caso de los Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los que sólo se había ejercido el 34 por ciento de los 3 mil 937 millones de pesos autorizados.

Es indignante y reprochable que ante la situación de marginalidad por la que atraviesan los indígenas el presupuesto destinado a superar esta situación no se ejerciera a cabalidad.

Otro de los programas que presentaba subejercicio es el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, el cual solamente había ejercido el 35.3 por ciento de los 4 mil 730 millones de pesos que se le asignaron.

Asimismo, resulta paradójico que siendo el desempleo uno de los grandes retos que se enfrenta en el país, de enero a septiembre del 2005 únicamente se había ejercido el 48 por ciento del presupuesto del Programa Empleo Temporal.

Otros programas que presentaban subejercicios son el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad y el de Escuelas de Calidad, que a septiembre de 2005 habían ejercido 4 pesos por cada 10 que se le autorizaron.

Finalmente, en el Informe de Hacienda se señala que existen ``otros'' programas que sólo habían ejercido el 38 por ciento de los más de 23 mil millones de pesos asignados.

Señoras y señores Legisladores:

Es importante que se conozca el origen del retraso en la ejecución de los recursos en algunos de los principales programas de impacto social, y el por qué ejercieron, si es que lo hicieron, la mayoría del presupuesto autorizado en el último trimestre del año.

También es indispensable que se conozca cómo el retraso en la ejecución de los recursos asignados afectan a las metas trazadas, por lo cual, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Debido al subejercicio que prevaleció en la aplicación de los recursos financieros asignados a importantes programas de impacto social, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que entregue a esta Soberanía un informe detallado del origen y las causas de los subejercicios a septiembre de 2005 que registraron estos programas sociales; y que explique el impacto de este retraso en el cumplimiento de sus metas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda que incluya en sus ``informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública'' la ejecución desagregada de los recursos de cada uno de los programas de impacto social.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 11 días del mes de enero de 2006.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez y suscrita por las diputadas Adriana González Carrillo y Guadalupe González Ponce, del grupo parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Adriana González Carrillo y Guadalupe Suárez Ponce, diputadas federales de la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebra las candidaturas de mujeres en el mundo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un significativo reporte de junio pasado, del Comité para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se hace mención a que aún persiste la subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular.

En términos de representación popular por la vía electoral, la situación de la mujer en el mundo, en general, sigue siendo muy precaria. Según información reciente de la Unión Interparlamentaria (septiembre, 2004), existen 6,388 mujeres parlamentarias en todo el mundo, contra 34,911 hombres en funciones parlamentarias; esto es, que la participación total de las mujeres en todo el orbe es del 15.5% únicamente.

La transición democrática en México ha considerado, sin duda, a las mujeres, y como muestra basta la comparación entre el promedio de representación de las mujeres en las Cámaras bajas en Europa con el de México. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene una importante representación femenina de 114 legisladoras, lo cual representa más del 22% del total de legisladores. En el listado europeo, México se ubicaría por encima de países como Italia, Francia, Irlanda, Hungría, el Reino Unido, Portugal y otros que no consiguen esa representación femenina.

Este aumento ocurre luego de que en México se aplica una Ley de Cuotas a favor de la equidad de género, que impide a los partidos políticos otorgar más allá del 70% de candidaturas a aspirantes del mismo sexo. Por tanto, esta Legislatura es la de mayor participación femenina en la historia de México pues representa el máximo alcanzado luego del 17% logrado en la LVIII Legislatura.

El debate entre si las cuotas convienen o no, al menos ha ayudado a pensar en las mujeres como profesional y políticamente capaces de ocupar puestos de elección popular y ha advertido a la población del problema de inequidad que enfrentan las mujeres en el acceso a su plena participación política.

La aceptación que hoy existe en América Latina en torno a las cuotas de género encuentra reflejo en encuestas realizadas en varios países de Latinoamérica, entre ellos México, las cuáles revelan que dos terceras partes de la población considera que las cuotas son, en general, benéficas para el continente.

Aunado a esto, la mayor parte de la opinión pública de la región, el 57% (encuesta Gallup e Inter-American Dialogue, 2002), apoya la idea de que se incremente la presencia de mujeres en cargos públicos, puesto que consideran que las mujeres son más honestas, capaces y eficientes para manejar adecuadamente los asuntos públicos, ya sea en materia económica, de educación, salud, lucha contra la corrupción, combate a la pobreza o protección del medio ambiente.

El derecho a voto de la mujer en América Latina llegó de manera dispar. En Argentina se consiguió, tras largas luchas, en 1947. En Brasil, se obtuvo la facultad de votar a las mujeres en 1932, mismo año en que Costa Rica la implementó. En Guatemala sólo se otorgó este derecho en 1945 a las mujeres que sabían leer y escribir. No fue sino hasta 1965 que el voto femenino se extendió también a las analfabetas. En el caso mexicano, sin embargo, es bien sabido que en el año de 1953 las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto.

Actualmente, a pesar de que aún queda mucho por hacer en materia de participación femenina en los cargos políticos, el momento histórico favorece a las mujeres de nuestra región.

Latinoamérica afronta 2006 como el año de las elecciones. Presidenciales en Chile, Haití, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, México y Nicaragua. Parlamentarias en la mayoría de las citadas y en El Salvador, República Dominicana. Dentro de estas elecciones presidenciales, se destacan la presencia de mujeres candidatas en Chile y Perú.

Michelle Bachelet, candidata electa a la presidencia de la República de Chile por la Concertación por la Democracia; Lourdes Flores Nano, candidata a la presidencia de la República del Perú por el partido Unidad Nacional; Laura Chinchilla, quien aspira a la vicepresidencia de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional; Ángela Merkel, canciller alemana y Ellen Johnson Sirleaf, primera mandataria de Liberia, son el claro ejemplo de que las mujeres tienen el talento y la capacidad para contender a tan altos cargos.

Por ejemplo, Laura Chinchilla, candidata a la vicepresidencia de Costa Rica, tiene una amplia trayectoria política, pues ha fungido como investigadora, diputada y ex ministra de Seguridad de dicha nación. Igualmente, Lourdes Flores Nano, candidata a la presidencia de la República del Perú, fue regidora de la Municipalidad de Lima y diputada en varias ocasiones.

La transformación democrática es inexorable, pues hoy en día las mujeres, sin necesidad de valerse de recursos familiares o afectivos, sino por su propia trayectoria y el excelente desempeño de sus encargos, han logrado alcanzar las más altas representaciones de su país.

Tales designaciones para las candidaturas anteriormente mencionadas, son motivo de celebrar, ya que como conquista democrática y de equidad, las mujeres finalmente comienzan a posicionarse como una opción política real en pos de un mundo más incluyente, justo y plural. Las mujeres tenemos derecho de acceder a los puestos de toma de decisión en virtud de que dichas determinaciones traen sus consecuencias por igual en hombres y mujeres, por lo tanto, resulta indispensable que el género femenino cuente con la representación que se merece.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebra las candidaturas de mujeres a las presidencias de sus países en Latinoamérica y en el mundo, por considerar tales como una conquista democrática, justa y equitativa en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su beneplácito por el triunfo de Michelle Bachelet en la elección a la Presidencia de la República de Chile, país con el que sostenemos una alianza estratégica de enorme trascendencia para ambas naciones.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos a que continúen impulsando los cambios que permitan la promoción de una mayor participación política de la mujer.

Palacio Legislativo, a 18 de enero de 2006.--- Diputadas: Adriana González Carrillo, Guadalupe Suárez Ponce (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de recomendar a la Sagarpa y a la Semarnat que emitan el acuerdo para la instalación de la cadena agroalimentaria ganadería alternativa en la política pública de desarrollo rural sustentable y que aprueben las normas conducentes a su inmediata operación, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por los diputados Abdallán Guzmán Cruz y Enrique Torres Cuadros, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Abdallán Guzmán Cruz y Enrique Torres Cuadros, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, que será presentado ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por la diputada Rosario Herrera Ascencio, conforme a las siguientes

Consideraciones1.- Por el deterioro ambiental progresivo, importantes recursos naturales se degradan o se agotan sin que demos respuestas integrales para evitarlo.

2.- El avance de la frontera urbana, industrial y agropecuaria parece incontrolable afectando, casi siempre, de manera injustificable, los entornos naturales y la biodiversidad.

3.- Conocemos que se hacen esfuerzos institucionales, de organizaciones de la sociedad civil y de particulares para preservar, rehabilitar y aprovechar de manera sustentable y regulada los recursos naturales.

4.- Ahora existen diversos instrumentos jurídicos, las Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS) así como instrumentos de fomento, promoción y desarrollo aplicables para proyectos sustentables de producción alternativa.

5.- Por su parte, el Banco de México (BdeM) a través de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) tiene conocimientos acumulados en materia de experimentación y validación de los paquetes tecnológicos con respecto al aprovechamiento sustentable del venado, el jabalí, el tepezcuincle, la iguana, entre otras especies.

6.- Existen otras instancias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) así como los Comités Consultivos para las Especies en Peligro de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) además de instituciones educativas reconocidas mundial y nacionalmente como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), los CEBTAS, los Cecatis, entre otras muchas, que han elaborado diversos modelos de aprovechamiento sustentable.

Con base a las anteriores consideraciones proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se recomiende a la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitan el acuerdo para la instalación de la cadena agroalimentaria Ganadería Alternativa, dentro de la política pública de desarrollo rural sustentable y se aprueben las normas necesarias para su inmediata operación como líneas de acción para los programas tanto de ejecución nacional como local.

Palacio Legislativo, a 13 de enero de 2006.---Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Dip. Enrique Torres Cuadros (rúbrica).»Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el anuncio de la creación de un organismo autónomo para operar los programas sociales del Gobierno Federal, a cargo del senador Óscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del PRI

El apoyo a los mexicanos más necesitados ha sido siempre un tema político, con el que se juega a criterio de la Secretaría de Desarrollo Social, conforme a las tendencias electorales.

Prueba de la anterior aseveración es que, en días recientes, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex subsecretario de la Sedesol, explicó a los medios de comunicación la intención del Gobierno Federal de crear un organismo autónomo de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de una nueva Coordinación Nacional de Protección Social, a fin de aglutinar bajo su tutela una cantidad importante de programas sociales.

El esquema bajo el cual operará esta Coordinación será el programa sexenal del Presidente Vicente Fox, denominado ``Oportunidades'', del cual se desprende un padrón de las familias que viven en extrema pobreza.

Asimismo, la Presidencia de la República hizo del conocimiento de los medios que haría oficiales los decretos mediante los cuales se crearán la ya mencionada Coordinación, en sustitución de la actual Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Social y Humano Oportunidades, y el que instaura el Sistema de Ahorro para el Retiro en Oportunidades.

Cabe señalar que el organismo autónomo tendrá como principal responsabilidad administrar la pobreza de más de 25 millones de mexicanos, mediante programas ya conocidos, como el de Apoyo a Adultos Mayores y el Programa de Apoyo Alimentario, así como la incorporación de nuevos programas, como será el Sistema de Ahorro para el Retiro en Oportunidades.

En la entrevista, los responsables de hacer públicos estos proyectos del Gobierno Federal aseveraron que el asistencialismo no es su meta primigenia, ya que buscan ampliar el espectro de los programas sociales para convertirlos en programas productivos.

Es de enfatizar que, a su vez, subrayaron el supuesto propósito de la nueva Coordinación por no condensar todos los programas que atañen directamente a quienes formen parte de organizaciones vinculadas a partidos políticos, por lo que indicaron que la Sedesol tendrá el reto de negociar con las organizaciones campesinas los programas de las zonas rurales.

Sin embargo, éstas, que en principio podrían parecer nuevas medidas para acudir en ayuda de los más necesitados, a todas luces nos dejan ver, a los priístas, que esconden algo más que buenos propósitos.

Bastaría recordar que nos encontramos en el inicio de un año electoral, donde serán renovados los Poderes Ejecutivo y Legislativo en su totalidad, para darnos cuenta de que la creación, modificación y empleo de padrones de asistencialismo oficial pueden ser empleados para la manipulación de sufragios a favor de algún partido político, en este caso el PAN.

De ahí que, como hemos alertado en varias ocasiones ante esta tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores del PRI no habremos de permitir que se pretendan utilizar como instrumentos de control y con fines político-electorales los programas de asistencia social del Gobierno Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Ante la falta de claridad en torno de la creación de la Coordinación Nacional de Protección Social y su autonomía de la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, el envío a esta soberanía de información precisa y detallada sobre la creación de dicha Coordinación, así como los programas que serán otorgados a su tutela y la manera en que serán manejados.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de enero de 2006.»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal y al Instituto Federal Electoral a invitar formalmente a diversos organismos parlamentarios internacionales a participar como observadores en el proceso electoral mexicano de julio de 2006, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez y suscrita por la diputada Adriana González Carrillo y el senador Fernando Margáin Berlanga, del grupo parlamentario del PAN

Quienes suscriben, Adriana González Carrillo y Fernando Margain Berlanga, diputada federal de la LIX Legislatura y senador de la República, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal y al Instituto Federal Electoral a que inviten formalmente a diversos organismos parlamentarios internacionales a participar como observadores del proceso electoral de México a celebrarse en julio de 2006 en virtud de las siguientes

Consideraciones

La observación electoral internacional se ha convertido en un mecanismo muy importante para verificar la transparencia de los comicios y servir como una útil oportunidad para el mutuo aprendizaje en el desarrollo de los procesos electorales en el mundo. Especialmente en los últimos años, la observación electoral internacional ha probado su eficacia no sólo para consolidar la integridad de estos procesos en países que se encuentran en transición democrática sino también, en su caso, para dar certidumbre y confianza a los actores políticos y a los electores.

La observación internacional seria y adecuada puede hacer una contribución significativa a la integridad del proceso electoral. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) algunos de estos beneficios son la difusión de las buenas prácticas, su capacidad para disuadir a quien intentase alterar o perturbar el proceso electoral, la identificación de problemas administrativos, técnicos y jurídicos, la inhibición del uso de la violencia y las prácticas intimidatorias, el incremento a los márgenes de credibilidad y legitimidad del proceso electoral y, en general, la promoción de los contactos de mutuo aprendizaje entre observadores nacionales e internacionales.

En México hay una historia reciente de observación electoral internacional que empieza el 18 de junio de 1994 cuando el Consejo General del IFE aprueba el ``Acuerdo en el que se establecen las bases y criterios que normarán la presencia de visitantes extranjeros'', luego de que en febrero se aprobara el ``Acuerdo sobre los lineamientos y acreditación de los ciudadanos que desean participar como observadores electorales''.

Desde entonces, en las bases y criterios para normar la presencia de visitantes extranjeros invitados se ofrecía la posibilidad de que éstos observaran todas las etapas del proceso comicial y la facultad de establecer relaciones con todos los actores políticos y civiles del proceso electoral, así como el libre acceso a toda la información en torno a él. Se establecieron como limitaciones a su actividad las impuestas por los mandatos constitucionales o cualquier tipo de calificación sobre la jornada cívica que pudiera considerarse como intromisión a los asuntos políticos nacionales.

En el presente, la presencia de observadores electorales internacionales, es ya una práctica común que ha enriquecido enormemente la solidez de nuestra democracia y las instituciones electorales que contribuyen a hacerla posible.

El próximo dos de julio de 2006 tendremos un proceso electoral, en el que se estima por el IFE estarían en capacidad de participar 70 millones de ciudadanos, donde se elegirá Presidente de la República, y la totalidad del Congreso de la Unión, además de jefe de gobierno, delegados políticos y asambleístas en el Distrito Federal, gobernador en Guanajuato, Jalisco y Morelos, además de Congresos locales y Presidencias Municipales en Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Morelos.

La magnitud de estos comicios, su trascendencia obvia y la cantidad de ciudadanos involucrados hacen de esta la oportunidad idónea para integrar un nutrido grupo de observadores electorales internacionales, de intachable vocación democrática, que participen verificando la limpieza de las elecciones y, con ello, consolidando la confianza en nuestras instituciones electorales.

En los últimos años, México ha venido participando en múltiples misiones de observación y asistencia electoral en el mundo, reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas y la mayoría en convergencia con el Proyecto de Asistencia a la Observación Electoral del PNUD, por lo que es también evidente que, en reciprocidad, nuestro país debe acreditar un número importante de observadores internacionales para estar presentes en el proceso electoral.

Por otro lado, el Congreso mexicano ha participado ampliamente en la exposición de los temas de la democracia y el régimen de partidos nacional en el seno de los organismos parlamentarios internacionales más importantes. De ahí que adquiera especial relevancia invitar a los respectivos órganos de gobierno de estos organismos para que envíen una delegación de legisladores internacionales y participen directamente de la observación del proceso.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y al Instituto Federal Electoral a que inviten formalmente a la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP), Foro Parlamentario Asia-Pacífico, Confederación Parlamentaria de las Américas (Copa), al Parlamento Latinoamericano (Parlatino), al Parlamento Centroamericano (Parlacen), al Foro Interparlamentario de las Américas (Fipa), a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, al Parlamento Europeo y al Parlamento Indígena a participar como observadores del proceso electoral de México a celebrarse en julio de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Adriana González Carrillo (rúbrica), Sen. Fernando Margain Berlanga (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar al secretario de Gobernación que realice una investigación para deslindar las responsabilidades de orden administrativo, penal o ambos por la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración; y que, en su caso, dé vista al Ministerio Público de la Federación, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados nos enteramos de la ilegal detención e incomunicación, por parte de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, del señor Sami Kahil, su esposa Rima y sus dos hijos menores de edad de nacionalidad canadiense. Todos fueron fotografiados de frente y perfil y además de ser sometidos a un intenso interrogatorio.

Relata el señor Kahil: ``Revisaron a detalle nuestros documentos, pero sin decirme la razón. Una hora después de que revisaron mis documentos y me tomaron fotografías, las autoridades mexicanas regresaron al cuarto donde me tenían encerrado junto con mi familia. A todos nos subieron al avión en el que llegamos y nos llevaron a Zihuatanejo. Ahí me bajaron y me encerraron en otro cuarto, pero a mi esposa y mis hijos los interrogaron y fotografiaron antes de regresarlos en ese mismo avión y ese mismo día a Canadá''.

De acuerdo con la información, el Instituto Nacional de Migración fundó su decisión para detener y expulsar del país al señor Kahil en la Ley General de Población. Además se le atribuye a Armando Segura, vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la declaración: ``Al señor Kahil se le deportó porque estaba siendo buscado por el FBI. Fue una deportación inmediata. De hecho vinieron por él y se lo llevaron a su país''.

Finalmente Kahil fue deportado y liberado en su país, donde dijo: ``Lo que me tiene molesto e indignado es que las autoridades mexicanas hayan tomado fotografías de frente y de perfil a mi esposa y a mis dos hijos. No puede ser que un niño de seis o de ocho años sea etiquetado como presunto terrorista por un gobierno que quiere quedar bien con otro''.

Es necesario dejar en claro que al señor Kahil nunca se le comprobó responsabilidad legal alguna ni motivo que justificara su detención ilegal y posteriores vulneraciones a sus derechos humanos, en ese sentido las normas internacionales en materia de derechos humanos establecen una protección a la integridad de la persona humana y la estricta prohibición para todas las autoridades del mundo de intervenir ilegalmente en la esfera jurídica de los ciudadanos de todo el orbe.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 5º que: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y el 9º ordena que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

En particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Nnidas, de naturaleza coercitiva para las autoridades mexicanas establece en su artículo 9º que: todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, además, toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez.

Por otro lado el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha establecido que nuestro país tiene graves problemas en materia de detenciones ilegales y arbitrarias y el caso expuesto lo confirma.

Nos parece totalmente inaceptable que los agentes de migración realicen con la anuencia de la Secretaría de Gobernación el trabajo sucio de violentar las normas internacionales y el derecho universal de los derechos humanos en agravio de Sami Kahil quien junto con su familia sufrió un grave atentado en contra de su dignidad humana lo que debió ser investigado y resarcido por las instancias judiciales nacionales competentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar al secretario de Gobernación realice una investigación para deslindar las responsabilidades de orden administrativo y/o penal por la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración y, en su caso, dé vista al Ministerio Público de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 17 de enero de 2006.--- Dip. Eliana García Laguna (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación.«Proposición con punto de acuerdo, en relación con la inseguridad y la violencia que se vive en el país, a cargo del grupo parlamentario del PRI

Una vez más, la inseguridad y la violencia vuelven a ser tema de preocupación en este principio de año, debido al número de ejecuciones, asaltos y demás delitos que en estos días se han cometido a lo largo y ancho del país.

El año 2005 fue especialmente violento. Se estima que se cometieron alrededor de mil 500 homicidios relacionados con el crimen organizado, y nadie quisiera que en este año 2006 se repita un escenario semejante.

Ésa es la principal angustia de los mexicanos.

Entidades como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Distrito Federal y Morelos han tenido un inicio de año particularmente sangriento.

Quienes habitamos en este país tenemos miedo de salir a la calle; miedo de que nuestros hijos, amigos, algún familiar o nosotros mismos seamos víctimas de la delincuencia y pasemos a formar parte de la cada vez más abultada estadística criminal.

Todos los días, sin excepción, hemos visto cómo la nota roja se nutre con las ejecuciones, los asaltos, los secuestros, los hallazgos de personas encajueladas; en fin, por una violencia desenfrenada que parece no tener límite.

Y lo que parece que tampoco tiene límite es la incapacidad de las autoridades para remediar esta situación. Estamos siendo testigos de cómo la delincuencia rebasa, cada vez más, a quienes tienen el deber de protegernos, que es precisamente la primera y principal obligación del Estado.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y la ciudadanía en general han manifestado su inquietud por los elevados índices de criminalidad que los mexicanos hemos venido padeciendo desde hace ya varios años y que, peor aún, se han ido recrudeciendo día con día.

La semana pasada, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad dio a conocer las 13 áreas metropolitanas más peligrosas de México y en donde se cometen más de la mitad de los delitos que ocurren en el territorio nacional.

Entre las ciudades más conflictivas se encuentra, por supuesto, el Distrito Federal, además de Cuernavaca, Acapulco, Guadalajara, Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez, por mencionar algunas.

El mencionado estudio indica que la criminalidad urbana no es directamente proporcional a la población de dichas áreas metropolitanas, por lo que nada tiene que ver el número de habitantes.

Esto confirma que son la incapacidad e ineficacia de las autoridades, además de la desconfianza que existe en ellas, las principales causas de este problema.

Según esta investigación, en la Ciudad de México existe la mayor proporción de viviendas victimizadas, de robos con violencia, de agresiones contra mujeres, de delincuentes armados; en fin, el peligro en su máxima expresión.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado manifestó hace unos días que la inversión y el crecimiento están quedando limitados en un ambiente de delincuencia como en el que vivimos, además del daño patrimonial y en muchas ocasiones físico que provoca a los ciudadanos.

Este organismo destacó que entre 2000 y 2004, el gasto que los ciudadanos hicieron para protegerse de la delincuencia se incrementó en 17 por ciento; que cada víctima perdió en promedio 7 mil 819 pesos y que todo esto supera en 2.7 por ciento el presupuesto asignado al Poder Judicial y en 6.7 el de seguridad pública, además de que las pérdidas económicas ocasionadas por la delincuencia rebasan 56 mil 159 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda prevé obtener por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó el lunes pasado que en este sexenio la seguridad pública ha quedado como un compromiso inconcluso y que ni la vida, ni la seguridad, ni el patrimonio, que son derechos fundamentales, están siendo debidamente protegidos.

Todo esto, compañeras y compañeros, nos obliga a tomar cartas en el asunto a todos y exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que cumplan su tarea.

La inseguridad no es exclusiva de una región del país; es un problema generalizado que hay que combatir en conjunto: las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la sociedad civil.

Si no nos unimos, seguiremos perdiendo la batalla; y eso ya no puede ser. México ya no aguanta más.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a las autoridades del Distrito Federal y demás entidades federativas y municipios, para que de manera inmediata implementen acciones urgentes y contundentes a efecto de que enfrenten, de manera coordinada y eficaz, la delincuencia y la violencia que tanto afectan, vulneran y ponen en riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de los mexicanos.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2006.»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a establecer las medidas administrativas que eviten la utilización de los recursos públicos y los programas sociales con fines electorales, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD y suscrita por las senadoras Noemí Guzmán Lagunes y Leticia Burgos Ochoa, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática, respectivamenteExposición de Motivos

Durante los últimos meses el Ejecutivo federal ha venido haciendo públicas una serie de acciones que asumirá su gobierno, tendientes a garantizar la legalidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en el transcurso del proceso electoral del presente año.

Entre las más importantes, se ha señalado la suscripción del Convenio para la Protección de Programas Sociales Federales signado por la ex secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, y el representante del PNUD en México; el convenio suscrito por la misma funcionaria con el Instituto Federal Electoral y el establecimiento de mesas de recepción de quejas y denuncias en las entidades federativas.

Una de las acciones más recientes es el acuerdo de colaboración signado el pasado lunes 16, entre la Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados, ``en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales federales y fomentar la participación ciudadana de cara a los comicios que tendrán lugar en el presente año''.

Aún cuando se afirma que los programas sociales están ``blindados'', y que no existe ningún riesgo de que sean utilizados con fines electorales, son motivo de preocupación algunas cuestiones.

Por lo que se refiere al convenio con PNUD, estimamos conveniente que dada la enorme relevancia de un proceso electoral que se vislumbra como el más competido de los últimos tiempos, debe quedar claro el compromiso primordial de las instituciones nacionales competentes, no sólo para prevenir sino también para sancionar con efectividad el uso electoral de recursos públicos y los programas sociales, sin que ello signifique demeritar el papel de una instancia internacional de reconocido prestigio.

Consideramos que es indispensable diseñar un mecanismo institucional que asegure la coordinación necesaria entre dependencias y entidades. Todos sabemos que la legislación actual aun tiene vacíos y que en distintos procesos se ha denunciado el uso partidista de los recursos públicos.

Es en este orden de ideas que se propone la creación de un programa especial entre la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que el blindaje de los programas no quede sólo en el terreno de las buenas intenciones, y con respecto a las sanciones no ocurra como en otros procesos electorales, donde se ha pasado a segundo término este tema, una vez que se ha conocido el resultado.

Por otro lado, al establecer mesas de recepción de quejas y denuncias en las entidades federativas, es motivo de preocupación que la Secretaría de Desarrollo Social se erija como autoridad investigadora, para lo cual carece de facultades constitucionales y legales. Además, al hacerlo se vuelve juez y parte, cuando es precisamente la citada dependencia la que puede incurrir en determinado momento en algún acto ilícito, dado su papel como la principal ejecutora de los programas sociales.

Por lo mismo, cuando la Secretaría de Desarrollo Social, así sea con el beneplácito de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se ha auto erigido en un órgano de vigilancia electoral, como ha hecho sistemáticamente en 82 procesos electorales, a través de las llamadas ``Mesas para la Transparencia y la Legalidad Electoral'', ha incurrido en una grave falta.

La Secretaría de Desarrollo Social, como cualquier otra dependencia federal que maneje recursos con fines sociales, es la que debe ser vigilada. De otro modo, es un despropósito, porque entonces nada garantiza que la información que pase por esas mesas, se emplee honestamente, de manera imparcial y no con fines partidistas.

Por último, preocupa que quien fuera la encargada de diseñar el ``blindaje'', de garantizar transparencia e imparcialidad en el ejercicio de los programas, la licenciada Josefina Vázquez Mota, ahora desempeñe una labor de primer nivel en una campaña presidencial. A ella le asiste todo el derecho de participar libremente en al ámbito que decida, pero el de la Sedesol ha sido a todas luces un doble discurso.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de esta H. Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que establezca un programa especial de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con dependencias y entidades, a efecto de prevenir y sancionar el uso electoral de recursos públicos y los programas sociales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de que, en estricto apego a la legalidad, deje sin efecto la disposición por la cual se acordó la instalación de mesas de atención para recibir quejas y denuncias sobre posibles usos indebidos de los programas sociales en las entidades federativas.

Tercero. Se exhorta a la Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en consonancia con el acuerdo de colaboración suscrito con la Procuraduría General de la República, establezca medidas de vigilancia y fiscalización del uso de recursos y de la propia actuación de las dependencias públicas federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Sen. Leticia Burgos Ochoa (rúbrica), Sen. Noemí Guzmán Lagunes (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Servicio de Administración Tributaria a suspender tanto el procedimiento de licitación de los servicios de reconocimiento aduanero en el país como la convocatoria, suscrita por el diputado Javier Villacaña Jiménez, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Javier Villacaña Jiménez somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que suspenda el proceso de licitación pública internacional derivado de la convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, expedida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El 11 de octubre pasado, de manera sorpresiva se publicó en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esa publicación oficial se convocó a personas morales interesadas en prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías que deberían ser provistos de manera integral por el proveedor de servicios que logre la autorización, suministrando las herramientas, personal calificado y demás recursos necesarios para su ejecución.

Las funciones de las personas morales autorizadas serían:

1. La revisión, dentro de las instalaciones de la aduana, de mercancías de importación y/o en tránsito, así como de sus muestras, para allegarse de elementos que ayuden a comprobar su correcta internación y/o legal estancia en el territorio nacional.

2. La clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a la revisión, de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

3. La verificación, documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional.

Dice la convocatoria que la valoración se podría efectuar, en caso necesario, en sitio; es decir, en los países o lugares en los cuales se encuentren las mercancías por lo que dichas empresas particulares, necesariamente deberán contar con cobertura mundial.

Segundo. Derivado de la convocatoria en mención, se presentaron diversas reacciones de legisladores entre las que destacan las siguientes:

El 25 de octubre pasado el diputado federal Jorge Martínez Ramos, del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que suspendiese el procedimiento de adjudicación de la Administración de Aduanas Mexicanas, en tanto no fueran aclaradas las denuncias de violaciones constitucionales implicadas en la licitación.

En la misma fecha, fue presentada por el Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del PRD, proposición con punto de acuerdo por la solicitaba al secretario de Hacienda y Crédito Público, que remitiera con la mayor brevedad información suficiente para solventar con los fundamentos constitucionales y legales, así como los motivos técnicos, sociales y económicos pertinentes, la procedencia de la convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la ley aduanera, número SAT. AGIC-017/2005, relativa a la autorización de personas morales particulares para desarrollar las actividades aduaneras denominadas servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías.

El 27 de octubre pasado presenté una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que suspendiera la denominada ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', hasta en tanto se informara y aclararan de forma satisfactoria los términos e implicaciones del otorgamiento de los títulos de autorización, con el fin de no vulnerar la soberanía del país y no generar una competencia desleal para el sector aduanero nacional.

El 10 de noviembre pasado, la diputada federal Rosa María Avilés Nájera, del PRD, presentó iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, por la que proponía reformar el párrafo primero del artículo 16, con el fin limitar la facultad discrecional del Servicio de Administración Tributaria, en lo concerniente a la autorización de la prestación de los servicios integrales de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías, para reglamentarla, y que únicamente pueda autorizar servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados.

Posteriormente, la misma diputada Rosa María Avilés Nájera volvió a presentar iniciativa de reforma al mismo ordenamiento, con el fin de modificar el primer párrafo y derogar el segundo; derogar el sexto párrafo y modificar el décimo párrafo, del artículo 43, ambos de la Ley Aduanera, con el fin de dar mayor precisión al propuesta de modificación planteada por ella misma, pero el de 10 de noviembre pasado.

Por si no fuera suficiente, el 29 de noviembre pasado la diputada federal Marcela Guerra Castillo, del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al Administrador General de Aduanas que proporcionaran a la Cámara de Diputados toda la información relacionada con los antecedentes, la convocatoria, el sustento jurídico y técnico de la pretendida privatización de la fiscalización aduanal, así como del desarrollo del o de los procesos de licitación realizados con ese propósito.

Por último, el senador Rubén Zarazúa Rocha, del PRI, el 13 de diciembre pasado, presentó iniciativa por la que se propone reformar el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley Aduanera con el fin de que sólo empresas mexicanas cuyo capital sea también de inversionistas mexicanos puedan prestar los servicios del segundo reconocimiento, ya que de lo contrario se dejaría en un grave riesgo al país, al permitir que grupos transnacionales puedan tener acceso a información que, por razones de seguridad nacional, no puede abandonar territorio nacional.

Tercero. Que el pasado mes de diciembre, el administrador general de aduanas compareció ante la ``Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma'', de la Cámara de Diputados, comparecencia legal en la cual fue cuestionado sobre la procedencia y fundamento legal para otorgar títulos de autorización prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías, a lo cual las respuestas formuladas fueron evasivas y sin un argumento jurídico procedente ni viable.

Cuarto. Que el pasado 3 de enero de 2006, el Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación pública internacional ``convocatoria múltiple 001'' por el que se convoca a las personas morales, con actividades comerciales y profesionales que posean títulos de autorización, para la prestación de los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías.

Quinto. Que es muy claro que las múltiples manifestaciones legales que ha formulado el Poder Legislativo a otro poder como es el Ejecutivo, no han sido suficientes ni válidas por lo que es urgente y necesario hacer un nuevo exhorto a esa autoridad, para que de forma inmediata y definitiva suspenda el procedimiento de licitación hasta en tanto no sean aclarados sus términos y sus implicaciones de acuerdo a lo siguiente:

1. Explique el porqué de la premura en el procedimiento para otorgar los títulos de autorización.

2. Explique si las personas morales realizarían la actividad en suplencia de la autoridad competente, es decir las funciones de revisión de las mercancías que entran al país, clasificación arancelaria de la mercancía y verificación documental de los documentos que acrediten la legalidad de la mercancía.

3. Explique la conveniencia para el país, en términos de la soberanía y seguridad nacional, de que las personas morales, para la verificación documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, podrán hacerlo en los lugares donde esté ubicada la mercancía, lo que quiere decir es que dichas empresas podrán realizar verificaciones de mercancías extranjeras en su país de origen, para que al arribo al territorio nacional ingresen sin ningún mecanismo de control ni verificación.

4. Explique si la verificación en sitio podría o no permitir la entrada del denominado ``contrabando documentado'' o el contrabando en general.

5. Explique si el acreditar por parte de las empresas particulares contar con una cobertura mundial, no impide la libre competencia de las empresas mexicanas para prestar dicho servicio.

Por lo tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá aclarar y definir puntualmente los términos de la licitación publicada, en los términos planteados.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado presenta ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que suspenda la ``licitación pública internacional - convocatoria múltiple 001'' publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 2006, derivada de la ``convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera'', hasta que se informe y aclare de forma satisfactoria a esta soberanía, los términos e implicaciones del otorgamiento de los títulos de autorización, a fin de no vulnerar la soberanía de nuestro país y no generar una competencia desleal para el sector aduanero nacional.

Segundo.- De lo anterior, se informe a esta soberanía en un término que no exceda los 10 días hábiles a partir del día siguiente de su notificación, la suspensión total del procedimiento de la ``licitación pública internacional- convocatoria múltiple 001''y de la propia convocatoria.

Tercero.- Asimismo, se informe en los mismos términos y plazo del párrafo anterior, el impacto social y económico que tendría esta medida y el impacto positivo para lograr mejores resultados en el combate al contrabando y a la corrupción en las aduanas de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2006.--- Dip. Javier Villacaña Jiménez (rúbrica).»Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que informe acerca de los problemas administrativos, como su aparente consecuencia en los hechos de saqueo y agravio al patrimonio cultural a su resguardo, a cargo del diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal, y el también diputado federal Iván García Solís, integrantes del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f) y 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los problemas relativos al resguardo del patrimonio cultural se han visto incrementados a últimas fechas, el gobierno de Vicente Fox ha sido proclive a mezclar intereses privados con recursos públicos, la cultura no ha sido la excepción. Pero en el subsector cultura, en particular en el Instituto Nacional de Antropología encontramos evidencias de problemas muy graves: nos enteramos de la aprehensión de un traficante de piezas arqueológicas que ha venido operando desde hace años y de su liberación y que fue liberado mediante una fianza de 50 mil pesos y que se presume está en complicidad con autoridades locales; en el mes de diciembre, la arqueóloga Lidia Manzanilla denunció el saqueo de dos tumbas que formaban parte de la investigación de un grupo de arqueología de la UNAM en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pese a estos preocupantes hechos, el día 2 de enero del presente año, el director del INAH el restaurador Luciano Cedillo, anunció una reducción drástica de algunas áreas de este instituto y la remoción de algunos funcionarios en áreas importantes como la Secretaría Técnica, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Dirección de Ciudades Patrimonio Mundial.

Se suma a este cúmulo de problemas una serie de irregularidades administrativas que han provocado la delación en el pago de la primera quincena de 2006 de todo el personal y de la gratificación de fin de año del personal de confianza; además de la situación incierta del personal compactado y que sólo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia existe la contrariedad entre el subdirector de Personal del INAH Javier Flores, el cual ordena una reducción del 35% del personal compactado a recontratar y la solicitud del director de la ENAH el arqueólogo José Francisco Ortiz Pedroza, quien solicita la recontratación de todo el personal compactado en el oficio 401-18-408-001/D con fecha de 6 de enero.

Aduce el director del INAH un déficit presupuestal del orden de 340 millones de pesos (el día 2 de enero en declaración al periódico Reforma), al que se refiere posteriormente: (El Universal 16 de enero), por un monto de 60 millones, por motivo de las prestaciones no autorizadas por la Secretaría de Hacienda. El origen de este pasivo de la institución, que no déficit, son las prestaciones laborales no autorizadas por la Secretaría de Hacienda, que se han documentado a través de las auditorías realizadas a este instituto por la Auditoría Superior de la Federación, este pasivo lleva más de 10 años y con estas acciones, pensamos no se resuelve el problema, no es generando desorden en las políticas laborales como se resolverá un problema administrativo.

Esta soberanía se pronuncia en el sentido de citar al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, restaurador Luciano Cedillo para que esclarezca tanto los problemas administrativos, como su aparente consecuencia en los hechos de saqueo y agravio al patrimonio cultural a su resguardo.

Por todo lo anterior, someto y solicito sea considerado de urgente y obvia resolución la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se cita a comparecer al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, restaurador Luciano Cedillo, para que informe acerca de los problemas administrativos, como su aparente consecuencia en los hechos de saqueo y agravio al patrimonio cultural a su resguardo.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los diecisiete días del mes de enero de 2006.--- Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que explique las altas comisiones que las gasolineras cobran a los consumidores que pagan con tarjeta de crédito y de débito, a cargo del senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito senador, Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explique las altas comisiones que están cobrando las gasolineras a los consumidores que pagan con tarjetas de crédito y débito.

Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.