DIRECTOR GENERAL DE CRONICA PARLAMENTARIA Gilberto Becerril Olivares	PRESIDENTE Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga	DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Norberto Reyes Ayala
AÑO III	México, DF, 25 de enero de 2006	Sesión No. 6

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Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

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ASISTENCIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente. ¿Faltó algún ciudadano legislador de pasar lista? Hay una asistencia de 29 legisladores. Hay quórum, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (a las 11:28 horas): Se abre la sesión .

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día:

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de enero de 2005.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación, por el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2005.

Protesta del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Comunicaciones

Del diputado Wintilo Vega Murillo y del senador Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.

De los Congresos de Chihuahua, de Coahuila y de Querétaro.

Iniciativa del Congreso de Sonora

Para que se declare 2006 ``Año del Centenario de los Mártires de Cananea y Río Blanco'' y se inscriba ese lema con letras de oro en la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe de la asignación de las cuotas mínimas y adicionales de maíz blanco correspondiente al primer semestre de 2005, para dar cumplimiento al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Veintiuno, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Iniciativas de ciudadanos legisladores

Que reforma el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cabildos estatales de la Ciudad de México, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del senador Francisco Antonio Fraile García y suscrita por el senador Jesús Galván Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

De Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y crea el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Base Primera del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Carlos Manuel Villalobos Organista y suscrita por el senador Jesús Galván Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

De Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Peyrot González para aceptar y usar la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Consultivo México-Consejo de Europa se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto en la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al Instituto Nacional de Migración al pleno respeto de los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan de manera ilegal en nuestro territorio.

De la Segunda Comisión, quince con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Arturo Aldana Varela, Gabriel Herrera Carrillo, Ernesto Pérez Monroy, Jesús Alonso Valdez, Antonio Fuentes Cruz, Maximino Mondragón González, Francisco Javier Revilla Macías, Fernando Federico Arcaute Velázquez, Emir Alejandro Kuri García, Juan Ramón Aguilar Ramírez, Dagoberto Espinosa Rodríguez, Francisco Moreno González, Francisco Javier Andrade Ramiro, Sergio Aponte Polito y Jorge Juárez Loera.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral que informe respecto a diversos actos realizados por el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, los días 11 y 14 de diciembre de 2005 y, en su caso, a las acciones y medidas sobre el particular.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia, resuelvan el proceso penal seguido contra el ciudadano Ramón Salvador Gámez, tomando en consideración los derechos de niños y de adolescentes.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al proceso penal seguido contra el ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que remita a la Cámara de Diputados un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal del PAN en el estado de Puebla.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la utilización de los espacios en los medios de difusión correspondientes a la Presidencia de la República se realice con estricto apego a derecho.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la presunta aplicación de recursos por parte del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado para la realización del encuentro La reforma política municipal.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla a revisar que el procedimiento seguido contra el señor Martín Barrios Hernández se apegue al principio de legalidad.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los hechos denunciados cometidos en agravio de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, sobre la muerte del mexicano Ismael Segura Méndez, a cargo de integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a dejar sin efecto por el SAT y la Administración General de Aduanas la autorización para la prestación de servicios de facilitación de reconocimiento aduanero a cinco empresas de procedencia extranjera, por considerar que ello puede atentar contra la seguridad y soberanía nacionales, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise los recursos federales de la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 y 2004, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado urgente a las autoridades para que se apeguen a la legalidad, a fin de evitar confrontaciones y detener la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que los secretarios de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes informen acerca del resultado del programa Paisano, promovido por el Ejecutivo federal con motivo de las recientes festividades navideñas, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al procurador general de la República a destinar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 a los programas de prevención de delitos electorales relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Renato Sandoval Franco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a conducirse dentro de los cánones de la civilidad democrática durante el presente proceso electoral federal, a cargo del senador Óscar Cruz López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incorpore en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia médica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, a rendir un informe acerca del manejo que se dará a los recursos del Fondo Nacional de Desastres en los diversos municipios de Veracruz y de Zacatecas declarados en estado de emergencia debido a las bajas temperaturas, a cargo del diputado Rafael Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente manifieste su beneplácito por los recientes triunfos electorales de la doctora Michelle Bachelet Jeria, Presidenta electa de la República de Chile, y de la doctora Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta constitucional de la República de Liberia, a cargo de la senadora Susana Stephenson Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas a garantizar la gratuidad de la educación pública y desterrar todo tipo de cuotas obligatorias a los padres de familia como contraprestación del servicio, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe sobre el proyecto Sistema Nacional e-México, a cargo del senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República a emitir opiniones informadas y a proponer soluciones acordes con la división de poderes, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio y suscrita por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se declare la Sierra Madre de Chiapas, afectada por el huracán Stan, zona de restauración ecológica y se lleven a cabo las acciones conducentes a la recuperación y al restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales, a cargo del senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar si los servicios certificados con la norma ISO que prestan las delegaciones reúnen las condiciones mínimas requeridas para considerarlos de calidad, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a ejercer llegado el momento la acción legal adecuada ante la ONU contra la Ley Sensenbrenner y sus efectos, así como a elaborar un plan detallado de corto, mediano y largo plazos para combatir esta ley y las similares que pudieran iniciarse en el futuro, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Baja California Sur a considerar el rechazo definitivo al aumento de los impuestos sobre nóminas y hospedaje y al nuevo impuesto cedular contenido en el proyecto de Ley de Hacienda de dicho estado, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto al fallo de la Secretaría de Economía contra los porcicultores nacionales relativo a las importaciones de pierna de cerdo a nuestro país, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios al Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención de las zonas de desastre ocasionado por las lluvias en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener de inmediato las invasiones de las barrancas de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ofrecer una explicación pública ante la sociedad mexicana y, en particular, a la Cámara de Diputados sobre la falta de cimentación y bases jurídicas del decreto expropiatorio del 3 de septiembre de 2001 que recayó sobre 27 ingenios azucareros, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con los homicidios cometidos contra personas de la tercera edad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios sobre el 68, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento sobre el día del holocausto, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios respecto a un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre diversas irregularidades en el proceso de rescate bancario, a cargo del senador Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

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ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de enero de dos mil seis, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y dos legisladoras y legisladores, a las once horas con treinta y cinco minutos del miércoles dieciocho de enero de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

La Asamblea dispensa en votación económica la lectura del orden del día.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Comunicaciones de las diputadas:

Jazmín Elena Zepeda Burgos, con la que solicita licencia para separarse del cargo de diputada federal electa en la quinta circunscripción plurinominal.Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

La Secretaría da lectura al punto de acuerdo que concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

María Esther de Jesús Scherman Leaño, con la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación del Congreso del estado de Baja California con acuerdo relativo a la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y Control de Inmigración Ilegal, aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Remítase a la Segunda Comisión, para su conocimiento.

Comunicación del gobierno del estado de Baja California con la que remite escrito del ciudadano Juan José García Leyva, relativo a presuntos delitos por parte de servidores públicos. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Comunicación del ciudadano Ricardo Ojeda Bohórquez con la que informa de su designación como coordinador de los magistrados integrantes de los tribunales colegiados en materia penal del Primer Circuito y solicita información diversa sobre reformas en materia penal. Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

El Congreso del estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y seis bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Remiten sendas contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa de la no asignación por parte de la Administración General de Aduanas, de mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de diciembre de dos mil cinco. Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Con el que remite la propuesta del Presidente de la República, del nombramiento de la ciudadana Olga Hernández Espíndola, como Magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se turna a la Primera Comisión.

Por el que solicita el permiso necesario para que el ciudadano Marco Antonio Peyrot González, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. Se turna a la Primera Comisión.

Quince, con los que remite hojas de servicios de igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.

Con el que remite contestación a punto a acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Veintiocho, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Remítanse a la Cámara de Senadores.

Las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina, solicitan el permiso necesario para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de la República Francesa. Se turna a la Primera Comisión.

Presentan iniciativas con proyecto de decreto los legisladores:

Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo treinta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, a nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y dos y sesenta y siete del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y treinta bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas Gobernación y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos ciento ochenta y cinco y ciento ochenta y nueve del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Presidencia informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo noventa y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, dos: que reforma el artículo treinta y ocho del Código Fiscal de la Federación, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores; y que reforma el artículo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, a nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento setenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo y un artículo ciento veintiuno bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, de la Cámara de Diputados.

Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta del Código Penal Federal. La Presidenta informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo trescientos noventa y siete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Diputado Iván García Solís, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona los artículos ciento dieciséis y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo ciento uno del Código Fiscal de la Federación. La Presidenta informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga la fracción segunda del artículo cuarto de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Diputada Rebeca Godínez y Bravo, a nombre propio y de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona los artículos diecisiete bis y veinticuatro bis a la Ley de Comercio Exterior. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

Seis dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto que conceden permiso:

Al ciudadano Embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España.

A dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México.

A seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Canadá en México.

A seis ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

A cuatro ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

Al ciudadano José María Ortega Padilla para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de España.

Son de primera lectura. En votación económica la Asamblea dispensa la segunda lectura de los dictámenes de referencia y sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por veintiocho votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

La Presidencia informa de la recepción de dos dictámenes relativos a ratificaciones de nombramientos y la Asamblea aprueba su incorporación en el orden del día en votación económica.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a que elabore y publique el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de septiembre de dos mil cuatro. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, informe a la Cámara de Diputados, de la forma y términos en que se están realizando los actos de embargo y de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias de empresarios textileros del estado de Tlaxcala. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Dictamen de la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Salvador Campos Icardo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Turquía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidenta informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano Campos Icardo y designa una comisión que lo introduce y acompaña a rendir su protesta de ley.

Dictamen de la Primera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Jorge Alberto García Cáceres como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo. La Presidenta informa que a las puertas del recinto se encuentra el ciudadano García Cáceres y designa una comisión que lo introduce y acompaña a rendir su protesta de ley.

Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Habla los legisladores: senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, la primera en contra y la segunda para rectificar hechos; senador Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional, en pro; diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en contra; y senador Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones, la primera en pro y la segunda para rectificar hechos. La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto en votación económica y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por la mayoría calificada requerida de veintiocho votos en pro y seis en contra. Comuníquese al Ejecutivo.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

Diputado Rogelio Rodríguez Javier, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que establezca un solo salario mínimo nacional. La Presidenta informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Senador Héctor Michel Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar al gobierno federal información sobre el estado que guarda la apelación formulada a la resolución de la Organización Mundial de Comercio, en relación con la fructuosa, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

La Asamblea considera de urgente resolución el asunto en votación económica y sin nadie que solicite la palabra aprueba el punto de acuerdo de la misma forma. Comuníquese.

Diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversos gobiernos estatales, a que firmen o renueven el convenio denominado Plandesol, con el fin de integrar el padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Primera Comisión.

Diputado Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente para el ejercicio fiscal de dos mil seis, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa forma el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Tercera Comisión.

Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido de Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a las instituciones de educación media superior y superior y a las secretarías de Educación Pública de los estados, a que suscriban acuerdos y convenios a fin de evitar la falsificación de certificados y otros documentos que acrediten la obtención de grados académicos. Se turna a la Tercera Comisión.

Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para felicitar a la doctora Michelle Bachellet por su triunfo en las elecciones presidenciales celebradas en la República de Chile, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea así considera el asunto en votación económica. Hablan en pro la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional;

Presidencia del senador Jorge Zermeño Infante

y el diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.

Senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a instituciones públicas federales, estatales y municipales, y a universidades públicas y privadas, a que realicen actividades para conmemorar el bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García. Se turna a la Primera Comisión.

Senador José Antonio Aguilar Bodegas, del Partido Revolucionario Institucional, para que comparezcan el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, a fin de que informen sobre el estado que guardan los procedimientos judiciales y las condiciones de los ingenios expropiados. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

Diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, a nombre propio y del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Relaciones Exteriores, a que aplique con seriedad las políticas pertinentes de legalidad previstas en el Tratado de Libre Comercio para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos que transitan por los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, un informe evaluatorio sobre los ingenios azucareros expropiados, citando a comparecer a su titular. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

Diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que rinda un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la Fundación Vamos México, en el periodo del dos mil uno al dos mil cinco. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Tercera Comisión.

Diputados Francisco José Rojas Gutiérrez y Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Presidente de la República, a que informe sobre los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional. El Presidente informa de la recepción de esta proposición y la turna a la Tercera Comisión.

Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, a nombre propio y de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la nueva pesquería conocida como almeja generosa en el municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y de la misma forma aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

Diputada Rebeca Godínez y Bravo, a nombre propio y de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a que otorgue una prórroga para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Tercera Comisión.

Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido de Acción Nacional, para exhortar a los gobiernos y congresos de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, a que realicen lo conducente para contar con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Diputado Iván García Solís, a nombre propio y del diputado Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para instar a la Secretaría de Educación Pública, a que investigue la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y proceda en consecuencia. Se turna a la Segunda Comisión.

Diputado Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que tome conocimiento de la obra que se está llevando a cabo a orillas del lago de Valle de Bravo, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que informe sobre la evaluación de impacto ambiental de esa obra. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido de Acción Nacional, para exhortar a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas. Se turna a la Primera Comisión.

Senador Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre las medidas tendientes a cobrar a los usuarios por la revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Primera Comisión.

La diputada Sofía Castro Ríos, a nombre propio y de la senadora Silvia Asunción Domínguez López, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que aplique políticas públicas que generen la competitividad del campo, y solicita trámite de urgente resolución.

Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga

La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.

El Presidente informa de la recepción de una solicitud del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para modificar el turno de su iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Parque Vehicular de México, presentada en la sesión anterior, y en atención a ella, turna la iniciativa referida a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con catorce minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el miércoles veinticinco de enero de dos mil seis, a las once horas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, el acta.

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COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el doctor José Luis Soberanes Fernández. Se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes ciudadanos legisladores: diputado Mario Zepahua Valencia, senador Antonio García Torres, senador Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, senador César Ojeda Zubieta, diputado Jorge Legorreta Ordorica, diputado Joel Padilla Peña y diputado Jesús González Schmal.

Se ruega a la comisión que cumpla su cometido. (...)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondiente a 2005.

Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández...

El diputado Iván García Solís (desde la curul): Señor Presidente, pido la palabra.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado, ¿con qué objeto?El diputado Iván García Solís: Para hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Hechos de qué?

El diputado Iván García Solís: Pido la palabra, pido la palabra...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítanme, señores legisladores. Permítame, señor legislador. Esta sesión, como ha sido convocada y acordada por la Mesa Directiva, tiene por objeto en este punto de la orden del día, que usted aprobó, señor diputado... Estamos en ese punto desahogando ese punto, ese punto de recibir el informe. Señor diputado, señor diputado, señor diputado, fue acordado el orden del día, se ha aprobado; estamos desahogando ese punto del orden del día. Al final de este punto...

El diputado Iván García Solís: Pido la palabra.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Al final de este punto...El diputado Iván García Solís: La representación nacional no es un punto de escuchas pasivos (...) diálogo como una norma elemental. Pido al doctor Soberanes que responda si estaría de acuerdo en dialogar con esta representación nacional.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, el orden del día está acordado, ya se votó. Le ruego que respete la decisión, le ruego que respete la decisión.El diputado Iván García Solís: (...) por eso pido la palabra para (...) de hechos, conforme al Reglamento. Pido la palabra.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No tiene fundamento su propuesta, señor diputado.El diputado Iván García Solís: Pido la palabra. No se apresure usted, escuche primero.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, señor diputado...El diputado Iván García Solís: No, no, escuche a los diputados; tenemos que dialogar y tenemos que (...) Es una obligación...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Nadie está aquí domesticado, señor diputado. Simplemente, estamos aquí para desahogar un punto del orden del día que se aprobó.El diputado Iván García Solís: (...) con el Presidente de la Comisión de los Derechos, como la creciente...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, no le he concedido la palabra. Respete usted la decisión del Presidente de la Comisión por favor. Por favor, respete la decisión del Presidente; se lo ruego. Usted preside una comisión y usted está obligado a respetar las normas y los reglamentos. Hemos aprobado un orden del día; no tiene fundamento su participación en este momento. Al concluir la presentación del informe, que estamos en este momento desahogando este punto, escucharemos su planteamiento y su fundamento. Señor diputado, le ruego... le ruego, señor diputado, que nos permita continuar el desahogo del orden del día que hemos aprobado. Le ruego. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández hasta por 30 minutos.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; señoras y señores legisladores integrantes de la Mesa Directiva; señoras y señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente; señoras y señores integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me honran con su presencia; señoras y señores: me es particularmente satisfactorio comparecer hoy ante ustedes, después de haberlo hecho durante cinco años consecutivos y tras haber sido reelecto de manera legítima, legal y amplia por el Pleno del Senado de la República.

En el último lustro hemos logrado, como país, un avance considerable en la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, el número de acciones y situaciones que los vulneran es todavía muy elevado. Es una realidad lamentable la existencia de áreas del ejercicio del poder público, tanto del ámbito federal como del local, que presentan alarmantes tendencias contrarias a los derechos fundamentales de las personas. La sociedad mexicana está tomando conciencia de sus más urgentes problemas, y busca los caminos para su solución. Temas como los derechos de los indígenas, de los migrantes, de las mujeres, de las víctimas del delito, de los derechohabientes de las instituciones de seguridad social son aspectos torales de la agenda nacional.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos apoyado e impulsado esas luchas cívicas y sociales, como lo ha hecho también con sus propios medios esta soberanía, ante la cual hoy rindo el informe anual de labores. A pesar de los avances, 2005 fue un año marcado por la violencia. Las autoridades y la sociedad enfrentamos un grave lastre, que afecta todas las áreas de la vida nacional. El Estado está fallando en una de sus labores esenciales: la seguridad pública: las más de mil 500 ejecuciones de la guerra que libran entre sí los cárteles del narcotráfico no se explican de otro modo.

El entrenamiento policiaco, las armas y la información de inteligencia, pagados con los impuestos de los mexicanos, en ocasiones han sido usados para lastimar a quienes deberían proteger. Sin acciones frontales y permanentes para combatir el frecuente involucramiento de agentes policiacos en el delito se envía a la sociedad el mensaje de que las corporaciones de seguridad muchas veces son parte del problema, no de la solución.

Por otra parte, la estridencia con que algunos miembros de la clase política dirimen sus diferencias contribuye a reforzar en la sociedad la percepción de inseguridad. Los ataques verbales, los insultos y las descalificaciones son también una forma de violencia. Somos una sociedad amenazada; nos sentimos intimidados en las calles, en los parques, en nuestra propia casa. Mientras persista la inseguridad, no habrá democracia plena.

La inseguridad mina los cimientos del Estado de derecho; la inseguridad es enemiga del desarrollo económico y social, y sin éste nunca superaremos la pobreza, que flagela a la mitad de los mexicanos. Por ello, durante 2005 la CNDH exigió, con las atribuciones que le otorga la ley, que las autoridades cumplan su obligación de hacer efectivo el derecho de cada individuo y de la sociedad, como un todo, a la seguridad pública. Hemos realizado investigaciones relacionadas con fenómenos sociales que representan un serio obstáculo para hacer realidad el derecho a la seguridad.

Tal es el caso de una evaluación integral de las acciones realizadas por los tres ámbitos del gobierno en relación con los feminicidios en el municipio de Cuidad Juárez, Chihuahua. Señoras y señores legisladores: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 atendimos 6 mil 317 expedientes de queja, de los cuales 843 se encontraban en trámite desde 2004. De este total, 4 mil 717 han sido resueltos y mil 420 siguen en proceso de investigación.

Así, las autoridades señaladas con mayor frecuencia como presuntas responsables de violación de los derechos fundamentales fueron 2 mil 682 casos autoridades federales, de concurrencia federal y local 214, y 13 estatales. En 2005, los principales motivos presuntamente violatorios de derechos humanos señalados por los quejosos fueron, en este orden, ejercicio indebido de la función pública, prestación indebida del servicio público, negativa al derecho de petición, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, y violación de los derechos de los migrantes.

Las autoridades más señaladas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación.

En 2005 se hicieron 51 recomendaciones. Los servidores públicos acreedores de más recomendaciones fueron el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el secretario de Educación Pública, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, el gobernador del estado de Morelos, el gobernador del estado de Oaxaca y el ayuntamiento de Ciudad del Carmen, Campeche. Siguiendo con nuestra política de hacer de la CNDH un espacio abierto que trabaja para y con la sociedad, celebramos más de 120 convenios de colaboración con autoridades, organizaciones civiles e instituciones educativas; queremos que el trabajo interinstitucional sea nuestro distintivo.

Nuestra décima recomendación general puso sobre la mesa de la discusión pública las consecuencias de la tortura y su impacto en el sistema de procuración de justicia. A pesar de que recibimos duras críticas por ello, seguimos adelante, con la convicción de que es inaceptable que en nuestro país no se haya erradicado aún la tortura. A fin de responder a una nueva realidad de nuestra sociedad, pusimos en marcha la V Visitaduría General de la CNDH, abocada a proteger a los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. Además, hemos exhortado y damos argumentos al Gobierno Federal para que dé respuesta más enérgica a las políticas antiinmigrantes de otros países.

Por nuestra parte, llevaremos ante la ONU los casos de los migrantes mexicanos asesinados en territorio extranjero, así como el infame muro fronterizo. Señoras y señores legisladores: el proceso electoral y el relevo de los poderes federales presentan la oportunidad de marcar un hito en nuestra vida republicana, consolidando nuestra democracia y comprobando, de una vez por todas, el arraigo y el vigor institucional de nuestro sistema electoral.

En medio de la efervescencia política nacional por las elecciones de julio próximo, el papel del ombudsman nacional es y seguirá siendo el de promotor del diálogo. A los candidatos pediremos, en todo caso, definiciones más precisas de sus compromisos en materia de derechos humanos. Nos conduciremos de manera conciliadora y respetuosa, pero exigente y ante la autoridad, sobre la premisa insoslayable de la legalidad y de la ética de la responsabilidad pública.

A lo largo de 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una apuesta diaria en favor de la convivencia civilizada, del entendimiento entre las personas y la solución pacífica de las inevitables diferencias. Nuestras acciones y resoluciones buscaron en todo momento restituir derechos a quienes, por actos indebidos, abusivos u omisos de la autoridad, les habían sido vulnerados. Asimismo, quisimos detectar zonas o aspectos de la realidad donde se generan mayores amenazas a la convivencia civilizada de los mexicanos.

A la par de lo anterior, hemos visto surgir los robustos brotes de un nuevo ciudadano: el que no se resigna, el que no se calla, el que se moviliza contra los abusos y las injusticias, el que exige al Estado que cumpla su deber de proteger la vida, la seguridad y el patrimonio de las personas. Cuando cada ataque a la libertad de expresión es rápidamente detectado y repelido por numerosas voces y actores en todo el país, sentimos que nace una nueva sensibilidad ciudadana entre los mexicanos.

Más allá de la especificidad de los tiempos políticos, la labor de la CNDH no se detiene. Para seguir avanzando, estamos seguros de contar con la venia de esta soberanía, que tan acertadamente apoyó el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con su trabajo legislativo. Ratifico una vez más ante ustedes mi convicción de que la lucha por los derechos humanos, las libertades y la seguridad no puede ni debe ser librada en forma aislada.

Todos los actores sociales estamos obligados a vincularnos más y con total apertura y en busca de acuerdos; con unión y sólo con unión podemos crear una sociedad más libre, más justa, con dignidad, igualdad y seguridad para todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como acordó la Presidencia, escucharía su planteamiento, señor diputado. ¿Cuál es el objeto de solicitar el uso de la palabra?El diputado Iván García Solís: El objeto es dejar registro de hechos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Quiere usted... entiendo yo que está proponiendo cambiar el formato que está establecido para recibir el informe del señor Presidente.El diputado Iván García Solís: Parte de mi alegato, y si el Presidente lo acepta, sería una sana práctica parlamentaria.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No. El Presidente de la Mesa soy yo.El diputado Iván García Solís: El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos...El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diríjase usted a mí por favor.El diputado Iván García Solís: Me dirijo a usted, pero lo interrogo a él porque, con su anuencia, sería más fácil tomar esta decisión.>
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Está usted proponiendo, señor diputado, cambiar el formato. ¿Así lo entiendo? Ése es el motivo de su intervención. Preguntaría yo el fundamento legal de esa proposición.El diputado Iván García Solís: El fundamento legal es la posibilidad que esta representación nacional tiene para que, con base en los propios reglamentos y en las prácticas parlamentarias, dé a esta comparecencia el mejor curso para sus mejores frutos.>
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien, señor diputado. Permítame, señor: esta Presidencia entiende que el formato lo establece el artículo 102 de nuestra Constitución, y lo establece también el 108 de nuestro Reglamento, y lo establece también la disposición que rige la ley de la Comisión de los Derechos Humanos en la fracción IV del artículo 14, en relación con el 52. En virtud de su propuesta, señor diputado, y reconociendo que tiene usted derecho a hacer esta proposición de cambiar el formato, voy a preguntar al Pleno si se acepta la proposición planteada por usted para modificar el formato o se acepta la determinación de continuar con el formato establecido.El diputado Iván García Solís: Antes de eso, Presidente, si me permite, antes de eso quiero decirle que las normas que usted ha invocado, y esto se puede corroborar si la Secretaría le da lectura, no impiden este cambio de formato, ¿no? Es decir, hay la posibilidad de que esto ocurra así por decisión mayoritaria; quiere decir que quienes se opongan se oponen al diálogo. Espero que no ocurra así; espero que no ocurra así, que al contrario. El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien.El diputado Iván García Solís: Si bien breve, ceñido y preciso, este diálogo es importante, y entiendo que el propio Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos lo aceptaría, pues se trata no sólo de hacerle reclamos sino, también, reconocimientos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien.El diputado Iván García Solís: Es decir, que esto es una forma moderna, dialogante; que si la pedimos para el Presidente de la República, pues con más razón la estamos pidiendo y, además, es viable para el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien. Tiene usted razón, señor diputado: voy a poner a consideración su propuesta de modificar el formato, como usted propone, para hacer una intervención por parte de usted y de los señores diputados que así lo consideren, o legisladores que así lo consideren pertinente, o mantener el formato en sus términos.

Pido a la Secretaría que consulte al Pleno si se está de acuerdo en modificar el formato en la forma y términos y fundamento que ha planteado el diputado Iván García Solís. Aclaro que por la afirmativa se entendería que se cambia el formato --como propone usted, señor diputado-- y por la negativa sería mantener el formato en los términos de la ley.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta del diputado Iván García respecto al cambio de formato de la comparecencia del doctor José Luis Soberanes.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... La mayoría rechaza la propuesta, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se rechaza la propuesta planteada por el diputado Iván García Solís; continuamos con el formato.

Si me lo permite, señor Presidente de la Comisión Nacional, quiero reconocer la presencia de distinguidos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos acompañan en este informe: el doctor Héctor Fix-Zamudio, el doctor Sergio García Ramírez y el doctor Ricardo Pozas Horcasitas. Muchas gracias por su presencia, y reconocemos en ustedes distinguidos miembros de la sociedad, junto con las demás personalidades que los acompañan, en el ámbito de los derechos humanos.

Agradecemos la presencia del doctor José Luis Soberanes Fernández que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha presentado el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente a 2005.

Esta Presidencia turna el informe a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, para que se glose y se discuta, y --en todo caso-- se cite al compareciente para el análisis del informe respectivo. Muchas gracias, señor Presidente.

Se pide a la comisión designada acompañar al doctor José Luis Soberanes cuando él desee retirarse. (...)

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INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ernesto Zamarripa Morones, cuyo nombramiento como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue aprobado el 18 de enero del presente año por esta Asamblea.

Para que lo introduzcan en este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: senador José Adalberto Castro Castro, diputado Miguel Lucero Palma, senador Francisco Fraile García, diputado Iván García Solís, diputado Jorge Legorreta Ordorica y diputado Jesús González Schmal.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se pide a la comisión cumplir el encargo. (...)

Se invita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ciudadano Ernesto Zamarripa Morones, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ernesto Zamarripa Morones: ¡Sí, protesto!

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Muchas felicidades. Se pide a la comisión designada acompañar al vocal cuando desee retirarse.

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DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito me sea concedida licencia al cargo que actualmente ostento a partir del día 1 de febrero del año en curso, lo anterior para atender asuntos de carácter personal.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 24 de enero de 2006.--- Dip. Wintilo Vega Murillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo: Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Wintilo Vega Murillo para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la I circunscripción plurinominal, a partir del 1 de febrero del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Diputados.

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SENADOR QUE SOLICITA LICENCIA

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, senador de la República por el estado de Tamaulipas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted atentamente para solicitar licencia para separarme de mi cargo a partir del día primero de febrero, reincorporándome a mis funciones legislativas el día 16 de marzo del presente año.

Lo anterior obedece a que estaré en un proceso de elección interna para contender por mi partido por el cargo de diputado federal.

Comunico lo anterior para los fines legales a que haya lugar.

Atentamente.

México, DF, a 23 de enero de 2006.--- Sen. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo: ``Único. Se concede licencia al senador Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez para separarse de sus funciones como senador de la República, electo en el estado de Tamaulipas, del 1 de febrero al 16 de marzo del presente año''.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese a la Cámara de Senadores.

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PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

En respuesta a su atento oficio número D.G.P.L. 59-II-0-2579, de fecha 27 de octubre del año en curso, dirigido al gobernador constitucional del estado, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, mediante el cual usted tiene a bien comunicarle el punto de acuerdo tomado por la H. Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal consistente en exhortar respetuosamente, entre otras autoridades, a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de los municipios... a dar seguimiento y resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, realizado del 23 al 27 de mayo de 2005 en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

En atención a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que existe plena disposición por parte del gobierno del estado de Chihuahua a continuar fortaleciendo los programas y las acciones institucionales que la presente administración ha venido implantado, como parte de las estrategias prioritarias de brindar día con día más protección y atención a los grupos vulnerables del estado, entre ellos nuestros niños.

De igual manera, existe el compromiso de vincular el quehacer gubernamental desplegado por parte de la administración estatal con los generados en otras instancias tanto privadas como sociales y del sector público que nos permita sumar esfuerzos y recursos a fin de mejorar las condiciones de vida de los niños.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi más alta consideración y merecido respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chih., a 13 de diciembre de 2005.--- Lic. Fernando Rodríguez Moreno (rúbrica), secretario general de Gobierno.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

C. Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En sesión celebrada el 6 de diciembre de 2005, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a un dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Legislatura, con relación a un punto de acuerdo del Congreso del estado de Morelos, en el que se pronuncia a favor de un diverso acuerdo del Congreso del estado de Querétaro, relativo a la instalación de antenas de telefonía celular.

Conforme a lo propuesto en dicho dictamen, el Pleno de esta Legislatura aprobó lo siguiente:

Primero. Solicítese a la Secretaría de Salud informe sobre los resultados de los estudios practicados hasta la fecha, cuyo término ha fenecido, en relación con la magnitud del riesgo potencial por exposición a campos electromagnéticos y al diagnóstico situacional en México de exposición a campos electromagnéticos a que se refiere en su Oficio COFEPRISDGSA14/02 08090, de fecha 27 de agosto de 2002, por el que da respuesta a solicitud de información sobre CEM.

Segundo. Solicítese a los senadores y diputados al Congreso de la Unión por el estado que, en aras de la transparencia, informen respecto al punto de acuerdo en virtud del cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente una investigación profunda sobre los efectos que causa la contaminación electromagnética generada por antenas de telefonía celular.

Tercero. Remítase un atento comunicado a la LIV Legislatura del H. Congreso del estado de Querétaro, informándole de los términos en que esta Legislatura se adhiere al punto de acuerdo que proponen a efecto de que se exhorte a las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente a que, respectivamente, realicen estudios sobre los efectos de la radiación electromagnética no ionizante en la salud humana y en el medio ambiente.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica de este Congreso del estado, lo anterior se comunica a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y los efectos que se estimen procedentes, en lo que se refiere a lo consignado en el segundo apartado.

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Saltillo, Coahuila, a 8 de diciembre de 2005.--- Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica), Oficial Mayor del Congreso del Estado.»

«Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Sexta Legislatura, relativo al oficio del Congreso del estado de Morelos, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un punto de acuerdo en el que se pronuncia en favor del que tomó el Congreso del estado de Querétaro, relativo a la instalación de antenas de telefonía celular, con el fin de que las autoridades federales, estatales y municipales establezcan el principio precautorio y reformen la legislación sobre la materia, basándose en los estudios científicos indispensables sobre los posibles efectos que podrían tener en la salud humana y los ecosistemas las radiaciones electromagnéticas no ionizantes; y

Resultando

Primero. Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente el día 9 de agosto de 2005, se trató lo relativo a la proposición a que se alude en el proemio de este dictamen.

Segundo. De conformidad con los artículos 199 y 251 de la Ley Orgánica del Congreso, se dispuso que la susodicha proposición fuera turnada tanto a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como a la de Comunicaciones y Obras Públicas, de Salud y Desarrollo Comunitario, y de Ecología, para efecto de emitir dictamen sobre la misma.

Considerando

Primero. Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 199 y 248 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, es competente para emitir el presente dictamen, por el acuerdo de la Presidencia de la Diputación Permanente.

Segundo. Que la proposición con punto de acuerdo, relativo al oficio del Congreso del estado de Morelos, mediante el cual se informa sobre la aprobación de un punto de acuerdo en el que se pronuncia en favor del que tomó el Congreso del estado de Querétaro, relativo a la instalación de antenas de telefonía celular, con el fin de que las autoridades federales, estatales y municipales establezcan el principio precautorio y reformen la legislación sobre la materia, basándose en los estudios científicos indispensables sobre los posibles efectos que podrían tener en la salud humana y los ecosistemas las radiaciones electromagnéticas no ionizantes se basa en las consideraciones siguientes:

La Comisión de Industria, Comercio y Servicios del Congreso del estado de Morelos recibió, por instrucciones del diputado Luis Ángel Cisneros Ortiz, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, con fecha 3 de junio del año en curso, el acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Tlaxcala, mediante el cual se pronuncia a favor del acuerdo del Congreso del estado de Querétaro, respecto a la instalación de antenas de telefonía celular, con el único fin de que las autoridades federales estatales y municipales establezcan el principio precautorio y reformen la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, por lo que en sesión ordinaria de fecha 13 de junio del año en curso el consenso fue el pronunciarse a favor del acuerdo aprobado por la LIV Legislatura del Congreso de Querétaro, en el mismo sentido que el Congreso de Tlaxcala, mediante la preparación de un punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 y 45, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos y al tenor de las siguientes:ConsideracionesA fin de conocer el impacto que tendría en el país y, más concretamente, en nuestro estado la instalación de antenas de telefonía celular, es necesario hacerlo desde el punto de vista legal y jurídico, respondiendo a la siguiente interrogante: ¿qué efectos se pueden producir en aquellas edificaciones que autoricen la instalación?

La respuesta a esta compleja pregunta la podemos dimensionar en una serie de efectos tanto en el corto como en el largo plazos, tales como: Primero, el peso de la estructura que se pretende instalar; para ello será necesario contar con un informe técnico sobre sí la estructura del inmueble aguantará el sobrepeso de varias toneladas que supone la instalación de la antena y los equipos complementarios. Segundo, otro efecto derivado de la instalación de antenas de telefonía celular, y que a simple vista no se percibe, es el producido por el funcionamiento de la antena, la cual instalada en la azotea del inmueble cubre una zona determinada, y envía y recibe señales de todos los teléfonos móviles que se desplazan por su zona; estas señales que recibe o emite la antena, se les denomina ondas electromagnéticas. Estas ondas no se ven, no se sienten, son invisibles, y se desplazan por el espacio sin necesidad de cable ni soporte material alguno, penetran fácilmente en edificios y personas. La potencia de estas ondas electromagnéticas va disminuyendo conforme se van alejando de la antena (alrededor de la, cual se producen los niveles más altos de emisión). Estas ondas son absorbidas por el cuerpo humano, en el que producen unos determinados efectos biológicos y el principal problema radica en la falta de acuerdo por parte de los científicos sobre cuáles son los niveles perjudiciales.

Existe acuerdo en que cerca de la antena (en un radio de 3 a 6 metros) los niveles serían demasiado altos y perjudiciales para el ser humano, pudiendo producir efectos térmicos o calentamiento en exposiciones cortas. Es por eso que se recomienda cercar las antenas y que las personas no puedan acercarse a las mismas. Esto podría plantear un problema con las antenas instaladas en las azoteas, ya que los pisos situados inmediatamente debajo y enfrente recibirían de forma permanente las emisiones más altas de campos electromagnéticos. Sin embargo, la mayoría de los países siguen unas normas de exposición que limitan los campos electromagnéticos que puede recibir un ser humano, teniendo en cuenta los efectos térmicos. También hay que tener en cuenta, que incluso respetando estos límites pueden producirse problemas para las personas que lleven marcapasos, que pueden verse interferidos por las ondas emitidas por la antena, incluso en niveles muy bajos.

Preocupación mayor es planteada cuando una persona vive, duerme, juega o estudia, día a día, mes a mes o año tras año, cerca de una antena de telefonía celular. Su cuerpo se va a ver expuesto de manera permanente a niveles de emisión mucho más bajos que los que recomiendan las normas de protección (que sólo tienen en cuenta exposiciones cortas). En este caso no se van a producir quemaduras ni calentamiento, que requieren niveles muy altos, pero muchos científicos señalan que se puede producir otro tipo de efectos no térmicos, derivados de niveles mucho más bajos y de una exposición a largo plazo. Estos efectos podrían producirse en las personas que pasan largos periodos en un radio de hasta 500 metros de una antena. En muchos países se está aplicando una política de precaución a la espera de resultados de las múltiples investigaciones científicas que se están realizando alrededor del mundo, ya que algunas de ellas han establecido que la población expuesta de forma continuada a niveles de radiación similares a los emitidos por las antenas de telefonía celular podría experimentar un incremento de abortos, daños en el ADN, cambios en la actividad eléctrica del cerebro y en la presión sanguínea, descenso de los niveles de melatonina, depresiones, insomnio, dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica, afección del sistema, inmunológico, cáncer, tumores cerebrales y leucemia infantil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inició en el año 1966 el Proyecto CEM, destinado a estudiar los efectos sobre seres humanos de los campos electromagnéticos, y que quiere fijar unos límites de exposición uniformes para todos los países. Este proyecto expondría sus conclusiones en el año 2005 o 2006, ya que son necesarias todavía numerosas investigaciones científicas. El director de este proyecto de investigación declaró hace poco que:

Los teléfonos móviles han estado a nuestro alrededor desde hace menos de 10 años, y el periodo de incubación para el cáncer es de al menos 10 o 15 años. Por tanto, necesitamos realizar estudios para que, si hay un impacto, se puedan encontrar en un tiempo razonable''.

Actualmente la Unión Europea ha iniciado un proyecto para aclarar los posibles efectos de los campos electromagnéticos derivados de la telefonía móvil, en el que intervienen investigadores y hospitales de nueve países europeos.

En el año 1999 ante la preocupación y alarma social existente en Inglaterra, para que se establecieran criterios de instalación de estas antenas, el Ministerio de Sanidad británico, creó un Grupo de Expertos Independientes en Telefonía Móvil, formado por médicos, biólogos, ingenieros, etcétera. Este grupo de expertos emitió su informe en mayo del año 2000, y de él cabe destacar la siguiente conclusión:

``Concluimos que no es posible en el momento presente afirmar que la exposición a radio frecuencias (derivadas de la telefonía móvil) a niveles inferiores a los establecidos en las normas de seguridad nacionales, no tenga ningún efecto potencial adverso sobre la salud, y que las lagunas en el conocimiento son suficientes para justificar una política de precaución''.

Sin embargo es de considerar una realidad y ésta consiste en esperar que empiecen a manifestarse los síntomas y enfermedades en la población expuesta. Sabiendo que tardará todavía algunos años, ya que la tecnología de telecomunicaciones móviles y la exposición masiva de grupos de ciudadanos a las ondas de sus teléfonos y antenas es un fenómeno muy reciente. Cada vez se alzan más voces señalando la falta de ética de esta forma de actuación, y el hecho de que, subordinándose la salud y la seguridad de los ciudadanos a intereses económicos, se haya extendido de una forma tan amplia esta tecnología, sin que todavía se conozca su posible repercusión a largo plazo.

Por todo lo anterior es importante considerar los resolutivos del punto de acuerdo emitidos por el Congreso de Querétaro, que a la letra dicen:

``1.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud en el estado a que, en el ámbito de su competencia, realicen los estudios sobre los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes en la salud humana y emitan opinión oficial para la elaboración de las normas oficiales mexicanas necesarias para garantizar el bienestar de los trabajadores y de la población en general, y expidan los requerimientos técnico-sanitarios para la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen, radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

2.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que establezca normas oficiales mexicanas relacionadas con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

3.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes tome en cuenta el principio precautorio, evitando la proliferación de la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación.

4.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Desa- rrollo Sustentable del estado a que establezca los lineamientos mínimos relacionados con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes, cuestión en la que deberá trabajar en forma conjunta con la Secretaría de Salud.

5.- Se exhorta a las autoridades municipales a que, en el ámbito de su competencia, tomen en cuenta el principio precautorio al autorizar la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Eviten la proliferación de la instalación de antenas de telefonía celular hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación;

Que no permitan la construcción en los límites no permisibles;

Que la distancia entre los hogares y las antenas de telefonía celular sea por lo menos de entre 50 y 100 metros;

Promuevan el traslado de las antenas de telefonía celular a una distancia mínima del casco urbano que asegure niveles de radiación no perjudiciales para la población; y

Que se exija el estudio de impacto ambiental ante cualquier solicitud de instalaciones generadoras de campos electromagnéticos de alta frecuencia.

Con el firme propósito de que el estado de Morelos siga transitando el camino de la modernidad a través de nuevas tecnologías, pero siempre anteponiendo el beneficio y la seguridad de su población; la Comisión de Industria, Comercio y Servicios del Congreso del estado de Morelos con fundamento en lo estipulado por la Ley Orgánica del Congreso del estado emite el siguiente punto de

AcuerdoPrimero.- Este H. Congreso del estado de Morelos se pronuncia a favor del acuerdo aprobado por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro, respecto a la instalación de antenas de telefonía celular, con el fin único de que las autoridades federales, estatales y municipales, establezcan el principio precautorio y reformen, en el ámbito de su competencia la legislación relativa a la instalación de antenas de telefonía celular, basándose en los estudios científicos indispensables sobre los posibles efectos que podría tener en la salud humana y los ecosistemas las radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Segundo.- Entérese de este acuerdo a los Congresos de los estados de Tlaxcala y de Querétaro, respectivamente para su conocimiento, y túrnese copia de este dictamen a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a los Congresos de los estados a efecto de que se pronuncien en el mismo sentido.

Tercero.- Esencialmente el punto de acuerdo al cual el honorable Congreso del estado de Morelos solicita la adhesión de esta Legislatura, consiste en el pronunciamiento a favor del acuerdo aprobado por la LIV Legislatura del Congreso del estado de Querétaro, respecto a la instalación de antenas de telefonía celular para efecto de que se exhorte al titular de la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud en el estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen los estudios pertinentes sobre radiaciones electromagnéticas no ionizantes y su repercusión en la salud humana y emitan opinión para la elaboración de las normas oficiales mexicanas sobre la materia, para garantizar el bienestar de los trabajadores y la población en general, y, en su caso, expedir los requerimientos técnico-sanitarios para la instalación y el uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Asimismo, exhortar al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, conjuntamente con la Secretaría de Salud, establezca normas oficiales mexicanas relacionadas con el efecto sobre el medio ambiente y la población que tengan las radiaciones electromagnéticas no ionizantes; finalmente, exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que al autorizar la instalación y uso de infraestructura y equipos que generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, tome en cuenta el principio precautorio, hasta en tanto no existan requisitos técnico-sanitarios para su instalación.

De conformidad con los artículos 25, párrafo cuarto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, de modo tal que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan, entre las cuales están las comunicaciones vía satélite, por lo que sin lugar a duda la telefonía celular es un área reservada a la Federación.

Así las cosas, en concepto de esta Comisión, las autoridades locales y municipales no podrán establecer requisitos, dentro de su legislación interna, para el emplazamiento de torres de telefonía celular dentro de las áreas urbanas, pues ello es competencia de los ordenamientos federales sobre la materia.

Establecido lo anterior, el tema sobre el cual se solicita la adhesión de esta Legislatura, ya fue objeto de estudio por el H. Congreso de la Unión, pues el 3 de julio de 2002 propuso los siguientes puntos de acuerdo:

``Primero: Se solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente una investigación profunda sobre los efectos que causa la contaminación electromagnética, principalmente la que se genera por las torres (sic) de electricidad y transformadores, así como la de las antenas (sic) de telefonía celular. Esta investigación será la base para que se elaboren las normas de seguridad ambiental correspondientes.''

``Segundo: Se solicita a la Secretaría de Salud hacer las campañas publicitarias necesarias para que se prevenga a la población de los peligros de la contaminación electromagnética.''

En respuesta a esos puntos de acuerdo, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por conducto del licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, mediante oficio número SEL /350/02, de fecha 6 de septiembre de 2002, envía el oficio número COFEPRIS/ DGSA/ 4/ 02/08090, suscrito por la doctora Leonor Cedillo Becerril, directora de Análisis de Riesgos de la Dirección General de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, mediante el cual remite información relacionada con el punto de acuerdo sobre los efectos contaminantes producidos por transformadores de luz y antenas de telefonía celular.

Por su contenido y pertinencias, esta Comisión estima conveniente transcribir en sus términos el susodicho informe:

``Secretaría de Salud

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.- Dirección General de Salud Ambiental.- Dirección de Política y Manejo de Riesgos.- Mariano Escobedo 366, cuarto piso, colonia Nueva Anzures, CP 11590, México, DF. Teléfono 52-50-46-84, fax 52-55-45-58.

COFEPRISDGSAI4/02 08090

México, DF, a 27 de agosto de 2002.

Respuesta a solicitud sobre información de CEM

Lic. José Luis Carmona Ruiz, director de Coordinación Política con los Poderes de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con relación a su atento oficio No. SFC/211/1056/02, de fecha 4 de julio de 2002, dirigido al secretario de Salud, doctor Julio J. Frenk Mora, donde anexa copia del oficio No. CP/2R/2AE, suscrito por el senador Diego Fernández de Cevallos, Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión donde comunica aprobación del punto de acuerdo en el dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, asociado con la solicitud de una investigación profunda sobre los efectos que genera la contaminación electromagnética producto de las frecuencias utilizadas para la operación de las antenas de estaciones de base de telefonía celular, torres y transformadores de electricidad, me permito hacerle los siguientes comentarios:

La posibilidad de que los campos electromagnéticos produzcan daños a la salud humana ha sido objeto de profundo debate internacional y acapara actualmente la atención de varios organismos internacionales entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS tiene establecido desde 1996 el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos para evaluar las evidencias científicas de los posibles efectos en la salud por campos electromagnéticos (CEM) y en él confluirán los conocimientos actuales y los recursos disponibles de importantes organismos internacionales y nacionales e instituciones científicas, con el objetivo de preparar recomendaciones bien fundamentadas científicamente para evaluar el riesgo sanitario de la exposición a CEM.

El organismo internacional para las investigaciones sobre el cáncer (CIIC) está también coordinando un estudio epidemiológico a gran escala en más de 10 países para identificar posibles daños a la salud por radiofrecuencia (RF) la finalización de este estudio está proyectada para el año 2003.

La OMS en su nota descriptiva No. 193, de fecha junio de 2000, indica que: ``ninguna de las recientes revisiones ha concluido en que la exposición a campos de radiofrecuencia debido a teléfonos móviles o a las estaciones bases de los mismos tengan algún tipo de consecuencia adversa en la salud. Sin embargo se han identificado vacíos en las investigaciones que han determinado la ampliación de las investigaciones para hacer mejores evaluaciones de los riesgos para la salud. Llevará (sic) de 3 a 4 años para ser completados, evaluados y publicados los resultados finales para cualquier riesgo''.

Con relación a las solicitudes concretas, por el momento no es recomendable realizar campañas publicitarias para prevenir a la población de los peligros de la contaminación electromagnética, debido a que no se cuenta aún con información concluyente de los riesgos para la salud humana ocasionados por contaminación electromagnética.

A efecto de proporcionar elementos que amplíen el conocimiento en este campo, adjunto información asociada con radiación de tipo no ionizante específicamente radiación electromagnética.

La Ssa, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene un proyecto específico para este tema en particular, cuyos objetivos a corto y mediano plazo son:

Determinar la magnitud del riesgo potencial por exposición a campos electromagnéticos: 2003.

Diagnóstico situacional en México de exposición a campos electromagnéticos.

Programa de Comunicación de Riesgos por Exposición a Campos Electromagnéticos: 2003-2006.

Implementación de acciones precautorias para optimizar el uso de campos electromagnéticos: 2003-2005.

Agradezco su atención y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

La directora de Análisis de Riesgos.

La directora de Análisis de Riesgos, con fundamento en el último párrafo del artículo 12 del decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de julio del 2001. Doctora Leonor Cedillo Becerril''.

Como fácilmente se advierte de la lectura del oficio trascrito, el mismo da cumplida respuesta al punto de cuerdo cuya adhesión se solicita, por lo que esta Comisión estima prudente solicitar a la Secretaría de Salud, por una parte, los resultados de los estudios practicados hasta la fecha, cuyo término ha fenecido; y, por otra, esperar el vencimiento de los plazos establecidos en los casos que el proyecto de investigación concluya el próximo año.

Por lo que a los efectos que puedan tener las radiaciones electromagnéticas no ionizantes sobre el medio ambiente, o electropolución, los puntos de acuerdo a que llegó la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, incluyen solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente una investigación profunda sobre la contaminación electromagnética producida por antenas de telefonía celular, por lo que, en todo caso, deberá solicitarse a los senadores y diputados al Congreso de la Unión por el estado, en aras de la transparencia, informen respecto al citado punto de acuerdo.

Consecuentes con las consideraciones que anteceden y por las razones que en ellas se expresan, resulta pertinente emitir el siguiente

Dictamen

Primero. Solicítese a la Secretaría de Salud que informe sobre los resultados de los estudios practicados hasta la fecha, cuyo término ha fenecido, en relación con la magnitud del riesgo potencial por exposición a campos electromagnéticos y al diagnóstico situacional en México de exposición a campos electromagnéticos a que se refiere en su oficio COFEPRISDGSAI4/02 08090, de fecha 27 de agosto de 2002, por el que da respuesta a solicitud de información sobre CEM.

Segundo. Solicítese a los senadores y diputados al Congreso de la Unión por el estado, en aras de la transparencia, que informen respecto al punto de acuerdo en virtud del cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente una investigación profunda sobre los efectos que causa la contaminación electromagnética generada por antenas de telefonía celular.

Tercero. Remítase un atento comunicado a la LIV Legislatura del H. Congreso del estado de Querétaro, informándole de los términos en que esta Legislatura se adhiere al punto de acuerdo que proponen a efecto de que se exhorte a la Secretarías de Salud federal y del Medio Ambiente, para que, respectivamente, realicen estudios sobre los efectos de la radiación electromagnética no ionizante en la salud humana y en el medio ambiente.

Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado.

Saltillo, Coahuila, octubre 31 de 2005.--- Diputados: Melba Nelia Flores Martínez (rúbrica), coordinadora; Carlos Tamez Cuéllar (rúbrica), Gabriel Calvillo Ceniceros (rúbrica), Latiffe Burciaga Neme (rúbrica), Miguel Felipe Mery Ayup (rúbrica), Jesús de León Tello, Luis Fernando Salazar Fernández, Mary Thelma Guajardo Villarreal, Gregorio Contreras Pacheco (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE QUERETARO

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- México, DF.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracciones V y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión ordinaria del Pleno de la Legislatura celebrada el 8 de diciembre de 2005 se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados vecinos y del norte del país, al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que faciliten el regreso de los migrantes mexicanos, remitiéndoles un ejemplar para que apoyen la solicitud que se hace, en beneficio de los braceros mexicanos.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de diciembre de 2005.--- Diputados: José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; Fernando Julio César Orozco Vega (rúbrica), segundo secretario.»

«Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41, fracción XXXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y

Considerando

1. Que miles de mexicanos, al desplazarse, desde su comunidad hacia la aventura del ``otro lado'', viven como si les arrancaran sus raíces de sus entrañas. Para ellos, es siempre una pérdida no sólo de un pasado sino, también, del sentido de futuro; es transitar por territorios de incertidumbre, por caminos desconocidos, con la esperanza de tener una mejor vida.

2. Que, a más de 100 años, la migración ha existido de manera legal o ilegal; de ella han surgido muchas realidades. Un migrante no es únicamente un personaje que realiza un viaje y trata de cruzar de algún modo la frontera; es la persona que al terminar el viaje propiamente dicho vive una nueva vida en un medio diferente de donde nació, que siempre regresa para ver a los suyos, a reencontrarse con sus raíces.

3. Que es el creador de una familia en diferente territorio, un ciudadano o residente, votante o militar que lucha por su nuevo país, como puede observarse en la actualidad; quizá sus antepasados fueron los iniciadores de alguna comunidad en el extranjero o, simplemente, es un extranjero más que, por necesidad, se encuentra ahí, deseoso de regresar a su tierra, ellos lo saben. Los migrantes, estamos seguros, son toda una red de vidas entrelazadas unas con otras que viven ayudándose mutuamente, siempre dispuestos a colaborar con los miembros de sus comunidades y amigos durante el proceso de integración en Estados Unidos de América.

4. Que un migrante para viajar al vecino país del norte ahorra con dificultad o pide prestado, efectúa un trayecto plagado de riesgos e incertidumbre, pues los caminos que recorre, la mayoría de las veces, son desconocidos. Por lo mismo, sus derechos humanos son vulnerados; desafortunadamente, el mismo fenómeno, el de la vulneración, ocurre cuando retornan a nuestro país.

5. Que la violación de los derechos humanos de los migrantes se relaciona con formas contemporáneas de violación, como la xenofobia, la discriminación y el racismo, la que muchas ocasiones comienza con la discriminación sufrida en el país de origen; con la exclusión y falta de arraigo, estas personas, muy pobres de por sí, además de la discriminación, sufren debido a otros fenómenos graves, como las bandas del crimen transnacional organizado, que abusan de su necesidad y violan sus derechos, son los agentes policiales y los coyotes.

6. Que el migrante desempeña un rol ingrato, es el ser más vulnerable: el policía lo extorsiona; los delincuentes callejeros le roban; el traficante de indocumentados lo maltrata física o psicológicamente; y el integrante de la Border Patrol lo martiriza.

7. Que la migración es un problema social muy complicado, los migrantes sufren toda clase de atropellos y el gobierno del país no busca protegerlos, olvida que ellos son la segunda fuente de ingresos del país. Hay varios problemas que han ido creciendo con el desarrollo de la migración: el principal, la gran cantidad de muertes al tratar de cruzar la frontera.

8. Que los dos gobiernos han tratado de encontrar una solución a este problema y comienzan a darse cuenta de que ambos países necesitan de la migración: México, en razón de la cantidad de dinero que los migrantes envían a sus familiares; Estados Unidos de América, por la necesidad de contar con mano de obra.

9. Que estas fiestas de fin de año, cuando por tradición las personas buscan estar cerca, con sus seres queridos, los braceros mexicanos circulan por nuestras carreteras de regreso con la esperanza de ver a sus familiares y amigos; sin embargo, tiene que sortear varios obstáculos en su trayectoria. Parecería que salen a la aventura de no ser extorsionados en las carreteras, en las casas de cambio, los comercios, los servicios públicos y hasta en hoteles y restaurantes, por lo que es indispensable exhortar a los estados vecinos y del norte del país, en particular a las Legislaturas locales, para que acuerden, en el ámbito de sus competencia, implantar acciones que permitan un libre y tranquilo tránsito de nuestros paisanos que vienen de regreso o de visita.

Por lo anterior, esta Quincuagésima Cuarta Legislatura aprueba el siguiente

Acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados vecinos y del norte del país, al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que faciliten el regreso de los migrantes mexicanos

Artículo Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados del norte del país y circunvecinos para que, en el ámbito de su competencia, faciliten el regreso de los migrantes mexicanos; se establezcan en las rutas de regreso puestos de apoyo, no de extorsión, para su reingreso en el país, así como su reincorporación a su lugar de trabajo en nuestro vecino país del norte.

Artículo Segundo. Envíese el presente punto de acuerdo al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Legislaturas locales del país para que apoyen la solicitud que se hace, en beneficio de los braceros mexicanos.

Artículo Tercero. Se tenga a la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro emitiendo pronunciamiento a favor de los braceros para ingreso en el país y retorno a sus centros de trabajo.

Transitorio

Artículo Único. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación, se ordena su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, la ``Sombra de Arteaga'', y en dos diarios de mayor circulación en la entidad.

Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del estado de Querétaro y mandará que se imprima y publique.

Atentamente

Dado en el Salón de Sesiones ``Constituyentes de 1916-1917'', Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco.--- LIV Legislatura del estado de Querétaro.--- Dip. José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; Dip. Fernando Julio César Orozco Vega (rúbrica), Segundo Secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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MARTIRES DE CANANEA Y RIO BLANCO

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente.

El H. Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente:

Acuerdo

PRIMERO.- El Congreso del estado de Sonora, conforme a la atribución prevista por los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción I, de la Constitución Política del estado, resuelve presentar ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto en los siguientes términos:

Decreto

Que aprueba diversas acciones para conmemorar a nivel nacional el Centenario de los Mártires de Cananea, Sonora, y Río Blanco, Veracruz.

Artículo Primero.- El H. Congreso del Unión resuelve declarar 2006 como ``Año del Centenario de los Mártires de Cananea y Río Blanco'', para el efecto de que toda correspondencia oficial que se genere en el próximo año por los poderes de la Unión incluya el lema ``2006, Año del Centenario de los Mártires de Cananea y Río Blanco''.

Artículo Segundo.- El H. Congreso de la Unión resuelve inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados la divisa ``Honor de la patria a los mártires de Cananea y Río Blanco''.

Transitorios

Artículo Primero.- El artículo primero de este decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2006, previa publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- El artículo segundo de este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso del estado de Sonora aprueba remitir al resto de las Legislaturas estatales el presente acuerdo para que, de considerarlo pertinente, se manifiesten a favor del mismo y presenten la iniciativa respectiva ante el honorable Congreso de la Unión.

Lo que comunicamos a usted para conocimiento y demás fines.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, 6 de diciembre de 2006.--- Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Secretario; Dip. Martha Patricia Patiño Fierro (rúbrica), Secretaria.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

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ACCIDENTES DE TRANSITO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.--- Presente

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio No. D.G.P.L.59-II-3/2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 8 de diciembre del 2005, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Pública, y de Turismo, que impulsen la planeación, definición o ejecución de acciones y programas en materia de seguridad vial, así como la instrumentación de las medidas necesarias para brindar la atención médica oportuna a las víctimas al verificarse los accidentes y con posterioridad a los mismos.

Anexo envío a usted oficio No. DG/0204/06, con la información que proporciona la licenciada Isabel Espinosa Allegretti, directora general de Trabajo y Previsión Social del Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.--- Gobierno del Distrito Federal.--- México.--- La Ciudad de la Esperanza.

Lic. Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno.--- Presente

En atención a su oficio SG/00218/2006, me permito hacer de su superior conocimiento que esta Dirección General no es competente para dar cumplimiento a lo precisado en el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2005, cuyo objetivo es impulsar las reformas legales pertinentes para solucionar los graves problemas de salud pública, derivados de los accidentes de tránsito, así como a formular, planear y ejecutar los programas y acciones en materia de seguridad vial.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Lic. Isabel Espinosa Allegretti (rúbrica), directora general de Trabajo y Previsión Social.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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PESCA ILEGAL

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura.--- Presente.

Me refiero a su oficio DGPL 59-II-5-2190, fechado el 6 de diciembre de 2005, donde remite el punto de acuerdo de las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se exhorta a la Sagarpa, a la Semar y a la Semarnat, a través de la Profepa, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y funciones, intervengan para solucionar el grave problema que existe sobre la pesca ilegal con trasmallos y cimbras de especies que la Ley de Pesca prohíbe para la práctica de la pesca comercial y solicitan que se estructure un programa continuo de vigilancia y supervisión, con el fin de tener controladas las embarcaciones pesqueras en Zihuatanejo, Guerrero, y zonas aledañas.

En ese sentido, le informo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza año con año el Programa de Inspección y Vigilancia para la Protección y Conservación de la Tortuga Marina. Durante 2005, la Profepa elaboró un programa específico para el estado de Guerrero, con objeto de atender de manera urgente los problemas detectados con las especies de tortugas marinas que arriban a desovar a las playas de dicha entidad federativa.

Uno de los objetivos estratégicos del programa está asociado a las acciones preventivas para proteger, preservar y conservar las tortugas marinas, a través de la promoción de la participación social, incorporando a los miembros de las comunidades dispuestos a participar en acciones preventivas, como coadyuvantes de la Profepa, para la protección y la preservación de las tortugas marinas.

Se promueve la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, concertando acciones con los sectores social y privado para la protección de su medio ambiente, favoreciendo la participación y corresponsabilidad de todos los sectores involucrados en la protección y conservación de las tortugas marinas y de sus hábitat.

De la misma manera, las delegaciones de la Profepa en los diferentes estados con litoral llevan a cabo el Programa de Verificación, Certificación y Uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET) en todas las embarcaciones de la flota camaronera para garantizar el adecuado uso de los DET en los muelles y en alta mar. En este último caso, el programa se opera en coordinación con la Secretaría de Marina.

Atendiendo a su solicitud y tomando en cuenta las acciones que esta Procuraduría realiza para la protección de las especies protegidas, particularmente de las tortugas marinas, se ha instruido a nuestro delegado en el estado de Guerrero para que, con base en las atribuciones que nos han sido conferidas, se coordine con la delegación de la Sagarpa en ese estado para atender la problemática derivada de la pesca ilegal con trasmallos y cimbras.

Adicionalmente, es importante señalar que el daño que sufren las especies protegidas por el uso de dichas artes de pesca no se circunscribe únicamente a la actividad ilegal sino, también, a las actividades pesqueras autorizadas, por lo que es necesario que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca regule el tipo de artes de pesca, así como las zonas autorizadas para su uso, con objeto de disminuir la captura incidental o daños a estas especies por esas actividades de pesca comercial en las zonas de mayor incidencia de tortugas marinas y otras especies marinas protegidas, en especial las zonas marinas adyacentes a las playas de anidación de tortugas marinas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Ing. Héctor González Reza (rúbrica), subprocurador de Recursos Naturales.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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MAIZ BLANCO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

Se recibió en esta Secretaría el oficio número STPCE/- 993/2005, suscrito por el licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual solicita que por este conducto se les haga llegar el informe correspondiente al primer semestre de 2005 de la asignación de las cuotas mínimas y adicionales de maíz blanco, de conformidad con lo señalado en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en el mismo se cita, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Economía.

Lic. Dionisio Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 (LIF), en donde se indica que el Ejecutivo federal deberá informar al Congreso de la Unión sobre la autorización de cuotas mínimas y adicionales de importación de maíz blanco, las cuales se otorgarán en caso comprobado de desabasto existente o previsible, llevando a cabo la consulta con las organizaciones de productores e industriales consumidores, envío a usted el análisis de desabasto existente o previsible, el cual se consideró como base para la asignación de cupos de importación de maíz blanco a la industria harinera, así como la minuta de la reunión del Comité Nacional Sistema Producto Maíz para la asignación de cupo de importación de maíz blanco para el primer semestre de 2005.

Lo anterior, toda vez que, de conformidad con el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, 19 de diciembre de 2005.--- Lic. Wolfgang Rodolfo González Muñoz (rúbrica), secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados; y de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

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ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L 59-II-1-866, signado el 30 de noviembre de 2004 por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número FOO.- 747, suscrito el 21 de diciembre último por el C. Ernesto Enkerlin Hoefflich, Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a verificar el cumplimiento del programa de manejo de la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche; así como a instrumentar un programa de reforestación en las zonas desmontadas de dicha reserva.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Hago referencia a su similar de número SEL/300/-4698/04 en el que se informa sobre el punto de acuerdo aprobado por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres , Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para verificar el cumplimiento del programa de manejo de la reserva de la biosfera de Calakmul y exhortar a la Semarnat a implementar un programa de reforestación en las zonas desmontadas en la misma reserva.

Sobre el particular y una vez revisados el dictamen y punto de acuerdo, me permito hacerle los siguientes comentarios a los puntos que se destacan:

Deforestación de las selvas de la reserva

De conformidad con el estudio denominado ``Estimación de la tasa de transformación del hábitat en zonas aledañas a las áreas naturales protegidas'', la transformación del hábitat en la reserva de la biosfera de Calakmul en el periodo de 1996-2000 con base a los datos de García et al, 2001, y la imagen de satélite de 2000, fue de 0.4% con 2,975 hectárea/año, donde la superficie no forestal para el 2000 fue de 21,652 hectáreas, que corresponde al 3% de la superficie total. Si bien no se tiene un estudio actualizado a 2004, también se estima que dicho porcentaje ha disminuido respecto al interior de la reserva, debido a que esta tasa estuvo focalizada a lo largo de la carretera, cerca del límite sur-oriental de la reserva y que se expandió hasta el interior de la misma, en la que se establecieron asentamientos humanos, y por otra parte a las actividades que la Conanp ha desarrollado y que se detallan adelante. No así para la zona de influencia de la reserva, donde la inmigración continúa con un ritmo acelerado de crecimiento.

Deforestación en la zona de influencia

Esta zona de influencia (aledaña) de la reserva de la biosfera de Calakmul, con excepción del resto de las áreas, fue determinada con base en un criterio de la continuidad de la cobertura vegetal presente en la reserva, aunado a criterios físicos y políticos; la superficie obtenida para la zona aledaña fue de 688,241 hectáreas.

Para el año 2000 la zona aledaña presenta una superficie de áreas transformadas por actividades humanas de 69,289, correspondiente al 10.07% de la superficie total del área.

La principal actividad antrópica que ha transformado la vegetación es la agricultura de temporal, seguida de la agricultura nómada, estas actividades se presentan en mayor proporción hacia la región este de la zona de influencia.

Proyectos de desarrollo comunitario

Tal como se considera en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Programa de Manejo, la práctica de actividades productivas sustentables es permitida en la zona de amortiguamiento, por lo que se promueven actividades compatibles con la conservación de la diversidad biológica. Se han aplicado, sólo en el año 2004, la cantidad de $ 3'000,000 de recursos Proders y PET en proyectos de saneamiento ambiental-desasolve de lagunas, recuperación de jagüeyes, reforestación, brechas cortafuego para prevención de incendios forestales, talleres de capacitación productiva y ecoturismo, apicultura --producción y manejo de reinas--, agroforestería, ecoturismo huertos familiares en comunidades en la zona de amortiguamiento y áreas de influencia.

Inmigración y colonización de la región

Se han realizado las gestiones para que en el 2005 el Programa de Participación Comunitaria en la Conservación de Calakmul (Compact por sus siglas en inglés) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) inicie el apoyo financiero a proyectos de desarrollo alternativos a la ganadería, agricultura y forestería tradicional y que promueva la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Se desarrolla un plan con líneas estratégicas para el manejo sustentable y desarrollo del municipio de Calakmul con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y el municipio de Calakmul, con una inversión cercana a 1,000,000 de pesos que incluye la concertación con las comunidades para los proyectos de desarrollo.

La Conanp asesora al municipio de Calakmul, a la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Campeche y a Pronatura, AC, en el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio, con la finalidad de que éste incluya los aspectos del ecoturismo, como base fundamental del desarrollo.

Ejidos en zonas núcleo

Con fecha 12 de noviembre de 2004 se decretó el acuerdo de expropiación de 150,710 hectáreas de ampliaciones ejidales en la zona núcleo de la reserva, producto de una expropiación concertada con cuatro ejidos para poner fin a las constantes demandas de aprovechamientos forestales en estas zonas, a saber:

Superficie de 44,530-00-00 hectáreas, localizadas en la zona núcleo de la reserva y municipio de Calakmul, propiedad del ejido denominado Konchén, municipio de Hopelchén, del estado de Campeche.

Superficie de 28,000-00-00 hectáreas, localizadas en el zona núcleo de la reserva y municipio de Calakmul, estado de Campeche, propiedad del ejido Moch-Cohuoh, municipio de Hopelchén, del estado de Campeche.

Superficie de 15,400-00-00 hectáreas, localizadas en la zona núcleo de la reserva y municipio de Calakmul, estado de Campeche, propiedad del ejido Ich-Ek, municipio de Hopelchén, del estado de Campeche.

Superficie de 62,780-00-00 hectáreas, localizadas en la zona núcleo de la reserva y municipio de Calakmul, propiedad del núcleo ejidal denominado ``Xcupilcacab'', municipio de Hopelchén, del estado de Campeche.

La Conanp, consciente de las necesidades de desarrollo de las comunidades y de conformidad con el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Calakmul, explora los mecanismos de trabajo conjunto que permitan su conservación. Asimismo, se incluyen en los programas operativos anuales las actividades de restauración que evalúen las estrategias ad hoc para los sitios alterados, que van desde la reforestación manual hasta la recuperación natural por la vía de sucesión vegetal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ernesto Enkerlin Hoefflich (rúbrica), Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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PROTOCOLO DE KYOTO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio D.G.P.L. 59-II-4-1848 signado el 8 de diciembre de 2005, por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UCAI/80/06, suscrito el 11 del actual, por el C. José Manuel Bulas Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al Protocolo de Kyoto.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su atento oficio SEL/300/7229/05 del 14 de diciembre pasado, concerniente al punto de acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Protocolo de Kyoto, al respecto me permito comunicarle que para esta Secretaría el tema del cambio climático es de la mayor importancia y se comparte ampliamente la preocupación del H. Congreso de la Unión por la necesidad de contar con participación universal en el Protocolo de Kyoto.

En este sentido, el secretario Luege Tamargo señaló, durante su intervención en la sesión plenaria del Segmento de Alto Nivel de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2005, que tuvo lugar a finales del año pasado en Montreal, Canadá, que ``llegamos con un gran entusiasmo celebrando la primera reunión de las partes del Protocolo de Kyoto y hacemos un respetuoso llamado a aquellos países que no han ratificado este importante instrumento, a que lo hagan cuanto antes''.

Por otra parte, nos congratulamos por la iniciativa de la Cámara de Diputados para abordar el tema del cambio climático en las agendas de las reuniones interparlamentarias que celebre México con aquellos países que no hayan suscrito el Protocolo.

Finalmente, me permito resaltar que la relación en materia de cambio climático con el Gobierno de Estados Unidos ha sido constante e incluso existe un grupo de trabajo de cooperación bilateral que se reúne al menos una vez al año. Actualmente se está actualizando una parte del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero con fondos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y se participa en varias iniciativas multilaterales lideradas por EU, como la Alianza de Metano y el Foro de Liderazgo de Captura de Carbono.

Quedo a sus órdenes para cualquier información que pueda requerir al respecto y le reitero la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- José Manuel Bulas Montoro, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACION

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-2792 signado el 6 de diciembre de 2005, por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. PGJ/ DJ/ COLAB/ 0030-2006, suscrito el 6 del actual, por el abogado Armando Villarreal Guerra, procurador general de Justicia del estado de Yucatán, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Procuraduría General de Justicia del Estado.--- Dirección Jurídica.

C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por este medio y en atención al oficio No. SEL/300/-7014/05, de fecha 7 de diciembre de 2005, el cual fue enviado al C. Patricio José Patrón Laviada, gobernador constitucional de este estado, mediante el cual informa el contenido del acuerdo aprobado por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el punto único del oficio No. D.G.P.L 59-II-0-2792, en fecha 6 de diciembre de 2005, en el cual se exhorta a todas las Procuradurías Generales de Justicia de los estados para dar a conocer la información sobre investigaciones relacionadas con agresiones a periodistas y medios de comunicación, en especial del homicidio de Barragán Ortiz en el estado de Veracruz y el ataque en contra de Benjamín Fernández González en el estado de Oaxaca, me permito hacer de su conocimiento que esta institución a mi cargo, cuando así se le requiera, proporcionará la información que se encuentre relacionada con ese tipo de agresiones. Sin embargo, no omito manifestarle que en la actualidad no contamos con información que se encuentre relacionada con el homicidio del señor Barragán Ortiz y el ataque del señor Fernández González.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración y respeto.

Atentamente.

Abogado Armando Villarreal Guerra, procurador general de Justicia del Estado.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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SECTOR AGRICOLA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1647, signado el 4 de octubre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. BOO.00.04.08.-713, suscrito el 23 de diciembre último por la MCC Heidi Storsberg Montes, titular de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a establecer un programa que apoye con recursos federales el mejoramiento de técnicas de riego y que los volúmenes ahorrados sirvan para restablecer el equilibrio hidrológico en cuencas y acuíferos.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lic. Dionisio Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/300/5320/05, relacionado con el punto de acuerdo presentado por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres el día 30 de noviembre de 2004 y aprobado el día 4 de octubre de 2005 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual se solicitan recursos federales para el mejoramiento de técnicas de riego, como sigue:

``Único.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de manera directa, y a la Comisión Nacional del Agua a establecer un programa que apoye con recursos federales para el mejoramiento de técnicas de riego y que los volúmenes ahorrados sirvan para restablecer el equilibrio hidrológico en cuencas y acuíferos.''

Al respecto me permito informar a usted que, de acuerdo con información emitida por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de esta institución, la Conagua, a través de los programas para el campo sujetos a reglas de operación, como son Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego; Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica; y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, apoya hasta con un 50% de recursos federales en inversiones para la infraestructura hidroagrícola, incluyendo el nivel parcelario, con el objeto de hacer un uso cada vez más eficiente del agua en la producción agrícola.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, De-sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mediante el Programa de Fomento Agrícola, a través del Subprograma Apoyo a la Inversión y Capitalización, cuyo componente se denomina Apoyo a la Tecnificación, apoya con recursos federales hasta en un 50% los proyectos de tecnificación de riego a los usuarios, con un monto máximo de 500 mil pesos.

En espera de que la información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 23 de septiembre de 2005.--- MCC Heidi Storsberg Montes, titular de la Unidad.»

«Escudo.--- Comisión Nacional del Agua.

MCC Heidi Storsberg Montes, gerente de la Unidad de Comunicación Social.--- Presente.

Me refiero a su atento memorando número BOO.00.04.-08.-573 de fecha 10 de octubre de 2005, mediante el cual hace referencia al punto de acuerdo presentado el pasado 30 de noviembre de 2004 por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres y aprobado el día 4 de octubre de 2005 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que a la letra dice:

``Único.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de manera directa, y a la Comisión Nacional del Agua a establecer un programa que apoye con recursos federales para el mejoramiento de técnicas de riego y que los volúmenes ahorrados sirvan para restablecer el equilibrio hidrológico en cuencas y acuíferos.''

Al respecto me permito comentar a usted lo siguiente:

Actualmente la Comisión Nacional del Agua, a través de los programas hidroagrícolas sujetos a reglas de operación, como son Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, apoya hasta con un 50% de recursos federales en inversiones para la infraestructura hidroagrícola, incluyendo el nivel parcelario, con el objeto de hacer un uso cada vez más eficiente del agua en la producción agrícola.

Por su parte la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mediante el Programa de Fomento Agrícola, a través del Subprograma Apoyo a la Inversión y Capitalización, cuyo componente se denomina Apoyo a la Tecnificación, apoya con recursos federales hasta un 50% los proyectos de tecnificación de riego a los usuarios, con un monto más de un monto de 500 mil pesos.

Conforme lo anterior, la Conagua ha estado atendiendo en forma coordinada con la Sagarpa para apoyar a los agricultores o a través de sus organizaciones con recursos federales para el mejoramiento de técnicas de riego. Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

México, DF, a 20 de diciembre de 2005.--- Ing. César O. Ramos Valdés, subdirector general de Infraestructura Agrícola.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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CONNACIONALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-1755, suscrito el día 8 de diciembre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar No. 315-A- 00074, signado el día 6 del actual por el C. Sergio Montaño Fernández, director general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo, relativo a los recursos económicos de los Consulados mexicanos para la repatriación de cadáveres.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio No. SEL/300/7242/05, de fecha 12 de diciembre del 2005, dirigido al secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el que se hace referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión de la H. Cámara de Diputados celebrada el 8 de diciembre del 2005, a través del que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales desde Estados Unidos de América, bajo las siguientes consideraciones:

1. Se solicita a la SRE y a la SHCP, que a la brevedad informen a esa soberanía sobre los criterios que se están utilizando para brindar el apoyo económico en el caso de traslado de cadáveres, así como los montos que son entregados a cada Consulado.

2. Se exhorta a la SRE y a la SHCP para que los recursos económicos que se manejan en los Consulados de México y se encuentren disponibles se dispongan en forma inmediata, para evitar demoras innecesarias.

Al respecto, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 65 del Reglamento Interior de la SHCP y con base en el artículo 5 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, confirmo a usted que en el ejercicio de su presupuesto las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades, conforme a sus reglamentos interiores, son responsables de ejercer los recursos públicos autorizados en sus presupuestos, de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto, razón por la cual esta Secretaría no cuenta con la información que requiere la H. Cámara de Diputados; sin embargo, con el fin de atender la petición que nos ocupa, con oficio No. 315-A-0020, de fecha 3 de enero del presente, se solicitó a la SRE la información aludida, por lo que en cuanto se tenga disponible se le hará llegar a la brevedad.

Le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 6 de enero de 2006.--- Sergio Montaño Fernández, director general de Programación y Presupuesto ``A''.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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INDUSTRIA PETROLERA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-2540, suscrito el 13 de octubre de 2005 por los diputados Francisco Arroyo Vieyra y Patricia Garduño Morales, vicepresidente en funciones de Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CEI.- 100.- 2006. 0006, signado el 12 del actual por el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, coordinador de Enlace Institucional de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a diversos temas relacionados con el sector energético.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Energía.

Lic. Dionisio A. Meade y García de León, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

En atención a sus atentos oficios números SEL/300/5476/ 06 y SEL/300/5857/05, relativos al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su sesión del día 13 de octubre de 2005, en el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que informe a esa Cámara respecto de las medidas que tomará para resarcir a Pemex su déficit debido a diversos aspectos de su administración.

Al respecto, adjunto me permito enviarle el documento que da respuesta a los puntos que integran el mencionado punto de acuerdo, el cual se realizó de manera consensuada con las diferentes áreas involucradas del sector. Asimismo me permito solicitar a usted hacerlo llegar o las instancias correspondientes.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), coordinador de Enlace Institucional.»

«1. Reponer al patrimonio de Pemex que ha continuado disminuyendo durante la presente administración y que actualmente significa el 3.4% de su activo, lo que representa en la práctica una quiebra técnica.

Dentro de la industria petrolera, el valor de las reservas de hidrocarburos no está reflejado en los estados financieros y Pemex cuenta con la novena reserva probada más grande de crudo a nivel mundial, por lo que resulta difícil hablar de quiebra técnica.

No obstante, el deterioro del patrimonio en los últimos años se debe principalmente a las pérdidas acumuladas de la empresa, como consecuencia de los resultados desfavorables en los últimos ejercicios, de 25.5, 42.7, 25.8 y 39.4 miles de millones pesos en 2004, 2003, 2002 y 2001, respectivamente.

Estas pérdidas son consecuencia de que el rendimiento de operación (ingresos menos costos y gastos de operación) fue inferior al monto de los impuestos, derechos y aprovechamientos que Pemex aporta a la Federación.

Con el nuevo régimen fiscal Pemex contará con mayores recursos propios destinados a inversión y con una cartera de proyectos que después de impuestos resultará económicamente rentable. El efecto financiero en la empresa se traducirá en:

a) Revertir la tendencia del estado de resultados al pasar de pérdidas netas a utilidad neta de forma sostenible.

b) En el mismo sentido, permitirá a la empresa contar con recursos suficientes para hacer frente a sus requerimientos de inversión, operación, impuestos y servicio de deuda.

c) La combinación de mayores recursos propios para realizar inversiones, el sostenimiento e incremento de la producción y la disminución paulatina del endeudamiento de la empresa se reflejarán en un crecimiento sostenido del patrimonio y fortalecimiento de las finanzas de Pemex.

Sin embargo, el régimen fiscal no es el único elemento que permitirá sanear la frágil situación financiera de Pemex, para ello será necesario instrumentar otras medidas como por ejemplo un esquema que brinde en el mediano y largo plazo certidumbre y continuidad estratégica y operativa a Pemex. Bajo este esquema el Estado debe definir la política energética del país, mientras que las decisiones de negocio deben ser definidas por Pemex.

Pemex debe avanzar en la reestructura de su consejo de administración para asegurar que éste opere con un claro mandato de creación de valor, así como en un sistema de auditoría efectivo, reglas de adquisiciones y obra pública más ágiles y mecanismos transparentes y efectivos de rendición de cuentas.

2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiregas para financiar el gasto público y que asciende a más de 50 mil millones de dólares.

La industria petrolera es altamente intensiva en capital y dada la restricción de recursos programables o vía Presupuesto de Egresos de la Federación, Pemex ha recurrido al endeudamiento a través del esquema Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto).

Cabe destacar que los proyectos a financiar bajo el esquema de Pidiregas son altamente rentables y generan el flujo suficiente para cubrir sus obligaciones, es decir son autofinanciables.

Hasta el momento, esta ha sido la única alternativa que Pemex ha tenido para poder invertir en una industria que requiere de importantes montos de inversión. Cabe destacar que como resultado de estas inversiones, se ha observado un nivel sostenido en la producción de hidrocarburos.

Al 30 de septiembre de 2005, la deuda total de Pemex ascendió a 47.9 mil millones de USD.

3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso es apenas un primer paso.

Además del nuevo régimen fiscal de Pemex, es indispensable contar con una mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo flexible y eficiente, asociado a un consejo de administración orientado a la creación de valor, que fomente la rendición de cuentas y una mayor transparencia en la empresa. Dentro de este marco, Pemex requiere contar con flexibilidad presupuestaria, un sistema de auditoría eficiente y nuevas reglas de adquisiciones y obra pública. Así, Pemex podría reaccionar rápidamente ante las condiciones de los mercados y aprovechar las oportunidades de negocio.

Por otro lado, ante la escasez de recursos propios y de tecnología en algunas áreas estratégicas, como la explotación en aguas profundas, se requiere, además, una reforma estructural que fortalezca a Pemex, estableciendo condiciones que permitan una mayor participación de terceros en la industria. Una apertura del sector que sea inteligente, oportuna y eficiente y que, sobre todo, evite la privatización de nuestro recurso natural, permitiría el mayor fortalecimiento de nuestra industria.

4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.

La Subsecretaría a mi cargo ha trabajado intensamente en coordinación con diferentes legisladores y ejecutivos de Pemex en el tema de autonomía de gestión, con el fin de instrumentar nuevos esquemas corporativos y hacer la operación más eficiente, con mejores resultados tanto en la producción como en los mecanismos de mantenimiento y supervisión.

En fechas recientes, la Secretaría de Energía ha realizado acercamientos con legisladores del Congreso de la Unión para tratar de impulsar un acuerdo que beneficie a la empresa de todos los mexicanos.

Los temas en los cuales se debe avanzar incluyen:

Independencia del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya que la flexibilidad presupuestaria para maximizar la creación de valor en el corto, mediano y largo plazos permitiría a Pemex una adecuada programación y presupuestación de los recursos de operación e inversión bajo un mecanismo eficiente de rendición de cuentas del manejo administrativo y financiero.

Instrumentación de mejores prácticas de gobierno corporativo relacionadas, en general, con la estructura y funciones del consejo de administración de la empresa, el desarrollo de las funciones de auditoría, de planeación y finanzas, de compensación y evaluación, así como de divulgación de información al accionista de la empresa, en este caso, al Estado.

Modificación de las reglas de adquisiciones y obra pública, ya que la construcción de las instalaciones petroleras se realizan bajo un proceso rígido y estándar igual al utilizado para construir edificios de oficinas, escuelas, etcétera, por lo tanto las modificaciones al marco legal actual permitirían una mayor flexibilidad en la obtención de contratos y adquisiciones altamente especializados y riesgosos propios de la industria.

Simplificación de los sistemas de auditoría para fortalecer la eficiencia en los procedimientos y la unidad de sus objetivos, a fin de alinearlos con el mandato de creación de valor del consejo de administración.

5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas, que en su periodo han caído 26%, mediante exploración en aguas profundas y rehabilitación de campos maduros o abandonados.

Reservas de hidrocarburos

Las reservas totales (3P) de hidrocarburos ascendieron, al 1 de enero de 2005, a 46,914.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Del total, 17,649.8 millones de barriles corresponden a reservas probadas (1P); 15,836.1 millones corresponden a reservas probables, y 13,428.2 millones de barriles son reservas posibles.

Casi la mitad de las reservas probadas de hidrocarburos se encuentran en campos de la región marina noreste, en la que destaca el campo Akal, del activo integral Cantarell, con 6,593 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La mayor concentración de reservas totales de hidrocarburos se sitúa en la región norte, donde existen 20,806.1 millones de barriles de petróleo crudo equivalente bajo esta categoría, siendo el paleocanal de Chicontepec la mayor acumulación, con 17,988 millones de barriles.

33,312.2 millones de barriles de las reservas totales de hidrocarburos corresponden a aceite crudo; 835.3 millones de barriles son condensados; 3,412.6 millones de barriles corresponden a líquidos de planta, y 9,354 millones de barriles corresponden a gas seco equivalente.

Las reservas totales (3P) de gas natural ascienden a 63,878.8 miles de millones de pies cúbicos, 62% de las cuales se localizan en la región norte. Del total de reservas 3P de gas natural, 48,649.4 miles de millones de pies cúbicos corresponden a gas seco.

Las reservas 3P de gas asociado representan 77.4% del total, como consecuencia de que la mayor parte de los yacimientos del país son de aceite y gas asociado. Las reservas 3P de gas no asociado alcanzan 22,6%, siendo la región norte la que aporta 49.9% de éstas, la mayor parte de ellas localizadas en yacimientos de gas húmedo.

Antes de 1998 no existía en México una clasificación que desagregara las reservas de hidrocarburos por su tipo. Las reservas totales eran consideradas reservas probadas.

En 1998 se adoptan los criterios de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y del World Petroleum Congress (WPC) para la cuantificación de las reservas de hidrocarburos. A partir de entonces las reservas se clasifican en probadas, probables y posibles.

En 1997 las reservas de hidrocarburos ascendieron a 60.9 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En 1998 las reservas probadas (1P) de hidrocarburos ascendieron a 35.2 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, mientras que las reservas totales (3P) llegaron a 56.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Con la adopción de criterios financieros internacionales, en 2002 Pemex reclasificó las reservas probadas no desarrolladas en los últimos diez años como reservas probables.

En el periodo 2001-2005, las reservas totales de hidrocarburos han pasado de 56.1 a 46.9 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con lo que su vida media llega a 29 años. En el caso de las reservas probadas su vida media es de 11 años.

Este hecho y la necesidad de incrementar la producción, tanto de petróleo crudo como de gas natural, a fin de garantizar el abasto suficiente de energéticos y asegurar los ingresos petroleros del país han hecho necesario que la labor de Pemex se oriente a incrementar la tasa de restitución de reservas, razón por la que en los años recientes se han destinado cuantiosas inversiones a la exploración de nuevas áreas que en el mediano plazo harán posible el descubrimiento de nuevos yacimientos y la incorporación de nuevas reservas.

En 2004 los descubrimientos de nuevos yacimientos aportaron 916 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a las reservas 3P de hidrocarburos, mientras que la producción ese mismo año ascendió a 1,611 millones de barriles, dando como resultado una tasa de restitución por yacimientos nuevos de 57%. Comparada con la alcanzada en años anteriores, esta tasa de restitución muestra una tendencia ascendente que se explica por la reactivación de la actividad exploratoria en las principales cuencas del país.

La tasa de restitución de las reservas probadas --incluyendo descubrimientos, desarrollos, delimitaciones y revisiones-- es de 23%.

Con un nivel de inversión anual en el área de exploración y producción de hidrocarburos de alrededor de 10 mil millones de dólares durante los próximos 5 años la meta esperada es lograr una tasa de restitución de reservas 3P en 2006 de 65% y en 2010 de 100%.

Por otra parte, la meta de tasa de restitución de reservas 1P irá ascendiendo para llegar, en el año 2010, a 77%. Hacia 2007 se esperan desarrollos provenientes de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, crudo ligero marino y Chicontepec, lo que permitirá incrementar la tasa integrada de restitución de reservas a través de la reclasificación significativa de reservas probables a probadas en esos campos.

Otra actividad determinante en la incorporación de nuevas reservas es la perforación de pozos. En el periodo 2001-2004 se perforaron 2,282 pozos, 66% del total programado. Comparado con el año 2000, en 2001 se incrementó la perforación de pozos 57%.

En el periodo 2001-2004 se terminaron un total de 2,238 pozos: 299 exploratorios y 1,939 de desarrollo. El promedio de éxito para los pozos terminados de exploración es de 51% y para los de desarrollo de 91%.

El nivel de cumplimiento en el periodo enero-septiembre de 2005 es de 67% para la terminación de pozos de exploración y de 101% para la terminación de pozos de desarrollo.

Al mes de septiembre de 2005 se terminaron 56 pozos exploratorios, de los que 30 resultaron productores: 11 de aceite crudo y gas asociado, 6 de gas y condensados y 13 de gas seco.

Para el mismo periodo se terminaron 510 pozos de desarrollo, de los cuales 464 resultaron productores: 144 de aceite crudo y gas asociado, 189 de gas y condensados y 131 de gas seco.

Durante el periodo 2001-2005 la inversión total para exploración y explotación de hidrocarburos se incremento 85.5%, pasando de 60,787 millones de pesos en 2001 a 112,731 millones de pesos en 2005.

La inversión acumulada en el mismo periodo asciende a 439,938 millones de pesos, de la cual 70,158 millones de pesos, 16% del total, se ha destinado a la exploración, y 369,780 millones de pesos, 84% del total, se ha destinado a la explotación.

La inversión en 2005 asciende a 112,731 millones de pesos, de los cuales 15,089 millones de pesos, 13%, corresponde a exploración, y 97,642 millones de pesos, 87% del total, corresponde a explotación.

Las inversiones efectuadas por Pemex en el periodo 2001-2004 han dado como resultado la incorporación de 2,453 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a nivel de reservas 3P.

La prioridad en estos años ha sido la incorporación de reservas de gas natural no asociado y crudo ligero.

Los esfuerzos de exploración se han concentrado principalmente en yacimientos localizados en cuencas conocidas. A partir de 2004 este énfasis ha sido reforzado con la ubicación de oportunidades exploratorias hacia zonas más allá de las tradicionalmente exploradas, en las que se incluyen localizaciones en aguas profundas.

Petróleos Mexicanos estima que los recursos potenciales de hidrocarburos de México podrían alcanzar los 54,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por descubrir, 33% de los cuales estarían en aguas profundas con tirantes de agua superiores a 500 metros. Este volumen representa un recurso petrolero por descubrir mayor a la reserva total actual.

De acuerdo con los estudios prospectivos de Pemex Exploración y Producción, aproximadamente 50 por ciento del recurso potencial de aguas profundas se encuentra en tirantes de agua de entre 1,500 m y 3,000 m.

A la fecha Pemex Exploración y Producción ha perforado dos pozos en aguas profundas del golfo de México: el Chuktah 201, perforado en un tirante de agua de 512 m y el Nab 1, en un tirante de agua de 681 m. Actualmente está por iniciarse la perforación del pozo Noxal 1, en el sur de las costas de Veracruz, en un tirante de agua de 980 m.

Es preciso señalar que más del 40% de las reservas conocidas y el potencial por descubrir se ubican en zonas de alta complejidad. Esta complejidad se traduce en importantes retos, tanto tecnológicos como de inversión.

La estrategia exploratoria refleja un portafolio equilibrado que contiene oportunidades exploratorias de riesgo moderado y oportunidades de alto riesgo, cuyo volumen a incorporar es significativo y estratégico y está orientado hacia gas no asociado y crudo ligero.

En lo que se refiere a la rehabilitación de campos maduros o abandonados no existe ningún avance o iniciativa.

6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados y que se podría financiar con el déficit comercial de productos petrolíferos de un solo año (2,900 millones de dólares en 2004).

Actualmente, en adición a los programas de reconversión de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz, la Secretaría de Energía trabaja en el diseño de un esquema mediante el cual Petróleos Mexicanos pueda desarrollar una nueva refinería que pueda ofrecer los productos petrolíferos que requiere nuestro país, aprovechando nuestros recursos petroleros.

7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.

La Secretaría de Energía elabora la prospectiva del mercado de gas natural 2005-2014, en la que se presentarán tanto la demanda como la oferta de gas natural. Este documento actualiza al ya existente, elaborado para el decenio 2004-2013.

8. Remitir el programa de ahorro de energía y de uso de fuentes alternas.

Con el fin de contribuir en el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Federal y de la misión de Pemex de maximizar el valor económico de los hidrocarburos y sus derivados para apoyar el desarrollo sustentable del país, se definió la necesidad de promover el Programa Institucional de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, cuyos propósitos son:

Contribuir en los compromisos del Gobierno Federal.

Apoyar la misión de nuestra empresa.

Reducir los costos asociados a la generación, consumo y desperdicio de la energía en nuestras actividades sustantivas.

Incrementar la generación del valor económico agregado de las actividades sustantivas.

Prevenir y reducir la generación de contaminantes de las actividades de Pemex.

Contar con una operación segura, confiable y eficiente.

Incrementar la cultura de uso eficiente y ahorro de energía en nuestros trabajadores.

De 2001 a 2004, el consumo total de energía mostró un decremento promedio anual de 7.4%. En este periodo, se logró disminuir el consumo de combustibles, quemas y desfogues en 34 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con un valor asociado de 764 millones de dólares.

No obstante lo anterior, se estima que Pemex podría disminuir su consumo de energía en rangos del 10 al 30%, con cambios en la integración energética en instalaciones productivas y modernización de equipos dinámicos, calentadores y plantas de generación eléctrica y vapor.

Los programas de modernización de equipo e integración energética se enfocan en la sustitución paulatina de equipos existentes y en el mantenimiento adecuado de las instalaciones.

Por el lado de la generación de electricidad y vapor, Pemex cuenta con una capacidad de generación eléctrica instalada de 1,784 MW, de la cual sólo puede emplear poco más de la mitad para satisfacer el 83% de sus requerimientos; el resto lo compra a CFE y LFC.

A raíz de la participación de Pemex en el Programa Emergente de Energía Eléctrica 2003, se identificaron algunas iniciativas que, en el corto plazo, permitirían a Pemex incrementar su eficiencia y reducir su costo de suministro de vapor y energía eléctrica. Estas incluyen el incremento de los niveles actuales de porteo y la optimización global del porteo entre los principales centros generadores y consumidores de energía eléctrica.

Para los próximos años se espera un incremento de casi el 30% la demanda de vapor y energía eléctrica en las operaciones de Pemex, por lo que en el mediano y largo plazos, los sistemas de cogeneración representan una opción técnica y económicamente viable, en la medida que son más eficientes que los equipos actuales --en promedio, el costo de generación de estas plantas es 25% menor, y su eficiencia 30% mayor-- y podrían desplazar a aquellos equipos ineficientes que concluyen su vida útil y, además, satisfacer la demanda adicional esperada, que de otra forma no podría ser satisfecha con los equipos actuales.

Actualmente se encuentra en el Senado, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por medio de la cual se reforman el artículo 60 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional y el artículo 3° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

El proyecto tiene como objetivo dotar a Pemex de facultades jurídicas a fin de que la empresa establezca plantas de cogeneración para autoabastecimiento o para la venta de energía eléctrica a la CFE y LFC.

En el corto plazo, la aprobación del proyecto permitiría a Pemex portear la energía eléctrica excedente de aquellos centros de trabajo con permisos de cogeneración.

9. Detallar en qué consiste la política de precios del sector energético y explicar de qué manera se ordenará y racionalizará la política de subsidios, cuyo control y destino no está claro.

La política de precios de los bienes y servicios que produce y comercializa Pemex tiene como fundamento reflejar sus costos de oportunidad en términos económicos, y considera por tanto, los precios prevalecientes en el mercado internacional.

El establecimiento de los precios está fundamentado en la siguiente legislación:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 31, fracción X).

Le corresponde a la SHCP la fijación de las bases para determinar los precios, escuchando las opiniones de la Sener y la SE.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (artículo 26).

El precio de los bienes se determina en función de las referencias internacionales, en ausencia de las referencias, el precio se calcula con base en costos eficientes de producción.

El costo de oportunidad de los productos lo determina el mejor uso alternativo que se les puede dar, considerando los mercados internacionales, lo que constituye la mejor señal para guiar las decisiones de producción e inversión de los agentes involucrados.

Los precios en el mercado internacional dependen, entre otras cosas, de las condiciones particulares de calidad y especificaciones de los mismos. Cuando existen diferencias en calidad en los productos de Pemex respecto a la de los mercados relevantes, se efectúan las correcciones y ajustes correspondientes para reflejarlas.

Otro aspecto importante para el establecimiento de los precios es el referente al transporte de los bienes hasta el lugar en que se demandan, por lo que en su formulación se incluyen los costos de logística.

Por otra parte, cabe señalar que la manera en que se ordenará y racionalizará la política de subsidios es competencia de la Sener. Sin embargo, a continuación se describen algunas implicaciones de la Política de Precios y Subsidios en el caso de Pemex:

Un precio inferior al costo de oportunidad incrementaría la demanda del producto y en consecuencia se incrementarían sus importaciones.

En el largo plazo daría lugar a decisiones de inversión inadecuadas (sobre inversión) en las industrias que utilicen ese producto como insumo.

Si se promueve la competitividad con costo subsidiado se beneficia a ciertas industrias contra otras industrias potenciales que tienen que competir por los recursos (laborales, insumos y financieros).

Un precio inferior al costo de oportunidad promovería una asignación ineficiente de los recursos del país e inhibiría el crecimiento de la industria del producto subsidiado, ya que las inversiones rentables en el margen dejarían de serio.

10. Explicar en qué consiste la política de precios de exportación y por qué no se ha aprovechado el cierre de refinerías en la costa del Golfo de México para dar mantenimiento a instalaciones marítimas en lugar de seguir acumulando inventarios o tener que ofrecer descuentos adicionales al precio del crudo.

Política de precios de exportación

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el petróleo crudo mexicano se vende a un precio que utiliza como referencia la cotización de materias primas similares en el mercado internacional. En observancia de las atribuciones que le marca la ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigila que se adopte una política de precios de los crudos mexicanos que sea uniforme y transparente.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el marco jurídico aplicable, el petróleo crudo mexicano se vende a un precio que utiliza como referencia la cotización de crudos marcadores en el mercado internacional. Para tal efecto, la política de precios de los crudos mexicanos se basa en un sistema de fijación de precios mediante la aplicación de fórmulas para cada uno de los crudos mexicanos en los distintos mercados. Las fórmulas están ligadas a los precios de crudos marcadores o de refinados en los mercados internacionales en donde se vende el crudo mexicano.

Las fórmulas para la determinación de los precios de los crudos mexicanos tienen como referencia los precios de crudos competidores en cada mercado regional a donde se exporta. De esta manera, los precios de los crudos mexicanos de exportación dependen de las condiciones propias de los distintos mercados y de su competitividad con respecto a los crudos competidores en cada región.

Cabe señalar que las fórmulas de los precios de los crudos mexicanos en cada mercado son ampliamente conocidas por todos los clientes contractuales de Pemex, por lo que no hay discrecionalidad en la fijación del precio.

En cada fórmula se incorpora un factor de ajuste, ``C'', que se modifica en función de la competitividad de cada crudo mexicano de exportación. El factor de ajuste es la única variable que se modifica de manera discrecional por política comercial de Pemex. PMI Comercio Internacional, con el fin de mantener la competitividad de los crudos mexicanos de exportación en los mercados en los que se ofrecen, propone mensualmente modificaciones al factor de ajuste, las cuales son analizadas en el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos (GICEH). La Secretaría de Energía, conjuntamente con las demás dependencias que forman parte del GICEH, opina sobre la política de modificaciones a la variable ``C'' en la fórmula de precios de los crudo mexicanos, exponiendo en todo caso las recomendaciones pertinentes.

11. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.

Como parte fundamental del Programa Emergente para el Fortalecimiento de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental, se creó el Grupo de Trabajo para la Atención de la Problemática de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ducto. Este grupo inició sus trabajos con la definición de acciones encaminadas a reducir los incidentes en ductos, realizando las siguientes actividades:

Identificación de los sistemas de transporte por ducto con mayor criticidad.

Aplicación de los contratos de mantenimiento integral en los 4 organismos subsidiarios.

Revisión del estado actual del Censo de Ductos de Transporte.

Verificación de resultados de los sistemas de administración de riesgo.

Los grupos interdisciplinarios realizaron visitas técnicas a los sistemas ubicados en la zona centro y sur del país, con el siguiente alcance:

Revisión física de instalaciones

Estaciones de bombeo

Dispositivos de protección y seguridad

Servicios auxiliares

Sistemas de protección catódica

Derechos de vía

Instalaciones superficiales

Revisión documental de procedimientos

Seguridad industrial y protección ambiental

Mantenimiento

Operación

A partir de mayo pasado y hasta la fecha, se han recorrido 5 mil 496 kilómetros sobre los derechos de vía (DDV), detectándose mil 831 hallazgos, de los cuales 182 han sido atendidos por parte de los organismos subsidiarios.

La longitud de los DIDV revisados representa el 16 por ciento de 35 mil 56 kilómetros a cargo de Pemex; por lo que las visitas técnicas continuarán hasta recorrer la totalidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos por ducto.

Sistemas de protección catódica y protección interior

Como producto de las evaluaciones a los sistemas de protección catódica y los factores que afectan su desempeño, se identificaron 63 hallazgos, de los cuales 90 por ciento están en proceso de atención mediante la ejecución de 29 contratos de obra por un monto global de 507 millones de pesos.

Para asegurar la identificación de las causas raíz que han generado los problemas de corrosión y que se proporcionen los elementos para su solución, se contrató a la Universidad Autónoma Metropolitana para que, en conjunto con la National Association of Corrosion Engineers (NACE), realice el proyecto denominado ``Certificación de los sistemas y dispositivos para el control de la corrosión exterior en ductos de transporte de los organismos subsidiarios de Pemex en la región sur'', el cual inició el pasado 3 de octubre.

Para el 2006 está planeado continuar con este programa en los sistemas de transporte por ducto de las regiones centro, golfo norte y occidente-Pacífico.

Mantenimiento integral

El esquema de mantenimiento integral en ductos instrumentado por Pemex tiene por objetivo asegurar la integridad mecánica de sus sistemas de transporte y conjuga las mejores prácticas de clase mundial, contemplando a su vez los aspectos de limpieza interior, inspección interior con diablo instrumentado, evaluación de defectos y/o anomalías, reparación de defectos y la certificación de integridad mecánica correspondiente.

En todos los casos, se asegura que estos trabajos de mantenimiento sean ejecutados integralmente por empresas líderes a nivel internacional, lo que garantiza un alto grado de confiabilidad sucesiva.

Con objeto de lograr un nivel adecuado de integridad mecánica en la totalidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos por ducto, el plan de inversiones 2005-2008 contempla recursos por un total de 15 mil 443 millones de pesos. De éstos, 3 mil 501 millones --23 por ciento del total, están siendo ejercidos durante el presente año. Durante 2006 se prevé ejercer aproximadamente 6 mil millones de pesos.

Los requerimientos en sistemas de transporte a cargo de Pemex Exploración y Producción absorberán el 53 por ciento de los recursos, en tanto que a los de Pemex Refinación se destinará el 38 por ciento. A Pemex Gas y Pemex Petroquímica, por su parte, les serán asignados el 6 y el 2 por ciento, respectivamente.

Se tiene programado la ejecución de 39 contratos para los Sistemas de Transporte identificados como críticos, de los cuales 18 se encuentran en ejecución, 16 están en proceso de licitación y 5 están en proceso de elaboración de bases técnicas para su licitación.

Como resultado de las acciones que han realizado los equipos de trabajo del área de transporte, el número de accidentes y fugas en los sistemas de transporte ha disminuido en 41 por ciento, pasando de 570 fugas en el periodo enero-octubre de 2004 a 335 en el mismo periodo de 2005.

A la fecha, los ductos donde la recurrencia de fallas ha sido mayor y por tanto ya se encuentran en rehabilitación mediante el esquema de mantenimiento integral, son los siguientes:

Pemex-Refinación

Oleoductos de 30'' y 24'' Nuevo Teapa-Venta de Carpio

Oleoductos de 30'' y 24'' Nuevo Teapa-Poza Rica

Pemex-Gas y Petroquímica Básica

Gasolinoducto de 16'' - 12'' Cactus-Cangrejera

Etanoducto de 20'' Cactus-Pajaritos

12. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.

Se está llevando a cabo el proceso de fusión de Pemex Petroquímica y sus siete empresas filiales, con lo cual se mejorará la eficiencia operativa y económica de este organismo.

Los principales proyectos en desarrollo en las empresas filiales de Pemex Petroquímica son los siguientes:

Proyectos autorizados y en construcción

Además, se están buscando alianzas estratégicas con la iniciativa privada para desarrollar nuevos proyectos, como es el caso del proyecto Fénix alternativo (Plan B), el cual consiste en:

Ampliar las plantas de etileno en Petroquímica Cangrejera y Petroquímica Morelos de 600 a 875 mil toneladas cada una.

Construir una nueva planta de polietileno (en adición a la planta Swing de 300 mil toneladas, programada para entrar en operación en 2007) y producir propileno, aromáticos y otras corrientes.

Lo anterior permitirá producir 1,7 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos.

La inversión total requerida es de 838 millones de dólares.

La materia prima sería gasolinas naturales y el volumen requerido sería de 65,000 barriles por día.

La localización es en Coatzacoalcos, Veracruz.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

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ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.- 1183, suscrito el 13 de julio último por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 0437, signado el 9 del actual por el licenciado José Carcaño Sanluís, jefe de Asuntos Agrarios de la Subsecretaría de Gobierno del estado de Veracruz, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a la regularización de los terrenos de San Martín y el Bastonal, situados en el municipio de San Pedro Soteapan, en la citada entidad federativa.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 21 de diciembre de 2005.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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PEMEX

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2252, signado el 1 de diciembre próximo pasado por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 102-K-IV-A-001, suscrito el 5 del actual por el C. Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a modificar el decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que venden Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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AGENTES ANTIDROGAS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-526, signado el 29 de septiembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el oficio original número DCP-0002/06, suscrito el 9 del mes en curso por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la operación de agentes antidrogas de Estados Unidos en México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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CONVENCION DE VIENA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R2AE.- 1912, signado el 24 de agosto de 2005, por el senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de ése órgano Legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DCP-0004/05, suscrito el 9 del actual por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesto su preocupación a las autoridades federales de los Estados Unidos de América por su decisión de renunciar al Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre derechos consulares.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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REPATRIACION DE CIUDADANOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-634, signado el 8 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el oficio original número DCP-001l0/06, suscrito el 9 del mes en curso por el C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al memorando de entendimiento para la repatriación de ciudadanos mexicanos, en específico sobre menores de edad.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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POZOS DE USO AGRICOLA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2042, signado el 27 de octubre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número BOO.04.08.-700, suscrito el 15 de diciembre último por la licenciada Edith Saldívar García, subgerente de Difusión de la Comisión Nacional del Agua, así como del anexo que en el mismo se menciona, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a implementar un programa emergente que coadyuve a solucionar la problemática que enfrentan los titulares de concesiones de pozos de uso agrícola.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-1973, signado el 3 de noviembre último por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-08629, suscrito el 27 de diciembre de 2005 por el C. Sergio Montaño Fernández, director general de Programación y Presupuesto ``A'' de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al incremento de los recursos asignados al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 11 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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NARCOMENUDEO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2113, suscrito el día 6 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 213.000.00/016/06, signado el día 12 del actual por la maestra Dolores Aguilar Marmolejo, directora de Protección a la Infancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a las dependencias del Poder Ejecutivo federal, llevar a cabo un trabajo coordinado e instrumentar políticas eficaces de combate al narcomenudeo, que incluyan programas educativos, preventivos y de integración familiar, destinados a erradicar el consumo y venta de drogas entre la población joven de la nación.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 8 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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CASETAS DE PEAJE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2164, signado el 17 de noviembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DG/010/2006, suscrito el 12 del actual por el licenciado Manuel Zubiría Maqueo, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a informar lo referente a presuntas irregularidades que se han presentado en las casetas de peaje de nuestro país.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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INDUSTRIA MAQUILADORA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número II-2148, signado el 8 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 350-A-006, suscrito el 10 del actual por el licenciado Rafael Sandoval Giles, jefe de Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo al Decreto para el Fomento y la Operación de la Industria Maquiladora.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 17 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD DE AMERICA DEL NORTE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-605, signado el 22 de noviembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número FOO.1000/ 008 /2006, suscrito el 11 del actual por la C. Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informar sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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RESIDUOS SOLIDOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número 1-2987, signado el 8 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 000007, suscrito el 12 del actual por el ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia informar sobre las medidas que aplica donde se ubican destinos turísticos de playa, para mejorar el manejo integral de los residuos sólidos.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ADICCIONES EN JOVENES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-1859, signado el 20 de septiembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número CGD/5129/2005, suscrito el 22 de diciembre último por la licenciada Rosa Elena Torres Dávila, coordinadora general de Delegaciones de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la investigación y combate de la distribución de drogas en las escuelas y sus inmediaciones, así como a la prevención de las adicciones en los jóvenes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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TURISMO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2987, suscrito el 8 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del escrito signado el 11 del actual por la licenciada Beatriz Rodríguez Casasnovas, secretaria de Turismo del estado de Oaxaca, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la aplicación de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano y el Sistema de Indicadores de Sustentabilidad.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD DE AMERICA DEL NORTE

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número V-605, signado el 22 de noviembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 326-SAT-VI 8324, suscrito el 11 del actual por el licenciado Mauricio Mireles Poulat, administrador central de Planeación Aduanera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre los acuerdos suscritos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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CAMPAÑAS ELECTORALES

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número 1-2938, signado el 1 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 400/16.12.05/104, suscrito el 16 de diciembre pasado por el licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez, subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal, estatal y municipal a tomar las medidas que permitan garantizar la aplicación de las leyes para evitar el uso indebido de programas sociales y recursos públicos a favor de cualquier campaña electoral.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-2717, signado el 4 de noviembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número BOO.05.05. 0003, suscrito el 10 del actual por el C. Michel Rosengaus Moshinsky, jefe de la Unidad del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se le solicita información sobre los programas de modernización que requiere y desarrolla ese sector, así como el estado de la infraestructura actual y de recursos humanos con que cuenta para cumplir eficazmente con su función.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 13 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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PEMEX

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2018, signado el 20 de octubre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 400/15.12.05/103, suscrito el 15 de diciembre pasado por el licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez, Subsecretario de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita al titular de esa dependencia actuar como instancia conciliadora entre los ciudadanos Antonio González Bocanegra, Leopoldo Bernabé Pintado, Mauricio Pardo Jiménez, Francisco Castillo Rivera y Andrés López López, y la compañía Perforadora Central, así como verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones del patrón hacia sus trabajadores que laboran en compañías contratistas al servicio de Pemex en la sonda de Campeche.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ARTIFICIOS PIROTECNICOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número IV-252, signado el 15 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/451/2005, suscrito el 14 de diciembre último por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer un programa urgente de prevención de accidentes en las fiestas decembrinas, sobre todo que comprenda la aplicación de controles enérgicos al comercio clandestino e indiscriminado de artificios pirotécnicos, evitando su venta a menores de edad, con el fin de evitar lesiones, quemaduras y otros graves daños a su integridad física

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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EMPLEO

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número III-2390, signado el 15 de diciembre de 2005 por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número OM/005/2006, suscrito el 10 del actual por el C. Raúl Alberto Navarro Garza, oficial mayor de esta Secretaría, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo relativo a los programas de autoempleo, empleo temporal y becas laborales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número I-3024, signado el 13 de diciembre próximo pasado por el senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGPDSC/002/06, suscrito el 3 del actual por el maestro Pedro José Peñaloza, director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias federales y estatales competentes a emprender, de manera coordinada, una campaña nacional y a implementar programas especiales que contribuyan a poner fin a la violencia contra las niñas y los niños de México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente.

México, DF, a 16 de enero de 2006.--- Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea la determinación adoptada por la Mesa Directiva para que, antes del capítulo de iniciativas de los señores legisladores, se desahoguen los puntos relativos a dictámenes de primera lectura y dictámenes a discusión. Ruego a la Secretaría poner a consideración esta propuesta a efecto de cambiar el orden en que está establecido inicialmente el orden del día aprobado anteriormente.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: De conformidad con la Presidencia, se consulta en votación económica a esta Asamblea si es de aprobarse el cambio de orden aprobado originalmente con relación a que se desahoguen primeramente los dictámenes ya habidos en la Mesa Directiva y, posteriormente, el apartado de iniciativas.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano...

Quienes estén por la negativa... Aprobado por mayoría, señor Presidente.

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CONDECORACIONES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, vamos a proceder a desahogar los puntos de dictámenes de primera lectura en primera instancia. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Almirante Marcos Antonio Peyrot y González pueda aceptar y usar la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le otorga el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Almirante Marco Antonio Peyrot y González para aceptar y usar la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le otorga el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco, Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Primera Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, que suscribe, fueron turnados los oficios de las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina por el que solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de la República de Francia.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Belén Negrete Núñez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Francia.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Irma Araceli Cruz Molina para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República de Francia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco, Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

Es de primera lectura.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Peyrot González para aceptar y usar la condecoración ``Medalla de Oro por Servicios Distinguidos'' que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

No habiendo quién haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Presidente: se emitieron 27 votos en pro y ninguno en contra.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados en lo general y en lo particular, los proyectos de decreto, por 27 votos; pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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FEMINICIDIOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Consultivo México-Consejo de Europa se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto en la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta con punto de acuerdo presentada por la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Consejo de Europa dé Seguimiento y Aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

En Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2006, la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que en la próxima reunión del Consejo Conjunto México-Consejo de Europa dé Seguimiento y Aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En la misma Sesión, la Presidencia acordó se turnara la Proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo el 17 de enero del año en curso, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes

Consideraciones

Durante la sesión del pasado martes 21 de julio de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organismo parlamentario internacional del que México es país observador desde 1999, aprobó la recomendación 1709 en materia de feminicidios en nuestro país.

De acuerdo con esta recomendación, la Asamblea urge al Comité de Ministros del Consejo de Europa, a crear un programa de cooperación y asistencia con México para promover la reforma judicial, organizar programas de entrenamiento e intercambios académicos y de capacitación para jueces, policías judiciales y expertos forenses, para ofrecer ayuda legislativa en áreas tales como feminicidios y violencia doméstica y para dotar del equipo necesario a un nuevo laboratorio forense en Ciudad Juárez.

En esa oportunidad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó también la resolución 1454 donde hace un llamado al Gobierno de México a implementar acciones para determinar con el clima de impunidad basado en la violencia de género y al Congreso de la Unión para completar las reformas judiciales y persecutorias que hacen falta para asegurar que las autoridades investiguen los casos de forma eficiente, expedita y transparente.

Tanto la recomendación 1709 como la resolución 1454 emanan directamente del intenso trabajo de relatoría que ha encabezado la diputada suiza, Ruth-Gaby Vermont-Mangold, como relatora del Consejo de Europa para recabar información sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En dos visitas a nuestro país, la señora Vermont-Mangold ha emitido recomendaciones de gran trascendencia para el combate a la violencia de género en México.

Si bien el Consejo de Europa no es una institución de la Unión Europea, cuenta con órganos de gobierno cuyos integrantes son, al mismo tiempo, integrantes de las instituciones comunitarias de Europa. Es el caso, por ejemplo, del Comité de Ministros.

El Comité de Ministros es el órgano de decisión, por excelencia, del Consejo de Europa. Está formado por los Ministros de Asuntos Exteriores de todos los Estados miembros o por sus representantes permanentes en Estrasburgo. De esta forma, 25 de los 44 ministros integrantes de este Consejo, son también integrantes del Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de esta entidad.

Por ello, resulta indispensable que en el contexto de una próxima reunión del Consejo Conjunto México-Consejo de Europa, establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de retomar la recomendación 1709 y acordar con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de la Unión Europea, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.

Entendemos que durante la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina a celebrarse en mayo de 2006 en Viena, está prevista una Reunión Cumbre entre México y el Consejo de Europa, para lo cual pensamos que esta podría ser el momento para impulsar, si no se produce antes una reunión del Consejo Conjunto, este programa de cooperación y asistencia para Ciudad Juárez.

Este programa debería ser parte integral del actual Programa de cooperación sobre derechos humanos México-Consejo de Europa, con recursos y planeación suficientes de acuerdo con las perspectivas financieras actuales sobre las que se basa la cooperación entre ambas partes y, desde luego, con su inclusión en las perspectivas financieras 2007-1013 para su aplicación futura. En una reunión, el pasado 2 de septiembre de 2005, con el Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea, el Embajador Michael Mathiessen, la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios pudo constatar interés, disposición y voluntad del Consejo de Europa para establecer nuevos proyectos de cooperación para el combate a los feminicidios en nuestro país.

Los integrantes de la Segunda Comisión que suscribimos, consideramos de gran relevancia la propuesta de la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, por lo que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Consultivo México-Consejo de Europa se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en esa oportunidad acuerde con su homólogo comunitario y los miembros del Consejo de Europa, el mecanismo idóneo para el seguimiento y la puesta en práctica, a la brevedad posible, del programa de cooperación y asistencia en materia de feminicidios.

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso del Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en tal ocasión se proponga la inclusión de este programa de cooperación sobre derechos humanos México-Consejo de Europa.

Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registradores oradores. Ruego a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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TRABAJADORES MIGRANTES MEXICANOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Senador César Raúl Ojeda Zubieta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente exhorta al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios mexicanos.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

En Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 11 de enero de 2006, el Senador César Raúl Ojeda Zubieta, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios mexicanos.

En la misma Sesión, la Presidencia acordó se turnara la Proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo el 17 de enero del año en curso, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes

Consideraciones

A unos cuantos días de que se discuta en el Senado de los Estados Unidos de América la Iniciativa anti-inmigrante aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre, y en momentos en los que se requiere de la actuación conjunta de todos los actores políticos en México para impedir la entrada en vigor de una legislación profundamente nociva para nuestros intereses, han tenido lugar un par de situaciones que creemos deben ser discutidas por esta instancia de representación nacional.

Por un lado, después de una importante reunión en la que los Cancilleres de los países de América Central, Colombia, República Dominicana y México, analizarían de manera colectiva la mejor forma de hacer frente al sentimiento xenófobo que priva en los Estados Unidos en contra de los trabajadores migratorios provenientes de nuestras naciones, la percepción generalizada prevaleciente es que el gobierno mexicano ha realizado una defensa tibia de los derechos y la dignidad de nuestros connacionales.

Incluso El Salvador, país que tiene una relación por demás estrecha con el gobierno del Presidente Bush, y que como todos sabemos envió contingentes militares a Irak, presentó una postura mucho más digna y firme en contra de la política migratoria de los Estados Unidos, proponiendo hacer un llamado directo al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos a efecto de que reconociera las necesidades laborales de su país.

Desafortunadamente, en un inexplicable afán por no contradecir al gobierno norteamericano, los Cancilleres reunidos en México exclusivamente se limitaron a aprobar una Declaración Conjunta que acentúa la responsabilidad en los países expulsores de migrantes, y que no hace más que evidenciar la falta de decisión y determinación para hacer entender a los Estados Unidos que la atención del problema migratorio en nuestro continente demanda el reconocimiento de la realidad social y laboral prevaleciente en la región.

De esta forma, la oportunidad de integrar un bloque regional que condenara enfáticamente el levantamiento de un muro entre nuestras naciones, y el objetivo fundamental de fijar una postura común que nos permitiera incrementar nuestro poder de negociación frente a los Estados Unidos quedó reducida al simple reconocimiento de que ``cada país tiene el derecho soberano sobre sus políticas migratorias y de seguridad'', omitiendo deliberadamente hacer mención a las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios por parte de las autoridades norteamericanas.

Y por si esto no fuera poco, la Presidencia de la República emitió un conjunto de desafortunadas declaraciones que en nada ayudan a fortalecer la postura del Estado mexicano frente al embate que sufren nuestros connacionales de que alrededor de medio millón de personas abandonen anualmente el país.

En los últimos diez años, la migración de mexicanos a Estados Unidos ha roto todos los esquemas y pronósticos. Según los especialistas, ahora no sólo emigran los hombres o los jóvenes de más bajos recursos o provenientes del sector agrícola, ahora, el perfil del emigrante es casi idéntico al del mexicano promedio.

Y a un año de que concluya el gobierno del Presidente Fox, el flujo no sólo se ha mantenido, sino que particularmente se ha incrementado, pasando de 350 mil en el año 2000, a 500 mil migrantes anuales durante 2004 y 2005. Como consecuencia, es posible afirmar que en la actualidad, cuatro de cada diez mexicanos se encuentran en condiciones que los obligan a emigrar a los Estados Unidos.

Esto significa el número de mexicanos que emigran hacia el norte se ha incrementado de tal manera, que actualmente uno de cada ocho adultos nacidos en México vive allá. Adicionalmente, dejando de lado la retórica que ha caracterizado a las políticas públicas de la actual administración en materia de combate a la pobreza y generación de empleos, el gobierno no puede soslayar la existencia de una profunda brecha salarial entre dos economías que al cabo de más de diez años de haber determinado sus integración, aún siguen siendo abismalmente desiguales.

Y siguen siendo desiguales porque el modelo bajo el cual se pactó la integración de nuestras economías es un modelo que estimula la inequidad y que condena a nuestro país a vivir en el subdesarrollo. Sólo para poner un ejemplo: de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicada en su Reporte Laboral 2005, México es el único país latinoamericano en donde el salario mínimo real se ha colocado por debajo del promedio de la región desde el año 2000, haciendo gala de un manifiesto y acelerado deterioro.

Incluso los salarios mínimos mexicanos hoy se sitúan con un crecimiento, en términos reales, por debajo de países como Perú o Ecuador, que en los últimos cinco años suman un poco más de 8%, por no hablar de Argentina o el Uruguay, países que en los últimos años han apreciado en más de 20% las remuneraciones mínimas a sus trabajadores. En México, durante esta administración, los salarios mínimos sólo promedian un crecimiento de 0.3%, por lo que es imposible negar que se han mantenido estancados y rezagados.

Por su parte, la más reciente Encuesta Nacional de Empleo (2004) muestra que de un población laboral de 42.3 millones de personas, el 46%, es decir, 19.6 millones de trabajadores, sólo obtienen hasta 2 salarios mínimos como ingreso, lo cual incide de manera adversa en las condiciones de vida y de bienestar de la mayoría de los mexicanos, al ser un ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia.

De los mismos 42.3 millones de personas que conforman la población ocupada, el restante 54%, es decir, 24 millones, laboran en el sector informal de la economía en ausencia de todo beneficio social.

Por ello, creemos que es lamentable que en un momento en el cual estamos tratando de hacer entender a los norteamericanos la importancia de ajustar nuestras relaciones en función del reconocimiento de la realidad laboral existente entre nuestros países, el Ejecutivo Federal salga a declarar, sin sustento alguno, que más del 85% de la gente que emigra hacia los Estado Unidos tiene trabajo en México, pues si así fuera, ¿Entonces para qué querríamos un Acuerdo Migratorio?

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque creemos que es indispensable mantener una actitud indeclinable ante las iniciativas que pretendan limitar los derechos de nuestros connacionales, los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, y lo invita a avanzar decididamente en la concentración de una postura regional común, que rechace enfáticamente la construcción de muros y que nos permita encontrar conjuntamente una solución integral para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades inherentes al fenómeno migratorio.

Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Es todo, y firma la Comisión, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; el asunto se considera suficientemente discutido. Proceda a preguntar, señora secretaria, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo..

Por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al Instituto Nacional de Migración al pleno respeto de los derechos y dignidad de los extranjeros que se internan de manera ilegal en nuestro territorio.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Instituto Nacional de Migración a fin de que respete cabalmente los derechos humanos de los migrantes ilegales en México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

En Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 11 de enero de 2006, la Diputada Irma Figueroa Romero, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Migración a fin de que respete cabalmente los derechos humanos de los migrantes ilegales de México.

En la misma Sesión, la Presidencia acordó se turnara la Proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Los suscritos, Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en reunión de trabajo el 17 de enero del año en curso, y en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes

Consideraciones

En base a que México cuenta con una frontera natural con el vecino país de Estados Unidos, es común que se convierta en trampolín para que muchos extranjeros transiten de forma ilegal para llegar a territorio norteamericano.

Según el informe que presenta la Secretaría de Gobernación en el apartado referente a Política Migratoria, señala que durante el periodo de septiembre de 2004 a agosto de 2005 se aseguró a 238 661 extranjeros, cifra 13.8 por ciento mayor a la alcanzada en el periodo anterior. También informa que se efectuó la repatriación de 217 375 centroamericanos, entre guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, además de población asiática que va en incremento.

Este mismo informe señala que el aseguramiento se realizó con procedimientos fundados en el respeto de los derechos humanos.

Por otra parte, en los medios de comunicación se han hecho públicas las quejas que presentan los cónsules centroamericanos respecto de la violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados en México, así como de las extorsiones de que son víctimas por parte de los cuerpos policiacos en nuestro país.

A la vez, en el reciente informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República, señala:

1. La existencia de un alto índice de marginación y malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias del país y lugares habilitado s para tal fin.

2. Falta de interés o la incapacidad de la autoridad responsable para abatir este fenómeno, lo que constituye una constante y permanente violación a los derechos humanos de ese grupo vulnerable.

3. En esos lugares existe una concepción netamente compatible con el sistema carcelario, debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados, y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden más a un reclusorio que a un alojamiento administrativo.

4. La criminalización del migrante indocumentado, debido a que la Ley General de Población considera como delito el internarse indocumentadamente al país. Ello aumenta su vulnerabilidad, al ser en todo momento susceptible de una arbitraria actuación de los servidores públicos federales, estatales y municipales para su exacción, maltrato y, en ocasiones, hasta abuso sexual.

5. Asimismo, son fácilmente víctimas de la delincuencia organizada y el pandillerismo que se ha formado en torno del migrante, que los asalta y los arremete, e incluso, los hace sujetos de incidentes provocados que traen consigo lesiones y mutilaciones.

En base a lo anterior y en la medida de ser coherentes con la necesidad de que exista en todo momento el respeto de los derechos humanos de todos, es que consideramos necesario realizar un exhorto al Instituto Nacional de Migración para exigirle pleno respeto a los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados y Senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya al Instituto Nacional de Migración, al pleno respeto a los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados en las estaciones migratorias o lugares que sustituyen a las mismas.

Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 18 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; el asunto se considera suficientemente discute. Pregunte a la Asamblea, señora secretaria, si se aprueba.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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GRADOS MILITARES

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor Arturo Aldana Varela como General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 10 de septiembre de 1970, y fue ascendido como Subteniente de Administración, por acuerdo del secretario de ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 3 meses y 2 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de l/a. Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Intendente Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General Brigadier Intendente Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Arturo Aldana Varela.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Gabriel Herrera Carrillo como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de los dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, el 4 de septiembre de 1972, y fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 2 meses y 26 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de l/a Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Gabriel Herrera Carrillo.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Ernesto Pérez Monroy como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete en la Escuela Militar de Aviación, dependiente del Colegio del Aire, el 2 de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador por acuerdo del secretario del ramo el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ernesto Pérez Monroy.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. Jorge Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez, Sen. Fco. Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Jesús Alonso Valdez como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Soldado de Caballería en el 2o. Regimiento de Caballería el 23 de agosto de 1969; fue ascendido como Subteniente de Caballería por acuerdo del C. secretario del ramo el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

``Único: Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Jesús Alonso Valdés.''

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, México DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. Jorge Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Fco. Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. Coronel Médico Cirujano Antonio Fuentes Cruz como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Escuela Médico Militar, el 26 de agosto de 1969, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus asensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Área Mexicanos ha prestados sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de cinco años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Antonio Fuentes Cruz.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de Noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. Coronel Cirujano Dentista, Maximino Mondragón González como General Brigadier Cirujano Dentista, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 3 meses, 0 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios interrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Cirujano Dentista, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Cirujano Dentista, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Cirujano Dentista que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Maximino Mondragón González.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Francisco Javier Revilla Macías, como General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Planta de la Escuela Militar de Ingenieros, el 1 de septiembre de 1976, fue ascendido como Subteniente Pasante de Ingenieros, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1980;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 29 años, 3 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2/a Clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Revilla Macías.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel Médico Cirujano Fernando Federico Arcaute Velázquez como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Escuela Médico Militar, el 26 de agosto de 1969, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 3 meses y 7 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fernando Federico Arcaute Velázquez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Emir Alejandro Kuri García como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 21 de octubre de 1970, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 35 años, 1 mes y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

``Único. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Emir Alejandro Kuri García.''

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. Coronel Médico Cirujano Juan Ramón Aguilar Ramírez como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Alumno en la Escuela Médico Militar, el 16 de noviembre de 1967, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1972;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus asensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Área Mexicanos ha prestados sus servicios a la nación mexicana durante 38 años, 0 meses y 16 días, con antigüedad en el empleo anterior de diez años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Ramón Aguilar Ramírez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de Noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Francisco Moreno González como General de División Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 20 de enero de 1961, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 10 de enero de 1964;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

C) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 44 años, 10 meses, 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase y la Extraordinaria, correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de División Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Moreno González.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Dagoberto Espinosa Rodríguez como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1974, fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1978;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 31 años, 2 meses y 29 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1/a. Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Dagoberto Espinosa Rodríguez.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel Médico Cirujano Francisco Javier Andrade Ramiro como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete, en la Escuela Médico Militar, el 15 de enero de 1966, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1970;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 39 años, 10 meses y 16 días, con antigüedad en el empleo anterior de 10 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Andrade Ramiro.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Sergio Aponte Polito como General de División Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1 de febrero de 1960, fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de enero de 1963;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 45 años, 9 meses y 23 días, con antigüedad en el empleo anterior de 9 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Institucional, correspondiente a 45 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de División Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se ratifica el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Sergio Aponte Polito.''

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jorge Juárez Loera como General de División Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1963, fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del C. secretario del ramo, el 1 de enero de 1966;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus asensos;

c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Área Mexicanos ha prestados sus servicios a la nación mexicana durante 42 años, 10 meses y 0 días, con antigüedad en el empleo anterior de siete años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Extraordinaria, correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de División Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se ratifica el grado de General de División Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Jorge Juárez Loera.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Sofía Castro Ríos, secretaria; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de expresarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Aprobados, señor Presidente, los puntos de acuerdo mencionados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense al Ejecutivo.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión para solicitar al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral que informe sobre los diversos actos realizados por el candidato Presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, los días 11 y 14 de diciembre de 2005 y, en su caso, de las acciones y medidas sobre el particular.La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral que informe respecto a diversos actos realizados por el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, los días 11 y 14 de diciembre de 2005 y, en su caso, a las acciones y medidas sobre el particular

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a respetar la tregua electoral aprobada por el IFE y abstenerse de realizar actos presumibles de precampaña; y a ese Instituto, a investigar los actos de campaña efectuados por el candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el acuerdo, aprobado por el Consejo General del IFE, relacionado con la denominada ``tregua electoral'', por la que los partidos políticos y sus candidatos a la Presidencia de la República debieron abstenerse de realizar actos de proselitismo político a favor de sus candidaturas del 11 de diciembre de 2005 al 18 de enero de 2006.

En virtud de que el Presidente de la República respaldó públicamente el acuerdo de referencia, se pretende exhortar al titular del Ejecutivo federal a suspender la campaña mediática que se está realizando en radio, televisión y prensa escrita para promover los llamados logros del gobierno del cambio, en el periodo que comprende dicha ``tregua electoral''.

Finalmente, se pretende exhortar al IFE a investigar y revisar los actos realizados por el candidato del PAN a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 11 y 14 de diciembre.

Se señala en la proposición que es fundamental iniciar el próximo año en condiciones de equidad en la competencia electoral, para garantizar elecciones limpias, equitativas y transparentes. Para ello es imprescindible que la Presidencia de la República, los partidos y sus candidatos respeten las reglas impuestas por el IFE.

2. Consideraciones

La Comisión dictaminadora coincide con los propósitos planteados en la proposición y en los principios que la inspiran, pero considera que no es oportuno, tomando en consideración las fechas de presentación de la proposición y la de aprobación de este dictamen, exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el acuerdo del IFE del 10 de noviembre de 2005, en virtud de que el plazo previsto en el acuerdo del IFE, 11 de diciembre de 2005 a 18 de enero de 2006, está prácticamente agotado.

En cambio, resulta oportuno y procedente solicitar información del IFE, por conducto de su director general, sobre el conocimiento que tenga de los actos imputados al candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y en su caso de las acciones o medidas adoptadas por el propio Instituto sobre el particular.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral informe a la Cámara de Diputados sobre diversos actos realizados por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, los días 11 y 14 de diciembre de 2005 y, en su caso, de las acciones y medidas sobre el particular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Esta Presidencia tiene registrado al diputado Jorge Triana para hablar en contra. Tiene usted el uso de la tribuna, señor diputado.El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado Presidente: el punto en comento, el dictamen en comento no sólo viola la libertad de expresión, que debemos tener todos los mexicanos, sino que va contra el espíritu de nuestro sistema electoral, en el cual buscamos que los ciudadanos estén realmente enterados de las posiciones de los candidatos que nos quieren gobernar. En ningún momento, en ningún momento el candidato presidencial Felipe Calderón Hinojosa violó el espíritu inicial de la tregua firmada con el Instituto Federal Electoral.

En todo caso, debería ser el representante del partido político ante el Consejo General del IFE promovente de este punto de acuerdo el que manifestara estas argumentaciones y consideraciones ante el propio órgano colegiado. Así lo dijo, así lo dijo el diputado perredista Eduardo Espinosa en una entrevista concedida al diario Reforma: ``Este asunto lo debe resolver el Consejo General del IFE''. El Poder Legislativo no tiene competencia alguna para involucrarse en el tema de la tregua, por supuesto, y es que todos los partidos políticos aprobaron en su momento esta tregua, pero sólo uno, solamente uno argumentó que se trataba de un complot --así lo dijeron, así lo dijo el vocero del CEN del Partido de la Revolución Democrática--, que se trataba de un complot para favorecer al candidato presidencial Felipe Calderón; esto está documentado, a pesar de que lo votaron a favor. Incluso, el jefe del Gobierno, Alejandro Encinas, tramposamente se negó y tuvo reticencia para sacar del aire sus conferencias mañaneras.

Me parece una doble moral muy peligrosa, y peligroso es también que durante este lapso de tiempo ahora se quiera arremeter y que se prohíba a cualquier mexicano expresar sus ideas y que se reúna en privado; no hubo eventos con los medios de comunicación en ningún momento, tal como lo establece el documento del Instituto Federal Electoral. En todo caso, no vi algún tipo de llamamiento, algún tipo de exhorto al gobierno capitalino, pues, por articular una campaña política preelectoral, violando todo tiempo reglamentario respecto a la imagen de Andrés Manuel López Obrador y la campaña antidesafuero. Realmente resulta peligroso aprobar este punto de acuerdo; e insisto, no tenemos facultad alguna para hacer ese tipo de exhortos. Tenemos que respetar la autonomía de nuestro órgano electoral y que los poderes no se involucren, de ninguna manera, en las decisiones que se tomen. Por supuesto, estaremos votando en contra de la presente resolución. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene usted el uso de la tribuna, diputado Iván García Solís, hasta por cinco minutos para hablar en pro.El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente. Creo que es plausible que este punto de acuerdo se apruebe porque es una reacción adecuada de la Comisión Permanente frente a un asunto nacional candente, actual, vivo; y frente a ello, no puede haber omisión alguna de esta representación. Aquí lo dijimos en varias sesiones --más de una, por lo menos--: que no se respetaba la tregua por parte del candidato a la Presidencia del Partido Acción Nacional. Hizo comparencias frente a una representación extranjera, buscando un amistoso acuerdo, una buena disposición frente a estos inversionistas alemanes, haciendo campaña en tiempo de tregua.

Mientras, hubo respeto por parte de quienes acordaron esta medida. Hay que decir también, de manera concurrente a esta falta de respeto a la tregua, en la que deben involucrarse, debieron haberse involucrado no sólo los candidatos sino también los funcionarios de los partidos correspondientes... No lo hizo así el Presidente Fox, no lo hizo así. El Presidente Fox se convirtió en un funcionario beligerante, activo, inconsecuente, con sus acostumbradas expresiones excesivas y erráticas y a veces erróneas, erróneas incluso en su dicción y en su sintaxis y en su sindéresis, para describirlo mejor. Y esto fue reclamado y debe ser reclamado.

Que la Comisión Permanente, que el Poder Legislativo no tiene facultades para abordar este tema, pues esto es absurdo. Pues claro que tiene facultades y tiene la obligación de hacerlo. Es un tema que pasa por esta instancia; es un tema muy importante, muy sensible de la realidad nacional y, por supuesto, tiene que ser abordado. Por lo que se refiere a las expresiones u opiniones que el jefe del Gobierno del Distrito Federal ha dado en su desempeño, pues han sido expresiones adecuadas relativas a su informe, a los informes que...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítame, señor diputado. Sí, diputado Jorge Triana. Suspendan el reloj.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Si es tan amable de preguntar al orador si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Iván García le permite una pregunta al diputado Triana.

El diputado Iván García Solís: Con todo gusto, adelante.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): ¿Me podría dar usted, ciudadano diputado Iván García Solís, el fundamento jurídico, sin evasivas por supuesto, sin rodeos y de forma concreta, con artículo por supuesto, del exhorto en comento? Porque al parecer de cualquier jurista con el más mínimo elemento de noción jurídica, pues no existe tal. No tiene por qué involucrarse el Poder Legislativo en las decisiones de un órgano como el Instituto Federal Electoral. Por favor, dígame usted el artículo y el fundamento jurídico del exhorto, porque me parece que no existe.

El diputado Iván García Solís: Bueno, no solamente le voy a hablar de un artículo, porque serían muchos. Le voy a hablar de un cuerpo legal, el cuerpo máximo, que es la Constitución; revíselo usted, revise las facultades del Poder Legislativo. Las facultades del Poder Legislativo son no solamente legislar, vigilar al Ejecutivo y a los demás, al otro poder, el Judicial, sino hacerse cargo de todos los temas que se refieren a la realidad nacional. Ahora, quiero decirle, diputado Triana, que tiene usted que revisar muy bien porque su conducta, su actitud, su actitud sobre todo, revela una no sana aspiración a limitar las funciones de este poder.

Este poder... recuerde usted qué es este poder; este poder es el que representa la representación nacional más amplia; aquí están contenidos todos los votos del país. Es un poder con mayor representatividad incluso que el Ejecutivo y, por supuesto, que el Judicial. Esto le da facultades expresas, completas, específicas en la Constitución; revísela. No le voy a hacer una enumeración de los artículos; vea usted las facultades del Congreso. No hay limitación alguna para que aquí se examinen todos los temas. Ahora, imagínese usted que tuviera menos facultades, que las tienen, que los derechos que tienen los ciudadanos para intervenir en los asuntos nacionales, sería absurdo, sería una minimización del Poder Legislativo. Ahora, si tras ello está usted ocultando un demérito, una limitación, autolimitación en este caso, porque usted es representante popular, esto sería gravísimo.

Además, le corrijo: aprovecho mi condición de maestro y la suya de legislador equivocado para decirle que todos los lapsos son de tiempo; lo que usted expresó fue un barbarismo gramatical. Bien, ciudadanas y ciudadanos: es importantísimo decir que una tregua convenida, aceptada por todas las partes que están contendiendo en esta importantísima justa nacional... deben aprobar este llamamiento, esta reconvención hacia un candidato, correspondiente a un partido que, pese a que dice defender acuerdos y legalidad, no los cumple y, por tanto, se exhibe frente a la nación. Muchas gracias, y es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Triana: para alusiones personales, tiene usted el uso de la tribuna, señor diputado.El diputado Jorge Triana Tena: Que la pregunta que se hizo al orador no haya sido respondida de la forma más mínima... es muy fácil aludir a la Constitución, evocarla sin tener siquiera el fundamento jurídico en mano. Y creo que sí es muy grave un barbarismo gramatical, pero es más grave aún ser representante popular e incurrir en serios barbarismos jurídicos. Es lo menos que se nos puede pedir a los representantes populares: conocer las leyes, conocer los ordenamientos que rigen a los mexicanos. Y aquí se vino a decir de forma tajante, se vino a insinuar de forma tajante que el Instituto Federal Electoral pertenecía a algún poder. Y pregunto: ¿a qué poder pertenece? Nuestra facultad de fiscalización, que es alguno de los deberes que tenemos los legisladores, pues a mí me parece que debería extenderse hacia el ámbito financiero, tal vez, del Gobierno Federal, pero estamos extralimitados en nuestras funciones, señor legislador.

Es muy grave el barbarismo gramatical, pero es aún más grave decirse representante popular e incurrir en gravísimos barbarismos jurídicos como el que se acaba de mencionar. Por tanto, insisto, estaremos votando en contra de la presente resolución, que no sólo viola la más elemental libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos sino que, además, además tiene una clara intencionalidad política con miras a la contienda del 2 de julio, y no es nueva por parte del Partido de la Revolución Democrática. Han insistido en golpear al árbitro sin siquiera esperar a que se dé el silbatazo inicial del partido. Han insistido en denostar a la autoridad electoral simplemente por miedo a perder la siguiente contienda, y eso en cualquier democracia moderna se tacha de intolerancia y no tiene cabida, señor legislador. Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor, ¿para hechos? Tiene el uso de la tribuna el diputado Iván García Solís para alusiones.El diputado Iván García Solís: Cuando aluda usted, diputado, hágalo directamente para que no tenga dificultades la Mesa Directiva. Ahora, quiero decirle que me da mucho gusto que acepte lo que dije, que era un barbarismo simple y usted lo califica de grave, el suyo; eso es muy bueno. Es un reconocimiento de que ese barbarismo gramatical suyo, así reconocido pues, tiene que ser corregido. Por lo que se refiere a la crítica de mi respuesta, pues no es admisible porque, mire usted, habla de imprecisión: mencioné el cuerpo fundamental de nuestra legislación, la Constitución, pero usted no alude absolutamente a ningún artículo o ley. Pues claro, no alude absolutamente a nada que impida que esta representación nacional asuma la discusión abierta, plena y responsable de todos los asuntos que aquí ocurren y también los internacionales, cosa que cumplimos todos los días, cada vez que hay sesiones.

De manera que esa actitud limitativa, en este caso por su parte, esa pretensión limitativa de las facultades de esta representación hablan mal, muy mal. Prácticamente se constituye en una autocensura; debe usted revisar esa conducta. Y quiero decirle, por otra parte, y usted pensó, quizá pero lo dijo, pero lo dijo, además, que nosotros descalificamos al IFE. No, no, no lo descalificamos; simplemente, como dijo el Presidente de nuestro partido, no damos ningún cheque en blanco, y eso es completamente correcto.

Es decir, un órgano como el Instituto Federal Electoral, que ha sido constituido en medio de limitaciones serias, de errores previos y que su desempeño no está corroborando, no está en la línea de imparcialidad suficiente, ajustada, completa en que se mantuvieron representaciones anteriores de este órgano, es completamente correcto que la sociedad y los partidos señalen las insuficiencias y los errores que comete. Eso no quiere decir que lo invalidemos, ni mucho menos que lo denostemos, no. No se trata de acumular calificativos; se trata de señalar hechos y señalar errores, limitaciones o inconsecuencias cada vez que se producen. De manera que, diputado, pues entonces, si usted mismo dice que ha cometido un grave barbarismo, pues corríjalo, evítelo. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna el senador David Jiménez para hechos; posteriormente, el senador Jorge Zermeño. Y luego preguntaremos si el asunto está suficientemente discutido.

El senador David Jiménez González: Es muy importante precisar los puntos que se están tratando en este momento porque parecería, con todo respeto, que ninguno de los dos oradores, los señores diputados, han precisado realmente el tema respecto del cual... Existen disposiciones constitucionales que rigen sin duda este importantísimo Instituto Electoral Federal. En primer lugar, no se les olvide que la Constitución, en el artículo 41, establece con toda claridad que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, y entre estos poderes se encuentra sin duda el Poder Legislativo.

Pero el mismo artículo 41, cuando se va desglosando en sus diversas fracciones, va estableciendo una serie de derechos que tienen no solamente los ciudadanos sino los partidos políticos, porque ahí se encuentra nada menos establecida la participación de los partidos políticos, que es la vía, el conducto, el medio para enriquecer la participación y la vida democrática de los mexicanos. Artículo 41, señor diputado Triana. Artículo 41, señor diputado Iván García Solís. Pero en relación con el IFE, si seguimos leyendo este precepto constitucional, llegaremos a la fracción III. Y en la fracción III, desde luego, nos habla de quién es el que debe organizar pues nada menos que las elecciones federales. ¿ Y saben ustedes, distinguidos colegas legisladores, quién es el organismo que debe de organizar las elecciones federales, prepararlas, desarrollarlas y culminarlas? El Instituto Federal Electoral. Y aún hay más, como dijera algún comentarista de televisión: ¿saben ustedes cómo se integra este Instituto Electoral Federal?

Por ciudadanos y por representantes del Poder Legislativo; tenemos diputados y senadores en él. Y que vengan aquí ustedes a decirnos que Constitución en lo general y no especificar siquiera ésta en sus participaciones, estaremos dando una muestra supina de ignorancia, no ante los que estamos aquí sino ante el pueblo de México, situación muy importante que dejemos puntualizada. Además, si seguimos leyendo el artículo 41 nos vamos a dar cuenta de que ahí se establecen también dentro de las facultades del IFE, de acuerdo con su ley, los medios de impugnación, medios de impugnación que pueden desde luego realizar los ciudadanos, los candidatos y los partidos políticos en los actos que emanen de este Instituto Electoral Federal si llegan y afectan la esfera jurídica de estas agrupaciones políticas, de los ciudadanos o de los candidatos.

Ahí está la ley. ¿Para qué le damos tantas vueltas? Solamente cuando no la conocemos. Entonces, tendremos que andar buscando otros tipos de caminos y en lugar de llegar a Roma, pues a lo mejor nos llevan con la sonda esta que acaba de mandar Estados Unidos, no sé si a Júpiter o a Plutón; y entonces, dentro de quién sabe cuántos años ustedes tendrán la respuesta. Así, pues, estimados compañeros, quisiera terminar diciendo que, además de este artículo 41, que es la base del tema que estamos tocando en este momento, basta que lean las facultades del Congreso que se encuentran establecidas en el artículo 73 de la propia Carta Fundamental.

Y en ella se habla de legislar, en ella se habla de otros temas, pero menos del de estar interviniendo en este órgano autónomo, que es el Instituto Federal Electoral, que debemos fortalecer todos, todos, absolutamente todos, para que tengamos transparencia en las elecciones y podamos dar una respuesta a eso que ha faltado todavía a las autoridades y a los partidos políticos y a los mismos actores: la credibilidad y la confianza del pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias. Para alusiones personales, diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente. Bueno, el diputado, el senador, perdón --senador, antes fue diputado, antes fue representante de la Asamblea, sí--; no, es igual dignidad, espero que lo reconozca.

El senador David Jiménez González: (Inaudible)

El diputado Iván García Solís: Sí, claro, claro, claro.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señores legisladores, les ruego, les ruego que hagamos de su fino debate fundamentado una expresión de respeto de nuestras normas. No se permiten diálogos entre legisladores, se los ruego.El diputado Iván García Solís: Aceptado, y no es a causa de este diputado. Quiero... de este diputado, de este diputado; sí, de aquel senador. Bien, el senador --repito y recalco-- no tiene por qué enviarnos a Júpiter y a Plutón, por cierto remotísimo astro, cada vez menos alejado de nosotros por el impulso y por el esfuerzo que ahora se hace para conocerlo y acceder a él... Creo que el desglose incompleto, pero puede ser útil, del artículo 41 a que se refirió el senador Jiménez es conveniente, es útil, pero también se pueden hacer alusiones genéricas a la Constitución, sobre todo cuando es tan obvio el derecho de la representación nacional para abordar todo tipo de temas, ¿no? De tal modo que no cabe una actitud pedagógica o didáctica en ese sentido del senador, si lo que se ha expresado aquí es rigurosamente cierto. Ahora, quiero decirle: en este punto no hay una discrepancia de fondo; simplemente, una alusión a su excesivo celo detallista. Quiero decir al senador que sí conservo una discrepancia con él, en su valoración del IFE, concretamente de la dirección actual del IFE; ahí sí discrepamos.

Como institución, nuestro respeto pleno porque es una institución que ha evolucionado, pero debe evolucionar más. Yo mismo he presentado junto con otros legisladores propuestas para que el IFE sea reformado, y le voy a decir en qué términos tendría que serlo, quizás esté de acuerdo conmigo: una de las cosas que tienen que mejorar es la manera como se integra su cuerpo directivo; tiene que haber una relación mayor con la sociedad para que se conozcan a plenitud los méritos o deméritos de los candidatos y se pueda elegir en consecuencia, cosa que no ocurrió en la elección del actual Presidente, de los actuales consejeros del IFE. Eso no ocurrió.

Ese proceso, muy desafortunado, todos lo vivimos, fue un proceso que se mantuvo cerrado, muy alejado de la discusión pública; y el producto no es el mejor, no es el óptimo. Esto no quiere decir que demeritemos la institución; quiere decir que señalamos fallas que tienen que ser corregidas. Pero además de eso, senador Jiménez, tome usted en cuenta que una de las reformas que hacen falta en el IFE, como institución, es que el Presidente --ésta es la propuesta que he presentado--, el Presidente dimane de una elección de los propios consejeros y no disponga de una validación individual que lo coloca por encima del resto de los consejeros.

En cierta forma, lo ``autonomiza'' y le permite, en su caso, cometer errores o le facilita o le deja campo abierto para decisiones individuales más allá de las que pertenecen a un cuerpo colegiado de mejor manera, de mejor manera integrado. No sé si coincida usted con esto, pero en el fondo se trataría de considerar que esta institución es perfectible. Le voy a dar otros puntos que son importantísimos, en los segundos que me quedan; lo enuncio telegráficamente: primero, que no ganen tanto, que moderen sus ingresos, que son exagerados; y, segundo, que la autonomía sirva para mantener su absoluta independencia y que no aspiren inmediatamente a puestos de elección popular o de otro tipo y que para ello, como ha ocurrido, traten de quedar bien desde su desempeño con las fuerzas políticas que los pueden beneficiar más adelante. Si estamos de acuerdo en eso, estaremos de acuerdo en que somos defensores de una institución y que queremos que esa institución mejore y evolucione. Gracias.

El senador David Jiménez González (desde la curul): Una pregunta.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Acepta usted una pregunta, señor diputado?

El diputado Iván García Solís: Con todo gusto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Adelante.

El senador David Jiménez González (desde la curul): ¿Usted participó en la discusión y aprobación del Presupuesto?

El diputado Iván García Solís: Por supuesto que sí.

El senador David Jiménez González (desde la curul): ¿Y ahí estaba incluido lo del IFE?

El diputado Iván García Solís: Sí.

El senador David Jiménez González (desde la curul): Entonces, ¿usted votó?

El diputado Iván García Solís: Hice reclamaciones en esa materia.

El senador David Jiménez González (desde la curul): Ah, bueno, pues lo felicito.

El diputado Iván García Solís: Claro, está documentado. Así es, señor. Gracias.

El senador David Jiménez González (desde la curul): Correcto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Zermeño Infante hasta por cinco minutos.

El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente. Bueno, hemos escuchado por parte del compañero y senador David Jiménez una crónica del artículo 41, qué es el IFE, cuáles son sus facultades, y también cuáles son las atribuciones de este Congreso, de esta Comisión Permanente. Y es claro que nos dimos un órgano que es autoridad en materia electoral, que es independiente, que es autónomo en sus decisiones; y de manera muy clara lo dice la propia Constitución: ``El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y en su funcionamiento''.

No necesita este órgano ni ningún poder decirle qué haga o que nos remita informes o que nos diga o que le estemos ordenando; es independiente en sus decisiones y en su funcionamiento. Por eso resulta absurdo un punto de acuerdo donde se pide al Presidente del Consejo del Instituto Federal Electoral que nos informe y que nos diga qué va a hacer, cuando ni siquiera es el Presidente quien da sustancia a los recursos de queja que presentan los partidos políticos en el IFE.

Estos recursos toca recibirlos al secretario general, que preside la Junta General Ejecutiva y que es el órgano encargado, en primera instancia, de revisarlos y de dictaminar los recursos de queja que presentan los partidos políticos y los candidatos. Por cierto, sobre este tema hay una queja presentada por su partido, diputado, y está precisamente en la instancia correspondiente, y a quien toca no es al Presidente del Consejo General sino a la Junta General Ejecutiva para presentar el dictamen al Consejo General. Y ahí sí, ahí sí votan todos, incluyendo un voto más, que es el voto del Presidente del IFE. Hay una segunda instancia todavía, que es el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.

Ésa es la instancia para que los partidos políticos y los candidatos podamos dirimir estas cuestiones en materia electoral que, entre otras cosas, pues parten de una laguna legal, por no existir una regulación en las precampañas y haber aquí, por una parte, pues un acuerdo donde se pide a los candidatos y a los partidos que no realicen actividades públicas para la obtención del voto, que no era el caso del candidato del Partido Acción Nacional. Pero más allá de si hay o no razones, ésa es la instancia. Lo que resulta absurdo es que en esta Comisión Permanente estemos dictaminando y pidiendo a un órgano independiente que nos informe, que nos diga qué va a hacer y cómo va a resolver.

Por eso votaremos en contra porque no tiene atribuciones esta Comisión Permanente, porque debemos respetar la autoridad en la materia electoral para que resuelva las controversias que ustedes ya presentaron en ese órgano, y porque tampoco podemos pedir al Presidente del IFE, que no tiene ninguna atribución tampoco para resolver las quejas que en materia electoral presentan los partidos políticos. Por eso votaremos en contra de este punto de acuerdo; me parece que lo sensato sería que este punto de acuerdo se rechazara y pudiera seguir su curso legal en el IFE. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias. Tiene usted el uso de la palabra, diputado González Schmal, hasta por cinco minutos, para hechos.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano diputado Presidente. Creo que el debate se ha encaminado por temas, por conceptos fundamentales, importantes. Creo que, efectivamente, lo esperado por parte de los opositores a esta exhortación habría sido aclarar los hechos para justamente reducir o francamente negar la responsabilidad del candidato imputado respecto a violación de los acuerdos que se tomaron en el Instituto Federal Electoral para llevar a cabo, para realizar una tregua en días previstos y que ya recientemente concluyeron.

Pero aquí me suscita la discusión, y lo más rico del debate, la expresión aquí de nuestro amigo David Jiménez González; creo que, y también pues... las referencias que ha hecho el profesor Iván García Solís. Creo que reducir esta representación a una exclusividad reglamentaria específica para su desempeño sería negar la esencia misma, la razón histórica de una asamblea de representantes. Creo que tenemos que admitir que este Congreso no es el artículo 73 y sus tantos incisos; ésta es la representación nacional por excelencia. Luego entonces, aquí los asuntos nacionales vienen a debatirse, aquí vienen a idearse, aquí vienen justamente a presentar frente a la opinión pública y a la nación la opinión de las distintas fuerzas que la propia nación ha querido tener en su seno en esta sede.

Por lo mismo, no podemos negar esta razón, esta naturaleza histórica y jurídica y constitucional del Congreso; también somos, obviamente, legisladores y somos fiscalizadores del Poder Ejecutivo, y somos jueces porque ejercemos también una función jurisdiccional cuando en el juicio político tenemos que someter a proceso a un determinado indiciado. Pero creo que aquí lo interesante, y de fondo también, es que por ello no se puede privar a este Congreso de conocer este exhorto tan elemental a que la contienda electoral se lleve por las normas, por los caminos, por las condiciones más adecuadas para respetar la libertad personal del ciudadano, para respetar la imparcialidad.

Y de ninguna manera haber agotado las instancias formales ante el IFE, de que aquí informó con precisión el senador David Jiménez González, no obsta para que aquí también la instancia de conocimiento ante la representación nacional, la deliberación y la dilucidación sobre la interpretación de los contenidos de diversos aspectos o normas en la ley de la materia no pueda ser objeto de deliberación por todos los que estamos precisamente para ese efecto en este lugar. Creo que debe admitirse que aquí se ventilen los asuntos de la patria, se den a conocer ante la opinión pública las distintas percepciones y sensibilidades de las distintas fuerzas políticas, y que de ninguna manera por estar en curso una instancia formal pueda limitarse el derecho de un legislador a presentar sus opiniones y la expresión libre de sus ideas, de sus reclamos y de su posición frente a una contienda electoral que será crucial en la vida futura de México. Muchas gracias, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si el anterior asunto se encuentra suficientemente discutido.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. Consulte a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta nuevamente a la Asamblea si el anterior asunto es de aprobarse.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la negativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, no es de aprobarse este punto de acuerdo; archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

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CORRUPCION DE MENORES
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia, resuelvan el proceso penal seguido en contra del ciudadano Ramón Salvador Gámez, tomando en consideración los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia, resuelvan el proceso penal seguido contra el ciudadano Ramón Salvador Gámez, tomando en consideración los derechos de niños y de adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del C. Ramón Salvador Gámez Martínez, tome en consideración el interés superior de la infancia, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que realice las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal de la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez, presentada por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD, el 4 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

El proponente solicita que se exhorte al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de la sentencia absolutoria dictada a favor del C. Ramón Salvador Gámez Martínez tomando en consideración el interés superior de la infancia, así como al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que realice las investigaciones pertinentes para la consignación de los responsables del Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal de la liberación del C. Ramón Salvador Gámez Martínez.

De las consideraciones que formula el proponente se desprende que el 22 de de diciembre de 2005 fue absuelto por el Juzgado 15 de lo Penal en el Distrito Federal el líder sindical Ramón Gámez Martínez, acusado de corrupción de tres menores de edad, a quienes obligaba a sostener relaciones sexuales; que la resolución de dicho Juzgado presenta irregularidades que ponen en evidencia las deficiencias del sistema de procuración e impartición de justicia y la impunidad que con ello se genera.

Entre las irregularidades que señala el autor en la propuesta destaca que en la resolución en cita se indica que ``se pudo haber actuado con el consentimiento de las menores agraviadas, lo que representa una supuesta exclusión del delito, por tratarse de actos sexuales consentidos...''; asimismo, que la sentencia absolutoria no fue firmada por la titular del Juzgado, sino que el encargado de emitir y firmar la resolución de manera indebida fue el secretario de Acuerdos, Miguel Ángel Pérez Camacho. Por esta razón la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia.

Que los funcionarios del Juzgado 15, afirma el proponente, contravienen el derecho internacional en materia de protección del interés superior de la infancia, consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

2. Consideraciones

Es de compartirse con el proponente la observación que hace en el sentido de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño destaca el interés superior de la infancia.

En nuestra legislación se consideran como principales principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes los del interés superior de la infancia y el de tener una vida libre de violencia, principios previstos en el artículo 3, incisos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, en el caso se trata de un proceso penal del fuero común, previsto en las leyes aplicables para el Distrito Federal, cuya aprobación corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su aplicación jurisdiccional a los jueces y tribunales de esta entidad y la averiguación previa y demás facultades ministeriales corresponden a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, según está establecido en el artículo 122, apartados C, Base Primera, fracción V, incisos h) y m), y Base Cuarta, así como en el apartado D.

Conforme a dichos preceptos, las materias de procuración y administración de justicia en el fuero común del Distrito Federal corresponden a sus respectivos Tribunal Superior de Justicia y Procuraduría General de Justicia, en el ámbito de la jurisdicción y competencia de cada uno de ellos.

Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora estima que procede hacer del conocimiento de las autoridades antes citadas del Distrito Federal los hechos igualmente relacionados, para su conocimiento y efectos conforme a su jurisdicción y competencia, exhortándoles respetuosamente para que tomen en consideración los principios rectores de la protección de los niños y los adolescentes consagrados en nuestra Constitución y en el derecho internacional.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia, resuelvan el proceso penal seguido en contra del señor Ramón Salvador Gámez, tomando en consideración los derechos de niños y adolescentes previstos en nuestra Constitución y legislación ordinaria, así como en los tratados internacionales en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; el asunto se encuentra suficientemente, se considera suficientemente discutido. Póngalo a votación, señora diputada.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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JUAN IGNACIO GARCIA ZALVIDEA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo relativo al proceso penal seguido en contra de Juan Ignacio García Zalvidea.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al proceso penal seguido contra el ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Quintana Roo para que se abstenga de cualquier acto de persecución política en contra del C. Juan Ignacio García Zalvidea, presentada por el diputado Iván García Solís y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

El proponente señala que el día 26 de noviembre de 2005 se dictó auto de formal prisión en contra de Juan Ignacio García Zalvidea, conocido popularmente como ``El Chacho'', quien fuera presidente municipal de Benito Juárez, cabecera Cancún, durante los años 2002 y 2005.

El Ministerio Público lo acusó de peculado por 125 millones de pesos, delito que presumiblemente se cometió durante el tiempo que fungió como presidente municipal de Benito Juárez. Que durante la averiguación previa se señalaron numerosas anomalías, entre ellas la incomunicación del indiciado y la fijación de una fianza ``estratosférica''.

El autor de la propuesta relata diversos hechos de orden político relacionados con el ayuntamiento de Benito Juárez y la participación del señor García Zalvidea como candidato a la gubernatura del estado en el año de 2005, para concluir que los actos en que se involucra al citado ex presidente municipal tienen por objeto evitar que se registre y compita en las próximas elecciones.

2. Consideraciones

En el caso, se trata de la acción penal que ejerció el Ministerio Público del estado por el presunto delito de peculado en contra de Juan Ignacio García Zalvidea.

Sin embargo, considera que la procuración de justicia en el ámbito del fuero común es una materia que corresponde a la soberanía de los estados de la República y a las facultades reservadas a éstos en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, nuestra Federación está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme en los artículos 115 y 116 constitucionales. La Federación sólo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79, fracción I, párrafo segundo, 99, fracción IV, 102, último párrafo, 103, 104, fracciones I y V, 105, 106, 108, párrafo tercero, 110, párrafo segundo, 111, párrafo quinto, 118, 119, 122 apartado A, 123, 131 y 133.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda enviar al gobierno del estado de Quintana Roo copias del presente dictamen, relativo al proceso seguido en contra del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea, y de la proposición con punto de acuerdo respectiva, para los efectos a los que haya lugar, en los términos de su jurisdicción y competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»Presidencia de la diputada Rebeca Godínez y Bravo

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No teniendo esta Presidencia ningún orador registrado, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión para solicitar a la Procuraduría General de la República que remita a la Cámara de Diputados un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que remita a la Cámara de Diputados un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal del PAN en el estado de Puebla

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Municipal y Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, presentada por la diputada Angélica Ramírez Luna y el senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN, presentada el 4 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

Los autores de la propuesta manifiestan su interés en que se exhorte a la Procuraduría General de la República a que informe el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Municipal y Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla.

Que el 12 de diciembre de 2005, el Lic. Eduardo Rivera Pérez, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en el estado de Puebla, acudió a la delegación federal de la Procuraduría General de la República a levantar una denuncia de hechos en contra de los funcionarios públicos del ayuntamiento de Puebla, del gobierno del estado de Puebla, de la Cámara de Diputados; y de la Cámara de Senadores, estos dos últimos correspondientes a la LIX Legislatura federal, que resultaren responsables.

Que durante los días 1 y 2 de diciembre de 2005 se realizó el foro denominado ``Reforma Política Municipal'', siendo el día jueves 1 de diciembre el encuentro para el análisis de las propuestas de reformas municipales y el viernes 2 la celebración del evento (magno), la presentación de acuerdos y ceremonia de clausura con la presencia del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.

Que la denuncia fue presentada ``para evidenciar que el evento estuvo financiado por el ayuntamiento de la ciudad de Puebla y el gobierno del estado de Puebla y que fue patrocinado por la Federación Nacional de Municipios de México, y que se contó con la participación de la Cámara de Diputados y de Senadores de la LIX Legislatura federal; y, con el objetivo de certificar que fue un hecho proselitista a favor del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo''.

2. Consideraciones

La Comisión que dictamina estima procedente solicitarle al titular de la Procuraduría General de la República que emita un informe acerca del estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla.

Que la Comisión dictaminadora funda dicha solicitud en el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: ``Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los jefes de los departamentos administrativos, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades''.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República remita un informe a la Cámara de Diputados sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los Presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla, en relación con el foro denominado ``La Reforma Política Municipal''.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra ni habiendo ningún orador registrado en esta Presidencia, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Pregunte la Secretaría si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por la mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la utilización de los espacios en los medios de difusión que correspondan a la Presidencia de la República se realice con estricto apego a derecho.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la utilización de los espacios en los medios de difusión correspondientes a la Presidencia de la República se realice con estricto apego a derecho

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a instruir una revisión del contenido político en el contexto de los espacios de difusión que emplea la Presidencia de la República, suscrita por los diputados Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI, presentada el 21 de diciembre de 2005.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes.

El autor de la propuesta se manifiesta interesado en que el titular del Poder Ejecutivo federal se constriña a cumplir con sus obligaciones en forma institucional, imparcial y con apego a la legalidad en la difusión de la información que distribuye a la ciudadanía.

Que el Presidente de la República tiene que garantizar a los mexicanos el ejercicio imparcial de sus atribuciones, situación que únicamente se ha favorecido por lo que corresponde al Poder Judicial, con quien comparte mayor número de minutos aire en las transmisiones de los medios de comunicación y no así al Poder Legislativo.

Por ello, hace un llamado para que el secretario de Gobernación se sirva hacer una revisión del contenido de los mensajes del Presidente Vicente Fox Quesada a fin de que se ajuste al cumplimiento de las normas protectoras de las instituciones democráticas, con la finalidad de regularizar el ejercicio equitativo del poder del Estado al servicio del pueblo mexicano.

2.- Consideraciones.

La Comisión que dictamina no estima apropiado exhortar al Secretario de Gobernación para que revise los contenidos de los mensajes del Presidente Vicente Fox Quesada, en razón de la posición de subordinación que guarda dicho Secretario frente al titular del Poder Ejecutivo.

El proponente tampoco aporta elementos que permitan identificar y valorar los casos y modalidades en que supuestamente se violen las disposiciones legales aplicables en materia de espacios de difusión que emplea la Presidencia de la República, ni respecto al contenido de los mismos.

Por ello, la Comisión dictaminadora sólo considera procedente hacer una respetuosa exhortación al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que gire sus instrucciones al secretario de Gobernación para que la cobertura de espacios de difusión que realiza la Presidencia de la República se apegue estrictamente a las disposiciones legales vigentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a efecto de que la utilización de los espacios en los medios de difusión que correspondan a la Presidencia de la República, se realice con estricto apego a derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiéndose registrado ningún orador para tal efecto, se considera suficientemente discutido el punto y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo... gracias.

Por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión relativo a la presunta aplicación de recursos por parte del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado para la realización del encuentro denominado La reforma política municipal.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la presunta aplicación de recursos por parte del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado para la realización del encuentro La reforma política municipal

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, investigue los recursos destinados por el gobierno municipal de la ciudad de Puebla y por el gobierno del estado hacia el encuentro ``La Reforma Política Municipal'', presentada por la diputada Angélica Ramírez Luna y el Senador Francisco Antonio Fraile García, del grupo parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes.

Los proponentes señalan que los días 1 y 2 de diciembre de 2005 se desarrolló en la Ciudad de Puebla el encuentro denominado ``La Reforma Política Municipal'' a invitación del ayuntamiento de Puebla y en cooperación con la Federación Nacional de Municipios de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A dicho evento acudieron alcaldes priístas de la región sur, el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del partido citado, el gobernador del estado de Puebla y el presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, manifestando que todos ellos son miembros integrantes del PRI.

La organización del evento corrió a cargo del ayuntamiento de Puebla y de la Federación citada, teniendo como patrocinadores, según señalan los proponentes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Que ``la naturaleza de la realización del evento era para el análisis y discusión de temas sobre federalismo y reformas municipales, sin embargo en un comunicado emitido por el ayuntamiento de Puebla y la Federación Nacional de Municipios de México, se hizo la reestructuración del programa a efecto de ser integrada la participación proselitista del candidato Roberto Madrazo Pintado''.

Que se presentaron denuncias por parte de los presidentes de los comités directivos municipal y estatal de Puebla de Zaragoza y Puebla respectivamente, ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por la invitación por parte del ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, para asistir al encuentro de referencia.

Respecto a dicha denuncia presentaron diversa proposición con punto de acuerdo, que fue turnada a esta misma Comisión y que por tratarse de órdenes de gobierno distintos, se tramita por separado.

Que con fecha 23 de noviembre de 2005, el presidente del Comité Directivo Municipal de Puebla del PAN, ``denunció públicamente que desde las oficinas del ayuntamiento a través de la oficina de Innovación y Enlace Gubernamental del propio municipio se difundía la invitación a un congreso nacional de municipios priístas y se promovía la invitación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional''.

Que para la realización de este evento fueron utilizados recursos materiales y humanos, muebles y equipos del ayuntamiento de Puebla.

Concluyen los proponentes que la fiscalización de los recursos públicos debe de ser hecha a través de los órganos de fiscalización superior del estado de Puebla y las denuncias ante la Procuraduría General de la República a la que corresponde la Fepade, respecto a la que señalan que ya fue presentada la denuncia correspondiente y es materia de otra proposición presentada en esta misma fecha por los propios proponentes.

2.- Consideraciones.

La Comisión dictaminadora considera que la fiscalización de los recursos de los estados de la República, es una materia que corresponde a la soberanía y a las facultades reservadas a éstos en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objeto de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina es la rendición de cuentas de los gobernantes y la fiscalización de los recursos públicos en el ámbito geográfico, jurídico y político de un estado de la República.

Conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, nuestra Federación esta compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme en los artículos 115 y 116 constitucionales. La Federación sólo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79, fracción I, párrafo segundo, 99, fracción IV, 102, último párrafo, 103, 104, fracciones I y V, 105, 106, 108, párrafo tercero, 110, párrafo segundo, 111, párrafo quinto, 118, 119, 122, apartado A, 123, 131 y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, la Comisión dictaminadora estima que para atender la proposición de la diputada Angélica Ramírez Luna y del senador Francisco Antonio Fraile García, procede remitir el presente asunto a los CC. gobernador y titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado de Puebla, para los efectos legales conducentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a Consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda remitir al Congreso del estado de Puebla, copias del presente dictamen y de la proposición con punto de acuerdo correspondiente, para su conocimiento y efectos a los que haya lugar, en los términos de su jurisdicción y competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto del orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse este punto.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla a que revise el procedimiento seguido en contra del señor Martín Barrios Hernández y que éste se apegue al principio de legalidad.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla a revisar que el procedimiento seguido contra el señor Martín Barrios Hernández se apegue al principio de legalidad

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla para que se revise el procedimiento seguido en contra de Martín Barrios, defensor de los derechos humanos, y se apegue su actuación al principio de legalidad, presentada por la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes.

La proponente manifiesta que el 29 de diciembre de 2005 fue detenido el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, Martín Barrios Hernández, por el presunto delito de chantaje contra el empresario Lucio Gil Zarate, relacionado con un movimiento de 163 obreros que le exigían liquidación por despido de la empresa de este último.

Ante la denuncia presentada por el empresario citado, la Procuraduría de Justicia del Estado cometió diversas irregularidades en la detención de Martín Barrios y de Lidia Cacho.

Martín Barrios reveló en su primer día como prisionero del Centro de Readaptación Social de San Miguel de la capital poblana, según relata la diputada proponente, que vivió un clima de hostigamiento, que le obligaron a servir de comer a los delincuentes de alta peligrosidad, le hicieron pasar la noche en una celda reducida en compañía de 14 personas y que tuvo que llenar un contenedor de basura sin que se le permitiera mudarse de ropa después del trabajo.

Concluye la proponente que Martín Barrios Hernández se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos específicamente en la lucha por lograr mejores condiciones laborales para los obreros de maquiladoras que ha sido sujeto de diferentes agresiones, hostigamientos y amenazas por su labor.

2.- Consideraciones.

La Comisión dictaminadora participa de la preocupación de la proponente por esclarecer los hechos que ella misma relata y que califica de ``clima de violencia y represión... en contra de los luchadores sociales''.

Sin embargo, considera que la procuración de justicia en el ámbito del fuero común es una materia que corresponde a la soberanía de los estados de la República y a las facultades reservadas a estos en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, nuestra Federación esta compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 y 116 constitucionales. La Federación sólo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79, fracción I, párrafo segundo, 99, fracción IV, 102, último párrafo, 103, 104, fracciones I y V, 105, 106, 108, párrafo tercero, 110, párrafo segundo, 111, párrafo quinto, 118, 119, 122, apartado A, 123, 131 y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, la Comisión dictaminadora estima que para atender la preocupación de la diputada proponente y los hechos denunciados por ésta, procede remitir el presente asunto a los CC. gobernador y procurador de Justicia del Estado de Puebla, para su conocimiento y efectos en los términos de su jurisdicción y competencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, a que revise que el procedimiento seguido en contra del señor Martín Barrios Hernández, se apegue al principio de legalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo, Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. El senador Fraile nos ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

El senador Francisco Antonio Fraile García: Gracias, señora Presidenta. Una observación nada más: ya no se llevó a juicio, ya está en libertad esta persona. No sé si sea a tiempo o extemporáneo que nosotros solicitemos un análisis al respecto; incluso, el juez determinó que no había delito que perseguir, y está en libertad esa persona. Por consiguiente, me parece que mandar nosotros un oficio en este momento sería un tanto ocioso. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Entonces, se sometería a la consideración que este punto se quede sin efecto, sin materia. ¿Sí? Pregunte la Secretaría a la Asamblea si éste sería el acuerdo.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Bien, en vista de la propuesta que se hace, se pregunta a la Asamblea si es de aceptarse la proposición. En votación económica se pregunta.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Se considera entonces que el contenido de este punto de acuerdo ha quedado sin materia; comuníquese.

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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo relativo a los hechos denunciados cometidos en agravio de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los hechos denunciados cometidos en agravio de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fueron turnadas dos proposiciones, una para exhortar a las autoridades del estado de Baja California Sur a sancionar actos de discriminación en el hotel Presidente Intercontinental, suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD, presentada el 4 de enero de 2006; y la otra para exhortar a las autoridades competentes a sancionar los delitos y actos de discriminación, en contra de los CC. Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, suscrita por los diputados Inti Muñoz Santini y Eliana García Laguna, de fecha 11 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes.

En las propuestas se solicita que las autoridades competentes del estado de Baja California Sur realicen una investigación pronta y eficaz, con la finalidad de que los hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur por personal del hotel Presidente Intercontinental de los Cabos, BCS; y, que se solicite a la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que asuma y resuelva el caso de acuerdo con sus atribuciones.

Es el caso de que Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, se encontraban nadando en la alberca del hotel que ha sido mencionado en el primer párrafo de este primer punto de análisis, y al darse ``un beso'', fueron interceptados violentamente por personal de vigilancia, quienes los golpearon, patearon y arrastraron por el piso hasta echarlos fuera del citado hotel, momento en el que se presentó el encargado de la gerencia de nombre Christian Moguel, quien les dijo: ``este es mi hotel y las reglas las pongo yo, y si a mí me dicen que estaban teniendo relaciones sexuales, se tienen que ir porque eso no está permitido''.

Por indicaciones de la gerencia se les negó la entrada a su habitación y sus pertenencias se las dieron en la calle, mismas que se las entregaron incompletas, ya que les faltaba dinero, y algunas otras pertenencias; de igual manera, fueron golpeados, de cuya golpiza uno de los presuntos agraviados perdió el conocimiento, por lo que acudieron al Hospital General de San José del Cabo, en donde el médico legista dio fe de las lesiones sufridas, y al día siguiente presentaron la denuncia de hechos ante la agencia del Ministerio Público del fueron común de dicha localidad, la cual fue radicada bajo el número 02049/SJ/2005.

En la segunda proposición se argumenta con mayor detalle en contra de la discriminación por preferencia sexual no convencional, sobre como el rechazo afecta gravemente la dignidad de las personas y la violación a la prohibición de todo tipo de discriminación establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Consideraciones.

En virtud de que las dos proposiciones que se analizan se refieren sustancialmente a los mismos hechos y tienen el mismo objeto, esta Comisión estima incluidas y atenderlas en un solo dictamen.

En el caso se trata de una presunta violación de derechos humanos consagrados como garantía individual en nuestra Constitución, tal y como lo establece el articulo 1º, párrafo tercero, que a la letra dice: ``Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''; y el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prevé: ``Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción, que basada en las preferencias sexuales, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.''

Que esta Comisión dictaminadora coincide con la afirmación de los proponentes en el sentido de que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos, protegen y garantizan los derechos y libertades fundamentales de todas las personas a que los ejerzan en un marco de tolerancia, pluralidad y respeto a la diversidad y las preferencias sexuales de los seres humanos, por lo que son inadmisibles y condenables los actos de discriminación que constituyan violaciones a los derechos humanos.

Aún cuando la denuncia de hechos fue realizada ante el fuero común, la misma está relacionada con la vigencia y aplicación de normas constitucionales y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; por lo que esta Comisión dictaminadora considera procedente exhortar al C. gobernador del estado de Baja California Sur, a efecto de que gire sus instrucciones para que se realice una investigación, con la finalidad de que los hechos de discriminación, lesiones y robo cometidos en agravio de Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur por el personal del hotel Presidente Intercontinental de los Cabos, BCS, con el propósito de que estos hechos, de comprobarse su existencia y responsabilidad correspondientes, no queden impunes.

Lo anterior, independientemente del conocimiento que tienen las autoridades locales acerca de la denuncia de hechos en materia del fuero común, ya que como lo establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la federación está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a lo estipulado en los artículos 115 y 116 constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur, a que realicen una investigación sobre los presuntos hechos denunciados, cometidos en agravio de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, suscitados en el hotel Presidente Intercontinental de Los Cabos, de esa entidad federativa.

Segundo. Hágase del conocimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación el presente asunto, para que actúe de conformidad con sus atribuciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), secretario; Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretario; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No teniendo esta Presidencia registrado ningún orador, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Aprobado, comuníquese.

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ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Esta Presidencia ha recibido varios dictámenes más de la Primera Comisión, por lo que solicitamos a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de insertarse en este momento en el orden del día la discusión de estos dictámenes, que ya han sido... están circulando ya.

La Secretaria diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Se pregunta a la Asamblea si se acepta incluir los presentes dictámenes en el orden del día

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

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ESTADO DE SONORA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Primera Comisión para solicitar al Poder Judicial del estado de Sonora la pronta resolución del caso del niño Ismael Mondragón Molina.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo respecto a la denuncia presentada con motivo del fallecimiento del menor Ismael Mondragón Molina, en el estado de Sonora

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Poder Judicial del Estado de Sonora la pronta resolución del caso del niño Ismael Mondragón Molina, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez y suscrita por el diputado José Ángel Córdoba Villalobos, del grupo parlamentario del PAN, inscrita en el orden del día de la sesión del 11 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes

El niño Ismael Mondragón Molina, en el año 2003, al tener 4 meses de edad, se le diagnosticó craneosinostosis, por médicos del Hospital Infantil de Sonora.

De acuerdo con la proposición que se dictamina, la craneosinostosis es una enfermedad que se caracteriza por el cierre precoz de una o más suturas craneales, conocidas como fontanelas, lo que produce un crecimiento y desarrollo anormal del cráneo.

Se señalan en la propuesta los antecedentes históricos de dicha enfermedad y que los niños que nacen con craneosinostosis podrían tener la presión aumentada en el cerebro y problemas con la vista. Los estudios a largo plazo demuestran que además de la corrección de los problemas funcionales asociados a esta enfermedad, la cirugía reconstructiva tiene un efecto positivo sobre el niño y su imagen.

El 14 de diciembre de 2004, a la edad de 1 año 11 meses, fue internado en el citado Hospital Infantil del Estado de Sonora el niño Ismael Mondragón Molina, para intervención quirúrgica que se realizó al día siguiente, falleciendo el menor con posterioridad a la cirugía. Los familiares presentaron denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, quien determinó mediante la exhumación del cuerpo que la muerte del menor fue a consecuencia del paro cardiorrespiratorio por edema cerebral, existiendo evidencia pericial para considerar negligencia en la atención médica.

No se señala en la propuesta el estado actual del procedimiento en cuestión.

2.- Consideraciones

La Comisión dictaminadora considera que en el caso se trata de un asunto penal del fuero común, que es una materia que corresponde a la soberanía y a las facultades reservadas a los estados en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, nuestra Federación esta compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a los artículos 115 y 116 constitucionales. La Federación sólo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79 fracción I párrafo segundo, 99 fracción IV, 102 último párrafo, 103, 104 fracciones I y V, 105, 106, 108 párrafo tercero, 110 párrafo segundo, 111 párrafo quinto, 118, 119, 122 apartado A, 123, 131 y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, la Comisión dictaminadora estima que procede formular un exhorto al gobierno del estado de Sonora, a través de la Procuraduría General de Justicia estatal, sobre el caso en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora a que, a través de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, resuelva el caso del niño Ismael Mondragón Molina, quien falleciera con posterioridad a una cirugía de cráneo.

Segundo. Comuníquese a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Quienes estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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COORDINACION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión sobre el anuncio de la creación de un organismo autónomo para operar los programas sociales del Gobierno Federal.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre el anuncio de la creación de un organismo autónomo para operar los programas sociales del Gobierno Federal

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, proporcione a esta soberanía información precisa y detallada sobre la creación de la Coordinación Nacional de Protección Social, así como de los programas que serán otorgados a su tutela, suscrita por el senador Óscar Cantón Zetina, del grupo parlamentario del PRI, e inscrita en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del 18 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

Se señala en la proposición que se dictamina que en días recientes, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex subsecretario de la Sedesol, explicó a los medios de comunicación la intención del Gobierno Federal de crear un organismo autónomo de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de una nueva Coordinación Nacional de Protección Social.

Esta Coordinación operará el programa sexenal denominado ``Oportunidades'', del cual se desprende un padrón de las familias que viven en extrema pobreza. De esta manera, el organismo autónomo tendrá como principal responsabilidad atender la pobreza de más de 25 millones de mexicanos, mediante programas como el de Apoyo a Adultos Mayores y Programa de Apoyo Alimentario, así como la incorporación de nuevos programas, como el Sistema de Ahorro para el Retiro en Oportunidades.

Señala el proponente que estas nuevas medidas, que podrían parecer para acudir en ayuda de los más necesitados, esconden algo más que buenos propósitos.

Bastaría recordar que nos encontramos en el inicio de un año electoral, donde serán renovados los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y que la creación, modificación y empleo de padrones de asistencialismo oficial pueden ser empleados para la manipulación de sufragios a favor de un partido político.

2. Consideraciones

La Comisión dictaminadora estima que, aunque no se dan datos precisos y detallados sobre la eventual creación de la Coordinación Nacional de Protección Social de la Secretaría de Desarrollo Social, resulta oportuno y procedente solicitar de la Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, información sobre el proyecto de creación y características de la denominada Coordinación Nacional de Protección Social.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informe si subsiste la propuesta de creación de la Coordinación Nacional de Protección Civil y, en su caso, de la naturaleza y características de este organismo, así como de los programas que quedarían bajo su tutela.

Segundo. Se pide remitir el informe a las Comisiones de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y análisis.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ninguna persona registrado su participación, se considera suficientemente discutido este punto y se pide a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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DELINCUENCIA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo en relación con la inseguridad y la violencia que se viven en el país.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen dela Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la inseguridad y la violencia que se viven en el país

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente haga un respetuoso exhorto a diversas autoridades competentes en materia de seguridad pública para que implementen acciones urgentes que enfrenten la delincuencia y la violencia que afectan y ponen en riesgo la vida, la integridad física y el patrimonio de los mexicanos, suscrita por diputados del grupo parlamentario del PRI, e inscrita en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del 18 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

1.--- Antecedentes

En la proposición materia de este dictamen se señala: el año 2005 fue especialmente violento. Se estima que se cometieron alrededor de 1500 homicidios relacionados con el crimen organizado; las ejecuciones, los asaltos, secuestros, hallazgos de personas ``encajueladas'' muestran una violencia desenfrenada que parece no tener límite, como tampoco parece tener límite la incapacidad de las autoridades para remediar esta situación.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y la ciudadanía en general han manifestado su inquietud por los elevados índices de criminalidad que vienen padeciendo los mexicanos desde hace varios años.

El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad dio a conocer las 13 áreas metropolitanas más peligrosas del país, entre las que destacan el Distrito Federal, Cuernavaca, Acapulco, Guadalajara, Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez.

El Centro de Estudios Económicos del sector privado manifestó hace unos días que la inversión y el crecimiento están siendo limitados por el ambiente de delincuencia en la que vivimos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó hace unos días que en este sexenio la seguridad pública ha quedado como un compromiso inconcluso.

2.--- Consideraciones

La Comisión dictaminadora coincide con la preocupación de los proponentes sobre los índices de criminalidad y delincuencia que existen en el país y sobre la necesidad de contar con una información suficiente y actualizada sobre este problema que afecta de manera tan directa y sensible a los mexicanos.

De conformidad con el articulo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias. Por ello se considera conveniente formular el exhorto planteado en la proposición que se dictamina.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, a que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones coordinadas con las autoridades correspondientes de las entidades federativas, del Distrito, Federal y de los municipios, para enfrentar la delincuencia y la violencia en el país.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ningún legislador registrado su participación, se considera suficientemente discutido y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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BENITO JUAREZ GARCIA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo por los que se exhorta a los gobiernos de los estados, a los ayuntamientos y a las universidades públicas y privadas a que se sumen al decreto de declarar que 2006 es conmemorativo del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados, a los ayuntamientos y a las universidades públicas y privadas a que se sumen al decreto del año 2006 conmemorativo del bicentenario del natalicio de Benito Juárez

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados, a los ayuntamientos y a las universidades públicas y privadas a que se sumen al decreto del año 2006 conmemorativo del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez, suscrita por la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del PRI, presentada el 18 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.--- Antecedentes

El 29 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial mediante el cual se declara el año 2006 como ``Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García'' y se instruye que a partir de la entrada en vigor de dicho decreto toda correspondencia oficial deberá contener al rubro o al calce la leyenda ``2006 Año del Bicentenario del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

El Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez es una importante oportunidad para retomar las mejores virtudes republicanas Y colocar en su justa dimensión la grandeza del legado del Presidente Juárez y de la generación de los liberales de 1857. Continúa señalando la proponente que para las nuevas generaciones en nuestro país la obra, el pensamiento y los valores de Don Benito Juárez García deben convertirse en líneas y guías de actuación. Se trata de recuperar nuestras mejores tradiciones republicanas y democráticas.

2.--- Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora coincide en la intención y propósitos de la proposición con punto de acuerdo de la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, en virtud de lo siguiente:

a) El 29 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos mediante el que se declara al año 2006 como ``Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''. En el artículo 2º del decreto se dispone que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda ``2006 Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

b) Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 3 de mayo de 2004, se creó una Comisión Especial para los festejos del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez, asignándole el objeto de organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, todas las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor de Don Benito Juárez dentro del territorio nacional y en él ámbito internacional.

c) Que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el Pleno de la colegisladora aprobó la creación de una Comisión Especial que organizará las actividades del Senado relacionadas con la .conmemoración, en el año 2006, del Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García.

d) Aún cuando el decreto publicado el 29 de diciembre de 2005 dispone que a partir del 1º de enero al 31 de diciembre de 2006, ``toda la correspondencia oficial del Estado'', deberá contener la leyenda conmemorativa del Bicentenario citado, debemos entender ``por correspondencia oficial del Estado'' a del Gobierno Federal, incluyendo a sus tres poderes, sin que pueda considerarse que el decreto de referencia pueda ser obligatorio para los estados de la República, dada la naturaleza y características de dicho decreto y las facultades que al respecto corresponden al Poder Legislativo federal en los términos del artículo 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, resulta procedente, por un lado, exhortar a los gobiernos de las entidades federativas, por conducto del titular del Poder Ejecutivo de cada una de ellas, a que se sumen a los festejos del Bicentenario e incluyan a las dependencias locales, los ayuntamientos y las instituciones docentes de la entidad, para que realicen actos en homenaje a Don Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, así como que promuevan en su correspondencia la leyenda conmemorativa del Bicentenario.

e) La Comisión dictaminadora estima que, en lugar de exhortar a las universidades públicas y privadas del país a sumarse al decreto conmemorativo del Bicentenario juarista, por las dificultades que esto entraña, resulta más conveniente exhortar al secretario de Educación Pública que promueva entre las instituciones docentes, en el ámbito de su competencia, la realización de dichos actos conmemorativos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, promuevan entre las dependencias locales, los ayuntamientos o delegaciones, la realización de actos conmemorativos el próximo 21 de marzo del año 2006, del Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García, e incluyan al rubro o al calce de su correspondencia oficial la siguiente leyenda: ``2006 Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez Garcia''.

Segundo. Se exhorta al secretario de Educación Pública para que promueva, en el ámbito de su competencia, que las universidades públicas y privadas del país se sumen al decreto conmemorativo del Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, mediante la realización de actos de homenaje y de la inclusión en su correspondencia de la leyenda: ``2006 Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García''.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ningún registro de oradores en esta Presidencia, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Aprobado por mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con relación al operativo de revisión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre el operativo de revisión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo en relación con el operativo de revisión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, suscrita por el senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del PRI, presentada el 18 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes y consideraciones

El legislador proponente se limita a presentar ante esta Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una proposición con punto de acuerdo único mediante la que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado sobre las medidas tendientes a cobrar a los usuarios por la revisión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sin que se expresen consideraciones que precisen el objeto de la petición, sustenten o motiven la misma.

No obstante lo anterior, la Comisión dictaminadora percibe en la propuesta en dictamen, la intención de buscar la protección del público usuario de los servicios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y considera oportuno solicitar información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre un asunto que ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación masiva y sobre el que se carece de información precisa y confiable, y que puede afectar al público usuario del referido aeropuerto, toda vez que se conoce que éste ha adquirido máquinas revisoras de equipaje y se habla de imponer al usuario una cuota de recuperación para reponerse del gasto efectuado.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado sobre las disposiciones y medidas tendientes a cobrar a los usuarios por los ``servicios de revisión'' en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Segundo. Se solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el informe mencionado se rinda en un plazo no mayor de 30 días y se dirija a los CC. secretarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta, Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo nadie que haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si el anterior punto de acuerdo es de aprobarse.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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ESTADO DE MEXICO

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo para exhortar al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos para que brinden mayor atención a las colonias populares.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la atención de las colonias populares del estado de México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos a fin de que brinden mayor atención a las colonias populares, presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD, en fecha 11 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

La proponente reseña que, en su calidad de representante popular, recibió a los vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, para solicitar su intervención a efecto de que el honorable Congreso de la Unión pida al gobierno estatal y municipal mayor atención a las colonias populares que conforman los municipios de la entidad mexiquense, particularmente a la colonia Fernando de Alba, municipio de Ecatepec.

Los vecinos referidos señalan que la falta de atención se refleja principalmente en relación a los siguientes temas: seguridad pública; combate a las adicciones en la población joven; desaseo de calles y avenidas; carencia de reforestación en áreas verdes; falta de programas que propicien la sana convivencia y la nula representación vecinal.

Señalan los quejosos que la situación es similar en todas las colonias populares de la demarcación y contrastan con colonias como las de Satélite, en Naucalpan, en el propio estado, que disfrutan de calles limpias, patrullas o motopatrullas vigilando, no se encuentran jóvenes consumiendo drogas en cada esquina ni niños conviviendo con ellos.

Concluye la proponente que ``como representantes populares no podemos hacer caso omiso de las quejas de nuestros representados''.

2. Consideraciones

La Comisión dictaminadora estima que las materias de seguridad pública, prevención, persecución y sanción de los delitos del fuero común corresponden a la soberanía y a las facultades reservadas a los estados en los términos de los artículos 21, párrafo cuarto, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los servicios públicos de limpia, calles, parques y jardines y su equipamiento y seguridad pública en el ámbito municipal competen a los municipios en los términos del artículo 115 de la propia Constitución.

Conforme al artículo 40 de la misma Constitución General de la República, nuestra Federación está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y corresponde exclusivamente a ellos dictar su normatividad interna y resolver sus asuntos, conforme a los artículos 115 y 116 constitucionales. La Federación sólo tendrá injerencia en aquellos asuntos cuyas facultades le están expresamente concedidas en la propia Constitución, principalmente en los artículos 27, 28, 29, 73, 74, 76, 78, 79, fracción I, párrafo segundo, 99, fracción IV, 102, último párrafo, 103, 104, fracciones I y V, 105, 106, 108, párrafo tercero, 110, párrafo segundo, 111, párrafo quinto, 118, 119, 122 apartado A, 123, 131 y 133.

Respetuosa de los principios y preceptos constitucionales antes invocados, la Comisión dictaminadora considera que para atender la proposición con punto de acuerdo de la diputada Irma S. Figueroa Romero procede remitir el asunto, con todos sus antecedentes, a las autoridades del estado de México mencionadas en la proposición, a efecto de que atiendan las peticiones de los quejosos, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase copia de la propuesta de punto de acuerdo a los CC. gobernador constitucional del estado de México y presidente municipal constitucional de Ecatepec de Morelos, estado de México, para los efectos procedentes.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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PROGRAMAS SOCIALES

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo para que se exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados ``Plandesol'' que permitan la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para remitir a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas la proposición con punto de acuerdo que sugiere la conveniencia de que suscriban los convenios denominados Plandesol, que permitan la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados Plandesol, que permitan la integración del padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales, presentada por el diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN, el 18 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1.- Antecedentes

El proponente señala que el 4 de enero de 2006, la propia Comisión Permanente adoptó el acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhortó al Presidente de la República a instruir al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a entregar a los Ejecutivos estatales el padrón único de beneficiarios de los programas sociales.

Que para complementar el acuerdo anterior es necesario exhortar a las entidades federativas que aún no firman el Convenio Plandesol, así como a las entidades en que dicho convenio ha perdido su vigencia, para que a la brevedad procedan a celebrarlo o a renovarlo.

Que los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social son implementados en su mayoría por los gobiernos estatales o municipales, a través de los convenios de coordinación que para el efecto se firman entre el Ejecutivo federal y estatal; y que la integración de un padrón único de beneficiarios ha permitido que la confluencia de acciones y recursos federales y estatales canalizados a través de los programas sociales, sea cada vez más eficaz al identificar a todas y cada unas de las familias beneficiarias.

2.- Consideraciones

La Comisión Dictaminadora coincide con el proponente en la conveniencia de complementar, para dar mayor eficacia, el acuerdo aprobado de urgente u obvia resolución por la propia Comisión Permanente el pasado 4 de enero del año en curso, relativo al padrón único de beneficiarios de los programas sociales.

Sin embargo, respecto a la solicitud de que se exhorte a las entidades federativas a suscribir los convenios de coordinación que nos ocupan, considera que por tratarse de un asunto de decisión soberana en cuanto al régimen interior de las entidades federativas, lo procedente es remitir para su conocimiento la proposición con punto de acuerdo en cuestión, a efecto de que los titulares de dichas entidades que se mencionan, ponderen la conveniencia de suscribir los convenios de coordinación respectivos.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera remitir a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, cuyo convenio de coordinación requiere ser renovado, la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, a efecto de que ponderen, en el ámbito de su soberanía en su régimen interior, la conveniencia de renovar dicho convenio, con el fin de integrar el padrón único de beneficiarios estatal de los programas sociales.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que fomente la firma o la renovación de los convenios aludidos en el resolutivo que antecede con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García (rúbrica), Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ninguna persona que haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y se solicita a la Secretaría que pregunte a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo...

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo por el que la Comisión Permanente ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor de la ciudadana doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un primer periodo de seis años.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la ciudadana doctora Olga Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la propuesta del licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para el nombramiento de la C. doctora Olga Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un primer periodo de seis años.

Los integrantes de esta Primera Comisión, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente

Dictamen1.- Antecedentes

1. El 18 de enero de 2006, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Primera Comisión el expediente que contiene el nombramiento de la C. doctora Olga Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un primer periodo de seis años, propuesto por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La Primera Comisión se reunió para el estudio y dictamen de la proposición en cuestión.

3. En el análisis del nombramiento que se dictamina y de los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que:

De acuerdo con la documentación presentada por la C. doctora Olga Hernández Espíndola, tiene 65 años de edad, es mexicana por nacimiento y es licenciada en derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo título se obtuvo el 15 de febrero de 1965. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad, edad, grado de estudios con título profesional registrado y expedido cuando menos 10 años antes del nombramiento y cuenta con 40 años de práctica profesional, elementos que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido propuesta por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. También se constata en las constancias que obran en el expediente que se acompañó a la propuesta, que se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no se encuentra inhabilitada para desempeñar cargos en la Administración Pública Federal.

De su currículum se desprende que ha sido: Dictaminadora, Pasante y Abogada del Departamento de Consultas de la Dirección General de Impuesto sobre la Renta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de abril de 1963 a septiembre de 1966; Asesora de la Subdirección General del Impuesto al Ingreso de las Empresas de la Administración del Impuesto al Ingreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de diciembre de 1969 a julio de 1971; Secretaria de Acuerdos en el Tribunal de lo Contencioso del Distrito Federal, agosto de 1971 a diciembre de 1973; Coordinadora de Estudios Jurídicos en el Sistema de Información para la Programación Económica y Social de la Secretaría de la Presidencia, de agosto de 1973 a junio de 1975; y en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Programación y Presupuesto fue: Jefa del Departamento Jurídico del Sector Paraestatal, de junio de 1975 a noviembre de 1978; Asesora, de diciembre de 1978 a julio de 1981; Directora de Investigación y Estudios Jurídicos, de agosto de 1981 a noviembre de 1987; y Directora General, de noviembre de 1987 al 10 de octubre de 1990.

Asimismo, se desempeñó como Consejera Magistrada ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, de octubre de 1990 a mayo de 1994; Directora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, de diciembre de 1994 a abril de 1995, y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de abril de 1995 a diciembre de 2005.

Consta en el expediente que ha realizado la siguiente actividad docente: Profesora de Asignatura de Derecho Administrativo y Adjunto en el Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, de septiembre de 1971 a marzo de 1975; Maestra de la División de Estudios Superiores de la UNAM, en las asignaturas de Instituciones de Crédito y de Servicios Públicos, de julio de 1970 a marzo de 1971; Profesora de Asignatura de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la UNAM, de abril de 1979 a enero de 1981; y Profesora Titular C en la Maestría de Derecho Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, por oposición, de octubre de 1980 a julio de 1981.

También consta en el expediente haber realizado estudios de Doctorado de Universidad, Especialidad en Derecho Público, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Burdeos, Francia, en 1971. Fue becada por los gobiernos mexicano y francés de 1966 a 1968. Entre otros estudios realizados están: Curso de Preparación de Profesores en Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la UNAM, en 1979; y Diplomado Gobierno Abierto y Participativo de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en 2003.

Ha publicado diversos trabajos: ``La Nueva Dimensión de la Actividad Contractual del Estado en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas'', en: La Modernización del Derecho Mexicano, Porrúa, México, 1994; ``El Control Jurisdiccional en el Proceso Electoral. Una Garantía de Legalidad'', en: Obra Conmemorativa del Tribunal Fiscal de la Federación: 55 años, México, 1993; colaboración de voces diversas en el Diccionario Jurídico, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1983 (1a. edición); coordinadora de compilación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de los regímenes revolucionarios, 1917-1990, Secretaría de Programación y Presupuesto, México, 1990; ``El Nuevo Régimen Jurídico Administrativo de la Actividad Contractual del Estado'', en: Especialización en Materia Procesal Fiscal, México, Tribunal Fiscal Federal; y ``Aspectos Sustantivos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos'', en: Memoria de la Reunión de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2003.

2. Consideraciones

Que en acatamiento a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2000, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del mismo año, y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos, la comisión que suscribe citó a la ciudadana referida a una reunión en donde se conversó sobre la responsabilidad para la cual ha sido propuesta.

Dicha reunión tuvo verificativo el día 24 de enero de 2006 y en la misma los legisladores que integramos esta Comisión Dictaminadora conversamos con la persona designada, pudiendo comprobar el conocimiento que tiene respecto a los temas que habrá de abordar como Magistrada en materia fiscal y administrativa, así como la experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

Que con base en el expediente mencionado y a la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión hemos podido constatar que la ciudadana nombrada cumple con los requisitos ordenados en el artículo 4o., párrafo primero, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para ser designada Magistrada de dicho Tribunal.

Toda vez que la misma acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento, así como su grado académico con la copia de su título profesional y con los documentos que demuestran la ocupación de cargos anteriores, se concluye que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para ocupar el cargo al que se le ha nombrado, sujeto a ratificación.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de esta comisión consideramos que la ciudadana nombrada reúne en su persona amplias cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En tal virtud aprobamos el presente dictamen y nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana doctora Olga Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un primer periodo de seis años.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García, (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, Secretario; Sen. Héctor Michel Camarena, (rúbrica), Secretario; Integrantes: Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, (rúbrica), Dip. Rebeca Godínez y Bravo, (rúbrica), Sen. David Jiménez González, (rúbrica), Sen. Oscar Cantón Zetina, (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante, (rúbrica), Sen. Fco. Fernández de Cevallos y Urueta, (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco, (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta, (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica, (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez.»

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No teniendo registrado esta Presidencia ningún orador para hablar en pro o en contra, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, y se solicita a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

Se encuentra a las puertas de este recinto la doctora Olga Hernández Espíndola como magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un primer periodo de seis años, que acaba de ser aprobado en este momento por esta propia Asamblea. Para que la introduzcan en este salón y la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley se designa en comisión a los siguientes ciudadanos y ciudadanas legisladores: senador David Jiménez González, diputada Sofía Castro Ríos, senadora Susana Stephenson Pérez, senador Óscar Cruz López, diputado Jorge Legorreta Ordorica y diputado Jesús González Schmal.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se solicita a la comisión cumplir este encargo. Se pide a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Ciudadana doctora Olga Hernández Espíndola, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia, Fiscal y Administrativa que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

La ciudadana Olga Hernández Espíndola: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande; muchas felicidades.

Se pide a la comisión designada acompañar a la magistrada cuando decida retirarse...

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LEY FEDERAL DE PROTECCION A LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene la palabra el diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz: Con su permiso, Presidenta; amigas y amigos legisladores: subo a esta tribuna invitándolos a su atención 10 minutos, para tocar un tema que para nuestro país representa una profunda sensibilidad: hablaremos del tema de los migrantes. Es una propuesta, un proyecto de ley, que hemos denominado ``Ley Federal de Protección a los Mexicanos Migrantes y sus Familias''. Cuando, en 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe y nuestro país cedió más de la mitad de su territorio, al recorrerse la frontera quedaron en Estados Unidos más de 90 mil mexicanos.

Al principio del siglo pasado, el Gobierno de Estados Unidos aceptó que mexicanos fueran a trabajar a los campos y a los ferrocarriles, dándose un flujo de más de 4.5 millones de trabajadores. Desde entonces, esto reclamaba la atención de políticas públicas; desde entonces, el fenómeno migratorio nos obligaba a considerar que estábamos obligados a hacer sentir a los mexicanos que México sigue siendo su país. Cifras oficiales refieren que existen 25 millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos de América. De ellos, 10 millones de mexicanos nacieron en nuestro país y el resto son descendientes.

Se estima que para 2050, por cada dos mexicanos habrá uno en Estados Unidos; de los mexicanos que viven en Estados Unidos, 79 por ciento no cuenta con situación regular. Este año rebasaremos 20 mil millones de dólares producto de las remesas de los migrantes, más que el ingreso por turismo, más que el ingreso por inversión extranjera y próxima ya al ingreso neto por el tema del petróleo. Más de 5 millones de familias de nuestro país son beneficiadas: de cada 10 personas que reciben remesas, 7 son mujeres y 43 por ciento no tiene otra fuente de ingresos.

Cada año, por falta de oportunidades de trabajo, intentan cruzar la frontera más de 1.5 millones de mexicanos. Estamos hablando de 4 mil 200 diarios o 175 cada hora, o en el tiempo de esta intervención, 30 mexicanos intentarán cruzar la frontera. De este millón y medio de mexicanos, 500 mil logran quedarse en Estados Unidos. De los 2 mil 443 municipios, prácticamente todos en este país, registran efecto migratorio. Uno de cada tres zacatecanos y uno de cada seis jaliscienses viven en Estados Unidos; cifras similares las presentan muchos estados de nuestro país.

La decisión de dejar todo, familia, amigos y lugares, en pos del beneficio económico no compensa los costos sociales de desintegración familiar, de pérdidas de vida, de cultura, de discriminación, de racismo, de marginación y extorsión. Hablar de los migrantes no sólo se da también en las estadísticas. Nos ha referido un compañero, que aquí se encuentra presente, que en su municipio no se daba la emigración; hoy hace un año se fueron seis de sus hijos y no sabe de ellos.

Un compañero que es secretario técnico de una Comisión, su hermano, que fue asesinado el 1 de enero, no ha sido posible repatriar su cuerpo. Fue asesinado en un estéril debate: si los mexicanos hacen o no el trabajo que ni los afroamericanos realizan. Abandono de hogares, pérdida de la identidad, separación de las familias, pero también tenemos claros... también tenemos mexicanos exitosos, también tenemos mexicanos que han triunfado y que, desafortunadamente también, no tenemos para ellos ningún marco jurídico que nos permita reconocerlos.

Buscar dar respuesta a esta deuda histórica es el espíritu de esta ley. Incorporamos en ella, en este proyecto de ley, las aspiraciones, las expresiones, los planteamientos, las respuestas que en muchos foros, en muchas mesas ha sido tema de análisis por parte de migrantes, por parte de líderes, por parte de legisladores, por parte de investigadores. El propósito fundamental de esta ley es hacer sentir a nuestros migrantes que México sigue siendo su país. Lo planteamos a través de una serie de estrategias...

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, le ruego que concluya por favor.

El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz: Con mucho gusto, señor Presidente. Primero, hacer que esta política de migrantes se reconozca como una política de Estado y que sean incluidos sus trabajos en el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país. Éstos son los objetivos. Solamente hago ya un último hincapié: que sin el apoyo de todos nosotros, esta ley no caminará. Creo que es una responsabilidad histórica que los senadores y los diputados debemos a los migrantes. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa de Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, a cargo del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, legislador integrante de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que crea la Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias, con el objeto de hacer sentir a nuestros migrantes que México sigue siendo su país.

Exposición de Motivos

Concientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen en nuestro país, es necesario precisar en una ley sus derechos y los de sus familias que reconozca la situación de vulnerabilidad en la que con frecuencia se encuentran.

El 98% de la migración de nuestros connacionales se da hacia los países del norte, especialmente a Estados Unidos de América, razón por la que esta ley enfatiza en estos migrantes, pero prevale siempre el espíritu de protección universal.

Cifras oficiales refieren que existen 25 millones de mexicanos migrantes en Estados Unidos de América, de ellos 10 millones nacieron en México y el resto son descendientes.

Se estima que para el 2050 por cada 2 mexicanos en México habrá uno en Estados Unidos.

Cada año cruzan nuestra frontera norte 1.5 millones de mexicanos --especialmente gente joven-- y se estima que de ellos quinientos mil se logran quedar en Estados Unidos de América.

De los mexicanos que viven en Estados Unidos de América el 79% no cuenta con ciudadanía o una situación regular.

Sus remesas rebasarán los 20 mil millones de dólares, y más de 5 millones de hogares en nuestro país se benefician. De cada diez personas que las reciben 7 son mujeres; El 43% no tienen otra fuente de ingresos.

La decisión de dejar todo, familias, amigos y lugares, en pos de beneficios económicos, no compensa los costos sociales de desintegración familiar, de pérdidas de vida, pérdida de cultura; discriminación, racismo, marginación y extorsión.

El soporte de esta iniciativa se encuentra fundado en la constitución en sus artículos primero y segundo.

Se buscó en esta ley incorporar expresiones y aspiraciones; planteamientos y respuestas expuestas en foros, análisis e investigaciones que durante muchos años han planteado migrantes, líderes, investigadores y legisladores.

Objetivos

Integrar un marco jurídico que garantice el respeto a sus derechos y reconozca su contribución a la economía nacional.

Construir una red nacional entre los gobiernos: federal, estatales, municipales y sociedad civil para responder a la problemática que enfrentan.

Facilitar y humanizar el tránsito de los mexicanos migrantes en nuestro país, combatir el tráfico, impedir los abusos al envío de remesas y la instalación de retenes.

Establecer un plan nacional de apoyo a migrantes por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Comprometer los esfuerzos y atención a los migrantes en materia de salud, educación, vivienda, seguridad y economía; especialmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su Dirección General de Aduanas, al Sistema de Administración Tributaria y a la PGR, PFP, policías estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Difundir a la población, a través de las instituciones públicas y privadas, sobre su contribución e importancia.

Desarrollar programas de atención médica, programas de vivienda e impulsar programas educativos y culturales.

Crear programas de asesoría en negocios y apoyar con financiamientos.

Reconocer el apoyo que los migrantes brindan para el desarrollo de sus comunidades.

Crecer y fortalecer los vínculos entre los que se van y quienes permanecen.

Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias

Capítulo I Disposiciones Comunes

Artículo 1. Es política de Estado reconocer el derecho a la migración que tienen las personas y garantizar a los trabajadores migrantes y sus familias la protección y el ejercicio de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga, así como integrarlos en las decisiones importantes del país.

Reconoce la importancia de que nuestro país ya ha suscrito la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, norma vigente del sistema de Naciones Unidas, suscrita por México el 22 de mayo de 1991 y ratificada por el Senado.

La presente ley se aplicará sin distinción alguna por motivo de sexo, religión, convicción, opinión política, edad, situación económica, patrimonio, estado civil u otra de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los trabajadores migrantes y sus familias conservarán todo derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica así como de sus derechos ejidales.

La presente ley será aplicable a todo el proceso de migración que comprende la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia, así como el regreso a su domicilio en territorio mexicano.

Nada de lo dispuesto en la presente ley podrá interpretarse como incentivo para la migración.

Esta ley reconoce que la familia es el grupo básico natural y fundamental de la sociedad y busca su protección.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. ``Trabajador migrante'' a todo mexicano que realice, o haya realizado una actividad remunerada en otro país. Se incluye en esta definición aquellos trabajadores migrantes cuyo trabajo sólo se realice durante parte del año o vinculado a un proyecto determinado.

2. ``Familiares'' se refiere a las personas casadas con trabajadores migrantes o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como los hijos, padres y otras personas a su cargo.

3. ``Protección'', los servicios y beneficios en salud, educación, vivienda, seguridad, empleo y las que incluya la presente ley a los que tienen derecho los trabajadores migrantes y sus familias.

4. ``Agencias'', a toda persona física o moral, de carácter particular que, de manera directa o indirecta, encauce a los demandantes de trabajo hacia quienes requieran sus servicios en el extranjero y/o ofrecer servicios de asesoría, gestión y traslados a la Embajada norteamericana para realizar los tramites de visa, con el objeto de obtener alguna contraprestación por ello.

Artículo 3. La presente ley no se aplicará a:

1) Los mexicanos enviados o empleados por organizaciones y organismos internacionales y los mexicanos empleados por otro país para desarrollar funciones oficiales, cuya condición jurídica este regulada por el derecho internacional.

2) Las personas que se instalen en otro país en calidad de inversionistas.

3) Los estudiantes y las personas que reciban capacitación laboral y profesional.

4) los trabajadores de zonas fronterizas residentes en zona mexicana.

Capítulo II De la Asistencia en el Extranjero

Artículo 4. El Ejecutivo federal deberá establecer un plan sexenal en materia de apoyo a los trabajadores migrantes y sus familias, e informar anualmente sobre sus avances y ejecución, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las comisiones de relaciones exteriores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Artículo 5. La presente ley obliga a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de las autoridades consulares o diplomáticas, de manera pronta y expedita atienda:

a) En caso de alguna violación de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, y una vez agotadas las vías diplomáticas, deberá reportar a las instancias que corresponda de su existencia y atención en un periodo no mayor a seis meses de que se conozca de la violación, interponer y ejercer efectivamente las acciones y demandas procedentes ante las instancias internacionales. b) Apoyar jurídicamente a todos los ciudadanos mexicanos, prioritariamente a menores de edad, mujeres en estado de abandono o víctimas de violencia intrafamiliar, adultos mayores, personas con capacidades diferentes e indígenas. Apoyar también gratuitamente con un intérprete.

c) Proporcionar, a través de las autoridades consulares o diplomáticas, apoyo para la repatriación de los ciudadanos mexicanos migrantes que se encuentren en estado de marginalidad comprobada.

d) Proporcionar asistencia jurídica y administrativa a las familias de los migrantes fallecidos para el traslado de los cadáveres a sus lugares de origen en la República Mexicana.

e) Proveer apoyo para la localización de familiares extraviados.

f) Proveer apoyo para la localización de trabajadores migrantes a los que sus familias demanden por pensiones alimenticias o abandono; estando facultadas --sus oficinas consulares-- para ser mediadoras entre ambas partes y lograr acuerdos tendientes a fomentar el bienestar de las familias y en especial de los menores.

g) Elaborar y poner a disposición en una pagina web, para conocimiento público, un reporte de las solicitudes de apoyo o asistencia presentadas por trabajadores migrantes en los consulados, del cual se enviará copia que demuestre el apoyo, así como la calidad de la atención y respuesta a las demandas a:

- La Comisión Nacional de Derechos Humanos,

- La Procuraduría General de la República,

- Los gobiernos estatales y municipales de los que sean originarios los migrantes.

h) Promover entre los trabajadores migrantes programas de inversión en proyectos productivos e instrumentos financieros rentables y seguros.

i) Fomentar, integrar, mantener, actualizar e interactuar con las asociaciones formadas por trabajadores migrantes y sus familiares, especialmente aquellas con fines asistenciales, de apoyo e información en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y aquellas que patrocinen obras de beneficio público en México.

j) Celebrar los acuerdos necesarios en nuestro país con las dependencias federales, estatales y los ayuntamientos para implementar los mecanismos que otorguen facilidades a los trabajadores migrantes y sus familias para el envío de documentos oficiales, de identidad, estudios, propiedad y otros de carácter público que requieran.

k) Proporcionar, a solicitud de los trabajadores migrantes detenidos en Estados Unidos de América:

Asistencia de un defensor jurídico que sea parte de las autoridades consulares mexicanas.

Apoyo para informar de su situación jurídica a su familia o persona de su confianza.

l) Fungir como gestor y representantes de las demandas sociales de los trabajadores migrantes.

m) Difundir ampliamente el contenido y beneficios de esta ley.

n) Recaudar salarios devengados y no cobrados y algún tipo de prestaciones cuando trabajadores migrantes sean detenidos y repatriados, asegurando con esto que sea remunerado cualquier trabajo realizado.

Artículo 6. Las autoridades consulares o diplomáticas relacionadas con el servicio consular, que contravengan las disposiciones previstas en este capítulo serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Capítulo XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 7. La Secretaría de la Función Pública realizará auditoría de desempeño de la atención a los ciudadanos mexicanos; su trámite y respuesta oportuna, además de atender las quejas interpuestas en contra del personal del Servicio Exterior Mexicano.

Artículo 8. Las disposiciones de los incisos c, e, f, h, i, j, k, y m de esta ley también tienen alcance dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sus oficinas centrales, delegaciones estatales y oficinas municipales.

Capítulo III De la Seguridad y el Derecho a la Procuración de Justicia

Artículo 9. El Gobierno Federal, como responsable del buen tránsito, estancia y defensa de los trabajadores migrantes, garantizará la seguridad y el respeto de sus derechos. Especialmente en la zona fronteriza.

Artículo 10. La Procuraduría General de la República establecerá mesas y trámites especiales del Ministerio Público para recibir las denuncias presentadas por ciudadanos mexicanos migrantes y que éstas puedan ser desahogadas en un tiempo menor a 7 días.

Los trabajadores migrantes y sus familiares que sean víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización por daños y perjuicios y por daño moral.

Artículo 11. El personal de aduanas, los agentes fronterizos y efectivos de las corporaciones de policías federales o estatales que detengan sin motivo, extorsionen, abusen o dañen las propiedades de los migrantes que se encuentren en tránsito en territorio nacional, serán sancionados independientemente de lo que marquen otros ordenamientos legales, con penas de tres a ocho años de prisión, inhabilitación para ejercer cualquier tipo de servicio en la administración pública y una multa de quinientos a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 12. El Ejecutivo federal dispondrá un sistema de red de telefonía nacional e internacional de apoyo y denuncia donde los mexicanos migrantes puedan recibir la orientación necesaria de manera gratuita.

Artículo 13. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no instalará retenes o puntos de revisión más allá de 26 kilómetros de la frontera.

Capítulo IV De la Salud

Artículo 14. La Secretaría de Salud en territorio nacional deberá, de manera reglamentada atender lo siguiente:

a) Otorgar, a través de las instituciones públicas de salud y los institutos nacionales de salud, la atención médica que resulte necesaria para preservar la vida o para evitar daños irreparables a la salud de los trabajadores migrantes y sus familiares y dar seguimiento a su tratamiento hasta su alta médica.

b) Incorporar a los programas generales a los mexicanos que radican fuera del territorio nacional y sus familias, cuando así lo soliciten a los servicios de salud pública.

c) Proporcionar atención médica, rehabilitación, cirugías, terapias y tratamientos a menores de edad y/o discapacitados hijos de migrantes.

d) Establecer permanentemente, en coordinación con los gobiernos de los estados, los municipios y la Secretaría de Relaciones Exteriores, campañas informativas para incorporar a los mexicanos migrantes y sus familias al seguro popular.

e) Otorgar, a través del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida, atención médica, seguimiento y tratamiento a los migrantes diagnosticados como seropositivos o enfermos de sida.

f) Establecer campañas permanentes de información, prevención y detección del sida entre los ciudadanos mexicanos que radiquen en Estados Unidos de América.

Artículo 15. Otorgar atención médica, seguimiento y tratamiento a los mexicanos migrantes diagnosticados con enfermedades que sean considerados de alto riesgo epidemiológico y en conformidad con la Ley General de Salud, las leyes estatales de salud y sus normas correspondientes.

Artículo 16. Establecer convenios con los gobiernos de los estados y municipios la incorporación al seguro popular de los trabajadores migrantes y sus familias.

Capítulo V De la Educación y la Cultura

Artículo 17. En materia educativa, los trabajadores migrantes y sus familiares gozarán del derecho a la igualdad dentro del territorio nacional en:

a) Acceso a la educación de todos los niveles,

b) Acceso a las instituciones de enseñanza públicas o privadas de cualquier nivel educativo, quienes no podrán negarse ni limitar el ingreso a causa de la validación de estudios en el país, en lo que respecta a documentación de los padres, escuelas de procedencia o de ellos mismos; estando obligados a admitirlos en tanto concluyan los procesos de regularización o validación de documentos.

c) La Secretaría de Educación Pública mantendrá actualizadas sus bases de homologación para reconocer y validar oficialmente los estudios en todos los niveles de los mexicanos migrantes y sus hijos.

d) Concursar para la obtención de becas de estudios superiores en el extranjero.

Artículo 18. La Secretaría de Educación Pública se obliga a adecuar sus procedimientos y realizar todo lo conducente a efecto de:

a) Establecer el estudio del idioma inglés en los niveles preescolar y básico --además de los ya obligatorios--, aplicando las reformas que sean necesarias para su establecimiento en el sistema educativo nacional. Esto obliga a la adecuación de su impartición en los niveles de secundaria, media superior y superior. También debe incluirse en la formación de docentes.

b) Incluir en los libros de texto gratuito de los niveles básico y secundaria información que reconozca, reivindique y cree conciencia en la sociedad y en las instituciones de la importancia y contribución de los mexicanos migrantes a nuestro país; que incluya además alertar de los riesgos y consecuencias al buscar internarse en otro país sin la documentación requerida por éste.

c) Con el propósito de una mejor comprensión a la vecindad se incluirán también referencias históricas de Estados Unidos de América en los planes de estudio de los niveles medio superior y superior, estructurando planes biculturales de estudio.

d) Desarrollará cursos para los trabajadores migrantes y sus familias que vivan en Estados Unidos de América, que se impartirán en épocas de mayor visita y que tenga como objeto preservar las raíces culturales del país y de las regiones, así como también el idioma español.

Artículo 19. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior deberá:

a) A través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, promover cursos especiales de capacitación a los trabajadores migrantes y sus familiares, con el objetivo de posibilitar el acceso a las oportunidades y al trabajo, incluyendo preferentemente aquellos oficios, profesiones cortas y capacitación para desempeñarse en las pequeñas y medianas empresas, así como en actividades que se reconozcan demandadas en los países de destino migratorio.

b) Realizará campañas permanentes en los medios de difusión, utilizando los tiempos oficiales, con el objeto de crear conciencia en la sociedad y en las instituciones, de la importancia de los migrantes y fortalecer la cultura de protección de sus derechos.

c) Proporcionará información y asistencia apropiada a los trabajadores migrantes y sus familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades en casos de convenios laborales, así como lo relativo a las condiciones y posibilidades de trabajo, de vida, leyes, reglamentos y toda aquella información pertinente.

d) Informará acerca del peligro de los cruces a lo largo de las fronteras, la colocación de avisos de alerta, la identificación de los cadáveres de los trabajadores migrantes que mueren a lo largo de la frontera, y trabajará vinculadamente con las organizaciones de apoyo que tengan instalado a lo largo de trayectos conocidos de cruce estaciones de descanso y alojamiento, alimento, agua y asistencia de primeros auxilios.

Capítulo VI Aspectos Fiscales y de Presupuestos

Artículo 20. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá:

a) Simplificar los procedimientos a fin de facilitar el acceso libre de pago de Impuesto General de Importación e Impuesto al Valor Agregado a las donaciones que realizan de buena fe los migrantes a estados, municipios, comunidades, instituciones, sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro en sus lugares de origen, cuando se trate de alimentos, ropa, equipo médico o de cómputo, vehículos destinados a ser ambulancias, carros de bomberos, transporte escolar o rural, material médico y cualquier equipo o utensilios con fines científicos o educativos.

b) Simplificar los procedimientos para realizar los cambios pertinentes para facilitar el acceso libre de pago de Impuesto General de Importación e Impuesto al Valor Agregado a las donaciones que realizan los migrantes a sus esposas o esposos, hijos, padres o hermanos cuando se trate de artículos para el hogar o herramienta e implementos agrícolas, maquinaria agrícola o tractores sin fines de venta y que sean destinados a facilitar las labores del hogar o del campo familiar.

c) Capacitar a los funcionarios públicos que trabajen en los servicios de zona fronteriza en el conocimiento y la aplicación de los beneficios de esta ley.

Capítulo VII De la Organización y Apoyos Gubernamentales

Artículo 21. Las asociaciones, sociedades, organizaciones, agrupaciones y las personas morales extranjeras integradas en su totalidad por trabajadores migrantes, constituidas conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, y de acuerdo a la disponibilidad, podrán ser sujetas de los apoyos establecidos en esta ley y los demás que otorgue el gobierno federal para su desarrollo en México.

Los trabajadores migrantes y sus familias tendrán derecho a votar por Presidente de la República según las leyes electorales de nuestro país y a buscar formas de representación y de participación en elecciones constitucionales.

Esta ley reconoce la responsabilidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene de asegurar que no le sean violados sus derechos humanos a los trabajadores migrantes y de sus familiares.

Reconociendo la soberanía que nuestra Constitución concede a los estados y municipios, esta ley reafirma su derecho soberano de aplicar además de los tratados suscritos y ratificados por México, su propio marco jurídico y políticas de apoyo a los trabajadores migratorios y sus familiares; y de establecer una red nacional de funcionarios para intercambiar información y experiencias.

La Secretaría de Gobernación, a través de la dirección correspondiente incluirá en el programa ``La hora nacional'', el 20% del total de su tiempo de transmisión en difundir información del interés de los trabajadores migrantes y sus familiares.

La Secretaría de Turismo deberá en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor desarrollar programas de estímulo por servicios, tendientes a prevenir los abusos en gasolineras, hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, entre otros. Dichas campañas deberán ser ampliamente difundidas.

Capítulo VIII Del Desarrollo Social y Económico

Artículo 22. Las Secretarías de Desarrollo Social, de Economía, y del Trabajo deberán crear un fondo especial anual que deberá ser distribuido en proporción directa, a los estados y municipios que registren el mayor número de trabajadores migrantes al extranjero --de acuerdo con la información proporcionada por el INEGI-- para destinarlo al financiamiento, capacitación, empleo y obras de interés público.

Artículo 23. El 50% de toda mercancía que sea decomisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus instancias correspondientes como aduanas y el Servicio de Administración Tributaria, así como las mercancías que causen abandono y de manera especial los decomisos de perecederos, deberán destinarse al fondo al que se refiere el artículo 22 de esta ley y sujeto a revisión periódica por la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 24. Esta ley reconoce que la mayor causa que genera trabajadores migratorios es la falta de oportunidades en nuestro país, por ello, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo se obligan a tener un papel decidido en resolver las causas y apoyar proyectos de reactivación económica, tales como:

a) La secretaría de economía integrará y ofrecerá un banco de proyectos, brindará asistencia técnica, comercial y administrativa durante el primer año del proyecto.

Los proyectos deberán ser integrales y responder a una amplia gama de necesidades de los mercados internos y externos, con márgenes atractivos de rentabilidad.

Estimular la creación de organizaciones económicas y programas de financiamiento.

b) La Secretaría del Trabajo apoyará con programas de capacitación y empleos temporales especialmente a proyectos y empresas de migrantes y aquellas ubicadas en entidades de alta migración.

c) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social supervisará la aplicación de las leyes federales y reglamentos laborales vigentes aplicables y los convenios internacionales celebrados y probados en los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) La Secretaría de Desarrollo Social atenderá, participará y ejecutará todos los proyectos presentados por trabajadores migrantes bajo la modalidad de participación en beneficio de sus comunidades, apoyándose para su ejecución en el fondo al que se refiere el artículo 22 de esta ley.

Artículo 25. La Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda deberá diseñar programas especiales para que los trabajadores migrantes ejerzan su derecho a créditos para compra y mejoramiento de vivienda.

Artículo 26. Los trabajadores migrantes que apoyen económicamente programas ejecutados con recursos federales dirigidos al desarrollo de sus estados, regiones, municipios o comunidades tendrán derecho a:

a) Nombrar un representante que participe en labores de vigilancia y supervisión de las obras, conjuntamente con las autoridades involucradas. Capítulo IX De las Remesas

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda deberá elaborar el Censo Nacional de Empresas e Instituciones Financieras Autorizadas para Operar Remesas, la información que contenga deberá ser de ubicación y costos y toda aquella de importancia para el consumidor, la cual será difundida o estar siempre accesible para su consulta.

Artículo 28. Los requisitos que deberán cubrir en su totalidad y satisfactoriamente las personas físicas, empresas o instituciones financieras que deseen obtener o refrendar autorización para la operación de remesas son los siguientes:

a) Acta constitutiva de la sociedad responsable de la operación de la empresa o institución financiera.

b) Contar con un capital mínimo de 500,000 (quinientos mil pesos m.n.) en su etapa inicial de operaciones.

c) Manuales y programas de operación.

d) Manuales de servicios y proceso de determinación del monto de las comisiones por servicio.

e) Número de sucursales autorizadas y ubicaciones aprobadas (no excederán de un máximo de cinco en proceso de instalación).

f) Solicitar su registro en el Padrón Nacional de Empresas e Instituciones Financieras Dedicadas a la Operación de Remesas.

g) Autorización actualizada de Banco de México.

h) Fianzas y póliza de seguro vigente que proteja las remesas contra quiebras, robos, accidentes e imprevistos que corresponderá a por lo menos las dos terceras partes del capital registrado.

i) Las demás que regularmente solicite la Secretaría de Hacienda.

j) Contar con los demás permisos que soliciten los estados y municipios.

Artículo 29. La Secretaría de Hacienda y Crédito público reglamentará las comisiones máximas que podrán cobrar las instituciones financieras autorizadas para operar la transferencia de remesas, vigilando que estas no excedan al porcentaje del rendimiento mensual de Cetes ni contengan algún tipo de cargo adicional.

Artículo 30. Las empresas o instituciones financieras que ofrezcan los servicios de operación de remesas, serán responsables civil, solidaria y directamente de cualquier conducta de sus empleados o trabajadores que se apoderen o retengan para sí o para terceros el importe de los depósitos o remesas.

Bajo ninguna circunstancia las empresas o instituciones financieras por medio de sus empleados influirán o condicionarán el cobro de las remesas a la compra de un servicio o producto.

Artículo 31. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá:

a) Vigilar que, de manera obligatoria, las empresas o instituciones financieras que deseen participar en el mercado de remesas estén dictaminadas, caso contrario será objeto de suspensión temporal o definitiva de permisos.

b) Establecer medidas para fomentar el ahorro voluntario.

c) Reglamentar las operaciones de cambio de divisas a los trabajadores migrantes y sus familiares.

d) Desarrollar y promover sistemas voluntarios de protección contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

e) Supervisar los tipos de cambio interbancarios y de las empresas o instituciones financieras participantes.

Artículo 32. Las multas por incumplimiento o violación a las disposiciones de este capítulo no serán menores a cinco mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

En caso de violación a las comisiones máximas establecidas además de la multa se revocará la autorización para operar.

Artículo 33. En lo que no se encuentre previsto en esta ley en materia de remesas, se aplicará supletoriamente el Código de Comercio, el Código Civil y la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito.

Capítulo X De Gobernación

La Secretaría de Gobernación será responsable de:

Artículo 34. Poner a disposición de la población un lada gratuito nacional e internacional que contenga toda la información de interés para los trabajadores migrantes y sus familias, debiendo contener toda la información y asuntos a los que se refiere esta ley. Elaborar el Padrón Nacional de Agencias, así como de su autorización y supervisión.

Artículo 35. Elaborar un Padrón Nacional de Agencias, así como su autorización y supervisión; para el funcionamiento de las agencias, deberán obtener la autorización correspondiente en la Secretaría de Gobernación, la que se otorgará una vez satisfechos en su totalidad los siguientes requisitos y con apego a los convenios internacionales suscritos:

a) Acta constitutiva de la sociedad responsable de la operación de la agencia o de la persona física con documentos solicitados por hacienda a efecto de autorización de apertura de empresas.

b) Manuales y programas de operación.

c) Manuales de oferta de servicios y proceso de determinación del monto de los cobros por servicio.

d) Manuales de procedimientos de selección de perfiles de candidatos a emplearse en los Estados Unidos y Canadá.

e) Presentar en el caso de las agencias de colocación de trabajadores en el extranjero, los convenios o documentos probatorios debidamente certificados que prueben la autenticidad de los destinos y empleos ofertados en el extranjero.

f) Exhibir sus costos por servicios en lugares visibles al público.

g) Ubicaciones domiciliarias aprobadas (no excederán de un máximo de cinco en proceso de instalación).

h) Solicitud de inscripción en el Padrón Nacional de Agencias de Colocación de Trabajadores en el Extranjero con fines lucrativos, y agencias prestadoras de servicios de asesoría y gestión para la obtención de visas ante la Embajada de los Estados Unidos.

i) Fianzas y seguros que garantice el cumplimiento y la seguridad de los usuarios contra accidentes y daños de responsabilidad civil durante su traslado.

j) Las demás que regularmente solicite la Secretaría de Hacienda.

k) Contar con los demás permisos que soliciten los estados y municipios.

l) Plantilla del personal técnico y administrativo con que funcionará la agencia;

m) Constancia de que el (los) responsable(s) de la agencia que se pretende autorizar, carece de antecedentes penales.

n) Presentar copia de la solicitud de registro de la publicidad y promoción institucional ante la Profeco.

Artículo 36. Las tarifas cobradas por servicios de estas agencias deberán ser aprobadas por la Secretaría de Gobernación y ampliamente difundidas.

Artículo 37.- La Secretaría de Gobernación realizará, sin previo aviso, inspección general a las agencias con el objeto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, las cuales se deberán efectuar por lo menos cada 2 veces al año.

Artículo 38.- Los encargados de la inspección, están obligados a emitir informes de irregularidades y en su caso clausura en agencias que no cuenten con la autorización vigente de funcionamiento, o que infrinjan cualquier otra disposición legal en la materia.

Artículo 39.- Las agencias de colocación de trabajadores con fines lucrativos, y las agencias para la obtención de visas ante la Embajada de Estados Unidos estarán obligadas a:

a) Prestar sus servicios en forma regular, continúa y uniforme;

b) Colocar en lugares visibles, dentro de las instalaciones de la agencia, la leyenda de sus tarifas por servicios.

c) Informar mensualmente a la Secretaría de Gobernación, respecto de:

i. El número y las características de las vacantes captadas:

ii. El número y las características de los solicitantes atendidos, y:

iii. El número y las características de las colocaciones de trabajadores y visas gestionadas exitosamente, según sea el caso.

iv. Comunicar al público y a las autoridades competentes en la materia, con 15 días hábiles de anticipación, el cambio de su domicilio, dejando avisos que permitan su localización.

v. Informar, con 20 días previos, a la Secretaría de Gobernación, sobre la suspensión temporal de actividades y/o la decisión del cierre definitivo de la agencia.

d) Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades autorizadas le practiquen, con el objeto de cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, proporcionando los informes que a ese efecto les sean solicitados.

Artículo 40. La Procuraduría Federal del Consumidor autorizará y vigilará que la publicidad y promoción de las agencias ofrezcan condiciones de certidumbre y que no constituyan en cualquier medida un fraude para el solicitante.

Artículo 41. Las infracciones a las disposiciones consignadas en este capítulo se sancionarán con:

a) Suspensión temporal de la autorización de funcionamiento de la agencia, hasta por 30 días.

b) Revocación de la autorización y, consecuentemente, la cancelación del registro, y

c) Multa de cinco mil veces el salario mínimo general que corresponda a la zona económica de que se trate, tomando en consideración la gravedad de la falta y la circunstancia del caso.

Artículo 42. La revocación de la autorización de funcionamiento y cancelación de la autorización, se aplicará en caso de reincidencia.

Capítulo XI De los Gobiernos de los Estados, Congresos Locales y Ayuntamientos

Artículo 43. Sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo.

a) Los ayuntamientos nombrarán al menos un regidor que atienda todo lo relacionado a los migrantes.

b) También reconocer en los eventos de ferias y de festividades mayores la importancia de sus trabajadores migrantes.

- Otorgar reconocimientos especiales para los migrantes que se distingan en el patrocinio o gestión de obras y/o de acciones sociales con su comunidad. Que se incluyan en los calendarios de fiestas cívicas: - 29 de septiembre ``Día del Bracero''.

- 8 de diciembre ``Día del Migrante''.

c) Los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los Congresos locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal brindarán atención a través de un área especializada en la atención a migrantes.

d) Los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal auspiciarán la creación de comisiones y la atención a la problemática migrante.

e) Entendiéndose la importancia del tema y el gran compromiso social, el Congreso de la Unión, por medio de sus diputados y senadores, y de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Fronterizos, grupos de amistad y grupos de intercambio parlamentario, mantendrán comunicación y debate constante y oportuno sobre los temas migratorios especialmente con sus homólogos en Estados Unidos.

Transitorios

Primero. Las secretarías, empresas e instituciones públicas y financieras contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley en el Diario Oficial de la Federación para realizar los ajustes administrativos necesarios en sus estructuras.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante una campaña en los diferentes medios electrónicos, escritos e impresos informará de la aprobación de esta ley y difundirá ampliamente su contenido y beneficios.

Cuarto. La creación de una comisión especial que investigue los montos por impuestos pagados y no solicitados en devolución por los miles de trabajadores que sin condición legal han trabajado en Estados Unidos de América, así como la búsqueda de mecanismos para su devolución.

Quinto. Habiendo sido un logro importante para esta LIX Legislatura la creación del Fideicomiso para el Pago a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de los Años 1942 a 1964, se propone la permanencia del mismo, en tanto no se concluya satisfactoriamente el apoyo a la totalidad de los ex trabajadores migratorios, derogando el artículo segundo de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Sexto. Siendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos la institución mundial que ha privilegiado la atención a migrantes pueda decidir convertirse en el ente que coordine de manera permanente los esfuerzos de esta ley.

Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica).» Presidencia del diputado Heliodoro Díaz Escárraga El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

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LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Mario Zepahua Valencia para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.El diputado Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo III, denominado ``Del Poder Ejecutivo'', establece las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en su calidad de titular de la Administración Pública Federal, la cual, conforme al artículo 90, se establece que será centralizada y paraestatal. Sin duda, para conducir la Administración Pública Federal por el rumbo de la excelencia, fue necesario que los órganos de gobierno implantaran métodos que promovieran condiciones para mantener la continuidad, la funcionalidad y la eficiencia de las instituciones mediante el servicio profesional de carrera, cuyo origen de manera formal se encuentra en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1983, que promovió la creación de una comisión intersecretarial, en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988, a fin de profesionalizar el desempeño del servicio público.

El servicio profesional de carrera en el sexenio pasado promovió el Programa de Modernización de la Administración Pública de 1995-2000 para garantizar la dignificación y la ética del servicio público, mediante la promoción de la seguridad en el empleo y el fomento de la vocación de servicio a través de la capacitación permanente; valores que se rescataron para la dictaminación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, promulgada el 10 de abril de 2003. Este ordenamiento pretende, entre otros fines, que la selección del personal aspirante a formar parte del sistema del servicio profesional de carrera se lleve conforme a un proceso de evaluación transparente, donde las capacidades y habilidades sean los elementos que definan la viabilidad de oportunidades para obtener los beneficios de la obtención de mejores puestos, la estabilidad en el empleo y el desarrollo laboral.

Sin embargo, en la realidad, estos objetivos son difíciles de lograr, conforme a lo preceptuado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal referentes a la hipótesis de la selección del personal aspirante a ocupar una plaza vacante dentro del sistema, en virtud de que propician que la selección pueda ser agotada en forma inicua, motivo por el cual se ha criticado el sistema en México.

Los artículos que se forman del Capítulo III de la ley, intitulado ``Del Subsistema de Ingreso'', establecen que el reclutamiento permita atraer aspirantes a ocupar un cargo a través de convocatorias públicas abiertas para ocupar plazas conforme a las necesidades de las dependencias, a través de comités de evaluación, que deberán emitir convocatorias públicas, abiertas, para someter a un proceso de exámenes de conocimientos y habilidades a los servidores públicos, asegurando su participación en igualdad de oportunidades.

Debemos puntualizar que estos vicios son originados por la aplicación de los artículos 31 y 32 de la multicitada ley, los cuales a la letra rezan: ``Artículo 31. El examen de conocimientos, la experiencia y la aptitud en los cargos inmediatos inferiores de la vacante serán elementos importantes en la valoración para ocupar un cargo público de carrera. No será elemento único de valoración el resultado del examen de conocimientos, excepto cuando los aspirantes no obtengan una calificación mínima aprobatoria''. Y: ``Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría, establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos.

Los candidatos que no cumplan la calificación mínima establecida no podrán continuar las siguientes etapas del procedimiento de selección. En igualdad de condiciones tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia''. Este precepto nos indica que en el proceso de selección serán preferidos en igualdad de circunstancias los servidores públicos integrantes de la dependencia que posee la plaza a que se aspira ocupar el cargo, frente a terceros que no cumplieron los mínimos de calificación definidos por los comités y la Secretaría de la Función Pública.

En el Estado mexicano, la institución del servicio profesional de carrera presenta una serie de características que hacen que su ley sea única, frente a las normatividades relativas al tema en otros países, desde la adaptación del término que pretende diferencias de un servicio civil.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma y adiciona la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. El resultado aprobatorio del examen de conocimiento, la experiencia y la aptitud de los cargos inmediatos inferiores de la vacante serán elementos indispensables para ocupar un cargo público de carrera.

Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría, establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos.

Los candidatos que no cumplan la calificación mínima establecida no podrán continuar las siguientes etapas del procedimiento anterior.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, que se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura.

Iniciativa que reforma el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mario Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Capítulo III, denominado ``Del Poder Ejecutivo'', establece las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en su calidad de titular de la Administración Pública Federal, la cual conforme al artículo 90 se establece que será centralizada y paraestatal.

Sin duda, para conducir la Administración Pública Federal por el rumbo de la excelencia fue necesario que los órganos de gobierno implantaran métodos que promovieran las condiciones para mantener la continuidad, la funcionalidad y la eficiencia de las instituciones mediante el servicio profesional de carrera, cuyo origen de manera formal se encuentra en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de junio de 1983, que promovió la creación de una comisión intersecretarial en cumplimiento de las metas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988 a fin de profesionalizar el desempeño del servicio público.

El servicio profesional de carrera en el sexenio pasado promovió el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 para garantizar la dignificación y la ética del servicio público, mediante la promoción de la seguridad en el empleo y el fomento de la vocación de servicio a través de la capacitación permanente, valores que se rescataron para la dictaminación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, promulgada el 10 de abril de 2003.

Este ordenamiento pretende, entre otros fines, que la selección del personal aspirante a formar parte del sistema del servicio profesional de carrera sea llevada a cabo conforme a un proceso de evaluación transparente, donde las capacidades y habilidades sean los elementos que definan la viabilidad de oportunidades para obtener los beneficios de la obtención de mejores puestos, la estabilidad en el empleo y el desarrollo laboral.

Sin embargo, en la realidad estos objetivos son difíciles de lograr conforme a lo preceptuado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal referente a las hipótesis de la selección del personal aspirante a ocupar un plaza vacante dentro del sistema, en virtud de que propician que la selección pueda ser agotada en forma inicua, motivo por el cual se ha criticado el sistema en México.

En este contexto, los vicios legislativos que abordamos como materia de la presente iniciativa son que el servicio profesional de carrera constituye un blanco asiduo para atentar los principios de transparencia, por parte de los integrantes de los comités de selección de los miembros que ocuparán los cargos porque a nivel interno se encargan de calificar la evaluación de los aspirantes, favoreciendo únicamente no a los que mayor grado de preparación tienen sino a los que gozan de recomendaciones.

Los artículos que forman el Capítulo Tercero de la ley, intitulado ``Del Subsistema de Ingreso'', establecen que el reclutamiento permite atraer aspirantes a ocupar un cargo a través de convocatorias públicas abiertas para ocupar plazas conforme a las necesidades de las dependencias a través de comités de evaluación, que deberán emitir por convocatorias públicas abiertas, para someterlos a un proceso de exámenes de conocimientos y habilidades de los servidores públicos, asegurando su participación en igualdad de oportunidades.

No obstante ello, el objetivo referente a la igualdad de oportunidades vemos con vehemencia que constantemente se vulnera por la existencia de normas que generan favoritismos, burocracia e ineficiencia del servicio a la sociedad, por encima de cualquier interés, grupo o partido.

Debemos puntualizar que estos vicios son originados por la aplicación de los artículos 31 y 32 de la multicitada ley, los cuales a la letra rezan:

``Artículo 31. El examen de conocimientos, la experiencia y la aptitud en los cargos inmediatos inferiores de la vacante serán elementos importantes en la valoración para ocupar un cargo público de carrera. No será elemento único de valoración el resultado del examen de conocimientos, excepto cuando los aspirantes no obtengan una calificación mínima aprobatoria.

Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría, establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Los candidatos que no cumplan la calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia.''

Sin duda, las políticas de disciplina y ética del servicio público que pretenden los comités de evaluación sólo podrán alcanzarse mediante la eficiencia de los procesos de selección del sistema del servicio profesional de carrera, pero estas acciones seguirán siendo un ideal en el universo del deber ser en tanto se siga permitiendo que los comités valoren a los servidores públicos aspirantes a un cargo no únicamente con base en el resultado de los exámenes de conocimientos practicados, sino en la experiencia y las aptitudes demostradas, debido a que esta regla da lugar al uso de criterios subjetivos que vician las determinaciones de los integrantes, además de verse aumentadas las probabilidades de corrupción como ocurre en igualdad de circunstancias en la aplicación del párrafo último del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Este precepto nos indica que dentro del proceso de selección serán preferidos en igualdad de circunstancias los servidores públicos integrantes de la dependencia que posee la plaza a que se aspira a ocupar el cargo frente a terceros que no cumplieron los mínimos de calificación definidos por los comités y la Secretaría de la Función Pública, lo cual se ha demostrado en los hechos con el ejemplo vivo del flujo de quejas ante la propia Secretaría de la Función Pública, que esta norma es aplicada únicamente para consumar las simulaciones de legalidad, toda vez que en obvio de repeticiones los criterios de igualdad de ningún modo son aplicados conforme el espíritu que la ley ordena, justificando así la inoficiosidad de este párrafo, máxime que esta implícito en el orden jurídico establecido por la ley en comento.

En el Estado mexicano, la institución del servicio profesional de carrera presenta una serie de características que hacen que su ley sea única frente a las normatividades relativas al tema en otros países, desde la adopción del término que pretende, a diferencia de un servicio civil tradicional, incorporar elementos propios de la gestión pública dinámica que evite la inamovilidad en los puestos y garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública para desarrollarla en beneficio de la sociedad, argumentos por demás importantes para que los mexicanos cuenten con una administración pública eficaz, eficiente y coherente en las decisiones que beneficien las políticas de transparencia. Por ello presento esta iniciativa, para legitimar los valores del servicio público erradicando los factores que siembran el burocratismo en las dependencias gubernamentales, que deben a toda costa mantener sus labores apagadas a derecho y la legalidad.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 31 y deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el artículo 31 y se deroga el último párrafo del artículo 32 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. El resultado aprobatorio del examen de conocimientos, la experiencia y la aptitud en los cargos inmediatos inferiores de la vacante serán elementos indispensables para ocupar un cargo público de carrera.

Artículo 32. Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría, establecerá los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Los candidatos que no cumplan la calificación mínima establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección.

(Se deroga)

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).» El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, se ordena publicar esta iniciativa en el Diario de los Debates; y se turna a la Comisión de Gobernación.

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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo por el que se invita al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral a comparecer ante el Pleno de la Comisión Permanente.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se invita al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral a comparecer ante el Pleno de la Comisión Permanente

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invite al C. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, a comparecer ante el Pleno de la misma, con la finalidad de que informe respecto de las actividades desarrolladas por ese organismo durante los primeros tres meses de la etapa de preparación de las elecciones y a los avances de la planeación y organización del proceso electoral en curso, presentada por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga y suscrita por diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI, el 11 de enero de 2006.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

1. Antecedentes

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se menciona que, de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se inició en octubre del año 2005 el proceso electoral que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

Que en el marco de este proceso, el Instituto Federal Electoral (IFE) se ha ocupado de desarrollar los actos calendarizados en la ley y de proponer acuerdos que pretenden llenar, mediante la negociación política, ciertas lagunas existentes en la ley.

Que el proceso electoral se ha venido desarrollando con normalidad y la autoridad del Instituto ha permanecido en márgenes adecuados, por lo que sigue siendo una de las instituciones mexicanas de mayor credibilidad y de más alto nivel de aceptación popular.

Que cabe esperar que de aquí al 2 de julio del presente año se recrudezcan e incrementen los ataques contra el IFE. Que este Instituto estará obligado a transparentar plenamente sus propósitos y resultados en cada tramo del proceso.

Que un medio adecuado y eficaz para satisfacer esa tarea lo constituye esta representación popular, en virtud de que los legisladores son protagonistas directos de la política y canal de comunicación con los electores, partidos, distritos y estados de la República.

Que un mecanismo idóneo para satisfacer ese objetivo sería la comparecencia del Presidente del Consejo General del IFE ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

2. Consideraciones

El IFE es el organismo público autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones federales, en los términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión dictaminadora coincide, de acuerdo con la disposición constitucional invocada y las manifestaciones de los proponentes, en que el IFE es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

La Comisión dictaminadora está de acuerdo con el objeto de la proposición, de fortalecer la certidumbre y credibilidad a la actuación del IFE, y que un mecanismo idóneo para satisfacer ese objetivo es recibir, analizar y difundir la información de la preparación y desarrollo del proceso electoral hasta el momento, a través de una comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente, con la participación de los legisladores de los partidos políticos nacionales que en dicha Comisión están representados.

A través de ese mecanismo, debe buscarse la satisfacción del interés común del Congreso de la Unión y del IFE de que los actos de organización y desarrollo de los procesos electorales federales sean debida y oportunamente conocidos, comentados y discutidos respetuosamente en el seno de esta representación nacional, en particular lo relativo al voto de los mexicanos en el extranjero y, a través de ello, generar una opinión pública debidamente enterada.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al C. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, a comparecer ante el Pleno de la misma el miércoles 25 de enero de 2006, a las 13:30 horas, con la finalidad de que informe del proceso de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y describir las acciones inmediatas y mediatas a realizar para dar certidumbre y credibilidad a la actuación del IFE.

Segundo. La comparecencia se sujetará al formato siguiente:

a) Exposición del Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, hasta por veinte minutos;

b) Un solo turno de intervenciones de hasta por cinco minutos para preguntas de legisladores de los grupos parlamentarios en el orden siguiente: Convergencia, PT, PVEM, PRD, PAN y PRI;

c) Respuesta a cargo del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, por cada intervención y hasta por cinco minutos;

d) Derecho de réplica por cada grupo parlamentario hasta por tres minutos;

e) Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2006.

Por la Primera Comisión: Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Sen. Francisco Fraile García, Sen. Héctor Michel Camarena (rúbrica), secretarios; Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina (rúbrica), Sen. Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez, Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Jesús Emilio Martínez Álvarez.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores, se considera suficientemente discutido este asunto. Póngalo a la determinación de la Asamblea, señora senadora.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si son de aprobarse los anteriores puntos de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... muchas gracias.

Quienes estén por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

Y para dar precisamente cumplimiento al acuerdo aprobado en esta fecha por la Comisión Permanente, se invitó al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con la finalidad de que informe sobre el proceso de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y describir las acciones inmediatas y mediatas por realizar para dar certidumbre y credibilidad a la actuación del IFE.

Se encuentra en el salón de recepción de esta Comisión Permanente el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y se designa en comisión para recibirlo e introducirlo en este recinto a los siguientes legisladores: senador Antonio García Torres, diputado Alfonso Nava Díaz, diputado Jorge Triana Tena, diputada Irma Figueroa Romero, diputado Jorge Legorreta Ordorica, diputado Joel Padilla Peña y diputado Jesús González Schmal. Se les pide que cumplan el cometido. (...)

De conformidad con el inciso a) del punto segundo, tiene la palabra hasta por 20 minutos el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Muy buenas tardes, ciudadano Presidente; miembros de la Mesa Directiva; señoras y señores legisladores miembros de la Comisión Permanente y del Congreso de la Unión: me da mucho gusto poder estar con ustedes esta tarde para poder conversar sobre los alcances de la implantación de un proyecto inédito, que este honorable Congreso de la Unión aprobó el año pasado.

El proyecto del voto en el extranjero ha representado para el IFE un reto muy importante en materia de organización y logística electoral. Y por eso, porque el IFE estuvo presente cuando el Congreso de la Unión discutió las modalidades de los alcances, me parece que es importante que el IFE haya aceptado esta invitación para poder conversar con ustedes sobre los alcances en el proceso de un voto en el extranjero.

Quiero decirles además que me parece muy importante resaltar que se trata de un esfuerzo inédito y meritorio, que es una responsabilidad compartida --y así lo entiende el Instituto Federal Electoral--, una responsabilidad compartida donde el Congreso tuvo el mérito y la visión de aprobar una ley para hacer viable este derecho, donde el IFE tiene la responsabilidad de implantar con seguridad, certeza y legalidad este nuevo derecho, donde la Cancillería mexicana ha actuado como coadyuvante en el marco de la autonomía del IFE, donde el Servicio Postal Mexicano ha apoyado en el flujo postal, donde las organizaciones de migrantes, los líderes comunitarios, las empresas mexicanas en Estados Unidos han colaborado en la distribución de solicitudes y, en suma, donde los últimos actores de este proceso, que son los mexicanos que viven en el extranjero, todos nosotros, me parece, compartimos una responsabilidad.

Por eso me da mucho gusto estar con ustedes para poder platicar sobre la implantación de este nuevo derecho. Quiero decirles además que el IFE ha estado rindiendo cuentas en el seno del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como todos ustedes saben, en el Consejo General se encuentran representadas ambas Cámaras del Congreso: diputados y senadores, de todos los grupos parlamentarios, ocupan asientos permanentes en el Consejo General, y ahí se les ha estado informado de manera puntual sobre los avances de la implantación del voto en el extranjero.

Quiero también comentarles que a través de la Comisión del Voto en el Extranjero participan también los partidos; y, señores y señoras legisladores, hemos estado informando de manera puntual sobre los avances en materia del voto. En unos minutos se les distribuirá un informe, que será rendido ante el Consejo General el próximo martes, en una sesión de Consejo General, y que será distribuido también el día de hoy entre los miembros del Poder Legislativo ante el Consejo General. En esta plática, entonces, me gustaría hablar sobre los avances en la implantación.

Quiero decirles que se trata de un proceso continuo, donde estamos apenas concluyendo la primera de cuatro fases. Las cuatro fases, como se vislumbra el voto en el extranjero, tienen que ver, la primera, con la difusión de este nuevo derecho y el registro de mexicanas y de mexicanos en el listado nominal de votantes en el extranjero; ésta es la fase en la cual nos encontramos y que aún no concluye. La segunda fase se refiere a la difusión del voto razonado e informado entre los votantes que se hayan registrado. La tercera fase consistirá en el envío de las boletas electorales y en la recepción de las boletas cruzadas con la elección que cada votante haya decidido. Y la cuarta fase se refiere al escrutinio y al cómputo de los votos emitidos en el extranjero.

Por tanto, quiero resaltar que nos encontramos apenas en una de las últimas partes, de apenas la primera fase, por lo cual me parece muy importante resaltar que en este momento no es pertinente hacer evaluaciones, no es pertinente hacer juicios de valor sobre un ejercicio inédito, porque nos encontramos apenas concluyendo la primera de cuatro fases. Quisiera compartir con ustedes que seré extremadamente responsable y cuidadoso al alertar que estamos apenas en un proceso continuo, inacabado, que en los próximos meses se seguirá desarrollando. Por tanto, trataré entonces de explicar mi exposición en seis temas: primero, en la inscripción en el listado nominal; segundo, el tema de la credencialización; tercero, la estrategia de difusión que lleva a cabo el IFE; cuarto, el número de piezas postales que se han recibido; quinto, cuáles son los siguientes pasos; y algunos comentarios finales.

Quiero comentarles que la primera fase, muy importante, es difundir para que el mayor número de mexicanos se pueda inscribir en la lista nominal de electores en el extranjero. De acuerdo con la ley que aprobó el Congreso de la Unión, se pedía al Instituto Federal Electoral que hubiera dos instrumentos fundamentales de difusión, y así se establece con toda claridad en el artículo 278 del Cofipe, donde se dice de manera literal que el Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de embajadas y consulados y en su página de Internet los formatos de inscripción en el listado nominal de votantes en el extranjero.

Quiero decirles que a partir del 1 de octubre, como dice la ley, el IFE cumplió ese mandato, y a partir del 1 de octubre estuvieron disponibles en embajadas y consulados, y en la página de Internet del IFE las solicitudes de inscripción en el listado nominal de electores. Sin embargo, en opinión del IFE, quedan, como establecía la ley, dos instrumentos... únicamente difusión... podía limitar el esfuerzo de difusión. Por ello, también con la atribución con que cuentan la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del IFE, se decidió, y con la opinión de los propios partidos políticos, ampliar los instrumentos para difundir los formatos de inscripción. Se contó con el apoyo de organizaciones sociales en el extranjero; fundamentalmente, aquí hablo de organizaciones de mexicanos, de oriundos, en Estados Unidos.

Se contó con el apoyo de agentes promotores del voto; se contó con un apoyo fundamental de empresas y comercios promotores del voto en el extranjero; se contó con el apoyo de brigadistas que fueron a territorio norteamericano, fundamentalmente, y a centros de densidad poblacional alta de mexicanos a distribuir formatos; se contó con el apoyo del programa Paisano, de los centros de internación temporal de vehículos, módulos de orientación e información del IFE, entre otros.

Quiero informar a esta Comisión Permanente que, en lo que concierne a lo que la ley obligaba al IFE, que eran embajadas y consulados y la página electrónica del IFE, se distribuyeron 440 mil 494 formatos, 440 mil 494 formatos; la mayor parte de ellos, 401 mil, fueron distribuidos en la red consular de México en todo el mundo. Y cuando hablo de distribución, estamos hablando de formatos entregados en la mano del mexicano, la mexicana; fueron formatos que los tuvieron en la mano, y que ejercieron y efectivamente se distribuyeron.

Sin embargo, a través de todos esos mecanismos complementarios se distribuyeron 3 millones 248 mil 633. Quiero informar a esta Comisión Permanente que las organizaciones de mexicanos en el resto del mundo fueron un activo muy importante: a través de esas organizaciones, federaciones de mexicanos distribuimos 197 mil 200 formatos de inscripción. Me parece que este número es muy importante porque, justamente, fueron estas organizaciones las que más empujaron con plena legitimidad que el voto se diera; y contar con el apoyo de haber distribuido 197 mil 200 formatos me parece que, justamente, lo distribuía entre los que fueron quienes más demandaron el ejercicio de este voto.

Quiero decirles que hubo empresas, empresas de diverso tipo, como Radio Shack, Univisión Radio, periódicos, order express, líneas aéreas y supermercados, donde el IFE pudo distribuir 2 millones 404 mil formatos de inscripción, 2 millones 404 mil. Quiero decirles también que brigadistas del Instituto Federal Electoral estuvieron en las últimas seis u ocho semanas en zonas de mexicanos, en los propios consulados, en tiendas donde acuden a comprar, y a través de estos brigadistas que, además, quiero decir una cosa muy importante: no solamente distribuían el formato, ayudaban en su llenado porque se detectó que en ocasiones, por el nivel socioeconómico, el llenado de los formatos de cualquier tipo puede ser una limitante.

Estos brigadistas distribuyeron 505 mil formatos en mano directamente y ayudaron al llenado de muchos de estos formatos. En suma, a través de las embajadas y los consulados, a través de la página de Internet y, sobre todo, a través de federaciones de mexicanos, de empresas y comercios, y de brigadistas, entre otros, el IFE distribuyó en los 107 días con que contó para este ejercicio, 107 días, se distribuyeron 3 millones 689 mil formatos de inscripción.

Me parece que la obligación inicial del Instituto era cumplir lo que marca la ley, lo cual se cumplió, y acreditar el mayor esfuerzo porque la mayor parte de este programa es que las mexicanas y los mexicanos que viven fuera del país tuvieran en la mano el formato de distribución, que es el paso para detonar todo el proceso del voto en el extranjero. Quiero decir que el IFE, en ese sentido, hizo el máximo esfuerzo para que pudiera llegar al mayor número de mexicanos. Y reitero: se repartieron 3 millones 600 mil solicitudes en el resto del mundo.

Un segundo aspecto que quisiera comentar ante esta Comisión Permanente es el asunto de la credencialización. Ése fue un tema de demanda constante entre poblaciones mexicanas que radicaban fuera del país, debido a que el Congreso de la Unión determinó que no se contemplaría la credencialización fuera del país. El IFE contempló mecanismos compensatorios complementarios para poder cubrir a los mexicanos que pudiesen, acudiendo al territorio nacional, obtener una credencial con mayores facilidades. Como ustedes saben, el pasado 15 de enero concluyó la campaña actual, intensa, de credencialización del IFE, que fue muy exitosa por cierto. Y debo decir que en parte fue exitosa porque el propio Congreso de la Unión --y aquí debo hacer un reconocimiento-- contribuyó con sus tiempos oficiales para poder promover el voto y la credencialización; y quiero hacer ese reconocimiento.

Pero quiero decir que, además de los mil 244 módulos que instaló el IFE en todo el país, se determinó que en la franja fronteriza se instalaran 15 módulos nacionales para poder atender poblaciones que durante la época navideña cruzaran a territorio nacional. Asimismo, en 36 zonas expulsoras de todo el país se instalaron módulos especiales para que cuando los mexicanos regresaran en Navidad, pudieran tener más facilidad para obtener la credencial. Reitero: debido a que el Congreso de la Unión determinó --de manera responsable-- que en esta ocasión no habría credencialización fuera del país, el IFE --en el ámbito de sus atribuciones-- decidió instalar módulos que pudiesen facilitar para los que pudiendo venir a territorio nacional pudieran obtener una credencial de elector; y estos módulos funcionaron hasta el pasado 15 de enero. Tercero, una cosa muy importante es la estrategia de difusión. Ya les platiqué de la estrategia de distribución, donde se repartieron más de 3 millones 600 mil formatos.

En materia de difusión, en los 107 días con que contó el IFE se puso en marcha una campaña de difusión masiva en los principales medios de comunicación en Estados Unidos de América, debido a que se concentra la mayor parte de la población que son potenciales votantes. Quiero decirles que se trató de un ejercicio inédito; se trata del mercado más competido, del mercado más caro, del mercado más grande. Por tanto se tuvo que hacer un estudio cuidadoso.

Quiero decirles que a partir del mes de diciembre, el IFE entró en una campaña amplia y masiva en Estados Unidos en televisión, radio y medios impresos; se difundieron más de 7 mil 800 spots de radio y televisión, transmitidos por las principales cadenas de habla hispana en Estados Unidos, que tuvo un costo de casi 6 millones de dólares. Esta campaña fue intensa en Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas, San Francisco, Phoenix, San Antonio, Brownsville, Fresno, San Diego, Sacramento, El Paso, Denver, Nueva York y Austin.

Quiero decir que para llevar a cabo eso, se tuvo que llevar a cabo un proceso profesional, donde se contrató un plan de medios cuyo lema final fue ``Con tu voto, el país está completo''. Se contrató una agencia de publicidad, se contrató una casa productora, se produjeron spots promocionales con distintas personalidades del mundo artístico y deportivo, y se difundió de manera focalizada en las zonas donde habría rédito para esto. Como resultado de este esfuerzo, se pautaron 467 millones de impactos que, básicamente, es el término técnico para ver cuántas veces un ciudadano, cuántas veces los ciudadanos potenciales votantes vieron los spots; fueron 467 millones de impactos, hombre o mujer, lo cual quiere decir que pudimos difundir entre 90 por ciento de los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos la existencia del derecho a votar.

Quiero decirles que a la hora que estábamos nosotros recibiendo los miles de llamadas que tuvimos a través de la red Ifetel, se nos informó que el mecanismo por el cual se conoció este nuevo ejercicio del derecho fue a través de la televisión como el principal instrumento, lo cual quiere decir que este esfuerzo que se realizó tuvo impacto, en el sentido de que se informó a la gente de que existía ese derecho. Asimismo, como ustedes vieron seguramente, en territorio nacional se hicieron algunos spots, cuyo lema central es ``Pasa la voz''. Dada la comunicación que existe de mexicanos que viven aquí con sus parientes que viven fuera, era un ejercicio que inició el 1 de octubre, donde era importante ``pasar la voz''. También se hicieron campañas de difusión en el portal de Internet, en líneas telefónicas 01 800, en cuentas de correo electrónico y, además, a través de cientos de entrevistas, cientos de difusiones en medios electrónicos, en noticiarios, en eventos, en reuniones, en giras que hubo, decenas de visitas de funcionarios del Instituto Federal Electoral, sobre todo a Estados Unidos. Esto se empezó por cierto, debo informar a esta Comisión Permanente... desde julio empezaron esas visitas para poder empezar a sensibilizar sobre este ejercicio del voto.

Cuarto tema que quisiera comentar con ustedes, sobre la recepción de piezas postales recibidas: al 24 de enero del año 2006, se han recibido 53 mil 426 piezas postales. Esas piezas recibidas proceden de 78 países, lo cual habla de que, al margen de la magnitud, es un ejercicio que, efectivamente, es voto en el extranjero; y 78 países muestran que hay amplia composición del voto en el extranjero.

También quiero decirles que hay inscritos ciudadanos de las 32 entidades federativas del país y de los 300 distritos electorales del país, lo cual habla de una alta variedad y diversidad en las solicitudes del voto en el extranjero. Quisiera concluir comentando que los siguientes pasos a tomar por el Instituto Federal Electoral será concluir la recepción de piezas postales. Esta cifra de 53 mil 426 piezas recibidas al 24 de enero es un proceso que no concluye: como la ley que ustedes aprobaron establece, podemos recibir hasta el 15 de febrero, por lo cual esta cifra se modificará en los próximos días y semanas.

Una vez que tengamos esto, el IFE procederá a elaborar el listado nominal de electores residentes en el extranjero, que tendrá que estar certificado y validado por los partidos al 15 de mayo del año 2006. Posteriormente, en las próximas semanas, iniciaremos el diseño y la impresión de los materiales electorales, la boleta electoral, el sobre electoral, con los partidos políticos representados en el Congreso. Se está discutiendo el mecanismo para informar sobre las plataformas de los candidatos.

Nuevamente, debido a que el Congreso de la Unión decidió, en el artículo 296, que no habría en ningún momento y circunstancia campañas fuera del país, el IFE ha considerado importante incluir con la boleta electoral un díptico o tríptico con las plataformas de los partidos. Incluso, hemos considerado la posibilidad de enviar un paquete de video para que tengan las plataformas de los partidos. Se está avanzando en el local donde estarán las mesas de escrutinio y cómputo, en la estrategia de funcionarios de casilla, en la integración de los paquetes electorales, entre muchas otras decisiones.

Quiero decirles que, en esta primera etapa, el IFE hizo un enorme esfuerzo por difundir y construir el listado nominal, pero ahora vino otra etapa --tan importante como la anterior--, que es la certeza en la emisión y el envío de los votos. Tan importante en el ejercicio del voto es la participación como lo es la certeza; y me parece que, en ese sentido, los próximos meses serán muy importantes para garantizar la certeza que requiere un ejercicio postal.

Concluyo, señoras y señores legisladores, diciendo que el IFE entiende esto como un ejercicio de corresponsabilidad, un ejercicio que permitirá dar en la práctica un derecho que durante muchos años se pidió. Y el IFE está listo para conversar con el Congreso de la Unión a fin de implementar esto con la certeza que se requiere y poder en los próximos años ir mejorando el ejercicio de este derecho. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias. Ahora, para dar cumplimiento a los incisos b), c) y d) del punto segundo, se han inscrito para hacer preguntas y réplicas los siguientes ciudadanos legisladores... Diputado Jesús González Schmal, tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para formular sus preguntas.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Lo peor que nos podría pasar en esta triste experiencia es dejar de repasar los hechos para sacar conclusiones de las responsabilidades, de los errores, de tan trágico resultado. No fuimos sensibles, definitivamente, a la demanda reiterada, a la demanda de décadas de mexicanos radicados en el exterior que querían cumplir su deber político primario de participar en la elección de las autoridades en su patria, en su país de origen.

Los contingentes, los esfuerzos, las cantidades de asociaciones y de mexicanos radicados en el exterior que estuvieron en nuestros edificios, en nuestros pasillos, en nuestro recinto, suplicándonos la mayor dedicación y la mayor pulcritud en la decisión, fueron --finalmente-- inútiles. También, las idas y venidas a situaciones... a lugares en el exterior donde radican, donde hay alta incidencia de mexicanos radicados... tampoco ello nos puso de acuerdo en lo que deberíamos hacer. Pero hablando de la verdad y para tener y hacer honor a la autocrítica, debemos decir que el proyecto original de la Cámara de Diputados, el proyecto que señalaba y que planteaba una fórmula de obtención de la votación a través de una réplica, de alguna manera de la organización y la estructura electoral del país, para facilitar que nuestros paisanos radicados allá acudieran el día de las elecciones a emitir su voto a un lugar determinado en el territorio extranjero, esa fórmula, que fue largamente estudiada, que se consultó con el Instituto Federal Electoral y que la aprobó, a pesar de que después el doctor Ugalde dice que no fue como nosotros lo entendimos, que había sido su asentimiento con esta fórmula, con este proyecto de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que a un tiempo mucho después de abril, hasta mucho después, la Cámara de Senadores retoma esta iniciativa de la Cámara de origen y, francamente, la desvirtúa; es cuando sale la fórmula ésta del voto por correo.

Los que tenemos más contacto con los mexicanos radicados en el exterior, y sobre todo en la Unión Americana, sabíamos de antemano lo difícil que era, primero, conseguir el formulario para inscribirse después enviar la solicitud a la Ciudad de México, después recibir la boleta y posteriormente expedirla. Era francamente un proceso que, a la luz del más elemental sentido común, nos tendría que dar este resultado pobre de apenas 53 mil 426 mexicanos inscritos para votar el próximo 2 de julio de 2006. Creo que en ese sentido esta Comisión Permanente, integrada por las dos Cámaras, debe hacer la reflexión seria. Y de veras censuro de alguna manera el festinar por parte del IFE el gran logro que dicen que logró... el gran logro que dicen que obtuvo. No hay en realidad ningún resultado encomiable. Qué bueno que sí se rompió el tabú de que sólo los mexicanos radicados en territorio nacional podíamos ejercer este derecho. Qué bueno que tenemos el reconocimiento de la ciudadanía de los mexicanos también radicados en el exterior y de que esta ciudadanía los hace aptos para el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio. Qué bueno que este paso se dio. Pero, evidentemente, no se ha trasladado a la riqueza de lo que significaría que este próximo 2 de julio todo ese conjunto de mexicanos, estimado en millones de ellos, puedan ejercer su voto libremente y con plena conciencia para aportar al desarrollo del país lo que ellos desde fuera están viendo como posibilidades y viabilidades de México. Hago esta respetuosa solicitud de que hagamos la revisión a fondo, que comprendamos en dónde tuvimos acierto y en dónde fueron los errores crasos que dan este pobre resultado. Sólo así podremos superarlo, porque ahora ya es un hecho irreversible: hasta dentro de seis años estos mexicanos no podrán volver a sufragar. Eso es todo, señor Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias. Tiene usted el uso del micrófono, doctor Ugalde, hasta por cinco minutos.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Señor diputado González Schmal: escucho sus planteamientos y quiero comentarle que si mi planteamiento inicial tuvo un tono de festinar, quisiera así reiterar que me parecería prematuro poder hacer juicios. Para festinar, uno tiene que hacer juicios, necesariamente, previamente. Quisiera tratar de ser lo más neutro en cuanto a la información brindada; no quisiera hacer ningún juicio sobre la cifra de 53 mil 249 votantes registrados.

Eso creo que habrá que hacerlo de una manera global. Informo del dato y lo doy a conocer. Lo que sí me parece que es mi obligación como autoridad electoral es acreditar que lo que nos manda todo el Congreso a través de la reforma de la ley, que era la difusión a partir del 1 de octubre de los formatos de distribución, se realizó en tiempo y forma y acreditar ante ustedes que, además de esas dos vías, que eran los consulados y la página electrónica del Instituto, se recurrió a mecanismos complementarios. Eso es una obligación de la autoridad electoral por ley, que ustedes aprobaron, y eso es en suma lo que quisiera acreditar, que el Instituto Federal Electoral hizo el esfuerzo máximo en los 107 días que contó entre el 1 de octubre y el 15 de enero para poder difundir y que fuera el mayor número de mexicanos quienes estuvieran enterados.

El juicio sobre la pertinencia, sobre los alcances políticos de esta medida creo que corresponde a este honorable Congreso de la Unión. Y ahí quisiera ser consistente: cuando al IFE se le invitó a opinar sobre el voto, siempre dijimos --y me parece correcto reiterarlo-- que el IFE no hacía valoraciones políticas sobre la deseabilidad o no de que hubiera voto. Me parece que ésa es una responsabilidad política de los legisladores y que el IFE como autoridad administrativa electoral debe circunscribirse a implementar las leyes que ustedes implementan.

En esta ocasión, por tanto, creo que el IFE debe acreditar que su obligación la cumplió y evitar juicios porque me parece que al hacerlo, estaríamos haciendo una lectura parcial; además, porque estamos en un proceso incompleto. Lo que sí les puedo decir es que el IFE estará dispuesto a que, una vez que haya concluido el proceso, una vez teniendo toda la información, poder brindarla a través de un informe global, a través de un libro blanco, para que esta honorable Comisión Permanente y el honorable Congreso de la Unión, con la información que el IFE le dé, pueda hacer una evaluación política global y en su momento, si así se decide, poder hacer las modificaciones al procedimiento legislativo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para su derecho de réplica, diputado González Schmal, hasta por tres minutos, tiene usted el uso de la tribuna.El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, diputado Presidente. Doctor Ugalde, nosotros no estábamos comprometiendo al IFE respecto de una decisión que, efectivamente, corresponde al Congreso, respecto a la deseabilidad, como usted dijo, del derecho que incontrovertiblemente tienen los mexicanos radicados en el exterior, por razones constitucionales y por la ley secundaria electoral.

Lo que estaba preguntándole es por qué el IFE mantuvo esa posición ambigua y contradictoria, primero cuando compareció aquí ante la Comisión de Gobernación y les planteamos la estructura, el procedimiento, la fórmula de la iniciativa de la Cámara de Diputados que, por cierto, su autora, Laurita Martínez, de Nuevo León, había concertado con muchos paisanos radicados en el exterior, con los propios consulados, con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y que logramos pues una fórmula que nos parecía viable. La planteamos al IFE en largas sesiones; usted estaba, doctor; estaban sus expertos en padrón, sus expertos en votación, en el cuadro referencial jurídico-comparativo, etcétera. Y nos dio la anuencia; nos dijo: ``Adelante con éste''. Desde el punto de vista técnico de la recepción del voto, de la legitimidad, de la imparcialidad, creo que tiene razonabilidad la fórmula, el proyecto de la Cámara de Diputados.

Al poco tiempo, mejor dicho, después de muchos meses que la Cámara de Senadores recoge el proyecto, el IFE da exactamente o prescribe un dictamen totalmente contrario: ``El proyecto de la Cámara de Diputados no es viable. Vámonos a uno nuevo''; que de repente sale, emerge ahí que el voto por correo, que el Sepomex podía... En fin, se implementaron ahí una serie de premisas que, en mi concepto, ni siquiera se pudieron validar plenamente, y nos amanecimos con que se había trastocado totalmente el sistema que había ideado la Cámara de Diputados por uno que --perdóneme la expresión-- se urdió en el Senado y que estaba, por el conocimiento que tenemos de los hechos y la experiencia, estaba destinado al fracaso porque no iba a ser posible que por la vía del correo, con tantos requerimientos, con tantos ires y venires, se pudiera esperar otra cosa que este lamentable resultado de un escasísimo número de mexicanos que podrán ejercer el derecho incuestionable a decidir la vida política en su patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Doctor Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral: debe usted reconocer que el derecho del voto de los mexicanos en el extranjero es un fracaso. No se vale maquillar números, cifras ni buenas intenciones. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está firmemente convencido del derecho que asiste a todos los mexicanos que viven fuera del territorio nacional para votar en las próximas elecciones presidenciales.

El Poder Legislativo aprobó el año pasado reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que pudiera ejercerse este derecho, sin embargo y... no obstante las reiteradas advertencias que nuestro grupo parlamentario señaló respecto a la inoperancia de las medidas legislativas que finalmente fueron aprobadas, por las dificultades a que se enfrentaría la autoridad electoral para que nuestros connacionales pudieran ejerce su derecho al voto. La cantidad de mexicanos a que hasta el día de ayer, según su informe, ha llegado su solicitud de inscripción para votar es ínfima con relación a la cantidad de mexicanos que viven fuera del país y que potencialmente pueden votar, lo cual nos demuestra que la reforma aprobada no fue la aprobada, que la autoridad electoral no tuvo la capacidad para instrumentar las medidas para incentivar la votación de nuestros connacionales.

Como sabemos, los mexicanos que viven allende nuestras fronteras están interesados en lo que pasa en el país. En pasadas campañas electorales asistían de manera copiosa a las visitas que los candidatos a la Presidencia hacían a las más importantes ciudades de Estados Unidos; incluso, un número muy importante de ellos bajaba a las ciudades fronterizas a ejercer su voto ciudadano.

Ciudadano Consejero Presidente: nuestro grupo parlamentario tiene interés en conocer cuáles fueron las dificultades realmente que enfrentaron para captar el interés de los mexicanos, para que solicitaran su inscripción en la lista electoral, si éstas fueron de orden técnico y, por tanto, imputables al IFE, o bien, insuficiencias legislativas que, en todo caso, corresponde a este Poder Legislativo subsanar para que en próximos procesos electorales los mexicanos que viven fuera del país cuenten con mecanismos más ágiles y sencillos que les permitan sufragar.

Por último, queremos reiterar que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo siempre estará a favor de que los mexicanos que viven fuera del país ejerzan a plenitud sus derechos políticos, pero también hay que ayudarlos facilitándoles la emisión de su voto. Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para su respuesta, doctor Ugalde, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Señor diputado Padilla, quisiera nuevamente permítanme ser aquí muy reiterativo y consistente, no asumir juicios o adjetivos sobre una evaluación del voto. Nuevamente, sí quisiera hacer unas reflexiones porque, dado que no existe en el país un ejercicio previo, es muy difícil tomar una cifra, sea cual sea, y poder saber eso qué significa. Creo por tanto --y en beneficio de los mexicanos que viven fuera del país, sobre todo en beneficio de ellos-- que tratáramos de ser globales en la materia como se evalúan las cifras: cualquier cifra que ustedes den, cualquier cifra que les dé puede ser leída desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa, cualquier cifra.

Así es que me parece que, por tanto, es importante esperar a que concluya el ejercicio para hacer una lectura global. Miren, les voy a dar unos datos, y son datos internacionales: los datos internacionales muestran que la participación de quienes viven fuera de su país no sobrepasa --en el mejor de los casos-- 5 por ciento, que después de muchos ejercicios se logra que haya más inscritos. Quiero hacer un comentario: por ejemplo, República Dominicana, un país latino cuya población que vive fuera del país se concentra fundamentalmente en el área de Nueva York, Nueva Jersey y en el área de Florida, en 2004 hicieron un primer ejercicio del voto.

A diferencia de México, fue un voto presenciado en casillas; a diferencia de México, se podían identificar con una cédula de identidad ciudadana nacional que no emite la autoridad electoral, sino el país; segundo, podían identificarse con mecanismos alternativos; tercero, lo podían hacer el día de la votación. Se registró una participación de 24 mil dominicanos, a pesar de contar con facilidades para registrarse, de estar concentrados en dos ciudades principalmente.

Quiero que ustedes tomen en cuenta que el sistema electoral mexicano ha construido una enorme confianza en el mundo gracias a los mecanismos de control y de verificación, y a los candados de seguridad que este Congreso de la Unión aprobó en 1996. Ningún país del mundo, ningún país del mundo tiene los sistemas de control que el mexicano. Cuando el Congreso legisló esto el año pasado, tuvo en mente eso. Ésa es mi diferencia, y --por tanto-- los estándares para votar fuera del país tenían que ser semejantes.

No hay un país que tenga un padrón electoral donde se requieran tantos pasos para obtenerlo; no hay otro país donde tenga que haber un sistema de escrutinio y cómputo como el mexicano; no hay otro país que tenga un listado nominal donde haya tantos mecanismos de control como el mexicano.

Por tanto, los requisitos que se tienen en México para garantizar la certeza y la confianza fueron semejantes a los que se están exigiendo fuera del país. Hay países, como Australia, donde se puede votar desde el extranjero por fax; hay países en donde ustedes automáticamente, como España, quedan registrados como votantes en el extranjero, por el solo hecho de vivir, no tienen que notificar cuando ustedes salen de España a vivir a otro país, en ese momento el consulado respectivo da cuenta a la autoridad electoral --que, por cierto, depende del Poder Ejecutivo-- de que ustedes son votantes en el extranjero y a su domicilio les llega la boleta electoral, sin que lo soliciten, claramente en esquema de menor control por razones políticas diferentes, el número es diferentes, las condiciones son diferentes. Y sí me gustaría que cuando se evalúe la tasa de participación, se evaluara otra dimensión, que es la certeza.

Hoy les puedo garantizar que el número de votos que se emitan desde el extranjero, al margen de cuántos sean, tendrán plena certeza. Si el Congreso de la Unión no hubiera establecido requisitos análogos a los mexicanos, quizás en este momento la preocupación no sería la participación sino la certeza de esos votos emitidos. El IFE, y aquí sí lo garantizo, garantiza la misma certeza en la emisión de los votos que garantiza en el territorio nacional. Y lo que quiero decir al diputado Joel Padilla, y soy sensible a su preocupación, es que el IFE acredita un esfuerzo de difusión, un esfuerzo de promoción en los 107 días con que contó desde el punto de vista legal y que el IFE hace su mayor esfuerzo pero, como reitero, hay una responsabilidad compartida, y aquí no voy a hacer juicios: donde el IFE pone las condiciones, el Congreso aprueba una ley.

Los votantes, finalmente, son los que deben mostrar el interés con los requisitos que se establecen bajo los criterios que estableció el Congreso. Por tanto, no quisiera hacer ningún juicio preliminar; creo que cuando acabe este ejercicio habrá que ver, el Congreso habrá que verlo y el IFE estará dispuesto a colaborar para hacer una lectura, pero me parece que es importante que, además de la tasa de participación, se evalúan el concepto de certeza y la dimensión de certeza en la emisión del sufragio, que me parece un asunto de la mayor importancia.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, doctor. Para su réplica, señor diputado, tiene usted el uso de la tribuna hasta por tres minutos.El diputado Joel Padilla Peña: Como usted sabe, Consejero Presidente del IFE, la democracia que se ha practicado en nuestro país ha sido una democracia formal, que invita al pueblo a elegir a sus gobernantes, pero nunca trasciende más allá de ello. Y esto ha sido una causa de la baja participación de los ciudadanos en los procesos comiciales, vivan aquí o fuera del país. Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha señalado en reiteradas ocasiones que para trascender de la democracia formal, tenemos que crear instituciones y figuras jurídicas que permitan la participación directa del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales, que orienten el rumbo en nuestro país y de nuestras instituciones.

Ése es el verdadero sentido de la democracia participativa; es decir, que sea el pueblo el que valide las propuestas que él mismo crea; además, que sancione los proyectos del gobierno en todos sus niveles. Desde nuestro punto de vista, la poca respuesta que han mostrado los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero para participar en los comicios de julio de este año es porque no hay un aprendizaje previo de una democracia participativa que los haya formado y la trascendencia de elegir gobernantes, pero también de influir de manera directa en el rumbo de nuestro país.

Es preciso que reconozcamos que en este costo que se está pagando hoy con este primer intento de otorgar el sufragio a nuestros connacionales influyó también el hecho del impedimento legal para que los candidatos pudieran hacer actos de campaña fuera del país; también pesó en contra de este esfuerzo el temor de muchos migrantes de ser detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos al realizar su solicitud. El reto que tenemos como Poder Legislativo y como autoridad electoral es que, una vez concluido el proceso, evaluemos de manera objetiva qué fue lo que falló y, en el ámbito de nuestra competencia, corregirlo. Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Jorge Legorreta Ordorica, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputado Presidente: nuestra posición frente al voto de los mexicanos en el extranjero es que para lograr la extensión de los derechos políticos de nuestros connacionales fuera del territorio, resulta necesario el compromiso de todos los actores políticos de nuestro país, para que se mantengan los fundamentos de nuestro sistema electoral establecido en la Constitución y en la ley, así como los principios de legalidad e imparcialidad, certeza y objetividad.

En este sentido, ha quedado demostrada la disposición de esta Cámara de Diputados para dar cauce a una demanda reiterada por nuestros connacionales y que constituye un tema importante en la construcción de acuerdos políticos esenciales que este país requiere. Las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Comunicaciones y Transportes, así como el Instituto Federal Electoral, han garantizado una infraestructura confiable y capaz de dar certeza al voto postal desde el extranjero en los comicios federales de 2006, siempre y cuando se cuente con recursos financieros suficientes.

Por ello, ante la posibilidad de asimilar potencialmente a 4.2 millones de electores, quisiéramos conocer del Consejero Presidente por qué el Instituto Federal Electoral ha registrado poco más de 40 mil mexicanos en 68 países. ¿A qué atribuye tan baja demanda de nuestros connacionales por participar en los comicios presidenciales del presente año? Asimismo, el gasto asignado para el voto de los mexicanos en el extranjero era de mil 62 millones de pesos, cifra que --indudablemente-- se reducirá sustancialmente en función del escaso interés mostrado por los ciudadanos que viven fuera del país para votar.

En ese sentido, con las cifras que se manejan, ¿cuánto espera el IFE erogar para establecer mecanismos y acciones para la difusión en el extranjero de las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, las plataformas electorales de los partidos políticos y cualquier otro que coadyuve al objetivo de fomentar el voto informado y razonado? El éxito del voto de los mexicanos en el exterior, desde nuestro punto de vista, se logrará cuando la voluntad del elector esté garantizada. Independientemente de la cantidad de electores en el extranjero, se deben garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia en las elecciones federales. Se deben trasladar estos principios para las elecciones federales de 2006 con el voto postal de los mexicanos en el extranjero, en un entorno político de estabilidad y respeto de las reglas y de las instituciones electorales.

Ante las prohibiciones para los partidos políticos de realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en el extranjero y para las personas que vivan o trabajen en el extranjero de realizar aportaciones a las campañas de los partidos políticos, ¿qué previsiones realizará el IFE para detectar esas anomalías?

Por otra parte, consideramos necesario manifestar que si bien la reforma recoge las inquietudes de diversos actores, en ellas se omite considerar que existe cierta fragilidad en el sistema postal para tener la certeza de que no sea suplantada una persona con derecho a voto. ¿Qué acciones se han realizado para evitar esta situación? Por último, manifestamos que todavía falta mucho por hacer para promover la participación del pueblo en la vida democrática tal y como lo mandata nuestra Constitución y evitar que se convierta el sistema de partidos en un sistema que sólo tienda a diluir el voto ciudadano y no pueda encargarse de concretar la voluntad ciudadana. Por ello es necesaria la participación firme y decidida del Instituto Federal Electoral para concretar la democracia y sus frutos. Por su respuesta, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene usted el uso de la voz, doctor Ugalde, hasta por cinco minutos.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Muchísimas gracias al diputado Jorge Legorreta por sus comentarios y preguntas. La cifra que di es de más de 40 mil, son 53 mil 426 piezas recibidas, de 78 países del mundo.

Quiero informar que, nuevamente sin juzgar qué significa esta cifra, me parece que una vez que concluya el proceso electoral, será importante que se evalúen diversos aspectos: Primero, la magnitud del interés de los mexicanos radicados fuera del país en ejercer el derecho de voto en elecciones mexicanas; segundo, el número real de quiénes cuentan físicamente con la credencial para votar con fotografía. El IFE estimó, de acuerdo con su verificación nacional muestral, que 4.2 millones de mexicanos que habían tramitado en los últimos años su credencial para votar con fotografía ya no vivían en el domicilio porque vivían fuera del país. Y esa cifra es una cifra estadísticamente válida, 4.2 millones. Pero también es cierto que el carácter de indocumentado de muchos de quienes obtuvieron su credencial y después se fueron a Estados Unidos hace que la dejen en México, la destruyan o la pierdan. Por tanto, habría que tener una estimación del número, de ese porcentaje de 4.2 millones, de quiénes tienen físicamente fuera del país su credencial para votar; tercero, habría que evaluar el impacto de la movilidad de la fuerza laboral, sobre todo en el sector agrícola, que es el que concentra el mayor número de indocumentados.

Se ha detectado que hay una enorme movilidad porque son trabajadores de temporal y, por tanto, muchos de ellos... habría que evaluar cuántos limitaron su registro porque no saben dónde van a residir en los próximos meses. Habría que evaluar, aunque la información previa es que no fue significativo el costo del correo certificado que está en la ley. No fue causa principal de acuerdo con la información, un poco empírica, que tenemos, no parece haber sido una cuestión significativa. Sí quiero informar que el IFE pagó el porte pagado desde territorio nacional: en los módulos del IFE, en los centros de internación e importación temporal de vehículos, el IFE distribuyó sobres con porte pagado para que no tuvieran costo y, a través de ese instrumento, pudimos recibir más de 8 mil solicitudes de registro. Pero no se detectó como la causa más importante.

Entonces, me parece que sería importante analizar todos estos factores en conjunto para ver qué significan en términos del número que tengamos finalmente registrado en las próximas semanas. Estamos ahorita diseñando el sobre en el cual va a ir la boleta electoral; va a ir un sobre con el porte prepagado para que ahí metan su boleta y la devuelvan a México. Estamos diseñando además lo que podría ser la información política de las plataformas de los candidatos para que cuenten con la información; esto tendrá un costo que está presupuestado, no es un costo significativo.

Estamos también contemplando la manera en que los candidatos puedan hacer un posicionamiento; se ha discutido la posibilidad de algún debate, de enviar información en audio y video, entre otras. Está eso contemplado; y les podría decir que ayer hubo una comisión con partidos, en el seno del IFE, y se abordaron por primera vez estas siguientes acciones. En cuanto a la seguridad, les puedo garantizar que el IFE garantiza plena certeza. La manera en que se elabora la lista nominal de electores, que requiere requisitos, que ustedes han señalado correctamente, también significa que eso nos da certeza, y la certeza significa que la manera en que nos envía la información, la copia de su credencial para votar por el anverso y el reverso su firma, el comprobante de domicilio, el envío por correo certificado, garantizan que nosotros estamos checando esa información con nuestra base de datos para corroborar que el solicitante es alguien que existe.

Por tanto, les puedo garantizar que en el envío de la boleta y en la recepción de la boleta hay plena certeza. Dije en el honorable Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando fui invitado hace varios meses, que lo único en que el IFE no tiene plena certeza es el momento en el cual el votante cruza la boleta. Confiamos en el elector, pero creo que, en general, los mecanismos de certeza están plenamente garantizados. Cuando recibamos las boletas electorales en México, las custodiaremos, las guardaremos, y el día 2 de julio, a las cinco de la tarde, empezaremos el escrutinio, bajo los mismos estándares que en México, por mesas de escrutinio para agregar los votos del extranjero a los votos nacionales y poder sumarlos para saber los resultados finales de la elección.

Por tanto, al diputado Legorreta le digo que todos los canales, con toda certeza están plenamente garantizados. Creo que la ley electoral que aprobó el Congreso de la Unión establece los instrumentos para poder obtener absoluta confianza en esta fase.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para su derecho de réplica, diputado Legorreta, hasta por tres minutos tiene usted el uso de la tribuna.El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Gracias, diputado Presidente. Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral: ojalá realmente sean ciertas las palabras que manifiesta en el sentido de la certeza que tengamos nosotros con nuestros connacionales en el voto que vayan a ejercer por medio de este sistema de voto postal, que realmente se dé y llegue a buenos cauces.

Mi preocupación estriba, lógicamente, porque muchas veces es complicado aquí mismo, en nuestro territorio nacional, que el voto se respete, muchas veces por los fraudes que se hacen. Por diversas situaciones, el voto de algún compatriota y de muchos no se ha respetado en la historia de nuestro país. Entonces, más aún, este sistema, que creo que ustedes han hecho un buen trabajo, en tratar de que nuestros connacionales ejerzan su derecho de voto porque, bueno, son mexicanos. Sí me preocupa el tema de correo; no sé, Sepomex ha tenido muchos problemas, y entonces realmente para que no sean sustituidos sus votos, como comenté en un principio, ojalá se tenga la certeza que usted comenta para que llegue a buenos términos.

Y por otro lado, quisiera comentar también que en el Partido Verde confiamos plenamente en el Instituto Federal Electoral, en que si la elección se va a llevar a buen término, que se van a realizar todos los mecanismos necesarios para que se aplique la ley, y qué bueno que el candidato que resulte ganador sea respetado por todos y no haya, como ya he comentado, manifestaciones de violencia, otro tipo de situaciones que puedan causar un clima que no queremos en el país. Entonces, le agradezco sus respuestas y le reitero que confiamos en el Instituto Federal Electoral, aunque nos preocupa el tema del voto postal y confiamos en que realmente se pueda llevar a un buen término. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador César Raúl Ojeda Zubieta, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para formular sus preguntas.

El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Gracias, compañero Presidente; compañeros legisladores. Señor Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral: según las cifras oficiales dadas a conocer por el propio Instituto Federal, el número de connacionales que decidieron solicitar su registro en el listado nominal asciende, según nos informa usted hoy, a 53 mil, entre un universo de potenciales votantes, calculado en 4 millones; seguramente es por algún error de su responsable del área de comunicación. Nosotros nos fuimos con el referente de 30 mil que aparecía en información en una conferencia dada por la licenciada Pilar Álvarez Lazo, de 30 mil solicitudes.

Usted hace la corrección y nosotros la atendemos. Sin embargo, el día de ayer la misma funcionaria hizo una declaración formal y sigue hablando de 30 mil solicitudes. Ojalá, sería alentador, que de 30 pasara a 53, pero ruego a usted la precisión del tema porque sí, como que no parece lógico que ayer tengamos una cifra y hoy tengamos otra. Creo que si bien el porcentaje es bajísimo, convoco a que no nos confundamos más allá de las limitaciones y, creo, con algunas carencias de la propia reforma aprobada por el Congreso. La autoridad electoral, nos parece, puede hacer mucho más sobre este tema y, sin lugar a dudas, dar pleno uso a los derechos políticos fundamentales de nuestros connacionales; es un avance que no puede ni debe regatearse.

Creo que en vez de culparnos y responsabilizarnos unos a otros, lo que podemos y debemos hacer juntos es medir el grado de eficacia de la legislación y calificar la actuación de la autoridad electoral, en aras de corregir los errores y ajustar el proceso a la realidad prevaleciente, buscando en todo momento fomentar el interés y estimular mayor participación de las comunidades mexicanas radicadas en el exterior, comunidades que --hay que reconocerles-- de cierta manera han expresado con su indiferencia un conjunto de señales que no podemos ignorar y que nos obligan a reflexionar sobre la forma en que estamos conduciendo los asuntos públicos en el país. Por eso no está de más señalar la percepción generalizada en torno a la débil promoción del voto por parte de la autoridad electoral. Nuestros compatriotas, y en ello coincidimos plenamente, sienten que el IFE debió y pudo haber hecho mucho más. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Presidente?

Esta comparecencia nos puede servir, Consejero Presidente, para que usted comparta con la representación nacional las experiencias derivadas de la integración del listado nominal de electores, así como el conjunto de acciones que este Instituto, el Federal Electoral, llevará a cabo en los próximos meses para hacer frente, una vez concluida la fase de recepción de solicitudes, a las distintas etapas restantes del proceso electoral tanto en el territorio nacional como en el extranjero. De manera particular, quisiéramos que nos diga cuántos de los mexicanos que manifestaron su intención de votar cumplieron todos los requisitos necesarios.

Es decir, de los pocos más de 30 mil o 53 mil que solicitaron su registro en el listado nominal, finalmente ¿cuántos podrán ejercer su derecho al sufragio? ¿Existe ya algún dato preliminar? ¿Qué ajuste sufrirá en el plan integral del proceso electoral federal 2005-2006 y el manual de implicaciones logísticas del voto postal, tomando en cuenta que ambos documentos fueron proyectados sobre una base potencial de votantes de 4 millones de personas? ¿De qué manera se reorientará el presupuesto asignado al voto en el exterior? ¿Cuánto y en qué se ha gastado hasta el momento? ¿Cuál es la distribución del gasto para los próximos meses? Desde el punto de vista técnico y político, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que ha enfrentado la autoridad electoral? ¿Cuáles son las principales deficiencias que el IFE ha detectado en la instrumentación de la modalidad contenida en la legislación electoral aprobada por el Congreso de la Unión y cuáles son las principales fallas atribuibles, desde su consideración, a la propia autoridad electoral? ¿Cuáles son entonces los retos en el corto y mediano plazos para hacer efectivo el sufragio de los mexicanos que ya están registrados? ¿Cuál es el balance del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores?

Si bien hace un rato aquí tuvimos un largo debate sobre algún asunto relacionado con el proceso local, quiero remitirme a la libertad con que aquí se han expresado los compañeros legisladores de otras bancadas, y fincado en el espíritu de que el Presidente de la Mesa Directiva planteó en su punto de acuerdo donde pudiéramos hacer una revisión sobre algunos temas que tienen que ver no solamente con el voto en el exterior, sino en el ámbito local, en el entendido de que usted tendrá la libertad de contestarme o no sobre mis interrogantes sobre este particular, pero estoy seguro de que luego, de manera colectiva, el IFE podría darnos alguna respuesta.

Nos parece que hay demasiada suavidad en la forma en que han sido tratadas las evidentes violaciones de la denominada ``tregua navideña''. Y nos llama a reflexión no por la bondad de sus intenciones, sino porque de la lectura del acuerdo del Consejo que lo soporta se deduce que no se trataba de un pacto de buena fe, sino de una interpretación jurídica que debía regir la conducta de los partidos con todo el respaldo y la fuerza de la ley.

En suma, creíamos que se trataba de un acuerdo sustentado en medidas jurídicas de corrección y sanción que el IFE podría y debería aplicar a quienes incurrieron en actos anticipados de campaña, en un momento en que ya no podían considerarse campañas internas. Haber actuado así, más allá de los efectos publicitarios, sin lugar a dudas habría dado mayor fortaleza a la credibilidad del IFE ante los nacionales.

Quizás en el balance de la ``tregua navideña'' pretenda ser positivo o haya la intención de hacerlo parecer así, pero lo que nos interesa es que el Instituto actúe con toda la determinación en la aplicación estricta de la ley, investigando y sancionando las violaciones de nuestros ordenamientos electorales derivadas de los evidentes actos de iniquidad en que incurren diversas autoridades federales y estatales, ya sea en apoyo del candidato de su partido o bien para denostar públicamente a sus contendientes.

En este contexto, le preguntamos, Consejero Presidente, ¿cuál es la interpretación que sustenta la actuación del Consejo General del IFE respecto a los actos que se han venido realizando desde las distintas posiciones del poder público? ¿Hasta dónde puede llegar la actividad del Presidente y de los gobernadores en el ejercicio de sus funciones para no ser catalogados como actos de iniquidad en la contienda? Y, por último, ¿está usted consciente de la necesidad de tomar medidas contundentes para evitar debilitar nuestra frágil democracia? ¿Cuáles serán las directrices que, en este sentido, regirán la actuación del Instituto Federal Electoral en los próximos meses?

Desde luego, cada una de sus respuestas será de suma importancia y así poder avanzar en el perfeccionamiento de nuestra legislación electoral que, desde el punto de vista de nuestro partido, debería ser objeto de una profunda reforma en el próximo periodo ordinario de sesiones --termino, compañero Presidente--. En lo interno, desde nuestra perspectiva, la reforma debe apuntar hacia la reducción del costo de nuestra democracia y hacia el fortalecimiento de la autoridad electoral en materia de fiscalización.

En lo externo, la reforma de nuestra legislación, ineludiblemente, deberá avanzar hacia la construcción de un marco jurídico menos excluyente, que promueva y facilite la credencialización y la participación de todos los mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacional. Ambos pendientes son ineludibles y requisitos indispensables para consolidar nuestro sistema electoral y, en general, el modelo nacional de participación política. Por la respuesta que me pueda dar, de ser posible a ambas propuestas, muchísimas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor senador. Doctor Ugalde, tiene usted el uso de la voz para dar respuesta, hasta por cinco minutos.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Gracias, señor Presidente. Señor senador Ojeda: las preguntas que usted hace son de la mayor relevancia, y las contestaré en orden y haré un comentario al final. La cifra al día 24 de enero es, efectivamente, de 53 mil 426 piezas. Quiero decirles que así como en las primeras semanas del voto en el extranjero la recepción promedio era muy baja, en los últimos días hemos recibido miles; y cuando digo miles, hablo literalmente de miles de solicitudes diarias.

Eso quiere decir que la vocera del voto en el extranjero seguramente dio... se trataba de una cifra de hace algunos días, pero en los últimos días el incremento ha sido muy significativo y al día 24 de este mes se tienen 53 mil 426 piezas recibidas; ése es el dato oficial que el IFE da a conocer hoy ante esta Comisión Permanente. Quiero decir también que ésa no será la cifra final porque, seguramente, se seguirán recibiendo en los próximos días. De tal forma, el 15 de febrero es realmente el día en que el IFE cierra la cortina, y ese día el IFE podrá dar a conocer la cifra definitiva de solicitudes recibidas.

Es correcto también señalar que en algunos casos hay errores en el llenado, no se incluye la copia fotostática de la credencial para votar, no hay comprobante de domicilio, no viene en sobre certificado como establece la ley, entre otros errores que hay. Lo que está haciendo el IFE en estos días es hablar por teléfono, por correo electrónico, para que todos los mexicanos que hayan tenido algún tipo de omisión o error en el llenado lo puedan subsanar, hasta el 15 de febrero.

No quisiera dar una cifra; se ha detectado que 17 por ciento, más o menos, tiene algún problema subsanado, y el IFE está haciendo todo a través de todos los instrumentos para que el mayor número sea subsanable; pero, reitero, la cifra es de 53 mil 426. Cuando el IFE acudió al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, dijo que para poder hacer un estimado del presupuesto, tenía que hacerlo como si todos votaran. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se hace una estimación del voto en México, se debe asumir que todos van a ir a votar, aunque sabemos que solamente una fracción lo hace.

Cuando hicimos el estimado, lo hicimos sobre la base de estos 4.2 millones porque nos parece que eso es como la autoridad debe proceder, bajo un principio de certeza. Como 60 o 70 por ciento del costo del voto en el extranjero es la franquicia postal, ¿cuál es la franquicia postal? La franquicia postal del envío del IFE a los electores de la boleta electoral, donde --además-- viene un sobre dentro con el porte prepagado certificado, en el cual nos tendrán que devolver la boleta postal. Esos dos envíos, al votante con la boleta electoral y el sobre de regreso, los absorbe el IFE, y sobre ese cálculo se hizo un estimado que se presentó al honorable Congreso de la Unión, que estimaba que entre 2005 y 2006 el IFE estaba solicitando recursos por mil 462 millones de pesos.

Quiero informar a esta Comisión Permanente que a partir de las nuevas estimaciones y proyecciones previstas debido al flujo de registros que ha recibido la autoridad, se estima que el costo final que tendrá el voto en el extranjero en el ejercicio 2005 y 2006 ascenderá a 272 millones de pesos. Eso quiere decir que se ejercerá 18.6 por ciento del presupuesto que originalmente había solicitado el IFE, dado que lo hizo suponiendo que votarían todos, de igual forma que lo hace en territorio nacional.

Desde el principio, el IFE aclaró al Congreso de la Unión que habría remanentes, porque ninguna votación, ni en las democracias donde el voto es obligatorio y votan todos, pero que era necesario por un principio de certeza calcular como si todos votaran. Por tanto, se estima al día de hoy, con las proyecciones que tenemos, que el costo final en 2005 y 2006 será de 272 millones de pesos, que representa 18.6 por ciento de la estimación original, que era de mil 462 millones de pesos. La tercera pregunta del senador Ojeda es sobre los obstáculos encontrados. Nuevamente quisiera, simplemente, plantear a este honorable Congreso de la Unión que una vez que concluya...

Me parece, senador, muy importante evaluar diversas dimensiones: la dimensión del interés y la magnitud del interés por votar en elecciones mexicanas y ver quiénes y cómo están interesados; segundo, el impacto de quienes no tienen credencial para votar, sobre esa posibilidad de ejercer el voto; tercero, el impacto de la movilidad geográfica de los trabajadores en el sector agrícola, que son la mayoría de quienes viven fuera; cuarto, el impacto de los requisitos de llenado del formato, entre otros.

Yo podría decir que el IFE hizo el mayor esfuerzo, contó con el acuerdo de federaciones de mexicanos, de medios de comunicación; y en ese sentido yo simplemente diría: el IFE hizo el mayor esfuerzo en los 107 días con que contó para organizar este proceso de voto en el extranjero. Me parece que a la fecha, senador, el apoyo de la Cancillería ha sido positivo.

Se ha tenido apoyo para difundir entre los cónsules, entre el personal del servicio exterior para que nos ayuden a difundir con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior; y en general, diría que ha sido un saldo positivo. Quisiera concluir diciendo, senador, y sé que usted comprenderá, que sobre los comentarios que hizo al final del tema de la tregua y de los servidores públicos es un asunto de que se informa en el seno del Consejo General. De hecho, en la próxima sesión se tiene contemplado abordar estos dos temas ante los representantes suyos en el IFE, que hay representantes senadores y diputados; y quisiera contar con su comprensión para evitar hacer comentarios al respecto. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Hará uso del derecho de réplica que tiene el PRD la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, hasta por tres minutos.La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Muchas gracias. Ciudadano Consejero Presidente: en el informe que nos presenta hay algunos asuntos que usted no toca: de acuerdo con el presupuesto que fue aprobado al IFE para 2005, se le asignaron 200 millones de pesos para el voto de los mexicanos en el extranjero y después se le asignó una ampliación de 200 millones de pesos más. El IFE decidió ejercer sólo 264.07 millones, y jamás explicó en qué se utilizarían esos 136 millones de pesos. A principios de noviembre se informó que se iba a ampliar el presupuesto para 2005, dentro del rubro del voto de los mexicanos en el extranjero, con alrededor de 70 a 110 millones de pesos.

El IFE no utilizó desde un principio los 400 millones de pesos que se le presupuestaron para 2005; de los 264.7 millones de pesos, el IFE sólo destinó desde el principio, Consejero Presidente, sólo 15 millones de pesos para la campaña masiva de difusión del voto de los mexicanos en el extranjero, dentro del periodo más importante de inscripción en el listado nominal de electores. Hasta el 7 de noviembre pasado, el IFE planteó que iba a hacer un plan de medios, y ya habían pasado alrededor de cuatro meses de las modificaciones del Cofipe y luego 38 días de iniciado el proceso electoral. Es inconcebible que el IFE haya privilegiado los gastos para viajes al extranjero de los consejeros electorales, por encima de los gastos de difusión para promover el voto de los mexicanos en el extranjero, en lo cual nunca se ha informado cuál ha sido el monto de lo que se gastó.

Durante la última reunión que usted sostuvo con diputados en las instalaciones del IFE, el responsable de la Unidad del Voto de los Mexicanos en el Extranjero informó que, dentro del plan de medios, se contemplaba que lo más intenso de la campaña iniciaría hasta el 26 de diciembre de 2005, Consejero Presidente, ¿cómo es posible que la intensa campaña de medios en Estados Unidos empezara a sólo 21 días de finalizar el plazo para la inscripción de los mexicanos en el listado nominal de electores en el extranjero; esto es, el 15 de enero? Necesitamos mayor eficacia y eficiencia para mejorar y garantizar los derechos constitucionales a un mayor número de mexicanos radicados en el extranjero.

Creo, Consejero Presidente, que habría otras cosas que tratar efectivamente sobre el asunto de la tregua y el papel débil que ha jugado a ese respecto el Consejo del IFE. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Zermeño Infante, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente. Primero que nada quiero, en nombre del Partido Acción Nacional, dar la bienvenida al doctor Luis Carlos Ugalde, Presidente de Consejo General del Instituto Federal Electoral; reconocer el trabajo serio que ha venido haciendo el IFE para difundir esta posibilidad que se presenta por primera vez de que los mexicanos que radican en el extranjero puedan votar, en una legislación que la construimos aquí de manera plural y que buscamos primero que nada dar certeza al proceso de voto de los mexicanos, dar transparencia, dar confianza a los más de 71 millones de mexicanos que están inscritos en el padrón electoral y que habrán de participar en la renovación de los poderes.

Pero también dar respuesta a estos compatriotas nuestros que, a lo largo de muchos años, han pedido esta posibilidad de poder participar también a través de su voto en la elección de autoridades, en este caso del Presidente de la República. Ciertamente, había muchos escenarios y muchas posibilidades para llevar a cabo reformas en esta materia, pero se puede criticar ahora, anticipar juicios que nos parece que no es el momento... que si son muchos o son pocos. Pero lo que nadie puede negar es que se hizo un gran esfuerzo para que existiera un método que dé certidumbre a quienes estamos aquí y a quienes estén allá, para que puedan participar ejerciendo su derecho al voto, un método que cuidó de manera escrupulosa, como se ha dicho, y que las personas que hayan obtenido su credencial de elector en el país puedan participar votando en el lugar de su residencia en el extranjero, si así lo desea.

Porque la otra fórmula de llevar toda la estructura del IFE al extranjero, de llevar a cabo una credencialización en el extranjero, de llevar autoridades a otros lugares, con la dispersión que tiene una población como la mexicana, donde hay más de 20 millones de compatriotas que viven fuera del país, los problemas de la soberanía, los problemas de los recursos y todas estas cuestiones que hacían difícil que pudiéramos aprobar una legislación que pusiera en riesgo la confianza en el proceso electoral.

Por eso, con toda responsabilidad tenemos que asumir que aprobamos esta legislación, donde por primera vez se va a permitir que los mexicanos que hayan obtenido su credencial en el país y que quieran votar lo puedan hacer. Y se ha dado la difusión con la mayor responsabilidad por parte del IFE; y esto queremos reconocerlo en Acción Nacional. Queremos reconocer que ha habido un esfuerzo serio, cuidadoso, muy transparente, y que se ha venido informando de manera puntual, a los partidos políticos y a los representantes de este Congreso que participamos en el Consejo General, de todas las etapas, de todas las actividades realizadas por el Instituto, y hemos contribuido con nuestras opiniones, con nuestra participación, a buscar la forma más adecuada para que esto concluya con el mayor de los éxitos.

Creo que al final, después del proceso electoral, podremos hacer la evaluación y podemos anticipar y podemos hacer los juicios que nos permitan saber si bajo ese esquema, que por cierto no es novedoso, que es el esquema que utiliza la mayor parte de los países del mundo, para dar posibilidad a sus connacionales de que voten a través del correo y que, como aquí se ha dicho, tenemos una de las legislaciones más complejas, así lo hemos construido y de manera gradual, y muchas cosas las hemos construido con base en la desconfianza y hemos dejado atrás muchas cosas, entre otras, la desconfianza en el padrón, la desconfianza en las autoridades, la desconfianza en muchas cosas, pero les aseguro que no habrá desconfianza en que este voto de los mexicanos, a través de este método aprobado por el Congreso, pueda poner en riesgo este proceso electoral.

Le haría una pregunta, señor Presidente del Consejo General del IFE: ¿por qué en lo que se pretende ahora para insacular a quienes serán los funcionarios de estas mesas de casilla que van a recibir la documentación y habrán de fungir como funcionarios, por qué solamente se habrá de escoger a ciudadanos residentes en dos o tres delegaciones cercanas al IFE? Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Adelante, señor Consejero Presidente del IFE.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Muchas gracias, senador, por sus comentarios. Quiero comentarles que el proceso de integración de mesas de casilla para hacer el escrutinio y cómputo de los votos que provengan del extranjero será semejante al proceso que se hace en territorio nacional. Se insacularán ciudadanos a través de criterios alfabéticos y geográficos, se les capacitará, y serán los que estén presentes en la instalación de las mesas de casilla. Lo que quiero comentarles es que eso dependerá de la proyección, y nosotros lo que haremos, a diferencia, es que en un único local, que probablemente sea el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, porque tiene un amplio espacio y está a 1.2 kilómetros del IFE, es probable que ahí se instalen todas las mesas de escrutinio y cómputo.

Cada mesa, como ustedes saben, hay que contar con seis ciudadanos capacitados y lo que estamos haciendo es que por su ubicación alrededor del Instituto Tecnológico de Monterrey, estamos previendo insacular de siete distritos colindantes a ese local único. Ésa es la razón: como va a ser escrutinio en un solo local, me parece que es importante que los ciudadanos sean insaculados. Si los insaculáramos de todos los distritos del país, su transporte al local único en la Ciudad de México sería un ejercicio sumamente complejo; ésa es la razón. Y con eso resalto que... Sin embargo, sí quiero decir que contamos con registros de ciudadanos de los 300 distritos electorales del país y de las 32 entidades del país; en suma, será un proceso semejante. Por eso me permití decir al diputado del Partido Verde que los niveles de certeza y de confianza en la manera como se computarán y contarán los votos son semejantes a los que existen en territorio nacional. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ha declinado el senador Zermeño su derecho de réplica. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la diputada Rebeca Godínez y Bravo, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para formular sus preguntas hasta por cinco minutos.La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Bienvenido, señor Presidente Consejero, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez. Mi fracción, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se congratula de su aceptación a la invitación formulada por la Comisión Permanente, habla bien del deseo de diálogo con esta representación social. Hoy, el Instituto Federal Electoral, que ha sido la culminación de un proceso de democratización de nuestro país, iniciado ya hace varias décadas a través de diferentes reformas constitucionales y legales, que paso a paso nos llevaron a ir configurando el IFE de hoy, el que hace seis años permitió la alternancia, de ninguna manera el nacimiento de la democracia, como algunos cuantos pretenden señalar, ésta, la democracia, ha tomado su lugar en nuestra vida política ya hace un buen tiempo.

El Congreso de la Unión, con el ánimo de contribuir en ese proceso de consolidación democrática, aprobó en fechas recientes la posibilidad de que los mexicanos residentes en el extranjero ejerzan su inalienable derecho al sufragio en las elecciones federales. Desde luego, estamos conscientes de que el proceso a través del cual habrá de desarrollarse la efectiva realización del proyecto no es fácil: requiere un compromiso y una participación conjunta, sin precedente, pero, más aún, la inminente necesidad de un trabajo transparente en el que la ciudadanía mexicana deposite con total certeza su confianza.

Nuestros paisanos más allá de nuestras fronteras carecen de una seguridad migratoria que les permita atender sus necesidades básicas. La incertidumbre que diariamente los envuelve no sólo significa sus vivencias cotidianas, ellos reclaman desde donde radican una participación en la vida política nacional; y, en razón de ello, tal reclamo --afortunadamente-- ya es una realidad. Sin embargo, no debemos soslayar que las expectativas en cuanto al nivel de participación electoral de los mexicanos en el exterior debe atenderse y, en consecuencia, establecerse mecanismos aún más eficientes para obtener desde luego cifras representativas y que justifiquen las erogaciones por ese ambicioso proyecto de lo que se ha presupuestado.

Estamos conscientes de que todo proceso lleva tiempo y es perfectible; por eso, el PRI reconoce la inaplazable obligación de todos los partidos, del gobierno y de la propia sociedad para lograr que nuestros paisanos contribuyan a vencer el estigma que por muchos años nos ha afectado: el abstencionismo. Y por supuesto, invitamos a todos los actores políticos para que el IFE en el territorio nacional también logre una participación activa y transparente de la ciudadanía en el proceso electoral.

Señor Consejero Presidente, con este ánimo positivo de coadyuvar a lograr la real participación de nuestros condicionales que viven fuera de nuestras fronteras, le preguntamos: ¿qué medidas, considera, deben implementarse dentro de las respectivas responsabilidades, tanto de los poderes como por el propio Instituto Federal Electoral, para cada día abrir más esta puerta del voto de los mexicanos en el extranjero, que hoy es el tema que nos convoca? Mi grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, estaría a favor, pasado el proceso electoral, de la integración de un grupo plural de diputados y de senadores que, junto con el Instituto Federal Electoral, profundice tanto de manera jurídica como logística en la manera de, con la experiencia ya vivida, realizar ajustes legales o constitucionales que la práctica nos señale para cada día perfeccionar el marco jurídico del cumplimiento de este derecho de los mexicanos en el extranjero. Igualmente, le preguntamos: ¿qué medidas ha tomado el Instituto que usted preside para que los mexicanos que el próximo 2 de julio votarán logren hacerlo de manera ágil, transparente y, sobre todo, eficaz? Por sus respuestas, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora diputada. Tiene usted, Consejero Presidente, el uso de la voz hasta por cinco minutos para responder.

El Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez: Muchas gracias, diputada Godínez. También agradezco la oportunidad de platicar y dialogar con esta Comisión Permanente, y me parece de la mayor importancia mantener el diálogo; el IFE estará dispuesto a brindar la información necesaria. Me parece que es importante, muy importante, partir de un hecho que narré hace algunos momentos: los estándares de control, de vigilancia y de verificación que se han establecido en México para desterrar la desconfianza que permeó durante mucho tiempo en el país han generado confianza en la manera como se vota y se cuentan los votos en México; cuando ese mismo modelo, con los mismos estándares, se extrapola a territorio extranjero, evidentemente no es el mismo esquema.

Evidentemente, los requisitos que se exigen para ser semejantes a los que se hacen en México pueden generar en muchos la percepción de que esos requisitos pueden limitar la participación. Por eso he insistido tanto en que los legisladores y los que participamos en esto tenemos que tomar en consideración la vertiente de la certeza y la seguridad, por un lado, con la vertiente de la participación. Y me parece que se debe procurar que, en la medida de lo posible, se mantengan estándares semejantes porque, reitero, hay una preocupación en algunos segmentos del Congreso y de otros lados por el nivel de participación. Pero me parece que tan importante como eso son los niveles de certeza. Afortunadamente, en general los mecanismos con que dotó el Congreso al IFE para garantizar la certeza son muy completos y sólidos, y eso permite que ahora estemos discutiendo del nivel de participación.

Pondría simplemente como una reflexión el hecho de que me parece que, en los próximos años, el Congreso deberá revisar de manera global si los requisitos y las modalidades en México fueran eso que se ha construido para garantizar confianza deben mantenerse como están ahora. He tenido oportunidad de estar en algunos países donde se han hecho elecciones, señora diputada, y no hay país en el mundo, no hay un solo país en el mundo que tenga el nivel de sofisticación, de control, de veracidad, de verificación, de supervisión, de candados que tiene el sistema mexicano. Quizás una vez que se ha construido un nivel sólido de confianza, valga la pena pensar cómo modificarlo porque modificar esos estándares probablemente podrías, fuera del país, generar aún más niveles de participación.

Reitero, hay países donde construyeron un sistema electoral con base en la confianza; y narraba el caso de Australia, donde ustedes pueden poner un fax y pasarlo, y el hecho de que ustedes pongan su nombre es suficiente para que la autoridad acepte ese voto como válido. Simplemente, quiero reflexionar si eso sería posible en México, en algún momento, en el futuro. Y me parece que, por tanto, la reflexión original es que los estándares que el Congreso de la Unión estableció en la década de los noventa para comprar confianza y desterrar la desconfianza es probablemente una variable fundamental sobre la cual hay que reflexionar y que ahora está teniendo un impacto en la manera y la modalidad como se vota fuera del país. Y ésa sería mi reflexión, señora diputada; me pareció un planteamiento muy relevante. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, Consejero Presidente. Para hacer uso del derecho de réplica que tiene el Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la tribuna el senador David Jiménez hasta por tres minutos.

El senador David Jiménez González: Con su permiso, señor Presidente. En primer lugar, damos la más cordial bienvenida también a nuestro Presidente del IFE, al doctor Luis Carlos Ugalde. Bienvenido a esta Comisión Permanente, señor doctor. Fíjense ustedes que preparar, llevar a cabo el desarrollo de un proceso electoral no es nada fácil ni sencillo. Fui Presidente de la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral en mi estado y sé lo difícil que fue llevar a cabo la preparación de la elección de los presidentes municipales, de los diputados locales y del gobernador de la entidad.

Sin embargo, la evolución que han tenido los organismos electorales en nuestro país ha sido extraordinaria. Dejaron de ser Colegios Electorales el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, y hoy depositamos toda nuestra confianza en una institución que ha dado respuesta a esta demanda de hacía muchos años del pueblo de México de tener un instituto totalmente ciudadanizado, donde tuvieran representatividad los diferentes actores políticos, entre los que se encuentran el Poder Legislativo. Quiero felicitar al doctor Luis Carlos Ugalde por esa entereza y por esa decisión de llevar a cabo esta empresa, que no ha sido nada fácil: la del voto de los mexicanos en el extranjero. Se ha criticado, y se seguirá criticando, sin duda, pero el paso que hemos dado de abrir a nuestros connacionales la oportunidad de ir a sufragar es un paso histórico. No conozco, no solamente en esta materia sino en otras muchas más, cuando apenas se inician y se experimenta este tipo de fenómenos, y más en el caso de los electorales, pudiéramos tener un éxito rotundo, de 100 por ciento. No lo tenemos siquiera en el sufragio de los que vivimos en la República, ahora imaginémonos el grado de dificultad que se da en Estados Unidos.

Considero que esta experiencia, en esta elección de 2006, sirva de punto de partida a lo que usted apuntaba, doctor Ugalde: el intercambio de reflexiones entre el Congreso y el Instituto Federal Electoral para que se puedan llevar a cabo todos los ajustes de carácter legal y poder tener una legislación cada vez más actualizada, que nos permita desde luego incorporar a un mayor número de conciudadanos que puedan ir a sufragar en otras partes lejanas de nuestro territorio o con los vecinos que tenemos en el norte del país. Se ha cuestionado --y no quiero dejar pasar esto-- la ley por algunos compañeros legisladores, fundamentalmente por compañeros diputados federales: quiero decirles que esta ley tuvo como Cámara de origen la de Diputados, y el Senado recibió la minuta, hicimos las observaciones, se las devolvimos a ustedes y la aprobaron, y es la ley vigente que está rigiendo hoy día.

De tal manera que lo que tenemos que hacer aquí son dos cosas: exigir lo que la Constitución exige a todo tipo de autoridad, el estricto apego a la legalidad, y eso es lo que pedimos a este Instituto, que sus actos se ciñan estrictamente a la ley y a la Constitución para que de esta manera podamos tener certeza los ciudadanos que iremos a sufragar de que tendremos la seguridad jurídica de que los resultados que se den con el proceso electoral del 2 de julio será la expresión de un pueblo como el nuestro que quiere tener representantes legítimos, representantes que se han ajustado en el proceso electoral a lo que dispone la Carta Fundamental y las leyes electorales. Por eso queremos robustecer el Instituto Federal Electoral para que cumpla con plenitud esta responsabilidad que estamos nosotros, los mexicanos, exigiendo para dar validez a nuestros procesos electorales. Muchas gracias, señores legisladores.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor senador.

Compañeras y compañeros legisladores: los integrantes de la Comisión Permanente agradecemos a usted, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, que haya usted aceptado esta amable invitación que le formulamos para compartir con nosotros en esta sesión la información respecto al proceso del voto de los mexicanos en el exterior; asimismo, que haya estado usted dispuesto a escuchar los planteamientos, las visiones y los puntos de vista sobre un tema inédito a raíz de la ley que los legisladores aprobamos en relación con el voto.

Creo compartir el criterio de todos los legisladores en el sentido de que las cosas, y fundamentalmente las leyes, son perfectibles, y que tenemos en ese sentido un reto por delante. Me sumo, como coautor de la propuesta y el punto de acuerdo por el cual usted amablemente fue invitado a esta sesión, a que terminado el proceso un grupo plural de legisladores de ambas Cámaras, junto con el IFE, analicemos los aspectos que nos interesan en este tema: cómo fortalecemos la democracia, cómo damos certeza al voto y cómo incentivamos la participación ciudadana. Por su presencia aquí, muchas gracias.

Ruego a los miembros de la comisión designada para acompañar al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez que hagan lo propio en cuanto desee retirarse de este recinto. (...)

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ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se recibieron de la Segunda y Tercera Comisiones de Trabajo diversos dictámenes. Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se incorporen en el orden del día para el trámite correspondiente.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen en el orden del día, para el trámite correspondiente, los dictámenes remitidos por la Segunda y Tercera Comisiones de Trabajo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Por la negativa... La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

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GRADOS MILITARES

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Fernando Gonzáles Morayra como General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario en el Heroico Colegio Militar, el 29 de enero de 1966, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario de ramo, el 1º. de septiembre de 1969;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 9 meses y 26 días, con antigüedad en el empleo anterior de 14 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fernando González Morayra.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco(rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Juan José Braulio Cruz Bailón como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1964, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario de ramo, el 1º de septiembre de 1967;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 10 meses y 9 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, y la Extraordinaria correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan José Braulio Cruz Bailón..

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Francisco Ortiz Valadez como General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1 de septiembre de 1972, y fue ascendido como Subteniente de Caballería, por acuerdo del secretario de ramo, el 1 de septiembre de 1976;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 0 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase, correspondiente a 30 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Ortiz Valadez.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, también se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor José Cornelio del Salvador Macías Cabrera como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 18 de septiembre de 1968, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario de ramo, el 1o. de septiembre de 1972;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 37 años, 2 meses y 5 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano José Cornelio del Salvador Macías Cabrera.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Miguel Angel Patiño Canchola como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete numerario en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario de ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 2 meses y 28 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Miguel Angel Patiño Canchoa.''

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rubrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, se reserva para su votación en conjunto de manera económica.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Francisco Javier Labastida Domínguez como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Militar de Aviación dependiente del Colegio del Aire, el 30 de septiembre de 1969, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 1 mes y 27 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado general de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Labastida Domínguez.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Paulino López Bernal como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento del Colegio del Aire, el 1o. de septiembre de 1964, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Abastecimiento, por acuerdo del secretario de ramo, el 1o. de julio de 1967;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 41 años, 2 meses y 25 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Extraordinaria, correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Paulino López Bernal.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión. Al no haberla, se reserva para su votación en conjunto. Siguen otros puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del ciudadano General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Roger Santiago Peniche Polanco como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Alumno, en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, el 8 de septiembre de 1969, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 2 meses y 25 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roger Santiago Peniche Polanco.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica) secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General Brigadier Diplomado de Estado Juan Gerardo Chávez Vidal como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1965, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de noviembre de 1967;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses y 1 día, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Extraordinaria , correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Gerardo Chávez Vidal.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del C. General Brigadier Diplomado de Estado Arturo Vallarta Tafolla como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1969, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 36 años, 2 meses y 23 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Arturo Vallarta Tafolla.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Jens Pedro Lohmann Iturburu como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete Numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 1o. de septiembre de 1970, y fue ascendido como Subteniente de Artillería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1o. de septiembre de 1974;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 35 años, 2 meses y 25 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República a favor del General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Salvador Castillo Sandoval como General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete numerario, en el Heroico Colegio Militar, el 29. de enero de 1966, y fue ascendido como Subteniente de Infantería, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1969;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado servicios a la nación mexicana durante 39 años, 10 meses y 0 días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicio del nombrado General Brigadier Diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Brigada Diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Salvador Castillo Sandoval.

Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República, a favor del General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, Carlos Ignacio Velasco Wall como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Alumno, en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, el 11 de octubre de 1967, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1° de septiembre de 1971;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 38 años, 1 mes 19 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Carlos Ignacio Velasco Wall.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales , Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005 por el Presidente de la República, a favor del General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Agustín Martínez Fernández como General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete, en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, el 8 de septiembre de 1969, fue ascendido como Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador, por acuerdo del secretario del ramo, el 1 de septiembre de 1973;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 36 años, 2 meses y 22 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Ala Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Agustín Martínez Fernández.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Segunda Comisión.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicio que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2005, por el Presidente de la República, a favor del C. General Brigadier Médico Cirujano David Huerta Hernández como General de Brigada Médico Cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

a) Que ingresó en al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como Cadete en la Escuela Médico Militar, el 11 de enero de 1965, fue ascendido como Capitán Primero Pasante de Medicina, por acuerdo del secretario del ramo, el 1° de septiembre de 1969;

b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;

c) Que, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 40 años, 10 meses 15 días, con antigüedad en el empleo anterior de 7 años; y

d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de Primera Clase y la Extraordinaria, correspondiente a 40 años de servicios ininterrumpidos.

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado General Brigadier Médico Cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de General de Brigada Médico Cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de General de Brigada Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano David Huerta Hernández.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 19 de enero de 2006.--- Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretarios; Dip. Julián Nazar Morales , Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense al Ejecutivo. Continúe la Secretaría.

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CANDIDATURAS DE MUJERES A PRESIDENCIAS DE PAISES

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la proposición con punto de acuerdo suscrita por las diputadas Blanca Gámez Gutiérrez, Adriana González Carrillo y Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 18 de enero de 2006, las diputadas Blanca Gámez Gutiérrez, Adriana González Carrillo y Guadalupe Suárez Ponce presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo.

En la misma sesión, la Presidencia acordó que se turnara la proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Los suscritos, diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

En un significativo reporte, de junio pasado, del Comité para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se hace mención a que aún persiste la subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular.

En términos de representación popular por la vía electoral, la situación de la mujer en el mundo, en general, sigue siendo muy precaria. Según información reciente de la Unión Interparlamentaria (septiembre, 2004), existen 6,388 mujeres parlamentarias en todo el mundo, contra 34,911 hombres en funciones parlamentarias; esto es, que la participación total de las mujeres en todo el orbe es de 15.5% únicamente.

La transición democrática en México ha considerado, sin duda, a las mujeres y como muestra basta la comparación entre el promedio de representación de las mujeres en las Cámaras bajas en Europa con el de México. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene una importante representación femenina de 114 legisladoras, lo cual representa más del 22% del total de legisladores. En el listado europeo, México se ubicaría por encima de países como Italia, Francia, Irlanda, Hungría, Reino Unido, Portugal y otros que no consiguen esa representación femenina.

Este aumento ocurre luego de que en México se aplica una ley de cuotas a favor de la equidad de género que impide a los partidos políticos otorgar más allá del 70% de candidaturas a aspirantes del mismo sexo. Por tanto, esta Legislatura es la de mayor participación femenina en la historia de México, pues representa el máximo alcanzado, luego del 17% logrado en la LVIII Legislatura.

El debate entre si las cuotas convienen o no al menos ha ayudado a pensar en las mujeres como profesional y políticamente capaces de ocupar puestos de elección popular y ha advertido a la población del problema de iniquidad que enfrentan las mujeres en el acceso a su plena participación política.

La aceptación que hoy existe en América Latina en torno a las cuotas de género encuentra reflejo en encuestas realizadas en varios países de Latinoamérica, entre ellos México, las cuales revelan que dos terceras partes de la población considera que las cuotas son, en general, benéficas para el continente.

Aunado a esto, la mayor parte de la opinión pública de la región, el 57% (encuesta Gallup e Inter-American Dialogue, 2002), apoya la idea de que se incremente la presencia de mujeres en cargos públicos, puesto que consideran que las mujeres son más honestas, capaces y eficientes para manejar adecuadamente los asuntos públicos, ya sea en materia económica, de educación, salud, lucha contra la corrupción, combate a la pobreza o protección del medio ambiente.

El derecho a voto de la mujer en América Latina llegó de manera dispar. En Argentina se consiguió, tras largas luchas, en 1947. En Brasil se obtuvo la facultad de votar a las mujeres en 1932, mismo año en que Costa Rica la implementó. En Guatemala sólo se otorgó este derecho en 1945 a las mujeres que sabían leer y escribir. No fue sino hasta 1965 que el voto femenino se extendió también a las analfabetas. En el caso mexicano, sin embargo, es bien sabido que en el año de 1953 las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto.

Actualmente, a pesar de que aún queda mucho por hacer en materia de participación femenina en los cargos políticos, el momento histórico favorece a las mujeres de nuestra región.

Latinoamérica afronta 2006 como el año de las elecciones presidenciales en Chile, Haití, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, México y Nicaragua. Parlamentarias en la mayoría de las citadas y en El Salvador y República Dominicana. Dentro de estas elecciones presidenciales. Se destacan la presencia de mujeres candidatas en Chile y Perú.

Michelle Bachelet, candidata electa a la Presidencia de la República de Chile por la Concertación por la Democracia; Lourdes Flores Nano, candidata a la Presidencia de la República del Perú por el Partido Unidad Nacional; Laura Chinchilla, quien aspira a la Vicepresidencia de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional; Ángela Merkel, canciller alemana, y Ellen Johnson Sirleaf, primera mandataria de Liberia, son el claro ejemplo de que las mujeres tienen el talento y la capacidad para contender a tan altos cargos.

Por ejemplo, Laura Chinchilla candidata a la Vicepresidencia de Costa Rica, tiene una amplia trayectoria política, pues ha fungido como investigadora, diputada y ex ministra de Seguridad de dicha nación. Igualmente, Lourdes Flores Nano, candidata a la Presidencia del Perú, fue regidora de la municipalidad de Lima y diputada en varias ocasiones.

La transformación democrática es inexorable, pues hoy en día las mujeres sin necesidad de valerse de recursos familiares o afectivos, sino por su propia trayectoria y el excelente desempeño de sus encargos, han logrado alcanzar las más altas representaciones de su país.

Tales designaciones para las candidaturas anteriormente mencionadas son motivo de celebrar, ya que como conquista democrática y de equidad, las mujeres finalmente comienzan a posicionarse como una opción política real en pos de un mundo más incluyente, justo y plural. Las mujeres tenemos derecho de acceder a los puestos de toma de decisión en virtud de que dichas determinaciones traen sus consecuencias por igual en hombres y mujeres; por tanto, resulta indispensable que el género femenino cuente con la representación que se merece.

En razón de lo anterior, los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebra las candidaturas de mujeres a las Presidencias de sus países en Latinoamérica y en el mundo, por considerar tales como una conquista democrática, justa y equitativa en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su beneplácito por el triunfo de Michelle Bachelet en la elección a la Presidencia de la República de Chile, país con el que sostenemos una alianza estratégica.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos a que continúen impulsando los cambios que permitan la promoción de una mayor participación política de la mujer.

Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de enero de 2006.

La Segunda Comisión: Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Alberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. En consecuencia, el asunto se considera suficientemente discutido. Póngalo a consideración de la Asamblea para su aprobación, señora diputada.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas legisladoras y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Segunda Comisión, por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados Inti Muñoz Santini, Salvador Pablo Martínez Della Rocca e Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 18 de enero de 2006, los diputados Inti Muñoz Santini, Salvador Pablo Martínez Della Rocca e Iván García Solís, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales.

En la misma sesión, la Presidencia acordó se turnara la proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Los suscritos, diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes

Consideraciones

La semana pasada, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios volvió a ventilarse ante la opinión pública, cuando la Secretaría de Educación Pública admitió la existencia al interior de esta dependencia de mafias dedicadas a la venta de documentos apócrifos y que por ese motivo ha presentado ante la Procuraduría General de la República 2 mil 10 denuncias de 2002 a la fecha.

Lo sorprendente del caso, es que autoridades de la SEP reconozcan estar perfectamente enteradas del mercado negro de documentación falsa y de la existencia de una red de falsificadores que ha venido operando en los tres últimos años y continúe haciéndolo hasta la fecha. Cabe preguntar, entonces, ¿qué ha hecho la autoridad educativa para impedirlo o desbaratar esa red de falsificadores?

El propio vocero de la dependencia, David Torres, declaró en un noticiero radiofónico que han detectado a personas que dentro de las mismas oficinas de la dependencia negocian la expedición de títulos de instituciones públicas y privadas.

Adicionalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que en los últimos cinco años ha detectado mil 53 documentos apócrifos y presentado igual número de demandas ante las autoridades penales correspondientes.

A partir de la información publicada en diversos diarios nacionales, se puede establecer que la falsificación de títulos y certificados de estudios va en aumento y ha alcanzado dimensiones graves, pues hasta se ofrecía vía Internet el ``paquete académico'' completo.

Es decir, la venta del título de licenciatura incluía el de preparatoria o bachillerato, carta de examen profesional, certificado de estudios, historial académico, liberación del servicio social y hasta la credencial de la institución educativa.

Esto puede hacer presumir o establecer sospecha fundada que la red de falsificadores opera en contubernio con servidores públicos de la SEP o de otras dependencias educativas, pues la elaboración de los diversos documentos previos a la obtención de un título o certificado y la expedición de los mismo, requieren información contenida en las bases de datos o en los sistemas informáticos de las dependencias e instituciones educativas.

Si bien es cierto que los vendedores de títulos falsos excluían los de medicina y los de aquellas profesiones que ponen en riesgo la salud humana, tampoco se puede descartar que no hayan vendido documentos de esas profesiones o de otras que ponen en peligro el patrimonio o la integridad física de la población como son las de contaduría, ingeniería, arquitectura, piloto aviador, abogado, etcétera.

Y aún cuando los títulos falsos detectados corresponden en su mayoría al nivel de bachillerato, se han dado casos de títulos profesionales de otros niveles, particularmente de licenciatura y hasta postgrado.

La falsificación de documentos en general es un delito sancionado en el Código Penal Federal con prisión y multa económica, pero tratándose de documentos públicos, como es el caso que nos ocupa, las penas son más severas. El artículo 243 de ese ordenamiento penal señala que se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Y si el falsificador es un servidor público la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.

Es de destacar que la falsificación de títulos y certificados de estudios además de ser un delito, tiene un efecto colateral negativo como es la afectación o el perjuicio que causa a la sociedad, al Estado o a un tercero, así como a la reputación de las instituciones de educación y a ésta misma.

Es cierto que los avances de la tecnología hacen más practicable la producción de documentos apócrifos, pero también es cierto que la tecnología ofrece herramientas para establecer medidas más seguras para evitar ese problema.

Al respecto, autoridades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional explicaron la confiabilidad de la expedición de sus títulos, toda vez que tienen diversos candados para evitar su falsificación y anunciaron que redoblarán las medidas de seguridad en la emisión de documentación académica.

En ese sentido, también proponemos exhortar a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles coadyuven a evitar la proliferación de títulos y certificados falsos, ya se han realizado investigaciones de los documentos que emiten o reciben, así como a adoptar medidas que garanticen la autenticidad de los mismos.

Por lo anterior, los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales y de cualquier otra documentación académica que se presume ha sido expedida a través de la Dirección General de Profesiones y, en su caso, proceda penalmente en consecuencia de existir servidores públicos involucrados con la red de falsificadores.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles a investigar, en el ámbito de su competencia, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y, en su caso, presentar las denuncias ante las autoridades penales correspondientes.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a que la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales y las instituciones educativas refuercen las medidas de seguridad para evitar la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales o de cualquier otra documentación académica.

Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de enero de 2006.

Segunda Comisión: Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretaria; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Integrantes: Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Alberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. El asunto lo considera suficientemente discutido. Consulte a la Asamblea respecto a su aprobación.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las ciudadanas y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por mayoría, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados, los puntos de acuerdo; comuníquense.

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INDUSTRIA PETROLERA

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: «Dictamen la Tercera Comisión, por el que la Comisión Permanente exhorta nuevamente al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a que, con la mayor brevedad, informe a esta representación nacional acerca de los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional, que le fueron solicitados desde el pasado 13 de octubre de 2005

Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente

Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular la información solicitada el 13 de octubre del 2005, por la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, acerca de planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.

Antecedentes

Primero.- Con fecha 13 de octubre de 2005, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, a nombre de diversos diputados, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a enviar los planes y proyectos relativos a la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.

Segundo.- En esa misma fecha, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, hizo suya la citada proposición con punto de acuerdo; misma que fue sometida y aprobada en sus términos por el Pleno y enviada el mismo día al titular del Ejecutivo Federal para su pronta respuesta.

Tercero.- Sin embargo, al no recibirse ninguna contestación al punto de acuerdo referido, el pasado 18 de enero del 2006, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez y el diputado Víctor Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular la información solicitada el 13 de octubre del 2005, por la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, acerca de planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.

Cuarto.- Los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, procedieron al estudio del punto de acuerdo aludido, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, los cuales se exponen en las siguientes

Consideraciones

Primera.- El punto de acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005, enviado por la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados al Presidente de la República Mexicana, señalaba lo siguiente:

``Único.- Se exhorta al C. Presidente de la República para que a la brevedad informe a esta H. Cámara respecto a las medidas que su gobierno tomará en los siguientes aspectos:1. Reponer al patrimonio de Pemex que ha continuado disminuyendo durante la presente administración y que actualmente significa el 3.4% de su activo, lo que representa en la práctica una quiebra técnica.

2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiregas para financiar el gasto público y que asciende a más de 50 mil millones de dólares.

3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso, es apenas un primer paso.

4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.

5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas que, en su periodo han caído 26%, mediante exploración en aguas profundas y rehabilitación de campos maduros o abandonados.

6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados y que se podría financiar con el déficit comercial de productos petrolíferos de un sólo año (2,900 millones de dólares en 2004).

7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.

8. Remitir el programa de ahorro de energía y de uso de fuentes alternas.

9. Detallar en qué consiste la política de precios del sector energético y explicar de qué manera se ordenará y racionalizará la política de subsidios, cuyo control y destino no está claro.

10. Explicar en qué consiste la política de precios de exportación y por qué no se ha aprovechado el cierre de refinerías en la costa del golfo de México para dar mantenimiento a instalaciones marítimas, en lugar de seguir acumulando inventarios o tener que ofrecer descuentos adicionales al precio de crudo.

11. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.

12. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.''

Sin embargo, a más de tres meses de haberse enviado por esta soberanía el punto de acuerdo anterior al titular del Ejecutivo Federal, éste aún no ha enviado una contestación a dicho exhorto.

Segunda.- Por su parte, en la proposición con punto de acuerdo de fecha 18 de enero de 2006, presentada en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, destaca la siguiente argumentación:

Las iniciativas de decreto que reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia de gas natural no asociado al petróleo y de decreto que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que el Ejecutivo envió a esta Cámara de Diputados el día 20 de septiembre de 2005, apuntan al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Transitar de un régimen de exclusividad a uno prioritario, donde concurran los sectores público, social y privado en la realización de las actividades de gas natural no asociado al petróleo, implica perder de vista la necesidad de capitalizar a la empresa paraestatal y auspiciar un cambio de fondo en su régimen fiscal, de efectuar las modificaciones necesarias al marco legal a fin de que ella alcance la autonomía de gestión y darle la posibilidad de que obtenga la tecnología que requiere para su desarrollo.

En la medida en que Pemex siga siendo contemplado por el Gobierno Federal como si tratase de un organismo recaudatorio, las ineficiencias y rezagos se irán acumulando. No es la incorporación del sector privado la solución para incrementar la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo. El régimen de concesiones y asignaciones que se proponen, evade contemplar una verdadera reforma energética que fortalezca a la industria petrolera nacional.

Si el gobierno no mejora su capacidad recaudatoria y lleva a cabo las modificaciones fiscales que le permitan aumentar considerablemente sus ingresos tributarios, se estará mermando la posibilidad de contar en el futuro con la soberanía energética que es el objetivo fundamental de Pemex para poder crecer y desarrollarse a un ritmo que asegure mejor calidad de vida para la mayoría de la población.

Habrá que preguntarse porqué a pesar de los altos precios del petróleo --Pemex-- necesita de la inversión privada para llevar a cabo sus actividades de exploración, explotación, mantenimiento de la red de ductos, transformación a petrolíferos y a petroquímicos de alta calidad y bajo costo; dónde están los miles de millones adicionales a lo presupuestado; qué se ha hecho con el dinero que genera la empresa paraestatal más importante del país. Ahora se pretende calificar a la industria petrolera nacional de ineficiente, sin tomar en cuenta que ha sido la columna vertebral de la economía mexicana en los últimos años. Lo razonable es fortalecer las finanzas de Pemex y otorgarle autonomía de gestión, pero por lo que vemos se camina en sentido contrario, porque en las Iniciativas enviadas se le atribuye a la Secretaría de Energía la facultad de asignar o licitar las concesiones a los particulares que pretendan invertir en la actividad que dejaría de ser exclusiva de Pemex.

Señor Presidente, por qué no se propone una reforma energética a fondo, que fortalezca al Estado y a la paraestatal, que asegure la salud financiera de Pemex y le permita al organismo desarrollar todo su potencia1. Se nos quiere hacer creer que reformas como las que contienen las iniciativas que usted envió el pasado mes de septiembre corrigen insuficiencias de Pemex: Hay que entrarle a fondo a la reforma energética sin que ello implique la destrucción de los activos que son propiedad de la nación. Pemex genera un considerable volumen de riqueza para el país. El gobierno ha desaprovechado los cuantiosos recursos excedentes que les ha entregado la actividad petrolera. Dónde está la infraestructura que debió construirse con los miles de millones de dólares generados en exceso. Dónde están las actividades productivas que debieron impulsarse. Es preciso frenar ya el apetito de funcionarios e inversionistas que tienen en la mira al petróleo. Las reformas deben ir por otro lado, señor Presidente.

De otra manera, no es explicable el lamentable estado en que esta administración ha mantenido a Pemex. El costo de la operación subió considerablemente, lo que mal habla de lo acertado de la planeación y de la eficacia de sus directivos.

Nunca como ahora Pemex ha mantenido recursos para la inversión, aún cuando éstos sean de deuda; sin embargo, en las reservas van en caída libre, sin ningún proyecto importante que contemple la perforación en aguas profundas en aquellas zonas en donde hay casi la seguridad de encontrar mantos importantes. Los directivos de Pemex se han lamentado de lo alarmante de la disminución de la reserva, pero no se ha actuado en consecuencia, pues probablemente ha habido incapacidad para el ejercicio presupuestal y para la planeación y desarrollo de proyectos que permitan la recuperación de los niveles de reserva que aceleradamente hemos perdido.

Por otra parte, el fracaso en los proyectos para exploración y explotación de gas no asociado al petróleo, hacen pensar que su gobierno no ha podido canalizar los recursos necesarios a esa importante tarea y no ha sido capaz de instrumentar proyectos con recursos propios. Cada día dependemos más del gas importado, habida cuenta de que no se expande la producción de gas no asociado y aumenta considerablemente la demanda doméstica y la de los generadores independientes de energía eléctrica que ya aportan, en plantas de ciclo combinado, casi la tercera parte de la electricidad que consumimos. Lejos de enfrentar el problema a través de la reorganización de esta actividad en el organismo, ahora el gobierno desea continuar el desmantelamiento de Pemex, mediante asignaciones y concesiones a particulares para acabar con la exclusividad que la Constitución confiere al organismo para realizar esas tareas.

Las iniciativas enviadas el pasado día 20 de septiembre del 2005, son un intento más que no sabemos si atribuirlo a la mala fe, el dolo o la miopía de los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía y de sus asesores más cercanos de la Presidencia de la República.

El punto de acuerdo al que me he referido contiene lo siguiente:

1. Reponer el patrimonio cuya pérdida casi total ha sufrido Pemex durante su Administración.

2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiregas para financiar el gasto público.

3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso es apenas un primer paso.

4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.

5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas mediante exploración en aguas profundas.

6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados.

7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.

8. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.

9. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos.

10. Exponer los proyectos de la paraestatal sobre la remediación de suelos y conservación del medio ambiente en zonas petroleras.

11. Justificar el exceso de trabajadores de confianza en Pemex y el aumento de los costos de operación.

12. Exhibir proyecto sobre el mejoramiento del servicio médico de los trabajadores de Pemex, así como los tiempos de sus diversas fases.

A pesar de que han transcurrido más de tres meses, el titular del Ejecutivo ha ignorado la exhortación que esta soberanía le hizo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta nuevamente al C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para que a la brevedad informe a esta representación nacional los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional y que le fueron solicitados desde el pasado 13 de octubre de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticinco de enero de dos mil seis.

Tercera Comisión: Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), secretarios; Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica) Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.»

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrados oradores. El asunto se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa sírvanse expresarlo (votación); por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, el punto de acuerdo; comuníquese.

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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a prorrogar al 31 de diciembre de 2006, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal correspondiente a este año, la aplicación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Honorable Asamblea:

La Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de la

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de resolución miscelánea fiscal 2006, se conceda prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Antecedentes

Primero. Con fecha 18 de enero de 2006, la diputada Rebeca Godínez y Bravo, a nombre de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, ambas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo en los términos mencionados.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acordó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente'', para su estudio y dictamen.

Tercero. Los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura procedieron al estudio del punto de acuerdo aludido, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, los cuales se exponen en las siguientes

Consideraciones

Primera. El punto de acuerdo en estudio propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de resolución miscelánea fiscal 2006, se conceda prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente a la deducibilidad en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.

Segunda. Señala la autora de la proposición con punto de acuerdo que el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, determina que para efectos de deducibilidad del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres sólo podrá efectuarse mediante el pago de cheque nominativo del contribuyente, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de servicios o con monederos electrónicos.

El propósito de dicha reforma, cabe recordar, es combatir la venta ilegal de combustible para el uso de transporte marítimo, aéreo, y fortalecer la recaudación en beneficio del erario federal, así como proporcionar seguridad al contribuyente para comprobar sus gastos en estos insumos, para efectos fiscales.

También se señala en la proposición con punto de acuerdo en comento que dicha medida no tuvo aplicabilidad en razón de que las estaciones gasolineras no contaban con la infraestructura suficiente para realizar los cobros.

Por tanto, fue a través de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2005, que se concedió prórroga para que tal disposición entrara en vigor el 1 de diciembre de 2005.

Tercera. En días recientes se ha hecho del conocimiento público que los expendios de combustible aún no cuentan en su totalidad con la infraestructura para recibir los pagos mediante los medios financieros que la ley exige a quienes pretenden hacer deducibles sus consumos de combustibles.

Por tal motivo, a consideración de la promovente del punto de acuerdo, debe concederse una nueva prórroga al 31 de diciembre de 2006 para dar cumplimiento a la citada reforma.

Cuarta. Por su parte, los diputados integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión coinciden con la autora de la proposición con punto de acuerdo en la necesidad de ampliar el plazo para la entrada en vigor del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que no puede existir eficacia en la ley si no existen los insumos suficientes que proporcionen certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes.

En este sentido, el decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004 (véanse páginas 80 y 115 del DOF de referencia) señala lo siguiente:

``Artículo 31. ...I. a II. ...

III. ...

Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00.''

Por lo cual es evidente que la reforma producirá un beneficio tanto al erario federal como a los contribuyentes. Sin embargo, para que ello sea viable jurídicamente es indispensable que los expendios de gasolina cuenten con la infraestructura suficiente y necesaria para que la deducibilidad en el consumo de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres se lleve satisfactoriamente.

Aquí radica la importancia de la emisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus Anexos 1, 4, 7 y 11, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 2005. Dicha resolución señala en el artículo quinto transitorio lo siguiente (véase página 16 del DOF de referencia):

``Quinto. Para los efectos del segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del ISR, los contribuyentes podrán efectuar hasta el 30 de noviembre de 2005 el pago de los gastos por concepto de consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, además de con los medios a que se refiere el precepto citado, mediante vales de gasolina.

A partir del 1 de diciembre de 2005, el pago por concepto de consumos de combustible a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse mediante los medios establecidos en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del ISR''.

Por tanto, ante la inexistencia de mecanismos que permitan cumplir los fines del decreto, los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente solicitan a la Secretaría de Hacienda emita una declaración mediante la cual se extienda la prórroga para la entrada en vigor del segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del ISR.

Finalmente, cabe señalar que dicha facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra establecida en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 3o., fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a veinticinco de enero de dos mil seis.--- Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), secretarios; Dip. Rebeca Godínez Bravo (rúbrica), Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Rento Sandoval Franco (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. No tengo oradores registrados. El asunto se considera suficientemente discutido. Ponga a consideración de la Asamblea los puntos de acuerdo para su aprobación, en su caso, ciudadana diputada.

La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa... Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese. Continúe la Secretaría.

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ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por el senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

I. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2006, el senador Rafael Melgoza Radillo presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía.

II. La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

III. Con fecha 24 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Único. Se cita a comparecer al secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC.

Segundo. El que suscribe la proposición con punto de acuerdo considera los siguientes aspectos:

1. Que la Organización Mundial de Comercio concluyó, el pasado 18 de diciembre, una reunión ministerial en Hong Kong con representantes de 148 países para encontrar los compromisos que pudieran orientar la culminación de la ``Ronda Doha'' de negociaciones comerciales multilaterales.

2. Que llegaron a acuerdos para proseguir la liberalización del comercio internacional en productos agropecuarios, industriales y servicios, así como para establecer nuevas reglas en materia de antidumping, subsidios y acuerdos comerciales regionales.

3. Que entre los acuerdos más relevantes se concretó un pacto para la eliminación simultánea de todas las formas (directas e indirectas) de subsidios a la exportación agrícola a completar a finales de 2013. El compromiso prevé eliminar progresivamente los subsidios, de modo que en 2011 se logre realizar una parte ``sustancial'' del desmantelamiento. Con esos efectos, durante el próximo mes de abril se negociará la forma específica en que se habrá de aplicar dicho pacto.

4. Que los países en desarrollo, una vez más, han visto frustradas sus expectativas para que los países desarrollados reduzcan las barreras a la importación de productos como azúcar, algodón, plátano y textiles que exportan y, en cambio, han tenido que acelerar la liberalización de servicios como las telecomunicaciones.

5. Que aun cuando las rondas de negociación de la OMC son procesos muy dilatados, constituyen ejercicios efectivamente globales, donde las concesiones que se reciben y otorgan influyen directamente en el nivel de vida de la población de cada una de las partes contratantes, pues el comercio internacional explica, hoy día, gran parte de la dinámica productiva, de empleo y consumo de cada nación.

6. Que dentro de los objetivos de cada ronda de negociación se colocan de manera destacada la equidad, la transparencia y el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo. Sin embargo, la experiencia muestra que ocurre todo lo contrario y predomina el interés de los protagonistas de mayor tamaño.

7. Que la diversidad de intereses es, además de compleja, muy intensa, como lo expresa la permanente rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos; de ambos con China o la India e incluso entre los llamados países en desarrollo, donde algunas naciones de África difieren de Brasil, Argentina o México. Es un proceso dilatado donde la habilidad de los negociadores depende en gran medida de la visión estratégica (o incluso ideológica) que siga cada país en materia de política comercial.

8. Que la importancia de este proceso multilateral de negociación puede ser más cercana si se recuerda que la Ronda Uruguay, concluida a principios de los años noventa, sirvió de escenario para establecer los márgenes y rangos de las concesiones que posteriormente fueron plasmadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en los demás acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país.

9. Que hoy, como al inicio de los años noventa, los medios de comunicación han dado a conocer los términos generales de los acuerdos obtenidos de las negociaciones multilaterales, pero aún no hay un análisis a fondo de la estrategia que han seguido nuestros representantes, ni de las repercusiones que finalmente tendrá el país.

10. Que debe tomarse en cuenta que una de las áreas que fueron objeto central de la negociación es la del comercio de productos agropecuarios que, desde el punto de vista social, es extraordinariamente sensible para México. Más aún si se observa que los periodos de liberalización acordados en Hong Kong se cruzan con los plazos consignados en el TLCAN y que tendrán graves repercusiones para los productores nacionales.

11. Que por las razones expuestas en los numerales anteriores, el grupo parlamentario del PRD considera de una gran importancia que, a la mayor brevedad, el señor secretario Sergio García de Alba, quien encabezó la delegación que participó en esta Cumbre, venga a esta Comisión Permanente a presentar un informe pormenorizado de los resultados en cada uno de los temas, así como del proceso y los plazos de aplicación.

Tercero. Los integrantes de la presente Comisión consideran adecuadas las manifestaciones vertidas por el promovente y descritas en los aspectos que se enumeran del uno al ocho del considerando anterior.

La dictaminadora considera controvertible el numeral nueve del considerando en comento, en virtud de que los objetivos seguidos por la delegación mexicana, encabezada por el titular de la Secretaría de Economía, fueron

1. Apoyar las iniciativas que lleven a establecer las bases para reducir sustancialmente los aranceles que enfrentan nuestros productos agrícolas en los principales mercados de exportación, y la reducción sustancial de la ayuda interna que distorsiona la producción.

2. Impulsar la postura para que los países desarrollados realicen reducciones al apoyo que brindan a la producción agrícola y los subsidios a las exportaciones de ese sector.

3. Lograr el respaldo de lo anterior a través de la presencia y participación del Grupo de los 20 (G-20) en el tema agrícola, que es prioritario para avanzar en la liberación del comercio mundial.

4. Sostener reuniones bilaterales de trabajo con ministros de distintos países.

Asimismo, respecto al comercio de productos agropecuarios mencionado en el numeral 10 del considerando anterior; el mecanismo para dar mayor acceso a los mercados agrícolas para los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se definirá en abril del próximo año, debido a la ausencia de un consenso entre los miembros del G-20, al cual pertenecen México y la Unión Europea.

Esta Comisión considera que se lograron llegar a acuerdos importantes sobre los avances en los principales temas de la Ronda de Doha, incluido el tema agrícola, conforme al texto ministerial elaborado al concluir la conferencia de Hong Kong. Asimismo, considera como óptima la participación de la delegación mexicana en dicho evento.

Del mismo modo, la dictaminadora considera solicitar un informe previo de los avances y perspectivas de las negociaciones en el tema agrícola dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, y sus efectos en los distintos acuerdos comerciales que México mantiene con otros países o bloques comerciales.

Concluimos así los integrantes que una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Economía es viable, previo informe enviado a esta soberanía para dialogar sobre los resultados de la Conferencia Ministerial, particularmente en el tema agropecuario y sus repercusiones a la producción nacional en estos momentos.

Con base en lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta atentamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a enviar un informe al Congreso de la Unión sobre la participación de la delegación mexicana en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, Hong Kong 2005.

Segundo. Se invita al titular de la Secretaría de Economía a celebrar una reunión de trabajo con la Comisión Permanente sobre el tema señalado en el resolutivo anterior y previo cumplimiento del mismo.

Salón de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de enero del año dos mil seis.--- Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Secretarios; Dip. Rebeca Godínez Bravo (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Dip. Rento Sandoval Franco (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.»El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo oradores registrados, el asunto está suficientemente discutido. Consulte a la Asamblea, señora diputada, respecto a la aprobación de los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.

Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de expresarlo... Mayoría por la afirmativa, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado; comuníquese.

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TRABAJOS LEGISLATIVOS
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señores legisladores, ha transcurrido el tiempo que se ha señalado para el desahogo de esta sesión. Nos quedarían pendientes diversas iniciativas de ciudadanos legisladores, y puntos de acuerdo. También tomaría en consideración lo que se refiere al acuerdo que tenemos previsto para discutir los otros apartados, como la agenda política. Preguntaría a la Asamblea si considera que la sesión debe terminar en este momento y dar turno a todos los asuntos, como tenemos acordado, o continuamos la sesión hasta la conclusión de todos sus puntos. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si es de concluirse la sesión a esta hora o continúa hasta agotar todos los puntos del orden del día.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si es de concluirse la sesión o se continúa hasta terminar los puntos del orden del día.

Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo... Perdón, para que termine la sesión porque se ha cumplido el termino del tiempo...

Las y los legisladores que no estén de acuerdo en que se termine la sesión favor de manifestarlo, con todos los puntos del orden del día... Según la votación, se terminará con los puntos de la orden del día, señor Presidente. (...)

Bueno, si gustan, si no quedó claro, repito la votación si me permite, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Por favor, señora secretaria; por favor, señora secretaria. A ver, ruego a usted que repita la votación y se exprese con mucha claridad si se concluye la sesión por haber transcurrido el tiempo que para ello hemos acordado o se continúa la sesión hasta agotar íntegramente todos los puntos del orden del día. Simplemente, ilustro a los señores legisladores que tenemos un número muy amplio de iniciativas y de puntos de acuerdo para que se tome en consideración. Esto llevaría seguramente cuatro horas o cinco horas, más o menos.

El diputado Iván García Solís (desde la curul): Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado.El diputado Iván García Solís (desde la curul): Propongo que la votación sea de la siguiente manera: si se suspende ya la sesión o continúa, esto no implica que al continuar necesariamente sea hasta la conclusión de todos los puntos del orden del día. Quiere decir que se prolonga para poder desahogar una parte mayor de la misma, del orden del día, lo cual es conveniente, tomando en cuenta que hay gran cantidad de asuntos pendientes y ésta posiblemente sea la última sesión de la Asamblea Permanente, de la sesión permanente. Por tanto, creo que debe tomarse en cuenta de esa manera la votación, no necesariamente hasta concluir todo, sino prolongarla; y en cualquier momento habrá la posibilidad de nuevamente preguntar a la Asamblea. Me parece que, en un ejercicio de responsabilidad, podemos continuar esta sesión. Gracias.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, compañera diputada.La diputada María del Rosario Herrera Ascencio (desde la curul): El acuerdo que habíamos votado al inicio de la instalación de esta Comisión Permanente iba en el sentido de que, efectivamente, íbamos a trabajar de las 11:00 horas a las 4 de la tarde, pero además que íbamos a dedicar un tiempo específico al asunto de la agenda política. La semana pasada se suspendió sin tratar el asunto que ya teníamos agendado, por parte del grupo parlamentario del PRD, sobre el movimiento del 68. Hoy, vuelve a ser agendado, y considero que deberíamos respetar los acuerdos que signamos en la Mesa Directiva y que, además, aprobamos aquí, en este Pleno. Solicito, Presidente, que en términos de las facultades que tiene usted conferidas, no se someta a consideración, puesto que ese asunto ya fue votado desde la primera sesión que tuvimos, y que veamos el asunto de la agenda política para que agotemos el tema del movimiento del 68, que se ha pospuesto durante dos sesiones.El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señora diputada, ahí, si me lo permite, la Presidencia de esta Mesa Directiva considera lo siguiente: ya se empalmó el acuerdo con el horario; es decir, en todo caso, la facultad que yo tendría es hacer valer el acuerdo si estuviéramos en tiempo, lo único --entre muchas cosas-- que no puedo hacer es regresar el tiempo. Y quisiera someterme a la determinación mayoritaria de esta Asamblea, y en función de eso tomáramos la determinación, si le parece conveniente, en el entendido de que todos los asuntos están publicados, se turnan a las comisiones correspondientes, se toman las decisiones en las comisiones correspondientes y, desde luego, se suben o se agendan por el tiempo transcurrido en esta Comisión Permanente o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Los asuntos no quedan cancelados, archivados u olvidados. Ruego a usted, señora secretaria, que consulte a la Asamblea si es de tomarse la decisión de que concluya la sesión del día de hoy por haber transcurrido el tiempo que tenemos fijado para ello, o se continúa hasta desahogar todos los puntos del orden del día.

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse que se concluya la sesión por haberse agotado el tiempo transcurrido: las y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo...

Las y los legisladores que estén porque termine la sesión y, en su caso, se turnen todos los asuntos a las comisiones respectivas... perdón, que continué la sesión... perdón, una disculpa...

Las legisladoras y los legisladores que estén porque continúe la sesión hasta que se agoten los puntos del orden del día favor de manifestarlo... Evidente mayoría porque se concluya la sesión, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Dé cuenta con el orden del día de la próxima sesión.

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ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: «Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Tercer Año.--- LIX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 1o. de febrero de 2006.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Mensaje del Presidente de la Comisión Permanente.

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Intervenciones de los Presidentes de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente.

Declaratoria de terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

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CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (A las 15:58 horas): Insistiría esta Presidencia en que se está citando a sesión para clausurar los trabajos el próximo miércoles, a las 9:30 de la mañana. Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar, señoras diputadas, señores diputados, legisladores, señoras senadoras y senadores, el miércoles 1 de febrero, a las 9: 30 horas. Se levanta la sesión.--------------- o --------------- RESUMEN DE TRABAJOS

Tiempo de duración: 3 horas 48 minutos.

Quórum a la apertura de sesión: 29 legisladores.

Protesta de ley del ciudadano Ernesto Zamarripa Morones, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Protesta de ley de la ciudadana Olga Hernández Espíndola como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Diputado que solicita licencia: 1.

Senador que solicita licencia: 1.

Comisiones reglamentarias y protocolarias: 5.

Proposiciones con puntos de acuerdo: 24.

Oradores en tribuna: 30 PRI-5, PAN-5, PRD-5, PVEM-2, PT-2, Conv-3, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-1, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral-7.

Se recibió:

1 Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2005;

1 comunicación del Congreso del estado de Chihuahua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

3 comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila, Querétaro y Sonora;

1 oficio del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;

1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de la asignación de las cuotas mínimas y adicionales de maíz blanco correspondiente al primer semestre de 2005;

6 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;

21 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores;

1 iniciativa del Congreso del estado de Oaxaca;

5 iniciativas del PRI;

5 iniciativas del PAN;

3 iniciativas del PRD;

1 iniciativa del PVEM;

1 iniciativa del PT.

Dictámenes de primera lectura:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Peyrot González, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa.

Dictámenes aprobados:

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Marco Antonio Peyrot González, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador;

1 de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanas, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el Gobierno de la República Francesa;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en la próxima reunión del Consejo Consultivo México-Consejo de Europa, se dé seguimiento y aplicación a lo dispuesto por la recomendación 1709 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en materia de feminicidios;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a que instruya al Instituto Nacional de Migración, al pleno respeto de los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en territorio nacional de manera ilegal;

15 dictámenes de la Segunda Comisión, por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, informe sobre diversos actos realizados por el candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, los días 11 y 14 de diciembre de 2005 y, en su caso, de las acciones y medidas sobre el particular;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a que en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencia, resuelvan el proceso penal seguido en contra del señor Ramón Salvador Gámez, tomando en consideración los derechos de niños y adolescentes;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al proceso penal seguido en contra del ciudadano Juan Ignacio García Zalvidea;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, remita a la Cámara de Diputados un informe sobre el estado que guardan las denuncias presentadas por los presidentes de los Comités Directivos Estatal y Municipal, del Partido Acción Nacional, en el estado de Puebla, en relación con el foro denominado La reforma política municipal;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a efecto de que la utilización de los espacios en los medios de difusión que correspondan a la Presidencia de la República, se realice con estricto apego a derecho;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la presunta aplicación de recursos por parte del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado de Puebla para la realización del encuentro denominado La reforma política municipal;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, a que revise que el procedimiento seguido en contra del señor Martín Barrios Hernández, se apegue al principio de legalidad;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes del estado de Baja California Sur, a que realicen una investigación sobre los presuntos hechos cometidos en agravio de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, en un hotel del municipio de Los Cabos;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del estado de Sonora a que, a través de la Procuraduría General de Justicia estatal, resuelva el caso del niño Ismael Mondragón Molina, quien falleciera con posterioridad a una cirugía de cráneo;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información a la Secretaría de Desa-rrollo Social, sobre la propuesta para crear la Coordinación Nacional de Protección Social;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República, a que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones coordinadas con las autoridades estatales, del Distrito Federal y municipales correspondientes, para enfrentar la delincuencia y la violencia en el país;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, a que promuevan actos conmemorativos del bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez García;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe sobre los cobros a usuarios por los servicios de revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la atención a colonias populares en el estado de México y en el municipio de Ecatepec de Morelos;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en relación con la suscripción o renovación por parte de los gobiernos estatales, de los convenios de coordinación denominados Plandesol;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para ratificar el nombramiento de la ciudadana Olga Hernández Espíndola como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

1 de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se invita a comparecer al ciudadano Luis Carlos Ugalde Ramírez, Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de que informe sobre el proceso de inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y sobre las acciones a realizar para dar certidumbre y credibilidad a la actuación de ese instituto, y se establece el formato de la comparecencia;

15 dictámenes de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para celebrar las candidaturas de mujeres a las presidencias de sus países en Latinoamérica y en el mundo, y expresar beneplácito por el triunfo de Michelle Bachelet en la elección a la Presidencia de la República de Chile;

1 de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que investigue la falsificación de títulos y certificados de estudio profesionales y de cualquier otra documentación académica que se presume ha sido expedida a través de la Dirección General de Profesiones y, en su caso, proceda penalmente en caso de existir servidores públicos involucrados;

1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar nuevamente al Presidente de la República, para que informe sobre los planes y proyectos requeridos para la recuperación de la industria petrolera nacional;

1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que otorgue una prórroga para aplicar lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

1 de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a enviar un informe sobre la participación de la delegación mexicana en la VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Hong Kong.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION (en orden alfabético)

Fraile García, Francisco Antonio (PAN) Estado de Puebla: 109

García Solís, Iván (PRD) Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 32 desde curul, 34 desde curul

García Solís, Iván (PRD) Instituto Federal Electoral: 94, 95, 97

García Solís, Iván (PRD) Trabajos legislativos: 186 desde curul

Godínez y Bravo, Rebeca (PRI) Instituto Federal Electoral: 156

González Schmal, Jesús Porfirio (Conv) Instituto Federal Electoral: 98, 146, 147

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Instituto Federal Electoral: 155

Herrera Ascencio, María del Rosario (PRD) Trabajos legislativos: 186 desde curul

Jiménez González, David (PRI) Instituto Federal Electoral: 96, 97 desde curul, 158

Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM) Instituto Federal Electoral: 150, 151

Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI) Ley Federal de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus Familias: 126

Ojeda Zubieta, César Raúl (PRD) Instituto Federal Electoral: 152

Padilla Peña, Joel (PT) Instituto Federal Electoral: 148, 149

Soberanes Fernández, José Luis.- Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 32

Triana Tena, Jorge (PAN) Instituto Federal Electoral: 93, 94 desde curul, 95

Ugalde Ramírez, Luis Carlos.- Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral Instituto Federal Electoral: 142, 146, 148, 150, 153, 156, 157

Zepahua Valencia, Mario Alberto Rafael (PRI) Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 137

Zermeño Infante, Jorge (PAN) Instituto Federal Electoral: 98, 155

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INICIATIVAS
«Iniciativa que reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, Federico Döring Casar, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos, a efecto de prever como requisito para el registro de una candidatura a un cargo de elección popular la presentación de una declaración patrimonial, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores desafíos a que se enfrenta nuestro país en la actualidad es sin duda erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas, percepción que en gran medida ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos que, valiéndose de la alta responsabilidad que les ha sido conferida, han antepuesto sus intereses al interés público, social y nacional.

Afortunadamente, nuestro país está viviendo tiempos políticos nuevos; existe una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos públicos y, en particular, más vigilante del desempeño de los gobernantes en todos los niveles de responsabilidad. La ciudadanía está alerta e interesada en conocer el destino y cerciorarse del correcto uso de los recursos que, con el esfuerzo de todos los mexicanos, se recaudan para sufragar los gastos públicos. En esta nueva cultura política de escrutinio, transparencia y exigencia de rendición de cuentas, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos es el que se refiere a la probidad, honestidad y desarrollo ético de las personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular.

En este sentido, el artículo 34 de la Constitución General, en su fracción II, prevé como requisito para detentar la calidad de ciudadano mexicano ``tener un modo honesto de vivir''.

Asimismo, el artículo 35 de la propia norma máxima establece en la fracción II como prerrogativa del ciudadano ``poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley''.

Como es posible apreciar de los dos preceptos constitucionales citados, ``contar con un modo honesto de vivir'' se constituye como un elemento fundamental para ser elegible a ocupar un cargo público, situación que, en términos de la propuesta que se presenta ante este órgano del Poder Legislativo federal, deberá acreditarse precisamente mediante la presentación de una declaración sobre la situación patrimonial del aspirante al cargo de elección popular.

En la actualidad, la declaración de situación patrimonial es un control preventivo e instrumento importante que permite conocer a través de su análisis y seguimiento la evolución del patrimonio de los servidores públicos, en prevención de que, a través de sus empleos, cargos o comisiones, obtengan o pretendan obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado les otorga por su desempeño.

Sin embargo, en los términos planteados en la presente iniciativa, la declaración sobre la situación patrimonial del aspirante al cargo público pretende constituirse como el medio instrumental que, bajo la buena fe de los aspirantes a cargos de elección popular, presuma han observado una conducta acorde con el marco jurídico y los valores éticos, es decir, un modo honesto de vivir.

El cumplimiento del requisito propuesto deberá desencadenar confianza a la ciudadanía para que, en caso de que el candidato cuente con su voto, se estime que tendrá una actuación honesta y transparente en el desempeño del cargo público.

Además, con dicha medida se busca reivindicar el servicio público como una de las más altas encomiendas que aspire desarrollar una persona, al tener bajo su responsabilidad, la satisfacción del bien común de la sociedad. En efecto, el servicio público es un patrimonio de la sociedad que exige que los empleados deban lealtad a las leyes y a los principios éticos, por encima de la ganancia personal.

De esa manera, la declaración de los bienes del candidato a ocupar un cargo de elección popular no debe consistir en una decisión personal, dado que la probidad debe ser un modo de vida, una conducta activa, no basta señalar que se es honesto, hay que demostrarlo y lograr con esto que la totalidad de los miembros del servicio público y de la sociedad lo sean.

En los tiempos de cambio que se desarrollan actualmente, la conducción y el liderazgo de los servidores públicos son fundamentales para orientar los procesos de consolidación del mismo. En este sentido, fortalecer los principios éticos de la función pública, desde la etapa previa a la elección o designación respectiva, así como combatir los fenómenos inherentes, y afirmar el respeto de la norma legal como eje de todo acto de gobierno es tarea que debe ser consustancial a la construcción de nuestro Estado de derecho.

De las consideraciones anteriores, y una vez que se revisó el marco jurídico respectivo, a efecto de instrumentar la propuesta se estima pertinente reformar el artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral 2, por lo que se refiere a la documentación que deberá presentar la persona que solicite el registro de una candidatura, dentro de la que se deberá acompañar la declaración de situación patrimonial que, como ya se señaló en la presente exposición de motivos, encuentra su sustento jurídico en las prescripciones contenidas en los artículos 34 y 35 de la Constitución federal.

Por otra parte, y desafortunadamente, no es posible prever la obligación de que la información contenida en la situación patrimonial en cuestión sea de acceso público, dado que con ello se pudiera violentar la garantía constitucional del derecho a la privacidad, por lo que en este caso, y en un ánimo de probidad y honestidad, deberá ser el propio candidato a cargo de elección popular el que autorice, en su caso, la publicidad de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de este órgano del Poder Legislativo federal

Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 178.

1. ...

2. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para votar, así como, en su caso, la constancia de residencia de propietarios y suplentes; asimismo, deberá acompañarse de la declaración de situación patrimonial, con las características que al efecto determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuya información será pública, siempre y cuando se cuente con la autorización del candidato respectivo, en los términos que establezca el reglamento del Instituto en materia de transparencia y acceso a la información pública.

3. a 6. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. Federico Döring Casar (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que adiciona los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cabildos estatales de la Ciudad de México, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

Quien suscribe, Iván García Solís, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 116 y un inciso a la fracción V de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de creación del cabildo estatal y de la Ciudad de México.

Exposición de Motivos

La iniciativa que hoy vengo a presentar responde a mi interés de buscar que el espacio público reconozca a los valores democráticos. Pretendo además con esta propuesta que las prácticas del buen ejercicio público se colectivicen y que nuestra Constitución sea el instrumento normativo que encauce debidamente las buenas acciones políticas.

La pluralidad que estamos viviendo ocasionó claroscuros. La alternancia en el poder no fue precisamente la llave para entrar a una mejoría en el bienestar de la población. El empuje de una sociedad cada día más participativa e informada dio como resultado el respeto a ciertas garantías fundamentales, como lo son la de expresión y asociación sólo por citar algunas. Además, la vía para el acceso al poder: la electoral, se está consolidando.

Recordemos que el otrora partido de Estado, por su propia naturaleza jurídica y política, impidió la auténtica rendición de cuentas, por el contrario, se sirvió de esa opacidad para lograr verdaderos entramados de intereses que al articularse favorecieron solamente a la clase política en el poder, no así al ciudadano común y corriente. De ahí que cada periodo sexenal, ya sea federal o estatal, se producía en serie a burócratas con riquezas inexplicables e insultantes.

Pero no sólo eso, al no existir cauces institucionales para la exigencia social del adecuado quehacer gubernamental, ocasionó que los ciudadanos acumularan carencias en los más diversos aspectos de su vida cotidiana.

Hoy las cosas están cambiando, pero el verdadero instrumento que transformó las formas en el ejercicio gubernamental es el voto popular. El premio o castigo a una mala o buena administración se manifiesta mediante el refrendo o alternancia en el ejercicio del poder.

En la actualidad, los Congresos federal y locales, municipios, estados y la misma Federación están siendo gobernados por personas de distintas ideologías partidistas, lo que conlleva necesariamente a institucionalizar ciertos espacios de discusión de la agenda pública para la adecuada resolución de los problemas que les es común atender.

Actualmente, en la construcción del bienestar ciudadano intervienen, para bien o para mal, tres niveles de gobierno. Eso se logra vía mandato legal, o bien, bajo figuras extralegales que posibilitan acuerdos entre la diversidad ideológica, mediante el despliegue de las potencialidades políticas, técnicas y operativas de los poderes del Estado, mismos que interactúan bajo un solo propósito: la satisfacción de bienes y servicios a la población.

Ejemplos de ello, son la creación de figuras como la Convención Nacional Hacendaria, la Conago, la Asociación de Congresos Locales; la Asociación de Autoridades Locales y los acuerdos metropolitanos entre el Distrito Federal y el estado de México.

Lo que quiero proponer es llevar al marco legal una práctica política iniciada en Guanajuato, donde de manera sistemática se celebraban encuentros entre presidentes municipales y el gobernador de ese estado, lo que sin duda contribuyó a un adecuado clima de gobernabilidad, pues fue el espacio idóneo para la debida relación interinstitucional entre esos órdenes de gobierno.

Recientemente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, instituyó El Consejo de Apoyo y Base Interinstitucional a las Delegaciones del Distrito Federal (Cabildo DF), cuyo propósito fundamental es ``propiciar una relación armónica entre la administración pública central y las delegaciones...'' Señaló que con ese acuerdo ``se incrementará la capacidad de respuesta gubernamental a las demandas ciudadanas, consolidando así la legitimidad del poder público''.

Otra motivación que adujo es que ``existen actividades que requieren en su diseño e instrumentación la coordinación de ambos niveles de administración, para lograr atender de manera más eficiente las demandas de la ciudadanía''.

Es obvio que esta acción es sólo un paso hacia la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo de nuestra Ciudad de México, y que se debe reconocer que la reforma política aún no logra convencer a quienes tienen la capacidad de decidir sobre el futuro de esta ciudad y que paradójicamente no son los ciudadanos del Distrito Federal sino los Senadores.

Sin embargo, al margen de lo anterior, creo que la experiencia del cabildo como espacio estatal de discusión debe institucionalizarse por norma y que no quede al arbitrio de la decisión de un jefe de gobierno, pero aún más, soy de la idea de que dicho cabildo puede ser un mecanismo susceptible de ser extrapolado a las entidades federativas, como el espacio para el entendimiento entre los gobernadores y los presidentes municipales.

Estoy conciente que esta figura responde sólo a una idea de colaboración y acercamiento entre autoridades estatales y municipales, donde no está de por medio una relación de supra o subordinación; este cabildo estatal no es tampoco la típica figura como la del cabildo de Buenos Aires o el cabildo metropolitano de la ciudad de Caracas, Venezuela, o de cualquier otra ciudad del mundo, pues en estas ciudades los cabildos son órganos de gobierno y gozan de cierta autonomía funcional. Es simplemente una idea de institucionalizar una práctica política de interlocución entre autoridades locales.

Es por ello que propongo la reforma a los artículos 115 y 122 para instituir la figura de los cabildos estatales, mismos que serán el lugar propicio para la búsqueda de acuerdos que favorezcan el buen ejercicio de las atribuciones constitucionales que a cada orden de gobierno compete.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos:

Artículo Primero.-Se adiciona la fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. El Poder...

Los poderes...

I. a VII. ...

VIII. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de los gobiernos estatales y los municipios, las leyes de los estados instituirán cabildos por cada entidad federativa, que como entes integrados por los ejecutivos de ambos órdenes de gobierno, se encargarán de establecer mecanismos de coordinación para ejecutar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, acciones de gobierno que incidan en uno o más municipios.

Artículo Segundo.- Se adiciona un inciso a la fracción V de la base primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que el contenido del actual inciso o) se recorre al p) y en el actual o) se incorpora la redacción propuesta, para quedar como sigue:a

Artículo 122.-Definida...

...

...

...

...

...

A. a C. ...

Base Primera

I. a IV. ...

V. La Asamblea...

a) a ñ) ...

o) Expedir las disposiciones legales para regular el cabildo de la Ciudad de México, que tendrá por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las delegaciones y entre éstas y la administración pública centralizada del Distrito Federal para ejecutar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, acciones de gobierno que incidan en una o más demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 deenero del 2006.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

«Iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del PVEM

Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La democracia tiene su origen en la participación ciudadana, y nuestro país tiene un padrón electoral grande e importante, que se estima para las próximas elecciones federales de 2006 en casi 70 millones de electores. Pero para que este sea efectivo, es decir, para que los ciudadanos ejerzan su derecho elemental a votar y ser votado y poder disminuir los niveles de abstencionismo, que en las elecciones de 2000 alcanzó 36 por ciento y que representa más de 21 millones de electores, es necesario legislar para tener unas leyes electorales acordes con la realidad mexicana.

Según el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Visto desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto civiles y políticos, en materia de discapacidad prevalece una situación marcada por persistentes violaciones de esos derechos. La escasa participación de las personas con discapacidad en la vida política y ciudadana tiene que ver, en parte, con las múltiples barreras técnicas que deben sortear para acceder a ello. Éstas son situaciones que terminan imposibilitando su verdadera integración como ciudadanos sujetos de obligaciones y derechos.

El derecho a votar se confiere a todas las personas que cumplen los requisitos legales para ser electores, y frecuentemente una mala selección de los sitios de votación o una limitada disponibilidad de inmuebles adecuados terminan por convertirse en elementos discriminatorios contra personas enfermas o con capacidades diferentes. Sin lugar a dudas, la normatividad debe dar todas las facilidades posibles a los electores que tienen alguna necesidad física en los sitios de votación, porque no es posible que un elector no emita su voto por la simple razón de que no está en condiciones de subir los escalones que lo conduzcan al sitio de votación.

Si queremos consolidar nuestra joven democracia, tendremos que hacer una labor más específica en materia legislativa para garantizar el verdadero voto universal. Reconozcamos que las personas con capacidades diferentes, como sujetos plenos de derecho, no existen en la vida política. No existen porque uno de los más elementales derechos de la democracia, que es la elección libre de los gobernantes, les resulta imposible porque no tienen los accesos y condiciones mínimas para que puedan participar.

Para que las personas con capacidades diferentes puedan gozar de sus derechos y obligaciones como ciudadanos es necesario garantizar dos cosas: (1) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible; y (2) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación. Por eso, las autoridades correspondientes, apoyadas en una legislación responsable, deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a este grupo de personas, a fin de ayudarlas a aumentar su nivel de participación en la vida política y social y poder así ejercer plenamente sus derechos.

En el plano internacional, países donde se tiene una legislación electoral de vanguardia en la materia, como es el caso de Canadá, se ha diseñado una plantilla que se coloca encima de la papeleta de votación y permite al votante hacer su selección después de escuchar (en algunos casos mediante una cinta de audio) el orden de los candidatos en la papeleta. El uso de este tipo de dispositivo permite que la elección del votante permanezca en secreto.

Otros ejemplos exitosos han sido las papeletas de votación de tamaño mayor que las normales para electores con debilidad visual, o la elaboración de papeletas en Braille, y aunque esta práctica puede ser costosa asegura que el voto sea confidencial.

Desde luego, hay muchas formas de facilitar el procedimiento de votación para las personas con capacidades diferentes, como serían

el acceso especial para electores en sillas de ruedas, así como para aquellos con dificultades para caminar;

iluminación especial;

instrucciones en cintas de audio;

uso de aparatos con textos grabados; y

sitios de votación para uso exclusivo de electores invidentes.

En Sudáfrica, por ejemplo, para las elecciones de 1994, se designó un día especial e independiente de votación para los electores con discapacidades. Ese día se abrieron alrededor de 10 por ciento de los sitios de votación en que durante los dos días siguientes se efectuó la votación ordinaria. Como se observa, un día de la votación especial puede ser una forma innovadora y muy valiosa para asegurar que todos los votantes pudieran participar en las elecciones.

Para concluir, los partidos políticos debemos tomar conciencia para que la legislación electoral tenga una respuesta favorable para los casi 1 millón 600 mil electores1 con capacidades diferentes que ya están registrados en el padrón electoral. Sin temor a equivocarnos, para que haya una democracia incluyente tenemos que tener una legislación socialmente responsable que respete los derechos de los ciudadanos y los haga partícipes de la toma de decisiones.

Sensibilizado por lo anterior lo anterior, el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 194 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Por el que se reforma el artículo 194 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 194.

Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Propicien la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate;

d) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos;

e) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares; y

f) Estas casillas deberán contar con facilidades para electores con capacidades diferentes. Estos requerimientos serán establecidos y verificados de manera coordinada entre el Instituto Federal Electoral y la autoridad correspondiente en materia de atención a este grupo de personas.

2. Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas.

Transitorio

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Fuente: Base de datos del INEGI.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Coordinación Fiscal, en su capítulo Quinto prevé la existencia de diferentes fondos por medio de los cuales las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben recursos provenientes del Gobierno Federal.

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, decide en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cuánto asciende el monto de recursos financieros que por cada uno de los fondos recibirán los beneficiados.

Sin embargo, en múltiples ocasiones la entrega física de los recursos económicos a cada uno de los beneficiarios de dichos fondos se vuelve tortuoso.

Desgraciadamente, se pierde de vista que las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deben actuar con oportunidad para enfrentar los múltiples problemas sociales que en su función de gobierno deben resolver.

La Cámara de Diputados, al disponer en el Presupuesto de Egresos de la Federación de una cantidad determinada para cada uno de los distintos fondos federales, lo hace pensando en que el dinero se reciba completo y a tiempo.

El mecanismo que la Ley de Coordinación Fiscal diseña es que el Gobierno Federal transfiere los recursos a cada una de las entidades federativas y luego éstas redistribuyen a los municipios. Sin embargo, el problema que se enfrenta en la práctica es la tardanza en la que los municipios reciben los recursos que les corresponden.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone como materia de la presente iniciativa, la adición de un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal en el que se establezca que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las cantidades que les correspondan a dichos gobiernos y al del Distrito Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar de manera directa recursos económicos a los municipios y demarcaciones territoriales que atiendan y promuevan la educación inicial.

De igual forma proponemos que se reformen los artículos 32, 35, 36, 37 y 38, para el efecto de que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que de manera directa haga la entrega de los recursos financieros que les corresponde a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, particularmente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la infraestructura social se divide en:

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y,

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal.

En el caso del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal sus recursos económicos se destinan para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.

Como se puede apreciar, bastante ambiciosas resultan las actividades a las que los municipios deben destinar los recursos económicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Por ello, resulta imprescindible que los 2,453 municipios que existen en el país reciban oportunamente los recursos económicos que les corresponde para que puedan actuar de manera eficiente en su función de gobierno y estén en condiciones de prestar, adecuadamente, los servicios públicos que la Constitución General de la República en su artículo 115 fracción III establece en su favor.

También, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, proponemos que los recursos económicos que integran dicho fondo, sean entregados de manera directa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a municipios y demarcaciones territoriales.

El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos económicos de este fondo ``se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes''.

Como se puede apreciar, de la trascripción anterior, los municipios y demarcaciones territoriales deben contar oportunamente con los recursos que les correspondan para poder cumplir la obligación que sobre el destino de dichos recursos les impone el artículo 37 de la Ley en comento.

Compañeras y compañeros legisladores: Lo que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone, es modificar los criterios de asignación de recursos que derivan de los diferentes fondos que se prevén en la Ley de Coordinación Fiscal a favor de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, todo ello, con el propósito de que al ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsable de entregar de manera directa dichos recursos económicos, su entrega se haga de manera rápida y oportuna, evitando el burocratismo de que dichos recursos tengan que ser transferidos primero, a los estados y Distrito Federal y después, por parte de éstos entregados a los municipios y demarcaciones territoriales.

Compañeras y compañeros legisladores: Por las consideraciones antes expuestas someto a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará de manera directa los recursos financieros que les correspondan a los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 32, segundo párrafo; 35, párrafos primero, segundo y cuarto; 36, inciso a) y segundo párrafo; 37, primer párrafo; 38, tercer párrafo, para quedar como siguen:

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y municipios por conducto de la Federación, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

...

Artículo 35. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, ...

a) a d) ...

Con objeto de apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá entregar a los municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.

Artículo 36. ...

a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y

b) ...

Al efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.

...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las demarcaciones territoriales por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, ...

Artículo 38. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuirá los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales antes referidos.

Artículo Tercero. Se deroga el tercer párrafo del artículo 35, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

a) a d) ... ...

Se deroga

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil seis.--- Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En esta misma fecha he presentado diversa iniciativa con proyecto de decreto de reformas del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito fundamental de ampliar las atribuciones de vigilancia y control de la Cámara de Diputados y crear una entidad de vigilancia y control superior de esta Cámara para que la apoye a organizar y coordinar el sistema de vigilancia y control de las acciones de gobierno de la Federación, con el fin de supervisar y controlar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y las entidades de la Federación, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.

La presente Iniciativa está subordinada a la aprobación de la reforma del artículo 79 de la Constitución, en los términos propuestos por mi parte en la iniciativa relativa.

Como su aprobación determinará la derogación de las fracciones I, III a V, VIII a X, y XIII a XVII, inclusive, del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por razones de técnica jurídica y de claridad y precisión de las leyes, formulo la presente iniciativa, que reforma íntegramente el artículo 37, a efecto de eliminar los textos de las fracciones antes citadas y que serían derogados por la reforma constitucional en comento, y la modificación subsecuente de las fracciones II, VI, VI Bis, VII, XI, XII, XVIII, XVIII Bis, XIX y XX. Estas últimas, relacionadas con la administración de personal e inmobiliaria de la Administración Pública Federal y que no son afectadas por la reforma del artículo 79 constitucional, pero requerirán ser reestructuradas, numeradas en orden ininterrumpido e incorporadas en 17 fracciones, que respetan sustancialmente el texto del artículo 37, en su parte relativa a administración de personal e inmobiliaria, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con lo anterior se logran la separación y reestructuración sistemática de las atribuciones que corresponderán, en su caso, a la entidad de vigilancia y control superior de la Federación de la Cámara de Diputados, por un lado, y a la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que asuma las funciones de desarrollo de personal y manejo inmobiliario de la Federación.

Las propuestas contenidas en esta iniciativa son acordes y congruentes con los principios de división de poderes y son respetuosas de los fines y objetivos planteados por el titular del Poder Ejecutivo al presentar la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que actualmente se encuentra en vigor.

En los artículos transitorios propuestos en la iniciativa de reformas del artículo 79 constitucional se dispone: ``A más tardar el 31 de diciembre de 2006, el Congreso de la Unión expedirá las reformas del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de hacer las adecuaciones de dicha norma reglamentaria a lo dispuesto en este decreto''.

Consecuentemente, la reforma de dicho artículo 37 deberá expedirse por el Congreso de la Unión entre la fecha de entrada en vigor de la reforma constitucional del artículo 79, en su caso, y el 31 de diciembre de 2006 previsto en el artículo segundo transitorio del mismo.

Esta iniciativa tiene el propósito de propiciar que el Congreso de la Unión cuente con el impulso de la iniciativa constitucionalmente necesaria para que pueda cumplir oportunamente el mandato constitucional que, eventualmente, le imponga el artículo segundo transitorio, primer párrafo, de la reforma constitucional varias veces citada.

Lo anterior, independientemente de que el titular del Poder Ejecutivo, en ejercicio de su facultad de iniciativa, formule las propuestas de reforma del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que estime convenientes y que sean acordes con la reforma constitucional de referencia.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, derogando el texto incluido en las fracciones I, III a V, VIII a X, y XIII a XVII, inclusive, modificándolo en las fracciones II, VI, VI Bis, VII, XI, XII, XVIII, XVIII Bis, XIX y XX, reestructurándolas, ordenándolas en 17 fracciones, para quedar redactadas como sigue:

Artículo 37. A la Secretaría de Desarrollo Administrativo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de desarrollo de personal y política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo interno.

II. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública Federal.

III. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en los términos de la ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas.

IV. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

V. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de manejo de personal y administración gubernamentales, delegados de la propia dependencia ante las demás dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal.

VI. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de desarrollo de personal y administración inmobiliaria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.

VII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIII. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal.

IX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal.

X. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo-terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales.

XI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien, con los particulares y con otros países.

XII. Administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad.

XIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación, así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia dependencia, o bien, terceros debidamente autorizados para ello.

XIV. Llevar el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y el inventario general correspondiente;

XV. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República.

XVI. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico; y

XVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Miguel Lucero Palma (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del senador Francisco Antonio Fraile García y suscrita por el senador Jesús Galván Muñoz, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, senadores miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar la siguiente iniciativa, que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro últimos párrafos al artículo 8o.; se adicionan dos últimos párrafos al artículo 9o.; se reforma la fracción V, se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto, y se reforman los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden, todos del artículo 13; se reforma el párrafo primero del artículo 15; se reforma el artículo 31; y se reforma el último párrafo del artículo 37, todos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, así como a la responsabilidad patrimonial del Estado.

El párrafo primero del artículo 108 constitucional, al precisar a quiénes se considera servidores públicos, los sujeta al régimen de responsabilidades a que alude el citado Título Cuarto. Al amparo de dicho régimen, la responsabilidad en que un servidor público puede incurrir puede ser vista desde cuatro ángulos diferentes; a saber: política, administrativa, civil y penal.

Por su parte, el párrafo primero del artículo 109 de la Ley Fundamental señala que es atribución del Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedir las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad.

De conformidad con la fracción III del citado artículo 109, se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

En el mismo orden de ideas, el párrafo primero del artículo 113 constitucional establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar los principios que rigen la función pública; y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

El Congreso de la Unión, en uso de la atribución que le concede el párrafo primero del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, y de conformidad con su artículo primero transitorio, dicho ordenamiento entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La ley en cita tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; sus obligaciones; las responsabilidades y sanciones administrativas; y las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, así como el registro patrimonial de los servidores públicos.

Son sujetos de la ley de referencia los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Los artículos 8o. y 9o., entre otros, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos precisan las obligaciones de los sujetos de la propia ley. Por su parte, el artículo 13 del mismo ordenamiento señala las sanciones por falta administrativa. Y el artículo 21 reglamenta el procedimiento que las autoridades competentes deben seguir para la imposición de dichas sanciones.

No obstante lo anterior, los redactores de la presente iniciativa consideramos que debe precisarse en el texto legal la sanción correspondiente al incumplimiento de cada una de las obligaciones señaladas en la propia ley, pues queda al arbitrio de la autoridad competente determinar la sanción aplicable, una vez desahogado el procedimiento disciplinario respectivo.

Por tanto, el primer objetivo de la presente iniciativa es señalar con precisión las sanciones aplicables frente al incumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en ley.

Para la consecución del objetivo antes expuesto, se propone adicionar cuatro últimos párrafos al artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de señalar la sanción aplicable en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones de dicho precepto. En el mismo orden de ideas, se propone adicionar dos últimos párrafos al artículo 9o. de la ley de referencia, con el mismo objeto.

Por otra parte, como se expuso, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las sanciones por falta administrativa. Dichas sanciones son las siguientes: amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de un año; destitución del puesto; sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

De conformidad con el citado artículo 13, la ley concibe la inhabilitación como la regla general, de tal modo que dicha sanción resulta aplicable a todo supuesto de falta administrativa. Esto es, según el párrafo segundo del artículo en comento, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación. En caso contrario, la inhabilitación será desde uno hasta diez años, si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite, siendo aplicable este último plazo de inhabilitación por conductas graves de los servidores públicos.

El segundo objetivo de la presente iniciativa es suprimir el carácter de regla general que la ley da a la inhabilitación, de tal modo que dicha sanción únicamente quede circunscrita a la comisión de determinadas faltas administrativas y sólo por un plazo de seis meses a un año.

El argumento para sostener lo anterior es la libertad de trabajo. Dicha garantía es reconocida en el artículo 5o. constitucional, según el cual a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Si bien es cierto que el propio texto constitucional establece las limitaciones de esta garantía, los redactores de la presente iniciativa no consideramos justo que a un servidor público quien, incumpliendo alguna de las obligaciones que la ley le impone, y siendo sancionado por la autoridad competente siguiendo el procedimiento previsto para ello, en una ley expedida con anterioridad al hecho que dio motivo al mismo, se limite su acceso al servicio público.

No obstante lo antes dicho, debe quedar claro que lo propuesto no es la supresión de la inhabilitación como sanción en caso de responsabilidad administrativa. Por el contrario, se propone su circunscripción a los supuestos en que un servidor público que separándose, por cualquier causa, del empleo, cargo o comisión que desempeñaba en el servicio público, llegare a incumplir alguna obligación de tracto sucesivo, entendiendo por tal la que debe ser observada por el servidor público con posterioridad a su separación, y precisamente con motivo de ella, supuesto en el cual sí se autorizaría la imposición de la inhabilitación.

Para la consecución del segundo objetivo de la presente iniciativa, se propone reformar la fracción V y derogar los párrafos segundo, tercero y cuarto, así como reformar los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden, todos del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, se propone la reforma del párrafo primero del artículo 15 de la ley en cita, a fin de suprimir de su texto la referencia al artículo 8o. de la ley, pues las obligaciones de los servidores públicos se contienen, además de dicho precepto, en otros artículos del mismo ordenamiento, así como para dar a la sanción económica el carácter de regla general.

Se propone además la reforma del artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de adicionar su parte in fine con una prevención en el sentido de que quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación, sujetándose en todo caso a lo dispuesto en los artículos 8o., cuatro últimos párrafos, y 9o., dos últimos párrafos, de la propia ley. Lo anterior, a fin de eliminar el factor de arbitrariedad a que nos hemos referido.

Por otra parte, se propone la reforma del último párrafo del artículo 37 de la propia ley, a fin de limitar el plazo de inhabilitación de seis meses a un año.

Por todo lo anterior, sometemos ante ustedes la iniciativa que contiene el siguiente

Proyecto de decreto

Artículo Único. Se adicionan cuatro últimos párrafos al artículo 8o.; se adicionan dos últimos párrafos al artículo 9o.; se reforma la fracción V, se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto, y se reforman los párrafos quinto, sexto y séptimo, recorriéndose en su orden, todos del artículo 13; se reforma el párrafo primero del artículo 15; se reforma el artículo 31; y se reforma el último párrafo del artículo 37, todos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

I. a XXIV. ...

...

Al servidor público que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, párrafo segundo, XVI, XVII, XVIII, XIX y XXIV se sancionará con amonestación privada o pública. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la destitución del puesto.

Al servidor público que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las fracciones X, XI, párrafo primero, XII, XIII, XIV, XX, XXI, XXII y XXIII se sancionará con la destitución del puesto.

Al servidor público que incumpla alguna de las obligaciones previstas en las fracciones VIII, XII, párrafo primero, parte final, y XXIII, párrafo primero, parte final, se sancionará con la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de seis meses a un año.

Al servidor público que incumpla la obligación prevista en la fracción XV se sancionará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la presente ley.

Artículo 9o. ...

a) a c) ...

Al servidor público que incumpla alguna de las obligaciones previstas en este artículo se sancionará con la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de seis meses a un año.

En el caso del inciso c) de este artículo, se impondrá además la sanción de destitución.

Artículo 13. ...

I. a IV. ...

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de seis meses a un año.

Para los efectos de esta ley, se considera infracción grave aquella en que el incumplimiento de una obligación de las previstas en la propia ley tenga como sanción alguna de las establecidas en las fracciones III o V del presente artículo.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la ley pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad en que pretenda ingresar dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior por parte del titular de la dependencia o entidad se sancionará con la destitución del puesto, quedando además sin efectos el nombramiento o contrato que, en su caso, se haya realizado.

Artículo 15. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

...

...

...

Artículo 31. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrán al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación sujetándose a lo dispuesto en los artículos 8o., cuatro últimos párrafos, y 9o., dos últimos párrafos, de la presente ley, según corresponda.

Artículo 37. ...

I. a III. ...

...

...

...

...

...

...

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de seis meses a un año, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senadores: Francisco Antonio Fraile García, Jesús Galván Muñoz (rúbricas)..»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.«Iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, al tenor de la consecuente

Exposición de Motivos

Quiero hablar de una experiencia que viven nuestras comunidades ejidales en Guerrero, sólo para ejemplificar la necesidad de reformar la Ley Agraria, y con ello podemos contribuir a solucionar a nivel nacional la problemática que enfrentan.

En un núcleo agrario dotado con 10 mil hectáreas de selva y bosque tropical, uno de los más importantes del país. Es el ejido más grande de los dedicados a la producción de café. La dotación inicial es el fruto de una muy importante lucha, y de la reforma agraria realizada por el General Lázaro Cárdenas. Estas tierras han sido escenario de hazañas productivas, de trascendentes luchas sociales y políticas.

El ejido ha sido objeto de libros y de innumerables estudios y referencias. El Paraíso es reconocido a nivel internacional. Especialmente por sus productos y por las acciones desplegadas por el dirigente social y comandante guerrillero profesor Lucio Cabañas. El auge de la producción de café propició el crecimiento de la población y la generación de riqueza, de empleo y de distribución de los frutos del trabajo.

El Paraíso es el más numeroso centro urbano de la selva y de la sierra. En las cuencas de sus ríos se deslizan las aguas que alimentan la vida de la costa y de sus ciudades más importantes: Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez. En sus bosques y selvas se producen café, flores y hortalizas, maderas preciosas y semipreciosas. Además, se prestan importantes servicios ambientales a la humanidad, a nuestro país, a Guerrero y a la costa Grande.

El Paraíso forma parte muy importante del filo mayor de la Sierra Madre del Sur.

Los caficultores han vivido tiempos de auge, y sufren hoy las consecuencias de una crisis muy severa. Los bajos precios internacionales del café crudo, así como las pésimas políticas gubernamentales, han generado desaliento y abandono de las plantaciones.

Un centro de producción generador de empleo y atractivo migratorio se ha convertido en expulsor de recursos humanos. Cientos de jóvenes han emigrado en busca de empleo y oportunidades de vida.

Debemos admitir que los conflictos internos, la división y las pugnas interpartidistas frenan las posibilidades de solución y debilitan al colectivo.

Frente a este fenómeno, no hay otra opción que construir una nueva relación, una ambición transformadora, la unidad para el trabajo y para una nueva sociedad rural.

Se debe por tanto reformar la Ley Agraria, especialmente en lo relativo al artículo 59, donde se prohíbe expresamente la división parcelaría en bosques y selvas tropicales. Esta disposición, además de obsoleta, es el obstáculo principal para su incorporación plena en el programa Procede y los elimina de la recepción de otro tipo de apoyos, todos los cuales ya están sujetos a la plena certificación legal de las parcelas.

También se debe obligar a los ejidatarios y comuneros de las selvas y bosques tropicales y semitropicales a la conservación y el mejoramiento del hábitat, al cultivo amable con la naturaleza y con las aves, a sembrar café y otras plantaciones bajo sombra de la flora monumental.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este honorable Congreso la siguiente

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 59. La asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales implicará a los ejidatarios y comuneros la obligación de la conservación y mejoramiento del hábitat, destinándolas al cultivo armónico con la naturaleza, a la siembra del café y otras plantaciones bajo la sombra de la flora monumental.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.«Iniciativa de Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, David Jiménez González, senador de la República en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Partiendo de que todo individuo debe gozar de las garantías individuales que otorga nuestra Carta Magna, y reconociendo que los derechos de los menores han estado limitados, violentándose principios como el de legalidad, audiencia, defensa, asesoría jurídica, impugnación y todos aquellos que deben regir un debido procedimiento legal. Es fundamental asegurar el cumplimiento de las garantías consagradas en los artículos 4 y 18 en su cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte la Convención sobre Derechos de la Niñez (CIDN) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, marcó que las Naciones Unidas se unieran más allá de la lucha básica por la supervivencia infantil hacia una aproximación basada en los derechos, incluyendo el bienestar infantil y el derecho a tener el nivel de salud más alto. La Convención, ratificada por 191 países a finales de 1997, es el instrumento de derechos humanos más apoyado en la historia.

Esta Convención fue ratificada por el Estado Mexicano en 1990, constituyendo un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia.

Desde su creación los Estados partes firmantes de la CIDN, se comprometieron (en el artículo 4) a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.

En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del desarrollo de un país y por lo tanto, son el origen de las políticas públicas, el compromiso establecido en la CIND sirvió para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención en los Estados partes) insistieran en la necesidad de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo.

En México durante los 10 años de vigencia de la CIDN ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90. Estas reformas tocaron aspectos como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales; sin embargo también ocurrieron reformas en el sentido contrario sobre todo en el ámbito penal.

Organizaciones sociales, legisladores, personalidades involucradas en la promoción de los derechos de la niñez en México, así como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, enfatizaron la necesidad de crear leyes especializadas tanto en el ámbito federal como estatal, que dieran cuenta de manera integral de los derechos de la infancia y crearan las medidas apropiadas para garantizar su cumplimiento. Las reformas específicas, si bien necesarias, no superaban la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.

Tales contradicciones frente a las difíciles y deprimentes condiciones de vida de millones de niñas y niños en México han justificado propuestas en torno a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer, desde la Carta Magna, los compromisos del Estado frente a los derechos de la niñez y orientar así las leyes federales y estatales, dando origen a instrumentos especializados para tal efecto.

Al menor infractor se le reconoce su indiscutible condición de ser humano y como tal, las atribuciones y limitaciones que por su condición de una persona en pleno desarrollo de sus condiciones cognoscitivas, amerita un trato diferenciado.

Es por esto que no se debe permitir que al menor infractor se le continúe manejando con procedimientos ambiguos, constituyéndose en actos violatorios de garantías al no cubrir formalmente los requisitos de legalidad y seguridad jurídica que debe gozar toda persona.

La presente iniciativa responde a la necesidad de actualizar el sistema de administración de justicia para adolescentes, así como la necesidad de fortalecer la efectividad en la aplicación de la justicia para adolescentes. Toda vez que debe existir una legislación moderna y adecuada que responda a las realidades por las que atraviesa nuestro país en el sistema de impartición de justicia para los adolescentes, lo que queremos todos los mexicanos es que funcionen nuestras instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

El Estado de Derecho actual requiere contar con mejores leyes y mayor capacidad para aplicarlas, se requiere una administración de justicia más eficaz, así como contar con un sistema de justicia moderno que sea capaz de asegurar una completa, imparcial, oportuna y expedita administración de justicia para garantizar la plena vigencia de nuestra Carta Magna.

Con la finalidad de llevar a cabo las reformas que requiere la administración de justicia para adolescentes, para mejorarla, modernizarla y actualizarla, se propone la expedición de la ``Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes'', que consta de 3 títulos, 8 capítulos, 89 artículos y 7 artículos transitorios.

En primer término, la denominación de esta nueva Ley, es en atención a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, por lo que se emplea tal denominación.

Asimismo, se modifica todo el marco conceptual que se ha venido utilizando en cuanto a menores infractores, pues se alude a adolescentes (personas mayores de 12 años y menores de 18 años de edad); ya no se alude a infracciones sociales, sino a ``hechos tipificados como delito''; se habla de sanciones (en lugar de medidas de seguridad) y de ejecución de sanciones.

El internamiento preventivo de un adolescente durante su proceso, es considerado como medida cautelar, que en términos del artículo 10 de esta nueva Ley (que abrogará para el fuero federal la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal), ``...tendrá carácter excepcional, será aplicado como última medida cautelar, y por tiempo determinado...''.

Algunas de las características de este nuevo sistema de administración de justicia es que todo adolescente sancionado tendrá derecho a que el Juez que haya dictado la resolución en su proceso, de oficio, podrá revisar la sanción impuesta cada seis meses, con el objetivo de modificarla o sustituirla por una menos gravosa cuando proceda, siempre y cuando se cumpla con los fines de adaptación social del menor; el Juez que haya dictado la resolución correspondiente será encargado de vigilar la ejecución de la sanción; se señalan claramente los deberes y atribuciones que tendrá el Juez para el control de la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las sanciones para adolescentes; en el procedimiento el Juez o Tribunal podrán ordenar la aplicación de sanciones y medidas de seguridad establecidas; entre otras.

La Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, comprende absolutamente todo lo que tienen que hacer las autoridades que intervienen en ella, todas son especializadas, se prevé la existencia de un Ministerio Público Especializado para la investigación de hechos delictivos cometidos por adolescentes, encargado además del ejercicio de la acción penal en los casos en que así sea procedente; Así como de Juzgados y Tribunales Especializados en Administración de Justicia para Adolescentes.

Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, al tenor del siguiente

Proyecto de Decreto

Único.- Se expide la Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

TÍTULO I DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL PARA ADOLESCENTES

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional en el ámbito federal; y tiene como objeto establecer las bases normativas y de coordinación a que deberán sujetarse la Federación, los Estados y el Distrito Federal para el establecimiento y funcionamiento del sistema de administración de justicia para adolescentes.

Asimismo, determinará las bases de responsabilidad de los adolescentes y los principios, derechos y garantías a los que habrá de sujetarse la justicia federal para adolescentes.

Artículo 2. Esta Ley se aplicará a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho años, por la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal Federal o Leyes Especiales.

Si se trata de un menor de doce años, el caso deberá ser atendido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o las instituciones de asistencia privada, previamente autorizadas, para que le brinden una atención adecuada, dichas instituciones deberán contar con la autorización y certificación del referido organismo público, auxiliándose de los padres o del tutor que tenga a su cargo al menor.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley: el interés superior del adolescente; el reconocimiento expreso de todos sus derechos y garantías; su protección integral; la mínima intervención y subsidiariedad; celeridad procesal y flexibilidad; la proporcionalidad y racionalidad para la determinación de las sanciones y la adaptación social y familiar del adolescente durante el proceso.

Las normas de administración de justicia federal para adolescentes, deberán interpretarse y aplicarse en armonía con los principios rectores previstos en el párrafo anterior, de forma tal, que se garanticen los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Ley, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Centros de internación: Los lugares exclusivos y especializados donde los adolescentes cumplen con una medida cautelar o de internamiento.

II. Defensor: Defensor Federal Especializado para Adolescentes;

III. Ministerio Público: El Ministerio Público para Adolescentes, que corresponda conforme a las disposiciones aplicables;

IV. Juez: Juez de Distrito Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes;

V. Administración de Justicia Federal para Adolescentes: el régimen jurídico especial aplicable a los adolescentes que hayan cumplido doce años como edad mínima y sean menores de dieciocho como edad máxima;

VI. Ley: La Ley General de Administración de Justicia para Adolescentes;

VII. Ley del Poder Judicial: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

VIII. Ley de la Defensoría: Ley Federal de la Defensoría Pública;

IX. Ley de la Procuraduría: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;

X. Leyes penales: Cualquier ordenamiento en el que el legislador tipifique actos u omisiones que tengan el carácter de delitos;

XI. Policía: Elemento de la Policía Judicial Federal;

XII. Unidad administrativa: La Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, facultada para aplicar y dar seguimiento a las sanciones.

Artículo 5. Los órganos y autoridades especializadas de la administración de justicia para adolescentes son:

I. Centros de internación.

II. Defensor Público;

III. Ministerio Público para adolescentes;

IV. Juzgados y Tribunales Especializados en Administración de Justicia para Adolescentes;

V. Policía Judicial Federal, y

VI. Unidad administrativa.

Artículo 6. En lo no previsto expresamente por esta Ley, se aplicarán supletoriamente, en todo lo que no se oponga a la misma, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales.

Artículo 7. Para el mejor desempeño de sus funciones, las Instituciones a que pertenecen las autoridades a que se refiere el artículo 5 de esta Ley podrán celebrar convenios de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o con organismos e instituciones públicas o privadas, en los términos del presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, a fin de que éstas participen y colaboren en la consecución de los objetivos establecidos en la presente Ley.

Artículo 8. De conformidad con la presente Ley, los órganos encargados de la impartición de justicia y del control de la ejecución de sanciones, tendrán carácter jurisdiccional.

Artículo 9. El Ministerio Público será auxiliado por la Policía que al efecto se habilite la cual estará bajo su dirección funcional, en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 10. El internamiento preventivo de un adolescente durante el proceso tendrá carácter excepcional, será aplicado como última medida cautelar, y por tiempo determinado.

Los adolescentes mayores de 12, pero menores de 14 años de edad, únicamente podrán ser sujetos a esta medida de seguridad, salvo en casos excepcionales, a juicio del juzgador.

Artículo 11. La imposición de la sanción de internamiento, tendrá una duración de tres días a cinco años, y se extinguirá en los Centros de Internación bajo las modalidades que se establecen en la presente Ley; y, en su defecto, por la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales.

Los adolescentes mayores de 12, pero menores de 14 años de edad, únicamente podrán ser sujetos des esta sanción, salvo en casos excepcionales, a juicio del juzgador.

Artículo 12. La edad del adolescente al momento de la comisión de la conducta delictiva, será lo que determine la aplicación de esta Ley.

Los adolescentes que durante el juicio cumplan los dieciocho años de edad, así como las personas que sean imputadas después de haber cumplido los dieciocho años de edad, siempre que hubiesen cometido la conducta delictiva cuando tenían la edad señalada en el primer párrafo del artículo 2 de esta Ley, serán juzgados y sancionados en los términos de la presente Ley.

Artículo 13. Para los efectos de esta Ley, la edad del adolescente se comprobará con el acta respectiva expedida por las oficinas del Registro Civil, de conformidad con lo previsto por el Código Civil correspondiente. De no ser esto posible, se acreditará por medio de dictamen médico rendido por los peritos que para tal efecto designe la autoridad correspondiente.

En caso de duda respecto de si se trata de un niño o un adolescente, se presumirá niño; en caso de duda que se trate de un adolescente o un adulto, se le presumirá adolescente, en tanto no se pruebe fehacientemente su mayoría de edad.

Artículo 14. El adolescente deberá suministrar los datos que permitan su identificación personal, de no hacerlo, el juez, de oficio, determinará la edad del imputado, mediante la identificación por testigos, revisión médica u otros medios que se consideren útiles, siempre salvaguardando la identidad personal y dignidad humana, del adolescente.

Capítulo II De las garantías sustantivas

Artículo 15. Los derechos y garantías reconocidos en esta Ley se aplicarán a toda persona sujeta a ella, sin discriminación alguna por razones de sexo, edad, origen étnico, condición social o económica, religión o cualquier otro motivo semejante.

Artículo 16. Las sanciones que se impongan a las personas sujetas a esta Ley deberán ser racionales y proporcionales con el delito cometido y en concordancia a los principios y garantías que se reconoce en la misma.

Artículo 17. Ningún adolescente podrá ser sometido a torturas ni a otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes.

Artículo 18. La autoridad, defensa, víctima u ofendido del delito no podrán divulgar la identidad del adolescente sometido a averiguación previa, proceso o ejecución de sanciones, en los casos en que no sea público el proceso.

Las autoridades competentes deberán garantizar que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrado en esta Ley.

Capítulo III De los derechos y garantías vinculados con la ejecución de la sentencia

Artículo 19. Ningún adolescente que resulte sancionado podrá sufrir limitación alguna a su libertad u otros derechos, que no sean consecuencia directa o inevitable de la sanción impuesta.

Artículo 20. Para la consecución de los fines que se persiguen con las sanciones, todo adolescente sancionado, tendrá derecho a la personalización de un programa de ejecución de la sanción, acorde con su situación particular y la de su familia, sus padres o tutor conocerán su contenido y podrán darle seguimiento.

Asimismo, quien sea condenado a cumplir una sanción de internamiento, tendrá derecho a que se le designe un lugar apto para el cumplimiento del Programa Personalizado de Ejecución de la sanción y a que no se le traslade arbitrariamente, debiendo procurarse siempre que se le ubique en el centro de internación más cercano a donde resida su familia.

Artículo 21. Todo adolescente sancionado tendrá derecho a que el Juez que haya dictado la resolución en su proceso, de oficio, revise la sanción impuesta cada seis meses, a fin de modificarla o sustituirla por una menos gravosa cuando proceda, siempre que esté cumpliendo con los fines de adaptación social del menor.

Artículo 22. Todo adolescente sentenciado con sanción de internamiento, tiene derecho de ser informado desde el inicio de la ejecución de la sanción, como mínimo, sobre:

I. El contenido del Programa Personalizado de Ejecución de la Sanción que se le haya determinado;

II. Las normas y reglamentos que regulan el régimen interno del Centro a que se encuentre sujeto;

III. Los derechos que le asistan en relación con los funcionarios o personas responsables del Centro;

IV. Las visitas que puede recibir durante su internamiento;

V. Las causales que puedan dar origen a medidas disciplinarias durante su internamiento, y

VI. Las causales que le reporten un beneficio para efectos del cumplimiento de su sanción.

Tratándose de adolescentes que no hablen o entiendan el idioma español, la información deberá proporcionárseles en su idioma o lengua correspondiente.

Artículo 23. Todo adolescente emancipado, durante la ejecución de su sanción de internamiento, tiene derecho a recibir visita conyugal, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias de cada centro de internación.

Artículo 24. Todo adolescente sentenciado sujeto a sanción de internamiento, deberá cursar cuando menos la educación primaria y secundaria según la etapa de formación académica en que se encuentre. Las autoridades educativas velarán por el cumplimiento de este derecho.

Cursada la educación obligatoria, el centro de internamiento deberá proporcionar la instrucción técnica o formación práctica para el desempeño de un oficio, arte o profesión, de conformidad con las disposiciones aplicables y conforme a los convenios de colaboración que se celebren con las Secretarías en la materia.

Asimismo, los adolescentes que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje, tendrán el derecho de recibir enseñanza especial.

El fomento a la lectura deberá ser incentivado y asegurado por las autoridades competentes.

En la educación que se imparta a adolescentes indígenas, así como en las demás actividades que realice, deberán tomarse en cuenta los usos y costumbres propios de su pueblo o comunidad.

Artículo 25. Todo adolescente sentenciado sujeto a sanción de internamiento deberá de realizar una actividad ocupacional que complemente la instrucción impartida. Para ello, se deberán tomar en consideración las capacidades y aptitudes del adolescente.

Artículo 26. El derecho a la salud deberá ser respetado en los términos de las disposiciones aplicables.

Los centros deberán tener acceso a instalaciones y equipo médico necesario, así como contar con el personal debidamente capacitado para proporcionar la atención médica y el tratamiento de urgencias que se requiera.

Las adolescentes deberán contar con atención médica especializada en razón de su género.

Artículo 27. Los adolescentes que se encuentran en un centro de internación, tendrán derecho a una alimentación de calidad y contenido nutrimental propios a su desarrollo, para lo cual se implementarán las medidas conducentes en el reglamento de esta Ley.

Artículo 28. Como parte del sistema encaminado a su adaptación social, los adolescentes tendrán derecho a que durante su internación, se les otorgue el tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos y actividades recreativas o de esparcimiento, sin que ello afecte la ejecución de la sanción.

Artículo 29. Todo adolescente sentenciado con sanción de internamiento tendrá garantizada su libertad de culto en el Centro de internamiento.

Artículo 30. Todo adolescente que se encuentre cumplimentando una sanción tendrá garantizado el derecho a comunicarse con el exterior en los términos y condiciones que fije el Reglamento de esta Ley.

El derecho de los adolescentes a recibir visitas durante su internamiento se sujetará a lo que disponga el Reglamento respectivo, pero en todo caso, deberán recibir cuando menos dos visitas por semana de ocho horas cada una.

En el caso de las madres adolescentes que cumplan una sanción de internamiento, éstas tendrán derecho a permanecer con sus hijos mientras dure la sanción, en lugares adecuados para la madre y su descendiente, los cuales se determinarán en el Reglamento respectivo.

Artículo 31. Si durante la ejecución de una sanción resulta procedente imponer una medida disciplinaria al adolescente sancionado, se deberá elegir aquella que le resulte menos perjudicial y deberá ser proporcional a la falta cometida.

Las medidas disciplinarias deberán estar previamente determinadas, ser informadas debidamente a los adolescentes, así como el procedimiento para su aplicación, y deberá establecerse la posibilidad de impugnación.

Artículo 32. Durante la ejecución de la sanción, ningún interno podrá ser incomunicado o sometido al régimen de aislamiento o a la imposición de sanciones corporales. Cuando la incomunicación o el aislamiento deban ser aplicados por ser necesarios para evitar actos de violencia, esta medida deberá comunicarse al defensor del adolescente y al Juez encargado de su ejecución para su aprobación.

Artículo 33. La prescripción de la acción se rige conforme lo previsto por el Código Penal Federal, pero en ningún caso podrá ser mayor de cinco años.

TÍTULO II DE LAS REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo I De los deberes y atribuciones de los órganos y autoridades especializados para adolescentes

Artículo 34. Para asegurar la defensa y respeto de los derechos de los adolescentes, en fase de averiguación previa, proceso o ejecución de sentencia, los defensores tendrán los deberes y atribuciones que esta Ley y los demás ordenamientos en la materia establezcan.

Artículo 35. En la procuración de justicia para adolescentes, el Ministerio Público y la policía tendrán los deberes y atribuciones previstos en la presente Ley, en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 36. En el caso de que un niño o niña sea puesto a disposición del Ministerio Público, éste deberá proceder conforme lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2 de esta Ley, y enviarlo a la oficina correspondiente del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 37. Las autoridades previstas en el artículo 5 de la presente Ley, deberán conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos de las personas menores de dieciocho años de edad, de manera congruente, oportuna y proporcional al hecho.

Asimismo, velará porque no se inflijan, toleren o permitan actos de tortura y otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales.

Artículo 38. Las autoridades previstas en el artículo 5 de la presente Ley, deberán preservar en secreto todo asunto relacionado con personas menores de dieciocho años de edad, evitando su publicidad o exhibición pública.

Artículo 39. Para la impartición de justicia, los jueces y magistrados deberán sujetarse a los deberes y atribuciones previstos en la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 40. El Juez que haya dictado la resolución correspondiente, será el encargado de vigilar la ejecución de la sanción.

Artículo 41. Para el control de la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las sanciones para adolescentes, el Juez tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

I. Actuar con apego a los principios, derechos y demás disposiciones previstos en esta Ley;

II. Supervisar las sanciones impuestas al adolescente y resolver sobre las cuestiones o los incidentes que se susciten durante las mismas;

III. Resolver los recursos de revisión que se presenten durante la ejecución de la sanción;

IV. Decidir, en caso de impugnación, sobre el Programa Personalizado de Ejecución de la Sanción y darle seguimiento;

V. Velar en todo momento por el respeto, integridad, dignidad y el estricto cumplimiento de los derechos de los adolescentes sancionados, especialmente de los sujetos a internamiento;

VI. Garantizar que durante la ejecución de la sanción de internamiento, todo adolescente tenga acceso en cualquier momento a los servicios de salud, educativos y recreativos; a que se respete su libertad de culto; a tener contacto con su familia y a recibir información sobre la ejecución de su sanción;

VII. Garantizar que los adolescentes en internamiento permanezcan en centros especializados para adolescentes, distintos a los destinados a los adultos;

VIII. Atender las solicitudes que realicen los adolescentes sancionados o sus representantes legales y resolver a la brevedad lo que corresponda;

IX. Visitar mensualmente los centros de ejecución de las sanciones para adolescentes y vigilar su buen funcionamiento;

X. Supervisar por lo menos una vez al mes, los programas de sanciones no privativas de la libertad;

XI. Evaluar, por lo menos cada seis meses, las sanciones de internamiento, pudiendo ordenar su continuación, sustitución o término, cuando sea procedente;

XII. Sustituir la sanción si considera que ésta ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta gravemente el desarrollo, la dignidad o la adaptación social del adolescente;

XIII. Emitir resoluciones vinculatorias para el personal de las unidades administrativas de ejecución de sanciones;

XIV. Dictar resolución mediante la cual se dé por cumplida la sanción impuesta, así como la libertad total y definitiva del adolescente, y

XV. Los demás que esta Ley y demás ordenamientos prevengan.

Artículo 42. Para la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las sanciones para adolescentes, la unidad administrativa, deberá sujetarse a los deberes y atribuciones previstos en la presente Ley y en las disposiciones aplicables.

Artículo 43. La unidad administrativa aplicará las sanciones para adolescentes y realizará todas las funciones conducentes a alcanzar su adaptación social;

Artículo 44. La unidad administrativa elaborará un Programa Personalizado de Ejecución de la sanción en cada caso, y velará por el estricto cumplimiento de la sanción al adolescente impuesta por el Juez.

Artículo 45. La unidad administrativa cumplirá con las resoluciones que el Juez le ordene, asimismo informará por escrito cuando menos cada seis meses, al Juez que la haya dictado, sobre la forma en que está siendo cumplida la sanción, el comportamiento del adolescente o cualquier obstáculo que se presente para el cumplimiento de la misma.

Artículo 46. La unidad administrativa procurará el mayor contacto con los familiares de los adolescentes sancionados, para lo cual a petición del padre, madre, tutor del adolescente o quien ejerza la patria potestad, deberá informar por escrito, sobre todo lo relativo al cumplimento de la sanción y el avance de su proceso de adaptación;

Artículo 47. La unidad administrativa informará al Juez que la haya dictado, sobre cualquier violación de los derechos del adolescente sancionado, o del peligro de afectación de los mismos.

Capítulo II Del procedimiento

Artículo 48. Los procedimientos seguidos en contra de los adolescentes serán tramitados de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, con las excepciones previstas en esta Ley.

Artículo 49. Cuando los gobiernos de las entidades federativas celebren convenios de colaboración con la Federación, podrán conocer de los delitos federales.

Para efectos del párrafo anterior, el trámite de los procedimientos se regirá conforme a las disposiciones procesales de las entidades federativas, salvo que la Ley Federal sea más benéfica para los adolescentes.

Artículo 50. Toda persona que tenga acceso al registro de averiguación previa o del proceso, que no sea público, estará obligada a no revelar o publicar ningún dato que obre en el mismo. En caso de incumplimiento el juez le impondrá una corrección disciplinaria, sin perjuicio de las responsabilidades a que sea acreedor.

Artículo 51. Las audiencias del proceso son públicas, sin perjuicio de las excepciones que señala el Código Federal de Procedimientos Penales.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, las audiencias serán a puerta cerrada cuando el Ministerio Público, la defensa o el adolescente lo soliciten al juez, quien de plano acordará la procedencia de la medida.

Artículo 52. En las averiguaciones previas con detenido el Ministerio Público decretará el arresto domiciliario con vigilancia de la Policía Judicial Federal o remitirá al adolescente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia hasta por cuarenta y ocho horas, a efecto de estar en posibilidad de integrar la averiguación previa y en su caso ejercer acción, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.

En caso de que el Ministerio Público ejerza acción pondrá al imputado a disposición en las instalaciones del juzgado, con auxilio de la policía.

Artículo 53. Para efectos de está Ley se consideran hechos graves los previstos en el artículo 252 del Código Federal de Procedimientos Penales, con la excepción de que todos esos ilícitos pueden ser considerados no graves para los efectos de la libertad provisional y demás previsiones del Código Federal de Procedimientos Penales, si se cumplen los requisitos previstos en el citado artículo del mismo ordenamiento.

El juez deberá resolver inmediatamente después de que el adolescente lo solicite sobre el otorgamiento de su libertad provisional.

Artículo 54. En ningún caso podrá sujetarse a un adolescente al proceso abreviado.

Artículo 55. Inmediatamente que se ejecute una orden de aprehensión, la Policía deberá poner al imputado a la disposición del juez en las instalaciones del juzgado.

Artículo 56. El Ministerio Público tendrá la obligación de ejercer la acción en los casos en los que sea procedente.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, durante la averiguación previa, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercitar acción o limitar su ejercicio a determinados delitos o autores o participes del delito, cuando:

a) Se trate de un delito que tenga previsto en el Código Penal Federal o en las Leyes especiales un máximo de tres años de sanción de internamiento;

b) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico, psíquico o moral grave;

c) La sanción que se espera por el delito de cuya persecución se prescinde carezca de importancia en consideración con la sanción ya impuesta o a la que se deba esperar por otros hechos, y

d) Se trate de un hecho que, por su insignificancia o exiguo de la participación del adolescente, o su mínima responsabilidad, no afecte el interés público.

En caso de que el Ministerio Público haya ejercitado acción, podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad previsto en este artículo, hasta antes de que se declare cerrado el debate en la audiencia principal, mediante el desistimiento de la acción.

TÍTULO III DE LAS SANCIONES

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 57. El juez o tribunal podrá ordenar la aplicación de las sanciones siguientes:

I. Amonestación;

II. Libertad asistida;

III. Servicio a favor de la comunidad;

IV. Sanción pecuniaria;

V. Internamiento domiciliario;

VI. Internamiento durante tiempo libre, y

VII. Internamiento en centros especializados.

El juez o tribunal también podrá ordenar la aplicación de las medidas de seguridad siguientes:

I. Apercibimiento;

II. Abandonar el trato con determinadas personas;

III. Restricción de asistencia a lugares determinados;

IV. Órdenes de orientación y supervisión;

V. Abstención de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, psicotrópicas, o estupefacientes que produzcan adicción o hábito; y

VI. El internamiento del adolescente o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.

Artículo 58. Las sanciones deberán orientarse a la adaptación social del adolescente e instrumentarse, en la medida de lo posible, con la participación de la familia, de la comunidad y, en su caso con el apoyo de los especialistas que se determinen en el reglamento respectivo.

Capítulo II Definición de sanciones

Artículo 59. La amonestación es una llamada de atención, o advertencia que el Juez hace al adolescente de modo concreto, directo y claro explicándole las razones que hacen intolerables los hechos cometidos, así como las consecuencias de dicha conducta para él, la víctima u ofendido, exhortándolo para que, en lo sucesivo, evite tales conductas. Cuando corresponda, deberá advertir a los padres, tutores o responsables sobre la conducta seguida y les indicará que deben colaborar al respeto de las normas legales y sociales.

Artículo 60. El apercibimiento radica en una conminación que el juez hace al adolescente debido a que existe temor fundado de la comisión de un nuevo delito, ya sea por su actitud o amenazas.

Artículo 61. La libertad asistida consiste en otorgar la libertad al adolescente, quien quedará sometido a la vigilancia y supervisión de la autoridad ejecutora a través de un delegado con quien se desarrollará un programa personalizado, cuyo fin es su incorporación social.

Artículo 62. La prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de actividades gratuitas, en instituciones oficiales de asistencia social, públicas o privadas sin fines de lucro o de solidaridad social.

Las tareas deberán asignarse según las aptitudes y capacidades del adolescente, quien cumplirá una jornada máxima de ocho horas semanales, los sábados, domingos y días feriados o en días hábiles, siempre y cuando no interfiera con sus actividades laborales o escolares.

Los servicios a la comunidad deberán prestarse durante un período máximo de un año.

La sanción se mantendrá durante el tiempo necesario para que el servicio fijado se realice efectivamente o sea sustituido, sin exceder del término indicado en el párrafo que antecede.

Artículo 63. Abandonar el trato con determinadas personas se refiere a evitar la convivencia con persona o personas que obstaculizan o no favorecen su incorporación social

Artículo 64. Las órdenes de orientación y supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por el Juez para regular el modo de vida de los adolescentes, así como promover y asegurar su formación y su integración familiar y comunitaria.

Las órdenes o prohibiciones durarán un período máximo de dos años.

Si se incumple cualquiera de las obligaciones previstas en los artículos que anteceden, el Juez podrá de oficio o a petición de parte, modificar la orden o prohibición impuesta.

Artículo 65. El internamiento domiciliario consiste en la prohibición al adolescente de salir de su casa habitación. De no ser ello posible, por razones de inconveniencia o imposibilidad, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse el internamiento en una vivienda de comprobada responsabilidad y solvencia moral, que se ocupe de cuidarlo.

Esta sanción no deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la asistencia a un centro educativo. Un trabajador social especializado supervisará el cumplimiento de esta sanción, cuya duración no será mayor de seis meses.

Artículo 66. La privación de libertad en tiempo libre consiste en alojar al adolescente, durante el tiempo libre de que disponga en un centro de internación. La duración de esta sanción no podrá exceder de seis meses.

Se considera tiempo libre aquel durante el cual el menor no deba cumplir con su horario escolar o de trabajo.

Artículo 67. La privación de libertad será una sanción de carácter excepcional, la cual sólo podrá aplicarse a los delitos considerados graves. El Juez que la haya impuesto deberá sustituir esta sanción por otra cuando se advierta que con ella logrará la adaptación del menor.

Artículo 68. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, en los términos y condiciones establecidas en el Código Penal Federal.

Capítulo III De la ejecución y control de las sanciones

Artículo 69. La ejecución de las sanciones tienen como propósito fundamental que el adolescente no vuelva a delinquir, dándole los elementos necesarios de convivencia social para orientar su conducta, a través de la educación y de la realización de todas las acciones necesarias que permitan su desarrollo personal, la mejor integración a su familia y en la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y de su sentido de responsabilidad.

Artículo 70. Para la realización de los fines señalados en el artículo anterior, se garantizarán durante la ejecución de la sanción las siguientes condiciones mínimas:

I. Satisfacer las necesidades educativas del adolescente sentenciado;

II. Posibilitar su desarrollo personal;

III. Reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima;

IV. Incorporar al adolescente en la elaboración de su Programa Personalizado de Ejecución, y

V. Fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal.

Artículo 71. La autoridad ejecutora, como órgano encargado del control y supervisión de la legalidad de la ejecución de la sanción para adolescentes, tendrá competencia para resolver los incidentes que se presenten durante la ejecución de la sanción y para vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta Ley.

Artículo 72. La unidad administrativa, como órgano responsable de la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las sanciones para adolescentes, tendrá a su cargo el desarrollo de los programas personalizados para la ejecución de las sanciones y las de orientación y supervisión, así como de los centros de internación en los que se ejecuten las medidas o sanciones de internamiento.

Artículo 73. La unidad administrativa emitirá los reglamentos necesarios, tanto para la ejecución de las sanciones no privativas de la libertad, como de aquellas que rijan a los centros en donde se cumplan las sanciones de internamiento.

Artículo 74. La unidad administrativa podrá realizar convenios de coordinación con instituciones u organismos públicos y privados, así como con la comunidad, a fin de contar con redes de apoyo gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias para la implantación de los mecanismos de ejecución de las sanciones. En este caso, dichos organismos, instituciones o miembros de la comunidad, en lo referente a la ejecución de sanciones, estarán bajo el control y supervisión de dicha unidad.

En todo caso, cuando la Federación celebre convenios de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, los adolescentes cumplirán su sanción de internamiento en centros respectivos, dependientes de los gobiernos locales.

Artículo 75. El personal encargado de la ejecución de las sanciones deberá ser competente, suficiente y especializado en las diferentes disciplinas que se requieran para el adecuado desarrollo de sus funciones. Estos funcionarios y especialistas deberán tener experiencia en el trabajo con adolescentes.

Lo anterior no excluye la posibilidad de contratar o allegarse de auxiliares o asistentes no permanentes, así como voluntarios cuando resulte apropiado y benéfico para el cumplimiento de los fines de dichos centros.

Artículo 76. La participación de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad será fundamental para la ejecución y cumplimiento de la sanción impuesta al adolescente. En este sentido, el Juez que la impuso y la unidad administrativa, podrán ordenarles, si así lo estiman conveniente, la realización de alguna de las siguientes medidas o acciones, a fin de fortalecer y contribuir a la reintegración social y familiar del adolescente, asistiendo a:

I. Programas comunitarios de apoyo y protección a la familia;

II. Programas de escuela de padres;

III. Programas de orientación y tratamiento de alcoholismo o drogadicción;

IV. Programas de atención psicológica o psiquiátrica;

V. Cursos o programas de orientación, y

VI. Cualquier otro que contribuya a la integración social del adolescente.

Artículo 77. Las personas mencionadas en el artículo anterior colaborarán junto con las autoridades, para lograr el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta al adolescente.

Artículo 78. Una vez que el Juez determine la sanción que se aplicará al adolescente, deberá comunicarlo por escrito a la unidad administrativa, e iniciará el proceso de ejecución de la misma.

Artículo 79. Dentro de los centros de internación habrá un área separada para las personas mayores de edad, que en cumplimiento de una sanción impuesta como adolescentes aun no terminan y otra área distinta para adolescentes sujetos a una medida cautelar de los que ejecutan una sanción.

Artículo 80. La unidad administrativa deberá integrar un expediente de ejecución de la sanción, el cual contendrá la siguiente información:

I. Los datos relativos a la identidad del adolescente sentenciado y, en su caso, los antecedentes penales con los que cuente;

II. El delito por el que fue declarado responsable, las circunstancias y motivaciones de la comisión del mismo y la autoridad judicial que decretó la sanción;

III. Día y hora de inicio y de finalización de la sanción;

IV. Datos acerca de problemas de salud física y mental conocidos, incluyendo el consumo de drogas y de alcohol, siempre que sean indispensables para el cumplimento de la sanción impuesta;

V. El Programa Personalizado de Ejecución, así como sus modificaciones;

VI. Las sanciones disciplinarias impuestas, y

VII. Cualquier otro hecho o circunstancia que se considere importante incluir en el expediente.

Artículo 81. En los casos en que la sanción impuesta requiera de seguimiento, previo al inicio de la ejecución, los órganos competentes de la unidad de ejecución de sentencias deberán elaborar un Programa Personalizado de Ejecución de la Sanción para el cumplimiento de la sanción respectiva. Este Programa comprenderá todos los factores individuales del adolescente que sean relevantes para la ejecución de su sanción, deberá contener una descripción clara y detallada, tanto de los objetivos pretendidos con la aplicación de la sanción correspondiente, como de las condiciones y la forma en que ésta deberá ser cumplida por el adolescente.

El Programa Personalizado de Ejecución de la Sanción deberá ser discutido con el adolescente sentenciado, el cual tendrá la oportunidad de ser escuchado y podrá participar en la fijación de las condiciones y forma de ejecución. Y deberá estar terminado en un plazo no mayor a un mes contado a partir del momento en que quede firme la resolución que ordena la sanción.

En dicho programa se deberán indicar los funcionarios o personas bajo las cuales quedará la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la sanción, quienes podrán ser orientadores o supervisores pertenecientes a la unidad administrativa, a organismos gubernamentales o no gubernamentales o miembros de la comunidad. Asimismo, se deberán establecer las responsabilidades de estas personas relativas a sus obligaciones en la ejecución y cumplimiento de la sanción.

Artículo 82. La unidad administrativa deberá revisar el Programa Personalizado de Ejecución cuando menos cada seis meses, y deberá remitirlo al Juez, con la información relativa al desarrollo, avances u obstáculos en la ejecución del mismo, a fin de que éste supervise su efectivo cumplimiento y disponga lo que considere pertinente. Asimismo, podrá solicitar al Juez, la modificación, sustitución o cese de la sanción, en los casos en que lo considere procedente.

La unidad administrativa deberá informar, tanto al adolescente como a sus familiares o representantes, el estado del Programa Personalizado de Ejecución.

En caso de ser necesario, este Plan podrá ser modificado o adaptado a nuevas condiciones que surjan durante su cumplimiento.

Artículo 83. La unidad administrativa podrá tomar todas las decisiones, resoluciones, medidas disciplinarias u otras necesarias para alcanzar el efectivo cumplimiento de la sanción.

Todas las decisiones y resoluciones que tome la unidad deberán estar debidamente fundadas y ser notificadas inmediatamente al adolescente, a su defensor y al Juez y deberán aplicarse hasta el momento en que queden firmes.

Artículo 84. Contra las resoluciones dictadas por la unidad administrativa, que lesionen derechos fundamentales o causen un daño irreparable al adolescente sentenciado, procederá el recurso de revisión ante el Juez.

Artículo 85. El Juez en la etapa de ejecución podrá, al supervisar el Programa Personalizado de Ejecución de la sanción, de oficio o a petición de parte, revisar las sanciones que haya impuesto en la sentencia, pudiendo decretar su modificación, sustitución o cese, si considera que no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron impuestos, o si ya cumplieron con su finalidad y así se acredita.

Cuando se presente una solicitud de modificación, sustitución o cese de las sanciones, el Juez que haya dictado la sentencia citará a una audiencia que habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes, a la que asistirán el adolescente, su defensor, un funcionario de la unidad administrativa y el Ministerio Público. En la audiencia se rendirán las pruebas que se estimen pertinentes y el Juez deberá resolver lo que corresponda.

Contra la admisión o rechazo de esta solicitud procederá el recurso de apelación.

Artículo 86. En caso de que el Ministerio Público considere que existe incumplimiento injustificado de la sanción por el adolescente, podrá solicitar al Juez que haya dictado la sentencia, su modificación, revocación o sustitución. En este caso, el Ministerio Público deberá fundar su solicitud y presentar las pruebas respectivas que acrediten el incumplimiento.

El Juez, después de escuchar en audiencia al adolescente y a su defensor, podrá, si lo considera procedente, ordenar la revocación o decretar la aplicación de otra sanción.

Artículo 87. Contra las resoluciones de los jueces en la fase de ejecución que afecten derechos fundamentales o causen un daño irreparable al adolescente, procede el recurso de apelación.

Artículo 88. Sólo serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación, las resoluciones del Juez que, en la etapa de ejecución, concedan algún beneficio que implique la terminación anticipada de una sanción o rechacen el incumplimiento injustificado de una sanción por el adolescente.

Artículo 89. Cuando la persona menor de dieciocho años que se encuentre cumpliendo sanción de internamiento éste próxima a egresar del centro de internación, deberá ser preparada para la salida, con la asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría en su caso, y asimismo, con la colaboración de los padres o familiares si es posible.

En ningún caso se autorizará la permanencia de la persona en el centro de internación con el fundamento de que no existe otra forma de garantizar sus derechos fundamentales, en particular los derechos económicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, los recursos financieros y materiales asignados a la Unidad de Defensa de Menores del Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Secretaría de Seguridad Pública, pasarán a formar parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

TERCERO.- Se abroga para el fuero federal la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal.

CUARTO.- Las disposiciones de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal publicada el 24 de diciembre de 1991, y sus modificaciones posteriores efectuadas el 20 de Marzo de 1998 vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto seguirán aplicándose para los hechos realizados durante su vigencia.

QUINTO.- Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal y las autoridades federales correspondientes deberán expedir el Reglamento de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales y de los Centros Federales de Readaptación Social, realizar los cambios necesarios para la adecuación orgánica de la administración pública y celebrar los convenios que fueren necesarios.

SEXTO.- Se abroga la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

TRANSITORIO

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Sen. David Jiménez González (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.«Iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y crea el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, en ejercicio de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso, y se crea el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Son muy pocos los momentos, en los casi 200 años de historia del México independiente, en los que el parlamento mexicano ha cumplido su función como real contrapeso del poder Ejecutivo. La guerra de caudillos que caracterizó la primera mitad del siglo XIX, la dictadura porfirista de finales del XIX y principios del XX, y el presidencialismo autoritario que se desarrolló durante tres cuartas partes del siglo XX, fueron largos lapsos en los cuales el poder Legislativo mexicano no ocupó otro papel mas que el limitado acto de cumplir con las funciones constitucionales formales, aprobando todo aquello que viniera dictado desde la presidencia de la República.

Pero hoy la realidad del Congreso es otra, pareciera que por fin, para México, la democracia ha llegado para quedarse, hecho que se traduce en una composición mas plural del Congreso y en la alternancia en la presidencia de la República. Tal contexto --que data de hace poco tiempo-- le da una conformación al sistema político mexicano, cuyo régimen experimenta realidades a las que no se había enfrentado antes y en las cuales el papel del Congreso es trascendental.

La relevancia que adquiere el Congreso mexicano, fortalece y consolida a la democracia mexicana, pues existe una relación directa entre los índices de democratización de un país con los índices de democratización de un parlamento: a mayor democracia parlamentaria, mayor democracia de un Estado. Y es que, cuando genuinamente los parlamentos cumplen con las funciones que le son encomendadas, se convierten en verdaderas cajas de resonancia, es decir, en los lugares indicados en donde se debaten y discuten los problemas que aquejan al conjunto de la sociedad; el futuro de los sistemas democráticos es en gran medida el futuro del parlamento.

Pero al mismo tiempo, no podemos hacer a un lado el hecho innegable del desencanto que se tiene por la democracia en muchos países, incluyendo el nuestro; la razón es clara: no se puede creer en la democracia si ésta no es garantía de desarrollo y mejoramiento en las condiciones de vida de la propia población.

Entonces, una clave para la subsistencia de la democracia, que entra en decadencia y convoca los tambores del autoritarismo cada vez que decepciona al pueblo, es que a los tres poderes de gobierno, pero en especial el poder Legislativo, se les exija una condición, que es al mismo tiempo calidad: acreditar su eficacia y su legitimidad.

No se trata de un tema menor para el parlamento mexicano, que estrena poderes y debe estrenar al mismo tiempo prestigio y responsabilidades; si éstos naufragan, también lo harán aquellos. El éxito del parlamentarismo en el futuro dependerá de su capacidad de autolegitimación, de la tolerancia política y especialmente de su ejercicio en la vida parlamentaria.

Hoy el Parlamento mexicano debe asumir la doble responsabilidad que corresponde a los parlamentos democráticos: su papel de gran legislador (que no tuvo durante los años del presidencialismo autoritario) y su papel de controlador y fiscalizador de Poder Ejecutivo; sobre este respecto, se atribuye al control parlamentario como un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno.

Y este nuevo papel que desempeña el poder Legislativo en México ha dado vigencia a los valores de democracia sustentados en la representatividad de las mayorías y de las minorías. Hoy, esos representantes de la nación son mucho más portadores de las necesidades sociales de lo que eran antes, y tal representatividad hace patente la confianza social depositada en el Congreso, así la importancia de la actividad legislativa obliga a este poder público a actualizar los sistemas de trabajo y actitudes ante esas nuevas exigencias.

Al asumir su cargo, el legislador manifiesta su compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas. El trabajo legislativo implica responsabilidades que derivan de las funciones inherentes al cargo que se desempeña. Cada uno de ellos se enfrenta día a día con la toma de decisiones a menudo complejas, en las que está en juego el bienestar de la sociedad. Los legisladores, como individuos libres, tienen la capacidad para elegir y optar en el ejercicio de sus funciones entre lo que es deseable para la colectividad y aquello que puede resultar dañino para la misma.

Por ello, la ética del legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático y, en consecuencia, resulta trascendente que el Congreso mexicano cuente con un Código de Ética que oriente el desempeño de los servidores públicos hacia lo que es benéfico para la sociedad.

Y sabedores de la alta responsabilidad social que tienen los legisladores ante los ciudadanos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han considerado conveniente establecer principios rectores de ética legislativa dirigidos a cada uno de aquellos que integran el Poder Legislativo en México.

Con el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pretende contar con un nuevo elemento que coadyuve a garantizar que la función legislativa sea realizada por personas en las que se sumen la confianza, la calidad técnica y la ética.

Si bien la ética se traduce en un comportamiento humano que se caracteriza en ser unilateral, inherente a la conciencia del sujeto y solo imperativo para él, resulta vital para la sana convivencia dentro de una colectividad, y particularmente importante en la función legislativa por la trascendencia social que adquiere, pues en este quehacer debe imperar en el legislador un sentido ético que equilibre el poder que el Estado deposita en su persona, para que al tener en sus manos la decisión de crear o reformar una ley, o controlar una acción de gobierno, tal decisión se emita conforme a la técnica legislativa y los principios éticos, procurando ser justo desde el Derecho.

Este documento se formula con el propósito de ayudar a los legisladores a resolver los conflictos éticos que con motivo de su trabajo se les presentan. Será exclusivamente la conciencia de cada uno de ellos, el intérprete y aplicador del Código, en tanto que la sociedad será quien califique los aspectos observables de su conducta.

Denominamos ``código'' no solo al ``conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada'', sino también al ``conjunto de principios y reglas sobre cualquier materia''; es esta segunda acepción la que utilizaremos para referirnos a los principios, virtudes, reglas y deberes de los legisladores contenidos en el presente código.

El objetivo es conformar un referente deontológico a través del cual no solo se guíe la conducta de los legisladores federales, sino que además sea una herramienta básica para la reflexión y el debate acerca de la ética legislativa; por lo tanto, tales principios y reglas no pretenden complementar o reglamentar el actual marco jurídico del Congreso mexicano, sino solo orientar la conducta ética de los representantes de la nación.

Este Código se divide en tres capítulos. En el primero de ellos se establecen los principios en los cuales se fundamenta la acción legislativa, la cual debe tener como fin último la justicia, la igualdad y el bien común, y después de cada principio se enuncian algunas reglas relacionadas con el mismo.

El segundo capítulo trata de las virtudes que deben caracterizar al legislador en su actuar diario; tales virtudes se resumen en la honradez, la prudencia y la integridad, por un lado, y el respeto y las responsabilidad por el otro. A través del cumplimiento de éstas, el legislador dignifica el cargo que la nación le confiere.

El tercer capítulo se refiere a los deberes mínimos del legislador en su trabajo cotidiano, mismos que, dignificados por el cumplimiento de los principios y las virtudes antes referidas, obligan al legislador a desempeñar sus funciones con profesionalismo y eficacia, al tiempo que rinde cuentas a los ciudadanos y transparenta su trabajo.

Este Código de Ética proporciona una visión institucional de los valores y virtudes que rigen el quehacer legislativo, y ayudará a los integrantes del Congreso de la Unión a mejorar la credibilidad y efectividad de nuestro Poder Legislativo, al tiempo que constituirá un referente objetivo para la valoración de la conducta personal de cada uno de quienes tienen el privilegio de servir a la nación desde el H. Congreso de la Unión.

La labor del legislador no sólo requiere el conocimiento de los temas legislativos, porque hay espacios en los que su única directriz es su propia conciencia. Ésta requiere ser ilustrada a partir de patrones de conducta asumidos libremente, que tiendan a hacer efectivos los valores, que si bien están insitos en el propio quehacer del diputado o senador, es indispensable explicitar.

El presente Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pretende traer a la reflexión, a la conciencia y a la práctica, los principios, reglas y virtudes inherentes a la función legislativa, los mismos que se encuentran compenetrados en el sentir de nuestra comunidad, esos mismos principios, reglas y virtudes que los legisladores ilustres, desde antaño, han asumido como propios, y que han dado honorabilidad y prestigio a sus memorables nombres.

Este Código aspira al reconocimiento de que la ética legislativa sea la senda por la que transiten cotidianamente los integrantes del Poder Legislativo; que sea un documento no sólo informativo sino formativo, a tal punto que su práctica reiterada se convierta en la segunda naturaleza del legislador, para que, a través de su vida, dé contenido, claridad y sistematización a tales postulados; porque el conocimiento de la ética no es innato, sino por el contrario, es adquirido.

La razón del Código no es dar a conocer a los legisladores algo que ellos no conozcan y no practiquen, sino a la necesidad de plasmar en un documento, de manera sistematizada, las directrices que constituyen un referente institucional para incentivar y facilitar la reflexión crítica de cada legislador sobre su conducta. Por ende, el Congreso de la Unión reconoce este Código como un instrumento que fomentará la formación en el conocimiento ético por parte de todos aquellos que se encuentran investidos con la honrosa y trascendente responsabilidad de representar a la Nación desde el Congreso.

Finalmente, cabe hacer mención que el sustento jurídico que daría lugar a la creación de este Código de Ética, es una adición de un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso, para establecer ahí que, tanto los diputados como los senadores al Congreso de la Unión, deberán conducirse en su vida pública conforme lo establecido por el Código de Ética del Congreso.

En virtud de todo lo anteriormente expresado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se crea el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Proyecto de Decreto.

Artículo Primero: Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

``Artículo 11.

1. a 3. ...

4. Los diputados y senadores se conducirán en su vida pública conforme lo establecido por el Código de Ética del Congreso.''

Artículo Segundo: Se crea el Código de Ética del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

``CODIGO DE ETICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAPÍTULO I. Principios rectores de la ética legislativa

I.1. Justicia. Es la permanente voluntad que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece por lo que mediante su aplicación, se considera a las personas como seres a quienes se les reconoce el valor intrínseco que como ser humano tienen, y por tanto, se respeta lo que de su naturaleza se desprende: ``lo que es suyo'', es decir, derechos que por su esencia debe disfrutar: ``Y que nos manda dar, atribuir o reconocer a todo ser humano lo que se le debe de acuerdo con su naturaleza, porque no es un criterio convencional sino objetivo; pues se funda en los datos constitutivos de la dignidad personal, que son esenciales al ser humano y que por esto mismo excluye racionalmente toda discriminación en el trato a nuestros semejantes, sin razón objetiva suficiente. El legislador debe luchar porque las leyes hagan posible el disfrute de los derechos universales del hombre y la mujer. Por tanto, el legislador:

I.1.1. Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones legislativas, pues a través de éstas, otorga a cada mexicano lo que le es debido;

I.1.2. Emplea criterios de equidad para la formulación de leyes y la toma de decisiones en general;

I.1.3. Conoce y cumple la Constitución, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad; observa en todo momento un comportamiento tal que, examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche.

I.1.4. Debe lealtad al pueblo, a las instituciones y al mandato constitucional por el cual ha sido elegido. Actúa con responsabilidad y protege los intereses nacionales.

I.1.5. Guarda y hace guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan;

I.1.6. Desempeña leal y patrióticamente el cargo.

I.2. Igualdad. Las leyes son la herramienta de trabajo mas importante con la que cuenta el legislador, por lo que procura, a través de la ley, universalizar derechos y obligaciones y normar la vida en sociedad. Esa igualdad a la que aspira la ley -que trasciende las diferencias de riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología- ha de romper con los privilegios estamentales y corporativos de las sociedades predemocráticas. Esa igualdad jurídica es el basamento a partir del cual se puede construir un entramado democrático soportado por hombres y mujeres que adquieren su reconocimiento como ciudadanos. Por tanto, el legislador:

2.I.1. Otorga a todas las personas, a través de la presentación de iniciativas y de la tarea de fiscalización, igualdad de trato en igualdad de situaciones.

2.I.2. No realiza actos discriminatorios en su actividad legislativa ni con la ciudadanía en general.

I.2.3. Es justo y respetuoso en el ejercicio de sus funciones, practicando un trato igualitario sin discriminación por razón de raza, condición social, género, religión o ideas políticas.

I.2.4. Tiene presentes las condiciones de inequidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto.

I.2.5 En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes.

I.3. Bien Común. Es la actuación de todos los participantes de una sociedad en busca de condiciones que sobre los individuos beneficien a todos por igual. En el bien común coinciden los beneficios sociales con los individuales y dentro de los individuales, el desarrollo de su destino: cumplir su naturaleza, perfeccionar su ser, alcanzar la satisfacción de sus necesidades. Para la realización de este valor el legislador debe partir de que el bien común es superior al de los individuos; debe equilibrar los valores de la sociedad y los del individuo y de este último, analizándolo y defendiéndolo en su conjunto y no en sus partes individuales, es decir, sus aspectos económico, familiar, social, religioso. Por tanto, el legislador:

I.3.1. Al tomar sus decisiones, buscará siempre la realización del bien común frente a cualquier beneficio o ventaja personal.

I.3.2. Se ciñe a los principios de ética, honestidad, equidad, decoro, lealtad, responsabilidad, disciplina, eficacia, transparencia, veracidad, credibilidad, solidaridad, vocación de servicio, eficiencia, celeridad, igualdad, legalidad e imparcialidad, de tal forma que su conducta pueda admitir la fiscalización más detallada de parte de los ciudadanos.

I.3.3. Refleja en su conducta pública la dignidad del cargo que ejerce. El honor y el decoro como principios fundamentales inherentes a las personas, han de caracterizar la actuación del parlamentario en los órganos legislativos.

I.3.4. Cumple funciones destinadas a satisfacer el interés público y el bien común. El ejercicio de sus funciones constitucionales y legales deberá estar siempre revestido de una entrega honesta y leal en la que prevalecerá siempre el interés público y el bien común sobre cualquier interés particular.

I.3.5. Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa.

I.3.6. Tributa al Estado Mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de valores que, como legislador federal del Estado Mexicano, representa.

CAPITULO II Virtudes en el actuar de los legisladores

II.1. Honradez, prudencia e integridad

El legislador:

II.1.1. Observa un comportamiento probo, recto y honrado, y se abstiene de utilizar la inviolabilidad o inmunidad parlamentarias con fines no justificados.

II.1.2. Mediante el uso de su cargo, no pretende obtener beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros.

II.1.3. Actúa con humildad, pues es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también reconoce sus cualidades y capacidades que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar reconocimientos.

II.1.4. Evita actitudes que denoten alarde de poder.

II.1.5 Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo.

II.1.6. En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, recoge la información a su alcance con criterios rectos y objetivos; consulta detenidamente las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y desfavorables que puedan producirse por su decisión, y luego toma ésta y actúa conforme a lo decidido.

II.1.7. Actúa con sentido práctico y buen juicio.

II.1.8. Observa una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con funcionarios y ciudadanos en general, debe conducirse en todo momento con respeto y corrección.

II.1.9. Mantiene un trato solidario, respeto, consideración, cooperación y lealtad mutua acorde con su investidura, y en todo momento desarrolla una conducta intachable y transparente tanto en su vida pública como privada, en consonancia con la ética y las buenas costumbres, enalteciendo el buen nombre del Poder Legislativo.

II.1.10. Actúa con orden y decoro en todas sus acciones; él y el personal bajo su servicio utilizan un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato a quienes soliciten sus servicios sea amable y respetuoso, independientemente de su condición.

II.1.11. Actúa sin prejuicio o maliciosamente. Evita usar en todo momento expresiones, conductas o palabras que muestran malicia o prejuicio basados en sexo, raza, religión, nacionalidad, origen, discapacidad, edad, orientación sexual, estatus socio económico, ideología o preferencia política;

II.1.12. Observa, frente a las críticas del público y de la prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.

II.1.13. Procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios.

II.1.14. Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña.

II.1.15. Se excusa de participar en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse conflicto de intereses.

II.1.16. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, no mantiene relaciones ni acepta situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

II.1.17. Se abstiene de realizar o prestar asesoramientos, consultorías, estudios u otro tipo de actividades relacionadas con las actividades del Congreso de la Unión, que les signifiquen un beneficio patrimonial;

II.1.18. Desarrolla sus funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas inherentes a su cargo y los medios de que dispone únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes. Asimismo, evita cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo.

II.1.19. No permite ser influenciado por intereses particulares e impide que cualquier persona o grupo gocen o tengan la impresión de gozar de un trato preferencial.

II.1.20. Se abstiene de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones.

II.1.21. Actúa con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. También esta obligado a exteriorizar una conducta honesta.

II.1.22. Asume el valor de la verdad en su trabajo legislativo, pues debe traducir una necesidad real en un ordenamiento que busque su satisfacción. El ciudadano busca que el legislador le hable con la verdad.

II.1.23. Debe denunciar ante las autoridades correspondientes, los actos de los que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a cualquier disposición legal.

II.1.24. Preserva el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.

II.1.25. Rechaza cualquier dádiva que provenga de personas o grupos con intereses particulares sobre algún asunto que se le presente para su análisis.

II.1.26. Rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su análisis.

II.2. Respeto y Responsabilidad

El legislador:

II.2.1. Asume responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones.

II.2.2. Acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño.

II.2.3. Tratará con respeto a sus pares, escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con razones y tolerancia.

II.2.4. Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo.

II.2.5. Busca con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y confianza propias de su investidura.

II.2.6. Cumple todas sus funciones de forma eficaz y pronta. Asimismo, actúa rectamente y atiende las necesidades de la sociedad, sin que pueda utilizar su posición y sus funciones en servicio de sus intereses personales.

II.2.7. Se presenta a desempeñar oportunamente sus funciones;

II.2.8. Asiste a las reuniones y participa en los trabajos de las comisiones;

II.2.9. Se abstiene de ausentarse sin justificación de las sesiones;

II.2.10. Se abstiene de obstruir el desarrollo normal de las sesiones del pleno o de las comisiones a través de: la interrupción a los oradores que estén en uso de la palabra; la usurpación de los lugares o las funciones de los integrantes de la Mesa Directiva, y la alteración del orden a través de exclamaciones soeces o altisonantes.

II.2.11. Está obligado a prevenir e investigar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; además, vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público del Estado. Igualmente, denuncia la violación de las normas de interés público y en especial aquellas violaciones que atenten contra los derechos humanos.

II.2.12. Protege y conserva los bienes del Estado. Utiliza los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Tampoco emplea o permite que otros lo hagan para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.

II.2.13. Trata con respeto y consideración a sus subalternos y se abstiene de disponer de sus servicios para fines personales o en beneficio de terceros.

II.2.14. Se abstiene de realizar trabajos o actividades, remuneradas o no, fuera de sus funciones, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, cuyo ejercicio pueda dar lugar a dudas sobre su imparcialidad frente a las decisiones que le compete tomar en razón de sus labores.

II.2.15. Se abstiene de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado.

II.2.16. Usa el tiempo oficial en un esfuerzo responsable para cumplir con sus quehaceres. Desempeña sus funciones de una manera eficiente y eficaz. No fomenta, exige o solicita a sus subordinados que empleen el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.

II.2.17. Se abstiene de participar en campañas publicitarias sobre determinado producto, o permitir que su nombre sea usado por una firma, asociación, sociedad, corporación o cualquier otra entidad para fines comerciales.

CAPÍTULO III Deberes del legislador

III.1. Profesionalismo y Eficacia laboral

El legislador:

III.1.1. Ante situaciones extraordinarias, realiza aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.

III.1.2. Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo.

III.1.3. Realiza un ejercicio adecuado del cargo, hecho que involucra el cumplimiento personal del presente Código.

III.1.4. Cumple eficientemente la función parlamentaria, en la forma y condiciones que determinen las leyes.

III.1.5. Cumple en el tiempo previsto y de manera apropiada con las actividades y responsabilidades que le sean encomendadas.

III.1.6. Se capacita para el mejor desempeño de las funciones a su cargo y procura constantemente acrecentar su cultura.

III.1.7. Cumple diligentemente sus obligaciones de legislador.

III.1.8. Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas.

III.1.9. Actualiza permanentemente sus conocimientos en materia legislativa, estudiando los textos legales, sus reformas y la doctrina relativa.

III.1.10. Dedica el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos legislativos que le correspondan

III.1.11. Lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables de su cargo.

2. Transparencia y Rendición de Cuentas

El legislador:

III.2.1. Se abstiene de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o secreta conforme a las disposiciones vigentes. No utiliza, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público en general.

III.2.2. Se abstiene de hacer uso de información obtenida en el ejercicio de sus funciones para favorecer sus intereses o el de terceras personas o para perjudicar a terceros, sin poder ocultar en parte o en todo, información que está destinada a ser de uso público, ni negar a quien lo solicite el derecho a tener acceso a la misma, salvo en los casos reservados por la ley.

III.2.3. Se abstiene de dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones.

III.2.4. Se abstiene de solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas.

III.2.5 Realizará sus actuaciones con total transparencia y dejará constancia de las mismas, a fin de que pueda ser consultado por sus electores. En particular, informarán periódicamente sobre sus ingresos.

III.2.6. Informará anualmente a los ciudadanos acerca de las iniciativas legislativas de las que sea su autor o haya participado;, de su participación en viajes al exterior en representación del órgano legislativo, su trabajo en comisiones, las labores efectuadas en cooperación con otros entes públicos, la utilización de los bienes y recursos públicos puestos a su disposición para el cumplimiento de sus funciones, y el destino que le ha dado a los recursos otorgados.''

Transitorios

``Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.''

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El principio de legalidad, en su aspecto formal, se expresa con el aforismo nulum crimen, nulla poena sine lege, procedente Feuerbach, quien vino a reflejar y precisar una de las conquistas centrales de la Revolución Francesa (artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre del 26 de agosto de 1789).

En un sentido moderno, el principio de legalidad derivó en una de las bases de la teoría ilustrada del contrato social, presupone una organización política basada en la división de poderes, en la que la ley es competencia exclusiva de los representantes del pueblo.

Cimentado en la división de poderes y ésta, a su vez, como una más de las expresiones democráticas de la conceptuación del Estado de forma genérica, la relación entre ley y democracia parece clara: el imperio de la ley sobre cualquier forma de autoritarismo produce un efecto de cascada sobre la ordenación del Estado que tiñe de voluntad popular y control toda la estructura.

Así, el principio de legalidad es una construcción teórica en la que encuentra su base el funcionamiento del Estado y de los poderes que integran este concepto. Nace históricamente como una sublimación intelectual de los postulados básicos de la ideología liberal, especialmente por el rechazo a seguir manteniendo un sistema en el que el príncipe era prácticamente la única fuente de derecho y por otro lado la necesidad social de objetivar y generalizar las normas que rigen la vida social. Este postulado se une con el principio democrático que sitúa la sede de la soberanía en el pueblo y, por traslación, en sus representantes parlamentarios: la soberanía se expresa mediante ley, que todas las organizaciones públicas y los gobernados deben obedecer.

En efecto, el origen representativo que ofrece una Cámara de representantes populares convierte a la norma como expresión de la voluntad de la sociedad en su conjunto, dotando el proceso y su resultado del carácter democrático y democratizador de la evolución legislativa. Si la sociedad es quien legisla, a través de los mecanismos establecidos tanto para elegir al legislador como para manifestar su voluntad en el orden jurídico-práctico, el proceso desembocará indudablemente en una producción normativa controlada y que responderá a la imagen a priori diseñada.

De esta manera, el principio de legalidad no es únicamente una exigencia de seguridad jurídica, que requiera sólo la posibilidad de conocimiento previo de las sanciones, los delitos y las penas, sino además la garantía política de que ciudadanas y ciudadanos no podrán verse sometidos por parte del Estado ni los jueces a sanciones o penas que no admita previamente el pueblo a través del ejercicio de su soberanía.

En el sistema constitucional mexicano, el principio de legalidad se encuentra consagrado en el artículo 14, párrafo segundo, de nuestra Carta Magna: ``Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho''.

De la fórmula estatuida en la norma fundamental por el constituyente originario, se desprende una salvaguarda para los gobernados, que existan autoridades previamente constituidas que en todos sus actos cumplan con una serie de formalidades y sus determinaciones se funden en la norma vigente en el lugar y época en que se aplica.

El principio de legalidad supone, en nuestro orden jurídico, la exigencia de que todo acto de autoridad debe realizarse conforme al texto expreso de la ley, considerando su espíritu e interpretación jurídica. Asimismo, que todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido material), la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución. Es decir, todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor.

Siguiendo la esencia de su construcción teórica, la presente iniciativa proyecta reforzar el principio de legalidad, adicionado al texto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la garantía de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

Se trata con ello de establecer una verdadera reserva de ley para el ejercicio de la potestad sancionadora en la que el reglamento no podrá tipificar delitos, faltas o sanciones administrativas, establecer penas o sanciones. Lo cual implica que las conductas infractoras y las sanciones que les corresponden sólo pueden venir determinadas en normas con rango de ley. Esto significa, por tanto, que en este ámbito los reglamentos deben limitarse a ser un mero complemento de la regulación contenida en la ley debiendo considerarse inconstitucional cualquier reglamento independiente que regule sanciones.

Del texto derivan así dos prerrogativas. Una de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, y que se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La otra, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto que el término ``legislación vigente'' es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora.

El nuevo texto implica también la exigencia de una lex previa que permita a ciudadanas y ciudadanos saber a qué atenerse en la confianza de que no se le va a castigar por una conducta que de antemano no estuviere calificada reprochable. Gracias a ella, se priva a las autoridades de su potestad de imponer sanciones concretas al margen de la ley. Sancionar es simplemente aplicar la ley.

Pero esta ley también ha de ser lex certa, en el sentido de precisa. Si con la ley previa se erradica la facultad de crear infracciones y sanciones a las autoridades sancionadoras, con la ley cierta se evita que puedan operar con excesivo margen personal en la aplicación de la norma, ya que cuanto más precisa es una ley de menos margen se dispone para interpretarla y aplicarla.

Garantía de orden material y alcance absoluto, la seguridad jurídica supone la necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos que permitan predecir con suficiente grado de certeza las conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la responsabilidad que lleva aparejada y a la eventual sanción. Garantía formal, en tanto que se exige una ley en sentido formal como la norma con rango adecuado.

Estructurado de esta manera, el principio de legalidad implica respecto a la potestad sancionadora, al menos, la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho. Asimismo, no existe la potestad sancionadora en abstracto, sino que sólo se tiene en la medida en que una ley la atribuya y no hay un poder general de castigar sino singular y sectorial.

Lo que, al mismo tiempo, supone, por un lado, que la normativa debe describir las conductas infractoras de una manera precisa, y, por otro, que debe también señalar la sanción concreta que ha de corresponder a cada infracción.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único: Se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Lucero Palma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El año 2003 en el que fuimos electos correspondió al término de la primera mitad del ejercicio de gobierno del Poder Ejecutivo federal encabezado por Vicente Fox Quesada y para ese entonces ya era general la opinión y la convicción de que el cambio prometido y esperado no iba a realizarse en el presente sexenio y que el gobierno del cambio estaba mostrando su verdadera cara, su naturaleza íntima, como el sexenio perdido, como el régimen de la congratulación y la complacencia por la alternancia y los escasos avances logrados en el desarrollo democrático y el fortalecimiento de las instituciones republicanas y de nuestro federalismo.

Entre las múltiples promesas incumplidas por la actual administración está la modernización administrativa y el fortalecimiento de las instituciones republicanas.

La expresión de Vicente Fox de que ``el Presidente propone y el Congreso dispone'' resultó una falacia para disimular su mínimo respeto al Poder Legislativo, como lo prueban las numerosas ocasiones en que ha ejercido y abusado del derecho de veto a las resoluciones del Congreso.

También quedó en el olvido su propuesta de campaña de adelgazar y racionalizar la administración pública. Recordemos que todavía en su carácter de candidato triunfador a la Presidencia de la República, Vicente Fox exclamaba: ``les anuncio que rápido voy a meter una iniciativa para desaparecer a la Secretaría de la Contraloría y que sus funciones las asuma el órgano superior de la Cámara de Diputados''. Así lo consigna el periódico La Jornada del 6 de julio de 2000.

Percibimos entonces y asumimos ahora con claridad y convicción plena, que se trata de una medida que es esencial para el sano equilibrio de los poderes mediante el debido acotamiento del Poder Ejecutivo y el adecuado fortalecimiento del Poder Legislativo en sus funciones de vigilancia y control de la función pública, y que tiene que ver de manera muy principal con la transparencia de la acción gubernamental, el acceso a la información, control del gasto, la responsabilidad de los servidores públicos, rendición de cuentas, y en fin, con un eficiente y responsable ejercicio gubernamental.

A fin de cuentas, la modernización y racionalización administrativa de Fox se limitó a presentar la iniciativa de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que fue aprobada por el Congreso y que desgraciadamente no se está aplicando de manera generalizada y responsable.

En materia de reforma del Estado no ha habido iniciativa alguna por parte del Ejecutivo federal. Una verdadera quimera sería esperar iniciativas de este poder que tuvieran el fin de acotar sus facultades y fortalecer las del Poder Legislativo.

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no puede cumplir cabalmente su misión y responsabilidad históricas si no resuelve, cuando menos, el asunto de clarificar, precisar y explicitar sus funciones constitucionales, para fortalecer sus facultades de supervisión y control de la actividad gubernamental, así como dotarla de los órganos y los mecanismos necesarios para ello.

Esa facultad de supervisión y control que corresponde a la Cámara de Diputados constitucionalmente, no podrá ejercerse con eficiencia y suficiencia si nos limitamos a aprobar puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que cumpla con las leyes y no incurra en excesos, abusos o desviaciones en el ejercicio del poder, o a citar a comparecencias ante esta soberanía, las más de las veces ante sus comisiones, a funcionarios de la administración pública que acuden ante nosotros con actitudes defensivas y respuestas evasivas que a poco o a nada conducen.

Reconocemos que la Cámara de Diputados tiene facultades suficientes para la revisión de la Cuenta Pública en los términos de la fracción IV del artículo 74 constitucional y que para ello cuenta con el apoyo de la entidad de fiscalización superior de la Federación constituida y funcionando en los términos del artículo 79 de nuestro ordenamiento superior. Pero esta atribución se ejerce a posteriori, se fiscalizan ``en forma posterior los ingresos y egresos'', así como su manejo, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública.

En cambio, en materia de supervisión y control de la actividad gubernamental durante su proceso de ejercicio, las atribuciones son insuficientes y de eficacia prácticamente nula.

Debemos rescatar la proclama del entonces candidato electo de que el Poder Ejecutivo no puede ser su propio juez, a través del ejercicio de las atribuciones que para ese fin están a cargo en la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque el ahora Presidente de la República no ha cumplido, en más de cinco años que lleva de gobierno, y en lugar de ello ha ordenado o permitido que dicha Secretaría se convierta en instancia encubridora de múltiples actos de corrupción de su gabinetazo, bástenos citar como ejemplo la malversación en el Fonden, en la que están involucrados Carmen Segura y Santiago Creel. Rescatemos, insisto, y traslademos esa atribución controladora a esta Cámara de Diputados para que se transforme en una auténtica herramienta de transparencia y honestidad.

Ese es el sentido de nuestra propuesta y por ello presentamos una iniciativa que modifica y adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear la figura de la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación que tendrá a su cargo, fundamentalmente, organizar y coordinar el sistema de vigilancia y control de las acciones de gobierno de la Federación.

Nuestra propuesta tiene la ventaja adicional de que, en los términos la legislación vigente, la función que ha venido desempeñado la Secretaría de la Función Pública en materia de vigilancia y control se limita a la actividad gubernamental que realiza la administración pública federal; la función que, en su caso, realizará la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación, comprenderá a los tres poderes y a los entes públicos federales.

Para este propósito, se propone establecer en el citado precepto constitucional que para el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia, control y fiscalización de las dependencias y entidades de la Federación (incluidas las de los tres poderes y los entes públicos federales en los que se divide, para su ejercicio, lo que todavía en nuestra Constitución se denomina ``el Supremo Poder de la Federación''), la Cámara de Diputados contará con dos entidades: la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación que tendrá, a su cargo fundamentalmente, como su nombre lo indica, la vigilancia y control de las acciones de gobierno de la Federación, con el fin de supervisar y controlar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos. Esta entidad se integra como el apartado ``A'', de nueva creación, del artículo 79 citado; y la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, regulada y contemplada en el texto vigente del mismo artículo 79. La regulación de esta última entidad se integraría como el apartado ``B'' del mismo artículo. Finalmente, en el inciso ``C'' se integrarían las reglas comunes a ambas entidades.

Lo anterior implica una reforma integral del artículo 79 de nuestra Constitución, modificando su estructura, contenido y alcances.

Con lo anterior buscamos dar respuesta al reclamo insistente de la ciudadanía, que espera que el Congreso, y en particular la Cámara de Diputados por ser el órgano a quien competen las funciones de vigilancia, control y fiscalización, se constituya en una piedra angular en la búsqueda de un gobierno más transparente y honesto. Como señaló con exactitud y precisión la Junta de Coordinación Política de esta Cámara en el acuerdo mediante el cual se creó la Comisión Especial de la Función Pública: ``vivimos tiempos en los cuales la administración pública no puede ser una caja cerrada. Es necesario impulsar mecanismos que la hagan más eficiente, eficaz, oportuna y que justifique adecuadamente el gasto que hace del impuesto de todos los ciudadanos... transitamos hacia una comprensión, operación y evaluación permanente de la función pública''.

Orientados por tales principios es que proponemos un nuevo esquema en el que corresponda a la Cámara de Diputados, además de la función de la fiscalización y aprobación a posteriori de la Cuenta Pública, la función de vigilar, evaluar y sancionar la misma función pública también durante su ejercicio, para que la función de control constitucional que le compete a este órgano legislativo se realice con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia.

De esa manera, se adecuan los procedimientos de control parlamentario de la función pública a las nuevas necesidades y condiciones políticas de la nación. De lograrse esta reforma, la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo en su conjunto ganarán en la confianza y el respeto de la sociedad y se impulsará el desarrollo democrático y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, propiciando un mejor equilibrio entre los poderes y una vida pública más sana y respetable.

En los artículos transitorios, por razones de orden práctico y congruencia con los tiempos políticos, proponemos:

Que el decreto de reformas al artículo 79 constitucional entre en vigor, en su caso, el 1 de enero de 2007.

Se prevé en el artículo segundo transitorio que a más tardar el 31 de diciembre de 2006, obviamente entre la entrada en vigor de la reforma constitucional materia de esta iniciativa y esa fecha, el Congreso de la Unión expedirá las reformas al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que en dicho artículo deberá explicitarse la derogación de aquellas fracciones que se refieren a las funciones que, de aprobarse esta reforma constitucional, corresponderán a la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Por separado, en esta misma fecha, estoy presentando iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que estará evidentemente subordinada a la aprobación de esta reforma constitucional, con el propósito de que en su caso, se cumpla oportunamente con lo que ordena el artículo segundo transitorio en comento.

Se prevé también que a más tardar el 31 de diciembre de 2006 el Congreso de la Unión expida la Ley Reglamentaria de los Apartados A y C del Artículo 79 constitucional, reformado en los términos de este decreto, estableciendo la obligación de la Cámara de Diputados para que realice los estudios pertinentes y promueva la discusión y aprobación de dicha ley reglamentaria, independientemente de que dentro del mismo plazo, el titular del Poder Ejecutivo presente, en ejercicio de su potestad de iniciativa, las propuestas que sobre el particular considere convenientes.

Se dispone en este mismo transitorio segundo que, en caso de que no se expida la ley reglamentaria citada en último término en el plazo previsto, la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación se integre conforme a las bases establecidas en esta reforma constitucional.

Finalmente en el artículo tercero transitorio se ordena la adopción de las medidas conducentes para hacer las previsiones y ajustes presupuestales para el año 2007, derivados de la creación y funcionamiento de la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación y lo que corresponda al funcionamiento de la dependencia o entidad que sustituya a la Secretaría de la Función Pública.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 79. Para el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia, control y fiscalización de las dependencias y entidades de la Federación, incluidas las de los tres poderes y los entes públicos federales en los que se divide para su ejercicio de gobierno, la Cámara de Diputados contará con dos entidades en los términos que dispone este artículo y en las leyes que al efecto se expidan.

A. La Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Organizar y coordinar el sistema de vigilancia y control de las acciones de gobierno de la Federación, con el fin de supervisar y controlar el ejercicio del gasto público federal, y su congruencia con el Presupuesto de Egresos.

II. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Federación, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.

III. Vigilar que las dependencias y entidades de la Federación cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Federación.

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Federación, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades.

V. Emitir lineamientos en materia de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores.

VI. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño.

VII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

VIII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Federación, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes.

IX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

B. La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las responsabilidades que corresponda.

II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.

La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

C. Son reglas aplicables a ambas entidades previstas en los incisos A y B anteriores, las siguientes:

I. Tendrán autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

II. Cada una de ellas, en el ámbito de su competencia, tendrán facultades para investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas o impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, así como para imponer las sanciones que correspondan en los términos de ley, y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público, prestando para tal efecto la colaboración que les fuere requerida.

III. Deberán determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Establecer fórmulas de colaboración y colaborar efectivamente entre ellas para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.

IV. También tienen obligación de informar periódicamente a la Cámara de Diputados sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Federación, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas.

V. La Cámara de Diputados designará a los titulares de las entidades de vigilancia y control, y de fiscalización, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dichos titulares durarán en su encargo ocho años y podrán ser nombrados nuevamente por una sola vez. Podrán ser removidos, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Titulo Cuarto de esta Constitución.

VI. Para ser titular de la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación o de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrán formar parte de ningún partido político ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no renumerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, o de beneficencia.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Segundo. A más tardar el 31 de diciembre de 2006, el Congreso de la Unión expedirá las reformas al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de hacer las adecuaciones de dicha norma reglamentaria a lo dispuesto en este decreto.

Dentro del mismo plazo, el Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria de los Apartados A y C del Artículo 79 constitucional, en los términos previstos en este decreto, así como las reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para hacer las correcciones, adecuaciones y referencias derivadas de la promulgación de este decreto. Para tales efectos:

a) La Cámara de Diputados integrará una comisión especial para el estudio y promoción de la Ley Reglamentaria de los apartados A y C del Artículo 79, en lo relativo a la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación, a efecto de cumplir oportunamente lo establecido en el párrafo anterior. En su defecto y a partir del 1 de enero de 2007, la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación se integrará y funcionará con las bases establecidas en este decreto. En este caso, la Cámara de Diputados elegirá al titular de dicha entidad, conforme a lo previsto en las fracciones V y VI del artículo 79 constitucional reformado, en el mes de diciembre de 2006.

b) Entre tanto se expiden las reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en los términos de este decreto, se aplicarán las disposiciones vigentes.

Tercero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2007 se considerará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Entidad de Vigilancia y Control Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y los ajustes presupuestales que correspondan para el funcionamiento de la dependencia o entidad que sustituya a la Secretaría de la Función Pública, en los términos del texto vigente del artículo 37 y sus reformas, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Palacio Legislativo, a 18 de enero de 2006.---Dip. Miguel Lucero Palma (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Base Primera del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Carlos Manuel Villalobos Organista y suscrita por el senador Jesús Galván Muñoz, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos senadores, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero, tercero y cuarto, todos del artículo 108; se reforma el párrafo primero del artículo 109; se reforman los párrafos primero y segundo, ambos del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto, ambos del artículo 111, y se reforman los incisos ñ) y o), así como se adiciona un inciso p), todos de la fracción V, de la Base Primera, del apartado C, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma el párrafo primero, así como se adiciona un párrafo segundo, ambos del artículo 15; se reforman las fracciones XXIX y XXX, así como se adiciona una fracción XXXI, todas del artículo 42; se reforma el párrafo primero del artículo 82, y se reforma el párrafo primero del artículo 108, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México, según lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como forma de gobierno la de una República, representativa y democrática, adoptando como forma de Estado la de una Federación.

Independientemente del origen histórico de cada Federación, ésta tiene como nota particular el estar conformada por un órgano central y órganos autónomos, que por definición son entidades federativas.

Asimismo, otra de las características de una federación es la existencia de un Distrito Federal, el cual tiene como finalidad servir de capital al Estado en cuestión. México, como federación, posee las características antes descritas.

De conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ésta su naturaleza jurídica.

El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, según lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 122 constitucional.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

De lo dispuesto por la fracción I del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede concluirse que el principio de distribución de competencias entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el siguiente: Todas aquellas materias que no estén expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se entienden reservadas al Congreso de la Unión.

En el mismo orden de ideas, según el párrafo primero del artículo 109 constitucional, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad.

De lo antes dicho, puede concluirse que son el Congreso de la Unión y las leyes que de él emanen, el órgano y los ordenamientos, respectivamente, que regulan las responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, pues el artículo citado se refiere únicamente a las Legislaturas de los estados, no así a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, es decir, dicho órgano no está expresamente facultado para legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal.

No obstante lo anterior, los redactores de la presente iniciativa no consideramos apropiado el marco legal expuesto, en tal virtud aquélla tiene como objetivo conferir expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal.

El argumento para sostener lo anterior, es que la naturaleza jurídica del Distrito Federal no es óbice para que sea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el órgano facultado para expedir leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos locales. Esto es, independientemente de que el Distrito Federal por su propia naturaleza esté sujeto a un régimen de excepción, no existe razón alguna que justifique que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no goce de la facultad para expedir las leyes que normen las responsabilidades de los servidores públicos locales.

Para la consecución del objetivo antes expuesto, se propone la reforma de los incisos ñ) y o), así como la adición de un inciso p), todos de la fracción V, de la Base Primera, del apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo primero, a fin de cambiar la puntuación del inciso ñ); lo segundo, a fin de conferir expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad de expedir leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal; y, lo tercero a fin de señalar que dicho órgano legislativo local tendrá las demás facultades que se le confieran expresamente en la Constitución.

En otro orden de ideas, el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reglamenta el régimen de responsabilidades aplicable a los servidores públicos federales, así como a los del Distrito Federal. Por tanto, a fin de dar efectividad a la modificación propuesta al artículo 122, es indispensable hacer una reforma estructural del mencionado Título Cuarto, precisada en el proyecto de decreto contenido en la presente iniciativa.

Por último, se proponen una serie de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de adecuar la ley secundaria a las modificaciones constitucionales propuestas en la presente iniciativa.

Por todo lo anterior, sometemos ante ustedes la iniciativa que contiene el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se reforman los párrafos primero, tercero y cuarto, todos del artículo 108; se reforma el párrafo primero del artículo 109; se reforman los párrafos primero y segundo, ambos del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto, ambos del artículo 111, y se reforman los incisos ñ) y o), así como se adiciona un inciso p), todos de la fracción V, de la Base Primera, del apartado C, del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, así como del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y del Distrito Federal, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República, así como las leyes que en la materia expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios, así como en el Distrito Federal.''

``Artículo 109.- El Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. a III. ... ... ... ...''

``Artículo 110.- Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Procurador General de la República, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el consejero Presidente, los Consejeros Electorales, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, así como del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y del Distrito Federal, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales o, en su caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...

...

...

...''

``Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Procurador General de la República, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados Locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, así como del Distrito Federal y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales y del Distrito Federal, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales o, en su caso, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

...

...

...

...

...''

``Artículo 122.- ...

...

...

...

...

...

A. ...

B. ...

C. ...

BASE PRIMERA.- ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a n) ...

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

o) Expedir leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, y

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.- ...

D. a H. ...''

Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo primero, así como se adiciona un párrafo segundo, ambos del artículo 15; se reforman las fracciones XXIX y XXX, así como se adiciona una fracción XXXI, todas del artículo 42; se reforma el párrafo primero del artículo 82, y se reforma el párrafo primero del artículo 108, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

``Artículo 15.- Las responsabilidades de los servidores públicos de los poderes locales del Distrito Federal se regularán por las leyes de la materia que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, observando lo dispuesto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en los ordenamientos a que se refiere el párrafo anterior, precisará, en los mismos términos del párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en el Distrito Federal.''

``Artículo 42.- ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por conducto del Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, los cuales podrán ser citados a comparecer ante comisiones;

XXX. Expedir leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, y

XXXI. Las demás que le otorgan la Constitución y este Estatuto.''

``Artículo 82.- Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes de la materia que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...''

``Artículo 108.- De conformidad con lo dispuesto en las leyes que, en materia de responsabilidades de los servidores públicos locales, expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ésta a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados, podrá remover a los Jefes Delegacionales por las causas graves siguientes:

I. a VIII. ...

...

...

...

...

...

...''

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, en el primer período ordinario de sesiones que celebre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá expedir las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal.

Artículo Tercero.- Durante el período comprendido entre la entrada en vigor del presente decreto y de las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, seguirán en vigor todas aquellas disposiciones jurídicas que hasta el momento regulan la materia en cuestión.

Artículo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor de las leyes que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Distrito Federal, se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El concepto de soberanía, en relación con los estados de la Federación, se manifiesta básicamente en dos dimensiones: una, la capacidad de elegir a sus gobernantes; otra, la de darse sus propias leyes en las materias sobre las que no legisle la Federación.

La facultad de otorgarse sus propias leyes, obedece a que es precisamente la Constitución federal la que así lo manda, de ahí que por la propia naturaleza originaria de nuestra Carta Magna, toda la legislación local tenga que ajustarse a lo expresamente ordenado en ella.

La capacidad de legislar de las entidades constituye, pues, una facultad para dictar sus propias leyes (la Constitución local como norma suprema del estado en particular y las demás leyes secundarias locales), siempre que se ajuste y no contravengan el espíritu y las estipulaciones de la Constitución federal.

Del contenido del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos derivan una serie de principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los poderes locales y el orden constitucional de las entidades federativas. En particular, se desprende como principio fundamental en las elecciones estatales, el de representación proporcional como sistema electoral, adicional al de mayoría relativa en los términos de las propias disposiciones, para la elección de los representantes populares.

La reforma al párrafo tercero de la fracción II del artículo 116, que obligó a los estados a que sus Legislaturas se integren con diputados elegidos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, responde al espíritu del constituyente permanente de dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más efectiva, el derecho de participación política de la minoría y evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se pueden producir en un sistema de mayoría simple.

Es decir, que por cuanto hace a las entidades federativas, con el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, se instituye la obligación para integrar sus Legislaturas con diputados electos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

Por ello, es indudable que para efectos de desarrollar las legislaciones locales de la materia, esta disposición debe ubicarse, por razón de su contenido, en relación directa con el sustrato normativo de los artículos 52 y 54 también de nuestra Ley Fundamental, que prevén en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Así lo ha interpretado la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98 promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del decreto número 138, emitido por la Legislatura local de Quintana Roo, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de esa entidad federativa, llegó a la conclusión de que el artículo 54 de la Ley Fundamental contiene bases generales que tienen también que observar las Legislaturas de los estados para cumplir con el establecimiento del principio de proporcionalidad electoral en la integración de los órganos legislativos locales.

Para arribar a esa deducción, nuestro más alto tribunal se fundó en que el principio de representación proporcional, como garante de pluralismo político, tiene como objetivos primordiales la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano, siempre que tengan cierta representatividad; que cada partido alcance, en el seno del Congreso o la Legislatura correspondiente, una representación aproximada al porcentaje de su votación total; y evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes.

Consideró también que la abundancia de criterios doctrinarios y de modelos para desarrollar el principio de proporcionalidad, ponían de manifiesto que sería difícil intentar definir la manera precisa en que las Legislaturas locales debían desarrollarlo en sus leyes electorales, pero que esa dificultad se allanaba si se atendía a la finalidad esencial del pluralismo político, y a las disposiciones con que el propio poder revisor de la Constitución ha desarrollado ese principio para su aplicación en las elecciones federales.

La posición de la Suprema Corte consiste en que todas las legislaciones de los estados, al desarrollar el principio de representación proporcional, deben igualmente contemplar de manera obligatoria las bases previstas en el artículo 54 de la Carta Magna.

No obstante esta clara y acertada interpretación, al resolver diversos juicios de revisión constitucional electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado tesis contrarias a la emitida por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumenta la Sala Superior que no existe sustentó suficiente para considerar que las bases establecidas en el artículo 54 sean el producto de la aplicación de principios generales del orden constitucional, que resulten aplicables a las demás clases de elecciones que son objeto de alguna regulación en la propia Carta Magna. Es decir, sostiene nuestro máximo tribunal electoral que el hecho de que el mencionado artículo 54 constitucional establezca determinadas bases que regulan la elección y asignación de diputados de representación proporcional en el ámbito federal, no implica que las Legislaturas de las entidades federativas deban ceñirse a éstas, toda vez que según la Sala Superior, con base en la facultad de los estados concedida en el pacto federal de darse sus propias leyes, el artículo 116 reservó a las entidades federativas la facultad de precisar las normas que rigen tal elección, disposición que tiene preeminencia sobre el contenido del artículo 54, al ser una norma específica que contiene los lineamientos que deben seguir los estados en la conformación del Poder Legislativo local, pues si el constituyente hubiera pretendido que el sistema de representación proporcional en las entidades federativas se regulara de manera idéntica a lo previsto a nivel federal, así lo habría señalado en el texto mismo de la fracción II del artículo 116.

El resultado práctico de esta contradicción de tesis ha sido muy grave. En entidades federativas donde sus normas electorales no establecen límites similares a los previstos en la base estatuida en la fracción V del referido artículo 54, los órganos legislativos locales se integran, sin ninguna posibilidad de remedio jurisdiccional, con altos grados de sub y sobrerrepresentación a favor de los partidos políticos dominantes. Reduciendo en forma irremediable la proporcionalidad natural y, con ello, desnaturalizando el sistema mismo de representación proporcional, al colocarlo en situación meramente simbólica y carente de importancia en la conformación de las Legislaturas.

Entonces, es evidente que para poder cumplir con el espíritu del poder revisor de la Constitución que introdujo la representación proporcional como forma de garantizar el pluralismo político, se hace necesario que todos los elementos de la proporcionalidad electoral se consagren en forma expresa y amplia en el texto mismo de la fracción II del artículo 116. Para que la presencia de este sistema electoral se haga efectiva de forma clara y perceptible, como uno de los dos integrantes de la formación de los cuerpos legislativos locales, con peso específico en los mismos e influencia real de representación y no meramente simbólica.

Que las Legislaturas estatales gocen sí de cierta libertad para moverse dentro del compás de formas de representación proporcional, pero sin llegar en modo alguno al extremo de que la forma aceptada minimice el principio y lo coloque en situación meramente simbólica o carente de importancia en la Legislatura, como mera figura decorativa, o lo aleje considerablemente del centro de gravedad de la proporcionalidad natural, al permitir, por ejemplo, que con un pequeño número de votos se alcance una cantidad considerable de escaños, o que con gran cantidad de votos sólo se consigan unas cuantas curules.

Así, si bien al regular un sistema electoral mixto, las Legislaturas de los estados tendrían facultad absoluta para combinar los sistemas de elección de mayoría relativa y de representación proporcional, para determinar los porcentajes de votación, el número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que integren los Congresos locales, el número de distritos electorales en que se divida la entidad federativa o la fórmula electoral a aplicarse para la asignación de diputaciones de representación proporcional; también estarían obligadas a contemplar en las normas electorales locales un límite a la sobre representación, que incuestionablemente es una de las bases fundamentales indispensables para la observancia del principio.

Como consecuencia, en la iniciativa que ahora se somete a consideración de esta soberanía, se propone modificar la actual estructura de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nueva redacción de la fracción II estaría dividida en incisos que contendrán las bases generales para la integración de las Legislaturas de los estados. Conforme al texto que se propone, en los tres primeros incisos se reproducen sin modificación alguna los párrafos que actualmente la integran, para que en los restantes se introduzcan diversas bases que son esenciales para cumplir con el principio de proporcionalidad electoral y dar vigencia a una democracia verdaderamente representativa, a saber:

Primera: condicionamiento del registro de la lista de candidatos de representación proporcional a que el partido político respectivo participe con candidatos a diputados por mayoría en cuando menos dos terceras partes de los distritos uninominales.

Segunda: previsión de un mínimo de dos por ciento de la de la votación estatal para la asignación de diputados de representación proporcional.

Tercera: la asignación de diputados será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación.

Cuarta: precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en la lista correspondiente.

Quinta: el tope máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales.

Sexta: establecimiento de un límite a la sobrerrepresentación.

Séptima: establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a los resultados de la votación.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único: Se reforma y adiciona el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. ...

II.- Las Legislaturas de los estados se integrarán conforme a las siguientes bases:

a) El número de representantes en las Legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra;

b) Los diputados a las Legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes;

c) Las Legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;

d) Un partido político, para obtener el registro de su lista estatal de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos dos terceras partes de los distritos uninominales;

e) Todo partido político que alcance por lo menos el 2% del total de la votación estatal emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

f) Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de representación proporcional que le correspondan. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;

g) El máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido debe ser igual al número de distritos electorales;

h) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del órgano legislativo que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida más el 8%.

IV. a VII. ...Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.«Iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, fundamentada en las potestades conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 71, fracción II, y 135, así como así como la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La historia de los notarios públicos en México se remonta desde la época colonial y de la conquista, como una necesidad imperante social, para dar certeza jurídica y fe a los acontecimientos entre particulares y el recién llegado gobierno español, principalmente los notarios públicos fueron ocupados para certificar las tierras que pertenecían a la corona española y de los señores fiscales, en todo lo relacionado a la hacienda y asuntos fiscales aplicables en la Nueva España.

Durante la Colonia, la corona española, basándose en el señorío de la tierra, impuso la necesidad de ciertas provisiones reales para asegurar, en términos jurídicos, no los propios señoríos que eran inacatables por virtud de la merced real, sino los censos, tributos, hipotecas y demás gravámenes sobre la tierra impuestos. Así, los primeros libros de registro de que se tiene noticia en la Nueva España, más que atender el interés general de los propietarios, respondían a los intereses hacendarios de la corona española y a los de un incipiente capitalismo usuario de cuño novo hispánico.

Disposiciones reales ordenaban que en cada pueblo se llevara a cabo un Libro de Censo de Hipotecas. Posteriormente, La corona española instituye los Oficios de Hipotecas. Surgen con la Constitución de Cádiz los primeros lineamientos del Registro Público de la Propiedad, atribuyendo a las audiencias reales lo relacionado con escribanos y Oficio de Hipotecas.

Es hasta 1867 que el licenciado Benito Juárez García promulga la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, reconociendo la labor que desempeñan los mismos como fedatarios públicos en el sector.

La doctrina del derecho notarial, establece que sobre el notario descansa uno de los aspectos fundamentales de la institución notarial; y en su ejercicio y misión, hace cotidianamente derecho notarial, de igual forma, es ``colaborador nato y calificado del poder público, con la ventaja de que no sólo aplica la norma rígida al derecho positivo sino que sabe encontrar el encuadre flexible dado por los usos y costumbres''. Presta además una labor social de alcance y contenido social, mediante un deber de consejo a quienes acuden a él. De allí que lo primero que ha de hacer el notario es iniciar una serie de procedimientos, quizás de orden psíquico, tendientes a conseguir una fiel interpretación de la voluntad de las partes, pues ``no se limita a recibir y transcribir, investiga la verdadera voluntad de las partes, su real intención, y recién luego las dirige hacia las formas jurídicas que correspondan, dándole a las declaraciones una redacción documental que evite cualquier oscuridad o duda''.

En el derecho internacional, los notarios son definidos por la mayoría de los congresos sobre todo de Latinoamérica, sin embargo, en nuestro país la normatividad que rige a los notarios públicos son leyes secundarias de carácter local, no existe en ningún ordenamiento que otorgue personalidad que los notarios como fedatarios y que los defina como parte del Estado.

Por ejemplo en Argentina.- El notario es el profesional de Derecho encargado de una función pública, consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido. En su función esta comprendida la autenticación de hechos.

Y en Perú.- Los notarios son los profesionales del Derecho más próximos a la vida por su situación en el punto de confluencia de las leyes y de los hombres. Esta situación les impone ser un elemento vivificante en la sociedad; en sus relaciones con quienes depositan en ellos su confianza, deben humanizar las normas jurídicas y adoptar la contratación a las necesidades de los particulares.

Si bien es cierto, que los servidores públicos están delineados dentro de la administración pública y en las leyes que abarcan las responsabilidades de quienes son parte del poder público, también es cierto que los notarios públicos no son servidores públicos como tal, pero ostentan la tutela del Estado como fedatarios entre el Gobierno y los particulares. Por ello, es urgente una renovación a nuestro marco jurídico a efecto de establecer personalidad, derechos, prerrogativas y obligaciones que deban de cumplir los notarios.

En la historia de nuestro país el problema de la tenencia de la tierra ha sido parte fundamental de nuestra historia, los grandes hacendados perdieron la tierras en nuestra revolución, sin embargo, grandes extensiones de territorio quedaron en manos de ejidatarios, los cuales no han ostentado la legitimidad adecuada, en algunas localidades de nuestro país.

Las funciones que desempeñan los fedatarios públicos han sido cuestionadas a lo largo de nuestra historia, uno de los principales problemas que nos aqueja como sociedad además de la tenencia de la tierra ha sido la sucesión testamentaria, de la cual los notarios públicos tienen amplias facultades otorgadas por programas impulsados en este sexenio del presidente Fox a través de la Secretaría de Gobernación.

En nuestra realidad social, existe un enfrentamiento pasivo entre notarios y corredores públicos, por lo que tenemos que enumerar diferencias radicales entre unos y otros, ya que si bien es cierto ambas figuras son consideradas como fedatarios públicos, los notarios están regidos bajo leyes locales o estatales, y a quienes se les otorga el Fiat Notarial a través de los titulares de los Ejecutivos estatales.

La principal diferencia entre notarios y corredores públicos, es que para los corredores públicos existe una certeza jurídica a través de un ordenamiento federal denominado Ley Federal de Correduría Pública, los notarios están regidos por leyes locales, sin embargo aún no se les ha dotado de personalidad ante ningún ordenamiento federal.

En nuestros tiempos, la profesión de notarios actuarios además de obtener el rango a través de licenciatura, se requiere de ser avalado o designado por los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, la naturaleza de este principio radica en distribuir el poder notarial entre las entidades para desarrollar sus funciones dentro de la misma, sin embargo, en últimas fechas algunos notarios no respetan jurisdicciones ni territorialidades, la labor de fedatario esta circunscrita a un territorio determinado y a su población, de ahí la naturaleza que los notarios públicos sean enmarcados en territorialidades de las Entidades Federativas y el régimen jurídico de ellos sea de orden local.

Lo que se busca con la presente iniciativa, es dotar de certeza a los notarios públicos para circunscribirlos a sus territorios sin que gocen de facultades federales en términos de sus obligaciones, ya que están regidos por ordenamientos de las entidades federativas, a menudo vemos que notarios públicos bajo la potestad constitucional de ser fedatarios realizan labores entre estados y no solamente en su entidad de origen.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentada en lo que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único.- Se adiciona una fracción VI al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 121. ...

I a V ...

...

VI.- Los actos y hechos que desempeñan los notarios o fedatarios públicos dentro sus demarcaciones territoriales, tienen validez jurídica de lo que establece la ley correspondiente y las leyes de cada estado y determinarán la forma de su ejercicio y operancia.

Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

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PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO
«Proposición con punto de acuerdo, sobre la muerte del mexicano Ismael Segura Méndez, a cargo de integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo

Los que suscriben, diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Condenar enérgicamente el homicidio cometido en la persona de Ismael Segura Méndez y solicitar al Ejecutivo Federal que pida de manera firme a las autoridades de Estado Unidos de América, la investigación esclarecimiento y castigo a los responsables de su muerte.

Segundo.- Exhortar al Ejecutivo federal para que de acuerdo con las fórmulas protocolarias se denuncie ante los foros internacionales competentes, este homicidio que no puede quedar impune.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de enero de 2006.

Segunda Comisión: Sen. Miguel Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofia Castro Ríos (rúbrica), secretaria; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Dip. Julián Nazar Morales (rúbrica), Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica), Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta (rúbrica), Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, Dip. Irma Figueroa Romero, Sen. Rafael Melgoza Radillo (rúbrica), Sen. Gloria Lavara Mejía (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a dejar sin efecto por el SAT y la Administración General de Aduanas la autorización para la prestación de servicios de facilitación de reconocimiento aduanero a cinco empresas de procedencia extranjera, por considerar que ello puede atentar contra la seguridad y soberanía nacionales, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para solicitar proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La corrupción y el tráfico de influencias siguen siendo flagelos que, lejos de combatirse, en este gobierno se han prohijado y proliferado sin mayor pudor. Denuncias van y denuncias vienen, y parecería que la capacidad de asombro empieza a perderse. La lista es interminable: la Lotería Nacional y la conformación de un espurio fideicomiso para beneficiar a fundaciones de asistencia social como la de Vamos México; el Fondo de Desastres Naturales, donde todavía siguen saliendo anomalías escandalosas, ante el asombro de la ciudadanía. Ya no hablemos de las casas de juego: parecería que se ofrecieron a la carta, u otros fideicomisos de dudosa transparencia, entre muchas otras.

Ahora se incorpora a esta lista la Administración General de Aduanas.

La comisión especial que dio seguimiento al tráfico de influencias de los hijos de la familia Presidencial tenía, entre otras líneas de investigación, el destino de mercancías decomisadas por la Dirección General de Aduanas, a cargo del señor José Guzmán Montalvo; en múltiples ocasiones, con mentiras y medias verdades de este funcionario, se ha ocultado información.

Al señor Guzmán Montalvo, durante 2005, se solicitó información relativa a dos asuntos fundamentales: tráfico de influencias en favor de la Presidencia de la República y la fundación Vamos México; contrabando de mercancía china vía manipulación del semáforo aduanero.

Cabe mencionar que, con fecha 11 de octubre, el SAT a través de la Administración de Innovación y Calidad, expidió la convocatoria para obtener títulos de autorización de servicios y facilitación de reconocimiento aduanero de mercancías.

Solicitaron participar ocho empresas, de las cuales a tres no se otorgaron títulos de autorización y a las cinco restantes sí; a decir: A/S Baltic Control Ltd.; Bivac International, SA; Cotecna Inspection, SA; Intertek International Ltd.; y SGS Societé Genérale de Surveillance. Lo sospechoso es que, de acuerdo con declaraciones del administrador general de Aduanas, José Guzmán Montalvo, ``desde 1993 ya existía relación entre miembros de la familia Bibriesca Sahagún con la empresa suiza SGS Societé Genérale de Surveillance''.

Ya no es noticia el tráfico de la familia Bibriesca Sahagún; lo que sí es preocupante es que ahora la inspección aduanera esté en manos de transnacionales. Por las aduanas de nuestro país entran todos los bienes de origen exterior. Por eso las aduanas no son simples oficinas de tramitación, sino son instrumentos de seguridad nacional donde incluso son (o deberían ser) elementos fundamentales para combatir el crimen organizado. Esto sería imposible de contar con empresas transnacionales en las aduanas. Ya hay ejemplos de países que han seguido esta ruta y han sufrido las consecuencias: Pakistán, Venezuela y Ecuador, entre otros.

Cabe mencionar que en ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o de los principales socios comerciales de nuestro país se ha realizado una medida aduanera de esta dimensión y consecuencias.

Más aún, y seguramente el señor José Guzmán Montalvo ha de tener conocimiento de que las funciones de control de la aduana de Nuevo Laredo se van a disminuir ante el proyecto de establecer en la ciudad de Kansas controles de preinspección de las mercancías exportadas a México. Con esta medida México cede o traslada una función soberana. El día de mañana nuestros puertos correrán la misma suerte, de seguir por esta dirección.

Al igual que la participación de las empresas transnacionales en nuestras aduanas, México es el primer caso de que un país traslade su inspección aduanal a otro país. Cabe mencionar que la Organización Mundial de Aduanas no recomienda ninguna de esas medidas aduaneras. ¿Qué se pretende: negocios transexenales, o participación de familias distinguidas en estas operaciones? Es pública la relación personal entre la familia Bibriesca Sahagún con el señor José Montalvo. Su principal relación no está en el sector hacendario, está en Los Pinos, vinculado a la primera dama, Martha Sahagún, y a su primogénito y revelación empresarial, Manuel Bibriesca... ¿Cuántas travesuras ha cometido Guzmán Montalvo a lo largo del sexenio...? Ha hecho, entre otras cosas, favores a la Presidencia de la República, al DIF, estrechamente asociado a Los Pinos, al Servicio de Administración Tributaria, que se encuentra en el mismo sector, y a la Secretaría de Gobernación, que lo tiene bajo sospecha de haber incurrido en responsabilidades civiles y penales, por haberles donado artículos decomisados por varios millones de pesos de forma irregular (El Universal, 26 de diciembre de 2005).

Hoy sabemos de cantidades ofensivas y estratosféricas que tuvieron como destino la Presidencia de la República y el DIF, entre otras, cuya cifra asciende en el periodo 2003-2005 a 509 vehículos, 217 mil 405 aparatos electrónicos, 528 mil 128 pares de zapatos, más de 1.5 millones de piezas de ropa y más de medio millón de juguetes, de los cuales a la Presidencia de la República fueron donados 424 mil 800 juguetes, 255 mil piezas de ropa, 58 mil enseres domésticos, 29 mil artículos electrónicos y 10 vehículos. Por si eso fuera poco, a Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, fueron donadas 373 mil piezas de ropa, 255 mil juguetes, 105 mil enseres domésticos, 40 mil artículos electrónicos y 20 vehículos.

Esa discrecionalidad en el manejo de estos bienes decomisados, aunada a los otorgados permisos (que no concesiones de acuerdo con la convocatoria emitida) a empresas transnacionales para prestar servicios aduanales, junto con la inspección aduanal a otro país, son cosas que no son claras y merecen analizarse con detenimiento.

Por lo anterior, acudo a este Pleno de la Comisión Permanente para solicitar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a fin de que se deje sin efecto y suspenda la pretensión de concesionar y permisionar a las empresas A/S Baltic Control Ltd.; Bivac International, SA; Cotecna Inspection, SA; Intertek International Ltd.; y SGS Societé Genérale de Surveillance, para prestar los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías previsto para el 31 de enero de 2006, por considerar que ello atenta en contra de la seguridad y soberanía nacionales de nuestro país.

2. Se informe a esta Comisión Permanente, por parte del administrador general de Aduanas, de la situación que guarda el proyecto de establecer en la ciudad de Kansas controles de preinspección de las mercancías exportadas a México.

3. Se solicite la opinión a la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Función Pública respecto de la citada pretensión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.»Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise los recursos federales de la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 y de 2004, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Como representantes populares e integrantes del Poder Legislativo, entendemos que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante si se busca la correcta aplicación de dichos recursos; y, en caso de comprobarse irregularidades, determinar las responsabilidades correspondientes. Ésta es la convicción del gobierno de Vicente Fox, y así lo hemos asumido todos los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias representadas en esta honorable asamblea.

2. En el caso de la Cuenta Pública de 2003 del ayuntamiento de San Pedro Cholula, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en la entidad formuló tres pliegos de observaciones, que después se convirtieron en pliegos de cargos, por más de 158 millones de pesos contra el entonces presidente municipal, Alejandro Oaxaca Carreón, y de los cuales sólo comprobó 3 millones de pesos.

3. Sobre la Cuenta de 2004, el ex presidente municipal Alejandro Oaxaca Carreón --hoy diputado local del PRI en el estado de Puebla-- se hizo acreedor de dos pliegos de cargos por más de 124 millones de pesos, de los cuales solventó 74 millones de pesos.

4. Los ciudadanos residentes de San Pedro Cholula califican la gestión del ex presidente municipal Alejandro Oaxaca Carreón como la peor que ha existido en el municipio. Aseguran que hubo corrupción y tráfico de influencias, nepotismo, no existió planeación para las obras, hubo desvío de recursos y nóminas infladas, entre otras irregularidades, además de que no estuvo exenta de escándalos y hasta paros policiacos.

5. No obstante, la Comisión Inspectora del OFS del Congreso de Puebla aprobó sin sanción las Cuentas Públicas referidas, correspondientes a los años 2003 y 2004. La aprobación se dio por mayoriteo del Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, a través de un procedimiento con múltiples irregularidades, que a continuación se señalan:

La síntesis de la solventación de las observaciones de las Cuentas Públicas que remitió Alejandro Oaxaca Carreón al Congreso del estado no avala la comprobación de las mismas, toda vez que esa síntesis, en el ejercicio de 2003, no contiene las observaciones hechas por el OFS del estado de Puebla ni los requerimientos del mismo. Por tanto, no se puede verificar que los requerimientos del OFS los está cumpliendo o solventando correctamente con lo que está manifestando en su síntesis.

Por otra parte, de las 91 obras que detalla en su síntesis, en 52 solventa observaciones con la leyenda ``Se remitió copia de la documentación requerida'', y en otras 64 la solventación al pliego de cargos la hace remitiendo copias de la cédula de información básica, fallo de asignación y actas de entrega-recepción, documentos que indefectiblemente son de obligado cumplimiento y elementales para la justificación y comprobación de las obras, que no tendrían motivo para faltar al momento de la revisión, a menos que hubiera sucedido algo irregular adicionalmente.

La incongruencia más grande de esta síntesis es que en las obras números 37677, 39670, 39676, 39858 y 40222, la comprobación que remite para el pliego de observaciones es la misma que remite para el pliego de cargos, y que de esta manera el OFS la aceptó.

Referente al periodo 2004, del 1 de enero al 18 de junio, es la misma situación, sólo que de este periodo únicamente envió su síntesis del pliego de cargos número 01659-1C, que es de un monto de $12'863,925.17, y tiene también el número 1288-1C, por la cantidad de $61'957,432.65, del cual no remitió su síntesis.

6. En síntesis, en la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula existen 31 recomendaciones del auditor externo en 2003, y en 2004 faltan el informe y dictamen del auditor externo, lo que se considera una limitante de suma gravedad.

El artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta con autonomía técnica y de gestión a la de la Cámara de Diputados para fiscalizar en forma posterior los ingresos y los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos de los entes públicos federales, así como los recursos federales que ejerzan los particulares. Además, la fracción I de dicho artículo constitucional y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación facultan a esta honorable asamblea para requerir a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable asamblea solicite a la Auditoría Superior de la Federación que audite el correcto ejercicio de los recursos federales que integran la Cuenta Pública del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2003 y de 2004; y, en caso de encontrar irregularidades, se actúe en términos de ley para imponer las sanciones respectivas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado urgente a las autoridades para que se apeguen a la legalidad, a fin de evitar confrontaciones y detener la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El jueves 19 de enero del presente año, el Tribunal Unitario Agrario del 41 Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, notificó formalmente a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña ``Tlachinollan'', AC, la resolución del juicio de nulidad 0447/2005.

El tribunal en mención resolvió anular la asamblea de San Marcos que autorizaba el proyecto hidroeléctrico La Parota de fecha 23 de agosto del 2005, por encontrar evidentes irregularidades en la misma, las cuales violentan las formalidades establecidas en el artículo 25 de la Ley Agraria.

La resolución emitida por el Tribunal Unitario es de gran relevancia, pues en resumidas cuentas pone en evidencia que se violaron los derechos fundamentales de los integrantes de las comunidades agrarias por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno estatal.

El Tribunal Agrario no sólo anuló el acta de asamblea del 23 de agosto del 2005, sino que también en el resolutivo cuarto declara la nulidad de los acuerdos y convenios que el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec haya suscrito con la Comisión Federal de Electricidad, lo que significa que al día de hoy la CFE no tiene facultad legal alguna para entrometerse en los territorios comunales de Cacahuatepec y de hacerlo se consumaría el delito de despojo.

Es importante recordar que el acta de asamblea de San Marcos consignaba:

1. Que los comuneros de Cacahuatepec daban su anuencia para que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra y firma por el Comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa y su pago, así como de convenios de ocupación temporal.

2. Que los comuneros de Cacahuatepec daban su anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad realice el trámite de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de los terrenos destinados a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse, todos los caminos necesarios de acceso a la obra y línea de transmisión La Parota entronque Los Amates-Playa Diamante 115 kV-2C.

3. Que los comuneros de Cacahuatepec otorgaban a la Comisión Federal de Electricidad servidumbre de paso para la construcción de la línea de transmisión denominada ``La Parota-entronque Los Amates-Playa Diamante'', 115 kV-2C.

Todos estos acuerdos fueron anulados por la resolución del Tribunal Unitario Agrario, razón por la cual se enfatiza que la CFE hoy en día no cuenta con autorización alguna de los comuneros de Cacahuatepec para que se expropien sus tierras, para que se dé el cambio de uso de suelo de su terreno y sobre todo para celebrar cualquier convenio de ocupación previa o servidumbre de paso que el Comisariado de Bienes Comunales hubiese suscrito con la CFE. A partir de hoy es nulo de pleno derecho pues tiene como base un acta de asamblea ilegal, razón por la cual se reitera que la presencia de funcionarios de la CFE en las tierras comunales de Cacahuatepec es ilegal y constituye una clara provocación a la violencia.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado urgente a las autoridades federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Agraria, así como al gobernador del estado de Guerrero para que se apeguen a la legalidad y cumplan cabalmente con la resolución del Tribunal Agrario, de la cual se desprende que se deben frenar los trabajos para la construcción del proyecto y la CFE debe salir completamente de la zona.

Segundo. Que el grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, y de Justicia y Derechos Humanos encargado de atender la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico La Parota en el estado de Guerrero, realice una pronta visita a las comunidades para verificar el cumplimiento de este punto de acuerdo y realizar un informe al respecto.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Agraria, así como al gobernador del estado de Guerrero a presentar un informe desde el ámbito de sus respectivas atribuciones al grupo de diputados citados en el punto anterior sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico La Parota.

Cuarto. Que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, no emita de manera unilateral el decreto expropiatorio violando con ello la garantía de audiencia y el derecho a la consulta de las campesinas y campesinos que serán afectados con el proyecto hidroeléctrico de La Parota.

Dado en la Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Iván García Solís (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para que los secretarios de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes informen acerca del resultado del programa Paisano, promovido por el Ejecutivo federal con motivo de las recientes festividades navideñas, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo y excitativa, conforme a los siguientes

Considerandos

De gran interés desde regímenes anteriores y ahora para el Presidente Fox, han sido los connacionales radicados en Estados Unidos o Canadá, cuando visitan el territorio nacional en la temporada navideña, publicitando en forma importante el programa denominado Paisano para facilitar su internación y regreso, asegurando el otorgamiento todas las facilidades de tránsito y seguridad en su traslado.

Sin duda también, es evidente el interés por el gran atractivo que representan las transferencias de recursos que para nuestro país significan, sumas del orden de los 18 mil millones de dólares. Este flujo constituye el segundo ingreso más importante después del que se obtiene por la venta de nuestro petróleo en el exterior, y con mayor razón, el voto en el futuro de una parte de aproximadamente 20 millones de paisanos radicados tan sólo en Estados Unidos, que si bien ya no será posible en elecciones de este año 2006, si tendrá importancia en sexenios venideros.

Lo que, además de lo ya citado, resulta importante, después del enorme gasto publicitario destinado a este respecto, es la realidad vivida por los paisanos en las carreteras por los retenes formados con elementos del Ejército, ocasionando el bloqueo de vehículos hasta por una distancia de 14 kilómetros, sin explicación y razón alguna, contrario al propósito del ya citado programa.

De igual forma resulta inexplicable la intervención del Ejército Mexicano en la revisión de equipajes de usuarios, previo a su abordaje o al arribo de éstos a los aeropuertos del norte de nuestro país.

Con lo anterior persisten las grandes contradicciones de la administración foxista, con fuerte tendencia a ganar la simpatía de ese potencial mercado, una veta de oro no explotada, de ingresos y del voto, con pronunciamientos y derroche de recursos, pero con resultados diferentes, adversos a los propósitos ofrecidos, aunado a la participación del Ejército Mexicano en una actividad que corresponde estrictamente a las fuerzas públicas de carácter civil.

Punto de Acuerdo

Los secretarios de Gobernación, y de Comunicaciones y Transportes informen acerca del resultado del Programa Paisano promovido por el Ejecutivo federal con motivo de las recientes festividades navideñas, sobre la intervención del Ejército en las revisiones de seguridad aeroportuarias a pasajeros y en diversos retenes en carreteras del norte de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los directores general y regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán, Sinaloa, a mejorar e informar sobre diversos aspectos de los servicios médicos a nivel nacional y regional, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo III, señala que toda persona tiene derecho a la protección, a la salud; a su vez el artículo 123, fracción XXIX, de nuestra Carta Magna otorga a la clase trabajadora los beneficios de los seguros de invalidez, vejez, vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la encomienda de otorgar diversos seguros, entre los cuales esta el proporcionar la garantía a la salud de la clase trabajadora mexicana.

Es verdad que esta institución, a lo largo de su funcionamiento, ha tenido reconocimientos a nivel internacional por la loable misión desempeñada, sin embargo, también es verdad que desde algún tiempo la calidad de los servicios médicos a disminuido sensiblemente ocasionando serios trastornos a su población derechohabiente como a sus beneficiarios.

En mi calidad de legisladora federal, pero principalmente como mujer, me siento consternada por un hecho lamentable sucedido en la ciudad de Culiacán, que desafortunadamente es muestra de uno de tantos casos por los cuales la clase trabajadora ha hecho reclamo del mal servicio proporcionado por esta institución y que a la fecha no han sido corregidos, a pesar que están de por medio vidas humanas.

A manera de ejemplo, quiero exponer el caso concreto de la C. Claudia Beltrán Cabanillas, quien el día 20 de diciembre de 2005 se presentó a la una de la mañana al servicio de toco --valoración con un embarazo gemelar, presentando derrame de líquido amniótico--, posterior a la revisión, le informaron que tenía dos grados de dilatación, pero, dado que había tomado alimento, horas antes de este suceso se le informó que la intervendrían alrededor de las 7 a las 8 horas de la mañana.

Una vez internada, aproximadamente a los 55 minutos posteriores, presentó dolor abdominal y parto vaginal y con sorpresa observó que su primera hija estaba a punto de nacer, por lo que el personal procedió a realizar una episiotomía y posteriormente la sutura.

Media hora después los médicos le practicaron la cesárea, ya que el segundo producto, que resultó ser también una niña, venía en posición transversal presentando cuadros de crisis convulsivas por lo cual fue remitida a terapia intensiva, con respirador automático y encontrándose la menor en muy malas condiciones que ponen y que, en el último de los casos las secuelas afectaran de manera severa la vida futura impidiendo una vida plena.

Desgraciadamente este caso no es un hecho aislado y privativo en mi estado, Sinaloa, pues es notoria la falta desde la calidez humana en la atención de los derechohabientes de los servicios del IMSS, hasta el respeto de los derechos humanos elementales de los asegurados y sus beneficiarios en los que también se han presentado casos de negligencia médica.

Los preceptos constitucionales y las garantías individuales no deben de ser letra muerta sino letra que rija los actos de las personas e instituciones obligadas y que corresponde a la ciudadanía junto a las instituciones del Estado mexicano hacer valer dichos preceptos.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta soberanía exhorte al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que garantice que las unidades médicas bajo su responsabilidad eleven su esmero, atención y profesionalismo y ética en el cuidado de sus derechohabientes.

Segundo.- Se exhorta al director regional del IMSS, doctor César Niebla Beltrán, a que proporcione una explicación médica a la C. Claudia Beltrán Cabanillas del trato clínico recibido.

Tercero.- Se proceda conforme a derecho contra los responsables de los lamentables hechos padecidos por la señora Claudia Beltrán Cabanillas y así evitar que otros pacientes transiten por la misma situación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al procurador general de la República a destinar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 a los programas de prevención de delitos electorales relativos al voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Renato Sandoval Franco, del grupo parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Procuraduría General de la República, a través de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), es la encargada de prevenir y sancionar dichos delitos. A través de diversas líneas de acción, ha creado un programa estratégico para el proceso electoral de 2006, como son impartición de conferencias, cursos y talleres de capacitación, publicaciones de revistas especializadas en derecho penal electoral, así como la emisión de trípticos, y la transmisión de anuncios en radio y televisión, en los cuales destaca la importancia de la denuncia.

Como sabemos, en este año se celebrarán elecciones federales para elegir Presidente de la República Mexicana en el extranjero. Este proceso electoral obliga a un conjunto de autoridades, delegados en el interior de la República y agregados de la Procuraduría General de la República en el extranjero a brindar ayuda y duplicar esfuerzos con el objetivo de procurar justicia electoral con eficacia y eficiencia.

Es un deber como ciudadanos, legisladores e instituciones promover una cultura de denuncia para contribuir a la legitimidad de cada uno de los procesos, reforzando y realizando diversas acciones, buscando concienciar sobre la importancia de actuar con apego a la ley. Es necesario que estos objetivos sean cumplidos durante todo el proceso electoral para garantizar resultados imparciales, con el propósito de que estas próximas elecciones estén fundadas en la legalidad, en la transparencia y en la imparcialidad, contribuyendo así a la democracia, al desarrollo político y a la cultura cívica de nuestro país.

Es importante que los ciudadanos tengan la certeza del buen uso de sus recursos públicos, de ejercer su pleno derecho al voto. Por ello, la Fepade está encaminada a crear diversos programas con el objetivo de contar con legalidad electoral. Para ello se debe contar con mayores recursos para difundir, divulgar una campaña de prevención de delitos electorales federales, y así poder incentivar la participación ciudadana, el respeto de las normas y los procedimientos de nuestra democracia.

En el próximo proceso electoral de 2006, los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto por primera vez en la historia. Ello implica la creación de nuevos esquemas de participación política. La persecución de los delitos electorales en el extranjero requiere la colaboración permanente de diversas instancias públicas, como son el Servicio Exterior Mexicano, a efecto de que sea a través de ellos el conducto para la difusión de los programas que impulsa la Fepade.

El voto de nuestros connacionales residentes en el extranjero se realizará por la vía postal, bajo la responsabilidad del Servicio Postal Mexicano. Dicho sistema ha generado diversas inquietudes en la ciudadanía dentro y fuera del territorio nacional, por considerarlo un sistema vulnerable a los delitos federales electorales, como es la utilización de programas sociales con fines partidistas.

Con el propósito de proteger el voto extraterritorial que hemos aprobado, se han buscado formas de blindaje a través de la información y orientación que se proporcione a nuestros connacionales en el extranjero para que estén debidamente enterados del procedimiento en que se desarrollarán el envío y la recepción de los votos, así como de los delitos que se pueden cometer por la vía postal, razón por la cual son de apoyar las actividades de prevención de estos delitos, creando conciencia de la importancia que tiene denunciar las conductas que afecten o atenten contra la democracia de nuestro país.

Asimismo, el IFE ha, adoptado medidas que buscan dar seguridad al sistema de votación en el extranjero. Sin embargo, estamos conscientes de que se pueden suscitar conductas ilícitas. No debemos permitir actos que vulneren la legalidad del proceso. Por tal motivo, el Partido Acción Nacional está pugnando porque la Procuraduría General de la República destine mayores recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2006 para fortalecer los programas que están a cargo de la Fiscalía Especializada, los cuales buscan --entre otros fines-- la prevención de delitos electorales, enfocados a difundir y concienciar la cultura de la denuncia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un atento exhorto al procurador general de la República para que de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2006, destine cuando menos una cantidad de 10 millones de pesos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para promover programas de prevención de delitos electorales y la atención al voto de los mexicanos en el extranjero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a conducirse dentro de los cánones de la civilidad democrática durante el presente proceso electoral federal, a cargo del senador Óscar Cruz López, del grupo parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Oscar Cruz López, integrante del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, como asunto de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al C. gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a que durante el presente proceso electoral federal se conduzca dentro de los cánones de la civilidad democrática, garantizando a los candidatos de todas las fuerzas políticas el respeto a sus formas de expresión y la equidad en el acceso a las áreas e infraestructura de dominio público, coadyuvando con ello a garantizar la legalidad, imparcialidad, credibilidad y legitimidad de dicho proceso.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Sen. Óscar Cruz López (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.«Proposición con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incorpore en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia médica, en beneficio de los usuarios de las instalaciones, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo y excitativa, conforme a los siguientes

Considerandos

Como resultado de experiencias propias y de terceros acerca de las condiciones prevalecientes en las instalaciones aeroportuarias, así como por hechos lamentables reportados de padecimientos presentados por usuarios de dichas instalaciones, en los que incluso el desenlace ha sido fatal, es necesario, dada la gran afluencia que la mayoría de los aeropuertos presenta, la inminente necesidad y obligación de que en los mismos se cuente con un dispositivo de primeros auxilios y de emergencia médica.

El artículo 30 del referido reglamento de ley establece que ``los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, tales como pistas, calles de rodaje, plataformas..., instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctrica..., equipos de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros''. Sin embargo, jamás se considera a quién en calidad de usuario, visitante o empleado directo o indirecto, en caso de algún ataque cardiaco u otro tipo de padecimiento, o bien, algún accidente en salas de espera, restaurantes, estacionamientos, etcétera, reciba oportunamente asistencia médica inmediata para evitar consecuencias de agravamiento o incluso pérdida de la vida. Tales servicios en las instalaciones aeroportuarias de alta densidad de concurrencia constituyen una necesidad ineludible que no puede quedar al criterio de los concesionarios de los aeropuertos, sino ordenado y exigido por la norma jurídica. La operación y razón de la existencia de un aeropuerto, sus ingresos, se deben al usuario, a quién no se está considerando en caso de sufrir un accidente o padecer un trastorno que súbitamente lo exponga a un riesgo mayor en la pérdida de su equilibrio en las condiciones de salud. De igual manera, el público o empleados que se encuentran en las instalaciones del aeropuerto, por su propio derecho el contar con los médicos de emergencia para afrontar la necesidad de una atención adecuada.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con su similar de Salud, deberá establecer los lineamientos y características de ubicación, superficie, accesos, equipamiento y personal capacitado, para el cumplimiento de esta proposición y su incorporación al reglamento correspondiente, vigilando su observancia en implementación y operatividad tanto en instalaciones aún operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, como en las concesionadas.

Punto de Acuerdo

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, proceda a la reforma y adición del artículo 30 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, a fin de incorporar en su texto la obligación de contar con un módulo de primeros auxilios y emergencia médica en beneficio de los usuarios de dichas instalaciones aeroportuarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Jesús González Schmal (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Mario Abascal Carranza, a rendir un informe acerca del manejo que se dará a los recursos del Fondo Nacional de Desastres en los diversos municipios de Veracruz y de Zacatecas declarados en estado de emergencia debido a las bajas temperaturas, a cargo del diputado Rafael Zepahua Valencia y suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que la población mexicana afectada por las condiciones climatológicas que imperan en la mayor parte del país sea apoyada a través de los recursos del Fondo Nacional de Desastres y que éstos sean manejados conforme a las prioridades de la población en forma legal y transparente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes

Considerandos

Una parte importante de la eficiencia del Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la oportunidad con que atienden las necesidades de la población en todo el país ante cualquier eventualidad o desastre natural, mediante acciones que reduzcan el riesgo de pérdida de recursos naturales perecederos como las cosechas o el ganado por ser la principal fuente de alimentación de los mexicanos o bien mitigar las consecuencias de los fenómenos ajenos a la voluntad del hombre que propician la pérdida de vidas humanas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 27, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir la ejecución de las políticas y programas de protección civil del Poder Ejecutivo federal, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

En este orden de ideas los últimos tres años hemos visto cómo de manera efectiva la Secretaría de Gobernación ha conducido las acciones necesarias para resolver los imponderables desatados por la naturaleza, que ocasionan diversos desastres generados por el paso de huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales y en las últimas semanas el descenso considerable de la temperatura en diversas regiones del país provocando heladas e incluso la muerte de personas en pobreza extrema.

Por lo anterior, se ha presentado una constante demanda de apoyo y solidaridad al Gobierno Federal a fin de brindar los recursos necesarios para que las familias afectadas por el presente invierno en los estados de la República aminoren los embates de la naturaleza, tal como sucedió con las ciudades de Cancún, Quintana Roo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con el paso de los huracanes Wilma y Stan, donde incluso el jefe del Ejecutivo federal encabezó los trabajos de reconstrucción de la zona y ayuda a las familias en situación de desamparo.

No obstante haberse demostrado por parte del titular de la Administración Pública Federal tan habidas actitudes humanitarias, de nueva cuenta el destino pone a prueba la calidad de los gobernantes del país, cuando es el caso que en días pasados se ha decretado estado de emergencia para municipios de Veracruz y Zacatecas, debido a las bajas temperaturas, autorizándose el otorgamiento de recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales para un total de 44 comunidades afectadas por los frentes fríos 17, 18 y 19, como los municipios de Alpatláhuac, Aquila, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Río Blanco, Cañitas de Felipe Pescador, Calera, Villa Hidalgo, Zacatecas, por mencionar algunos que con urgencia demandan que la presidencia de la república de debido cumplimiento a sus obligaciones.

Con inquietud los representantes populares nos encontramos preocupados al ver que persiste el reclamo ciudadano porque los apoyos que se destinen a los connacionales de los recursos procedentes del Fonden sean ejercidos de manera transparente, tangible y con legalidad, tomando en consideración que la Secretaría de Gobernación tiene como antecedente inmediato el penoso escándalo de malversación de fondos ejercidos por la coordinadora del Fonden, Carmen Segura Rangel, quien es investigada por el injustificado ejercicio por más de mil 321 millones de pesos durante su gestión.

Por ello ante la disposición de destinar recursos del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales conforme a las declaraciones del secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, que según su dicho se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población, persiste nuestra inquietud por conocer a fondo de manera minuciosa cómo es que se efectuarán dichas acciones, que las autoridades de la dependencia están obligadas a ejercer conforme al artículo 129 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el cual preceptúa que el Gobierno Federal operará el destino de los recursos con base en criterios de equidad social, reincorporando a la actividad productiva a todo aquél afectado por situaciones climatológicas.

Ante tales consideraciones, resulta imprescindible que esta honorable asamblea sea ilustrada en los términos asentados por parte de la Secretaría de Gobernación a fin de transparentar la gestión gubernamental en apoyo de los mexicanos afectados con motivo de los desastres climatológicos a fin de transparentar las acciones gubernamentales a favor de la sociedad.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se realice una respetuosa exhortación al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza, para que se sirva rendir un informe acerca del manejo que se le dará a los recursos procedentes del Fonden en auxilio a los municipios de Veracruz y Zacatecas declarados en estado de emergencia debido a las bajas temperaturas que se han registrado en nuestro país.

Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil seis.--- Dip. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente manifieste su beneplácito por los recientes triunfos electorales de la doctora Michelle Bachelet Jeria, Presidenta electa de la República de Chile, y de la doctora Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta constitucional de la República de Liberia, a cargo de la senadora Susana Stephenson Pérez, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su beneplácito por los recientes triunfos electorales de la doctora Michelle Bachelet Jeria, Presidenta electa de la República de Chile, y de la doctora Ellen Johnson-Sirleaf, Presidenta constitucional de la República de Liberia.

Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una atenta una invitación a participar en la 8ª edición del Parlamento de Mujeres de México por efectuarse en el mes de marzo de 2006.

Dado en el Salón de Sesiones el miércoles 25 de enero de 2006.--- Sen. Susana Sthepenson Pérez (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas a garantizar la gratuidad de la educación pública y desterrar todo tipo de cuotas obligatorias a los padres de familia como contraprestación del servicio, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del PRD

En nuestro país, la gratuidad de la educación es un derecho consagrado en el artículo tercero constitucional. A partir de la reforma a nuestra carta magna en 1934, aunque acotada en principio a la educación primaria, el Estado mexicano reconoció como su obligación dotar gratuitamente de todos los elementos necesarios a los educandos para garantizar su pleno acceso al saber.

Desde entonces, el derecho a una educación gratuita se fue fortaleciendo tanto en las leyes como en las políticas públicas. En el primer terreno, con la reforma constitucional de 1946, mediante la incorporación de una fracción VII, se estableció que ``toda la educación que el Estado imparta será gratuita''. En el segundo aspecto, la creación de la Comisión del Libro de Texto Gratuito, en 1959, significó concreción de aquella garantía constitucional.

También en este sentido de ampliación de los derechos y del bienestar de los mexicanos deben verse los esfuerzos que distintos gobiernos del país, de manera destacada el del Distrito Federal, han llevado a cabo para entregar libros de texto gratuitos para el nivel de secundaria, además de que apoyan al alumnado con becas, alimentos, uniformes y útiles escolares.

No obstante que una amplia mayoría de la sociedad mexicana a partir de esos años ha mostrado su amplio acuerdo con la gratuidad de toda la educación pública, ésta no ha estado exenta de ataques, los cuales han mellado su alcance. Ese fue el caso de la contrarreforma constitucional impulsada por Salinas de Gortari, en la que se diluyó la responsabilidad del Estado con la gratuidad, al eliminar la obligación explicita que éste tiene para impartir la educación media y superior, dejándose señalado que solo es responsable de promoverlas.

Pero también por la vía de los hechos, en los últimos años se ha venido erosionando ese principio constitucional mediante un proceso creciente de financiamiento paralelo a la escuela pública, que corre a cargo de los padres de familia, a quien se le obliga a asumirlo, pues se condiciona la prestación del servicio educativo.

Existen múltiples evidencias de cómo son impuestas cuotas, a veces directamente por las autoridades de cada escuela, o en otras ocasiones por mandato de éstas, a través de las asociaciones de padres de familia, las cuales van dirigidas a financiar el mantenimiento de un equipo o área escolar; o bien para determinado evento o para un servicio específico.

Es en ente contexto que no sorprende que en días pasados, un diario de circulación nacional cabeceó sus ocho columnas con el texto la corrupción hace costosa la escuela pública, el cual hace referencia al estudio Robando el futuro. Corrupción en el salón de clases, solicitado por la UNESCO, la SEP y por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEP), fundado por dicho organismo de Naciones Unidas.

El estudio afirma que, ``en promedio, cada familia paga 300 pesos en sobornos para asegurar un lugar a sus hijos en las primarias y secundarias supuestamente gratuitas''. A ello agrega que ``los maestros no aprueban a los estudiantes porque les ``venden cursos de regularización que la misma escuela o supervisor imparten''.

Ante este panorama es necesario reconocer que en muchas de las ocasiones se trata de cuotas que tienen el acuerdo de los padres de familia, pero que ellos dan porque no tienen otra opción, pues son de todos conocidas las pésimas condiciones en las que operan la gran mayoría de las escuelas públicas.

Es bueno que la sociedad participe en el mejoramiento de la escuela, pero si bien la existencia de esos pagos cuando son voluntarios no ponen en entredicho lo prescrito por la ley, a fin de cuentas si contribuyen a diluir la responsabilidad que el Estado tiene a ese respecto.

A esta problemática las autoridades educativas han respondido de manera ambigua. A través del Programa Escuela de Calidad pretende dotar de recursos a cada escuela para enfrentar necesidades de este tipo, ello en un marco de una limitada autonomía de gestión interna. El problema es que ese programa no se ha generalizado y sólo beneficia a una de cada 10 escuelas de educación básica, por lo que en las restantes se opera en condiciones que posibilitan la instauración de cuotas.

Consideramos que la cobertura de este programa se debe ampliar, con algunos ajustes como eliminar la condicionante de presentar un proyecto para recibir el recurso, a fin de fortalecer las bases de la gratuidad de la educación pública.

Mención aparte merecen las denuncias de instrumentación de cuotas que nada tiene que ver con el aspecto educativo, y que sólo tienen como finalidad enriquecer ilegal e ilegítimamente a unos cuantos. Pero ante ello es necesario afirmar que no es el gremio docente el que promueve esta práctica que constituye un auténtico robo, sino que son personas que en lo individual se aprovechan de su rol dentro de la escuela, para su beneficio personal.

De modo tal que es necesario acabar con cualquier tipo de cuota que obligue a los padres de familia a dar determinada cantidad de dinero, so pena de que le sean suspendidos determinados servicios a sus hijos, como también es necesario investigar y sancionar a aquellos que se enriquecen beneficiándose de cuotas al margen de la función escolar.

Es por todo lo anterior que, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito plantear a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

Primero.- En el marco del federalismo y de la división de poderes, exhorta a las autoridades educativas a que garanticen el cumplimiento del artículo 3o. constitucional, en cuanto prescribe la gratuidad de la educación. Esto implica que provea a todas las escuelas del país de las condiciones materiales y administrativas que aseguren su correcto desempeño. Asimismo, las exhorta a que investiguen y sancionen a quienes impongan cuotas en los planteles de educación pública del país, como condicionante para la contraprestación del servicio educativo.

Segundo.- Exhorta también a las escuelas particulares para que no condicionen la impartición del servicio educativo a la contratación de otros servicios, tales como la inscripción en cursos extracurriculares, o la compra de bienes en la propia escuela, tales como uniformes, material didáctico, entre otros.

Tercero.- Hace un llamado al Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, a fin de que se cuide de emitir juicios incriminatorios sobre la planta docente de nuestro país que, en lo general, es respetada por la población, pues cumple con su misión compensando las carencias y falta de apoyo de las autoridades educativas.

Dip. Iván García Solís (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda un informe sobre el proyecto Sistema Nacional e-México, a cargo del senador Antonio García Torres, del grupo parlamentario del PRI

Para todos los mexicanos resulta evidente que a lo largo de la presente administración, diversos programas federales como el del Aeropuerto Capitalino y el Megaproyecto Fénix entre otros, han culminado en rotundo fracaso.

Hoy nuevamente la frustración y la derrota se ciernen en torno a otro de los multipublicitados programas del Presidente Vicente Fox, y me refiero al denominado Programa Nacional e-México.

Supuestamente este programa sería el medio por el cual el Sistema Nacional e-México respondería al reto de ser un proyecto integrador, articulando los distintos niveles de gobierno, dependencias públicas, cámaras y asociaciones vinculadas a las tecnologías de información y comunicaciones, con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios básicos como salud, educación, economía, ciencia y tecnología, industria y gobierno.

Se determinó que uno de sus principales compromisos sería el acercamiento de más mexicanos a la información y al conocimiento, a través de las tecnologías de información y comunicaciones.

De igual manera con dicho programa, se buscó construir los denominados ``portales comunitarios'', porque se pretendía que nuestro país disminuyera su rezago tecnológico, debido principalmente a que en los países de la OCDE, el promedio es de 250 computadoras por cada mil habitantes y en México es de sólo 28 por cada mil.

Sin embargo a casi 6 años de su creación, el programa únicamente refleja contrastantes realidades.

Muchos de los Centros Comunitarios Digitales construidos hasta ahora, enfrentan diversas carencias de carácter técnico y financiero, ya que por una parte, no se logra establecer comunicación con la red nacional debido a la fallas en la conectividad, y por la otra, porque el centro tiene que sufragar el gasto para poder realizarlo.

En otros casos, dichos centros nunca fueron instalados o han cerrado sus puertas, y en la mayor parte de estos centros o portales comunitarios, la falta de interés o la carencia de una instrucción adecuada, terminan por mermar la voluntad e iniciativa por aprender de los usuarios.

Sin duda lo resultados que arroja este programa distan mucho de las altas expectativas y augurios trazados por la administración Fox, inclusive el propio subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Álvarez Hoth llegó a adelantarse enfatizadamente el éxito de este programa.

Es por todo ello que ahora, como en todas las anteriores oportunidades, hemos señalado que esta administración carece de visión y de planificación oportuna; es por ello también que, hoy nuevamente los priístas denunciamos las carencias y falta de logros de un proyecto más destinado al fracaso, como lo es el e-México.

En tal sentido, y por la importancia que representa la disminución de la brecha tecnológica para México, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber con la finalidad de que rinda un informe pormenorizado y detallado sobre las muchas fallas que se han detectado en el proyecto denominado Sistema Nacional e-México, así como respecto a la situación que guarda actualmente.

H. Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Sen. Antonio García Torres (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente exhorte a la candidata y a los candidatos a la Presidencia de la República a emitir opiniones informadas y a proponer soluciones acordes con la división de poderes, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, y Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en virtud de las siguientes

Consideraciones

Con el inicio de las candidaturas presidenciales de todos los partidos políticos hemos presenciado, en fechas recientes, posicionamientos de todos ellos sobre la mayoría de los temas de relevancia nacional e internacional.

El tema de los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez no ha sido la excepción.

La candidata y los candidatos a la Presidencia de la República han hecho referencia en diversos foros a la situación del feminicidio en Ciudad Juárez y a las propuestas o soluciones que impulsarán en caso de llegar a la Presidencia.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La diferencia entre la violencia contra las mujeres y otras formas de agresión estriba en que, en este caso, el factor de riesgo para la vulneración de derechos es el sólo hecho de ser mujer.

En México, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un asunto normalizado o de la vida privada para convertirse en una corresponsabilidad del Estado.

En la actualidad, es evidente que la violencia cobra especificidades oprobiosas contra las mujeres, como caso emblemático, se encuentran los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez por representar la máxima expresión de la violencia misógina contra las mujeres. Es en este municipio donde se ha centrado en mayor medida la atención nacional e internacional.

Sin embargo, en virtud del trabajo legislativo, se ha identificado con cifras preocupantes que se asesina a mujeres en todo el territorio nacional y que esta situación requiere atención inmediata. Por ello, la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia contra las mujeres son obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano.

Es un acto positivo que la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República consideren la violencia contra las mujeres como un problema de Estado y se comprometan a coadyuvar en su erradicación.

Referirse al tema de la violencia contra las niñas y mujeres en Ciudad Juárez y en toda la República implica tener una opinión informada, expresarla con respeto a las víctimas o a sus deudos.

Asimismo, al proponer las soluciones al problema es necesario no hacer promesas falsas, pues la erradicación de la violencia contra las mujeres se debe atender de manera integral; es decir, es necesario instrumentar una política que incluya a los tres Poderes de la Unión, a los tres ámbitos de gobierno, y se fortalezca la cooperación y la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República a que al referirse a los temas de violencia contra las mujeres y las niñas, en especial a las violaciones graves y sistemáticas de las mujeres en Ciudad Juárez sea de manera informada, con respeto a las víctimas y a los deudos y al hacer propuestas de solución las hagan considerando la división de poderes y los tres niveles de gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica), Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, a cargo de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio y suscrita por la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD

Las que suscriben, Minerva Hernández Ramos y María del Rosario Herrera Ascencio, diputadas federales en la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante el Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo por el se solicita a la Secretaría de la Función Pública la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal bajo las siguientes

Consideraciones1.- Que el 10 de abril de 2003 se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, cuyo objeto es establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del sistema de servicio profesional de carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal.

2.- Que la Ley de Servicio Civil de Carrera establece la permanencia de los servidores públicos en sus puestos está subordinada a que acrediten sus capacidades, no sus conocimientos.

3.- La Ley diferencia la capacitación como el proceso para la adquisición de conocimientos, y la certificación de capacidades como el proceso para la evaluación de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes, expresados en comportamientos.

4- En la práctica, todavía no hay una norma relativa a la descripción de capacidades, pese a lo cual la Secretaría de la Función está por iniciar el proceso de certificación y, en la práctica, aceptará que los funcionarios se certifiquen y, por tanto, sean inamovibles en sus puestos al menos por un periodo de cinco años con una sola acreditación cursos y/o diplomados, es decir acreditando sus conocimientos.

5.- Que el servicio profesional de carrera se pensó como un sistema flexible, de instrumentación gradual y descentralizada, a fin de que cada dependencia lo adecuara a sus necesidades y características, sin embargo la Secretaría de la Función Pública ha terminado por centralizar las decisiones y asumir atribuciones legales que competen a los comités de cada dependencia que, por norma, son los encargados de diseñar y desarrollar los procesos de capacitación y certificación de capacidades, ejemplo de ello son los contratos celebrados con el Ceneval, en los que de manera unilateral define las características de la capacitación.

6.- Que en los puntos expuestos se observan violaciones en el proceso de implementación de la Ley que, eventualmente, podrían favorecer a los funcionarios que se encuentran desempeñando un cargo de los propios del sistema de servicio profesional.

7.- Que en la actualidad se considera que el universo total de servicios públicos sujetos de la ley es de alrededor de 43 mil, con el efecto de garantizar su permanencia por un plazo mínimo de cinco años, aun cuando no cuenten con las capacidades para desempeñarse en el puesto, por lo que ello podría representar una gran obstrucción para el gobierno entrante, ya que la certificación así, adulterada, lleva a la permanencia en el cargo al margen de criterios de índole profesional.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía:

Único.- Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que, a la brevedad posible, informe a esta soberanía sobre la revisión puntual de la forma en que se está instrumentando la Ley del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, e indique si ya se realizó un estudio sobre el impacto presupuestario que éste tendrá, con el propósito de que se lleven a cabo las correcciones pertinentes y, mientras tanto, se detenga el proceso de certificación, el cuál inicia a principios del año 2006.

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los veinticinco días del mes de enero de 2006.--- Diputadas: Minerva Hernández Ramos, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbricas).»Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión Especial de la Función Pública de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para que se declare la Sierra Madre de Chiapas, afectada por el huracán Stan, zona de restauración ecológica y se lleven a cabo las acciones conducentes a la recuperación y al restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales, a cargo del senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del PRI

Compañeras y compañeros diputados y senadores de esta Comisión Permanente, el Gobierno Federal, según informó el secretario de Gobernación, formuló un convenio de colaboración entre el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua, para efectuar un estudio de los efectos provocados por el huracán Stan y dar cauce a la consulta sobre las acciones a realizar.

Es plausible que se tome en cuenta a quienes más saben; recabar su punto de vista resulta indispensable para que las tareas de prevención y reconstrucción sean sugeridas por los expertos que aportan su ciencia y su técnica.

No obstante, es un buen momento para hacer un llamado de atención y recordar que hace poco más de siete años, ocurrió algo similar.

En septiembre de 1998, otro fenómeno natural causó severos daños en numerosos municipios del estado de Chiapas. Entonces, el Instituto referido realizó los estudios pertinentes y emitió sus opiniones respecto del diseño de obras de ingeniería y la aplicación de recomendaciones para la conservación del suelo.

Pero no pasó nada. Las obras nunca se realizaron. Como podría pasar ahora, los estudios se hicieron en un año preelectoral y los gobiernos entrantes, tanto el federal como el del estado hicieron caso omiso de lo propuesto por la UNAM.

De acuerdo con los expertos, si se hubiera tomado en cuenta el dictamen del citado Instituto, los efectos de los meteoros subsecuentes hubieran sido significativamente menores.

Ahora, no existen las garantías necesarias para que el resultado de las investigaciones llegue a ser el sustento de las obras por realizar; es indispensable actuar en consecuencia, sobre todo porque los gobiernos federal y estatal enfocan sus esfuerzos en la reconstrucción; es decir, en la restitución de la infraestructura social y de comunicaciones que desapareció o resultó dañada.

Atención menor ha merecido el daño ecológico y es sobre este tema que quiero abundar.

De nada o de muy poco servirá restituir la obra pública siniestrada, si no resolvemos la catástrofe ecológica presente en la Sierra Madre de Chiapas.

No se trata de un simple programa de reforestación, se trata además, de una acción preventiva que en mucho puede evitar daños mayores ante futuras fenómenos meteorológicos.

Científicamente está probado, que sin una adecuada reforestación está latente el peligro de graves desgajamientos de tierra y lodo, incluso ante fenómenos de tamaño menor.

Compañeras y compañeros diputados y senadores: La belleza y riqueza natural de la Sierra Madre, hoy puede convertirse en un peligro para la vida de un número importante de chiapanecos.

La de por sí deforestada zona fue literalmente desgarrada por el huracán, y en estos momentos es incapaz de retener la lluvia que, por escasa que sea, resulta una amenaza; se hace indispensable y aún urgente reconstituir la cubierta vegetal de las superficies dañadas e iniciar un vasto programa de reforestación.

Se requerirá una importante cantidad de obras en las cárcavas producidas por las corrientes pluviales para evitar vuelvan a producirse los daños que ocasionó el Stan en la costa y en la sierra.

Efectivamente, existen declaratorias que han permito iniciar los procedimientos de ayuda del Gobierno Federal a la zona, como es el caso del Fonden y otros, para reparar infraestructura y otorgar apoyo en enseres para lo damnificados. Pero eso sólo paliará los efectos hasta hoy existentes.

Punto de Acuerdo

Dado que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país, y que a raíz de la devastación provocada por el huracán Stan la Sierra Madre de Chiapas sufrió un grave desequilibrio ecológico, se solicita al titular del Ejecutivo federal que, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, atendiendo su Capítulo II, artículos 78, 78 BIS y 78 BIS I, declare a la región afectada como zona de restauración ecológica, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para la recuperación y el restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban, tomando en cuenta la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, en la formulación, ejecución y seguimiento de los programas de restauración.

Sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Distrito Federal a informar si los servicios certificados con la norma ISO que prestan las delegaciones reúnen las condiciones mínimas requeridas para considerarlos de calidad, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Las normas ISO 9000 e ISO 14000 se han convertido, hoy en día, en herramientas indispensables para garantizar la calidad de un producto mediante la implementación de controles exhaustivos, asegurándose de que todos los procesos que han intervenido en su fabricación operan dentro de las características previstas. La normalización es el punto de partida en la estrategia de la calidad, así como para la posterior certificación de la empresa.

Todo en la organización está orientado hacia el consumidor. La norma ISO 9001 trata de adaptarse a la realidad de que las empresas y las instancias certificadas dependen de la aceptación y consumo de sus productos por parte de los consumidores. Esta necesidad da origen al principio de la orientación hacia el consumidor de toda la actividad productiva de la empresa u organización.

Es necesario conseguir la satisfacción del consumidor, cubrir sus necesidades y satisfacer sus expectativas, a cambio, el consumidor se identificará con la organización, y estará predispuesto a mantener su nivel de implicación hacia la organización.

Dado que la técnica, la maquinaria, los procesos y los miembros de la organización están siempre muy próximos al punto óptimo, es necesario mejorar la calidad del producto o servicio con otros procedimientos, como mejorar la organización y mejorando y consolidando los aspectos sociales de la organización. De este modo se cubren las necesidades y expectativas presentes y futuras del consumidor o usuario en un proceso de mejora continua del funcionamiento de la organización y sus resultados.

Estas normas fueron hechas bajo la lógica de que la calidad de un producto no nace de controles eficientes, sino de un proceso productivo y de soportes que operan adecuadamente. De este modo, es una norma que se aplica a la empresa u organización y no a los productos de ésta. Su implementación asegura al cliente que la calidad del producto que él está comprando se mantendrá en el tiempo.

En la medida que existan empresas u organizaciones que no hayan sido certificadas, la norma empieza a constituir una diferenciación en el mercado. Sin embargo con el tiempo se transformará en algo habitual y se comenzará la discriminación hacia empresas u organizaciones no certificadas.

Esto ya ocurre hoy en países desarrollados en donde los departamentos de abastecimiento de grandes corporaciones exigen la norma a todos sus proveedores.

En un afán de certificar a las oficinas de gobierno con la finalidad de tratar de mostrar la transparencia y la eficiencia de los servicios se ha buscado alcanzar la certificación ISO 9001 para algunas áreas, y en algunos casos se busca la recertificación.

En nuestro país cada vez son más los gobiernos --tanto estatales como municipales y el propio gobierno federal-- que están apostando por certificaciones ISO para el mejoramiento en la calidad de los servicios que prestan. Los esfuerzos en este sentido se han materializado en acciones benéficas para el ciudadano al contar con gobiernos que, si bien no en todos, en muchos servicios han demostrado resultados a la altura de las expectativas de la población.

Desafortunadamente, tanto el Gobierno del Distrito Federal como prácticamente todas las delegaciones de esta entidad, no son un ejemplo de apuesta por la calidad en los servicios públicos; es así como los casos de certificaciones de estos gobiernos locales son prácticamente inexistentes, y lo que es peor, algunos de los servicios que ostentan la certificación ISO, en realidad no brindan un servicios de calidad a los ciudadanos, generando severas dudas al respecto de la obtención de tal certificación.

Tal es el caso de la delegación Gustavo A. Madero, en la que residen cerca de un millón y medio de personas; pues bien, esta delegación Gustavo ostenta una cuestionable certificación ISO 9001:2000 en su Unidad de Licencias y Control Vehicular; sin embargo, el servicio es bastante deficiente. Las fallas frecuentes del sistema de licencias y trámites vehiculares, el carente y deficiente mobiliario, el atraso tecnológico de los equipos con que opera, la falta de capacitación del personal que atiende al público usuario, la falta de medidas de seguridad, la discutible limpieza de sus áreas, la incompresible ausencia de medidas de protección civil, la completa ineficiencia en el servicio que a veces hace perder horas a los usuarios esperando que haya sistema, la falta de mobiliario adecuado para la espera (actualmente se tienen unas riesgosas sillas de plástico que ocasionan constantes accidentes), y lo más importante, la falta de ética y adecuada capacitación de sus empleados, son muestra fehaciente de tal cuestionamiento.

La norma ISO 9001 es considerada como una de las mejores herramientas para la consecución de la calidad y la satisfacción en los productos y servicios para al consumidor. La versión actual de certificación que ostenta en la Unidad de Licencias, Trámites y Control Vehicular en Gustavo A. Madero, es del año 2000, ISO 9001:2000, misma que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa o instancia que brinde servicios de forma competitiva y que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a optimizar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.

Pero este no es el caso de la Unidad de Licencias, Trámites y Control Vehicular en Gustavo A. Madero, donde los equipos de fotografía, cómputo, aditamentos e impresoras no cubren ni en número ni en tecnología las necesidades de servicio e imagen pública que se requieren para alcanzar el nivel de certificación, incluso el incorrecto mantenimiento de los mismos hace que el servicio sea sumamente deficiente en esta delegación.

No existen sanitarios en dicha Unidad de Licencias para el público usuario y los que existen para los servidores públicos son ridículos pues ambos están situados en una superficie de 2.20 metros por 1.20 metros aproximadamente, y tiene que dar servicio a los más de 40 servidores públicos que ahí laboran, estos datos nos demuestran que no es posible que se haya concedido una certificación de manera normal pues son aspectos que se deben de cubrir muy puntualmente.

El estado de sus instalaciones eléctricas, sanitarias, sus escaleras, techos y pisos se alejan por mucho de los estándares mínimos requeridos para la obtención de la certificación, las ventanas, puertas y en general la estructura del área se alejan por mucho del mínimo requerido para brindar una adecuada seguridad, pues en esta oficina no sólo se resguarda importante información, sino que también se resguardan miles de placas, engomados, tarjetas de circulación, documentos de altas y bajas vehiculares, permisos de circulación y los registros de las licencias de conducir, no existen medidas de seguridad que brinden certeza de que no se ocuparán estos importantes documentos de mala forma o bien resulta imposible el asegurar que se encuentran bajo un adecuado resguardo pues estos pueden ser robados o destruidos en momentos en que se encuentre vacías las instalaciones debido a las deficientes medidas de seguridad.

El riesgo de que sean robadas las placas o la documentación de circulación por un individuo o un grupo con la finalidad de delinquir es latente y no existe en estos momentos algún dispositivo que brinde la certeza de que esto no suceda.

Las placas, los engomados y las tarjetas de circulación que aún no han sido entregados y se encuentran bajo el resguardo de esa unidad son los elementos de identificación vehicular más notorios y necesarios para que un vehículo circule, de ser extraviados o robados cualquier persona puede instalarlos en un vehículo de características similares al que describe la tarjeta de circulación y circular o bien delinquir a bordo de ese vehículo, y como ha sido tan ineficiente el reparto de estas placas y engomados por parte del Gobierno del Distrito Federal, el número de placas y engomados que aún están en resguardo son más de 2000 juegos, mismos que ni siquiera tienen una bodega o un adecuado lugar en donde se puedan proteger, situación que nos debe provocar una profunda preocupación, pues analizando a conciencia el caso que nos ocupa resulta sumamente cuestionable que con todos los problemas que aquí se han señalado la delegación ostente dicha certificación y más aún si se busca una nueva recertificación es necesario corregir estas deficiencias de una forma transparente.

Si esta situación se presenta en esta demarcación, qué podríamos esperar de otras cuyo sello distintivo ha sido la corrupción, de ahí la necesidad de que se transparente la manera en que obtuvieron las certificaciones ISO.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que informe a esta soberanía si los servicios certificados con la norma ISO que prestan las delegaciones cuentan con las mínimas condiciones requeridas para ser considerados servicios de calidad que satisfacen plenamente a los habitantes.

Segundo.- Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que exponga los antecedentes, aplicación y seguimiento del proceso de certificación ISO 9001:2000 en la Unidad de Licencias y Control Vehicular de la Delegación Gustavo A. Madero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2006.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a ejercer llegado el momento la acción legal adecuada ante la ONU contra la Ley Sensenbrenner y sus efectos, así como a elaborar un plan detallado de corto, mediano y largo plazos para combatir esta ley y las similares que pudieran iniciarse en el futuro, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Rosario Herrera Ascencio, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante la honorable Cámara de Diputados para poner a su consideración proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al gobierno mexicano a ejercer la acción legal correspondiente contra la llamada ``Ley Sensenbrenner'', entre otros, bajo los siguientes

Antecedentes

1. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 16 de diciembre de 2005, con 239 contra 182 votos el Acta de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal de 2005.

2. Esta nueva ley fue recibida por el Senado el 17 del mismo mes y se espera que sea discutida en los próximos meses.

3. Para nadie es desconocido que el contenido de esta ley atenta contra los derechos humanos más elementales, pero no está de más señalar algunas de sus particularidades:

a) Autorización para construir 938 millas de bardas dobles (casi mil kilómetros);

b) Convierte la estadía ilegal en Estados Unidos en un delito, antes era una ``violación civil'' equivalente a una falta administrativa;

c) Hace deportables a los extranjeros si son detenidos tres veces por conducir ebrios, por ostentar números de seguridad social o identificaciones falsas, pertenecer a una padilla o ser sospechoso de ello;

d) Da poderes al Departamento de Seguridad Interior para señalar a cualquiera como miembro de una pandilla;

e) Amplía la definición de tráfico a quienes asistan a los migrantes, incluso familiares, iglesias y ONG;

f) Autoriza a los sheriffs (policías locales) de ciertos condados fronterizos a ejecutar esta ley;

g) Autoriza la expulsión expedita de extranjeros ``inadmisibles'' por razones penales o de seguridad nacional;

h) Provee que la Secretaría de Seguridad Interna (Homeland Security Department) establezca un sistema de verificación de elegibilidad de empleo;

i) Elimina la revisión judicial del retiro de visa, lo que equivale, en términos de nuestra legislación, a prohibir el juicio de amparo para extranjeros;

j) Permite a la Corte de Apelaciones Migratorias anular fallos que no provean la remisión (expulsión) del extranjero; y

k) Obliga a los no inmigrantes a no ejercer ninguna acción legal contra la inadmisibilidad que en contra se declare o, en todo caso, a hacerlo sólo por vía del asilo.

4. Es claro que Estados Unidos puede construir lo que le plazca en su territorio, por inmoral que nos parezca. Lo que no puede hacer es dar más pretextos a xenófobos para atacar a los inmigrantes; y menos aún, con pretexto alguno, violar los derechos humanos de los inmigrantes y las leyes internacionales con las instituciones de por medio.

5. Esta iniciativa viola por lo menos los siguientes instrumentos internacionales:

a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos;

c) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y

d) Declaración Universal de los Derechos Humanos.

6. Por otro lado, igualmente condenable es la actitud de nuestro canciller, que ha oscilado entre la condena más bien tibia y la resignación de sólo conseguir una ``condena moral'', entre la supuesta implementación de cabildeos y la esperanza de un hipotético acuerdo migratorio, en el que nadie cree ya.

7. No es desconocido para esta soberanía que a todo ello se añaden, entre otros factores, las vidas que ha cobrado el paso a Estados Unidos (443 tan sólo el año pasado), la aportación de nuestros migrantes tanto a nuestra economía como a la de Estados Unidos (por lo menos 10 mil millones, en un cálculo muy conservador), y al estilo que ha imperado en la política exterior de Estados Unidos, que no se ha distinguido por su apego a los derechos humanos. Vale la pena mencionar en este aspecto que se ha negado a firmar La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que situaría la Ley Sensenbrenner aún más en el terreno de la ilegalidad.

8. Resulta obligado que nuestro gobierno apele a la historia del pueblo norteamericano, noble como todos los pueblos, que ha luchado por defender sus libertades a un alto costo, un pueblo que si bien ha dado gobernantes tan cuestionados como los Bush y Reagan, también ha dado a personajes como Martin Luther King y Abraham Lincoln, ejemplos de convicciones profundas en pro de la humanidad.

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de este cuerpo legislativo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo a ejercer, llegado el momento, la acción legal adecuada ante la ONU en contra de la Ley Sensenbrenner y sus efectos, así como a elaborar un plan detallado de corto, mediano y largo plazo para combatir esta ley y las similares que pudieran iniciarse en el futuro.

Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo a denunciar en la Asamblea General de la ONU esta ley y sus efectos, así como resistencia del gobierno estadounidense a firmar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Tercero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, junto con su homóloga de la honorable Colegisladora, establezca un grupo de trabajo que dé seguimiento a lo expuesto en los dos puntos anteriores, sin perjuicio del trabajo que las comisiones ordinarias de ambas Cámaras realicen al respecto y de lo ya acordado por esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de enero de 2006.--- Diputados: Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Rosario Herrera Ascencio (rúbricas).»Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Baja California Sur a considerar el rechazo definitivo al aumento de los impuestos sobre nóminas y hospedaje y al nuevo impuesto cedular contenido en el proyecto de Ley de Hacienda de dicho estado, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y suscrita por la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Esthela Ponce Beltrán, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 58, fracción I, y 59 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las reformas pendientes que tiene nuestro país es la fiscal, que tiene que ver con los ingresos y los egresos del sector público. Esto incluye política recaudatoria en impuestos, derechos y aprovechamientos, entre otros. Considera también la política de gasto público, cómo se distribuye tanto en la Federación, como en los estados, sólo por mencionar algunos aspectos.

En los últimos ocho años, pese a que no se ha avanzado en esta reforma, ha ganado terreno la federalización del gasto, a través de la creación de ramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Ramo 33 (``Fondos de Aportaciones''), Ramo 39, conocido como ``Programa de Apoyo Federal a Entidades Federativas'' (PAFEF), incluyendo el Ramo 28 (``Participaciones''). Estos rubros son los más importantes donde se transfieren recursos a las entidades federativas.

En el PEF de 2006, todos los diputados federales de Baja California Sur hicimos un gran esfuerzo para que a nuestra entidad se asignara la mayor cantidad de recursos para este año.

A BCS se estiman recursos por un monto de poco más de $4 mil 900 millones, de los cuales al Ramo 33 corresponderían $2 mil 510 millones; Ramo 28, $1,920 millones; Ramo 39 (que no estaba considerado en el proyecto que envió el Ejecutivo federal), $145 millones.

También, solicitamos recursos (a través de puntos de acuerdo) por más de $700 millones, de cuales nos autorizaron $337.5 millones, en los siguientes rubros: $12.5 millones para el Programa Emergente de Empleo, $16.0 millones para subsidio a la UABCS, $35 millones para el medio ambiente y $274 millones para infraestructura carretera, pavimentación y caminos rurales.

Es decir, del proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo federal se logró un incremento adicional de 12.8%, en términos reales.

Lo anterior lo señalamos porque no nos parece correcto que, pese a este esfuerzo de todos los disputados de nuestro estado, el Ejecutivo de mi estado pretenda por un lado incrementar el gravamen a algunos impuestos y crear otros, además de ser un acto inconstitucional incurrir en una doble tributación para las personas físicas y morales en Baja California Sur. Es el caso del decreto 1586, que fue aprobado por el Congreso local el 8 de diciembre pasado, que se refiere a la Ley de Hacienda del estado de Baja California Sur, donde se incluye un aumento al Impuesto sobre Nóminas, de Hospedaje y la creación de un nuevo impuesto cedular.

Estas medidas han sido rechazadas por la mayoría de la sociedad sudcaliforniana. Pretender allegarse de mayor cantidad de recursos a través de la creación de nuevos impuestos o incrementar los ya existentes; resulta ofensivo para la población.

En nuestro país, la recaudación en impuestos federales (incluidos ISR e IVA) apenas si supera 12% del PIB (el más bajo de los países miembros de la OCDE), cuando hay países como Canadá cuya participación es de más de 37%, EU de 30% o Suecia con 52%. Más aun: se estima que de las casi 500 mil empresas que pagan impuestos en el país, sólo 10 mil, 2%, representan 60% de los impuestos tributados por las empresas, de lo que se infiere que los niveles de evasión y elusión fiscales son alarmantes. Es decir, para allegarse de mayores ingresos no es a través de nuevos impuestos o aumentar el gravamen en los ya existentes, sino hacer un esfuerzo por ampliar la base gravable y con ello evitar en lo posible la evasión y la elusión fiscales.

Una cifra que llama la atención es el endeudamiento de la entidad, que asciende a junio de 2005 a casi $570 millones, lo que representa un incremento respecto a 1998 de 21%. Así también, la proporción de esta deuda respecto a las participaciones es cercana a 35%, lo que significa que 35% de las participaciones ya está comprometido por los empréstitos contratados por el gobierno estatal. Esto lleva a inferir que es quizás el nivel de endeudamiento de la entidad (que en el 2001 y 2002 llegó a ser de $700 millones) lo que hace necesaria para el Ejecutivo de mi estado la aplicación de este tipo de medidas, que rechazamos la amplia mayoría de los sudcalifornianos.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al honorable Congreso del estado de Baja California Sur para que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 60, fracciones IV y V, de la Constitución del estado, considere el rechazo definitivo al aumento del Impuesto sobre Nóminas, al aumento del Impuesto sobre Hospedaje y al cobro del nuevo impuesto cedular, contenidos en el proyecto de Ley de Hacienda del estado, vetada parcialmente por el Ejecutivo estatal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica).»Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, respecto al fallo de la Secretaría de Economía contra los porcicultores nacionales relativo a las importaciones de pierna de cerdo a nuestro país, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del PAN, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hacemos uso de esta tribuna para solicitar su apoyo a efecto de que esta representación tome medidas ante un problema que afecta de manera grave un sector productivo que genera empleo e ingresos para muchas familias mexicanas.

En los últimos años, y como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la porcicultura nacional ha sufrido un grave daño, provocado por los cuantiosos volúmenes de importaciones de carne de cerdo, al ingresar en México con precios muy por debajo de los costos de producción en su país de origen.

Esta competencia desleal ha originado que en México se haya sustituido el consumo de carne de cerdo nacional en más de 50 por ciento por carne de cerdo de origen estadounidense, generando con ello la pérdida de muchos empleos e ingresos para nuestros productores, así como el desmantelamiento de granjas de pequeños y medianos productores mexicanos y, en muchos casos, la migración de los mismos en busca de empleo a Estados Unidos.

El sector porcícola ha buscado a través de las instancias correspondientes acceder a los mecanismos de defensa previstos en las diversas leyes, lo que ha representado importantes gastos para el sector.

La petición de investigación antidumping de carne de cerdo promovida en 2003 por los porcicultores nacionales no prosperó por falta de voluntad política de los funcionarios de la Secretaría de Economía, al ceder ante la presión presentada por los grandes importadores de estos productos, así como a la presión del Gobierno de Estados Unidos de América.

En 2004, en atención a la recomendación de la Secretaría de Economía, se inició la investigación de antidumping contra las importaciones de pierna de cerdo. Pero de manera sorpresiva, aun cuando el dictamen resultó favorable a los productores mexicanos, la dependencia mencionada publicó una resolución preliminar negativa, dando por terminada la investigación.

Es importante señalar que la Cámara de Diputados, en su sesión del 14 de diciembre de 2004, aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del PAN, exhortando al secretario de Economía a publicar una resolución provisional con una cuota compensatoria para las importaciones de pierna de cerdo procedentes de Estados Unidos de América; y, de igual forma, el senador Adalberto Madero Quiroga, del PAN, presentó un exhorto en el mismo sentido.

Ante los hechos descritos, acudimos a su compromiso por la defensa de los productores mexicanos, aprobando el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que el Ejecutivo federal expida inmediatamente la resolución por la que se impongan impuestos a la importación de las piernas, paletas y sus trozos de cerdo en su modalidad de frescas, refrigeradas o congeladas (fracciones arancelarias 0203.12.1 y 0203.22.01), cubriendo los trámites necesarios que existen de acuerdo con los compromisos internacionales de México, al amparo de la autorización otorgada a nuestro país por la Organización Mundial de Comercio, para aplicar impuestos a la importación de productos originarios de Estados Unidos de América, por una cantidad de 25 millones de dólares.

Segundo. Que el Ejecutivo federal proceda a la revocación de la resolución por la que se concluye la investigación antidumping sobre las importaciones referidas.

Tercero. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía informen a esta soberanía, en un plazo que no exceda de 10 días, contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, sobre las acciones dirigidas en apoyo del sector porcícola nacional frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América.

Cuarto. Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social sobre el mecanismo que se aplica para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas frente a las importaciones provenientes de Estados Unidos de América e informe de los resultados que se han obtenido.

Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Reynaldo Valdés Manzo, Alejandro Saldaña Villaseñor.»Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios al Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención de las zonas de desastre ocasionado por las lluvias en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a otorgar los recursos necesarios a este Grupo de Trabajo, con el objetivo de que sus integrantes puedan viajar a la zona de desastre que quedó en el estado de Quintana Roo, desde el pasado mes de octubre del 2005; a consecuencia del paso del huracán Wilma por esta entidad federativa, ello con el fin de que puedan verificar y darse cuenta de manera directa y personal de las carencias que aún sufren nuestros hermanos quintanarroenses, aún cuando han transcurrido ya casi tres meses de esta devastadora tragedia, y que de esta manera este Grupo de Trabajo intervenga de acuerdo a sus facultades y en la medida de sus posibilidades para otorgar más ayuda a los que resultaron afectados directamente por este huracán; atendiendo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 21 de octubre del año 2005, la zona sur de nuestro país y en especial el estado de Quintana Roo sufrieron una de las embestidas más duras que ha dado la madre naturaleza. El impacto del huracán Wilma provocó graves destrozos en la zona turística y en las áreas habitacionales. La derruida ciudad quedó a merced de la rapiña. Las fuertes rachas de viento y la lluvia dejaron un millón de damnificados en Quintana Roo: 700 mil en Cancún y 300 mil en Cozumel. La red hospitalaria pública y privada de Cancún sufrieron severos daños en su infraestructura.

No obstante, este huracán fue el más devastador del año, le antecedieron 11 fenómenos naturales de este tipo, aunque de mucha menor magnitud.

Debemos tomar muy en cuenta que desafortunadamente un buen porcentaje de la ayuda fue objetivo infame de acaparamiento por causas político-partidistas, por lo que en muchos de estos casos no llegó a manos de las personas que lo necesitaban en esos momentos de desesperación, y que aún lo siguen necesitando.

Con fecha 25 de octubre de 2005, la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados puso a consideración del Pleno de esta misma el acuerdo por el que se ampliaban las facultades del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención a las zonas de desastre ocasionadas por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, así como el que se proporcionaran los recursos necesarios en transporte y viáticos para que este Grupo de Trabajo pudiera dar cumplimiento a la ampliación de sus actividades.

Con fecha 9 de noviembre de 2005 envié a la diputada María Guadalupe Morales Rubio, coordinadora de este Grupo de Trabajo, el oficio número 264, en el cual solicitaba la posibilidad de programar una gira de trabajo al estado de Quintana Roo, que incluyera reuniones con las autoridades locales y federales de la entidad, con el objetivo de evaluar el ejercicio de los recursos cuya aplicación estaba encaminada a que se aplicara en la zona siniestrada por el huracán Wilma, atendiendo a que se reportó el uso indebido e ineficiente del apoyo a los damnificados. Sin embargo, la falta de recursos ha impedido que esto se pueda llevar a cabo.

De acuerdo con la importancia de los hechos; solicito lo anterior una vez más, ya que el que ya hayan pasado algunos meses de este suceso no significa que nos debamos olvidar de sus crudas consecuencias, ni creer que ya se ha resuelto la situación de todas las personas afectadas, por lo que considero no debe quedar en el olvido y por el contrario debe tratarse de solucionar estas carencias lo más pronto posible, porque entre más tiempo transcurra será más difícil poder ayudarlos.

Por lo anterior, solicito al Pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y expedito a los municipios del estado de Quintana Roo afectados por el huracán Wilma.

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios en lo que corresponde a transporte y viáticos al Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la aplicación de recursos y programas en la atención a las zonas de desastre ocasionadas por las lluvias en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Campeche; para que éste pueda dar cumplimiento a las actividades que se le han encomendado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al diputado Presidente que ponga a consideración del honorable Pleno la urgente y obvia resolución del presente proyecto con punto de acuerdo en términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Diputados: Emiliano Vladimir Ramos Hernández, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbricas).»Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a tomar las medidas necesarias para detener de inmediato las invasiones de las barrancas de las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

El suelo de conservación del Distrito Federal representaba hasta el año 1997 el 60% del total del territorio; sin embargo, bajo las dos últimas administraciones gubernamentales ha perdido aproximadamente 500 hectáreas anuales, consecuencia de invasiones y deforestaciones.

Las autoridades del Distrito Federal han sido incapaces de proteger las áreas protegidas y, más aún, algunas autoridades delegacionales han impulsado y tolerado el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.

Tan solo en el último año, fueron regularizadas 252 hectáreas de suelo de conservación, en tanto que siguen ocupadas poco más de 2 mil 494, con el consecuente costo para la sustentabilidad de la ciudad y sus habitantes.

Seguir tolerando la ocupación del suelo de conservación se ha convertido en una política pública recurrente, lo que provoca el desequilibrio ambiental de la Ciudad de México y hace cómplice al Gobierno del Distrito Federal de este ecocidio.

Algo que ilustra claramente este grave problema, es el daño ecológico que se ha causado a las barrancas y ríos de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa; daño que resulta evidente en muchos puntos, desde las lujosas residencias y condominios cuyas canchas de tenis están en las laderas y márgenes, hasta las paupérrimas viviendas de cartón y lámina que de manera sigilosa se van extendiendo día a día.

Si uno hace un recorrido por la zona, a simple vista se comprueba que esas áreas de conservación son receptores tanto de enormes cantidades de basura como de aguas negras y asentamientos humanos irregulares, provocando un deterioro del cual no se quieren hacer responsables las autoridades ni del gobierno central del Gobierno del Distrito Federal ni del delegacional, a pesar de que tienen conocimiento de la situación.

Mencionaré tres ejemplos de lo que acontece en Cuajimalpa:

1. La barranca El Ocote, localizada en la cuarta sección de El Chamizal, en Cuajimalpa, donde la empresa Grupo Inmobiliario Promotor México arrasó con árboles de pino, tepozán, capulín y varias especies de cactáceas que se localizaban en una de sus laderas, hasta dejarla prácticamente devastada.

Lo más lamentable es que las autoridades de Cuajimalpa están anteponiendo el interés económico, pues serán millones de pesos en inversión en ese proyecto, sobre la conservación de las áreas naturales y de la flora y fauna en esa barranca, cuya profundidad es hasta de 80 metros.

2. La barranca La Providencia. Circulando sobre la avenida La Palma, se cruza la barranca de La Providencia, a cuya ladera también se levantó el conjunto habitacional conocido como El Servilletero, que son condominios de lujo y cuyas canchas de tenis se asientan prácticamente en las márgenes del río La Providencia.

Resulta inexplicable cómo es que se les dio el permiso en la delegación, pues también hay un daño muy serio a esta hondonada.

3. La barranca La Diferencia. En este barranca, ubicada también en Cuajimalpa, continúan realizándose construcciones irregulares aún cuando el uso de suelo es de área verde. Las invasiones --muchas de las cuales cuentan ya incluso con medidores de luz--, han disipado el arbolado a lo largo de 2 kilómetros y unos 600 metros hacia el fondo del cauce de agua.

Por si esto fuera poco, en esta importante zona ambiental, después de talar los árboles, se venden lotes en medio de la barranca a un costo entre 20 mil y 50 mil pesos, según lo ha podido constatar la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, hecho que derivó en una recomendación emitida por esta instancia.

En la misma área, se encuentra en construcción una torre de departamentos, resultando por demás inexplicable cómo se consiguieron los permisos para ejecutar esta construcción.

Estas áreas verdes son de alto valor ambiental en las cuales no se permiten obras o construcciones de carácter habitacional ni de ningún tipo, por lo que otorgar licencias de construcción en esta zona es un acto completamente ilegal.

Estas y otras irregularidades suscitaron que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera una recomendación, para cuya elaboración solicitó información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para tratar de entender los términos en que se otorgaban autorizaciones para realizar estas irregulares construcciones, situación que nunca se aclaró debido a la complicidad con que operan autoridades de la Seduvi y la delegación Cuajimalpa.

La Ley Ambiental faculta específicamente a los jefes delegacionales para impedir construcciones en suelo de conservación, actividad en la que ha sido omiso el jefe delegacional en Cuajimalpa de Morelos, ya que en los últimos tres años han aparecido asentamientos irregulares donde antes había área verde.

Así, con la tolerancia del jefe delegacional de Cuajimalpa como autoridad facultada y encargada de verificar, clausurar y en su caso solicitar el derribo de cualquier construcción, se ha violentado de manera flagrante la Ley de Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones y la propia Ley Ambiental del Distrito Federal.

Claramente se establece la responsabilidad en la que incurrieron las autoridades de la delegación Cuajimalpa, ya que de haber aplicado en su momento la fuerza del marco jurídico como la suspensión de trabajos, clausuras, desocupación o desalojo, demolición de construcciones, retiro de instalaciones, así como sus correspondientes sanciones, tales como la suspensión de trabajos, clausuras, multa y hasta el arresto administrativo se pudo detener y retirar las construcciones para resarcir el daño a la barranca en donde éstas se realizan.

No existe ninguna duda respecto de la ilicitud de los hechos y actos que se han descrito, de manera que las autoridades delegacionales debieron actuar desde el mismo momento en que conocieron los hechos, por lo que el jefe delegacional en Cuajimalpa de Morelos debió intervenir oportuna y eficazmente para atender la problemática derivada de los hechos denunciados. Su omisión y complacencia propició que no se detuvieran las construcciones ilícitas que desarrollaban y que se afectaran los recursos naturales de la propia barranca.

En situación similar se encuentran las barrancas de la delegación Álvaro Obregón. En la barranca La Morena, en la zona de Santa Fe, cientos y cientos de camiones descargan clandestinamente, miles de metros cúbicos de tepetate con los que la han ido rellenando para construir viviendas; y metros abajo, sobre el margen derecho del río Tacubaya, un enorme asentamiento irregular se ha consolidado, e incluso sus descargas de aguas negras van a parar directamente a este afluente. Ahí las autoridades se han resignado a no moverlos, a pesar de que es zona de alto riesgo.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal debe de incrementar sus acciones y aplicar la ley a todo aquel que viole el uso de suelo y afectación a las barrancas y levantar las denuncias penales que sean necesarias por delito ecológico.

Es fundamental contar con instrumentos legales claros que frenen el deterioro de esas zonas verdes, pues de acuerdo a la opinión de los expertos juegan un papel importante en el equilibrio del clima de la ciudad y la regulación hidráulica; de no ser así seguirán ganando terreno las invasiones de casas a costa de la sustentabilidad de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, tome las medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones a las barrancas ubicadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, y explique por qué no han sido desalojados los actuales invasores.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, y a los jefes delegacionales de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, a actuar de inmediato en coordinación para recuperar las zonas invadidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes enero de 2005.--- Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica).»Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ofrecer una explicación pública ante la sociedad mexicana y, en particular, a la Cámara de Diputados sobre la falta de cimentación y bases jurídicas del decreto expropiatorio del 3 de septiembre de 2001 que recayó sobre 27 ingenios azucareros, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio y suscrita por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal para que en breve brinde una explicación coherente que desentrañe su verdadera intención de por qué un asunto tan importante y de tanta trascendencia económica y social como es una expropiación, en este caso la referida en el decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 2001, se encuentra tan carente de sustento y fundamento jurídicos, así como de bases lógicas que pudieran originar un verdadero beneficio para la ya golpeada agroindustria cañera de nuestro país, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Con fecha 3 de septiembre de 2001, el Poder Ejecutivo federal decretó la expropiación de los siguientes 27 ingenios azucareros:

I. Ingenio de Atencingo, SA de CV;

II. Ingenio de Casasano La Abeja, SA de CV;

III. Ingenio El Modelo, SA;

IV. Ingenio El Potrero, SA;

V. Ingenio Emiliano Zapata, SA de CV;

VI. Ingenio La Providencia, SA de CV;

VII. Ingenio Plan de San Luis, SA de CV;

VIII. Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, SA de CV;

IX. Ingenio San Miguelito, SA;

X. Ingenio Presidente Benito Juárez, SA de CV;

XI. Ingenio José María Martínez, SA de CV;

XII. Ingenio Lázaro Cárdenas, SA de CV;

XIII. Ingenio San Francisco El Naranjal, SA de CV;

XIV. Compañía Industrial Azucarera San Pedro, SA de CV;

XV. Ingenio Eldorado, SA de CV;

XVI. Central Progreso, SA de CV;

XVII. Ingenio José María Morelos, SA de CV;

XVIII. Ingenio La Margarita, SA de CV;

XIX. Fomento Azucarero del Golfo, SA de CV;

XX. Ingenios Alianza Popular, SA de CV;

XXI. Ingenio Plan de Ayala, SA de CV;

XXII. Compañía Azucarera del Ingenio Bella Vista, SA de CV;

XXIII. Ingenio Pedernales, SA de CV;

XXIV. Azucarera de la Chontalpa, SA;

XXV. Ingenio La Joya, SA de CV;

XXVI. Compañía Industrial Azucarera, SA de CV; y

XXVII. Ingenio San Gabriel Ver, SA de CV.

Lo anterior lo solicito con base en el antecedente que señala la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de enero del presente año, la que determina la inconstitucionalidad del decreto expropiatorio mencionado, en respuesta a la promoción del juicio de amparo por parte de tres de estos ingenios azucareros, los que a continuación listo con sus respectivos números de expediente:

1132/2004. Amparo en revisión. Promovido por María Teresita Machado Castillo y coagraviadas;

1131/2004. Amparo en revisión. Promovido por Ingenio José María Morelos, SA de CV; y

1134/2004. Amparo en revisión. Promovido por Ingenio La Margarita, SA de CV, y coagraviadas.

En esta resolución se conceden los amparos y se ordena la restitución de las empresas a sus antiguos dueños. Los magistrados consideraron que en el primer asunto se violó la garantía constitucional de previa audiencia respecto del ingenio Fomento Azucarero del Golfo, SA de CV (propiedad de Grupo Machado), en el segundo confirmaron el amparo concedido por un juez federal a favor de Ingenio José María Morelos, SA de CV, en razón de que el Ejecutivo federal no demostró la ``utilidad pública'' de la expropiación. En el caso de Ingenio La Margarita, SA de CV, los magistrados confirmaron la sentencia de un juez que determinó la ilegalidad de la expropiación porque la autoridad no demostró la causa de utilidad pública, ya que no acreditó en su decreto la insolvencia financiera de las empresas afectadas ni el peligro de desabasto de azúcar. De igual forma, se violenta la seguridad jurídica de los quejosos en razón de la falta de motivación del decreto expropiatorio.

Otra más de las razones por las cuales se tomó esta decisión está basada en que el Ejecutivo federal no sustenta con documentos ni peritajes financieros la situación de ``insolvencia económica'' de los ingenios afectados, uno de los aspectos fundamentales para aplicar la expropiación, así como que el Ejecutivo federal tampoco presentó estados de cuenta bancarios ni documentos oficiales que demostraran la veracidad de sus aseveraciones.

Por su parte, el Ejecutivo federal arguyó en el decreto expropiatorio el sentido de que el azúcar ``es un artículo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético''; que la expropiación pretendía ``eliminar prácticas indebidas de un grupo de personas dedicadas a esta agroindustria, que han afectado profundamente el sector''; que los propietarios de los ingenios ``llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del Gobierno Federal, poniendo en riesgo el patrimonio de los trabajadores del campo y de todos los mexicanos'', además de que estaba en peligro ``el procesamiento oportuno de más de 20 millones de toneladas de caña'', argumentos centrales con los que pretendió justificar en su momento su intervención en estos 27 ingenios.

Lo más grave lo encontramos en que es prácticamente un hecho que el resto de los ingenios en litigio recibirá también la protección de la justicia federal y será devuelto a sus propietarios, por el hecho de que el Ejecutivo federal, empecinado en hacer caso omiso a las demandas justas del sector azucarero nacional, cree haber encontrado la solución de los problemas del sector con esta expropiación, cuando en realidad el problema de la agroindustria de la caña de azúcar en México tiene su origen en la falta de una política pública nacional determinante y sólida dirigida a esta actividad; en que el Gobierno Federal, a costa de los recursos que aportan los contribuyentes, rescató ingenios que estaban mal financieramente en lugar de dejar que afrontaran sus deudas, y que el Ejecutivo federal incurrió en el problema de nacionalizar firmas en quiebra para salvar a sus dueños y, ya estando una vez saneadas, poder ser devueltas a los mismos.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte al Poder Ejecutivo federal a fin de que en breve ofrezca una explicación pública ante la sociedad mexicana, y en particular a esta H. Cámara de Diputados, sobre la falta de cimentación y bases jurídicas del decreto expropiatorio de fecha 3 de septiembre de 2001, mismo que recayó sobre 27 ingenios azucareros de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Diputados: Emiliano Vladimir Ramos Hernández, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbricas).»Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con los homicidios cometidos contra personas de la tercera edad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este cuerpo colegiado la proposición con punto de acuerdo en relación con los homicidios cometidos contra personas de la tercera edad en el Distrito Federal.

Lo anterior, conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que entre los años de 1998 al presente 2005 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha registrado 49 casos de mujeres de la tercera edad estranguladas, con la siguiente configuración:

II. Que las investigaciones que desde el año de 2004 ha realizado la Procuraduría de Justicia han permitido delinear el perfil físico y psicológico del asesino de personas de la tercera edad, del sexo femenino ancianas, conocido por los medios de comunicación y del vox populi como el ``Mataviejitas''.

1. Psicológicamente se le describe como:

Hombre con preferencias homosexuales.

Que en su infancia fue victima de abusos y golpes.

Vivió rodeado de mujeres.

Pudo tener una abuela o vivía con una persona de edad avanzada.

Tiene resentimiento hacia esa figura femenina.

2. Para cometer el crimen el o los homicidas han utilizado:

Agujetas.

Prendas de vestir.

Medias.

Franelas.

Cables de energía eléctrica.

Cable de teléfono.

Cable de un televisor.

Ropa interior.

Pañoletas.

3. En algunos casos no se encontró el objeto que se usó para el homicidio.

4. Algunas víctimas fueron descubiertas tapadas de la cara con:

Una alfombra.

Una toalla.

Un mantel.

Una almohada.

5. Una mujer apareció atada de manos y pies. Algunos cadáveres presentaron golpes en la cara, la cabeza o el cuerpo.

III. Que en los últimos 23 meses se han registrado 24 estrangulamientos, en donde 10 mujeres tenían más de 80 años de edad y que la frecuencia en que se cometen los homicidios incrementan entre semana no así los fines de semana.

IV. Que en la mayoría de los casos el móvil es el robo de pequeños objetos o poco dinero y que en todos los casos el homicida tiene libre acceso, ya que no se encontraron cerraduras violadas.

V. Que en un ejercicio de opinión acerca de la forma como la Procuraduría del Distrito Federal ha manejado el asunto de ancianas en la ciudad el 74% de los consultados dijo que mala o muy mala; regular un 3% y muy buena el 19%.

VI. Que esta situación ha originado que la Procuraduría tenga que recurrir a utilizar a mujeres de la tercera edad que les sirvan como señuelo, lo cual ha sido severamente cuestionado.

VII. Que diferentes fuentes informativas, han dado cuenta de la falta de coordinación entre los elementos de la Policía Judicial o de investigación y el personal ministerial, al que en teoría está subordinado el primero, pero parece que estos son los que determinan el rumbo de las investigaciones y eso provoca que existan esfuerzos dispersos.

VIII. Que hasta el momento, la fiscalía de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en este tema del ``Mataviejitas'' los resultados han sido nulos, no obstante la serie de operativos que se han implementado, con el despliegue y enorme gasto de recursos tanto humanos como materiales.

IX. Que la falta de resultados y la contravención a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se refiere a la obligación que todo servidor público tiene en el desempeño de su empleo, cargo o comisión de actuar con eficiencia, así como el de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las mismas disposiciones de este artículo.

IX.- Que por las condiciones de soledad en la que muchas de las personas de la tercera edad se encuentran o están separadas de su familia en la Ciudad de México hacen que sean un blanco fácil para el victimario, por lo que debe reforzarse el aspecto preventivo, para no tener que lamentar más fallecimientos a manos de este asesino serial.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que al interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se cree una fiscalía especial con nuevo personal sustantivo que retome las investigaciones de los asesinatos cometidos contra personas adultas mayores del sexo femenino en el Distrito Federal.

Segundo.- Se exija una mayor coordinación entre los elementos de la Policía Judicial o de investigación y el personal ministerial, a fin de que pueda esclarecerse esta serie de homicidios.

Tercero.- Que se dirija una atenta y respetuosa recomendación al jefe de Gobierno Alejandro Encimas, para que sean removidos de su cargo por los nulos resultados, la falta de eficiencia y por no cumplir con la máxima diligencia en el desempeño de sus cargos, al C. procurador general de Justicia del Distrito Federal, maestro Bernardo Bátiz Vázquez y al actual fiscal de Homicidios, Guillermo Zayas González.

Cuarto.- Se refuercen los aspectos de prevención y orientación a la población que puede ser blanco de este tipo de agresiones en el Distrito Federal, sin que con ello se cause un temor generalizado o psicosis entre la ciudadanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2006.--- Dip. Adriana González Furlong (rúbrica), Dip. Alfonso Moreno Morán.»Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

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PRONUNCIAMIENTO

«Sobre el día del holocausto, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el pasado martes 1 de noviembre la resolución que designa el 27 de enero como el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, un homenaje anual a los 6 millones de judíos exterminados y otras víctimas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

El 27 de enero de 1947 fue la fecha de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más tristemente célebre de los campos de concentración y exterminio nazis en Europa.

La resolución, que fue propuesta por Israel y copatrocinada por cerca de un centenar de países, insta inmediatamente a los Estados miembros a elaborar programas educativos que graben en el espíritu de las generaciones futuras las enseñanzas del holocausto, a fin de ayudar a prevenir los actos de genocidio.

Además, rechaza toda negación total o parcial del holocausto como acontecimiento histórico y felicita a los Estados que han tomado medidas a fin de preservar los sitios donde los nazis instalaron campos de exterminio, campos de concentración, campos de trabajo forzado y prisiones.

De igual forma, condena sin reserva todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación al odio, acoso o violencia contra personas o comunidades en función de su origen étnico o credo religioso, dondequiera que ocurran.

Dicha resolución solicita al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que ponga en práctica el programa de comunicación intitulado El holocausto y las Naciones Unidas, así como medidas que inciten a la sociedad civil a movilizarse para mantener viva la memoria del holocausto y transmitir sus enseñanzas mediante la educación, para ayudar a prevenir futuros actos de genocidio.

Sin los judíos, afirma el afamado historiador inglés Paul Johnson, el mundo habría sido un lugar radicalmente distinto, pues a ellos debemos la idea de la igualdad ante la ley, de la santidad de la vida y la dignidad de la persona humana, de la conciencia individual y colectiva y, por tanto, de la responsabilidad social, de la paz como último ideal y del amor como fundamento de la justicia.

Pero, sobre todo, sigue Johnson, los judíos enseñaron al mundo el modo de racionalizar lo desconocido. El resultado fueron el monoteísmo y las tres grandes religiones que lo profesan.

México, en su momento, condenó enérgicamente el genocidio judío y continuará haciéndolo cada vez que alguien intente minimizar lo ocurrido o expresar algún tipo de admiración por ese infame acontecimiento, que lastimó a todos los mexicanos, entre otras razones, porque lastimó a la comunidad judía que reside desde las primeras décadas del siglo XX en nuestro país.

Esta resolución, apoyada por México en Naciones Unidas, emite un mensaje universal para que nunca más se tolere en el mundo un régimen de odio, de asesinato y discriminación a causa de las convicciones religiosas, políticas, la raza o el color de la piel.

Ante este genocidio y otros en el mundo, lo esencial es la memoria que nos permite lanzar una mirada crítica al pasado y al presente con el objetivo de practicar la tolerancia activa, la resolución pacífica de los conflictos, y el respeto por la diversidad.

Es necesario no olvidar para no repetir jamás las atrocidades del pasado.

El mundo nunca olvidará el sufrimiento de los judíos en Europa, como no olvidará el genocidio armenio, el ruandés, el camboyano y todos los actos de barbarie que se han cometido por odio e intolerancia.

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pensamos que la jurisdicción universal de los derechos humanos es un principio toral de la democracia. Por ello nos sumamos a esta conmemoración y nos congratulamos por la aprobación de esta resolución.

Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica).»